Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a integrar con la mayor brevedad el Consejo Estatal de Seguridad Pública con participación ciudadana previsto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y formar una mesa de diálogo con los sectores de la población del estado que permita construir una estrategia de seguridad preventiva, reactiva y de reinserción social más eficaz, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de Chihuahua, César Alejandro Domínguez Domínguez, Adriana Terrazas Porras, Georgina Zapata Lucero, Brenda Borunda Espinoza, Alex Le Baron González, Antonio Meléndez Ortega, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y Fernando Uriarte Zazueta, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración de esta asamblea punto de acuerdo, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública es un tema prioritario en la agenda pública nacional; particularmente las entidades federativas ubicadas en la frontera norte del país son objetivo de disputa para los grupos de la delincuencia organizada, ya que pretenden asentarse y realizar sus operaciones delictivas como el tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas, homicidios, extorsión, secuestro, entre otros delitos.

Hoy distraigo la atención de esta representación popular toda vez que en Chihuahua se han venido retrasando acciones en materia de seguridad, particularmente aquellas que tienen que ver con el cumplimiento de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica y, ante la omisión del Poder Ejecutivo del estado, vemos algunos síntomas de inseguridad que ponen en alerta, ya que podemos vivir de nueva cuenta los lamentables hechos que de 2007 a 2011 vivimos y que nos ubicaron como un referente nacional y mundial de la violencia.

La sociedad, en conjunto con los tres Poderes del estado de Chihuahua a partir de 2010 desarrollamos una tarea que propicio reformas legislativas a los ordenamientos penales del fuero común y la incorporación ciudadana en los quehaceres de seguridad preventiva y de evaluación mediante mesas de seguridad y observatorios; las políticas públicas tuvieron la coordinación con otros órdenes de gobierno, iniciando con el gobierno del licenciado Felipe Calderón Hinojosa hasta el que actualmente encabeza el presidente licenciado Enrique Peña Nieto.

En diversas conversaciones telefónicas con el gobernador de Chihuahua Javier Corral, le he manifestado la disposición a construir un diálogo permanente que coadyuve en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo de nuestro estado; asumiendo que somos de partidos políticos distintos, pero con un común denominador que es Chihuahua, le he planteado mí posición de crítica responsable, asumiendo el valor de la oposición y la necesidad de que la crítica se dé y permita que los equipos de trabajo “no aflojen” el paso en sus planes y programas.

El pasado 23 de enero acudí de manera personal al despacho del titular del poder ejecutivo de chihuahua a fin de entregar un escrito mediante en el cual le expongo mi preocupación por la forma en la que se han venido descomponiendo las cosas en materia de seguridad; en el referido documento le realizo una serie de propuestas de trabajo coordinado, sin embargo, han pasado ya dos semanas de este hecho y el Gobernador de Chihuahua Licenciado Javier Corral Jurado no ha dado respuesta, ni puesto atención al tema.

La posición del gobernador Javier Corral se ha quedado en el discurso y la seguridad es un tema que preocupa a la sociedad, que debe de ir más allá del discurso, es un tema que debe ocuparnos a todos en su atención; por ello, como responsable de las instituciones en Chihuahua, de manera respetuosa le he formule las siguientes preguntas: ¿Que ha pasado en seguridad en estos primeros 100 días de su mandato? ¿Cuántas veces ha sesionado el Consejo Estatal de Seguridad Pública, previsto en la Ley? ¿Cuál es el seguimiento a la mesa de seguridad en Ciudad Juárez? ¿Cuál es la estrategia de coordinación con los otros órdenes de Gobierno? ¿Porque no ha salido de gira a las diversas regiones del Estado para atender problemática de inseguridad que se presenta? ¿Porque no ha convocado a los sectores privado, público y social al diálogo para mejorar nuestra seguridad? ¿A qué se deben los más de 500 homicidios dolosos en el estado? ¿Los fiscales de zona y jefes de la policía estatal ya tienen su examen de control de confianza? ¿Cuántos directores de las policías municipales han presentado su examen de control de confianza? ¿Cuál es el estatus de la investigación del homicidio del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego? ¿Cuál es el resultado de la investigación de los policías desaparecidos en el municipio de Madera? ¿Cuál es el estado de la investigación de los activistas indígenas que privaron de la vida en el municipio de Guadalupe y Calvo?

Cuestionó lo anterior porque es necesario contar con una estrategia ordenada en materia de seguridad; sé que el plan estatal de desarrollo está en construcción, pero la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Publica no está supeditada a este plan; esto significa que un tema como este debe ocupar su atención personal inmediata y cumplir el mandato que la ley impone.

Estoy convencido que hay mucho por hacer aún, el sistema penal acusatorio adversarial a nivel nacional que se aprobó en la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, de la que el Gobernador de Chihuahua fue parte como Senador de la República, dejo algunas lagunas que se han ido corrigiendo actualmente; faltan aún una serie de ajustes en ciertos temas que han afectado a las entidades que iniciamos con anterioridad la entrada en vigor de este sistema; sin embargo, para lograrlo se requiere coordinación y trabajo conjunto.

El fenómeno Trump, para el país y la frontera, es importante, pero la inseguridad también lo es, y más si está sigue creciendo y expresándose de una manera estruendosa como lo ha hecho en los últimos días en Chihuahua; de seguir así se pondrá en peligro la inversión de manera natural por temor, frenando la generación de empleo y afectando la convivencia social.

Reitero, a poco más de 100 días del inicio del gobierno de Chihuahua, encabezado por el licenciado Javier Corral Jurado se han presentado más de 500 homicidios dolosos, distribuidos tanto en la frontera, en la barranca, en la sierra y en la capital del estado y no se percibe una estrategia integral que atienda el tema.

No podemos quedarnos inactivos y culpándonos unos a otros en este tema tan sensible, no todo en el pasado estuvo mal, ni todo bien; ser omisos en este problema afecta la competitividad de Chihuahua; por ello, es preciso que el gobernador de Chihuahua cumpla con lo que ordena la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; ya que en estos primeros meses de gobierno se han violentado los numerales que van del artículo 14 al artículo 27 del citado cuerpo legal al omitir las acciones que ahí se establecen como obligación desarrollar, como lo es la de instalar el Consejo Estatal de Seguridad Publica como órgano rector de la estrategia de coordinación institucional en materia de combate a la inseguridad.

Estoy consciente del bono democrático con él cuenta el gobierno de Chihuahua, sé que a algunos de sus seguidores, compañeros de gabinete o compañeros de su partido les molesta este tipo de peticiones o comentarios críticos; pero tenga la certeza de que lo hacemos con el mejor de los ánimos que permitan construir una estrategia de coordinación institucional eficaz, porque aún estamos a tiempo de dar soluciones al problema de inseguridad.

Por lo expuesto y fundado respetuosamente solicitamos a esta soberanía se apruebe de como asunto de urgente resolución el siguiente

Acuerdo

Artículo Único. La Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chihuahua Javier Corral Jurado a fin de que integre a la brevedad el Consejo Estatal de Seguridad Pública con participación ciudadana previsto en le Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, el cual es el responsable de diseñar la estrategia de seguridad pública en el estado; asimismo a que se conforme una mesa de diálogo con los diversos sectores de la población chihuahuense que permita la construcción de una estrategia de seguridad preventiva, reactiva y de reinserción social más eficaz y, por último, a que en términos de transparencia y rendición de cuentas se informe a los ciudadanos sobre los cuestionamientos planteados en el cuerpo del presente escrito.

Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta con carácter de acuerdo, en los términos que deba publicarse.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días de febrero de 2017.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP y la SRE a implantar una estrategia para proteger las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos en Estados Unidos de América y evitar que sean sujetas de gravamen por las autoridades hacendarias de ese país, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Por años, México se convirtió en un país expulsor de trabajadores de forma masiva hacia los Estados Unidos de América (EUA), la emigración representó la válvula de escape al desempleo y falta de oportunidades y desarrollo. Un estudio del Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés) indica que la población de origen mexicano en el vecino país del norte asciende a más de 34.6 millones de personas, de los cuales 12.1 millones son nacidos en México.

Esa gente emigró a los EUA para mejorar sus condiciones de vida y de sus familias, convirtiéndose en el largo plazo en una gran fuente de recursos no sólo para sus familias sino para el país en su conjunto.

De acuerdo con información del Banco de México, de enero a noviembre del 2016 los ingresos por remesas crecieron 24.67% con respecto al mismo periodo del 2015, para sumar 24,625.6 millones de dólares. Estos envíos de dinero se hicieron principalmente desde California, Texas e Illinois, y en promedio cada persona envió 300 dólares mensuales.

Se estima que casi 27,000 millones de dólares entraron al país el año pasado provenientes de los mexicanos que viven en el extranjero, casi todos en Estados Unidos de América (EUA), representando un máximo histórico. Eso es una cifra incluso más alta de lo que México recibe de sus exportaciones petroleras.

México es el decimosegundo mayor exportador de petróleo del mundo y un importante fabricante de automóviles. Recaudó 23,200 millones de dólares de la exportación de petróleo el año pasado. Pero la caída de los precios del petróleo y la caída de las ventas automotrices en Estados Unidos —México exporta una gran cantidad de automóviles a través de la frontera— han frenado el crecimiento.

En ese contexto, las remesas de los trabajadores son cada vez más vitales para México. Son incluso más altas que los ingresos de México por turismo e inversión extranjera. La realidad es que México depende en gran medida de sus trabajadores residentes en el exterior para que envíen efectivo a casa.

Los estados del país que mayor dependencia tienen de las remesas son: Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde representan 9.9, 7.8 y 7.4% de su PIB, respectivamente.

Muchas familias en México tienen como único o principal ingreso el dinero que reciben desde la Unión Americana. La región más pobre de México, que contempla estados como Guerrero y Oaxaca, recibe una parte importante de las remesas del extranjero. Asimismo, entidades como Zacatecas, Durango y Michoacán, que cuentan con gran cantidad de personas que van a trabajar a EUA, han basado en gran medida su funcionamiento económico y la de las familias en las remesas.

De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas realizado por BBVA Research, la mayoría de los hogares receptores de remesas se caracterizan por pertenecer, en primer lugar, a localidades de tipo rural, con un alto grado de marginación, además de que el nivel promedio de escolaridad de los jefes y jefas de familia es de primaria.

Los fondos alimentan una gran parte de los gastos de consumo de México, desde la construcción de casas hasta los pagos por escuelas. Las remesas también han estado creciendo más rápido que los salarios y la inflación. También es un momento crítico para la economía de México, que está mostrando signos de debilidad.

Como porcentaje del PIB, las remesas del país se estiman para el 2016, 2.3%, lo que demuestra la importancia para la economía nacional. El cortar el flujo de las remesas representaría un fuerte daño en términos económicos y financieros, pero sería una crisis gravísima en términos sociales.

En ese sentido y ante la amenaza latente de la administración de Donald Trump sobre las remesas que vienen de Estados Unidos, sobre aplicar impuestos a las remesas que se envían de Estados Unidos a México para poder financiar el muro fronterizo e incluso la amenaza de detener esos fondos es motivo de preocupación.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Relaciones Exteriores, para que implementen una estrategia para la protección de las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos en Estados Unidos de América, para evitar que las mismas sean sujetas de cualquier tipo de gravamen por las autoridades hacendarias de ese país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero del 2017.

Diputada Araceli Saucedo Reyes (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar por la SHCP los recursos económicos resultantes de subejercicios, los obtenidos por los ahorros derivados de la instauración de medidas de austeridad y disciplina presupuestaria por la APF, y los devueltos por los otros Poderes de la Unión y los organismos descentralizados o con autonomía constitucional al fortalecimiento de los programas de atención y protección de migrantes, y las aéreas relativas a trabajo, vivienda, salud, educación e infraestructura de la frontera norte, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, diputados federales Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Francisco Saracho Navarro, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Adriana Terrazas Porras y Brenda Borunda Espinoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo , al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación son dos de los instrumentos de política pública más importantes de nuestro país, en ellos se establecen la cantidad, distribución, destino y fuente de los recursos públicos que habrán de ejercer los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos que cuentan con autonomía constitucional.

Entre los muchos conceptos que contempla dicho documento, se encuentran los de proporcionar servicios educativos y de salud, construcción de carreteras, apoyo al desarrollo del campo, procuración e impartición de justicia, desarrollo de actividades legislativas y transferencia de recursos a los estados y municipios, entre otros.

II. El artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados se encuentra la de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.

En ese sentido y en cumplimiento del citado precepto constitucional, dicho presupuesto fue aprobado en tiempo y forma, siendo publicado el mismo en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 30 de noviembre del 2016, el cual contempla 4 billones 888 mil 892 millones 500 mil pesos de gasto neto total de acuerdo a lo previsto en su artículo 2.

III. El artículo 16 del presupuesto, señala que las dependencias y entidades se sujetarán a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública que se establezcan en los términos del título tercero, capitulo IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que determina en su artículo 61 que en materia de austeridad y disciplina presupuestaria, los ejecutores del gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, cabe mencionar que en términos de la ley se identifica como ejecutores del gasto a los Poderes Legislativo y Judicial y a los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos.

IV. En el mismo sentido, el artículo 15 del presupuesto establece que en caso de existir subejercicios, los recursos correspondientes que no sean subsanados en tiempo y forma, así como el importe de los ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en el multicitado presupuesto.

V. Como es de conocimiento general, el panorama económico para el estado mexicano durante este ejercicio fiscal 2017 se prevé sea adverso por factores tanto internos como externos como lo son la reducción de la producción petrolera, la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, la apreciación del dólar contra el peso y la reciente toma de protesta de Donald Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos de América.

VI. En ese sentido, resulta necesario para los tres órdenes de gobierno así como para los organismos que cuentan con autonomía constitucional el tomar medidas tendientes a contribuir a enfrentar con sensibilidad y responsabilidad la situación económica que atraviesa el país, por lo que en días anteriores hemos sido testigos de diversas acciones en materia de austeridad por parte de ellos, siendo algunas de ellas las siguientes:

• Mediante el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar de fecha 9 de enero de 2017, el titular del Poder Ejecutivo federal anunció que entre otras medidas se habría de reducir en 10 por ciento la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de las dependencias federales.

• El Instituto Nacional Electoral mediante su comunicado de prensa 004-A de fecha 11 de enero del 2017, anunció que suspenderá la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan, y los recursos disponibles para este fin, que ascienden a mil 70 millones de pesos se pondrán a disposición de las autoridades hacendarias , de igual forma los Consejeros Electorales y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada se reducen su salario en un 10 por ciento y renuncian a la prestación de telefonía celular.

• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , mediante documento INAI/009/17 de fecha del 18 de enero del 2017, estableció su plan de austeridad mediante el cual pondrá a disposición de la SCHP la cantidad de 45 millones de pesos y realizara diversas acciones de manera interna.

• Mediante la nota #5594 de fecha 16 de enero de 2017 la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión anunció su plan de austeridad mediante el cual se cancelan todos los viajes internacionales, la prestación del servicio de telefonía celular y los apoyos de vales de gasolina para diputados entre otras acciones.

• El Poder Judicial de la Federación , mediante comunicado de prensa de fecha 15 de enero de 2017, anunció que derivado de las medidas de austeridad y optimización presupuestal a implementar durante el presente ejercicio fiscal, realizara el reintegro gradual a la federación de cerca de mil 900 millones de pesos.

• Ante las condiciones internacionales adversas e inciertas a las que nos emprendemos, es necesario redoblar esfuerzos para afrontarlas de la mejor manera, es por eso que si bien es cierto, dichas medidas no son suficientes para lograr el objetivo buscado, estas son un primer paso en la dirección correcta.

VII. Es del dominio público que uno de los mayores riesgos para los mexicanos y nuestra económica es la reciente toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos de América, el cual durante su campaña realizo distintas declaraciones xenófobas hacia el pueblo mexicano, comprometiéndose entre muchas otras cosas a realizar la deportación de millones de personas y a la construcción del infame muro fronterizo, por lo cual ante el inminente riesgo de que alguna de estas cosas ocurra, es una obligación del Estado mexicano y de sus instituciones el estar preparados para hacerles frente, por lo que la inversión y el fortalecimiento en las aéreas y programas relacionados ante ese eventual suceso resulta inaplazable.

VIII. En ese orden de ideas, en días pasados fuimos testigos de una de las primeras acciones realizadas para conseguir el fin antes mencionado, tal es el caso de la instrucción que giro el titular del Ejecutivo federal al secretario de Hacienda y Crédito Público, para que este destinara 1,000 millones de pesos al fortalecimiento de la red consular de protección a nuestros migrantes,1, 2 hecho que resulta indudablemente en una acción en el camino correcto, sin embargo, aún queda mucho por hacer en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine los recursos económicos resultantes de subejercicios, así como los obtenidos por los ahorros derivados de la instrumentación de medidas de austeridad y disciplina presupuestaria por parte de la administración pública federal, al fortalecimiento de los programas de atención y protección al migrante, así como a las aéreas relativas al trabajo, vivienda, salud, educación e infraestructura de la frontera norte, lo anterior con el objeto de prevenir y en su caso atender la problemática que suscitaría la eventual deportación de miles de connacionales por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, destine los recursos económicos que le sean devueltos por parte de los otros poderes de la unión, así como por parte de los organismos descentralizados o que cuenten con autonomía constitucional, al fortalecimiento de los programas de atención y protección al migrante, así como a las aéreas relativas al trabajo, vivienda, salud, educación e infraestructura de la frontera norte, lo anterior con el objeto de prevenir y en su caso atender la problemática que suscitaría la eventual deportación de miles de personas por parte del gobierno de Estados Unidos de América.

Notas

1 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/27/1142671

2 http://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pen a-nieto-con-la-representacion-del-congreso-de-la-union?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputados: Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Francisco Saracho Navarro, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Adriana Terrazas Porras, Brenda Borunda Espinoza (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a verificar por la SCT que los prestadores de servicio público de transporte aéreo cumplan el Reglamento de la Ley de Aviación Civil respecto al equipaje que los pasajeros pueden llevar consigo, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 38 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil en sus fracciones III y V, señala las disposiciones que deberán cumplir los prestadores de servicio al público de transporte aéreo, es decir las aerolíneas, sobre el equipaje de mano y documentado que podrán transportar los usuarios que se trasladen a través de éste medio. Al respecto el Reglamento señala:

III. A llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano, siempre que por su naturaleza o dimensiones no disminuyan la seguridad y la comodidad de los pasajeros, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas correspondientes;

V. A transportar como mínimo, sin cargo alguno, veinticinco kilogramos de equipaje cuando los vuelos se realicen en aeronaves con capacidad para veinte pasajeros o más, y quince kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad, siempre que acate las indicaciones del concesionario o permisionario en cuanto al número de piezas y restricciones de volumen.

Sin embargo, cada vez es más común ver aerolíneas que bajo el pretexto de estrategias comerciales no respetan lo estipulado por el reglamento y ofrecen boletos para sus vuelos en los cuales el pasajero no tiene derecho a portar equipaje o el límite de peso que establecen es menor al indicado en el reglamento.

Este tema se ha vuelto sensible para los usuarios de los servicios comerciales de transporte aéreo, en virtud de los malentendidos y molestias que ocasiona el que cada aerolínea señale sus propios límites de peso, los cuales como se ha comentado, son en muchos casos muy inferiores a los previstos en la norma. Para ilustrar esto, se puede mencionar que aunque el reglamento establece que los pasajeros podrán transportar durante sus trayectos mínimo 25 kilogramos de equipaje documentado sin cargo alguno, hay aerolíneas que establecen el límite de equipaje en 15 kilogramos, otras en 23 kilogramos y algunas consideran cargos adicionales desde la primera maleta, es decir, vulneran el derecho del pasajero a llevar consigo equipaje.

Con el equipaje de mano ocurre lo mismo, el reglamento señala que los pasajeros podrán transportas dos piezas en cabina sin ningún cargo, pero algunas aerolíneas establecen como límite un bulto o maleta por persona, o imponen medidas máximas que en la práctica resultan absurdas por lo irreales que son. Sobre éste último punto de las medidas máximas de los equipajes de mano, se debe decir que el reglamento indica que las dimensiones deberán ser reguladas de acuerdo a lo establecido en las normas oficiales correspondientes, sin embargo al no existir dichas normas, las aerolíneas las establecen arbitrariamente, sin si quiera tener en cuenta las recomendaciones internacionales al respecto o las mejores prácticas a nivel mundial.

El problema de fondo es que el transporte de equipaje no se trata una práctica donde se priorice la seguridad o comodidad de los pasajeros dentro del avión, si no que se ha convertido en un asunto meramente mercantil, en una práctica rapaz de las aerolíneas para monetizar un derecho que ya se encuentra reconocido en el reglamento y que, por lo tanto, están obligados a cumplir.

Los afectados por la nula supervisión de la Secretaría al actuar de las aerolíneas son los pasajeros, que para poder llevar consigo sus pertenencias terminan pagando tarifas que pueden llegar hasta $500.00 por cada maleta,1 o hasta $150.002 por kilogramo adicional en el caso de que se exceda del peso marcado por la aerolínea como máximo, en que éste sea inferior al estipulado en el Reglamento.

La Secretaría se encuentra plenamente facultada para sancionar estas prácticas, de acuerdo con el artículo 89 de la Ley de Aviación Civil, el cual señala que las infracciones a lo previsto en el reglamento deberán sancionarse con multas que van de las doscientas a las cinco mil unidades de medida y actualización.

Artículo 89. Cualquiera otra infracción a esta Ley o a sus reglamentos que no esté expresamente prevista en este capítulo, será sancionada por la Secretaría con multa de doscientos a cinco mil días de salario mínimo. En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una sanción equivalente hasta el doble de la cuantía señalada.

La intervención de la Secretaría para regular y sancionar éstas prácticas resulta impostergable. La industria aérea de transporte de pasajeros ha crecido de manera acelerada durante la última década, transportando tan sólo durante el último año a setenta millones de personas. Por ello se debe impedir que se sigan desarrollando prácticas insanas que a la larga resultan perjudiciales para mantener la expansión del sector y, sobre todo, la satisfacción del pasajero.

Por lo expuesto en las líneas anteriores, pongo a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que verifique que los prestadores de servicio al público de transporte aéreo cumplan con lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil acerca del equipaje que pueden transportar sus usuarios y, en caso de que no sea así, sean sancionados conforme a lo previsto en la Ley de Aviación Civil.

Notas

1 https://aeromexico.com/es/viaja-con-aeromexico/equipaje/estados-unidos- canada-europa/?site=mx#

2 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/que-aerolinea-te-permite-volar- con-mas-equipaje.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de febrero de 2017.

Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a revisar el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, los programas operativos anuales de la Sagarpa y el Presupuesto de Egresos de 2017 para establecer las medidas conducentes a fortalecer la soberanía alimentaria de los mexicanos, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 79, numeral 2, fraccione II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a revisar el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, pesquero y Alimentario 2013-2018, los programas operativos anuales de la Sagarpa, así como el Presupuesto de Egresos 2017, con el fin de llevar a cabo las medidas pertinentes para fortalecer la soberanía alimentaria de los mexicanos.

Consideraciones

México pasa por uno de los momentos más complejos en su relación con los Estados Unidos de Estados Unidos. Las políticas comerciales y los decretos sobre política migratoria del presidente de ese país, está atentando contra la soberanía de nuestra nación.

La dependencia comercial y alimentaria que tenemos con el país del norte, ha socavado en gran medida a sectores económicos esenciales para México, provocando e incrementando un sinnúmero de debilidades y desequilibrios que hemos venido arrastrando por décadas como nación. Como lo han señalado diversos sectores sociales, económicos y financieros, es el momento adecuado para implementar políticas públicas que fortalezcan los valores, el desarrollo integral y el mercado interno del país.

Uno de los sectores que reclama nuestra mayor atención, es el agropecuario y pesquero. Como todos sabemos, este sector se caracteriza por su bipolaridad: mientras que por una parte, las mejores tierras del país, la infraestructura, los créditos y la tecnología moderna, benefician a una reducida clase empresarial agropecuaria, que produce alimentos para la exportación, justamente para el país del norte; por el otro lado, más del 80% de los productores nacionales cultivan tierras de temporal, se encuentran descapitalizados, con tecnología obsoleta y apenas produciendo para el autoconsumo. Más de 100 millones de hectáreas en manos de ejidatarios, comuneros y minifundistas se encuentran improductivas, ante la ausencia de políticas públicas que asistan a las mujeres y hombres del campo para producir mejor.

México requiere hoy más que nunca disminuir su dependencia alimentaria. Necesitamos solventar las necesidades de materia prima de la agroindustria y de la alimentación de los mexicanos, con producción nacional. Necesitamos de políticas públicas adecuadas para poner en marcha a los cerca de 5 millones de mujeres y hombres ocupados en el sector agropecuario para producir lo que México necesita; tenemos que reorientar nuestras políticas públicas a efecto de fortalecer el sector agropecuario y pesquero nacional para afrontar la incertidumbre y la emergencia de la nueva situación por la que atravesamos.

De acuerdo con lo que establece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de cualquier país requiere de las siguientes premisas:

1. Poner la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las políticas públicas.

2. Apoyar modos de vida sostenibles.

3. Reducir la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos, rechazando el dumping y la dependencia de corporaciones capitalistas remotas e irresponsables.

4. Situar el control de la producción y de los alimentos a nivel local.

5. Promover el conocimiento y las habilidades de productoras y productores, rechazando las tecnologías que atentan contra la biodiversidad y contra los sistemas alimentarios locales.

6. Ser compatible con la naturaleza, los valores comunitarios y la sustentabilidad.

En nuestra opinión, para el caso de México las premisas apuntadas por la FAO presuponen, entre otros factores:

• Definir un modelo de producción agropecuaria, forestal y pesquera, que incluya una fuerte capitalización del campo, nuevos mecanismos de cosechas, almacenamiento y distribución, así como un nuevo modelo de mercado interno para enfrentar el impacto de las importaciones agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras;

• Incrementar sustancialmente los recursos públicos y del sector privado destinados al desarrollo del campo nacional, enfocándose en el apoyo para infraestructura productiva primaria y agroindustrial de la población rural;

• Incrementar los recursos y hacer una reingeniería de los apoyos que la banca de desarrollo otorga a los pequeños productores, pescadores ejidales, comunales y privados;

• Frenar las importaciones alimentarias provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, en el entendido de que nuestro país tiene la capacidad para satisfacer la demanda de productos como el maíz, frijol, arroz, sorgo, maderas, carne, pollo, huevo, leche, pescados, mariscos, entre otros alimentos;

• Establecer un nuevo modelo que ponga énfasis y garantice las mejores condiciones en cobertura de almacenaje y transporte, así como la distribución y venta oportuna y justa de las cosechas y la pesca interna;

• Incrementar los recursos de los programas dirigidos a la producción de maíz, frijol y otros productos básicos en todo el país;

• Cumplir a cabalidad con el mandato Constitucional de garantizar la alimentación de todos los ciudadanos con productos nacionales de alta calidad y valor nutrimental.

En este sentido nos parece que el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, pesquero y Alimentario 2013-2018 y los Programas Operativos Anuales de la Sagarpa, han fracasado en sus objetivos y metas, en la medida en que seguimos siendo un país importador neto de alimentos y se incrementa cada vez más nuestra dependencia del vecino del norte.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a revisar el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, pesquero y Alimentario 2013-2018, los Programas Operativos Anuales de la Sagarpa, así como el Presupuesto de Egresos 2017, con el fin de llevar a cabo las medidas pertinentes para fortalecer la soberanía alimentaria de los mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 de febrero de 2017.

Diputada Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud de las 32 entidades federativas y a los delegados del IMSS e ISSSTE a acelerar la firma del Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 7 de abril de 2016 los titulares de la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) firmaron el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud.1

El objetivo de dicho acuerdo es generar la suma de voluntades y capacidades por parte de la Ssa, del IMSS y del ISSSTE, así como el desarrollo de acciones coordinadas y articuladas en favor del acceso efectivo con calidad a los servicios de salud a fin de lograr la universalización en la prestación de los mismos.

Además, el acuerdo establece diez compromisos dirigidos al intercambio de servicios hacia una universalización de los servicios sanitarios en aras de lograr un auténtico ejercicio del derecho de las y los mexicanos a la protección de la salud.

Lamentablemente, al día de hoy no ha sido suficiente que las personas se encuentren afiliadas a alguno de los subsistemas de salud, sino que es necesario garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud. Para ello, la universalización pretende la transformación del sistema de salud actual, fragmentado y segmentado, hacia a un sistema universal sin diferencias, que tenga en cuenta la equidad y calidad –el todo para todos–, que sea equilibrado y haga a todos partícipes del mismo, centrado en las personas a través de acciones de prevención, detección temprana y atención integral, eficiente y eficaz (tal como lo sugiere el segundo estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el Sistema de Salud en México, publicado a principios de este año).

Resulta importante dejar claro a la ciudadanía que los primeros pasos hacia la universalización de los servicios de salud no significan que exista una sola institución de salud para todos, sino que las instituciones ya existentes puedan realmente atender, en determinados momentos, a cada uno de los pacientes que así lo requieran. Asimismo, se debe señalar que la consolidación de este plan, vislumbra que cada paciente pueda escoger la institución a la cual asiste, de acuerdo a cómo lo atienden y a sus necesidades de salud.

Con este acuerdo el intercambio de servicios se enmarca como un programa a través del cual las unidades médicas otorgan a la población atención médica, independientemente de la afiliación y la condición laboral de la persona y a partir de un conjunto de intervenciones convenidas y bajo criterios de derivación previamente establecidos entre las instituciones participantes.

Este acuerdo permitirá una nueva forma de coordinación entre la Secretaría de Salud, las instituciones de seguridad social y los prestadores de servicios de las entidades federativas, con un enfoque de transversalidad y de derechos humanos, que permitirá alcanzar el ejercicio real del derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional.

Por lo anterior, y conscientes de que la universalización de los servicios de salud coadyuvará para que la filiación de las personas esté determinada por la necesidad de su atención y no por el empleo que posean, es que presentamos este punto de acuerdo a efecto de exhortar a los estados de la República que aún no han firmado el acuerdo para que sumen sus esfuerzos en aras de favorecer una mejor prestación de servicios de salud para la población en general.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los secretarios de Salud de las 32 entidades federativas; a los delegados del Instituto Mexicano de Seguridad Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, sumen esfuerzos para acelerar la firma del Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, que beneficiará a la población en general con una mejor prestación de los servicios de salud.

Nota

1 Véase: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/76997/ACUERDO_NACIONAL_F IRMADO_7_ABRIL_2016.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a fiscalizar las concesiones autorizadas por el gobierno del estado de México respecto a la autopista Peñón-Texcoco; y a éste, a revisar, evaluar y reconsiderar aquéllas, suscrita por la diputada Magdalena Moreno Vega e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Magdalena Moreno Vega, Sandra Luz Falcón Venegas, Concepción Villa González, Jesús Serrano Lora y Mario Ariel Juárez Rodríguez diputados de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En enero de 2013 la entonces alcaldesa del municipio de Texcoco, Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, convocó a sus homólogos de la región y a las diferentes representaciones populares a formar un frente de protesta por el desmedido incremento aplicado en el costo del peaje que se cobra en la autopista Peñón-Texcoco, el cual pasó de 29 a 38 pesos, representando un incremento de 31 por ciento.

Los cambios en el costo del peaje de esa autopista son frecuentes. En julio de 2011, debido a la presión ejercida por los usuarios, el costo de peaje se redujo de 35 a 28 pesos; en 2012, se incrementó un peso, cobrándose de esa manera, 29 pesos; un año después, en 2013, como se señaló, aumentó a 38 pesos.

La caseta Peñón-Texcoco empezó a operar en 1994, es propiedad del gobierno del Estado de México y está concesionada a las empresas Concesionaria PAC, SA de CV, y Promotora y Operadora de Infraestructura, SA de CV (Pinfra).

En 2013 circulaban por ella, en promedio, 31 mil 242 automóviles diarios.

Consideraciones

Recientemente, a principios de 2017, un nuevo incremento en el costo de peaje de la autopista Peñón-Texcoco se verificó, al pasar de 38 a 44 pesos, implicando otro aumento de casi 16 por ciento y, una vez más, la toma de la caseta de cobro por vecinos y usuarios.

Adicionalmente a esos cuantiosos incrementos, deben señalarse otros elementos no menos importantes:

I. De acuerdo con información de la Unidad de Autopistas de Cuota de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la autopista Peñón-Texcoco comprende un tramo de 16 kilómetros, lo que implica que el recorrido de cada kilómetro cuesta 2.75 pesos.

El promedio de las tarifas por kilómetro que se paga en las autopistas concesionadas en el país es de 1.55 pesos, es decir que en la autopista en cuestión se paga un sobrecosto de 1.20 pesos, 77.4 por ciento más.

En el mismo sentido, en la red total de autopistas de cuota de México se paga en promedio 1.12 pesos, lo que implica que en la autopista Peñón-Texcoco el costo es mayor en 1.63 pesos, es decir, 145.5 por ciento más.

Cabe señalar que viajar en las autopistas de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda y Reino Unido no implica ningún pago de peaje y que en países como Brasil, Argentina y Chile el promedio de ese costo es sustancialmente menor al promedio de México.

II. El abandono general en que se encuentra la autopista Peñón-Texcoco no sólo la convierte en una de las más caras del mundo sino en una de las más inseguras.

Algunas de sus características más importantes son baches, vados, columpios, deformidades persistentes; inundaciones severas en época de lluvia, debidas al carácter fangoso del suelo; carencia de bahías de auxilio; accidentes frecuentes por esas condiciones, el excesivo tránsito de carga por las obras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM) y entronques de alto riesgo; incumplimiento de las normas oficiales y ausencia de unidades de apoyo vial como lo exige la SCT; incremento mayúsculo del robo a pasajeros; insuficiencia y ausencia de vigilancia de la policía federal.

Frente a lo anterior y al gran impacto negativo que tiene en las familias de menores ingresos que deben recorrer diariamente ese tramo carretero de manera forzosa, se propone la realización de una auditoría a los convenios con las empresas Concesionaria PAC, SA de CV, y Promotora y Operadora de Infraestructura, SA de CV (Pinfra); se exhorta a los gobiernos federal y estatales a hacer una revisión, evaluación y reconsideración del esquema de concesión de autopistas que, como la Peñón-Texcoco, deberían ser libres por la importancia que tienen en el transporte de pasaje y mercancías.

Por lo antes expuesto, se hace la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a las concesiones autorizadas por el gobierno del Estado de México a las empresas Concesionaria PAC, SA de CV, y Promotora y Operadora de Infraestructura, SA de CV (Pinfra), con objeto de que el ente auditor conozca, en el ámbito de sus atribuciones, los términos de las concesiones y si éstos se cumplen.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Estado de México a hacer una revisión, evaluación y reconsideración de la concesión de la autopista Peñón-Texcoco, debido a la importancia que guarda en el transporte de pasaje y de mercancías entre esa entidad federativa y la Ciudad de México.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Estado de México a que en tanto se realizan la auditoría y la evaluación solicitadas, el costo de peaje de la autopista Peñón-Texcoco sea el anterior al último incremento, es decir, de 38 pesos.

Dado en la Sede de la honorable Cámara de Diputados, a 23 de febrero de 2017.

Diputados: Magdalena Moreno Vega, Sandra Luz Falcón Venegas, Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Jesús Serrano Lora (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la restauración y el mantenimiento del monumento colonial Templo de San Fernando, en el centro histórico de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, la diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, se localiza el templo de San Fernando el cual tiene sus orígenes a mediados del Siglo XVIII; según las crónicas que se tienen esta construcción fue fundada por la orden franciscana, una de las más importantes y poderosas congregaciones religiosas establecidas en la Nueva España encargada de la conquista espiritual de los nuevos territorios adjudicados por la corona española.

La narración histórica señala que hacia 1730 los misioneros del Colegio de Propaganda Fide de Querétaro decidieron fundar un colegio en la Ciudad de México. En enero de 1731 el virrey marqués de Casa Fuerte autorizó la fundación del colegio y los misioneros compraron con este fin unos terrenos sobre la calzada México-Tacuba que pertenecían al señor Agustín Oliva. En 1735 se puso la primera piedra de la iglesia, la cual fue realizada en estilo Barroco y terminada hacia 1751 por los arquitectos Manuel Álvarez y José Eduardo de Herrera, con retablos del célebre maestro ensamblador José Joaquín de Sáyago.1

Cabe señalar que los colegios fundados por los franciscanos con estas características tenían la finalidad de formar misioneros con el propósito de evangelizar la zona norte del país.

Con la aplicación de las Leyes de Reforma en diciembre de 1860 el colegio fue desalojado y dividido en tres lotes, la iglesia y la biblioteca fueron saqueadas y los retablos destruidos. A principios del siglo XX la sillería del coro fue llevada a la basílica de Guadalupe y el colegio destruido en su totalidad.2

De las características arquitectónicas que presenta el inmueble se podemos detallar lo siguiente:

“...la fachada principal que mira al sur: es una obra de gran arte arquitectónico, en cuya composición se conjugó armoniosamente el barroco con el ultra-barroco.

El primer cuerpo es de un barroco moderado: el arco del medio punto de la portada es clásicamente impecable: pero las cuatro columnas, dos a cada lado, que la flanquean, vibran ya con la impaciencia del barroco con sus delicadas estrías que recorren las columnas de abajo arriba. Entre cada dos columnas se ven sendos nichos,...”3

“El alto relieve, en el centro, represente a San Fernando Rey de Castilla y León triunfante sobre los paganos. Cuatro Ángeles rodean al rey: uno muestra los emblemas de la Cruz y de la Eucaristía: otro sostiene la columna de la fe, al paso que el tercero toca la trompeta de triunfo, y dos alados chiquitines Ángeles le ofrecen la corona de laurel y la palma del triunfo. San Fernando empuña con la derecha la espada y sostiene con la siniestra un mundo, símbolo de aquel en que no se habría de poner el sol.”4

“La torre se levanta airosa y ostenta un barroquismo muy expresivo: sobre dos cuerpos básicos de planta sólidamente cuadrada, iluminados por claraboyas de refinado dibujo, se levantan los dos últimos cuerpos de planta octagonal y alargados ventanales, casi góticos, como para expresar enérgicamente una cierta levedad y ligereza, cual si esos dos últimos cuerpos con su cupulino quisieran remontar el vuelo hacia lo alto. Es éste un efecto que el ultra-barroco constantemente procura producir mediante sus pilastras invertidas (estípites.) Pero en una torre no es fácil recurrir a los estípites, pero sí se puede acudir a una planta ochavada que parece retorcerse ligera sobre sus sólidas plataformas cuadradas. En cuatro nichos, alargados y estrechos, descubrimos otros tantos misioneros itinerantes con el hábito exterior parcialmente recogido y un gallardete en la siniestra mano, en son de emprender el viaje apostólico hacia los puntos cardinales intermedios. Todo esto en el cuarto cuerpo del campanario. El cupulino se aligera también mediante sus múltiples ventanillos y se eleva hasta rematar en un mundillo coronado por una cruz.”6

El templo al que hacemos referencia a lo largo del tiempo ha enfrentado sismos, terremotos como el sucedido en 1858 y el de 1985, las cotidianas inclemencias del tiempo y eventos como la lucha de reforma que afecto a los monumentos de este tipo, de igual manera no debe pasar por desapercibido el paulatino hundimiento que tanto afecta a los inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En reciente visita al recinto religioso se puede apreciar la urgente necesidad de ser intervenido, pues estructuralmente presenta cuarteaduras en el cañón de la nave principal, de igual manera la cúpula tiene fisuras que se reflejan en la fractura de la cantera que le soporta; las paredes de igualmente tienen cuarteaduras.

Las columnas del edificio por el proceso del hundimiento del piso han perdido su verticalidad, orientándose hacia el exterior con el posible colapso que en un futuro cercano se ve inminente, lo anterior se refleja de igual manera en el mármol del piso que ve fracturado en su longitud.

En todo ello existe riesgo para quienes asisten al lugar por lo que es necesario que las autoridades culturales, como lo son la Secretaria de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lleven a cabo los estudios de ingeniería correspondientes, para verificar de manera precisa los requerimientos en cuanto a infraestructura requiere esta construcción.

Fundo mi exhorto, en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia el cual señala: “Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto....”6

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Cultura y a la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia para realizar urgentemente la restauración y mantenimiento del monumento colonial “Templo de San Fernando”, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.

Notas

1 Templo de San Fernando (México), e n https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_San_Fernando_(M%C3%A9xico).

Consultado el 15/02/17.

2 Ídem

3 La Iglesia de San Fernando, Fidel de Jesús Chauvet. En http://iteadjmj.com/MAIN/hsf.pdf. Consultado 20/02/17

4 Ídem

5 Ídem

6. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loinah.htm

Consultado el 20/02/17.

Salón de plenos, a 23 de febrero de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP a actualizar y mantener en vigor durante 2017 el decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes de Campeche y Tabasco, publicado en el DOF el 11 de mayo de 2016 y cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2016, suscrita por los diputados Miguel Ángel Sulub Caamal y Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Miguel Ángel Sulub Caamal y Georgina Trujillo Zentella, diputados federales de los estados de Campeche y Tabasco, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y a su Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que actualicen y mantengan la vigencia durante el ejercicio de 2017, del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de Campeche y Tabasco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016 y que concluyó su vigencia el 31 de diciembre de 2016, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado lunes nueve de enero, el ciudadano presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, realizó un llamado a los sectores productivos, a los trabajadores del país y a la población en general, para en unidad, plantear un camino alrededor de los grandes retos nacionales.

Con el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar se propuso una ruta mínima donde los sectores empresarial, laboral y campesino así como el gubernamental, asumen diversos compromisos estableciendo como prioridades el fomento a las inversiones y el empleo; el preservar la estabilidad económica; proteger la economía familiar, así como preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el estado de derecho.

Una de las principales características del documento, es que exhorta a los otros Poderes de la Federación para que adopten y promuevan medidas similares, y que la propuesta además se enriquezca desde el ámbito local.

Respetable asamblea:

Reconocemos la convocatoria, donde obreros y empresarios fueron llamados a sumarse a un acuerdo que ante todo llama a la unidad del país, y no se postergue ni un día más el proponer y encontrar soluciones entre todos para el cúmulo de retos nacionales y donde hoy más que nunca en la historia moderna de nuestro país, debemos encontrarnos unidos ante el hostil entorno internacional que se nos avecina.

Si bien respetamos las posturas de los convocados y sabemos de la sana pluralidad de las ideas, como legisladores que somos, debemos apostar más por el diálogo y el acuerdo antes que por la confrontación interna para encontrar los equilibrios que nos permitan respaldar con unanimidad las mejores posturas para los retos nacionales.

Desde nuestra trinchera habremos de abonar con propuestas que fortalezcan a México y a sus Entidades Federativas, donde superando el debate debido, prevalezcan las mejores opciones que doten de herramientas a los mexicanos para hacer frente a los grandes desafíos que vienen.

Donde la convocatoria a la unidad que nos ha sido propuesta, no puede desdeñarse por intereses mezquinos que solo se centran en la búsqueda del poder sin valorar la importancia de la gobernanza y la estabilidad de nuestra nación.

Donde como país, debemos reconocer el temple que tenemos y no dejarnos llevar ante los falsos llamados de la anarquía, reconociendo que como mexicanos todos, hemos estado en situaciones de verdadera emergencia y juntos salimos adelante.

Donde debemos dejar de vernos a nosotros mismos como adversarios, y comencemos a proponer alternativas de solución a los grandes retos de nuestro México querido; contemplando que los contrincantes y las verdaderas luchas que debemos dar se encuentran detrás de nuestras fronteras y no dentro de ellas.

Porque hoy más que nunca unidos e integrados por un interés superior que es México podemos lograr lo que otras naciones hacen: ponerse de acuerdo en un camino común.

Hay que reconocer en principio que solo en unidad podemos generar oportunidades en las adversidades; y la relevancia del llamado que hoy realiza el ciudadano Presidente coincide con nuestra lucha diaria de mejorar a través de la ley las condiciones de vida de los mexicanos.

Ante la coyuntura que se nos presenta, debemos dar ejemplo a la población que nos ha elegido de cómo podemos ponernos de acuerdo y darles herramientas para enfrentar mejor su día a día.

Bajo ese orden de ideas, el punto de acuerdo que hoy presento refrenda mecanismos para que las empresas puedan mantener equilibrio en su actividad y en consecuencia precios más estables.

Pretendemos darle forma al llamado del Ejecutivo Federal, para que se fortalezca la atracción de inversiones y su benéfica generación de empleos, manteniendo además las ya existentes.

En este tenor, la presente proposición tiene la intención de que se actualice, mantenga la vigencia y prorroguen objetivos durante el ejercicio de 2017, del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de Campeche y Tabasco , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016 y que concluyo su vigencia apenas el 31 de diciembre de 2016.

En este instrumento se reconocía en principio, el impacto negativo en la actividad económica que el volátil comportamiento de los precios internacionales del crudo, tiene en la actividad económica de aquellas localidades cuya actividad primordial es la extracción del petróleo y que por tanto, dependen directamente de la derrama de recursos que genera la misma, en razón de que la fuente principal de empleo es generada por la actividad petrolera.

El decreto que se comenta incentiva la reorientación de sus actividades productivas y económicas a rubros distintos; sin embargo, también reconoce que este proceso no sería inmediato y que requeriría tiempo y recursos económicos para la inversión en nuevos negocios y/o para transformar los actuales. Motivo central para la continuidad del Decreto , además del escenario presente alrededor del precio de los combustibles en el país.

Sabemos que la política tributaria puede ser un instrumento para otorgar certidumbre económica, a través de estímulos a la inversión y al empleo. Que ayudará en la generación de condiciones propicias para la pronta recuperación económica, una vez que se supere el reto nacional planteado.

Es así que, entre otras medidas se considera pertinente revalidar el eximir a las personas morales y físicas con ingresos por actividades empresariales y profesionales, de la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2017, así como por el segundo trimestre y el segundo cuatrimestre de 2017, según corresponda; y permitir a quienes tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal que difieran la presentación de las declaraciones bimestrales correspondientes al segundo y tercer bimestres de 2017.

Del mismo modo, se considera viable volver a permitir a los contribuyentes que efectúen pagos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, excepto asimilados a salarios, el entero en dos parcialidades iguales del impuesto sobre la renta retenido por dichos conceptos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2017.

Así como permitir a los contribuyentes del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios el pago en parcialidades mensuales por dichos impuestos a partir de julio de 2017, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2017.

También queremos refrendar el permitir que los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que tributen conforme el Título II, Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta que opten por realizar pagos provisionales semestrales del impuesto sobre la renta, conforme a lo dispuesto por la regla 1.3. de la “Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 2016”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015, durante el primer semestre de 2016, podrán optar por presentar mensualmente las declaraciones del impuesto al valor agregado correspondientes a dicho semestre, de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sin que se considere que incumplen los requisitos establecidos en la citada resolución de facilidades para optar por presentar pagos provisionales semestrales del impuesto sobre la renta.

Para el caso de contribuyentes que cuenten con autorización para realizar el pago en parcialidades de contribuciones omitidas en términos del Código Fiscal de la Federación, se estima conveniente que se prorrogue también el que puedan diferir el pago de las parcialidades correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2017, reanudando el pago a partir del mes de julio de 2017 conforme al esquema que les haya sido autorizado.

Asimismo y con el propósito de incentivar inversiones que permitan reactivar la actividad económica en las zonas comentadas y que son especialmente vulnerables a la llamada flexibilización del mercado de combustibles, se permita la deducción inmediata hasta por el 100 por ciento de las inversiones realizadas en bienes nuevos de activo fijo en las citadas zonas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

De igual forma, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, nos parece importante que el Ejecutivo Federal pueda eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país producto del impacto negativo de los mercados.

El detalle de lo expreso anteriormente, puede apreciarse en los 14 artículos del Decreto que el día de hoy, proponemos sea prorrogado para todo el año de 2017, que al calce señala:

“Artículo Primero. Se exime de la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2016, al segundo trimestre y el segundo cuatrimestre de 2016, según corresponda, por los ingresos que obtengan los contribuyentes personas morales que tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a las personas físicas que tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección I y Capítulo III, de la misma Ley, que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto, siempre que dichos ingresos correspondan a su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, que se encuentre ubicado en dichas zonas afectadas.

Artículo Segundo. A los contribuyentes personas físicas que tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto, se les difiere la obligación de presentar las declaraciones bimestrales correspondientes al segundo y tercer bimestre del ejercicio fiscal de 2016, mismas que deberán presentar a más tardar el día 17 de septiembre de 2016, sin que para estos efectos deban pagarse recargos, siempre que los ingresos correspondan a su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, que se encuentre ubicado en dichas zonas afectadas. Lo dispuesto en el presente artículo no se considera un incumplimiento para los efectos de lo dispuesto por el artículo 112, fracción VIII, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Tercero. Los contribuyentes que efectúen pagos por ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado en los términos de lo dispuesto en el artículo 94, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los asimilados a salarios, que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto, podrán enterar las retenciones del impuesto sobre la renta de sus trabajadores, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2016, en 2 parcialidades iguales, siempre que el servicio personal subordinado por el que se paguen estos ingresos se preste en dichas zonas.

Para los efectos del párrafo anterior, la primera parcialidad se enterará en el mes de julio de 2016 y la segunda en el mes de agosto de 2016. La segunda parcialidad se actualizará por el periodo comprendido desde el mes de julio de 2016 y hasta el mes de agosto en que se realice el pago, de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, sin que para estos efectos deban pagarse recargos.

Artículo Cuarto. Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto, podrán enterar en 3 parcialidades mensuales, a partir del mes de julio de 2016, el pago definitivo de los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios a su cargo correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2016, por los actos o actividades que correspondan a su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, ubicados en dichas zonas afectadas.

Para los efectos del párrafo anterior, la primera parcialidad se enterará en el mes de julio de 2016. La segunda y tercer parcialidades se enterarán en los meses de agosto y septiembre del mismo año, según corresponda. La segunda y la tercera parcialidad se actualizarán de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, sin que para estos efectos deban pagarse recargos, de conformidad con los siguientes periodos:

Parcialidad Periodo de

actualización

2 Julio a agosto

3 Julio a septiembre

Artículo Quinto. Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto, que opten por realizar pagos provisionales semestrales del impuesto sobre la renta, conforme a lo dispuesto por la regla 1.3. de la “Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 2016”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015, durante el primer semestre de 2016, podrán optar por presentar mensualmente las declaraciones del impuesto al valor agregado correspondientes a dicho semestre, de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sin que se considere que incumplen los requisitos establecidos en la citada resolución de facilidades para optar por presentar pagos provisionales semestrales del impuesto sobre la renta.

Artículo Sexto. Los contribuyentes que con anterioridad al mes de abril de 2016 cuenten con autorización para efectuar el pago a plazo de contribuciones omitidas y de sus accesorios en los términos del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación y que tengan su domicilio fiscal en las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto, podrán diferir el pago de las parcialidades correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2016, reanudando, en los mismos términos y condiciones autorizadas, el programa de pagos de dichas parcialidades a partir del mes de julio de 2016, sin que para estos efectos se considere que las parcialidades no fueron cubiertas oportunamente, por lo que no deberán pagarse recargos por prórroga o mora.

Artículo Séptimo. Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto, pero cuenten con una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de las mismas, o los que tengan su domicilio fiscal en las zonas antes mencionadas, pero cuenten con sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento fuera de ellas, gozarán de los beneficios establecidos en el presente Decreto únicamente por los ingresos, activos, retenciones, valor de actos o actividades y erogaciones, correspondientes a la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento o a los atribuibles al domicilio fiscal, ubicados en las zonas afectadas. Tratándose del impuesto al valor agregado, no deberán considerar en el pago mensual de dicho gravamen, correspondiente a los actos o actividades realizados fuera de las citadas zonas afectadas, el impuesto acreditable que corresponda a los actos o actividades por los que se aplica el beneficio establecido en este Decreto en dicha materia.

Artículo Octavo. Los contribuyentes que se encuentren en los supuestos para aplicar los beneficios otorgados en el presente Decreto, deberán hacerlo por todos los pagos provisionales o mensuales a que se refiere el mismo, que se encuentren pendientes de efectuar a la fecha de su entrada en vigor, correspondientes al periodo de abril a junio de 2016.

Para los efectos de los artículos Primero, Tercero y Cuarto del presente Decreto, se condonan los accesorios que, en su caso, se hubieran generado en los términos de las disposiciones fiscales en relación con la no presentación de los pagos provisionales, definitivos y retenciones, correspondientes al mes de abril de 2016. La condonación mencionada no se considerará como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

Artículo Noveno. Los contribuyentes que efectúen el pago en parcialidades conforme al presente Decreto no estarán obligados a garantizar el interés fiscal.

En el supuesto de que se dejen de pagar total o parcialmente cualquiera de las parcialidades a que se refiere el presente Decreto, se considerarán revocados los beneficios de pago en parcialidades otorgados en el mismo. En este caso, las autoridades fiscales exigirán el pago de la totalidad de las cantidades adeudadas al fisco federal, con la actualización y los recargos que correspondan de conformidad con el Código Fiscal de la Federación.

Artículo Décimo. Para los efectos de este Decreto se consideran zonas afectadas los municipios de Campeche y Ciudad del Carmen del Estado de Campeche y Centro, Cárdenas, Centla, Comalcalco, Huimanguillo, Macuspana y Paraíso del Estado de Tabasco.

Se considera que los contribuyentes tienen su domicilio fiscal, sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere este artículo cuando hayan presentado el aviso respectivo ante el Registro Federal de Contribuyentes con anterioridad al 1 de abril de 2016.

En el caso de patrones y demás sujetos obligados aplicará lo establecido en el párrafo anterior, cuando hayan presentado el “Aviso de alta” o “Aviso de Cambio de Domicilio” ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con anterioridad al 1 de abril de 2016.

Artículo Décimo Primero. Tratándose de las obligaciones a cargo de los patrones y demás sujetos obligados, previstas en la Ley del Seguro Social, se autoriza el pago a plazos, ya sea en forma diferida o hasta en 12 parcialidades, sin que se generen recargos y actualizaciones de las cuotas causadas durante los meses de abril, mayo y junio de 2016, para que éstas sean cubiertas a partir del mes de julio de 2016.

La autorización a que se refiere el párrafo anterior sólo será aplicable respecto de capitales constitutivos y la parte de las cuotas obrero patronales a cargo de los patrones y demás sujetos obligados que tengan centros de trabajo o cualquier otro establecimiento dentro de las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto. Las cuotas a cargo de los trabajadores, así como las del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, deberán ser cubiertas en los términos y condiciones que establecen la Ley del Seguro Social y el Reglamento de la materia.

En el caso de las solicitudes de autorización para el pago en parcialidades, se dispensará el otorgamiento de la garantía del interés fiscal por parte de los patrones y demás sujetos obligados a que se refiere este artículo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social y su Reglamento en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, siempre y cuando continúen realizando el pago de las parcialidades autorizadas por las cantidades y en las fechas correspondientes.

Para efecto de gozar de las facilidades descritas en este artículo, los patrones y demás sujetos obligados deberán presentar su solicitud ante la Subdelegación que le corresponda del Instituto Mexicano del Seguro Social en los Estados de Campeche y Tabasco, a más tardar el día 15 de mayo de 2016.

Los patrones y demás sujetos obligados a que se refiere este artículo, que con anterioridad al mes de abril de 2016 obtuvieron autorización para efectuar el pago a plazos de cuotas, capitales constitutivos, actualización, recargos y multas, en los términos del artículo 40 C de la Ley del Seguro Social, podrán diferir el pago de las parcialidades correspondientes al propio mes de abril de 2016 y las subsecuentes que se les haya autorizado, reanudando su pago en los mismos términos y condiciones autorizados, a partir del mes de julio de 2016, sin que se considere que las parcialidades no fueron cubiertas oportunamente, por lo que no se generarán recargos por prórroga o mora.

En el supuesto de que se dejen de pagar total o parcialmente cualquiera de las parcialidades a que se refiere el presente artículo, se considerarán revocados los beneficios de pago en parcialidades otorgados en el mismo. En este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social exigirá el pago de la totalidad de las cantidades adeudadas al Instituto, con la actualización y los recargos que procedan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.

Artículo Décimo Segundo. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, en las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo del presente Decreto, consistente en deducir de forma inmediata las inversiones efectuadas en bienes nuevos de activo fijo que realicen en dichas zonas afectadas, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2016, en el ejercicio en el que adquieran dichos bienes, aplicando la tasa del 100 por ciento sobre el monto original de la inversión, siempre que dichos activos fijos se utilicen exclusiva y permanentemente en las mencionadas zonas.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola.

Para los efectos de este artículo, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en México.

Artículo Décimo Tercero. Lo dispuesto en el presente Decreto no será aplicable a la Federación, a los Estados de Campeche y Tabasco, a sus municipios, ni a sus organismos descentralizados.

La aplicación de los beneficios establecidos en el presente Decreto no dará lugar a devolución o compensación alguna diferente a la que se tendría en caso de no aplicar dichos beneficios.

Artículo Décimo Cuarto. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto.”

Finalmente y atendiendo a las circunstancias económicas presentes se propone que, en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, en el caso específico del artículo décimo del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de Campeche y Tabasco, se actualice para efecto de que los beneficios fiscales respalden y sean aprovechados por el sector empresarial de la totalidad de los municipios de Campeche y Tabasco.

Es por lo anteriormente expuesto, que se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a su Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que actualice y mantengan la vigencia durante el ejercicio de 2017 del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de Campeche y Tabasco , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016 y que concluyó su vigencia el 31 de diciembre de 2016, beneficiando a todos sus municipios, en el marco del llamado realizado a través del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar presentado el pasado nueve de enero del año corriente, y para continuar incentivando la actividad económica en estas regiones del país.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 23 de febrero de 2017.

Diputados: Miguel Ángel Sulub Caamal, Georgina Trujillo Zentella (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a diseñar y coordinar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno acciones para garantizar la seguridad e integridad física del personal de salud en México, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Ricardo del Rivero Martínez, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En México cuatro de cada diez personas, perciben la inseguridad, como el principal problema que vulnera su entorno, aislándoles y modificando drásticamente su actuar del día a día, lo que ocasiona que prolifere una desesperanza y una acentuada percepción negativa de que las condiciones no mejorarán en un corto plazo.

Así lo evidencian estudios cuantitativos como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que referenció que entre la ciudadanía, existe una marcada percepción sobre el aumento de inseguridad al pasar de 67.7 por ciento en marzo de 2015 a 69.9 por ciento en marzo de 2016.

Adicionalmente, el Inegi da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE) con el propósito de generar información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el fenómeno de victimización delictiva durante el 2014. En este marco, los datos obtenidos en la ENVIPE, estiman que 58 por ciento de la población a nivel nacional de 18 años o más, considera que la “inseguridad” es el principal problema que agobia a su entidad federativa.

Boletín de prensa 395/15 30 de septiembre de 2015. Página 12.

Cierto es, que una arquitectura del miedo, se ha apuntalado en diversos estados, imposibilitando que en algunas localidades se generé una efectiva cohesión social. La percepción de inseguridad, va más allá de emitir un juicio basado en el supuesto de que la persona puede ser víctima de una agresión, sino que refleja el desasosiego de estar expuesto nuevamente a una situación que vulnere su integridad, al ser que 22.8 millones de mexicanos de 18 años o más han sido víctimas de algún delito.

El 68 por ciento de los mexicanos que viven en ciudades mayores a los 100 mil habitantes considera inseguro el lugar en que radica (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana), lo que ocasiona en muchos de los casos un cambio obligado de residencia, porque más de 50 por ciento de los encuestados consideran que la situación continuará igual o empeorará.

El Índice de Paz México 2016, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, detalla el aumento de la tendencia hacia una mayor impunidad en homicidios a partir del 2007, aun cuando en el 2015 los niveles de paz en México mostraron una mejora discreta de 0.3 por ciento. “La principal razón por la que el nivel de paz en el país se ha estancado, es el aumento de homicidios (14 homicidios por cada 100 mil habitantes), en relación al promedio mundial que es de 6 personas por cada 100 mil habitantes”1 .

Situación que también ha alcanzado al personal de salud, que en los últimos años, ha sido blanco de diversos ataques que van desde agresiones físicas, robos y secuestros que en la mayoría de los casos, han culminado en muertes. Aún cuando no se cuentan son cifras oficiales puntuales, los ataques evidencian que ejercer la medicina en México, se ha convertido en una profesión de alto riesgo y como bien lo externó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein: “Nadie en México puede sentirse a salvo”2 .

Hace unos meses, en Tamaulipas fue asesinada brutalmente la doctora, Citlalli Karina Sandoval Duarte, originaria de Durango quien se encontraba realizando su internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social; tal situación se suma a los cientos de casos que exhiben una preocupante situación de vulnerabilidad y de evidente incapacidad de parte de las autoridades de garantizar la seguridad de los médicos en el pleno ejercicio de sus funciones.

El estado de México, Guerrero, Morelos, Veracruz, Hidalgo, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa son las entidades en donde se registran mayores delitos cometidos contra médicos y pasantes.

La Encuesta de Violencia hacia el Personal de Salud en México3 , arrojó que 24 por ciento de los encuestados ha sido objeto de extorsión telefónica, 23 por ciento asalto a mano armada, 7 por ciento extorsión directa, 7 por ciento robo en consultorio, 6 por ciento secuestro, 3 por ciento asesinato, 3 por ciento levantón, 2 por ciento de secuestro virtual y 1 por ciento violaciones. Ante esta situación, los profesionales de la salud, han alzado la voz para exigir mejores condiciones para el desenvolvimiento libre de su profesión, manifestándose en contra del acoso y la violencia a la que están expuestos como gremio.

La población en general es la que se ve igualmente afectada por este clima de inseguridad generalizado, al repercutir potencialmente en la prestación de los servicios de atención de salud, representando un riesgo inminente por el deterioro de la calidad de los cuidados prestados, ocasionado principalmente porque en diferentes localidades, médicos han tomado la decisión de abandonar sus espacios de trabajo derivado del peligro al que están expuestos.

Para Acción Nacional, es preocupante que estos actos sigan imperando contra el personal de salud en México; no podemos ser omisos ante casos como el de la doctora Citlalli Karina Sandoval Duarte, quien se esforzaba al igual que todos los médicos que han sido agredidos, en la búsqueda por proveer el mejor cuidado de la salud de los pacientes que a ellos recurrían; este tipo de hechos no pueden quedar impunes.

Es inaplazable encontrar las coincidencias para impulsar los mecanismos necesarios que nos permitan garantizar la seguridad de todo el personal de salud, no se puede simplemente permitir que las cosas sucedan y que las agresiones continúen contra el personal médico. Recordemos que en el país por cada 1.000 habitantes sólo se cuenta con 1.9 médicos, cifra muy por debajo que no permite cubrir las necesidades en materia de salud que enfrenta el país.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le hace un respetuoso exhorto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que diseñe y coordine en conjunto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las acciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad física del personal de salud en México.

Notas

1 La sombra de la violencia envuelve a México, según el Índice de Paz mundial 2016 . Sputnik Mundo. 8 de abril de 2016. En línea. Fecha de consulta 6 de mayo 2016. Disponible en

http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160408/1058 484681/violencia-mexico.html

2 AP. “Nadie en México puede sentirse a salvo”: el mensaje de Alto Comisionado de la ONU en México. Animal Político. 8 de octubre 2015. En línea. Fecha de consulta 6 de mayo 2016. Disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2015/10/nadie-en-mexico-puede-sentirse-a-salvo
-el-mensaje-de-alto-comisionado-de-la-onu-en-mexico/

3 Rodríguez, Ruth et Justino Miranda. “Pega violencia a 75 por ciento del personal médico, revelan.” El Universal. En línea. Fecha de consulta: 7 de mayo 2016. Disponible en:
http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/
pega-violencia-a-75-del-personal-medico-revelan-223877.html

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2017.

Diputado Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP a fin de que en La Montaña, Guerrero, se elimine el cobro del impuesto especial sobre producción y servicios o, en su caso, se considere reducirlo en el precio de los combustibles fósiles programado para 2017, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado, Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

En “México, cerca de 88 por ciento de la energía primaria que se consume proviene del petróleo. Llega a nosotros cada día en una gran variedad de formas. Es la principal fuente de insumos para generar energía eléctrica, permite la producción de combustibles para los sectores de transporte e industrial. Además, es materia prima de una gran cantidad de productos como telas, medicinas objetos de plástico”.1

Uno de los derivados del petróleo en el país es la gasolina, en su versión de gasolina magna, premium y el diésel. Desde inicios de la actual administración pública federal, se ha venido aumentando considerablemente los precios, como lo muestra la tabla2 siguiente:

Pero el aumento de los precios de la gasolina es el resultado de la mal llamada Reforma Energética, en el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de leyes federales, con el supuesto de poner a la vanguardia a México en materia de energía, resultando la reestructuración superficial de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre todo del alza de los precios a la gasolina y diésel.

El 27 de diciembre de 2016, el licenciado José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, declaró sobre el aumento de los precios a la gasolina y al diésel en el país, atribuyendo dicho incremento a la inestabilidad petrolera en el mundo, señalando que dicho aumento iniciaría a partir del 1 de enero de 20173 . En comparación con 2016 los incrementos representan:

• 14 por ciento adicional al costo de magna;

• 20.1 por ciento más para premium, y

• 16.5 por ciento más por el costo del diésel.

Así también, con fecha jueves 5 de enero de 2017, el licenciado Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo federal, en relación al llamado “Gasolinazo”, declaró que:

“Que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento a los impuestos ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60 por ciento, esto a su vez ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años, México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos, en pocas palabras se trata de aumento que viene del exterior, el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuesto por este incremento”4

El presente argumento no es válido, no está fundado ni motivado y carece de razonamiento de facto y no es acorde a la realidad del país, al respecto conviene aclarar que después de la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en sus artículos 2o., fracción I, inciso D) y 2o.-A respectivamente, se ha incremento el impuesto a la gasolina y al diésel 40 por ciento, que pagan los mexicanos y guerrerenses respectivamente.

“El IEPS: Este impuesto se aplica a las gasolinas y al diésel. Es ajustado de manera automática en relación a la variación entre el precio productor y público consumidor. Se determina de manera mensual por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Es un impuesto indirecto, en virtud de que los contribuyentes no lo pagan directamente sino que lo trasladan o cobran a sus clientes (excepto en importación) y el contribuyente sólo lo reportan al Sistema de Administración Tributaria”5 .

Y son miles de millones de pesos recabados por lo estipulado en el artículo antes mencionado con respecto al año 2016, y ahora en el año 2017, todavía no se tiene una cifra exacta de los billones de pesos que ingresaran a las arcas del gobierno federal por este incremento.

Pero desde el mismo 1 de enero de este año, en diferentes estados de la República, como Hidalgo, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, entre otros, han existido una serie de protestas, manifestaciones, saqueos, y hasta vandalismo en diferentes tiendas, empresas, gasolineras, contra el incremento a los precios de la gasolina.

Resulta claro que esta ola de manifestaciones no parará hasta que se revierta el precio de la gasolina y el diésel, y que verdaderamente el gobierno de la República tome medidas reales en beneficio de las finanzas del país, finanzas que deben favorecer a los más de 60 millones de mexicanos que se encuentran en la pobreza.

La protestas sociales van más allá de tinten políticos y representan el malestar de millones de mexicanas y mexicanos, por ello, el gobierno federal tuvo que recular al segundo aumento que se iba a registrar el 4 de febrero del año en curso, sin embargo se prevé que en este mismo mes se anuncie otro aumento.

Ante este grave daño a la economía de las familias mexicanas es necesario mantener una postura en contra del incremento a la gasolina y el diésel, por eso se propone el presente punto de acuerdo, para que se exhorte el presidente de la República para que lo más pronto posible dé marcha atrás con el denominado “Gasolinazo”.

Derivado de este incremento a la gasolina y diésel, se le están cobrando a miles de guerrerenses estas cantidades, que a continuación se señalan:

Fuente: Comisión Reguladora de Energía6

Es preciso señalar que en la región de la montaña del estado de Guerrero, existen municipios con muy alta marginación que incluso ocupan los primeros lugares de pobreza a nivel Latinoamérica, por ello, es necesario que se considere una reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en los precios de las gasolinas, como ya ocurrió en algunos municipios de la zona norte del país, derivado de la falta de competencia con los precios que se ofertan en los Estados Unidos de América.

Y al tenor de que con fecha de 14 de febrero de 2017, un punto de acuerdo presentado por diputados del Grupo Parlamentario del PRI, el cual era de características similares, sólo que hacía mención a la región norte del país, en concreto a las ciudades fronterizas fue aprobado , no veo razón por la que en esta ocasión no sea aprobado este presente punto de acuerdo.

México tiene una deuda con nuestros pueblos y comunidades indígenas de la región de la montaña del estado de Guerrero, así como con nuestros hermanos indígenas de todo el país, que durante décadas se han visto estancados en cuanto a desarrollo social y económico.

Entiendo que hay sintonía de todos los legisladores aquí presentes, sobre el hecho que el IEPS ha venido a afectar a los más necesitados, a los más vulnerables del país, por ello estoy seguro que así como se hizo justicia para nuestros hermanos del norte, se podrá hacer lo mismo con las comunidades de la región de la montaña del estado de Guerrero, región que se ha caracterizado por sus precarias concisiones de vida y desarrollo social.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos, presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de Poderes y al federalismo, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de la federación, Enrique Peña Nieto, para que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público para que en la región de la montaña del estado de Guerrero se elimine el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o, en su caso, se considere una reducción del mismo, en los precios de los combustibles fósiles programados para el ejercicio fiscal de 2017, por considerarse los municipios que la integran como de alta marginación.

Notas

1 http://cuentame.inegi.org.mx/economia/petroleo/default. aspx?tema=S

2 https://www.comparaguru.com/blog/cuanto-ha-subido-el-precio-de-la-gasol ina-en-mexico-en-6-anos/

3 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/27/1136490

4 https://www.youtube.com/user/gobiernofederal

5 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-01-15.pdf

6 Comisión Reguladora de Energía CRE, Formato acuerdo publicación de precios máximos, Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diésel en México. Disponible en:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/176963/
Formato_Acuerdo_publicaci_n_de_precios_m_ximos_Final_161226.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a llevar a cabo las investigaciones correspondientes y, en su caso, emprender acciones legales contra quienes pudieron causar daño patrimonial a la hacienda pública de Oaxaca, a cargo de la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme transcurren los primeros meses de la actual administración gubernamental del estado de Oaxaca se han detectado y hecho públicas diversas irregularidades en las que incurrió el anterior gobierno estatal, encabezado por Gabino Cué Monteagudo. Estas irregularidades en el manejo de los recursos públicos suponen un daño para las finanzas públicas y vulneran la viabilidad financiera y patrimonial de corto y largo plazo de la entidad.

La confirmación de estas anomalías refleja la opacidad con la que se condujo el ejecutivo estatal en el periodo comprendido de 2010 a 2016, exhibiendo la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos públicos efectivamente ejercidos.

A unos meses de concluir el mandato del ex gobernador de Oaxaca, la deuda pública de la entidad se contabilizaba en el orden de 14 mil millones de pesos, lo cual ha representado todo un reto para la administración que entró en funciones el pasado 1° de diciembre del 2016 pues se recibió un estado debilitado económica y socialmente.

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, empleando la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se estima que en el estado de Oaxaca viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema 2 millones 662 mil 748 de personas, quienes representan el 61.57% del total de la población en la entidad.

En este sentido, resulta paradójico es que de acuerdo al propio ex gobernador de Oaxaca, durante su mandato se realizaron importantes acciones tendientes a reducir de manera tajante la brecha de pobreza prevaleciente en la entidad, sin embargo los resultados no reflejan la realidad actual.

La Auditoria Superior del Estado (ASE por sus siglas en lo subsecuente) en su segundo informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado en el 2016, evidenció que la entidad tuvo un crecimiento anual del empleo durante junio de 2016 de 1.2%, lo que la posicionó en los últimos lugares, sólo arriba de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche.

Asimismo, la ASE, en su análisis de la situación financiera del estado, pone especial énfasis en la subestimación de los ingresos de parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, dado que la entidad contó con tres millones más de lo estimado por el H. Congreso del Estado, situación que repercutió en la planeación y programación del ejercicio del gasto público del Estado (página 34).

El dictamen de la auditoría realizada a tres dependencias del gobierno estatal: la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC), Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), tuvo una connotación de salvedad que evidencia “deficiencias administrativas, de control interno, que implicaron errores u omisiones en el registro contable y en la información financiera y/o cuantificación monetaria” (página 98).

En lo particular, y tras diversos señalamientos, la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, en su momento, justificó las acciones del gobierno estatal al argumentar que no existió opacidad en el destino de nueve mil millones de pesos, mismos que fueron destinados al desarrollo social y humano; sin embargo, dichos argumentos se derrumban fácilmente cuando salen a la luz casos como el que se refiere a las personas con discapacidad beneficiarias del programa “Bienestar”, quienes durante meses no recibieron el apoyo correspondiente aun cuando sí existieron los recursos para su ejecución.

Diversas son las singularidades que se presentaron y que se vienen conociendo del sexenio del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, tal es el caso del controvertible Centro Cultural y de Convecciones, mismo que desde su concepción estuvo lleno de anomalías evidenciadas con la suspensión de la obra. En días recientes, el ejecutivo estatal en funciones informó que se está investigando acerca del desvío de 290 millones de pesos que estaban destinados para el Fondo Regional y que se canalizaron para la edificación del referido Centro Cultural.

En el Partido Verde Ecologista de México tenemos la convicción de que el buen uso de los recursos públicos es fundamental para garantizarle a la población que éstos se traduzcan en bienes y servicios públicos que atiendan sus necesidades y potencien el ejercicio efectivo de sus derechos. Por lo anterior, condenamos las irregularidades cometidas en el ejercicio del gasto público porque estas se traducen en deudas financieras de largo plazo para los ciudadanos y además comprometen el correcto desempeño de los futuros gobiernos locales.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y, en su caso, emprenda las acciones legales contra quienes pudieron causar un daño patrimonial a la hacienda pública del estado de Oaxaca.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de febrero de 2017.

Diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y la SCT a vigilar, salvaguardar y privilegiar los derechos de los trabajadores jubilados y en activo del Servicio Postal Mexicano, así como el estricto cumplimiento del artículo 28 constitucional y demás relativos aplicables, frente a los despidos masivos dados en la presente administración tras la firma del convenio de colaboración con DHL Express México, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

El servicio postal o de correos por décadas ha sido de gran importancia y trascendencia para la vida, política, económica, cultural y social de nuestro México, ya que ha permitido el desarrollo de las comunicaciones entre los pueblos y regiones que conforman nuestro país y con el tiempo trascendió hasta la comunicación intercontinental de este mundo globalizado.

La expresión “correo” tiene diversas acepciones, siendo la principal la de servicio público que tiene por objeto el transporte de la correspondencia oficial y privada. El término “correo” proviene del vocablo catalán correu , y éste a su vez del francés antiguo corlieu , de corir , correr y lieu , lugar.1

Existen antecedentes en nuestro país de diversos grupos culturales, siendo el principal la organización que tenían los aztecas, no olvidemos a los painanis “corredor veloz” o también llamado “el de los pies ligeros”, dedicados a transmitir los designios religiosos, los yciucatitlantis , que eran los mensajeros que llevaban datos urgentes a la metrópoli, los tamemes o mensajeros que se encargaban de llevar productos y mercancías de regiones apartadas hacia el imperio azteca, (entre sus logros más destacados se conoce la transportación del pescado fresco desde las costas de Veracruz a la metrópoli, el mismo día de su captura).2

“...Se sabe que durante la época colonial, en 1514 el emperador Carlos I creó el cargo de Correo Mayor de Indias, mismo que aparece como una “merced real” en beneficio de un particular, aunque con gran injerencia de lo que hoy podríamos llamar Estado, es decir la Corona.

Más adelante se perfecciona el sistema, al dictarse en 1794 la Ordenanza General de Correos, Postas, Caminos y demás ramos agregados a la Superintendencia General. En dicho ordenamiento se establecieron diversas normas relativas al mejoramiento del sistema postal y la protección de la correspondencia.

Ya en el México Independiente, en 1821, el sistema postal se organizó en la Secretaría de estado y del despacho Universal de Relaciones Internacionales y Exteriores. En 1823, durante el gobierno de Guadalupe Victoria, el correo se incorporó a la Secretaría de Hacienda.

En la Constitución federal de 1857 se declaró subsistente el monopolio estatal de correos. El artículo 28 de dicho texto constitucional señaló: “no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección de moneda, a “los correos”, a los privilegios que, por tiempo limitado conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora”.3

Fue hasta 1884 que entró en vigor el Código que regulaba el Servicio Postal en México, y en ese mismo año, el entonces presidente Manuel González emitió el Primer Reglamento y Manual de Organización de la Administración General de Correos.

En 1891, el servicio postal dejó de pertenecer a la Secretaría de Hacienda y pasó a formar parte de la recién creada Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; y en 1899 se expide el nuevo código postal.

Cabe señalar que la desincorporación obedeció a que en un principio se consideró al correó como una renta del estado, por los ingresos generados; con la expedición del nuevo código postal se consideró como un servicio público.

Al final del siglo XIX el correo mexicano movía anualmente poco más de ciento treinta millones de piezas y contaba con 1742 oficinas a lo largo y ancho el territorio nacional.

El Constituyente de 1916-1917 reiteró la mención hecha en la Constitución de 1857, en un solo párrafo el artículo 28, promulgado en 1917.

Existen autores como Flor Jiménez Bautista que ha definido al Servicio Postal Mexicano como: “La actividad técnica, destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, consistente en la recepción, transporte y entrega de correspondencia entendiéndose por ésta última, la contenida en sobre cerrado y tarjetas postales, que se ajuste a las normas previstas en la ley y disposiciones generales que la regulen, cuyo cumplimiento uniforme y continuo debe ser permanente asegurado, regulado y controlado por el poder público, en beneficio de toda persona previo cumplimiento de los establecidos para su presentación”.4

En ese orden de ideas, y en una muy reducida idea de la historia de Correos en México, se llega al decreto emitido por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, por el que se crea el organismo descentralizado denominado Servicio Postal mexicano (Sepomex), organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, que pasa a formar parte de la administración pública paraestatal.

Tal es la trascendencia el Servicio Postal Mexicano, que basta leer los párrafos cuarto y quinto del artículo 28 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cito:

“...Artículo 28 . En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las (DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la industria.

...

...

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas : correos, telégrafos y radiotelegrafía ; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Párrafo reformado DOF 20-08-1993, 02-03-1995, 20-12-2013

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado .”...

Si bien se señala el concepto de área estratégica, ligado a la noción de economía mixta, lo cierto es que el artículo 11 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, establece:

“...Artículo 11. El servicio público de correos es una área estratégica reservada al Estado en forma exclusiva .”...

Por su parte la fracción XVII, del artículo el artículo 73 de nuestra Carta Magna otorga la facultad al Congreso de la Unión, para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, postas y correos , y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, el artículo 117, fracción III, del máximo ordenamiento en comento, prohíbe a los estados: acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas, ni papel sellado, por lo tanto, los artículos antes mencionados son la base de la estructura legal del Servicio Postal Mexicano, que se norma a través de las leyes secundarias el servicio público de correos en nuestro país.

En la actualidad

“...el Servicio Postal Mexicano, Correos de México tiene la función de mantener comunicada a la población ofreciendo servicios de correspondencia, mensajería y paquetería accesibles, confiables y de calidad, con la misión de ser factor de inclusión de la población , facilitador de la actividad económica y garante de las comunicaciones interpersonales.”...5

Sin embargo, parece que con el paso de los años y el uso de nuevas tecnologías, ha quedado en el olvido la misión de ser un factor de inclusión de la población, así como el de seguir siendo un servicio público prestado por el estado, derivado del sistema económico capitalista, adoptado por la presente administración, que ha fallado con los años, basta recordar que el Sepomex, firmó el 22 de abril de 1991 un acuerdo con la empresa Mail, Boxes Etc de México (MBE), subsidiaria de una empresa estadounidense, que le permitiría poner oficinas postales privadas que ofrezcan más servicios que las oficinas estatales de correos, preparando así la privatización del correo.

“...Sin recursos para renovar y modernizar sus servicios, el Servicio Postal Mexicano (SPM) ha recurrido a tecnología y capital extranjeros y privados para poder satisfacer sus necesidades, lograr eficiencia y participar en la creciente integración entre Estados Unidos de América (EUA) y México.

En una acción sin precedentes, anunciada en EUA como “un primer paso hacia la privatización” del correo mexicano, el SPM firmó el 22 de abril un acuerdo con la empresa “Mail, Boxes Etc de México” (MBE), subsidiaria de una empresa estadunidense, que le permitirá poner oficinas postales privadas que ofrezcan más servicios que las oficinas estatales de correos

El acuerdo es el primero y único con el que se intenta regular a empresas que desde hace algunos años operan en México sin paraguas legal y aún contra la Constitución, que establece que el único responsable de transportar y entregar correspondencia es el gobierno mexicano.

Desde la semana pasada Mail, Boxes Etc de México puede vender franquicias a particulares para poner locales donde se ofrecerán, entre otros, los servicios de renta de apartados postales, venta de timbres, paquetería, fax público, télex, buzones de correo, funciones que hasta hace unos días sólo podía otorgar el Servicio Postal Mexicano.

Además, MBE ofrecerá a aquellos que renten un apartado postal, una dirección en EUA para recibir su correspondencia y paquetería y, utilizando el servicio Mex-Post, del correo mexicano, tendrá en 24 horas los objetos en México.

“Al elegir el concepto de MBE, el Servicio Postal Mexicano extenderá su servicio a más clientes e incrementará su red de distribución sin necesidad de una gran inversión de nuevo capital”, dice a Proceso Blaine Roberts, presidente de MBE México.

Con el slogan “El correo alternativo”, MBE nació en 1980 en Estados Unidos por la ineficiencia y falta de recursos del servicio postal estadunidense Actualmente, MBE tiene más de mil 400 franquicias en 46 estados de la Unión Americana y calcula tener 2 mil 500 en 1995.

MBE está clasificada con el número diez entre las franquicias de mayor crecimiento en Estados Unidos. Tiene sucursales en Canadá, Puerto Rico, Japón y España.

En México, según Roberts, espera abrir 500 expendios en los próximos seis años “Aunque este cálculo tal vez resultó conservador, ya que apenas en una semana hemos recibido más de cien llamadas de gente interesada en nuestro concepto”.

Desde 1989 funcionan en Tijuana y Mexicali dos tiendas de MBE, pero que sólo dan servicios limitados y todos en relación con EUA.

Para obtener una franquicia de MBE se necesitan unos 150 mil dólares y un local. La empresa proporciona desde el mobiliario hasta los anuncios, la maquinaria y la tecnología. La renta de un apartado postal, que incluye el derecho de uso de fax, y una dirección en EUA para recibir materiales en 24 horas, vale unos 25 dólares mensuales.

También, el nuevo dueño y sus empleados necesitarán asistir a cursos para entrenar al personal, con el objeto de que la calidad del servicio en todos los MBE sea homogénea.

Cerrado su acuerdo con SPM, Blaine Roberts no duda en separarse de sus antiguos competidores “Para nuestros envíos a Estados Unidos no utilizaremos los servicios privados de mensajería, ya que están fuera de la ley. Nosotros utilizaremos el servicio de Mex-Post, que garantiza la entrega en 24 horas”.

Roberts, quien también forma parte del Consejo de Administración de la matriz en San Diego, se refiere a empresas como Federal Express, DHL o Estafeta, que funcionan como correo privado, en abierta oposición a la Constitución y con permiso del gobierno mexicano.

(El artículo 28 constitucional, párrafo cuatro, señala que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: correos, telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite”).

El presidente de MBE México se congratula y hace su lectura de la Constitución: “Nosotros no quisimos entrar al mercado aprovechando hoyos de la ley. Ahora nos sentimos más tranquilos por el acuerdo que hemos firmado, además de que MBE no hace movimiento de correspondencia; como lo señala la Constitución, nosotros somos únicamente centros distribuidores....”6

No obstante el fracaso probado de las inversiones en el Servicio Postal Mexicano, ahora se prepara una nueva embestida, a dicha empresa y a sus trabajadores que en el año 2015 se reportó por parte de Sepomex que tenía tres mil cincuenta y siete juicios laborales, que representaban un pasivo contingente de 493 millones de pesos.

Cabe señalar que en el año 2014, Sepomex reportó ingresos por 4 mil 961 millones de pesos, lo que representó un incremento de 1.5 por ciento respecto de 20137 , cabe señalar que hasta el cierre de 2014 reportó 18 mil 625 empleados con mil 556 oficinas de reparto en el país, en ese orden de ideas, Sepomex sigue siendo una empresa rentable, para el estado, sin embargo los malos manejos y esa tendencia a privatizar todas las empresas productivas del estado, hacen que al día de hoy miles de trabajadores se encuentran con el miedo a ser despedidos, derivado del anuncio el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruíz Esparza, señaló que despedirán a 2 mil 300 trabajadores de Sepomex, en todo el país, justificando el despido masivo en el recorte presupuestal de 2017, por lo que tiene la obligación de restringir gastos.8

Supuestamente para tener un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos, ¿Dónde quedaron las supuestas reformas estructurales que tanto beneficiarían al país?

Cabe destacar que para el cierre de 2016 había 17 mil 100 trabajadores en Sepomex, lo que quiere decir que, en comparación con el año 2014 donde se reportaron 18 mil 625 trabajadores, se perdieron mil 525 trabajos en dicha empresa a 2016 a los que sí les sumamos los 2 mil 300 que se pretenden para el año 2017, Sepomex en lo que va en la administración de Enrique Peña Nieto ha perdido 3 mil 825 trabajos.

Cabe destacar que:

“... Correos de México firmó un contrato de colaboración con DHL Express México, empresa perteneciente al corporativo alemán Deutsche Post DHL, en cual el organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se compromete a ofertar los servicios de la empresa de servicios de paquetería de acuerdo con los tiempos de entrega y destino del envío.

“La colaboración estratégica que inician las dos instituciones alineada al Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, generará valor agregado a los usuarios a través de la capacidad logística global de Deutsche Post DHL con la amplia infraestructura de Correos de México en el país”, aseguró la SCT en un comunicado.

Este convenio con DHL forma parte de los esfuerzos de Correos de México para modernizarse y diversificar sus servicios, a través de la entrega de paquetes, así como documentos por medio de la red de logística que tiene la empresa alemana en más de 220 países en el mundo.

“El convenio celebrado con el Correo Alemán (Deutsche Post DHL) marca el inicio de esta nueva etapa de alianzas estratégicas que hacen patente la confianza de empresas globales en la capacidad y potencial de Correos de México”, dijo la SCT.

La dependencia federal aseguró que ha exhortado a otras empresas de mensajería y paquetería a celebrar alianzas estratégicas para ampliar los servicios de las oficinas postales.”...9

Si bien es cierto que el servicio postal mexicano se presta exclusivamente por el Estado mexicano a través de Sepomex, la normatividad vigente permite que en determinadas circunstancias se pueda coordinar la prestación del servicio con otros entes gubernamentales o incluso con particulares, pero esto no incluye el despido masivo de sus trabajadores, quienes de acuerdo con el decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, son trabajadores al servicio del estado, tal y como se lee en su artículo 16 señala:

Artículo 16. Las relaciones de trabajo entre el organismo y su personal, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos.10

Por otro lado, en el mismo decreto se señala en su transitorio tercero:

El personal e la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en virtud de lo dispuesto por este decreto pasó al organismo descentralizado Servicio Postal Mexicano, en ninguna forma resultará afectado en sus derechos laborales.11

Por consiguiente, los derechos laborales de los trabajadores se encuentran protegidos por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que el régimen de los empleados de Sepomex, es el régimen general de los servidores públicos al servicio del estado.

No obstante que el servicio que ha prestado por décadas el Sepomex, como un servicio público, ha permitido en gran medida el crecimiento de nuestro país, sin embargo, en la última década vemos un decremento en la estabilidad laboral de Sepomex, derivada de su mala administración, a pesar seguir siendo una empresa competitiva, no siendo óbice el avance de las tecnologías, se cita como ejemplo el hecho del crecimiento de las compras por internet, mismas que para llegar a su destinatario final, son enviadas en su gran mayoría vía Sepomex.

En ese sentido y toda vez que la misión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es fortalecer la política laboral, a partir de cuatro ejes rectores dirigidos a lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos, a través de la democratización de la productividad, la plena salvaguarda de sus derechos y el de las personas en situación de vulnerabilidad, además de que les asegure el acceso a la justicia laboral. Todo ello, privilegiando el diálogo social con responsabilidad, madurez y voluntad para alcanzar soluciones y acuerdos, que den continuidad a los procesos productivos y a las fuentes de empleo, para fomentar el crecimiento económico del país y preservar la paz laboral, es de exhortarse al secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, para que vigile y salvaguarde los derechos de los trabajadores jubilados y en activo de Sepomex, derivado de los despidos masivos que se han dado en la presente administración, posiblemente derivados de la firma del contrato de colaboración DHL Express México, empresa perteneciente al corporativo alemán Deutsche Post DHL.

De igual manera, es de exhortarse al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a que vigile y privilegie los derechos de la base trabajadora de Sepomex, frente al convenio de colaboración firmado con la empresa DHL Express México, empresa perteneciente al corporativo alemán Deutsche Post DHL, así como para que haga públicos de manera puntual y pormenorizada, todo lo referente a dicho convenio.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, para que vigile y salvaguarde los derechos de los trabajadores jubilados y en activo del Servicio Postal Mexicano, derivado de los despidos masivos que se han dado en la presente administración, posiblemente, derivados de la firma del convenio de colaboración con DHL Express México, empresa perteneciente al corporativo alemán Deutsche Post DHL.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a que vigile y privilegie los derechos de la base trabajadora del Servicio Postal Mexicano, así como el estricto cumplimiento al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, frente al convenio de colaboración firmado con la empresa DHL Express México, empresa perteneciente al corporativo alemán Deutsche Post DHL, así como para que haga públicos de manera puntual y pormenorizada, todo lo referente a dicho convenio.

Bibliografía

Cienfuegos Salgado, David y Guzmán Hernández, Esperanza. “El Servicio Postal Mexicano”, Historia, Regulación y Perspectivas.- Biblioteca jurídica virtual el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Notas

1 Carrera Stampa, Manuel, La historia del correo en México, México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1968, p. 14

2 Rojas Rubén “Servicio de correos en México, 13 de agosto de 2003. http://oncetv-ipn-net/noticias/dt_fecha=2003-08-13&numnota=30

3 Cienfuegos salgado David y Guzmán Hernández Esperanza. El Servicio Postal Mexicano: Historia, regulación y perspectivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. P 121-122

4 Jiménez Bautista, Flor “Servicio Público de Correos” Res pública Revista de la Asociación Iberoamericana e Derechos Administrativo, México, año I, núm. 3, septiembre-diciembre de 2005, p.38.

5 https://www.gob.mx/correosdemexico/que-hacemos consultado el 15/02/2017 18:00 hrs.

6 http://www.proceso.com.mx/156965/la-privatizacion-del-correo-en-marcha

7 http://www.milenio.com/negocios/Demandan-trabajadores-Sepomex
-millones-pesos-compensacion-indemnizacion_0_493750641.html

8 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/12/ 17/despedira-sepomex-2-mil-300-en-el-pais

9 http://www.forbes.com.mx/correos-de-mexico-el-nuevo-cliente-de-dhl/#gs. XzRCEXQ

10 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/97447/
Decreto_por_el_que_se_crea_el_Organismo_Descentralizado_denominado_Servicio_Postal_Mexicano.pdf

11 Ídem. 10

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a publicar las medidas y acciones de mejora necesarias para prestar los servicios de inmunización a escala nacional y mejorar la calidad de los programas de vacunación, protección de la salud y prevención de enfermedades, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud1 describe por vacuna a cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos, siendo el método más habitual para su administración la inyección, aunque también se aplican vía vaporizador nasal u oral.

Esta Organización precisa que la inmunización es fundamental para prevenir enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles mediante vacunación, precisando que la inmunización es una de las intervenciones sanitarias más costo-eficaces y con más éxito.

No obstante lo anterior, se estima que 21.8 millones de lactantes de todo el mundo aún no reciben las vacunas básicas.

Sobre el particular se estableció a nivel mundial el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas2 que fue aprobado en mayo de 2012 por la Asamblea Mundial de la Salud para hacer accesible la inmunización universal ofreciendo todos los beneficios de la inmunización a todas las personas, independientemente de su lugar de nacimiento, quiénes son o dónde viven.

Dicho Plan estableció seis objetivos estratégicos, que se enlistan a continuación:

• Objetivo 1

Todos los países se comprometen con la inmunización como prioridad.

• Objetivo 2

Individuos y comunidades comprenden el valor de las vacunas y exigen la inmunización como un derecho y una responsabilidad.

• Objetivo 3

Los beneficios de la inmunización se distribuyen de forma equitativa a todas las personas.

• Objetivo 4

Sistemas de inmunización robustos que forman parte integral de un sistema de salud que funcione correctamente.

• Objetivo 5

Programas de inmunización que cuenten con un acceso sostenible a una financiación previsible, suministro de calidad y tecnologías innovadoras.

• Objetivo 6

Innovaciones en investigación y desarrollo a escala nacional, regional y mundial para maximizar los beneficios de la inmunización.

El anterior, es un plan muy ambicioso pero que seguido al pie de la letra permitiría evitar enfermedades, decesos y la inversión generaría en consecuencia productividad en la población.

Ante ese escenario mundial en temas de prevención de salud, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20183 incluyó la meta nacional Un México Incluyente cuyo propósito era enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social, en las que se incluyó la salud pública.

Para lograrlo, estableció un Plan Sectorial de Salud 2013-20184 con el objetivo de generar las condiciones para lograr un México Sano donde la población, independientemente de su edad, lugar de residencia y condición laboral, tenga acceso a los servicios de salud con calidad, enfatizando que el derecho a la protección de la salud, es un derecho humano, no es sólo un derecho laboral.

En el plan en comento, la Secretaría de Salud reconoció haber expandido las acciones de salud pública en todo el territorio nacional a fin de controlar la mayoría de las enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación.

Las acciones concretas para atender el tema de vacunación se centraron en la realización de campañas de vacunación, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades transmisibles en toda la población, asegurándose que la cobertura fuera efectiva.

Los logros recientes en el avance de la vacunación en la población en México no están disponibles, ya que en el portal electrónico de la Secretaría de Salud sólo son públicos los Informes de Labores 2012-2013 y 2013-20145 .

Ante esa omisión, se consultó información sobre vacunación en la página electrónica del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia6 , órgano desconcentrado adscrito a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, que tiene por objeto primordial, promover, apoyar y coordinar las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles, a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a la protección de la salud de la niñez.

De esa consulta se conoció que son públicos los resultados de cobertura de vacunación de menor de 6 años por estado, pero que estos sólo reportan cifras hasta el año 2014; así mismo, fue posible consultar las dosis aplicadas de vacuna contra el virus del papiloma humano y dosis aplicadas de vacuna contra la poliomielitis (Sabin) en las Semanas de Nacionales de Vacunación del 2013 a 2015, sin que se logrará conocer sus porcentajes de cobertura tanto a nivel estado como a nivel nacional.

Para atender el programa público de vacunación el gobierno federal estableció el Programa Presupuestario E036 Programa de vacunación7 , identificando que los recursos para el 2016 totalizaban 1,803.1 millones de pesos, identificando un ejercicio de 975.9 millones de pesos al tercer trimestre de ese año, lo que representó un avance de 54.1 por ciento y que para el cuarto trimestre de ese año se ajustaron los recursos presupuestales a mil 984.8 millones de pesos y fueron ejercidos mil 784.5 millones de pesos, es decir 9.91 por ciento quedaron comprometidos en adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

De la revisión de los indicadores establecidos en ese Programa Presupuestal, se identificó que al tercer trimestre del año no se había aplicado la vacuna bivalente de polio virus oral, debido a que se señaló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no había asignado la Clave de la vacuna para el cuadro básico sin que fuera posible conocer las dosis no suministradas y su posible efecto en la población. No obstante, al cuatro trimestre se reporta un indicador cumplido al 100%, lo que deja muchas dudas de la exactitud de la información y en consecuencia, de la verdadera aplicación de las vacunas en comento.

Considero que al no existir información de la población objetivo a atender por estado, la planeación de las acciones anuales por regiones o estatales y que los resultados no establezcan relación entre dosis y porcentajes de cobertura ni se reflejen por entidad federativa, será imposible determinar si el Programa Presupuestario E036 Programa de Vacunación, es efectivo y cumple con el fin de consolidar la protección de la salud y prevención de enfermedades de los mexicanos.

Es claro, que sin información oportuna y de calidad no es posible vigilar el funcionamiento de un sistema de salud que en el papel debería ser robusto y eficaz en temas de inmunización.

Sin información no será posible establecer innovaciones en cuanto a la investigación y desarrollo de mejoras que maximicen los beneficios de la inmunización en México.

A modo de conclusión deseo expresar que no es posible afirmar el éxito del programa de vacunación en México, por ello es necesario exhortar al Secretario de Salud para que haga públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para prestar los servicios de inmunización a nivel nacional con efectividad, eficiencia y calidad para todos los mexicanos a fin de que se mejore la calidad en todos los aspectos de la inmunización y a su vez, se alcance una mejor gestión y supervisión financiera de los recursos públicos dispuestos para protección de la salud y la prevención de las enfermedades en nuestro país.

De no hacerlo, el fracaso supondría que siguieran ocurriendo miles de casos prevenibles de enfermedad y muerte y, impediría el cumplimiento de los objetivos mundiales y regionales de eliminación de enfermedades que nuestro país suscribió ante la Asamblea Mundial de la Salud.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud a que haga públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para prestar los servicios de inmunización a nivel nacional con efectividad, eficiencia y calidad para todos los mexicanos a fin de que se mejore la calidad en todos los aspectos de los programas de vacunación y a su vez, se alcance una mejor gestión y supervisión financiera de los recursos públicos dispuestos para protección de la salud y la prevención de las enfermedades en nuestro país, se prevengan enfermedades y el riesgo de muerte, y todo ello permita cumplir con los objetivos mundiales y regionales de eliminación de enfermedades que nuestro país suscribió ante la Asamblea Mundial de la Salud.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud – Temas de Salud Vacunas, disponible en http://www.who.int/topics/vaccines/es/, consultado el 21 de febrero de 2017.

2 Plan de Acción Mundial sobre Vacunas (GVAP por sus siglas en inglés), disponible en
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85398/1/9789243504988_spa.pdf?ua=1, consultado el 21 de febrero de 2017.

3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en
http://pnd.gob.mx/, consultado el 21 de febrero de 2017.

4 Plan Sectorial de Salud 2013-2018, disponible en
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/sectorial_salud.pdf, consultado el 21 de febrero de 2017.

5 Informes de Labores – Secretaría de Salud, disponible en
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/transparencia/rendicion_de_cuentas/
rendiciondecuentas.html, consultado el 21 de febrero de 2017.

6 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, disponible en
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/vacunas/coberturas.html, consultado el 21 de febrero de 2017.

7 Programa Presupuestario E036 Programa de vacunación, disponible en
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/, consultado el 21 de febrero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a redoblar esfuerzos en la ejecución de acciones transversales concertadas con los participantes en la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Armando Luna Canales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) a redoblar esfuerzos en la ejecución de acciones transversales concertadas con los diferentes actores participantes en la Campaña Nacional de Alfabetización y abatimiento del rezago educativo 2014-2018, en aras de combatir el analfabetismo en los adultos mayores, priorizando, manteniendo y mejorando los servicios disponibles con el objeto de identificar en la mayor medida posible a esta población, para promover una mejor implementación en la cobertura de los beneficiarios y beneficiarias, conforme a las siguientes

Consideraciones

En el año de 1965, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización, con el propósito de hacer recordar a las sociedades, que el tema de la alfabetización no sólo es un proceso vital en la formación de aprendizaje y socialización de los individuos, sino también, un derecho humano.

Por tal razón, además de ser la piedra angular en la formación educativa universal, es el contrapeso en la balanza de la desigualdad social, y con ella, de una serie de variables sociodemográficas que dependen directa o indirectamente de la alfabetización. Tal es el caso del índice de pobreza, de la mortalidad y morbilidad de las personas, de la tasa de fecundidad y últimamente de aspectos no menos importantes como la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la democracia.

En este contexto, los adultos mayores no son ajenos a esta realidad. De hecho, por sus condiciones físico-sociales son un grupo etario donde la alfabetización juega un papel trascendental en la incorporación de un sistema de producción cada día más exclusivo y demandante.

Según datos del Inegi, los adultos mayores mexicanos pasaron de ser el 6,2 por ciento del total de la población en 2010, al 7,2 por ciento en 2015.1 La Conapo estimó que para 2050 la esperanza de vida promedio será de 79,42 años; ésta, que actualmente es de 77,4 años para las mujeres y 71,7 para los hombres, aumentará a 81,6 y 77,3 años, respectivamente.2

Con respecto a la vejez, se estima que la razón de dependencia a nivel nacional será de 10 personas de 65 o más años por cada 100 en edades laborales, lo cual habla de un envejecimiento de la población mexicana y de una reducción de población económicamente activa del país. Este escenario obliga a emprender acciones necesarias para contribuir al reforzamiento económico, social y cultural de las personas adultas mayores con el fin de mejorar sus condiciones de vida y socialización.

En las fracciones I, III y V del artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se preservan principios rectores de protección orientados a fortalecer capacidades de desarrollo personal y comunitario, un trato equitativo y justo hacia sus necesidades en aras de su bienestar desde la acción institucional, que obliga a las instituciones concernientes a brindar una atención preferente acorde a las características y circunstancias de las personas adultas mayores.

A su vez, en dicha Ley se garantiza de manera general en las fracciones I, II, VII del artículo 5o., en particular, en su fracción IV, el derecho a la educación, a una vida con calidad y a participar en procesos productivos de su comunidad.

La repercusión de la educación de los adultos mayores no es exclusiva del campo económico de las sociedades. Genera el fortalecimiento del proceso a través del cual las generaciones mayores transmiten su conocimiento sociocultural a las nuevas generaciones. Esta visión se vio caracterizada en 1977 en la Conferencia General de la UNESCO, donde se esbozó de manera integral la educación permanente como un “proyecto global encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo existente, como a desarrollar todas las posibilidades de formación fuera del sistema educativo. La educación permanente, lejos de limitarse al periodo de la escolarización, debe abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los conocimientos prácticos que puedan adquirirse por todos los medios y contribuir a todas las formas de desarrollo de la personalidad. Estos procesos educativos, -señala la UNESCO- deben seguir a lo largo de la vida de los niños, los jóvenes, adultos y personas mayores, cualquiera que sea su forma, deben considerarse como un todo”.

Por tales razones, la alfabetización a los adultos mayores se esgrime como un elemento esencial en el progreso de las sociedades modernas y democráticas, un indicador humano de desarrollo. Según la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, el mayor porcentaje de población analfabeta se encuentra entre la población de 65 años y más, acentuándose en las mujeres con un 26 por ciento en contraste del 18.1 por ciento representado por los varones.

En el año 2014, el Gobierno de la República convocó a la sociedad en general y a diversas instituciones, a participar en la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018, que tiene por objetivos la reducción del 50 por ciento el índice de analfabetismo, a fin de cumplir con las recomendaciones internacionales y reducir el índice de personas que no saben leer ni escribir a 3.5 por ciento para 2018.

Cabe señalar que, con una tendencia a la baja de la tasa de natalidad y un aumento en la esperanza de vida3 en las próximas décadas, se identifica un natural envejecimiento de la población mexicana para el 2050.

Es por tanto, que las personas mayores desempeñarán un papel cada vez más importante, sea desde el trabajo voluntario, en la difusión y retroalimentación de sus conocimientos y experiencias, en el cuidado y protección de las familias o con una creciente participación en los grupos de producción de fuerza laboral remunerada.

A pesar de estar entre los países del mundo que presentan tasas de alfabetización por encima del 90 por ciento de su población total, aún existen países de la región que muestran tasas arriba del 95 por ciento. Además dichos indicadores presentan especial comportamiento en las personas mayores a 60 años y más si son mujeres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a redoblar esfuerzos en la ejecución de acciones transversales concertadas con los diferentes actores participantes en la Campaña Nacional de Alfabetización y abatimiento del rezago educativo 2014-2018, en aras de combatir el analfabetismo en los adultos mayores, priorizando, manteniendo y mejorando los servicios disponibles con el fin de identificar en la mayor medida posible a esta población, para promover una mejor implementación en la cobertura de los beneficiarios y beneficiarias.

Notas

1 Consultado el 09-08-2016, disponible en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enasem/

2 Consultado el 09-08-2016, disponible en:
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

3 El envejecimiento de la población en México. Transición demográfica de México. Disponible en:
www.marista.edu.mx/documents/download/36/transicion-demografica-de-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.

Diputado Armando Luna Canales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a evaluar por la Secretaría de Desarrollo Sustentable el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental y corregir las deficiencias en los equipos de medición de partículas contaminantes en el aire de las estaciones respectivas para tener herramientas eficaces e información confiable de la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Ximena Tamariz García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto al Ejecutivo del gobierno del estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a evaluar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental y corregir las deficiencias en los equipos de medición de partículas contaminantes en el aire de todas las estaciones de monitoreo, con el objeto de contar con herramientas eficaces e información confiable de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey, y así atender oportunamente los problemas de salud de la población.

La Organización Mundial de la Salud dio a conocer en mayo del año pasado que la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) es la ciudad más contaminada del país, reportando una concentración de 86 partículas menores a 10 micrometros y 36 partículas menores a 2.5 micrometros durante el año pasado.

Los índices reales de contaminación será difícil de conocerlos. A finales del mes de enero, medios periodísticos locales, así como expertos en el tema ambiental, detectaron fallas en los puntos de medición del Sistema Integral del Monitoreo Ambiental (SIMA).

El titular del SIMA, Gerardo Mejía, denunció en el Congreso del Estado de Nuevo León que los equipos de medición se encuentran obsoletos y que ninguna opera al cien por ciento, ya que tienen más de 15 años de uso sin mantenimiento alguno, lo cual es requisito para su correcto funcionamiento. En consecuencia, la información que se brinda no es confiable, por lo que no es una buena referencia para saber qué acciones tomar y en la situación por la que el estado se encuentra en temas ambientales.

Lo más grave es que al no funcionar correctamente, se pierde el comportamiento de los contaminantes, porque las máquinas no son capaces de medir las distintas partículas contaminadas. Entre ellos el partículas menores a 2.5 micrometros, la más peligrosa para el sistema humano.

Gerardo Mejía, titular del SIMA, declaró que hay estaciones en la ZMM donde no se tienen datos concretos sobre el nivel de contaminación que existe, debido a que en esas estaciones se miden poco más de la mitad de los parámetros contaminantes, entre ellas es la estación Noreste 2, ubicada en García, cerca de las pedreras. Curiosamente es la estación con el más alto índice de contaminación de la ZMM, tomando en cuenta que le faltan algunas mejoras.

Para tomar las mejores decisiones en pro de la ciudadanía neoleonesa, es importante generar la información correcta, y no estar actuando con base en información errónea. En el tema de atención a la salud de la población por contaminación ambiental es fundamental contar con información confiable para la toma de decisiones, la cual se genera con equipo adecuado y en buenas condiciones de funcionamiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del gobierno del estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a evaluar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental y corregir las deficiencias en los equipos de medición de partículas contaminantes en el aire de todas las estaciones de monitoreo, con el objeto de contar con herramientas eficaces e información confiable de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey, y así atender oportunamente los problemas de salud de la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputada Ximena Tamariz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, el SAT y la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos a investigar sobre la contratación efectuada por Pemex Exploración y Producción, al amparo de la licitación pública internacional número 18575004-519-13, en favor de empresas propiedad de Maclovio Yáñez Mondragón, ex subdirector de la región norte de Poza Rica de dicha empresa, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2, todos estos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

En estos tiempos de austeridad y transparencia en los cuales se busca que los recursos económicos sean aplicados de forma adecuada y privilegiando en todo momento las mejores condiciones de contratación para el estado, sigue habiendo empresas estatales donde la corrupción sigue permeando en lo más profundo de su administración, dañando gravemente a nuestras instituciones y a nuestro país.

En este sentido desde hace tiempo, se han presentado diversas contrataciones efectuadas por Pemex Exploración y producción a favor de diversas empresas propiedad de Maclovio Yáñez Mondragón, quien hasta el año 2003 fue subdirector de la Región Norte de Pemex Exploración con sede en poza rica, en donde las licitaciones se han encontrado totalmente dirigidas a favor de éstas y aún y cuando las autoridades administrativas han determinado dejar sin efectos dichas adjudicaciones, mañosamente y de manera sospechosa, Yáñez Mondragón se ampara y logra quedarse con los contratos respectivos.

Muestra clara de lo anterior, fue el contrato adjudicado al consorcio formado por las empresas Sepec Cts, SA de CV; Sepec Well Services, SA de CV; y Petrodata Services, SA de CV, (todas estas propiedad de Yáñez Mondragón) al amparo de la licitación 18575004-519-13 “servicios, equipos y herramientas, para optimizar la productividad de los pozos del activo de producción de aceite terciario del golfo y/u otros de la región norte”; procedimiento que mediante una inconformidad presentada ante el entonces órgano interno de control en Pemex Exploración y producción por Dynawinch Services de México, SA de CV, fue declarado ilegal y se ordenó su reposición con la finalidad de modificar condiciones que claramente limitaban la participación de las empresas a excepción de las del consorcio adjudicado.

Sin embargo, Yáñez Mondragón logró ampararse y quedarse con el contrato correspondiente, mismo que se identifica con el número 424014801, aun cuando las condiciones de contratación no eran las mejores ya que simplemente en el tema económico, dicho consorcio ofrecía un 1% de descuento, cuando todas las demás empresas ofrecieron hasta un 18%.

Lo anterior no es lo más delicado del asunto, sino que la propia paraestatal no conforme con haber beneficiado a Yáñez Mondragón con la citada adjudicación por un monto de 49 millones de dólares, continuó otorgando ampliaciones a dicho contrato en hasta un 200% al monto original, pues un contrato que debía terminar en 2014 fue ampliado en su vigencia hasta diciembre de 2017 y en monto hasta 149 millones de dólares.

Ampliaciones que se fundamentaron por los servidores públicos de Pemex Exploración y producción en la existencia de precios extraordinarios y nuevas partidas que no se encontraban en el contrato original, pero que eran motivo de contratos diversos que estaban siendo ejecutados por otras empresas a las cuales se les cancelaron los contratos con tal de que las empresas de Yáñez Mondragón realizaran los trabajos correspondientes y así poder justificar el aumento exorbitante en el monto del citado contrato.

Lo anterior ha generado desconfianza entre los proveedores de la ahora empresa de participación estatal mayoritaria y temor de participar en los procedimientos convocados por ésta ya que Yáñez Mondragón se ha dedicado a dar jugosas dádivas a los servidores públicos y boicotear instalaciones y maquinaria de los competidores con la finalidad de que no puedan cumplir con los servicios y éstos se los tengan que adjudicar a sus empresas.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La cámara de diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, para que, en el ámbito de su competencia realicen las auditorías correspondientes e investigue el procedimiento licitatorio y la contratación 424014801, requiriendo, entre otra información, a los servidores públicos encargados de la adjudicación y ampliación se informe lo siguiente:

a. Se expliquen las razones por las cuales el contrato se ha ampliado hasta un 200% del monto original, y con qué fundamento realizaron dichas acciones.

b. Se expliquen por qué en lugar de ampliar el contrato 424014801 con partidas extraordinarias, no se realizaron nuevas licitaciones para tales efectos.

c. Porqué se presentaron en el contrato ampliación de partidas respecto a servicios que estaban realizando otras empresas cancelándole a éstas sus contratos, cuando los costos eran más bajos a los determinados en las ampliaciones

d. que se investigue la situación patrimonial de los servidores públicos que han estado involucrados en la adjudicación y ampliaciones injustificadas dentro del contrato 424014801.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria que investigue la situación y comportamiento fiscal de las empresas Sepec Well Services, SA de CV, Sepec Cts, SA de CV, y Petrodata Services, SA de CV, y de sus accionistas en virtud de poder estarse configurando evasión fiscal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la accesibilidad de personas discapacitadas, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Patricia García García, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción, II; numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ésta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de una persona o de un grupo social. El término hace referencia a una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define a las personas con discapacidad como aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás.

Las personas con discapacidad se ubican como uno de los grupos vulnerables de la sociedad, no tanto por sus propias condiciones físicas o de salud, sino por nuestra incapacidad como sociedad para respetarlas, entenderlas e incorporarlas en la vida productiva, familiar, política y social.

Por otro lado, de acuerdo con los resultados del “Censo de Población y Vivienda 2010 en su cuestionario ampliado, 5 millones 739 mil personas en el territorio nacional declararon tener dificultad para realizar al menos una de las siete actividades evaluadas: caminar, moverse, subir o bajar (en adelante caminar o moverse); ver, aun usando lentes (ver), hablar, comunicarse o conversar (hablar o comunicarse); oír, aun usando aparato auditivo (escuchar); vestirse, bañarse o comer (atender el cuidado personal); poner atención o aprender cosas sencillas (poner atención o aprender); limitación mental; es decir, son personas con discapacidad. Cifra que representa 5.1 por ciento de la población total del país.

La discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento.

La población con discapacidad está conformada principalmente por adultos mayores (60 años y más) y adultos (de 30 a 59 años); es decir, se trata de una población demográficamente envejecida: 81 de cada 100 personas que reportan discapacidad tienen 30 o más años, mientras que sólo 19 de cada 100 son menores de 30 años de edad, dicha estructura etaria es contraria a la de las personas sin discapacidad, que se caracteriza por tener una mayor proporción de niños (de 0 a 14 años) y jóvenes (de 15 a 29 años); es decir, es una población más joven: 58 de cada 100 tiene menos de 30 años y 42 de cada 100, más de 30 años. De hecho, mientras que el promedio de edad de la población sin discapacidad es de aproximadamente 28 años, la padece discapacidad es 55 años.

Además, el número de personas con discapacidad está creciendo debido al envejecimiento de la población, lo que conlleva un mayor riesgo de padecer la misma, así como al incremento de problemas crónico degenerativos de salud asociados a discapacidad como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales.

Actualmente, mucho se ha logrado en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo, esta es una lucha social que aún cuenta con muchos pendientes en todas las áreas, y que debe ocupar a todos los sectores sociales.

Como diputados estamos obligados a generar instrumentos legislativos y políticas públicas especializadas para garantizar su inclusión en un mundo que les impone constantemente barreras y obstáculos para su pleno desarrollo.

Una de las áreas más importantes en este fenómeno es la accesibilidad, la cual es un principio que permite a las personas, independientemente de sus características, interactuar con su entorno, en igualdad de condiciones con los demás. Es un principio rector para la construcción del espacio público como un acto indispensable de reconocimiento de los derechos humanos.

La accesibilidad no es un derecho exclusivo de un colectivo social, que por sus características heterogéneas y singulares encuentra limitada su interacción plena con el medio donde habita, sino que es un principio que garantiza el acceso pleno en igualdad de condiciones, donde se consideran siempre los requerimientos mínimos donde coincide la heterogeneidad de las características físicas y sensoriales de las personas y el diseño del entorno y sus servicios relacionados, tales como el transporte.

Actualmente en nuestro país la accesibilidad para las personas con discapacidad dista mucho de los requerimientos mínimos necesarios para que este colectivo social acceda libremente a derechos como el trabajo, la educación y la salud.

La convención de los Derechos de las Personas Discapacitadas es clara al establecer las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en materia de accesibilidad.

El artículo 9, numeral 1 prevé: “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.

En ese sentido, la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobó la creación de una nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011; en sus artículos 16 al 18 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un entorno accesible que permita su ejercicio pleno de derechos:

“Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos:

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.”

Cabe mencionar que existe un antecedente en la materia, una proposición con punto de acuerdo presentada por legisladores del PRI durante la LXII Legislatura: Punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a adoptar un programa de accesibilidad integral en favor de las personas con discapacidad para su desplazamiento digno y seguro en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Un paso importante sería fortalecer ese entorno de inclusión dentro del recinto legislativo donde laboramos y transmitir esa dinámica a otros órganos de gobierno. Si bien se ha tenido un avance notorio en la implementación de esta normativa dentro de nuestras instalaciones, lo cierto es que no ha sido un proceso exhaustivo ni tampoco consumado.

El Palacio Legislativo de San Lázaro aún adolece de muchas áreas que no cuentan con un acceso adecuado para las personas con discapacidad y que por ello, dicho sector de la sociedad enfrenta dificultades considerables en torno a la accesibilidad y a la ejecución de sus labores. Por ello, considero pertinente hacer un llamado a los órganos de gobierno de esta soberanía, para que, de conformidad a lo que establece Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se continúen adecuando estas instalaciones y sea un espacio representativo del fortalecimiento a la accesibilidad de personas con discapacidad.

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados para que realice una investigación exhaustiva sobre las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad que persisten en las instalaciones de la Cámara de Diputados, y que en consecuencia se tomen las acciones necesarias para garantizar el acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de febrero de 2017.

Diputada Patricia García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan las detenciones mediante redadas contra migrantes en Estados Unidos de América, y se exhorta al Ejecutivo federal a emitir un pronunciamiento en defensa de los derechos humanos de los connacionales, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por la que la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, condena las detenciones derivadas de las redadas contra migrantes en diversas entidades de los Estados Unidos de América y exhorta al Ejecutivo federal a emitir un pronunciamiento oficial en defensa de los derechos humanos de los connacionales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La grave de la crisis en la relación entre México y Estados Unidos provocada con la llegada de Trump a la Casa Blanca ha generado una fuerte tensión entre las y los mexicanos migrantes que viven en la nación vecina. Desde el 10 de febrero de 2017, se han registrado ya redadas en diversas entidades de los Estados Unidos de América con la finalidad de detener y deportar a cientos de migrantes indocumentados, lo que ha convertido en realidad la promesa del ahora Presidente Donald Trump, por iniciar una intensa campaña para regresar a miles de migrantes a sus lugares de origen.

I. Donald Trump prometió deportar, después de tomar posesión como presidente, el 20 de enero, hasta a 3 millones de indocumentados con antecedentes penales, pero sólo unos 820.000 de los poco más de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos tienen un antecedente penal, según el Migration Policy Institute.

Hasta ahora entre las diversas medidas establecidas como consecuencia de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump desde su llegada a la Casa Blanca, preocupa en gran medida el castigo a los recursos de las llamadas ciudades “santuario”.

II. El 25 de enero pasado, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en que amplía las categorías de inmigrantes indocumentados que serían ahora deportados de manera prioritaria de Estados Unidos.

III. Según un reporte del diario The Washington Post, autoridades migratorias de EUA han arrestado a más de 700 inmigrantes sin documentos en al menos seis estados en una serie de redadas ordenadas por el presidente Donald Trump.

IV. Aunque en teoría las redadas están dirigidas a detener a inmigrantes con antecedentes criminales, entre los detenidos hay quienes tienen un historial limpio y que podrían ser deportados, e incluso ciudadanos con permisos de trabajo como es el caso del joven Daniel Ramírez Medina.

V. Ramírez Medina llegó a Estados Unidos de la mano de sus padres a los 7 años sin contar con una visa para de inmigrante, y en 2014, se acogió a los beneficios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) establecido por el gobierno de Barack Obama para proteger temporalmente de la deportación a los jóvenes como él.

Ramírez fue detenido cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) acudieron a la vivienda donde reside su padre, cerca de Seattle en el estado de Washington con la intención de deportarlo mientras él se encontraba ahí.

Por ahora se le acusa de formar parte de una pandilla, como razón principal para su detención, a pesar de que el joven dreamer lo ha negado en todas las ocasiones que se le ha imputado el cargo.

Hasta el momento Ramírez, de 23 años de edad, se encuentra detenido y enfrentado a la posibilidad de ser expulsado del país donde ha pasado la mayor parte de su vida y donde nació su hijo de tres años.

VI. Según las previsiones de ICE, un “criminal extranjero” puede ser tanto una persona que excedió el límite de velocidad al manejar, como alguien que ha sido condenado por un homicidio, por lo que al equiparar estos delitos, la administración fomenta la idea que los inmigrantes son criminales, tal como lo hizo Trump durante su campaña. Diversos estudios demuestran que los inmigrantes son menos propensos a cometer un crimen que un ciudadano nacido en EUA, como lo señala el American Immigration Council, que confirma que altas tasas de inmigración se asocian con menos crímenes violentos y de propiedad, arrojando como un revelador dato que entre 1990 y 2013, mientras la población estadounidense de origen extranjero creció de 7.9 a 13.1 por ciento y el número de inmigrantes indocumentados se triplicó, la tasa de crimen violento cayó en 48 por ciento y la de crímenes de propiedad, 41 por ciento.

VII. Según fuentes oficiales del servicio de migración de los Estados Unidos de América, las redadas se han realizado en casas y lugares de trabajo en Atlanta, Chicago, Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur y en Los Ángeles, California.

En California, 161 inmigrantes fueron detenidos en los últimos días, mientras que grupos activistas proinmigrantes ya han denunciado otras de redadas en el sur de California, que provocaron temor, indignación y protestas, a pesar de que autoridades migratorias señalaron que los arrestos fueron parte de operativos de rutina.

VIII. Otro de los casos más representativos de estas redadas es el Guadalupe García de Rayos, expulsada tras presentarse en una oficina de ICE en Arizona para cumplir con una orden de supervisión. A esta mexicana se le considera una de las primeras personas en ser deportadas bajo la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el 25 de enero, y que prioriza la remoción de indocumentados “peligrosos”.

El dramático caso se convirtió en el rostro de las deportaciones de indocumentados “peligrosos” de EU, pues se trata de una madre, de 35 años, de dos ciudadanos estadounidenses menores de edad (Ángel, de 16 años, y Jacqueline, de 14).

De acuerdo con el único comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México hasta el momento, la deportación de García de Rayos “ilustra la nueva realidad que vive la comunidad mexicana en territorio estadunidense ante la aplicación más severa de las medidas de control migratorio”.

IX. México y Estados Unidos, viven una crisis política en la que han quedado en medio casi 12 millones de mexicanos y sus familias que viven con miedo constante ante las deportaciones que se han vuelto ya una realidad para nuestros connacionales. Por esta razón debemos velar porque los inminentes procesos de deportación se den dentro de los establecido por el derecho internacional, y velando siempre por las garantías y derechos humanos inherentes a cualquier persona.

Nuestros migrantes son una comunidad valiente y que depende hoy más que nunca de la labor de nuestra política exterior para garantizar sus derechos y dignidad. Es indispensable que el Ejecutivo Federal se pronuncié sobre estos acontecimientos que agravan el bienestar de los y las mexicanas que se encuentran en Estados Unidos de América. Por todo lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, condena las detenciones derivadas de las redadas contra migrantes en diversas entidades de los Estados Unidos de América, toda vez que éstas representan un acto discriminatorio y violatorio de los derechos humanos hacia nuestros connacionales.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a emitir un pronunciamiento oficial en defensa de los derechos humanos de los connacionales en respuesta a las detenciones derivadas de las redadas dirigidas contra de la comunidad migrante en Estados Unidos de América, pues éstas representan un acto plenamente discriminatorio y violatorio de los derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rubrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de un grupo de trabajo que evalúe, analice y presente conclusiones sobre el TLCAN y otros acuerdos análogos, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada, Eloísa Chavarrías Barajas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, de las siguientes

Consideraciones

Nos encontramos en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado; hecho que pone de manifiesto la necesidad de sumar esfuerzos en aras de asegurar que los acuerdos internacionales suscritos en materia comercial, reflejen la eficacia y eficiencia de la cooperación internacional con la finalidad de mejorar el crecimiento y desarrollo de sus Estados miembros. La evaluación de la Política Exterior corresponde al Senado de la República, sin embargo el contexto internacional exige la intervención de la representación popular expresada en la Cámara de Diputados.

En Reino Unido se votó en contra de la permanencia en la Unión Europea, en Colombia se votó en contra de los acuerdos de paz con la guerrilla y finalmente en Estados Unidos de América fue electo por la mayoría de los colegios electorales el candidato del partido republicano, señor Donald Trump.

Es muy posible que en los próximos meses formaciones políticas identitarias ganen elecciones vía el voto popular, en Europa principalmente.

México respeta conforme a la Doctrina Estada la autodeterminación de los pueblos, más esto no es impedimento para presentar opiniones sobre los tratados internacionales.

Los tratados son una de las fuentes del derecho internacional señalado en al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados de 1969 en su artículo 2o. dice que los tratados son: “Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional ya conste en un instrumento único, o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea denominación particular”.

México cuenta con una red de 15 tratados de libre comercio con 45 países, 31 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos de comercio (acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración.

La Secretaría de Economía afirma que gracias a los acuerdos comerciales, México tiene acceso a un mercado potencial de unos mil millones de consumidores, que representan 60 por ciento del producto interno bruto mundial. No obstante, datos emitidos por parte de la secretaría indican que poco más de 78 por ciento del comercio mexicano se realiza con Estados Unidos, por lo que resulta necesario diversificar nuestras relaciones comerciales, pero también el velar por una sana relación comercial con nuestro vecino del norte, en dónde sería un error el perder de vista que la apertura comercial nos ha permitido enfrentar y superar diversas crisis.

No obstante es necesario mencionar que existen retos pendientes a solucionar como la afectación de la producción agrícola que se dio a consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, situación que demanda de una profunda evaluación y análisis en aras de promover su eficiencia en términos de competitividad frente a nuestros socios comerciales.

Con sustento en las consideraciones expuestas someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación Política para que en los términos de lo dispuesto en los artículos 153 y 154 del Reglamento de la Cámara de los Diputados, se lleve a cabo la creación de un grupo de trabajo que evalúe, analice y presente conclusiones sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros tratados de libre comercio suscritos por México.

Fuentes

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exter ior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico.

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-05-08. pdf

http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp012 2000.pdf

Alba, Francisco. “El Tratado de Libre Comercio y la emigración mexicana a EU”, en Revista de Comercio Exterior, volumen 43, número 8, agosto de 1993.

Conchello, José Ángel. El TLC un callejón sin salida, Editorial Grijalbo, México, 1992.

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieano rte1.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Economía a generar un programa que incluya las pequeñas empresas, a los locatarios de mercados y los comerciantes de productos perecederos y no perecederos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía, para que genere un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos, a que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños comerciantes , con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los vales de despensa son una prestación que algunas empresas utilizan para contrarrestar el descuento de impuestos, y como parte complementaria del sueldo de sus empleados. Para la empresa el dar vales y no dinero en efectivo, les genera un beneficio fiscal, ya que los vales no son gravables y la empresa puede deducir el 53 por ciento del gasto, beneficiando también al empleado, ya que recibe la cantidad íntegra en vales, sin que por esa cantidad les retengan impuestos, como sucede cuando pagan con efectivo y les descuentan el Impuesto sobre la renta (ISR).1

El uso de vales de despensa está destinado única y exclusivamente a la compra de alimentos, artículos de la canasta básica y despensa en general; por lo que el gobierno decidió no gravar esta prestación, permitiendo que tanto las empresas como los empleados reciban los beneficios.

Sin embargo, los beneficios de los vales de despensa, están limitados y condicionados a comprar solo en establecimientos y comercios afiliados a los emisores de dichos vales. Dentro de estos comercios en su gran mayoría se encuentran Diconsa, Waldo´s Mart, Bodega Aurrera, Sam´s, WalMart, Tiendas del ISSSTE, Costco, Superama, Gigante, Chedrui, Soriana, Comercial Mexicana, Extra, Super Bara, Woolworth, Del Sol, Fabricas de Francia, Suburbia, Liverpool, Famsa, Tiendas Natura, Farmacias Benavides, Farmacia el Fenix, Farmacias Guadalajara, Super G, Calmax, Six, Farmacias del Sol, Vips, Dominos Pizza, Carl´s Jr, Sanborn´s, Mega Comercial Mexicana, Toks, El Portón, Pollo Feliz, Subway, S-Mart, entre otros, en su mayoría tiendas de autoservicio, farmacias, algunos restaurantes y algunas tiendas de abarrotes.2

En su mayoría los vales son aceptados por las grandes cadenas de autoservicios, dejando en desventaja a las tiendas de abarrotes, locatarios de mercados y pequeños comerciantes.

Los mercados constituyen las principales fuentes de abastecimiento en los barrios, colonias y lugares cercanos a ellos. Solamente en la Ciudad de México existen 329 mercados públicos, distribuidos en sus 16 delegaciones.

Por años los mercados se han distinguido por ser sitios en los que se pueden adquirir artículos de primera necesidad a precios accesibles, además de ser el sustento de miles de pequeños comerciantes, en nuestro país.

Fortalecer los mercados y apoyar a los pequeños comerciantes es una tarea que económicamente favorecerá a miles de personas, ya que no solo permitirá que los pequeños comerciantes incrementen sus ventas, sino que también le permitirá al consumidor adquirir productos frescos y de buena calidad.

Por lo anteriormente expuesto propongo que se realice una campaña para incluir a los locatarios de mercados y pequeños comerciantes de productos perecederos y no perecederos, como comercios, a que puedan contar con dispositivos electrónicos, para la recepción de tarjetas de vales de despensa y de esta manera dar oportunidad a que los consumidores a que tengan la opción de hacer su despensa en mercados y no solo con las grandes compañías de autoservicio.

Los tiempos en los que estamos nos indican que debemos apoyar la economía nacional e incrementar el consumo no solo de los productos nacionales, sino también de los comerciantes locales, aquellos que poseen los clásicos negocios en las esquinas o en los mercados, y que también necesitan oportunidades para crecer e incrementar su productividad.

Considerandos

La Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 27, fracción XI, en su primer párrafo menciona que las prestaciones que se otorguen de manera general a todos los trabajadores, podrán ser deducibles de impuesto y especifica que cuando se trate de vales de despensa, tendrán que ser entregados a través de monederos electrónicos, previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.3

La Miscelánea fiscal 2015, define el concepto de vales de despensa, mencionando en el punto 3.3.1.16 que “se entenderá por vale de despensa, aquél que independientemente del nombre que se le designe, se proporcione a través de monedero electrónico y permita a los trabajadores que lo reciban, utilizarlo en establecimientos comerciales ubicados dentro del territorio nacional, en la adquisición de artículos de consumo que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia... no podrán ser canjeados por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito, o utilizados para retirar el importe de su saldo en efectivo, directamente del emisor o a través de cualquier tercero, por cualquier medio, incluyendo cajeros automáticos, puntos de venta o cajas registradoras, entre otros, tampoco podrán utilizarse para adquirir bebidas alcohólicas o productos del tabaco.”4

Entre las obligaciones con las que cuenta el emisor de monederos electrónicos de vales de despensa tenemos en el punto 3.3.1.20. numeral V de la Miscelánea Fiscal 2015, que los emisores tendrán que “afiliar a comercios enajenantes de despensas, a través de la celebración de contratos, a efecto de que en dichos comercios pueda ser usado el monedero electrónico de vales de despensa...”; al mismo tiempo deberán publicar en su página de Internet una lista de los comercios afiliados y mantener esta lista actualizada.5

Por lo antes mencionado, pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía, para que genere un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos, a que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños comerciantes.

Notas

1 “3 preguntas que se repiten sobre beneficios de vales de despensa”. Edenred . 23 de julio de 2015. http://blog.edenred.mx/tres-preguntas-beneficios-de-vales-de-despensa#s thash.ZbYblDSu.dpuf

2 “Directorio Nacional de Establecimientos Afiliados a Vale Papel Despensa”. Si vale. file:///C:/Users/PC/Downloads/valenacional%20(1).pdf

3 “Ley del Impuesto Sobre la Renta”.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf

4 “Miscelánea Fiscal para 2015”. Diario Oficial de la Federación . 30 de diciembre de 2014.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377712&fecha=30/12/2014

5 “Miscelánea Fiscal para 2015”. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 2014.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377712&fecha=30/12/2014

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos órganos de la Cámara de Diputados a incorporar en sus trabajos y actividades los objetivos, las metas y los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, suscrita por el Estado mexicano ante la Asamblea General de ésta en 2015, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Carlos Ruiz García, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo dirigido a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 25 de septiembre de 2015 comenzó una etapa trascendental para el Estado mexicano con la suscripción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual se presentó en el marco del sexagésimo noveno periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta Agenda constituye una guía de trabajo a desarrollar por la Organización de las Naciones Unidas y sus Estados miembros a lo largo de los próximos 15 años. Representa una estrategia de acción que conjuga el bienestar social, la preservación del medio ambiente y el crecimiento económico en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz universal y el acceso a la justicia.

Dicha guía es producto de poco más de dos años de negociaciones en el Grupo de Trabajo Abierto en torno al cual expertos en diversas materias propusieron 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores, plasmados en el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, mismo que fue remitido a la cumbre de las Naciones Unidas para su aprobación por la Asamblea General de la ONU, en su sexagésimo noveno periodo de sesiones, mediante la resolución A/70/L.1 de 2015.

En este sentido, la Agenda 2030 sólo puede ser concebida bajo una perspectiva de derechos humanos, en tanto y cuando es el mecanismo operativo concebido por la Organización de las Naciones Unidas para promover, respetar, proteger y garantizar a todos y cada uno de los habitantes de sus 193 países miembros, el ejercicio legítimo y efectivo de los derechos humanos que conlleva el cumplimiento e implementación de cada uno de sus 17 objetivos.

Bien vale la pena citar la concepción que de la Agenda 2030 tiene la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en cuanto a que “la Agenda 2030 es civilizatoria porque pone a las personas en el centro, tiene un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de los límites planetarios. Es universal ya que busca una alianza renovada donde todos los países participan por igual. Es indivisible ya que integra los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental), presentando así una visión holística del desarrollo.”

Los objetivos considerados por la Agenda 2030 son los siguientes:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas; y

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Si bien la Agenda 2030 fue un compromiso asumido por el Presidente de la Republica en el marco de la Asamblea General de la ONU, éste compromete al Estado mexicano en su conjunto, ergo, a la sociedad y a todas las instituciones públicas, entre ellas, el Congreso de la Unión y, en especial, a esta Cámara de Diputados.

Esta Agenda resulta de suma importancia para el poder legislativo federal en consideración a lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 1 constitucional, el que ordena que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad...”

La propia ONU reconoce el papel de los poderes legislativos de sus Estados miembros al consignar en el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que “... los parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de cuentas...”

Los diputados federales, en el marco de las facultades, atribuciones y obligaciones que nos impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, tenemos la alta responsabilidad de proveer el marco jurídico necesario para promover, garantizar, proteger y respetar el cumplimiento de los preceptos constitucionales y de igual forma favorecer el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forme parte, entre éstos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Así, el papel del poder legislativo, más específicamente de esta Cámara de Diputados, debe estar orientado en acciones estratégicas y colaborativas encaminadas a:

• Construir un marco legislativo idóneo que posibilite la implementación de la Agenda 2030.

• Vincular su trabajo con los valores y principios inherentes a la Agenda 2030.

• Proveer las suficiencias presupuestarias que permitan cumplir los compromisos de las instituciones públicas en las materias que comprende la Agenda 2030 y que se encuentran reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

• Coadyuvar en la provisión de los mecanismos de implementación de la Agenda 2030 y asegurar la transparencia y la rendición de cuentas a través del control legislativo.

• Promover a través de las Comisiones de Trabajo de la Cámara de Diputados y de sus diversos órganos de apoyo parlamentario (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; y Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria), foros de participación de los diferentes actores sociales a fin de enriquecer y dar seguimiento a las acciones gubernamentales en torno al desarrollo de la Agenda 2030.

• Interactuar con los otros poderes del Estado con el propósito de generar relaciones de colaboración que favorezcan la puesta en marcha de la Agenda 2030.

• Ejercer la diplomacia parlamentaria, con el fin de favorecer la implementación de la Agenda 2030, principalmente a través de la constitución de grupos de amistad y la representación protocolaria.

En este sentido, es preciso hacer énfasis en que la implementación de la Agenda 2030 tiene una indisoluble relación con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en la materia, de los cuales el Estado mexicano sea parte.

Es por ello que debemos tener el firme propósito de realizar nuestro trabajo de forma eficaz, eficiente, responsable y sistemáticamente a fin de favorecer el cumplimiento de la Agenda 2030 desde nuestra trinchera.

Lo anterior, para el caso de la Cámara de Diputados, haciendo un especial énfasis en un adecuado diseño presupuestario, participativo y transparente, puesto que ello es materia de las facultades y responsabilidades que detentamos como diputados federales.

En virtud de estas consideraciones, invito a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta honorable Cámara de Diputados a encaminar el trabajo de los diputados federales al cumplimiento de los retos que nos plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en aras de sentar las bases de un sociedad justa, equitativa e igualitaria; ello a través de la Junta de Coordinación Política, órgano de ésta Cámara en el que todas las fuerzas políticas se encuentran representadas y del cual emanan decisiones trascendentales para el desarrollo de la vida parlamentaria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición

Punto de acuerdo

Artículo Único. Se exhorta respetuosamente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta honorable Cámara de Diputados, a que solicite a la Junta de Coordinación Política, a las Comisiones, Comités y a los Órganos de Apoyo Legislativo a que incorporen en sus respectivos trabajos y actividades, los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, suscrita por el Estado mexicano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputado Juan Carlos Ruiz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la revisión de las tarifas eléctricas y del Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda Existente, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Luz Argelia Paniagua Figueroa, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía; a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, a la Comisión Federal de Electricidad en materia de tarifas eléctricas y el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda Existente, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes consideraciones

Consideraciones

I. El pasado 25 septiembre de 2015 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 para el Objetivo Desarrollo Sostenible (ODS), es la agenda que definirá el rumbo hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 estados miembros de la ONU de la próxima década, toda vez que incluye temas altamente prioritarios para todos los países, como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros1 .

Compuesta de 17 objetivos y 169 metas, la ODS es una agenda que pone la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, social y ambiental.

Entre los objetivos de la ODS destaca el número 7, relativo a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, el cual parte de la premisa de que el derecho a la energía es indispensable para garantizar un nivel de vida adecuado y para asegurar la satisfacción de otros derechos con las siguientes metas:

1. Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos.

2. Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía.

3. Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

4. Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante.

5. Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo2 .

Por ello, el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales que, de una forma u otra, de manera explícita o implícita, se refieren a éste como tal derecho humano.

II. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que dentro de los derechos sociales de todos los mexicanos se encuentra la electricidad y la vivienda digna, que son la base del capital humanos que permite a las personas desarrollarse plenamente3 .

Por lo anterior, plantea del PND en su “Estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país, en la que su primera línea de acción es Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas que pagan las empresas y las familias mexicanas”4 .

Es importante mencionar que con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracción V, de la Ley de Planeación y, artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación de las Secretarías de Energía, Economía, y la Comisión Federal de Electricidad, revisar y clasificar las tarifas eléctricas de consumo doméstico o residencial. Por lo cual, se sugiere incluir a las secretarías faltantes en el exhorto uno.

Respecto a los apoyos y subsidios del gobierno federal para contribuir al uso de energías limpias y renovables, la Ley de Transición Energética contempla un título cuarto Del Financiamiento y la Inversión para la Transición Energética, un financiamiento por parte del Estado a usuarios domésticos que instalen equipos y/o aparatos que usen energías renovables en sus hogares, y que dicho apoyo se cobre vía la facturación del suministro eléctrico o distribución de gas natural.

III. Si bien el esfuerzo realizado por el Estado mexicano en las últimas décadas ha permitido llevar el servicio de energía eléctrica –y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía el porcentaje de viviendas con electricidad es de 97.8 por ciento y el número tomas de energía instaladas es de 31’581,921 (con cifras al 2011)5 –en prácticamente todas las ciudades y núcleos de población del territorio nacional cuentan con el servicio–.

Datos de la Secretaría de Energía estiman que en 2015 los sectores residencial y comercial consumieron el 19 por ciento de la energía final en México. Los hogares mexicanos utilizan 74 por ciento de la energía que consumen en usos térmicos y 26 por ciento en forma de electricidad, demanda que anualmente crece a un ritmo de 0.6 por ciento. La energía solar presentó la tasa de crecimiento más alta de este sector debido principalmente al uso de esta tecnología en zonas urbanas del país. Aun así, su participación sigue siendo marginal ya que en 2014 sólo representó 0.6 por ciento de la demanda.

IV. En efecto, el alto consumo de energía eléctrica se ha tornado en un asunto complejo por múltiples factores, incluido desde luego el climatológico, que obliga a las familias residentes de las zonas más cálidas del país a mantener encendidos sus aparatos de aire acondicionado en forma casi permanente desde el inicio del verano y en ocasiones más allá de que dicha estación formalmente concluye a finales de octubre.

Por si esto fuera poco, estas viviendas se localizan en zonas del país en las que prevalecen condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), citados en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)6 , las regiones del país más vulnerables a las ondas de calor son7 :

Grados de peligro por ondas de calor

La vulnerabilidad se define como el grado en que los sistemas “pueden verse afectados adversamente por el cambio climático”, dependiendo si éstos “son capaces de afrontar los impactos negativos del cambio climático”8 , incluyendo en esta definición a la variabilidad climática y los eventos extremos.

Esta vulnerabilidad se acentúa con la condición de pobreza en que viven miles de familias que habitan en los municipios más vulnerables a los impactos del cambio climático, como puede verse en el siguiente mapa:

Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Vulnerabilidad futura. Se presenta información sobre algunos de los temas contenidos en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático”, en: http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/vulnerabilidad-futura

La vulnerabilidad climatológica y de pobreza en que se encuentran un amplio número de hogares ubicados en los municipios de alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático hace prácticamente imposible que este tipo de hogares puedan adquirir, así sea a través de financiamientos, la tecnología de generación de electricidad a partir de energía solar debido a los bajos salarios y a los ya de suyos exorbitantes pagos que deben realizar por consumo de energía eléctrica en prácticamente la mitad del año.

V. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la “Democracia” es un “sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

Sin embargo, para un amplio sector de la población el servicio eléctrico se ha tornado inasequible por costoso, fundamentalmente en aquellos lugares donde las altas temperaturas hacen indispensable el uso de aparatos de aire acondicionado en las ciudades fronterizas tiene la necesidad imperante de tener aires acondicionados, toda vez que el problema básico es que las temperaturas de ciudades como Mexicali oscilan entre los 35 a 40 grados centígrados.

Es importante destacar que en la exposición de motivos a la iniciativa de “decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” que presentó el Ejecutivo federal, el 12 de agosto de 2013, establecía que uno de los objetivos de la reforma “tiene como propósito reducir los costos de producción y las pérdidas técnicas y no técnicas a fin de disminuir las tarifas eléctricas”9 .

Sin embargo, el precio no ha disminuido como puede verse los siguientes datos de la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía:

Fuente: Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía, “precios medios de la energía eléctrica”, en: http://egob2.energia.gob.mx/portal/electricidad.html

Como se puede observar la reducción de precios para los hogares, es mínima (-0.3 por ciento), pero para la gran industria la reducción de su tarifa es significativa (-23.0 por ciento). Lo que muestra que la reforma eléctrica no beneficia a los hogares mexicanos y mucho menos a las familias de escasos recursos.

El 3 de julio de 2016, la Comisión Federal de Electricidad emitió un boletín de prensa en la que informaba sobre “El ajuste de las tarifas para el sector industrial, comercial y doméstico de alto consumo (DAC) en el mes de julio está relacionado con los incrementos de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica”10 .

Ejemplo de lo anterior, lo podemos encontrar en el cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Energía, que a la letra dice:

“Por otra parte, la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) registra un incremento en julio de 2016 de 6.6 por ciento respecto al mismo mes del año pasado”11 .

Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad justifica el ajuste alcista de las tarifas eléctricas argumentando que los aumentos estás relacionados con los incrementos de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica y que, por ser insumos cuyo valor lo fijan los mercados internacionales, es inevitable realizar los ajustes cuando el valor de aquellos aumenta considerablemente12 .

VI. La información sobre los impactos climáticos históricos y las tendencias socio ecológicas y socioeconómicas, da cuenta de un problema ambiental, social y económico que se agudizará por los efectos del cambio climático.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGCEI) durante 2011 nuestro país emitió 432.3 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) lo que equivale a 1.4 por ciento de las emisiones globales derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles13 . De acuerdo con estas cifras, México es el decimosegundo país con mayores emisiones del mundo14 .

En ese contexto, la adaptación debe ser un componente central de cualquier esfuerzo de combate al cambio climático. Por lo anterior, los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN consideramos que el gobierno federal debe promover y facilitar entre la población el uso y la adopción de nuevas tecnologías, amigables con el medio ambiente, para generar energía eléctrica en el hogar y que las familias mexicanas encuentren un alivio en su ya deteriorada economía doméstica.

La adopción de tecnologías para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias y renovables es congruente con los objetivos trazados en la Ley General de Cambio Climático que, en lo conducente, establece:

Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son:

...

III. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía;

Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:

I. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía:

e) Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de electricidad, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.

Artículo 35. Con el objetivo de impulsar la transición a modelos de generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles a tecnologías que generen menores emisiones, la Secretaría de Energía establecerá políticas e incentivos para promover la utilización de tecnologías de bajas emisiones de carbono, considerando el combustible a utilizar15 .

Por su parte, la Estrategia Nacional de Cambio Climático establece:

La visión de largo plazo de este instrumento rector plantea que el país crecerá de manera sostenible y promoverá el manejo sustentable y equitativo de sus recursos naturales, así como el uso de energías limpias y renovables que le permitan un desarrollo con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. También aspira a que México se vuelva un país próspero, competitivo, socialmente incluyente y con responsabilidad global que genere empleos suficientes y bien remunerados para toda su población, en particular para la más vulnerable. Propone una nación socialmente equitativa, con una economía verde, con ecosistemas y poblaciones resilientes al cambio climático y con ciudades sustentables.

Para llegar a los objetivos en adaptación y mitigación debe existir una política nacional robusta, coordinada y que apoye al desarrollo. Por ello es que la ENCC integra un capítulo con la identificación de los pilares de la política nacional de cambio climático. En este apartado se presentan aspectos fundamentales de dicha política: contar con políticas transversales, coordinadas y articuladas; desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque climático; fomentar la investigación; promover una cultura climática en la sociedad; instrumentar mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) así como monitoreo y evaluación (M&E); y fortalecer la cooperación internacional16 .

Bajo este marco el pasado 22 de agosto de 2016, la Secretaría de Energía (SE) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pusieron en marcha el Programa de Mejoramiento Integral de Vivienda Existente con el cual “se otorgarán créditos por hasta 50 mil pesos a tasas preferenciales a las familias que tengan ingresos de hasta cinco salarios mínimos para que compren equipos más eficientes y limpios, como calentadores solares o a base de gas, aires acondicionados, equipos de iluminación eficiente, ventanas térmicas, envolventes térmicos, películas de control solar, y por primera vez en México, la instalación de paneles fotovoltaicos en hogares de bajos ingresos”17 .

La introducción de celdas fotovoltaicas o paneles solares, como popularmente se les conoce, constituye una solución a largo plazo con beneficios en la economía de millones de mexicanos al tiempo que apuntala al país como una nación ambientalmente responsable y con una importante contribución en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Sin embargo, en opinión de nuestro grupo parlamentario, el Programa de Mejoramiento Integral de Vivienda Existente debe ajustarse para que no sea únicamente un mecanismo de financiamiento sino, en determinados casos, un instrumento para que esta tecnología llegue a los hogares mexicanos situados en las zonas de mayor vulnerabilidad a las ondas de calor en condiciones de gratuidad.

En ese sentido se justifica que la Secretaría de Energía, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Federal de Electricidad, revisen y ajusten el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda Existente a fin de que se considere la situación de alta vulnerabilidad y pobreza extrema en que se encuentran miles de familias en los municipios más cálidos del país y a ellas se les permita el acceso a esta tecnología de manera gratuita.

Queremos enfatizar que esta demanda no implica que las y los diputados federales de Acción Nacional claudiquemos en nuestra exigencia de que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad revisen la composición tarifaria bajo la cual se cobra el consumo de electricidad y emita una tarifa preferente para las ciudades y núcleos de población ubicados en las zonas de altas y extremas temperaturas.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, para que sea aprobado, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Electricidad, a que realicen una revisión del marco tarifario bajo el cual la Comisión Federal de Electricidad cobre el consumo doméstico tomando como base al aumento en la temperatura promedio que se registra en verano.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a la Comisión Federal de Electricidad, revisen y ajusten el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda Existente a fin de que se considere la situación de alta vulnerabilidad y pobreza extrema en que se encuentran miles de familias en los municipios más cálidos del país y a ellas se les permita el acceso a tecnología de generación de electricidad a partir de fuentes limpias y renovables.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, “La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “ en:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/
la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

2 Organización de las Naciones Unidas, “Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/

3 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013, p. 43, en: http://pnd.gob.mx/

4 Ibídem, p. 137.

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios”, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx

6 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático”, Diario Oficial de la Federación del 3 de junio de 2013, en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301093&fecha=03/06/2 013.

7 El mapa considera datos de las temperaturas máximas diarias registradas en 340 estaciones climatológicas con registros de al menos 30 años o más. El análisis de peligro se calculó con base en el percentil 90 de cada serie de datos, de los resultados obtenidos resultó que las regiones más susceptibles a las ondas de calor son la llanura costera del Pacífico, principalmente aquellos municipios que forman parte de la cuenca del Balsas, el noreste de Coahuila y norte de Nuevo León, así como gran parte de la península de Baja California y el centro de la península de Yucatán, donde obtuvieron la calificación de muy alto grado de peligro.

8 Artículo 3º, fracción XXXIV de la Ley General de Cambio Climático, Cámara de Diputados, en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_010616.pdf

9 “Iniciativa que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, 12 de agosto de 2013, en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/08/asun_2995002_ 20130814_1376494979.pdf

10 Comisión Federal de Electricidad, “Las tarifas eléctricas para el sector industrial registran en julio su primer aumento después de 18 meses consecutivos de disminuciones interanuales”, 3 de julio de 2016, en: http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8370/

11 Secretaría de Energía, 4to Informe de Labores 2015-2016, México, Secretaría de Energía, 1º de septiembre de 2016, p. 107.

12 Ibídem.

13 Secretaría del Medio Ambiente, “Medio Ambiente en México 2013-2014”, en: http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/05_atmosfera/5_2_2 .html

14 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Acuerdo por el que se expide la Estrategia...”. op. cit.

15 Ley General de Cambio Climático, Cámara de Diputados, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_010616.pdf

16 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Acuerdo por el que se expide la Estrategia... op. cit.

17 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, “Boletín 255 “Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda” apoya la economía de familias mexicanas que perciben ingresos menores o iguales a 5 salarios mínimos, otorgando un subsidio de 50 mil pesos a pagar en 5 años mediante el cobro del recibo de luz”, en: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/lanza-el-gobierno-de-la-republica-prog rama-para-el-mejoramiento-integral-de-vivienda-en-materia-energetica?id iom=es.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, o Convenio Lanzarote, suscrita por los diputados Mariana Arámbula Meléndez y Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Mariana Arámbula Meléndez y Juan Pablo Piña Kurczyn, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

El surgimiento de las nuevas tecnologías ha representado sin duda grandes avances en las diferentes áreas y aspectos de la vida; cada vez son más las personas, tanto adultos como menores de edad, que se adentran de lleno al uso de las mismas.

De acuerdo con el último Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos 2016 realizado por IAB México, señala que en 2015, 57 por ciento de la población en México hace uso del internet.

Sin embargo, estas nuevas tecnologías, como las redes sociales, se usan con fines ilícitos que atentan contra los menores de edad, como la trata de menores, prostitución infantil, pornografía infantil, lenocinio de menores, turismo sexual, pederastia y pedofilia solo por mencionar algunos.

Ante esta creciente situación, El Consejo de Europa, institución creada el 5 de mayo de 1949 con la firma del Tratado de Londres, con el objetivo principal de salvaguardar los derechos humanos, y que actualmente está conformado por 47 países, de los cuales se encuentran todos los que conforman la Unión Europea (28), redactó el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual el 25 de octubre de 2007, en Lanzarote, España.

Este convenio, conocido como “Convenio Lanzarote”, entró en vigor el 1 de julio de 2010 y tiene por objeto prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños, proteger los derechos de los niños víctimas de explotación y abuso sexual y promover la cooperación nacional e internacional contra la explotación y el abuso sexual de los niños.

De igual forma, se establece en su artículo 23, la actividad conocida como Grooming o Abuso Sexual Cibernético, que surge a partir del uso de las nuevas tecnologías; en el que se establece lo siguiente:

“Artículo 23. Proposiciones a niños con fines sexuales

Cada parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño que no haya alcanzado la edad fijada en aplicación del apartado 2 del artículo 18 con el propósito de cometer contra él cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al apartado 1.a) del artículo 18 o al apartado 1.a) del artículo 20, cuando a dicha proposición le hayan seguido actos materiales conducentes a dicho encuentro.”

Ahora bien, nuestra legislación federal ha mostrado avances tendientes a proteger la indemnidad sexual de los menores. Éstas han sido poco a poco armonizadas con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas menores de edad, todo bajo la premisa constitucional de que todas las actuaciones que realice el Estado deberán atender en todo momento al interés superior del niño.

No obstante lo anterior, esta capacidad regulatoria se ha visto rebasada con la vertiginosidad con la que crecen las nuevas conductas delictivas y la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías.

Asimismo, México; al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño desde 1990, tiene el compromiso inquebrantable de reforzar su arquitectura jurídica en aras de salvaguardar el desarrollo psicosexual de los menores, tal como lo establece el artículo 34 de dicha convención que a la letra dice que:

“Los estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los estados parte tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos;”

Si bien el Código Penal Federal contempla medidas respecto a la protección de la integridad sexual de los menores, en delitos tales como: corrupción de menores; pornografía infantil; turismo sexual; lenocinio y pederastia, es necesario contemplar medidas en torno a las proposiciones hechas a los niños por medio del internet, de acuerdo con el inciso a) del artículo anteriormente mencionado de la Convención de los Derechos del Niño.

Es por ello que México debe atender a tal situación reforzando o modificando los mecanismos nacionales y celebrando convenios internacionales tendientes a la protección de los derechos de los niños y niñas a las conductas delictivas que pueden ser sujetos por el uso de las nuevas tecnologías.

Cabe señalar que México es un país observador del Consejo de Europa junto con otros países como Canadá y Estados Unidos y ha firmado otras convenciones y tratados que ha emitido este consejo.

De igual forma, la Constitución señala en su artículo 89, fracción X, lo siguiente:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a IX. ...

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales , así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos : la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”

Este precepto señala que es facultad y obligación del presidente de la República celebrar tratados internacionales con base en los principios de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

Es por todo lo anterior, que consideramos pertinente que México suscriba el Convenio Lanzarote, para que exista la obligación del estado a adecuar su legislación a las nuevas formas de explotación y abuso sexual que se están dando por el uso de las nuevas tecnologías.

Además, con la firma del convenio mencionado, se reforzará la protección de los derechos de los niños y niñas, ya que en este convenio se amplían ciertos preceptos con base a las nuevas tecnologías y se establecen medidas de protección a los niños tendientes a detener el abuso y explotación sexual infantil.

Por lo anterior pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la República a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, también conocido como Convenio Lanzarote, con base en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley sobre Celebración de Tratados y de acuerdo al compromiso adquirido al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño en términos de salvaguardar de manera irrestricta el desarrollo psicosexual de los menores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.

Diputados: Mariana Arámbula Meléndez, Juan Pablo Piña Kurczyn (rúbricas)