Proposiciones de urgente u obvia resolución

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar las gestiones necesarias con el Gobierno Norteamericano para fortalecer la economía de los países centroamericanos; así como al Senado de la Republica para que dentro de sus facultades de política internacional explore y proponga la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados internacionales diferentes al Gobierno Estadounidense, suscrito por el Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de pcuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El TLC se puede mejorar pues ya tiene más de 25 años.

Este importante Tratado tampoco está sujeto a la voluntad solo a la voluntad de Trump pues el Congreso de EUA también debe tener una participación al respecto.

Desde luego no compartimos las ideas de Trump, pero muchos norteamericanos tampoco, pues no lo consideran un gobernante “normal”. Y el sistema político de aquel país tampoco está preparado para un gobernante “anormal”.

Es importante hacer notar que el Presidente Trump no debería firmar órdenes ejecutivas que no tengan viabilidad en los hechos.

Si continúa así, la economía de los Estados Unidos seguramente entrará en una profunda crisis en 4 años, lo cual es muy peligroso para México, dada la dependencia que nuestra economía tiene con respecto a aquella.

Si esto ocurre, el gobierno y el pueblo de México deben estar preparado y eso significa comenzar a buscar otros mercados comerciales para diversificar sus opciones de desarrollo de la economía, tal como el Partido Verde ya lo propuso.

También es importante que por el momento no nos distraigamos en el tema del muro y nos centremos en los temas económicos, como el TLC.

Si esta crisis que hemos mencionado llegara a consumarse, la diversificación de nuestra economía que comencemos a construir hoy mismo, nos ayudará muchísimo para salir adelante.

Seguramente las ganancias no serán muy buenas al principio, pero sin duda alguna nos ayudará para comenzar a dejar esa dependencia tan grande que tenemos de la economía norteamericana y a estar mejor preparados para lo que pueda venir en el futuro.

Además, también ayudaríamos a que el gobierno que comience sus funciones en el 2018, sea del partido que sea, no se encuentre con tantas dificultades en el inicio de sus gestiones.

Finalmente, debemos dejar patente que nuestra legislación también la debemos comenzar a blindar contra estas posibles dificultades. Solo de esta manera también estaremos listos para sortear posibles eventualidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a realizar las gestiones necesarias con el Gobierno de los Estados Unidos de América para fortalecer la economía de los países centroamericanos.

SEGUNDO. - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Senado para que dentro de sus facultades en materia de política internacional, explore y proponga la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados internacionales diferentes al Norteamericano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de febrero de 2017.

Diputados : Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Secretaría de Educación Pública de Jalisco a fortalecer de manera coordinada los programas y las acciones para combatir la violencia de género, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1, artículo 6o., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Primera. El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia ha sido reafirmado en el sistema internacional de los derechos humanos. La jurisprudencia internacional ha establecido el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia para proteger los derechos humanos y los derechos de las mujeres.

En América Latina y el Caribe, los principios de igualdad y no discriminación forman el núcleo del sistema interamericano de derechos humanos, que obligan a los países a garantizar todos los derechos y libertades sin discriminación por razones de sexo, de acuerdo con lo establecido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que al tenor dice: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho y deberes consagrados en esta declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.1

La Convención de Belém do Pará, el instrumento con mayor número de ratificaciones del sistema interamericano, es particularmente relevante pues refleja la preocupación de diversos países, incluido México, por atender la discriminación que las mujeres han sufrido históricamente, la violencia de la que han sido objeto y la necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenir, sancionar y erradicar estos problemas alarmantes y preponderantes.2

Por otro lado, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, considerada la carta internacional de los derechos de la mujer; la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, efectuada en El Cairo, Egipto, en 1994; y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 1995 en Beijín, representaron también el inicio de una nueva generación de estrategias y políticas públicas en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres para México.

En materia de niñez, se firmó en Naciones Unidas (1898) la Convención sobre los Derechos del Niño, que representó un importante avance para la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de ellos, el derecho a la protección contra cualquier forma de violencia enunciando en su artículo 19 que “los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente...”3

En México se han impulsado también diversas acciones de los distintos órdenes y niveles de gobierno, orientados a promover y hacer efectiva la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres; en 2001 se promulgó la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, creando el Inmujeres, encargado de impulsar y dirigir las políticas nacionales hacia la igualdad de género, en 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, exigiendo el establecimiento del sistema y programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres; en 2007 tras un largo proceso legislativo, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya importancia jurídica radica justamente en el derecho de las mujeres a no ser violentadas de ninguna forma; en 2009 la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, que establecía los criterios de prevención y atención de violencia familiar y sexual contra mujeres y en 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En Jalisco se aprobó la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, se creó el Subcomité Especial Transversal para la Igualdad de Género y, entre otras cosas, se cuenta con el programa Igualdad de Género, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los actores institucionales y sociales orientadas a atener desigualdades de género; también se aprobó en 2003 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Aunque en Jalisco se ha avanzado en el tema, falta mucho por hacer para lograr erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, pues hoy día el Estado ocupa el tercer lugar en violencia de género del país.

