Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Conagua a emitir una opinión sobre la instalación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye que toda persona a tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Asimismo, dispone que Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, relativo al “agua limpia y saneamiento”, establece que, para mitigar la escasez de agua, resulta fundamental proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso.

Sin duda alguna, garantizar el Derecho de Acceso al Agua demanda del compromiso y la voluntad política de los tres niveles de gobierno, con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, especialmente en las regiones en donde escasea el vital líquido.

Hoy en día, Baja California sufre de una fuerte crisis por falta de agua que ha afectado especialmente a los sectores agrícola y ganadero, los cuales han sufrido ensalitramiento de sus tierras, reducción de cultivos, muerte del hato ganadero y aumentos en los precios del vital líquido. Esta crisis de insuficiencia de agua afecta también a los sectores industrial y doméstico.

En octubre de 2015, los campesinos enfrentaron una grave escasez de agua provocada por una sequía que se registró en California y en el norte de México que prevaleció durante más de 30 meses.

Cabe señalar que, en México, el principal usuario del agua es el sector agrícola, con aproximadamente el 80% del agua concesionada a ese sector, un 16% a las ciudades y el restante para la industria.

Apenas el 31 de enero del año en curso, el Monitor de Sequía de México, emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que las ciudades de Tijuana y Mexicali registraban una sequía severa (D2); Tecate y Playas de Rosarito con sequía moderada (D1) y Ensenada, anormalmente seco (D0).

Esto coloca a Baja California como la entidad con el mayor problema de sequía en todo el territorio nacional.

Para el doctor Alejandro Díaz Bautista, profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y del Conacyt, el problema de la sequía en Baja California es el resultado de la inadecuada administración del recurso, por lo cual, se deben analizar alternativas de abasto e involucrar más a la sociedad en el tema del manejo del agua en Baja California y en todo el país.

Este investigador advirtió que, de mantenerse las tendencias actuales sobre el uso inadecuado del agua, la escasez de este recurso será un problema de supervivencia y alarma estatal y nacional. Además, apunta que conforme pasa el tiempo, aumentan las probabilidades de que los niveles de agua en el Lago Mead (en el río Colorado) bajen, y con ello disminuyan también los envíos de agua a México y a Baja California.

Ante este escenario, es indispensable que los gobiernos adopten medidas que orienten a los usuarios sobre un uso eficiente del agua, no sólo con aumentos en las tarifas y en los derechos que deben pagar, sino con el desarrollo de nuevas tecnologías, equipo ahorrador de agua, capacidad de bombeo y reducción de fugas.

Baja California tiene en su lista varios proyectos de desalación como solución al problema de abasto de agua, sin embargo, debieron analizarse diversas alternativas, considerando que el costo promedio de un metro cúbico de agua desalada en el mundo es por lo menos tres veces más que la que se extrae del subsuelo.

Es importante señalar, que gran parte de la infraestructura de las redes de riego, acusan un severo deterioro después de 40 años de vida útil.

La preocupación social que existe en Baja California sobre el acceso al agua es vigente. Recientemente, el Congreso del estado abrogó la Ley del Agua Estatal, ante la preocupación de diversos actores sociales que apuntaban hacia la privatización de este servicio.

Esta polémica fue reavivada con el anuncio de la instalación de una planta cervecera del Grupo Constellation Brands, la cual utilizaría 20 millones de metros cúbicos al año.

La posible instalación de esta planta cervecera ha prendido nuevamente los focos de alarma en algunos sectores de la sociedad bajacaliforniana, sobre todo considerando el impacto que ha tenido la instalación de este tipo de industrias en otros estados. Por ejemplo, la planta que Constellation Brands adquirió a Grupo Modelo en el 2013 en el municipio de Nava, Coahuila, consume 1,200 litros por segundo. Los reportes de expansión son tales que aumentará su capacidad para consumir 3,000 litros por segundo. Esto ha afectado gravemente el suministro de agua potable del municipio de Zaragoza, vecino de Nava, lo anterior manifestado en diversos reportes periodísticos.

Por si fuera poco, agricultores del Valle de Mexicali, han denunciado que han sido hostigados y presionados para vender sus tierras (por uso de paso del acueducto) y sus derechos de agua a favor de la fábrica, negando derechos de siembra, cancelando o negando recursos públicos que les corresponden, así como para que cedan ante las reducciones en los volúmenes para los módulos de riego, no existen denuncias formales ante la autoridad por miedo a las represalias que adicionalmente les granjearían.

El organismo de cuenca de Conagua en Baja California, en sus dictámenes ha manifestado que no hay permisos nuevos para explotación de pozos, por lo que el Grupo ha buscado comprar derechos de agua prexistentes de agricultores del Valle de Mexicali.

Este mismo organismo, ante medios de comunicación ha declarado que no ha otorgado permisos nuevos, ni ha recibido solicitudes de cambio de uso de agrícola a industrial, pero aún con ello, no deja de generar dudas que una empresa realice una inversión de tal magnitud, sin tener algo asegurado para llevar a cabo estos trámites.

Quiero dejar claro, que no nos oponemos a que se promueva la inversión y el empleo en Baja California, pero no existe inversión o proyecto que justifique poner en riesgo a los recursos naturales de la región. Sin agua no hay crecimiento de ninguna índole y el problema de escasez está más que documentado en el estado de Baja California.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a que emitan una opinión sobre la instalación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands en el municipio de Mexicali, BC, así como fortalecer el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a la construcción de dicha plata, afecto de atender las preocupaciones respecto a dicho proyecto y encontrar vías de solución al conflicto.

Dado en el Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2017.

Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a generar un acercamiento con las empresas deseosas de invertir en el país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial, centrada en la colocación de satélites en el espacio, como ha hecho la Agencia Espacial Mexicana con Airbus Safran Launchers, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La industria aeroespacial en México tiene gran relevancia económica, pues actualmente posee grandes fortalezas respecto a conocimientos, infraestructura e inversión.

A inicios del siglo XXI se consolidó la importancia comercial para el país en este sector, cuando en 2005 llegaron a México compañías líderes de la industria como Bombardier, o el caso de Safran que se instala un año después, marcando el inicio de un creciente interés por esta actividad, que hoy en día se considera como un eje estratégico para el desarrollo económico nacional.

El acercamiento de empresas especializadas en la industria aeroespacial con autoridades mexicanas fue favorecido por las diversas ventajas competitivas del país, como lo es su localización geográfica y los tratados comerciales que facilitan las exportaciones internacionales, lo cual convierte a México en una excelente plataforma de exportación mundial; la experiencia acumulada en cuanto a manufactura, ensamblaje y servicio técnico que ha dejado el desarrollo de industrias como la automotriz; los costos competitivos y la calidad de la mano de obra de los trabajadores mexicanos.

En seguimiento de la importancia que revisten las actividades derivadas de la industria aeroespacial, el 31 de julio de 2010 entró en vigor el decreto que crea la Ley de la Agencia Espacial Mexicana, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considerada como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, cuya misión es

Utilizar la ciencia y la tecnología espacial para atender las necesidades de la población mexicana y generar empleos de alto valor agregado, impulsando la innovación y el desarrollo del sector espacial; contribuyendo a la competitividad y al posicionamiento de México en la comunidad internacional, en el uso pacífico, eficaz y responsable del espacio.

En congruencia con lo anterior, se han generado diversos espacios de investigación para el desarrollo de proyectos y el aumento del interés por destinar mayores recursos al sector han permitido que en la última década, México se haya convertido en una de las naciones líderes en manufactura aeronáutica y aeroespacial albergando a casi 300 empresas, en su mayoría extranjeras, que generan una gran cantidad de empleos, pero, sobre todo y más importante, que crean a su alrededor otras empresas nacionales vinculadas al sector, lo que convierte a las grandes compañías en organismos madre que potencian el crecimiento de empresas más pequeñas en su entorno.

El ámbito académico también se ha beneficiado por el crecimiento de la industria aeronáutica y aeroespacial, pues con ellas aparecieron las escuelas aeronáuticas más importantes del país: la ESIME del IPN; el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de los centros de investigación aeronáutica más modernos del país; la Universidad Aeronáutica de Querétaro, entre otras. Todas ellas generan gran cantidad de profesionales para la industria aeroespacial nacional.

La industria aeroespacial mexicana se ha diversificado, convirtiéndose en una fuente importante de empleos e inversión, dadas las actividades que ésta desarrolla. Las empresas aeronáuticas y aeroespaciales se localizan principalmente en 18 estados del norte y Bajío de la República Mexicana, la mayoría de ellas organizadas en clústeres donde se fomenta la cooperación, innovación, y el aseguramiento de la calidad de los procesos.

La importancia del establecimiento de clústeres, como los de desarrollo aeroespacial, ha llegado a un punto tan importante que se han convertido en el objetivo de 47 por ciento de la inversión extranjera en México (calculada en mil 600 millones de dólares anuales para 2020), lo cual ayuda a mejorar los servicios y la calidad de vida de los habitantes del lugar donde se establecen.

Se proyecta que el sector aeroespacial continúe con una dinámica de crecimiento en México, estimándose que en cinco años se duplique su crecimiento ante la mayor demanda de aviones a nivel mundial, la cual se proyecta en 37 mil aeronaves nuevas en los próximos 20 años.

Si bien el interés internacional por invertir en México se ha mantenido de manera constante, es una realidad que nuestro mayor aliado se encuentra en el mercado norteamericano, tanto por la cercanía geográfica como por los tratados comerciales que nos ligan a la nación del norte.

Sin embargo, las condiciones diplomáticas actuales se han visto enrarecidas a partir del cambio de estrategia proveniente del titular del Poder Ejecutivo estadounidense y sus partidarios republicanos que pugnan por imponer condiciones desfavorables a los mexicanos, antes que negociar en favor de los habitantes de ambos lados de la frontera que divide a México y Estados Unidos.

Resulta imprescindible explorar propuestas que favorezcan el crecimiento de nuestro país y dar con ello un impulso en la creación de empleos de calidad y bien remunerados que permitan a las familias mexicanas mejorar su nivel de vida.

Hay diversas empresas interesadas en aumentar la inversión en el sector aeroespacial, con el objeto primordial de desarrollar la industria satelital. Éste es el caso de la empresa Airbus Safran Launchers, la cual ofrece a nuestro país un plan para fabricar satélites medianos en los próximos años y ponerlos en órbita. Cabe señalar que los satélites medianos serán los más producidos en el mundo durante los años siguientes, dado el surgimiento de cada vez más programas espaciales (se estima que para 2025 incrementen los programas espaciales en 47 países).

Los satélites medianos, caracterizados por ser mucho más accesibles, baratos y fáciles de construir que los satélites tradicionales, tienen diversas utilidades para: comunicación; observación de la Tierra; monitoreo de recursos naturales, infraestructura y evolución de fenómenos climáticos; seguridad e inteligencia; entre otras aplicaciones en ciencia y tecnología.

Lo anterior nos ofrece la posibilidad de convertirnos en una nación líder no sólo en la fabricación de satélites sino en el lanzamiento de los mismos al espacio, lo cual es una excelente oportunidad para reducir nuestra dependencia de otros países en esta materia, por ello resulta necesario que se realicen todos los esfuerzos conducentes para poder aprovechar esta circunstancia cuanto antes y no dejar escapar la inversión potencial que generaría, además de los diversos beneficios asociados a la misma como el desarrollo de capacidades y conocimientos en el país respecto a la tecnología espacial.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que genere un acercamiento con las empresas que desean invertir en nuestro país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial, enfocado en la colocación de satélites en el espacio, tal como ya lo ha hecho la Agencia Espacial Mexicana con la empresa Airbus Safran Launchers.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Poder Judicial a difundir el estado que guarda el proceso del doctor José Manuel Mireles para tomar las medidas pertinentes, garantizar su salud y resolver inmediatamente su situación jurídica, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez , integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

Diversas entidades de nuestro país viven una crisis de inseguridad provocada por una ola de violencia criminal desbordada. Ni el gobierno federal ni los gobiernos locales han sido capaces de detener este clima insostenible y devolver a la población la paz y la tranquilidad que tanto anhela y a la que tiene derecho.

Sin duda la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades, delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión, secuestro y desaparición forzada son los que desafortunadamente han azotado regiones completas de estados como Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Baja California y Michoacán por mencionar algunos. Esta grave situación ha evidenciado el fracaso de la estrategia gubernamental del mando único policial, ya que los índices delictivos siguen siendo altos, en el mismo sentido la presencia y participación de militares en las calles para combatir la criminalidad no ha logrado frenar la delincuencia.

México vive una crisis humanitaria que no tiene precedentes en la historia reciente. Las autoridades han sido sobrepasadas y suplantadas por el poder fáctico del crimen organizado, mismo que se ha infiltrado en varias esferas de la vida política en todos sus niveles, por lo que estamos ante la presencia de un Estado fallido que ha renunciado a la capacidad de respetar lo más elemental que representa la vida de sus ciudadanos.

Ante este escenario es que hace casi ya cuatro años, el 24 de febrero de 2013, grupos de autodefensas se levantaron en armas en la región de Tierra Caliente y de la costa de Michoacán, como una reacción al asedio del grupo criminal denominado “Los Caballeros Templarios” que habían establecido un régimen de extorsiones, secuestros, abusos sexuales y asesinatos contra los habitantes de esa región; en unos meses las autodefensas replegaron a Los Templarios. Así las autodefensas surgieron como mecanismos de protección y vigilancia comunitarios, recurriendo a las armas en defensa propia, cansados de los crímenes y abusos del crimen organizado frente a la inacción o complicidad de los gobiernos.

En un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se detalló que estos grupos tomaron las armas “ante la inseguridad y violencia que imperaba en esas comunidades, producto de un actuar impune por parte de los integrantes de un grupo de la delincuencia organizada conocido como ‘Los Caballeros Templarios’, y la omisión de las autoridades en garantizar la seguridad pública”.

La CNDH detalló que a finales de 2013, el fenómeno cobró auge cuando algunos de estos grupos armados avanzaron a otros municipios hasta tener presencia en 33 de los 113 municipios michoacanos durante los primeros meses de 2014.

Los grupos de autodefensa pronto comenzaron a aparecer en otras entidades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el número de policías comunitarios y grupos de autodefensa que operan en el país, así además de Michoacán, las entidades que registran mayores grupos de defensa son Guerrero, Oaxaca y Estado de México.

Sin duda una de las figuras emblemáticas de estos grupos es la del doctor José Manuel Mireles Valverde, líder fundador del movimiento de autodefensas en Michoacán, quien cobró fama al explicar en un largo video de la agencia SubVersiones la razón por la que se levantaron en armas contra el cartel de narcotráfico de Los Caballeros Templarios.

Ante la aparición de estos grupos el gobierno de Michoacán visualizó la creación de un grupo policial estatal, denominado Fuerza Rural, con la finalidad de incorporar a los grupos de autodefensa a dicho grupo policial y que así transitaran hacía un marco de legalidad. Las autoridades indicaron que el modelo de autodefensas no sería permitido, y que sólo los integrantes de los grupos que cumplieran exámenes de confianza podrían integrarse a la mencionada fuerza rural estatal, destacando el gobierno que sólo así se les permitiría permanecer armados en el estado y que operarían en coordinación con el Ejército, Marina y la Policía Federal.

Los líderes de las autodefensas, incluido el Doctor Mireles, aceptaron el acuerdo, por lo que el 27 de enero de 2014, autoridades federales y estatales, encabezadas por Alfredo Castillo (Comisionado federal de seguridad en Michoacán) y por el ex gobernador Fausto Vallejo, respectivamente, firmaron acuerdos con líderes de autodefensas para realizar el registro de sus armas y comenzar a operar coordinadamente. En el marco de este acuerdo fueron registradas más de 6000 armas de las autodefensas, de las cuales casi 4500 eran de grueso calibre y de uso exclusivo de las fuerzas federales. Para el 10 de mayo de 2014 se formalizó la disolución de las autodefensas y la creación de la Fuerza rural, sin embargo, líderes de los grupos de autodefensas, denunciaron que muchos integrantes del crimen organizado se infiltraron en este cuerpo policial rural.

El 26 de junio de 2014, el líder de las autodefensas José Manuel Mireles, encabezó una operación de su grupo para tomar el control de la agencia municipal de La Mira, ubicada en la zona costera de Michoacán, anunciando que se realizaría una operación similar en el puerto de Lázaro Cárdenas, sin embargo al día siguiente el Dr. Mireles fue detenido junto con 83 integrantes de su grupo, acusados de portación de armas exclusivas del ejército, siendo recluidos en la prisión federal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, ubicado a más de 1400 kilómetros del lugar de su detención.

Desde ese momento la salud del Dr. Mireles era delicada, puesto que además de padecer diabetes, el 5 de enero de 2014, había sufrido un accidente en una avioneta en el municipio de la Huacana, que le ocasionó traumatismo craneoencefálico y mandíbula dislocada.

El académico Carlos Fazio, especialista en temas de seguridad, apunta: los hechos son que Mireles está preso por un delito formal que, si se persiguiera en forma equitativa y regular, llenaría las cárceles del país; que los grupos delictivos a los que el “doctor” combatía no han sido desmantelados; que en lo que va del actual sexenio las expresiones más lacerantes de la delincuencia organizada –el homicidio y la desaparición forzada-, lejos de disminuir con respecto al “calderonato” –de por sí cruento y violento-, se han incrementado, lo que indica la persistente ausencia de Estado en materia de seguridad pública y que la ciudadanía, en consecuencia, se encuentra más expuesta y amenazada que durante la administración pasada. 1

A esta opinión se han sumado las voces de otros académicos, políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, todos los cuales coinciden en que el Dr. Mireles junto con otros autodefensas se encuentran encarcelados ilegalmente. Especialistas como Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México (Colmex), ven en la detención del exjefe de autodefensas un asunto político.

El doctor Mireles es un preso político sometido a un trato injusto por el gobierno federal mexicano.

La defensa y familia del Dr. Mireles “aseguran que ninguno de los delitos por los que permanece en la cárcel como son posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de drogas, se sostiene y que estaría en condiciones legales para su liberación...

Días antes de su absurda detención, Mireles había propuesto la formación del Frente Nacional de Autodefensas y para entonces ya tenía una invitación de una decena de estados donde estaban interesados de formar grupos ciudadanos armados capaces de hacer frente a los criminales, ante la incompetencia e ineptitud de los gobiernos y autoridades policiacas de cumplir con uno de sus mandatos fundamentales.

Este llamado social fue tomado como una voz de alerta por el gobierno de Enrique Peña Nieto quien quizá vio el inicio de un movimiento de insurgencia social a nivel nacional, capaz no solo de hacer frente al crimen organizado, sino de acabar con los lazos que tiene con personajes importantes de la política y el mercado financiero.

Mireles se convirtió en un estorbo para establecer los pactos subrepticios del comisionado Alfredo Castillo con personajes del crimen organizado de Michoacán que ya se habían puesto al frente de los autodefensas, desplazando al jefe nato de este movimiento que se había convertido en un ejemplo a seguir en todo el país.

El doctor de Tepalcatepec fue el único que rechazó integrarse a la Fuerza Rural, una invención del gobierno para domesticar a las autodefensas. Mireles se negó a entregar las armas aduciendo que si lo hacia lo iban a matar los criminales y narcotraficantes que se habían apoderado de las autodefensas en tierra caliente.” 2

Como ya se mencionó la salud del Dr. Mireles se ha deteriorado, por lo que él y su defensa han venido solicitando su traslado a Morelia para ser atendido por problemas cardiacos, incluso en octubre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió un aviso al director del penal de Hermosillo, Sonora, para que a Mireles le fuera realizado un gammagrama con medicina nuclear en menos de 24 horas. 3

El 1 de noviembre José Manuel Mireles fue trasladado del penal federal de Hermosillo, Sonora, al penal de Tepic, Nayarit, donde tampoco se le ha atendido, lo que el propio Dr. Mireles ha venido solicitando con insistencia los últimos días, esto ante las malas condiciones de salud que padece, las cuales se agravan.

Resulta por demás, lastimoso no solo para el Dr. Mireles, su familia y la sociedad en general, que exGobernadores como Javier Duarte, sigan libres, o que un juez federal le otorgue un amparo a Elba Esther Gordillo, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que continúe en prisión domiciliaria con los procesos legales en su contra.

El Tribunal revocó la resolución que negaba la prisión domiciliaria solicitada por “La Maestra”, quien está acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos y fue detenida en 2013 por la Policía Federal en el Aeropuerto de Toluca.

Dicha resolución fue dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México. Así, se resolvió en definitiva el amparo en revisión promovido por la defensa de Gordillo.

En varias ocasiones su abogado ha argumentado que Gordillo tenía derecho al beneficio de la prisión domiciliaria, debido a que padece de múltiples enfermedades, entre ellas hepatitis C, hipertensión arterial, insuficiencia renal moderada y dos aneurismas vasculares, además de que sólo tiene un riñón.

La realidad es que mientras el doctor Mireles líder de las autodefensas michoacanas permanece privado de su libertad, en Tierra Caliente los grupos del crimen organizado se reagrupan y retoman el poder, y a lo largo y ancho del país muchos grupos criminales continúan operando impunemente, y muchos de los líderes que gobiernan este país quedan impunes.

Por lo anterior, y en vista que no se han acreditado los delitos que se imputan doctor Mireles, el gobierno federal debe de poner de libertad de manera inmediata a José Manuel Mireles, y evitar se sigan vulnerando sus derechos humanos, y así evitar nuevamente la pena de pedir disculpas públicas por sembrar delitos que no existen como fue el caso del acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública a las tres indígenas hñäñú – que pasaron 3 años y 8 meses encarceladas – CC. Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, por parte del Procurador General de la República, quien señaló:

“...Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República: Buenas tardes. Saludo con absoluto respeto a Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio. A quienes, a pesar de no haberse podido probar su participación en los delitos que les fueron imputados, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles. Posteriormente, les fue negada por parte de la Procuraduría General de la República, una indemnización por el daño causad.”...

En razón de lo anterior, Morena hace una vez más este respetuoso, pero enérgico llamado a su libertad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación para que, con estricto apego a la legislación aplicable, haga del conocimiento público el estado que guarda el proceso del doctor Juan Manuel Mireles Valverde, asimismo se tomen las medidas pertinentes con objeto de garantizar su salud y se resuelva inmediatamente conforme a derecho su situación jurídica.

Notas:

[1] http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/edito

[2] http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=408589

[3] http://www.proceso.com.mx/470041/pide-mireles-traslado-a-morelia-atendi do-problemas-cardiacos

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a solventar y aclarar en su totalidad las observaciones de auditorías aún pendientes formuladas por la ASF en los Informes del Resultado sobre las Cuentas Públicas de 2011 a 2014, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se abre una nueva etapa en la prevención y el combate de la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno.

En particular, con la expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, misma que da a la Auditoría Superior de la Federación nuevas atribuciones, estas aplicarán a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2016.

Sin embargo, antes de que estas nuevas atribuciones se pongan en marcha, es urgente que el estado de Guanajuato, como ente público fiscalizado, solvente por completo las observaciones que se encuentran aún pendientes, mismas que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación, en particular, a lo que se refiere al Gasto Federalizado.

En el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2015 que presentó la Auditoría Superior de la Federación la semana pasada se destaca que Guanajuato es la séptima entidad del país que aún tiene observaciones pendientes de solventar y aclarar, correspondiente a cuatro ejercicios fiscales, de 2011 a 2014, por un monto de 6 mil 973.8 millones de pesos.

Asimismo, la entidad ocupa el último lugar del país en el monto de lo solventado de las observaciones de 2011 a 2014. De 6 mil 973.8 millones de pesos, sólo ha solventado 13.7 millones de pesos, es decir, el .19 por ciento.

En este sentido, es la séptima entidad del país con el mayor monto pendiente de solventar en el mismo periodo, con un monto de 6 mil 960.1 millones de pesos.

Del mismo lapso de 2011 al 2014, el estado de Guanajuato ocupa el lugar 13 de las entidades del país con el mayor número de importes resarcitorios, por un monto de 102.1 millones de pesos.

Con los datos anteriores, se revela que hay muy poca eficacia en el ejercicio del gasto público federal que ejerce el gobierno del estado de Guanajuato y peor aún, que incumple las disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Considerando los montos de 2011 al 2014 pendientes por solventar, más el importe de los procedimientos resarcitorios, más el monto de lo observado en la Cuenta Pública 2015, tenemos que son 9 mil 295.4 millones de pesos los recursos en los que se detecta que hay irregularidades.

Lo anterior, hace del estado de Guanajuato, la séptima peor entidad del país en el manejo y ejercicio de los recursos públicos federales.

Como ha precisado la Auditoría Superior de la Federación en su último Informe del Resultado de la Cuenta Pública de 2015, la gestión del gasto federalizado es un proceso integrado “que abarca desde la transferencia de los recursos a las entidades federativas, hasta su ejercicio”, se resalta que “la mayor proporción del monto observado se presenta en la recepción y el manejo de los recursos por las secretarías de finanzas locales, y que incluye la ministración a los entes ejecutores y a los municipios”.

Lo anterior significa que los montos observados se originan en el ámbito de competencia de las haciendas locales, esto ocurre justamente en Guanajuato y que incluso propician que la entidad ocupe el lugar 11 de las entidades del país con el mayor porcentaje entre lo subejercido respecto al monto asignado en fondos y programas auditados, tales como son: Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas; en los recursos a los Proyectos de Desarrollo Regional que los diputados etiquetamos directamente a los municipio; en PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud); y en el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior.

El subejercicio pone el riesgo la ejecución en tiempo y forma de los recursos públicos, así como la entrega de recursos futuros.

Con los anteriores datos, no debe sorprender que en el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, en el que el promedio nacional es de 73.3 por ciento, Guanajuato esté entre las 7 entidades con el menor desempeño por debajo de la media nacional.

No sólo la hacienda local del Gobierno del estado debe corregir los procedimientos para el ejercicio del gasto en los diversos rubros que ha auditado el órgano técnico de fiscalización, sino que debe de terminar por subsanar las observaciones pendientes que, como se ha dicho anteriormente, son 6 mil 960.1 millones de pesos pendientes de solventar y aclarar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita al gobierno del estado de Guanajuato, solvente y aclare en su totalidad, en un lapso de 30 días naturales, las observaciones de auditorías que aún están pendientes y que realizó la Auditoría Superior de la Federación en los Informes del Resultado de las Cuentas Públicas de 2011 a 2014.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2017.

Diputado María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales a legislar en materia de seguridad vial, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y a los Poderes Legislativos Locales para que legislen en materia de seguridad vial.

Consideraciones

I. Tener un accidente en nuestra persona, familia, amistades o conocidos es algo que no queremos conocer, pues nos afecta emocionalmente e incluso económicamente.

Pero lo más grave de tener un accidente automovilístico es la pérdida de un hijo o una hija, es algo doloroso y terrible para cualquier familia; toda vez que las niñas, niños y adolescentes son personas vulnerables en éste tipo de sucesos, pues va desde la perdida de la vida o la incapacidad parcial o total de nuestra hija o hijo.

II. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que “cada día alrededor de 3,500 personas fallecen en las carreteras. Decenas de millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año”.i

La muerte por accidentes viales ocupa uno de los primeros lugares de causa de muerte en grupos etarios de 15 a 29 años; sin embargo, las niñas y niños de 0 a 15 años son víctimas mortales de accidentes automovilísticos por ser “usuarios vulnerables” por este tipo de accidentes.

El problema de los accidentes automovilísticos de acuerdo a la OMS es que: “Los vehículos vendidos en el 80 por ciento de los países del mundo no cumplen normas básicas de seguridad”.ii

De allí, la importancia de las recomendaciones que hace la OMS en materia de prevención de accidentes vehiculares, en la que establece:

a) Las sillas para lactantes o niños y elevadores pueden reducir el número de defunciones infantiles entre un 54 por ciento y un 80 por ciento en caso de accidente.

b) Más de la mitad de los países cuentan con leyes que exigen la utilización de este tipo de dispositivos en los vehículos.

c) Sólo 52 países, que representan apenas el 17 por ciento de la población mundial, tienen leyes sobre la contención de los niños que se ajustan a las prácticas óptimas. Dichas leyes aplican restricciones de edad (o peso o talla) para que los niños se sienten en los asientos delanteros.iii

En el 2015, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en nuestro país fallecieron 655,688 personas y de las cuales por accidente vehicular fueron 16,305 personas.iv Lo anterior, representa el 2.4 por ciento de los fallecimientos en México, pero las muertes por accidentes ocupa el cuarto lugar como causal de la muerte de nosotros los mexicanos.

La Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Stconapra), menciona que México tiene las siguientes cifras en la materia:

a) El panorama de los accidentes viales en México es muy similar a lo que ocurren en el resto del mundo, cada año en promedio mueren 16,500 mexicanos por esta causa.

b) Los accidentes viales continúan siendo un importante problema de seguridad y salud pública al ser la primera causa de muerte en niños entre los 5 y 14 años y la segunda causa entre jóvenes de 15 a 29 años de edad.

c) Entre los niños, el grupo que registra la mayor tasa de mortalidad son los que tienen menos de 5 años.

d) Los accidentes viales le cuestan al país alrededor de 150 mil millones de pesos, lo cual representa el 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), este porcentaje resulta de la carga a consecuencia de costos directos e indirectos y es lo que comúnmente caracteriza a los países de ingresos medianos como el nuestro.v

Al desglosar la información por entidad federativa, el Stconapra, muestra que la muerte de niñas y niños, entre 0 y 9 años, se encuentra entre las primeras 10 causas de fallecimientos en nuestro país tal y como lo podemos ver el siguiente cuadro:

Lo que podemos observar es que en nuestro país, los fallecimientos de niñas y niños, menores de 5 años por causa de accidente vehicular está entre los 10 primeros lugares de mortandad infantil, salvo en tres entidades, pero en 29 estados está entre las 10 primeras causas de muerte de niños y niñas menores de 5 años.

Por otra parte, con información del INEGI que abarca de 1998 a 2015, indica que el primer lugar de muerte en niñas y niños de 1 a 4 años es por accidentes, como puede verse en la siguiente tabla:

Desglosando la información se puede observar que entre 1998 y 2015 fallecieron 7,809 niñas y niños por accidentes automovilísticos, que representan el 30 por ciento de las muertes por éste tipo de incidente en nuestro país en 17 años.

Estas muertes pudieron prevenirse si las niñas y niños hubiese tenido, en la mayoría de los casos, un sistema de retención infantil dentro del vehículo.

III. EL Stconapra identifica dentro de sus estrategias la legislación como un elemento clave de la seguridad vial, en materia de los Sistemas de Retención Infantil (SRI), que son:

1. Establece como máximo 12 años para el uso de SRI.

2. Establece el peso como criterio para definir el tipo de SRI.

3. Obliga a los conductores o a personas adultas a llevar a los menores en SRI.

4. Impone sanciones por desobediencia.

Asimismo, el Stconapra muestra en su página electrónica los avances en la materia sobre los SRI, como puede verse en el siguiente cuadro:

El cuadro anterior, permite mostrar las siguientes conclusiones de nuestras entidades federativas:

a) 5 cumplen con los 4 parámetros.

b) 2 su regulación es de carácter municipal y no estatal.

c) 3 contemplan como 12 años para el uso del SRI.

d) 6 imponen sanciones.

e) 26 tienen incompletas los parámetros o los tienen inconclusos.

IV. La Convención de los Derechos del Niño , que entró en vigor para México en 1990,vi establece como uno de sus derechos es tener una vida saludable, a partir de la prevención y la atención en cualquier etapa de vida, tal como establece el artículo 24 que a la letra dice:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;vii

De allí la importancia de cuidar la salud de niñas y niños para prevenir los accidentes automovilísticos. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo cuarto período de sesiones, celebrada el 2 de marzo de 2010, aprobó su Resolución 64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo en la que proclamó el período 2011-2010 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con la finalidad de reducir el número de accidentes y de víctimas de este tipo de incidentes;

Es importante mencionar que en dicha Resolución aprobó la atención a la niñez, al decir que:

2. Proclama el período 2011-2020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial”

...

9. Pide también que se adopten medidas conjuntas multisectoriales para que la proporción de países que tienen una legislación completa sobre los principales factores de riesgo de los accidentes de tránsito, que incluyen la no utilización de cinturones de seguridad, dispositivos protectores para niños y cascos, la conducción en estado de ebriedad y la velocidad, aumente del 15 por ciento indicado en el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial: es hora de pasar a la acción a más del 50 por ciento cuando finalice el Decenio, y alienta a los Estados Miembros a que refuercen la aplicación de la legislación vigente en materia de seguridad vial en lo que respecta a esos factores de riesgo;viii

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su Resolución 51 del Consejo Directivo de la 63ª Sesión del Comité Regional , celebrada en Washington D.C., Estados Unidos, del 26 al 31 de septiembre del 2011, presentaron el Plan de Acción de Seguridad Vial que establece:

2. Instar a los Estados Miembros a adoptar políticas públicas intersectoriales que contemplen, entre otras, las siguientes medidas:

...

d) reducir la incidencia de los factores de riesgo (velocidad y consumo de alcohol) en los traumatismos causados por el tránsito y aumentar la tasa de uso de los equipos de protección (cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción para niños en los automóviles);

...

i) hacer cumplir las leyes sobre el uso obligatorio de sistemas de sujeción para niños en los automóviles teniendo en cuenta la calidad y las normas de seguridad, y promover el uso de estos sistemas; ix

La OMS celebró la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de resultados “Declaración de Basilea”, realizada en Basilea, Brasil, los días 18 y 19 de noviembre de 2015, donde propone:

OP3. Invitar a los Estados que todavía no lo hayan hecho a que redoblen sus esfuerzos por elaborar y aplicar planes nacionales de seguridad vial y adoptar legislación completa y hacerla cumplir, en consonancia con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, con objeto de alcanzar la meta de aumentar la proporción de países que tienen una legislación completa sobre los principales factores de riesgo, en particular la no utilización de cinturones de seguridad, dispositivos protectores para niños y cascos, la conducción en estado de ebriedad y la velocidad, del 15 por ciento a al menos del 50 por ciento para 2020, como se acordó en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 64/255 de 2010;

...

OP20. Promover la adopción de políticas y medidas para aplicar la reglamentación de las Naciones Unidas sobre seguridad de los vehículos o normas nacionales equivalentes con objeto de que todos los vehículos motorizados nuevos cumplan la reglamentación mínima aplicable para la protección de los pasajeros y otros usuarios de las vías de tránsito y estén equipados de serie con cinturones de seguridad, airbags y sistemas activos de seguridad, como el sistema de frenado antibloqueo (ABS) y el control electrónico de estabilidad (ESC);x

La Organización de las Naciones Unidas presentó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible , que nuestro país firmó el 27 de septiembre de 2015,xi en la que propone en su Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades que:

Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.xii

Derivado de lo anterior, nuestro país para dar cumplimiento al Plan Mundial para el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020 , realizó las siguientes acciones entre 2007-2012:

– Firma de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

– Declaratoria para la Seguridad Vial, aprobada por unanimidad por la CONAGO.

– Declaración del Senado de la República 2011-2020. Decenio para la Seguridad Vial.

– Declaración del X Encuentro Iberoamericano de Responsables de Tránsito y Seguridad Vial.

– Declaración de México para la Seguridad Vial: la ruta para salvar vidas en Iberoamérica y el Caribe.viii

V. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Derivado de ello, tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, mencionan la importancia de la prevención de la salud, a través de “las instituciones del Sistema Nacional de Salud de manera conjunta con la sociedad para ‘Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud’”.

Es importante destacar que el diagnóstico jurídico que presenta el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes en el “Tercer Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial 2013”, sobre el estatus legislativo para prevenir accidentes automovilísticos en nuestro país dice que:

En cuanto a la organización política la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada estado y cada uno de sus municipios tengan la facultad de expedir reglamentos de tránsito. Esto permite que cada uno de los 2,457 municipios del país tenga su propio ordenamiento. Lamentablemente esto no ha sido de esa manera y si bien, existen municipios que cuentan con reglamento, se circunscriben a cuestiones meramente técnicas dejando de lado la previsión de medidas de seguridad vial como obligación para usuarios de las vialidades y autoridades. En algunos otros éstas si existen pero son abordadas en la ley de forma somera, y muy pocos realmente pueden afirmar tener una cobertura legal amplia. Un segundo punto sería la seguridad jurídica que ofrecen a los usuarios, puesto que no hay acuerdos en todos los Estados sobre a quien compete la reglamentación y la sanción y subsisten dos reglamentos de dos esferas de gobierno diferentes y en perjuicio una de la otra.xiv

Por lo anterior, es que el Programa Específico Seguridad Vial 2013-2018, de la Secretaría de Salud, indica en su Objetivo 2. Proponer un marco jurídico en seguridad vial que incluya los principales factores de riesgo presentes en los accidentes viales establece lo siguiente

Estrategia 2.1. Promover la adecuación de un marco legal integral y homogéneo en materia de seguridad vial a nivel federal, estatal y municipal.

Líneas de acción:

2.1.1. Analizar el marco jurídico en materia de seguridad vial de nivel federal, estatal y municipal.

2.1.2. Proponer marcos legales en materia de seguridad vial que incorporen los principales factores de riesgo vinculados con accidentes viales.

Por lo anterior, es necesario apoyar la reforma al marco legal estatal que nos permita dar cumplimiento al Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, al Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2010, a la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de resultados “Declaración de Basilea”, a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al Programa Sectorial de Salud 2013-2018 y al Programa Específico Seguridad Vial 2013-2018 en materia de prevención de accidentes de niñas y niños menores de 12 años.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos y Legislativos de las Entidades Federativas de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz para que legislen en materia de seguridad vial considerando como prioritarios el uso del cinturón de seguridad y el uso de sistemas de retención infantil.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos y Legislativos de las Entidades Federativas de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua y Quintana Roo para que legislen con la finalidad de imponer sanciones por desobediencia en el uso obligatorio del cinturón de seguridad y el uso de sistemas de retención infantil.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos y Legislativos de las Entidades Federativas de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas para que propongan reformas legislativas con el fin de establecer como máximo de 12 años para el uso sistemas de retención infantil.

Notas

i Organización Mundial de la Salud, “Prevención de la violencia y los traumatismos. Accidentes de tránsito”, en:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traff ic/es/

ii Ibídem.

iii Organización Mundial de la Salud, “10 Datos sobre la seguridad vial en el mundo”, en: http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/facts/es/index7.html

iv Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido”, en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mort alidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp

v Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes/Secretaría de Salud, Tercer Informes sobre la situación de la seguridad vial, México 2013 , México, Secretaría de Salud, 2013, p. 1.

vi La Convención cuenta con los instrumentos siguientes, que están en vigor y de los que México es Parte:

1. Enmienda, adoptada en Nueva York, el 12 de diciembre de 1995.

2. Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000.

3. Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000.

Trámite Constitucional:

Firma México: 26 ene 1990; Aprobación Senado: 19 jun 1990; Publicación DOF Aprobación: 31 jul 1990; Vinculación de México: 21 sep 1990 Ratificación; Entrada en vigor internacional: 2 sep 1990; Entrada en vigor para México: 21 oct 1990; Publicación DOF Promulgación: 25 enero 1991.

vii “Convención de los Derechos del Niño”, Secretaría de Relaciones Exteriores, en: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/CONV.%20DERECHOS%20DEL%20NI NO.pdf

viii Asamblea General de Naciones Unidas/Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud, Plan de Acción de Seguridad Vial , en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=20497&Itemid=270

ix Ibídem.

x Organización Mundial de la Salud, “Declaración de Brasilia. Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de resultados Brasilia, 18-19 de noviembre de 2015 ” en: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Final_Draft_ Brasilia_declaration_ES.pdf?ua=1

xi Presidencia de la República, “Cumbre de Adopción de la Agenda 2030”, en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/cumbre-de-adopcion-de-la-agend a-2030?idiom=es

xii Organización de las Naciones Unidas, “Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

xiii Secretaría de Salud, “Programa de Acción Específico. Seguridad Vial 2013-2018 ”, en: http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/PAE_SV.pdf

xiv Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes/Secretaría de Salud, Tercer Informe ..., Op. Cit., p. 3.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.

Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a publicar la información general y estadística de los casos de violencia, incluida la feminicida, contra mujeres y niñas, para la integración y transparencia del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Olga Catalán Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La situación de los derechos humanos en México enfrenta un contexto opuesto, por un lado, avanzo en el reconocimiento de los mismos, pero por otro se observa un crecimiento en los altos índices de violencia.

En el caso particular de las mujeres, la violencia forma parte de una tradición cultural/histórica basada en la desigualdad y la indiferencia, dicha tradición se continua transmitiendo de generación en generación por medio de la familia, la escuela e incluso los medios de comunicación donde se ven reflejados estereotipos, actitudes y prácticas que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Aunado a lo anterior se puede observar que las conductas misóginas y machistas han evitado que la problemática existente se vea como un fenómeno que involucra a todos los ámbitos (social, económico y político) e incluso se cree que son las mismas mujeres las responsables de su victimización, logrando que la sociedad y el Estado se desvincule del fenómeno.

Actualmente existen diversas asociaciones e instituciones que se encargan de llevar un registro sobre violencia hacia las mujeres, tal es el caso del INEGI por medio de la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, herramienta que en 2003 dio la pauta para dimensionar el fenómeno a escala nacional y por entidad federativa.

Con base en datos de dicha encuesta en 2011, 1 en México 47 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja; el 43 por ciento de las mujeres sufrió violencia emocional; el 24.5 por ciento violencia económica, el 14 por ciento violencia física y un 7.3 por ciento violencia sexual.2

Aunado a los tipos de violencia mencionados y que se encuentran definidos dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existe la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y de niñas ,3 es decir, la violencia feminicida .

Una propuesta para enfrentar a los feminicidios fue la creación de la Alerta de Violencia de Género, la cual se encuentra definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia4 y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México5 en su artículo 22 respectivamente donde señalan que

Alerta de Violencia de Género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Desde hace algunos años el Estado de México se focalizó por ser una de las entidades federativas con el mayor número de homicidios dolosos en mujeres y tener la mayor cantidad de feminicidios a nivel nacional.

En diciembre de 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitiera la Declaratoria de Alerta de Género en el Estado de México, dicha solicitud fue negada.

Fue hasta el 9 de julio de 2015, cuando el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, después de una serie de acontecimientos que evidenciaron la gravedad del problema en la entidad, solicitó al Sistema Nacional decretara la Alerta de Género en 11 Municipios del Estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca,

Cuautitlán Izcalli y Chalco de Solidaridad. El 28 de julio de ese mismo año fue decretada la Alerta de Violencia de Género en los 11 Municipios señalados.

La violencia feminicida, aún con la importancia que representa para la sociedad y las autoridades, no ha sido incluida en las encuestas oficiales, debido a ello la mayoría de los datos existentes proviene de organismos de la sociedad civil.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México, han advertido que no existe claridad en las cifras y que los datos oficiales recolectados por los distintos órganos estatales no coinciden con los manejados por las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos.

En el siguiente cuadro se muestra la cifra oficial presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en comparación con la información recolectada por el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México de solo el año 2016.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la PGJEM6 y el Observatorio Ciudadano

Como puede observarse existe una gran diferencia entre las cifras oficiales y las de la organización civil.

Aunado a las cifras de los municipios ya mencionados, también el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México, declaró en su primer informe de actividades que el municipio de Nicolás Romero ha tenido la misma cantidad de homicidios hacia mujeres que Ixtapaluca y Tlalnepantla, siendo nueve en el 2016, cabe resaltar que dicho municipio no se encuentra declarado en Alerta de Violencia de Género. Se debe resaltar que en un 44.8 por ciento de los municipios mexiquenses ha existido al menos un

caso de feminicidio. Las cifras que dicha organización anuncio son resultado de una investigación preliminar basada en el seguimiento de posibles casos de feminicidios y el acceso a algunos expedientes judiciales.

Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el año pasado existieron 275 casos de homicidios dolosos a mujeres. Con esta cifra suman un total de 727 las mujeres asesinadas y 217 casos de feminicidios en la actual administración.

El periódico El Universal contradice la cifra, en una nota publicada el 23 de febrero del presente año menciona que las muertes de mujeres en 2016 fue de 340 casos, es decir un suceso más que en 2015, además de que con esta cifra se suma un total de 1658 mujeres asesinadas en la actual administración, lo que representa más de 70 por ciento de incremento respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto.7

La siguiente gráfica muestra la evolución de los feminicidios desde 2011 hasta 2016 en los municipios con Alerta de Género, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México:

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Es importante tener en cuenta que, a pesar de que existen algunas cifras, a la fecha no se cuenta con mecanismos oficiales de registro, es decir, existe una deficiente implementación de los mecanismos establecidos por la Ley, tal es el caso del Banco de Datos e Información del Estado de México sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres, el cual se encuentra establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México en su Capítulo II, Artículo 37 fracción X:

Artículo 37 ....

I...

[...]

IX...

X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres y las niñas para integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;

En dicha fracción se expresa la publicidad de la información para la integración de los datos, pero en la actualidad no se encuentra la plataforma virtual en funcionamiento.

Por otro lado, la misma ley menciona en su Artículo 51 fracción XIV, que el Banco de datos es responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México:

XIV. Integrar en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia los informes sobre la violencia contra las mujeres;

A pesar de que la Ley General y la Ley de orden Estatal abordan la creación de un banco de información, se puede observar que hasta el momento no ha sido integrado aun cuando se cuentan con los recursos suficientes, así como con los lineamientos de operación para su elaboración e implementación.8

Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de México a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, contra las mujeres y niñas, para la integración y transparencia del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México en su Artículo 37, fracción X y el Artículo 51 fracción XIV con la finalidad de tener un sistema de información sobre la situación feminicida dentro de la entidad y así con base en datos reales se generen políticas que ataquen el problema de fondo y por ende disminuya la violencia feminicida.

Notas

1 Cabe resaltar que dicha encuesta lleva seis años sin ser aplicada.

2 Inmujeres con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. Bases de datos publicadas el 29 de julio de 2013, ajustadas a las Proyecciones de la Población en México que el Consejo Nacional de Población actualizó el 16 de abril de 2013.

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171 215.pdf

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171 215.pdf

5 http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/ley es_y_codigos.html

6 http://edomexinforma.com/seguridadyjusticia/wp-content/uploads/2017/02/
CIFRAS-FEMINICIDIO-Y-HOM-DOL-MUJ_enero-2017xx.pdf

7 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/02/23/aume ntan-feminicidios-en-el-edomex

8 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edom ex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/ago202.PDF

Palacio Legislativo, a 9 de marzo de 2017.

Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa de orientación a padres de familia en las escuelas públicas sobre las consecuencias del uso de celular y otros dispositivos tecnológicos por niños, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Alicia Barrientos Pantoja, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II; y 2 fracciones I y II, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a implementar un programa de orientación a padres de familia en las escuelas públicas sobre las consecuencias del uso de celulares por niños menores de 8 años.

Consideraciones

En los últimos años ha habido una cantidad notoria de avances tecnológicos cuyo uso trasciende a las nuevas generaciones que acceden a su uso a edades cada vez más tempranas. La televisión, los juegos de video, el internet y los aparatos tecnológicos, tales como el ipad, se han vuelto parte de la vida cotidiana de niños pequeños. Según investigadores, no son actividades apropiadas para menores de 8 años y requieren de vigilancia de los padres.

Existen teorías que sustentan que los aparatos de tecnología afectan y crean problemas en los niños pequeños si son utilizados por mucho tiempo. Destacan tres tendencias principales: la primera es el consumo diario que los niños le dan a estos medios; la segunda se refiere a que existe una imitación y aprendizaje del lenguaje que reciben; por último, el modo en que afecta la capacidad de atención el contenido de los videos y programas.

Según investigaciones de la Universidad de Chile, se determinó que a medida que crece un niño, mayor es el tiempo que dedica al celular. En el estudio se llegó a la conclusión de que los niños de entre 19 y 23 meses de edad (un poco menos de 2 años) usan un promedio de 3 horas al día el celular. Al dejar a un niño menor de 8 años usar el celular, es posible que se vea afectado negativamente a raíz de este estímulo. Este medio hace que la actividad que realice el niño sea solamente receptiva, lo que causa que se mantenga alejado de la realidad que lo rodea, es decir, se introduce en un mundo imaginativo y pierde su capacidad de interacción social. Si un niño permanece por mucho tiempo en este mundo imaginario, puede hacerse luego más difícil alejarlo de él.

Muchos niños ven televisión en línea y muchos envían mensajes de texto desde sus dormitorios después de la hora de apagar la luz, incluso imágenes sexuales explícitas por teléfono celular o internet, y aun así son pocos los padres que establecen reglas sobre el uso de esos medios.

Investigaciones realizadas alertan sobre las consecuencias del uso irrestricto de las tecnologías como el celular, ipad o tabletas:

1. Un desarrollo cerebral causado por la exposición excesiva a las tecnologías, puede acelerar el crecimiento del cerebro de los bebés entre 0 y 2 años de edad, y asociarse con la función ejecutiva y déficit de atención, retrasos cognitivos, problemas de aprendizaje, aumento de la impulsividad y de la falta de autocontrol (rabietas).

2. Retraso en el desarrollo del niño.

El uso de tecnologías limitando su movimiento y consecuentemente el rendimiento académico, la alfabetización, la atención y capacidades.

3. Obesidad infantil.

El sedentarismo que implica el uso de las tecnologías es un problema que está aumentando entre los niños. La obesidad lleva a problemas de salud como la diabetes, vascular y cardíaca.

4. Alteraciones del sueño infantil.

Los estudios revelan que la mayoría de los padres no supervisan el uso de la tecnología a sus hijos, en sus habitaciones, con lo que se observa que los niños tienen más dificultades para conciliar el sueño. La falta de sueño afectará negativamente a su rendimiento académico.

5. Enfermedad mental.

Algunos estudios comprueban que el uso excesivo de las nuevas tecnologías está aumentando las tasas de depresión y ansiedad infantil, trastornos de vinculación, déficit de atención, trastorno bipolar, psicosis y otros problemas de conducta infantil.

6. Conductas agresivas en la infancia.

La exposición de los niños a contenidos violentos y agresivos, puede alterar su conducta. Los niños imitan todo y a todos.

7. Falta o déficit de atención.

El uso excesivo de las nuevas tecnologías puede contribuir a déficit de atención, disminuir la concentración y la memoria de los niños, gracias a la gran velocidad de sus contenidos.

8. Adicción infantil.

Los estudios demuestran que uno de cada 11 niños de 8 a 18 años son adictos a las nuevas tecnologías. Cada vez que los niños usan dispositivos móviles, se separan de su entorno, de amigos y familiares.

9. Demasiada radiación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los teléfonos celulares como un riesgo, debido a la emisión de radiación. Los niños son más sensibles a estos agentes y existe el riesgo de contraer enfermedades como el cáncer.

10. Sobreexposición.

La constante y sobreexposición de los niños a la tecnología les hacen vulnerables, explotables y expuestos a los abusos en internet.

Además, los expertos opinan que aunque las nuevas tecnologías son parte de su vida, ellos creen que no deben sustituir a la lectura de un libro o al tiempo de juego con los hermanos y los padres. Por lo que hacen unas recomendaciones básicas a los padres de familia en el uso de los celulares y otras tecnologías:

1. Los bebés de 0 a 2 años no deben tener contacto alguno con la tecnología; los de 3 a 5 años deben restringir su uso a una hora por día; de 6 a 18 años la restricción debería ser a 2 horas por día.

2. Elaborar un plan de uso de los medios con reglas claras para la televisión, internet, teléfonos celulares y otros dispositivos.

3. Limitar el uso que hacen los niños del twitter y los mensajes de texto, así como mantener los teléfonos multiuso y las computadoras portátiles fuera de sus dormitorios.

4. Hablar en familia sobre las consecuencias del uso irrestricto de los medios pueden generar violencia, ciberacoso, bajo rendimiento escolar, obesidad, insomnio y otros problemas asociados.

A partir de este análisis, se puede observar que la mayoría de dispositivos electrónicos pueden afectar física y mentalmente a los niños, por lo que se debe tener especial cuidado en no caer en el exceso de su utilización, ya que todo lo que los niños aprendan en el celular o en línea tendrá consecuencias en su vida, se les debe enseñar a actuar con responsabilidad y a disfrutar todas las ventajas que ofrecen las tecnologías. Por lo tanto es necesario que los padres de familia y autoridades educativas reflexionen sobre el tema y decidan lo que es adecuado para los niños en su desarrollo, pero a un tiempo y edad razonable para utilizarlas.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal a implementar un programa de orientación a padres de familia en las escuelas públicas sobre el uso del celular y otras herramientas tecnológicas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.

Diputada Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la prevención de incendios forestales y las consiguientes afectaciones a la población y las actividades productivas, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal, a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas y a los gobiernos municipales a coordinarse para llevar a cabo acciones preventivas interinstitucionales que eviten la ocurrencia de incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población y las actividades productivas.

Consideraciones

Según datos del Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, del 1 de enero al 25 de agosto de 2016 se registraron 8 mil 599 incendios forestales en todo el territorio nacional, afectando una superficie de 261 mil 260.39 hectáreas. 96.21 por ciento de la afectación correspondió a estratos herbáceos y arbustivos, mientras que en vegetación de estrato arbóreo sólo se afectó 3.79 por ciento.1

Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca, mismas que representan 78.43 por ciento del territorio nacional.

El combate a dichos incendios requirió de 239 mil 609 días-hombre, siendo la Comisión Nacional Forestal (Conafor), los gobiernos de los estados y los municipios quienes aportaron 55.62 por ciento de estos recursos.

Asimismo, la misma instancia reportó que en lo que va del año se han perdido 26 mil 334 hectáreas. Siendo las entidades federativas con mayor número de incendios estado de México, Puebla, Cuidad de México, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Chiapas, que representan 81.07 por ciento del territorio nacional. También señaló que la mayoría de dichos incendios es provocada por la acción del hombre y sólo 2 por ciento son por causas naturales como las tormentas eléctricas.2

Además de lo anterior, el Servicio Meteorológico Nacional, en su reporte del mes de febrero indica que debido a la ausencia de lluvias importantes durante la primera quincena de febrero “existen condiciones de sequía moderada hasta extrema (D1-D3), que aumentó 0.4 por ciento con respecto a finales de enero, para situarse en 7.36 por ciento al 15 de febrero de 2017. En el mismo sentido, el principal foco de sequía se localizó en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde la sequía extrema (D3) cubrió 7.2 por ciento de la entidad. Otras regiones empezaron a secarse, como San Luis Potosí que aumentó su porcentaje de sequía moderada a 18.5 por ciento. En Guerrero, la sequía moderada avanzó hacia la costa (entre San Jerónimo, Atoyac y Coyuquilla) debido a que la región contabilizo 98 días sin lluvia, la última tormenta se registró el 9 de noviembre de 2016.”3

Por lo anterior, es necesario tomar en cuenta que 2017 podría ser un año “seco”, lo que generaría condiciones que podrían generar la ocurrencia de incendios, ya que las altas temperaturas y el viento generan condiciones ideales para la ocurrencia de dichos eventos, lo que ocasionaría un peligro para la población.

Aunado a lo anterior, en esta época del año se comienzan a implementar los métodos de preparación agrícola para la siembra, como el uso de fuego para efectuar las llamadas “quemas controladas”, las que muchas veces se salen de control y ocasionan incendios de gran proporción que lesionan no sólo el patrimonio forestal, sino causan pérdidas humanas y materiales.

Es por ello que, tanto los gobiernos federal, estatal y municipal, deberán mantenerse en alerta y activar los recursos humanos y materiales con los que cuentan para prevenir y combatir los incendios forestales.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal, a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas y a los gobiernos municipales, a coordinarse para llevar a cabo acciones preventivas interinstitucionales que eviten la ocurrencia de incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población y las actividades productivas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los sistemas estatales, delegacionales y municipales de protección civil a elaborar los planes específicos de protección civil, que permitan disminuir el riesgo y, en su caso, atender oportuna y adecuadamente a la población ante la ocurrencia de incendios forestales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las autoridades federales y estatales correspondientes a prevenir o, en su caso, atender las probables afectaciones al sector agropecuario y ganadero que pudieran presentarse ante las condiciones de sequía derivadas de la temporada de estiaje.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las y los legisladores de los congresos locales de las 32 entidades federativas a establecer marcos jurídicos y normativos que permitan fortalecer las sanciones a quienes por omisión, error o acción sean responsables de provocar incendios forestes y afectaciones a la población a causa de éstas.

Notas

1 http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/
5855Reporte%20Semanal%202016%20-%20Incendios%20Forestales.pdf

2 http://www.proceso.com.mx/477024/reportan-dano-en-26-mil-334-hectareas- incendios-forestales-en-lo-va-del-ano

3 http://smn.cna.gob.mx/es/incendios-forestales-mensual

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se instituya la Semana Nacional de la Salud, del 25 de febrero al 3 de marzo de cada año; y se exhorta a las autoridades del sector salud a informar a su personal sobre la nueva obligación de realizar el tamiz auditivo neonatal, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jericó Abramo Masso, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante de la Coordinación del Estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Poseer la capacidad de escuchar es de vital importancia para cualquier persona, a través de ésta, se pueden percibir las palabras, el sonido del viento en los árboles, la música, las enseñanzas de un maestro o los consejos de un padre, todo llega por el sentido del oído.

Por eso, la discapacidad auditiva es, sin duda, una de las más perniciosas ya que, además de aislar a la persona que vive con ella tras un muro de silencio, es también difícil de detectar a simple vista, es una discapacidad invisible y silenciosa.

Cuando la pérdida de audición se presenta en un recién nacido o a muy temprana edad, resulta doblemente difícil de detectar, ya que en un bebé la sordera se esconde y los padres pueden tardar meses y hasta años en darse cuenta del problema de su pequeño o pequeña y, por lo tanto, comenzar a brindarle atención cuando ya se perdió un tiempo crucial.

Un niño o niña que no escucha, no podrá aprender a comunicarse, porque el lenguaje hablado se aprende en el hogar, con la familia y por imitación; nunca conocerá la voz de sus padres ni el nombre que escogieron para él o para ella. No sólo no podrá aprender a leer ni a escribir porque no sabrá los sonidos de las letras, también tendrá serias repercusiones en su desarrollo cognitivo. Y todo esto lo convertirá en un ser dependiente, aislado y poco productivo para sí mismo, para su comunidad y para su país.

De acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad [...]1 “en el mundo existen alrededor de 280 millones de personas sordas, de las cuales dos terceras partes viven en países en desarrollo”.

Po otra parte y de acuerdo con la misma fuente [...] “en México nacen anualmente de 2,000 a 6,000 niños (as) con hipoacusia”.

La hipoacusia es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos.

Aun cuando la discapacidad auditiva, es terrible, también es una de las pocas discapacidades cuyos efectos más graves se pueden evitar si se cumplen ciertas condiciones para ello.

La primera es la detección oportuna; si un niño o niña nace con algún grado de discapacidad auditiva y dicho problema es diagnosticado y tratado idealmente antes de que el o la menor cumplan tres años de edad, la evidencia dice que hay una gran posibilidad de que se logre habilitar al menor para que lleve una vida igual o muy parecida a la de cualquier persona.

Para lograr esta detección existe una prueba llamada Tamiz Auditivo Neonatal, la cual tiene un costo muy bajo, no es invasiva y se aplica desde hace ya varios años, de manera gratuita, en algunos hospitales públicos de México donde hay alta incidencia de nacimientos, mas no de manera universal. El Tamiz Auditivo Neonatal es una prueba gratuita, sencilla y rápida, que permite detectar presencia de hipoacusia o sordera en recién nacidos, sin causar dolor o molestia alguna.

La segunda condición es la de un acceso efectivo a las mejores y más modernas soluciones tecnológicas de salud, entre las que se cuentan auxiliares auditivos y, en casos de hipoacusia profunda, el implante coclear.

Este tratamiento debe comenzar antes de que el o la menor afectado cumpla los tres años de vida, o como muy tarde antes de los cinco años, ya que está comprobado que esa es la ventana durante la cual el cerebro puede aprender y desarrollar el lenguaje oral de la mejor manera, lo cual constituye la base para cualquier comunicación futura.

Si el tratamiento comienza después dichas posibilidades disminuyen, quizá pueda lograrse cierto grado de escucha y oralidad, pero no el mejor, teniendo muchas limitaciones.

Tanto el tamiz como el acceso a tratamiento con auxiliares y/o implantes cocleares se encuentran cubiertos por el Seguro Popular, al cual tiene derecho cualquier niño o niña en México desde el momento de su nacimiento.

Por ello y para abonar a garantizar el derecho a la protección de la salud de toda la población, esta Cámara de Diputados aprobó el pasado 27 de octubre de 2016, el dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, mismo que fue publicado el 16 de diciembre del mismo año.

Estas reformas a la Ley General de Salud hacen obligatoria la aplicación del Tamiz Auditivo Neonatal a todos los recién nacidos, siendo responsabilidad de las autoridades del Sector Salud, federales y locales, el cerciorarse de su cumplimiento y, en caso de ser necesario, de dar seguimiento y apoyo a los niños y niñas que presenten pérdida auditiva apoyándolos con el tratamiento y el costo de las soluciones de salud que se requieran para darles la capacidad de escuchar.

Como todos sabemos, para exigir que un derecho se cumpla hay que conocerlo y, en virtud de el mencionado precepto es de reciente publicación, difundir y crear consciencia tanto del derecho que tienen los padres a exigir esta prueba gratuita en cualquier hospital del Sector Salud (sin importar dónde nació el bebé), como de la obligación que tiene el personal de salud de aplicarla de manera oportuna y eficiente, compartiendo rápidamente los resultados con los padres y, cuando haga falta, dar seguimiento a los casos de menores con algún grado de pérdida auditiva.

En virtud de lo anterior, considero que es necesario hacer del conocimiento de los padres esta vital información y a las autoridades y médicos del sector salud esta nueva responsabilidad, por lo que propongo ante este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que se instituya “La Semana Nacional de la Salud Auditiva” durante la semana del 25 de febrero (Día Internacional del Implante Coclear) al 3 de marzo (Día de la Pérdida de la Audición), en la cual este distinguido órgano legislativo, en coordinación con el Senado de la República, las autoridades de salud federales y estatales, además de diversas organizaciones de la Sociedad Civil que se ocupan del tema de Salud Auditiva; lleven a cabo, una campaña de concientización sobre los derechos en salud auditiva neonatal en México.

Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto a las autoridades de todas las instancias que conforman el Sector Salud de nuestro país para que informen a todo su personal sobre la nueva responsabilidad de realizar el tamiz auditivo neonatal.

Nota

1 Conadis, “Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana” consultado el 14 de febrero de 2016 en:
http://www.uam.mx/cdi/pdf/eventos/coloquio/tanit.pdf.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 7 días del mes de marzo, del año 2017.

Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones a fin de que en Irapuato, Guanajuato, el IMSS realice con la mayor brevedad gestiones para construir una clínica de nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 227, firmado el 23 de junio de 2012 en su calidad de candidato a la Presidencia de la República, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Lorena del Carmen Alfaro García, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para poder contextualizar el exhorto objeto de este punto de acuerdo, se hace necesario establecer de manera concreta un marco conceptual y jurídico, para delimitar enseguida la problemática que da pie a este llamado.

Luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, los derechos humanos cobraron mayor relevancia en la década de los setenta.

Ahora, en el Siglo XXI, los Derechos Humanos son una base fundamental en las legislaciones de los países que han suscrito diversos instrumentos internacionales que se encuentran relacionados con dicho tema.

Retomando, a contrario sensu, la definición que Guillermo Cabanellas de Torres establece para el término Derechos Humanos , tenemos que se trata del respeto que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la comunidad universal. 1

En la construcción de esta cultura de reconocimiento, respeto y garantía de los Derechos Humanos, la nueva tendencia internacional ha retomado como valores básicos superiores la libertad, la igualdad y la dignidad, que han de ser referente en la creación de las normas básicas de Derecho.

Así, en nuestro país, se cuenta con una amplia legislación que se ha desarrollado para garantizar el acceso a los Derechos Humanos. Lo cierto es que a partir de la suscripción de diversos instrumentos internacionales, el Estado Mexicano se encuentra obligado a recoger, desde la legislación, los diversos derechos a que somos acreedores por el hecho de ser humanos.

En tal sentido, la reforma del 10 de junio de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el referente para la armonización y actualización de los ordenamientos que rigen en nuestro país, cobrando tal relevancia, que incluso, por ejemplificar el alcance de la reforma mencionada, se ha fortalecido el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Habiendo establecido lo anterior, y para efectos del presente exhorto, delimitaremos lo que en la legislación de nuestro país, se ha establecido en torno al derecho a la Salud.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, cuarto párrafo, señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y deja al Legislador la facultad de normar los mecanismos para lograr este fin.

De lo anterior se deriva una amplia normatividad que establece mecanismos, acciones e instituciones que permiten dar cumplimiento al mandato constitucional.

Es así que la Ley General de Salud, establece en el artículo 1 Bis la definición de salud, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Al respecto, no podemos dejar de considerar lo que en el ámbito internacional se define como salud. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece:

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

“La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados.

“El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.”

(El resaltado es propio)

Como se puede ver, la legislación mexicana recoge el concepto internacional de Salud, dentro de la tendencia de reconocimiento, defensa y garantía de los derechos humanos.

Así también, el artículo 2 de la propia Ley General de Salud señala las finalidades del derecho a la protección de la salud en los siguientes términos:

“I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

“II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

“III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

“IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

“V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

“VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

“VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.”

Debemos contrastar la diferencia que existe entre el derecho a la salud, y el derecho a la protección de la salud, es decir, que siendo el primero un derecho universal, el segundo se convierte en el medio del Estado para garantizar el acceso al principal.

Es decir, el derecho a la salud es un derecho fundamental, y como tal, es deber del Estado Mexicano garantizarlo.

Así, uno de los medios para garantizar el derecho a la salud implementados por el Estado es la Seguridad Social, que se define en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social en los siguientes términos:

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

Junto con las políticas sanitarias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es una de las instancias que permiten acceder al derecho a la salud, y el Estado debe velar por generar las condiciones óptimas para su acceso.

Del Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2015 , tenemos que a diciembre de 2015, el IMSS cuenta con 74 millones 32 mil 437, derechohabientes, siendo la institución de seguridad social con mayor número de derechohabientes.

Aunado a lo anterior, el propio instituto reconoce que se enfrenta a la transición demográfica y epidemiológica que trae como consecuencia una mayor prevalencia de padecimientos crónico-degenerativos, cuya atención requiere de mayores recursos económicos y equipamiento necesario, considerando para su atención, algunas líneas de atención prioritaria, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro del Objetivo 2.3. Asegurar el Acceso a los Servicios de Salud.

Ahora bien, Guanajuato se encuentra dentro de la Región Occidente, contando con atención en los tres niveles, conforme al siguiente número de unidades:

Primer nivel

Medicina Familiar: 36
Medicina familiar con UMAA*: 0
Unidades Auxiliares de MF: 4

Segundo nivel

Hospitales: 10
Hospitales con UMAA*: 0
UMAA*: 1

Tercer nivel**: 2

*Unidad Médica de Atención Ambulatoria

**Incluye Unidad Médica de Alta Especialidad y unidades complementarias.

Cabe señalar de manera general en qué consisten los niveles de atención, conforme al régimen ordinario de atención del IMSS, lo que depende de la magnitud y complejidad de las necesidades de salud de la población:

• Primer nivel, se atiende primordialmente mediante servicios ambulatorios;

• Segundo nivel, se enfoca a brindar acciones y servicios de atención ambulatoria especializada, y

• Tercer nivel, se atienden las enfermedades de mayor complejidad que necesitan equipos e instalaciones especializadas.

Así, de las 25 Unidades médicas de tercer nivel, a 2015, se encuentran en la ciudad de León, Guanajuato, dos de ellas, mismas que corresponden al Hospital de Especialidades No. 1, Centro Médico Nacional del Bajío y al Hospital de Gineco Pediatría No. 48, Centro Médico Nacional del Bajío.

Para una población ya cercana a los seis millones de habitantes en el Estado (5,853,677 según el Inegi en 2015), parece insuficiente la infraestructura hospitalaria con que se cuenta, aún y cuando existen otros esquemas de atención como lo son el Seguro Popular y el ISSSTE.

Ante la explosión demográfica y la migración interna fomentada por las inversiones en determinadas zonas del país, cada vez se hace necesario mejorar y ampliar el espectro de cobertura del IMSS, para que los trabajadores que se encuentran afiliados y sus beneficiarios reciban una atención digna, igualitaria y oportuna.

Las cuestiones de salud, requieren las más de las veces de atención especializada y pronta. Cuando existe una enfermedad, no hay posibilidad de esperar a que se dé una atención cuando haya tiempo o lugar.

Según datos del IMSS, por lo menos en los últimos tres años, Guanajuato ha sido uno de los tres estados con un incremento en la tasa de empleo igual o superior al 7 por ciento.2

A marzo de 2014, se reportaba 751,136 afiliados en la entidad; en marzo de 2015, 809,724; y, para marzo de este año, 854,710.

A julio de 2014, solo en el municipio de Irapuato se reportaban 91,689 afiliados,3 y considerando como tasa promedio de crecimiento el 7 por ciento, por lo menos para el año pasado debió darse un incremento aproximado en 6,418 personas derechohabientes.

Y tiene sentido pensar que se debe a las grandes inversiones que se han realizado en el estado de Guanajuato. Las nuevas empresas que se han establecido ahí, generan empleo y movimiento migratorio local, nacional e internacional también, denotando un crecimiento importante en la población de los municipios cercanos a donde se establecen las empresas inversoras.

Es el caso de Irapuato, que justo a principio de año se daba la noticia de la llegada de veintidós nuevas empresas, que significan por lo menos tres mil nuevos empleos.

Con ello, el Municipio de Irapuato requiere de más y mejor atención en servicios de salud, sin dejar de señalar que hoy, es insuficiente aún.

La Clínica Hospital del IMSS en Irapuato se inauguró en 1975 y los municipios que atiende la subdelegación son Irapuato, Abasolo, Pueblo Nuevo, Pénjamo y Cuerámaro. Los derechohabientes son atendidos en las clínicas familiares de sus municipios y en caso de requerir atención especializada son remitidos a la Clínica Hospital de Irapuato.

Ahora bien, la población del municipio de Irapuato entre 1975 y 2010 creció de 179 mil 532 habitantes a casi 530 mil; y para 2015, el INEGI reporta una población de 574 mil 344 habitantes.4

Si bien se construyó una nueva Unidad de Medicina Familiar del IMSS de 17 consultorios, lo que los municipios de Irapuato y de la región requieren, es una clínica de nivel 3.

En el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2015, se señala que se ha cumplido con el compromiso CG-225 (sic) “construir una clínica de medicina familiar en Irapuato”, maquillando el compromiso, incluso asignando un número que no corresponde.5

Por otro lado, el Municipio de Irapuato cumple con los requisitos que el IMSS establece para poder construir una Clínica de Tercer Nivel como es lo concerniente al terreno en que se construiría, ya que el municipio tiene una reserva de 27 mil metros cuadrados precisamente en la zona hospitalaria de la ciudad, zona en la que incluso se encuentra el hospital materno infantil, con lo que supera los 26 mil metros cuadrados que son el requisito mínimo para la construcción de un hospital según lo establecido por el IMSS.

Es así que el compromiso número 227 firmado el 23 de junio de 2012 en el estadio Sergio León Chávez de la ciudad de Irapuato, por el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, ahora presidente, consiste en construir una “Clínica del IMSS en Irapuato”, y no una Unidad de Medicina Familiar, no ha sido cumplido.

No sólo es una promesa de campaña del Presidente Peña Nieto, hacia los irapuatenses, se trata de una imperante necesidad de los habitantes del Municipio de Irapuato y de la región misma, gracias al desarrollo que se ha dado en la entidad, ya que se ha consolidado como el clúster automotriz de la República Mexicana.

Se trata de un servicio al que los derechohabientes le aportan, y merecen que sea digno, suficiente y de calidad.

Se trata de un derecho humano fundamental que el Estado Mexicano debe proteger y garantizar, y que, de seguir sin dar solución efectiva, implicaría la flagrante violación al mismo.

No basta decir que hay unidades médicas, deben ser suficientes y de calidad, para garantizar la observancia de los valores fundamentales de libertad, igualdad y dignidad.

Las empresas y trabajadores de Irapuato y de la región afiliadas al IMSS están realizando sus aportaciones y el IMSS no les está garantizando el acceso a la salud.

Las personas merecen el respeto irrestricto a su dignidad humana. Es así que los asuntos de sanidad y salud, son una de las principales manifestaciones del cumplimiento del este deber fundamental en un estado democrático de derecho, dado que impacta de manera directa en la calidad de vida de los habitantes de un territorio.

Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones que resulten necesarias para que en el Municipio de Irapuato, Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice a la brevedad las gestiones necesarias para la construcción de una Clínica de Nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 227 firmado el 23 de junio de 2012 en su calidad de candidato a la presidencia de la República.

Notas

1 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 19ª Edición, 2008. Ed. Heliasta. Pág. 123.

2 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201505/030

3 http://datos.gob.mx/herramientas/afiliados-imss.html

4 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Gto/Poblacion/defa ult.aspx?tema=ME&e=11

5 http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/red_politica/RP-Compromisos/;
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Compromisos_de_Enrique_Pe%C3%B1a_como_candidato_a_Presidente;
http://www.theacguys.net/irapuato/local/prometen-donar-terreno-para-clinica-116923.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 7 de Marzo de 2017.

Diputada Lorena del Carmen Alfaro García

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender la sequía en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal José Antonio Estefan Garfias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La región del istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, ha sido severamente afectada por una sequía histórica y atípica. Con estadísticas de la Comisión Nacional del Agua se pronostica que en los próximos 3 años existirá una afectación directa a los campos de cultivo debido a la falta de precipitaciones presentadas en la región. En Jalapa del Marqués, uno de los municipios más afectados de la zona, y lugar donde se localiza la presa Benito Juárez, se estima que la producción pesquera y ganadera resultará dañada con un déficit de 40 por ciento de la producción total anual.

En materia ambiental, se han presentado diversas afectaciones que dañan las distintas actividades económicas de la región. El estado de Oaxaca es una de las entidades federativas que depende económicamente de las actividades rurales y pesqueras, por lo tanto, los acontecimientos actuales representan una situación de emergencia que requiere del apoyo federal en beneficio de los oaxaqueños.

Actualmente existen 29 municipios en la región del istmo de Tehuantepec que necesitan de atención urgente para la recuperación de los daños ocasionados por la falta de lluvias en la zona.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un fideicomiso que tiene como objetivo el apoyar a las entidades federativas en situaciones de emergencia para cumplir con los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y trasparencia. Como diputado federal del distrito V, atendiendo las demandas de la población istmeña, solicito que parte de los recursos del Fonden sean destinados para auxiliar las problemáticas de la población oaxaqueña. Asimismo, solicito a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación elabore un proyecto integral y conjunto de acción que tenga como objetivo el resguardar y proteger a las familias oaxaqueñas afectadas, así como una correcta planeación para el uso y aprovechamiento del vital líquido tanto para consumo humano como para fines agrícolas.

Atendiendo al Programa de Empleo Temporal (PET), que tiene como principal finalidad el apoyar las situaciones sociales y afectaciones económicas en emergencias de toda índole, considero que es necesario que el gobierno federal tenga especial atención en Oaxaca.

La población oaxaqueña está sufriendo los daños ecológicos que a través de los años le hemos ocasionado al planeta. Deseo reiterar mi compromiso y mi total colaboración para realizar acciones de trabajo que pongan a salvo a los oaxaqueños.

Mi vocación de servicio me motiva a atender y a escuchar las necesidades de la población afectada. Deseo manifestar que los habitantes de los municipios del istmo de Tehuantepec no están solos.

Expreso todo mi respaldo a todos los campesinos, pescadores y población en general que ha sido afectada por la sequía. Mi solidaridad con todos ellos.

Por lo anterior, presento la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Gobernación para declarar a la zona del istmo de Tehuantepec y a los municipios que lo conforman como zona de emergencia y que recursos del Fonden sean destinados para restablecer las actividades económicas y comerciales de la región.

Segundo. Exhortar al titular del Ejecutivo federal a establecer Programas de Empleo Temporal (PET), a través de las dependencias federales competentes, para garantizar un sistema de fortalecimiento de protección laboral para la población civil afectada.

Tercero. Exhortar a la Comisión Nacional del Agua para que en conjunto con demás dependencias federales competentes realice una planificación estructural e integral de políticas públicas que tengan como principal objetivo el garantizar el abastecimiento, uso, consumo y aprovechamiento del vital líquido para los municipios pertenecientes al istmo de Tehuantepec.

Referencias:

www.gob.mx/semarnat#acciones

www.gob.mx/presidencia

www.proteccioncivil.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.

Diputado José Antonio Estefan Garfias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a instaurar acciones socioeconómicas para estructurar un plan de atención de migrantes repatriados en la entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

La emigración de Zacatecas hacia Estados Unidos de América, es un fenómeno que ha prevalecido durante décadas, incluso, según algunos especialistas en la materia, como el doctor Rodolfo García Zamora, sostienen que la migración ha sido un fenómeno que lleva por lo menos un par de siglos como fenómeno instaurado en la entidad.

Zacatecas se ha convertido en un referente de migración a nivel nacional. Algunos estudios han indicado que cerca de 1 millón 800 mil zacatecanos viven en los Estados Unidos, principalmente en California, Illinois, Texas y Oklahoma, siendo una comunidad organizada que aporta aproximadamente 1 mil millones de dólares anualmente, con algunas variaciones por la inestabilidad política entre Estados Unidos y México.

Zacatecas ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en captación de remesas, ello exhibe una dependencia del mercado regional a la economía de la importación de dólares para la subsistencia. Si se considera que el doctor Miguel Moctezuma Longoria, de la Unidad de Estudios en el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas ha explicado que cerca del 90% del destino final de las remesas es para gasto corriente, principalmente orientado al consumo de bienes y servicios, vivienda e inversiones fijas de capital de lento crecimiento, según lo descrito en publicaciones e investigaciones, entonces con ello se puede dimensionar la importancia de las remesas en la economía local y regional.

Los 19 mil millones de pesos que ingresan a Zacatecas anualmente son equiparables en similitud de cantidad al presupuesto total de un año del gobierno estatal.

Las remesas constituyen el ingreso más importante de la entidad zacatecana y, constantemente reactivan la economía para que no fenezca ante la pasividad de los mercados locales sin el incentivo del dólar en el mercado interno.

Las políticas públicas implementadas por el actual gobierno de los Estados Unidos, han puesto en duda la continuidad de una política exterior, implementada con bases en un tratado de integración gradual en materia económica, política y social. Las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos, han sido contundentes y reactivas, provocando incertidumbre y la reacción de toda una nación en protección de sus connacionales ante un episodio de inestabilidad en política exterior que no se veía desde mediados del Siglo XIX.

México ha sido respetuoso de las políticas implementadas en cada nación, se ha respetado la política de la no intervención, sin embargo, en la actualidad, los mexicanos han sufrido ataques constantes, motivados por el odio, el racismo y la intolerancia.

Los zacatecanos han mostrado su inconformidad por la tibieza mostrada por parte de las instituciones mexicanas, donde ha prevalecido una causa de defensa de un tratado comercial que ha sido rebasado por el liderazgo que ha llegado a la Casa Blanca.

Nuestros connacionales radicados de manera legal o ilegal en EUA, principalmente los zacatecanos, no tienen certeza de ser bien recibidos en un estado que ha sido absorbido por la delincuencia organizada, la corrupción y la opacidad de los endeudamientos. Señor gobernador, como zacatecana y legisladora federal, estoy preocupada por el panorama poco alentador que se avecina ante el incremento de las hostilidades en contra de nuestros paisanos en los Estados Unidos. Ante el hecho anterior es inminente que exista esta inquietud para establecer mecanismos, al interior del Gabinete, así como al interior de las políticas públicas, económicas y sociales implementadas en la entidad y sustentadas en el Plan Estatal de Desarrollo, políticas que brinden seguridad a nuestros paisanos repatriados, quienes llegarán en condiciones vulnerables a la entidad.

Es necesario establecer políticas en materia educativa, social, vivienda, generación de empleos, inversiones, seguridad, desarrollo de proyectos productivos, proyectos del campo, fortalecimiento de infraestructura pública en salud, educación, transporte, seguridad. Los zacatecanos tenemos que ser un ejemplo nacional del trato digno a quienes han dado sustento económico a nuestro estado durante décadas.

Es primordial que desde su gestión, garantice un estado sólido, próspero, justo y en paz, para recibir a nuestra gente, a sus familias y a todo mexicano que llegue a establecerse a éstas tierras.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador constitucional del estado de Zacatecas a implementar las medidas necesarias dentro de sus facultades conferidas, para establecer los mecanismos conducentes para recibir a ciudadanos mexicanos repatriados de los Estados Unidos de Norte América a territorio zacatecano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato a realizar una investigación fehaciente sobre el asesinato de tres niños y el operativo policiaco efectuado el 12 de febrero de 2017 en San Miguel de Allende, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, a que lleve a cabo una investigación fehaciente sobre el asesinato de tres niños, y el operativo policiaco ocurrido el 14 de febrero de 2017, en San Miguel de Allende, Guanajuato, y se aclaren las irregularidades en el proceso, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 14 de enero pasado en San Miguel de Allende, Guanajuato, se suscitó un enfrentamiento entre la policía ministerial y presuntos delincuentes, por lo que fue suspendida la circulación en la carreta de San Miguel de Allende a Dolores Hidalgo, por 6 horas aproximadamente.

En esa misma fecha los niños Adrián, Mateo y Gabriel de 4, 8 y 11 años de edad respectivamente, hijos de Antonio Luna y Juana Luna, fueron asesinados con un disparo en la cabeza.

El sábado por la noche y el domingo en la mañana se rumoraba que en la balacera hubo 3 niños muertos sin que fuera confirmado por la Procuraduría del estado y sin que existiera un informe oficial de sobre el motivo el operativo y el tiroteo.

48 horas después del incidente, el procurador general de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, envía un comunicado de prensa afirmando que hay tres niños muertos y que los menores fueron asesinados por su padre.1

Los señores Antonio Luna y Juana Luna padres de los menores fueron detenidos por la policía. La señora Juana estuvo detenida durante nueve horas, al salir del Ministerio Público, en entrevista para para un medio local, la señora Juana Luna dio su versión de lo sucedido informando que su esposo Antonio Luna, trabajaba como velador en el lugar en lugar donde ocurrieron los hechos, que ella y sus tres hijos se quedaban con él durante las noches, y que el señor Luna tenía un arma de fuego que le fue proporcionada por el dueño de la propiedad que cuidaba.2

Expone que la familia se encontraba dormida cuando se empezaron a escuchar los disparos, y seguido enviaron varios mensajes y llamadas telefónicas, primero a la policía y después al propietario de la finca y sus familiares.

La respuesta que obtuvieron de la policía fue que tenían ocho operativos y que no podían pasar por que estaba cerrado el paso, también reportó que varias personas entraron a la finca, echaron gas, los amenazaron, le quitaron la pistola a su esposo, los pusieron de espaldas, escucharon disparos, a ella pusieron la pistola en la cabeza pero ya no tenía balas y le se la devolvieron a su esposo, posteriormente fueron sacados de la propiedad por las mismas personas quienes les argumentaron ser policías, y finalmente cuando la señora preguntó por sus hijos, los policías le dijeron que estaban muertos, que su esposo los había matado.

La señora Juana denuncia haber sido encerrada en un cuarto con un oficial, sin permitirle ver a su esposo, poder realizar llamadas, contar con la presencia de un abogado y sin ser presentada ante un juez, aunado a esto indica que cuando declaró ante el Ministerio Público no le proporcionaron el nombre de la persona que le tomó la declaración, y le expusieron que para que se pudiera ir, tenía que firmar el escrito, mismo contenía algo que ella no había declarado, viviendo así un viacrucis por encontrar la justicia para ella y su familia.3

Muy contrario al tiempo que toma en nuestro país la expedición de justicia, tan solo 6 días después de lo ocurrido, el día 20 de enero, el Procurador Carlos Zamarripa en conferencia de prensa informó que de acuerdo al nuevo proceso de justicia penal, el señor Antonio Luna había sido vinculado a proceso por una juez, afirmando que “le fue imputado diversos delitos entre ellos, homicidio en razón de parentesco en agravio de sus tres menores hijos y el delito de homicidio en razón de tentativa en agravio de su esposa” y que de acuerdo a los delitos es procedente que permanezca en prisión preventiva, a petición del Ministerio Público se concedió hasta un plazo de seis meses dar cierre a la información complementaria.4

Hasta la fecha no se ha aclarado oficialmente que fue lo que ocurrió, y cuál fue el motivo del operativo policiaco; el porqué de los disparos, cuántos detenidos hubo y quienes eran los presuntos delincuentes, sin embargo, el único informe oficial de lo sucedido es el lamentable asesinato de 3 niños.

Considerandos

Debido a las presuntas irregularidades, derechos humanos requirió los informes a la PGJE, a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como el acceso a la carpeta de investigación.5

La Secretaría de Gobernación menciona que “el debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Por un lado, se refiere a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos, es decir, para asegurar o defender sus libertades; esto se conoce como ‘derecho a un recurso’. El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos; esto se conoce como derecho al debido proceso legal”.6

Por antes mencionado y en miras de que la justicia se aplique de manera correcta como lo marca la ley, pongo a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato a llevar a cabo una investigación fehaciente sobre el asesinato de tres niños, y el operativo policiaco ocurrido el 14 de enero de 2017, en San Miguel de Allende, Guanajuato, y se aclaren las irregularidades en el proceso.

Notas

1 Tres niños asesinados en operativo policiaco en San Miguel de Allende: Arnoldo Cuéllar, director de Zona Franca. (VIDEO), Aristegui Noticias 24 de enero del 2017.

http://aristeguinoticias.com/2401/mexico/tres-ninos-ases inados-en-operativo-policiaco-en-san-miguel-de-allende-arnoldo-cuellar- director-de-zona-franca-video/

2 “Relato de una masacre en San Miguel Allende”. Nota Digital. 17 de enero 2017. http://notadigital.mx/wordpressND/?p=8228

3 Ídem.

4 Tres niños fueron muertos con el arma que portaba su padre, dice procurador de Guanajuato. Contra Punto TV, 21 de enero de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=_kmvNJ0mlgE.

5 “A Don Antonio le asesinaron a sus tres hijos”. El Debate. 31 de enero de 2017. http://www.debate.com.mx/mexico/A-don-Antonio-le-asesinaron-a-sus-tres- ninos—20170131-0043.html

6 “¿Qué es el debido proceso?”. Segob https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-el-debido-proceso?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Sagarpa a difundir en el ámbito de su competencia el avance al primer año de aplicación y el plan operativo correspondiente a 2017 de la implantación de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, a cargo del diputado Álex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alex Le Baron González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para dar cumplimiento a la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento, referente a que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), debe establecer las condiciones y mecanismos que permitan a los productores agropecuarios tener acceso a una cuota energética de Diésel Agropecuario a precios y tarifas de estímulo, para 2016 la SHCP publicó en DOF el 30 de diciembre de 2015, el Acuerdo 29/2015 por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario.

Con base en el marco anterior se establecieron los Lineamientos Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal al Diésel Agropecuario 2016, los cuales fueron publicados en el portal Sagarpa con fecha del 23 de junio del 2016, en los que se describen las actividades y responsabilidades de cada una de las áreas participantes y el procedimiento operativo.

El estímulo fiscal de diésel agropecuario 2016, es de aplicación nacional y su operación está a cargo de la Oficialía Mayor, encargada de establecer los procedimientos para afiliar y autorizar las estaciones de servicio que participan en la aplicación del beneficio, así como generar integrar e informar a Pemex, de acuerdo a los formatos establecidos, el monto de los consumos realizados, aplicando el procedimiento a los ciclos agrícolas Primavera-Verano 2016 y Otoño –Invierno 2016/2017.

Este programa, estructurado por la Sagarpa, en coordinación con SHCP y Petróleos Mexicanos (Pemex), está dirigido particularmente a los productores que forman parte del Padrón de Diésel Agropecuario que recibieron apoyo en el año 2013 (el programa se había suspendido a partir de 2014 y durante 2015).

En el caso del diésel agrícola, la SHCP solicitó depurar el padrón de acuerdo al esfuerzo para la desincorporación que realizó la Sagarpa en ejercicios pasados y suprimiendo a los beneficiarios que causaron baja por defunción o falta de renovación de su registro por tres años consecutivos.

Por otro lado, la Sagarpa exhortó a los productores involucrados a que acudieran al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural correspondiente para reinscribirse como beneficiarios del programa antes del cierre de ventanillas; para el 30 de octubre del 2016.

Cabe reiterar que el objeto del apoyo es beneficial a los productores agropecuarios aplicando una exención del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que está incluido en el costo total del litro de diésel al público en general. Además, de acuerdo al Procedimiento Operativo, el consumo de la cuota energética del Estímulo Fiscal al Diésel Agropecuario 2016 para el ciclo Primavera-Verano 2016, deberá consumirse exclusivamente en el periodo de abril a diciembre de 2016 y la correspondiente al ciclo Otoño-Invierno 2016/2017 en el periodo de agosto de 2016 a junio de 2017.

Asimismo, la SHCP publica mensualmente, el acuerdo tiene por objeto dar a conocer los estímulos fiscales, monto de los mismos, las cuotas disminuidas y los precios máximos al sector pesquero y agropecuario aplicable en todo el territorio nacional a la gasolina menor a 92 octanos y al diésel, desde enero 2016 a la fecha.

Es necesario que los productores del país sean apoyados por el estímulo fiscal con el que el gobierno federal se ha comprometido y así apoyar a estos sectores elementales de nuestra economía, para que se cumpla con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo sexenal.

De esta manera exhorto a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP ) y a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que, en el ámbito de su competencia, nos hagan de conocimiento público como fue aplicado el programa por estado y la cantidad de productores o pescadores beneficiados, la cantidad de litros de combustibles que se ejercieron bajo este esquema, la cantidad de estaciones de servicio de combustibles que participaron en cada región, así como los resultados relativos al primer año de aplicación y el proyecto para la implementación y el proceso operativo para el 2017, de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, esto nos ayudara a conocer la situación en la que se encuentra, y cuál ha sido la problemática que ha enfrentado dicho apoyo.

En ese sentido me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que, en el ámbito de su competencia, hagan de conocimiento público un estado de avance relativo al primer año de aplicación y el plan operativo aplicable para el año 2017 de la implementación de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.

Diputado Alex Le Baron González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Oaxaca y la Ssa federal a efecto de que el sector salud de esa entidad finalice las obras inconclusas, en proceso de planeación o susceptibles de rehabilitación, a cargo de la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Eva Florinda Cruz Molina, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Considerandos

El día 2 de marzo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Criterios Generales para el Desarrollo de Infraestructura en Salud firmados por el doctor José Ramón Narro Robles, secretario de Salud del Gobierno Federal.

En estos lineamientos, destacan dos de ellos en relación al Estado de Oaxaca, la fracción III., del Cuarto Lineamiento que dice que se privilegiará la rehabilitación de infraestructura sobre la sustitución, y el VII que establece que los Proyectos en abandono o suspendidos que no sean susceptibles de reactivación se someterán al análisis y opinión del Comité para el Seguimiento del Desarrollo de la Infraestructura Física en Salud, a fin de determinar las acciones que podrán llevarse a cabo para su aprovechamiento.

¿Por qué son pertinentes estos lineamientos para el estado de Oaxaca? Porque esta entidad federativa exhibe un sector salud caracterizado por la corrupción en su más alto grado, el de sus titulares; por la total impunidad en la comisión de estos ilícitos; litigios contra empresas constructoras; irregularidades en la tenencia de la tierra de las obras construidas; paros y huelgas de trabajadores incluso del Seguro Popular; obras hospitalarias inconclusas; obras en proceso que no pasan por años de su etapa de planeación; obras que requieren rehabilitación sin ser atendidas; y por todo ello, deficientes servicios médicos que vulneran el ejercicio pleno del derecho a la salud de los oaxaqueños, que violan el derecho humano a la protección de la salud y anulan una garantía constitucional del Estado Mexicano.

Según una nota de Televisa.News del 14 de noviembre de 2016, “El sector salud de Oaxaca se encuentra en coma. Es la segunda dependencia más endeudada en el estado. Tiene decenas de hospitales en obra negra, millones de pesos gastados sin comprobar y un ex secretario de Salud involucrado en acusaciones de corrupción durante los cinco años que estuvo en la dependencia.”

No obstante todas estas irregularidades, al término del sexenio del gobernador Gabino Cué Monteagudo, el Plan Anual de Inversiones 2017 de los Servicios de Salud de Oaxaca, sólo propuso obras de mejoramiento en su mayor parte, de 223 unidades sujetas a obras de inversión. El 84 por ciento de este Plan, sólo eran obras de mejoramiento a las que se destinaba el 90 por ciento de la inversión propuesta. Acciones consistentes en impermeabilización, pintura, instalación eléctrica, señalización, carpintería, casas de máquinas eléctrica e hidráulica y aire acondicionado.

Por otra parte, en la estructura de las obras de inversión en infraestructura física en salud en Oaxaca, se han privilegiado las obras en sustitución. Ello significa que los lineamientos emitidos no le favorecen porque según estos se “privilegiará la rehabilitación de infraestructura sobre las obras de sustitución. Este es uno de los problemas que hay que resolver. 51 obras en sustitución frente a 1 de rehabilitación en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud para el Estado de Oaxaca en 2016.

De acuerdo con el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud, actualizado al mes de septiembre de 2016, había 145 obras de inversión en Oaxaca: 38 nuevas, 51 en sustitución, 6 en fortalecimiento, 28 en ampliación, 3 en ampliación y fortalecimiento, 18 en equipamiento y sólo 1 en ampliación y rehabilitación. Pero de todas ellas, al mes de septiembre de 2016 había 43 en proceso con estatus de planeación apenas.

La fracción XII del artículo segundo de los lineamientos define los Proyectos en estatus de planeación, como aquéllos que han pasado por un mecanismo de planeación, cuentan con registro en el Plan Maestro de Infraestructura, y se encuentran en espera de la asignación de financiamiento y/o inicio de obra. Pero en el caso de algunas obras en Oaxaca este estatus se está prolongando por años.

Destaca una de ellas, que se inauguró en dos ocasiones el inicio de la obra pero todavía sigue en proceso de planeación, la del Hospital General de Huajuapan de León “Enfermera María del Pilar Sánchez Villavicencio. En la misma categoría de planeación se encuentra la ampliación del Hospital Básico Comunitario de Chalcatongo de Hidalgo; el del Centro de Salud de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo; el Hospital Comunitario Ixtlán de Juárez; el Hospital Especializado de Juchitán de Zaragoza; la ampliación y equipamiento del Hospital General “doctor Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca de Juárez; el Centro de Salud de Ocotlán de Morelos; el Hospital de la Mujer Oaxaqueña de San Bartolo Coyotepec; el Hospital de Especialidades de la Niñez Oaxaqueña de San Bartolo Coyotepec; el Hospital Básico Comunitario de San Felipe Jalapa de Díaz; el Centro de Salud de San Juan Bautista Tuxtepec; el Hospital de Especialidad de San Juan Bautista Tuxtepec; el Equipamiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados de San Mateo del Mar; la ampliación del Hospital General de Puerto Escondido; la ampliación del Centro de Salud Villa de Etla; la ampliación del Centro de Salud de San Pedro y San Pablo Teposcolula; la ampliación del Centro de Salud de Santa Catarina Ixtepeji; el Centro de Salud Santa María Camotlán; el Centro de Salud de Santiago Ihuitlán Plumas; la ampliación y equipamiento del Hospital General de Tehuantepec, y la ampliación del Centro de Salud de Soledad Etla, entre los más importantes.

Como puede observarse, en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud de 2016, sólo existe una obra en rehabilitación, y, de conservarse esta estructura el Plan Maestro, amenaza con reducir a su mínima expresión la inversión para Oaxaca, habiendo obras inconclusas desde hace 6 años que el gobierno del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal deben examinar y resolver aplicando con prioridad el lineamiento de la rehabilitación con acento en los hospitales y centros de salud antes mencionados en los que es aplicable este concepto y no como proyectos en abandono o suspendidos.

La urgente solución a estas situaciones -que como bien dice una periodista-, exhiben de manera dolorosa que el costo de la corrupción no sólo incluye los recursos públicos con lesiones graves al patrimonio nacional y estatal con pérdidas inauditas, sino que también exhibe la falta de atención o de controles de las instancias federales y estatales de los momentos o etapas de la planeación, de ejecución, y sobre todo, de control y supervisión de la obra pública, particularmente, de las obras de infraestructura en salud, al grado de que, en general, estas obras pueden seguir petrificadas en un estatus o bien seguir recibiendo financiamiento sin que se terminen. Pero aún más grave en todo esto, es el costo que tiene en el bienestar de comunidades enteras. Los hospitales y centros de salud inconclusos dejaron a su población objetivo sin acceso básico a la salud, en violación a un derecho humano y a una garantía constitucional del Estado Mexicano.

Debemos cumplir a cabalidad la meta de un México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que consiste en asegurar el acceso a los servicios de salud, garantizando el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca y al secretario de Salud del Gobierno Federal a poner orden en el Sector Salud de esa entidad y concluir todas las obras inconclusas, en proceso de planeación y/o susceptibles de rehabilitar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.

Diputada Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno local a eliminar el cobro de fotomultas a los automovilistas infraccionados, pues el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ha creado un precedente que determina la inconstitucionalidad de diversos artículos del Reglamento de Tránsito, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resuelve diversos amparos y declara la inconstitucionalidad de cinco artículos, 9, 60, 61, 62 y 64, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México por las llamadas “fotomultas”; ya que en la parte que prevén la imposición de sanciones patrimoniales por infracciones de tránsito, violan la garantía de audiencia previa del artículo 14 constitucional.

De acuerdo con información emitida por el Consejo de la Judicatura Federal,1 dicho Reglamento viola el artículo 14 constitucional porque permite que con base en una foto el agente imponga una sanción administrativa o penal sin la participación ni la defensa previa del sujeto afectado.

El juez determinó que de acuerdo a la jurisprudencia de la SCJN (P./J. 130/2007), el hecho de un acto administrativo o una ley tengan una finalidad legítima pública, es insuficiente para afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por ende, el Reglamento de Tránsito viola el artículo 14 constitucional al permitir la imposición de sanciones patrimoniales sin permitir que los posibles infractores sean escuchados en su defensa de manera previa, siendo insuficiente que la normatividad prevea medios de defensa posteriores al acto privativo puesto que para ese momento ya está decidido el carácter de infractor del sujeto y determinada e impuesta la sanción patrimonial respectiva.

Agrega en la resolución que, una foto no debe generar en automático una obligación de pago, sino en todo caso es solamente un indicio que podría servir para iniciar un procedimiento en forma de juicio con la participación del infractor a fin de determinar si se debe o no imponer la “fotomulta”. Esta resolución crea un importante precedente que beneficiará a millones de automovilista de la ciudad de México, que se encuentran en la misma situación.

El juez señaló que el hecho de que el Gobierno de la Ciudad de México deba pagar el 46% del cobro de cada “fotomulta” a la empresa Autotraffic –que es la que opera la tecnología– puede ser un incentivo negativo para obligar a los ciudadanos a pagar sin previa audiencia y “se privilegie la ganancia del particular y de la administración”, en perjuicio de la seguridad jurídica de los ciudadanos.

El juez ordenó que se le permita defenderse al ciudadano para evitar que la empresa de “fotomultas” privilegie su interés y descuide los fines públicos.

“De que el lucro de la empresa de tecnología se privilegie frente a los fines públicos y a los derechos fundamentales en perjuicio de los ciudadanos”.

La sentencia ordena al jefe de gobierno, y al secretario de Seguridad Pública capitalino, respetar los derechos de la audiencia antes de cobrar la sanción monetaria. Se ordenó a las autoridades capitalinas a:

1. Dejar sin efectos la boleta de infracción;

2. Devolver el pago realizado, en su caso; y

3. En caso de que la autoridad se encuentre facultada y decida nuevamente emitir la boleta de infracción se otorgue a la quejosa el derecho de audiencia previa en donde se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, lo que es posible realizar en forma ágil y simplificada.2

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, indican que de enero a diciembre de 2016, se aplicaron 597 mil 079 fotomultas, de un total de 100 millones 479 mil 356 imágenes detectadas; de las cuales se desecharon 99 mil 882, 283, que representan el 99.4 por ciento del total de imágenes detectadas:

Concepto      Enero-diciembre 2016

Imágenes detectadas  100,479,356

Imágenes desechadas  99,882,283

Porcentaje de imágenes desechadas  98.8

Infracciones impuestas  597,079

De los anteriores datos, también podemos inferir que el programa de “fotomultas” no ha tenido los resultados esperados por las autoridades capitalinas, sumado a su inconstitucionalidad, es factible que se valore su utilidad y vigencia. Consideramos que la propuesta se fortalece y puedan ser canceladas; tal y como lo proponemos.

Recordemos que desde su entrada en vigor, el tema de las “fotomultas” generó inquietud entre varios legisladores y descontento entre la ciudadanía, hecho que motivó que el Jefe de Gobierno instruyera a transparentar la información para operar las “fotomultas”, y hacer público el contrato con la empresa Autotraffic.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a que elimine el cobro de “fotomultas” a todos los automovilistas infraccionados, toda vez que el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ha creado un precedente que determina inconstitucional diversos artículos del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Notas

1 http://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativa s/2017/notaInformativa22.pdf

2 Ibídem.

Dado en la sede de la honorable Cámara de Diputados, el 9 de marzo de 2017.

Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer la institucionalización de las políticas de igualdad de género, conforme a los objetivos transversales del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el siguiente punto de acuerdo conforme a las siguientes consideraciones:

1. El término equidad de género, contiene un elemento de interpretación de la justicia social, generalmente basada en la tradición, costumbres, religión o cultura, más frecuentemente en detrimento de las mujeres, por ello en Naciones Unidas durante la conferencia de Beijing en 1995, se determinó y acordó que el término correcto es el de igualdad de género

Posteriormente, al emitir su recomendación general 28, el comité de La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), concluyó lo siguiente:

“Se exhorta a los Estados partes a utilizar exclusivamente los conceptos de igualdad entre la mujer y el hombre o la igualdad entre los géneros y no el concepto de equidad entre los géneros al cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención. En algunas jurisdicciones este último concepto se utiliza para referirse al trato justo de la mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Esto puede incluir un trato igual, o un trato diferente pero considerado equivalente en cuanto a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las oportunidades”.

Por lo anterior, en el glosario de ONU Mujeres, se define a la igualdad de géneros como, la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y de las niñas y los niños.

Esto conlleva a que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no se encontrarán condicionadas al sexo de la persona o individuo. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos La igualdad entre mujeres y hombres se considera una cuestión de derechos humanos y tanto un requisito como un indicador del desarrollo centrado en las personas.

2. Asimismo, el glosario de ONU Mujeres, define al empoderamiento económico de las mujeres, como:

“La igualdad de género en la economía se refiere al disfrute pleno e igual por mujeres y hombres de sus derechos y prerrogativas económicas facilitado por políticas y entornos institucionales propicios y el empoderamiento económico”.

“El empoderamiento económico es un pilar de la igualdad de género. Se refiere tanto a la capacidad de tener éxito y avanzar económicamente como al poder de tomar decisiones económicas y actuar de acuerdo a ellas. Empoderar a las mujeres económicamente es un derecho esencial para alcanzar la igualdad de género y lograr metas de desarrollo más amplias tales como el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, y mejoras en la salud, educación y bienestar social.”

3. Ahora bien, de acuerdo con los datos del censo poblacional del Inegi, 2010, de la población total de 112 millones de mexicanos, 57 millones son mujeres mientras que los restantes 54 son hombres. No obstante, los datos referidos, es de todos conocido que la representación de las mujeres en áreas estratégicas no sigue ese patrón. De acuerdo con los datos de Gina Zabludovsky, se puede observar una subrepresentación de las mujeres en el ámbito laboral y más específicamente en el caso de puestos directivos, esto tanto en el ámbito público como privado

Por ejemplo, en 2007, las mujeres representaban el 39.5 por ciento de la población económicamente activa de las zonas urbanizadas, en el caso de ocupaciones como “funcionarias y directivos”, el porcentaje de presencia femenina disminuyó a un 28.9 por ciento; mientras que sólo representaban el 24 por ciento de funcionarios y directivos con ingresos mayores a los cinco salarios mínimos.

4. Ahora bien, a continuación, se exponen diversos datos o indicadores que, revelan de manera sustancial la desigualdad entre hombres y mujeres, cuando se analiza la participación de ambos, en la economía del país:

- Las mujeres en los países pertenecientes a la OCDE perciben 16 por ciento menos en su salario que los hombres. (OCDE, 2013)

- México ocupa el lugar 83 de 135 países en el último reporte de Brecha de Género del World Economic Forum. (World Economic Forum ,2013

- Las mujeres destinan más del 70 por ciento de sus ganancias a la comunidad y a su familia, en tanto que los hombres sólo inyectan entre 30 y 40 por ciento de sus recursos para dichos fines. (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Ammje, 2013)

- En la actualidad en México (2013) de cada cinco pequeñas y medianas empresas que se abren tres están lideradas por mujeres.(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013)

- 37 por ciento aportan las mujeres empresarias de México al Producto Interno Bruto, destacan los reportes del Inegi. (Inegi, 2012)

- De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de cada 100 mujeres que solicitan un préstamo para invertir en su empresa, el 99 por ciento salda sus deudas de manera íntegra. (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013)

- Las mujeres en México sólo representan el 16 por ciento del sector empresarial de acuerdo con el Inegi (Inegi, 2012)

- Las mujeres tienen mayores tasas de graduación de educación terciaria (universitaria) que los hombres (21 por ciento comparado con 18 por ciento). (OCDE, 2011)

- Más de una tercera parte de las mexicanas entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja comparado con uno de cada diez varones. (Secretaría del trabajo 2011)

- La tasa de participación laboral femenina es la más baja de la OCDE después de Turquía: 48 por ciento (2012) de las mujeres mexicanas tienen un empleo comparado con el promedio de la OCDE de 62 por ciento (2011). (OCDE, 2011)

- Las mujeres ocupan el 31 por ciento de los puestos de alta dirección en México (32 por ciento en la OCDE), 7 por ciento de los miembros de la junta directiva de las empresas mexicanas son mujeres (10 por ciento en la OCDE), y sólo el 2 por ciento de las mujeres mexicanas son empresarias (en comparación con el 6 por ciento de los hombres). (OCDE, 2011)

- El 51 por ciento de los trabajadores por cuenta propia en el sector informal son mujeres. (OCDE, 2011)

- El 24.5 por ciento de las mujeres trabajan medio tiempo, solo 8.2 por ciento de los hombres trabajan bajo esta modalidad. (OCDE, 2 011)

- Carrera profesional: las mujeres ocupan menos de un tercio de los puestos gerenciales y tienen una participación de 1 mujer por cada 10 hombres en los puestos directivos. (OIT, 2012)

- Actualmente, las mujeres terminar la universidad con mejores calificaciones que los hombres, pero antes de que cumplan 30 años ya van a estar ganando 10 por ciento menos que ellos. (GEM, 2012)

5. Así las cosas, para la celebración del Día Internacional de la Mujer 2017, a celebrarse el próximo 8 de marzo, para la ONU Mujeres, el tema central será “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”; esto a que hoy en día, apenas el 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76 por ciento en el caso de los hombres. Lograr la igualdad de género en el trabajo es indispensable para el desarrollo sostenible. La celebración de las Naciones Unidas el 8 de marzo exhorta a todos los actores a dar el paso por la igualdad de género, por un planeta 50-50 en 2030.

6. Ahora bien, en concordancia con lo anterior, el sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 61), que tendrá lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 13 al 24 de marzo de 2017, se centrará en el tema de “El empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo”. La Comisión es una de las mayores reuniones anuales de líderes mundiales, ONG, actores del sector privado, socios de las Naciones Unidas y activistas de todo el mundo en centrarse en la situación de los derechos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, en cualquier parte del mundo. El período de sesiones de este año se celebra en un momento crucial, debido a que el mundo laboral está cambiando a un ritmo rápido, impulsado por la innovación, la globalización y una mayor movilidad de las personas.

7. Los datos anteriormente referidos respecto de nuestro país, y las políticas que serán impulsadas desde la ONU, respecto a la igualdad de género a nivel mundial, sin duda ponen a nuestro país, en la posibilidad de superar paradigmas, hacer programas y políticas que impulsen el desarrollo económico y sin duda, desde la Administración Pública y la conformación de los Poderes debe ponerse el ejemplo. Actualmente la situación de la mujer en los altos cargos político-administrativos no dista de la desigualdad que se refleja del sector privado. Al comienzo del gobierno del Presidente Vicente Fox, las secretarías encabezadas por mujeres eran las de Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Sin embargo, para 2003 sólo una mujer continuaba en el cargo: la de Relaciones Exteriores. El gobierno de Felipe Calderón tuvo cinco mujeres en el gabinete: Relaciones Exteriores; Desarrollo Social (los dos primeros años); Energía, Educación Pública; Trabajo y Previsión Social (los dos últimos años) y en la Procuraduría General de la República (PGR).

8. De acuerdo con datos disponibles en 2009, del total de las 59 subsecretarías dentro del gobierno federal, 45 estaban ocupadas por hombres y sólo 13 por mujeres, lo que representa solo el 22 por ciento. Lo anterior evidencia el rezago de las mujeres en la participación en altos cargos. Algunos ejemplos internacionales dejan el listón muy alto. Por ejemplo en Suecia las mujeres alcanzaron en 1999 el 52 por ciento de los puestos de más alto nivel. Por su parte, tanto en España como en Chile el porcentaje de mujeres en el gabinete llegó al 50.

9. Con relación a la participación de las mujeres en el Poder Legislativo, es conocido que ésta se ha visto favorecida por el establecimiento legal de cuotas de género en la lucha política por obtener mayores niveles de representación vía la votación directa de la población en ambas Cámaras. En 1996, en México, se establece un mecanismo a través del cual al nominar candidatos a diputados y senadores, la cuota de participación de las mujeres no puede ser menor a un 40 por ciento. Esta posibilidad nace de iniciativas de acción afirmativa hacia las mujeres en materia de representación, que se vieron reflejadas en modificaciones sustanciales en las leyes como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del año referido para darle sentido y cumplimiento a mandatos de orden internacional en la materia.

10. Sin duda el debate y la agenda pendiente está en nuestras manos, como legisladores, y sin duda también en manos del Ejecutivo Federal que para ello avanza en esta dinámica y en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 está presente y de manera amplia coloca su rubro III. México Incluyente, como eje rector en la concreción de condiciones de igualdad y establece como Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.

Dentro de sus estrategias transversales la Perspectiva de Género ocupa y cruza a todo el Plan Nacional de Desarrollo como compromiso de Estado. En este sentido el 20 de agosto de 2013, se publicó, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, el cual define la agenda por atender y plasma los Objetivos destinados a darle curso y cumplimiento, entre ellos el Objetivo transversal 6: Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional y su Estrategia 6.2 Promover la igualdad de género en las oportunidades y resultados de la democracia y el desarrollo político

Datos que nos señalan la importancia y la necesidad de actuar como legisladores son los siguientes:

- En las presidencias municipales, la participación de las mujeres en 2013, era apenas un 6.9 por ciento; las regidoras y síndica representaban en 2011, un 38.5 por ciento y un 26.8 por ciento.

- La presencia de mujeres en los poderes Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno se encuentra lejos de la paridad, del total de personas en puestos directivos superiores, las mujeres no alcanzan ni un 24 por ciento.

- En cuanto al Ejecutivo federal, la participación femenina en los mandos medios y superiores representa apenas el 35.5 por ciento y se concentra en la más baja jerarquía (subdirectoras, jefas de departamento, enlaces). La representación femenina en las entidades federativas en puestos de alta dirección apenas alcanza un 14.6 por ciento.

- En la Suprema Corte de Justicia Nacional, sólo 2 de los 11 ministros son mujeres. De los magistrados del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia en 2012, 28.6 por ciento eran mujeres.

- Finalmente, la participación de las mujeres en puestos de toma de decisión en las estructuras sindicales es de menos de un 4 por ciento

11. En este sentido, en la medida en que las mujeres no podamos tener un mayor acceso a los altos cargos de la Administración Pública las políticas públicas seguirán con un sesgo que refuerza al status quo. Sólo con un acceso más equitativo a este espacio público, por antonomasia, las decisiones colectivas reflejarán también el verdadero interés de la única mayoría social que padece las condiciones de una minoría.

Punto de Acuerdo

Único: El honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal y a los de las 32 entidades federativas, para:

a) Fortalecer la institucionalización de las políticas de igualdad de género, conforme a lo dispuesto en los objetivos transversales del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, Proigualdad 2013-2018.

b) Incrementar la participación de las mujeres en todos los cargos, principalmente en los de dirección y confianza de las dependencias de la administración pública estatal, con la finalidad de favorecer su empoderamiento.

Incorporar las políticas de igualdad de género que coadyuven con el tema y objetivo central de ONU Mujeres, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer: “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacía un planeta 50-50 en 2030”.

Palacio Legislativo Federal, a 9 de marzo de 2017.

Diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades gubernamentales a atender y dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en diversas localidades de Oaxaca, así como a garantizar la seguridad de víctimas y defensores del caso, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 21 de febrero de 2017, en respuesta a la petición de la Comisión Especial de seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente, respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016 de la Cámara de Diputados Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rindió un informe sobre los avances en la investigación que realiza en torno a las presuntas violaciones a derechos humanos en las comunidades de Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Vigueras y Hacienda Blanca, Oaxaca.

En voz del titular de la CNDH, la Comisión Especial fue informada que la integración del expediente que podría esclarecer la verdad de los hechos en donde ocho personas perdieron la vida y más de 100 fueron lesionadas, ha enfrentado diversas dificultades. Entre ellas destacan:

• La indebida preservación del lugar de los hechos;

• La existencia de contradicciones entre los diversos testimonios recabados, lo que ha obligado a que los mismos se contrasten y confronten con otros elementos objetivos de convicción, a fin de dilucidar lo que realmente aconteció;

• El hecho de que las respuestas de autoridades a las solicitudes de información no siempre han sido oportunas ni incluyen todo lo requerido .

En el marco de lo señalado, la CNDH también dio cuenta de algunos avances del análisis e investigación de información vertida por distintos organismos como las instituciones de salud y las estatales.

Al respecto, sobresale un oficio del Director del Hospital Regional del el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Oaxaca, que señala haber recibido en sus instalaciones a policías federales quienes le solicitaron atender a sus elementos lesionados y que, por cuestiones de seguridad, la población civil lesionada no fuera recibida. El encargado del hospital fundamentó su respuesta negativa a la petición argumentando que ¨por ley se encontraba obligado a prestar el servicio a quien lo requiriera”.

En este sentido, resulta por demás alarmante para la Comisión Especial que, el cuerpo policiaco federal cuya misión es garantizar la seguridad e integridad de la población mexicana, sea la que haya intentado obstaculizarla el pasado 19 de junio.

Aunado a lo anterior, de los avances presentados por la CNDH, se distingue también un giro en torno a la versión de los cuerpos policiacos y ministeriales que aseguraba que la no portación de armas de fuego al inicio del operativo había sido certificada por un Notario Público.

“Previo al inicio del operativo, a las 4.30 de la mañana en el destacamento de la Policía Federal ubicado en San Pablo Etla el Notario Público número 65 de la ciudad de Oaxaca sólo hizo un recorrido visual, sin verificar a detalle a los integrantes de las corporaciones policiacas y señaló que “...sólo portan kit policiaco antimotines y no armas de fuego ni punzo cortantes, sólo lanzadores simples de agentes químicos” asimismo, que inspeccionó los vehículos terrestres que tuvo a la vista, certificando que “en su interior no existían armas de fuego ni punzocortantes”. Sin embargo, se ha documentado que hubo elementos de las corporaciones estatales que acudieron armados al inicio del operativo.”1

Frente a esto, destaca la denuncia del organismo de derechos humanos sobre no haber recibido aún copia de otras carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de la República que, aunque están relacionadas con los hechos de cuenta, no se acumularon a la carpeta principal. ¨Para un caso de esta envergadura resulta indispensable que las autoridades brinden a la CNDH, con oportunidad, toda la información que les sea requerida y que la misma se actualice cuando ello sea necesario¨, señaló Luis Raúl González, titular de la comisión.

Sin embargo, pese a los obstáculos propiciados por autoridades gubernamentales, la CNDH ha logrado recabar 830 actas circunstanciadas, 124 actas derivadas de entrevistas y certificaciones médicas, 273 videos y 594 fotografías proporcionadas por habitantes, recabadas de medios de comunicación y videos proporcionados por la instituciones de salud oaxaqueñas, que suman 59 horas, 27 minutos y 59 segundos de grabación. Aún faltan los videos de la Procuraduría.

Es así como el Organismo Nacional de derechos humanos, señaló a la Comisión Especial, encontrarse en la etapa final de integración, esperando que toda la información faltante le sea proporcionada inmediatamente para poder concluir satisfactoriamente la investigación.

Como Atenco, Tlatlaya o Ayotzinapa, lo ocurrido el 19 de junio merece una investigación completa, objetiva, imparical, integral y exhaustiva que le permita saber a la ciudadanía mexicana qué fue lo que ocurrió y fincar las responsabilidades administrativas y jurídicas que sean necesarias para borrar la impunidad que a más de ocho meses impera, garantizar la verdad y la no repetición de los hechos.

En el marco de lo narrado, integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad de Nochixtlán, e incluso el propio Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, han sido blancos de distintos ataques, amenazas y hostigamientos. El más reciente ha ocurrido el pasado 5 de marzo del año en curso, en donde integrantes del Comité sufrieron un atentado mientras se dirigían a la comunidad en la sierra mixteca en donde trabajan.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que las instituciones relacionadas con el caso, respondan a las inquietudes de la CNDH, y que la Procuraduría General de la República entregue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos toda la información del caso para facilitar la labor de investigación del organismo y no dilatar más la justicia y la verdad. De igual forma, garantizar la seguridad e integridad de las víctimas sobrevivientes y de sus defensores, debe ser una prioridad.

De esta manera, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a facilitar los trabajos de investigación y a coordinarse efectivamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en torno al caso de los lamentables hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en las comunidades de Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Vigueras y Hacienda Blanca, del estado de Oaxaca, con base en su misión de contribuir a garantizar el Estado democrático de derecho.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a los titulares de la Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de Seguridad a acudir a una reunión de trabajo con la Comisión Especial de Seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente, respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a reconocer a los integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad de Nochixtlán como personas defensoras de derechos humanos, y a otorgar medidas cuatelares para cada uno de ellos y para el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, con el fin de garantizar su integridad, vida y seguridad.

Nota

1 CNDH. 2017. “Informe CNDH”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rubrica)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo federal, a difundir las acciones que ha implementado para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas sobre refugiados y migración, particularmente, en lo relativo a reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquellos sitios donde se registran mayor número de solicitudes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. La protección internacional de los refugiados surgió en el siglo XX tras los dos grandes hechos bélicos que acontecieron en la primera mitad. Fue así que la primera institución creada para tal fin tuvo su origen después de la Primera Guerra Mundial cuando la Sociedad de Naciones nombró, en 1921, al Delegado de Noruega, Fridjof Nansen, Alto Comisionado para los Refugiados.

Posteriormente, y derivado de los diversos crímenes que se cometieron en contra de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) nació la ONU en 1945 y dos años más tarde, en 1947, la Organización Internacional para Refugiados (OIR) con carácter provisional, siendo 1949 el año en el que se designó un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 1 .

El marco normativo que sustentó el mandato y los principios sobre los cuales se asentó, fundamentalmente, la protección internacional a los refugiados y, en este sentido, el mandato de la ACNUR, son la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 28 de julio de 1951) y su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (Nueva York, 31 de 1967).

Dicha Convención establece que un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país" 2 .

Segunda 3 . Hoy en día la protección internacional a los refugiados constituye una preocupación central en el entorno internacional, pues aunque la tasa de crecimiento se ha ralentizado en comparación con los incrementos registrados en el último par de años, el número actual de desplazados en el mundo es el más elevado desde la Segunda Guerra Mundial. Tan sólo, entre 1996 y 2015, observó un aumento del 75%, pasando de 37.3 millones en 1996 a 65.3 millones, a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada o las violaciones de derechos humanos, de los cuales 21.3 millones eran refugiados. Específicamente, el número total de refugiados se incrementó en un 55% en sólo cuatro años, pues en 2011 la cifra era de 10.4 millones de personas.

Cabe destacar que, de la cifra de 2015, los menores de 18 años representaron, prácticamente, la mitad de la población refugiada en 2015, frente al 41% en 2009.

Ahora bien, en cuanto a las regiones que dan acogida a los refugiados, los países en desarrollo acogieron al 86% de los refugiados bajo el mandato de la ACNUR –frente al 70% de hace dos décadas.

Tercera. En este contexto, durante el siglo XX, México se distinguió por observar una tesis inalterada de albergue a quienes sufren persecución por motivos políticos en sus países de origen, o bien, que no pueden permanecer en ellos por situaciones de conflictos armados o violencia generalizada.

De esta forma, desde los españoles en las décadas de los treintas y los cuarentas, hasta los centroamericanos en los ochentas y noventas, han encontrado en nuestro país asilo o refugio, lo que se ha traducido en la permanencia dentro del territorio nacional de personas que requieren de atención de sus necesidades, no sólo inmediatas, sino de mediano y largo plazo.

Cuarta. Con el fin de procurar medios de ayuda y protección a los refugiados y, justamente, a partir de la llegada masiva de centroamericanos al sur del país en la década de los ochenta, la Secretaría de Gobernación, conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, emitió el Acuerdo por el que se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), organismo de carácter permanente e intersecretarial.

El decreto de creación de la COMAR estableció como sus objetivos principales: (1) Estudiar las necesidades de los refugiados extranjeros en el Territorio Nacional; (2) Proponer las relaciones e intercambios con organismos internacionales creados para ayudar a los refugiados; (3) Aprobar los proyectos de ayuda a los refugiados en el país; y (4) Buscar soluciones permanentes a los problemas de los refugiados 4 .

Para el cumplimiento de su encomienda, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados cuenta con un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación denominado Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la cual está integrada por tres unidades de apoyo, consistentes en las Direcciones de Protección y Retorno; de Asistencia y Desarrollo; y de Administración y Finanzas, siendo las dos primeras, las más determinantes en cuanto a su actuación.

La trascendencia de la Dirección de Protección y Retorno radica en que es la encargada de dirigir los procedimientos en materia de protección para atender, en tiempo y forma, las solicitudes de refugio que recibe la Comisión. Por otro lado, entre sus facultades también están la de dirigir los procedimientos de elegibilidad de los casos individuales de los solicitantes de refugio, con el objetivo de verificar que cumplan con la normatividad aplicable; y finalmente, la de evaluar las solicitudes de refugio para su atención inmediata con base en los procedimientos establecidos en la normatividad nacional e internacional en la materia.

Por su parte, la Dirección de Asistencia y Desarrollo es la encargada de programar, a través de citas, la atención a las solicitudes de los refugiados y favorecer el avance de las gestiones en cada caso que se presente; lograr el acceso a servicios públicos de salud, educación y demás necesidades prioritarias; así como revisar e integrar la documentación en el expediente para tramitar la regularización migratoria o reunificación familiar de los refugiados, legalizando su estancia en el país.

Quinta. Resulta preocupante que la COMAR, por un lado, sólo cuente con tres oficinas en toda la República y carezca de oficiales de protección en los puntos de mayor tránsito de migrantes –y, por tanto de mayor incidencia de solicitudes de refugio–, tanto en la frontera norte como en la sur, esto es, en Tijuana y Tapachula.

Lo anterior pudo ser constado como parte de las visitas que realicé a ambas ciudades. La primera como parte del Programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo”, en el que participé el pasado mes de diciembre. Y, la segunda, realizada en el mes de enero, como resultado de mi interés por conocer la situación prevaleciente al respecto en la zona sur. En ambas visitas, a partir de la serie de recorridos y entrevistas que sostuve con autoridades, representantes de organismos internacionales y asociaciones civiles, verifiqué que una de las más grandes deficiencias en la implementación de los mecanismos para la protección de la población inmigrante y refugiada es la insuficiente y, en algunos casos, nula presencia de la oficiales de protección de la COMAR.

En este sentido, de acuerdo con la investigación que Organizaciones de la Sociedad Civil realizaron para el informe Un camino Incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México 5 , se documentó que en todo el país dicha Comisión solamente cuenta con 15 oficiales de protección para garantizar el acceso a la protección internacional a una población de más de 100 mil personas migrantes detenidas a lo largo de 2015, hecho alarmante toda vez que en concordancia con información de ACNUR, en los últimos años se ha incrementado el número de personas que buscan protección como refugiados en México. Tan sólo en 2016, 8,781 personas solicitaron la condición de refugiado, lo que representó un incremento de 1,067% en comparación con el número de solicitudes recibidas en el 2011. Y, para 2017, estima se alcanzarán las 20 mil, situando a México en una situación de gran complejidad y en una inusual ola de solicitudes de refugio, en gran medida, derivadas del “cierre” de la frontera sur de los Estados Unidos.

Sexta. Aunado a lo anterior, el artículo 21 de la Ley sobre Refugiados, Protección complementaria y Asilo Político, a la letra dice:

“Artículo 21. Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento.

…

…

…

Durante el procedimiento el solicitante podrá promover por si o a través de su representante legal. Si el solicitante se encuentra en alguna estación migratoria, se deberán tomar las medidas para garantizar la comunicación con su representante legal o, en su caso, con la persona de su confianza de conformidad con las disposiciones aplicables. En todo momento las entrevistas se deberán desahogar de manera personal con el solicitante, pudiendo estar acompañado por su representante legal.”

Sin embargo, la CNDH ha documentado a través de actas circunstanciadas, así como de varios de los expedientes de queja cuya autoridad presuntamente responsable es la COMAR, que muchas de las entrevistas que los servidores públicos de esa institución realizaron a los solicitantes que se encuentran en una estación migratoria, fueron realizadas vía telefónica e incluso después de más de 30 días de iniciado el procedimiento 6 .

La relevancia de que las entrevistas sean vía telefónica no radica únicamente en el incumplimiento de los dispuesto en la legislación, sino en que los elementos que la autoridad valora para determinar el reconocimiento o no de la condición de refugiado están relacionados con la credibilidad en las declaraciones, por ello se torna imprescindible que las entrevistas se lleven a cabo de manera personal.

Al respecto, es menester destacar que el aumento en las detenciones efectuadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha coincidido con un incremento en las capacidades de la COMAR, de tal suerte que, a pesar de que el INM incrementó sus acciones de control, la cantidad de agentes entrenados y capaces de detectar a personas vulnerables que requieren de protección internacional, de hacer entrevistas y de atender a las solicitudes. Esto es, la COMAR no ha respondido a dicha necesidad, lo cual es explicado, fundamentalmente, por la ausencia de un presupuesto acorde a los retos que enfrenta la institución 7 .

Séptima. Finalmente, vale la pena recordar que el pasado mes de septiembre, durante la celebración de la primera Cumbre de Naciones Unidas sobre Refugiados y Migración 2016, en la que se aprobó la Declaración de Nueva York, el Presidente de la República refrendó su compromiso frente a los Estados parte, de que como parte de los trabajos en el tema de los migrantes y refugiados, se estaban impulsando siete acciones concretas, de las que destaca la cuarta referente a Reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquellos sitios donde se registran mayor número de solicitudes, a lo que indicó que incrementaría el 80% del personal en la Comisión, situación que al día de hoy sigue sin darse cuenta de ningún avance al respecto.

Octava. Si bien es cierto que el sistema de protección jurídico internacional y nacional cuenta con los recursos y garantías suficientes para que los derechos de este colectivo en estado de vulnerabilidad sean respetados, las políticas y prácticas de los Estados no siempre son congruentes con este marco de protección.

En el caso de nuestro país, a pesar de que la función de la COMAR es fundamental en la protección de los solicitantes de refugio, derivado de las visitas y entrevistas efectuadas, como de investigaciones de la sociedad civil, es posible afirmar que dicha institución no está cumpliendo con su mandato a cabalidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal para que haga pública la información relativa a las acciones implementadas para dar cumplimiento a los compromisos enmarcados en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Refugiados y Migración, realizada en la ciudad de Nueva York en septiembre pasado, particularmente, en lo relativo a reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquellos sitios donde se registra un mayor número de solicitudes.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que garantice la presencia física de un mayor número de oficiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en las fronteras norte y sur del país que asegure la atención suficiente y adecuada que establecen las disposiciones legales aplicables.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de las medidas implementadas como respuesta a las acciones del Presidente de los Estados Unidos, se contemple un incremento en el número de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Notas

1 https://dipublicus.wordpress.com/2013/03/27/derecho-internacional-de-los-refugiados/

2 http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/refugiados/

3 Agencia de la ONU para los Refugiados. (2015). Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2015. Forzados a huir. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 22 de febrero de 2017 http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10627)

4 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61817/AACOMAR.pdf

5 Knippen, José. (2015). Informe Un camino Incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México. [Electrónico].(Recopilado de world wide web el 18 de febrero de 2017
https://www.wola.org/sites/default/files/Un%20camino%20incierto_Nov2015.pdf)

6 Informe sobre la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México y con necesidades de protección internacional. (2016), [Electrónico].

(Recopilado de World Wide Web el 18 de febrero de 2017

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_NNACMNA.pdf), p. 105.

7 Por ejemplo, entre 2014 y 2015, el presupuesto de la COMAR no subió en términos reales. Knippen, Op. cit., p. 14. En 2015, la COMAR recibió alrededor de 22 mdp, mientras que en 2016 pasó a 22.5 mdp, es decir, tres mdp menos que el año anterior. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/06/20/mexico-tierra-de-refugiados. Y, en 2017, recibió 25 millones de pesos, nuevamente, apenas los mismos niveles en términos reales que el año anterior. https://www.pressreader.com/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 2 de marzo de 2017.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de buen gobierno.

Kofi Annan

El Día Internacional de las Mujeres es un día para reflexionar en torno a los progresos alcanzados en la eliminación de las distintas brechas de desigualdad aun imperantes en todo el mundo, brechas en las que nuestro país sigue ocupando uno de los lugares preponderantes en cuanto al cumplimiento cabal de estas deudas y otros derechos de las mujeres.

El 8 de marzo, también es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo y que según Onumujeres: cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales, como esta que quiere crear Donald Trump, y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para recodar este día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.1

Es importante mencionar, que las mujeres no sólo necesitamos hacer uso de la voz un día como hoy, sino que es necesario que esta sensibilidad, sobre todo de los diputados, permanezca todo el año en el trabajo legislativo, dando prioridad a la agenda de género, a la agenda de las mujeres en erradicar las brechas de desigualdad, en prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en su contra.

Por otra parte, el mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las mujeres. Por un lado, la globalización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres.

Precisamente, es por eso que este 8 de marzo las Naciones Unidas reflexionarán sobre cómo acelerar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para impulsar la aplicación efectiva de los nuevos objetivos. Asimismo, se centrará en nuevos compromisos de los gobiernos bajo la iniciativa Demos el Paso de ONU Mujeres y otros compromisos existentes en materia de igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres.

Algunos de los objetivos clave de la Agenda 2030 son:

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

También, este 8 de marzo, las mujeres de más de 40 países del mundo convocamos a un paro mundial: ¡Un día sin nosotras!

El objetivo de esta acción es para que en realidad se valore y se concientice sobre la importancia del trabajo que realizamos las mujeres en la actividad pública, en el trabajo doméstico no remunerado, en la industria, en el comercio, en el hogar, en la crianza, en las oficinas de las empresas y en las del gobierno, en los deporte, en las organizaciones sociales y, en general, en todas las actividades humanas donde el trabajo y poco reconocimiento de las mujeres ha sido más que evidente.

¡Ni una más! ¡Nunca más un mundo sin nosotras! Son algunas de las consignas que a manera de exigencia corearemos miles de mujeres en este país y por supuesto en esta Cámara y en todos los espacios donde interactuemos reclamando nuestro derecho a ser escuchadas y a ser tomadas en cuenta.

Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030.

Es cuánto.

Nota

1Texto disponible en

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Podemos narrar paso a paso el largo camino que las mujeres hemos tenido para la reivindicación de nuestros derechos, pero algo que siempre tendremos presente es el día 8 de marzo, fecha en que celebramos el reconocimiento de lucha y en que se levanta la voz a favor de la mujer; sin duda, es un día que no puede pasar inadvertido.

“El día internacional de la mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían Libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino”.1

Esta lucha nos ha demostrado que con sororidad se puede superar cualquier reto presentado en el camino, que podemos trabajar hombro a hombro para obtener resultados mejores, para superarnos y buscar que las generaciones siguientes no pasen lo que muchas de nosotros hemos sufrido por ser mujeres.

La lucha de las mujeres en México, por el reconocimiento de nuestros derechos, ha sido larga y aún no concluye. Ha sido una revolución silenciosa, pacífica. Desde tiempos remotos las mujeres hemos luchado, primero, por nuestros derechos laborales, después por nuestro derecho a la educación, por reconocer nuestros derechos políticos y, finalmente por nuestro derecho a la salud, a una vida libre de violencia, por nuestros derechos humanos, por nuestra dignidad.

Hoy en día la mujer se encuentra representada en los diferentes poderes de gobierno, sin embargo, esto no es un garante de encontrar apertura y no discriminación en el ejercicio de nuestros derechos; es por eso que nosotras seguimos en pie de lucha, en este largo camino de reivindicación nos encontramos funcionarias públicas, empresarias, activistas, políticas, artistas, reporteras y muchas más mujeres que seguimos uniendo fuerzas por un país 50/50, en el que no sólo se reconozcan nuestros derechos, sino también en el que no exista violencia directa y única contra la mujer.

Tenemos claro que para poder generar una cultura de respeto a los derechos humanos de la mujer se deben realizar dos acciones paralelas indispensables:

• Generar una armonización jurídica para que exista congruencia con los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito en materia de derechos de la mujer.

• Establecer políticas públicas con enfoque de género.

Dentro del Poder Legislativo la Comisión de Igualdad de Género ha luchado incansablemente por una armonización y uniformidad legislativa con perspectiva de género, sin embargo con el avance social y su desarrollo, los retos cambian y las necesidades exigen aún más, por eso en esta LXIII Legislatura seguimos trabajando de manera incansable para hacer de esto una realidad –reivindicar los derechos laborales de nosotras las mujeres– para construir un país de trabajo distinto para nosotras, generando una mayor apertura laboral, alentando a ir más allá de las opciones tradicionales, en el área de servicio y atención, logrando así conseguir empleos en las diferentes esferas laborales.

La aplicación de la acción positiva para las políticas públicas han jugado el papel principal de la reivindicación de los derechos de la mujer en la administración pública y desde la Cámara de Diputados hemos luchado en promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.

No hemos alcanzado el objetivo por completo, sin embargo, seguimos trabajando por hacerlo, mujeres como tú, como yo, seguimos firmes debemos “contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres promuevan la incorporación de la perspectiva en el marco normativo, en los instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional”2 .

Notas

1 ONU Mujeres, 2011.

2 Inmujeres, 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2017.

Diputada María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica)