Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a solventar y aclarar en su totalidad las observaciones de auditorías pendientes formuladas por la ASF en los Informes del Resultado sobre las Cuentas Públicas de 2011 a 2014, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se abre una nueva etapa en la prevención y el combate de la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno.

En particular, con la expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, misma que da a la Auditoría Superior de la Federación nuevas atribuciones, estas aplicarán a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2016.

Sin embargo, antes de que estas nuevas atribuciones se pongan en marcha, es urgente que el estado de Guanajuato, como ente público fiscalizado, solvente por completo las observaciones que se encuentran aún pendientes, mismas que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación, en particular, a lo que se refiere al Gasto Federalizado.

En el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2015 que presentó la Auditoría Superior de la Federación la semana pasada se destaca que Guanajuato es la séptima entidad del país que aún tiene observaciones pendientes de solventar y aclarar, correspondiente a cuatro ejercicios fiscales, de 2011 a 2014, por un monto de 6 mil 973.8 millones de pesos.

Asimismo, la entidad ocupa el último lugar del país en el monto de lo solventado de las observaciones de 2011 a 2014. De 6 mil 973.8 millones de pesos, sólo ha solventado 13.7 millones de pesos, es decir, el .19 por ciento.

En este sentido, es la séptima entidad del país con el mayor monto pendiente de solventar en el mismo periodo, con un monto de 6 mil 960.1 millones de pesos.

Del mismo lapso de 2011 al 2014, el estado de Guanajuato ocupa el lugar 13 de las entidades del país con el mayor número de importes resarcitorios, por un monto de 102.1 millones de pesos.

Con los datos anteriores, se revela que hay muy poca eficacia en el ejercicio del gasto público federal que ejerce el gobierno del estado de Guanajuato y peor aún, que incumple las disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Considerando los montos de 2011 al 2014 pendientes por solventar, más el importe de los procedimientos resarcitorios, más el monto de lo observado en la Cuenta Pública 2015, tenemos que son 9 mil 295.4 millones de pesos los recursos en los que se detecta que hay irregularidades.

Lo anterior, hace del estado de Guanajuato, la séptima peor entidad del país en el manejo y ejercicio de los recursos públicos federales.

Como ha precisado la Auditoría Superior de la Federación en su último Informe del Resultado de la Cuenta Pública de 2015, la gestión del gasto federalizado es un proceso integrado “que abarca desde la transferencia de los recursos a las entidades federativas, hasta su ejercicio”, se resalta que “la mayor proporción del monto observado se presenta en la recepción y el manejo de los recursos por las secretarías de finanzas locales, y que incluye la ministración a los entes ejecutores y a los municipios”.

Lo anterior significa que los montos observados se originan en el ámbito de competencia de las haciendas locales, esto ocurre justamente en Guanajuato y que incluso propician que la entidad ocupe el lugar 11 de las entidades del país con el mayor porcentaje entre lo subejercido respecto al monto asignado en fondos y programas auditados, tales como son: Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas; en los recursos a los Proyectos de Desarrollo Regional que los diputados etiquetamos directamente a los municipio; en PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud); y en el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior.

El subejercicio pone el riesgo la ejecución en tiempo y forma de los recursos públicos, así como la entrega de recursos futuros.

Con los anteriores datos, no debe sorprender que en el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, en el que el promedio nacional es de 73.3 por ciento, Guanajuato esté entre las 7 entidades con el menor desempeño por debajo de la media nacional.

No sólo la hacienda local del Gobierno del estado debe corregir los procedimientos para el ejercicio del gasto en los diversos rubros que ha auditado el órgano técnico de fiscalización, sino que debe de terminar por subsanar las observaciones pendientes que, como se ha dicho anteriormente, son 6 mil 960.1 millones de pesos pendientes de solventar y aclarar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita al gobierno del estado de Guanajuato, solvente y aclare en su totalidad, en un lapso de 30 días naturales, las observaciones de auditorías que aún están pendientes y que realizó la Auditoría Superior de la Federación en los Informes del Resultado de las Cuentas Públicas de 2011 a 2014.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2017.

Diputado María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a generar un acercamiento con las empresas deseosas de invertir en el país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial, centrada en la colocación de satélites en el espacio, como ha hecho la Agencia Espacial Mexicana con Airbus Safran Launchers, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La industria aeroespacial en México tiene gran relevancia económica, pues actualmente posee grandes fortalezas respecto a conocimientos, infraestructura e inversión.

A inicios del siglo XXI se consolidó la importancia comercial para el país en este sector, cuando en 2005 llegaron a México compañías líderes de la industria como Bombardier, o el caso de Safran que se instala un año después, marcando el inicio de un creciente interés por esta actividad, que hoy en día se considera como un eje estratégico para el desarrollo económico nacional.

El acercamiento de empresas especializadas en la industria aeroespacial con autoridades mexicanas fue favorecido por las diversas ventajas competitivas del país, como lo es su localización geográfica y los tratados comerciales que facilitan las exportaciones internacionales, lo cual convierte a México en una excelente plataforma de exportación mundial; la experiencia acumulada en cuanto a manufactura, ensamblaje y servicio técnico que ha dejado el desarrollo de industrias como la automotriz; los costos competitivos y la calidad de la mano de obra de los trabajadores mexicanos.

En seguimiento de la importancia que revisten las actividades derivadas de la industria aeroespacial, el 31 de julio de 2010 entró en vigor el decreto que crea la Ley de la Agencia Espacial Mexicana, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considerada como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, cuya misión es

Utilizar la ciencia y la tecnología espacial para atender las necesidades de la población mexicana y generar empleos de alto valor agregado, impulsando la innovación y el desarrollo del sector espacial; contribuyendo a la competitividad y al posicionamiento de México en la comunidad internacional, en el uso pacífico, eficaz y responsable del espacio.

En congruencia con lo anterior, se han generado diversos espacios de investigación para el desarrollo de proyectos y el aumento del interés por destinar mayores recursos al sector han permitido que en la última década, México se haya convertido en una de las naciones líderes en manufactura aeronáutica y aeroespacial albergando a casi 300 empresas, en su mayoría extranjeras, que generan una gran cantidad de empleos, pero, sobre todo y más importante, que crean a su alrededor otras empresas nacionales vinculadas al sector, lo que convierte a las grandes compañías en organismos madre que potencian el crecimiento de empresas más pequeñas en su entorno.

El ámbito académico también se ha beneficiado por el crecimiento de la industria aeronáutica y aeroespacial, pues con ellas aparecieron las escuelas aeronáuticas más importantes del país: la ESIME del IPN; el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de los centros de investigación aeronáutica más modernos del país; la Universidad Aeronáutica de Querétaro, entre otras. Todas ellas generan gran cantidad de profesionales para la industria aeroespacial nacional.

La industria aeroespacial mexicana se ha diversificado, convirtiéndose en una fuente importante de empleos e inversión, dadas las actividades que ésta desarrolla. Las empresas aeronáuticas y aeroespaciales se localizan principalmente en 18 estados del norte y Bajío de la República Mexicana, la mayoría de ellas organizadas en clústeres donde se fomenta la cooperación, innovación, y el aseguramiento de la calidad de los procesos.

La importancia del establecimiento de clústeres, como los de desarrollo aeroespacial, ha llegado a un punto tan importante que se han convertido en el objetivo de 47 por ciento de la inversión extranjera en México (calculada en mil 600 millones de dólares anuales para 2020), lo cual ayuda a mejorar los servicios y la calidad de vida de los habitantes del lugar donde se establecen.

Se proyecta que el sector aeroespacial continúe con una dinámica de crecimiento en México, estimándose que en cinco años se duplique su crecimiento ante la mayor demanda de aviones a nivel mundial, la cual se proyecta en 37 mil aeronaves nuevas en los próximos 20 años.

Si bien el interés internacional por invertir en México se ha mantenido de manera constante, es una realidad que nuestro mayor aliado se encuentra en el mercado norteamericano, tanto por la cercanía geográfica como por los tratados comerciales que nos ligan a la nación del norte.

Sin embargo, las condiciones diplomáticas actuales se han visto enrarecidas a partir del cambio de estrategia proveniente del titular del Poder Ejecutivo estadounidense y sus partidarios republicanos que pugnan por imponer condiciones desfavorables a los mexicanos, antes que negociar en favor de los habitantes de ambos lados de la frontera que divide a México y Estados Unidos.

Resulta imprescindible explorar propuestas que favorezcan el crecimiento de nuestro país y dar con ello un impulso en la creación de empleos de calidad y bien remunerados que permitan a las familias mexicanas mejorar su nivel de vida.

Hay diversas empresas interesadas en aumentar la inversión en el sector aeroespacial, con el objeto primordial de desarrollar la industria satelital. Éste es el caso de la empresa Airbus Safran Launchers, la cual ofrece a nuestro país un plan para fabricar satélites medianos en los próximos años y ponerlos en órbita. Cabe señalar que los satélites medianos serán los más producidos en el mundo durante los años siguientes, dado el surgimiento de cada vez más programas espaciales (se estima que para 2025 incrementen los programas espaciales en 47 países).

Los satélites medianos, caracterizados por ser mucho más accesibles, baratos y fáciles de construir que los satélites tradicionales, tienen diversas utilidades para: comunicación; observación de la Tierra; monitoreo de recursos naturales, infraestructura y evolución de fenómenos climáticos; seguridad e inteligencia; entre otras aplicaciones en ciencia y tecnología.

Lo anterior nos ofrece la posibilidad de convertirnos en una nación líder no sólo en la fabricación de satélites sino en el lanzamiento de los mismos al espacio, lo cual es una excelente oportunidad para reducir nuestra dependencia de otros países en esta materia, por ello resulta necesario que se realicen todos los esfuerzos conducentes para poder aprovechar esta circunstancia cuanto antes y no dejar escapar la inversión potencial que generaría, además de los diversos beneficios asociados a la misma como el desarrollo de capacidades y conocimientos en el país respecto a la tecnología espacial.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que genere un acercamiento con las empresas que desean invertir en nuestro país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial, enfocado en la colocación de satélites en el espacio, tal como ya lo ha hecho la Agencia Espacial Mexicana con la empresa Airbus Safran Launchers.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Poder Judicial a difundir el estado que guarda el proceso del doctor José Manuel Mireles para tomar las medidas pertinentes, garantizar su salud y resolver inmediatamente su situación jurídica, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez , integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

Diversas entidades de nuestro país viven una crisis de inseguridad provocada por una ola de violencia criminal desbordada. Ni el gobierno federal ni los gobiernos locales han sido capaces de detener este clima insostenible y devolver a la población la paz y la tranquilidad que tanto anhela y a la que tiene derecho.

Sin duda la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades, delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión, secuestro y desaparición forzada son los que desafortunadamente han azotado regiones completas de estados como Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Baja California y Michoacán por mencionar algunos. Esta grave situación ha evidenciado el fracaso de la estrategia gubernamental del mando único policial, ya que los índices delictivos siguen siendo altos, en el mismo sentido la presencia y participación de militares en las calles para combatir la criminalidad no ha logrado frenar la delincuencia.

México vive una crisis humanitaria que no tiene precedentes en la historia reciente. Las autoridades han sido sobrepasadas y suplantadas por el poder fáctico del crimen organizado, mismo que se ha infiltrado en varias esferas de la vida política en todos sus niveles, por lo que estamos ante la presencia de un Estado fallido que ha renunciado a la capacidad de respetar lo más elemental que representa la vida de sus ciudadanos.

Ante este escenario es que hace casi ya cuatro años, el 24 de febrero de 2013, grupos de autodefensas se levantaron en armas en la región de Tierra Caliente y de la costa de Michoacán, como una reacción al asedio del grupo criminal denominado “Los Caballeros Templarios” que habían establecido un régimen de extorsiones, secuestros, abusos sexuales y asesinatos contra los habitantes de esa región; en unos meses las autodefensas replegaron a Los Templarios. Así las autodefensas surgieron como mecanismos de protección y vigilancia comunitarios, recurriendo a las armas en defensa propia, cansados de los crímenes y abusos del crimen organizado frente a la inacción o complicidad de los gobiernos.

En un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se detalló que estos grupos tomaron las armas “ante la inseguridad y violencia que imperaba en esas comunidades, producto de un actuar impune por parte de los integrantes de un grupo de la delincuencia organizada conocido como ‘Los Caballeros Templarios’, y la omisión de las autoridades en garantizar la seguridad pública”.

La CNDH detalló que a finales de 2013, el fenómeno cobró auge cuando algunos de estos grupos armados avanzaron a otros municipios hasta tener presencia en 33 de los 113 municipios michoacanos durante los primeros meses de 2014.

Los grupos de autodefensa pronto comenzaron a aparecer en otras entidades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el número de policías comunitarios y grupos de autodefensa que operan en el país, así además de Michoacán, las entidades que registran mayores grupos de defensa son Guerrero, Oaxaca y Estado de México.

Sin duda una de las figuras emblemáticas de estos grupos es la del doctor José Manuel Mireles Valverde, líder fundador del movimiento de autodefensas en Michoacán, quien cobró fama al explicar en un largo video de la agencia SubVersiones la razón por la que se levantaron en armas contra el cartel de narcotráfico de Los Caballeros Templarios.

Ante la aparición de estos grupos el gobierno de Michoacán visualizó la creación de un grupo policial estatal, denominado Fuerza Rural, con la finalidad de incorporar a los grupos de autodefensa a dicho grupo policial y que así transitaran hacía un marco de legalidad. Las autoridades indicaron que el modelo de autodefensas no sería permitido, y que sólo los integrantes de los grupos que cumplieran exámenes de confianza podrían integrarse a la mencionada fuerza rural estatal, destacando el gobierno que sólo así se les permitiría permanecer armados en el estado y que operarían en coordinación con el Ejército, Marina y la Policía Federal.

Los líderes de las autodefensas, incluido el Doctor Mireles, aceptaron el acuerdo, por lo que el 27 de enero de 2014, autoridades federales y estatales, encabezadas por Alfredo Castillo (Comisionado federal de seguridad en Michoacán) y por el ex gobernador Fausto Vallejo, respectivamente, firmaron acuerdos con líderes de autodefensas para realizar el registro de sus armas y comenzar a operar coordinadamente. En el marco de este acuerdo fueron registradas más de 6000 armas de las autodefensas, de las cuales casi 4500 eran de grueso calibre y de uso exclusivo de las fuerzas federales. Para el 10 de mayo de 2014 se formalizó la disolución de las autodefensas y la creación de la Fuerza rural, sin embargo, líderes de los grupos de autodefensas, denunciaron que muchos integrantes del crimen organizado se infiltraron en este cuerpo policial rural.

El 26 de junio de 2014, el líder de las autodefensas José Manuel Mireles, encabezó una operación de su grupo para tomar el control de la agencia municipal de La Mira, ubicada en la zona costera de Michoacán, anunciando que se realizaría una operación similar en el puerto de Lázaro Cárdenas, sin embargo al día siguiente el Dr. Mireles fue detenido junto con 83 integrantes de su grupo, acusados de portación de armas exclusivas del ejército, siendo recluidos en la prisión federal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, ubicado a más de 1400 kilómetros del lugar de su detención.

Desde ese momento la salud del Dr. Mireles era delicada, puesto que además de padecer diabetes, el 5 de enero de 2014, había sufrido un accidente en una avioneta en el municipio de la Huacana, que le ocasionó traumatismo craneoencefálico y mandíbula dislocada.

El académico Carlos Fazio, especialista en temas de seguridad, apunta: los hechos son que Mireles está preso por un delito formal que, si se persiguiera en forma equitativa y regular, llenaría las cárceles del país; que los grupos delictivos a los que el “doctor” combatía no han sido desmantelados; que en lo que va del actual sexenio las expresiones más lacerantes de la delincuencia organizada –el homicidio y la desaparición forzada-, lejos de disminuir con respecto al “calderonato” –de por sí cruento y violento-, se han incrementado, lo que indica la persistente ausencia de Estado en materia de seguridad pública y que la ciudadanía, en consecuencia, se encuentra más expuesta y amenazada que durante la administración pasada. 1

A esta opinión se han sumado las voces de otros académicos, políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, todos los cuales coinciden en que el Dr. Mireles junto con otros autodefensas se encuentran encarcelados ilegalmente. Especialistas como Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México (Colmex), ven en la detención del exjefe de autodefensas un asunto político.

El doctor Mireles es un preso político sometido a un trato injusto por el gobierno federal mexicano.

La defensa y familia del Dr. Mireles “aseguran que ninguno de los delitos por los que permanece en la cárcel como son posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de drogas, se sostiene y que estaría en condiciones legales para su liberación...

Días antes de su absurda detención, Mireles había propuesto la formación del Frente Nacional de Autodefensas y para entonces ya tenía una invitación de una decena de estados donde estaban interesados de formar grupos ciudadanos armados capaces de hacer frente a los criminales, ante la incompetencia e ineptitud de los gobiernos y autoridades policiacas de cumplir con uno de sus mandatos fundamentales.

Este llamado social fue tomado como una voz de alerta por el gobierno de Enrique Peña Nieto quien quizá vio el inicio de un movimiento de insurgencia social a nivel nacional, capaz no solo de hacer frente al crimen organizado, sino de acabar con los lazos que tiene con personajes importantes de la política y el mercado financiero.

Mireles se convirtió en un estorbo para establecer los pactos subrepticios del comisionado Alfredo Castillo con personajes del crimen organizado de Michoacán que ya se habían puesto al frente de los autodefensas, desplazando al jefe nato de este movimiento que se había convertido en un ejemplo a seguir en todo el país.

El doctor de Tepalcatepec fue el único que rechazó integrarse a la Fuerza Rural, una invención del gobierno para domesticar a las autodefensas. Mireles se negó a entregar las armas aduciendo que si lo hacia lo iban a matar los criminales y narcotraficantes que se habían apoderado de las autodefensas en tierra caliente.” 2

Como ya se mencionó la salud del Dr. Mireles se ha deteriorado, por lo que él y su defensa han venido solicitando su traslado a Morelia para ser atendido por problemas cardiacos, incluso en octubre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió un aviso al director del penal de Hermosillo, Sonora, para que a Mireles le fuera realizado un gammagrama con medicina nuclear en menos de 24 horas. 3

El 1 de noviembre José Manuel Mireles fue trasladado del penal federal de Hermosillo, Sonora, al penal de Tepic, Nayarit, donde tampoco se le ha atendido, lo que el propio Dr. Mireles ha venido solicitando con insistencia los últimos días, esto ante las malas condiciones de salud que padece, las cuales se agravan.

Resulta por demás, lastimoso no solo para el Dr. Mireles, su familia y la sociedad en general, que exGobernadores como Javier Duarte, sigan libres, o que un juez federal le otorgue un amparo a Elba Esther Gordillo, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que continúe en prisión domiciliaria con los procesos legales en su contra.

El Tribunal revocó la resolución que negaba la prisión domiciliaria solicitada por “La Maestra”, quien está acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos y fue detenida en 2013 por la Policía Federal en el Aeropuerto de Toluca.

Dicha resolución fue dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México. Así, se resolvió en definitiva el amparo en revisión promovido por la defensa de Gordillo.

En varias ocasiones su abogado ha argumentado que Gordillo tenía derecho al beneficio de la prisión domiciliaria, debido a que padece de múltiples enfermedades, entre ellas hepatitis C, hipertensión arterial, insuficiencia renal moderada y dos aneurismas vasculares, además de que sólo tiene un riñón.

La realidad es que mientras el doctor Mireles líder de las autodefensas michoacanas permanece privado de su libertad, en Tierra Caliente los grupos del crimen organizado se reagrupan y retoman el poder, y a lo largo y ancho del país muchos grupos criminales continúan operando impunemente, y muchos de los líderes que gobiernan este país quedan impunes.

Por lo anterior, y en vista que no se han acreditado los delitos que se imputan doctor Mireles, el gobierno federal debe de poner de libertad de manera inmediata a José Manuel Mireles, y evitar se sigan vulnerando sus derechos humanos, y así evitar nuevamente la pena de pedir disculpas públicas por sembrar delitos que no existen como fue el caso del acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública a las tres indígenas hñäñú – que pasaron 3 años y 8 meses encarceladas – CC. Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, por parte del Procurador General de la República, quien señaló:

“...Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República: Buenas tardes. Saludo con absoluto respeto a Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio. A quienes, a pesar de no haberse podido probar su participación en los delitos que les fueron imputados, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles. Posteriormente, les fue negada por parte de la Procuraduría General de la República, una indemnización por el daño causad.”...

En razón de lo anterior, Morena hace una vez más este respetuoso, pero enérgico llamado a su libertad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación para que, con estricto apego a la legislación aplicable, haga del conocimiento público el estado que guarda el proceso del doctor Juan Manual Mireles Valverde, asimismo se tomen las medidas pertinentes con objeto de garantizar su salud y se resuelva inmediatamente conforme a derecho su situación jurídica.

Notas:

[1] http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/edito

[2] http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=408589

[3] http://www.proceso.com.mx/470041/pide-mireles-traslado-a-morelia-atendi do-problemas-cardiacos

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, el Congreso y la Auditoría Superior de Puebla a cesar los actos tendentes a fiscalizar recursos federales ejercidos o administrados por ese estado y sus municipios, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Alejandro Armenta Mier, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 3, fracción XX, 6, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. El artículo 74 fracción VI de la Constitución Federal, atribuye a la Cámara de Diputados, la facultad y la carga de revisar la Cuenta Pública del año anterior relativa a recursos federales , con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, al mismo tiempo que estable que, la revisión la hará a través de la entidad de Fiscalización Superior de la Federación.

II. Lo anterior en primer lugar permite definir que: (a) La competencia para aprobar o rechazar la cuenta pública respecto el ejercicio de recursos federales corresponde a la Cámara de Diputados; y; (b) La entidad de fiscalización, se erige como su auxiliar con autonomía técnica y de gestión.

III. La Constitución Federal en su artículo 79, establece un aspecto fundamental en este procedimiento y que consiste en que la fiscalización de los recursos federales transferidos a los Estados y a los Municipios, la hará directamente la entidad de fiscalización de la Cámara de Diputados.

Artículo 79. [...]. También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.”

IV. La federación asume, a través de los Poderes, las actividades de: Planeación; Programación, Ejercicio, Control y Fiscalización del gasto público, y esta última actividad se ejecuta directamente, por mandato constitucional, por la Auditoria Superior de la Federación, aun cuando se trata de recursos que ejercen las entidades federativas o los municipios.

V. El Constituyente, señaló de forma expresa, la única excepción permisible: las participaciones , al mismo tiempo que en el propio artículo 79, al referirse a la actividad de fiscalización, sólo cita a los gobiernos estatales, al establecer la obligación de estos de facilitar los auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones.

VI. Sin duda, dado que la reforma al artículo 79 constitucional, es en teoría, reciente, (fue publicada el 7 de mayo de 2008), atendiendo a la literalidad de la misma, la fiscalización de recursos federales, debe ser realizada directamente por la Auditoría Superior de la Federalización, salvo el caso de participaciones, siendo que la intervención estatal se sintetiza en proporcionar los auxilios que le solicite su auditor.

VII. A partir de la reforma Constitucional de 2008 al artículo 79 Constitucional, la facultad de auditar recursos federales es exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación.

VIII. Incluso la reciente reforma constitucional que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, busco fortalecer la actuación de la Auditoria Superior de la Federación y constato las facultades constitucionales en tratándose del ejercicio de los recursos públicos federales.

IX. La Auditoría Superior del Estado de Puebla , tomó la decisión de fiscalizar directamente los recursos federales que administró y/o ejerció el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en el periodo comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

X. El Congreso del Estado de Puebla , el pasado 15 de diciembre de 2016, también tomo la decisión de pronunciarse sobre la cuenta pública del ejercicio 2013, y respecto recursos federales .

XI. La Auditoria Superior del Estado de Puebla , finalmente ha iniciado Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades por mandato del Congreso del Estado de Puebla, en contra del Ex Presidente Municipal de Puebla, Maestro Eduardo Rivera Pérez, por supuestas faltas administrativas y supuestos daños patrimoniales, en la administración y ejercicio de recursos federales .

XII. La Auditoria Superior del Estado y el Honorable Congreso del Estado, llevaron a cabo lo antes señalado, a sabiendas de que carecen de competencia constitucional .

XIII. No obra Convenio alguno celebrado por el Estado de Puebla con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que excepcionara:

(a) La facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para llevar a cabo, a través de la Auditoría Superior de la Federación de manera directa la fiscalización de recursos públicos federales , por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013;

(b) La facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para llevar a cabo, el pronunciamiento sobre cuentas públicas que involucran recursos públicos federales, por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

(c) La facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para pronunciarse sobre el inicio de procedimientos de responsabilidades, relacionados a recursos federales ;

XIV. Las autoridades del Estado de Puebla llevaron a cabo las actividades señaladas a sabiendas de que el ejercicio 2013, de los recurso federales ejercidos y/o administrados por el Municipio de Puebla, ya fueron materia de fiscalización y aprobación por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, no obstante ello, ahora lo han pretendido hacer las autoridades locales.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo del estado, al Congreso del estado y la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que

1. Cesen la ejecución de actos que tienen por objeto

(a) Fiscalizar recursos federales que son ejercidos y/o administrados por el estado y los municipios;

(b) Pronunciarse sobre cuentas públicas relacionadas con recursos federales que son ejercidos y/o administrados por el estado y los municipios;

(c) Iniciar procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades, por el ejercicio y administración de recursos federales;

Ello por ser actos que atentan en contra de las competencias constitucionales de la Cámara de Diputados y del interés general;

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo del estado, al Congreso del Estado y la Auditoría Superior del estado de Puebla, para que respeten el Estado Constitucional de Derecho y el Régimen de Competencias que rigen el Estado Federal en materia de fiscalización de recursos federales;

Tercero. Se exhorta al Poder Ejecutivo del estado, al Congreso del Estado y la Auditoría Superior del estado de Puebla, para que dejen a un lado actos que conlleven un desvío de poder y que revelan una actuación arbitraria e irracional.

Dado en el salón del pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE a revisar los tratados comerciales celebrados por México y los que se negocian para garantizar que sean herramientas de impulso de la diversificación del comercio exterior del sector hidrocarburos, a cargo del diputado César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al secretario de Economía a revisar los tratados comerciales celebrados por México y los que se encuentran en negociación para garantizar que sean herramientas de impulso a la diversificación del comercio exterior del sector hidrocarburos, bajo las siguientes

Consideraciones

Todos sabemos que el sector de hidrocarburos, y en especial la exportación de nuestro petróleo, es un factor fundamental en el bienestar económico del país, a nivel macro y microeconómico. La necesidad de optimizar su desempeño nos llevó a una Reforma Energética, que aunque avanza día con día, aún no se ha logrado consolidar. Se crearon y modificaron leyes. Se crearon también instituciones, y se fortalecieron otras. Se hizo efectiva la redistribución de campos petroleros, y se han efectuado licitaciones internacionales para su exploración y producción. Pero, son muchos más los subsectores que deben crecer notablemente a partir del impulso que da la inversión privada ¿Qué pasa con la exportación del crudo que se produce actualmente? ¿Y con la importación de gasolinas?

De acuerdo con cifras de Pemex, el volumen de las exportaciones de crudo ha disminuido de manera sutil en los últimos 6 años, pasando de 1,338 miles de barriles diarios (mbd) en el año 2011 a 1,194 mbd en 2016. Ahora bien, lo que no fue sutil es el decremento en el valor de esas exportaciones, derivado del desplome del precio del petróleo. Para 2011, esas exportaciones representaron un ingreso al país por 49,380 millones de dólares (mdd), mientras que para el año pasado, apenas alcanzaron la cifra de 15,575 mdd. Es decir, las exportaciones en términos reales (miles de barriles de crudo diario) se redujeron en un 11 por ciento, mientras que el valor de las mismas se redujo en un 68 por ciento. El efecto devastador de esta reducción lo hemos visto en recortes presupuestales y un desmejoramiento de la economía nacional.

Pero más allá del tema del precio del petróleo, existe otra variable relevante en estas cifras, y es precisamente el destino de esas exportaciones. Para el año 2011, el 85 por ciento del crudo fue exportado a países de América (principalmente a Estados Unidos), el 10 por ciento a Europa y sólo el 5 por ciento a Asia. Para el año 2016, sólo el 51 por ciento del crudo fue exportado a América, mientras que Europa alcanzó un 22 por ciento y Asia el 26 por ciento, convirtiendo al lejano oriente en el segundo mercado en importancia para nuestro petróleo, lo que cobra especial relevancia observando su tendencia a la alza en las compras a México.

Lo anterior resulta de la disminución de las importaciones de Estados Unidos en un 28.1 por ciento entre 2008 y 2015 debido a que aumentó su producción, incluyendo la explotación de petróleo de esquisto, y se espera que ésta tendencia continúe.

Y es que, aunque para nosotros pareciera ser la única realidad, la conducta comercial de Estados Unidos no refleja la global, puesto que la demanda internacional de petróleo continua al alza. México ha logrado captar un porcentaje de esa demanda, pero aún en niveles muy conservadores, a través de la estrategia de diversificación implementada por Pemex para colocar el crudo mexicano en diversos países en Europa y Asia, logrando situar para la primera mitad del 2016 parte de su producción en España (13.4 por ciento), Japón (7.9 por ciento), Corea del Sur (6.2 por ciento), India (5.8 por ciento), Italia (3.9 por ciento) y República Dominicana (3 por ciento).

Los mercados asiáticos, resultan muy atractivos, especialmente, India, Japón y China. Esta última, a pesar de atravesar por una desaceleración económica, se mantiene como el segundo mayor consumidor de petróleo, alcanzando cifras que rondan los 8 millones de barriles diarios y un máximo histórico de importaciones en diciembre de 2016, la que ascendió a 36.38 millones de toneladas.

China está interesada en nuestro petróleo, y fue en el subsector upstream donde encontró la puerta de entrada. Recientemente la empresa China National Offshore Oil Corporation E&P (CNOOC ) resultó ganadora de dos campos para exploración y extracción de crudo en aguas profundas en la zona de Cinturón Plegado Perdido, en el Golfo de México. La empresa ofreció una singular regalía al gobierno mexicano de entre el 15 por ciento y el 17 por ciento adicional, cifra muy superior a la ofrecida por las demás empresas – todas grandes petroleras - por ejemplo Pemex, quien ofreció el 6.65 por ciento, quedó en segundo lugar. Se estima que ésta será la mayor inversión de una compañía china en México en la historia, alcanzando los 8 mil millones de dólares en los en los próximos 35 años, lo que representa un 17.5 por ciento más de la suma de la inversión que han realizado todas las compañías chinas en nuestro país desde el año 2000.

Por su parte India, el segundo país más poblado del mundo y la tercera mayor economía de Asia, consumió 4 millones de barriles de petróleo el año pasado y se espera que supere a Japón como el tercer mayor consumidor de petróleo. Se estima que continuará siendo el consumidor de más rápido crecimiento a nivel mundial hasta el año 2040 y que incorporará 6 millones de barriles diarios a su demanda, en comparación con 4.8 millones en el caso de China. Sin embargo, también es cierto que este florecimiento coincide con una reapertura de Irán, natural proveedor de India y que ambos países colaboran en la construcción de un puerto intermedio, la delimitación de zonas económicas comunes y proyectos conjuntos de plantas de fertilizantes y petroquímicas. Es decir, están generando condiciones para detonar ese atractivo mercado. ¿Cómo podría México resultar de interés para India? Con condiciones comerciales y de inversión preferentes, a través de acuerdos comerciales, con las que si bien no sustituirá a Irán, sí pueda atraer una porción del negocio.

Vale la pena voltear la mirada hacia estos países con potencial para convertirse en grandes socios de México. Aun cuando Estados Unidos es, por mucho, el país con la mayor capacidad instalada para procesar crudo, dentro de los primeros 5 se encuentran China e India y ambos con tasas de incremento de esa capacidad muy superiores a la del país americano. En los últimos 10 años China prácticamente la ha duplicado, mientras que India la ha triplicado.

Ahora bien, hablando de importaciones, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Energía, la producción de gasolina en México se redujo en niveles históricos el año pasado, cayendo en un 12.7 por ciento, razón por la cual la importación de gasolina llegó a cifras record, duplicándose respecto de las cifras de hace 10 años y rebasando el 50 por ciento del abasto nacional. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, anualmente México desembolsa por sus importaciones de gasolina, casi todas provenientes de Estados Unidos, montos que rondan los 14 mil millones de dólares, suma considerable y atractiva para más de un proveedor.

Se ha comprado combustible a países lejanos, pero en cantidades muy pequeñas. ¿Por qué no adquirir el combustible de grandes exportadores como son India, Rusia, Holanda, Singapur o Corea? Se entiende la ventaja que supone la proximidad geográfica con Estados Unidos, pero como hemos establecido, es importante diversificar en aras de evitar relaciones comerciales que generen dependencia.

En suma, conocemos la importancia del comercio exterior, del petróleo y sus derivados para nuestras finanzas ¿Por qué entonces la gran red de tratados comerciales que tenemos con 46 países no ha funcionado como herramienta efectiva en el impulso de la diversificación de las importaciones y exportaciones del sector de hidrocarburos? Han pasado más de tres años desde la promulgación de la Reforma Energética y los profundos cambios generados por la misma, aparentemente no han encontrado en esta red un detonador del crecimiento y desarrollo que necesitamos.

Nuestros acuerdos comerciales no sólo no han sido actualizados de acuerdo a la nueva realidad energética nacional, sino que contienen excepciones o reservas que no incentivan a las contrapartes a priorizarnos como proveedor de crudo y sus derivados. En este contexto, el reto es utilizar estos acuerdos para impulsar las ventas de crudo a nuevos destinos y detectar oportunidades de comercio de sus derivados con otros países.

Por lo anterior, en los procesos de negociación que se realicen para firmar los acuerdos bilaterales con Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, instruidos por el Presidente Peña Nieto al Secretario de Economía es fundamental priorizar esta necesidad.

Es cierto que China es un socio comercial difícil e ideológicamente lejano a México, por lo cual tampoco sugiero que sea un sustituto de Estados Unidos en nuestro esquema de relaciones comerciales, convirtiéndose en el gran receptor de nuestras exportaciones pues nos colocaríamos en la misma situación y con los mismos riesgos, por lo que esta propuesta se refiere justamente a la necesidad de hacer realidad la urgente diversificación comercial.

Por lo aquí expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Secretario de Economía a revisar los tratados comerciales celebrados por México y los que se encuentran en negociación para garantizar que sean herramientas de impulso a la diversificación del comercio exterior del sector hidrocarburos con países que se perfilan como socios de interés para México como son India y China, favoreciendo así la tan necesaria diversificación en el comercio exterior de este sector.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputado César Augusto Rendón García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas instituciones del estado de México a difundir la información correspondiente al transporte público en la entidad, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de México, la ciudadanía hace frente a un grave y sistemático problema desatendido por las autoridades: la inseguridad en el transporte público. Tan sólo en el 2016, se presentaron más de 2 mil 700 denuncias por asalto, aunque se estima que sólo una de cada cinco personas presenta una denuncia formal, lo que representa una gran cifra negra.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realizada en marzo y abril de 2016, la entidad de toda la República Mexicana con la percepción más alta en inseguridad, es el estado de México (90.6 por ciento).

Aunado a esto, la tasa de víctimas del delito por cada 100,000 habitantes aumentó de 45,139 en 2014, a un registro de 45,795 en 2015. Por si fuera poco, entre el listado de delitos frecuentes en 2015, se encuentra en primer sitio el robo o asalto en la calle o en el transporte público; en segundo, la extorsión y, tercero, fraude . Además, la entidad mexiquense es el lugar donde el mayor porcentaje de mujeres dijo sentirse insegura.

Ahora, sumemos lo señalado al principio de este texto, y es que las cifras oficiales sobre incidencia delictiva no reflejan el total de delitos, puesto que no toman en consideración todos aquéllos que no fueron denunciados o en los cuales no se procedió a iniciar una averiguación previa, es decir, la cifra negra .

Al respecto, cabe destacar que los principales motivos por los que la gente no denuncia, son circunstancias atribuibles a las instituciones, un 33 por ciento considera la denuncia como pérdida de tiempo, y la desconfianza en la autoridad representa un 16.6 por ciento, por lo que un arduo trabajo por recuperar la confianza de la gente con trabajo efectivo y resultados tangibles, debe hacerse pronto, puesto que ante la bajísima probabilidad de que un infractor enfrente las sanciones establecidas por la justicia, los ciudadanos perciben la denuncia como una actividad engorrosa e irrelevante para mejorar su condición de precaria seguridad. Esto ha sido provocado por el gobierno corrupto, omiso, indiferente y lejano a la ciudadanía que gobierna en el estado de México.

Una de las serias consecuencias de esta problemática en la movilidad, se refleja en cifras alarmantes que señalan que 22 por ciento (2.5 millones de personas) de la gente mexiquense ha dejado de usar el transporte público por temor a ser víctima de un delito. De acuerdo a una encuesta, el 82 por ciento de los usuarios de transporte, aseguraron sentirse inseguros a bordo de una unidad, esto en lo que se refiere a robos, mientras que 74 por ciento externó que la delincuencia aumentó durante los últimos años.

Aunado a esto, y de acuerdo con un estudio realizado por la asociación civil, el Poder del Consumidor , en el mes de noviembre de 2014, la población mexiquense dijo que no sólo se sentía insegura en el transporte público, también afirmó que su operación es deficiente.

“Las respuestas muestran que el transporte público en la zona metropolitana del valle de México (ZMVM) ha estado en una etapa de colapso, abandono y deterioro desde hace 20 años”, sentenció la asociación civil. De cada 100 entrevistados, 56 consideraron que el microbús y el camión son los medios de movilidad más peligrosos. Además, solo 8 por ciento piensa que es un servicio barato y apenas el 11 por ciento lo considera “rápido”.

En este mismo sentido, el uso de recursos de las personas mexiquenses llega a ascender a $28.00 al día (50 por ciento del salario mínimo) y les cuesta transportarse diariamente, de 2 hasta 5 horas.

De acuerdo con otro estudio realizado a diferentes sistemas de Bus Rapid Transit (BRT) por la misma asociación civil, el Mexibús fue reprobado debido a su mal desempeño, infraestructura ineficaz para facilitar el acceso a usuarios –principalmente de personas con capacidades diferentes o de la tercera edad– y servicio deficiente.

Cada una de las líneas del Mexibús ha estado pesimamente planeada. Además de retrasos en su construcción, el gobierno de la entidad, en su afán de evidenciar “trabajo” que no realiza en tiempo y forma, realizó acciones negativas, como el despilfarro de dinero. Sumado a esto, el titular del Ejecutivo de la entidad mexiquense también se ha manejado bajo irregularidades ya que no presentó proyecto técnico ni de viabilidad para la construcción de la Línea 4 del Mexibús. Su administración no planeó cuántas estaciones tendría ni qué rutas seguiría y asignó el proyecto a Grupo Tradeco en un contrato por 679 millones 339 mil 225 pesos más IVA para la construcción, de un costo que asciende a 716 millones 096 mil 918 pesos, en conjunto con otros dos contratos.

Es indispensable, afirma la asociación civil El Poder del Consumidor (EPC), el desarrollo inmediato y permanente de nuevas líneas que incrementen las opciones de movilidad para los usuarios, tanto en la Ciudad de México como en el Edomex, en las condiciones que a ellos les resultan prioritarias: que les permitan llegar a diversos puntos a un costo accesible y a una velocidad eficiente.

Cabe señalar otro punto importante del estudio de EPC: el costo del servicio que brinda el servicio de transporte público de la entidad. El 30 por ciento de los encuestados consideró que el costo del transporte es justo, de acuerdo con el servicio que reciben, en tanto 55 por ciento lo calificó entre caro y muy caro, a destacar debe señalarse que el 42 por ciento de los usuarios consultados gastan entre $200 y $1 mil pesos a la semana.

Desde un comparativo de precios, el transporte en el estado de México no es caro. Es carísimo. Entre la Ciudad de México y la entidad tenemos lo siguiente: en la Ciudad de México aún hay camiones (RTP) que cobran 2.00 pesos; el Metro 5.00 pesos, el Metrobús 6.00 pesos, el Tren ligero hasta 4.00 pesos, el Ecobús 5.00 pesos, el Trolebús 4.00 pesos y las combis y camiones desde 4.00 hasta 6.00 pesos. El estado de México sólo cuenta, por una parte, con el ahora famoso Mexicable, que tiene un precio de 6.00 pesos y el Mexibús, que cobra 6.00 pesos también. Por otra, cientos de camiones, camionetas y combis que, además de inseguras y en mal estado tienen un costo mínimo por pasaje que oscila de $8.00 pesos, esto si vas solo a unas cuadras, hasta 14.00 pesos si vas más.

Además de esto, ciudadanos de la entidad mexiquense han denunciado desde enero de 2017, alzas no autorizadas en las tarifas del transporte realizadas por los conductores y empresas transportistas, debido al gasolinazo.

El problema en el transporte público de la entidad mexiquense ha sido tal que, en 2015, Isidro Pastor Medrano, Secretario de Movilidad del estado de México, salió a pedir disculpas a los usuarios y admitió que no ha podido poner orden al transporte público en la entidad. Los número oficiales retrataron entonces que el decálogo anunciado en 2013 por el Gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas no había cumplido con las metas para tener un servicio de “transporte rápido, seguro y eficaz”.

Es alarmante que el estado de México cuente con un transporte público inseguro y caro, lo cual provoca pérdida de tiempo y dinero a sus usuarios, sobre todo cuando estudios retratan que las autoridades, a pesar que cuentan con los recursos humanos y financieros para solucionar parte de los problemas, no han logrado grandes avances y no han obtenido los resultados esperados para disminuir la inseguridad. Eruviel Ávila, gobernador del estado de México, no ha podido contra la crisis de inseguridad y violencia que permean, entrampado no sólo en rendir cuentas a los mexiquenses o no querer hacerlo, también en la corrupción del sistema y de sus acciones que día a día denigran a la entidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados en el pleno ejercicio de sus facultades acuerda que a través de la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría al ejercicio de los recursos federales destinados al transporte público del estado de México.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaria de Movilidad del estado de México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría General de Justicia del estado de México a realizar una evaluación de desempeño y eficiencia, que señale resultados de todos los programas emprendidos para garantizar la seguridad en el transporte público y haga públicos sus resultados.

Fuentes

- Redacción. Reprobado en materia de seguridad el transporte público de la Ciudad de México. [En línea], Dirección de URL: http://elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/reprobado-en-materi a-de-seguridad-el-transporte-publico-de-la-ciudad-de-mexico/ Consultado el 5 de diciembre de 2016.

- Rincón, Sergio. Dinero, corrupción y chantaje: Los zares del transporte en el Edomex, a la orden de políticos . [En línea], Dirección de URL:

http://www.sinembargo.mx/12-03-2016/1612880. Fecha de consulta: 5 de diciembre de 2016.

- Camacho, Zósimo. Gasto en seguridad pública, “barril sin fondo”. [En línea], Dirección de URL:

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/03/03/
gasto-en-seguridad-publica-barril-sin-fondo/ Consultado el 6 de diciembre de 2016

- Velasco, Ángeles. Temen robos en el transporte público; ubican foco rojo en 9 municipios. [En línea] Dirección de URL:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/07/1097289. Consultado el 6 de diciembre de 2016

- Por Redacción. El transporte en el DF y Edomex es caro, ineficaz e inseguro: encuesta de El Poder del Consumidor . [En línea], Dirección de URL:

http://www.sinembargo.mx/10-06-2015/1375446. Consultado el 6 de diciembre de 2016.

- Montaño, Ma. Teresa. Edomex amplía el Plan Tres a carreteras federales. [En línea], Dirección de URL, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/06/22/edom ex-amplia-el-plan-tres-carreteras-federales. Consultado el 7 de diciembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y sus homólogas locales a promover la realización de campañas informativas y de prevención del suicidio dirigidas a los jóvenes, pues representa causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El suicidio es la muerte autoinfligida con la intención explícita de terminar con la propia vida. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es un problema de salud pública y es una de las principales causas de muerte en el mundo, especialmente entre los jóvenes. Más de 800.000 personas en el mundo mueren por suicidio cada año. Esto corresponde a una muerte por suicidio cada 40 segundos. El suicidio se puede producir a cualquier edad y es la segunda causa principal de defunción en el grupo de 15 a 29 años en todo el mundo.1

Se reconoce que la problemática del suicidio es compleja e involucra dimensiones sociales, psicológicas y biológicas, las cuales se interrelacionan entre sí y generan como efecto el intento de quitarse la propia vida.

De manera general, entre los factores de riesgo para cometer suicidio se pueden enumerar: padecer enfermedades mentales, trastornos de conducta o personalidad, como agresividad e impulsividad y, el abuso de drogas y alcohol, entre otros.

Los factores de riesgo psiquiátricos relacionados con el comportamiento suicida son múltiples y complejos. Las enfermedades con las cuales se ha relacionado un riesgo elevado a presentar comportamiento suicida son: depresión mayor, trastorno bipolar, esquizofrenia, alcoholismo, abuso de sustancias y ansiedad como patología primaria o comorbilidad. Si bien es cierto que no todos los pacientes que padecen alguna enfermedad psiquiátrica presentarán comportamiento suicida, se ha demostrado que padecer una enfermedad de este tipo o tener factores genéticos predisponentes, aumenta el riesgo suicida en comparación con la población en general.2

Se calcula que aproximadamente un 90 por ciento de las personas que han puesto fin a su vida suicidándose tenían un trastorno mental, y un 60 por ciento de ellas estaba deprimida al momento de suicidarse.3

Según la OMS el suicidio es un problema complejo y, consiguientemente, las actividades de prevención exigen la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad.

En los últimos años se han hecho esfuerzos para identificar las causas de suicidio y reducir la morbilidad. En 1999, la OMS lanzó la SUPRE (Prevención del Suicidio por sus siglas en inglés) como iniciativa mundial para la prevención del suicidio, con la intención de reducir la creciente mortalidad debido a comportamientos suicidas.

En mayo del 2013, la 66ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el primer Plan de acción sobre salud mental de la historia de la Organización Mundial de la Salud. La prevención del suicidio forma parte integrante de este plan, que se propone reducir un 10 por ciento para el 2020 la tasa de suicidio en el mundo, incluyendo México.

De acuerdo con el informe “Prevención del suicidio, un imperativo global” de la OMS, los servicios de salud tienen que incorporar la prevención del suicidio como un componente central. Dicho documento señala que los trastornos mentales y el consumo nocivo de alcohol contribuyen a que se cometan muchos suicidios en todo el mundo y menciona que la identificación temprana y el manejo eficaz son fundamentales para conseguir que las personas reciban la atención que necesiten para prevenir un suicidio.

Conforme al estudio “Prevención del Suicidio. Un Instrumento para Médicos Generalistas” de la OMS, publicado en el año 2000, la investigación ha mostrado que entre 40 por ciento y 60 por ciento de las personas que cometen suicidio han consultado a un médico en el mes anterior al suicidio; de éstos, son muchos más los que han visto a un médico general que a un psiquiatra. Señala el estudio que los países donde los servicios de Salud Mental no están bien desarrollados, la proporción de personas en crisis suicida que consultan a un médico general, tiende a ser mayor, por lo que identificar, valorar y manejar a los pacientes suicidas es una tarea importante del médico, quien juega un papel crucial en la prevención del suicidio.

Se ha encontrado que una proporción importante de las personas que cometen suicidio, muere sin haber consultado a un profesional en salud mental. Por lo tanto, el mejoramiento en el descubrimiento, la remisión y el manejo de trastornos psiquiátricos en la atención primaria en salud es un paso importante en la prevención del suicidio.

Por su parte, los suicidios en México presentan una tendencia creciente, “su magnitud ha aumentado de manera consistente en los últimos treinta años hasta alcanzar proporciones de reto para la salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México ha mostrado una tendencia constante al aumento en la prevalencia de suicidios desde el decenio 1990-1999. A partir del año 2000, el incremento se ha acentuado en la población más joven: 150 por ciento en personas de 5 a 14 años de edad y 74 por ciento entre los adolescentes entre 15 a 24 años”4 Entre el año 2000 y 2014, la tasa de suicidios aumentó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes.

En 2014 se registraron 6,337 suicidios, en 40.2 por ciento de los suicidios en ese año se trató de jóvenes de entre 15 a 29 años. Entre este grupo de edad la tasa alcanza 7.9 suicidios por cada 100 mil jóvenes.5

El incremento de las tasas de suicidio en los últimos años indica la importancia de establecer acciones para prevenir el suicidio en jóvenes en nuestro país.

Se estima que la detección de una situación de suicidio deberá atender: 1) la promoción y la prevención del suicidio y 2) la detección y la atención de la persona con riesgo suicida.

Los suicidios son prevenibles. Para que las respuestas nacionales sean eficaces, se necesita una estrategia integral multisectorial de prevención. En consecuencia, los servicios de salud deben incorporar la prevención del suicidio como un componente central en las estrategias de salud.

En México, en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se establece como Estrategia 3.5 Contribuir a disminuir las muertes por lesiones de causa externa , y como Línea de Acción 3.5.3 Contribuir a mejorar el marco jurídico para la prevención de suicidios y homicidios con base en evidencia científica.

En el Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018 se establece que la enfermedad mental participa del 13 por ciento de la carga global de enfermedad y constituye una de las tres primeras causas de mortalidad de personas entre 15 a 35 años, esto último influido por el suicidio. Dicho Programa establece como estrategias y líneas de acción las siguientes:

• Estrategia 1.3 Favorecer la detección oportuna de trastornos mentales o de la conducta en adultos y adultos mayores.

• Línea de acción 1.3.3 Promover la detección oportuna del riesgo suicida en personas adultas y adultas mayores.

• Estrategia 1.4 Favorecer la detección oportuna de trastornos mentales o de la conducta en niñas, niños y adolescentes en riesgo.

• Línea de acción 1.4.2 Promover la detección oportuna del riesgo suicida en niñas, niños y adolescentes.

Conforme a nuestro marco jurídico, toda persona tiene derecho a la protección de la salud en términos del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son autoridades sanitarias la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas (artículo 4, fracciones III y IV de la Ley General de Salud).

En términos del artículo 27, fracción III, de la Ley General de Salud para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. La atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta.

El artículo 32 de la Ley General de Salud dispone que se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud y entre las actividades de atención médica se encuentran las “preventivas”, que incluyen las de promoción general y las de protección específica .

Por lo aquí expuesto, se propone exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para ampliar la capacidad del sector de atención primaria de salud para mejorar el manejo y la evaluación de los comportamientos suicidas mediante la participación de personal de salud no especializado.

Asimismo, en virtud de que según cifras del INEGI, las muertes por suicidio se presentan mayormente en edades jóvenes, ya que 4 de cada 10 (40.2 por ciento) se encuentran en el grupo de 15 a 29 años, con la presente proposición se estima necesario exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de las entidades federativas, para que promuevan la realización de campañas de información y prevención del suicidio dirigidas a la población joven.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y sus homólogas de las entidades federativas para que promuevan la realización de campañas de información y prevención del suicidio dirigidas a la población joven, por ser la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y sus homólogas de las entidades federativas para ampliar la capacidad del sector de atención primaria de salud, para mejorar el manejo y la evaluación de los comportamientos suicidas, mediante la participación de personal de salud no especializado.

Notas

1 Nueva publicación de la OPS reúne estrategias de las Américas para la prevención del suicidio, [en línea], disponible en web: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12476%3Anueva-publicacion-ops-estrategias-prevencion-suicidio& Itemid=1926&lang=es

2 Morfín López Teresita (coord.), Fenómeno suicida: un acercamiento transdisciplinar, Editorial el Manual Moderno, S.A. de C.V., p. 57

3 Prevención del suicidio: recurso para consejeros, OMS, 2006, [en línea], disponible en web: http://www.who.int/mental_health/media/counsellors_spanish.pdf

4 Morfín López Teresita (coord.), Fenómeno suicida: un acercamiento transdisciplinar, Editorial el Manual Moderno, S.A. de C.V., p. 11

5 Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), Boletín de 7 de septiembre de 2016, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 7 de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, relativo a la minuta enviada por el Senado sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la denominación de la Comisión de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. El 17 de febrero de 2016, los senadores Mario Delgado Carrillo, del PRD, y Mariana Gómez del Campo, del PAN en la LXIII Legislatura, presentaron la iniciativa de reformas de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para cambiar el nombre de la Comisión del Distrito Federal por el de Comisión de Asuntos de la Ciudad de México, y que a continuación se transcribe puntualmente:

El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma política de la Ciudad de México. Con este cambio en la Constitución federal se inicia una nueva etapa de autonomía para la Ciudad de México.

La Ciudad de México es la capital del país. En este territorio están asentados los Poderes de la Unión, al mismo tiempo, a partir del inicio de la vigencia de la Constitución de la Ciudad de México, también coexistirán con los poderes de la ciudad; este fenómeno no ocurre en los estados de la república, ahí los poderes locales no concurren con ningún otro poder. Esta particularidad define la naturaleza de la Ciudad de México como entidad federativa sui géneris o especial; e impone la necesidad de un régimen de coordinación entre los poderes federales y locales en temas específicos.

Otro cambio sustancial previsto en esta reforma es que la Ciudad de México será dueña de su destino. Respetando el marco Constitucional federal, como cualquiera de las otras entidades federativas, la capital del país se autodeterminará en su proceso constituyente y a partir de éste dirigirá el destino de su vida pública a través de los poderes locales.

Por su naturaleza excepcional, la Ciudad de México tiene un tratamiento especial en la Constitución federal; se reservaron algunas facultades para los poderes federales en la capital. Por ejemplo, el Ejecutivo federal tiene el mando de la fuerza pública y el Congreso de la Unión aprobará anualmente su techo de endeudamiento.

Asimismo, se configuró una división administrativa y territorial especial. Mientras que la Constitución federal organiza las bases de los estados y municipios en los artículos 115 y 116, respectivamente, las bases de la Ciudad de México se establecen en el artículo 122. La división territorial y política de los estados es el municipio, gobernado por un ayuntamiento encabezado por el presidente municipal y acompañado de un cabildo; en la Ciudad de México la división territorial y política es la demarcación territorial, gobernada por una alcaldía, integrada por un alcalde y un consejo.

La autonomía de la Ciudad de México se traduce en que el nuevo Congreso local tendrá amplias facultades de legislar en todas las materias que no están expresamente reservadas para la federación. Antes de esta reforma, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal era un órgano con facultades de legislar sólo en las materias que expresamente le confirió la Constitución federal; las facultades más amplias de legislación del otrora Distrito Federal recaían en el Congreso de la Unión, incluso el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal tenía la naturaleza de ley federal. Por esa razón, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos estableció la existencia de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

La Comisión del Distrito Federal en ambas cámaras se erigió como el órgano técnico del Congreso de la Unión encargado del dictamen legislativo y de información de los asuntos competencia del Poder Legislativo federal respecto de la capital del país.

Con la nueva autonomía de la Ciudad de México es pertinente determinar la naturaleza de esta comisión en las Cámaras del Congreso federal. No es una cuestión sólo de denominación: si la Comisión del Distrito Federal ahora es la Comisión de la Ciudad de México, esta cuestión está resuelta desde la reforma política de la Ciudad de México, el artículo décimo cuarto transitorio prevé que todas las referencias que en la Constitución federal y demás ordenamientos se hagan al Distrito Federal se entenderán hechas a la Ciudad de México. Así se puede concluir que con la entrada en vigor del decreto del 29 de enero de 2016 estas comisiones se denominan “Comisión de la Ciudad de México”. La cuestión de fondo es precisar las nuevas funciones de estas comisiones ante la existencia de poderes de la Ciudad de México.

Su naturaleza de capital de la república impone la necesidad de que las Cámaras del Congreso mantengan un órgano que permita la coordinación y comunicación permanente con los poderes de la Ciudad de México. Esta situación la diferencia de las demás entidades de la federación.

Hay que considerar que la reforma política de la Ciudad de México dispone que el Congreso de la Unión expida las leyes a que se refiere el párrafo tercero del Apartado B y el primer párrafo del Apartado C del artículo 122 constitucional que se refieren a lo siguiente:

• Ley de coordinación de los poderes federales con los poderes locales de la Ciudad de México; y

• La Ley del Consejo Metropolitano de la Zona del Valle de México.

Estas leyes deberán estar listas para entrar en vigor en la misma fecha que inicie la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México. El dictamen de esta legislación deberá ser coordinado por la Comisión de la Ciudad de México.

La Cámara de Diputados tiene el mandato de analizar y determinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio. En la Ley de Ingresos de la Federación de cada año el Congreso de la Unión autorizará el techo de financiamiento que pueda contratar el gobierno de la ciudad.

Resulta que con la reforma política de la Ciudad de México el Congreso de la Unión tendrá para la Ciudad de México las facultades legislativas siguientes:

• Dos leyes federales;

• Determinar el Fondo de Capitalidad (Cámara de Diputados); y

• Techo de deuda de la Ciudad de México.

Las facultades de legislación del Congreso de la Unión respecto de la Ciudad de México son diferentes compradas con las que tenía para el Distrito Federal. Sin embargo, al ser la capital del país y la sede los poderes federales se instituye un régimen de coordinación entre los poderes locales y federales en asuntos específicos; este régimen será reglamentado en la ley en la materia.

La Comisión del Distrito Federal deberá convertirse en la Comisión de la Ciudad de México. Esta Comisión será el órgano técnico del Congreso de la Unión encargado del dictamen legislativo y seguimiento de las competencias que dispone la Constitución federal y la Ley de Coordinación entre poderes federales y de la Ciudad de México concedidas al Poder Legislativo federal.

Durante el proceso constituyente de la Ciudad de México, el Congreso de la Unión mantiene las facultades legislativas que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la entidad en el periodo de transición. Asimismo, estas comisiones serán encargadas del dictamen de las dos leyes secundarias de la reforma política de la Ciudad de México así como alguna eventual iniciativa de urgente resolución que sea necesaria procesar en tanto entra en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México y en funcionamiento sus poderes.

Por lo anterior se propone

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 15, 22, 23, 62, 66, y 67; y se derogan el párrafo tercero del artículo 40 y la fracción X del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 15.

1. a 8. ...

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de los estados y de la Ciudad de México .

10. ...

Artículo 22.

1. ...

2. El presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los estados y de la Ciudad de México . Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3. y 4. ...

Artículo 23.

1. y 2. ...

3. Asimismo, conforme a la declaración de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del bando solemne; darlo a conocer al pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los periódicos oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios.

4. ...

Artículo 40.

1. y 2. ...

3. La Comisión de la Ciudad de México tiene a su cargo el dictamen legislativo y seguimiento de las competencias que dispone la Constitución federal y la ley a que refiere el párrafo tercero del Apartado B del artículo 122 Constitucional concedidas a la Cámara.

4. y 5. ...

Artículo 62.

1. y 2. ...

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al titular del Poder Ejecutivo federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y al jefe del gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 66.

1. ...

a) a e) ...

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los poderes de los estados y de la Ciudad de México , así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) a m) ...

2. y 3. ...

Artículo 67.

1. ...

a) a e) ...

f) Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros poderes de la federación o los de la Ciudad de México , así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

g) a o) ...

2. ...

Artículo 90.

1. ...

I. a IX. ...

X. Ciudad de México ;

XI. a XXX. ...

Transitorios

Artículo Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Senadores conoció y aprobó el respectivo dictamen el 20 de septiembre de 2016; éste fue aprobado por 76 votos y pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Según los registros parlamentarios, el 27 de septiembre de 2016 se recibió la minuta en la Cámara de Diputados y se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; posteriormente mediante comunicación de la Mesa Directiva presentada en sesión ordinaria del 4 de octubre de 2016, se informó de la modificación de turno para quedar como sigue: se turna a la Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Cuarto. Debido a que dicha minuta se encuentra en pendiente de dictamen, se hace necesario solicitar el curso legislativo conducente, ya que su desahogo es consecuente con el ejercicio y vida democrática de la Ciudad de México, en virtud de hacer congruentes los textos jurídicos con una reforma de gran calado.

Quinto. El retraso del citado dictamen es más injustificado aún porque la Cámara de Diputados hizo la misma armonización legislativa una vez aprobada la reforma constitucional que cambió la denominación y naturaleza jurídica de la capital del país. Por ello urge aprobar la reforma propuesta por la colegisladora.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a promover que las Comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Presupuesto y Cuenta Pública dictaminen con la mayor brevedad y emitan la opinión respectiva de la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la denominación de la Comisión de la Ciudad de México del Senado de la República, cuya iniciativa fue suscrita por los senadores Mario Delgado Carrillo y Mariana Gómez del Campo Gurza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Jalisco a destituir al fiscal general del estado, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que esto suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del partido político Movimiento Ciudadano, diputado de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo con la finalidad de que se exhorte al Poder Ejecutivo de Jalisco a que destituya o remueva al fiscal general del estado de Jalisco, conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

I. En el estado de Jalisco, se sufre un grave problema de inseguridad y de carencias en el ámbito de la impartición de justicia por muchas razones, pero sin duda alguna la principal de ellas es la falta de calidad moral de quien actualmente encabeza la Fiscalía General del estado de Jalisco, el licenciado Eduardo Almaguer Ramírez.

II. En primer lugar, las estadísticas no mienten, el número de delitos y de denuncias en Jalisco sigue en niveles intolerables tal y como lo reporta la propia Procuraduría General de la República en su portal de Internet, en donde se refleja la lamentable situación vivida en dicha entidad federativa en el año 2016:1

III. En segundo lugar, desde la llegada de este personaje en el mes de julio del año 2015, se han presentado acontecimientos sumamente lamentables, como lo fue el ataque armado a las propias instalaciones de la Fiscalía General, los constantes bloqueos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, así como un aumento de dos cifras porcentuales (13.4 por ciento) en los homicidios dolosos en Jalisco en el año 2016, respecto del año 2015.

IV. Aunado a lo anterior, cabe destacarse que de los homicidios cometidos en Jalisco, existen todavía más de 9 mil casos sin resolver lo cual es un claro reflejo de la impunidad que impera bajo el encabezamiento de la Fiscalía General del Estado por el referido servidor público.

V. También debe señalarse el aumento en el número de desparecidos, lo cual coloca ya a Jalisco en tercer lugar nacional de personas desaparecidas, tan solo detrás de Tamaulipas y del estado de México, dato que se agrava aún más cuando el propio Fiscal Estatal reconoció recientemente en el ejercicio de glosa ante el Poder Legislativo de Jalisco, que tan solo se han reportado entre 35 y 40 detenciones por este delito en los últimos 10 años.

VI. Finalmente, en uno de sus más graves errores, el fiscal general ha atacado de manera absurda y violenta desde su cuenta oficial de Twitter a un presidente municipal de la misma bancada que represento, y después ha salido a asegurar que él no escribió esos mensajes y que su cuenta fue “hackeada”. Tanto si es cierto como si no lo es, en cualquiera de los dos escenarios nos encontramos frente a una causal suficiente para que se destituya de inmediato a dicho funcionario, porque si fuere verdad que le hackearon su cuenta ¿qué puede esperar el ciudadano jalisciense promedio si el encargado de la procuración de justicia no es capaz ni siquiera de prevenir los delitos en su contra? Y si no hackearon su cuenta, como es muy probable que la empresa Twitter acabe confirmando en días próximos, con mucha mayor razón, es insostenible tener en un cargo tan importante a un funcionario que: 1. No ha dado resultados y ha empeorado las condiciones de seguridad en el estado; y 2. Que está más preocupado por denostar rivales políticos probablemente con miras a la elección del año 2018 en donde quizás aspire a aparecer en las boletas, que por procurar la justicia y defender los derechos y las seguridad de los habitantes del estado de Jalisco.

VII. De conformidad al artículo 53 de la Constitución Política de Jalisco, el gobernador tiene la facultad de destituir o remover libremente del cargo al fiscal general, por lo que considero imperativo que esta Cámara se pronuncie y exhorte a dicho gobernador del estado de Jalisco a actuar con congruencia y lealtad a la ciudadanía y no a intereses políticos o mezquinos.

Por todo lo anterior, presento a esta asamblea como de urgente resolución, el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto al titular del Poderes Ejecutivo de Jalisco, para que en el ámbito de sus atribuciones remueva de su cargo al fiscal general del estado de Jalisco, licenciado Eduardo Almaguer Ramírez.

Nota

1 http://www.pgr.gob.mx/Transparencia/tf/estadistica/Paginas/default.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inapam y los gobiernos estatales a reforzar las campañas de comunicación para contribuir a fortalecer los valores relacionados con la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Angélica Reyes Ávila, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002, tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, mediante la observancia de la política pública nacional, regulando los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, para la planeación y aplicación de la política pública en esta materia.

Entre los derechos que deberá garantizar a las personas adultas mayores la ley, se incluye la protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como por parte de las instituciones de los tres ámbitos de gobierno.

De acuerdo con información de la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 12.4 millones de personas de 60 años y más, lo que representa 10.4 por ciento de la población total. Asimismo, datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 señalan que del total de adultos mayores, 26 por ciento tiene alguna discapacidad y 36.1 por ciento posee alguna limitación, que en muchos casos se refleja en exclusión, abandono y discriminación y, por ende la negación de oportunidades y derechos fundamentales; una realidad latente en nuestro país y en la mayor parte del mundo.

Pese a los avances jurídicos en materia de derechos humanos, en la realidad el acceso efectivo a las oportunidades y derechos de las personas adultas mayores en miles de casos sigue siendo afectado por el Estado, por la sociedad y, en muchos casos, por la propia familia. La Encuesta Intercensal 2015 muestra cifras con altos niveles de exclusión, de falta de reconocimiento y de obstaculización de derechos y oportunidades fundamentales para llevar a cabo una vida digna y satisfactoria.

Recientemente, en diversos estados los medios de comunicación han referido del incremento de abandono de adultos mayores por sus familias: “Entre tres y cinco por ciento del millón de adultos mayores de Veracruz se encuentran en abandono”, refirió la delegada del Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM), Nayeli Yotzin Vera Brizuela.

Los adultos mayores representan 9.61 por ciento del total de la población del estado de Chihuahua, que es de tres millones 540 mil habitantes, quienes sufren abandono y maltratos, en un porcentaje de este sector de la población, por no haber una política adecuada para su atención cuando la familia los deja, de los cuales, sólo 4 de cada 10 cuentan con una pensión o jubilación.

Las cifras reflejan y confirman el estado de abandono y maltrato que padecen las personas adultas mayores. De acuerdo con el estudio Situación de las personas adultas mayores en México , del Instituto Nacional de las Mujeres, las personas adultas mayores viven, en su mayoría, en compañía de sus familiares, lo cual puede tener un papel relevante en cuanto a su bienestar físico y emocional; particularmente en el caso de quienes requieren de cuidados o apoyo a causa de una enfermedad o discapacidad. Es de señalar que en muchos casos esto beneficia la convivencia familiar.

El reto en el tema del cumplimiento efectivo de los derechos humanos es grande y, como vemos, nos corresponde a todos lograrlo, a pesar de que nuestro marco jurídico establece esta garantía y la prohibición expresa de cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Sabemos que aún son muchos los pendientes, de ahí la pertinencia de este exhorto, que reitera la importancia de fortalecer los valores referidos a la solidaridad y el apoyo familiar en la vejez.

En nuestro país, es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el organismo público rector de la política nacional en favor de este sector de la sociedad, mismo que ejerce funciones en todo el territorio nacional. Esta institución tiene entre sus atribuciones elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores antes referidos, revalorizar los aportes de las personas adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, así como promover la protección de sus derechos.

En este sentido, el exhorto solicita reforzar estas campañas, ante la urgente necesidad de mejorar la calidad de vida de todas las personas adultas mayores, subrayando la importancia de los valores y la solidaridad familiar.

La discriminación por envejecimiento, el abandono y el maltrato de las personas mayores es una actitud frecuente y perjudicial que en muchos países se basa en el supuesto de que es una norma social. Esto es inaceptable, razón por la cual desde la Organización de las Naciones Unidas se han incrementado los esfuerzos por eliminar estas acciones sociales negativas; por ejemplo, con el Día Internacional de las Personas de Edad de 2016 , el cual fue dedicado a sensibilizar a la población en contra de la discriminación hacia las personas adultas mayores.

Asimismo, en 2015, la resolución aprobada por el Consejo Económico y Social de la ONU instó a los estados miembros, y al Sistema de las Naciones Unidas, incluidos los organismos, fondos y programas, a que adoptaran medidas concretas para incorporar las cuestiones relativas al envejecimiento, incluidas las opiniones de las personas de edad.

En México hemos avanzado en la armonización legislativa en el tema; la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores mandata para el Estado la difusión de la misma, en aras de una sociedad mucho más consciente. Establece también, que la familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social, por tanto, de manera constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de su núcleo, siendo responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral, teniendo entre sus obligaciones fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente, al tiempo que promueva los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo.

Por lo anterior, y con la finalidad de visibilizar que la inclusión, cuidado y protección de las personas adultas mayores no es prerrogativa opcional sino una obligación en corresponsabilidad, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, refuercen las campañas de comunicación en aras de contribuir al fortalecimiento de los valores relacionados con la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez; revalorizar los aportes de las personas adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, así como promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidades.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de la entidades federativas para que, en el ejercicio de sus atribuciones, refuercen las campañas de comunicación en aras de contribuir al fortalecimiento de los valores relacionados con la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez; revalorizar los aportes de las personas adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, así como promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidades.

Fuentes

1 http://www.presencia.mx/nota.aspx?id=117756

2 http://www.milenio.com/region/Aumenta_adultos_mayores_asilos_0_67253317 2.html

3 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/415655-en-abandono-adultos-m ayores-en-chihuahua

4 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a aumentar por la Conasami el salario mínimo vigente para los reporteros en el área geográfica única nacional, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Exaltación González Ceceña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Periodismo

Periodismo gráfico: aquel que utiliza la fotografía como medio. Tiene la ventaja de ser testimonial de los hechos y de poder transmitirse como prueba irrefutable. Al ser menos imperceptibles que una cámara de video pueden captar momentos de imprevisto: un ejemplo son las fotos paparazzi.

Periodismo audiovisual: es aquel que usa la televisión para transmitir la información. Actualmente se encuentra institucionalizado en los noticieros, dirigido por periodistas profesionales, en los que se segmenta los minutos que dura el programa según la jerarquía que se le dé a los acontecimientos económicos, políticos, culturales, entre otros.

Periodismo radiofónico: emplea la radio. Tiene la ventaja de ser uno de los medios más accesibles económicamente, y de llegar de esta forma a un gran número de personas. Además, es uno de los dispositivos que trasmite en tiempo real de forma más fácil.

Periodismo escrito: es aquel que aparece en los periódicos y revistas. Los márgenes de la página, los espacios, la tipografía, y la organización del texto corresponden también al orden de lo que se quiere comunicar, y depende del destinatario de esas noticias. En cuanto a la rapidez en que se emiten tiene un punto desfavorable respecto a otros medios.

Periodismo cibernético: utiliza todas las técnicas conocidas del mundo de la web: blogs, páginas especializadas. Si bien las notas también son redactadas, tienen la posibilidad de reflejarse en el ámbito público de forma inmediata1 .

Es el caso que los periodistas mexicanos actualmente son un grupo en situación de particular vulnerabilidad, ello, porque los recientes casos de desaparición forzada, homicidios, secuestros, y amenazas están siendo recurrentes en sus personas a lo largo y ancho del territorio nacional. Laboran en un clima de vulnerabilidad, el cual rodea sus actividades por las agresiones que han sufrido la gran mayoría.

Como trabajadores encargados de informar verazmente, están expuestos a enfrentar muchos ataques de parte de la delincuencia organizada. De acuerdo a los datos que maneja la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde 2010.

México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, ello no es cualquier cosa.

De acuerdo a los datos que se tienen, los “...periodistas que cubren asuntos locales como actos de corrupción en el gobierno, tráfico de drogas, crimen organizado, seguridad pública y temas relacionados se encontrarían en una situación de particular riesgo.”

Sus actividades implican acudir y estar presentes en los lugares de los hechos; entrevistar a personas vinculadas con los mismos de manera directa o indirecta; al elaborar y redactar la nota deben hacerlo con la mayor veracidad y objetividad, para evitar desinformar a la ciudadanía; además, al manejar información de primera fuente, dicha información en la mayoría de casos, la misma delincuencia organizada que se sabe descubierta, no quiere que la den a conocer.

Por tales motivos se encuentran vulnerables ante el desempeño de sus funciones. Si bien es cierto que el gobierno federal ha respondido a la situación tan grave por la que está pasando este gremio de trabajadores, eficientando los mecanismos legales que los protejan, creando y publicando la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y su Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Desde 2013 se creó un Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el objetivo de operar e implementar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen: la vida, la integridad, la libertad, y la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión, y el periodismo2 Ahora bien, las medidas urgentes de protección que se han adoptado no incluyen una mejora salarial para éstos.

Es así también conocido pero sin ser fehaciente garantía para su protección, que de las 59 profesiones, oficios, y trabajos especiales que existen, que son precisamente los reporteros en prensa diaria impresa y los reporteros gráficos en prensa diaria impresa, quienes perciben los salarios mínimos profesionales más altos de toda la lista de ellos, sin embargo es necesario una mejoría en la calidad de vida de estos trabajadores, puesto que sus actividades actualmente están consideradas como de muy alto riesgo, Con su trabajo informan a la totalidad de la ciudadanía en el país de los acontecimientos que ocurren, y que influyen directamente en el país; su actividad es importantísima por ello.

La naturaleza y calidad del trabajo del reportero es altamente riesgosa; el salario y prestaciones mínimas que percibe le es insuficiente para siquiera compensar el peligro al que está expuesto en sus actividades cotidianas; los precios corrientes en el mercado de los productos necesarios para la subsistencia han aumentado, en consecuencia su nivel de vida ha disminuido.

Conforme a la resolución del honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2017:

El “Reportero(a) en prensa diaria impresa

Es la persona que obtiene información de interés general sobre eventos o temas de actualidad a través de la observación de los hechos, de entrevistas a personas vinculadas con los mismos, o a personas de interés para la comunidad. Esta información la ordena, estructura y transmite de manera clara y expedita a la empresa periodística para su revisión y, en su caso, redacción definitiva y publicación. En ocasiones el (la) trabajador (a) es el (la) encargado (a) de elaborar la redacción misma de la nota. El (la) reportero (a) requiere de estar informado (a) sobre los eventos o temas de su trabajo para darles seguimiento. En la captura de información así como en su transmisión se auxilia de muy distintos medios de comunicación y tecnologías de información...

[y el]... reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa

Es el (la) trabajador (a) que acude a personas o a eventos de interés general con el objeto de obtener imágenes para ilustrar sucesos y artículos de actualidad. Generalmente envía al periódico el material digitalizado, acompañándolo de los datos de referencia con los nombres de los personajes o de los eventos que aparecen en las imágenes. Para su trabajo se auxilia de diversos medios tecnológicos de captura de imágenes y otros instrumentos propios de su profesión y, en ocasiones, acompaña en su labor a un (a) reportero (a), quien le sugiere o indica el género, estilo o ángulo de la imagen deseada.”

Además conforme a dicha resolución del honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, los salarios mínimos vigentes en el área geográfica única, para los “reporteros” son:

Reportero(a) en prensa diaria impresa 227.41

Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa 227.41

Por lo anteriormente expuesto, y con la intención de que se aumente y mejore el salario mínimo vigente dentro del área geográfica única nacional para los reporteros, en virtud de que existen circunstancias que lo justifican; someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario del Trabajo y Previsión Social, para que formule por escrito la solicitud al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que sean revisados los salarios mínimos de los reporteros en prensa diaria impresa, y de los reporteros gráficos en prensa diaria impresa.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que dentro del plazo legal convoque al consejo de representantes, para estudiar y resolver la solicitud, a fin de poder iniciar el proceso de revisión y, en su caso, incremento, de tres a cinco salarios mínimos, de los reporteros anteriormente indicados.

Notas

1 http://www.tipos.co/tipos-de-periodismo/#ixzz4YEJ35yLm

2 En: Artículo 1o. de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Exaltación González Ceceña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa federal y las estatales a asegurar a la población el acceso efectivo a servicios de salud con calidad y medicamentos suficientes y eficaces, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Eva Florinda Cruz Molina, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Considerandos

Esta proposición con punto de acuerdo está destinada a llamar la atención para abordar lo que ya se perfila como una tendencia nacional que consiste en el retardo en el acceso a los servicios médicos del sector salud, sobre todo del nivel de especialidades, el deterioro de los servicios de salud de calidad y la disminución de medicamentos en su suministro vía recetas a los derechohabientes y beneficiarios de los sistemas de seguridad social y del Seguro Popular.

El 1 de enero de 2004 entró en operación en México el Seguro Popular para incorporar al Sistema de Protección Social de Salud, en un lapso de siete años, a los 48 millones de mexicanos no asegurados. Actualmente, la cobertura de los servicios de salud es de más de 55 millones de personas. El Seguro Popular cubre alrededor del 43 por ciento de la población que utiliza el sistema nacional de salud. Este ha sido un colosal esfuerzo gubernamental, pero su objetivo final es alcanzar la cobertura universal en salud, esto es que 100 por ciento de las familias mexicanas cuenten con algún tipo de seguridad social.

Diez años después de la introducción del Seguro Popular, el primer Estudio del Sistema de Salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, calificó el Sistema de Salud Mexicano, como un sistema que sin duda, había progresado.1

Evidencia reciente –dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2016– muestra que el gasto empobrecedor en salud ha disminuido de 3.3 por ciento a 0.8 por ciento de la población y han mejorado los parámetros clave como la mortalidad infantil y las muertes por infartos cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

Sin embargo, se han intensificado retos graves y urgentes. Entre 2000 y 2016, las tasas de sobrepeso u obesidad aumentaron de 62 por ciento a 71 por ciento en la población adulta; uno de cada tres niños ya tiene sobrepeso u obesidad. Más del 15 por ciento de los adultos padece diabetes, más del doble del promedio de la OCDE que es de 6.9 por ciento.

Por los avances logrados y por lo retos presentes, las metas de los sistemas de seguridad social y del Seguro Popular para 2017 no pueden disminuir; por el contrario, deben aumentar y observar un crecimiento real. Debe ser así, porque la población demandante crece y por el contrario hay factores que amenazan con producir efectos regresivos en los logros alcanzados. Precios más altos de medicamentos y menos presupuesto.

Uno de ellos es el aumento del gasto farmacéutico que en México representa 21 por ciento del gasto total en salud2 . El elevado gasto de bolsillo de los consumidores en ese país, motiva la preocupación sobre la sostenibilidad de proveer un acceso adecuado a los servicios de salud y a los medicamentos por el tipo de cambio alcanzado por la relación peso-dólar. El gasto de bolsillo de los mexicanos en medicamentos, representa 91.5 por ciento del mercado privado, el que a su vez cubre 48.3 por ciento de la industria farmacéutica del país.3

Los gastos de bolsillo en medicamentos, desempeñan un papel cada vez más importante en la atención de la salud y cada vez es más difícil sufragarlos como gastos del hogar. Los productos farmacéuticos contribuyen significativamente a la reducción de la morbilidad y la mortalidad y su gasto representa una fracción sustancial del gasto en salud.

Los gastos de bolsillo en medicamentos son bastante sensibles a los tipos de cambio del peso mexicano. Al día de ayer, en ventanilla bancaria, el billete verde se vendió en 20.85 unidades. A finales del año de 2014, el peso se encontraba a una tasa de cambio del orden de 13.50 pesos por dólar. Si se compara el tipo de cambio de este día 20 de febrero de 2017 con respecto a noviembre de 2014, la devaluación de nuestra moneda ha sido mayor a 53 por ciento.

Bajo el título, “medicamentos suben 50 por ciento de precio por volatilidad del dólar” Mundo Ejecutivo (http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2016/09/22) publicó la siguiente nota “El sector farmacéutico del país reporta un crecimiento de alrededor de 15 por ciento en la venta de medicamentos genéricos, al convertirse éstos en una opción económica y viable para la población, ante el aumento en el precio de medicinas de patente...”. México ha tenido una enorme penetración de medicamentos genéricos, más de 84 por ciento del valor total del mercado.

En el marco de la quinta Feria Nacional del Medicamento Genérico, que se celebró en la Ciudad de México, representantes del sector adelantaron que se estimaba que a finales de 2016 el precio de los medicamentos importados de patente habrían subido en alrededor de 50 por ciento. En tanto, los genéricos nacionales reportarían un incremento de 20 por ciento, debido a la variación en el tipo de cambio peso-dólar.

Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), dijo que “si bien el alza en el precio del dólar afecta a todos los medicamentos de importación, los que más impactan en los consumidores son los que van dirigidos a la cura de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, lípidos y diabetes, así como los productos para enfermedades gastrointestinales.”

Esto es así porque la fabricación nacional de productos farmacéuticos no abastece la totalidad de los requerimientos de medicinas en el país. Produce 86 por ciento de ellos e importa 14 por ciento restante. Las importaciones del sector, están constituidas fundamentalmente por productos finales, medicamentos, mismos que han crecido en 50% del total de las importaciones, cuando anteriormente eran de menos de 10 por ciento. Es importante destacar que en los últimos años, ha crecido de manera importante el déficit comercial de productos farmacéuticos. La balanza comercial farmacéutica es muy deficitaria: lo que importamos de fármacos (5 mil 596 millones de dólares en 2014), es cinco veces más de lo que exportamos (mil 144 millones de dólares).

A pesar de que el gasto total en salud de México ha crecido a un ritmo más lento que el promedio de los países de la OCDE, la tasa de crecimiento del gasto en productos farmacéuticos es una de las más altas de la OCDE. Esto podría explicarse, en parte, por el efecto del fuerte incremento en los precios de menudeo de medicamentos de patente, lo cual refleja una relajación en los controles de precios farmacéuticos en el mercado privado en México.

El Seguro Popular, es el Programa del Sector Salud que ha sido creado para expandir la cobertura pública de servicios de salud que no alcanzan a cubrir los sistemas de seguridad social mediante la subvención pública de los gastos médicos y de consumo de fármacos.

No obstante en 2017, el presupuesto del sector salud pasó de 132.2 mil millones de pesos a 121.8 mil millones de pesos, después de observar una tendencia de crecimiento sostenido.

10.4 mil millones de pesos menos para este año. Particularmente el presupuesto del Seguro Popular, disminuyó siete mil millones de pesos que cuestiona la meta sectorial 2013-2018 de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

Las metas no pueden disminuir. Los beneficiarios son una población creciente y existen suficientes evidencias de que están recibiendo un acceso muy retardado a los servicios de salud sobre todo servicios de salud especializados. Y por las alzas de precios en los medicamentos.

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se tardan meses y hasta más de un año para conceder una cita en servicios médicos especializados. Faltan medicinas para el suministro periódico y en vez de ellas se obtienen respuestas como la siguiente “ya se agotaron” o se recetan con la advertencia de que ya no se adquieren y no existen en la farmacia y habrá que comprarlos. En los servicios de urgencias faltan medicamentos que pueden costar la vida de los pacientes. Los derechohabientes son lanzados al mercado en busca de los servicios médicos oportunos y de medicamentos que el Seguro Popular, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado están obligados a suministrar.

Por lo expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas a asegurar a la población, el acceso efectivo a servicios de salud con calidad y a medicamentos suficientes y eficaces.

Notas

1 Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México 2016.

2 (Las políticas de precios y reembolsos farmacéuticos en México, OCDE, 2007; Salud Pública México 2008; Volumen 50 (sup 4):504-510)

3 (Industria Farmacéutica en México: Perspectivas para el 2016.- Publicado el 9 de febrero de 2016; Geraldine Hayaux du Tilly) https://www.linkedin.com/.../industria-farmacéutica-en-méxico-perspecti vas-para-el-...)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar y firmar el convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (C183), de la Organización Internacional del Trabajo, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La protección de la mujer trabajadora durante el periodo de maternidad, se encuentra dentro de los temas de gran relevancia para la OIT.1 En el año 1952 este organismo, adoptó el primer convenio sobre la protección de la maternidad Denominado C103. En el que se contemplaban derechos básicos de la mujer trabajadora, como los periodos de licencia, las interrupciones durante la lactancia, prestaciones y protección del empleo y no discriminación.

En 1997 se revisó dicho convenio para su actualización incorporando nuevos derechos de maternidad ya incluidos en distintos tratados internacionales como el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado en 1966, así como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, firmada en 1979, entre otros avances en la materia.2

En el año 2000, dentro del marco de la Conferencia General de la OIT; celebrada en Ginebra, Suiza, se adoptó un nuevo convenio que plasmaba las necesidades actuales de la madre trabajadora. El “Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000” (C183),3 en el cual se establecieron las normas mínimas internacionalmente reconocidas que deben ser aplicadas en los lugares de trabajo, con el fin de erradicar la discriminación hacia las mujeres embarazadas en el ámbito laboral.

En nuestro país la protección de la maternidad para las mujeres trabajadoras se encuentra regulada en el artículo 123, apartado A, fracción V, de nuestra Constitución, así como en los artículos 164 y 170, fracciones I, II, IV, V y VI, de la Ley Federal del Trabajo; artículo 28 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reglamentaria del apartado “B” y en los artículos 101, 102 y 103 de la Ley del Seguro Social. No obstante la citada regulación, nuestro marco jurídico aún tiene pendientes aspectos y necesidades de gran importancia para esta etapa en la vida reproductiva de la mujer, que al día de hoy siguen sin ser estandarizados con las normas mínimas internacionales, establecidas en el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (C183).

Lo anterior es fundamental si consideramos que en el artículo 4o. de la Constitución se establece que el varón y la mujer son iguales ante la Ley. Y que esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Tanto que, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Sin embargo, el embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para las mujeres y sus familias, cosa que en muchos casos constituye un impedimento para el desarrollo laboral óptimo de la mujer en México y, por lo tanto, en detrimento de su garantía contemplada en la Constitución.

Las embarazadas y las madres en período de lactancia requieren una especial protección para evitar daños a su salud y a la de sus hijos. Por lo que necesitan un tiempo adecuado para dar a luz, para recuperarse y para la lactancia. Al mismo tiempo, requieren una protección que les garantice que no van a perder sus empleos por el solo hecho estar embarazadas o de la incapacidad por maternidad.

Esa protección no sólo asegura a las mujeres la igualdad en el acceso al empleo, sino que también les garantiza el mantenimiento de unos ingresos que en muchos casos son vitales para mantener o contribuir a la manutención de su familia. La garantía de la salud de las trabajadoras embarazadas y de las madres en período de lactancia, y la protección contra la discriminación en el trabajo, son condiciones requeridas para alcanzar una igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el trabajo y para permitir que los trabajadores constituyan familias en condiciones de seguridad.4

Para el año 2017, son 32 los países que han firmado y ratificado la Convención sobre la protección de la maternidad, 2000;5 los cuales reconocen que el papel de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia, posicionándola como parte fundamental dentro del sector económico de los países. Sin embargo, es motivo de preocupación que siendo México un país que en múltiples ocasiones ha manifestado su compromiso para garantizar los derechos fundamentales de sus trabajadores y sectores vulnerables, al día de hoy siga sin firmar esta convención.

La firma del titular del Poder Ejecutivo y la posterior aprobación del Senado para este instrumento, contribuiría de forma importante a salvaguardar y abogar por los derechos de parte importante de la fuerza laboral femenina del país.

Es importante considerar que lo que se refiere a la salud materna y perinatal, así como los derechos mínimos fundamentales para la madre trabajadora, son factores necesarios para el desarrollo social de los países y fortalecen la productividad e igualdad de género en el ámbito laboral.

De acuerdo a un estudio realizado por la OIT, cerca del 60 por ciento de las mujeres trabajadoras en todo el mundo (casi 750 millones de mujeres) no se benefician del derecho legal a la licencia de maternidad. Los problemas que plantean la puesta en práctica, la concienciación acerca de los derechos, la insuficiente capacidad contributiva, las prácticas discriminatorias, la informalidad y la exclusión social significan que, en todo el mundo sólo 28.2 por ciento de las mujeres reciben prestaciones pecuniarias contributivas o no contributivas en caso de parto. 6 Por lo anterior, se reafirma que, es necesidad de primer orden avanzar en la materia.

En México según cifras del Inegi del año 2014, en el sector privado laboraron 22 millones de personas, de las cuales 41.2 por ciento eran mujeres y 58.8 por ciento hombres.7 Esto representa más de una tercera parte de la población económicamente activa.

Por su parte, datos de la Encuesta Intercensal, indican que al 2015, había 31.9 millones de hogares y en 85 por ciento de estos, había al menos una mujer con hijos nacidos vivos y una de cada cuatro madres (24.8 por ciento) eran jefas del hogar.8

Es importante destacar que son muchos los beneficios en cuanto a progreso y desarrollo que se obtienen de la estandarización del derecho interno a normas internacionales, lo que fortalece el camino hacia el desarrollo y modernización del país en aras del respeto a los derechos humanos.

Para México, la firma de este Convenio representa una oportunidad para analizar y evaluar las acciones que ya se llevan a cabo y las que faltan por hacer, a fin de garantizar derechos fundamentales de las mexicanas, así como la igualdad de género.

De firmarse este Convenio estaríamos impulsando el cumplimiento del compromiso adquirido por México en 2015, bajo el marco de Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el cual se establecieron 17 objetivos con distintas metas que pretenden fomentar el desarrollo de los países y asegurar un futuro mejor para las generaciones venideras en los próximos 15 años (2030).9

Entre los objetivos que se verían beneficiados se encuentran:

1. Salud y bienestar (objetivo 3): garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades10

– Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

– Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.11

2. Igualdad de género (objetivo 5): lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a mujeres y niñas.12

– Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.13

3. Trabajo decente y crecimiento económico (objetivo 8): promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno y productivo y el trabajo decente para todos.14

– Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

– Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores (...)15

Con base en todo lo anterior, impera la necesidad de garantizar la protección de la maternidad para que las madres trabajadoras mexicanas continúen contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país y a su vez se vele de forma previsora por el desarrollo saludable de las futuras generaciones, tomando en cuenta que la protección de la maternidad beneficia a toda la sociedad y no exclusivamente a la madre y el hijo en cuestión.

La Cámara de Diputados en el afán de representar los intereses y necesidades de los mexicanos, debemos ser quienes facilitemos y generemos más instrumentos legales que fortalezcan y doten certeza y seguridad jurídica a nuestra sociedad.

Sin embargo, siendo esta una facultad del titular del Ejecutivo federal, de conformidad con el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le exhorta a hacer lo pertinente y revisar el Convenio sobre la protección de la Maternidad para su firma y posterior aprobación del Senado de la República, en términos del artículo 76, fracción I, de nuestra Carta Magna.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que revise y firme el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (C183) de la Organización Internacional del Trabajo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a que con posterioridad a la firma del Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (C183) de la Organización Internacional del Trabajo el titular del Ejecutivo federal lo someta a consideración de la Cámara de Senadores para su aprobación.

Notas

1 La Organización Internacional del trabajo (OIT), es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual fija las pautas y normas internacionales en cuestiones laborales y además tiene la facultad de realizar recomendaciones con el fin de fomentar el desarrollo social y económico de sus miembros. Este organismo, además tiene como objetivo abogar por la promoción de los Derechos Humanos, así como la promoción de la justicia social. Todo esto alineado a los principios fundamentales de la ONU.

2 UNAM. Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 C183 [en línea] [ref. de 12 de febrero de 2017] Disponible Web en:

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/de rhum/cont/55/pr/pr31.pdf

3 OIT. Convenio No. 183 de la OIT sobre protección de la maternidad. [en línea] [revisado 07 de febrero de 2017]. Disponible en web: http://www.ilo.org/

4 CIOSL. Convenio No. 183 de la OIT sobre protección de la maternidad. Una nueva norma para un nuevo siglo. [en línea] [ref. de junio 2001] [revisado el 09 de febrero de 2017]. Disponible en web: http://albalactanciamaterna.org/wp-content/uploads/OIT-183-Protecci%C3% B3n_de_la_maternidad.pdf

5 OIT. Ratificación del C183 - Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) [en línea] (consultado el 09 de febrero de 2017) Disponible web en:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0 ::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312328

6 OIT. Las Mujeres en el trabajo. Tendencias 2016. (consultado el 20 de febrero de 2017) [en línea] Disponible web en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/—-publ/docu ments/publication/wcms_457094.pdf

7 INEGI. Indicadores de ocupación y empleo al tercer trimestre de 2016. Ocupación y empleo. [en línea] [consultado el 12 de febrero de 2017] Disponible web en:

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=e st&c=25433&t=1

8 Estadísticas a propósito del Día de la Madre (10 de mayo), Boletín del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 06 de mayo de 2016, [en línea] [consultado el 13 de febrero de 2017]. Disponible en web: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf

9 ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible . Agenda 2030. [en línea] [consultado el 12 de febrero de 2017] Disponible Web en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

10 ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible . Agenda 2030. [en línea] [consultado el 12 de febrero de 2017] Disponible Web en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

11 UNIVISIÓN. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en Naciones Unidas

[en línea] [ref. 25 de septiembre de 2015] [Consultado el 11 de febrero de 2017] Disponible Web en: http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/estos-son-los-objetivo s-de-desarrollo-sostenible-aprobados-en-naciones-unidas

12 ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible . Agenda 2030. [en línea] [consultado el 12 de febrero de 2017] Disponible Web en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

13 UNIVISIÓN. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en Naciones Unidas

[en línea] [ref. 25 de septiembre de 2015] [Consultado el 11 de febrero de 2017] Disponible Web en: http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/estos-son-los-objetivo s-de-desarrollo-sostenible-aprobados-en-naciones-unidas

14 ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible . Agenda 2030. [en línea] [consultado el 12 de febrero de 2017] Disponible Web en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

15 UNIVISIÓN. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en Naciones Unidas

[en línea] [ref. 25 de septiembre de 2015] [Consultado el 11 de febrero de 2017] Disponible Web en: http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/estos-son-los-objetivo s-de-desarrollo-sostenible-aprobados-en-naciones-unidas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el gobierno de la Ciudad de México a declarar alerta de violencia de género en la entidad por el aumento de feminicidios, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Gobernación que se declare una alerta de violencia de género en esa entidad federativa.

Exposición de Motivos

De acuerdo con datos recientes, tan solo en el año 2011, 42 por ciento de las mujeres mexicanas sufrió algún tipo de violencia1 . De esta violencia, resulta sumamente preocupante que la violencia que mostró un mayor grado de crecimiento fue la violencia letal,2 es decir los homicidios violentos de mujeres (por el hecho de ser mujeres).

Investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y particulares3 ha establecido que, sin considerar la “cifra negra” previsible (que se estima mucho más alta), en el país se presentan 150 mil denuncias en forma anual, por actos de violencia de género; de las cuales aproximadamente sólo 16 mil 500 fueron recogidas en una averiguación previa (actualmente carpeta de investigación ), y de éstas “sólo 2.4 por ciento terminaron con una sentencia condenatoria”.

Desafortunadamente, las cifras sobre homicidios violentos de mujeres en México varían dependiendo la fuente, pues no existe un sistema integral de información que permita conocer el número de casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, los cuales conforman la violencia feminicida. Tampoco existe información sobre las características tanto de los hechos como de las víctimas y los agresores, la atención brindada, su eventual denuncia, sanción y reparación del daño. Aun peor, en México no se ha podido lograr que la totalidad de las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas integren sistemas de información que faciliten el seguimiento de los casos de feminicidio tal como están definidos en los respectivos códigos penales.4

Lo anterior nos obliga a recurrir a distintas fuentes de datos para poder cuantificar los casos de feminicidios en México: encuestas en hogares, censos de gobierno, estadísticas vitales y registros administrativos, las cuales cubren distintas expresiones de la violencia feminicida, particularmente desde tres instancias administrativas: los servicios de salud y las instituciones de procuración y las de impartición de justicia. De igual forma, resulta en que una buena parte de las muertes violentas de mujeres queden en la impunidad porque no se investigan, ni se actúa con la debida diligencia. Muchos de los homicidios que se cometen contra mujeres no son investigados considerando que podría tratarse de feminicidios.

Esta falta de datos oficiales sobre las muertes violentas de mujeres en México, así como la falta de debida investigación de los hechos (la deficiente actuación del Estado), aporta información sobre la violencia estructural e institucional contra las mujeres que se vive en el país y el grave problema de feminicidios que tenemos.

Cabe recordar que la socióloga mexicana, Marcela Lagarde, acuñó el término de feminicidio como:

“el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad. Es decir, la impunidad constituye un problema de carácter estructural que se manifiesta en la ausencia de investigación y sanción de la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres, lo que contribuye al fracaso de la función disuasoria y sancionadora del sistema penal y a la consecuente perpetuación de un contexto de violencia contra la mujer.”5

Tal es el caso de la Ciudad de México, donde de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio desde 2013 los asesinatos de mujeres o feminicidios han incrementado en violencia paulatinamente; es decir, no sólo los homicidios de mujeres han aumentado en la Ciudad de México, sino que también las vejaciones que sufren las mujeres en el proceso. En 2015 al menos 75 mujeres fueron asesinadas de manera brutal, mientras que de enero a junio de 2016, 36 asesinatos de mujeres fueron documentados; sólo 24 de ellos fueron investigados como feminicidios, de acuerdo con datos de la asociación. De igual forma, el observatorio ha informado que las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, y Álvaro Obregón tienen las cifras más altas de feminicidios, así como de brutalidad.6

Probablemente el caso más emblemático de la brutalidad de los asesinatos de mujeres en la Ciudad de México sea el llamado multi-homicidio de la colonia Narvarte, donde los y las abogadas del caso denunciaron deficiencia en las investigaciones y desestimación de una línea de investigación por feminicidio por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX). El caso llamó más la atención de los medios y de la sociedad por el asesinato de un periodista, que también es grave, que por el asesinato brutal de mujeres.7

Como señalaron varias organizaciones, los feminicidios de la Narvarte no son un caso aislado en la Ciudad de México, pues reflejan el contexto de violencia contra las mujeres que existe, donde se comenten delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres que perturban la paz; así como acciones y omisiones de las autoridades del Estado que violan sus derechos humanos y perpetúan la impunidad.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el contexto de violencia feminicida que se describe ilustra la necesidad de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al gobierno de la Ciudad de México que declare alerta de violencia de género en esta entidad federativa.

Notas

1 Roberto Castro (2015). “Lo que sabemos y lo que ignoramos”, en Violencias Invisibles. Revista Nexos . México, Junio 2016, 20-23 págs.

2 En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define la Violencia Feminicida: “Artículo 21. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

3 Ana Pecova (2015). “Derechos de Papel”, en Violencias Invisibles. Revista Nexos . México, junio 2016, 29-31 págs.

4 ONU Mujeres, “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014”, disponible en:
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/02/
violencia%20feminicida%20en%20m%C3%A9xico%20aproximaciones%20y%20tendencias%201985_2014.pdf?v=1&d=20160418T214527

5 Unete, La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe, disponible en
http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf

6 Feminicidios en Ciudad de México, cada vez más violentos, disponible en http://regeneracion.mx/feminicidios-en-ciudad-de-mexico-cada-vez-mas-vi olentos/

7 Para mayor información ver:
http://www.animalpolitico.com/2016/08/multihomicidio-la-narvarte-7-claves-las-autoridades-no-investigan-ano-del-caso/;
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/70723

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a publicar los resultados de los convenios o acuerdos de coordinación suscritos con la Semarnat y la Semar, al amparo de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27 señala que “el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”1 .

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 35, fracción XXI, señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) será la encargada de fomentar la actividad pesquera2 .

De manera particular, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), en su artículo 2, fracción I, expresa que son objetivos de esta Ley “Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales”3 .

No obstante lo señalado anteriormente, en el análisis previo que dio origen al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se remarcó que en México “en los últimos años la producción pesquera se ha mantenido estable, y su sustentabilidad presenta deficiencias de ordenamiento y legalidad”4 .

Para atender esta problemática el gobierno federal, en ese PND delineó la meta nacional “México Próspero” que incluyó el desarrollo del objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país y la estrategia 4.10.4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país a través de la línea de acción “Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola”.

A la par, la Sagarpa, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) estableció una estrategia de Integración para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad5 esfuerzo encaminado a contribuir a la sustentabilidad de la biodiversidad de largo plazo para poder lograr la sostenibilidad y mejorar sus aportes en beneficio de la sociedad y el medio ambiente.

Pese a este robusto entramado normativo, de la revisión del 4o. Informe de labores del gobierno federal, en el apartado de las acciones emprendidas por la Sagarpa6 sólo se destacan el ejercicio de recursos presupuestales principalmente encaminados al Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola pero no se identificaron acciones de mejoramiento de políticas públicas ligadas a la conservación de la diversidad de fauna marina, ni medidas que atiendan lo descrito en el artículo 8 de la LGPAS, fracciones I, que describe la responsabilidad de esa Secretaría en cuanto a la regulación, fomento y administración del aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas y XXII, referente a propuesta, coordinación y ejecución de la política general de inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola, en participación con otras dependencias de la administración pública federal.

En el caso de las labores realizadas en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se conoció en su cuarto Informe de labores7 , son muy escasas, lo que impidió conocer las acciones que se hayan emprendido para atender sus responsabilidades según lo dispuesto en el artículo 9 de la LGPAS, y por igual las relacionadas con la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la coordinación con la Sagarpa o la Secretaría de Marina.

Lo expresado con anterioridad, impide conocer si los esfuerzos encaminados al aumento en el esfuerzo pesquero (más pescadores y embarcaciones) han sido ordenados o en consecuencia, se permitió de manera deliberada la sobrecapitalización del sector, sobreexplotación de pescados y mariscos con valor comercial y mayor pérdida de los ecosistemas marinos.

Sin información no es posible determinar la efectividad de la protección a especies amenazadas como sucede en la pesca comercial de camarón, en las que se encuentran las tortugas marinas y la vaquita marina, por citar algunas de ellas.