Segunda. En Jalisco, la población asciende a 7 millones 844 mil 830 habitantes. De ellos, 2 millones 567 mil 884 son niños y adolescentes; es decir, 34.9 por ciento del total poblacional.

Estas cifras sitúan el estado como la cuarta entidad más poblada del país (alberga a 6.5 por ciento del total poblacional) y la tercera con mayor número de niños y adolescentes de entre 0 y 19 años de edad.

Los niños y los adolescentes jaliscienses, según su grupo de edad y sexo suman4

Población de 0 a 4 años: 694 mil 948.

• Mujeres: 341 mil 197.

• Hombres: 353 mil 751.

Población de 10 a 14 años: 714 mil 393.

• Mujeres: 352 mil 296.

• Hombres: 362 mil 97.

Población de 15 a 19 años: 715 mil 3.

• Mujeres: 354 mil 828.

• Hombres: 360 mil 175.

De las cifras citadas, la población de entre 5 años y más que asiste a la escuela es de 2 millones 11 mil 746, población considerablemente alta.5

En nivel primaria, Jalisco cuenta con 5 mil 902 escuelas, con 32 mil 167 docentes frente a grupo, que atienden a 942 mil 960 estudiantes, de las cuales 89.1 por ciento son públicas (5 mil 404), 118 indígenas, 380 comunitarias y 10.0 por ciento (589) privadas.6

Respecto a secundarias, el número es de 2 mil 22 escuelas, con 28 mil 84 docentes y 421 mil 241 alumnos; de ellas, mil 696 (83.9 por ciento) son públicas y 326 (16.1) privadas. En el nivel medio superior, se estima que son 792 escuelas, de las cuales 64.4 por ciento son públicas y 35.6 privadas, con un total de 15 mil 877 docentes (68.3 por ciento en públicas y 31.7 en privadas), atendiendo alrededor de 252 mil 221 alumnos. De éstos, 24 mil 504 asisten en la modalidad de profesional técnico, 160 mil 677 en la de bachillerato general y 55 mil 816 en bachillerato técnico.7

Sabemos que la educación es un derecho humano fundamental reconocido desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reiterado en la Convención sobre los Derechos del Niño y amparado por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La educación, de acuerdo con la reforma de 2013 debe ser de calidad, pero no sólo eso, debe garantizar un entorno seguro para la comunidad estudiantil, pues es la educación el derecho que habilita y fortalece el ejercicio de los demás derechos.

Tercera. Preocupantemente, la violencia de género en las escuelas se ha convertido en uno de los problemas principales de la sociedad Jalisciense, teniendo un impacto negativo en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo sano de las comunidades estudiantiles y transgrediendo el derecho de niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia.

La violencia de género se refiere a “todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”.8

En septiembre del año pasado, durante el segundo seminario internacional de psicología jurídica y forense Delito e intervención, en la Universidad de Guadalajara, la doctora Claudia Chan Gamboa, Jefa del Departamento de Psicología aplicada del Centro Universitario de Ciencia de la Salud, recalcó, como resultado de un estudio aplicado en 2015 que, por lo menos una tercera parte de las estudiantes sufre o ha sufrido violencia de género que va desde el maltrato psicológico, emocional, hasta el maltrato físico, y lo que es más preocupante es que a pesar de que se trata, en la mayoría de los casos, de una población informada no fueron capaces de reconocer que son víctimas de violencia.

Lo anterior denota una grave problemática: la violencia se ha naturalizado en muchas aulas de instituciones educativas, al grado en que las estudiantes no se perciben como maltratadas, pues se han acostumbrado a las conductas violentas de sus compañeros de clases, de sus compañeros sentimentales e incluso de docentes o personal de las mismas instituciones.

