Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a abrir una nueva caseta entrada-salida en la autopista federal Chamapa-Lechería, en el entronque con el bulevar Ignacio Zaragoza, colonias Loma de Torres y Hogares, con vías primarias a la Ciudad de México, suscrita por los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz y Maricela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Nuestro país ha crecido de gran manera en las últimas décadas, pues, de acuerdo con los últimos datos registrados, cerró 2015 con una población de 119,530,754 personas. Del total de población, el mayor número de habitantes se encuentra en el estado de México, que cuenta con 16,187,608 habitantes.1

En la última década, se calcula que México tuvo un incremento poblacional del 20% entre 2000 y 2012.2 Esta tendencia se mantiene en relación con el porcentaje de la población que reside en las ciudades, en comparación con el área rural, la cual es cercana al 78%. Con ello, los servicios requeridos para brindar la atención necesaria a este segmento de la población, representan una cifra elevada si consideramos la cantidad de habitantes en el estado de México.

Los habitantes del estado de México que usan el transporte público para venir diariamente a la capital del país utilizan en promedio cuatro medios de transporte diferentes para llegar a su destino.3

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y la asociación civil El Poder del Consumidor alertaron desde 2014 que las complicaciones derivadas del elevado costo del transporte público en la zona metropolitana del Valle de México, entre otros factores, estaría favoreciendo el uso del transporte en vehículo particular a la Ciudad de México, pues, en la encuesta que realizaron, el 77% de los encuestados afirmó no contar con automóvil propio y, sin embargo, el 41 por ciento de éstos afirmó que de tenerlo, éste sería su principal medio de transporte para ir hacia la Ciudad de México.

Y es que el transporte es una de las principales necesidades existentes en la sociedad pues los habitantes requieren movilizarse a sus lugares de estudio o trabajo, y viceversa, por lo que, debido en gran parte a la desatención de transporte público en esta zona, así como la inseguridad existente y la falta de garantías debido a la irregularidad de vehículos destinados al transporte público, una gran cantidad de habitantes ha optado por transportarse en auto particular, organizándose con compañeros de trabajo para evitar la contaminación innecesaria de autos con un solo pasajero.

De manera general se sabe que entre 2000 y 2014 la tasa de motorización pasó de 169 a 341 vehículos por cada mil habitantes.4 Particularmente, en el estado de México paso de 97 a 371 vehículos registrados5 entre 2000 y 2015.

De los más de 38 millones de vehículos automotores registrados en el país en 2015,6 el estado de México es la entidad con mayor volumen vehicular, al alcanzar 5.1 millones de unidades.

Una de las cuestiones por las que se prefiere, cuando es posible, el uso de automóvil particular es el tiempo de traslado. De acuerdo con la encuesta realizada en el estado de México por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y la asociación civil El Poder del Consumidor de 2014, “el 43 por ciento de los consultados que utilizan su automóvil invierten entre 31 minutos y una hora, mientras que 49 por ciento de quienes viajan al DF en transporte público tardan entre una y dos horas.” Esto se puede agravar pues existe un 20 por ciento de pasajeros que reporta tardar entre dos y tres horas en el transporte público, extremándose hasta más de tres horas (8%).7 Ello aparte de las grandes pérdidas en tiempo que implica, supone un problema grave de productividad en las labores diarias de los ciudadanos.

En este contexto, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza son municipios del Estado de México que forman parte. a su vez, de la zona metropolitana del Valle de México; una de las vías de comunicación más efectivas de esta región es la autopista Chamapa-Lechería. No obstante, de acuerdo con los datos del gobierno del estado de México, el municipio de Nicolás Romero cuenta con más de 50 puntos de conflicto vehicular que generan tráfico y embotellamiento, situación que agrava en las rutas de entrada y salida hacia municipios colindantes.

Aquí, los tiempos de viaje promedio se pueden incrementar de forma significativa al desglosar las rutas de la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) por región, donde podemos encontrar tiempos de traslados de hasta 180 minutos en trayectos menores a los 16 km, por motivos de congestión vehicular.

Particularmente, en el entronque con el bulevard Ignacio Zaragoza, en las colonias Loma de Torres y Hogares, con vías primarias a la Ciudad de México, siendo este un punto estratégico que conecta los municipios de Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza con vías primarias a la Ciudad de México.

Por lo anterior, se requiere contar con una nueva entrada-salida a la autopista Chamapa-Lechería en el tramo que cruza el bulevard Ignacio Zaragoza, con el fin de disminuir hasta un 50% el intenso tráfico que se vive diariamente , beneficiando así a los habitantes de los municipios de Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza.

Esta solicitud surge de la necesidad de resolver en el corto plazo la problemática generada. Conscientes de que ésta no es la solución definitiva, se busca brindar atención a las demandas actuales de la sociedad, y se hace la solicitud también de buscar alternativas que contemplen la mejora de las condiciones de los sistemas de transporte público masivo actuales.

Por lo expuesto en las líneas anteriores, se pone a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la apertura de una nueva caseta de entrada y salida de la autopista federal Chamapa-Lechería en el entronque con el bulevard Ignacio Zaragoza en las colonias Loma de Torres y Hogares con vías primarias a la Ciudad de México, con la finalidad de eficientar el flujo de automóviles y aligerar el tráfico existente en la zona.

Notas

1 Encuesta Intercensal. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

2 Inegi, 2014

3 El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), 2014.

4 Índice de motorización. INEGI, 2015

5 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb137&s=e st&c=21690

6 Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados en Circulación (VMRC) 2014

7 http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/casi-la-mitad-de-los-mexiquense s-trabajan-en-el-df-usan-medios-de-transporte-al-dia.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputados: Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a agilizar la entrega de recursos etiquetados a estados y municipios en el PEF de 2017, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ricardo del Rivero Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante los inminentes retos a los que se enfrenta el país en materia económica, es fundamental que el gobierno federal direccione y aplique de manera efectiva los recursos existentes, no se puede paralizar o pausar el avance de la obra pública en los estados tal cual se ha venido dando, por la lánguida entrega de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la ejecución destinada a construcción, rehabilitación, remodelación de infraestructura focalizada a mejorar la economía, educación, salud y seguridad de los mexicanos.

El Partido Acción Nacional, ha señalado en reiteradas ocasiones que el gobierno debe corregir, marcar prioridades y enfocarse en atender las necesidades más urgentes del país, ciertamente “se debe garantizar que las escuelas públicas funcionen con normalidad y ofrezcan educación de calidad para los niños; que las clínicas y hospitales cuenten con los médicos y las medicinas necesarias; que se invierta en infraestructura para detonar crecimiento y empleos”.1

Es en ese sentido, que resulta preocupante que el proceso de entrega de ministraciones para los estados y municipios correspondiente a la ejecución de infraestructura asignada en diferentes Anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se demoren o fluyan de manera parsimoniosa, entendiendo que para muchas autoridades locales, es la única posibilidad de llevar obra a sus municipios.

Somos conscientes de los términos y disposiciones establecidas en los distintos Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, no obstante, las Unidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecidas para la recepción y evaluación de los proyectos, demoran no sólo el proceso de entrega de fichas o proyectos, sino que retardan la propia programación para la emisión de los respectivos recursos.

Particularmente, nos alerta el caso del estado de Durango, en donde el titular de la Secretaría de Finanzas, informó en días pasados que aún no comienzan a aterrizarse los recursos administrados por el Gobierno Federal que se asignaron a la entidad en gran medida porque se está justamente en la etapa de los convenios, situación que retrasa particularmente las acciones destinadas para incidir de manera positiva en la vida de los duranguenses.

Se ha convertido en una constante que las respectivas demoras, retrasen de manera importante la programación, lo que ha suscitado que municipios se enfrenten a las respectivas vigencias establecidas, influyendo para que aquellos recursos no se ejecuten tal cual se fijó en el Presupuesto de Egresos.

Es importante puntualizar que las acciones conjuntas dirigidas a ampliar la infraestructura municipal buscan beneficiar a la población tanto en zonas urbanas como de zonas rurales, permitiendo con ello un mayor desarrollo en el ámbito social y económico, por lo que su estancamiento no abona para lograr el cabal cumplimiento del objetivo.

Nos alerta de sobremanera que el retraso y la dinámica prevaleciente al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, influyan negativamente para la consolidación de proyectos estratégicos, es por ello, que en el Partido Acción Nacional, encontramos apremiante que se agilicen los procesos de recepción de proyectos y entrega de recursos para su realización con el objetivo de coadyuvar con los estados y municipios para una responsable ejecución en obras y el fortalecimiento de servicios de calidad.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en marco de sus competencias, agilice la entrega de recursos de los proyectos etiquetados a estados y municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, para que sean destinados en tiempo y forma a la generación de infraestructura urbana y social, como lo establece la norma vigente.

Nota

1 “El gobierno federal debe dejar de gastar ineficazmente: Marko Cortés”. Cuadratín [en línea]. [Fecha de consulta 13 de marzo de 2017]. https://www.quadratin.com.mx/politica/gobierno-federal-debe-dejar-gasta r-ineficazmente-marko-cortes/

Palacio Legislativo, a 20 de abril de 2017

Diputado Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la colegisladora y el Ejecutivo federal a definir por la SRE y la STPS las acciones conducentes a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, “sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos”, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción II; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas del mundo.1

Tomando como referencia el libro El trabajo doméstico: la gran deuda social se puede decir que el trabajo doméstico, como actividad laboral, ha existido en nuestro país desde la época colonial, durante la cual esclavos de origen africano e indígenas eran forzados a realizar servicios para los colonizadores, como sirvientes personales, ya que cocinaban, lavaban, cosían, criaban niños, limpiaban y atendían las necesidades personales de sus amos.2

Para el siglo XIX, “la mayoría de los sirvientes trabajaban por casa y comida, o con un pago mínimo. [...] la mayoría de los sirvientes (73 por ciento) eran indígenas o de casta. De todos los sirvientes, 75 por ciento lo formaban mujeres, y había discriminación sexual en el salario; por ejemplo, mientras un cocinero ganaba setenta y cinco pesos, una cocinera sólo quince pesos; si a un galopín3 se pagaban trece pesos, una galopina sólo recibía ocho pesos”.4

Un rasgo permanente en la historia del trabajo doméstico ha sido el de su permanente feminización. De acuerdo con algunas estimaciones, “en 1910, casi la mitad de las trabajadoras del Distrito Federal se concentraba en esta ocupación {trabajo doméstico}. En 1930, esa cifra se redujo a 42.6 por ciento y se mantuvo más o menos constante hasta la década de los cuarenta, cuando se empezó a incrementar la demanda de mano de obra femenina en otros sectores de la economía.

Para 1970, igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, las trabajadoras del hogar eran la cuarta parte de la población económicamente activa femenina.

Durante las dos décadas subsecuentes disminuyó la importancia relativa del servicio doméstico frente a otras ocupaciones para las mujeres, sobre todo las de oficinista y dependiente en comercios”.5

En síntesis: discriminación, precarización y feminización, son elementos que han caracterizado al trabajo doméstico a lo largo del tiempo. Así también, la organización y la lucha por la búsqueda de mejores condiciones laborales en general, y en lo que respecta al trabajo doméstico en particular, se han ido desarrollando a lo largo del tiempo.

2. Un espacio que ha contribuido a visibilizar e impulsar los más altos estándares internacionales en materia de trabajo ha sido la Organización Internacional del Trabajo. En lo que respecta al trabajo doméstico, la OIT desde 1936, ha promovido una serie de instrumentos para dotar de un marco de respeto de los derechos de dichos trabajadores.

En 2011, durante la 100 Conferencia Internacional del Trabajo, finalmente se adoptaron el Convenio 189 y la recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. En estos instrumentos no sólo se reconocen las condiciones específicas en que se efectúa el trabajo doméstico, sino también la importancia y la urgencia de garantizar condiciones de trabajo decentes para las trabajadoras y los trabajadores domésticos en todo el mundo.6

En la siguiente imagen, tomada de la página oficial de la Organización Internacional del Trabajo, identificamos a los Estados que a la fecha han ratificado dicho instrumento internacional:

Como apreciamos, México se encuentra entre los países que no han ratificado dicho convenio.7

3. La Organización Internacional del Trabajo define trabajo doméstico como el “realizado en un hogar u hogares o para los mismos”.8 Asimismo, señala que por trabajador doméstico se entiende “a toda persona, de género femenino o género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo”.9 Excluyendo de esta categoría a la persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional.10

4. Según algunas estimaciones, en el mundo, en 2013, 67 millones de personas eran trabajadores domésticos, entre los cuales existía una proporción mujer/hombre promedio de 83/17.

En el siguiente cuadro, tomado del libro El trabajo doméstico: la gran deuda social, observamos a la población ocupada en trabajo doméstico en el mundo, por región y género:11

5. El trabajo doméstico remunerado en México en la actualidad

El trabajo doméstico remunerado es una actividad laboral que empleaba, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre de 2016 a 2.28 millones de personas, esto es, 4.3 por ciento de la población económicamente activa en México, cuyo total es de 53.5 millones de personas.12

6. Autoridades formal y materialmente facultadas

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos vigente establece en el artículo 89, fracción X, que corresponde al Ejecutivo

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.13

En el artículo 76, fracción I, se establece que son facultades exclusivas del Senado

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) vigente establece en el artículo 28, fracción I, que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores

I. Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la administración pública federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte.

La LOAPF señala en el artículo 40 las actividades que corresponde desarrollar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre las que destaca

I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos.

7. El trabajo doméstico representa una actividad que, a lo largo de la historia y hasta nuestros días, se ha caracterizado por ser un trabajo con malas o nulas condiciones laborales, con bajos salarios, con un endeble marco de protección y que ha sido y es desarrollado fundamentalmente por mujeres.

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las trabajadoras y trabajadores domésticos.

Ratificar el Convenio 189 de la OIT implicará dotar de un estándar para la protección de derechos a más de 2 millones de personas que son trabajadores domésticos en el país. 14

Entre los derechos que considera dicho instrumento se encuentran el de libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.

Además, obligará al Estado mexicano a emprender acciones para el cumplimiento de dichos derechos.

De acuerdo con la CPEUM, corresponde al Ejecutivo celebrar tratados internacionales; y a la Cámara de Senadores, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba.

Además, de acuerdo con la LOAPF vigente, corresponde a la SRE, entre otras cosas, “conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte”.

Y la misma LOAPF establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la tarea de, entre otras cosas, vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas a las relaciones individuales y colectivas del trabajo.

Por lo fundado y motivado, ante esta soberanía solicito que sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Senado de la República y al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y demás instancias de la administración pública federal competentes en el tema, en el marco de sus respectivas atribuciones

a) Hagan pública la información respecto cuáles son los motivos por los que se ha retrasado la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, “sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos”; y

b) Definan y hagan del conocimiento público, las acciones puntuales que llevan a cabo para la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, “sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos”.

Notas

1 Ignacio Rubí Salazar (coordinador). El trabajo doméstico: la gran deuda social, México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social-Gobierno de la República, 2016.

2 Goldsmith, Mary. “De sirvientas a trabajadoras. La cara cambiante del servicio doméstico en la Ciudad de México”, en revista Debate Feminista, PUEG, año 9, volumen 17, abril, México, 1998. Citado en Ignacio Rubí Salazar (coordinador). El trabajo doméstico: la gran deuda social, México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social-Gobierno de la República, 2016.

3 Muchacho mal vestido, sucio y desharrapado, por abandono.

4 Goldsmith, Mary. “De sirvientas a trabajadoras. La cara cambiante del servicio doméstico en la Ciudad de México”, en revista Debate Feminista, PUEG, año 9, volumen 17, abril, México, 1998. Citado en Ignacio Rubí Salazar (coordinador). El trabajo doméstico: la gran deuda social, México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social-Gobierno de la República, 2016.

5 Goldsmith, Mary. “De sirvientas a trabajadoras. La cara cambiante del servicio doméstico en la Ciudad de México”, en revista Debate Feminista, PUEG, año 9, volumen 17, abril, México, 1998. Citado en Ignacio Rubí Salazar (coordinador). El trabajo doméstico: la gran deuda social, México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social-Gobierno de la República, 2016.

6 Organización Internacional del Trabajo, resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 100 reunión, OIT, Ginebra, 2011, página 1. Consultado el 17 de julio de 2016. Citado en Ignacio Rubí Salazar (coordinador). El trabajo doméstico: la gran deuda social, México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social-Gobierno de la República, 2016.

7 La Constitución de la OIT considera que en caso de adopción de un convenio por la OIT, se continuará el siguiente procedimiento:

5. En el caso de un convenio:

(a) el convenio se comunicará a todos los miembros para su ratificación;

(b) cada uno de los miembros se obliga a someter el convenio, en el término de un año a partir de la clausura de la reunión de la conferencia (o, cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la reunión de la conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas;

(c) los miembros informarán al director general de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter el convenio a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole, al mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y a las medidas por ellas adoptadas;

(d) si el miembro obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, comunicará la ratificación formal del convenio al director general y adoptará las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio;

(e) si el miembro no obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, no recaerá sobre dicho miembro ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en el convenio, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos , o de otro modo, e indicando las dificultades que impiden o retrasan la ratificación de dicho convenio”.

8 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_IN STRUMENT_ID:2551460

9 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_IN STRUMENT_ID:2551460 Cuando las actividades se realizan en el marco de una relación de trabajo, obviamente estamos en presencia de una actividad remunerada. Cuando las actividades no se realizan en el marco de una relación de trabajo, estamos en presencia de lo que se conoce como “trabajo doméstico no remunerado”.

10 Ibídem.

11 Ignacio Rubí Salazar. Obra citada.

12 Ignacio Rubí Salazar. Obra citada.

13 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

14 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/
articulosdh/documentos/2016-12/GENERO%20Y%20JUSTICIA.%20TRABAJADORAS%20DEL%20HOGAR.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la aeronave que sobrevoló la Feria del Caballo, en Texcoco, México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los diputados que suscriben, Sandra Luz Falcón Venegas, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Magdalena Moreno Vega, Jesús Serrano Lora y Concepción Villa González, todos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

• El gobierno municipal de Texcoco, a través de un comunicado de fecha 1 de abril del año en curso, exigió a los gobiernos Federal y Estatal investigar la procedencia y propiedad del helicóptero que el lunes 10 de abril sobrevoló la Feria del Caballo, desde el cual se arrojaron miles de volantes con mensajes de presuntos grupos delictivos.

• El helicóptero, propiedad de la empresa de Aeronáutica sobre la cuál pesa la acusación sobre los servicios que prestaba al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte y que lanzó miles de volantes en la ciudad de Texcoco, y particularmente en el área que ocupa la Feria de Texcoco.

• El contenido de los narcovolantes fue el siguiente: “Oso, Tito, Beny y toda su banda. Ya pasaron la raya, no más extorsiones y secuestros de los suyos. ¡¡¡Ya muy chingones!!! Se Acabó. Y contentos con su fiesta del pueblo para robar más a la gente. Andamos despiertos. Atte. La Familia Unida”.

• Para agilizar las indagatorias, el presidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez Miranda giró instrucciones al Director de Seguridad Pública para entregar a las autoridades federales las grabaciones donde se identifican plenamente las siglas y colores que portaba la aeronave.

• “Se informó inmediatamente al secretario general de gobierno sobre dicho suceso para que con los recursos que cuenta el estado y la federación localizaran la procedencia, manejo y propiedad del helicóptero, pero hasta la fecha no se ha tenido respuesta.

• “Asimismo, el director de Seguridad Pública del Municipio solicitó el apoyo de la Policía Federal y de la Unidad de Análisis Tacto-Operativa en Toluca para poder identificar la aeronave, sin obtener hasta el momento respuesta de dichas autoridades”.

• De acuerdo al análisis que la Dirección General de Texcoco, con las fotografías y videos que se tomaron del helicóptero, “es perfectamente identificable, si el gobierno federal interviene de manera inmediata”.

• Al respecto, el Gobierno municipal lamentó que en pleno proceso electoral para gobernador del estado de México, se realice la distribución de propaganda que busca generar un clima de incertidumbre e inseguridad a la población texcocana, con el objetivo doloso de desincentivar la participación ciudadana en la jornada electoral.

• Para el Grupo Parlamentario de Morena este hecho representa un atentado político que está vinculado con el proceso electoral que está viviendo el Estado de México, que tiene objetivos claros y reprobables, si la autoridad competente no toma cartas en el asunto y sanciona ejemplarmente a los responsables.

• Asimismo en el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, condenamos este suceso y exigimos a las autoridades estatales y federales, intervengan de manera inmediata para aclarar este hecho delictivo ya que atenta en contra de la candidata de morena al gobierno del estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, haga públicas las indagatorias sobre los incidentes provocados por la aeronave que sobrevoló la feria del caballo, en el municipio Texco co, estado de México, el día lunes 10 de abril del año en curso.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, para que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade ), se investiguen los posibles actos constitutivos de delitos electorales y otros delitos, se finquen las responsabilidades y se impongan las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables de los hechos relacionados en este punto de acuerdo.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del Estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, haga público el estado que guardan las investigaciones del hecho descrito en este punto de acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputado: Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Magdalena Moreno Vega (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Conafor a realizar acciones para la conservación, reforestación y restauración del cerro Tepopote, en Zapopan, Jalisco, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

1. El pasado 2 de abril se registró en el cerro El Tepopote, en el municipio de Zapopan, Jalisco, un incendio que afectó aproximadamente un polígono aproximado de mil hectáreas, de las cuales 600 de ellas corresponden a zona forestal de encino y matorrales, de las cuales sólo el 10 % era arbolado adulto.

Las consecuencias de la pérdida de biodiversidad causada por los incendios forestales es sabida, sin embargo, lo que más asusta es que 9 de cada 10 incendios son provocados, algunas veces de forma dolosa y en otras ocasiones por negligencia del ser humano, siendo ambos casos, injustificables y reprobables.

2. En este sentido, como representante de los ciudadanos de Zapopan en el parlamento, me sumo a la voz del gobierno municipal y de diversas organizaciones civiles y académicas para que en coordinación con el gobierno federal se logre una verdadera protección jurídica a largo plazo al cerro del Tepopote. Basta que la corrupción en los gobiernos locales pasados y en los tomadores de decisiones ponga en riesgo el crecimiento ordenado y el patrimonio ambiental de los ciudadanos:

3. Para entender la importancia de la biodiversidad y el papel fundamental del ecosistema natural del cerro del Tepopote en el equilibrio ecológico, me permito citar el siguiente análisis.

“El cerro es el eslabón para conectar los ecosistemas del río Santiago con el bosque de La Primavera. Si el cerro desaparece, provocaría un impacto en el desarrollo de especies en ambos entornos. Además, la flora del cerro del Tepopote se compone de 76 familias, 214 géneros y 370 especies. Incluso hay mayor diversidad comparado a La Primavera y el río Santiago. Se trata de un corredor natural que culmina en la barranca del río Santiago, que fue cortado “de tajo” cuando se construyó la carretera a Nogales. Gracias a este corredor el viento proveniente de fuera de la metrópoli es canalizado, lo que ayuda a disminuir los efectos de la contaminación de industrias de la ciudad. En este incendio el cerro perdió más de 90% de su superficie. Para que se reponga el arbolado que se perdió en la zona podría pasar un periodo de entre 15 y 20 años. La zona cercana al cerro del Tepopote no es apta para la construcción de vivienda debido a la estructura del suelo, que en su mayoría está conformada por jal y podría provocar fisuras y grietas.” 1

En el cerro Tepopote crecen selaginella porphyrospora , campyloneurum phyllitidis y schoenocaulon jaliscense , listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo las categorías: en peligro de extinción, amenazada y bajo protección especial. No quiero dejar de señalar que el cerro del Tepopote también cuenta con un valor arqueológico y ecoturístico.2

4. En el año de 1982, el polígono correspondiente al cerro del Tepopote se declaró como área de conservación, pero el 18 de junio de 2009, en un proceso administrativo opas y discrecional, se autoriza el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano ZPN-9/40 “Cerro El Tepopote” con el que se permite el desarrollo inmobiliario en la zona, al convertir el espacio, de área de conservación a reserva urbana.

5. En el 2012 ocurre un incendio devastador en este polígono, las investigaciones apuntaban a que las inmobiliarias, en su afán de extender la mancha urbana sobre las áreas protegidas, provocaron el incendio para poder construir en el territorio afectado.

El incendio ocurrido el 2 y 3 de abril al parecer también fue provocado. En el lugar de los hechos se encontraron dos llantas rellenas de estopa con gasolina, técnica utilizada por la voracidad de las inmobiliarias para forzar el cambio de uso de suelo y para explorar el paso de los ductos de gasolina de Pemex y extraerla clandestinamente los ductos de Pemex.

Aunque el peritaje aún se encuentra en elaboración, las pruebas indican que una vez más, por los intereses de un grupo de delincuentes que lucran con el medio ambiente en detrimento de la salud de todas y todos los mexicanos y en especial, de los ciudadanos de Zapopan, se ha dañado de manera irreversible el ecosistema.

6. Los ecosistemas necesitan ser protegidos por la ley y por las autoridades, por lo que en esta LXIII Legislatura reformó el artículo 177 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para prohibir expresamente que la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales incendiado sin que haya transcurrido veinte años, previa acreditación de la regeneración del ecosistema .

7. Además, en el artículo 22 fracciones XX, XXII y XXIII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, faculta a la Conafor para constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la administración pública federal y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas de prevención y combate de incendios forestales así como participar en la implementación y promoción de programas productivos, de restauración, de conservación y de aprovechamiento sustentable de suelos y sus ecosistemas.

8. Con la finalidad de otorgarle una mayor protección jurídica al cerro del Tepopote para evitar su degradación e impulsar programas de reforestación; y para hacer de Zapopan un municipio con espacios verdes e incluyentes que promuevan un estilo de vida sano en las personas y no permitir la privatización y la mercantilización de las áreas protegidas, solicito el voto de la asamblea a favor de la presente:

Proposición con punto de acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, para que con fundamento en el artículo 177 de la LGDFS, realice las acciones necesarias para que no se otorguen cambios de uso de suelo en el cerro del Tepopote, en Zapopan, Jalisco.

Segundo. Se solicita respetuosamente al ingeniero Jorge Rescala Pérez, director general de la Comisión Nacional Forestal, para que elabore y ejecute en coordinación con las autoridades competentes, un plan para la reforestación y recuperación del área afectada por el incendio forestal del 2 de abril del presente año en el cerro del Tepopote.

Notas

1 Gómez Reyna c. p. El Informador/GSO, “Modificarán planes parciales para proteger a El Tepopote”, 4 de abril de 2017.

2 Viejas excursiones en el cerro El Tepopote y su posible urbanización. 03 de abril de 2017.
https://quercus-robur.blogspot.mx/2014/03/viejas-excursi ones-en-el-cerro-el.html

En el año de 1996, Christopher S. Beekman publicó una investigación donde se menciona, entre otras cosas, sobre la expansión y contracción de Teuchitlán y como se establecieron en el cerro Tepopote para vigilar el paso natural formado entre éste y el bosque La Primavera. Es por eso entonces que Beekman identificó y documentó principalmente lo siguiente:

? El complejo Tepopote Sudoeste formado por dos conjuntos de ruinas.

? El peñol del Tepopote.

También menciona la edificación de torres de madera en el lado del bosque La Primavera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todas las autoridades electorales a generar en los comicios locales y federal de 2017-2018 campañas de difusión relativas a la inclusión de personas con discapacidad, el ejercicio de sus derechos político-electorales y contra su discriminación, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 tiene una gran trascendencia histórica para el Estado mexicano, que perfecciona varios aspectos esenciales de la regulación de los derechos humanos internos, tanto individuales como de carácter social, cultural, político y económico, y que a su vez, contrajo nuevas directrices legislativas como las recientes reformas político-electorales del año 2014, que han establecido un régimen plural político que advierte una consolidación democrática totalmente estrecha y vinculante en la protección de los derechos fundamentales.

Lo anterior, ha forjado un cambio cultural en el que tanto la sociedad como las instituciones de gobierno han perfeccionado varios aspectos esenciales en los que deben actuar y atender conforme al principio de control difuso de convencionalidad ex officio , que por su importancia radica en velar por la protección y cumplimiento de los derechos humanos, atendiendo cabalmente a los tratados internacionales en lo que México sea parte, favoreciendo en todo el tiempo a la persona la protección más amplia.

Es por ello, que el Sistema de Procuración de Justicia Penal en México debe de ser más accesible e incluyente para todas las personas, pero con mayor grado de atención hacia aquellos grupos denominados como vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad. No omito recordar que en nuestro país hay un número de personas que por razones distintas, entre las cuales están su condición de vida y las características de su identidad, son excluidas, negándoles sus derechos, mismos que son sujetos de discriminación rebasando el ámbito de lo individual, con efectos a lo público. Esto se ve reflejado en el ejercicio del estado de derecho, en el que se aparta de la dinámica social, en muchas ocasiones, a las personas con discapacidad, pues las condiciones no son aptas para su inclusión, debida autodeterminación y libre desarrollo.

En este sentido, sus limitaciones no sólo son congénitas sino también perpetúales, por tal virtud todas las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación de esas personas, incluye tanto los aspectos de salud que impiden la interacción entre los individuos, como los factores personales y ambientales que no les permiten la inclusión social a la que tienen derecho, traducidas en actitudes negativas o de discriminación, transporte y edificios no equipados para su adecuada movilidad y, en general, la falta de apoyo social.

En este orden de ideas, resulta importante destacar la información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, de la cual se desprende que en nuestro país había cerca de 120 millones de personas; de ellas 6 por ciento presentaban algún problema de discapacidad y 13.2 por ciento se encontraban en riesgo de experimentar restricciones o limitaciones en sus actividades. En cifras absolutas, el monto de población que sufre de algún tipo de discapacidad alcanzó los 7 millones 184 mil personas, y alrededor de 15 millones 886 mil registraron dificultades leves o moderadas para realizar actividades básicas.

Conforme a lo anterior, México debe cumplir con los compromisos internacionales como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,1 para que los estados parte aseguren que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, así como al ejercicio pleno de sus derechos.

En este tenor, en días recientes la Procuraduría General de la Republica (PGR), a través del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), obtuvo sentencia condenatoria en contra de una persona por la comisión de los delitos electorales previstos y sancionados en el artículo 411 del Código Penal Federal, en sus hipótesis relativas a quien por cualquier medio participe en la alteración de los listados nominales, para dos de los casos; así como en la hipótesis de a quien por cualquier medio participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía, por cuanto a cuatro casos más, y el último, por el diverso supuesto consistente en participar por cualquier medio en la alteración del Registro Federal de Electores, previsto y sancionado en el artículo 13, fracción I, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Es de señalar que el sentenciado participó en la expedición ilícita de cuatro credenciales para votar, en diferentes fechas, del entonces Instituto Federal Electoral. Resulta igualmente destacable señalar que derivado de las investigaciones llevadas a cabo por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fepade, se logró establecer que dos de las víctimas a las que les fue usurpada su identidad viven con discapacidad auditiva, por lo que el sentenciado aprovechándose de su situación de vulnerabilidad obtuvo credenciales de elector con sus identidades, con la finalidad de llevar a cabo operaciones bancarias de manera irregular, puesto que realizó retiros de dinero y tramitó una tarjeta de crédito; además de obtener un crédito en una tienda departamental.

Con el actuar del sentenciado se vulneró el bien jurídico protegido por la norma penal consistente en la certeza y legalidad de los instrumentos electorales sobre los que recayeron las conductas atribuidas a dicha persona, a saber: el listado nominal de electores, la credencial para votar con fotografía y el Registro Federal de Electores.

Atento a ello, esta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales está obligada a cumplir lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional, que obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Ello ha provocado que la actuación ministerial de esta fiscalía especializada deba brindar una atención especial a las personas con discapacidad, reconociéndoles a cada una de ellas su carácter como titulares y sujetos de derechos, así como la facilidad y capacidad de tomar decisiones sobre su vida, y garantizar su derecho a la participación en la vida política sin intimidación. De igual forma, fomentar la cultura de la denuncia cuando su identidad sea vulnerada por la expedición ilícita de una o más credenciales para votar para la comisión de algún delito electoral.

De ahí que resulte necesario que las diferentes autoridades electorales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se aboquen a generar contenidos de comunicación social a difundirse en los espacios con los que, por mandato constitucional y legal, cuentan en la radio y televisión, así como a desplegar campañas de difusión en otros medios (internet, prensa escrita, publicidad exterior, entre otros), a efecto de difundir los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, así como fomentar su pleno ejercicio y disfrute a efecto de que se garantice en todo momento que los ciudadanos en esta condición no sufran discriminación alguna o eventualmente vean limitado el ejercicio de sus derechos político electorales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todas la autoridades electorales, entiéndase al Instituto Nacional Electoral, organismos públicos locales, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y tribunales electorales para que, en los próximos comicios electorales locales y federal 2017-2018, generen campañas de difusión relativas a la inclusión de personas con discapacidad, el ejercicio de sus derechos político-electorales y contra su discriminación.

Nota

1 Aprobado por el Senado de la República el 26 de abril de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2000; ratificado el 25 de enero de 2001, promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001 y en vigor desde el 14 de septiembre de 2001.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a continuar la implantación de las medidas de protección otorgadas al fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación

Los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

1. México se ubica como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y es el quinto a nivel mundial, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

2. Tan sólo entre marzo y abril de 2017 han sido asesinados cuatro periodistas en nuestro país.

3. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

4. Dicho Mecanismo se encarga de implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

5. Adicionalmente esa ley crea el fideicomiso “Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

6. La Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación ha celebrado diversas reuniones con servidores públicos federales y estatales con el fin de dar cumplimiento al objeto por el que fue creada y llevar a cabo un seguimiento puntual de las agresiones a periodistas.

7. En la reunión de la Comisión Especial celebrada el 6 de abril de 2017, nos fue expresada la preocupación de la Secretaría de Gobernación por la falta de recursos financieros para que el Mecanismo de Protección sostenga las Medidas otorgadas durante el ejercicio fiscal de 2017.

8. Nos ha sido informado que actualmente el fideicomiso “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” cuenta con 180 millones de pesos, con lo que se podrían sostener las 509 Medidas hasta agosto de 2017, y son necesarios 80 millones adicionales para concluir el año fiscal.

9. Actualmente el Fondo opera con recursos que se encontraban en el fideicomiso desde el ejercicio fiscal de 2016 ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 no fue asignado recurso alguno para el Fondo.

10. Los integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados consideramos que debe ser una prioridad para el gobierno de la república mantener las Medidas de Protección otorgadas y velar por la seguridad e integridad de los periodistas.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asignar los recursos financieros necesarios al Fideicomiso “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” a fin de continuar con la implementación de las Medidas de Protección otorgadas en el ejercicio fiscal 2017.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en lo subsecuente se contemplen los recursos necesarios al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a reforzar la política, las medidas y el seguimiento a las agresiones, a fin cumplir con sus facultades constitucionales y legales a efecto de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, el ejercicio de la labor periodística, así como la vida, seguridad e integridad de los periodistas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 20 de abril de 2017.

Diputados: Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Exaltación González Ceceña (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Lía Limón García, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Martha Cristina Jiménez Márquez, Alberto Martínez Urincho (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Xicotepec de Juárez, Puebla, a aceptar las recomendaciones números 17/2015 y 22/2015, emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción II; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El 23 de noviembre de 2015, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla suscribió la recomendación número 17/2015,1 dirigida al presidente municipal de Xicotepec de Juárez, pues consideró que se encontraba acreditada la violación del derecho humano a la seguridad jurídica, en la cual se recomendó:

Primera. Ordenar a quien legalmente corresponda realice la devolución de la cantidad de mil cuarenta pesos al señor V1, que indebidamente pagó; remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento.

Segunda. Emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción a los elementos de la Policía Municipal, para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra la seguridad jurídica. Debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.

Tercera. Se brinde a los servidores públicos de Xicotepec de Juárez, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en la presente recomendación se repitan, lo que debe acreditarse ante esta comisión.

