Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a difundir un informe sobre los recursos erogados a través del fideicomiso Río Sonora y proseguir el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población afectada tras el derrame tóxico ocurrido el 6 de agosto de 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, suscrita por el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales por el estado de Sonora, de Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que haga público un informe detallado sobre los recursos erogados a través del fideicomiso denominado “Río Sonora” y continúe dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la población afectada a causa de los daños provocados al entorno por el derrame tóxico que, con fecha del 6 de agosto del 2014, afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora, y a la Auditoría Superior de la Federación, para que, en el marco de sus atribuciones, analice la viabilidad de auditar el ejercicio de los recursos del fideicomiso denominado “Río Sonora”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 6 de agosto pasado, se cumplieron tres años del mayor desastre ambiental en el país, del que se tenga registro en las últimas décadas; el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias toxicas en los Ríos Sonora y Bacanuchi, que afectó a más de 23 mil personas de siete municipios del estado de Sonora: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, San Felipe, Banámichi y Arizpe.

El responsable, Grupo México y sus empresas subsidiarias, en conjunto con el gobierno federal, crearon un fideicomiso denominado “Río Sonora” para atender con prontitud las afectaciones ocasionadas por el derrame de sulfato de cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi, y servir como fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños al ambiente y a la salud humana causados por el derrame. Además de servir como mecanismo de pago, respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del Derrame.

Este fideicomiso se constituyó con recursos aportados por empresas subsidiarias de Grupo México (Buenavista del Cobre, SA de CV y Operadora de Minas, SA de CV), con el número 80724 y administrado por Nacional Financiera, SNC, IBD. Para su organización contó con un Comité Técnico el cual aprobó las erogaciones y pagos que se realizaron; dicho Comité estuvo presidido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Desde su conformación, Los fideicomitentes se comprometieron a aportar al patrimonio del fideicomiso la cantidad de 2,000,000,000 (dos mil millones de pesos MN), incluida una aportación inicial de 500,000,000 (quinientos millones de pesos MN), estableciendo que en caso de que el monto comprometido resultare insuficiente para dar cumplimiento a los fines del fideicomiso, previa determinación del Comité Técnico, los fideicomitentes aportarán los recursos adicionales que fueran necesarios para cada situación específica.

Las fideicomitentes se manifestaron la obligación a realizar las aportaciones adicionales necesarias en el momento en el que el patrimonio del Fideicomiso fuera de 50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos MN).1

Posterior a la creación del fideicomiso se publicó una página web informativa con los avances significativos de la administración de los fondos, y el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados instaló una Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi.

Dicho órgano legislativo funcionó desde el 22 de agosto de 2014 hasta el 30 de abril del 2015, fecha en la que por acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados se extinguió, en conjunto con otras comisiones, una vez en que se informó que la extinción se debía a que el objetivo de su creación se había cumplido y agotado. Durante sus trabajos la comisión hizo una serie de recomendaciones y compromisos para dar seguimiento y atención a la problemática.

Respecto a la información publicada en el portal de internet disponible a través del sitio http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/index.html encontramos que la información fue actualizada hasta junio del año 2015, en lo que respecta a los apoyos e información financiera del fideicomiso.

En este año, en el quinto Informe de Gobierno, que el Ejecutivo federal entregó a la Cámara de Diputados en el mes de septiembre pasado se informó en uno de sus apartados lo siguiente:

En febrero de 2017 se celebró la sesión de cierre del Fideicomiso Río Sonora y las autoridades emitieron las resoluciones que acreditaron el cumplimiento de los objetivos, sin solicitudes de reparación pendientes.

- El Fideicomiso canalizó más de 1,200 millones de pesos en acciones de remediación, reparación y compensación de daños a las personas, al ambiente y a la salud humana en la región del Río Sonora.

- En enero y febrero de 2017 la empresa causante del daño al ambiente firmó convenios que garantizan a la población el acceso a agua potable de calidad, mediante la instalación de plantas potabilizadoras; y de salvaguarda a la salud con la operación de una unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental en el municipio de Ures, Sonora.2

De lo anterior, los legisladores promoventes concluimos que, al cumplirse tres años del mayor desastre ambiental de las últimas décadas que ha afectado a nuestro país, provocado por el consorcio minero Grupo México, la incertidumbre de los pobladores de los siete municipios afectados en el Estado de Sonora continua latente ante el incumplimiento de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el consorcio.

Los compromisos que no han sido concluidos han provocado movilizaciones de pobladores y activistas quienes exigen la reactivación del fideicomiso y la remediación de los daños ambientales económicos y a la salud de los habitantes afectados de la región.

Ante esta situación, los legisladores abajo firmantes exigimos transparencia a detalle del total de los montos aplicados y que la dependencia del Gobierno Federal, que es la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que la misma asuma la responsabilidad que le corresponde por la participación en la administración de los recursos.

Con este exhorto también solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de sus atribuciones, analice la viabilidad de auditar el ejercicio de los recursos del fideicomiso denominado “Río Sonora”, con la finalidad de esta soberanía tenga pleno conocimiento de la ejecución de los recursos, el cumplimiento de los compromisos y en su caso en adelante se apliquen las medidas necesarias para continuar prestando atención a las comunidades y sectores afectados por la problemática.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del estado de Sonora, en pluralidad de grupos parlamentarios, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que haga público un informe detallado sobre los recursos erogados a través del fideicomiso denominado “Río Sonora”.

Asimismo, se le exhorta a que continúe dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la población afectada a causa de los daños provocados al entorno por el derrame tóxico que, con fecha del 6 de agosto del 2014, afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi, en el Estado de Sonora.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que, en el marco de sus atribuciones, analice la viabilidad de auditar el ejercicio de los recursos del fideicomiso denominado “Río Sonora”.

Notas

1 Fideicomiso Río Sonora, disponible a través de http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/index.html consultado el 19 de octubre de 2017.

2 Quinto Informe de Gobierno 2016-2017, disponible a través de http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/ consultado el 19 de octubre de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Fuentes:

Fideicomiso Río Sonora, disponible a través de http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/index.html consultado el 19 de octubre de 2017.

Quinto Informe de Gobierno 2016 – 2017, disponible a través de http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/ consultado el 19 de octubre de 2017.

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero, Sylvana Beltrones Sánchez, Susana Corella Platt, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Abel Murrieta Gutiérrez, Leticia Amparano Gamez, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, José Everardo López Córdova, Javier Antonio Neblina Vega, Luis Agustín Rodríguez Torres, Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el cual se convoca al director general de Petróleos Mexicanos a una reunión con la Jucopo de esta soberanía para exponer la situación de la planta Agro Nitrogenados y el proceso de desincorporación de Pemex Fertilizantes por el posible daño patrimonial que se provocaría a la más importante empresa productiva del Estado, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. Hay un tema del que Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus 12 filiales no desean hablar: la subcontratación que después de la reforma energética promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto se practica en sus plantas y plataformas. Si se les pregunta, lo que resulta es un laberinto de información legal que al final no lleva a conocer cómo se opera esta forma de contratar servicios.

Así, en tierra firme o mar adentro, sin que nada las obligue a la rendición de cuentas ni a la transparencia, las compañías privadas nacionales y extranjeras que le arriendan trabajos a Pemex ejercen su propia ley en las instalaciones petroleras que son de la nación.

La contratación por outsourcing o por régimen de subcontratación “es aquella por medio de la cual un patrón denominado contratista o subcontratista ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

En su historia, Pemex obtuvo servicios específicos de exploración a través de los contratos de servicios múltiples, pero siempre mantuvo la responsabilidad efectiva sobre la operación de los campos de producción. La ley petrolera de 2008, promulgada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, fortificó el formato de los contratos.

Con la reforma energética a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en 2013, la subcontratación viró en su alcance. Ahora, el ciclo completo de las actividades de exploración y producción, así como la obligación operativa recae en el contratista que puede subcontratar todas las actividades consideradas en el convenio, salvo la administración y dirección de las obras.

Especialistas en mecanismos de transparencia de organizaciones no gubernamentales y la academia coinciden en que en este laberinto de información tan confuso bien puede colarse la corrupción.1

Segunda. Apenas hace unos días, se dio a conocer por diversos medios de comunicación que el INAI después de una votación en el pleno de dicho instituto, resolvió impedir que se den a conocer las condiciones en que Pemex compró a sobreprecio la planta chatarra Agro Nitrogenados en 2013. Los argumentos de algunos de los comisionados es que Pemex es sujeto de derecho privado sin recursos públicos. Esta votación provocó que se difundiera información referente a la compra de dicha planta e información que con antelación ya había sido difundida por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación.

La información que se difundió versa en los siguientes términos:

“El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) determinó que, en esa cuestionada compra de 275 millones de dólares, no se usó dinero público.

Ya se había hecho público meses antes cómo Pemex, bajo la gestión de Emilio Lozoya, había gastado la cantidad millonaria en esa planta para producir urea y cuyas instalaciones y maquinaria tenían más de 30 años de antigüedad y 14 de inactividad.

La comisionada ponente, Ximena Puente –ex titular del INAI–, argumentó que, tras la entrada en vigor de la reforma energética, Pemex, que pasó de ser una paraestatal a una empresa productiva del Estado, y sus filiales se convirtieron en compañías privadas a las cuales no les aplica el derecho público.

Por tanto, determinó que le es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal ; clasificó, asimismo, como confidenciales los avalúos que se hicieron a la planta de Agro Nitrogenados.

Amparándose en una consideración de la Auditoría Superior de la Federación, el INAI determinó que Pro Agro Industria, SA de CV, que fue la filial de Pemex mediante la cual, en 2013, se hizo la compra, es un sujeto de derecho privado.

Esta determinación del INAI se dio pese a que, cuando se hizo la adquisición de Agro Nitrogenados, Pemex y sus filiales eran consideradas empresas paraestatales, pues todavía no entraba en vigor la reforma energética, que les cambió el estatus jurídico.

Los comisionados Arely Cano y Óscar Guerra emitieron votos particulares contra esta decisión.

“Existe un vínculo entre las operaciones que se realizaron con la intervención de la filial de Pemex, por lo que se trata de documentación que incide en el ámbito público, máxime si se toma en cuenta que la información obra en el expediente de una auditoría que se practicó a Petróleos Mexicanos”, señaló Cano.

En febrero, al dar a conocer el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, la ASF reveló que la adquisición de la planta se realizó con un sobrecosto de 93.1 millones de dólares y que el 60 por ciento del complejo era chatarra.

También dio a conocer que el análisis del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) advertía del deterioro de la planta”.2

Tercera. Respecto del Informe de la Cuenta Pública 2015, la ASF realizó a Pemex Fertilizantes auditoría financiera y de cumplimiento número 514, la que llevó por nombre Cadena de Producción Amoniaco-Fertilizantes.3

De esta auditoria se puede destacar las cinco observaciones que realizó en los siguientes rubros:

1. Producción y comercialización de amoniaco y urea (medición de amoniaco)

Se concluye que en 2015 el organismo no calibró el medidor FQ-209A de acuerdo con la norma de referencia número NFR-111-PEMEX-2012 “Equipos de medición y servicios de metrología”, Apartados 8.2.3 “Trazabilidad a patrones nacionales o internacionales y calibración”, y 8.2.4 “Certificado o Informe o Dictamen de calibración”, y con el contrato de servicios de maquila de urea, donde se estipula que el instrumento de medición debe ser calibrado por lo menos dos veces al año.

Por lo anterior, la ASF realizó tres observaciones, dos son recomendaciones y una promoción de responsabilidad sancionatoria como se muestra a continuación:

15-6-90T9L-02-0514-01-001 Recomendación

Para que Pemex Fertilizantes calibre el instrumento de medición identificado como FQ-209A, instalado en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, a fin de obtener confiabilidad en los volúmenes de amoniaco que reporta de conformidad con la Norma de Referencia NRF-111-PEMEX-2012 “Equipos de medición y servicios de metrología”, apartados 8.2.3 “Trazabilidad a patrones nacionales o internacionales y calibración”, y 8.2.4 “Certificado o informe o dictamen de calibración”, y al contrato de servicios de maquila de urea donde se estipula que el instrumento de medición debe ser calibrado por lo menos dos veces al año.

15-6-90T9L-02-0514-01-002 Recomendación

Para que Pemex Fertilizantes implemente las estrategias operativas con objeto de cumplir en tiempo con los programas de mantenimiento de las plantas de amoniaco 5, 6 y 7, debido a que se observó que el periodo de mantenimiento de dichas plantas se prolongó con respecto de lo programado y que provocó paros durante diez meses continuos.

15-9-90T9N-02-0514-08-001 Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no calibraron el instrumento de medición identificado como FQ-209A, instalado en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque.

4. Precios de venta y costos de producción y ventas de amoniaco y urea

En mayo de 2015, la entidad canceló 9 mil 204.4 miles de pesos, del costo de la maquila registrada en marzo y abril, e informó que el nuevo criterio para su registro se basó en el volumen de ventas del cual se determinó un costo por maquila de 8 mil 457.6 miles de pesos, equivalentes a 10.0 MT; sin embargo, la entidad solo registró el costo de 7.1 MT por 6 mil 38.8 miles de pesos, por lo que no registró 2,418.8 miles de pesos equivalentes a 2.9 MT de urea en incumplimiento de los párrafos 44.1.1 “El costo de los inventarios debe comprender todos los costos de compra y producción en que se haya incurrido para darles su ubicación y condiciones actuales” y 44.3.1. “Costo de producción”.

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada informó que en agosto de 2016 se corrigió el costo de la maquila correspondiente a 2.9 MT; sin embargo, no proporcionó la evidencia del registro.

15-9-90T9N-02-0514-08-002 Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no registraron el costo de la maquila de urea por 2 mil 418.8 miles de pesos equivalentes a 2.9 miles de toneladas.

5. Ingresos por ventas de amoniaco y urea

Se concluye que la entidad no facturó en forma diaria la cantidad del producto entregado a Pemex Etileno, en incumplimiento de los numerales 8 y 9 del anexo 5 “Procedimiento de medición de volumen”, del contrato referido, y de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 “Ingresos ordinarios”.

Por lo anterior, la ASF realizó dos observaciones, una es recomendación y la otra es promoción de responsabilidad sancionatoria como se muestra a continuación:

15-6-90T9L-02-0514-01-003 Recomendación

Para que Pemex Fertilizantes establezca mecanismos de control en el registro de las ventas de amoniaco a Pemex Etileno, debido a que la entidad emitió cuatro facturas por 23,554.0 miles de pesos, registradas en noviembre y diciembre de 2015, y doce facturas por 15,538.1 miles de pesos registradas en enero de 2016, las cuales correspondieron al amoniaco entregado en septiembre, noviembre y diciembre de 2015, no obstante que la normativa establece que se facturará de forma diaria la cantidad del producto entregado.

15-9-90T9N-02-0514-08-003 Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no facturaron de forma diaria la cantidad de amoniaco entregada a Pemex Etileno.

6. Presentación de los ingresos en la Cuenta Publica

Se verificó que la entidad presentó los estados e información financiera presupuestaria en el periodo y formatos establecidos en los lineamientos específicos para las empresas productivas del Estado y entidades que conforman el sector paraestatal federal, para la integración de la Cuenta Pública de 2015.

Por lo anterior, la ASF realizó dos observaciones, una es recomendación y la otra es promoción de responsabilidad sancionatoria como se muestra a continuación:

15-6-90T9L-02-0514-01-004 Recomendación

Para que Pemex Fertilizantes establezca las acciones necesarias para asegurar que las cifras de los ingresos por ventas de productos petroquímicos presentadas en la Cuenta Pública sean correctas, y la información sea confiable, comparable y veraz, ya que se reportaron 81,203.8 miles de pesos en exceso en “venta de bienes e ingresos diversos” del estado de actividades presentado en la Cuenta Pública de 2015.

15-9-90T9N-02-0514-08-004 Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión reportaron 81,203.8 miles de pesos en exceso en “venta de bienes e ingresos diversos” del estado de actividades presentado en la Cuenta Pública de 2015.

7. Aprobación de la adquisición de Grupo Fertinal, S.A. de C.V. y subsidiarias

Por tanto, Pemex no proporcionó los nombres ni los cargos de los integrantes del grupo de trabajo, así como las minutas, los acuerdos y demás documentos de las sesiones celebradas por la Coordinación de Asesores de su Dirección General, como lo instruyó el Consejo de Administración de Pemex en el acuerdo núm. CA-209/2015 del 26 de octubre de 2015, de “dar seguimiento mediante la revisión documental y el establecimiento del mecanismo para confirmar la razonabilidad del precio final de la transacción”.

15-9-90T9N-02-0514-08-005 Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no contaron con los nombres ni los cargos de los integrantes, así como las minutas, acuerdos y demás documentos de las sesiones de trabajo celebradas por la Coordinación de Asesores de la Dirección General que participó en la supervisión y seguimiento de la adquisición de Fertinal.

10. Rentabilidad de la integración de la Cadena de Producción Amoniaco-Fertilizantes

En enero de 2016 se realizó la compra de Fertinal y se consideraron sus necesidades de mantenimiento. Se instrumentó un “plan de choque”, el cual establece: a) contener el gasto al máximo; b) una estrategia de portafolios de productos rentables; c) negociación de precio de materias primas, y d) incremento de la capacidad productiva. Conviene mencionar que, a septiembre de 2016, Pemex Fertilizantes suministró amoniaco a Fertinal, complementado con transacciones de importación.

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad informó que presentó a la ASF las proyecciones financieras que integran el Plan de Negocios de Pemex Fertilizantes, las cuales reflejan un efecto positivo a partir de la integración de la cadena de gas natural-amoniaco-fertilizantes, con implicaciones de mejora en la rentabilidad y en los flujos de efectivo esperados. Las proyecciones financieras muestran las ventajas de integrar un negocio cuando el precio de la materia prima básica es competitivo y existe una demanda nacional insatisfecha y creciente de fertilizantes. Además, se estima que continúe la integración e implantación de sinergias entre los diferentes ámbitos del negocio de Pemex Fertilizantes en el último trimestre 2017, con la entrada en operación de las plantas de urea que se encuentran actualmente en rehabilitación.

15-6-90T9L-02-0514-01-005 Recomendación

Para que Pemex Fertilizantes en coordinación con Petróleos Mexicanos emita un plan de acción que establezca los compromisos y plazos de tiempo para la integración de la cadena de producción amoniaco-fertilizantes, a fin de incrementar la oferta de fertilizantes de producción nacional, disminuir las importaciones, eliminar los costos asociados con la importación, así como mejorar la oferta domestica de fertilizantes con producto disponible y precios más competitivos.

Cuarta. En el informe de Resultados de Fiscalización Superior de la cuenta Pública 2016, la ASF, realizó auditoria a los Contratos de Mantenimiento y Rehabilitación en los Activos de Pemex Fertilizantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán y Cosoleacaque, Veracruz. Fue una auditoría de inversiones físicas, con el número 16-6-90T9I-04-0469, 469-DE.

Resumen de observaciones y acciones

Se determinaron cinco observaciones, de las cuales dos fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las tres restantes generaron una recomendación y dos pliegos de observaciones, como se muestran a continuación:4

La Auditoría Superior de la Federación considera que subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada no demuestra haber establecido los mecanismos que considere necesarios a fin de que, en lo subsecuente, en la ejecución de las obras públicas a su cargo se cerciore de que en caso de proyectos en los que intervengan diversos contratistas, se realicen las actividades de coordinación de los trabajos, de manera que no se afecten entre sí, provocando retrasos en los plazos de ejecución respectivos, suspensiones, reducción en los alcances, trabajos inconclusos y falta de puesta en marcha de las plantas, a fin de que se obtengan oportunamente los objetivos esperados del proyecto.

16-6-90T9I-04-0469-01-001 Recomendación

Para que Pemex Fertilizantes implemente las medidas de control que estime pertinentes con el fin de que, se realicen las actividades de coordinación de los trabajos en que intervengan diversos contratistas de manera que no se afecten entre sí, provocando retrasos en los plazos de ejecución respectivos, suspensiones, reducción en los alcances, trabajos inconclusos y falta de puesta en marcha de las plantas, a fin de que se obtengan oportunamente los objetivos esperados del proyecto.

16-6-90T9I-04-0469-06-001 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal a Pemex Fertilizantes por un monto de 261 mil 335.67 pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, por concepto de la diferencia que resulta entre los 466,211.81 pesos (cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos once pesos 81/100 M.N.) pagados por la entidad y los 204 mil 876.14 pesos que debió pagar por 574.3010 m ejecutados del concepto número 40, Suministro, manejo y dirección de tubería recta de acero al carbón, ASTM A-53 grado B, sin costura, extremos biselados, de cédula 80, en diámetro de 2 pulgadas a una altura de 0 a 5 m, por el precio unitario de 356.74 pesos.

16-6-90T9I-04-0469-06-002 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal a Pemex

Fertilizantes por un monto de 842,869.58 pesos (ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y nueve pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, por el pago de los precios unitarios extraordinarios C9-340, C9-341, C9-342 y C9-343 referentes a inspección visual de soldaduras, sin descontar el pago de andamios y equipos empleados para la realización de las soldaduras inspeccionadas, por haber sido pagados en los conceptos de soldadura originales.

Quinta. Paralelamente a la información presentada en una de las consideraciones anteriores, se difundió información muy relevante sobre las decisiones ya tomadas del consejo de administración de Pemex.

Como se afirma al inicio de la presente proposición, la falta de regulación para rendir cuentas e informar sobre las acciones que maneja Pemex, dejan abierta la puerta para señalar que esta empresa productiva del Estado, se ha convertido desde la reforma energética, en una caja sin fondo. Sabemos que al interior de esta hay redes de corrupción que operan con plena impunidad. Hoy se puede asegurar con certeza que, el “régimen especial” del que gozan y que les fue otorgado con la finalidad de que se volvieran empresas competitivas, productivas y que lograran un verdadero rendimiento para beneficio del país, es el principal problema con el que nos encontramos y que impide conocer, mirar o evaluar los alcances de estas reformas.

Hoy Pemex es parte de las empresas que operan con la mayor opacidad y con total impunidad, aprovechando este régimen especial para ocultar, evadir y por qué no decirlo así; para esconder los hechos de corrupción que la ciudadanía ha podido conocer gracias a las investigaciones independientes o a la propia Auditoría Superior de la Federación.

A continuación se presenta información que permite conocer cómo Pemex, a través de este régimen especial, pretende desmantelar y entregar las empresas filiales y subsidiarias de las que hoy se apoya, poniendo en riesgo el patrimonio de la nación.

Considero sumamente importante dejar este primer precedente de cómo Pemex iniciará la entrega del patrimonio de nuestro país. Es la antesala del desmantelamiento de la empresa más importante, pero, al mismo tiempo, es el hecho más visible del daño al erario público que están llevando a cabo. Aquí algunos detalles:

El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el inicio de la desincorporación de Pemex Fertilizantes.

La desincorporación de la filial, que fue creada a partir de la reforma energética, ayudaría según el acta de la sesión 922 extraordinaria del órgano de gobierno de Pemex, a “maximizar el valor de la empresa”.

El pasado 5 de octubre fue llevado a consideración del Consejo el tema de la controvertida subsidiaria que cuenta con tres unidades de negocio: Fertinal, el principal productor de fertilizantes fosfatados en américa Latina, con una planta en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y una mina en Baja California Sur, cuya capacidad total es de 1.4 millones de toneladas al año; ProAgro, con una planta de urea en Pajaritos, Veracruz, único productor de amoniaco en el país. También cuenta con activos logísticos que generan capacidad de transporte, almacenaje y acceso a puertos.

En meses pasados se había anunciado que Pemex preparaba la compra de Fertinal, la que en ese momento se consideraba la mayor productora de fertilizantes inorgánicos de América Latina.

En ese momento se dijo que la empresa “pasaría a formar parte de los activos de la recién creada subsidiaria Pemex Fertilizantes, con el propósito de fortalecer el objetivo de producir, distribuir y comercializar amónico, fertilizantes, sus derivados y la prestación de servicios”.

La compra fue avalada por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y los miembros del Consejo de Administración que en ese momento y a la fecha encabeza el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

El 29 de enero de 2016, Pemex informó a través de su empresa productiva subsidiaria (EPS) Pemex Fertilizantes, que había concretado la compra de Grupo Fertinal y que con esa operación la empresa productiva subsidiaria sumaba a su capacidad productiva cerca de 1.2 millones de toneladas de fertilizantes sólidos.

Comentó que la adquisición no comprometía la inversión de capital ni le restaba techo de financiamiento a Pemex, “ya que toma ventaja de las condiciones de financiamiento a las que tiene acceso”.

Además, la inversión realizada sería recuperada en menos de 36 meses, una vez que se integren las operaciones a Pemex Fertilizantes y se apalanquen las ventajas competitivas que Pemex brinda desde el punto de vista financiero, de suministro de materias primas y acceso tanto a infraestructura logística estratégica como al mercado mundial más competitivo de gas natural.

Según estados financieros de Pemex, en la administración de Lozoya Austin, la empresa ganó mil 395 millones de dólares, lo que le permitiría comprar dos plantas de fertilizantes: Agro Nitrogenados, de Alonso Ancira, y Fertinal, de Fabio Covarrubias.

En febrero de 2017, al ASF reveló que 660 por ciento de la planta de Agro Nitrogenados que adquirió Pemex en 275 millones de dólares en 2014 era chatarra. Esa adquisición se hizo con un sobre precio de 93.1 millones de dólares respecto del avalúo que realizó el Indaabin, el cual advirtió sobre el mal estado de la planta.

Cifras de la Cuenta Pública de 2016 señalaron que el negocio de fertilizantes de Pemex sumaba pérdidas por 7 mil 800 millones de pesos.

En ese año, Pemex Fertilizantes tuvo ingresos por 4 mil 800 millones, pero sus gastos triplicaron, al situarse en 12 mil 600 millones. Al primer semestre de 2017, Pemex Fertilizantes perdió 873.8 millones de pesos.5

Frente a estos hechos la Cámara de Diputados no puede permanecer ajena. El patrimonio nacional es de todos los mexicanos y esta representación popular está obligada a vigilar las operaciones que se realizan en las empresas productivas del Estado e impedir el remate de sus activos.

Por lo expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión convoca al titular de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, a asistir a una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política a fin de que exponga la situación que guardan la planta Agro Nitrogenados y el proceso de desincorporación de Pemex Fertilizantes, por el posible daño patrimonial que se provocaría a la empresa productiva del Estado más importante del país.

Notas

1 Efrén Flores, “Pemex, un nido de corrupción por años, teje maraña para no decir a quién contrata y para qué”, en Sinembargo, julio 19 de 2017. http://www.sinembargo.mx/19-07-2017/3265016

2 Rolando Herrera, “Oculta INAI transa de planta chatarra”, en Reforma, jueves 23, 2017. www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1263581&v=2

3 ASF, Pemex Fertilizantes, “Cadena de producción amoniaco-fertilizantes”, auditoría financiera y de cumplimiento: 15-6-90T9L-02-0514 514-DE, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2015, Grupo Funcional Desarrollo Económico.

http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx

4 ASF, “Contratos de mantenimiento y rehabilitación en los activos de Pemex Fertilizantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán; y Cosoleacaque, Veracruz”, Pemex Fertilizantes, auditoría de inversiones físicas: 16-6-90T9I-04-0469, 469-DE, Grupo Funcional Desarrollo Económico.

5 Cruz Noé, “Pemex avala desincorporar a la filial de fertilizantes”, en El Universal, 23 de noviembre, 2017. http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/pemex-avala-desincorpora r-la-filial-de-fertilizantes

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CDI a adoptar medidas para que Guanajuato y Querétaro tengan delegación suya, a cargo del diputado Timoteo Villa Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Timoteo Villa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a adoptar las medidas necesarias para que los estados de Guanajuato y Querétaro tengan, cada uno de ellos, una delegación de esa dependencia, toda vez que actualmente ambos estados comparten una sola delegación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los pueblos indígenas son importantes porque cada uno de ellos nos aporta tradiciones, costumbres, lenguas, formas de vestir, comer y pensar únicas, es decir una cosmovisión del mundo que nos rodea, en el cual se explica su funcionamiento.

También forman parte del mosaico socio-cultural que nos da identidad y pluralidad, sin ellos, nuestro País perdería toda la riqueza cultural que nos hace ser reconocidos a nivel mundial como uno de los países más hermosos.

Además, los pueblos originarios son parte de nuestra herencia histórica y temporal, que nuestros antepasados nos han dejado y que ellos han conservado y transformado a través de los años, pero que a pesar del paso del tiempo y de los cambios que han sufrido, nos recuerdan de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces.

Son parte fundamental de nuestra Nación, por ello es fundamental darnos el tiempo de aprender a valorarlos, conocerlos y sobre todo respetarlos, para así garantizar un mejor futuro para nuestras hermanas y hermanos indígenas.

Lamentablemente, el nivel de rechazo y discriminación que sufren los pueblos originarios es muy alto hoy en día, sobre todo en las grandes ciudades. El tener una forma propia de vestir, hablar y hasta pensar distinta a la mayoría es parte de lo que nos distingue como humanos. Los prejuicios erróneos no nos permiten ser justos con ellos, otorgándoles un trato desigual y alejándoles las oportunidades que requieren para mejorar su calidad de vida, razón por la cual experimentan niveles de pobreza y marginación mucho más profundos que la población no indígena.

Derivado de esto, es muy importante la función de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), porque es la dependencia encargada de coordinar, articular y controlar la política transversal destinada al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas que despliega el gobierno de la República.

Sin embargo, es necesario acercar más esta institución a la gente, por ejemplo, mi estado, Guanajuato, comparte con el estado de Querétaro la delegación regional de la CDI, lo cual ocasiona que la atención a los indígenas de ambos estados sea insuficiente, porque la población indígena es distinta, con necesidades, prioridades y cosmovisiones diferentes. Dicha situación genera ineficacia, ya que sólo Guanajuato cuenta con más de 67 mil indígenas esparcidos en 96 localidades, distribuidas en 13 municipios.

Por su parte, Querétaro cuenta con más de 60 mil personas de origen indígena en su territorio, ubicados mayormente en la zona sur del estado o en el semidesierto de la entidad.

Dada la diversidad de pueblos indígenas que habita cada uno de los estados de Querétaro y Guanajuato, a la cual debe sumarse el factor de la dimensión y geográfica y las particularidades propias de cada uno de esos estados, resulta pertinente que cada uno de ellos cuente con la delegación de la CDI, porque solo de esa forma se podrán atender con eficacia, oportunidad y pertinencia las demandas de los pueblos originarios, así como la necesidad de que éstos participen activamente en la definición, diseño y ejecución de sus prioridades de desarrollo.

Por lo anterior expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a adoptar las medidas necesarias para que los estados de Guanajuato y Querétaro tengan, cada uno de ellos, una delegación de esa dependencia, toda vez que actualmente ambos estados comparten una sola delegación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputado Timoteo Villa Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Aguascalientes a reformar el Código Penal local para tipificar “apología del delito”, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes.

Consideraciones

En materia legislativa México ha logrado un gran avance, hoy en día sabemos que cualquier persona puede tener acceso a los medios de comunicación, televisión, internet, radio, etcétera; sin importar la edad, es necesario saber que no todo lo que se nos presenta es bueno, en alguna de las ocasiones incita a la violencia o alude a que cometer un hecho ilícito que no está bien y a la larga va atrayendo graves consecuencias en el convivir como sociedad.

Es necesario hacer referencia a qué se refiere el tipo penal “apología del delito”. Apología proviene del latín apología que a su vez procede del griego y su significado es “acción de hablar en defensa de alguien”. Sus componentes léxicos son prefijo apo (aparte, fuera, lejos), logos (palabra) y se aumenta el sufijo ia (acción, cualidad).

Actualmente, nuestra sociedad, con sus estamentos y estratos en que se ha clasificado, se ha visto afectada por el narcotráfico, con violencia, muerte y dinero fácil. Adicional, modelos de vida sin principios, pérdida de valores e ídolos de muerte, despojando este derecho humano de los orígenes axiológicos para la convivencia que toda sociedad demanda para su subsistencia.