De acuerdo con estudios doctorales realizados por el doctor Francisco Javier Rodríguez Díaz, investigador de la Universidad de Oviedo, España, concluyó que Jalisco es el segundo estado con mayor nivel de violencia escolar contra mujeres.9

Cuarta. Las causas de la violencia de género son diversas, sin duda el machismo está presente en México, de acuerdo con la investigación del doctor Francisco Javier Rodríguez 53 por ciento de los hombres se han burlado de las mujeres y 74 por ciento las ha ridiculizado e insultado como grupo, esta conducta se transmite a los varones desde pequeños y se replica durante la infancia, se acentúa en la adolescencia y puede incrementarse en la juventud y la edad adulta.10

No debemos olvidar que la violencia es un acto que, ya sea único o reiterado, puede ocasionar daños irreversibles, pues implica un abuso del poder mediante el empleo de la fuerza, física o psicológica.

Quinta. La naturalización de la violencia como solución de conflictos comienza la mayoría de las veces en la infancia; se recrea y se admite en la escuela, donde el ambiente y las conductas de alumnos, maestros y directivos, fortalecen día a día las diferencias entre hombres y mujeres que ven como natural la violencia genérica, la pasan por alto o simplemente la ignoran; ahí, en las aulas, se admite la violencia contra las niñas y la discriminación a los varones diferentes.

Aunado a ello, el profesorado que no se da cuenta del problema o no le brinda la atención requerida debido a un bajo conocimiento sobre la violencia de género y el acoso como acto cotidiano de discriminación en contra de las niñas y adolescentes.

Sexta. El artículo 73 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco establece como obligación de las autoridades asegurar la asignación prioritaria de recursos para el respeto, protección, promoción y ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con la ley general, la ley estatal y demás disposiciones aplicables.

Ninguna violencia contra niñas y mujeres es justificable y toda violencia es prevenible, en ningún plantel educativo, en ninguno de sus niveles debe haber concesiones en el rechazo a la violencia.

Aunque el gobierno de Jalisco ha llevado a cabo acciones significativas para brindar a la niñez y adolescencia un lugar importante dentro de la agenda de políticas públicas y aunque en septiembre de 2015 el Congreso del estado aprobó la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin duda un avance normativo de armonización y reforma necesaria para la implementación de la legislación sobre la infancia, aún existen áreas prioritarias de atención como la violencia de género, por ello, es altamente necesario que el gobierno del estado y la Secretaría de Educación de Jalisco, así como las dependencias competentes programen y fortalezcan acciones para prevenir, atender y erradicar esta problemática en todos los planteles del sistema educativo estatal, con la intención de garantizar el acceso a la justicia y la igualdad de las niñas, adolescentes y jóvenes, así como detectar y atender a prontitud casos de urgencia.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo y a la Secretaría de Educación de Jalisco a fortalecer de manera coordinada los programas y las acciones para combatir la violencia de género en todas las escuelas del sistema educativo estatal.

Notas

1 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 2.

2 OEA. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia . Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2006-2011.

3 Red por los Derechos de la Infancia. La violencia contra niños y adolescentes en México. Miradas regionales, México, 2010, página 6.

4 Inegi. Jalisco en cifras, 2010-2015.

5 Inegi. Jalisco en cifras, Indicadores Educación 2010-2015.

6 SEP. Principales cifras del sistema educativo, 2015.

7 Ibídem.

8 Universidad Autónoma de Chiapas. Violencia de género, Portal Universitario para la Atención de Violencia de Género, México, 2015.

9 Rodríguez, Francisco Javier. Actitudes de género y violencia en el noviazgo de adolescentes y jóvenes mexicanos escolarizados, Universidad de Oviedo, Programa de Doctorado en Psicología, Oviedo, España, 2015.

10 Rodríguez, Francisco Javier. Actitudes de género y violencia en el noviazgo de adolescentes y jóvenes mexicanos escolarizados, Universidad de Oviedo, Programa de Doctorado en Psicología, Oviedo, España, 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2017.

Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, suscrito por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales por el Estado de Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Con fecha del 27 de diciembre del 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a diversos tipos de combustibles, en el cual dentro de sus considerandos, el titular del Poder Ejecutivo Federal expresa de manera textual lo siguiente:

“Para 2017 es necesario mantener el estímulo fiscal actualizado a efecto de reflejar los movimientos de tipo de cambio monetario y de los precios del petróleo, así como establecer una relación más adecuada entre los precios relativos de los tipos de gasolinas

Que para limitar la posibilidad de una afectación económica, en el consumo de los combustibles en la región colindante con los Estados Unidos de América, dada la diferencia de precios entre los dos mercados, resulta conveniente establecer un estímulo fiscal durante el ejercicio fiscal de 2017;

Que la aplicación de la política de precios homologados y escalonados en la frontera norte se realizaba atendiendo a los diferenciales de precios de dichos combustibles aplicables en el territorio nacional frente a los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América;”

II. En el mismo sentido, el artículo segundo del instrumento en mención establece en que consiste dicho estímulo y la forma en la que será aplicado, de acuerdo a lo siguiente:

“El monto del estímulo fiscal correspondiente a la totalidad de litros de gasolina enajenados en un mes de calendario se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente que deba enterarse en las declaraciones de pagos provisionales propios correspondientes al mes en que se llevó a cabo la enajenación de las gasolinas o en la declaración del ejercicio. Cuando se opte por aplicar el acreditamiento contra los pagos provisionales propios, el acreditamiento aplicado se considerará como impuesto efectivamente pagado.