Cuarta. Colabore ampliamente con esta comisión en el trámite de la queja que promueva a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones ante la Contraloría Municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, contra AR1, AR2, AR3 y AR4, elementos de la Policía Municipal, quienes participaron en los hechos que dieron origen a la presente recomendación; lo anterior, independientemente de si dichos elementos continúan o no laborando para el ayuntamiento. Lo que deberá comunicar a este organismo.

Quinta. Colabore ampliamente con esta comisión en el trámite de la denuncia que a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones presente ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, contra los servidores públicos de Xicotepec de Juárez, Puebla, que participaron en los hechos que dieron origen a la presente recomendación; acreditando ante este organismo que ha cumplido este punto.

Sexta. Que en virtud de la reforma aprobada del artículo 100, fracción XV, de la Ley Orgánica Municipal de fecha 4 de agosto de 2014, se instruya por escrito al síndico municipal de ayuntamiento de Xicotepec de Juárez, Puebla, para que vigile que en los actos de los servidores públicos municipales protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se constituya en instancia de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; circunstancia que deberá acreditar ante este organismo.

2. El 3 de diciembre de 2015, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla suscribió la recomendación número 22/2015,2 dirigida al presidente municipal de Xicotepec de Juárez, pues consideró que se encontraba acreditada la violación del derecho humano a la integridad y seguridad personal, en la cual se recomendó

Primera. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados al señor V1, incluyendo la atención médica y psicológica que restablezca su salud física y emocional; enviando a esta comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Segunda. Colabore ampliamente con esta comisión en el trámite de la queja que presente a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos ante la Contraloría Municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, contra los elementos de la Policía Municipal que participaron en la detención de V1 y que dio origen a la presente recomendación; debiendo justificar ante esta comisión su cumplimiento.

Tercera. Colabore ampliamente con esta comisión en el trámite de la denuncia que presente a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, contra los elementos de la Policía Municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, que participaron en la 22 detención de V1 y que dio origen a la presente recomendación; acreditando que ha cumplido este punto.

Cuarta. Brinde a los elementos de la Policía Municipal, adscritos a la Comandancia de Xicotepec de Juárez, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la integridad y seguridad personal, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan; debiendo acreditar su cumplimiento.

3. El 31 de marzo de 2017, en mi calidad de integrante de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, se me hizo llegar el oficio número 71/2017/Pl, firmado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a fin de hacer de nuestro conocimiento la negativa del presidente municipal de Xicotepec de Juárez a aceptar las recomendaciones en comento.

4. En el país, todas las autoridades tienen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En este orden de ideas, la Constitución establece en el artículo 102, Apartado B, la existencia de organismos de protección de los derechos humanos, los que conocerán de quejas contra actos u omisiones que violen estos derechos; y señala:

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Por lo fundado y motivado, ante esta soberanía solicito que se aprueben los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, a contribuir para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos en esa localidad, aceptando y cumpliendo las recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos del estado, particularmente las números 17/2015 y 22/2015.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores a hacer efectivo el contenido del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relacionado con el presidente municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, y las recomendaciones números 17/2015 y 22/2015 de la Comisión de Derechos Humanos de ese estado.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a hacer pública la información relativa al proceso de evaluación y certificación de los integrantes de la Policía Municipal de Xicontepec de Juárez, Puebla.

Notas

1 Disponible en http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/15/17-2015.pdf

2 Disponible en http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/15/22-2015.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se condena la violencia política de género que enfrentan las candidatas en las campañas electorales a cargos públicos y se exhorta al INE a investigar y pronunciarse con la mayor brevedad sobre actos de violencia política durante los comicios en el estado de México en el caso de la ciudadana Delfina Gómez, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se condena la violencia política de género que enfrentan las candidatas durante las campañas electorales a cargos públicos y exhorta al Instituto Nacional Electoral a que investigue y se pronuncie a la brevedad sobre actos de violencia política durante el proceso electoral en el Estado de México, en el caso de la ciudadana Delfina Gómez .

Exposición de motivos

La participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público en México es reciente y cada vez va en aumento. La lucha por sus derechos políticos tuvo su primera victoria en 1953, cuando se incorporó en la Constitución el derecho al voto y ser votadas para puestos de elección popular. A partir de ese año, la participación de las mujeres en espacios públicos, tradicionalmente ocupados por hombres, ha aumentado significativamente, aunque de forma lenta. Dicha incorporación en espacios públicos no ha sido fácil y como en otros entornos, las mujeres han enfrentado menoscabo del ejercicio de los derechos político-electorales o del ejercicio de los cargos públicos, así como violencia en sus diferentes tipos.

Se entiende como violencia contra la mujer a cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.1 La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece como tipos de violencia contra las mujeres a la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualquier otra forma análoga que dañe su dignidad, integridad y libertad.

Una de las modalidades de violencia es la violencia política de género, que se comente durante el ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres y personas LGBTTI. Este tipo de violencia comprende todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.2

La violencia política puede ser perpetrada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; por medios de comunicación y sus integrantes. Además, puede cometerla cualquier persona y/o grupo de personas.3

La violencia política contra las mujeres se incrementó en más del 300 por ciento en los últimos tres años, como consecuencia del aumento de mujeres que participan en política. Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, señaló recientemente durante la Segunda Reunión de Autoridades en Apoyo a las Víctimas de Violencia Política de Género, que en el pasado proceso electoral de 2014-2015 se registraron en el país 38 casos de violencia contra mujeres, cifra que creció de forma alarmante en 2016 con 143 casos.4

Ante este panorama, es necesario prevenir la violencia política contra las mujeres que participan en las contiendas electorales de este año, mismas que en cuatro entidades federativas ya arrancaron formalmente. Más alarmante aún es la escasa protección jurídica con la que cuentan las mujeres en este caso, pues recordemos que sólo en seis de los 32 estados se ha tipificado la violencia política: Baja California, Campeche, Coahuila, Jalisco, Veracruz y Oaxaca.

Cabe señalar que no es sólo durante las campañas que las mujeres enfrentan violencia política, pues muchas que ya han sido electas, se ven obligadas a luchar por hacer efectivos sus derechos en contra de presidentes municipales, diputados e incluso en contra de sus propias comunidades.

Los medios de comunicación juegan un papel relevante para replicar, difundir y normalizar la violencia contra las mujeres y con mayor facilidad la violencia política de género, ya que son importantes canales para transmitir información en una sociedad. Sus mensajes pueden alterar o fortalecer el comportamiento social y movilizar a los ciudadanos para adoptar medidas al respecto. Las mujeres que se dedican a la política, se enfrentan a situaciones de violencia de género en los medios de comunicación, por ejemplo: pueden no aparecer mucho en las noticias antes de las elecciones o después de ellas, se presenta a las mujeres como víctimas o celebridades, su forma de vestir y aspecto físico es la nota principal a cubrir, o se desacreditan sus capacidades para estar en un cargo público por el hecho de ser mujer.5

La violencia política de género debe ser comunicada como una problemática que afecta la vida de las mujeres por su condición de género y cuya transformación implica respuestas colectivas, que involucre una transmisión de noticias responsable y evite replicar la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Un claro ejemplo de violencia política contra las mujeres son las críticas, denostaciones, argumentos misóginos y discriminatorios a los que se ha enfrentado la candidata a gobernadora del estado de México, Delfina Gómez. El secretario electoral del PRD Nacional, Octavio Martínez Vargas, en sus redes sociales ha compartido imágenes de burla respecto de la ciudadana Delfina Gómez, las cuales ponen en entredicho sus capacidades, critican su aspecto físico mediante el uso argumentos racistas y clasistas.

De igual forma, el ex presidente Felipe Calderón, actual consejero del PAN, en días pasados se burló del nombre de la candidata en su cuenta de Twitter; mientras que los líderes nacionales del PAN y del PRI, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa, respectivamente, han criticado la candidatura de Delfina Gómez por ser maestra de primaria, desacreditando las capacidades y habilidades que ha demostrado durante su trayectoria política y señalando su inexperiencia desde una perspectiva tecnócrata.

Desafortunadamente, la violencia contra las mujeres no es ejercida exclusivamente por hombres, en días recientes un grupo de mujeres priístas, dentro de las que destaca la ex canciller Claudia Ruiz Massieu, descalificaron a la profesora Delfina Gómez, poniendo en duda sus capacidades intelectuales, su experiencia y sus competencias para ser candidata a gobernadora del estado de México.

Por su parte, la senadora del PAN, Laura Rojas Hernández, nombró a la profesora Delfina Gómez la “Juanita” de Andrés Manuel López Obrador. Esta afirmación también descalifica las capacidades, la experiencia y trayectoria de Delfina Gómez para ser candidata a gobernadora para las próximas elecciones del estado de México.

El término “Juanita” ha sido utilizado para nombrar al fenómeno en el que se postula a mujeres para algún cargo de elección popular al cual deben renunciar posteriormente en favor del hombre. Es decir, las mujeres nunca asumían el cargo ni ejercían sus derechos políticos. Esta práctica ya ha sido reconocida como un caso de violencia de género y es sancionada por la ley.

Si bien es cierto que este fenómeno se ha presentado recurrentemente en el contexto político mexicano, las afirmaciones de la senadora Laura Rojas y la subsecuente réplica por parte de los medios de comunicación configuran actos de humillación y comparaciones destructivas que constituyen actos de violencia política contra la ciudadana Delfina Gómez. Como ya lo han indicado diversos miembros del Grupo Parlamentario de Morena, Delfina Gómez cuenta con experiencia en cargos públicos, pues además de haber sido presidenta municipal de Texcoco también ganó una diputación federal.

Definir a la ciudadana Delfina Gómez como una “Juanita”, poco contribuye a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, pues al ser una afirmación falsa replica los argumentos misóginos y de violencia contra las mujeres que deciden participar en la vida pública de este país.

Aun cuando la violencia política contra las mujeres no se encuentra debidamente regulada en México, es importante mencionar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, el INMujeres, en coordinación con siete entidades públicas emitieron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, el cual da un marco de referencia nacional para sancionar sobre el tema.

Sumado al protocolo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece la obligación del Estado mexicano de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos; y prohíbe toda discriminación en razón del sexo. En el ámbito internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, artículos 1, 2, 3, 4 y 5, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en su recomendación general núm. 23, establecen claramente la obligación del Estado de garantizar la no discriminación entre hombres y mujeres para que las últimas participen en igualdad de condiciones en los espacios públicos y políticos de un país.

De igual forma, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer provee del marco internacional para regular la actuación del Estado respecto de la prevención de la violencia contra las mujeres tanto en el espacio privado como público, así como del respeto y garantía de sus derechos humanos.

En este sentido, es necesario denunciar los actos de violencia política contra las mujeres, de tal forma que se socialice el tema y se incluya en la agenda de las instituciones encargadas de procurar la vida democrática de nuestro país. Además, denunciar la violencia política contra las mujeres ayudará a que se incremente su participación en los espacios públicos, se evite la descalificación por razones de sexo, es decir, se las empodere.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, con el objetivo de brindar seguridad y el cese de la violencia política contra las mujeres:

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados condena la violencia política de género y el menoscabo a los derechos civiles y políticos que enfrentan las candidatas durante las campañas electorales a cargos públicos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a que investigue y se pronuncie, a la brevedad, sobre actos de violencia política durante proceso electoral en el estado de México, específicamente aquellos contra la ciudadana Delfina Gómez.

Notas

1 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres “Belem do Para”, artículo 1, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

2 Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, disponible en
http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf

3 Ibid.

4 “México: Violencia política contra las mujeres en aumento”, en Voces Feministas, disponible en

https://vocesfeministas.com/2017/04/04/mexico-violencia-politica-contra-las
-mujeres-en-aumento/; “Ataques a la participaciónpolítica de la mujer”,
en Animal Político, disponible en
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2017/01/25/violencia-politica-las-mujeres-mexico/

5 ONUMujeres, “Medios de Comunicación”, disponible en

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-poli tical-participation/media

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre los recursos y bienes malversados de los tamaulipecos y las investigaciones en torno al ex gobernador Egidio Torre Cantú, la búsqueda y localización de Eugenio Hernández Flores, la extradición del ex mandatario Tomás Yarrington, y los resultados del análisis de las Cuentas Públicas de 2015 y 2016, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para los ciudadanos libres la democracia no se resume en tener procesos electorales limpios o en otras palabras transparentes.

Hoy día, se requiere un contrapeso desde el legislativo que limite las acciones del gobierno y su poder.

En el devenir de los años, México se ha distinguido en temas no transparentes, hablo de los escándalos de corrupción que nos tiene situados en el lugar 123 de 176 países según el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 que publica Transparencia Mexicana1 .

Pero todos nos preguntaremos ¿Por qué nos sucede a nosotros?

Para contextualizar lo anterior, citaremos un párrafo de la doctora Adriana Plascencia Díaz, publicado en el libro Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas emitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que señala que “el identificar fuentes de ingresos, conflicto de interés, enriquecimiento inexplicable y relacionarlo para determinar grados de corrupción, es una manera de establecer esquemas de rendición de cuentas en la práctica y limitar la posible corrupción o enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios públicos, aunque si no existen sanciones o consecuencias de actos y prácticas irregulares, entonces sólo estamos ejerciendo una parte del proceso: transparentar la información, pero no rendir cuentas ni combatir la corrupción”2 .

En México, hemos reprobado en la investigación y sanción. Las autoridades encargadas de sancionar han encubierto a los malos funcionarios. El poder ha sido utilizado para encubrir, no castigar y darles perdón de cuello blanco.

El clamor ciudadano de “aquí no pasa nada ”, no es una simple ocurrencia, es producto de la ausencia de mano dura; en otras palabras, es resultado de la simulación.

¿Por qué fallamos?

En lo federal es muy simple de explicar: la rendición de cuentas sólo se ha resumido en el deber del presidente de la República de presentar la Cuenta Pública ante la Cámara de Diputados y ésta última argumentar, sólo argumentar, que se vigila y examina la legalidad y exactitud en el manejo de la Hacienda Pública Federal. Pero han sido sólo revisiones cosméticas, es decir sólo se ha revisado por encimita.

A nivel estatal, es el mismo proceso, el ejecutivo estatal entrega la cuenta pública al congreso local quienes por igual, señalan a la población que la vigilan y la examinan. Por igual, se han quedado cortos.

Debe quedar muy claro. La realidad en México es que en los congresos locales con mayoría en el poder, sólo han palomeado y puesto poca o nula atención al análisis y a la crítica constructiva, que permita crecer con base en la experiencia o como se diría en lo coloquial: aprender de los errores cometidos.

Debido a lo anterior, hoy tenemos casos estatales como el de Tomás Yarrington en Tamaulipas, o los de los Duarte, Javier y César en Veracruz y Chihuahua, respectivamente.

Antes por citar algunos los casos de Padrés en Sonora o Granier en Tabasco; o el más reciente como lo es el de Veytia en Nayarit.

Pero la realidad algunos otros han servido y enriquecido gracias al narcotráfico como lo es el caso de Cavazos Lerma, hoy premiado con un escaño en el Senado de la República, donde el premio por permitir que los malos hagan de las suyas en Tamaulipas es el fuero con el que a las autoridades se les da la vuelta con total cinismo.

En todos y cada uno de los casos señalados, las instituciones y las estructuras de gobierno han fallado en el combate directo de la ilegalidad, fomentado la impunidad, fallando totalmente a la ciudadanía, donde los recursos que se malversaron no han sido reintegrados al erario estatal. Con letras grandes se dice fallaron en su labor, no cumplieron con la responsabilidad conferida de los ciudadanos.

Esas entidades que no han hecho lo correcto las enumero a continuación:

• Las contralorías estatales no asumieron su responsabilidad de ejecutar auditorías a la administración pública central y paraestatal y, en su caso, de aplicar el derecho disciplinario a los servidores públicos.

• Las auditorías superiores de los estados no realizaron la fiscalización superior de los sujetos de revisión obligados de manera totalmente autónoma, ni objetiva y menos imparcial, para contribuir a una efectiva rendición de cuentas, basada en principios de legalidad e integridad lo que impidió fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

• Las fiscalías de los estados no contribuyeron a garantizar el estado de derecho a través de la prevención, investigación y persecución de los delitos del orden común, y dejaron al margen la observancia de la estricta aplicación de la ley y de los principios de buena fe, justicia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, respeto a los derechos humanos.

Producto de lo anteriormente expresado, las redes de complicidad y corrupción, no fueron atacadas, desmembradas o desarticuladas en gran medida porque no las conocieron, no las investigaron y con esos actos, sin dudar las fortalecieron.

Así sucedió con las revelaciones del portal Animal Político3 en Veracruz, que relató una red de corrupción elaborada por mentes criminales que se hicieron pasar por servidores públicos.

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, como Tamaulipeco, desde 1998 externó de manera pública y frontal el riesgo que representaba para el estado que Tomás Yarrington lo gobernara.

En aquellos años, ya se vivían días sombríos en la gestión de Cavazos Lerma y el dedazo en la sucesión del Ejecutivo garantizaba perpetuar el poder de las redes del narcotráfico, su fortalecimiento, su inclusión en los tres poderes a nivel estatal y en las estructuras de los gobiernos locales, convirtiendo a Tamaulipas en el lugar ideal para aquellos que practicaban la opacidad y acciones ilegales, con una sociedad civil desorganizada sumergida en el miedo, tolerante y acostumbrada a la corrupción escandalosa, que saqueó de manera incalculable a este estado en el norte del país, dejándolo sin gobernanza y en manos de los pillos.

Prueba de lo anterior, y después de 19 años, la revista Proceso , el pasado 10 de abril re-publicó el artículo denominado “El Gran Narcolavadero de Yarrington”4 mismo que originalmente dio a conocer en 2012 y en la que se describe la red criminal que Yarrington articuló y revela sus vínculos con el narcotráfico.

Los tamaulipecos han vivido gestiones estatales como las de donde sus cuentas públicas fueron aprobadas por diputados ligados al color de la administración en turno y que sin duda tuvieron que haber sido revisadas con lupa.

Lo que lastima a todo tamaulipeco es que en México se diga que existen elementos de la transparencia de las gestiones de Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú y no sean investigadas. Lo que duele es que la justicia y, sobre todo, los recursos no regresen para ser invertidos en el estado y generen bienestar.

A los tamaulipecos se le lastima cuando se habla y se dice que es Estados Unidos de América (EUA) quién señala con precisión y mano dura que han sido los ex mandatarios estatales quienes tienen sin número de averiguaciones previas con la justicia de aquel país.

En el caso de Eugenio Hernández Flores, un juez federal de ese país emitió orden de arresto por lavado de dinero al ocultar sobornos del cártel de los Zetas durante su administración 2005 a 2010, delitos que lo llevaría a la cárcel hasta por 25 años5 .

En México, las autoridades omisas no le observaron nada a esa gestión estatal y cuando se afirma lo anterior, a todo tamaulipeco se le dé la espalda porque los recursos que se logren recuperar, derivado de las acciones legales, se quedarán en EUA, debido a que el reclamo será de éste último.

Por lo que respecta, a la gestión de Egidio Torre Cantú es necesario que la Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar también el enriquecimiento de Torre Cantú y la gran deuda que heredó a Tamaulipas.

Las voces ciudadanas en todo el estado expresan clamor de justicia y que el dinero se regrese para el beneficio de los tamaulipecos.

La bancada de Movimiento Ciudadano dice claro y fuerte: no estamos de acuerdo con las declaraciones ligeras del actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca: “Yo no sé si la detención implique a más tamaulipecos, pero sí implicarán a más delincuentes, hay líneas importantes de investigación que se están llevando a cabo, creo que se cierra un capítulo, un negro capítulo en la historia de Tamaulipas”6 .

No es verdad que se cierre un negro capítulo en la historia de Tamaulipas, al contrario, es el momento que todo aquello que no esté claro salga a la luz y sean realizadas las investigaciones correspondientes para que no se impacte más al estado y remarcamos “los recursos malversados regresen a las arcas y sean utilizados en beneficio de todos los tamaulipecos. Si los recursos no regresan, nada se solucionará. La deuda será permanente y dejará en luto perpetuo a sus habitantes”.

Los diputados de Movimiento Ciudadano no descansaremos en señalar y exhortar a las autoridades mexicanas, esas mismas que son las encargadas de representar a todos los tamaulipecos y actuar conforme al derecho internacional, que se comprometan a argumentar a todos niveles que el origen de las redes de corrupción y tráfico investigadas por EUA tuvieron origen en México con recursos, en su gran mayoría, públicos, propiedad de los mexicanos. De no ser así, la voz que emprenderemos será contundente: que pague quien fue omiso, que se procese a quien falló a su promesa de servicio público y, en este caso, seremos representantes de los ciudadanos libres (nación) quienes se los demandaremos, sí, demandaremos que devuelvan todo lo que se llevaron, hasta el perro.

Por tanto, la voz de los ciudadanos libres la expresamos aquí, hoy y ahora, “los juicios que involucren a tamaulipecos deben llevarse en México, las indagatorias deberán ser profundas, concisas y precisas, los recursos cuantificados recuperados y devueltos para los tamaulipecos. Sólo así, se haría justicia a 3.4 millones de tamaulipecos7 que han visto cómo los malos servidores públicos han sido encubiertos por las instituciones que encabezan los actores impuestos por las instituciones en el poder y la justicia remitida tan sólo a los libros de texto gratuitos o enciclopedias, que por cierto, también han sido robadas de los acervos del estado.

Por ello consideramos oportuno exhortar de manera integral, y de urgente y obvia resolución a la:

• Procuraduría General de la República para que de conformidad con sus atribuciones y como encargada de representar los intereses de todos los tamaulipecos, actúe conforme a derecho internacional y se comprometa a defender los recursos materiales y bienes malversados de los tamaulipecos, bajo el argumento que en todos niveles el origen de los recursos de las redes de corrupción y narcotráfico detectadas e investigadas desde la gestión de Cavazos Lerma hasta Egidio Torre Cantú por los Estados Unidos se han financiado con recursos públicos de los mexicanos y tamaulipecos y por tanto, tienen que ser devueltos para resarcir el daño causado a la población.

• Procuraduría General de la República para que de conformidad con sus atribuciones inicie las investigaciones correspondientes ante el enriquecimiento inexplicable del exgobernador Egidio Torre Cantú; haga públicas, de manera permanente, las acciones de búsqueda y localización de Eugenio Hernández Flores y su red de corrupción y negocios ligados al narcotráfico; y por igual, permanentemente, mantenga actualizada a la opinión pública sobre el estatus y avances de la solicitud de extradición ante Italia para reclamar al exgobernador Tomás Yarrington y considere conveniente, dar seguimiento y llamar a cuentas a la red de ciudadanos descritos en la investigación periodística de la revista Proceso en su publicación número 2111, en la que se señalan con claridad nombres de exfuncionarios y servidores públicos vinculados con Yarrington y sus actos ilícitos.

• A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que conforme sus atribuciones de máxima publicidad a las revisiones de recursos y valores que hayan tenido por objeto la revisión de los procesos, procedimientos y sistemas de control relativos a la recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro, y custodia de los recursos o valores de la propiedad o al cuidado del gobierno federal y, en general, de las funciones de tesorería, así como participar, en su caso, en los actos relativos al manejo de formas numeradas y valoradas conforme al Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación en las gestiones estatales de los gobernadores de Tamaulipas Cavazos Lerma, Eugenio Hernández y Egidio Torre Cantú.

• Al gobierno de Tamaulipas, a fin de que promueva una gestión de gobierno abierto y dé a conocer a la opinión pública las acciones que emprende para detectar o investigar abusos del poder de gestiones pasadas y los resultados que puedan explicar actos y acciones sancionatorias aplicadas o aplicables.

• Al Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas a que, manteniendo su independencia respecto del Poder Ejecutivo, dé a conocer los resultados del análisis de las Cuentas Públicas 2015 y 2016 y permitan a los tamaulipecos saber sobre la utilización de los recursos y fondos públicos, del manejo de las finanzas públicas y la eficacia de las decisiones de las autoridades responsables y, en su caso, las acciones correctivas emprendidas o por emprender conforme a la normativa aplicable.

A modo de conclusión deseamos externar que el tiempo en el que la secrecía y la baja voz debían prevalecer en los asuntos públicos han quedado atrás. Por ello, lo expresado en este documento conjunta las voces de miles de tamaulipecos que desean ejercer sin sesgo su derecho a saber.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la proposición siguiente con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que de conformidad con sus atribuciones y como encargada de representar los intereses de todos los tamaulipecos, actúe conforme a derecho internacional y se comprometa a defender los recursos materiales y bienes malversados de los tamaulipecos bajo el argumento que en todos niveles el origen de los recursos de las redes de corrupción y narcotráfico detectadas e investigadas desde la gestión de Cavazos Lerma hasta Torre Cantú por los Estados Unidos se han financiado con recursos públicos de los mexicanos y por tanto, tienen que ser recuperados y devueltos para resarcir el daño causado a la población afectada.

Segundo. Procuraduría General de la República para que de conformidad con sus atribuciones inicie las investigaciones correspondientes ante el enriquecimiento inexplicable del ex gobernador Egidio Torre Cantú; haga públicas, de manera permanente, las acciones de búsqueda y localización de Eugenio Hernández Flores y su red de corrupción y negocios ligados al narcotráfico; y por igual, permanentemente, mantenga actualizada a la opinión pública sobre el estatus y avances de la solicitud de extradición ante Italia para reclamar al exgobernador Tomás Yarrington y considere conveniente, dar seguimiento y llamar a cuentas a la red de ciudadanos descritos en la investigación periodística de la revista Proceso en su publicación número 2111, en la que se señalan con claridad nombres de exfuncionarios y servidores públicos vinculados con Yarrington y sus actos ilícitos.

Tercero. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que conforme sus atribuciones dé máxima publicidad a las revisiones de recursos y valores que realizó en el estado de Tamaulipas en el sexenio de Egidio Torre Cantú que hayan tenido por objeto la revisión de los procesos, procedimientos y sistemas de control relativos a la recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro, y custodia de los recursos o valores de la propiedad o al cuidado del gobierno federal y, en general, de las funciones de tesorería, así como participar, en su caso, en los actos relativos al manejo de formas numeradas y valoradas conforme al Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación.

Cuarto. Al gobierno de Tamaulipas, a fin de que promueva una gestión de gobierno abierto y dé a conocer a la opinión pública las acciones que emprende para detectar o investigar abusos del poder de gestiones pasadas y los resultados que puedan explicar actos y acciones sancionatorias aplicadas o aplicables.

Quinto. Al Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas a que, manteniendo su independencia respecto del Poder Ejecutivo, dé a conocer los resultados del análisis de la Cuentas Públicas de 2015 y de 2016 y permita a los tamaulipecos saber sobre la utilización de los recursos y fondos públicos, del manejo de las finanzas públicas y la eficacia de las decisiones de las autoridades responsables y, en su caso, conforme a sus atribuciones, emprenda las acciones correctivas necesarias y, en su caso, las denuncias correspondientes.

Notas

1 Índice de Percepción de la Corrupción 2016 que publica Transparencia Mexicana, disponible en https://issuu.com/transparenciamexicana/docs/informeipc2016, consultado el 14 de abril de 2017.

2 Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, disponible en http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ ordinarias/042_vigilancia_de_la_auditoria_superior_de_la_federacion/012 _unidad_de_evaluacion_y_control/002_productos/004_estudios_y_publicacio nes, consultado el 14 de abril de 2017.

3 El caso de Empresas Fantasmas en Veracruz, disponible en http://www.animalpolitico.com/2016/12/desaparece-el-gobierno-de-veracru z-645-millones-de-pesos-entrega-el-dinero-a-empresas-fantasma/, consultado el 14 de abril de 2017.

4 El Gran Narcolavadero de Yarrington, Revista Proceso, disponible en http://www.proceso.com.mx/481666/gran-narcolavadero-yarrington, consultado el 14 de abril de 2017.

5 EU: Eugenio Hernández lavó dinero para los Zetas, Milenio.com, disponible en http://www.milenio.com/policia/EU-Eugenio-Hernandez-dinero-Zetas-lavado -Tamaulipas-arresto-gobernador_0_539946039.html, consultado el 14 de abril de 2017.

6 Cabeza de Vaca pide revivir caso Torre Cantú, SDPnoticias.com, disponible en http://www.sdpnoticias.com/local/tamaulipas/2017/04/11/cabeza-de-vaca-p ide-revivir-caso-torre-cantu, consultado el 14 de abril de 2017.

7 Habitantes en Tamaulipas – Cuéntame INEGI, disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tam/poblacion/defa ult.aspx?tema, consultado el 14 de abril de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, las autoridades educativas locales y los organismos descentralizados a emitir lineamientos, y organizar y operar la prestación del servicio de asistencia técnica a la escuela en la educación básica y media superior, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Jesús Rafael Méndez Salas, diputado integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho de la sociedad a disfrutar de la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad en los cargos de docentes y directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Así también, en la fracción XII Ter del Artículo 14 de la Ley General de Educación confiere la responsabilidad concurrente a las autoridades educativas federal y locales de coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de Educación Básica y Media Superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares.

Y es en la Ley General del Servicio Profesional Docente en donde se especifican las responsabilidades y competencias de cada autoridad educativa en cuanto al Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), describiéndolo como un conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento especializados al personal docente y personal con funciones de dirección para mejorar la práctica profesional docente y el funcionamiento de la escuela.

Es de responsabilidad de la Secretaria de Educación Pública emitir Lineamientos Generales que deberán cumplirse en la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, y a las Autoridades Educativas Locales organizar y operar este Servicio.

La misma Ley establece que este Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) tendría los siguientes atributos:

• Apoyar a los docentes en la práctica de la evaluación interna, así como en la interpretación y uso de las evaluaciones externas;

• Brindar a solicitud de los docentes, del director o cuando la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determinen que una Escuela requiere de algún apoyo específico;

• En la Educación Básica la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela deberá ajustarse a los lineamientos generales que emita la Secretaría de Educación Pública;

• El Servicio será brindado por personal con funciones de Dirección o Supervisión y por personal docente con funciones de Asesor Técnico Pedagógico que determinen las Autoridades Educativas o los Organismos Descentralizados.

El personal docente con funciones de Asesor Técnico Pedagógico mencionado como elemento facilitador del Servicio, deberá cumplir con los procesos de inducción, actualización profesional y evaluación correspondientes. Las Autoridades Educativas deberán hacer pública la información sobre las plazas docentes con funciones de Asesor Técnico Pedagógico existentes y las responsabilidades de quienes las ocupan en cada Escuela y zona escolar; ello, a los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente (marzo de 2015).

Las Autoridades Educativas Locales deberán implementar un Programa integral que organice y estructure debidamente las funciones y la adscripción del Personal con Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en servicio.

Dicho Programa deberá contemplar como primera acción prioritaria que el personal en servicio, que a la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente desempeñe funciones de Asesoría Técnica Pedagógica, se reintegre a la función docente. Una acción subsecuente del Programa integral será que sólo el personal que cumpla con los requisitos que las Autoridades Educativas determinen expresamente podrá continuar temporalmente con las funciones de Asesoría Técnica Pedagógica (hasta 2 ciclos escolares), sujetándose a los procedimientos que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Es importante destacar que la función del personal docente con funciones de Asesoría Técnico Pedagógica es de suma relevancia, toda vez que tiene la responsabilidad de brindar a otros docentes asesoría y apoyo específico a temáticas de relevancia en su práctica profesional, por lo que su función lo constituye en un agente de mejora de la calidad de la educación para las escuelas.

Por tanto, el Servicio de Asistencia Técnica en la Escuela es un instrumento que se bosquejó en la Reforma Educativa de 2013, en el que propone una serie de recursos a la escuela para fomentar su capacidad de gestión, mejora de la práctica docente (individual y colectiva), interpretación y uso de la evaluación interna y externa, fortalecimiento de la formación continua y de la organización y funcionamiento escolar, a fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Sin embargo, a la fecha, la Secretaria de Educación Pública no ha publicado los Lineamientos Generales que deberán cumplirse en la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, lo que ha impedido que las Autoridades Educativas Locales puedan construirlo y operarlo con las particularidades regionales que implica.

Así también, en los últimos concursos de oposición para la promoción a cargos de Asesoría Técnico Pedagógica en Educación Básica (2015, 2016 y 2017) se ha tenido como resultado:

1. Concurso de Oposición Ordinario para la Promoción a Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica ciclo escolar 2015-2016.- 1 En las 32 entidades federativas se sometieron a concurso 15,141 cargos con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica,2 mismo en el que participaron 7,614 sustentantes, de los cuales, 3,228 docentes resultaron “idóneos” en tres diferentes categorías (42.4 por cientodel total de participación y 21.32 por ciento del total de cargos disponibles) y 4,386 obtuvieron resultado “No Idóneo” (67.6 por ciento).

2. Concurso de Oposición Extraordinario para la Promoción a funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica ciclo escolar 2015-2016.- 3 En 3 entidades federativas se sometieron a concurso 726 cargos con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica,4 en los cuales solo 247 docentes resultaron “idóneos” en tres diferentes categorías (34.02 por ciento del total de cargos disponibles).

3. Concurso de Oposición Ordinario para la Promoción a Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica ciclo escolar 2016-2017.- 5 En las 31 entidades federativas se sometieron 9,354 cargos con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica,6 en donde participaron 4,268 sustentantes, de los cuales, 2,020 docentes resultaron “idóneos” en tres diferentes categorías (47.3 por ciento del total de participación y 21.6 por ciento del total de cargos disponibles) y 2,248 obtuvieron resultado “No Idóneo” (52.7 por ciento).

4. Concurso de Oposición Extraordinario para la Promoción a funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica ciclo escolar 2016-2017.- 7 En 1 entidad federativa se sometieron a concurso 1,408 cargos con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica,8 en los cuales solo 344 docentes resultaron “idóneos” en tres diferentes categorías (24.43 por ciento del total de cargos disponibles).

5. Concurso de Oposición Ordinario para la Promoción a Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica ciclo escolar 2017-2018.-9 En las 29 entidades federativas se sometieron 7,102 cargos con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica;10 sin embargo, aún no se cuenta con los resultados públicos de la participaron de esta convocatoria.

En suma, para la organización y operación del Servicio de Asistencia Técnica en la Escuela se requiere integrar un cuerpo profesional de personal docente con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica que posibilite a cada Supervisión Escolar proporcionar los apoyos técnicos y especializados a docentes y escuelas, es decir, que por cada Supervisión de Zona (15,270) debería tener:11

• 1 Asesor Técnico Pedagógico en Educación Especial

• 1 Asesor Técnico Pedagógico en Educación Física

• 1 Asesor Técnico Pedagógico de Lenguaje Oral y Escrito

• 1 Asesor Técnico Pedagógico de Pensamiento Matemático

Cada uno de ellos según nivel (preescolar, primaria y secundaria) o servicio educativo (general, indígena, comunitaria, técnica, telesecundaria y para trabajadores),12 por lo que se haría un requerimiento de por lo menos 12 Asesores Técnico Pedagógicos por Zona Escolar, lo que ascienda a un estimado de 183,240 promovidos o reconocidos para ejercer la función de asesoría; a la fecha sólo se cuenta con 5,89913 docentes con resultado “idóneo” en los concursos de promoción (3.22 por ciento del total requerido).

En Nueva Alianza nos interesa que el 1,211,78214 de los docentes y las 225,91915 Escuelas de Educación Básica cuenten con los recursos que les permitan hacer frente a los nuevos retos que hoy se presentan en materia de educación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero: El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) a elaborar y publicar los Lineamientos generales que deberán cumplirse en la prestación del servicio de asistencia técnica a la escuela .

Segundo: El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las autoridades educativas de las entidades federativas para que atiendan los lineamientos que emita la SEP y establezcan de manera coordinada las medidas necesarias para organizar y operar el servicio de asistencia técnica en la escuela de educación básica en cada entidad federativa; asimismo, a que se implementen las medidas necesarias para que personal docente y directivo que preste sus servicios en algún nivel educativo, tipo de servicio o modalidad de la Educación Básica, que tenga interés en participar en los procesos de promoción a funciones de asesoría técnica pedagógica, cuente con los apoyos de capacitación necesarios para poder incrementar la participación y los resultados satisfactorios para el desarrollo profesional de este personal, y así dar la cobertura necesaria de apoyo, asesoría y acompañamiento a cada supervisión escolar en educación básica.

Tercero: El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las autoridades educativas federal y local a coordinar acciones conjuntas que garanticen la prestación pertinente y eficaz de apoyos, asesoría y acompañamiento especializados al personal docente y directivo para mejorar la práctica profesional y el funcionamiento de la escuela de educación básica mediante el servicio de asistencia técnica en la escuela, a través de las figuras que lo conforman.

Notas

1 Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. Resultado del Concurso Ordinario para Promoción a funciones de ATP, en educación Básica. ciclo 2015-2016 http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/promocion_atp/estadisti cas_concurso_en/

2 Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. Convocatorias Estatales. Ordinarias ciclo escolar 2015-2016.

3 Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. Resultado del Concurso Extraordinario para Promoción a funciones de ATP, en educación Básica. ciclo 2015-2016 http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba_e/promocion_atp/consult a_resultados_en/

4 Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. Convocatorias Estatales. Ordinarias ciclo escolar 2015-2016.

5 Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. Resultado del Concurso Ordinario para Promoción a funciones de ATP, en educación Básica. ciclo 2016-2017 http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/promocion_atp_2016/esta disticas_concurso/

6 Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. Convocatorias Estatales. Ordinarias ciclo escolar 2016-2017.

7 Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. Resultado del Concurso Extraordinario para Promoción a funciones de ATP, en educación Básica. ciclo 2015-2016 http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba_e/promocion_atp/consult a_resultados_en/

8 Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. Convocatorias Estatales. Ordinarias ciclo escolar 2015-2016.

9 Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. Resultado del Concurso Ordinario para Promoción a funciones de ATP, en educación Básica. ciclo 2016-2017 http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/promocion_atp_2016/esta disticas_concurso/

10 Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. Convocatorias Estatales. Ordinarias ciclo escolar 2016-2017.

11 Convocatorias estatales para el concurso de oposición para promoción a cargos de asesoría técnica pedagógica, publicados en el Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente.

12 Estructura y dimensión del Sistema Educativo Nacional, Panorama Educativo de México 2009, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

13 Número total de los resultados de los concursos de oposición publicados en el Sistema de Registro del Servicio Profesional Docente, sin embargo, aún no se publican los resultados de la convocatoria para el ciclo 2017-2018.

14 Cuarto Informe de Labores 2015-2016, Secretaria de Educación Pública, Anexo Estadístico, página 162.

15 Ibídem.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de abril de 2017.

Diputado Jesús Rafael Méndez Salas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a diversas secretarías federales a formular un llamado a las instituciones sectorizadas en ellas para que, de acuerdo con sus funciones, lleven a cabo actividades de investigación, desarrollo o innovación científica, suscrita por integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología

Los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con fundamento en los artículos 39, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 79, fracción II, 157, numerales 2, 3 y 4, y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

El conocimiento científico y tecnológico es hoy una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas y se ha convertido en un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social de un país. Para lograr este objetivo, la innovación representa uno de los caminos a seguir.

Es importante tener claro a que nos referimos cuando se habla de innovación, para esto, se retoma el concepto elaborado en el Manual de Oslo, el cual la define como “la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados”. Se utiliza esta definición porque es clara y porque proviene de una guía de referencia para las actividades científicas y tecnológicas. El Manual de Oslo describe las directrices para el acopio e interpretación de la información relativa a la innovación, la cual, propiamente dicho, es una de las metas actuales de la gran mayoría de países.

Las actividades científicas y tecnológicas, en su mayoría, aspiran a lograr innovaciones en diversos campos de la investigación que existen en el país, tales como la medicina, la biología, la biotecnología, la nanotecnología, las matemáticas, la física, la química, entre otros campos. En este sentido, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados comenzó desde la LXII Legislatura el trabajo para promover, la innovación desde las instituciones públicas de investigación en México.

Dicho trabajo fue realizado desde 2012 y respaldado por la comunidad científica, por empresarios y por académicos, pues en la “Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” presentada en esta Cámara de Diputados, por el doctor José Narro en noviembre de 2013, se planteaba que era necesaria “La revisión de la normatividad de las Instituciones de Educación Superior (IES) y de los Centros Públicos de Investigación (CPI) de tal forma, permitiendo la obtención de incentivos económicos, cuidando que no haya conflictos de interés, generando mayor vinculación de los investigadores con el sector empresarial, corrigiendo el andamiaje legal que impide el incremento de inversión privada en la creación y transferencia de tecnología científica tales como, contratos de transferencia, de movilidad academia a la empresa (spin-offs ) o empresas iniciadas por investigadores.”

Un punto a considerar es que, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en cuyo objetivo 3.5 establece “hacer del desarrollo científico, del tecnológico y de la innovación pilares para el progreso económico y social, sostenible” a través de diversas estrategias como la Estrategia 3.5.4 que busca “contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y de los centros de investigación con los sectores público, social y privado”, con la creación y expansión de la empresas de alta tecnología, fomentando así, la innovación tecnológica y el autoempleo en los jóvenes.

En este sentido, y con el objetivo de darle cauce a esta temática, se hizo una extenuante investigación sobre la participación y la vinculación de los diversos sectores y actores en torno al tema de la innovación. Se presentó una iniciativa que, en su momento, pretendía promover dicha dinámica. Es así que se tuvo como resultado una reforma a las diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de diciembre de 2016.1

Los artículos modificados fueron el 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Dentro de los transitorios considerados en esta reforma se encuentra la necesidad que las instituciones de investigación a quienes se refiere el decreto, emitan sus reglamentos, para cumplir de manera conjunta la disposición al marco legislativo, como se cita a continuación:

“Segundo. Las instituciones de educación, los centros y las entidades referidas en el contenido del presente decreto que, de acuerdo con sus funciones, lleven a cabo actividades de investigación, desarrollo o innovación científica deberán emitir y hacer pública su normatividad institucional en un plazo no mayor de 180 días, contado a partir de la publicación del presente decreto.”

El punto de acuerdo que se pone a su consideración propone retomar el compromiso descrito en el segundo transitorio del decreto, con el propósito de que el alcance que pueda tener esta reforma sea en pro del desarrollo científico y tecnológico del país, de manera tal que podamos transitar a una economía del conocimiento. Por lo anterior, se presentan las siguientes:

Consideraciones

Hasta el momento se conoce que existen muy pocas instituciones que han emitido su normativa, y, por otro lado, que existe la intención de diversos investigadores por conocer la normativa y por poder dar cumplimiento a la normativa que corresponda. Con base en las razones antes expuestas, queda de manifiesto que el beneficio derivado de la reforma es aún limitado.

Por otro lado, esta Comisión considera, que se debe dar el seguimiento puntual a las normas que emitan las instituciones, así como realizar la investigación de las mismas con la metodología adecuada para dicho fin, a efecto que se pueda alcanzar un gran avance en materia de inversión, por parte de la industria privada, que bien pueden ser logradas por las empresas que se estarían formando gracias a la reforma en cuestión.

Por lo expuesto en las líneas anteriores, se pone a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública; de Energía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Salud; de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que hagan un llamado a las instituciones sectorizadas en su dependencia que, de acuerdo con sus funciones, lleven a cabo las actividades de investigación, de desarrollo o de innovación científica a que emitan y hagan pública la normatividad institucional a la que se refiere el transitorio segundo del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Nota

1 Diario Oficial de la Federación. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5419142&fecha=08/12/2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputados: Carlos Gutiérrez García (rúbrica), Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo (rúbrica), Bernardino Antelo Esper, Hersilla Onfalia Adamina Córdova Morán (rúbrica), Federico Eugenio Vargas Rodríguez (rúbrica), Leonel Gerardo Cordero Lerma (rúbrica), José Máximo García López (rúbrica), Gerardo Federico Salas Díaz (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera, Leonel Rafael Guirao Aguilar (rúbrica), Mirza Flores Gómez, Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Héctor Javier García Chávez, Laura Valeria Guzmán Vázquez, María Angélica Mondragón Orozco, Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Salomón Fernando Rosales Reyes, Juan Fernando Rubio Quiroz, María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a las expresiones del presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 30 de marzo el presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Antonio Sánchez, expresó declaraciones desafortunadas y agraviantes durante una conferencia que impartió sobre el compromiso de la televisión pública con el continente americano.

En el acto organizado por la Casa de América, un consorcio público que busca estrechar los lazos entre España y el continente americano, reconoció, desde el inicio de su intervención, la escasa “calidad de sus palabras”, en los siguientes términos:

“Mi falta de conocimiento sobre el asunto, el exceso de trabajo que tengo y el poco tiempo que ha transcurrido hace que la calidad de las palabras que voy a pronunciar deje mucho que desear”.1

A pesar de su evidente desconocimiento del tema no dudó en afirmar que la conquista de América a manos de los españoles “fue evangelizadora y civilizadora” y resaltó sus bondades, entre ellas la “construcción de iglesias, escuela y hospitales”.

Asimismo, negó el exterminio de la población local a manos de los colonizadores, porque su “avanzado nivel cultural” y el “conocimiento de Petrarca o Dante” se lo impedían y se preguntó “¿En qué cabeza cabe que los españoles de entonces iban a dedicarse al exterminio de seres humanos? Y el mismo se contestó “¿Que se hicieron cosas malas? ¿Qué alguien me diga en qué conquista no las hubo?”

En su discurso manifestó que:

“Lamentar la desaparición del imperio azteca es más o menos como sentir pesar por la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La cultura azteca era un totalitarismo sangriento fundado en los sacrificios humanos”

El responsable de la radiotelevisión española expresó en varias ocasiones la relevancia histórica del acontecimiento:

“El descubrimiento de América ha sido el acontecimiento más importante de la Historia de la Humanidad, después del nacimiento de Cristo. Y la obra de España ha sido de tal magnitud que durante siglos los enemigos del imperio han dedicado lo mejor de sí para desprestigiarnos”.2

El discurso pronunciado por José Antonio Sánchez resulta conservador, reaccionario y tan actual como los elaborados durante la época franquista cuando se presentaba idílicamente el papel conquistador de España sobre América. Pero lo más lamentable es la ignorancia que retrata al soslayar las construcciones teóricas de diversos especialistas, mexicanos e hispanos que durante décadas han reflexionado sobre un hecho tan complejo como el que aludió el señor Sánchez.

El significado del descubrimiento de América y la interpretación de la conquista han sido polémicos; el debate sobre estos hechos se reavivó en la década de los años 90 del siglo pasado, a partir de la conmemoración por los 500 años del desembarco de Colón en América.

Es conveniente señalar que desde 1958, Edmundo O’Gorman puso en claro que en 1492 no hubo tal descubrimiento3 por Cristóbal Colón y múltiples investigadores, entre los que destaca Miguel León Portilla, han ampliado nuestro conocimiento de ese suceso:

“¿Por qué se dice que Colón descubrió a América? ¿No la habían descubierto mucho antes los propios indígenas que, a través de milenios la habían poblado y habían creado en ella culturas como la teotihuacana, la maya, la mexica, la incaica? ¿Cómo es posible hablar de descubrimiento si Colón nunca tuvo conciencia de lo que eran las tierras a las que llegó?”4

La llegada de Cristóbal Colón a América dio inicio a la colonización y la evangelización sirvió para justificar el genocidio de las poblaciones locales y para negar las diversas y complejas culturas existentes, así como la explotación de sus riquezas en beneficio de Europa.

Compartimos las declaraciones del historiador Enrique Florescano en el sentido de considerar que:

“la misión de España en América fue principalmente de conquista y apropiación de territorios. La evangelización la hicieron los miembros de las órdenes religiosas, buscando convertir a los indígenas para reducirlos y que no se volvieran contra los ejércitos conquistadores. Esta fue una parte mínima de la intervención y se vio obstaculizada por la corona española, que prohibió a los frailes contemplar al indígena como un ser humano semejante a los españoles”5

Presentar la conquista sólo como un proceso civilizador y de evangelización es ocultar su carácter colonizador y esconder la faceta violenta de la invasión y el exterminio de millones de indígenas. Los indios fueron diezmados a consecuencia de las guerras de conquista, por las inhumanas condiciones de trabajo y por las nuevas enfermedades. De acuerdo con historiadores de la época virreinal, durante el primer siglo de colonización la población indígena disminuyó entre 75 y 80%. Ignorar esta parte de la historia es presentar una versión muy parcial y por lo tanto equivocada.

Por otra parte, exaltar al imperio español resulta anacrónico. Tan anacrónico como comparar a los aztecas con los nazis, y tan lamentable como la ignorancia que se demuestra al pretender ensalzar una cultura imperialista, cuyo sustento siempre ha descansado en hipotéticas superioridades y reales ambiciones de dominio y explotación.

La conquista fue un asalto a la riqueza de América, a sus costumbres y a su cultura. Fue un hecho violento y no podemos decir que haya sido civilizatorio; impusieron su civilización por la fuerza, aquí ya había una civilización. En palabras del poeta Carlos Pellicer: “los europeos no nos trajeron la cultura; nos impusieron su cultura”.6

Hasta el día de hoy la polémica sobre el descubrimiento de América y su conquista continúa. Mientras unos sostienen que fue el inicio de la cultura occidental en el hemisferio, otros la condenan como una invasión de sus tierras, pérdida de su libertad, genocidio y desaparición de etnias enteras. Mientras algunos resaltan la evangelización, otros la rechazan como una imposición de creencias y prácticas en detrimento de las religiones nativas que fueron perseguidas y aniquiladas. Exaltar una de sus partes y negar la otra, es equivocado.

El discurso del presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Antonio Sánchez, que se empeña únicamente en resaltar la obra de España en América, es parcial y equivocado. No es posible seguir pensando que los pueblos americanos fuimos “descubiertos y conquistados”. No es posible seguir mirando los hechos desde una sola perspectiva.

Nuestras sociedades, tanto las europeas como las americanas son el resultado de dos herencias culturales a las que debemos conocer, comprender y admirar.

Las opiniones del señor Sánchez en nada contribuyen al acercamiento, ni a estrechar los lazos de amistad y sí, por el contrario, representan un agravio y un insulto.

Por las razones expuestas anteriormente sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta su más enérgica protesta por las expresiones del presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española que agravian e injurian al pueblo de México.

Notas

1 El presidente de la televisión pública española: “España no fue colonizadora, fue evangelizadora” El País, 5 de abril 2017, http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/05/mexico/1491351 919_094131.html

2 El presidente de la televisión pública española sobre la conquista de América: “España no fue colonizadora, fue evangelizadora” El diario.es, 4 de abril, 2017

http://www.eldiario.es/rastreador/RTVE-Espana-America-co lonizadora-evangelizadora_6_629647047.html

3 O’Gorman, Edmundo. La invención de América: investigación acerca de la estructura histórica del Nuevo Mundo y del sentido de su devenir. México, Fondo de Cultura Económica, 4a edición, 2006

4 León Portilla, Miguel. Encuentro de dos mundos. Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn22/ 379.pdf

5 ¿Los aztecas eran como los nazis? Cuatro historiadores responden al discurso del presidente de RTVE. El País, 5 de abril 2017 http://verne.elpais.com/verne/2017/04/06/mexico/1491435975_945457.html

6 Ayer sometimiento, ahora explotación. Proceso. 20 septiembre, 1986

http://www.proceso.com.mx/144503/ayer-sometimiento-ahora -explotacion

Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Segob y la PGR, con las fiscalías o procuradurías locales, acciones enérgicas en la persecución y sanción de los delitos de trata de personas, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de motivos

La trata de personas constituye uno de los delitos que más dañan a la sociedad, por ello, su erradicación es un tema de interés internacional, ya que violenta los derechos humanos de las personas y degrada su dignidad, exponiendo a sus víctimas a situaciones de explotación sexual, laboral, extracción de órganos, servidumbre doméstica, mendicidad, entre otras.

La adhesión de México al Protocolo de Palermo constituyó el punto de partida mediante el cual se han llevado a cabo distintas acciones para combatir el delito de la trata de personas, éstas incluyen la publicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, abrogada el 14 de junio de 2012, cuando se aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la instalación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas , y el liderazgo de México al ser el primer país en adoptar la campaña “Corazón Azul”1 contra la trata de personas.

Desafortunadamente, los avances deben ser matizados. El pasado 23 de septiembre de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante un comunicado de prensa intitulado “CNDH actualiza las cifras del diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México”.2

Asimismo, en el comunicado DGC/240/16, la CNDH refiere que solicitó información a las 32 procuradurías de justicia locales, así como a la Procuraduría General de la República (SEIDO y FEVIMTRA), para conocer los avances que en materia de procuración e impartición de justicia se tiene, así como el perfil de las víctimas y de los victimarios y los lugares de origen de aquellas,3 advirtiendo lo siguiente:

“De la información obtenida se observa que de 1458 averiguaciones previas iniciadas en el ámbito local, 27% derivaron en consignaciones y sólo 18.4% en sentencias condenatorias, con un total de 108 personas sentenciadas. En el ámbito federal, la PGR reporta 571 averiguaciones previas iniciadas, con un porcentaje de 15.9% de consignaciones y un 1.9% de sentencias condenatorias, con un total de 12 personas sentenciadas”. 4

Del mismo modo, la CNDH documento que:

“En cuanto al perfil de las víctimas se obtuvo la siguiente información por parte de las procuradurías estatales: de un total de 2.843 víctimas, 87.9% son mexicanas y solo 8.4% extranjeras; 93.4% mujeres y 6.1% hombres; el 26.5% son personas menores de edad y 71.7 mayores de edad (3.2 no se identificó edad)”. 5

“Del total de víctimas en el ámbito federal como local se han identificado personas cuyos países de origen son: Estados Unidos de América, Honduras, Colombia, Argentina, El Salvador, Guatemala, Cuba, Chile, Nicaragua, Venezuela, entre otros. En cuanto a las víctimas de nacionalidad mexicana, se reportan originarias de todo el país”. 6

Sobre este mismo tópico, Édgar Corzo Sosa, quinto visitador de la CNDH, enfatizó que sigue sin ser dimensionado el problema de la trata de personas en México que afecta principalmente a mujeres, y menores de edad.7

Como puede advertirse de las publicaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la trata de personas es un problema latente en nuestro país, que lacera y lastima a toda sociedad, por la vileza que implican sus crímenes en el que se comercia con el ser de las personas más vulnerables.

Esta lastimosa situación no puede ser pasada por alto, por ello, la bancada de los ciudadanos hacemos votos para redoblar esfuerzos en esta lucha por erradicar estos crímenes de lesa humanidad por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al licenciado Enrique Peña Nieto, para que, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, implemente, en coordinación con la fiscalías o procuradurías de la entidades federativas, acciones enérgicas en la persecución y sanción de los delitos de trata de personas; así como la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

Notas

1 En marzo de 2008, en Viena, Austria, UNODC lanzó la campaña “Corazón Azul” contra la trata de personas; un movimiento que busca crear conciencia respecto de este delito y su impacto en la sociedad:

2 Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, Comunicado de Prensa DGC/240/16, CNDH actualiza las cifras del diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México. 2016. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_240.pdf

3 La información solicitada abarcó del 15 de junio de 2012 –fecha en la que entró en vigor la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos- al 30 de junio de 2015.

4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, Comunicado de Prensa DGC/240/16, CNDH actualiza las cifras del diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México. 2016.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 A. García Dennis, “La CNDH documento 3 mil casos de trata” El Universal, 20 de octubre de 2016. Disponible en:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2 016/10/20/la-cndh-documenta-3-mil-casos-de-trata.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a establecer y flexibilizar instrumentos que permitan impulsar el ahorro, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Carmen Victoria Campa Almaral, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en lo siguiente:

Consideraciones

Hacia finales del siglo XIX, la lucha organizada, principalmente la sindical, contribuyó que los trabajadores obtuvieran mejores condiciones de seguridad social. Es importante recordarlo, a fin de dejar en claro que no se trata de concesiones realizadas por el gobierno o el sector patronal, al ser producto de un esfuerzo colectivo, donde actualmente toda persona tiene derecho a que la Nación garantice sus derechos económicos, culturales y sociales, necesarios para un desarrollo digno.

Hoy en día existe un consenso internacional que considera a la seguridad social como un derecho inalienable, consecuencia de casi un siglo de trabajo colectivo de organismos relevantes como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), e instituciones supranacionales como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).i

Sin embargo, en nuestro país, recientemente se han definido con precisión los problemas que habrán de presentarse a corto y largo plazo en el ejercicio de este derecho, debido a situaciones poblacionales como el aumento de la esperanza de vida, el incremento de enfermedades crónico-degenerativas, el retorno de migrantes, y la expansión legal de los derechos humanos. A esto debe agregarse una nueva noción de la seguridad social, la cual ya no se limita a la protección del individuo-trabajador, sino al ciudadano, pues es su derecho.

De ahí la necesidad de evaluar los límites y alcances del ejercicio de la seguridad social, superando las negociaciones aisladas y proponiendo una política social planificada, que considere la capacidad real de materializar los derechos sociales en acciones públicas que puedan ser plenamente implementadas y evaluadas. En este sentido, el agotamiento del sistema de pensiones y la situación en materia de salud son dos problemáticas, entre otras, que preocupan a nuestro Grupo Parlamentario.

En el primero de ellos observamos que la situación de las pensiones en México rebasó la capacidad financiera del Estado. En caso de que el gobierno quisiera que todos los trabajadores tuvieran una pensión que les permita mantener su nivel de vida, tendría que inyectar al sistema de pensiones el equivalente al 31.6 por ciento del PIB (unos 4.2 billones de pesos). A fin de solventar estas deficiencias, cada año el gobierno mexicano toma 528,000 millones de pesos, equivalentes a 3.8 por ciento del PIB del dinero que debería ir a otros programas ejercidos por las Secretarías de Estado.ii

Mención aparte merecen los trabajadores de empresas productivas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes no aportan al sistema pero reciben una pensión fondeada con presupuesto público. El derecho a la pensión, sin obligación de aportar para su financiamiento, ha provocado una deuda de 10 por ciento del PIB, según el Instituto Mexicano para la Competitividad.

Sin embargo, el problema no es exclusivo de Pemex y CFE, también el IMSS y el ISSSTE gastan grandes recursos públicos para el pago de pensiones. Este año, el gasto que estas dos instituciones destina a las jubilaciones asciende a 642 mil 744 millones de pesos, cantidad semejante a la que recibirá el programa Prospera , cuyo objetivo es el combate a la pobreza.iii

De acuerdo a un informe de la Auditoría Superior de la Federación, el 45.1 por ciento de las universidades cuenta con un sistema de pensiones propio, independiente del ISSSTE; no obstante, sus trabajadores sí reciben una pensión de alguna institución de seguridad social (IMSS o ISSSTE).iv

El escenario se complica más cuando consideramos que la expectativa de vida ha aumentado, al pasar de 77 años para mujeres y 71 para hombres en 2010, a casi 78 años para las mujeres y 72 años para los hombres en 2015.v En este sentido, las proyecciones indican que en el año 2050, por cada persona pensionada sólo se contará con tres trabajadores en activo; esto representa un problema nacional no sólo desde el enfoque del sistema de pensiones, el cual ya muestra un franco agotamiento, sino también es un reto en materia de salud pública.

En este sentido, el otro problema ya antes mencionado es el que observamos en materia de salud, donde el reto no es menor, ya que en el 2050 quienes actualmente tienen entre 25 o 35 años serán adultos mayores, los cuales además de recibir una pensión digna requerirán diversos servicios de salud que, de acuerdo a la edad, deberán ser de especialidad. En ese rubro hemos tenido avances importantes, el Seguro Popular extendió la cobertura de los servicios de salud a más de 50 millones de personas, y los índices de mortalidad infantil y muertes por infartos o derrame cerebral también disminuyeron. (De acuerdo a la OCDE, los beneficiarios manifiestan una tasa de satisfacción del 97 por ciento).vi

Al respecto, el Congreso ha sumado importantes esfuerzos al establecer el cobro de impuestos a bebidas con azúcar y a los alimentos que contienen una elevada densidad calórica, obligando a un etiquetado más detallado para el consumidor, así como una mejor regulación en la publicidad dirigida a niños en materia de alimentos.

Nueva Alianza contribuyó en este sentido, al proponer desde el 2009 el actual programa del Semáforo de la Alimentación, el cual muestra aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas con un alto nivel calórico y un alto índice de grasas saturadas, azúcares y sales, basado en la Ingesta Diaria Recomendada.

No obstante, aún hay muchos aspectos por mejorar como la calidad en los servicios y los costos, ya que el país tiene 2.2 doctores por cada 1000 habitantes, por abajo del promedio de la OCDE de 3.3, y sólo una tercera parte del número de enfermeras por cada 1000 habitantes que el promedio de la misma Organización. En cuanto a los costos, éstos siguen siendo elevados, dificultando un sistema de protección efectivo y de calidad.vi

Aunque parezca que la crisis del sistema de seguridad en nuestro país es lejana, entre más tiempo dejemos pasar para resolver los problemas que ya expusimos, más difícil y costoso se tornará el atenderlos, en detrimento del bienestar de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a establecer mecanismos que permitan impulsar el ahorro voluntario a través de estímulos fiscales que den pauta a una mayor deducibilidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a flexibilizar los mecanismos de ahorro voluntario para disponer de ellos ante un imprevisto.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de las entidades federativas, así como a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que diseñen e implementen acciones coordinadas en aras de ofrecer un alto nivel de calidad, cobertura y costos similares en toda la República Mexicana, así como la posibilidad de que los derechohabientes puedan transitar fácilmente de un sistema a otro.

Notas

i Seguridad Social para Todos, disponible en: http://www.seguridadsocialparatodos.org/node/1

ii Consultora De la Calle Madrazo Mancera. Disponible en https://www.forbes.com.mx/el-problema-de-las-pensiones-ya-esta-aqui/#gs .Tszp4rA

iii http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alza-en-gasto-para-pensiones-en -2017-equivale-al-prospera.html

iv https://www.forbes.com.mx/el-problema-de-las-pensiones-ya-esta-aqui/#gs .Tszp4rA

v http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P

vi https://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-s istema-mexicano-de-salud-2016.htm

vii Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de abril de 2017.

Diputada Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, la Conagua y la SFP a difundir las acciones realizadas derivadas de la auditoría número 15-2-09KDH-02-0411 411-DE, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, en su calidad de diputado a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM) se construye en un terreno del ex vaso de Texcoco, con una extensión aproximada de 4 mil 600 hectáreas.

En julio de 2014, el gobierno federal, por conducto de los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la SCT que integraron el Comité Técnico del Fonadin, determinó que la responsabilidad de construir el NAICM ya no sería de ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares) sino de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de CV, e instruyó a ASA que entregase a éste toda la documentación de los estudios, las consultorías y las asesorías.

El proyecto de construcción del NAICM representa una inversión fuerte, incluso faraónica. Hay un proyecto alternativo de construcción del aeropuerto. Esta propuesta para la construcción del NAICM consistió básicamente en conservar las actuales instalaciones del AICM (terminales 1 y 2), y destinarlas sólo a vuelos nacionales y construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía, que sería destinada a vuelos internacionales y carga aérea. Este proyecto habría representado un ahorro de 100 mil millones de pesos.

En síntesis, es una obra menos faraónica; más sustentable y sostenible; y, evidentemente, mucho menos costosa.

De la revisión de la Cuenta Pública de 2015 se desprendieron 5 auditorías que tienen que ver con la construcción del NAICM, de las cuales se determinaron recuperaciones probables por 5 118.2 miles de pesos en el caso de “Erogaciones para la construcción del nuevo aeropuerto, con recursos del fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura”, por 109.6 miles de pesos para el caso de la gestión de recursos del Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 143 526.8 miles de pesos y 85 309.3 miles de pesos por aclarar en inversiones físicas y recuperaciones probables por 38 398.7 miles de pesos, más 568 351.4 miles de pesos que quedan por aclarar para el caso de “Obras hidráulicas para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México”. El número de acciones anunciadas en estas auditorías es de 58.

La Auditoría Superior de la Federación determinó problemáticas en los siguientes 10 rubros:

• Nivel salarial en la gerencia de proyecto;

• Costo de proyecto ejecutivo del edificio terminal;

• Retenciones por atraso en la ejecución de los trabajos;

• Pagos por ajuste de costos;

• Integración de precios unitarios;

• Pago de servicios;

• Pago de estudios e investigaciones en costos indirectos;

• Comprobación de recursos;

• Integración de precios unitarios extraordinarios; y

• Pagos por duplicación de conceptos.

El proyecto de obras hidráulicas para el NAICM comprende de manera necesaria el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de México.

Esas obras consisten en la construcción de túneles profundos, entubamiento de cauces, construcción de colectores marginales para los ríos del oriente, rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, revestimiento de canales, ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación, construcción de bordos, modificación de plantas de bombeo, rehabilitación de canales existentes y construcción de colectores de estiaje, con el propósito de sustentar dicha obra aeroportuaria e incrementar la capacidad de regulación y conducción de agua en esta zona, que ha sido afectada en forma histórica por inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la confluencia de aguas residuales de la zona metropolitana del valle de México y la convergencia de los nueve ríos de oriente (http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0464_a.pdf).

En la auditoría financiera y de cumplimiento número 15-2-09KDH-02-0411 411-DE, referente a las obras hidráulicas con un universo seleccionado de 794 004.2, y una muestra auditada de 716 291.9, equivalente a 90.2 por ciento del universo seleccionado, la Auditoría encontró pérdidas por un monto de 38 398.7 miles de pesos. Adicionalmente, hay 568 351.4 miles de pesos por aclarar.

Entre estas deficiencias en la ejecución del gasto público se observó que personal de la Conagua suscribió de manera extemporánea convenios para prorrogar el plazo de los trabajos y el otorgamiento de anticipos a los contratistas por un monto de 909 580.6 miles de pesos, sin que la Conagua les exigiera la documentación comprobatoria de la aplicación de éstos conforme a los programas establecidos en cada uno de los contratos.

Además, autorizó pagos por un monto de 1 986.5 miles de pesos sin verificar las particularidades del trabajo por realizar, pues las cifras no coinciden con las indicadas en el proyecto, lo cual provocó diferencias entre el volumen pagado por la entidad fiscalizada y el cuantificado por la ASF.

Asimismo, se autorizaron pagos por un importe de 522.7 miles con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, sin considerar que las plantillas pagadas fueron mayores que las autorizadas por ella misma.

Hubo autorizaciones de pagos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado sin acreditar su procedencia, pues los trabajos que el contratista debía realizar se encontraban suspendidos.

Por todo lo anterior pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a hacer de conocimiento público si hubo respuesta a las recomendaciones, recomendaciones al desempeño, solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones realizados a la Comisión Nacional del Agua en la Cuenta Pública de 2015, así como el contenido de ellas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a hacer del conocimiento público los avances de las cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que derivaron de la auditoría financiera y de cumplimiento número 15-2-09KDH-02-0411 411-DE.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a hacer del conocimiento público las acciones realizadas para subsanar las recomendaciones, recomendaciones al desempeño, solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública de 2015.

Referencias

http://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/03/21/encuentra -la-asf-anomalias-por-278-mdp-en-obras-del-naicm

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_046 4_a.pdf

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_040 8_a.pdf

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_040 9_a.pdf

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_041 1_a.pdf

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_040 7_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a promover políticas y programas para mejorar la atención de la salud de las mujeres, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha definido a la violencia contra la mujer como:

“...todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada...”.1

Dentro de la violencia que se ejerce contra las mujeres la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 23 de septiembre de 2014, dentro del marco de los trabajos del Human Reproduction Programme, la OMS publicó la declaración para la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud, en la que precisó que:

“En todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación. Esta declaración reclama un accionar más enérgico, diálogo, investigación y apoyo en relación con este importante problema de salud pública y de derechos humanos”2

Desafortunadamente, pese a no contar con cifras oficiales, especialistas en derechos humanos han denunciado que “la violencia obstétrica es una práctica común en México”; 3 de acuerdo con Angélica Ramírez y Leticia Hernández4 “Miles de mujeres en labor de parto son víctimas de malos tratos, agresiones verbales y físicas y hasta esterilización no consentida en instituciones públicas y privadas de salud...”5

A esta terrible situación, es a la que se encuentran expuestas6 diariamente 6,850 mexicanas en promedio. “Según cifras del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Oaxaca tiene el mayor porcentaje de muerte materna: 55.9 por ciento, seguido de Guerrero, con un porcentaje de 47.2 por ciento, y en las demás posiciones están Chihuahua, con 35.9 por ciento, Yucatán, con 25 por ciento, y Chiapas, con 24.6 por ciento.”7

Es decir, que pese a que el 1 de febrero de 2007, se publicase en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los casos como los de “María ”, una mujer originaria del estado de Guerrero, que acudió a recibir atención médica al Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco, para después ser transferida al Materno Infantil de Magdalena Contreras,8 para que la asistieran en el parto de su segundo hijo; en donde las negligencias médicas terminaron por cobrarse la vida de hijo no nato.

Así, como “María ”, muchas otras mujeres han sido víctimas de la violencia obstétrica, generalmente, en instituciones de salud públicas, tal y como consta en las recomendaciones 3/2015, que dirige la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a la Secretaría de Salud del DF; o en la que dirigía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de Salud Federal, tras documentar el caso de tres mujeres que perdieron su producto de la gestación en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicados en Gómez Palacio, Durango y en Metepec y Texcoco Estado de México, en las que preciso que:

“Para la CNDH, el personal médico de los citados hospitales que intervino en estos casos incurrió en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, al no actuar con legalidad, honradez, lealtad y eficiencia como servidores públicos. Se solicita al director del IMSS, Mikel Arriola, la reparación integral del daño a las mujeres agraviadas, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, que incluya indemnización o compensación, atención médica y psicológica.”9

Lo anterior deja al descubierto la grave crisis por la que atraviesan las instituciones de salud pública en el país, pero además del deficiente funcionamiento que estas tienen, se suma la violencia obstétrica que ejercen contra las pacientes, que termina, en todos los casos, por vulnerar más de un derecho fundamental.

Por consiguiente, para los diputados ciudadanos urge abordar esta problemática, exhortando al titular de la Secretaría de Salud de la Administración Federal a que promueva políticas y programas para mejor la atención en salud de las mujeres, incorporando la perspectiva de género, los derechos humanos y la atención culturalmente adecuada antes, durante y después del parto, a todas las políticas públicas y programas que afecten a la salud de las mujeres.

Por lo que proponemos a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso al Titular de la Secretaría de Salud, Doctor José Narro Robles, para que promueva políticas y programas para mejor la atención en salud de las mujeres, incorporando la perspectiva de género, los derechos humanos y la atención culturalmente adecuada antes, durante y después del parto, a todas las políticas públicas y programas que afecten a la salud de las mujeres.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. Centro de prensa. Nota descriptiva. Violencia contra la mujer. Noviembre de 2016. Consultable en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

2 OMS. Human Reproduction Programme. Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud. Noviembre de 2014.

3 Emir Olivares Alonso. La Jornada. “La violencia obstétrica es común en México: expertas”. 23 de junio de 2016. Consultable en: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/23/sociedad/038n1soc

4 Ambas profesoras de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.

5 Emir Olivares Alonso. La Jornada . “La violencia obstétrica es común en México: expertas”. 23 de junio de 2016. Consultable en: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/23/sociedad/038n1soc

6 Según estimaciones de la tasa de natalidad (19.02 nacimientos por cada 1,000 habitantes) de 2014.

7 Amayali Amador. La Izquierda Diario. “Violencia obstétrica: Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendación al IMSS”. Consultable en: http://www.laizquierdadiario.mx/Violencia-obstetrica-Comision-Nacional- de-Derechos-Humanos-emite-recomendacion-al-IMSS

8 Ambos dependientes de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (Sedesa).

9 Amayali Amador. La Izquierda Diario. “Violencia obstétrica: Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendación al IMSS”. Consultable en: http://www.laizquierdadiario.mx/Violencia-obstetrica-Comision-Nacional- de-Derechos-Humanos-emite-recomendacion-al-IMSS

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a atraer el caso del periodista Julio Omar Gómez Sánchez, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Con fecha de 28 de marzo del presente, el periodista Julio Omar Gómez Sánchez recibió un ataque en su domicilio; como resultado de esta agresión, su escolta fue gravemente herido por impactos de bala y momentos más tarde falleció.

El atentado al que hacemos mención no es el único cometido en contra de la integridad del comunicador, toda vez que con anterioridad había sido víctima de daños a su patrimonio, ya que en diciembre de 2016, su domicilio en San José del Cabo fue incendiado y, de manera posterior, el día 8 de febrero su automóvil sufrió el mismo daño.

Como resultado de los primeros atentados, Gómez Sánchez interpuso denuncias ante la Procuraduría General de la Republica y solicitó apoyo al Mecanismo de Protección a Periodistas, por lo cual en este tercer ataque se encontraba protegido.

Es importante señalar que el comunicador publicaba reportes policiacos a través de “Facebook 911” a partir del año 2014; sin embargo, tras las agresiones en su contra optó por retirarse de la actividad periodística y laborar en el área de Comunicación Social de la delegación de Cabo San Lucas.1

En el mismo tenor, la organización Articulo 19 emitió adelantos en cuanto a su informe 2016 sobre violencia a periodistas, donde establece que el año 2016 ha sido el más violento para el gremio periodístico toda vez que se tienen registradas 426 agresiones aunadas a actos de ciberespionaje e incremento de violencia dirigida a las mujeres dedicadas al periodismo. En la misma línea, señaló que existe 99.75 % de impunidad en estos casos.2

En el mes de noviembre de 2016, la Unesco publicó un informe donde sus datos arrojaron como resultado que México ocupa el “quinto lugar dentro de un listado de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”.3

Por lo cual anexamos parte del informe de la FEADLE (ubicado en la página 20) para demostrar que la práctica del periodismo se ha visto envuelta en grandes aspectos criminales.

4

Si bien es cierto que la FEADLE se ha encargado de atraer estos asuntos, también es sabido que, de los actos delictivos en contra de periodistas, sólo en tres ha habido condenados.5

El artículo 6 constitucional establece que: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Es por ello que en esta Cámara de Diputados Morena ha puesto sobre la mesa los atentados en contra de periodistas, mediante las proposiciones con punto de acuerdo en relación a los casos de Rubén Espinoza Becerril, Nadia Vera, Anabel Flores Salazar, Francisco Pacheco Beltrán, Iris Velázquez, Ricardo Monlui Cabrera, Miroslava Breach Velducea, los cuales siguen pendientes o fueron desechados.

El Poder Legislativo no debe encerrarse en el solo hecho de condenar estos crímenes mediante solo discursos, sino evolucionar y realizar acciones en el marco de sus atribuciones que conlleven a colaborar en el esclarecimiento de los crímenes y que éstos no sean la cuna de la impunidad que en la actualidad está en plena función.

Aunque en esta ocasión no fue la vida del comunicólogo la que terminó, sino la de su guardia de seguridad, es imperdonable que los órganos encargados de impartir justicia dejen este crimen impune. Es por eso que, en el mismo tenor, se hace un llamado a la Fiscalía General de Justicia de Baja California Sur para que investigue y llegue a las últimas consecuencias para el esclarecimiento de este acto delictivo.

El periodismo es realmente importante; los reporteros y periodistas todos los días tienen información de primera mano para darla a conocer a la gente, a los pueblos, a las naciones y al mundo entero; nunca dejan de estar informados, siempre están detrás de la noticia. Sus armas son: plumas, libretas y grabadoras; la noticia nunca descansa, nada ni nadie detiene a las redacciones de los medios de comunicación, pues a cada minuto tienen que informar.

Es por ello que el Estado debe garantizar las medidas necesarias para la práctica segura de esta profesión; no debemos pasar desapercibidas todas y cada una de estas agresiones, ya que en caso de ser así, el Estado pasaría a ser cómplice de estos ataques, toda vez que si éste no pone un orden claro, los atentados en contra del gremio periodístico seguirán ocurriendo al por mayor, muestra clara es que ha acontecido en el mes de marzo con tres muertes ocasionadas a periodistas y agresiones múltiples.

Es por todo lo anterior, con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio que pongo a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión para que atraiga el caso del ataque cometido en contra del comunicólogo Julio Omar Gómez Sánchez, en el cual perdió la vida el guardia de seguridad personal que le fue asignado por parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al gobierno de Baja California Sur, a la Fiscalía General del Estado a que hagan del conocimiento público y de manera detallada las acciones realizadas para la protección de los periodistas.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General de Justicia de Baja California Sur para que investigue y llegue a las últimas consecuencias para el esclarecimiento de este acto delictivo donde perdió la vida el guardia de seguridad personal.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/28/grupo-armado- asesina-escolta-de-reportero-en-bcs

2 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/03/28/denuncian-aumento-agresi ones

3 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/02/mexico-quinto-pais-mas-pe ligroso-para-periodistas-unesco

4 http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Documents/
ACTUALIZACION-2016/ESTADISTICAS%20mzo%202016%20totales.pdf

5 http://www.animalpolitico.com/2017/03/asesinatos-periodistas-mexico-se- quedan-impunes-798-agresiones-47-asesinatos-solo-3-condenas/

Palacio Legislativo, a 20 de abril de 2017.

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a intensificar las acciones promotoras de la donación de células, tejidos y órganos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de motivos

La Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984,1 en su artículo 320, señala que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en esa misma ley.

Dicha ley también refiere que la donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

Sin embargo, pese a ser un tema reconocido por el marco normativo mexicano, en nuestro país, carecemos de una cultura de la donación.

Para arribar a esta conclusión es preciso tener en cuenta que durante 2015, el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT) documentó que en menos de dos meses, en nuestro país tan sólo se realizaron 365 trasplantes de córnea, 268 de riñón, 18 de hígado y tres de corazón;2 mientras que el Centro Nacional de Trasplantes en México estimó que para ese mismo año existían 19,916 personas en espera de un trasplante.3

Esta situación, además de demostrar la poca cultura de la donación de órganos y tejidos, acarrea consigo otra problemática derivada de la escasez de órganos disponibles, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “ha estimulado el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de donantes vivos no emparentados con los receptores”.4

Al respecto, la organización que rastrea el tráfico ilícito de órganos, Organs Watch, estima que cada año se venden de manera ilegal entre 15.000 y 20.000 riñones en todo el mundo.5

Mientras que en México, el titular de la Interpol, Irving Vidal, durante el Congreso Internacional sobre Prevención Delitos Emergentes, dio a conocer que actualmente el tráfico de órganos ha incrementado de manera notable.6

Como puede advertirse, la escasez de células, tejidos y órganos para trasplantes ha impactado no sólo en la salud de las y los mexicanos, sino que, además, se ha convertido en un nicho en el que proliferan grupos criminales que trafican con órganos humanos, de donantes vivos no emparentados con los receptores.

Por ello, resulta de vital importancia para el Estado mexicano fortalecer la cultura de la donación de células, tejidos y órganos, de modo que se mejore la calidad de vida de las y los mexicanos, principalmente de aquellos que se encuentran en lista de espera para un trasplante; además de cooptar los espacios para el tráfico ilegal de órganos.

Por estas razones, nos permitimos someter a la consideración del pleno, la presente proposición:

Punto de acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, para que a través de la Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Trasplantes y de las Instituciones del Sistema Nacional de Salud, intensifique las acciones de promoción de donación de células, tejidos y órganos en todo el territorio nacional.

Notas

1 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017.

2 José Dante Amato Martínez. Universidad Nacional Autónoma de México. Boletín UNAM-DGCS-115. “México, aún carente de una cultura de donación de órganos”. 26 de febrero de 2015. Consultable en:

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_115.html

3 María del Mar Aguirre S. Forbes. “La donación de órganos y los trasplantes”. 14 de agosto de 2015. Consultable en:

http://www.forbes.com.mx/la-donacion-de-organos-y-los-tr asplantes/#gs.j8NQF4U

4 OMS. “Principios rectores de la OMS sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos”. Aprobados por la 63 Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 2010, en su resolución WHA63.22

5 Nancy Scheper-Hughes. The Washington Post. “The market for human organs is destroying lives”. 5 de junio de 2016. Consultable en: 4 https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2016/01/05/
the-market-for-human-organs-is-destroying-lives/?utm_term=.a2734baf7afc

6 Benito Jiménez Reforma. “Alerta a Interpol tráfico de órganos”. 11 de marzo de 2016. Consultable en:

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/artic ulo/default.aspx?id=790291&urlredirect=http://www.reforma.com/aplic aciones/articulo/default.aspx?id=790291

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato del periodista Maximino Rodríguez y se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a realizar diligencias a fin de esclarecer el caso y capturar a los responsables, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la proposición de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El periodista Maximino Rodríguez Palacios fue asesinado el pasado 14 de abril, aproximadamente a las 11:50 de la mañana. De acuerdo con los medios de comunicación, fue atacado a tiros desde una camioneta Pick up blanca y privado de su vida afuera de la tienda conocida como City Club Forjadores cuando se dirigía al estacionamiento, lugar a donde acudió para realizar compras en compañía de su esposa, la cual resultó ilesa en el ataque.

Maximino Rodríguez Palacios era reportero de nota roja en el medio de comunicación llamado “Colectivo Pericu”, mismo que ha condenado el hecho y que en su portal de internet ha recibido comentarios negativos, violentos y parciales respecto al asesinato de este periodista.1

Con el asesinado de Maximino Rodríguez Palacios ya suman 4 asesinatos de periodistas tan solo en tres meses y medio (Miroslava Breach, Ricardo Monlui Cabrera y Cecilio Pineda Birto).

La CNDH solicitó a la Secretaría General de Gobierno de Baja California Sur implementar las medidas cautelares necesarias para proteger la seguridad de los familiares del periodista, sin dejar de mencionar que con el homicidio de Maximino Rodríguez son ya 124 periodistas asesinados en México.2

Asimismo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del periodista Maximino Rodríguez Palacios, ocurrido el pasado 14 de abril en La Paz, Baja California Sur.3

La labor periodística que realizaba Maximino Rodríguez es de suma importancia para esclarecer los motivos que llevaron a su asesinato, pues se dedicaba a cubrir la fuente policiaca y hechos de alto impacto,4 además de realizar trabajos de opinión en una columna bajo el mismo nombre, en la que abordaba temas como gobierno, política, violencia y seguridad.

Maximino Rodríguez ya había recibido amenazas con anterioridad, siendo dadas a conocer las primeras en una entrevista que realizo el medio “Cuco” (Cultura y Comunicación BCS) el 6 de diciembre de 2016, entrevista en la que mencionó: “sí, me han hablado por teléfono, que ya le pare”

Además de esa amenaza, el día 11 de abril en la columna del periodista titulada “Es mi opinión” donde abordó temas sobre un grupo criminal, en donde incluso señala ejecuciones recientes y nombres del dirigente, en uno de los comentarios con el nombre de usuario “pájaro inquieto” expresa: “cuidado putito periodista vendido chayote ro corruptos ya están matando agentes ministeriales, policías estatales Lic Del m.p. Ahora no mas faltan que empiezen a matar periodista chayoteros corruptos que agarran vado pinche max aguas.”

Asesinar a periodistas en México se ha vuelto una lamentable realidad en México, y más grave es que estos asesinatos sigan quedando impunes, eso ya no habla de una normalización de la violencia ejercida sobre los periodistas.

El asesinato es la forma más grave e irreversible en que un periodista es atacado, para llegar a este punto se cinismo es claro que los autores de tales crímenes no temen a las consecuencias de la autoridad, puesto que, de acuerdo con las cifras de la FEADLE, estas son inexistentes dado su nivel de eficacia.

La misma FEADLE, en la última reunión que sostuvo con la Comisión especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, menciono que cuando existe una agresión a periodista, abre una carpeta de investigación paralela a la que se lleva en el estado donde ocurre la agresión, y lejos de atraer el caso únicamente apenas si le da seguimiento.

La protección a periodistas es un tema global, abarca, la seguridad, el acceso a la justicia, la protección laboral, y por supuesto abarca un tema de financiamiento público para poder realizar esta protección.

Los periodistas están en mayor peligro cada día, eso es una realidad, mientras esta Cámara en el ámbito de su competencia continúe desestimando casos como el de Maximino Rodríguez será cómplice de la violencia que se ejerce contra el periodismo.

Es por todo lo anterior que pongo a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato del periodista Maximino Rodríguez Palacios quien ha perdido la vida por el ejercicio de su labor informativa.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión para que atraiga el caso y realice el esclarecimiento efectivo del homicidio del periodista Maximino Rodríguez Palacios, y a que indague de manera exhaustiva todas las líneas de investigación, en especial la que tienen que ver con su actividad periodística, con pleno respeto a su persona evitando la criminalización del periodista.

Tercero. La Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Baja California Sur y a la Procuraduría General de Justicia del Estado a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad y la libertad que requieren los periodistas para el pleno y satisfactorio ejercicio de su labor en el estado de Baja California Sur.

Notas

1 https://colectivopericu.net/2017/04/14/
ha-sido-asesinado-max-rodriguez-reportero-de-colectivo-pericu/#more-106114 Portal Colectivo Pericu.

2 Comunicado de prensa
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_119.pdf CNDH

3 https://www.la-prensa.com.mx/mexico/171444-onu-dh-y-pen-mexico-condenan -asesinato-del-reportero-en-bcs

4 Artículo 19. https://articulo19.org/asesinan-al-cuarto-periodista-este-ano-continuan -amenazas/

Palacio legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputado Ángel Hernández de la Piedra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a prevenir los incendios forestales en el territorio nacional, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras de 12 de noviembre de 19971 , nos mandata a las generaciones actuales, preservar a la naturaleza para las generaciones venideras.

El informe del secretario general de la Naciones Unidas (A/66/302), sobre la armonía de la naturaleza del 15 de agosto de 2011, argumenta que a finales del siglo XX, se ha iniciado la conciliación del ser humano con la naturaleza; el siglo XXI será el siglo de los Derechos de la Naturaleza.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., reconocen el derecho a un medio ambiente sano, como un derecho humano, en el cual, por mandato constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que ella misma establece.

De esta base constitucional se coligue que de los derechos humanos dependen los derechos de la naturaleza, como se lee en el “Informe resumido de los expertos sobre el primer dialogo virtual de la Asamblea General acerca de la Armonía con la Naturaleza entre expertos en jurisprudencia de la Tierra de todo el mundo.”2

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo mismo sostiene en la Recomendación General Número 26 sobre la falta y/o actualización de programas de manejo en áreas protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos, del 13 de abril de 2016.

Con el fin de alcanzar el estado de derecho democrático y social, tenemos el deber proteger y garantizar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

Al no tener una política clara, eficaz y eficiente sobre la prevención y combate de incendios, se vulneran diversos derechos humanos y derechos de la naturaleza, por lo tanto es necesaria la prevención de incendios forestales en el estado y la protección tanto de la naturaleza y las personas.

“Los incendios se producen cuando se combinan tres elementos: calor, oxígeno y combustible. El oxígeno se encuentra siempre en la atmosfera, el calor proviene de la radiación del sol y de la flama que inicia el fuego, y el combustible es la vegetación forestal disponible para quemarse, especialmente en época de secas”.

“La época de sacas comprende principalmente los meses de marzo, abril, mayo y junio, dependiendo de la situación geográfica de las diferentes regiones”,

“En lo que va del año, hay un total de 26 mil 334 hectáreas que han sido dañadas por mil 622 incendios forestales que se han registrado en 26 entidades del país. Así lo informó la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación al ofrecer datos oficiales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), del 1 de enero al 2 de marzo de 2017”.3

Una prueba de lo que provocan los incendios forestales, fue el incendio que se provoca a mediados del mes de marzo de este año, en el estado de Morelos, de acuerdo a la Secretaría de Protección Civil de Morelos, señalo que: “que más de 200 combatientes forestales y brigadas rurales liquidaron siete de los 12 incendios forestales registrados en Morelos, los cuales corresponden a Tetela del Volcán, en el paraje conocido como La Joya; en Huitzilac, en los parajes El Palomo, Preparatoria y Dos Ocotes; en Yautepec, en el paraje de Tetillas; así como Totolapan, en el cerro conocido como Tepetlixpita y en San Andrés, hasta días posteriores quedaban activos los incendios en los parajes Quinta Piedra, Santa Catarina y Amilcingo, en Tepoztlán; así como en Cuernavaca en El Fresno, en el ejido de Santa María y Ocotepec, este último tiene un avance de 90 por ciento de control y 80 por ciento de liquidación4 .

Derivado de este incendio, iniciado en el estado de Morelos, mismo que llegó alcanzar al estado de México, en el cual hubo una coordinación entre instituciones para poder contralar y apagar este incendio forestal que ha acabado con decenas de hectáreas de bosque.

Los incendios forestales no se deben ver como algo “común” en estos meses del año, más bien como señalan las autoridades y estudios que la mayoría de los incendios suceden por imprudencia o dolo de las personas y son muchas veces incendios forestales provocados.

“Las entidades con mayor número de incendios han sido el estado de México, Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Jalisco y Chiapas, que representan 81.07 por ciento del total nacional”.

“Las entidades con mayor superficie afectada fueron Oaxaca, Puebla, Jalisco, Guerrero, estado de México, Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas, que representan 82.28 por ciento del total nacional”5 .

Hoy no sólo los ciudadanos se tienen que cuidar de la delincuencia, violencia e inseguridad que reinan en el estado, ahora la ciudadanía en general, tienen que cuidarse de los incendios forestales provocados por las mismas personas.

La naturaleza no puede defenderse sola, eso está comprobado, pero asimismo no es conveniente seguir quemando los bosques, árboles y continuar dañando nuestra naturaleza, basta con saber que el cambio climático llegó para quedarse, si es que los países emergentes no detienen la destrucción masiva del medio ambiente.

Por eso es necesario que se exhorte a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, para que a la brevedad posible implemente de forma coordinada medidas tendientes a prevenir los incendios forestales en el país, esto con el fin de cuidar los bosques; la flora y fauna, así con objeto de prevenir algún riesgo que ponga en peligro la vida de las personas, por las causas que generan los incendios forestales.

Por lo que proponemos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional Forestal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, para que a la brevedad posible implementen de forma coordinada medidas tendientes a prevenir los incendios forestales en el territorio nacional, esto con el fin de cuidar los bosques, la flora y fauna, con objeto de prevenir algún riesgo que ponga en peligro la vida de las personas por las causas que generan los incendios forestales.

Notas

1 La Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras. Consultable en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2290/24.pdf

2 Organización de las Naciones Unidas. Sexagésimo quinto periodo de sesiones. Tema 20 i) del programa provisional. Desarrollo sostenible: armonía con la naturaleza. Armonía con la naturaleza. Informe del Secretario General.

3 Revista Protegernos . Incendios Forestales. Consultable en: http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/cursos/ptt/indice/revista/frame_re vpag32.htm

4 Justino Miranda. El Universal . Evacuan a 200 habitantes por incendios forestales en Morelos. 22 de marzo de 2017. Consultable en:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/2 2/evacuan-200-habitantes-por-incendios-forestales-en-morelos

5 Redacción. Proceso . Reportan daño en 26 mil 334 hectáreas por incendios forestales en lo que va del año. 7 de marzo de 2017. Consultable en: http://www.proceso.com.mx/477024/reportan-dano-en-26-mil-334-hectareas- incendios-forestales-en-lo-va-del-ano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato del comunicador y activista Juan José Roldán Ávila y se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a realizar diligencias a fin de esclarecer el caso y capturar a los responsables, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Juan José Roldan Ávila, activista y comunicador, fue asesinado el pasado fin de semana, el cuerpo fue hallado la mañana del domingo 16 de abril sobre un camino de terracería en un predio de la colonia San Rafael en Calpulalpan, Tlaxcala, de acuerdo a los reportes derivados del hecho las autoridades no dieron a conocer qué tipo de lesiones presentaba sin embargo diversos medios manifestaron que el cuerpo de Roldan Ávila mantenía “signos de violencia y que el rostro se encontraba cubierto de sangre”.

En el mismo tenor señalamos que el comunicador con anterioridad ya había expresado a través de su cuenta de Facebook que era víctima de hostigamiento.1

La víctima tenía 36 años de edad, era defensor de los animales y de la diversidad sexual, trabajaba como reportero de freelance y además era parte de la comisión de la feria del municipio de Calpulalpan.

En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que ya se abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer su muerte y dar con los responsables.

Por otra parte organizaciones como La Unión de Periodistas de Tlaxcala, Código Tlaxcala y Resplandor Político hicieron un llamado para exigir a las autoridades el rápido esclarecimiento del homicidio de Roldan Ávila.2

Es inadmisible que hechos como el que hoy analizamos a través del presente ocurso tengan presencia en nuestro país toda vez que es sabido que durante este año el gremio periodístico se ha visto muy violentado ya que la delincuencia ha tomado como víctima a este sector social que cada día ve más peligroso ejercer con libertad dicha profesión.

Dentro del sistema jurídico nacional en el artículo 1o. de la Constitución política de nuestro país se establece lo siguiente, “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la tortura en su artículo 1o establece que “los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención”. A su vez en el artículo 2o manifiesta que “se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

Hacemos alusión a estos preceptos toda vez que México forma parte de la Convención citada y el problema analizado en el presente libelo está relacionado con actos de tortura, es necesario hacer énfasis en ello toda vez que si nuestro país es promotor de preservar la integridad física de las personas de también las bases para cumplir con este cometido.

Por otro lado nuestro sistema jurídico protege la manifestación de ideas en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario citar este precepto toda vez que el acto del cual fue víctima el comunicador Roldan Ávila es protegido por el Derecho vigente, aunque a su vez México se encuentre en el quinto lugar como país más peligroso para ejercer el periodismo.3

A ello relacionamos el hecho consistente en el asesinato de cinco periodistas y dos atacados a tiros en un lapso de mes y medio de este año, sin embargo aunque el sistema jurídico mexicano plantea la protección del gremio periodístico, la delincuencia cada día se torna con mayor poder y toma como víctimas a población vulnerable. Es claro que existe un enorme panorama donde la impunidad impera con gran impacto toda vez que el Estado al no garantizar factores que den seguridad a la colectividad la delincuencia seguirá dañando a la población ya sean periodistas como ciudadanos en general.

Morena, en reiteradas ocasiones, ha puesto a discusión este tema teniendo como respuesta una negativa, manteniéndose este Congreso únicamente en el discurso de defensa de los periodistas, pero aun sin acciones verdaderas que sirvan al gremio.

Es por todo lo anterior que pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato del comunicador y activista Juan José Roldan Ávila, quien ha perdido la vida por el ejercicio de su labor.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión para que atraiga el caso y realice el esclarecimiento efectivo del homicidio del comunicador y activista Juan José Roldan Ávila, y a que indague de manera exhaustiva todas las líneas de investigación, en especial la que tienen que ver con su actividad como periodística y activista social, con pleno respeto a su persona evitando su criminalización.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala y a la Procuraduría General de Justicia del Estado a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad y la libertad que requieren los periodistas para el pleno y satisfactorio ejercicio de su labor en el estado.

Notas

1 http://www.sdpnoticias.com/gay/2017/04/17/matan-a-golpes-a-activista-lg bti-en-tlaxcala

2 http://www.sinembargo.mx/17-04-2017/3194735

3 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/02/mexico-quinto-pais-mas-pe ligroso-para-periodistas-unesco

Palacio legislativo de San Lázaro 20 de abril 2017

Diputado Ángel Hernández de la Piedra (rúbrica)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la CDMX, a difundir la información concerniente al proyecto “Parque la Mexicana” en la zona de Santa Fe y a llegar a acuerdos con los vecinos de Santa Fe y organizaciones de la sociedad civil, a cargo de la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Distrito Federal, actual Ciudad de México se ha caracterizado por contar con un constante crecimiento, siendo un importante receptor de acelerados procesos económicos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos, lo cual ha formulado desigualdades, rezagos, demandas de servicios básicos y una mayor demanda de vivienda, como consecuencia de una inadecuada planeación de su desarrollo urbano.

De acuerdo con Horacio Landa, el desarrollo urbano, es el proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la planeación del medio urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales; implica además de la expansión física y demográfica, el incremento de las actividades productivas, la elevación de las condiciones socioeconómicas de la población, la conservación y mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en buenas condiciones de funcionamiento. El desarrollo urbano persigue el equilibrio entre los aspectos físicos, económicos y sociales, siendo diferente del crecimiento parcial de algunos de estos que en ocasiones es interpretado como desarrollo. El desarrollo urbano debe ser concebido en forma integral con el desarrollo regional o territorial, ya que difícilmente se da en forma independiente 1 .

En la actualidad, la Ciudad de México se ha convertido en una de las entidades federativas con un mayor número de irregularidades en materia de desarrollo urbano, esto como resultado de las diversas problemáticas y necesidades específicas que se presentan como consecuencia de un crecimiento desordenado en materia de urbanización. Siendo una de las principales causas, la incorporación masiva de suelo para la construcción habitacional, sin contar con una planeación de desarrollo acuerdo a la vocación del territorio.

Un ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior, se puede observar en la zona de Santa Fe, la cual, se ha transformado con una velocidad vertiginosa, al pasar en un periodo de tiempo corto, de un vertedero de basura a uno de los lugares más exclusivos de la ciudad.

En menos de 10 años, la zona se empezó a poblar de varios corporativos de empresas trasnacionales y mexicanas que encontraron en Santa Fe un entorno idóneo para desarrollarse e inscribirse en el mundo global de los negocios. Simultáneamente inició en la zona el desarrollo del centro comercial Santa Fe, el más grande de Latinoamérica que atrajo importantes cadenas internacionales y nacionales facilitó el proceso de población de este fraccionamiento con el surgimiento de grandes proyectos inmobiliarios, entre los que destacan los habitacionales 2 .

De acuerdo con la revista Real Estate Market & lifestyle 3 la zona de Santa Fe cuenta con:

• Espacios comerciales. La composición actual es dominada por empresas y negocios, que ocupan una superficie estimada entre 1 millón 200 mil y 1 millón 500 mil metros cuadrados. La vivienda no ha crecido con el mismo vigor, ya que el mismo estudio reporta 7 mil 983 viviendas habitadas por 30 mil residentes con 16 mil 899 automóviles. Están en construcción mil 815 viviendas para 7 mil 260 personas, y en proyecto 3 mil 377 viviendas para 13 mil 508 residentes.

Un tema relevante en lo residencial es la normativa de uso de suelo, ya que en su disposición actual permite la construcción de unas 8 mil 144 viviendas más; en caso de optimizarse este potencial, habría un total de 18 mil 969 unidades para 75 mil 874 habitantes con 56 mil 906 vehículos, de acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) de Santa Fe.

• 14 hoteles, 3 de ellos integrados en torres de usos mixtos, y en proyecto hay 3 más.

• 2 mil empresas, 15 agencias automotrices, 40 salas de cine, unos 125 restaurantes y -hasta ahora- cuatro centros comerciales con 766 locales, aunque hay 4 en proyecto: la ampliación del Centro Comercial Santa Fe, Park Plaza, MRP Santa Fe y Garden Santa Fe.

El incremento acelerado de construcciones que van desde edificios corporativos, escuelas y casas habitacionales, y la falta de una adecuada planeación, ha generado que cada vez los servicios públicos como el alumbrado, el drenaje, abastecimiento de agua potable, transporte público e incluso vías de acceso sean insuficientes, generando grandes problemas para los residentes de la zona.

Sin embargo, a pesar de la falta de servicios que se presentan en Santa Fe, como consecuencia de la inadecuada planeación de desarrollo urbano, el gobierno de la ciudad ha puesto en marcha un proyecto denominado “Parque la Mexicana”, el cual de acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México será un pulmón para la Ciudad de México y previó que estará listo en el primer semestre del 2017 4 .

El parque público La Mexicana, en Santa Fe, se llevara a cabo con una inversión de mil 500 millones de pesos, provenientes de la venta a la iniciativa privada de 12, de 41, hectáreas, donde se construirán mil 600 viviendas, una torre de oficinas, un área comercial y estacionamientos 5 . El 70 por ciento del terreno (30 hectáreas) sería usado para un parque y 30 por ciento (11 hectáreas) para desarrollar mil 500 viviendas 6 .

De acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, el parque contará con un eje central de andadores y dos accesos principales llamados Puerta Norte, que contará con una alameda que articula el acceso con el tren México-Toluca y los edificios altos de la zona; Puerta Sur se extiende en una gran plaza pública con espacios semi-sombreados que permite el acceso por autobuses públicos y automóviles. Además, respetará los ciclos hidrológicos para aprovechar el agua de lluvia y evitar el consumo de agua potable para su mantenimiento; captación de agua de lluvia y riego con agua tratada, luminarias con energía solar; autogenerará recursos para su adecuado mantenimiento y operación futura. Todo esto, lo hace económica y ambientalmente sustentable 7 .

Este punto ocasionó la inconformidad de los habitantes de la zona de Santa Fe, ya que se oponen a que se construya más viviendas hasta que no se tenga garantía de los servicios básicos, ya que como se ha expresado líneas arriba, actualmente los servicios públicos de agua, drenaje, así como los accesos son insuficientes, provocando afectaciones a los vecinos del lugar, así como saturación vial, debido a que con una mayor cantidad de viviendas implicaría una mayor presión sobre los servicios e infraestructura pública.

Es importante hacer mención que el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece que, “para acciones urbanísticas que impliquen la expansión del área urbana, para el fraccionamiento de terrenos o para la subdivisión o parcelación de la tierra, las autoridades locales deberán asegurarse de que existe congruencia con las normas de zonificación y planeación urbana vigentes, la viabilidad y factibilidad para brindar los servicios públicos y extender o ampliar las redes de agua, drenaje, energía, alumbrado público y el manejo de desechos sólidos de manera segura y sustentable, sin afectar los asentamientos colindantes, sin ocupar áreas de riesgo o no urbanizables y garantizando la suficiencia financiera para brindar los servicios públicos que se generen”.

De tal forma, que continuar con el incremento de los asentamientos humanos, en una zona que ya cuenta con un grave problema para la implementación y dotación de los servicios públicos indispensables como son el transporte; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública, traería emparejado grandes afectaciones para las personas que habitan, trabajan o estudias en Santa Fe.

Con base en lo señalado, es menester que la Cámara de Diputados exhorte al jefe de gobierno de la Ciudad de México a hacer pública la información concerniente al proyecto del Parque la Mexicana, así como, gire instrucciones a las dependencias responsables de dicho proyecto para que formulen mesas de trabajo con los vecinos de Santa Fe, ambos supuestos con la finalidad de que los habitantes de dicha zona, tengan conocimiento y claridad de las repercusiones físicas, técnicas y financieras que se generarán como consecuencia de dicha obra.

Las capitalinas y los capitalinos merecen nuestra solidaridad y compromiso. Por ello, propongo que desde la Cámara de Diputados les demos voz y hagamos eco a sus demandas.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México para que bajo el principio de máxima publicidad, haga pública la información técnica, jurídica y financiera concerniente al proyecto “Parque la Mexicana” en la zona de Santa Fe, así como para que gire instrucciones a las dependencias responsables de llevar a cabo la obra, a efecto de que se lleven a cabo mesas de trabajo con los vecinos de Santa Fe y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de que la ciudadanía tenga conocimiento y claridad de las repercusiones ecológicas, financieras y urbanísticas que se generarán como consecuencia de dicho proyecto.

Notas

1 http://www.hic-al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=19

2 http://ciudadmexico.com.mx/zonas/santa_fe.htm

3 http://www.realestatemarket.com.mx/articulos/mercado-inmobiliario/urban ismo/11144-santa-fe-2

4 http://www.proceso.com.mx/458218/presentan-proyecto-parque-la-mexicana- en-santa-fe

5 http://www.jornada.unam.mx/2016/10/11/capital/029n1cap

6 https://contralacorrupcion.mx/inmobiliariamancera/santa-fe.html

7 http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/
presenta-jefe-de-gobierno-proyecto-del-parque-la-mexicana-sera-sustentable-y-gratuito

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Fue un 22 de abril de 1970, cuando se celebró por primera vez el “Día Mundial de la Tierra” esto debido a una manifestación para reclamar la necesidad de cuidar el planeta, organizada por el senador estadounidense Gaylord Nelson conocido como el padre del “Día de la Tierra”, quien fue el que tuvo la grandiosa idea de convocar a la sociedad estadounidense a unirse en la lucha para que la ciudadanía exigiera a al gobierno el derecho a tener un medio ambiente saludable y sostenible.

Una congregación de más de 20 millones de personas, que hicieron voltear al gobierno para pusiera manos a la obra, tomando las medidas precautorias y pertinentes con la finalidad de detener el desgaste en su biomas (conjunto de ecosistemas) divididos en 2 grupos los biomas terrestres: que son: Tundra, Bosque de Coníferos, Praderas, Desierto, Sabana, los Pastizales, la Selva, Taiga, los Montes, las Selvas de lluvia. Y están también los biomas marinos: que son: océanos, zonas entre mares, estuarios, todos estos grupos llamados biomas , y otros motivos, fueron la causa para que el senador Gaylord Nelson, emplazara a esta multitudinaria marcha en favor de la madre Tierra.1

El objetivo de esta manifestación, no fue otra cosa más que hacer conciencia y compromiso para que entre todos los que habitamos la Tierra la cuidemos. Fue hasta 1992 cuando la Organización de las Naciones Unidas lo instituyo como el “Día Internacional de la Madre Tierra” haciendo a un lado el “Día Mundial de la Tierra” como se conocía.2

Uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es proteger al planeta de todos los depredadores del medio ambiente, que sin ningún consideración se dedican a devastarlo, empezando con los que día a día deforestan millones de hectáreas, matan a cientos o quizá miles de animales, así como la sobre explotación del agua en el subsuelo, todo ello en perjuicio del mundo y de la humanidad, ya que es sabido qué los flora junto con la fauna son de los principales elementos para que la Tierra tenga un adecuado equilibrio en su ecosistema, pero este tipo de prácticas son las provocan un sinfín de problemas ambientales, problemas que el mismo hombre se origina.

Hablando del agua, la gran cantidad que se extrae del subsuelo de este líquido, llamado de otra manera la sobreexplotación de los acuíferos, es la principal causa de que la corteza terrestre este sufriendo de peligrosas las alteraciones. En nuestro país, la crisis del agua se debe a que nuestros gobiernos se han dedicado a sobreexplotar los acuíferos, de los 653 acuíferos que existen en nuestro país, 102 son lo que mayor sobreexplotación tienen, lo que significa en términos de porcentaje arriba de la mitad de la extracción del agua subterránea en México.

La Comisión Nacional del Agua considera que la sobreexplotación de los mantos acuíferos constituye casi el 40 por ciento de la demanda de agua a nivel nacional, que a su vez revela que hoy por hoy México si tiene un grave problema con el abasto de este vital líquido.3

De los grandes males que hacen que el mundo padezca de problemas ambientales es la gran contaminación que existe en los océanos, en los ríos o lagos, debido a las constantes fugas de petróleo y otros químicos, así como la contaminación en que la población incurre al arrojar cualquier cantidad de inmundicias, o simplemente porque él agua se desperdicia, todo esto en conjunto hace que la Tierra día con día vaya colapsando ante la indiferencia mundial.

Hoy que festejamos el Día Internacional de la Madre Tierra, tenemos que reafirmar nuestro compromiso y responsabilidad tanto individual como colectiva, en promover la cultura del cuidado hacia el medio ambiente, y los seres vivos que desafortunadamente están amenazados, tanto por el cambio climático como por la gran cantidad de explotación hacia los recursos naturales, todo esto aunado a los problemas que la misma humanidad se ha originado.

Por eso hago un llamado para que juntos vayamos construyendo diferentes programas ambientales que nos ayuden a proteger nuestro planeta.

Notas

1 Lostipos.com, equipo de redacción de la Gaceta Educativa de Lostipos.com, Tipos de Biomas, 2 de diciembre de 2015.

http://www.lostipos.com/de/tipos_de_biomas.html

Guioteca ¿Qué quieres saber?, 22 de abril Día Internacional de la Madre Tierra, ¿Por qué se celebra? 21 de abril de 2016.

2 https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/22-de-abril-dia-internaci onal-de-la-madre-tierra-por-que-se-celebra/

La Cronica.com, México, en crisis de agua la sobreexplotación la principal causa, 12 de febrero de 2007.

3 http://www.cronica.com.mx/notas/2007/286481.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)