Cabe mencionar que la apología, dentro del cuerpo de la redacción del tipo penal, es la alabanza o defensa oral o escrita de personas o cosas. Más que contra la moral pública o las buenas costumbres, según lo marca el Código, se trata de un atentado contra el orden público, concebido como tranquilidad o confianza social en el desenvolvimiento pacifico de la vida civil. La apología se debe tratar como un delito concreto y determinado, ya que es una forma indirecta de instigación a imitar al autor de un hecho ilícito o a eliminar la aversión a lo obrado, que por su puesto atenta a la moral y a las buenas costumbres.

Tomando en consideración que los infantes y jóvenes, quienes se encuentran en pleno desarrollo de su personalidad, requiriendo para su construcción juicios valorativos vivenciales con modelos cercanos a imitar, no resulta difícil entender la influencia de la subcultura mafiosa en las generaciones en formación.

Nosotros somos testigos del imparable incremento de hechos violentos en los diversos estados de nuestro país, especialmente entre la población adolescente y joven, que tiende a imitar las actividades que se representan.

Sin violar el derecho de las personas a expresarse libremente, pedimos se controlen estas acciones para no caer en apología del delito, asimismo proteger a la población más vulnerable en este tema.

Cabe precisar que este tipo penal está establecido en el Código Penal de Federal, así como otros estados lo contemplan dentro de su legislación actual, es necesario actualizarnos y mantenernos a la par con los demás dejar el sistema arcaico y ser conscientes que de no regularlo estaríamos cayendo en un grave retraso legislativo.

Por su parte, el Código Penal Federal lo tipifica de la siguiente manera

Artículo 208. Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

El apologista formalmente defiende un vicio o delito grave y su actividad tiende a provocar a otros a la ejecución de un hecho delictivo contemplado por la ley y cuya mediación resulta idónea para causar o justificar una conducta criminal.1

Es necesario tomar en consideración lo mencionado para que en el estado de Aguascalientes se logre generar una cultura de paz en donde las familias no se tengan que exponer a situaciones como éstas. Resulta un asunto de mucha importancia el que se tipifique este delito para ir a la par desarrollándonos en esta materia con las demás entidades federativas de nuestro país.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con;

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al honorable Congreso del estado de Aguascalientes a reformar el Código Penal local a efecto de que contemple el tipo penal apología del delito . Para crear y cuidar las políticas de libre expresión sin perjudicar a terceros y mucho menos el libre desarrollo y dignidad de la persona, y erradicar y sancionar cualquier acto que atente contra estos derechos humanos.

Nota

1 Díaz de León, Marco Antonio, Diccionario de derecho procesal penal y de términos usuales en el proceso penal , tercera edición , México, Porrúa, 1997, tomo I, p. 152

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputado Jorge López Martín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a establecer instrumentos a fin de fijar un precio justo del kilogramo de frijol en la entidad y las líneas de apoyo con objeto de hallar canales de comercialización y acopio del grano para el ciclo productivo 2017-2018, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo el tenor de los siguientes

Antecedentes

Desde el 7 de noviembre de 2017, el Congreso local de Zacatecas, en sesión ordinaria del pleno, el diputado Santiago Domínguez Luna, integrante de la LXII Legislatura de Zacatecas, fundamentado en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción I, y 113, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como en los artículos 96 y 97, fracción III, del Reglamento General, sometió a la consideración del pleno de la asamblea de la LXII Legislatura de Zacatecas, la iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal del Congreso de la Unión, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se tomara en cuenta en la partida de programa especial concurrente (PEC) el apoyo a las organizaciones campesinas motivadas por el movimiento “El Campo es de Todos” para etiquetar 339 millones 140 mil pesos del PEF.

El Presupuesto de Egresos de la Federación fue votado durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura los días 9 y 10 de noviembre del año en curso, por lo que el exhorto dirigido a la LXIII Legislatura federal y la Secretaría de Hacienda, no logró hacer el eco deseado por las organizaciones campesinas involucradas en el exhorto en comento, ante tal hecho y con la preocupación de poder dar respuesta al campo zacatecano, y a sabiendas de la necesidad de implantar un Plan Estratégico de Apoyo a los productores frijoleros de manera urgente y emergente en trabajo conjunto entre todos los órdenes de gobierno.

Los productores frijoleros de toda la entidad zacatecana y, principalmente de los municipios de Río Grande, Sombrerete, Miguel Auza, Juan Aldama, Nieves y Fresnillo, se encuentran en medio de una lucha por fijar un precio justo que compense la inversión gastada durante todo el proceso productivo. Los campesinos zacatecanos están buscan fijar un precio en términos de justicia que beneficie a los productores, para lo cual, es necesaria la intervención del gobierno del estado, para que defienda los intereses de los campesinos zacatecanos.

Con la intervención del gobierno de la entidad en las negociaciones de venta, precio y acopio de frijol, se puede lograr que se logren acopiar más de 90 mil toneladas, rebasando la cifra del año-ciclo 2016 y, si a lo anterior se suma que cuenta con el respaldo de los legisladores federales para acompañarle en el proceso, el resultado tendría que ser positivo.

Los frijoleros zacatecanos requieren de un precio justo que les dé garantía, requieren de certeza de venta que evite y mitigue el coyotaje del grano y, se requiere certeza de un pago pronto y puntual a cada productor, por lo que le solicitamos al ciudadano gobernador a establecer mecanismos oportunos para dar respuesta a las demandas del campo zacatecano.

Por lo expuesto e invocado en el proemio, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura exhorta respetuosamente, en la facultad de sus atribuciones y competencias, al titular del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para establecer los mecanismos necesarios para fijar precios justos y de garantía a los productores frijoleros, así como el acopio superior a 90 mil toneladas de la producción 2017 e intervenir en las negociaciones para buscar los canales de comercialización y acopio.

Segundo. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura exhorta respetuosamente, en la facultad de sus atribuciones y competencias, al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a implementar una mesa de diálogo y negociación entre la Secretaría de Hacienda, Sagarpa, gobierno del estado de Zacatecas y productores frijoleros para buscar una solución a la crisis que tiene el sector campesino zacatecano en la actualidad y de respuesta a las demandas de los productores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de la ciudadana Yendi Torres Castellanos, fiscal especializada de Delitos Sexuales y contra la Familia, de la Fiscalía General de Veracruz, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y PRI

Quienes suscriben, diputadas Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El homicidio de Yendi Torres Castellanos, quien fungía como fiscal especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia del estado de Veracruz, ocurrió el 27 de noviembre del año en curso , a las 9 de la mañana, cuando la fiscal llegaba a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, momento en el que fue sorprendida por unos sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones con armas largas.

Semanas antes, una cartulina dejada sobre el cuerpo de una persona asesinada fue tomada por la funcionaria y dos de sus compañeras fiscales como una amenaza, por lo que una de ellas se retiró de la función pública y la propia Yendi Torres Castellanos había expresado su deseo de dejar de laborar en la Fiscalía a finales de este año.

Pese a estos datos, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, de manera anticipada y sin que se cuente con información concluyente, ha señalado que en una primera línea de investigación el homicidio de la funcionaria no es un tema vinculado con su trabajo.

Este asesinato es realmente preocupante, ya que, en cifras del Sistema Nacional de Seguridad Público, del periodo comprendido entre diciembre de 2016 a octubre del presente año, se tienen registrados mil 514 homicidios dolosos en el estado de Veracruz.

Aunado a lo anterior, las cifras de feminicidio en Veracruz, tipo penal aprobado en 2011, no son precisas, aunque la Fiscalía General del Estado ha reconocido mil 214 casos en los últimos 15 años, pero grupos civiles revelan que la cifra real podría ser el doble.

De igual forma, entre el año de 2010 y 2015 se registraron al menos 10 mil 295 casos de violación sexual y otros delitos sexuales cometidos en contra de mujeres y niñas.

En tal sentido, es innegable que en dicha Entidad existe un clima de violencia, particularmente en contra de las mujeres.

Asimismo, resulta muy preocupante la vulnerabilidad de las Instituciones del Estado, la cual se pone en evidencia en este caso en el que se amenaza y se priva de la vida a una funcionaria, quien tenía la encomienda de investigar y perseguir los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas.

No podemos permitir que se fomente el clima de impunidad que no sólo debilita a la Institución de Procuración de Justicia, sino que, además, fomenta la comisión de ilícitos.

Por ello, quienes suscribimos este punto de acuerdo, condenamos el homicidio de Yendi Torres Castellanos , quien fungía como Fiscal Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia y exhortamos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que se realicen todos los actos de investigación necesarios y se agoten todas las líneas de investigación posibles a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos en torno al homicidio de la funcionaria de referencia y se pueda determinar la identidad del autor intelectual y material de este crimen.

Asimismo, hacemos un llamado al gobierno del estado de Veracruz para que otorgue las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de los funcionarios que por la relevancia de sus funciones sean necesarias para garantizar su integridad física y el normal desarrollo de su trabajo, pues además de este caso, recientemente, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo pública la situación de riesgo en que se encuentra la Titular de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad.

Así también, exhortamos al gobierno del estado de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que se realicen todos los actos de investigación necesarios y se agoten todas las líneas de investigación posibles a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos en torno a los casos de feminicidios pendientes de resolver y se sancione a quienes lo hubieren cometido o hubieren participado en su comisión.

Es por todo lo anterior que ponemso0 a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de Yendi Torres Castellanos, quien fungía como fiscal especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia, de la Fiscalía General del estado de Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que realice todos los actos de investigación necesarios y agote todas las líneas de investigación posibles a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos en torno al homicidio de Yendi Torres Castellanos y se sancione a los responsables.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz para que otorgue las medidas de protección necesarias a aquellos funcionarios que por sus funciones las requieran a fin de garantizar su integridad física y el normal desarrollo de su trabajo.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que se realicen todos los actos de investigación necesarios y se agoten todas las líneas de investigación posibles a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos en torno a los casos de feminicidios pendientes por resolver y se sancione a quienes los hubieren cometido o a quienes hubieren participado en su comisión.

Fuentes consultadas

1. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/28/1203896

2. http://www.eluniversal.com.mx/estados/violencia-en-veracruz-imparable-2 6-asesinatos-en-3-dias

3. http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/boletines-de-prensa/boletin -violencia-sexual-en-veracruz/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputadas: Lía Limón García, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Érika Araceli Rodríguez Hernández.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Evelyng Soraya Flores Carranza, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Lorena Corona Valdés, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, la PGR y Uber Technology Inc. a investigar e informar sobre el robo de datos de usuarios y conductores de la empresa, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días recientes se dio a conocer por parte de la empresa Uber Technologies Inc. que su base de datos fue hackeada; es decir, los datos contenidos en ella fueron accesados por personas no autorizadas para ello por parte de la compañía, lo que se configura como un delito cibernético. Este delito comprometió la seguridad de la información de 57 millones de usuarios y conductores de la plataforma tecnológica.

Entre los datos comprometidos se encuentran los nombres de los usuarios, correos electrónicos y números de teléfono. Sin embargo, la plataforma también hace uso de información de cuentas bancarias y patrones de movilidad, lo que pueden significar riegos de fraude y a la seguridad personal. Los datos corresponden a personas de todo el mundo, pero no se tiene información ni certeza de la afectación directa a usuarios mexicanos.

Uber es una plataforma que actualmente da servicios en más de 40 ciudades del país, tiene registrados a más de 230,000 conductores y a cerca de 7 millones de usuarios, por lo que la cantidad de personas en amenaza es preocupante.

La afectación directa a los datos personales de los usuarios y conductores que este delito conlleva, implica a su vez la violación al acuerdo comercial y de privacidad que se establece entre el usuario y la compañía. De tal suerte, es necesario saber el alcance de esta vulneración al sistema de información y base de datos tienen para los usuarios mexicanos.

El delito cibernético es una de las principales amenazas a la seguridad y propiedad de las personas en la actualidad. Si bien el sector bancario es el más atacado por este crimen, actualmente se está extendiendo a servicios de comercio electrónico y a servicios de plataformas digitales que manejan información personal, poniendo en riesgo directo a los individuos; quienes, irónicamente, sufren más las afectaciones.

En México, del millón 506 mil quejas por fraude a usuarios de la banca al primer trimestre de 2017, el 42 por ciento correspondieron a fraude cibernético. Resulta alarmante que la tendencia a este delito cibernético sea creciente de manera exponencial: en 2016 el incremento fue de 123 por ciento con respecto al año anterior.

Es urgente que las empresas y las dependencias de gobierno trabajen en conjunto a fin de hacer un justo y eficaz seguimiento a dichos delitos, y a mejorar tanto los sistemas de seguridad digital como el combate efectivo a este delito.

Es de suma importancia que, en este caso, la empresa Uber trabaje en coordinación con las autoridades a fin de mejorar sus sistemas de seguridad digital y sus protocolos, pues no olvidemos que en los últimos meses la empresa ha estado en el centro de investigaciones relacionadas con robos, inseguridad de los usuarios y ataques a mujeres, situaciones que en sí mismas son no son menores y también tienen que ser rendidas dichas cuentas.

Por lo anterior, presentamos los siguientes:

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta a la procuraduría Federal del Consumidor a investigar y sancionar, si fuere el caso, de acuerdo a la normatividad aplicable las afectaciones hechas o probables a los usuarios de la plataforma digital Uber derivadas del robo de información a su base de datos de usuarios y conductores declarada por los ejecutivos de la empresa.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica a investigar las posibles causas legales y proceder en consecuencia a las afectaciones hechas o probables a los usuarios de la plataforma digital Uber derivadas del robo de información a su base de datos de usuarios y conductores declarada por los ejecutivos de la empresa

Tercero. Se hace un llamado a la empresa Uber Technology Inc. México a cooperar con las autoridades mexicanas en las investigaciones que se realicen sobre las afectaciones hechas o probables a los usuarios de la plataforma digital Uber derivadas del robo de información a su base de datos de usuarios y conductores declarada por los ejecutivos de la empresa. Así como a dar aviso a las y los usuarios de la plataforma sobre la situación a fin de que estos puedan decidir sobre el uso de sus datos personales y/o lo que a su interés convenga.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de diciembre de 2017.

María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a implantar protocolos de investigación policial, pericial y ministerial con perspectiva de género respecto a los delitos cometidos contra mujeres y homologar aquéllos con los expedidos por la PGR, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El esfuerzo que ha emprendido el Estado mexicano para erradicar cualquier forma de violencia y discriminación en contra de las mujeres, ha presentado muchas resistencias sociales, principalmente porque aún persevera una cultura androcéntrica y machista que en muchas situaciones promueve de forma natural , los actos de violencia y discriminación en contra de las mujeres, ello tiene como resultado una limitación de facto al libre ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, que además coarta sus oportunidades para un desarrollo pleno en todos los ámbitos de su vida, social, político, económico, profesional, etcétera. Por ello es menester recordar que la violencia en contra de las mujeres, en cualquier de sus representaciones suele presentar un incremento paulatino y sostenido, que llevado al extremo interrumpe de forma abrupta y cruel la vida de las mujeres, esta interrupción está reconocida dentro de la ley como feminicidio y se considera delito grave.

La problemática que experimentan las mexicanas afectadas por delitos de género, se ve agravada en muchas situaciones por la intervención de un servidor o servidora pública, que carece de las capacidades y adiestramiento suficientes para realizar de manera idónea su labor en el desempeño de su encargo, mediante la generación de empatía y sensibilidad necesarias para comprender la situación contextual a la cual se ve arrastrada la víctima. Esto tiene como resultado que gran parte de los delitos cometidos en contra de las mujeres no sean denunciados ante las autoridades, ya que hay una gran percepción de inseguridad e impunidad para los perpetradores de tales conductas.

En este sentido, la Procuraduría General de la Republica publicó en el año 2015 dos protocolos para atender delitos cometidos en contra de mujeres, en primer término, el Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio1 y en segundo, el Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para la violencia sexual,2 estos documentos consagran dentro de sí una series de directrices que promueven el trato humano y con estricto apego a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, atendiendo a recomendaciones realizadas al estado mexicanos por entidades con reconocimiento internacional, lo cual da prueba de su eficacia y adecuada elaboración, que, para el objeto de la presente propuesta, constituyen el mejor eje rector para aquellas entidades que cuenta con protocolos cuya realidad ha sido rebasada o que aún no cuentan con ellos.

Consecuente con las dificultades que enfrenta la mujer día a día el desempeño de sus labores, come jefa de casa, profesionista, empresaria, etcétera, datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres,3 señalan que el tipo más común de violencia perpetrada en contra de la mujer es la de índole psicológica y de igual manera señala que en estos casos el principal agresor suele ser un familiar.

Por ello es necesario que todo el personal encargado de la atención e investigación de los delitos cometidos en contra de las mujeres cuente con capacitación en perspectiva de género, lo cual les permita evidenciar y concientizarse de los sesgos culturales que anteponen pensamientos discriminatorios y violentos aplicables a su criterio como servidores públicos, lo cual puede derivar en una forma de discriminación que actúa en contra de la víctima.

Como lo señala la ONU, la violencia contra las mujeres es estructural y multifactorial. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendida —y tolerada— en todo el mundo.4

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido establecido como un desafío prioritario en los sistemas de protección de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Dejando claro que corresponde al Estado otorgar garantías plenas y efectivas de prevención, atención, sanción y reparación del daño en cualquier tipo y modalidad de violencia. De esta forma, los esfuerzos por integrar un marco jurídico que atienda estas inherentes responsabilidades del Estado ha sido impulsado por la presente administración, al buscar consolidar dichos ordenamientos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que es el primer esfuerzo por enunciar los tipos de violencia y sus modalidades; es decir, las formas, manifestaciones o los ámbitos en que se presenta, y mandata acciones específicas para erradicarlas. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones para prevenir, atender y sancionar los delitos cometidos en contra de las mujeres, a partir del año 2011 el Estado mexicano incorporó el feminicidio como un nuevo tipo penal en el catálogo de delitos del orden federal, dándole un tratamiento específico a quien prive dolosamente de la vida a una mujer, o cuando se cometa en ciertas circunstancias específicas, todas por razones de género.

La integridad y seguridad de la mujer debe ser salvaguardada por el Estado a fin de lograr el máximo desarrollo de sus capacidades, que a futuro beneficiarán no sólo a la mujer sino a la sociedad mexicana, es por esto que cualquier agresión que se ejerza en contra de las mujeres o que tienda a poner en peligro su vida debe ser combatida por la Ley, en este se dio la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Libre de Violencia,5 la cual contempla diversas medidas que buscan eliminar cualquier forma de violencia cometida en contra de las mujeres, así como establecer acciones tendientes a prevenirla dentro de la sociedad entre las que destaca las contenidas en el Capítulo V “De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”. El papel de la mujer dentro de la sociedad mexicana debe ser reconsiderado y replanteado desde su base cultural, con la inclusión de conceptos que revistan la perspectiva de género y el principio de igualdad como ejes rectores, en su afán de crear una nueva sociedad igualitaria y sin discriminación con motivo de género. Esta situación es una realidad, cuyo fondo debe

ser atendido por todas las herramientas que la Ley pone a disposición del Estado no solo mediante la aplicación de la norma sino además implementando políticas públicas creadas con el objetivo de prevenir y erradicar estas ideas, actos y situaciones, comprendiendo ejes básicos de acción como lo es la publicación de datos estadísticos que permitan focalizar las acciones y políticas públicas en las zonas de atención prioritaria, hasta acciones específicas como las que constituyen las órdenes de protección.

En este sentido es menester destacar, a las entidades federativas y municipios que cuentan con dicha declaratoria:

1. Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcallí.

2. Morelos: Se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

3. Michoacán: Se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.

4. Chiapas: Se declaró el 18 de noviembre en 7 municipios del estado: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

5. Nuevo León: Se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

6. Veracruz: Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

7. Sinaloa: Se declaró el 31 de marzo de 2017 en 5 municipios: Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.

8. Colima: Se declaró el 20 de junio de 2017 en 5 municipios: Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.

9. San Luis Potosí: Se declaró el 21 de junio de 2017 en 6 municipios: Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.

10. Guerrero: Se declaró el 22 de junio de 2017 en 8 municipios: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

11. Quintana Roo: Se declaró el 7 de julio de 2017 en tres municipios: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad. Asimismo, requiere acciones específicas para el municipio de Lázaro Cárdenas, municipio de población indígena.

12. Nayarit: Se declaró el 4 de agosto de 2017 en siete municipios: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo, establece acciones específicas para los municipios con predominante población indígena: Del Nayar, La Yesca y Huajicori.

Por lo que es necesario recalcar la valía e idoneidad de la alerta de violencia de género como instrumento extraordinario, diseñado para actuar en situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, integridad y seguridad de las mujeres en cualquier parte del territorio nacional. Al ser una herramienta contemplada por la ley, ha sido adoptada como estándar de actuación en determinadas entidades federativas que presentan casos de feminicidio y violencia sistemática en contra de las mujeres, siempre que estas cumplan con los requisitos que establece la ley, su reglamento y cuente con el visto bueno del equipo de especialistas que se crea con el objetivo de evaluar cada solicitud en particular.

Como ejemplo de las acciones emprendidas por parte de la declaratoria de alerta de violencia de género, destacan las siguientes:

• La divulgación de la declaratoria de alerta de violencia de género;

• Definir una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública;

• Acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección, y para gestionar la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas;

• La elaboración de protocolos de actuación y reacción policial;

• La creación de agrupaciones especializadas en género y de reacción inmediata;

• La creación de un programa de cultura institucional para la igualdad y de unidades de género;

• La integración de un banco de datos de violencia contra la mujer para la correcta generación de políticas públicas de prevención y atención a mujeres y niñas;

• La generación de redes ciudadanas e interinstitucionales de prevención y atención a la violencia contra las mujeres y niñas;

• La capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres;

• Creación de un grupo especializado para el avance en la investigación de los casos de violencia de género;

• Medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño;

• Creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia; y

• La armonización legislativa.

Este tipo de medidas fueron implementadas para combatir y erradicar la violencia que padecían las mujeres en distintas comunidades o municipios, con el objetivo primordial de salvaguardar y proteger sus derechos humanos a la vida, seguridad, integridad y libertad. Es menester considerar que estas acciones por si mismas no pueden terminar con la violencia, debe haber una retroalimentación por parte de la ciudadanía y las mujeres violentadas para poder perfeccionar y hacer más eficaces las políticas públicas que nacen con objeto de la alerta de género, así como contar con los recursos necesarios que les permitan implementar dichas medidas en toda la demarcación, lo cual es no solo obligación de la federación sino de las entidades federativas y de los municipios en los cuales ha sido declarada, por lo que es necesario visualizar que la violencia no sólo se combate con acciones, sino con información y recursos que nos permitan adecuar todas las acciones de cualquiera de los tres órdenes de gobierno de tal manera que esta produzca en la sociedad el efecto deseado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y los municipios para que implementen protocolos de investigación policial, pericial y ministerial con perspectiva de género para los delitos cometidos contra las mujeres, así como para homologar dichos protocolos acorde con los expedidos por la Procuraduría General de la República.

Segundo. Se exhorta a las entidades federativas y municipios, que cuentan con la declaratoria de alerta de violencia de género, para que destinen los recursos necesarios para implementar las medidas contenidas en la declaratoria.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253267/Protocolo_Feminic idio.pdf

2 http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo% 20violencia%20sexual.pdf

3 https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Pu blica.aspx

4 http://investigacion.cephcis.unam.mx/generoyrsociales/wp-content/uploads/
2017/05/CIUDADES-Y-ESPACIOS-P%C3%9ABLICOS-SEGUROS.pdf

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a Capufe a implantar el operativo Invierno en las fiestas decembrinas y el cobro anticipado en las casetas de las autopistas de Baja California que administra, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María del Rosario Rodríguez Rubio, diputada de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6 numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a fin de que se implemente el operativo invierno durante fiestas decembrinas, así como cobro anticipado en todas las casetas de cobro de las autopistas de Baja California, que administra con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Baja California se encuentra respaldada por carreteras que unen los principales destinos de la entidad y conducen hasta el punto más meridional de la península. Ya sea que viaje a bordo de su carro o en autobús, las carreteras de Baja California guían a destinos turísticos muy importantes, y además conectan la península con el resto del país, así como con Estados Unidos de América (EUA).

Actualmente en Baja California existen cuatro autopistas de cuota, los cuales son: el tramo Centinela-Rumorosa; La Rumorosa-Tecate; Tecate-Tijuana; Tijuana-Ensenada1 . La mayoría de los tramos de estas autopistas son administrados por Capufe, a excepción del tramo de Tecate-Tijuana y el de Mexicali-La Rumorosa que es administrado por Fiarum, un fideicomiso estatal.

En el caso de la carretera Tecate-Tijuana, la administra la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (Ideal) es una empresa orientada a la creación y desarrollo de infraestructura física y capital humano. Dentro de sus actividades principales destacan la identificación, evaluación, estructuración financiera y operación de proyectos de infraestructura de largo plazo.

Mexicali-La Rumorosa que es administrado por Fiarum, un fideicomiso estatal fideicomiso administrado por el gobierno del estado de Baja California, es un organismo del gobierno del estado, que administra con eficiencia y transparencia los recursos recaudados por concepto de cuotas de peaje del tramo carretero Centinela-Rumorosa, el cual fue concesionado por el gobierno federal al gobierno del estado; este fideicomiso se ha caracterizado por proporcionar a los usuarios seguridad, confort y apoyo cuando circulen por este tramo.

Un ejemplo de lo anterior, es que en temporadas de afluencia alta en la carretera, implementan medidas que permitan agilizar los cruces en las casetas de cobro, así como que garanticen la seguridad de los usuarios; es el caso de los fines de semana de periodos vacacionales, que además de implementar medidas, las publicita para que las personas que viajan, conozcan las horas pico y las nuevas medidas. También implementó el sistema de pago anticipado, el cual consiste en que mientras el usuario hace fila, hay personal de Fiarum identificado realizando los cobros directamente en la fila, para que cuando lleguen a la ventanilla, sólo se entrega el comprobante de pago; lo que permite una mejor afluencia de vehículos2 .

En lo que respecta a Capufe que es la encargada de la administración de las carreteras de la Rumorosa-Tecate y Tijuana-Ensenada, las cuales se dividen en diversos tramos carreteros (con varias casetas de cobro). La Rumorosa-Tecate se divide en: La Rumorosa-Tecate, El Hongo-Tecate y la Rumorosa-El Hongo. Tijuana-Ensenada se divide en: Tijuana-Rosarito, Rosarito-La Misión, La Misión-Corredor 2000 y La Misión-Ensenada3 .

Por lo que es evidente que Capufe es quien administra en su gran mayoría los tramos carreteros de cuota en Baja California. Por ende, es indispensable que Capufe implemente medidas de seguridad y de apoyo a usuarios, pues tanto Tijuana, Rosarito y Ensenada son municipios con afluencia turística, sobretodo en fechas decembrinas, que acuden personas de EUA a visitar a sus familias en México y viceversa.

Es de reconocerse que Capufe también implementa medidas especiales durante temporadas vacacionales, incluidas las decembrinas, ya que cada periodo importante emite comunicados dirigidos a la población, los cuales los hace públicos en su página de internet http://www.capufe.gob.mx/site/wwwCapufeFinal.html. Sin embargo, no le hacen la suficiente difusión y promoción a esas medidas y tampoco se han visto reflejadas en Baja California, ya que al parecer no lo han implementado al cien por ciento en las casetas de cobro de Baja California.

Desde 2015 Capufe emite comunicado del Operativo Invierno4 , el cual se implementa en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde mediados de diciembre hasta la segunda semana de enero del siguiente año. En 2016 puso en marcha el operativo a lo largo de los cuatro mil 200 kilómetros de autopistas y puentes que administra.

El Operativo Invierno, consiste en reforzar la atención y los servicios que se brindan de manera regular a los millones de usuarios que con motivo de las fiestas decembrinas viajan por las autopistas administradas por Capufe. Debido al aumento en el aforo vehicular que generalmente se esperan en sus 137 plazas de cobro, en 2016 el organismo manifestó que garantizaría la apertura de sus 1,021 carriles; instalación de cabinas móviles, así como la suspensión de obras que puedan afectar la superficie de rodamiento, entre otros5 .

Lo que llama la atención del operativo es que en ninguno de los operativos de invierno que realiza Capufe, se ha implementado un pago anticipado, como sí lo ha hecho Fiarum, o incluso Capufe lo acaba de implementar en el puente vacacional del 17 al 20 de noviembre del presente año en el Operativo Revolución, publicado el 15 de noviembre pasado. En dicho comunicado se establece que para agilizar el cruce de los usuarios se dotará a los cajeros de mayor cantidad de moneda fraccionaria, se mantendrán abiertos los mil 52 carriles disponibles en toda la red y se dispondrá de personal de “bandereo” para agilizar el paso de vehículos. También se implementará el uso de cabinas móviles, cambio en línea y la modalidad de cobro anticipado en las plazas que por el incremento en los cruces vehiculares se requiera6 .

Por lo tanto, mediante el presente punto de acuerdo se pretende exhortar a Capufe a fin de que se implemente el Operativo Invierno de Capufe durante fiestas decembrinas, así como cobro anticipado en todas las casetas de cobro de las autopistas de Baja California que administra. Ya que esto permitirá una rápida afluencia de vehículos en las casetas correspondientes y, a su vez, garantizará la seguridad de los usuarios durante esas fechas de festejos.

Se considera necesario el presente punto de acuerdo por el crecimiento de aforo vehicular que han presentado en los últimos años las carreteras de Baja California que administra Capufe, ya que de conformidad a la información de Capufe, el aforo vehicular por año de la autopista La Rumorosa-Tecate, en 2015 aumentó 10.8 por ciento respecto del año anterior y para 2016 el aumento fue de 10.2 por ciento respeto de 2015. En relación al aforo vehicular de la autopista Tijuana-Ensenada, en 2015 se reportó un aumento de 93.9 por ciento respecto del año anterior, y para 2016 el 14.1 por ciento respecto de 20157 .

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a fin de que se implemente el Operativo Invierno durante fiestas decembrinas, así como cobro anticipado en todas las casetas de las autopistas de Baja California que administra.

Notas

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-201 4/02_BAJA_CALIFORNIA.pdf

2 https://youtu.be/14pksztIGgM

3 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/ParaViajar/Tarifas/TARIFAS-VI GENTES-2017.pdf

4http://www.capufe.gob.mx/site/wwwCapufe/menuitem.3f2bae 007eb1f5239a034bd7316d8a0c/index.html

5http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/SalaDePrensa/ ComunicadosDePrensa/Com-022-2016.pdf

6http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/SalaDePrensa/ ComunicadosDePrensa/Com-021-2017.pdf

7 Capufe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputada María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la PGR para esclarecer el asesinato del ombudsperson de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho; encontrar y castigar a los responsables de la privación ilegal de la libertad del funcionario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco; y revisar y fortalecer las medidas preventivas y de protección en favor de los titulares y funcionarios de la CNDH y sus homólogas locales, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo para que instruya a la Procuraduría General de la Republica a redoblar esfuerzos en las investigaciones correspondientes al esclarecimiento del lamentable asesinato del ombudsperson de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, así como en las investigaciones tendientes a encontrar y castigar a los responsables de la privación ilegal de la libertad del funcionario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Asimismo, a que se revisen y fortalezcan las medidas preventivas y de protección en favor de los titulares y funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las Comisiones Estatales, para garantizar sus tareas en favor de la población, con base en las siguientes:

Consideraciones

En nuestro país, ser defensor de los Derechos Humanos es una labor que conlleva un gran riesgo. De acuerdo a datos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT),1 del 1 de diciembre del 2012 al 31 de julio del 2017, se han registrado 106 ejecuciones extrajudiciales y 81 desapariciones de Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

En el mismo informe se menciona que sólo en este sexenio, se han presentado 302 casos de personas y colectivos que han sufrido algún tipo de violación a sus derechos humanos. En el mismo sentido se indica que únicamente en siete entidades federativas se registró el 69 por ciento de los casos, siendo Oaxaca el estado con mayor número de reportes.

Asimismo, se estima que el 73 por ciento de las agresiones fueron llevadas a cabo por agentes estatales, siendo los principales perpetradores las fuerzas de seguridad pública, instituciones federales y las instituciones estatales de procuración de justicia.

En este contexto, pareciera que no existe reglamentación alguna que proteja a ombudspersons ni a quienes han dedicado su trabajo en impulsar la protección de los derechos humanos, sin embargo, desde 2012, se expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Como consecuencia, se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en atención a las demandas de los representantes de organismos de derechos humanos y de libertad de expresión ante los asesinatos y agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas,

Aunado a todo lo anterior, en los últimos meses, se han agudizado los ataques, atentados y asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos. Esta situación es preocupante, y ha sido denunciada por los titulares de las Comisiones Estatales y por los relatores de los organismos internacionales en la materia.

En el mismo sentido, en estas últimas semanas, se ha vivido un grave clima de agresiones y violencia en contra de defensores y funcionarios de derechos humanos, el día 20 de noviembre fue asesinado el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Licenciado Silvestre de la Toba Camacho y de su hijo Fernando de la Toba Lucero, mientras que su esposa y su hija fueron gravemente lesionadas en el ataque. Asimismo, el día 24 de noviembre, un funcionario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco fue privado de su libertad y encontrado un día después por autoridades de la Fiscalía del Estado.

En consecuencia, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los ombudsperson del país, solicitaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno aplicar la Recomendación 25, expedida por el organismo nacional, así como el Mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, para garantizar la seguridad de todos los funcionarios de los organismos nacionales y estatales de defensa de los derechos humanos en el desempeño de su labor.

Derivado de todo lo anterior, presento a esta honorable Cámara de Diputados una propuesta para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo a instruir a la Procuraduría General de la Republica a redoblar esfuerzos en las investigaciones correspondientes al esclarecimiento del lamentable asesinato del ombudsperson de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, así como en las investigaciones tendientes a encontrar y castigar a los responsables de la privación ilegal de la libertad del funcionario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

De la misma manera a que se revisen y fortalezcan las medidas preventivas y de protección en favor de los titulares y funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las Comisiones Estatales, para garantizar sus tareas en favor de la población.

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo para que instruya a la Procuraduría General de la Republica a redoblar esfuerzos en las investigaciones correspondientes al esclarecimiento del lamentable asesinato del ombudsperson de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, así como en las investigaciones tendientes a encontrar y castigar a los responsables de la privación ilegal de la libertad del funcionario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Asimismo, a que se revisen y fortalezcan las medidas preventivas y de protección en favor de los titulares y funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las Comisiones Estatales, para garantizar sus tareas en favor de la población.

Nota

1 Informe “La esperanza no se agota”, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Véase

http://redtdt.org.mx/acciondefensores/index.php/2017/09/ 05/personas-defensoras-en-el-periodo-de-epn/ /

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Veracruz y Tabasco y la Semarnat a investigar el derrame de aceite, y sancionar a quienes resulten responsables del daño ecológico causado en la zona protegida de los manglares del río entre El Muelle y la congregación de Tonalá, de Agua Dulce y las lagunas La Azucena y El Carrizal, en los límites de ambos estados, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Adolfo Mota Hernández, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los manglares representan uno de los ecosistemas más importantes de México y el mundo por su gran variedad de servicios ambientales y la productividad que prestan; debemos mencionar que algo muy característico de estos árboles de mangle es su tolerancia a la sanidad, por lo que desarrollaron adaptaciones que le permiten “desalar” el agua que aprovechan para su desarrollo y podemos encontrarlos en suelos carentes de oxígeno por estar saturados de agua, lo que enfrentan con otra de sus características, las raíces aéreas o neumatóforos. Las raíces de los árboles de mangle crecen a la inversa, es decir de arriba hacia abajo, los cual permite que tome aire de la atmósfera y lo lleven a las raíces más finas de alimentación favoreciendo su oxigenación; estas plantas son vivíparas porque las semillas germinan de la planta madre.

Cabe mencionar que en el estado de Veracruz se pueden identificar 4 especies de las 70 que se encuentran reportadas a nivel mundial; las especies para nuestro territorio y que son más comunes son las siguientes: Mangle Blanco, Mangle Negro, Mangle Botoncillo y Mangle Rojo; estos cuatro Mangles están legalmente en la categoría de amenazadas, de acuerdo a lo especificado en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Cabe destacar que la distribución de los manglares a lo largo de la franja costera, va a estar influenciada por el relieve, la temperatura, la sanidad, la geomorfología y el sustrato, lo que favorece su desarrollo y establecimiento.

En el ámbito pesquero, los manglares son sumamente productivos, sus raíces son un excelente sitio de anidación para peces, crustáceos y moluscos se destacan por su vital importancia, ya que son cuneros del 70% de las especies de importancia para la pesca y sus ramas también usadas por las aves migratorias y residentes como un hábitat ideal para refugiarse; son zonas de amortiguamiento y protegen a las comunidades contra fenómenos naturales y contra los embates de huracanes.

En últimos días los pescadores de la cooperativa Rivera de El Muelle recorrieron el río Tonalá para recabar evidencia de la contaminación provocada por un fuerte derrame de crudo al parecer procedente de algún pozo o ducto del campo petrolero llamado Activo Integral Cinco Presidentes, justo en los límites entre el estado de Veracruz y Tabasco ubicado en territorio del municipio de Cárdenas, en el estado de Tabasco, pero se encuentra muy cerca también de la laguna llamada Cinco Presidentes, donde nace el brazo que desemboca en el río Tonalá y por consecuencia, en las aguas del Golfo de México.

Los manglares presentan en sus raíces una marca fuerte de la sustancia contaminante y unas huellas en el río entre la zona El Muelle y la congregación de Tonalá, de Agua Dulce, y con mayor fuerza en las lagunas La Azucena y el Carrizal se vieron afectados tales zonas por un derrame y tras cruzar la zona más estrecha de este brazo del río, se encuentra en esa zona “La Chupeta” en donde se ubica un cordón oleofílico (es un absorbente industrial utilizado para limpiar derrames de hidrocarburos) y que apenas ha logrado contener una parte del derrame y que presenta la acumulación de una capa gruesa de material químico, de una coloración espesa en color café obscuro; dichas manchas se localizan a lo largo de casi 10 kilómetros lineales de manglares y es innegable la presencia de aceite en el río, esto ha traído consigo la muerte de especies marinas, anfibios, mamíferos y fauna en toda esta zona.

Cabe mencionar que en esa zona también se ubican ranchos que colindan con el río, en donde el ganado se hidrata, pero a consecuencia de este problema ha sido movilizado tierra adentro pues los ganaderos temen que el ganado resulte afectado por beber agua que se encuentra contaminada.

Concluyendo lo anterior, la problemática que está afectando al río Tonalá, no solo afecta el ecosistema, pescadores, ganaderos, por ende la salud, economía, pero principalmente un daño ecológico irreversible.

Concluyendo lo anterior, es una problemática que afecta a los municipios de la región en cuestión de su integridad, salud, economía, afectaciones físicas, que podría ser ilícitamente con consecuencias de daño ecológico.

Es de vital urgencia que se exhorte la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice los estudios pertinentes para que se analicen los daños ecológicos a través de un estudio de impacto ambiental, en todas las zonas afectadas, así como a el gobierno del estado de Veracruz y al gobierno del estado de tabasco a que se investigue y se sancione a los responsables del daño ecológico causado en la zona protegida de los manglares, por derrame de aceite.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Que esta Honorable Cámara de Diputados, exhorte respetuosamente al gobierno de Veracruz y al gobierno de Tabasco, a que se investigue el derrame de aceite y sancione a quien resulten responsable del daño ecológico causado en la zona protegida de los manglares del río entre El Muelle y la congregación de Tonalá, de agua Dulce, las lagunas, La Azucena, El Carrizal en los límites de ambos estados, así como a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se realice los estudios pertinentes para determinar la gravedad de los daños ecológicos en todas las zonas afectadas y se pueda resarcir el daño a su población.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a designar a la presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Brenda Velázquez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

1. La cuarta Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijing, China (1995), definió una plataforma de acción que orientó la acción gubernamental de nuestro país, en 10 ejes: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia contra las mujeres, conflictos armados, economía, ejercicios del poder y toma de decisiones, medios de difusión, medio ambiente y niñez.

2. Esta conferencia definió la creación de Mecanismos Institucionales para el Adelanto de las Mujeres (Institutos y oficinas de la Mujer) y así es como se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene como objetivo general “promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país”.

3. En este sentido y con la finalidad de reforzar la política pública del país, fueron creados los institutos de las mujeres en cada una de las entidades federativas del país.

4. Así Nuevo León cuenta con un Instituto Estatal de las Mujeres, que se encuentra regulado por la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres, que tiene por objeto: “promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la equidad, la igualdad de oportunidades, de trato entre los géneros, de la toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, económica y social del estado.”

5. El instituto tiene como particularidad atender las necesidades de las mujeres en nuestra entidad, y para ello es necesario que exista una persona titular que se encargue del tratamiento de las problemáticas que viven las mujeres en nuestro estado.

6. Actualmente, la licenciada Aída Aracely Almaraz Marines es la encargada del despacho de la presidencia ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres del estado de Nuevo León; sin embargo, el instituto requiere de la designación definitiva de una presidencia que dirija y atienda las problemáticas por las que nuestro estado atraviesa.

7. En lo que va de 2017, en Nuevo León se han registrado 64 feminicidios, y aún no contamos con acciones concretas que eviten este tipo de delitos. La discriminación, el acoso sexual, la violencia, entre otros, son hechos a los que se enfrentan las mujeres en el día a día.

8. Diversos medios de comunicación han informado de un supuesto caso de acoso sexual en el Instituto Tecnológico de Monterrey1 del cual las autoridades ya se encuentran en conocimiento; no obstante lo anterior, no podemos decir que este es un hecho aislado que afecta a esta institución, sino que en muchos centro educativos tanto públicos como privados las mujeres se han visto violentadas en su integridad y a la fecha no hay instrumentos de política pública que sean eficaces para inhibir y combatir estas prácticas reprochables.

9. Las mujeres no debemos ser parte de una estadística o un número más, es necesario que el gobierno del estado coordine sus acciones con las demás instituciones públicas, con la finalidad de que se pueda prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, con la finalidad de designar a la titular de la presidencia ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, con la finalidad de que colabore con el Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Nuevo León, a fin de que fortalezca y cree programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Nota

1 http://www.proceso.com.mx/510695/
en-blog-destapan-supuestos-abusos-sexuales-maestro-del-tec-monterrey-en-nuevo-leon

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE a pronunciarse respecto al golpe de Estado que consuma el presidente de Honduras, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta el siguiente punto de acuerdo:

Antecedentes

El pasado 26 de noviembre, la República de Honduras celebró elecciones, en las que el candidato Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, habría obtenido la mayoría de votos, superando a sus contrincantes al obtener –de los 2 millones de votos contabilizados– 855 mil 847 votos, es decir 45.17 por ciento de los sufragios, frente a los 761 mil 872, es decir 40.21 por ciento, obtenido por el actual presidente Honduras y candidato a la reelección por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández1 .

Sin embargo –y a pesar del compromiso de entregar resultados el mismo día–, el domingo 26 por la noche, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras informó que, tras haberse escrutado 57.19 por ciento de las mesas electorales, en las que Nasralla encabezaba los resultados, no podían dar más resultados hasta que se fueran completando cada uno de los 18 departamentos. Así, los primeros resultados daban como ganador al candidato de la oposición2 .

Posteriormente, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras comunicó el miércoles por la noche que el sistema que alimentaba la página de la institución, sufrió una falla3 , sin que hasta el pasado domingo 3 de diciembre se haya dado a conocer el resultado definitivo de la votación, y que según datos provisionales, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lidera con 42.92 por ciento de los votos, seguido del opositor Nasralla, con 41.42 por ciento, faltando por contabilizar mil 31 actas, es decir 5 por ciento restante de la votación4 .

Consecuencia de ello, los simpatizantes del opositor Nasralla han acusado al tribunal de fraude, en el proceso electoral5 . En ese sentido, Salvador Nasralla ha solicitado el recuento de “las más de 5 mil 174 actas que no fueron transmitidas de manera regular”6 el pasado 26 de noviembre, y denunció al candidato oficialista de provocar inconsistencias y orquestar trampas7 .

La situación se agrava si se considera que se trata de un país que ha sido objeto de golpes de estado en el pasado8 , así como la tensa espera de los resultados electorales, que ha derivado en manifestaciones multitudinarias en diversas ciudades de Honduras, y en enfrentamientos con fuerzas policiacas, que ha dejado ya, un saldo de 7 muertos y más de 20 heridos en la zona norte del país, así como más de 100 detenidos, y denuncias de violaciones de derechos de los hondureños, por parte de la Conferencia Nacional de los Derechos Humanos en Honduras9 .

Por si fuera poco, y ante la oleada de manifestaciones, el pasado 1 de diciembre, el gobierno de Honduras decretó suspender garantías constitucionales en todo el país10 , mismo que durará 10 días, y será efectivo de las 6 p.m. a las 6 a.m., quedando exentos el transporte de alimentos, trabajadores de servicios de emergencia y prensa acreditada11 . Derivado de ello, tanto el ejército como la Policía Nacional, recibieron la orden de desalojar a manifestantes y personas que cometan actividades ilegales en áreas públicas, carreteras, puentes y edificios –públicos o privados12 .

La propia Conferencia Nacional de los Derechos Humanos en Honduras ha indicado que Juan Orlando Hernández contravino la Constitución –toda vez que su candidatura es inconstitucional–, a fin de postularse en las presidenciales13 . Asimismo, ha señalado que el país atraviesa por “grandes retrocesos democráticos y violaciones a los derechos humanos”14 , por lo que plantea “denunciarlo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el fin de lograr el respeto del gobierno a los derechos de sus ciudadanos.”15

Es así que resulta indispensable un pronunciamiento, por parte del gobierno de México, contra el presunto golpe de estado que está consumando el gobierno de Honduras, en aquel país, por lo que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a pronunciarse respecto del golpe de estado que el presidente de la República de Honduras está consumando en ese país.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Cámara de Diputados la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de esta Cámara de Diputados acuerda exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a pronunciarse respecto del golpe de Estado que el presidente de la República de Honduras está consumando en ese país.

Notas

1 “El opositor Nasralla, en cabeza en las elecciones de Honduras”, El Mundo, 27 de noviembre de 2017, Honduras, sección internacional. Disponible en:

http://www.elmundo.es/internacional/2017/11/27/5a1b971e4 68aeba8658b457c.html

2 “Sin resultados oficiales: Qué ocurre en Honduras tras las presidenciales”, RT, 2 de diciembre de 2017. Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/256608-honduras-disturbios-resulta sdos-elecciones

3 “Sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral de Honduras sufrió una falla”, El Salvador, 29 de noviembre de 2017, sección internacional. Disponible en: http://www.elsalvador.com/noticias/internacional/424409/sistema-de-comp uto-del-tribunal-supremo-electoral-de-honduras-sufrio-una-falla/

4 “Sin resultados oficiales: Qué ocurre en Honduras tras las presidenciales”, RT, op. cit., supra nota 2.

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Astié-Burgos, Walter, “Honduras: ¿otro golpe de Estado?”, El Universal, 3 de diciembre de 2017, sección de articulistas. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/columna/walter-astie-burgos/nacion/hondur as-otro-golpe-de-estado

9 “Sin resultados oficiales: Qué ocurre en Honduras tras las presidenciales”, RT, op. cit., supra nota 2.

10 “Última hora: Gobierno autoriza suspender garantías constitucionales en todo el país a partir de hoy a las 11:00 pm #Honduras”, Diario La Prensa, 1 de diciembre de 2017. Disponible en:

https://twitter.com/diariolaprensa/status/93680158356781 4656

11 “Honduras decreta toque de queda; Nasralla lo califica de “golpe de Estado””, CNN Español, 2 de diciembre de 2017, Honduras. Disponible en:

http://cnnespanol.cnn.com/2017/12/02/honduras-decreta-to que-de-queda-nasralla-lo-califica-de-golpe-de-estado/

12 Ídem.

13 “Sin resultados oficiales: Qué ocurre en Honduras tras las presidenciales”, RT, op. cit., supra nota 2.

14 Ídem.

15 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputada Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofece a tomar medidas para evitar prácticas monopólicas en la comercialización de naranjas de temporada, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Ramón Villagómez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por los artículos 3, fracción XIX, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus competencias, tomen medidas para regular las condiciones de competencia en la venta al menudeo de naranjas, bajo las siguientes

Consideraciones

Reducir y erradicar la distorsión de precios en la venta de productos agroalimentarios es uno de los mayores retos que tiene el Estado mexicano en materia de competencia económica, protección al consumidor y, en general, para que la venta de estos productos se realice conforme a las condiciones de mercado que rigen a este sector.

El caso particular de la producción y venta de productos cítricos, como la naranja, cobra especial importancia la regulación que se hace de la comercialización de este producto en México, al ser altamente producido y consumido.

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación1 informó que México se consolidó como el quinto productor mundial de naranja, con un volumen promedio de 4.2 millones de toneladas, las cuales se comercializaron tanto en el mercado interno como en destinos internacionales. El valor de la producción de naranja en México se estima en más de seis mil millones de pesos, con un consumo anual per cápita de 37.1 kilogramos y aporta el 22.5 por ciento del volumen de frutas que son producidas en el país.

De acuerdo a datos de la misma Secretaría, los meses de mayor disponibilidad de este cultivo son de noviembre a abril, con un pico de producción entre los meses de febrero a abril.

Si bien de acuerdo al Atlas Agroalimentario 2017, publicado por también por la Sagarpa, todo el año hay disponibilidad de naranja en México, el trimestre febrero-abril agrupa 45 por ciento del volumen total. Mientras que en febrero y marzo se alcanzan porcentajes de 14.5 por ciento y 16 por ciento por ciento, respectivamente, en el actual mes de noviembre apenas llega 8.7 por ciento.

Además de la disponibilidad general de naranjas en nuestro país, es importante precisar que la producción también se encuentra determinada por el tipo de cultivo de naranja que se hace en México, el cual se compone de tres grades variedades: la naranja valencia , la navel-lane-late y la navelina .

La naranja valencia o valenciana entra en producción en mayo, es jugosa y dulce y por ello muy orientada a la producción de jugo. La navel-lane-late se produce a partir de febrero y es una fruta destinada a la mesa del consumidor que suma a sus atributos un grado de acidez que estimula al paladar. Por su parte, la navelina sirve tanto para la mesa como para la producción de jugos. Es altamente valorada porque tiene una producción muy alta que inicia en diciembre.2

Ahora bien, se ha hecho del conocimiento público que en los meses de octubre y noviembre del presente año se han identificado prácticas desleales por parte ciertos comercializadores de naranjas, llegando a monopolizar el mercado y desajustando los precios que se ofrecen al consumidor final, ofertando naranjas que no son de temporada como si en realidad lo fueran.

Tanto la monopolización del mercado, como la comercialización del producto fuera de los estándares y precios que deben corresponden de acuerdo a la temporada, constituyen prácticas que atentan en contra de las normas en materia de competencia económica, redituando en perjuicio del consumidor final, quien paga por un producto que no corresponde con los costos regulares de mercado que se fijan para el tipo de naranja producida y comercializada en estos meses del año.

En ese contexto, la presente proposición con punto de acuerdo se centra en poner énfasis en el caso particular de la venta al menudeo de naranjas, cuyos precios al consumidor final no están siendo acordes con las condiciones regulares de mercado, al presumirse la preexistencia de prácticas anticompetitivas que están desvirtuando la oferta del producto.

En ese contexto, resulta urgente que la Comisión Federal de Competencia Económica, la Procuraduría Federal del Consumidor,3 así como la Sagarpa,4 para que en el ámbito de sus respectivas competencias tomen las medidas necesarias para regularizar el mercado de venta de naranjas, de acuerdo a los precios de temporada y en términos de las leyes en materia de protección al consumidor y de competencia económica.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica para que tome las medidas necesarias para evitar prácticas monopólicas en la comercialización de naranjas de temporada, con el objeto de evitar la distorsión de precios en perjuicio del consumidor final, y se haga de conocimiento público la información relativa a la variedad real de la naranja.

Segundo : Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que verifique los precios que se están ofreciendo al consumidor final en la venta de naranjas, de acuerdo a la producción de temporada, para que en caso de detectar irregularidades, presente las denuncias correspondientes en representación de los consumidores.

Tercero: Se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Sagarpa, para que a través de sus áreas competentes, implemente acciones para mejorar la competitividad en el sector de comercialización de naranjas, con el objeto de evitar la distorsión de precios en perjuicio del consumidor final.

Notas

1 Consultado en: http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/bajacaliforniasur/boletines/
2017/enero/Documents/2017BS013.PDF

2 Datos extraídos del portal de la Sagarpa, consultable en http://infosiap.siap.gob.mx/images/stories/infogramas/100602-reporte-na ranja.pdf

3 Ley Federal de Protección al Consumidor:

Artículo 24, fracción XX Bis: En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda

4 A través de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputado Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal y tanto al Poder Legislativo como el Judicial de la Federación a efecto de conocer el estado del proceso de instalación del sistema de captación de agua pluvial referido en el artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Ramón Villagómez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XIX, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal, el Poder Legislativo federal y el Poder Judicial de la Federación a conocer el estao que guarda el cumplimiento de las instalaciones del sistema de captación de agua pluvial a que se refiere el artículo 17 Ter de la Ley General de Equilibrio Ecológico, bajo las siguientes

Consideraciones

El 15 de mayo del 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona un artículo 17 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo que a letra dice:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

“Artículo 17 Ter. Las dependencias de la administración pública federal, el Poder Legislativo federal y el Poder Judicial de la Federación, instalarán en los inmuebles a su cargo, un sistema de captación de agua pluvial, debiendo atender los requerimientos de la zona geográfica en que se encuentren y la posibilidad física, técnica y financiera que resulte conveniente para cada caso. Esta se utilizará en los baños, las labores de limpieza de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato.

La instalación del sistema de captación de agua pluvial en aquellos inmuebles a cargo de las dependencias de la administración pública federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, declarados monumentos artísticos e históricos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se llevará a cabo bajo la rigurosa supervisión de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, según corresponda, con objeto de evitar afectaciones a dichos inmuebles.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, por agua pluvial se entiende aquella que proviene de la lluvia, el granizo y la nieve.”

Dicha reforma surgió en razón de que el agua dulce es vital no sólo para el funcionamiento de los procesos biológicos y la supervivencia de la especie humana, sino también para el desarrollo de diversas actividades productivas primarias, industriales y de servicios, siendo las precipitaciones pluviales el principal insumo del ciclo hidrológico y en ese sentido son el factor detonante de la disponibilidad y manejo del agua.; mientras que el crecimiento demográfico constituye un factor de presión sobre la disponibilidad de la misma ya que la mayor parte de la población se asienta en zonas donde la disponibilidad de agua no es tan abundante por ejemplo en el centro y norte, donde se tiene sólo el 30 por ciento de la disponibilidad nacional se concentra el 77 por ciento de la población, situación que contraste con la zona sureste donde existe el 69 por ciento de disponibilidad y únicamente se ubica el 23 por ciento de la población.

Además la demanda de agua dulce, particularmente en las zonas donde la recarga no es abundante, aunada a prácticas insustentables en el uso del recurso hídrico han contribuido a la sobreexplotación de los acuíferos. A la fecha, la Comisión Nacional del Agua reporta 100 acuíferos subterráneos sobreexplotados de los que se extrae más del 50 por ciento del agua subterránea que se consume en el país; situación por la cual el potencial que tiene la captación de agua pluvial y su infiltración a los acuíferos es cada día más reconocido.

Adicionalmente, en el territorio mexicano, debido a su geografía y clima, destacan dos grandes zonas de disponibilidad del recurso hídrico, la primera de ellas comprende el sur y la segunda el centro y el norte del país. La disponibilidad natural media per cápita en la primera de ellas es 7.3 veces mayor que en el resto del país. En el norte, noroeste y centro del país (80 por ciento del territorio nacional) se presenta 31 por ciento del escurrimiento nacional, se concentra 77 por ciento de la población y se produce 87 por ciento del PIB. En el sur, donde se asienta 23 por ciento de la población y la actividad económica representa sólo 13 por ciento, escurre 69 por ciento del agua. En el país se utiliza 16 por ciento del volumen de disponibilidad natural media de agua; sin embargo, en la porción norte se utiliza más de 40 por ciento de la disponibilidad natural media, lo que se considera por la Organización de las Naciones Unidas como una fuerte presión sobre el recurso hídrico.

Lo anterior se debe, en parte, a que el 72 por ciento de la precipitación pluvial anual en México (1 512 kilómetros cúbicos de agua al año) se evapora para reintegrarse al ciclo hidrológico, 25 por ciento (400 kilómetros cúbicos) escurre a los cuerpos de agua superficiales y sólo el 5 por ciento se infiltra y recarga los más de 653 acuíferos del país; con lo que tenemos que 118 de ellos se encuentran sobreexplotados.1

Agrava el problema de disponibilidad del recursos hídrico el que de las 13 regiones hidrológico-administrativas del país, nueve de ellas presentan sitios de monitoreo cuya calidad del agua es clasificada como fuertemente contaminada: Península de Baja California, Noroeste, Pacífico Norte, Balsas, Río Bravo, Lerma-Santiago-Pacífico, Golfo Norte, Golfo Centro, y Valle de México, ya que presentan valores promedio de demanda bioquímica de oxígeno superiores a 30 mg/l. Con respecto a la escala de demanda química de oxígeno (DQO), todas las regiones exceptuando Cuencas Centrales el Norte, Península de Yucatán y Pacífico Sur, presentan sitios de monitoreo cuya calidad del agua es clasificada como fuertemente contaminada, ya que sus valores promedio son superiores a 40 mg/l.2

A consecuencia de lo anterior, entre los años 2000 y 2005, la disponibilidad por habitante disminuyó de 4 771 m3/hab/año a 4 573 m3/hab/año. Para 2006 la disponibilidad llegó a 4 416 m3/hab/año. De continuar esta tendencia, para el año 2030 podría llegar a 841 m3/hab/año, lo que se considera una disponibilidad baja; es decir, en 30 años la disponibilidad de agua per cápita nacional disminuyó en un 83 por ciento.

Tan alarmante situación, hace indispensable se busquen nuevos mecanismos para cubrir las necesidad de agua nacionales, una buena opción es el uso del agua de lluvia, sobre todo si se considera que anualmente México recibe del orden de 1,489 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. De esta agua, se estima que el 73.1 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 22.1 por ciento escurre por los ríos o arroyos, y el 4.8 por ciento restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, así como la recarga incidental, anualmente el país cuenta con 460 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable.3

La captación de agua de lluvia es la recolección, transporte y almacenamiento del agua de lluvia que cae sobre una superficie de manera natural o hecha por el hombre. Las superficies que captan el agua en las ciudades pueden ser techos de casas y edificios, techumbres de almacenes y de tiendas, explanadas, etcétera. El agua almacenada puede ser usada para cualquier fin, siempre y cuando utilicemos los filtros apropiados para cada uso, es decir, para usos básicos como limpieza de ropa, de pisos, sanitarios y riego puede usarse un filtro muy sencillo; para aseo personal y para agua que se pretenda beber, se deberá tener un sistema de filtros diferente, adecuados para estos fines. Los sistemas de captación de agua de lluvia tienen sin lugar a dudas muchos beneficios, entre los que destacan:4

1. El agua pluvial es gratis, la única inversión que hay que realizar es la captación y el tratamiento pero su amortización se realiza en un corto tiempo.

2. Con este método se paga anualmente mucho menos en cuentas de agua.

3. La poca o nula dureza del agua de lluvia ayuda a aumentar la escala de aplicaciones, extendiendo su uso. El agua de lluvia elimina la necesidad de un suavizador de aguas y las sales que le añaden durante este proceso.

4. El agua de lluvia es superior para el riego de las plantas de los hogares.

5. Los sistemas presentan un fácil mantenimiento.

6. El agua de lluvia se recolecta y almacena cerca del edificio o casa que la consume, lo que elimina la necesidad de sistemas de distribución costosos y complejos; con ello se tiene también un ahorro para la unidad administrativa encargada de prestar este servicio.

7. Se logra un ahorro de energía ya que se evita todo el proceso de extracción o entubamiento y el de distribución y bombeo del agua para su transportación, los cuales demandan una gran cantidad de energéticos.

8. No impacta al subsuelo (con la extracción acelerada) ni a los ríos y sus ecosistemas (con el desvío y entubamiento de éstos), por tanto se mantienen los mantos acuíferos en mejores condiciones al tener una menor necesidad de extracción.

Como vemos, el beneficio medio ambiental sobre el uso de estas tecnologías se da no sólo al dejar de consumir agua de los mantos acuíferos y cuerpos de agua superficiales sino también por la disminución del uso de energía eléctrica.

En la actualidad existen muchos casos exitosos de sistemas de captación a nivel urbano, entre los que destacan Star-City que opera desde 2007 en Gwangjin-gu, Seul, Korea, el cual está conformado por 1,300 unidades habitacionales, con un área de captación en techos y pisos de 6,200 y 45,000 metros cuadrados respectivamente, con una precipitación de 41,000 metros cúbicos. El agua de lluvia captada se utiliza en riego de jardines, en baños públicos, infiltración en suelo y almacenamiento de agua para consumo humano para situaciones de emergencia, sirviendo éste último para evitar los daños causados por las inundaciones. Se obtuvo una relación de volumen de almacenamiento por área de captación de 5.8 metros cúbicos/100 metros cuadrados. Entre los beneficios que presentan estos sistemas es el ahorro de consumo de energía utilizada en la distribución de 0.04 kWh/m3 , mientras que para el agua potable es de 1.19 kWh/m3 , con un costo beneficio (B/C) de 2.67 por un periodo de 35 años. En este caso de estudio, se demostró que si se reemplazara el 20 por ciento del agua potable (1.3 billones de Ton) por agua de lluvia se ahorraría en energía 75 GWh, que implicaría un ahorro en emisiones de CO2 a la atmósfera por las centrales termoeléctricas de 32,700 Ton (Jungsoo y Mooyoung, 2009).5

Lo anteriormente expuesto deja de manifiesto la imperiosa necesidad de hacer un uso eficiente del recurso hídrico nacional y que una alternativa eficiente para ello es la captación de agua de lluvia y su uso para ciertos fines; por lo anterior, y considerando que son las entidades públicas quienes deben iniciar con la instrumentación de estas buenas prácticas; después de haber analizado la minuta en cuestión, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales concluye que el proyecto de decreto contenido en la misma, es procedente, en sus términos.

Por lo expuesto es que el Congreso de la Unión determinó emprender acciones sobre el particular, que trajeron como consecuencia la reforma expuesta, que en su régimen transitorio estableció:

Artículo Segundo. Las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación contarán con un plazo no mayor a trescientos sesenta días naturales para llevar a cabo la instalación del sistema de captación de agua pluvial a que se refiere el artículo 17 Ter de esta Ley .

Dicho plazo venció el 10 de abril del 2014, por lo que es necesario conocer el avance y cumplimiento de la reforma citada sobre la instalación del sistema de captación de agua pluvial por los tres Poderes de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta a las dependencias de la administración pública federal, el Poder Legislativo federal y el Poder Judicial de la Federación para efectos de conocer el estado que guarda el proceso de instalación del sistema de captación de agua pluvial a que se refiere el artículo 17 Ter de la Ley General de Equilibrio Ecológico

Notas

1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales 2007-2012 , Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, 2007, páginas 65 y 66.

2 Op. Cit. Página 69.

3 Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del agua en México, edición 2011, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, 2011, página 20.

4 Adller Ilán, et. al., Manual de captación de aguas de lluvia para centros urbanos, Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente e International Renewable Resources Institute México. Disponible en

http://www.pnuma.org/recnat/esp/documentos/MANUALDECAPTA CION%20oct%202008.pdf. Consulta realizada el 10 de febrero de 2013.

5 Sistemas de captación, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de agua de lluvia en zonas urbanas, Programa de uso eficiente y racional del agua, Instituto Mexicano de tecnología del Agua. Disponible en http://puera.imta.mx/index.php. Consulta realizada el 12 de febrero de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017

Diputado Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a agilizar y eficientar las acciones para supervisar el desempeño de los ministerios públicos, conforme a los principios y las obligaciones del nuevo sistema penal acusatorio adversarial, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por los artículos 3, fracción XIX, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todas las autoridades federales y estatales en la materia, a agilizar y eficientar las acciones para supervisar el desempeño de los ministerios públicos conforme a los principios y obligaciones del nuevo sistema penal acusatorio adversarial.

Consideraciones

Con la reforma constitucional de junio de 2008 para la instauración de un nuevo sistema jurídico penal: el procedimiento acusatorio y oral; las instituciones mexicanas y la sociedad civil hemos cifrado grandes expectativas de conseguir avances en el respeto a los derechos humanos dentro de los procedimientos penales, a la par de superar la grave crisis de impunidad y de seguridad pública que ha caracterizado a grandes franjas de nuestro país.

Dicha reforma fue elaborada con la finalidad de mejorar nuestro sistema de procuración de justicia a través de un procedimiento transparente, dinámico, y siempre respetuoso y garantista de los derechos humanos, tanto de las personas imputadas como de las víctimas.

Para llevar a cabo la implementación de dicho sistema, se coordinó un esquema gradual para cada entidad federativa del país compuesta por siete etapas, el cual culmino el 14 de junio de 2016. Sin embargo, a un año del plazo que se tenía previsto para poner en marcha el nuevo sistema de procuración de justicia, los resultados aún están alejados de lo esperado.

Para estimar los resultados obtenidos a un año de la instauración del sistema penal acusatorio y adversarial, la Procuraduría General de la República, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores solicitaron que se llevara a cabo una consulta a nivel nacional para detectar cuáles son los puntos y ejes a mejorar del nuevo modelo de procuración de justicia.

Lo anterior se midió través de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, quienes se encargaron de recibir y organizar espacios de dialogo con la sociedad civil, autoridades nacionales e internacionales, así como las instituciones de más alto prestigio del país.

Dicha consulta analizó y evalúo los siguientes ejes:

1. Víctimas y derechos humanos
2. Seguridad pública y procuración de justicia
3. Modelo de investigación criminal
4. Política criminal
5. Procuración y administración de justicia
6. Delincuencia organizada
7. Gestión, operación y cambio
8. Modelo de autonomía
9. Marco normativo penal

Del análisis y estudio de dichos temas, de manera general, la consulta dio a conocer datos, cifras y hechos desalentadores para las expectativas puestas en la reforma de junio de 2008. El resultado general es que el sistema de procuración de justicia penal se encuentra en una grave crisis en donde la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y las malas prácticas procesales del sistema escrito y semiinquisitorial aún persisten y parece ser que nos encontramos muy lejos de su erradicación.

La Consulta señala que los derechos de las víctimas no son respetados y es un área en la cual falta mucho trabajo para que los resultados esperados con la reforma del 2008 sean materializados. Un ejemplo de esto son la falta de vías de acceso para la reparación del daño; existe falta de representación de las víctimas en los procesos; en casos de mujeres víctimas de violencia, estas son persuadidas por personal de las agencias del ministerio público para tratar de evitar que denuncien.

En temas como seguridad pública y procuración de justicia continua careciendo de fluidez, estabilidad y comunicación, existe falta de formación y carencia de recursos e instrumentos que permitan que los cuerpos policiales lleven a cabo las tareas del nuevo sistema penal, agregándoles las pésimas condiciones laborales bajo las cuales deben desempeñarse.

Destaca que en este proceso el número de asuntos investigados ha disminuido, toda vez que la actuación del personal ministerial ha reflejado que se deja en libertad a aquellos detenidos en flagrancia por delitos en los que no procede prisión preventiva oficiosa, lo que ha impactado de manera severa en la tasa de impunidad.

Este es solamente un ejemplo de algunos hechos señalados en la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, en los cuales el sistema de justicia penal acusatorio adversarial sigue siendo deficiente para llevar a cabo una correcta y eficaz aplicación de las leyes; asimismo, algo que debe resaltarse y destacar es que el mismo informe documenta que no hacen falta tantas reformas en los textos legislativos, sino un verdadero compromiso, especialización, buenas prácticas y cero tolerancia a los actos de corrupción para que la reforma de junio de 2008 sea materializada en una correcta impartición de justicia y la crisis de inseguridad pueda ser atacada y mitigada por los integrantes del Sistema de Seguridad Nacional encargados de mantener el orden público, bajo un marco de legalidad en el cual los derechos humanos de las personas víctimas y de los imputados sean respetados, y las instituciones designadas para realizar la procuración de justicia cuenten con casos solidos que permitan resoluciones firmes y justas.

De esta manera, áreas encargadas de supervisar a las agencias ministeriales, las cuales son cruciales e importantísimas dentro de la procuración de justicia penal así como la continuación reforzada de la capacitación del personal integrante del proceso de procuración de justicia conozcan y apliquen el actual sistema de justicia penal, para que las mejores prácticas sean características y distintivos de las agencias ministeriales, y no la corrupción y la ignorancia del marco normativo en materia penal.

Lo dicho tiene como finalidad llamar a todas las autoridades que participamos en el análisis, elaboración y aplicación de las normas en materia penal para que trabajemos en conjunto en agilizar acciones que habremos de llevar a cabo para que el sistema penal acusatorio tenga éxito y para que la sociedad no continúe siendo víctima doblemente, primero por los delincuentes y después por los procuradores de justicia que no atienden sus denuncias o que no le aseguran una correcta investigación del delito que han perpetrado en su persona.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta a todas las autoridades competentes para agilizar y eficientar las acciones para supervisar el desempeño de los ministerios públicos conforme a los principios y obligaciones del nuevo sistema penal acusatorio adversarial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a dar a conocer el estado de la instalación de medios de apoyo a los ciudadanos que buscan presentar iniciativas a través de la respectiva oficina de atención, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Álvaro Ibarra Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XIX, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las cámaras del congreso a fin de conocer el estado que guardan la instalación de mecanismos de apoyo a los ciudadanos que buscan presentar iniciativas a través de la oficina de atención ciudadana, bajo las siguientes

Consideraciones

En fecha 20 de mayo del 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente.

Sin duda esta reforma fue un gran paso para una participación más activa de la ciudadanía en la vida pública, una transición a una democracia más directa, por lo que hace a la posibilidad de que el ciudadano pueda presentar hoy en día iniciativas, bajo los requisitos constitucionales y legales, conforme al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a letra dice:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al presidente de la República;

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión;

III. A las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México; y

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

Para efectos de materializar el acceso a los ciudadanos a la presentación de iniciativas y su participación en el proceso legislativo, en el Decreto citado anteriormente, se previó un régimen transitorio en los siguientes términos:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Cada una de las Cámaras realizará las adecuaciones necesarias a sus respectivos reglamentos, derivadas del presente decreto en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Las Cámaras del Congreso a través de la oficina de atención ciudadana, en un plazo no mayor a 90 días establecerán mecanismos de apoyo a los ciudadanos que buscan presentar iniciativas.

Con base en el tercer artículo transitorio, se dio un plazo de 90 días para crear mecanismos de apoyo a los ciudadanos que buscan presentar iniciativas ciudadanas a través de la oficina de atención ciudadana de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, plazo que feneció el 16 de noviembre del 2014, por lo que, es necesario conocer cuál es el avance en dichos mecanismos de apoyo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único . Se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a fin de conocer el estado que guardan la instalación de mecanismos de apoyo a los ciudadanos que buscan presentar iniciativas a través de la oficina de atención ciudadana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI; 62, numeral 2, y 76, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente efeméride, al tenor de las siguientes

Consideraciones

a) Perfil estadístico de las personas con discapacidad

La prevalencia de la discapacidad en México es de 6 por ciento, según los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID 2014). Esto significa que 7.1 millones de habitantes. Casi la mitad de las personas con discapacidad –47.3 por ciento– son adultas mayores entre 60 años y más y 34.8 por ciento tienen entre 30 y 59 años de edad. 3.8 millones son mujeres 3.3 son hombres.

La mitad de la población con discapacidad residente se concentra en siete entidades federativas: México (14.6 por ciento), Jalisco (8.1 por ciento), Veracruz (7.5 por ciento), Ciudad de México (5.8 por ciento), Guanajuato (4.6 por ciento), Puebla (4.5 por ciento) y Michoacán (4.4 por ciento).

En 2014, del total de discapacidades reportadas: dos concentran 42.4 por ciento –caminar, subir o bajar usando sus piernas y ver, aunque use lentes–; aprender, recordar o concentrarse, escuchar y mover o usar brazos o manos agrupan 36.4 por ciento; mientras que bañarse, vestirse o comer, problemas emocionales o mentales y hablar o comunicarse suman 21.2 por ciento.

Los principales detonantes de discapacidad entre la población del país son las enfermedades (41.3 por ciento) y la edad avanzada (33.1 por ciento). Los problemas originados durante el nacimiento (10.7 por ciento) y los accidentes (8.8 por ciento) y la violencia es el detonante de discapacidad menos frecuente (0.6 por ciento).

Por lo que se refiere a la salud, de acuerdo con la ENADID 2014, entre las personas con discapacidad usuarias de servicios de salud, 34.9 por ciento acude a centros de salud u hospital de la Secretaría de Salud (SSA), 32.1 por ciento al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 13.9 por ciento a un consultorio, clínica u hospital privado y 8.1 por ciento al consultorio de una farmacia.

En materia educativa, el porcentaje de la población con discapacidad analfabeta de 15 años y más es de 22.7 por ciento; el nivel educativo predominante de la población con discapacidad de 15 años y más es la primaria, 23 de cada 100 no tienen escolaridad y sólo 7 cuentan con educación superior.

Por otra parte, las personas con discapacidad de 12 años y más, 42 de cada 100 están casadas, 20 viudas, 20 solteras y 10 viven en unión libre.

Por lo que se refiere al trabajo, en 2014, de cada 10 personas con discapacidad de 15 años y más, solamente 4 participan en actividades económicas.

En los familiares, donde al menos hay una persona con discapacidad, de cada 100: 57 son nucleares, 22 ampliados, 10 compuestos, 8 son aquéllos donde la persona con discapacidad vive sola y uno es de corresidentes.

La ENIGH 2014 el rubro transporte y comunicaciones (18.4 por ciento) concentra la mayoría del gasto, incluso por arriba de educación y esparcimiento (10.7 por ciento) y cuidado a la salud (3.9 por ciento); mientras que en alimentos, bebidas y tabaco; vestido y calzado; vivienda y servicios de conservación; artículos de limpieza y transferencias de gasto, incluidos en la categoría de otros gastos, se concentra 59.7 por ciento del total.

Estos datos demuestran la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad.

b) Políticas públicas

Esta administración, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-21018, se estableció en la Estrategia 1.5.4. “Promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, la Estrategia 2.2.4. refirió “Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena”. “Adecuar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de accesibilidad de los planteles, para favorecer la atención de los jóvenes con discapacidad” fue una línea de acción de la estrategia “Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población”.

Y estableció que se expedirá el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Algunos datos, tomados del quinto Informe de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social, se pueden señalar los siguientes:

• Al 30 de junio de 2017, en 2 mil 660 estancias se atendieron a 4 mil 998 niñas y niños con algún tipo de discapacidad.

• Se han otorgado apoyos económicos a 47 mil 881 personas beneficiarias en orfandad materna, para continuar con sus estudios, incluidos 290 menores con alguna discapacidad.

• Se instaló en 2016, el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad con la presencia de los gobernadores de las entidades federativas, los secretarios de estado y organizaciones de la sociedad civil.

• Los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y la Ciudad de México, cuentan con organismos para el desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad.

• El Padrón de Beneficiarios de Prospera, registra el apoyo a 445 mil 355 personas con discapacidad a nivel nacional. Liconsa identificó 214 mil 73 personas con discapacidad beneficiadas por el Programa de Abasto Social de Leche.

• La Secretaría de la Función Pública, a través del Sistema del Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP), identifica a 5 mil 176 trabajadores y trabajadoras con discapacidad.

• La Beneficencia Pública, entregó 57 mil 189 apoyos a 51 mil 98 personas con alguna discapacidad, que constan de prótesis de cadera y rodilla, auxiliares auditivos, lentes intraoculares y anteojos, sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones.

• En el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra se llevaron a cabo 177 mil 278 consultas; 18 mil 760 pre consultas; 13 mil 621 de primera vez y 144 mil 897 a pacientes subsecuentes. Se efectuaron 9 mil 988 cirugías; 8 mil 586 de ellas fueron cirugías mayores: 4 mil 748 en ortopedia; 2 mil 438 en oftalmología, 861 a otorrinolaringología y 539 en pacientes con quemaduras, mientras que los mil 402 restantes correspondieron a cirugías menores. De igual manera, se otorgaron 778 mil 741 terapias en los diferentes servicios y 201 mil 290 estudios y exámenes de laboratorio y gabinete.

• En materia de rehabilitación, se efectuaron un millón 811 mil 212 sesiones de terapia, se entregaron 10 mil 917 piezas de órtesis y 876 prótesis para coadyuvar en el proceso de rehabilitación integral.

• Se otorgaron 33 mil 10 credenciales para personas con discapacidad permanente para llegar a un acumulado de 396 627.

• Se canalizaron a las diferentes áreas laborales a 2 mil 215 personas con discapacidad, de las cuales 883 son mujeres y mil 332 son hombres.

• Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), otorgaron mil 842 becas a estudiantes de las Aula Poeta, en 43 planteles de 24 estados de la República; asimismo, se otorgaron mil 289 becas a los alumnos y alumnas de las aulas Centros de Atención para personas con Discapacidad en 69 Centros de 29 entidades federativas. La Secretaría de Educación Pública, verificó 271 planteles federales con instalaciones accesibles para el estudiantado con discapacidad.

• El Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa, logró la adecuación accesible de un total de 5 mil 778 planteles educativos.

• La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través del programa de becas, otorgó apoyos a deportistas con discapacidad en las categorías infantiles y juveniles, para su proceso de formación deportiva con un monto total de 5.3 millones de pesos.

• La Comisión Nacional de Vivienda entregó 2 mil 573 subsidios, para igual número de casas habitación con Accesibilidad Universal para Personas con Discapacidad; el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado otorgó 3 mil 475 créditos a personas derechohabientes con discapacidad; y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores entregó 389 créditos a personas derechohabientes con discapacidad. En 2016, se entregaron 6 mil 437 subsidios para hogares de personas con discapacidad.

• Se canalizaron recursos por 44.4 millones de pesos para la ejecución de proyectos productivos de organismos del sector social de la economía en los que participan 225 personas con discapacidad.

El enunciado de acciones de este gobierno en beneficio de las personas con discapacidad, lo reconocemos plenamente en el Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara, admitimos, también, que se requieren de más acciones, de mejores políticas públicas, de mayores recursos.

Las administraciones de mi partido las abordaremos con el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, transversalmente, progresivamente, sin discriminación, y teniendo a la participación de la sociedad civil como guía de estas estrategias de gobierno.

e) Visión partidaria

En este sentido, la participación de las personas con discapacidad directamente en la discusión de los asuntos que les afectan o benefician, es para el PRI una deuda que debemos de saldar con modificaciones a nuestros documentos básicos, modificaciones, que les garanticen sus derechos políticos y electorales.

En el caso del PRI, sus documentos básicos tienen plenamente incluidos a sus militantes con discapacidad.

En el caso de Visión de Futuro que nuestro partido en relación con las personas con discapacidad, se señala como estrategia la:

Causa transversal Inclusión y Accesibilidad. La accesibilidad es un principio que garantiza que todas las personas, independientemente de sus características y habilidades, tengan un acceso en igualdad de condiciones, a sus derechos humanos; a partir de la construcción de mecanismos que permitan su goce pleno con autonomía, independencia, libertad y dignidad. Por ello, el partido vigilará que en todas las políticas públicas, en los tres órdenes de gobierno, se contemplen la inclusión y el principio de accesibilidad.

...

Se instrumentarán políticas públicas incluyentes en favor de... las personas con discapacidad, a fin de hacer posible el ejercicio pleno de sus derechos, el respeto a su dignidad y a su autonomía. Impulsaremos reformas y políticas públicas en los distintos órdenes de gobierno a fin de incorporar de manera efectiva a las personas con discapacidad al desarrollo pleno del país.

En nuestra de Declaración de Principios, con convicción apuntamos que:

Somos un partido que establece estrategias para integrar a toda la ciudadanía en igualdad y paridad de género en el desarrollo social, económico y político del país, incorporando a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y personas en situación de vulnerabilidad.

En lo referente a nuestro programa de acción, en el PRI nos comprometimos a:

Buscaremos generar condiciones para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las personas con discapacidad y todos los grupos en condiciones de discriminación, incluidos los de diversidad sexual. Lo haremos bajo los principios de igualdad, accesibilidad, equidad, no discriminación, progresividad e inclusión.

...Combatiremos frontal mente a las desigualdades en todas sus manifestaciones: económicas, educativas, sociales, étnicas y de género, incluidas también aquéllas que aquejan a las personas adultas mayores ya la población con alguna discapacidad ;...

Destaca de este documento básico el pronunciamiento siguiente:

Promover la inclusión de personas con discapacidad, a través de la garantía de accesibilidad universal, la erradicación y prevención de la discriminación y el acceso en condiciones de igualdad a los derechos humanos, fomentando la educación inclusiva, el acceso a un empleo digno y la cobertura total de salud, fortaleciendo a las Instituciones que brindan atención a este grupo.

Esta línea de nuestro programa fue incorporada a los documentos básicos en nuestra reciente vigésima Asamblea Nacional.

También, hoy está plasmado en nuestro programa que uno de los ejes transversales del programa de acción es el de la inclusión y accesibilidad como eje transversal.

Finalmente, la parte estatutaria del PRI contiene más de 12 disposiciones que garantizan el ejercicio de los derechos políticos electorales de los militantes con discapacidad.

Artículo 3. El Partido Revolucionario Institucional impulsa la participación ciudadana que se expresa en la diversidad social de la nación mexicana con la presencia predominante y activa de las clases mayoritarias, urbanas y rurales, que viven de su trabajo, manual e intelectual, y de los grupos y organizaciones constituidos por jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas cuya acción política y social permanente, fortalece las bases sociales del Estado mexicano.

...

...

...

Artículo 11. El Partido Revolucionario Institucional tiene, además de los prescritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes fines:

VI. ...

El Partido promueve la erradicación de toda forma de discriminación por atentar contra la dignidad de las personas y menoscabar sus derechos, así como el pleno ejercicio de sus derechos políticos y electorales. En particular, impulsa la realización, en todos sus procesos, de ajustes razonables y acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad, a fin de que puedan participar en igualdad de circunstancias en las capacitaciones, convocatorias, procesos de participación política y electoral y, en general, la vida interna del partido.

Artículo 37. El Organismo Nacional de Mujeres Priistas tiene los siguientes fines:

VII. Fomentar la participación política, el desarrollo profesional y político de las mujeres e implementar programas de capacitación dirigidos en forma especial a mujeres jóvenes, indígenas, adultas mayores o con discapacidad .

Artículo 67. La asamblea nacional es el órgano supremo del partido y se integra con:

XI. Las delegadas y los delegados electos democráticamente...

En la elección de estas y estos delegados deberá garantizarse la paridad de género y la inclusión de una tercera parte de jóvenes. El partido promoverá la participación de personas con discapacidad, ...

Artículo 72. El Consejo Político Nacional estará integrado por:

XV. Tres representantes de los grupos de militantes con discapacidad y tres representantes de las personas adultas mayores, quienes serán propuestos por las comisiones temáticas correspondientes;

Artículo 86. El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por:

XXII. Una Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad;

Artículo 112. La Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad tendrá las atribuciones siguientes:

1. proponer a los gobiernos federal, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México las medidas necesarias para exigir a las autoridades el cumplimiento cabal de la ley en materia de inclusión a las personas con discapacidad y su reglamento, así como la definición oportuna y el debido cumplimiento de los términos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

II. ...

III. Proponer a través de los gobiernos federal, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la reforma integral de las políticas públicas que garanticen su derecho a la salud, rehabilitación, seguridad social, educación, trabajo, vivienda, accesibilidad, comunicaciones, transporte, deporte, arte, cultura y desarrollo social de las personas con discapacidad;

IV. Proponer a los gobiernos federal, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la aplicación de políticas públicas para mejorar o, en su caso, acondicionar la infraestructura básica necesaria para la adaptación, desplazamiento, desarrollo e integración de las personas con discapacidad;

V. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

XI. ...

XII. Apoyar las gestiones sociales de las y los militantes, simpatizantes o representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, ante las autoridades competentes, sobre todo de aquéllas que tengan que ver con sus derechos humanos, sociales y políticos;

XIII. ...

XIV. ...

XV. Promover la armonización de leyes y reglamentos en los órdenes federal, de entidad federativa, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con respecto de las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos;

XVI. Promover y coadyuvar en el goce y ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas con discapacidad, para ejercer su derecho al voto y referéndum público, a presentarse como candidatas y candidatos a dichos puestos, ejercer cargos e incluso desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno;

XVII. ...

XVIII. Promover la creación de las secretarías de atención a personas con discapacidad en los comités directivos de entidad federativa del partido; y

XIX. Las demás que le confiera la persona titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 121. La asamblea de entidad federativa es el órgano deliberativo, rector y representativo del partido en el ámbito de cada una de las partes integrantes de la federación. Se integra por:

...

En la elección de estas y estos delegados deberá garantizarse la paridad de género y la inclusión de una tercera parte de jóvenes. El partido promoverá la participación de personas con discapacidad , personas adultas mayores y migrantes.

Artículo 137. Los comités directivos de entidad federativa estarán integrados por:

XI. Una Secretaría se Atención a Personas con Discapacidad ;

Artículo 140. La asamblea municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México es el órgano deliberativo, rector y representativo del partido en el ámbito de competencia correspondiente. Se integrará con:

...

En la elección de las delegadas y los delegados se observará la paridad de género y la elección de al menos una tercera parte de jóvenes. El partido promoverá la participación de personas con discapacidad , personas adultas mayores, indígenas, afrodescendientes y migrantes.

Artículo 185. Las listas nacional y regionales de candidaturas a cargos de elección popular, que por el principio de representación proporcional el partido presente para su registro en las elecciones federales, en ningún caso incluirán una proporción mayor de 50 por ciento de militantes de un mismo género. Cada fórmula de las listas se integrará por personas del mismo género. La paridad de género se aplicará también para las listas de candidaturas a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional en el caso de procesos electorales de las entidades federativas. En ambos casos, se considerarán las propuestas que hagan los sectores y las organizaciones nacionales del partido.

El partido promoverá la inclusión de militantes que representen ..., personas con discapacidad , indígenas, afrodescendientes y personas adultas mayores.

Artículo 193. En los procesos federales y de las entidades federativas de órganos legislativos y en la integración de las planillas para regidurías y sindicaturas, así como para concejalías en las alcaldías de la Ciudad de México, el partido promoverá que se postulen a militantes que representen a sectores específicos de la sociedad y a las causas sociales, tales como: personas adultas mayores, personas con discapacidad , indígenas, afrodescendientes y grupos en situación de vulnerabilidad.

Estatutariamente, la participación política de los militantes con discapacidad se encuentra garantizada. Lo está en sus órganos de gobierno como lo son la Asamblea Nacional, el Consejo Político, el Comité Ejecutivo Nacional.

Lo está en la posibilidad de participar, en igualdad de condiciones como candidatos a cargos de elección popular de los tres órdenes de gobierno.

Lo ideal para las personas con discapacidad sería que lo que el PRI propone sería la regla general y no la excepción.

Hoy los partidos tienen diferentes niveles para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en sus estatutos.

Estatutos con disposiciones en materia de discapacidad

Número de artículos en los estatutos de los partidos políticos en materia de discapacidad

Aspectos estatutarios

Necesario resulta que, en esta conmemoración el Estado mexicano se comprometa a:

1. Atender puntualmente las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

2. Acordar una agenda legislativa mínima que armonice la convención con nuestro marco legal;

3. Acompañar los programas del recurso financiero suficiente para que se cumplan las metas en los tres ámbitos de gobierno;

4. Diseñar e implementar mecanismos de consulta con las personas con discapacidad y sus organizaciones en los tres poderes de la unión;

5. Generar condiciones para que las personas con discapacidad puedan votar y ser votadas para cargos de elección popular en el próximo proceso electoral.

El grupo parlamentario del PRI manifiesta su disposición por cumplir estas cinco medidas afirmativas en beneficio de 7 millones de personas con discapacidad y sus familias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)

Con motivo del 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La lucha contra el virus del sida ha cobrado cerca de 36 millones de vidas a escala mundial desde 1981, poniéndola como una de las mayores epidemias mortales que ha tenido la humanidad.

Por eso en 1988, en el marco de la cumbre mundial de las secretarias de salud, surgió la idea de dedicar un día mundial a esta pandemia. Ahí se decidió que fuera cada 1 de diciembre, ya que en un día como éste, pero de 1981, hizo su aparición en la escena mundial el primer caso de sida.

Para 1991, la asociación Aids Artist en Nueva York que creó el lazo rojo que a lo largo de los años es y seguirá siendo el símbolo internacional para tener conciencia sobre el VIH/sida. Este lazo se erigió como la insignia de este padecimiento, millones de personas lo llevan consigo como muestra de solidaridad con las personas enfermas y fallecidas.

Naciones Unidas, en su programa mundial respecto al VIH/sida, incorporó el lazo rojo como el logotipo oficial de la lucha contra el sida. Esto fue en 1996.1

¿Qué es el sida ?

Es una enfermedad que se desarrolla porque el sistema inmune (defensa del organismo), de las personas se comienza a debilitarse en forma progresiva, provocado por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Las causas más comunes para que el VIH se contagie son éstas:

Contacto sexual, transfusión sanguínea, compartir la misma aguja, incluso una mujer embarazada y contagiada de VIH/sida puede infectar al feto, incluso la madre que está en la etapa de lactancia puede llegar a contagiar al bebe por medio de la leche. Ha quedado confirmado que las únicas vías de contagio del VIH/sida son el semen, la sangre el flujo vaginal y la leche materna.2

Son varias las creencias de que si alguien que posee el virus del VIH/sida la saluda o abraza, tiene muchas posibilidades de quedar contagiada del virus, y eso es un mito que desafortunadamente no se ha podido erradicar en su totalidad.

Síntomas del VIH/sida

La mayoría de las personas no tienen la costumbre de realizarse estudios clínicos, por lo que suelen ignorar si tiene el virus del VIH/sida, pasando años para que este virus se manifieste en su organismo. Generalmente los individuos que están contagiados del virus, son personas que habitualmente se muestran en perfecto estado de salud, durante un largo periodo de tiempo, y estamos hablando de que ese periodo puede llegar a 10 años o más hasta que el VIH comienza a manifestarse.

Los síntomas más comunes del VIH/sida son éstos:

Aftas (revestimiento espeso y blanco en la lengua o la boca).

Dolor de garganta.

Cansancio, mareos, aturdimientos.

Dolor de cabeza.

Considerable pérdida de peso.

Hematomas frecuentes.

Diarrea, fiebre o sudores nocturnos en un largo periodo.

Enfermedad pélvica inflamatoria crónica.

Glándulas inflamadas o duras en la garganta, ingle o axilas.

Tos seca o profunda.

Falta de aire.

Sangrado de nariz, boca, ano o vagina.

Erupciones en la piel.3

El informe que proporcionó y presentó en París el 20 de julio de 2017 el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) indica que alrededor del mundo hay 36.7 millones de infectados con el VIH/sida, que los casos de contagio se han reducido prácticamente en 50 por ciento desde 2005, cuando perecieron 1.9 millones contra el millón de muertes de 2016.

Otro dato que da Onusida es el relacionado con pacientes que en 2016 pudieron recibir el tratamiento antirretroviral, siendo más de la mitad de los seropositivos los que lograron tener acceso a estos medicamentos.

Entre los objetivos de Onusida está seguir disminuyendo los casos de contagio de VIH/sida y lograr que para 2020 haya 30 millones de personas con tratamiento antirretroviral.4

Desde 2011, las infecciones por VIH/sida se han estancado, con sólo 11 mil nuevos casos por año en el mundo, de los cuales 41 por ciento recae en los jóvenes de entre 20 y 29 años y 5 en adolescentes de entre 10 y 19 años.

En el país, las cifras en 2016 nos ofrecen un panorama alentador, ya que, los nuevos casos de VIH/sida disminuyeron considerablemente con un porcentaje de 64.5 comparado con 1991, cuando se alcanzó la máxima cifra.

De 1991 a 2016 se ha informado que el total de los portadores de VIH y sida es de 250 mil 761. De éstos, 54 por ciento, que equivale a 135 mil 515, aún vive. El informe también manifiesta que en México son cinco entidades tienen la mayor tasa de incidencia en infección de VIH y sida: Ciudad de México, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Baja California.5

Por eso se recomienda efectuar la prueba del VIH periódicamente para descartar cualquier contagio, sobre todo si la práctica del sexo es sin protección o suelen compartir agujas.

Notas

1 Universidad de Guadalajara, 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, 8 de abril de 2012.
http://www.udg.mx/es/efemerides/1-de-diciembre-dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-sida

2 MedlinePlus, VIH/Sida
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000594.htm

3 Plannedparenthood, ¿Cuáles son los síntomas del VIH/SIDA ? 2017.
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/
enfermedades-de-transmision-sexual-ets/vih-sida/cuales-son-los-sintomas-del-vihsida

4 El Comercio, “La mortalidad por el sida se redujo a la mitad desde 2005”
http://www.elcomercio.com/tendencias/mortalidad-sida-reduccion-informe-onu.html

5 Mexicampo, Estadísticas del VIH en México, 2017.
https://www.mexicampo.com.mx/estadisticas-del-vih-en-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Aproximadamente 15 por ciento de la población mundial, o mil millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad. El objetivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es fomentar la integración en la sociedad y así promover que tengan las mismas oportunidades de poder desarrollarse en cualquier ámbito.

El origen de este día se remonta a cuando culmina el decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (1983-1992), teniendo como propósito cumplir con el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara el 3 de diciembre de 1982.1

Mediante la resolución 47/3 las Naciones Unidas proclamaron el Día Internacional de los Impedidos, para posteriormente en la Asamblea General del 18 de diciembre de 2007 con la resolución 62/127 pasara a llamarse Día Internacional de las Personas con Discapacidad.2

La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. Este término es usado para referirnos a todas aquellas personas que tienen una deficiencia física o mental, que les complica realizar actividades en su casa, en la escuela o en el trabajo, así como poder vestirse, bañarse, escribir y escuchar, etcétera.

Siendo la minoría más grande del mundo, las personas con discapacidad suelen tener muchas dificultades para obtener alguna oportunidad en los diferentes ámbitos de desarrollo, por ejemplo, para poder tener acceso a la educación se les complica ya que en muchas escuelas todavía existe la discriminación hacia estas personas.

Otro espacio en el que también les es complicado ingresar es en el ámbito laboral, porque se tiene la injusta idea de que estos individuos no tiene la capacidad para poder desarrollar las tareas que se les vaya a encomendar. Una idea que desafortunadamente sigue prevaleciendo en muchos sectores de la sociedad, de la administración pública, así como de la iniciativa privada.

Se dijo que hay mil millones de personas que tienen una discapacidad. Nuestra obligación como sociedad es quitar todos los obstáculos que hacen que se les dificulte a estas personas poder incursionar y participar en el desarrollo de nuestro país.

Entre nosotros hay más de mil millones de personas que viven con discapacidades. Debemos eliminar todas las barreras que dificultan la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, lo que supone, entre otras cosas, modificar las actitudes que fomentan la discriminación.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su informe del año 2014 señala que la discapacidad en México era de 6 por ciento, de las cuales se reporta que el caminar y ver son las más comunes.

También revela que las enfermedades son la primera causa de alguna discapacidad (41.3 por ciento), seguida de la edad (33.1 por ciento), Otro dato que dio fue que 23.1 por ciento de adolescentes de 15 o más con algún tipo de discapacidad, no tienen educación escolar. Dentro de ese reporte el Inegi informa que del total de la población con discapacidad, 83.3 por ciento goza de algún servicio de salud. Por último, comentó que las personas con problemas visuales son las que más acuden a la escuela (42.4 por ciento), estas personas tienen entre 3 y 29 años3

Hagamos conciencia de que quizá en un futuro nosotros seamos esas personas que tengan una dificultad física o intelectual. Por eso ayudemos a nuestro prójimo que hoy nos necesita.

Notas

1 Intef, 3 de diciembre. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. http://www.ite.educacion.es/fr/inicio/noticias-de-interes/732-3-de-dici embre-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad

2 Enable, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 2008. http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=552

3 Gob.mx, Cifras sobre las Personas con Discapacidad en México, 2015. https://www.gob.mx/gobmx/articulos/cifras-sobre-las-personas-con-discap acidad-en-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 5 de diciembre de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)