Asimismo, con los resultados presentados en sus respectivos informes de labores de Sagarpa y de la Semarnat, limitan el conocimiento de las acciones que en concreto se han implementados para evitar el efecto del cambio climático que pueda impactar sobre la producción pesquera, debido los cambios en las corrientes y variaciones en la temperatura, cambios químicos y la transformación de los hábitats donde nacen y se desarrollan las especies de interés comercial.

Lo anterior, denota áreas de oportunidad y mejora en cuanto a las acciones coordinadas que deben emprender la Sagarpa vía la Conapesca en coordinación con la Semarnat a fin que se coadyuve en la implementación de reservas marinas y realice un ordenamiento de la actividad pesquera del país.

México no puede esperar en el fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza de la pesca.

No exista tiempo de sobra, y hoy, el tiempo ya es una limitante por lo que urge tomar acciones en favor de la diversidad biológica, en la que se incluya por su puesto el tema de la preservación y recuperación de las especies con régimen de protección especial y acciones impacto para el sector pesquero en pro de la diferenciación por región y tipo de pesca.

Si queremos seguir consumiendo pescado, hay que actuar ya.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que haga públicos los resultados de los convenios o acuerdos de coordinación que ha suscrito con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Marina bajo lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, orientados a ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y de la estrategia de integración para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad marina, a fin que permitan evaluar el impacto al ambiente marino, y que las conclusiones resultantes faciliten el re-diseño de instrumentos legislativos orientados a evitar o reducir el deterioro de los recursos naturales, así como contribuyan a la preservación del ambiente vía el reforzamiento de la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras.

Notas

1 Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 2 de marzo de 2017.

2 Artículo 35, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 2 de marzo de 2017.

3 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 2 de marzo de 2017.

4 Meta Nacional - México Prospero, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en http://pnd.gob.mx/, consultado el 2 de marzo de 2017.

5 Estrategia de Integración para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad – Resumen Ejecutivo, disponible en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187914/Pesca_SP_S.pdf, consultada el 2 de marzo de 2017.

6 Cuarto Informe de labores de la Sagarpa, disponible en

http://www.sagarpa.gob.mx/transparencia_rendicion/Pagina s/Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-2013.aspx, consultado el 2 de marzo de 2017.

7 Cuarto Informe de labores de la Semarnat, disponible en
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/trendicion.html, consultado el 2 de marzo de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incluir la atención de la distrofia muscular de Duchenne en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, a cargo del diputado Luis Fernando Mesta Soulé, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis Fernando Mesta Soulé, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular las distrofias musculares, al tenor de lo siguiente

Consideraciones

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es un derecho fundamental de todo ser humano. Este derecho está consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estado ha diseñado mecanismos para garantizar este derecho, en medida de las posibilidades que el mismo Estado tiene por sus recursos materiales y humanos.

Para garantizar el derecho a la salud, el Estado implementó un Sistema de Protección en Salud, que se encuentra regulado por el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, que se conoce como “Seguro Popular”. El artículo 77 Bis 1 hace referencia al derecho que tienen todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, sin importar su condición social y en el párrafo segundo define el Sistema de la siguiente manera:

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.1

Igualmente, como parte de la protección social, la ley prevé que en los casos en que la enfermedad resulte que implican un alto costo en virtud de su grado de complejidad, o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren, el Consejo de Salubridad General podrá incluirlo entre los padecimientos considerados de gastos catastróficos.

Artículo 77 Bis 29. Para efectos de este título, se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.”

La distrofia muscular Duchenne (DMD), según el manual de guías clínicas elaborada por el Instituto Nacional de Rehabilitación, de la Secretaría de Salud, La DMD “es una enfermedad muscular de etiología genética, degenerativa cuya evolución es lentamente progresiva, manifestada por debilidad e hipotrofia muscular principalmente de la cintura escapular y pélvica. El tipo de herencia es recesiva ligada al cromosoma X. La enfermedad es originada como resultado de mutaciones (principalmente deleciones) en el gen que codifica para la distrofia, localizado en Xp21.2. Sin embargo existen casos esporádicos que pueden originarse de mutaciones de novo. Esta mutación provoca la ausencia o defecto de la proteína.”2

La autoridad sanitaria señala que los “reportes en la literatura mundial, la incidencia del padecimiento es de 1 en 3 mil 500 nacimientos, con una prevalecía en la población total de aproximadamente 3 por 100 mil habitantes. En México no se conoce con exactitud la frecuencia, sin embargo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, actualmente solicitan atención médica en promedio de 1 caso/mes”.

La información técnica sobre la enfermedad se encuentran en la guía médica elaborada por el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero se destaca que la atención requerida y las características de los tratamientos, puede ser considerada como “catastrófica”, toda vez que los gastos para la atención y la rehabilitación son una carga económica muy alta para la familia de quienes se enfrentan a esta condición. Además, es una enfermedad discapacitante, progresiva y al momento incurable.

El exhorto que se hace es por las exigencia de distintas organizaciones de la sociedad civil, que han señalado la imperiosa necesidad de que la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, incluyan en su catálogo de enfermedades catastróficas la distrofia muscular de Duchenne.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que incluyan la atención de la distrofia muscular de Duchenne en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, como enfermedad que genera gastos catastróficos.

Notas

1 Segundo párrafo del artículo 77 Bis 1.

2 Secretaría de Salud, Manual de Guía Clínica de Enfermedades Neuromusculares (Distrofia muscular Duchenne).
https://goo.gl/fCpNEm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Luis Fernando Mesta Soulé (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT a definir un plan de acción para cumplir el mandato constitucional de promover la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones, a cargo del diputado Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado Francisco Xavier Nava Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Han transcurrido más de tres años desde de la promulgación de la reforma Constitucional y más de dos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyos objetivos fueron promover la competencia efectiva como mecanismo para maximizar el bienestar de los consumidores, detonar el desarrollo de la industria y alcanzar la adopción universal de los servicios de telecomunicaciones.

Desde entonces, se han conformado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Tribunales Especializados, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, se han ejecutado recursos de inversión para el despliegue de infraestructura, se han reducido los precios de los servicios de telecomunicaciones para los usuarios, y se han eliminado los cobros de la larga distancia y roaming nacional.

A pesar de lo anterior, aún queda pendiente de materializarse uno de los objetivos fundamentales de la reforma: la competencia efectiva. Puesto que se sigue observando una excesiva concentración de mercado por parte de un agente económico, la cual impide el desarrollo eficiente del sector de telecomunicaciones y complica la materialización de los efectos esperados del nuevo marco legal y regulatorio.

La aplicación de la regulación asimétrica de preponderancia ha sido ineficaz para nivelar el terreno competitivo entre los operadores debido a su escaso cumplimiento y aplicación efectiva. Así como se han implementado acciones regulatorias de manera paralela que contravienen el objetivo de la figura de preponderancia. Entre esas medidas se pueden encontrar:

La concesión de espectro radioeléctrico para despliegue de servicios de telecomunicaciones móviles en las bandas AWS constituye uno de estos casos de contradicción, ya que puede manifestarse como un conflicto de interés al mostrar parcialidad entre las diferentes compañías interesadas en la participación comercial.

De igual manera, el retraso en la licitación de 130 MHz de la Banda de 2.5 GHz representa una barrera a la conformación para la competencia efectiva al prolongar un escenario de concentración de espectro por parte del preponderante, permitiéndole detentar mayor participación de mercado mediante de la oferta de mayores capacidades de cobertura y calidad de los servicios.

Todas las decisiones del regulador mencionadas con anterioridad constituyen casos que impiden la consecución del objetivo último de la regulación: la competencia efectiva. Puesto que al reducir las asimetrías regulatorias y prorrogar condiciones inequitativas para la provisión de servicios de telecomunicaciones entre los operadores competidores, se imposibilita su materialización efectiva en el corto o mediano plazo. Por lo que resulta fundamental dar paso a la implementación eficaz y efectiva del marco regulatorio para la competencia para así, asegurar la realización de sus efectos esperados en el mercado.

Por lo antes descrito someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar cabal cumplimiento a la totalidad de las medidas actualmente impuestas al agente preponderante. Asimismo, se solicita que el Instituto implemente nuevas medidas pro competencia, que hayan sido aplicadas en otros países del mundo, para acelerar el proceso de nivelación del terreno competitivo en el segmento de telecomunicaciones.

Segundo. Se exhorta al mismo Instituto que en los próximos ejercicios licitatorios existan candados que prevengan la excesiva concentración de los recursos escasos para el desarrollo del sector de telecomunicaciones. En específico, se pide que existan límites de acumulación de espectro en todas las licitaciones de espectro radioeléctrico, promoviendo así el sano desarrollo del sector.

Tercero. Que, de manera similar a las licitaciones, se prohíba a través de cualquier mecanismo, aumentar la participación de espectro radioeléctrico a los operadores que se les hayan impuesto medidas de preponderancia. Así, se demanda que los procesos licitatorios del 2017 cumplan con los más altos estándares internacionales y que tengan como objetivo el dotar de competencia a los mercados y detonar el desarrollo de condiciones óptimas en la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Francisco Xavier Nava Palacios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a impedir la realización de cualquier actividad comercial o pesquera que afecte a las especies de flora y fauna en la sonda de Campeche, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las actividades comerciales que se llevan a cabo en los mares del territorio nacional, si bien reditúan en beneficios para las comunidades humanas que se asientan alrededor de las playas, han provocado impactos negativos en las interacciones que permiten el correcto desarrollo y supervivencia de las especies marinas.

En el caso del área conocida como sonda de Campeche, la actividad preponderante había sido la explotación de los yacimientos petróleo por medio de plataformas, misma que comenzó a perder dinamismo y que en 2016 se estancaría debido a la caída de los precios del petróleo, así como la reducción de las reservas de los mismos yacimientos.

La situación económica negativa impactó en la población, que en años anteriores decidió aprovechar la pujanza de las actividades petroleras y sus industrias asociadas y abandonar la actividad pesquera.

Como medida para impulsar la economía de los habitantes afectados por la baja de producción petrolera en la Sonda de Campeche y volver a incentivar la industria, se decidió realizar estudios para la apertura de la pesca en la Zona de Exclusión desde noviembre de 2016.

Sin embargo, las condiciones de precariedad que mantiene la economía nacional han impedido que las actividades pesqueras en la costa del sureste mexicano se lleven a cabo conforme a los acuerdos establecidos.

Las temporadas de veda no han sido respetadas, lo cual genera impactos negativos en poblaciones de especies marinas como las del mero y el pepino de mar.

En el primer caso se han detectado casos de pescadores de otros estados donde existe temporada de veda que se trasladan a Campeche para llevar a cabo su actividad, aumentando la cantidad de ejemplares capturados en detrimento de la resiliencia del ecosistema.

El segundo caso, en 2013 se había declarado como zona de veda permanente para la pesca de todas las especies de pepino de mar en la zona de Yucatán, lo cual no afectó la actividad de pescadores ilegales, generalmente internacionales, que se trasladaron a otros estados, siendo uno de ellos Campeche, en el cual se llegaron a decomisar 11 mil 440 toneladas de pepino de mar en el lapso de 2007 a 2016.

Sin embargo, y a pesar de las restricciones, se levantó la veda para esta especie en Yucatán, sin haber solucionado el problema de la pesca ilegal y las condiciones en las cuales se afecta el equilibrio del ecosistema marino.

Las actividades de pesca que no se lleven a cabo conforme a las técnicas modernas que reducen el impacto ecológico, así como la ilegalidad en la que caen los piratas extranjeros al extraer especies protegidas, son algunos ejemplos del complejo escenario que se presenta en el ámbito de la protección de los recursos marítimos nacionales, lo cual no debe ser pretexto para no enfrentar los problemas que dichas actividades generan.

Si bien entendemos la necesidad de la sociedad por impulsar las áreas de oportunidad para el comercio y la explotación de los recursos naturales, nos oponemos a que dichas actividades afecten el patrimonio ecológico que debemos proteger, dado el compromiso que tenemos con las generaciones futuras. En el Partido Verde nos pronunciamos por garantizar la más estricta protección para las especies que se encuentran en riesgo y por el aprovechamiento sustentable de aquellas que no lo están.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en cumplimiento de sus atribuciones, impida la realización de cualquier actividad comercial o pesquera que afecte a las especies de flora y fauna en la Sonda de Campeche en particular y en todo el litoral de Campeche en general.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a investigar el presunto desvío de recursos y las probables responsabilidades administrativas del ex director general de la Conagua David Korenfeld, quien mediante contratos con la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, AC, podría haber financiado el Centro David Korenfeld in Water Governance Studies, de la Universidad de Nuevo México, y el Centro Internacional de Agua de la Universidad de Tel Aviv, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Como denuncié con anterioridad en una proposición presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 31 de mayo de 2016 –y que quedó sin dictamen–,1 David Korenfeld Federman, renunció a su cargo como director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el 9 de abril de 2015, tras revelarse en diferentes medios de comunicación el uso de un helicóptero oficial de esta dependencia, para su uso privado.2

El 6 de mayo de 2015, después de investigar el uso ilícito del helicóptero mencionado, la Secretaría de la Función Pública concluyó el procedimiento administrativo de responsabilidad contra el ya ex director general de Conagua, y le impuso una sanción económica equivalente a tres veces el daño causado y el beneficio obtenido por el uso indebido de ese helicóptero ($638,653.33 pesos).3

Segunda. Según información publicada en su portal de obligaciones de transparencia, entre el 15 de octubre de 2012 y el 9 de noviembre de 2015, la Comisión Nacional del Agua ha otorgado al menos 10 contratos de manera directa a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México AC (ANEAS), cuya suma asciende a 94,352,702 pesos4

En su reunión del 5 de abril de 2016, el Comité de instalaciones y finanzas de la Junta Directiva de la Universidad de Nuevo México (The University of New Mexico, Board of Regents’ Finance and Facilities Committee) aprobó designar al programa no-académico del Instituto de Política, Evaluación e Investigación Aplicada de la Universidad de Nuevo México el nombre de “David Korenfeld Center in Water Governance Studies”, también denominado. Lo anterior como producto de un “Gift Agreement ”, o convenio de donación entre la Aneas y la Universidad de Nuevo México el 20 de enero de 2016, que fue suscrito por su presidente y CEO, Henry Mencik, y el donante, Roberto Olivares, de la ANEAS.5

La ANEAS, sin especificar el origen de los recursos, se comprometió a donar a la Universidad de Nuevo México de manera inicial, $150,000 dólares en 2016 y $300,000 más en el transcurso de los siguientes dos años, a cambio de que el Latin American Institute for Public Policy and Leadership albergue al “Centro Korenfeld”.6 Después, la Universidad de Nuevo México designó como responsable de la administración de los recursos de la donación hecha por la ANEAS a su vicepresidente de investigación, Gabriel López.7

Tercera. Es preocupante el posible desvío de recursos públicos para la creación de un programa no académico en una universidad extranjera, especialmente si se considera que David Korenfeld fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública por el uso indebido de recursos de la Conagua para beneficio personal mientras fue su director. Korenfeld otorgó contratos a la ANEAS sin procedimiento de licitación alguno, y esta asociación, a pesar de ser tener domicilio legal en México y de llevar a cabo actividades de asesoría técnica en materia de aguas y saneamiento para el territorio nacional, se comprometió a transferir recursos, fuera de nuestro país, por un monto de más de ocho millones de pesos.

Cuarta. De acuerdo a información reciente, David Korenfeld podría estar involucrado en otra situación de características similares, ya que el 25 de marzo de 2015, la Universidad de Tel Aviv otorgó al ex director de Conagua un doctorado honoris causa por su de “reconocimiento internacional” en temas hídricos y su “distinción entre la comunidad mexicana-judía”.8

Después, en agosto de 2015, la Conagua firmó cuatro contratos de adjudicación directa con la Universidad de Tel Aviv por un total de $30,000,000 de pesos, los cuales se enlistan a continuación:

1) CNA-UTELAVIV-01-2015, por “Evaluación del potencial de la reutilización de aguas residuales en México, caso Sonora” ($5,000,000).9

2) CNA-UTELAVIV-02-2015, por “Asistencia y cooperación técnica mediante estudios, investigaciones y talleres en materia de: indicadores de calidad del agua subterránea” ($5,000,000)-10

3) CNA-UTELAVIV-03-2015, por “Asistencia y cooperación técnica en materia de seguridad nacional del agua” ($5,000,000). 11

4) CNA-UTELAVIV-04-2015, por “Transferencia de herramientas analíticas para el establecimiento de métodos analíticos en el laboratorio nacional de referencia para la detección y cuantificación de contaminantes emergentes en matrices ambientales” ($15,000,000).12

Tiempo después, el 8 de octubre de 2015, la universidad nombró a Korenfeld presidente del consejo directivo de su Centro Internacional de Agua.13

Quinta. David Korenfeld permanece bajo escrutinio público por las irregularidades que cometió y las probables responsabilidades administrativas que de ello derive, incluso estando fuera de la Conagua. Lo anterior vuelve imprescindible que la Cámara de Diputados exhorte a que se le investigue puntualmente su dudoso ejercicio del servicio público.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por la que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el presunto desvío de recursos y las probables responsabilidades administrativas del ex titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, quien mediante contratos con la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, AC, podría haber financiado el “Centro David Korenfeld in Water Governance Studies” de la Universidad de Nuevo México, y el Centro Internacional de Agua de la Universidad de Tel Aviv.

Notas

1 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4& id=63350

2 http://sipse.com/mexico/korenfeld-renuncia-conagua-escandalo-helicopter o-146093.html

3 Comunicado de la SFP. http://www.gob.mx/sfp/prensa/sanciona-sfp-al-ex-servidor-publico-david- korenfeld-por-el-uso-personal-de-un-helicoptero-oficial

4 Conagua, Portal de Transparencia,
http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?query=ASOCIACION+NACIONAL+DE+
EMPRESAS+DE+AGUA+Y+SANEAMIENTO+DE+MEXICO+A.C.+&idDependenciaZoom=16101&method=search&siglas
Dependencia=CNA&idFraccionZoom=&searchBy=0

5 The University of New Mexico, TAB 5,
http://evpadmin.unm.edu/ff-meetings/e-books/e-books-2016/april5.pdf

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 http://www6.tau.ac.il/honorary/images/pdf/federman.pdf

9 http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato
&id.idContrato=CNA-UTELAVIV-01-2015&_idDependencia=16101

10 http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=
consultaContrato&id.idContrato=CNA-UTELAVIV-02-2015&_idDependencia=16101

11 http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method
=consultaContrato&id.idContrato=CNA-UTELAVIV-03-2015&_idDependencia=16101

12 http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method
=consultaContrato&id.idContrato=CNA-UTELAVIV-04-2015&_idDependencia=16101

13 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/28/
korenfeld-dio-contratos-por-25-mdp-universidad-que-le-otorgo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el Conapred a combatir la violencia y discriminación de género presentes en publicidad comercial difundida en medios de comunicación, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia de género puede llevarse a cabo a través de diferentes formas, siendo la violencia de género en con contra de la mujer una de las más constantes y con una repercusión directa que impide alcanzar una igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

La violencia de género en contra de la mujer puede ser identificada por diferentes tipos: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Pero también las acciones que reafirman diferentes estereotipos de género permiten que la violencia en contra de las mujeres se manifieste por medio de otras modalidades como la familiar, laboral, docente, institucional, hostigamiento y acoso sexual.

Este tipo de estereotipos de género que se presentan tanto en la familia como en el trabajo, o en cualquier otro ámbito de desarrollo de la mujer, se encuentran tan arraigados que pareciera que se han convertido en un tipo de violencia invisible, e incluso socialmente aceptada, ante los ojos de quien la perpetra como de las mismas víctimas.

El contenido en los distintos medios de comunicación, principalmente el que se encuentra en la publicidad comercial, es un claro ejemplo de este fenómeno que genera indiferencia ante la violencia y discriminación en contra de las mujeres pero también en contra de los hombres, ya que a través de la publicidad sexista se sigue perpetrando un tipo de violencia “invisible”.

Actualmente nuestro marco jurídico mexicano aparentemente cuenta con las instituciones y ordenamientos indispensables para combatir todo tipo de violencia y discriminación, especialmente aquella en contra de la mujer, incluso, contamos con disposiciones particulares que procuran vigilar que los medios de comunicación no promuevan contenido estereotipado de mujeres y hombres.

Por ejemplo, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 223 se encuentran los principios que deberán seguirse respecto a la programación que se difunda, en donde evidentemente se establece el principio de igualdad entre mujeres y hombres:

“Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;”

De forma similar en la anteriormente citada ley, se puede encontrar una serie de disposiciones a favor de la igualdad y no discriminación.

“Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, [...], la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas;

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;”

Y respecto a los lineamientos que deben de seguirse en cuanto a la publicidad, la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en sus artículo 245 y 246 establecen que:

“Artículo 245. La publicidad no deberá de presentar conductas o situaciones en las que la falta de un producto o servicio sea motivo de discriminación de cualquier índole.”

“Artículo 246. En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá:

VI. Mostrar conductas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación;”

En cuanto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 41 podemos encontrar la responsabilidad de la Federación para garantizar a las mujeres a una vida libre de violencia. Y en su artículo 42 la facultad de la Secretaría de Gobernación para sancionar a aquellos medio de comunicación que no contribuyan a la erradicación de todos los tipos de violencia y no fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las mujeres.

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación:

I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia;”

“Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

X. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres;

XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;”

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 9 fracción XV considera como discriminación la promoción del odio y la violencia en los medios de comunicación:

“Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:

XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación;”

Cabe señalar que otra de las instituciones que tienen dentro de sus facultades realizar acciones en contra de la discriminación y violencia de género, además de la misma Secretaría de Gobernación y que debería de igual forma jugar un papel fundamental en la vigilancia de la publicidad sexista, es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Y por último, dentro de ésta estructura institucional y jurídica que supuestamente permitiría garantizar, combatir y erradicar de manera efectiva la discriminación y violencia de género, podemos señalar los acuerdos internacionales en los que México se ha comprometido en mejorar las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.

Como es el caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en donde se encuentra definida la discriminación contra la mujer como:

“Artículo 1 [...] toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Y principalmente en el artículo 5o., inciso a), del ordenamiento anteriormente mencionado, el cual señala que los Estados Partes deben tomar las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales para eliminar la discriminación.

“Artículo 5

Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

Asimismo, conforme a lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, mejor conocida como “Convención de Belem Do Para”, en su artículo 8 inciso g, señala:

“Artículo 8

Los Estados parte convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

g. Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;”

A pesar de encontrarse previamente establecidos, y de cierta forma garantizados, los derechos de las mujeres para combatir todo tipo de violencia y discriminación, ya sea a nivel nacional e internacional, basta con poner atención en la inmensa mayoría de publicidad comercial que se difunde a través de televisión, radio o impresos, para darnos cuenta que prevalece una objetivación de la mujer, cosificándola, y utilizando su cuerpo solo para vender un producto ajeno a la propia estrategia publicitaria.

Y que además de éste tipo de publicidad, donde se denigra la imagen de la mujer, también podemos encontrar quizás de una de las formas donde se generaliza otro tipo similar de publicidad, donde se reafirman estereotipos y roles que históricamente han sido adjudicados tanto a la mujer como al hombre.

La publicidad que reafirma estereotipos y roles de mujeres y hombres únicamente alienta a continuar con los mismos prejuicios sociales de inferioridad de la mujer ante el hombre, y que la mujer se encuentra condenada por “naturaleza” a llevar una vida al servicio del hombre y de la familia.

Si en realidad se anhela lograr una igualdad de género, donde las mujeres puedan acceder a las mismas oportunidades y se les pueda garantizar los mismos derechos que los hombres, es fundamental combatir todo tipo de violencia y discriminación de género.

Por lo que la presente Proposición con Punto de Acuerdo exhorta, tanto a la Secretaría de Gobernación como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a vigilar el contenido publicitario en los medios de comunicación y en su caso sancionar a aquellos responsables de difundir publicidad sexista.

Cabe mencionar que el presente acuerdo busca cambiar la forma en que se hace publicidad comercial y que se implementen distintas técnicas o estrategias publicitarias, tanto de los medios de comunicación como de aquellas empresas privadas que ofrecen productos o servicios.

La capacidad de la iniciativa privada es plenamente competente para generar nuevos mecanismos de venta, sin que se denigre a la mujer o que se reafirmen estereotipos de género, ya que estos últimos solo contribuyen a que sigamos teniendo una sociedad que simplemente no logra una igualdad entre mujeres y hombres.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar y promover los principios y directrices pertinentes, para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todo tipo de violencia de género, fortaleciendo la dignidad y el respeto hacia las mujeres, y en los casos donde no se cumpla lo previsto se sancione a los medios de comunicación responsables.

Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en apego a lo establecido por las disposiciones señaladas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y de conformidad a lo establecido por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, a realizar las recomendaciones necesarias hacia los medios de comunicación que transmitan contenido con violencia de género, mejor conocida como publicidad sexista.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a celebrar convenios con las entidades federativas a fin de crear opciones de cuidado infantil que permitan a estudiantes con hijos disponer de tiempo para asistir a la escuela o capacitarse, como una medida tendente a reforzar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción II, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a celebrar los convenios necesarios con las entidades federativas a fin de crear alternativas de cuidado infantil que permitan contar a las y los estudiantes con hijos e hijas, del tiempo necesario para estudiar o capacitarse, como una medida tendiente a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 33 y de lo señalado en el primer párrafo del artículo 34 de la Ley General de Educación, con base en las siguientes

Consideraciones

La educación es base de desarrollo en toda sociedad” son palabras del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y es precisamente la educación, el derecho humano que permitirá cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030 que se ha marcado a nivel internacional y que México ha asumido.

En septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 17 objetivos. La educación interviene de manera efectiva en dichos objetivos. En el objetivo 1 en virtud de que reduce la pobreza, en el objetivo 3 porque logra el acceso a la salud y bienestar, en el objetivo 5 ya que logra la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, bajo la premisa de que mientras las niñas y las jóvenes acceden a la educación y adquieren conocimientos, tienen más posibilidades de conocer sus derechos y hacerlos valer.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se ha unido a este compromiso internacional al afirmar que la educación salva vidas y apoya la sostenibilidad.

De acuerdo a la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, 7.8 por ciento de la población de mujeres de 12 a 19 años ha tenido un hijo, el siguiente dato indica que 46.3 por ciento de las mujeres entre 20 a 24 años ha tenido por lo menos un hijo.

Las siguientes cifras nos muestran el número de hijos que tienen este porcentaje de mujeres, por ejemplo mujeres de 12 a 19 que han tenido un hijo es 85.2 por ciento mientras que 13.3 por ciento ha tenido dos hijos.

Las mujeres de 20 a 24 años que han tenido un hijo son 59.2 por ciento, mientras que 30.8 por ciento ha tenido dos hijos y 8.1 por ciento reportaron tener 3 hijos; en comparación con el grupo de mujeres de entre 25 y 29 años, 36.7 por ciento reportó tener un hijo; 38.1 por ciento dos hijos, mientras que 26.1 por ciento tiene 3 hijos.

Estos últimos grupos de mujeres son el porcentaje de la población que está en edad reproductiva. Está comprobado que la maternidad y paternidad en edad temprana afecta de manera sustancial el desarrollo de las mujeres y hombres, ya que las brechas de desigualdad se amplían con la llegaba de nuevos integrantes.

Es decir, a la mujer se le dificulta no sólo el acceso sino la permanencia y conclusión de sus estudios. Datos del Inegi estiman que del ciclo escolar 2011-2012 de profesional técnico, 21.9 por ciento de la matrícula abandonó sus estudios, mientras que a nivel bachillerato fue 14.4 por ciento.

Del ciclo escolar 2013-2014 de manera importante se incrementó el abandonó de estudios con 33 por ciento de la matrícula en profesional técnico, mientas que a nivel bachillerato reportó un 15 por ciento.

La página de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contiene datos sobre el ciclo escolar 2013-2014 y datos históricos. Informa sobre eficiencia terminal a nivel bachillerato de 65.1 por ciento mientras que a nivel profesional técnico de 46.8 por ciento.

De acuerdo a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) consideran que el embarazo en adolescentes se asocia a los altos niveles de mortalidad materna, además de dificultar el acceso y permanencia en la educación.

El embarazo puede truncar la educación de las y los adolescentes, la de ellas con mayor frecuencia: De acuerdo con cifras de 2010, 17.7 por ciento de las mujeres menores de 18 años y 30.7 por ciento de las menores de 15 años que se embarazaron, dejaron de ir a la escuela después del embarazo. De la misma manera, dejar de ir a la escuela aumenta el riesgo de un embarazo: más de 90 por ciento de las mujeres de 12 a 19 años de edad que han tenido un hijo o hija no asisten a la escuela, comparado con 24 por ciento en el grupo de edad que no los ha tenido; y 57 por ciento de las mujeres mexicanas nacidas entre 1964 y 1984 que no terminaron la primaria tuvieron su primer embarazo antes de cumplir 20 años, comparado con 12 por ciento de aquéllas de las que alcanzaron al menos el bachillerato.

Uno de los programas que cuenta a nivel federal es el de Estancias Infantiles para madres trabajadoras o que se encuentren estudiando, lo cierto es que este programa ofrece una acción de aumentar la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, con el objeto de abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres que trabajan, buscan empleos o estudian. Para este programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se destinó la cantidad de 838 millones de pesos. Sin embargo en muchas ocasiones las estancias están lejos de sus centros de estudios.

A través del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa se han financiado proyectos de estancias infantiles en algunas instituciones de educación superior.

En las entidades federativas se encuentra la creación de estancias infantiles en las universidades e instituciones de educación superior, tal es el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas que para abatir la deserción escolar fomentó la creación de este tipo de estancias para atender a las y los hijos de los estudiantes.

Este tipo de apoyos que se les brinda a las mujeres y hombres que tienen a su cuidado a sus hijos son de gran relevancia ya que les permiten acceder, permanecer y concluir con los estudios y por otra vía saben que sus hijos están bien cuidados por lo que pueden realizar de forma correcta sus actividades escolares.

De igual forma, en el estado de Jalisco la Universidad de Guadalajara cuenta con estancias infantiles con los estándares nacionales para el cuidado de las y los hijos de los estudiantes. La Universidad de Colima y la Universidad Autónoma de Sinaloa también se suman a este tipo de acciones que contribuyen al beneficio de la educación en México. Está comprobado que en las instituciones de educación superior que cuentan con estas estancias la deserción ha disminuido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a celebrar los convenios necesarios con las entidades federativas a fin de crear alternativas de cuidado infantil que permitan contar a las y los estudiantes con hijos e hijas, del tiempo necesario para estudiar o capacitarse, como una medida tendiente a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 33 y de lo señalado en el primer párrafo del artículo 34 de la Ley General de Educación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y el IFT a imponer medidas efectivas y de seguimiento continuo para garantizar un entorno de competencia acorde con los objetivos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado Francisco Xavier Nava Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Mediante las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión nació la promesa de la transformación del sector y la economía en su conjunto al propiciar una nueva estructura en el mercado, cambios en la forma de hacer negocios, consolidaciones y ventas, pero también beneficios concretos para los consumidores de las telecomunicaciones.

De acuerdo al Ejecutivo federal, entre los principales aspectos de la reforma constitucional destacan los siguientes:

• Ampliación de los derechos fundamentales de la libertad de expresión, acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha e internet;

• Impulso a la competencia efectiva, al contemplar medidas para reducir los niveles de concentración, regular el control sobre insumos esenciales y combatir prácticas anticompetitivas. Para ello, ordena al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) imponer medidas a los agentes preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, tales como regulación asimétrica, separación contable, funcional o estructural y desagregación efectiva de la red local;

• Realizar acciones para garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal;

• Creación de una red troncal mayorista, aprovechando y creciendo la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para una mayor cobertura de servicios a la población;

• Instalación una red compartida de telecomunicaciones que exclusivamente preste servicios a concesionarios y comercializadoras, aprovechando:

i. La banda de 700 megahercios (MHz).

ii. La red troncal de CFE y

iii. Cualquier otro activo del estado, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a servicios de banda ancha;

• Licitación de nuevas concesiones de televisión radiodifundida con cobertura nacional, a efecto de incrementar la competencia en dicho sector;

• Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en diciembre de 2015, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz;

• Establecer como meta que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas a escala nacional cuenten con accesos con una velocidad real de descarga, conforme al promedio de precios competitivos internacionalmente fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por su parte, la legislación reglamentaria o secundaria tuvo como propósito generar el nuevo ordenamiento convergente previsto y ordenado en la Constitución, teniendo como objetivo primordial la regulación en materia de concesiones, redes, espectro e interconexión, generará mayor competencia, con mejores precios y más calidad, eliminando la elevada concentración de mercado.

A poco más de tres años de dichas reformas, estas disposiciones constitucionales se han quedado en lo principal, como enunciados normativos (lo que “debe ser”) aun sin llegar a alcanzar un cumplimiento cabal que se vea reflejado en las dinámicas del mercado, en el bienestar de los consumidores o que haya detonado el desarrollo de la industria y la adopción universal de los servicios de telecomunicaciones. Por lo tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no han logrado cumplir con los mandatos establecidos en la reforma en diversos temas en los que destacan:

• Dotar de transparencia a todos los proyectos relacionados a la Estrategia Digital Nacional y una medición constante de la eficacia e impactos de los mismos.

• Dar continuidad y seguimiento a la meta establecida para 2018 consistente en dotar de conectividad a más de 250 mil sitios públicos, de los cuales al final de 2016 se proyecta que sólo se han conectado 150 mil sitios.

• Generar mecanismos eficientes para fomentar la competencia en el sector.

• Producir dispositivos adecuados, incentivos suficientes y certidumbre en los procesos de licitación para detonar la participación, y con ello se materialicen sus beneficios en torno a la generación de competencia y uso eficiente del espectro radioeléctrico.

• Crear una política espectral de largo plazo para dotar de certidumbre a las inversiones y detonar la competencia en los mercados. Éstas deben estar enfocadas a alcanzar un equilibrio en el mercado y dotar de los elementos esenciales para el despliegue de tecnologías de nueva generación.

• Lograr una real compartición de infraestructura del agente económico preponderante (AEP) en telecomunicaciones, con precios y condiciones de calidad establecidos por el IFT. Todo ello verificando el cumplimiento a cabalidad de las condiciones específicas para permitir el acceso efectivo a su infraestructura en condiciones no discriminatorias y equitativas para los demás competidores.

• Dar un seguimiento sistemático y puntual supervisión por parte del IFT de las solicitudes de servicios mayoristas que realicen los distintos operadores, así como verificar el cumplimiento de los términos acordados y los plazos establecidos, por parte del agente preponderante.

Por lo antes descrito someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a todas las dependencias pertinentes, a generar un plan de acción que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de establecer las bases y lineamientos para instrumentar eficazmente las políticas establecidas en la reforma de telecomunicaciones y en sus subsecuentes leyes secundarias. Se insta que lo hagan a la brevedad posible para alcanzar efectivamente los beneficios planteados en la reforma.

En específico se solicita:

• Impulsar la competencia efectiva, al contemplar y aplicar efectivamente medidas para reducir los niveles de concentración, regular el control sobre insumos esenciales y combatir prácticas anticompetitivas

• Que el IFT dé un seguimiento continuo a la aplicación efectiva de las medidas referidas y que imponga sanciones en caso de retraso o cumplimiento parcial.

• Definir líneas de acción específicas para alcanzar las metas establecidas en la reforma y en la Estrategia Digital Nacional. Dar seguimiento continuo de éstas y publicar continuamente su desarrollo y avances en los efectos de las mismas.

• Generar un calendario inamovible de licitaciones a largo plazo para dar certidumbre de las inversiones en el sector. Asimismo, conformar una comisión específica que determine la razón de la baja participación de las últimas licitaciones y establecer mecanismos que eviten que este escenario tenga lugar en futuros procesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Xavier Nava Palacios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a elaborar estudios técnicos para decretar un área de exclusión pesquera en el polígono de protección de la reserva de la biosfera Archipiélago de Revillagigedo, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Archipiélago de Revillagigedo se localiza en el océano Pacífico a 382 kilómetros de Cabo San Lucas en la Península de Baja California y a 661 kilómetros del Puerto de Manzanillo, en el estado de Colima; se encuentra constituido por tres islas: Socorro, Clarión y San Benedicto; así como por el Islote Roca Partida, el cual forma parte de una cordillera submarina que representa la cima de volcanes que emergen sobre el nivel del mar.

Respecto a su historia, el Archipiélago de Revillagigedo fue descubierto el 21 de diciembre de 1533 por navíos españoles cuya misión era explorar el océano Pacífico; las naves desembarcaron en la Isla de Santo Tomás (hoy Socorro). Después, en 1542, Ruy López de Villalobos descubre la Isla de Santa Rosa (hoy Clarión), la más lejana de la costa, a 1,100 kilómetros de Manzanillo; y en 1779 fue descubierto por José Camacho el Islote Roca Partida.

La importancia de dicha zona radica en sus características ecosistémicas, aunadas a sus particularidades geológicas, lo que lo hace un hábitat idóneo para la existencia de una gran diversidad de flora y fauna, lo que genera un conjunto único de procesos biológicos y ecológicos.

Dichas características son objeto de interés científico en diversos campos de estudio sobre biodiversidad, biogeografía y evolución. Las condiciones insulares de las Islas Revillagigedo las convierten en un laboratorio natural para estudiar los fenómenos de colonización, dispersión y adaptación de diversas especies.

El archipiélago posee un alto porcentaje de la reserva genética del Pacífico Oriental y cuenta con especies endémicas de reptiles, crustáceos y moluscos. Presenta elevados niveles de endemismo en cerca del 33 por ciento de sus plantas y del 100 por ciento de la avifauna terrestre. Por esta razón, el Consejo Internacional para la Preservación de las Aves lo considera como un área de importancia primaria en cuanto a aves endémicas, equinodermos y peces.

Revillagigedo es una zona de alimentación, crecimiento y anidación de cuatro de las seis especies de tortugas marinas que habitan en las costas mexicanas. En sus aguas se reproducen y habitan también numerosos peces de importancia comercial como el atún, la sierra, el tiburón y la langosta. Las zonas costeras y someras son importantes para las ballenas jorobadas que se reproducen, crían y amamantan a los ballenatos en sus aguas. La productividad de las aguas resultado de afloramientos es responsable de una alta biodiversidad, por lo que el archipiélago es considerado como un “oasis” para la flora y fauna marinas.

En este ecosistema se encuentran algunas especies en peligro de extinción, como el cenzontle y el tecolote enano, así como especies amenazadas, entre ellas, el gavilán de cola roja y el perico verde.

Atendiendo a su riqueza natural y a los beneficios ambientales que aportan todos los elementos en dicha zona, en 1994 el Archipiélago de Revillagigedo, fue decretado como Área Natural Protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera.

A pesar de ello, la zona ha venido enfrentando diversos problemas que han deteriorado su naturaleza y, consecuentemente, ponen en peligro la preservación de la misma; dicha problemática tiene su origen en fuentes propias de sus características naturales, sin embargo, el elemento más preocupante es la intervención negativa del hombre en la zona, a través de la ejecución de actividades irregulares como la pesca ilegal, la pesca deportiva sin control y el buceo recreativo que ha impactado gravemente a dicha reserva.

Al respecto, según diversos medios de comunicación, se tiene documentada la presencia de embarcaciones irregulares que realizan la pesca de atún aleta amarilla y otras especies, en una zona no permitida por la regulación ambiental.

Ante la necesidad de preservar dicha riqueza ecológica, diversos organismos gubernamentales y miembros de la comunidad científica diseñaron el Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2007.

Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuenta con el Programa de Inspección y Vigilancia en la Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo, no obstante, ello no evita que barcos de pesca, comerciales y deportivos, penetren en sus aguas protegidas intentando aprovecharse ilícitamente de la rica fauna marina del lugar.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Mario Gilberto Aguilar Sánchez, aseguró que se han hecho esfuerzos por combatir la pesca clandestina, sin embargo, existe un déficit de vigilancia y control en algunas zonas consideradas de reserva ecológica.

La situación es grave, no podemos ser omisos ante las evidencias que nos obligan a generar condiciones que verdaderamente garanticen la protección exitosa de nuestros recursos naturales.

Los legisladores integrantes del Partido Verde Ecologista de México asumimos el compromiso conjunto para trabajar en la consolidación de políticas que abonen a la preservación de nuestro medio ambiente, es por ello que en meses pasados presentamos un exhorto para solicitar la ampliación de la superficie de conservación del Archipiélago de Revillagigedo, con la finalidad de garantizar que zona de tan alto grado valor ambiental, no sólo se conserven sino se amplíen debido a los enormes beneficios ambientales que prestan.

En consonancia a ello, el día de hoy fortalecemos nuestro trabajo buscando que dentro de la superficie protegida se establezca un área de exclusión pesquera, con la finalidad de poner un alto a las actividades ilegales que ponen en peligro la subsistencia de especies que habitan en ella, especialmente porque el Archipiélago de Revillagigedo es considerado como uno de los últimos acuarios que existen en el planeta, siendo declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

Dicha declaratoria abre la posibilidad de extender restricciones en la actividad pesquera en 12 millas náuticas alrededor de las islas, considerándose como una posibilidad la prohibición de la pesca deportiva en todo el polígono que conforma el Archipiélago de las Revillagigedo, tal y como lo refirió el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ante el trabajo de actualización del programa de manejo de la referida zona.

No obstante, según manifestaciones de investigadores y biólogos señalan que dicha restricción resulta insuficiente para proteger a la fauna marina de la pesca ilegal, ya que aun cuando el objetivo de las embarcaciones son pescar atún, tiburón y mero, lamentablemente, durante la ejecución se llegan a provocar la muerte incidental de especies protegidas como tortugas, delfines y mantarrayas gigantes, provocando con ello una alteración en el ciclo biológico, al ser esta zona una escala durante las grandes migraciones, precisamente de ballenas, tortugas y mantarrayas gigantes.

Una vía para lograr la protección eficaz de las especies protegidas y erradicar por completo las actividades ilícitas en contra de las mismas, es determinar un área de exclusión pesquera, incentivando el aprovechamiento sustentable de las especies marinas cuyo tamaño de sus poblaciones no pone en riesgo su conservación, por ejemplo el atún.

Atendiendo a la problemática, en el Partido Verde Ecologista de México celebramos y reconocemos los esfuerzos realizados para alcanzar grandes logros que han permitido decretar áreas de conservación, sin embargo, consideramos que aún queda mucho por hacer para garantizar la adecuada preservación de las Islas Revillagigedo, y principalmente, de las especies marinas que en ellas habitan, sin afectar la pesca legal de especies que no se enfrentan peligro alguno para su conservación.

Por todo lo manifestado, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que en el ámbito de sus atribuciones, elaboren los estudios técnicos necesarios a efecto de que se decrete un área de exclusión pesquera dentro del polígono de protección de la Reserva de la Biósfera del Archipiélago de Revillagigedo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 07 días del mes de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura de Guerrero a inspeccionar en el Juzgado Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares si se han dictado en forma y en los términos establecidos en la ley las resoluciones y los acuerdos en las causas penales, particularmente en la 9/2013-II, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena

Roberto Jacobo Guzmán, en mi calidad de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que el día 10 de enero de 2013 fue consignada, sin detenido, la averiguación previa TAB/EDS/02/0934/2012 ante el Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Tabares, Guerrero, la cual fue registrada bajo la causa penal número 9/2013-II instaurada en contra del ciudadano Tomás de la Cruz Jacobo.

Que derivado de la anterior el ciudadano Tomás de la Cruz Jacobo fue detenido el día 22 de enero de 2013 y puesto a disposición del Juez Penal Octavo de lo Penal y se le dictó auto de formal prisión el día 28 de enero del 2013, día en que se abrió el juicio a prueba.

Ahora es el caso que ha transcurrido más de cuatro años y sin que se haya dictado sentencia de primera instancia, toda vez que no ha sido posible desahogar la totalidad de las pruebas y cuyas causales no son imputables a la defensa como dilación injustificada.

Es el caso que la presunta agraviada se ha cambiado de domicilio a otro estado del país, y a pesar de ser sabedora de su obligación de presentarse ante el Juzgado para concluir el proceso penal iniciado, no se ha presentado ante el Juez de la causa, razón por la que no ha sido posible desahogar todas las probanzas relacionadas con la presunta víctima, como los careos procesales, lo que ha dejado al ciudadano Tomás de la Cruz Jacobo en estado de indefensión al no poder confrontar a su acusador y realizarle las preguntas de descargo a que sean necesarias, lo que ha hecho imposible, material y jurídicamente, el poder finalizar la instrucción de la causa penal y dictar sentencia.

Esta dilación injustificada no atribuible a la defensa del inculpado, vulnera los principios constitucionales y convencionales de presunción de inocencia (artículo 20 inciso B fracción I CPEUM), acceso a la justicia pronta y expedita (artículo 17 párrafo segundo CPEUM), y exceden los parámetros establecidos de la prisión preventiva (20 inciso B fracción IX)

Segunda. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice:

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

Por a su parte el artículo 20, inciso B), del mismo ordenamiento establece, entre otros, los derechos de los imputados y a la letra dice:

“B. De los derechos de toda persona imputada :

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa ;

II... III

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley ;

V... VI

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa ;

VIII...

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

Por su parte, el acceso a la justicia se encuentra ampliamente reconocido en el sistema interamericano de derechos humanos, el cual señala una serie de derechos fundamentales:

Para el caso concreto que nos ocupa es necesario señalar lo dispuesto en el artículo 8.1 que a la letra dice:

“Artículo 8o. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable , por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a)... e);

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

...”

Por otra parte el artículo 25 indica:

“Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

...”

Tercera. Sin prejuzgar sobre la inocencia o culpabilidad del ciudadano Tomás de la Cruz Jacobo, es evidente que este se encuentra en el supuesto establecido por el artículo 20 inciso B) fracción IX párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece:

“La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares”.

En este orden de ideas, debe estarse a los dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Federal, de acuerdo a los propios criterios que ha establecido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y normas de derecho internacional que resultan aplicables sobre la adopción, de la interpretación más favorecedora de la protección del derecho humano, en aplicación del principio pro homine.

Es decir, el parámetro de preferencia interpretativa, derivado del artículo 1º de la Constitución Federal, que obliga, en primer lugar, a que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, no sólo a velar por los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos contenidos en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; y, en segundo lugar, que al configurar los contenidos de tales derechos, cualquier autoridad del Estado Mexicano debe preferir la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al resolver la acción de inconstitucionalidad 155/2007 , en sesión de siete de febrero de dos mil doce. Ministro Ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Encargado del engrose Ministro José Ramón Cossío Díaz. Secretarios Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

En la parte relativa, que es trascendente para el estudio que se realiza en la presente ejecutoria, se afirmó:

“En este sentido, al resolver el asunto Varios 912/2010, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia determinó que tal disposición debe leerse e interpretarse de manera conjunta con lo que dispone el artículo 133 de nuestra Constitución Federal y, a partir de ello, estableció la existencia de un parámetro de control de la regularidad de las normas que integran el sistema jurídico mexicano.

Este parámetro se refiere a un conjunto de normas a partir de cual se determina la regularidad o la validez de las normas que integran al ordenamiento jurídico mexicano. Adicionalmente, este parámetro constituye un catálogo normativo que permite a los juzgadores determinar cuál de ellas resulta más favorable para las personas, a fin de ser tomado en cuenta para la circunstancia particular a la que se enfrenten.

Dicho parámetro está compuesto, tal como ya los sostuvo este Tribunal en la resolución del expediente varios 912/2010, en su párrafo 31, de la siguiente manera:

• Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1º y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación;

• Todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte;

• Los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte.

El texto del segundo párrafo del nuevo artículo primero constitucional, cada una de las autoridades debe favorecer la protección más amplia para cada caso concreto.

Lo anterior implica la existencia de un objetivo constitucional : favorecer en todo momento la protección más amplia de los derechos humanos.

A fin de cumplir este objetivo, en cada uno de los casos que se les presenten en el ámbito de sus competencias, tanto los juzgadores, como las demás autoridades del Estado Mexicano, deberán elegir si son los derechos humanos de fuente constitucional (así como sus interpretaciones) o los derechos humanos de fuente internacional, los que resultan más favorables.

Es decir, de las opciones normativas posibles, nacionales o internacionales, las autoridades deberán elegir y preferir la que resulte en una protección más amplia de las personas.

Lo procedente es que los jueces del Estado Mexicano al interpretar el contenido de un determinado derecho humano, elijan el estándar que resulte más favorable para los individuos de entre los contenidos en fuente constitucional o aquellos que se deriven de fuente internacional.

Consecuentemente, corresponde a los jueces, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, la realización de un ejercicio de valoración derivado del mandato contenido en la parte final del segundo párrafo del nuevo artículo 1° constitucional para la elección del estándar normativo que integrará el parámetro de regularidad constitucional a aplicar en cada caso concreto, buscando siempre el objetivo constitucional: aplicar el que resulte en el mayor beneficio de las personas.

A partir de esta obligación genérica de todos los jueces del Estado Mexicano, ya en el ámbito de sus atribuciones tratándose de las acciones de inconstitucionalidad, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe limitarse al texto constitucional, sino que también debe tomar en cuenta lo establecido en los convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, aun cuando no hayan sido invocados.

Así, la integración del parámetro de control de constitucionalidad en cada caso concreto, para el posterior ejercicio de valoración derivado del mandato contenido en la parte final del segundo párrafo del nuevo artículo 1° constitucional realizado por este Tribunal, debe incluir de forma oficiosa los estándares derivados de las disposiciones internacionales que establezcan derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano.”

Cuarta. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado Libre y Soberano de Guerrero, Consejo de la Judicatura del estado de Guerrero cuenta con una Visitaduría General como un órgano auxiliar competente para inspeccionar el funcionamiento de todas las áreas del Poder Judicial y para supervisar la conducta de los servidores públicos, que tiene, entre otras, las siguientes funciones:

“Capítulo X

De la Visitaduría General

103. La Visitaduría General es el Órgano Auxiliar competente para inspeccionar el funcionamiento de todas las áreas del Poder Judicial y para supervisar la conducta de los servidores públicos.

Artículo 106. Además de las encomiendas específicas que les asigne el Consejo de la Judicatura Estatal, en las visitas que se practiquen, los visitadores tomando en cuenta las particularidades de cada órgano, realizarán las actividades siguientes:

I...V;

VI. Examinar si en forma y términos establecidos por la Ley, se han dictado las resoluciones y acuerdos en las causas penales y de justicia para adolescentes, así como en los expedientes civiles o familiares, y si se han practicado, en igual forma, las notificaciones y diligencias ordenadas; (Reformada, p.o. 19 de julio de 2011”.

Quinta. En el estado de Guerrero el 46.8 por ciento de los presos están en espera de que les dicten sentencia, de acuerdo con el reporte mensual de información estadística penitenciaria nacional de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El reporte que corresponde a noviembre de 2015, informa que 2 mil 550 reos están en proceso y 2 mil 898 ya están sentenciados, todos viven amontonados en alguna de las 15 cárceles sobrepobladas del estado, según el informe.

Por delitos del fuero común hay en proceso 2 mil 185 internos, de los cuales 2 mil 22 son hombres y 163 mujeres. Por delitos federales 365 reos están en proceso, de los cuales 336 son hombres y 29 mujeres.

Los que están sentenciados por delitos del fuero común son 2 mil 342 presos, de los cuales 2 mil 222 son hombres y 120 mujeres, por delitos federales los sentenciados son 556 reclusos, 535 hombres y 21 mujeres.

En las cárceles de Acapulco, Zihuatanejo, Tlapa, San Luis Acatlán, Arcelia y Ometepec, más del 50 por ciento de los internos no han sido sentenciados, mientras que en las prisiones de Chilpancingo, Iguala, Ayutla y Coyuca de Catalán el porcentaje de internos sin sentencia rebasa el 40 por ciento.1

En la cárcel de Acapulco, más del 50 por ciento de los internos están en espera de que les dicte sentencia, son mil 216 de un total de 2 mil 400 presos. Esta prisión tiene capacidad para mil 676 reos, pero en ella viven 2 mil 400, con una sobrepoblación de 724 internos, está rebasada en un 43.2 por ciento.

En el reclusorio de Chilpancingo, el 43 por ciento de los presos están en espera de sentencia, 447 de un total de mil 25 reclusos. Esta cárcel tiene capacidad para 624 internos, pero en ella viven mil 25 reclusos, con una sobrepoblación de 401 presos, está rebasada en 64.24 por ciento.

En el penal de Iguala, el 40 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 180 de un total de 447 reos. Esta cárcel tiene capacidad para 412 internos, pero viven ahí 447, con una sobrepoblación de 35 internos, está rebasada en 8.50 por ciento.

En la cárcel de Tlapa el 52 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 160 de un total de 306 reos. Esta cárcel tiene una capacidad para 60 internos, pero viven en ella 306, tiene una sobrepoblación de 246 presos y está rebasada en 410 por ciento.

En la prisión de Zihuatanejo el 50 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 77 de 154 reclusos. Tiene capacidad para 67 internos, pero viven 154, con una sobrepoblación de 87 reos, está rebasada en 129.85 por ciento.

En la cárcel de La Unión el 18 por ciento de los presos no ha recibido sentencia, 26 de 143 recluidos, con una capacidad para 200 internos, y hasta noviembre de 2015 había 143 presos.

En el penal de Chilapa, el 29 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 49 de un total de 164 reos, tiene capacidad para 92 internos pero viven 164, tiene una sobrepoblación de 72 reclusos, su capacidad está rebasada en 78.26 por ciento.

En el reclusorio de Ayutla el 42.97 por ciento de los internos no han sido sentenciados, 52 de 121 presos, no hay sobrepoblación, ya que es para 131 reos.

En Tecpan, el 36.55 por ciento de los internos no han sido sentenciado, 53 de 145 reclusos. Esta prisión tiene capacidad para 56 internos, pero viven 145, tiene una sobrepoblación de 89 reos, su capacidad está rebasada en 158.93 por ciento.

En el penal de San Luis Acatlán el 65.62 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 63 de un total de 96 internos, tiene una capacidad para 55 internos, pero viven 96, tiene una sobrepoblación de 41 reclusos, está rebasada en 74.55 por ciento.

En la cárcel de Coyuca Catalán el 45.74 por ciento de los reos no han sido sentenciados, 43 de 94 internos. Esta penitenciaria tiene capacidad para 36 internos, pero en ella viven 94, con una sobrepoblación de 58 presos, su capacidad está rebasada en 161.11 por ciento.

En la prisión de Arcelia el 55.93 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 33 de un total de 59 reos. Este reclusorio tiene capacidad para 38 internos, pero ahí viven 59, tiene una sobrepoblación de 21 reos, su capacidad está rebasada en 55.56 por ciento.

En el penal de Taxco el 37.63 por ciento de los internos están en espera de recibir sentencia, 35 de 93 internos, hay una capacidad para 69 presos pero en ella viven 93, tiene una sobrepoblación de 24 internos, está rebasada en 34.78 por ciento.

En la penitenciaría de Teloloapan el 23.43 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 15 de 64 reos. Este reclusorio tiene capacidad para 52 internos pero viven 64, tiene una sobrepoblación de 12 reos.

En la prisión de Ometepec el 51.82 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 71 de 137 reos. Este penal tiene capacidad para 52 presos pero viven 137, tiene sobrepoblación de 85 reclusos, está rebasado en 163.46 por ciento.

De octubre a noviembre de 2015 el número de internos en las cárceles de Guerrero aumentó de 5 mil 398 a 5 mil 448, es decir 50 reos más.

El caso concreto que aquí se presenta, registrado bajo la causa penal número 9/2013-II radicado ante el Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Tabares, Guerrero, que tiene como inculpado al ciudadano Tomás de la Cruz Jacobo, solo es uno de los miles de casos de presos que se registran, en el estado de Guerrero, y llevan años sin que se les haya dictado sentencia.

Para perseguir delitos, el Estado no debe violentar ni la Constitución ni los derechos fundamentales. Nadie busca impunidad. Que se juzgue a todos los que estén bajo proceso, pero que se cumpla con lo dispuesto por la Carta Magna.

Por las razones arriba expuestas, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta al Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero para que, a través de la Visitaduría General realice una inspección al del Juzgado Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, para que conforme a su atribuciones examine si en forma y términos establecidos por la ley, se han dictado las resoluciones y acuerdos en las causas penales, particularmente en la 9/2013-II.

Nota

1 El Sur –Periódico de Guerrero– Al 46.8 por ciento de los presos en Guerrero no se les han dictado sentencia y viven amontonados, reporta la Segob.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwiSgpC4ssLSAhUH4mMKHbCPBnoQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fsuracapulco.mx%2F2%2Fal-46-8-por
-ciento-de-los-presos-en-guerrero-no-se-les-ha-dictado-sentencia-y-viven-amontonados-reporta-la-segob%2F
&usg=AFQjCNFLID8Cqr82cINxVb-Iuv0-4fjFZw

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a pagar mediante el Inapesca una compensación a los pescadores afectados del golfo de Santa Clara, Sonora, por la veda impuesta en la zona, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Aspectos generales

La acción y efecto de prohibir algo por mandato o por ley, se refiere a la veda. El término también se utiliza para nombrar al espacio de tiempo en que están prohibidas (vedadas) la caza y la pesca. En este sentido, la veda suele aplicarse para evitar la depredación de los recursos naturales y para permitir la reproducción (y, por lo tanto, la subsistencia) de los animales.1

Asimismo, en términos de la Ley de Acuacultura y Pesca Sustentable, se entiende por veda al acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie.2

En nuestro país el instituto Nacional de Pesca es la única institución mexicana de investigación pesquera y acuícola con cobertura nacional en permanente contacto con el sector pesquero y acuícola, sus problemas de desarrollo y administración.3

El 17 de febrero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece la cuota de captura para el aprovechamiento de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), en aguas de jurisdicción federal para la temporada de pesca 2016-2017, mediante el cual la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con base en el dictamen del Instituto Nacional de Pesca, establece para la temporada de aprovechamiento 2016-2017 una cuota de captura total para la pesquería de curvina golfina de 4,338 toneladas de peso entero.

Planteamiento del problema

Al respecto, los pescadores del Golfo de Santa Clara, en el estado de Sonora, no pueden ejercer su actividad productiva, debido a que desde hace dos años la federación decretó veda total en la zona, con la intención de salvaguardar a la vaquita marina.

Según reseña de un diario local, en febrero del presente año, tras dos días de capturar la curvina golfina en el Golfo de Santa Clara, la pesquería fue suspendida por las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al no presentar la Manifestación de Impacto Ambiental.4

No obstante, el Comité Consultivo de la Pesquería argumenta que se envió en tiempo y forma la Manifestación de Impacto Ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para seguir con la pesquería dentro de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado en lo expedito.5

En virtud de lo anterior, los pescadores y permisionarios argumentan que ellos han tratado de acatar todas las disposiciones del gobierno para que su pesquería de curvina cumpla en lo posible con todo”.6

Asimismo, han manifestado su intención de colaborar en la implementación de tecnología que permita demostrar que la pesca legal de curvina no es parte de la extracción ilegal de totoaba.7

De lo antes expuesto se advierte que los pescadores de Golfo de Santa Clara, Sonora no pueden ejercer su actividad productiva por falta de la Autorización de Impacto Ambiental que al efecto emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; es decir un problema ajeno a ellos.

En virtud de ello, es de indicar que si bien la autoridad ambiental competente para emitir la Autorización de Impacto Ambiental debe valorar adecuadamente los posibles efectos adversos al ambiente para emitir dicha autorización a los pescadores del Golfo de Santa Clara, en el estado de Sonora, también lo es que los mismos son ajenos a dicha problemática.

Por lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, estamos convencidos de que la protección y conservación de los recursos naturales de nuestros país son una herramienta para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, no obstante, y a efecto de la autoridad ambiental normativa competente evalúe correctamente todos los efectos adversos para emitir la autorización a los pescadores del Golfo de Santa Clara, en el estado de Sonora sin afectar la realización de una actividad que representa su medio de vida, ponemos a consideración del esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de su organismo público descentralizado, el Instituto Nacional de Pesca, para que en el ámbito de sus facultades, pague una compensación a los pescadores afectados del Golfo de Santa Clara, Sonora, por la veda impuesta en la zona.

Notas

1 Cfr. http://definicion.de/veda/

2 Cfr. Artículo 4 fracción XLVII de la Ley de Acuacultura y Pesca Sustentable.

3 http://www.gob.mx/inapesca/articulos/que-es-el-inapesca?idiom=es

4 http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/28022017/
1187011-Pescadores-del-Golfo-de-Santa-Clara-piden-trabajar.html

5 Ibídem

6 Ibídem

7 Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a iniciar indagatorias de oficio por la desaparición y el presunto desvío de mil 943 millones 130 mil pesos en el estado de México, recibidos a través de fondos y programas federales en 2015, según los reportes de la ASF, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición como de urgente u obvia resolución con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El 15 de febrero de 2017 la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el Informe General de la Cuenta Pública 2015, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo que señalan los artículos 28, 29, 30 y 85, fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Como órgano del Estado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe rendir cuentas de sus actividades; en ese sentido, para informar a la sociedad respecto al resultado de su revisión al ejercicio de los recursos públicos, a fin de que la ciudadanía tenga a su alcance datos para analizar y evaluar las políticas públicas.

En este orden, se entregó a la H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia, “un total de 1,643 informes individuales, correspondientes a 792 auditorías financieras con enfoque de desempeño, 527 auditorías financieras y de cumplimiento, 149 auditorías de desempeño, 138 auditorías de inversiones físicas, 23 estudios y evaluaciones de políticas públicas y 14 auditorías forenses, así como de un Informe General”.1

Del total de auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2015 es preciso señalar que la mayor parte, 1,059, se realizaron a entidades federativas y municipios, 599 al Poder Ejecutivo, 18 a órganos constitucionalmente autónomos, cuatro al Poder Judicial y tres al Poder Legislativo, arrojando un total de 603 diferentes entes auditados.2

Se realizaron 1,184 auditorías fueron realizadas al renglón de gasto federalizado —que está orientado a equilibrar la distribución de los recursos en todo el país—, 187 a funciones de desarrollo económico —que incluye principalmente infraestructura, energía, agua, agricultura y transporte—, 138 a las funciones de desarrollo social —que considera la salud, la vivienda, la alimentación y la educación—y 134 a funciones de gobierno —relacionadas con las finanzas públicas, seguridad nacional, administración, control, defensa, procuración de justicia y gobernación.3

A nivel agregado, tenemos que para la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se seleccionaron muestras equivalentes a (1) 13.6 por ciento del gasto del sector público presupuestario; (2) 70 por ciento del gasto federalizado; (3) 37 por ciento de diversos conjuntos como cuentas de balance, deuda pública y fideicomisos, entre otros, y (4) 33.4 por ciento del total de los ingresos ordinarios del sector público presupuestario.

La ASF determinó, como resultado de su fiscalización, 9,524 acciones integradas por: 3,956 recomendaciones, cuyo propósito es mejorar el desempeño, los procesos administrativos y sistemas de control de las entidades auditadas; 392 solicitudes de aclaración, en las que se requiere documentación adicional para soportar las operaciones y los montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión.

Segunda. Según el Informe General de la Cuenta Pública 20154 elaborado por la ASF, de 10 mil 529 millones 453 mil pesos que recibió el Estado de México, no se pudieron justificar, ni demostrar el destino del 18.5%.

Es decir, en el Estado de México se encontraron irregularidades por la cantidad de mil 943 millones 130 mil pesos de los en fondos y programas federales, que durante el 2015, recibió la actual administración local.

La ASF fiscalizó los recursos transferidos a Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, Tratamiento de Aguas Residuales, Desarrollo Regional Turístico Sustentable, así como fondos Metropolitanos y de Contingencias Económicas. Cabe resaltar que el órgano Supremo de Fiscalización apuntó que el Gobierno del Estado de México no repartió ni regresó recursos que estaban destinados a obras para crear, rehabilitar, o mejorar espacios deportivos.

Cabe señalar que, la ASF concluyó que el Instituto de Salud del Edomex (ISEM), tampoco realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), según otra nota del diario nacional Reforma.5

Por otra parte, cabe señalar que según datos de la Secretaría de Hacienda, actualmente la deuda pública del Estado de México asciende a 36 mil 836 millones 800 mil pesos,6 que equivalen al 83.3% de las participaciones federales, es decir, más de tres cuartas partes de las aportaciones están comprometidas al pago de la deuda pública.

Además, de acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano en México 2016, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), el gasto per cápita en el Estado de México, durante el 2012, ascendió a 12,000 pesos corrientes. Prácticamente el gasto público que ha realizado la actual administración del Estado de México se caracteriza por la opacidad, pues la rendición de cuentas en programas y fondos de aportación ha sido deficiente según lo fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación.

Bajo esa tesitura, es viable mencionar que el Estado de México, según la Percepción sobre la frecuencia de la corrupción en los Estados, 7 se ubica dentro de los primeras diez entidades en las que su población considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes.

Tercera. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la atribución del Ministerio Pública de investigar y perseguir los delitos y a la letra señala:

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función .

....

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala . La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución

...”.

Es decir, el ministerio público está facultado, en el ámbito de su competencia, para iniciar indagatorias de oficio derivadas del simple conocimiento de la probable comisión de un delito.

En este sentido cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha señalado que

“las reformas al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación mediante decreto de 31 de diciembre de 1994, al pretender impedir que las actuaciones del Ministerio Público respecto de la persecución de los delitos fueran negligentes o arbitrarias y que, por actos de corrupción, quedara algún delito sin ser perseguido ; además, porque es menester brindar, de nueva cuenta, confianza y seguridad a los gobernados en sus instituciones, al saber que su indagatoria no será archivada o enviada a reserva por un simple acto unilateral de autoridad; actuación que atentaría contra los derechos que la Constitución ha reconocido a las víctimas, dado que su pretensión al denunciar, en todos los casos, será lograr el ejercicio de la acción penal, y en nada lo beneficia el que se le faculte para combatir el no ejercicio si no se le reconoce su derecho a exigir que, ante un acuerdo de reserva, el Ministerio Público continúe con las averiguaciones correspondientes para resolver respecto del ejercicio de la acción penal. Una posición contraria implicaría solapar el estado de indefensión e inseguridad jurídica en el que queda el gobernado, con lo que se harían nugatorios el espíritu y alcances de la reforma constitucional aludida, llegando al punto, inclusive, de que el referido numeral 21 se convierta en letra muerta .”7

Cuando existen indicios e incluso pruebas fehacientes de la comisión de ilícitos, la autoridad ministerial debe actuar de oficio dentro del marco de sus responsabilidades institucionales. La existencia de hechos que quedan impunes genera reclamos de mayor dureza en la sociedad. La percepción de que la impunidad prevalece y que la sanción no es oportuna o inclusive, no se presenta, alimenta la frustración social, lastima profundamente la confianza en las instituciones y socava la relación entre gobierno y ciudadano.

Cuarta. Durante la presentación del estudio sobre el “Sistema Nacional de Fiscalización de México: Fortaleciendo la Rendición de Cuentas para el Buen Gobierno ”8 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Secretario General de ese organismo; José Ángel Gurria señaló que:

“El programa de reformas que México ha emprendido para combatir la corrupción, reforzar la rendición de cuentas y promover la integridad y la transparencia en todo el país se encuentra en un momento decisivo.

Con la promulgación dela Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el pasado 18 de julio (de 2016), se han sentado los fundamentos jurídicos que sostendrán las reformas. Ahora la atención recae en hacer cumplir lo legislado. De ello dependerá que las reglas del juego en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento de la rendición de cuentas para el buen gobierno resulten en un cambio de la dimensión que el país exige.

La Auditoría Superior de la Federación, junto con otros actores clave para la rendición de cuentas, será determinante para lograr este objetivo . Las entidades fiscalizadoras superiores de todo el mundo están desempeñando un papel cada vez más importante, que va más allá de la supervisión tradicional y aporta ideas para apoyar todo el proceso de formulación y puesta en marcha de las políticas públicas”.

En el estudio “El Sistema Nacional de Fiscalización de México. Fortaleciendo la rendición de cuentas para el buen gobierno” de 2016 se indica que:

“Los cambios en la legislación amplían el mandato y las atribuciones de la ASF y crean el fundamento jurídico para que esta institución aumente su influencia y relevancia. Por ejemplo, como consecuencia de las reformas, en la actualidad la ASF genera un informe sobre la situación del gasto público para el Congreso mexicano dos veces más durante el año fiscal y su nueva misión será el hacer investigaciones para disminuir irregularidades administrativas.

Sin embargo, tener mayor autoridad y responsabilidades también conlleva desafíos y riesgos. Este informe ofrece análisis sobre las actividades y medidas estratégicas que puede tomar la ASF para aprovechar su ventaja comparativa en materia de auditoría a fin de mejorar sus aportaciones a la gobernanza y la rendición de cuentas y evitar extralimitarse en el uso de sus facultades y atribuciones.

Conforme México pase de la legislación a la aplicación, los actores responsables de la rendición de cuentas serán el eje para cumplir con las expectativas de las reformas recientes. En especial, la Auditoría Superior de la Federación y otras entidades de fiscalización operan en la intersección de la rendición de cuentas, la integridad y la buena gobernanza . Desde esta posición excepcional, ofrecen supervisión, análisis y prospectiva para una gobernanza con rendición de cuentas, políticas basadas en evidencia y, en última instancia, una vida mejor para el pueblo de México”.9

Por tanto, resulta indispensable que el uso y destino de los recursos públicos y aportaciones federales, que se entregan a las entidades federativas, se empleen de manera transparente y acompañados de su respectiva rendición de cuentas, para fomentar la confianza en los entes públicos.

Las recientes observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de México no deben quedar como meros llamados de atención; se tienen que aclarar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por la que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que inicie indagatorias de oficio por la desaparición y presunto desvió de 1,943 millones 130 mil pesos en el Estado de México, durante la administración de Eruviel Ávila Villegas como gobernador, recibidos a través de fondos y programas federales en el 2015, según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación del 15 de febrero de 2017.

Notas

1 Entrega del Informe General Cuenta Pública 2015 Mensaje del Auditor Superior de la Federación

http://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/M ensaje_ASF_IRCP15.pdf

3 Ídem.

4 Ibídem.

Auditoría Superior de la Federación, Informe General de la Cuenta Pública 2015, disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ ig2015.pdf

5 Islas, Laura, Detectan “cochinero” en Salud de Edomex, Reforma, 28/02/2017, disponible en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx

6 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos, disponible en:

http://obligaciones_entidades.hacienda.gob.mx/es/OBLIGAC IONES_ENTIDADES/2010

7 Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. Amparo en revisión 189/2009. 30 de septiembre de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria: María de Jesús Ruiz Marinero. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 86/2010, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 124/2010 de rubro: “Averiguación previa. Procede el amparo indirecto contra la resolución que determina o confirma el acuerdo de reserva de aquélla, (interpretación del artículo 21 constitucional en su redacción anterior a la reforma de 18 de junio de 2008).

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact
=8&ved=0ahUKEwis5vWtMHSAhVFjCwKHeRnC74QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fius.scjn.gob.mx
%2FSJFSist%2FDocumentos%2FTesis%2F165%2F165330.pdf&usg=AFQjCNEph6-TguJoki3XncHjWmQ-RT4wDw

8 Presentación del estudio sobre el “Sistema Nacional de Fiscalización de México: Fortaleciendo la Rendición de Cuentas para el Buen Gobierno” http://www.oecd.org/mexico/presentacion-del-estudio-el-sistema-nacional -de-fiscalizacion-de-mexico-fortaleciendo-la-rendicion-de-cuentas-para- el-buen-gobierno.htm

9 Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública El Sistema Nacional de Fiscalización de México. Fortaleciendo la rendición de cuentas para el buen gobierno. Prologo y Resumen Ejecutivo.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=
0ahUKEwiHnebFjMLSAhULliwKHbNwAoQQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.asf.gob.mx%2Fuploads%2F56_Informes
_especiales_de_auditoria%2FV._Ejecutiva_Informe_OCDE_ESP.pdf&usg=AFQjCNFkicCNOJQzIPQr83pxpgXQ3Wqk1Q

Palacio Legisltivo, a 7 de marzo de 2017.

Diputados: Magdalena Moreno Vega, Sandra Luz Falcón Venegas, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Juan Romero Tenorio (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a auditar los recursos entregados por la SRE a las fundaciones AEM-USA Foundation y Parents Alliance INC en el periodo 2014-2016, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Tercero, Capítulo II, Sección V, en su artículo 79, fracción III, indica que se Investigarán los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales.

2. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Título Tercero, Capítulo I, en su artículo 47 indica que la Auditoria Superior de la Federación fiscalizara? directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Además su artículo 48, indica que la Auditoria Superior de la Federación llevara? a cabo las auditorías a que se refiere el Capítulo 1, Título Tercero, como parte de la revisión de la Cuenta Pública, con base en lo establecido en el Título Segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Asimismo, podrá? fiscalizar los recursos federales a que se refiere el artículo 47, correspondientes al ejercicio fiscal en curso o a años anteriores al de la Cuenta Pública en revisión.

3. Se han entregado más de $1036,000,189.00 (mil treinta y seis millones 189 mil pesos) a las asociaciones AEM-USA Foundation y Parents Alliance en el periodo comprendido del 2014 al 2016, esto supera en 5.4 veces el presupuesto programado en ese mismo periodo para el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME)

4. Durante el 2014, Parents Alliance tan solo recibió 66,000 dólares, sin embargo, para el periodo del 2015, apenas un año más tarde, sus fondos financiados con recursos públicos aumentaron en 11,934,000 millones de dólares, es decir, 181 veces más de lo que habían recibido en el periodo anterior.

5. Parents Alliance y AEM-USA Foundation publicaron una relación sobre el destino de los fondos entregados, sin embargo, en este listado no se aporta dato alguno sobre, contratos proveedores y/o entregables que expliquen y justifiquen los gastos de estas asociaciones.

6. De acuerdo al oficio número UDT-1527/2016, la Secretaria de Relaciones Exteriores no cuenta con información en torno a los gastos de Parents Alliance (Puentes para la Paz, AC) y AEM-USA Foundation, hasta el momento la dependencia solo ha informado sobre los recursos asignados.

7. Charity Navigator, una reconocida organización que evalúa fundaciones, ha concluido que los reportes de gastos que se han hecho públicos resultan extraños, reportan importantes pagos a afiliados, pero no reportan o si quiera mencionan – alguna otra organización afiliada, tampoco tienen políticas sobre conflicto de intereses, ni tampoco sobre compensaciones a ejecutivos.

8. De acuerdo con Patricia Herrera Garciadiego, directora de Pontis (Consultoría sobre proyectos sociales), señala que por el monto del nivel de presupuesto recibido por de Parents Alliance (Puentes para la Paz, AC) y AEM-USA Foundation pertenecería al 5% de las organizaciones que operan con más de 10 millones de pesos.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones, a auditar los recursos entregados a las fundaciones AEM-USA Foundation y a Parents Alliance INC (Puentes para la Paz, AC) por la Secretaría de Relaciones Exteriores en los periodos 2014, 2015 y 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de buen gobierno.

Kofi Annan

El Día Internacional de las Mujeres es un día para reflexionar en torno a los progresos alcanzados en la eliminación de las distintas brechas de desigualdad aun imperantes en todo el mundo, brechas en las que nuestro país sigue ocupando uno de los lugares preponderantes en cuanto al cumplimiento cabal de estas deudas y otros derechos de las mujeres.

El 8 de marzo, también es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo y que según Onumujeres: cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales, como esta que quiere crear Donald Trump, y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para recodar este día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.1

Es importante mencionar, que las mujeres no sólo necesitamos hacer uso de la voz un día como hoy, sino que es necesario que esta sensibilidad, sobre todo de los diputados, permanezca todo el año en el trabajo legislativo, dando prioridad a la agenda de género, a la agenda de las mujeres en erradicar las brechas de desigualdad, en prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en su contra.

Por otra parte, el mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las mujeres. Por un lado, la globalización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres.

Precisamente, es por eso que este 8 de marzo las Naciones Unidas reflexionarán sobre cómo acelerar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para impulsar la aplicación efectiva de los nuevos objetivos. Asimismo, se centrará en nuevos compromisos de los gobiernos bajo la iniciativa Demos el Paso de ONU Mujeres y otros compromisos existentes en materia de igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres.

Algunos de los objetivos clave de la Agenda 2030 son:

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

También, este 08 de marzo, las mujeres de más de 40 países del mundo convocamos a un paro mundial: ¡Un día sin nosotras!

El objetivo de esta acción es para que en realidad se valore y se concientice sobre la importancia del trabajo que realizamos las mujeres en la actividad pública, en el trabajo doméstico no remunerado, en la industria, en el comercio, en el hogar, en la crianza, en las oficinas de las empresas y en las del gobierno, en los deporte, en las organizaciones sociales y, en general, en todas las actividades humanas donde el trabajo y poco reconocimiento de las mujeres ha sido más que evidente.

¡Ni una más! ¡Nunca más un mundo sin nosotras! Son algunas de las consignas que a manera de exigencia corearemos miles de mujeres en este país y por supuesto en esta Cámara y en todos los espacios donde interactuemos reclamando nuestro derecho a ser escuchadas y a ser tomadas en cuenta.

Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030.

Es cuánto.

Nota

1Texto disponible en

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena

¡Venciste mujer! Con no dejarte vencer

Pedro Calderón de la Barca

El creciente movimiento internacional de las mujeres, fortalecido por cuatro conferencias mundiales de las Naciones Unidas sobre la mujer, ha ayudado a que esta conmemoración ofrezca la oportunidad de incrementar el apoyo a los derechos y a la participación de las mujeres en las esferas política y económica; sin embargo, es también imprescindible un gobierno comprometido que realmente represente los intereses de las mismas.

Y es que en los últimos años se han dado “actitudes misóginas” de servidores públicos que en lugar de apoyar la lucha por la igualdad, agreden a las mujeres con sus expresiones de violencia machistas, que hace cada día más difícil este reto.

Estos funcionario colocan a las mujeres como objetos con los que se puede hacer lo que se quiera y cuando se quiera; lo cual demuestra un pensamiento reducido, cargado de ignorancia y representativo de un sector misógino en el gobierno, que considera a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría y sin derecho a tener derechos.

Alberto Sosa Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz hasta diciembre de 2016, ha demostrado ser un misógino aberrante, sobre el que pesan serios señalamientos, entre ellos, de dos magistradas con años de laborar allí y de 22 mujeres ex empleadas de dicho poder, en contra de las cuales Alberto Sosa ha arremetido con una saña descomunal, con violaciones a sus derechos humanos y despidos injustos. Dos de estos casos fueron llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro caso fue el de la Magistrada Haydée Gonzalez que aun después de muerta, sigue siendo castigada por su “rebeldía”, por declarar en el 2011 que Alberto Sosa Hernández era un corrupto . La magistrada González fue obligada a retractarse de sus declaraciones con todo tipo de bajezas, lo cual no hizo y ahora las represalias siguen contra su hija.

En septiembre del 2014, el ex diputado local del PRI en Chiapas, Alejandro García Ruiz, declaró en un programa radiofónico que “las leyes como las mujeres, se hicieron para violarlas”. Lo peor de este caso es que el ex diputado expresó fue el pensamiento y la práctica política constante de funcionarios y servidores públicos que separan literalmente el ejercicio público del discurso del respeto, la tolerancia, la inclusión y el pluralismo.

Otro caso es el del alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, quien reconoció que robó, aunque “poquito”, después apareció en un video en donde le levantó dos veces el vestido a una joven con la que bailaba durante la celebración de su cumpleaños, y recientemente volvió a aparecer besando en la boca a la fuerza a una joven con la que bailaba durante la inauguración de la Feria de la Primavera. El colmo es que Ramírez Villanueva fue premiado como el “Alcalde del Año 2014”, galardón que entrega la Global Quality Foundation.

Otro machista declarado en medios de comunicación es el actual gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, quien fue acusado por su ex esposa Sylvia de golpeador y que ha hecho varias declaraciones misóginas durante su mandato.

Al inaugurar un centro médico dijo que “las mujeres que tienen hijos por parto natural son más mujeres” y añadió “hay que evitar las cesáreas pues esto las rebaja”. Después ante padres de familia, en el contexto de un evento sobre los embarazos no deseados, declaró que “a las niñas gordas no las quiere nadie”; ah, pero después aclaró que se refería a las mujeres cuando estaban en el proceso de embarazo y cómo el vientre de la mujer se hincha, por lo que los hombres las “dejan para buscarse otras” porque “no las quiere nadie”.

Otro caso vergonzoso, ventilado a nivel internacional fue el de los ex funcionarios de la delegación Benito Juárez detenidos por manosear a una mujer y golpear a su esposo en Fortaleza, Brasil, los cuales sostenían conversaciones misóginas, racistas, homofóbicas y degradantes con otros altos servidores públicos del Partido Acción Nacional, que llegaron hasta a “apostar” a sus secretarias en partidos de fútbol –aunque fuera en broma–, según conversaciones que fueron entregadas a las autoridades.

Otro gobernador con aversión y actitudes discriminatorias hacia las mujeres, es el del primer mandatario de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, que se burló de la forma de vida de los habitantes originarios de Acaxochitlán al hacer “recomendaciones” a las mujeres indígenas para evitar que tengan más hijos y donde sarcásticamente expresó: “ya les dije que duerman con ropa; la que menos hijos tiene, tiene tres, por eso se acaban las estufas, ya les dije que duerman con ropa, producen mucho chamaco”.

El colmo fueron las expresiones misóginas emitidas por el magistrado ex presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Juan Manuel Sánchez Macías, durante su ponencia en la mesa de diálogo “La paridad y la violencia de género en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”, en donde el magistrado señaló que las mujeres deben ser candidatas y lograr cargos de elección popular, por su capacidad intelectual y no por tener determinadas características biológicas, lo cual expresó en lenguaje vulgar y ofensivo hacia las mujeres.

Y no olvidemos los lamentables hechos ocurridos en la Cámara de Diputados, escenificados por el Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, quien durante su comparecencia pública se refirió a nuestra compañera la diputada Araceli Damián, de Morena, con expresiones discriminatorias y sexistas.

Con estas actitudes de altos funcionarios públicos de poco servirá el diseño de leyes que defiendan los derechos humanos, si los primeros obligados en respetarlas las agreden con sátiras que ofenden a todas las mujeres del país.

En Morena demandamos que los servidores públicos cumplan con su obligación de hacer políticas públicas en favor de la igualdad y la no violencia hacia las mujeres y que demuestren con su lenguaje y acciones la inclusión de las mismas, así como el respeto de sus derechos humanos.

En Morena exigimos la destitución inmediata del cargo de los funcionarios misóginos, ya que no pueden representar los intereses de un gobierno democrático, comprometido con las mujeres.

Demandamos de nueva cuenta la renuncia de Luis Enrique Miranda Nava de Sedesol.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2017.

Diputadas: Irma Rebeca López López, Concepción Villa González (rúbricas).

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal, Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción XI, y 76 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, presento el siguiente pronunciamiento con motivo de la efeméride relacionada a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En las últimas décadas hemos presenciado importantes avances encaminados a garantizar que las mujeres gocemos de los mismos derechos que los hombres, que seamos tratadas con igualdad.

El Día Internacional de la Mujer invita a reflexionar acerca de los avances logrados, a celebrar la valentía y determinación de las mujeres que lograron modificar la historia de sus comunidades, de sus países y del mundo entero.

También constituye una ocasión para reflexionar dónde nos encontramos en la lucha por la igualdad, la paz y el desarrollo; además, nos brinda la oportunidad de unirnos para alcanzar cambios aún más significativos. La meta por la cual las mujeres marcharon hace ya más de un siglo por una vida libre de violencia y pobreza, se ha extendido a todo el mundo. Estamos convencidas que la vida de mujeres y hombres es diferente y que el gobierno tienen la obligación fundamental de respetar, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna.

Nos encontramos en un momento crucial de la historia, como nunca, el ímpetu para erradicar la violencia involucra a todas y a todos. Nunca antes el mundo había contado con leyes especiales para atender la violencia en contra de la mujer, nunca habían sido creadas tantas instituciones y desarrollado políticas con equidad de género como ahora, nunca habíamos sido testigos de indignación generalizada contra tratos inhumanos, crueles y degradantes como la violencia obstétrica, la violencia política, la discriminación y la falta de respeto en contra de las mujeres.

Sin embargo, el camino por recorrer aún es largo, la Ciudad de México es muestra clara de ello; aquí la violencia contra las mujeres es una práctica arraigada que se niega a desaparecer principalmente por las omisiones del gobierno.

De acuerdo a ONU-Mujeres, la falta de seguridad para las mujeres en la Ciudad de México es un tema grave que no ha sido atendido; 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia sexual, 50 por ciento sufre de violencia comunitaria, 62 por ciento ha sido víctima de violencia sexual, 82 por ciento se sienten inseguras al transitar las calles, 9 de cada 10 han sido víctimas de algún abuso físico o verbal.

De acuerdo al Foro Económico Mundial, la Ciudad de México ocupa el deshonroso segundo lugar de las ciudades donde el transporte público es más peligroso para mujeres, ya que no reúne las condiciones mínimas que garanticen seguridad a las usuarias; todos los días se presenta un promedio de 350 agresiones sexuales en el Metro, un total de 126 mil por año.

Como si lo anterior no fuera suficiente, en la Ciudad de México el tema más preocupante y completamente desatendido es el de los feminicidios, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en 2015 fueron asesinadas 75 mujeres, y de enero a junio de 2016 se registraron 36 asesinatos en la capital del país, sin embargo, sólo 24 crímenes fueron investigados como feminicidios.

A pesar de las cifras y de las obligaciones legales en la materia, el Jefe de Gobierno ha hecho caso omiso a las múltiples peticiones hechas por Morena y por diversas organizaciones de la sociedad civil, por lo que de manera sistemática se ha negado a declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

La pasmosa y aberrante permisibilidad del gobierno repercute de manera directa en la imposibilidad para acceder a la impartición de justicia y reparación del daño, por lo que las mujeres son revictimizadas en la ciudad, incrementando su grado de vulnerabilidad.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio plantea que con la declaratoria se transparentan los procesos de investigación, se puede conocer cómo se investigan los asesinatos de mujeres, cómo funciona el protocolo de investigación criminal con perspectiva de género, y se evita la estigmatización de las víctimas, práctica recurrente del jefe de gobierno.

No olvidemos que aquí en la ciudad, en el país y en el mundo, la violencia contra la mujer es una de las violaciones más mortíferas y generalizadas de los derechos de la mujer, la violencia adopta muchas formas pero el resultado siempre constituye la violación recurrente de los derechos fundamentales y la dignidad humana.

La violencia limita los esfuerzos dirigidos a la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo, dificulta la organización y la productividad de las mujeres, destruye su salud, impide que las niñas asistan a la escuela y estén seguras, la violencia nos impide progresar como sociedad, por lo que la reacción del gobierno debe darse con celeridad.

Mucho hablamos sobre la necesidad de legislar sin distinción de colores y de filias y fobias partidistas, si existe un tema que nos involucra a todas y a todos es este, la reivindicación del papel que las mujeres fungimos dentro de la sociedad, de los grandes rezagos que padecemos por falta de una visión que nos trate como iguales, la falta de justicia por culpa de un gobierno insensible nos debe unir en una sola voz.

Conmemoremos el Día Internacional de la Mujer, celebremos los avances, pronunciemos discursos, manifestemos nuestra opinión pero, lo más importante, actuemos en concordancia y ayudemos a la Ciudad de México a salir de esta penosa situación, la capital del país no puede seguir manchada de sangre de mujeres. Muchas gracias.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Cuando Marie Curie fue propuesta a la Academia de la Ciencia en 1911, y posteriormente rechazada, se desató una sucia y feroz campaña contra ella en los periódicos de derecha... publicaron un estudio fisionómico y grafológico de Curie, al estilo de las fichas de los criminales, y concluían que Marie era “alguien peligroso, un espécimen de voluntad perversa e inapropiada ambición que podría resultar nocivo para la academia”; (Rosa Montero, 2016).

Todo ello porque su presencia en la Academia de la Ciencia y ser mujer, representaba una amenaza para el statu quo de entonces.

Desde hace 16 siglos, las mujeres han luchado por la igualdad. Una igualdad que hoy parece una demanda absurda, pero que sigue siendo una amenaza para quienes no la quieren reconocer.

Hoy existe como desde hace 16 siglos, una tendencia de hombres y mujeres que prefieren que éstas “cumplan” un papel asignado desde la subordinación y subvaloracion. Hoy más que nunca, es irrenunciable nuestro derecho a ser sujetas de derechos, todos, ni más ni menos.

Los logros obtenidos son producto de esta larga lucha, que desafortunadamente no ha terminado, pero que afortunadamente continúa. Las mujeres estuvieron, estamos y seguiremos estando.

Hypatia nos abrió un camino hacia la ciencia que 19 siglos despues Marie Curie siguió, casi con los mismos calificativos. Las mujeres han cambiado el mundo y sin embargo, se sigue cuestionando si somos aptas para la ciencia, para la política, para el deporte, y para muchas actividades más. En México, desde que Matilde Montoya necesitó una orden expresa de Porfirio Díaz para convertirse en médica cirujana y tener derecho a su examen profesional, están presentes prominentes científicas, como Helia Bravo o Luz María del Castillo. Pero no sólo en la ciencia hemos percibido la inserción, el avance y la prominencia de las mujeres, en México y en el mundo. Las mujeres crean, lo hacen desde hace siglos, y cada una de sus creaciones resuena con el eco de la lucha por la igualdad.

Hace más de 100 años, después de que Hermila Galindo promoviera la educación laica, la educación sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la participación de las mujeres en la política; las sufragistas lograron desestabilizar el sistema político y gracias a ellas hoy podemos votar, pero no es legítimo el derecho a ser electas. La violencia política sigue siendo una realidad. Apenas este año, tres mujeres fueron violentadas de manera pública para que renunciaran a sus derechos políticos de representación que se habían ganado entre sus electores.

Aun hoy se nos califica de ambiciosas, se sigue cuestionando nuestra capacidad, pero queremos decirles que vamos por la paridad por un principio de justicia, así de real, ni más ni menos.

Los retos siguen siendo deconstruir los estereotipos entre las mismas mujeres y obviamente, que los hombres deconstruyan los estereotipos de nosotras y de ellos.

La igualdad que queremos y a la que aspiramos, es en toda la extension de la palabra, para bien y para mal. A nosotras nos toca corregir, enmendar, sugerir, proponer, deconstruir y reconstruir los lugares en donde queremos estar. No queremos mingitorios, queremos simplemente baños que no estén salpicados. La igualdad a la que aspiramos es más simple y más compleja.

Este 8 de marzo y los 364 días siguientes, queremos el placer de ser y hacer. Diosas, reinas, brujas, libertarias, autónomas, plurales, diversas, inmensas e intensas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Es una mujer quien te lo pregunta: no le quitarás, al menos, este derecho. Dime ¿quién te ha dado autoridad soberana para oprimir a mi sexo? [...] el hombre [...] quiere mandar despóticamente sobre un sexo que ha recibido todas las facultades intelectuales, que pretende disfrutar de la revolución y reclamar sus derechos”

Olympe de Gouges

“Para la mujer, la solución del problema familiar no es menos importante que la conquista de la igualdad política y el establecimiento de su plena independencia económica”

Aleksandra Kolontái

Cuando una mujer es diferente a un hombre lo es por las construcciones sociales que giran en torno a la adopción de una identidad apegada al deber ser generalizado, más allá de las obvias diferencias biológicas, los típicos estereotipos de género son una barrera del crecimiento social en todos sus aspectos, son una barrera ventajosa al identificar los valores universalmente humanos con la identidad del hombre, valores negados a lo femenino como lo es el raciocinio y con ello la capacidad de hacerse cargo de tareas productivas más allá de las reproductivas, atándolas así a tareas del cuidado humano, sin el cual no se puede vivir.

La desigualdad de género es una cuestión de acceso a oportunidades negadas históricamente y justificadas estructuralmente. Es una cuestión que se ve reflejada en el acceso desigualitario y jerarquizado a espacios y oportunidades que permitirían el sano desarrollo de la personalidad individual de cada mujer, oportunidades que al ser negadas, inhiben el ejercicio de la dignidad humana, sobajando y cosificando todo aquello que parezca femenino o característico de las mujeres.

La necesidad de seguir poniendo énfasis a cuestiones tan básicas, es debido a que hoy el efecto de dichas barreras está costando el desarrollo de economías, sociedades y personas; países y gobiernos que al no entender y erradicar la forma específica de violencia y desigualdad contra mujeres, son cómplices del circulo de violencia y discriminación al que las mujeres nos enfrentamos desde nuestro nacimiento.

No sólo este día, el gran reto, pienso, es tener el valor de seguir alzando la voz, de retar a las sociedades a solucionar problemas. Este año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha decidido dar especial atención a los problemas de discriminación laboral. La campaña denominada: Las Mujeres en un Mundo Laboral en Transformación Hacia un Planeta 50-50 en 2030, tiene por objetivo visibilizar la brecha a la que las mujeres se enfrentan en la esfera productiva. Retos a los que los estados deben enfrentarse si quieren lograr economías sostenibles.

El Foro Económico Mundial a través del Informe Global de la Brecha de Género 2016 , ha expuesto que a pesar de los avances logrados en las esferas de salud y educación aún hay dos temas pendientes, para el caso de México, la esfera con mayor desventaja es la laboral. El país ocupa dentro del ranking de “oportunidad y participación económica”1 el lugar 122 de 144 países, esto quiere decir en términos del mismo índice que:

• La participación de fuerza laboral representa 48 por ciento del 100 por ciento de mujeres, frente a los hombres, que del 100 por ciento, 80 por ciento participan como fuerza laboral, generando una brecha de 0.59 posicionando al país en el lugar 120.

• En cuanto a lo estimado de retribución por el trabajo elaborado, las mujeres reciben aproximadamente 11,277 dólares estadounidenses (usd), frente a los 23,415 usd que reciben los hombres, posicionando al país en el lugar 109.

• En cuanto a los puestos de dirección, es decir gerentes y altos funcionarios, vemos que hay 36 frente a 64 de hombres, generando una brecha de .50 y posicionado al país en el lugar 40.

Lo que nos muestran las anteriores cifras es que las mujeres no sólo participamos en menor cantidad en la esfera laboral, también recibimos menor sueldo respecto a los hombres, y no podemos ocupar puestos decisorios. Ello implica una triple discriminación, el de acceso al mercado laboral, discriminación de sueldo y además pocas oportunidades de crecimiento laboral, dejando el trabajo de la mujer como secundario y temporal.

Por otra parte el índice de empoderamiento político nos muestra que el país está posicionado en lugar 34 con una brecha de 0.282 , aquí lo que me gustaría destacar es que si bien la brecha de mujeres en el parlamento ya es mínima, están otros rubros donde la diferencia sigue siendo importante, como la de las mujeres en posiciones políticas importantes que es de 18 frente a 823 de hombres. Así mismo, en toda la historia de nuestro país nunca ha habido una mujer al frente del Estado.

Es necesario integrar a las mujeres en todos los procesos sociales; en la toma de decisiones políticas, en la participación de la vida escolar y aún más importante en la participación efectiva en el mundo laboral, porque sin él, las mujeres no podrán tener independencia plena frente a los hombres y del tipo de relaciones que establezcan, esto es parte fundamental del empoderamiento de las mujeres.

Cerrar la brecha en la esfera laboral también es revalorizar el trabajo doméstico como fundamental para el cuidado humano, éste debe ser remunerado pues no es ayuda, es trabajo y no es únicamente responsabilidad de las mujeres, lo es de todos los integrantes de la familia.

Este día en especial se trata de concientizar respecto a todos los retos y problemas a los que las mujeres nos enfrentamos, con el objetivo de tener remuneración respecto al trabajo realizado, es un cuestionamiento a problemas como la división sexual del trabajo, a problemas como la autonomía de la mujer, de la inteligencia, de la capacidad de trabajar, de la discriminación a la que nos enfrentamos día con día, al menosprecio y al acoso laboral. De la lucha constante por erradicar prácticas perjudiciales como las dobles jornadas y de los techos de cristal.

En esta importante fecha es responsabilidad de todos y todas repensar el papel de las mujeres, pero también el de los hombres en las diversas esferas. A fin de vivir sin discriminaciones, sin violencias, sin acosos, ni micro machismos.

Notas

1 The Global Gender Gap Report , enlace URL:
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Hoy se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer, este hecho nos lleva a la reflexión de cuanto se ha logrado en la implementación de la igualdad, la no discriminación y la violencia que en muchas partes del mundo todavía se ejerce hacia las mujeres y las niñas, también nos permite revisar la agenda que nos lleve a garantizar la equidad, la participación y las oportunidades en todos y cada uno de los ambientes laborales de la vida.

La mujer como todos sabemos tienen un papel muy importante en la sociedad mundial, ya que ella es una figura irremplazable, es por eso que ella tiene un Día Internacional, decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Primero fue llamado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hoy simplemente es el Día Internacional de la Mujer, la historia nos dice que se decretó el 8 de marzo para conmemorar a la mujer por los acontecimiento suscitados en la ciudad de Nueva York el 8 de marzo de 1908, donde un grupo de mujeres de la industria textil se encerraron para protestar por las pésimas condiciones en que las hacían trabajar, fallecieron quemadas debido al incendio provocado para que abandonaran la huelga. Otro antecedente del porque la celebración es el 8 de marzo, lo protagonizan de igual manera obreras textiles, también en la ciudad de Nueva York solo que en el año de 1957. “pero fue hasta el 28 de febrero de 1909 cuando en la ciudad de Nueva York se festeja por primera vez el “Día Nacional de la Mujer.”

Existen referencias de que Estados Unidos de América fue pionero en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y esto sucedió en el año “1908 para ser exacto el 3 de mayo en Chicago se organizó un acontecimiento nombrado Día de la Mujer”, este suceso estuvo presidido por una gran cantidad de mujeres de toda clase social norteamericana.

La primera ocasión que se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como en un principio se llamó, fue el 19 de marzo del año 1911, países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, fueron los primeros que conmemoraron este día, y a partir de entonces se ha ido extendiendo a una gran cantidad de naciones.

Aunque hay que resaltar que fue la Alemana Clara Zetkin, junto con su compatriota Kathy Duncker representantes del Partido Socialista Alemán, he integrantes del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección la que en 1910 propusieron que las mujeres deberían de tener un Día Internacional, esto lo hicieron en el marco del Congreso Internacional de la Mujeres Socialistas que se realizó en Copenhague Dinamarca y ante más de 100 delegadas de diversas organizaciones sindicales, de partidos políticos y organizaciones de trabajadoras de 17 países, es de mencionar que las representantes de los Estados Unidos tenían como objetivo hacer la propuesta que al final realizaron las delegadas alemanas.

La igualdad es quizá la bandera que más usa la mujer para manifestar su derecho a tomar decisiones, decisiones que atañen al desarrollo del país, uno de esos derechos de igualdad que con gran orgullo expresa, es el derecho a votar y ser votada, que lograron en el mandato del presidente Adolfo Ruíz Cortines ya que esté público el 17 de octubre de 1953 un decreto donde se le daba esa facultad a la mujer, que por primera vez se hizo efectivo el 03 de julio de 1955. Este acontecimiento marcó la pauta para que las mujeres siguieran trabajando por más derechos y oportunidades, para desarrollarse profesionalmente, es así como ganaron y siguen ganando espacios tanto en lo laboral, en lo político y en lo social.

De los últimos derechos que han logrado, es que los partidos políticos cuando van a postular candidatos para puestos de elección popular, la lista la conformen 50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres, llamándole “cuota de género”, y fue el 11 de octubre del año 2013 exactamente a 60 años de que por primera vez la mujer tuviera derecho al voto, que el Presidente Enrique Peña Nieto, firmo una iniciativa al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para que esta cuota de género se hiciera efectiva.

De todos es sabido que para que una mujer llegue a lo más alto de su centro de trabajo debe pasar por muchos filtros, a los que recurren en su gran mayoría los hombres, porque también hay que decirlo hay mujeres que le ponen trabas a las personas de su mismo género.

En la actualidad la mujer ha accedido a puestos que en tiempos pasados eran exclusivos de los hombres, haciendo una gran labor, desarrollando un excelente trabajo, poniendo de manifiesto que ella tiene la capacidad para poder dirigir en cualquier plano, ya sea gubernamental o empresarial.

En este contexto la mujer debe de enfrentarse a un sinfín de inconvenientes para poder alcanzar las metas y objetivos que se plantea, pero desafortunadamente en muchos países todavía ven con demasiado recelo que alguien del sexo femenino llegue a lo más alto de una empresa.

Por fortuna con el paso de los años la mujer ha sabido afrontar con mucha entereza, todos y cada uno de esos obstáculos, demostrando que para poder sobresalir en cualquier ámbito no es cuestión de género, es cuestión de capacidad, de entrega y de compromiso con uno mismo, ya que es la actitud junto con la aptitud la que hace que se tenga el éxito deseado.

Por eso me congratula poder felicitar en este “Día Internacional de la Mujer ” a todas y cada una de las mujeres que ponen todo su empeño para poder cumplir cabalmente con la responsabilidad que se le encomienda.

Una reflexión de Indira Gandhi:

Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libre en sus capacidades y personalidad.

Referencias Bibliográficas.

1. Título ¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer? Colombia, 2016
https://www.elheraldo.co/tendencias/por-que-se-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-247525

2. Título Porque se Conmemora el Día Internacional de la Mujer? Argentina, 2016
http://agenciasanluis.com/notas/2016/03/08/por-que-se-conmemora-el-dia-internacional-de-la-mujer/

3. Título Porque se celebra el día de la mujer? México D.F, 2016
http://www.enpareja.com/hot/Por-que-se-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-20160308-0004.html

4. Título Día Internacional de la Mujer. República Dominicana.
http://html.rincondelvago.com/dia-internacional-de-la-mujer.html

5. Título, Se cumplen 59 años del voto femenino en México. México D.F, 2014.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/03/968848

6. Título Si o No a las cuotas de género. México D.F, 2013
http://www.animalpolitico.com/blogueros-covarianzas/2013/10/17/para-entender-las-cuotas-de-genero/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)