III. Si bien el otorgamiento del estímulo en mención es una buena medida para ayudar a la economía familiar de quienes habitamos en la frontera norte, el problema se encuentra en el mecanismo vigente para su aplicación, ya que además de ser optativa la misma, únicamente las grandes empresas o corporativos que muchas veces no tienen su domicilio fiscal en la frontera son los únicos que cuentan con la capacidad económica para absorber la aplicación del mismo, lo anterior a diferencia de los permisionarios locales, los cuales representan la gran mayoría de los existentes en la frontera y los cuales se están viendo afectados ante el riesgo de una inminente quiebra, ya que aun cuando el monto del estímulo les es acreditado en contra de otros impuestos a su cargo, estos no cuentan con los recursos económicos para absorber durante un mes o incluso más tiempo la diferencia entre el precio por litro pagado a PEMEX y el precio máximo que se tiene que dar al público en los términos de acuerdos tales como el 06/2017, ya que dicha diferencia representa un monto cercano a los $3.00 pesos por litro de combustible.

IV. Es necesario recalcar que resulta urgente la modificación del mecanismo antes mencionado a efecto de que el estímulo pueda ser aplicado de manera general por todas las estaciones de servicio, ya que para contextualizar la situación actual, sirva el caso de Nuevo Laredo, en donde existen 60 gasolineras de las cuales únicamente 10 se encuentran aplicando el estímulo, situación que se agrava en Miguel Alemán, en donde ninguna lo aplica.

Es importante mencionar que de acuerdo a la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas y de la Cámara de Comercio de Matamoros, las ventas de gasolina en la frontera sur de Estados Unidos subieron entre un 45% y 50% tras el aumento de los combustibles automotores en México, lo anterior como consecuencia de que cuando no es aplicado el estímulo, los precios en México resultan mayores en un rango que oscila entre un 30% y 31% y cuando si es aplicado, la diferencia es cercana al 15%-16%, situación que pudiera llegar a atentar contra lo establecido en el octavo párrafo de los considerandos del multicitado decreto, el cual a la letra señala que “en el periodo en que la región fronteriza esté sujeta a precios máximos de las gasolinas, el estímulo fiscal aplicable tiene el objetivo de limitar las diferencias entre los precios de dichos combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América a un máximo del 15%” , con el objeto de ilustrar lo anterior se pone como ejemplo la siguiente tabla:

V. Como es reconocido por el ejecutivo federal por lo mencionado en el I considerando, la afectación económica en el consumo de combustibles en la frontera norte no solo es una posibilidad, es una realidad, hecho indubitable de eso es que desde hace ya varios años, dicha zona contaba con precios homologados, los cuales se designaban atendiendo a los diferenciales de precios de dichos combustibles aplicables en el territorio nacional frente a los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, por lo que en virtud de lo antes expuesto y con la intención de que la frontera norte del país pueda tener condiciones de mayor competitividad y preservar las fuentes de empleo existentes, es necesario que el mecanismo antes mencionado cambie y el estímulo sea aplicado de forma directa sobre las cuotas que correspondan, a efecto de disminuir éstas últimas, esquema que era aplicado anteriormente, permitiendo así que todos los distribuidores se encuentren en posibilidad de aplicarlo en beneficio de las familias de la frontera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a efecto de proteger y buscar beneficiar la economía de las familias que habitan en la frontera norte del país, reforme el artículo segundo del decreto publicado con fecha del 27 de diciembre de 2016 mediante el cual “se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican.”

Lo anterior a efecto de que el estímulo fiscal contenido en dicho decreto sea aplicado de forma directa al precio en el que se le vende la gasolina a los expendedores al público de combustibles, generando así las condiciones para que todos los ciudadanos de frontera puedan acceder a tener la gasolina más barata, ya que bajo el esquema actual resulta imposible que los expendedores locales absorban el monto correspondiente al estímulo de forma mensual en tanto se les realiza la acreditación o en su caso la devolución correspondiente por parte del Sistema de Administración Tributaria.

SEGUNDO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, lo anterior con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.

Diputados : Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica)