Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4736-I, jueves 9 de marzo de 2017
Del diputado José Máximo García López, mediante la cual solicita el retiro de iniciativa
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017.
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Presente
El que suscribe, diputado José Máximo García López, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho del retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 y un capitulo vigésimo al título segundo de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez para el dictamen correspondiente.
Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole mi respeto y consideración.
Atentamente
Diputado José Máximo García López (rúbrica)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la SRE, toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales a analizar con arreglo a las leyes aplicables en la materia la viabilidad de que Talleres Gráficos de México imprima sus documentos oficiales y de seguridad
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1769, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0334/17, suscrito por el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Secretaría de Gobernación
Presente
Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar la respuesta a las proposiciones relativas al Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el pasado 9 de febrero del año en curso, cuyo resolutivo es el siguiente:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analicen la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.
Por lo antes expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar la información anexa a la Comisión Permanente.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica)
Director General de Coordinación Política
Respuesta al punto de acuerdo sobre la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad.
Hago de su conocimiento que la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de Viaje, le corresponde la expedición de dichos documentos; asimismo, establece que los pasaportes se expedirán en el territorio nacional por las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría y en el extranjero a través de las oficinas consulares. Por su parte, los documentos de identidad y viaje se expedirán en las oficinas centrales de la Secretaría, así como en las delegaciones y subdelegaciones de la dependencia ubicadas fuera de la Ciudad de México.
En relación con lo anterior, de conformidad con las disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, corresponde a la Oficialía Mayor fijar los lineamientos administrativos que regulen la expedición de pasaportes, y a la Dirección General de Delegaciones normar, autorizar y supervisar en territorio nacional las actividades y servicios de expedición de pasaportes y documentos de identidad y viaje; y, conjuntamente con la Dirección General de Servicios Consulares, coordinar y normar, la expedición de pasaportes ordinarios en las representaciones de México en el exterior.
Por lo anterior, se comunica que la impresión de los documentos citados se realiza de conformidad con los requerimientos de seguridad e identificación emitidos por la agencia de las Naciones Unidas denominada Organización de Aviación Civil Internacional, entre los cuales se establece la necesidad de numerar dichos documentos para identificarlos de manera individualizada.
En este sentido, toda vez que las libretas de pasaporte y documentos de identidad y viaje tienen el carácter de formas numeradas, su emisión e impresión necesariamente deberá ser realizada por las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en este caso la Tesorería de la Federación y la Dirección General de Talleres de impresión de Estampillas y Valores (TIEV).
Se transcribe la siguiente normatividad para pronta referencia:
Ley de Tesorería de la Federación
Artículo 11. La Tesorería tendrá a su cargo la emisión, custodia, control y distribución de las formas numeradas y valoradas que requiera para realizar directamente las Funciones de tesorería.
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
Artículo 10. La Tesorería tendrá a su cargo la emisión, distribución, guarda, custodia y control de las formas numeradas o valoradas que se destinen a la expedición de los certificados especiales de Tesorería y las demás que requieran los servicios de Tesorería que preste directamente o cuya emisión deba efectuarse por disposición legal u orden de la Secretaría. Su impresión estará a cargo de la unidad administrativa competente de la Secretaría, salvo cuando los requerimientos tipográficos o de seguridad no puedan cubrirse; en este caso la impresión sólo podrá ser autorizada por la Tesorería, contratándose por conducto de las unidades administrativas correspondientes, con apego a las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones.
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Artículo 69. Compete a la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores:
I. Producir y suministrar formas numeradas o valoradas, marbetes, precintos, signos distintivos de control fiscal, estampillas postales y otros impresos con características de seguridad, así como publicaciones y materiales impresos que requieran las dependencias y entidades de la administración pública federal, las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría.
Con fundamento en lo anterior, el 9 de noviembre de 2011, se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la SHCP, por conducto del TIEV, para la prestación del servicio de impresión y producción de libretas para pasaporte y documentos de identidad y viaje con una vigencia indefinida, toda vez que se trata de formas numeradas con características de seguridad.
Así mismo, se tiene conocimiento que el Estado mexicano, para dar cumplimiento al convenio, a través del TIEV, adquirió un “tren de producción” con un costo aproximado de 150 millones de pesos para la emisión de libretas de pasaporte y documentos de identidad y viaje.
Por lo expuesto, se hace de su conocimiento que por disposiciones de la normatividad antes citada, así como de conformidad con los instrumentos jurídicos que se tienen celebrados con la SHCP, no resulta procedente que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada la impresión de las libretas de pasaporte y documentos de identidad y viaje.
Lo que se comunica para los efectos conducentes, no omitiendo mencionarle que la presente opinión se circunscribe a la esfera de competencia de la Oficialía Mayor de esta dependencia.
(Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.)
Del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los Poderes Judiciales locales a conferir prioridad al interés superior de la niñez en sus actuaciones, promoviendo e instaurando protocolos de actuación en los casos en que se detecte el síndrome de alienación parental de niños y adolescentes, a fin de interrumpir cualquier conducta que vulnere el libre ejercicio del derecho de convivencia de un menor con sus padres
Chihuahua, Chihuahua, a 2 de marzo de 2017.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXIII Legislatura de la Cámara de Diputados
Poder Legislativo Federal
Presente
A través de este conducto y en relación a su oficio número DGL 63-II -1-1897 recibido ante la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado, el pasado veintidós de febrero este año, mediante el cual pone en conocimiento el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la sesión llevada a cabo el nueve de febrero de la presente anualidad, en la cual, entre otras cuestiones, se determinó lo siguiente: Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a Poderes Judiciales de las entidades federativas a priorizar el interés superior de la niñez en sus actuaciones, promoviendo e instrumentando protocolos de actuación en los casos en los que se detecte el síndrome de alienación parental de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de interrumpir y sancionar cualquier conducta que vulnere el libre ejercicio del derecho de convivencia de un menor con sus padres.
Al respecto, me permito informar a usted, que por lo que toca al reconocimiento de la alienación parental como una forma de violencia familiar, así como el establecimiento de las medidas necesarias para su detección, tratamiento y las sanciones correspondientes a quienes ejerzan esta conducta, corresponde al Poder Legislativo del honorable Congreso del Estado.
Por otro lado, aún y cuando el Síndrome de Alienación Parental no ha sido reconocido por ninguna instancia o autoridad médica o psicológica de relevancia, como la Organización Mundial de la Salud o la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, es posible identificar el fenómeno de manipulación o control parental o marental en perjuicio de las hijas e hijos, por lo que este Tribunal Superior de Justicia ha puesto en marcha el funcionamiento de los Centros de Convivencia Supervisada, el que a través de las diversas técnicas y estrategias proveídas por la especialización de su personal, busca dar un valor agregado a dicha medida a través de la atención de la familia mediante un plan de intervención que incluya atención, educación y asesoría a quienes atraviesen por una crisis familiar específica. Esta reeducación se ciñe al establecimiento de “talleres psicoeducativos”, los cuales se imparten como forma integral de brindar un servicio adicional que favorezca el restablecimiento o el mantenimiento de estos vínculos, evidenciando los tipos y modalidades de la violencia y las formas de control y manipulación que afectan a hijos e hijas.
De igual forma, este Tribunal Superior de Justicia cuenta con profesionistas en psicología, los que cuentan con la formación y capacitación continua en materia de interés superior de la infancia y derechos de quienes integran este grupo, los que desarrollan sus funciones apegados a los diversos Protocolos de la Corte sobre las formalidades de la comparecencia, evaluación y atención de niñas, niños y adolescentes durante los procesos judiciales donde se ven afectados sus intereses o tienen alguna participación.
Además, por medio de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, se han llevado a cabo labores de promoción respecto a los derechos de la infancia como lo son, la conferencia El interés superior del niño y niña en el acceso a la justicia, verificada el 6 de octubre del año pasado, por la maestra Nelly Montealegre Díaz, procuradora federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF; asimismo, el siete de ese mes, la maestra Aracely Rojas Rivera, directora de la fundación ¿Y quién habla por mi? presidió la conferencia Recomendación número 12 de la Convención de los Derechos del Niño.
De este modo, el tribunal a mi cargo se encuentra comprometido por velar los intereses de la infancia y la adolescencia, realizando acciones tendientes a difundir y proteger aquellos medios que aseguren el efectivo goce de los derechos y garantías de los menores de edad, reconocidos en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño, así como en los tratados firmados por el Estado mexicano.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Julio César Jiménez Castro (rúbrica)
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
(Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.)
Del DIF del estado de México, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los gobiernos y congresos locales a impulsar en el ámbito de sus facultades la creación de los respectivos institutos como organismos descentralizados en su administración para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad
Toluca de Lerdo, México, a 22 de febrero de 2017.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Avala
Vicepresidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados
LXIII Legislatura
Presente
Sirva el presente para reconocer a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables por las actividades realizadas en beneficio de las personas con discapacidad y en atención de su oficio número DGPL 63-II-5-1805, mediante el cual hace del conocimiento del doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del estado de México, el acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas y los congresos locales para que en el ámbito de sus facultades impulsen la creación de los respectivos institutos locales como organismos descentralizados en su administración para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.
Al respecto me permito informar a usted que mediante el decreto número 523, la LVII Legislatura del estado de México aprobó la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo para las Personas con Discapacidad del Estado de México, cuyo título tercero considera la creación del Instituto para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que actualmente se encuentra en funciones.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Adrián Paz Velázquez (rúbrica)
Director
(Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.)
Del Congreso de Guanajuato, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los congresos locales a reconocer en su legislación civil y familiar la alienación parental como una forma de violencia familiar, entendida ésta cuando alguno de los padres manipula a un menor de edad con objeto de impedir o destruir sus vínculos con uno de los progenitores, estableciendo además las medidas necesarias para su detección y tratamiento, así como las sanciones correspondientes para quienes ejerzan esa conducta
Guanajuato, Guanajuato, a 23 de febrero de 2017.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala
Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Ciudad de México
Presente
En sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura celebrada hoy se dio cuenta con el oficio número DGPL 63-II-1-1887, de fecha 9 de febrero del año en curso, mediante el cual comunica la aprobación de un punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a reconocer en su legislación civil y familiar la alienación parental como una forma de violencia familiar, entendiéndose ésta cuando alguno de los padres manipula a un menor de edad con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores, estableciendo además las medidas necesarias para su detección y tratamiento, así como las sanciones correspondientes a los que ejerzan esta conducta.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Enterados y se informa que nuestro código civil sustantivo desde octubre de 2014 reconoce la alienación parental como una causa de cambio de custodia o suspensión de la patria potestad, entre otras medidas que establece el código adjetivo civil”.
Lo hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Aprovechamos la ocasión para enviar un cordial saludo y reiterar las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Atentamente
Por la Mesa Directiva del Congreso
Diputada Angélica Casillas Martínez (rúbrica)
Primera Secretaria
Diputado Juan Carlos Alcántara Montoya (rúbrica)
Segundo Secretario
(Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.)
Del Congreso de Guanajuato, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los congresos de los estados donde aún no se cuente con la ley estatal correspondiente a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil a armonizar sus normativas con ésta
Guanajuato, Guanajuato, a 23 de febrero de 2017.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala
Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Ciudad de México
Presente
En sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura celebrada hoy se dio cuenta con el oficio número DGPL 63-II-1-1886, de fecha 9 de febrero del año en curso, mediante el cual comunica la aprobación de un punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados que aún no cuenten con la ley estatal correspondiente a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil para que armonicen sus leyes locales con ella.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Enterados y se informa que en fecha 29 de noviembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado número 121, tercera parte, el decreto 118, mediante el cual se emitió la Ley para regular la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Guanajuato”.
Lo hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Aprovechamos la ocasión para enviar un cordial saludo y reiterar las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Atentamente
Por la Mesa Directiva del Congreso
Diputada Angélica Casillas Martínez (rúbrica)
Primera Secretaria
Diputado Juan Carlos Alcántara Montoya (rúbrica)
Segundo Secretario
(Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.)
De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite acuerdo por el que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales a construir un acuerdo nacional para que reduzcan su presupuesto, a fin de atender a todos los niños enfermos de cáncer en el país
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017.
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Salud con los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y de Educación de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas constantes respecto de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas que se impartirán a los padres de familia en las escuelas públicas primarias y secundarias, cuya finalidad sea concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de la detección oportuna de este padecimiento, y con ello elevar el índice de sobrevida en cáncer infantil.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, fomente en los médicos, la especialización en pediatría oncológica para lograr lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, para que en cada centro de salud se disponga de dos especialistas por cada 50 pacientes.
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, celebre los convenios de colaboración correspondientes con las instituciones educativas públicas o privadas, a efecto de que fomenten la investigación respecto de nuevos tratamientos para el combate al cáncer infantil.
Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las instituciones de salud de los tres órganos de gobierno, a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, mejoren la infraestructura de las instituciones de salud a su cargo para la atención de niños enfermos con cáncer.
Quinto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fortalecer el Programa de Acción Específico ‘Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018’, a fin de garantizar la cobertura universal para todos los casos de cáncer en menores no asegurados, así como el financiamiento de gastos complementarios al tratamiento, especialmente de quienes se atienden en lugares diferentes al de su residencia, para reducir ai máximo el porcentaje de abandono.
Sexto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación a que lleven a cabo la construcción de un Acuerdo Nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios para dar atención a 100 por ciento de los niños enfermos de cáncer en nuestro país, reduzcan su presupuesto de manera proporcional en la que participan en e¡ Presupuesto de Egresos de la Federación, para que esos recursos se destinen a dicho fin.
Séptimo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, para que realicen campañas informativas referentes a la detección temprana del cáncer infantil y se integren a los esfuerzos realizados por la federación en este sentido.
Octavo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que establezca programas específicos orientados a la Investigación Biomédica del Cáncer Infantil con objeto de conocer a profundidad sus causas y comportamiento, dada la importancia que tiene para aumentar la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida durante el tratamiento.
Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica)
Vicepresidenta
Con proyecto de decreto, por el que se adiciona el capítulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los senadores Luz María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Luz María Beristain Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Senadora Blanca Alcalá Ruiz
Vicepresidenta
Los suscritos, Luz María Beristain Navarrete, Armando Ríos Piter, Ángel Benjamín Robles Montoya, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero, Yolanda de la Torre Valdez, Marcela Guerra Castillo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Lorena Cuéllar Cisneros, Héctor Yunes Landa, senadores integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, fracción I, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Considerandos
Es una realidad que nuestro país se encuentra ante una problemática histórica, en la que el presidente de Estados Unidos ha decidido hacer deportaciones de mexicanos migrantes no autorizados en dicho país, de una manera agresiva, sin importar el daño que pueda causar a la preservación de la unidad familiar, interés superior de la niña, niño y adolescente, edad o tiempo de estadía de mexicanos en el país vecino del norte.
Es importante destacar que no obstante que la población de origen mexicano en Estados Unidos, es de aproximadamente 35.5 millones y genera 8 por ciento del producto interno bruto de ese país y que los migrantes de origen mexicano poseen 570 mil empresas: una de cada 25 en el país,1 Donald Trump ha endurecido cada vez más las deportaciones de mexicanos, aun cuando en las administraciones pasadas se había llevado una política migratoria con características humanitarias por parte del gobierno americano.
La presencia de mexicanos en los Estados Unidos de América (EUA) se ha ido incrementando, y se ha diversificado a diferentes estados, propiciando la presencia de mexicanos en todo el país debido a que en las últimas dos décadas, los migrantes mexicanos se han desplazado a zonas “no-tradicionales” como el medio oeste, durante los noventa, y el sur, entre 2000 y 2010.
Es importante señalar que las deportaciones de la administración del presidente Obama reflejaron continuidades y cambios, en relación con las de administraciones anteriores. Barack Obama heredó y expandió la capacidad de EUA para identificar, aprehender y deportar inmigrantes no autorizados.
En febrero de 2016, México y EUA concluyeron la actualización de los nueve Arreglos Locales de Repatriación de Frontera. Los arreglos firmados representaron una negociación histórica, en virtud de limitar las repatriaciones a 11 puntos fronterizos y uno en el interior del país; establecen horarios preferentemente diurnos para llevar a cabo las repatriaciones y eliminan la práctica de mantener las repatriaciones abiertas las 24 horas del día; determinan horarios aún más acotados para repatriación de personas vulnerables (entre ellos niñas, niños y adolescentes), entre otros. Resulta este acuerdo sumamente agravante para nuestros connacionales.
El pasado 21 de febrero del año en curso la administración de Donald Trump hizo públicos los memorandos que dan carta de naturaleza a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, en el inicio de una intensa persecución que se extenderá desde su frontera sur y hasta el interior de Estados Unidos.
De acuerdo con las nuevas directivas el Departamento de Seguridad Interna bajo la dirección de John Kelly, ha ordenado la contratación de hasta 15 mil agentes para los departamentos de inmigración y aduanas.
Además, ha ordenado la expansión del polémico programa de “comunidades seguras” para convertir a las policías estatales y locales en una extensión de la patrulla fronteriza en todo el país.
Las nuevas directivas dejan sin efecto las que ordenó la administración Obama para dar prioridad a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.
Los esfuerzos, diálogos y avances entre México y EUA en materia de migración se han reducido, por lo que como legisladores debemos ser totalmente objetivos en el análisis de la problemática, ya que al paso de los días las afectaciones se agravan, es momento de tomar decisiones y soluciones.
En adición a lo anterior, en los memorandos publicados se autoriza a los agentes de migración deportar a ciudadanos de terceras naciones a la nación contigua o desde la cual cruzó la frontera. Es decir, aquellos ciudadanos que no sean de origen mexicano, pero que hayan ingresado desde México, podrán ser retornados de forma expedita2 .
Estas medidas implican y nos enfrentan a la deportación masiva de nuestros connacionales radicados en Estados Unidos además de personas que no sean de origen mexicano, por lo que nuestro país está frente a una gran problemática histórica y por ello es imprescindible que el estado realice las acciones necesarias que mitiguen el daño a nuestro connacionales, por ende se deben tomar medidas que reaccionen a las deportaciones de mexicanos, con la finalidad de evitar una crisis social.
En ese tenor la presente propuesta establece modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incentivar la contratación de mexicanos que hayan sido deportados y se encuentren en situación de vulnerabilidad, por medio de un estímulo fiscal.
Asimismo, hay que mencionar que con esta propuesta se les estaría dando a los mexicanos deportados las herramientas necesarias para poder obtener un empleo y con ello mejorar la situación de vida de los mexicanos.
Esta propuesta como se mencionó anteriormente fomenta la creación de empleo, atiende al respeto de los derechos humanos, poniendo un ejemplo en la comunidad internacional, donde se les da el respaldo que demandan los mexicanos deportados.
Serán miles de mexicanos deportados y debemos estar preparados, por ello es necesario crear un andamiaje que permita brindar una respuesta al llamado social.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) hay 55.3 millones de personas en pobreza, la realidad mexicana orilla a que en nuestro país tome acciones que generen el empleo, y que además se les facilite a las empresas la contratación a través de estímulos fiscales.
Ante las deportaciones masivas, de manera gradual irá incrementando el número de personas en pobreza, como legisladores debemos crear un blindaje que propicie el empleo y el desarrollo social en general.
Entendiendo al desarrollo social como un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados3 .
Es menester señalar que según información que ha dado a conocer Denise Maerker, del 1 al 26 de febrero de 2017, se han deportado 11 mil 328 mexicanos deportados y se buscará deportar a 11 millones de mexicanos no autorizados que viven en Estados Unidos.
Por ello, el desempleo en nuestro país se está incrementando en miles, esta propuesta atiende a esa realidad que estamos viviendo y busca evitar como se mencionó anteriormente una crisis social en nuestro país.
Este estímulo fiscal solo aplicará para trabajadores deportados que se encuentren en estado de vulnerabilidad, con la intención de brindar un apoyo a quienes más lo necesitan, asimismo se establece un requisito consistente en que deben haber permanecido de manera ininterrumpida en otro país por 5 años, esto con la intención de apoyar a los deportados que de alguna manera ya habían desarrollado una vida en otro país y por su condición migratoria pierden todo lo que habían obtenido fuera de su país de origen.
Nuestro país debe de dar respuesta a las políticas migratorias de derecha y cumplir las obligaciones del estado, dando los empleos que demandan todos los mexicanos.
En concreto esta propuesta busca establecer un estímulo fiscal para que los patrones que contraten a mexicanos deportados obtengan un crédito fiscal de 10 por ciento sobre el salario de los trabajadores deportados, también se establece que dicho 10 por ciento se irá reduciendo 2 por ciento cada año, reduciéndose a un 8 por ciento el segundo año, 6 por ciento el tercer año, 4 por ciento el cuarto año y 2 por ciento el quinto año.
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I, y 169 del Reglamento del Senado de la República, así como 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía el presente proyecto de
Decreto por el que se adiciona un capítulo XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Único. Se adicionan un capitulo XII a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:
Capítulo XII
Del Estímulo Fiscal para el Fomento al
Empleo para Mexicanos Deportados
Artículo 205. Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto incentivar la contratación de mexicanos deportados de carácter permanente en territorio nacional.
Artículo 206. Los patrones que contraten trabajadores mexicanos deportados, tendrán derecho a un estímulo fiscal en el impuesto sobre la renta.
Se otorga un estímulo fiscal a los patrones en el pago del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente a 10 por ciento del monto sobre el salario de los trabajadores contratados que hayan sido deportados, se encuentren en estado de vulnerabilidad y que por lo menos hayan permanecido de manera ininterrumpida por más de 5 años en otro país, dicho estímulo fiscal se irá reduciendo 2 por ciento cada año.
El monto del estímulo fiscal sólo será aplicable tratándose de trabajadores que perciban hasta 15 veces el salario mínimo general vigente.
Artículo 207. Para efectos de este capítulo se entenderá como:
I. Patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo.
II. Trabajador: la persona física que tenga ese carácter conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo.
III. Salario: el que en los términos del artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 208. El estímulo fiscal a que se refiere el artículo 206 de esta ley se aplicará en el ejercicio fiscal de que se trate, así como en el cálculo de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta.
La determinación del estímulo fiscal se podrá aplicar en los pagos provisionales se llevará a cabo en los mismos términos y condiciones establecidos en el artículo 206 de esta ley, pero considerando el salario pagado a los trabajadores deportados en el periodo al que corresponda el pago.
El patrón disminuirá de la utilidad fiscal que corresponda al pago provisional de que se trate, el monto del estímulo fiscal que resulte para el mes de que se trate.
Artículo 209. Para tener derecho al estímulo fiscal a que se refiere el artículo 206 de la presente ley, el patrón deberá cumplir respecto de la totalidad de los trabajadores deportados que se contraten, con los requisitos siguientes:
I. Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Contratar a trabajadores deportados para ocuparlos.
III. Inscribir a los trabajadores deportados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos que establece la Ley del Seguro Social.
IV. Determinar y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas obrero-patronales causadas tanto por los trabajadores deportados, como por el resto de los trabajadores a su servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.
Además, respecto de los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior, se deberá cumplir con las obligaciones de retención y entero a que se refiere el capítulo I del título IV de esta ley.
V. No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes determinados tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
VI. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria el aviso y la información mensual a que se refiere el artículo 210 de esta ley, de conformidad con las reglas de carácter general que emita dicho órgano desconcentrado.
VII. Cumplir con las obligaciones de seguridad social que correspondan según los ordenamientos legales aplicables.
Artículo 210. Los patrones que apliquen el estímulo fiscal adicional a que se refiere el artículo 206 de esta ley, deberán presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, en el mes en el que inicien la aplicación del estímulo fiscal, un aviso en el que manifiesten que optan por aplicar los beneficios establecidos en el artículo 206 de esta ley. Asimismo, a más tardar el día 17 de cada mes del año de calendario, los patrones deberán presentar, bajo protesta de decir verdad, la siguiente información correspondiente al mes inmediato anterior:
I. Respecto de los patrones que apliquen el estímulo fiscal, lo siguiente:
a) El registro federal de contribuyentes.
b) Todos los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social asociados al registro federal de contribuyentes.
II. Respecto de los trabajadores deportados contratados, lo siguiente, por cada trabajador:
a) El nombre completo.
b) El número de seguridad social.
c) La clave única de registro de población.
d) El registro federal de contribuyentes.
e) El monto del salario base de cotización con el que se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
f) El monto de las cuotas de seguridad social pagadas.
III. El monto del estímulo fiscal aplicado en el mes de que se trate.
IV. La demás información necesaria para verificar la correcta aplicación del estímulo fiscal establecido en el artículo 206 de la presente ley.
El Servicio de Administración Tributaria deberá remitir copia de la información que presenten los patrones en los términos de este artículo al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Artículo 211. Los patrones que en un ejercicio fiscal incumplan con los requisitos establecidos en este capítulo para aplicar el estímulo fiscal a que se refiere el artículo 206 de esta ley, perderán el derecho a aplicar dicho estímulo fiscal por la contratación de trabajadores deportados que se realicen en ejercicios posteriores a aquél en el que se incurrió en incumplimiento.
Artículo 212. Con independencia de las sanciones que se apliquen a los patrones que de manera indebida efectúen el estímulo fiscal prevista en el artículo 206 de esta ley, dichos patrones deberán pagar el impuesto sobre la renta que le hubiera correspondido de no haber aplicado en los pagos provisionales o en el ejercicio de que se trate el estímulo fiscal a que se refiere el mencionado artículo 206, debidamente actualizado y con los recargos que correspondan, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables, desde la fecha en la que se aplicó indebidamente el mencionado estímulo fiscal y hasta el día en el que se efectúe el pago.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Secretaría de Relaciones Exteriores. Mensaje de la Canciller en el Comité Judío-Americano (AJC) Global Forum. Consultado el 23 de febrero de 2017 en la URL:http://www.gob.mx/sre/art¡culos/mensaje-de-la-canciller-ruiz-massie u-en-el-comite-judio-americano-ajc-global-forum?idiom=es
2 La Jomada. Trump da luz verde a deportaciones masivas. Consultado el 23 de febrero de 2017 en: http://www.jornada, unam.mx/ultimas/2017/02/21/trump
3 Centro de estudios Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados. Consultado el 1 de marzo de 2017 en: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_dso cial.htm
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 2 días del mes de marzo de 2017.
Senadores: Luz María Beristain Navarrete (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica), José Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Lorena Cuéllar Cisneros, Héctor Yunes Landa (rúbrica).