Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Legislativos de las 32 entidades federativas a revisar las redacciones de sus tipos penales de allanamiento de morada y homologar sus definiciones y sanciones, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Sara Latife Ruiz Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los diferentes estados de la República Mexicana, la descripción del tipo penal de allanamiento de morada, contiene elementos similares, los cuales consisten en la intromisión en un lugar destinado a casa habitación sin la autorización de la persona que pueda otorgarlo conforme a la ley o bien de alguna autoridad competente, por lo tanto, la sanción no debería ser tan desigual como actualmente acontece.

Recientemente, la comisión del delito de allanamiento de morada se ha ido incrementando en nuestro país, ello, toda vez que en muchas ocasiones derivado de este, se cometen otros ilícitos como son el robo a casa habitación, a negocios, oficinas u otros establecimientos mercantiles.

Debemos hacer hincapié en que ésta no es la razón en la cual se centra la presente propuesta, ya que como es bien sabido, el allanamiento de morada se configura por el sólo hecho de ingresar a un domicilio sin la autorización de una autoridad competente, o bien sin el consentimiento de aquella persona que este facultada para ello, sin importar la finalidad de haber ingresado al domicilio, por lo tanto, se sanciona diferente si derivado del allanamiento se comete un robo, en cuyo caso se sancionaría por el delito de robo a casa habitación.

Es decir, el bien jurídico que tutela el tipo penal de allanamiento de morada, es el de la intimidad de las personas, motivo por el cual, resulta necesario garantizar la tranquilidad de toda persona que se encuentre en su domicilio, ya que es el lugar en el cual concurren una serie de elementos, por una parte, en dicho sitio se encuentra parte del patrimonio de una persona, es el lugar de resguardo de su familia y el propio, es su lugar “seguro”, por lo tanto, es necesario que el Estado garantice el respeto a esa intimidad y establezca sanciones ejemplares a quienes atenten contra ella.

A nivel federal, el Código Penal define el allanamiento de morada en su artículo 285 de la siguiente manera:

Artículo 285. Se impondrán de un mes a dos años de prisión y multa de diez a cien pesos, al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencias de una casa habitada.

De lo anterior se desprende que la sanción que actualmente prevé (un mes a dos años de prisión y multa de 10 a 100 pesos), resulta sumamente baja, lo cual también es una realidad en diferentes entidades del país, sin embargo, existe una preocupación por incrementar las penalidades en diversas entidades federativas, tal es el caso de Michoacán, Nuevo León, Yucatán y Quintana Roo, en las cuales se han iniciado sus procesos legislativos correspondientes para incrementar las sanciones previstas para este delito.

Asimismo, en algunas otras entidades se contemplan algunas agravantes, como es el caso de Jalisco, en el que se incrementa la sanción si en la comisión de este ilícito media la furtividad, el engaño o la violencia.

De lo anterior, podemos establecer que la sanción prevista para este ilícito, representa una preocupación para algunas entidades del país, logrando poner en marcha sus mecanismos legislativos locales para reformar sus tipos penales, con el objeto de que se incrementen sus sanciones.

Lo anterior, no solamente en razón del daño material que en su caso pudiera llegarse a causar, sino sobre todo al daño en la estabilidad emocional de la víctima, ya que este ve vulnerada su tranquilidad, intimidad y seguridad y que, por lo tanto, pierde la tranquilidad y confianza del entorno en el que vive.

Por otra parte, debemos mencionar el caso del Estado de Aguascalientes, en el cual la sanción para aquella persona que cometa este ilícito, va de los 2 hasta los 7 años de prisión independientemente de la multa, con lo cual, se ve reflejado el interés de los legisladores locales de aquella entidad de proteger el bien jurídico que tutela dicho tipo penal, aunado a que refleja el interés por combatir este ilícito que lacera a nuestra sociedad.

Por mencionar otro ejemplo, el Estado de Yucatán contempla en la redacción del delito de allanamiento de morada, previsto en su artículo 236, tercer párrafo, que el delito se comete también cuando el sujeto activo se introduzca a un establecimiento público, no sólo a casa habitación, dicha redacción establece:

“Las mismas sanciones se aplicarán a quienes en iguales condiciones a las que se precisan en los párrafos que anteceden, se introduzcan a establecimientos públicos mientras éstos se mantengan cerrados. Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida”.

Lo mismo ocurre en Estados como Baja California y Guanajuato, en los que la protección no sólo aplica para los domicilios de las personas, sino que se extiende hasta oficinas o establecimientos mercantiles mientras estos estén cerrados al público. Con lo anterior, se refleja la disparidad entre las sanciones y los supuestos del tipo penal de allanamiento de morada, por lo que resulta necesario homologar los criterios con el fin de que exista una uniformidad, considerando la definición, las calificativas o agravantes y desde luego la sanción.

Por otro lado, se tiene conocimiento que en el Estado de Nuevo León, se están analizando una serie de reformas para endurecer las sanciones a quienes cometan el delito de allanamiento de morada. Con estas modificaciones se pretende incrementar la sanción a quienes se introduzcan indebidamente en domicilios sin el consentimiento del dueño o su legítimo poseedor.

El doctor Álvaro Bunster,1 destacado penalista chileno, hacía algunas anotaciones sobre los elementos del tipo penal en comento:

La acción consiste en introducirse a aquellos lugares, esto es, en penetrar la persona plenamente en ellos... Pese a la formulación innecesariamente recargada de la ley, que habla de que la introducción se efectúe “furtivamente, con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo”, la verdad es que esta falta de autorización de quien puede jurídicamente concederla es lo que basta para constituir el delito . El carácter furtivo, el engaño y la violencia no son sino expresiones ilustrativas de la ausencia del permiso del morador, y no motivo de agravación del delito . Lo de furtivo alude a la penetración hecha a escondidas u ocultamente. El engaño es cualquier ardid desplegado para lograr un permiso que, de no mediar aquél, habría sido denegado. La violencia puede ejercerse sobre las personas y sobre las cosas y, en el primer caso, revestir la forma de fuerza física o fuerza moral. También ha incurrido la ley en excesos a: prescribir que la conducta de efectuarse “sin motivo justificado, sin orden de la autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita”. Tales exigencias son superfluas tratándose no sólo de éste sino de cualquier tipo, puesto que la orden de autoridad, el permiso de la ley y el motivo justificado son causales de exclusión de la ilicitud que la ley prevé en la parte general .

Como ya se ha mencionado con antelación, la vulneración a la morada o al recinto de trabajo, se traduce, en muchos casos, en el medio para lograr otras afectaciones o delitos mucho más graves, los llamados delitos emergentes, mismos que surgen derivado de la comisión de otro, es decir, en el allanamiento de morada podemos ejemplificar este tema de la siguiente manera: si una persona ingresa al domicilio de otra sin la autorización correspondiente y al entrar observa que tiene artículos de valor, y se apodera de ellos, surge el robo, pero no necesariamente era el móvil por el cual el sujeto activo ingresó en un primer momento al domicilio. Lo anterior, representa una razón más por la que debe incrementarse la sanción para el delito de allanamiento, ya que en el ejemplo descrito se trató de robo, pero puede darse en delitos de alto impacto como violaciones, secuestros, homicidios, etcétera.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a Poderes Legislativos de las 32 Entidades Federativas, a efecto de que revisen las redacciones de sus tipos penales de allanamiento de morada y homologuen sus definiciones y sanciones a efecto de que sea un mecanismo para garantizar la protección a la intimidad de las personas en sus domicilios.

Nota

1 Extracto del Diccionario jurídico mexicano (1994), disponible en versión electrónica en: [http://mexico.leyderecho.org/allanamiento-de-morada/] (Fecha de consulta: 15 de febrero de 2017)

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 8 de abril de 2017.

Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a iniciar los trabajos necesarios para la adhesión de México al Convenio de Budapest a efecto de garantizar mayores instrumentos jurídicos para hacer frente a los delitos cibernéticos, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Jesús Valencia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En la sociedad moderna el vertiginoso desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) trajo consigo cambios en los hábitos de las personas, generando y aportando grandes beneficios, pero también costos y riesgos como consecuencia del avance informático en la sociedad.

A partir del uso masivo de herramientas basadas en las TIC como la telefonía celular, el internet y las redes sociales, cada vez es más notoria su influencia en la convivencia entre las personas, el acceso a la información y los vínculos entre ciudadanos. La penetración social que la TIC ha tenido en México alcanza tendencias mundiales, lo cual es innegable.

En México, según datos del Inegi, en abril de 2014, se registraron 47.4 millones de personas de seis años o más en el país usuarias de los servicios que ofrece Internet, que representan aproximadamente el 44.4 por ciento de esta población, con base en el Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2014 (MODUTIH 2014), mostrando una tasa anual de crecimiento de 12.5 por ciento, en el periodo del 2006 al 2014. Para el segundo trimestre de 2015, el 57.4 por ciento de la población de seis años o más en México, se declaró usuaria de Internet, equivalente a 62.4 millones de personas.1

Éste acelerado crecimiento en el uso de las tecnologías de la información conlleva también, de manera lamentable un gran riesgo para quienes navegan en la red.

Bajo esa lógica, México ocupa el último lugar en materia de ciberseguridad de la lista de países miembros de la OCDE, el cual según cálculos de la Organización de Estados Americanos (OEA), alcanzó un impacto en México tasado en 3,000 millones de dólares, en el 2014.2

En consecuencia, los delitos realizados a través de una computadora o dispositivo informático, conocidos también como delitos informáticos o ciberdelicuencia, han estado en constante crecimiento y transformación.

El delito informático se puede definir como toda aquella conducta ilícita susceptible de ser sancionada por el derecho penal, consistente en el uso indebido de cualquier medio informático.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lo define como cualquier conducta, no ética o no autorizada, que involucra el procesamiento automático de datos y/o la transmisión de datos;3 distribución de códigos maliciosos, robo de información, distribución y almacenamiento de pornografía infantil, acoso, extorsión, estafas comerciales y bancarias son algunas de las actividades que actos delictivos cometidos utilizando medios informáticos. La rapidez de la difusión, el anonimato, la comodidad y la amplitud de alcance no sólo nacional, sino mundial que facilitan las nuevas tecnologías, hacen que los delincuentes aprovechen las mismas para llevar a cabo diversas actividades delictivas.

El espectacular desarrollo de la tecnología informática ha abierto las puertas a nuevas posibilidades de delincuencia antes impensables. La manipulación fraudulenta de los ordenadores con ánimo de lucro, la destrucción de programas o datos y el acceso y la utilización indebida de la información que puede afectar la esfera de la privacidad, son algunos de los procedimientos relacionados con el procesamiento electrónico de datos mediante los cuales es posible obtener grandes beneficios económicos o causar importantes daños materiales o morales. Pero no sólo la cuantía de los perjuicios así ocasionados es a menudo infinitamente superior a la que es usual en la delincuencia tradicional, sino que también son mucho más elevadas las posibilidades de que no lleguen a descubrirse. Se trata de una delincuencia de especialistas capaces muchas veces de borrar toda huella de los hechos.4

Ante ello y toda vez que los delitos cibernéticos por su misma naturaleza no conocen fronteras físicas ni barreras que impidan su proliferación, la comunidad internacional se ha preocupado para establecer mecanismos de coordinación para hacer frente a éste flagelo, tales como el Convenio de Budapest contra la Ciberdelincuencia, el cual se origina toda vez que “es necesario para prevenir los actos que pongan en peligro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y datos, garantizando la tipificación como delito de dichos actos”.5

Más aún, se trata del primer tratado internacional, creado por el Consejo de Europa en 2001, cuyo objetivo es enfrentar los delitos informáticos a través de la “armonización” de leyes y una mayor cooperación entre los países miembro.6

En vista de lo anterior se hace necesario que México signe ese Convenio a efecto de tener los mecanismos jurídicos necesarios que le permitan cubrir las deficiencias que en materia de delitos cibernéticos se tienen hoy en nuestra legislación.

Es decir, de aprobarse el exhorto que hoy les propongo, permitirá coadyuvar en la ampliación del marco jurídico mexicano en la materia, pues de acuerdo a lo mencionado en diversas notas periodísticas y con base en lo establecido por la OCDE México ocupa el último lugar en materia de ciberseguridad, pues va rezagado en la tipificación de delitos informáticos y no cuenta con recursos humanos preparados (agentes del MP, policías investigadores y jueces conocedores) para hacer frente a fraudes electrónicos, clonación de tarjetas, robo de base de datos, bloqueo de portales o jaqueo de cuentas de correo, entre otros ilícitos de este tipo,7 lo cual posibilita también la comisión de delitos tan aberrantes como el de la pornografía infantil, grooming o sexting, por mencionar algunos, lo cual pone en riesgo también el principio del interés superior de la niñez, del cual nuestro país ha establecido diversos mecanismos jurídicos para su implementación y cumplimiento.

Para ello, obviamente se requiere la intervención y voluntad de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su carácter de ente encargado de conducir la política exterior de México y facultada para intervenir en toda clase de tratados, convenciones y acuerdos que deba de signar nuestro país, como lo es este convenio.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias, inicie los trabajos necesarios para la adhesión de México al Convenio de Budapest a efecto de garantizar mayores instrumentos jurídicos para hacer frente a los delitos cibernéticos.

Notas

1 Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet, INEGI, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/internet2016_0.pdf

2 http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/12/27/politica-ciberseguri dad-mexico-camino-sinuoso?utm_source=Bolet%C3%ADn%20AMEDI&utm_campa ign=415fad78dc-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_04&utm_medium=email&utm_t erm=0_d2ee7c4b8c-415fad78dc-92871174, consultado el 5 de abril de 2017.

3 Estrada Garavilla, Miguel, en: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_32.pdf, consultado el 5 de abril de 2017.

4 Ídem, pág. 2.

5 Convenio sobre la Ciberdelincuencia, Budapest, 23.XI.2001, página 2

6 http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/12/07/1132670

7 Valdés Téllez, Julio Alejandro, http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_090.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.

Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Ssa a agilizar y vigilar el proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud del sector público de Zacatecas y el ejercicio sano de los recursos federales asignados desde el PEF de 2015, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable legislatura el siguiente punto de acuerdo según los sucesivos

Antecedentes

La composición del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, votado en el pleno de la honorable Cámara de Diputados por la LXIII Legislatura Federal, del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, contempla una partida presupuestaria para la formalización laboral en su componente del Anexo 30, bajo el concepto de Distribución del Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud, estableciendo una partida por la cantidad de 3,300,000,000.00 (Tres mil trecientos millones de pesos), recursos considerados para la continuidad en el proceso de formalización de los trabajadores de las entidades federativas, establecido por la Secretaría de Salud y ratificado por la Presidencia de la República a través de diversos comunicados emitidos a la opinión pública y la firma de acuerdos con los trabajadores del sector salud y representantes sindicales. Las previsiones tomadas para la formalización contemplaban una serie de pasos, requisitos y etapas para consolidarse como uno de los máximos logros de los trabajadores de salud en la época contemporánea en materia de derechos laborales y seguridad social.

La formalización laboral, establece un respeto a la homologación salarial de ejercicios anteriores, transferidos a los estados a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 331 , divididos en tres emisiones o etapas para dar cobertura al mayor número de porcentaje de trabajadores que cumplan con los requisito referidos en el acuerdo signado con la Presidencia de la República y la Secretaría de Salud para dar certeza a los trabajadores en materia laboral.

Durante el proceso de formalización se han observado algunos avances, sin embargo, no han sido suficientes ante la demanda que requiere y establece el sector. Uno de los problemas que han retrasado el proceso de formalización, lleva al cuestionamiento primario de saber qué se ha estado haciendo con los recursos públicos destinados para tal efecto, pues se han detectado irregularidades en todos los estados o entidades federativas en el manejo de los recursos federales asignados para formalizar a los trabajadores, según informes de la propia Auditoría Superior de la Federación, dirigida por Juan Manuel Portal.

Se tiene detectado que parte de los recursos para continuar con el proceso de formalización se destinan a cubrir las necesidades de salarios del personal formalizado, como si no quedara incorporado, a la nómina institucional de las respectivas dependencias del sector salud y contemplado en el presupuesto de las secretarías.

Esto se desprende de la etiqueta que acompaña al Anexo 30. En 2015, el Anexo 30 incluyó la leyenda: “Los recursos considerados en este anexo serán destinados al Proceso de Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud en las entidades federativas establecido por la Secretaría de Salud, y serán transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33”2 .

En el presupuesto de 2016 y 2017, se agregó una disposición adicional para su distribución: “Los recursos considerados en este anexo serán destinados al Proceso de Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud en las entidades federativas establecido por la Secretaría de Salud, así como las previsiones que permitan mantener la homologación salarial de ejercicios anteriores, y serán transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33”.

Llama la atención esta referencia, “que permitan mantener la homologación salarial”, como si el pago de la nómina formal no fuera algo programado, como si su presupuestación no fuera una consecuencia natural del proceso de formalización. Todo indica que ese agregado tenía el propósito de facilitar el desvío de recursos, restando recursos al proceso de formalización (SIC).

Cabe recordar que en octubre de 2016, el secretario de Salud, informó, ante la Comisión de Salud del Senado de la República, que en diciembre de 2016 ya se habrían formalizado 65 mil trabajadores.

No obstante, se advierte cierta lentitud en la aplicación de los recursos de este proceso que se incluyó en el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud, proceso que es fundamental para el fortalecimiento de los servicios de salud en las entidades. No se debe retrasar o ser deficiente en la aplicación de estos recursos, los cuales, finalmente, deben producir una mejor atención a los ciudadanos.

En 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevó a cabo una Auditoría Especial del Gasto Federalizado en el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, que no es sólo para la formalización laboral. En su presentación señaló que “el presente documento tiene como objetivo aportar elementos de análisis y evaluación que coadyuvarán en las estrategias gubernamentales, impulsarán y fortalecerán la gestión del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, para que los recursos federales que se le asignan sean utilizados eficientemente en el cumplimiento de sus objetivos. Al respecto, se presentan los principales hallazgos determinados en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2015, así como una visión general de aspectos sustantivos de dicho programa. En el primer capítulo, se describen los antecedentes y aspectos generales del programa, así como su importancia financiera en el sector salud”.

La auditoría explicó que “el objetivo principal del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Calidad) consiste en fortalecer la infraestructura y oferta de los servicios de salud; implantar programas en materia de salud y proporcionar el Seguro Universal para una Nueva Generación con el fin de proveer una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos mediante la ampliación de la infraestructura y otras modalidades de servicios médicos, especialmente en las localidades más aisladas y dispersas. El monto de los recursos de este programa se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación en donde se establece su distribución”.

No obstante, aclaró que “para el Ejercicio Fiscal de 2015, la Secretaría de Salud federal realizó adecuaciones presupuestarias de 100.0 por ciento de los recursos del Programa de Calidad a las entidades federativas, y los recursos fueron destinados al proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en las entidades federativas, de la siguiente manera: se destinó para el complemento de la anualidad de las remuneraciones de los trabajadores formalizados en el ejercicio fiscal 2014 y para su incremento salarial; se destinó para el complemento de las remuneraciones de empleados que fueron formalizados en el ejercicio fiscal 2015 (segunda etapa) y el incremento salarial en el ejercido fiscal 2015; para ello, se realizaron transferencias a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33 de acuerdo con el Anexo 30 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015”.

Como resultado de su investigación, la ASF determinó errores y omisiones de la información financiera por 621.2 millones de pesos. De ese total, 22 por ciento correspondieron a Chiapas, 68.7 por ciento al estado de Veracruz y 9.3 por ciento a Guerrero, porque no se registraron operaciones contables o presupuestales, o no se presentaron evidencia de las mismas. El monto anterior se refiere en su totalidad a operaciones o bienes no registrados, registrados errónea o extemporáneamente.

También llevó a cabo una auditoría al total de los recursos transferidos al estado de Guerrero. El gobierno de Guerrero recibió recursos líquidos del programa de Calidad 2015 por 369 mil 526.5 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015 se devengó el 100.0 por ciento de los recursos transferidos.

Entre las observaciones de la ASF a los recursos de este programa, señala:

a) Pagos en exceso al personal formalizado por concepto del estímulo económico con motivo del día de las madres por 132.7 miles de pesos.

b) Pagos posteriores al personal formalizado que causó baja por un importe de 58.2 miles de pesos.

c) No se presentó evidencia documental del entero del Impuesto sobre la Renta retenido a los trabajadores, al Servicio de Administración Tributaria, por las remuneraciones pagadas al personal formalizado por un importe de 81 mil 368.6 miles de pesos.

d) Se realizaron las retenciones y enteros de las cuotas, así como las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del personal formalizado; Sin embargo, los pagos se realizaron de manera extemporánea, lo que ocasionó el pago de actualizaciones e intereses por un monto de 561.3 miles de pesos.

e) Se realizaron las retenciones y enteros de las cuotas y aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), de cesantía en edad avanzada y vejez y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); sin embargo, los enteros se realizaron de manera extemporánea, lo que ocasionó el pago de actualizaciones e intereses moratorios por un monto de 1,649.2 miles de pesos.

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 83 millones 770 mil 18.14 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del programa. Por lo anterior, la ASF concluyó que “el gobierno de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio”.

Se advierte que este proceso de Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud en las entidades federativas ya está en la mira de la Auditoría, pero todavía no se hace una evaluación del proceso en lo que se refiere a la incorporación a la formalidad de personal de salud, sus condiciones laborales y las repercusiones en la atención a los usuarios de sus servicios.3

Para el caso específico de Zacatecas, se contempló una participación presupuestaria de 136, 561, 571.00 (Ciento treinta y seis millones quinientos sesenta y un mil quinientos setenta y un pesos), previendo que con este recurso federal se formalice la situación de los trabajadores de salud del estado que no cuentan con la protección en seguridad social ni con el beneficio de un trabajo formal y cumplen con los requisitos establecidos para tal efecto.

Es importante que se cumplan con los compromisos de la Federación y se respete la integridad de los proyectos etiquetados por la federación en la composición de los presupuestos federales 2015, 2016 y 2017 y, vigilar a cabalidad el cumplimiento y ejercicio sano y responsable para el cumplimiento de las metas de la federación.

El desvío de recursos, la opacidad y los malos manejos se han hecho presentes durante este proceso de formalización y, es por ello que solicitamos a las Secretarías de Hacienda, y de Salud, que en la medida de sus competencias y facultades, agilicen y vigilen el proceso de formalización de los trabajadores de salud en el estado de Zacatecas a través de la liberación de los recursos financieros asignados en el PEF 2017 y la vigilancia óptima del gasto efectivo de los mismos en el fin contemplado y, en caso de existir irregularidades detectadas o sospecha de las mismas, solicitar el actuar de la Auditoría Superior de la Federación como organismo competente para establecer los mecanismos sancionadores o resarcitorios del dinero destinado por la federación a la formalización laboral.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Salud del gobierno federal, en la facultad de sus competencias y atribuciones, para facilitar y agilizar el proceso de formalización laboral de los trabajadores de salud del estado de Zacatecas, en cumplimiento de lo establecido en el ejercicio eficiente de los recursos públicos de los presupuestos federales 2015, 2016 y 2017.

Notas

1 PEF 2015. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/

2 Punto de Acuerdo de Formalización. Diputado Roberto Guzmán Jacobo, Grupo Parlamentario de Morena, 4 de abril de 2017. Gaceta Parlamentaria.

3 Diputado Federal Roberto Guzmán Jacobo. Punto de Acuerdo. 4 de abril de 2017. Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercer acción penal contra los responsables del desvío de recursos de la Sedesol, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García e integrantes de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal

Los suscritos, diputadas y diputados miembros de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 29 de abril del 2016, la Junta de Coordinación Política emitió el Acuerdo por el que se constituyeron 42 Comisiones Especiales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados. Entre esas comisiones especiales, figura la denominada “para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal”.

Esta comisión especial surgió con la finalidad de promover mejores prácticas en el ejercicio del gasto público. Aunque en los últimos años hemos sido testigos de avances significativos en materia de transparencia, rendición de cuentas y profesionalización de los entes ejecutores del gasto, todavía los casos de corrupción y de desvío de recursos continúan, y lo peor de todo, es que quedan impunes. La comisión especial tiene como misión coadyuvar al análisis de las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación detecta en las compras del Gobierno Federal, para que la labor de fiscalización impacte en un mejor marco jurídico para el ejercicio del gasto público.

En reunión celebrada el 23 de marzo de 2017, a la que asistieron funcionarios de primer nivel Auditoría Superior de la Federación, se expuso uno de los temas de mayor interés para esta Comisión Especial, las contrataciones que hacen las dependencias del Gobierno Federal al amparo del Artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). En la señalada reunión quedó en evidencia un desvió de recursos públicos equivalente a 3,175 millones de pesos, en las Cuentas Públicas de 2012 a 2015, desvíos que se hacen a través de sofisticadas triangulaciones entre empresas e Instituciones de educación superior.1

Esta situación había sido ya señalada en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, que la ASF entregó a esta Soberanía en el mes de febrero pasado. En ese documento, se señala que las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, al amparo del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), constituyen un área en la que se registra recurrencia de prácticas que propician desvío de recursos públicos.2

Las contrataciones realizadas entre las dependencias y entidades del sector gubernamental, en las que un ente público funge como proveedor y otro como comprador, deben sujetarse a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional relativo a lograr las mejores condiciones de compra para el Estado, y al requisito de que el proveedor debe acreditar que cuenta con la competencia técnica necesaria para cubrir directamente, por lo menos, el 51% del monto total del contrato.3

En el informe general referido, la Auditoría Superior de la Federación señaló que:

Un importante número de universidades públicas han fungido como proveedores en este tipo de adjudicaciones, [pero] las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) que actúan como área contratante no realizan una investigación de mercado que garantice las mejores condiciones, por lo que, en muchos casos, se incurre en un costo mayor que el que se hubiera obtenido a través de un proceso de licitación.

[Además], algunas universidades públicas no acreditaron que contaban, de manera anticipada, con los recursos humanos, materiales y técnicos para desempeñar su rol de proveedor.

La ASF ha detectado que la totalidad de universidades contratadas bajo este esquema, recurrieron a mecanismos de subcontratación mayores al 49% en la Ley, lo cual contribuyó a encarecer los costos y a abrir espacios para prácticas irregulares.

En numerosos casos, inclusive, no existió evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos.

Este tipo de contrataciones se ha convertido en una práctica indebida, con la finalidad de evadir los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas y que sigue siendo tolerada por las autoridades.4

La Auditoría Superior de la Federación no tiene la facultad de sancionar a los entes públicos que incurren en prácticas tan perjudiciales para la sociedad mexicana, por lo cual, debe remitir sus hallazgos a los Órganos Internos de Control de las dependencias y, en su caso, hacer la denuncias de hechos ante las autoridades correspondientes.

La ASF ha presentado a la fecha 6 denuncias penales por un monto de poco más de 866 millones de pesos desviados del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), correspondientes a la Cuenta Pública de 20013, como se detalla a continuación:

Todas estas denuncias se encuentran en “proceso de integración del expediente por parte del Ministerio Público”, no obstante que fueron presentadas hace 18 meses, en octubre de 2015.

Actualmente, la ASF se encuentra ya en proceso de presentación de las denuncias penales correspondientes a las Cuentas Públicas de 2014 y 2015.

La ASF también envió dos escritos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el primero de ellos el 17 de febrero de 2016 por lo que corresponde a las Cuentas Públicas de 2013 y 2014, y el segundo con fecha 10 de febrero de 2017 por lo que corresponde a la Cuenta Pública de 2015.

A la fecha, la SHCP no ha informado a la ASF si dicha Secretaria ya ha presentado alguna denuncia por los hechos de los que tuvo conocimiento.

Asimismo, la ASF notificó 15 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las cuales seis corresponden a la Cuenta Pública de 2013, tres a la Cuenta Pública de 2014 y seis a la Cuenta Pública de 2016.

A la fecha, tampoco el SAT ha informado a la ASF si dicha institución fiscal ya ha presentado alguna denuncia por los hechos de los que tuvo conocimiento.

En suma, la PGR ha tenido tiempo más que suficiente para ejercer acción penal5 contra los presuntos responsables de estos cuantiosos desvíos de recursos públicos, tomando en cuenta que la ASF entregó a esa Procuraduría expedientes con documentación que demuestra fehacientemente la comisión del delito en comento, por lo que la labor de investigación de la PGR no debería tener más dilaciones.

La sociedad mexicana está harta de la corrupción y de la impunidad, de que los culpables de la comisión de un delito no sean llevados de manera pronta ante la justicia, en especial cuando el delito está plenamente documentado, como la ha hecho en este la Auditoría Superior de la Federación.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado se propone ante el pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que, sin más dilación, ejerza acción penal contra los responsables del desvío de recursos presupuestales de la Secretaría de Desarrollo Social, toda vez que dicho ilícito ya ha sido fehacientemente documentado por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y se han hecho las denuncias correspondientes desde octubre de 2015 ante la PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Servicio de Administración Tributaria, sin que hasta la fecha se haya procesado a ningún responsable por esta conducta fraudulenta.

Notas

1 Auditoría Superior de la Federación “Informe General. Cuenta Pública 2015”, Febrero de 2017, pp. 73.

2 Ídem.

3 Artículo 4o. del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

4 Auditoría Superior de la Federación “Informe General. Cuenta Pública 2015”, Febrero de 2017, pp. 74.

5 El ejercicio de la acción penal se realiza cuando el Ministerio Público ocurre ante el juez y le solicita que se avoque el conocimiento de un asunto en particular; la acción penal pasa durante el proceso, por tres etapas bien diferenciadas que son: investigación o averiguación previa, persecución y acusación. (Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, noviembre de 1991, Pág. 144. Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Amparo directo 348/91. José Ortiz Collazo. 15 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Esteban Oviedo Rangel.)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.

Diputados: Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Edith Yolanda López Velasco, José Adrián González Navarro (rúbrica), Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Fidel Almanza Monroy (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica), Justo Federico Escobedo Miramotes (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), Enrique Rojas Orozco.

Con punto de acuerdo, relativo a poner en operación en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una nueva guardería del IMSS en el esquema de prestación directa, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Yahleel Abdala Carmona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo , al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Desde hace décadas, las mujeres de todo el mundo han venido luchando por que se les reconozcan sus derechos y por encontrarse en un plano de igualdad en la sociedad, es de reconocerse que aun cuando se han realizado importantes avances en la materia, aún queda mucho por hacer, sin embargo, es importante mencionar que, debido al gran esfuerzo por parte de las promotoras y los promotores de los derechos de la mujer, la sociedad ha venido evolucionando, pasando de la instauración del voto para la mujer en 1953, el inicio de su participación en el mundo laboral y académico, hasta la reforma constitucional propuesta por el ejecutivo federal en el 2013, mediante la cual, por primera vez en la historia del país, se garantiza la paridad de candidaturas entre hombres y mujeres.

II. Derivado lo anterior, se han abierto diversas áreas de oportunidad para nuestro desarrollo como mujeres, actualmente, nuestro desarrollo no se encuentra limitado al hogar, como durante muchos años lo estuvo, el día de hoy, podemos acceder a diversos roles dentro de nuestra sociedad, roles, políticos, empresariales, académicos y docentes, por mencionar algunos, el día de hoy son una realidad, sin embargo, en la práctica, nuestra participación e incorporación en dichas áreas, sigue siendo escasa.

III. Las estadísticas son alarmantes y son el claro ejemplo de que nuestra lucha apenas comienza, ya que, de acuerdo a datos del INEGI, al cuarto trimestre del 2016, de una población estimada de 122,746,451 mexicanos, el 51.74 por ciento eran mujeres, siendo importante mencionar que datos estadísticos del mismo instituto, pero del año 2015, señalaban que el 67.4 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de doce años, tenían al menos un hijo, porcentaje que, al día de hoy, pudo haberse incrementado, por otro lado, en términos de la Población Económicamente activa ocupada , estimada en 52,123,674 personas, las mujeres únicamente representamos el 38.19 por ciento. 1

IV. En el mismo orden de ideas, día a día, millones de mexicanas, nos encontramos con la realidad de tener que trabajar y contribuir al gasto del hogar, el cual, debido a los bajos sueldos y falta de oportunidades que existen, muchas veces el ingreso del padre resulta insuficiente para cubrir dicho gasto, sin dejar de lado que, en muchos casos, los hogares son encabezados por una jefa de familia, situación que ha venido al alza, ya que de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Interesal 2015, el número de estos, se ha incrementado, pasando de representar el 24.6 por ciento en el 2010, a representar el 29 por ciento en el 2015, es decir, en México, 9 millones 266 mil 211 hogares tienen jefatura femenina, 2 de las cuales, en el año 2010, el 69 por ciento eran separadas, divorciadas, viudas o solteras. 3

V. No podemos dejar de reconocer que nuestro desarrollo como mujeres no se reduce únicamente al plano laboral, también buscamos alcanzar nuestro pleno potencial, profesional, académico y cultural, logrando así, nuestro crecimiento como personas, lo anterior, sin descuidar el desarrollo y el cuidado de nuestros hijos en el caso de quienes ya contamos con la gran fortuna de ser madres.

VI. El cuidado y el correcto desarrollo de nuestros hijos, a la par del nuestro, no pueden entenderse y no pueden tratarse como temas separados, ya que ambos van emparejados y siempre resultaran prioritarios para nosotras, es por eso que, como mujeres, al encontrarnos, trabajando, estudiando o buscando formas para nuestra superación y en su caso de nuestras familias, requerimos tener la certeza de que nuestros hijos se encuentran bajo una correcta supervisión y cuidado.

VII. Actualmente, miles de nosotras no podemos acceder al servicio de estancias infantiles por dos principales razones, ya sea por falta de espacio en las mismas, o por no cumplir con alguno de los supuestos que marca la ley, situación que genera que el cuidado de nuestros hijos tenga que ser encomendado a vecinos, amigos y familiares, generando así una gran incertidumbre acerca del cuidado que estos reciben.

VIII. Dicho lo anterior, demandamos que, ante la necesidad del cuidado de nuestros hijos, este sea realizado por personas no solo confiables, sino que se encuentren preparadas y capacitadas para el cuidado de los mismos, es por eso que las estancias infantiles que opera y operan a través Sistema Nacional de Salud, resultan instrumentos bastante útiles para los fines antes mencionados.

IX. En términos del considerando anterior, es importante resaltar el trabajo que realiza en la materia el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual, por mandato de lo establecido en el artículo 201 de la Ley del Seguro Social, cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a los hijos en la primera infancia4 de las mujeres trabajadoras, de los padres viudos o divorciados y de quienes por resolución judicial, ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, lo anterior procurando cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo futuro, así como a la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, a la adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la imaginación y a constituir hábitos higiénicos y de sana convivencia y cooperación en el esfuerzo común con propósitos y metas comunes, todo ello de manera sencilla y acorde a su edad y a la realidad social y con absoluto respeto a los elementos formativos de estricta incumbencia familiar.

X. En ese orden de ideas, es importante mencionar que dichos cuidados son prestados por el IMSS a través de guarderías, las cuales operan mediante dos modalidades, la primera, siendo de prestación directa, en la cual, el servicio se presta de manera directa por el Instituto con recursos humanos, materiales y técnicos propios y la segunda, en la cual, el servicio se presta a través de un tercero.

En el caso concreto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, municipio al que pertenece el distrito al que yo represento, actualmente existen un total de seis guarderías del IMSS, cinco de ellas dando el servicio mediante el esquema de prestación indirecta y una bajo el esquema de prestación directa, siendo importante mencionar que la más reciente de ellas, inicio sus operaciones en el año 2004 , por lo que a la fecha, la capacidad instalada de atención en dicho municipio, es apta para atender únicamente a 750 niños,5 número que resulta evidentemente insuficiente por el crecimiento natural de la población por el paso del tiempo, siendo importante mencionar que para poder ingresar al servicio de guarderías del IMSS, entre otros requisitos, los niños tienen que tener entre 43 días de nacidos y 4 años de edad.6

En ese sentido, es importante mencionar que, del año 2004, que fue cuando inicio operaciones la guardería más reciente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al día de hoy, el municipio ha evolucionado y su población se ha incrementado, para ejemplo podemos observar los datos de la siguiente tabla:

Es decir, la población aumento en un 12.25 por ciento y el porcentaje de derecho habientes del IMSS, se incrementó en un 48.78 por ciento, sin que dicho incremento se haya visto reflejado en la capacidad que tienen las guarderías, por lo que la necesidad de que entre en operaciones una nueva guardería que preste servicios a los mencionados derecho habientes, resulta una necesidad urgente e inaplazable.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a realizar las acciones, administrativas, jurídicas, contables y toda aquella que resulte necesaria, con el objeto de que se construya y/o en su caso se ponga en operación en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, una nueva guardería del IMSS, bajo el esquema de prestación directa.

Notas

1 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. Cuarto trimestre de 2016.

2 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf

4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343090&fecha=30/04/2014

5 http://aplicaciones.imss.gob.mx/guarderias/principal.htm

6 http://www.gob.mx/tramites/ficha/inscripcion-a-guarderia-del-imss-para-trabajador-a-que
-ejerza-la-patria-potestad-y-tenga-la-custodia-de-un-menor-inscrito-en-el-regimen
-obligatorio-del-instituto/IMSS157

7 Anexo II

8 Anexo I

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.

Diputada Yahleel Abdala Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita información relativa al desempeño del titular de la Autoridad del Espacio Público del gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín , integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la publicidad de acciones realizadas en el desempeño de las funciones del titular de la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México fue creada por acuerdo del jefe de Gobierno publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 26 de septiembre de 2008, como un órgano desconcentrado de la propia Jefatura de Gobierno. Posteriormente, mediante decreto de fecha 30 de junio del 2010, se reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, para que a partir del 1 de julio de 2010 la Autoridad del Espacio Público quedara adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, manteniendo su naturaleza de órgano desconcentrado.

Su objeto es atender la gestión integral del espacio público de la Ciudad de México, entendiendo por espacio público las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como: plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques urbanos, parques públicos y demás de naturaleza análoga. Entre sus objetivos se encuentra la de coordinar y ejecutar proyectos e iniciativas para crear entornos urbanos atractivos, vibrantes, diversos e incluyentes, a través de procesos de innovación que aprovechen el conocimiento y potencial de las comunidades.

Desde su creación, la Autoridad del Espacio Público ha sido el órgano encargado de llevar a cabo la implementación de diversos proyectos significativos para la Ciudad de México, como el corredor Francisco I. Madero, la rehabilitación de la Plaza de la Republica, Plaza Garibaldi, Plaza Tlaxcoaque, avenida Juárez, la Alameda Central, entre los más destacados.

De acuerdo con las atribuciones y responsabilidad de la Autoridad del Espacio Público, debe ser observante y congruente con el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, con la Ley de Desarrollo Urbano y las normas y reglamentos derivados de la misma, así como con los instrumentos, programas delegacionales y parciales, sistemas de actuación y polígonos de actuación, normas generales y particulares de ordenamiento urbano, y coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como cabeza de sector en todos sus planes y programas, así como solicitar las autorizaciones y/u opiniones correspondientes, vistos buenos, licencias, permisos y/o libranzas de las instituciones y Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México, y de las 16 delegacionales de la ciudad, así como de las instituciones federales competentes en la materia, para que las obras, programas y acciones que lleve a cabo estén alineados con los objetivos generales de los planes y programas autorizados por la Asamblea Legislativa.

La planeación de las zonas a intervenir en los programas de trabajo de la Autoridad del Espacio Público no sólo debe contener el cronograma de trabajo de las obras, sino, y tal vez y más importante aún, debe contener la bitácora de reuniones con los vecinos de las zonas donde se llevarán a cabo las intervenciones, con el fin de establecer un vínculo permanente entre la autoridad y los vecinos, que garantice que sus opiniones se consoliden en el desarrollo de los proyectos.

Recientemente se publicó en la revista Nexos, en la sección “El Blog de la Metrópoli”, un artículo que expresa la crítica sobre la conceptualización de las intervenciones recientes que lleva a cabo la Autoridad del Espacio Público; el caso del jardín Pushkin, un parque gris, en donde muestra datos duros de cómo se está dando prioridad a los espacios grises por sobre los espacios verdes en los proyectos de esta agencia; entre los datos a destacar señala que se agregaron 1,305 metros cuadrados para el peatón, mientras que sólo se plantaron 74 árboles nuevos, según la propia autoridad, y que la conceptualización que actualmente tiene dicha agencia, corresponde más a las plazas duras que tuvieron un auge en Barcelona en décadas pasadas, y no a los lugares de esparcimiento, áreas verdes y jardines que se están acostumbrados en la Ciudad de México.

Es importante señalar que ya es común que los proyectos de los que se encarga la Autoridad del Espacio Público provoquen inconformidad o que de plano sean rechazados por los vecinos, no sólo por los resultados, sino por el proceso de consulta y participación, por ejemplo, los casos más recientes han sido la rehabilitación de la glorieta de Chilpancingo, que comenzó en 2016, la rehabilitación del jardín Artes Gráficas y el parque lineal de La Viga, el cual consiste en rehabilitar el tramo de dicha calzada, que abarca del Eje 3 Sur a avenida Del Taller, sobre este último los vecinos han señalado que no se han incluido sus opiniones ni intereses, y que ocasionará mayores conflictos viales en la zona en prejuicio de quienes viven allí.

Más aún, si consideramos los proyectos que este año están en proceso de elaboración, tal y como se muestran en el siguiente listado, y que esta agencia se está caracterizando por hacer caso omiso, es de vital importancia que haga pública la siguiente información:

a) ¿Cuáles son los procesos de consulta que de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana ha llevado a cabo desde el inicio de labores de la Autoridad del Espacio Público?

b) ¿Dónde pueden ser consultados los procesos de diagnóstico, pronóstico, planeación, costo-beneficio, coordinación y selección de los proyectos en los que dicha Autoridad ejerce los presupuestos aprobados?

Los proyectos a saber son:

1. La semipeatonalización de la calle Corregidora, en el Centro Histórico, con presupuesto de 106 millones de pesos entre recursos federales y locales, que conectará el Zócalo con el Palacio Legislativo de San Lázaro, entre las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza;

2. La rehabilitación de la Plaza Pino Suárez, también en la zona centro, que costará cerca de 70 millones de pesos y estará lista en julio de 2017;

3. La rehabilitación del jardín Artes Gráficas, en la colonia Doctores; la primera etapa costará 35 millones de pesos, el cual ha causado una airada protesta vecinal debido a que el proyecto presentado no responde a las necesidades del lugar y usuarios;

4. La rehabilitación de la Plaza de los Compositores, en la colonia Hipódromo, que presuntamente incluirá un karaoke público;

5. El cambio de banquetas en diversos puntos de la Ciudad de México que, de acuerdo con el Programa Anual de Obra Pública de la Autoridad del Espacio Público, este año será por un monto de 150 millones de pesos;

6. Plaza Río de Janeiro, rescate del trazo original del camellón de la calle Orizaba, misma que se prevé terminar en marzo y tendrá una inversión de 31 millones;

7. Avenida México, ampliación de banquetas, con un costo de 19.57 millones de pesos, con lo que se intervendrán 8,930 metros cuadrados;

8. Remodelación integral de las aceras entre Eje 4 Sur y Río Mixcoac. Los trabajos culminarán en agosto y costarán 150 millones de pesos;

9. Glorieta de Chilpancingo, nuevas áreas de esparcimiento y tránsito peatonal con inversión de 33 millones de pesos en 12,153 metros cuadrados; y

10. Vito Alessio Robles, colocación de bolardos, luminarias y árboles, con una inversión de 4.5 millones de pesos.

Tal pareciera que el titular del área, diseña y ejecuta las acciones del espacio público sin considerar las propuestas ciudadanas, guiándose por modelos urbanos que no corresponden a la propia Ciudad de México y que terminan siendo pequeños elefantes blancos, a los cuales se les invierten cantidades presupuestales que bien pudieran ser utilizadas en acciones de gobierno que tengan mayores resultados en beneficio de la población, pues en el jardín Pushkin, se invirtieron 51 millones de pesos, de acuerdo con los reportes oficiales, y al día de hoy por las noches luce solo, con lámparas descompuestas y una fuente frotante que pocas veces se enciende.

Las personas habitantes de la Ciudad de México no sólo tienen derecho de opinar y que se les consulte en términos de la Ley de Participación Ciudadana, sino también tienen derecho a conocer toda la información referente al actuar de la Autoridad del Espacio Público, tal y como lo señala el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que menciona que el derecho humano de acceso a la información, comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan la ley.

Es de señalar que el artículo sexto de la citada ley, obliga al Estado a garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos., por su parte, el artículo 11 de la multicitada ley, destaca que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible.

Por su parte, el artículo 12 expresa que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca la ley.

Por las consideraciones anteriormente vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México, publique información relacionada con los procesos de consulta ciudadana que se han realizado en los proyectos bajo su encargo desde que asumió la titularidad, señalando qué modificaciones han tenido los proyectos desarrollados, de acuerdo a las opiniones ciudadanas realizadas en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal;

Segundo. Asimismo, se solicita publique los procesos de consulta de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, y sobre el proceso de diagnóstico, pronóstico, planeación, costo-beneficio, coordinación y selección de los proyectos en los que dicha Autoridad ha ejercido o ejercerá en los proyectos referidos en el presente documento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a difundir los estudios relativos al probable efecto de la instalación de sistemas de captación de agua pluvial, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numeral I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las simples reglas de funcionamiento de los ecosistemas nos dicen que ningún ecosistema urbano puede funcionar en el largo plazo con niveles tan inequitativos e insustentables de apropiación de recursos naturales. Como en otros momentos de la historia, es el tiempo de repensar la ciudad bajo la perspectiva de un ambiente sano, y un acceso equitativo a las oportunidades sociales y a los recursos naturales. Necesitamos que el agua sea realmente para todos. En este caso, la resolución de la crisis ecológica exige lo mismo que demandamos en el ambiente social: justicia y equidad.

Exequiel Ezcurra.

La democracia en la práctica implica que todos los actores sociales deben ser incluidos en los procesos del gobierno, generando acciones vinculantes, políticas incluyentes y por ende programas de gestión equitativos. Su materialización y adopción por parte de las instituciones mexicanas ha sido un proceso lento, que ha generado la construcción de puentes que van más allá del espectro electoral, entre gobierno y la ciudadanía, y que tienen como base la confianza de los ciudadanos frente a las instituciones pero también frente a ellos mismo, para la implementación de capacidades para la resolución de problemas dentro de la acción colectiva.

El caso específico de la gestión de recursos ambientales, es que son recursos comunes, su administración obligadamente debe ser bajo la perspectiva de la gestión pública y siempre guiada por el ideal del acceso equitativo, haciendo que se beneficie a todos y no pertenezcan a nadie. Este es el caso del agua o los recursos hídricos disponibles, pues debido a su escasez mundial, su gestión debe estar perfectamente planificada para que todas las personas puedan tener verdadero acceso al recurso.

En las grandes urbes, el manejo del agua está resultando ser un problema que va a la par de problemas como: la poca planeación infraestructural de las ciudades, el crecimiento desmesurado de asentamientos irregulares, la sobreexplotación, contaminación de ríos y fuentes naturales de agua, etcétera. Situaciones que agravan la escasez y que imponen a las ciudades el reto definitorio de resiliencia frente a los efectos del cambio climático.

En consecuencia, es necesario por un lado, cubrir la necesidad del agua de todos los habitantes, requiriendo la gestión eficiente, partiendo de que en medios urbanos es posible mantener un ciclo de agua equilibrado. Por otro lado, buscar mecanismos que ayuden a disminuir la sobreexplotación y sus consecuencias que tienen impactos diferentes en cada ciudad, beneficiando así la resiliencia.

Una situación grave que ejemplifica lo antes señalado, es la vivida por la Ciudad de México (CDMX) y la zona metropolitana. La mala gestión de los recursos hídricos ha llevado a una de las mayores ciudades del mundo al colapso temporal; a la sobreexplotación del acuífero que a su vez ha llevado al hundimiento de algunas zonas. Así las inundaciones tienen un resultado catastrófico, que es percibido a medida de la vulnerabilidad en el que los diferentes asentamientos se encuentran y que evidentemente está sujeto al poder adquisitivo de las personas.

En temporada de lluvias se provocan inundaciones tanto en vías de transito como en zonas enteras. Zonas como Chalco viven privadas de agua potable y cuando las lluvias aumentan son los primeros en sufrir inundaciones debido a la saturación de la red hidráulica de la CDMX, llevando aguas residuales y agua de lluvia a la zona. Si bien la crisis suele ser temporal esto es una muestra de los problemas a los que se enfrentan las grandes ciudades por consecuencia del cambio climático, la mala planeación de la ciudad en general y la nula resiliencia.

Cuando se siguen permitiendo situaciones como las ocurridas al oriente de la Ciudad de México, estamos siendo partícipes de las enfermedades que se producen de la contaminación del agua, de la mala planificación, de la ineficiencia e ineptitud, pues los que mayor impacto tienen de ambientes contaminados son niños y niñas; a su poca edad se encuentran desarrollando sus sistemas inmunológicos, sumándose un punto más al rezago de por sí ya impuesto por la desposesión de bienes y servicios básicos del cuidado humano. Veamos que según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1.8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades diarreicas; 90 por ciento de esas personas son niños menores de 5 años principalmente de países en desarrollo1 .

La justicia social es lo que motiva esta petición, es lo que motiva la búsqueda de salidas óptimas, que hagan que nuestras comunidades se sobrepongan y ciudadanos junto con las instituciones solucionen creativamente los embates del cambio impuesto por el tiempo, es decir que sean resilientes. Entre las muchas existentes me gustaría resaltar los sistemas de captura de agua pluvial.

La presente solución es viable y paralela a la situación de escasez e inundación. La cosecha de agua de lluvia además de crear buenas prácticas, mantiene conciencia sobre el uso responsable del agua. Implementado de forma correcta genera impacto individual y ya masificado ayuda a evitar la sobrecarga de los servicios hidráulicos, además de evitar, al menos en estas temporadas, la sobre explotación de los acuíferos, entre muchas otras virtudes.

Soy optimista respecto a que los sistemas de captación de agua pluvial son un buen medio, eficiente y que cooperará con la construcción de resiliencia de nuestro país. Así, ayudará a que 106 millones de Mexicanos que no tienen acceso al agua puedan contar con alguna alternativa donde ellos mismos se vean involucrados en el proceso, no agravando, como en el caso de la CDMX, la indisponibilidad del agua.

En este punto concuerdo con el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, a lo largo de la exposición de los objetivos planteados, me pude dar cuenta que en efecto, es de suma importancia la gestión y aprovechamiento del agua de lluvia. En el objetivo 3.1.5, se expone que se buscará “ampliar y mejorar el uso de fuentes de agua alternativas como la desalinización y cosecha de lluvia”, puntualizando que:

“En la escala individual, se promoverá la cosecha de agua de lluvia en los techos de las viviendas, a través de sistemas sencillos de captación y almacenamiento con el propósito primordial del uso doméstico. En los casos en que sea factible, se promoverá la cosecha de agua de lluvia por medio de sistemas colectivos tanto en el medio rural como en el urbano principalmente para uso doméstico, de riego de jardines y sanitarios. Asimismo, se difundirá tecnología apropiada para ampliar y mejorar el uso de estas fuentes alternativas”2

Asimismo, se manifiesta que este tipo de tecnologías son parte importante para incluir a comunidades con mayor rezago, es decir, no sólo se trata de mejorar las condiciones de las urbes, sino también de introducir este tipo de tecnologías en espacios rurales, aprovechamiento que aumentará la calidad de vida; asegurando el acceso al agua y mitigando fuentes de pobreza.

En esa misma tesitura, me pude dar cuenta del papel tan importante que tiene la innovación tecnológica, no solo internacional, reflejada en la estrategia 4.3.3, sino también con ciertas instituciones mexicanas creadas con ese objetivo como el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA)3 .

El IMTA busca contribuir a la gestión sustentable del agua a través del conocimiento [...] incorporando al sector hídrico en la sociedad del conocimiento [...] creando y adaptando tecnologías altamente especializadas. Además busca “impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología del agua4 .

Sin embargo en el programa5 se reconoce que la función del IMTA se ha visto limitada, así se propone que para 2018 se aumentara hasta 20 por ciento la influencia del IMTA en la política nacional. Al respecto, pienso que es de suma importancia aprovechar los institutos ya creados, impulsando su influencia para que se desarrolle el talento nacional, apoyando la investigación científica y técnica.

Nosotros como legisladores tenemos la obligación de cuidar los bienes comunes, aquéllos que no pertenecen a nadie pero benefician a todos y todas. Debemos legislar y vigilar con visión prospectiva a los problemas que se enfrentarán en el futuro, sólo de dicha forma podremos asegurar el acceso a una vida digna con sociedades justas y equitativas. Si bien el agua ya es un problema, poner énfasis en todos los espectros posibles ayudará en el impulso de ciencia que solucione eficientemente los retos impuestos.

En ese sentido y con la convicción de que contaré con la sensibilidad de esta soberanía y considerando que:

Primero. El artículo 27 de nuestra Carta Magna se establece que el aprovechamiento de los elementos naturales será pensando en el beneficio social, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza publica, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Así en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos de tierras aguas y bosques.

Segundo. La Ley de Aguas Nacionales entiende que el desarrollo sustentable es la preservación del equilibrio ecológico, aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de agua de las generaciones futuras.

Tercero. El artículo 7 de la Ley de Aguas Nacionales establece que es de utilidad pública: la eficientización y modernización de los servicios de agua domésticos y público urbanos, para contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar social, para mejorar la calidad y oportunidad en el servicio prestado así como para contribuir a alcanzar la gestión integrada de los recursos hídricos.

Cuarto. El artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales señala que los principios que sustentan la práctica hídrica nacional son:

I. El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad así como prioridad y asunto de seguridad nacional.

II. La gestión de los recursos hídricos se llevará a cabo en forma descentralizada e integrada, privilegiando la acción directa y las decisiones por parte de los actores locales y por cuenca hidrológica.

Quinto. El artículo 14 Bis 3. De la ley de Aguas Nacionales, implementa que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es un organismo público descentralizado sectorizado a “la Secretaría”, que tiene por objeto, de acuerdo con su instrumento de creación y estatuto orgánico, realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

Por lo anterior solicito a esta honorable asamblea la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, doctor Felipe I. Arreguín Cortés, para que se divulgue los estudios y ponga a disposición de los ciudadanos la información relativa al impacto que puede tener la instalación de sistemas de captación de agua pluvial, de acuerdo a las particularidades por las que atraviesan las diferentes comunidades en el país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al maestro Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua, haga pública la forma en que se ha promovido la cosecha de agua de lluvia con propósito de uso doméstico a nivel nacional, qué tecnologías y cuántas instalaciones se han realizado para el suministro de agua a través de sistemas de captación de agua de lluvia, niebla, cisternas, dispositivos de bombeo, filtración y desinfección, igualmente cuáles poblaciones se han visto beneficiadas por dichas tecnologías, de acuerdo al Programa Nacional Hídrico 2014-2018.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, Relación del agua, el saneamiento y la higiene con la salud, Enlace URL:
http://www.who.int/water_sanitation_health/facts2004/es/

2 Programa Nacional Hídrico, Enlace URL:
http://files.conagua.gob.mx/transparencia/PNH2014-2018.pdf

3 Es un órgano descentralizado de la Comisión Nacional del Agua, que según sus objetivos busca “enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua, perfilando nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para proteger el recurso y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre los distintos usuarios”.

4 Ibídem.

5 Programa Nacional Hídrico 2014-2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a implantar medidas para simplificar, flexibilizar y clarificar el procedimiento y los trámites que las organizaciones de la sociedad civil mexicanas deben cumplir a fin de convertirse en donatarias autorizadas, a cargo del diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal Enrique Rojas Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con punto de acuerdo por la que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de manera atenta y respetuosa exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que implemente las medidas que considere necesarias a fin de flexibilizar el procedimiento por el que deben pasar las organizaciones de la sociedad civil para convertirse en donatarias autorizadas; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene el objetivo de fortalecer un sector social de trascendente importancia para los mexicanos, encargado de actuar como auxiliar del Estado en la atención a los grupos vulnerables de la sociedad. Tal sector se integra por las llamadas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro; las cuales coadyuvan de manera indirecta con las autoridades y directamente con la ciudadanía, para resolver los problemas que más afectan la vida social de las personas.

La importancia de este sector se observa de manera cuantitativa en que, de acuerdo al Inegi, el trabajo de las organizaciones civiles y el de sus voluntarios representa aproximadamente el 3 por ciento del producto interno bruto nacional. Más aún, su pertinencia y valor se reflejan en que sus actividades significan un apoyo a la tarea del Estado de asistir y atender a la población mexicana que se encuentra en situación de riesgo social y económico, y que sin las asociaciones civiles, quedarían en completa desprotección.

Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro mexicanas enfrentan en la actualidad grandes retos para cumplir con sus finalidades. El más importante es que ven limitado su funcionamiento por la falta de recursos económicos, pues no solamente son pocas las fuentes de financiamiento, sino que es difícil acceder a las oportunidades existentes, por la pesada y costosa tramitología que deben cumplir, así como por la prevalencia de asimetrías de información.

Precisamente, uno de los rubros en que estas agrupaciones altruistas se han visto limitadas desde hace tiempo, es el dificultoso procedimiento para hacerse de recursos económicos por medio de donaciones, para lo cual necesitan que la autoridad hacendaria las considere como donatarias autorizadas. En México, solamente el 14.7 por ciento de las organizaciones civiles existentes cuenta con esta autorización, por lo que 8 de cada 10 asociaciones civiles tienen que sobrevivir con las aportaciones de sus asociados o con ingresos derivados de eventos de recaudación.

Lo anterior se evidencia al contemplar que en México las donaciones deducibles a organizaciones sin fines de lucro representan apenas el 0.06 por ciento del PIB. Esto sucede porque al analizar el procedimiento para acceder al estatus de donataria autorizada, se advierte un camino complicado, sino es que imposible. En las experiencias de diversas organizaciones sociales que han aspirado a convertirse en donatarias autorizadas se encuentra que el procedimiento es confuso, disperso y tardado, pues se requieren tres meses de entregar documentos, cumplir requisitos y atender comentarios, lo que no es garantía de conseguir la autorización.

Aunado a lo anterior, la vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles es anual, estando obligadas las organizaciones a renovarla apenas pasados 9 meses desde que se obtuvo, lo que las mantiene en un ciclo interminable de trámites y procedimientos, que las desvía de cumplir con sus finalidades sociales de atención a grupos vulnerables. A esto se agrega que se les solicitan diversos informes, requisitos de transparencia y documentos contables. A decir de diversas organizaciones, hasta tienen que tener a una persona que se encargue de este procedimiento de manera permanente durante todo el año, lo que implica altos costos administrativos.

El procedimiento por el que deben pasar las organizaciones de la sociedad civil mexicanas para convertirse en donatarias autorizadas, se puede resumir de la forma siguiente:

1. Las organizaciones deben entrar en el catálogo de actividades susceptibles de ser autorizadas para recibir donativos, que publica el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo a la legislación.

2. Además de lo anterior, las organizaciones tienen que encajar en las actividades establecidas por el artículo 79 de Ley del Impuesto sobre la Renta, que son distintas a las que contempla el SAT, entendiéndose éste como un paso innecesario.

3. Deben señalar documentalmente los requisitos del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre no desviar los recursos para un propósito distinto al social, y de abstenerse de participar en tareas partidistas.

4. Las organizaciones deben tramitar un documento ante una autoridad de los niveles federal, estatal o municipal, en el que se asiente que sí se dedica a una finalidad sin lucro.

5. Una tramitología adicional se ocupa cuando se trata de obtener donativos extranjeros, que se resume en una estrecha vigilancia de la autoridad hacendaria sobre las organizaciones.

6. Otros pasos más específicos que difieren dependiendo del tipo de organización de que se trate.

A la complejidad y tortuosidad de este procedimiento se adiciona la necesidad de las organizaciones de la sociedad civil de contar con un sinfín de herramientas tecnológicas, ya que todos los trámites se realizan a través de un portal de internet, el cual admite requerimientos tecnológicos particulares, como un explorador con software especial, la utilización de la firma electrónica, la digitalización de todos los documentos solicitados, y el adecuarse a los tiempos de sesión de que se hace uso en el momento.

En razón de lo anterior, se advierte la imperiosa y urgente necesidad de que el procedimiento por el que deben atravesar las organizaciones civiles que buscan conseguir la calidad de donatarias autorizadas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se simplifique, flexibilice y clarifique, toda vez que como se demuestra, se imponen barreras o restricciones casi imposibles de vencer, lo que inhibe tanto el desarrollo de las organizaciones civiles mexicanas, como la cultura altruista de los mexicanos en relación con este sector de la sociedad que tanto beneficio aporta al país.

En este sentido, el suscrito, diputado Enrique Rojas Orozco, considera pertinente y necesario hacer un respetuoso llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en estricto respeto al marco jurídico vigente, implemente medidas que mejoren el procedimiento para que las organizaciones de la sociedad civil se conviertan en donatarias autorizadas. Con ello, se ampliará el panorama de las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad y el Estado en general, pues este sector crecerá favoreciendo a la sociedad y por lo mismo, apoyando al gobierno en cubrir necesidades que de origen le corresponden.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y haciendo uso de las facultades que me otorga el orden Constitucional y legal vigente, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que implemente las medidas que considere necesarias a fin de simplificar, flexibilizar y clarificar el procedimiento y los trámites que deben cumplir las organizaciones de la sociedad civil mexicanas para convertirse en donatarias autorizadas, con el propósito mayor de que cada vez más organizaciones accedan a este beneficio gubernamental. Concretamente, se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puedan implementar al menos las siguientes medidas:

• Reducir el tiempo que requiere el procedimiento para convertirse en donataria autorizada.

• Disminuir la cantidad de documentos que se solicitan.

• Poner a disposición pública una guía del procedimiento, que explique de manera clara y sencilla los pasos, y les dé orden de prelación.

• Actualizar la plataforma digital mediante la que se hace el procedimiento, con tecnologías genéricas, a las que se pueda acceder en la mayoría de los equipos de cómputo.

• Simplificar el esquema de comprobación y fiscalización que se requiere para renovar anualmente la condición de donataria autorizada.

Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados, a 18 de abril de 2017.

Diputado Enrique Rojas Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implantar estrategias para mejorar las condiciones de movilidad en Tláhuac, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno de la Ciudad de México, a implementar estrategias que coadyuven a mejorar las condiciones de movilidad en la delegación Tláhuac.

Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Fideicomiso para el Mejoramiento de Vías de Comunicación del Distrito Federal, durante las últimas décadas la capital del país ha vivido un proceso de despoblamiento de las delegaciones centrales a pesar de ser las de mayor infraestructura urbana. Esta situación ha sido acompañada de un crecimiento expansivo hacia las delegaciones del poniente, oriente y sur; y hacia los municipios aledaños del Estado de México.

La configuración de estos polos ha creado corredores de viajes “Norte – Sur” y “Poniente – Oriente” que atraviesan la Ciudad como sus arterias más densas en materia de movilidad de personas y bienes, sin embargo, el crecimiento de la demanda de viajes no ha sido acompañado de la infraestructura para una movilidad adecuada. De esta forma, el traslado presenta distorsiones e insuficiencias tanto en los modos de transporte como en la red vial disponible.

Existe una contradicción entre una masa de más de 3 millones de automóviles y una red de vialidades saturadas con desarticulaciones e ineficiencias en la coordinación de los diversos modos de transporte que afectan la velocidad, los tiempos empleados en el traslado y el incremento de la emisión de contaminantes, todo en detrimento de la calidad de vida de las personas que habitan la Ciudad.

La situación es aún más crítica en las delegaciones periféricas, donde se aprecia la disminución sustancial del transporte público debido a la sustitución de autobuses de mediana capacidad, por microbuses y combis de mediana y baja capacidad, así como la reducción del transporte administrado por el gobierno.

Para el año 2000, de cerca de 21 millones de pasajeros transportados diariamente, casi 60 por ciento lo hacían mediante microbuses, combis y taxis; lo que desde el punto de vista de eficiencia del sistema de transporte; resulta preocupante que un volumen tan alto de viajes se realizan en medios colectivos de baja capacidad, lo que genera congestionamiento constante de las vías de comunicación.

Por su parte, el número total de vehículos muestra varios rasgos que complican su eficiencia, existe un claro predominio de los autos particulares, a pesar de que representan alrededor del 16 por ciento de los viajes por persona al día. Además, de acuerdo con los datos del Programa de Verificación Vehicular, el 84 por ciento de la contaminación atmosférica es producida por fuentes móviles, siendo que en términos de funcionalidad urbana, transportar personas en automóvil consume 50 veces más espacio que en el transporte público.

En el caso del transporte administrado por el Gobierno, el Metro constituye la infraestructura física, técnica y humana más importante para enfrentar la demanda de servicios de transporte, permitiendo el desahogo a la carga de las vialidades y aminorando considerablemente el impacto ambiental por pasajero transportado.

Sin embargo, existe una disminución del índice general de captación del sistema que indica rendimientos decrecientes, basta mencionar que sólo las líneas 1, 2 y 3 captan el 59 por ciento del total de usuarios; por el contrario, el trazo de las líneas 4 y 6 no corresponde a los requerimientos de las personas usuarias.

En el caso del sistema de transporte eléctrico se aprecia que del año 2000 a la fecha, el servicio presentó una reducción en un 53 por ciento del total de usuarios transportados; por su parte, la Red de Transporte Público cuenta con un parque vehicular reducido y en malas condiciones, que en promedio, cuentan con una antigüedad de 12 años.

Los modos de transporte no sólo se encuentran distorsionados, sino desintegrados. La red de transporte de alta capacidad administrada directamente por el gobierno (el Metro, los autobuses y los trolebuses) , deben ser la columna vertebral del sistema, mientras que el servicio concesionado debe estar orientado a la alimentación de esta columna. En su lugar ocurre que la columna no está trazada según los “orígenes-destino” de los viajes, mientras que los servicios concesionados compiten, se sobreponen y provocan una sobre oferta de servicios que redunda en el congestionamiento de las arterias viales.

Para contrarrestar el problema, fueron construidos los denominados Centros de Transparencia Modal, concebidos para agilizar el trasbordo a las personas usuarias de diferentes modos de transporte sin interferir en la continuidad del flujo vehicular de la vialidad aledaña; sin embargo, se han constituido en puntos saturados donde se concentra una aguda problemática vial, urbana, social y económica, como la ocasionada en el ubicado en Tláhuac, que se vio envuelto en conflictos sociales por determinar qué autotransportes podían utilizarlo, si los provenientes de la Ciudad de México o los del Estado de México. Actualmente los Centros se encuentran saturados puesto que su diseño no previó el incremento de la demanda de transporte público, por lo que son insuficientes.

Es evidente la desarticulación de las redes viales y de transporte público; en general, la red vial presenta grandes problemas, sin embargo, en zonas como Tláhuac son apreciados los mayores conflictos, debido a que la movilidad se condiciona a un altamente deficitario sistema vial que impide los desplazamientos con un adecuado nivel de servicios, así como el establecimiento de un sistema de transporte público eficiente, con rutas que beneficien a la mayoría de las personas habitantes y a un costo accesible.

Tláhuac está ubicada a sólo 60 kilómetros del Zócalo capitalino y se considera una “ciudad dormitorio” con aparente tranquilidad durante el día, sin embargo, la movilidad es caótica debido a la saturación de su única arteria principal, la avenida Tláhuac; obligando a las personas a utilizar caminos en calles secundarias, deteriorando el asfalto y congestionando aún más la zona.

Sobre la avenida Tláhuac se realiza la mayor parte del tránsito entre la delegación Tláhuac y el centro de la Ciudad, varias rutas de transporte público y concesionados recorren la vía, algunas sólo en pequeños tramos; las principales son las rutas 12, 21, 35, 44, 50, 56, 94 y 110 que prestan su servicio entre Milpa Alta, Mixquic y Tulyehualco en el sur, y la Central de Abasto de la Ciudad de México, la Merced, y la estación del Metro Taxqueña en el norte.

Una línea del trolebús, hasta principios de 2010 prestó servicios de San Lorenzo Tezonco a este último punto, recorriendo la avenida Tláhuac desde el límite entre Iztapalapa y Tláhuac hasta Pueblo Culhuacán, sin embargo fue retirado por la construcción de la Línea 12 del Metro, inaugurada en octubre de 2012.

De acuerdo con datos del Programa General de Desarrollo Urbano, la Delegación Tláhuac forma parte del segundo contorno de la Ciudad, conjuntamente con las Delegaciones de Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras; este contorno se caracteriza porque su proceso de urbanización se ha manifestado de manera dispersa y desarticulada, en algunos casos dentro de la zona de protección ecológica, lo que se ha traducido en un fuerte deterioro ambiental.

Tláhuac es una Delegación con un carácter estratégico en términos ambientales; dentro del contexto metropolitano juega un papel relevante en la contención del desarrollo de nuevas áreas urbanas, así como en la preservación de zonas agrícolas de riego.

En atención a lo anterior, el seis de junio de mil novecientos noventa y siete, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac, que contenía un Plan Integral de Transporte y Vialidad, en cuya parte conducente dispone:

Objetivo: Propiciar el uso del transporte público y consolidar el sistema de vialidades.

Estrategias:

• Complementar el sistema multimodal de transporte público en el Distrito Federal;

• Establecer estaciones de transferencia, de manera que el cambio de modo se realice rápidamente y en condiciones de seguridad, en sitios que cuenten con estacionamiento de vehículos privados.

• Establecer áreas peatonales, libres de automóviles, en las zonas que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad;

• Mejorar la estructura vial primaria donde se concentran usos comerciales y de servicios, dándole continuidad a la retícula vial;

• Resolver las incorporaciones entre las redes primaria y secundaria.

Sin embargo, nunca ha sido aplicado tanto por la federación como por la ciudad, por lo que es urgente realizar acciones tendientes a resolver el problema de movilidad, pues un recorrido que debería tomar un máximo de 35 o 40 minutos, se convierte en una tortura de más de hora y media; y si a lo anterior se le suma el tiempo de traslado en el Metro desde o hacia los centros de trabajo, el tiempo de recorrido llega hasta las 3 horas, cuando en total debería ser de máximo una hora y media.

Impera la necesidad de integrar un sistema de vialidad primario constituido por ejes viales y vialidades secundarias que contemplan ampliación en las avenidas Tláhuac, Canal de Chalco, La Turba, F. San Rafael Atlixco y División del Norte. Es conveniente establecer cruces seguros o en su defecto, puentes peatonales que otorguen seguridad a los peatones.

Se considera la conveniencia de establecer rutas de transporte que respondan a la demanda de la población, además, que se planifiquen y reorganicen las bases de transporte público concesionado para su mejor funcionamiento.

Asimismo, resulta impostergable la resolución de los conflictos en el Centro de Transferencia Modal, donde microbuses agrupados en las rutas 119, 44, 56, 12 y 49, principalmente, exigen que no se permita el acceso a camiones procedentes de municipios mexiquenses como Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca, siendo que, de conformidad con el estudio realizado para el distribuidor vial de acceso al Cetram Tláhuac Línea 12, elaborado para el Gobierno de la Ciudad de México por la empresa Tembo, se desprende que al menos hay una ruta del estado de México que debería tener acceso.

Aunado a lo anterior, es importante que el Gobierno de la Ciudad de México resuelva el problema de movilidad sin incrementar la tarifa del transporte concesionado, se requiere que sea a través de nuevas rutas operadas con unidades a cargo del gobierno, a efecto de no asentar otro golpe a la economía de las familias de Tláhuac.

Por las consideraciones anteriormente vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a implementar estrategias que coadyuven a mejorar las condiciones de movilidad en la Delegación Tláhuac.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud y la SEP a implantar medidas y campañas mediáticas que favorezcan la prevención de contagios del virus del papiloma humano y así evitar el cáncer cervicouterino en adolescentes, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Ma. Victoria Mercado Sánchez , diputada de esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Consideraciones

En la actualidad, el cáncer cérvico-uterino se ha convertido en una amenaza mortal en contra de la salud de todas las mujeres, y esto se debe a un cambio en las células que cubren las paredes del cuello uterino, en donde son inicialmente normales y gradualmente se convierten en pre cancerosas, manifestándose como lesiones en la pared del útero, por lo que eventualmente, pueden cambiar y convertirse en células cancerígenas.1

“El cáncer cérvico-uterino es uno de los padecimientos más frecuentes entre la población femenina en el mundo. Se calcula que cada año se diagnostican 466 mil nuevos casos de cáncer cérvico-uterino y que se producen alrededor de 300 mil muertes al año. Asimismo, representa la segunda causa de muerte en países subdesarrollados. En nuestro país, las cifras también son alarmantes ya que ocupa la segunda causa de muerte. El estado de México tiene el primer lugar en defunciones por cáncer cérvico-uterino presentándose alrededor de 4.500 decesos por año, según el Instituto de Salud del Estado de México; en general, cada dos horas muere una mujer por cáncer cérvico-uterino. El factor de riesgo más común de presentarlo es la exposición a ciertas variedades del virus del papiloma humano. Sabemos que el cáncer de cérvix es curable si se detecta a tiempo. En consecuencia, un trabajo preventivo es fundamental para su diagnóstico oportuno y tratamiento apropiado”.2

El sector más vulnerable ante esta enfermedad son los adolescentes, quienes se encuentran iniciando su vida sexual a una edad cada vez más temprana, aunado a ello, hay un incremento del porcentaje de mujeres menores de 20 años que son madres. Este porcentaje es considerablemente superior entre las adolescentes de las zonas rurales y aún mayor entre las adolescentes en situación de desplazamiento.3 Por otro lado, el embarazo precoz tiene graves consecuencias sobre la calidad de vida de los futuros padres y de los hijos por nacer. Limita las posibilidades de desarrollo personal y social de padres e hijos en la medida en que reduce las oportunidades de educación y, por tanto, afecta la calidad del empleo; aumenta el número de personas con dependencia económica en una familia que con frecuencia tiene recursos económicos escasos; y en general, se convierte en un factor que afecta la calidad de vida de las personas.4

El factor mayormente relacionado con el aumento de la fecundidad entre la población de adolescentes es el bajo nivel de escolaridad, ya que éste se encuentra asociado a condiciones de pobreza. Las adolescentes sin educación formal tienen su primera relación sexual y su primer hijo mucho antes que las que tienen algún nivel de escolaridad. En nuestro país y en el mundo, el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer en la población de mujeres entre 30 y 59 años y la segunda causa de mortalidad general por neoplasias. Sin embargo, debido a la tendencia a iniciar relaciones sexuales a edades más tempranas, el cáncer de cuello uterino afecta a mujeres cada vez más jóvenes, es decir, en la adolescencia, lo cual sin duda alguna está asociado a los bajos niveles de escolaridad y a la falta de educación sexual.5

Por ello, insisto en que se deben crear más programas de prevención del cáncer cervical bien canalizados, cuyo fin, sea establecer estrategias para examinar a mujeres con quienes es difícil entrar en contacto, como aquellas que viven en comunidades rurales y urbanas marginadas. En los lugares donde los servicios de detección no han logrado resultados, las unidades móviles pueden colaborar con los líderes de la comunidad para desarrollar campañas de educación, ofrecer lugares para examinar a mujeres en los grupos de edades cruciales, dar seguimiento a las pacientes y motivarlas a volver a recibir atención complementaria.6

Por lo anterior, considero sumamente importante sensibilizar a nuestras niñas, adolescentes y mujeres, sobre la importancia del autocuidado y de la realización de citologías periódicas.

Las principales medidas para la prevención primaria son la educación a la población en relación a la importancia de esta patología, sus factores de riesgo y de prevención, y también la vacunación por virus del papiloma humano. Reconocer el valor de la formación y del conocimiento es la base para que niñas, niños y adolescentes encuentren en su sexualidad una fuente de alegría y cuenten con instrumentos para el ejercicio pleno y responsable, libre de abusos, violencia, discriminación, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.7

Asimismo, diseñar mecanismos que permitan aprovechar otros momentos de contacto del sistema de salud con las usuarias que faciliten el acceso al diagnóstico y tratamiento. En las zonas de difícil acceso, es necesario diseñar estrategias que aseguren el acceso de las mujeres a los exámenes de diagnóstico.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública a efecto de implementar medidas y campañas mediáticas que favorezcan la prevención de futuros contagios del virus del papiloma humano y así evitar el cáncer cérvico-uterino en adolescentes, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública a efecto de implementar medidas y campañas mediáticas que favorezcan la prevención de futuros contagios del virus del papiloma humano y así evitar el cáncer-cérvico uterino en adolescentes.

Notas

1 http://www.revista.unam.mx/vol.12/num8/art78/

2 http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/Analisis/5453

3 http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/Analisis/5453

4 http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/Analisis/5453

5 http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/Analisis/5453

6 http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/Analisis/5453

7 http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/Analisis/5453

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y el ISSSTE a garantizar a los jubilados y pensionados el pago de las prestaciones adeudadas desde 2011 por los incrementos de los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2007, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),1 en cuyo artículo decimoctavo transitorio, se estableció que todo trabajador retirado hasta ese año podía utilizar, de manera retroactiva, los esquemas de pago contemplados en la Ley abrogada que databa de 1983.2

De esta manera, se mantuvo vigente el artículo 57 de la Ley de ISSSTE de 1983, que establece que todo trabajador retirado (jubilados o pensionados) tiene el derecho a una subvención anual similar en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo; además, tendrán derecho en su proporción, a que las prestaciones en dinero les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados.

Por su parte, el artículo 94 del “Manual de Procedimientos de Pensiones Directas y Otras Prestaciones Derivadas, del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre”, señala que los extrabajadores del Estado, recibirán las prestaciones denominadas Bono de despensa, la cual es una subvención mensual que se concede a los pensionistas directos; así como el pago por el concepto de Previsión Social Múltiple, que es la gratificación diaria que se concede a los pensionistas directos. Ambos montos son fijados por la Junta Directiva del ISSSTE.”3

A partir de 2011, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobara un incremento en el pago de estos conceptos a los trabajadores activos, comenzó una serie de inconformidades por parte de los jubilados y pensionado, en las que se acusaba al ISSSTE de “Congelar” el incremento a los conceptos de Bono de despensa y Previsión Social Múltiple, así como de transgredir lo determinado en el Artículo 57 de la Ley de 1983 y del Artículo del 94 del Manual de Procedimientos de Pensiones Directas.

El aumento aprobado por la SHCP, pasó de 190.00 pesos en 2011 a 225.00 en 2012 y ajustándolo, finalmente, en 265.00 en 2013.4 En cambio, para los jubilados y pensionados se mantuvo en un pago de 100.00 por Bono de despensa y de 120.00 por Previsión Social Múltiple, lo cual no es un ajuste compatible entre los trabajadores activos y los pensionados.

Esto ha ocasionado que casi 890 mil ex trabajadores del Estado se agruparan en diversas Asociaciones Civiles con el fin de emprender acciones legales que han llegado a la Junta de Conciliación y Arbitraje, a Juzgados Federales, así como ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cabe referir que, hasta el año 2015, alrededor de 400 mil pensionados y jubilados habían interpuesto demandas,5 algunas ganadas en tribunales, como fue el caso de María Guadalupe González Ramayo y Ena Guadalupe Méndez Amábilis, del estado de Yucatán, que través de la Coalición Nacional de Jubilados “Profesor Elpidio Domínguez Castro” lograron un fallo de la SCJN por la indemnización de 4 mil 48.65 pesos.

De acuerdo con la tesis PC.XXII. J/9 A del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, en el caso bono de despensa y previsión social múltiple, los pensionados conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y conforme al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la nueva Ley del Instituto referido, tienen derecho a su incremento en proporción al aumento que reciban los trabajadores en activo, con independencia del puesto que ocupaban al jubilarse.6 Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2016 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 3 de octubre de 2016.

Como se puede observar, los jubilados y pensionados han tenido que recurrir a juicios para hacer valer sus derechos laborales. Por ello, el presente punto de acuerdo tiene por objeto solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al ISSSTE, a diseñar un mecanismo que permita cubrir los pagos que se adeudan desde 2011 por las diferencias faltantes de los conceptos de Bono de despensa y Previsión Social Múltiple.7

Este punto de acuerdo no solo pretende atender el llamado de ayuda de los ex trabajadores del Estado, sino garantizar el respeto de sus derechos humanos, tal y como lo marca nuestra Constitución en su artículo 1o., y haciendo valer lo señalado en Declaración Universal de los Derechos Humanos que dicta, en su Artículo 22, que toda persona, con base en su trabajo, gozara de la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.8

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a garantizar el derecho de los pensionados y jubilados a obtener el incremento de las prestaciones en dinero que reciben, por concepto de bono de despensa y previsión social múltiple, en proporción al aumento general de las prestaciones en dinero que reciben los trabajadores en activo, según lo dispuesto en los artículos 57, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, así como 43, último párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Notas

1 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE_240316.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/LISSSTE_ab ro.pdf

3 http://200.38.163.178/SJFSem/anexos/E8840_667_03.pdf

4 Los aumentos se programaron mediante los oficios 307-A-4064, 307-A-3796
y 307-A- 2468, emitidos por la Secretaria deHacienda y Crédito Público.

5 http://www.milenio.com/df/manifestacion_de_jubilados-jubilados_del_ISSSTE-ISSSTE
-Bono_de_Despensa-Prevision_Social_Multiple_0_311369200.html

6 Semanario Judicial de la Federación. Tesis: PC.XXII. J/9 A (10a.)

7 http://yucatan.com.mx/merida/ciudadanos/el-issste-paga-a-jubiladas-comp ensacion-ordenada-por-la-scjn

8 http://www.cepal.org/mujer/proyectos/pensiones/publicaciones/word_doc/i nstrumentos.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de abril de 2017.

Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a proseguir, una vez concretado el proceso de extradición de Javier Duarte de Ochoa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, las investigaciones y consignar ante tribunales competentes las indagatorias relacionadas con el financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, entre otros asuntos pendientes de investigación en Veracruz, a cargo del diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

Cuitláhuac García Jiménez y Juan Romero Tenorio, en nuestra calidad de diputados del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Primero. El pasado día sábado 15 de abril de 2017 fue detenido en Guatemala el ex gobernador de Veracruz durante el periodo 2010-2016, Javier Duarte de Ochoa, cargo que abandonó al pedir licencia el pasado 12 de octubre de 2016 y sobre quien pesa una orden aprehensión librada desde el 14 de octubre de 2016.

Fue aprehendido en el hotel “La Rivera de Atitlán”, uno de los más lujosos del municipio de Panajachel, en Guatemala.

Panajechel, forma parte del Departamento de Sololá y en él se encuentran algunos de los balnearios turísticos más conocidos de Guatemala, ubicado en la rivera del lago, poblado turístico ubicado en el Lago de Atitlán, unos 70 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala y cuya población de aproximadamente 11 mil personas es habitada por indígenas mayas.

La Procuraduría General de la República mediante un comunicado oficial1 señaló:

“Como resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala, Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición en el Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en ese país.

La Procuraduría General de la República pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, por vía diplomática, se presentara la solicitud de detención provisional con fines de extradición del ex gobernador de Veracruz al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco este 15 de abril de 2017.

De conformidad con los tratados internacionales aplicables, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala, y se realizó el operativo para la captura de Javier Duarte de Ochoa en conjunto con la Policía Nacional Civil por conducto de su división de policía internacional, Interpol en Guatemala.

En atención a la solicitud de detención provisional presentada por el Gobierno de México al de la República de Guatemala, el Juez Primero de Primera Instancia Penal de Guatemala libró en audiencia privada una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue ejecutada hace unos momentos.

Javier Duarte de Ochoa es requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 13 de octubre de 2016, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, en los autos de la causa penal número 97/2016, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El reclamado Javier Duarte de Ochoa deberá ser presentado en audiencia, ante la autoridad judicial guatemalteca competente, quien le informará que se encuentra retenido con fines de extradición a petición del gobierno de México. El reclamado Javier Duarte de Ochoa deberá ser presentado en audiencia, ante la autoridad judicial guatemalteca competente, quien le informará que se encuentra retenido con fines de extradición a petición del gobierno de México.

Conforme a las disposiciones aplicables por el tratado de extradición entre ambos países, el gobierno de México deberá presentar formalmente la solicitud de extradición del reclamado antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados desde hoy.

Una vez presentada dicha solicitud formal de extradición, la Fiscalía General de la República de Guatemala, recibirá la documentación y la presentará ante el juez competente quien citará a audiencia para resolver en términos de la legislación de aquél país.

En el momento en el que el juez considere procedente la extradición del reclamado, turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, en donde se realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas.

El gobierno de México agradece el apoyo de las autoridades guatemaltecas, de forma especial a la Fiscalía General de la República, así como a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación”.

Por su parte la Policía de Guatemala trasladó este domingo a una cárcel militar de la capital y fue ingresado al cuartel militar de Matamoros, una antigua instalación del Ejército donde un área fue modificada como prisión de reos de alto impacto.

Segundo. El nivel de desfalco durante la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa ha sido catalogado de “histórico”2

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, indicó que se comprobaron irregularidades por 35 mil millones de pesos solo en el manejo de transferencias federales a Veracruz, la cifra más alta que se ha podido determinar en la historia de la Auditoría.

Asimismo señaló que se han presentado 54 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable por 9 mil 500 millones de pesos que el gobierno estatal de Veracruz simuló reintegrar a la Tesorería de la Federación.3

Todo ello durante los primeros cuatro años del gobierno duartista, sin contabilizar los resultados de la auditoría de la cuenta pública de 2015.

El modus operandi criminal era el siguiente:

Ante las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por gasto ejercido sin comprobación suficiente, la Secretaría de Finanzas depositaba los fondos en cuentas de banco para solventar la investigación, pero al día siguiente se retiraban y desaparecía el dinero. Esto ocurrió en las cuentas públicas de 2012, 2013 y 2014 y sobre el 2015 y 2016 la Auditoría Superior de la Federación presentará nuevas denuncias porque la práctica de extraer fondos federales para destinarlos a fines distintos a su objetivo se mantuvo en 2015 y 2016.4

Tan sólo el Informe de la Cuenta Pública 2015 establece que en el gobierno de Javier Duarte se desviaron 4 mil 630 millones de pesos destinados a servicios de salud y educación. Así mismo, 800 millones de pesos nunca fueron turnados a la Fiscalía local, a la Secretaría de Seguridad Pública ni al Poder Judicial local.

Por su parte la Universidad Veracruzana denuncia que el gobierno estatal dejó de cubrir el pago de 2 mil 250 millones de pesos del dinero de los trabajadores de dicha institución por lo que su funcionamiento se vio seriamente comprometido.

La administración de Javier Duarte estuvo plagada de severas irregularidades administrativas y el desvío de fondos públicos a tal grado que distintos ex funcionarios del gobierno Javier Duarte han sido vinculados a diversos procesos penales por su participación en delitos relacionados con la administración del gobierno anterior o con su fuga.

Entre los implicados se encuentra el propio ex gobernador interino de Veracruz Flavino Ríos, aprehendido por agentes de la fiscalía veracruzana acusado de prestar ayuda para la del propio ex mandatario Javier Duarte, mediante el uso de un helicóptero oficial, por lo cual un Juez de Control ha dictado un año de prisión preventiva por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Igualmente, el actual diputado federal Antonio Tarek Abdala, quien fue tesorero del gobierno duartista, se le vincula con la creación de empresas fantasma por lo que ha sido acusado por la Fiscalía del estado de Veracruz por el delito de peculado, la cual formalmente ha presentado una solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, misma que se encuentra en trámite en la Comisión Instructora y que pasará al pleno en las próximas semanas para que le sea retirado el fuero y pueda ser juzgado por el delito del que se le acusa, por el cual podría purgar hasta 15 años de cárcel.

Tercero. Adicionalmente al monumental desfalco ocurrido, desde el inicio del gobierno de Javier Duarte se cometieron diversos delitos que por su magnitud y alcance agraviaron profundamente a toda la sociedad y deben ser investigados a fin de no limitar las pesquisas al daño patrimonial.

Entre ellos podemos citar los siguientes:

A) El financiamiento ilegal del gobierno de Veracruz a la campaña de Enrique peña Nieto en 2012;

B) Los tratos entre la empresa brasileña ODEBRECHT y Felipe Calderón concretados sobre las instalaciones de Pemex en suelo Veracruzano;

C) El altísimo número de periodistas muertos y la campaña oficial para restringir la libertad de prensa;

D) El número de asesinatos dolosos y desapariciones ocurridas y que están aún sin resolver.

A) El financiamiento ilegal del gobierno de Veracruz a la campaña de Enrique peña Nieto en 2012

El viernes 27 de enero de 2012, la PGR detuvo a dos colaboradores del Gobernador Javier Duarte por transportar en un avión oficial dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo sin acreditar su origen ni destino. Por este caso tuvo que renunciar el Tesorero de Veracruz.

El Partido Acción Nacional, a través del senador Juan Bueno Torio acusó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de financiar la campaña del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, con recursos públicos. Bueno Torio comentó que su bancada demandó a la PGR y al IFE investigar el origen y el destino del dinero, “Sacar 25 millones de pesos en efectivo, moverlos en un avión, en portafolios, a otra entidad federativa, la verdad amerita una investigación del IFE y no solamente de la PGR, para ver por qué en tiempos de campaña se mueve esa cantidad de dinero”.5

El diario Reforma detalló que la captura se dio la noche del viernes 27 de enero, cuando Miguel Morales Robles, quien viajaba en una aeronave del Gobierno de Veracruz con matrícula XC-CTL aterrizó en Toluca procedente de Xalapa y llevaba dos maletas, una roja y una negra, en las que se hallaron 25 millones de pesos en efectivo. Morales Robles solo mostró un oficio, sin sellos, que supuestamente estaba firmado por el subdirector de Operación Financiera de la Tesorería Estatal, en el que se indicaba la transportación del dinero, pero no su origen ni destino. Morales Robles dijo a los agentes de la Policía Federal desconocer a quién o en dónde iba a entregar los 25 millones de pesos por lo que fue trasladado del aeropuerto a las oficinas de la corporación en Toluca.6

Luego, al lugar se presentó Said Sandoval Zepeda, quien se identificó como miembro del equipo de seguridad del Gobernador Javier Duarte, y exigió que le entregaran a Morales Robles por instrucciones de la oficina del Mandatario de Veracruz. No obstante, rechazó informar para quién era el dinero y en dónde lo iban a entregar. Ante ello, el guardaespaldas del gobernador también fue detenido.

Hechos que son sancionables en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales

“Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

...

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;”

B) Los tratos entre la empresa brasileña Odebrecht y Felipe Calderón concretados sobre las instalaciones de Pemex en suelo Veracruzano

En diciembre de 2016 ante juzgados estadounidenses, la poderosa constructora brasileña Odebrecht y su brazo petroquímico, Braskem, se declararon culpables por pagar sobornos a cambio de beneficios en contratos en varios países, incluidos México en materia de contratos en el área petrolera.

A través de la Operación Lava Jato, conformada por Brasil, Suiza y Estados Unidos, a lo largo de 2 años, la Fiscalía brasileña investiga las operaciones de Petrobras en las que se incluye el manejo de sobornos durante la administración de Dilma Rousseff.

Fue así como comprobaron pagos corruptos para obtener contratos en varios países, incluidos México en los últimos 10 años. Para liberarse de acusaciones judiciales en aquellas naciones, la Odebrecht tendrá que pagar 3 mil 500 millones de dólares. Esto significa que la cantidad de sobornos pagados a políticos de varias naciones oscilan en “los cientos de millones de dólares”. Ambas compañías admitieron sus operaciones y la liquidación se hará en los primeros días de abril de año, 2017.

Por si fuera poco, el laboratorio israelí Teva deberá pagar una multa de 519 millones de dólares para cerrar procesos en Estados Unidos por sobornos pagados en México, Rusia y Ucrania. Esto, claro en tribunales de Estados Unidos.

Teva y sus subsidiarias pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios en varios países, e internacionalmente dejaron de implementar un sistema interno de control que impediría sobornos. En el caso de México el laboratorio admitió que su subsidiaria local permitió el pago de sobornos a médicos empleados por el gobierno por lo menos desde 2005, para que prescribieran el medicamento Copaxone, para la esclerosis múltiple.

En ambos casos quien sale ganando es el fisco de Estados Unidos, Brasil y Suiza. A México, donde las dos compañías sobornaron a funcionarios y médicos, no le toca ni un dólar. Lo que es peor, ni siquiera el gobierno mexicano a través de la Procuraduría General de la República, que encabeza Raúl Cervantes, ha solicitado información de la identidad de los funcionarios sobornados, ni de los médicos que, carentes de ética, prescribieron ese medicamento.

El gobierno mexicano está obligado moralmente a demandar una parte de los sobornos y suspender las concesiones y contratos que le otorgaron a la constructora Brasileña, considera la más poderosa del continente.

Odebrecht pagó sobornos a través de empresas, transacciones no contabilizadas y cuentas bancarias offshore”, en países como Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

En México la constructora brasileña maneja negocios con la Comisión Federal de electricidad y Pemex. De esta última participa en el proyecto de Los Ramones.

C) El altísimo número de periodistas muertos y la campaña oficial para restringir la libertad de prensa

La organización no gubernamental Artículo 19 calificó a Veracruz como un Estado fallido y peligroso donde no sólo se restringe la libertad de expresión, también existe una política estatal para limitarla. El gremio periodístico local, por su parte, acusó al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de ser cómplice de la ola de agresiones en contra de los comunicadores de la entidad.

En entrevista Ana Ruelas, directora de Artículo 19 para México y América Latina dijo que la realidad que se vive en Veracruz muestra a una entidad donde no hay Estado de derecho y existe la impunidad.7

“La impunidad que impera desestima la labor periodística de las personas, al final el discurso del Gobierno es tratar de justificar las muertes o la violencia”.

Por su parte el gremio periodístico exigió al Gobernador Javier Duarte de Ochoa justicia.

“Señor Gobernador, Javier Duarte de Ochoa, le exigimos justicia. Ya son 19 compañeros asesinados y su administración sigue siendo cómplice de la barbarie”, “Alzar la voz ya no basta para exigir justicia. Pero quedarnos callados no es permisible en un escenario donde reina la impunidad, como lo es Veracruz”.8

Las intimidaciones también provienen de las autoridades federales y estatales. La impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de asesinato y de desapariciones. Las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o se frenan debido a la lentitud burocrática. La impunidad también se explica por la colusión entre el crimen organizado y las autoridades políticas y administrativas, a menudo corruptas y en las que incluso se han infiltrado los cárteles a todos los niveles.

Este clima de violencia e impunidad ha obligado a numerosos periodistas a exiliarse para huir de las amenazas que enfrentan ellos y, con frecuencia, sus familias. Numerosos medios de comunicación han renunciado a abordar el tema del narcotráfico por temor a represalias violentas, de allí un clima de autocensura perjudicial para la libertad de información. En muchos casos, las redes sociales se han convertido en las únicas fuentes de información sobre los estragos ligados a los cárteles de la droga, que no dudan en tomar como blanco a los blogueros que intentan romper la espiral de silencio.

Incluso el foto reportero de la revista Proceso Rubén Espinoza que se había autoexiliado en la Ciudad de México y que grabó un video responsabilizando de su vida al propio gobernador Javier Duarte fue asesinado. Después de la publicación de una foto suya en la portada de proceso donde aparecía el ex mandatario Javier Duarte y se leía “Veracruz estado sin ley”

Rubén Espinosa se exilió de Veracruz porque era acosado por desconocidos. Sintió miedo después de que sujetos sospechosos daban cuenta de sus pasos al trabajo, casa y amigos. Esto comenzó luego de sus acciones, con otros periodistas, para cambiar el nombre a la plaza Lerdo a Plaza Regina Martínez -también corresponsal de Proceso . La placa con el nombre de Regina fue retirada horas después de su colocación por parte de periodistas. Los reporteros la compraron nueva y la montaron otra vez. Rubén Espinosa tomó cemento blanco para fijar el trozo de metal a la escalinata, pero ni así la respetaron y a los pocos días la sustrajeron. Después de ese evento lo comenzaron a seguir desconocidos. Por eso se marchó al DF, desde donde sentenció: “La muerte escogió a Veracruz como su casa y allí decidió vivir”.

D) El número de asesinatos dolosos y desapariciones forzadas ocurridas y que están aún sin resolver.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, desde 2006 a la fecha se han documentado 5 mil desapariciones y a lo largo y ancho del estado se han encontrado innumerables fosas clandestinas.

El más reciente de los macabros hallazgos fue realizado el pasado 11 de marzo de 2017 cuando fue encontrada una nueva fosa clandestina en el municipio de Alvarado en la comunidad “El Arbolillo”, y hasta el momento se han encontrado ocho fosas con restos humanos en esa zona. Hasta el momento se han inhumado 47 cráneos y múltiples restos humanos,

El predio utilizado para ello se encuentra aledaño a la carretera federal 180 y en colindancias con la Laguna de Camaroneras según informó el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.9

Este nuevo cementerio se encuentra a 70 kilómetros del reportado en agosto de 2016, en las Colinas de Santa Fe, en donde se encuentra una cavidad que familiares de desparecidos que integran el Colectivo Solecito, Veracruz, llaman la alberca, pues grupos criminales acumularon al menos 245 cuerpos, y más de 14 mil restos óseos en 70 por ciento de ese terreno.

Mediante un comunicado la Fiscalía General del Estado señaló:

“Comunicado con motivo del hallazgo de fosa clandestina ubicada en Arbolillo, Alvarado, Ver. 10

Derivado de los trabajos realizados hasta el día de hoy, por parte de la Fiscalía General del Estado, a través de su área de servicios periciales, en la localidad Arbolillo, ubicada en el municipio de Alvarado, Veracruz, se hace de su conocimiento que en este lugar se ubicó un punto en el cual se llevaron a cabo inhumaciones clandestinas.

Por ello, conforme lo marca nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se solicitó y se obtuvo por parte de un juez de control competente, radicado en la ciudad de Veracruz, la autorización legal para proceder a la exhumación de dichos restos humanos y también la autorización del propietario de la parcela para poder llevar a cabo los trabajos periciales.

Dichos trabajos periciales arrojan —hasta el momento— los siguientes resultados:

Se trabajaron 8 fosas, las cuales se encuentran ubicadas aproximadamente a 10 kilómetros del centro de Alvarado, ello, en un perímetro de 120 metros cuadrados que es colindante a la Laguna de Alvarado, de dichas exhumaciones hasta el momento se han extraído 47 cráneos, más múltiples partes corporales.

...”

Cabe señalar que el hallazgo en Alvarado se da días después de que el fiscal del estado Jorge Winckler reconociera que “hubo complicidad de las autoridades en la inhumación de personas en las fosas de Colinas de Santa Fe” , donde se han encontrado los restos de al menos 245 personas.

“Es imposible que nadie se haya dado cuenta de lo sucedió aquí, y que ingresaban y salían vehículos. Si eso no fue con la complicidad de la autoridad, no entiendo de qué otra manera (fue)”.11

En ese terreno se han descubierto hasta ahora 125 fosas. De ese total, aún restan por inspeccionar dos de ellas por los peritos forenses y los miembros de la sociedad civil organizados en el Colectivo Solecito. Hasta el momento solo dos cadáveres de los encontrados en Colinas de Santa fe han sido identificados : el de un investigador de la fiscalía de Veracruz y su secretario, quienes portaban identificaciones oficiales.

Es necesario señalar que el hallazgo de este enorme cementerio clandestino fue realizado por los integrantes del “Colectivo Solecito” quienes iniciaron labores de búsqueda y de localización el pasado 3 de agosto de 2016 , y que a partir del día 8 del mismo mes empezaron a encontrar fosas clandestinas en el predio Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz, encontrando en los días ya mencionados 28 fosas clandestinas, en un radio de dos hectáreas de quince hectáreas aproximadamente por analizar, que en lo sucesivo de la búsqueda de cuerpos fue aumentando el número de fosas a 38 fosas conforme iban avanzando en la búsqueda por parte de los ciudadanos que integran dicha agrupación.

Por su parte otros integrantes del colectivo “solecito veracruzano” han manifestado que la zona donde se localizaron las fosas clandestinas se encuentran ubicadas en la zona norte del Municipio de Veracruz, que limita con una área que se encuentra en constante vigilancia como lo es la zona portuaria, donde les parece extraño que de tratarse de una zona urbana donde se supone hay vigilancia, las autoridades no pudieron percatarse de lo que estaba sucedieron en el lugar, a menos refieren, que la autoridad estuviera al tanto de lo que realmente pasaba ahí.

Con relación a lo anterior es de preguntarse, cómo es que realmente sucedieron estos hechos sin que ninguna autoridad estatal o municipal se diera cuenta, con testimonio de los propios integrantes del colectivo, mencionan que para realizar todas esas fosas clandestinas, y por la magnitud del terreno, que mide aproximadamente 15 hectáreas de longitud, los que se encargaron de realizar todas esas fosas clandestinas tuvieron que haber utilizado algún tipo de maquinaria para hacer las excavaciones, como un trascabo, y por otro lado tuvieron que movilizarse muchas personas en vehículos particulares o de algún tipo para trasladar los cuerpos que se encuentran en donde ellos han denominado un cementerio, debido a lo que han presenciado y visto.

Cabe mencionar que en el preámbulo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se señala que la subsistencia en el continente de las desapariciones forzadas era innegable y que su práctica de forma sistemática constituía un crimen de lesa humanidad . También se le considera una “grave ofensa a la naturaleza, odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la carta de la organización”.12

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, indica que para efectos de esta convención:

“Se considera desaparición forzada, la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del estado o por personas o por grupos de personas, que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Así mismo se recuerda que la protección internacional de los derechos humanos es de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno y tiene como fundamento los atributos de la persona humana. Por lo que debe ser perseguida y sancionada en nuestro país.

Cuarto. Según el Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por extradición se entiende el “...procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se encuentran involucradas las soberanías de dos o más naciones, asistiéndose de manera recíproca y solidaria para la entrega de los delincuentes o convictos que se hallan en territorio de otro país, para que pueda éste someterlos a juicio, y en su caso, aplicarles las sanciones o medidas de seguridad correspondientes.”13

La extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona refugiada en su territorio a otro Estado que la reclama, por estar inculpada, procesada o convicta en éste de la comisión de un delito del orden común, a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta.14

En este orden de ideas, es posible considerar que la institución de extradición es la máxima expresión de la cooperación en materia de lucha contra el delito entre países, y es la herramienta que permite a un Estado detener y entregar en custodia a una persona que se encuentra en su territorio a otro Estado que lo requiere a los efectos de afectarlo a una investigación en curso o para que cumpla una pena impuesta.

La cooperación jurídica internacional en materia penal es un importante mecanismo mediante el cual la Comunidad Internacional hace frente al delito en general y, especialmente, a la delincuencia transnacional.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados15 de 1969 en su artículo 2 numeral 1 inciso “a”, indica que:

“Tratado : Se entiende por tratados un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.”

Por su parte, la Ley sobre la Celebración de los Tratados,16 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992, indica:

“Artículo 2o. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. “Tratado”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.

De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución.”

En este orden de ideas y conforme al tratado de extradición firmado, entre el gobierno la República de Guatemala y los Estados Unidos Mexicanos, el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, ambas naciones establecieron una cooperación más eficaz con miras a combatir la criminalidad y perseguir a los delincuentes que salen de sus respectivas fronteras en el cual se comprometieron “a entregarse mutuamente, a toda persona que, encontrándose en el territorio de alguno de los dos Estados, sea reclamada por cualquiera de ellos, en razón de que sus autoridades judiciales competentes hubieren dictado en su contra una orden de aprehensión o reaprehensión o bien el cumplimiento de una sentencia de pena privativa de libertad, como consecuencia de un delito cometido dentro del territorio de la Parte Requirente (artículo 1)”.17

Por las razones arriba señaladas, se propone ante esta soberanía, como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que una vez concretado el proceso de extradición de Javier Duarte de Ochoa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, continúe con las investigaciones y consigne ante tribunales competentes las indagatorias relacionadas con los delitos de financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, los sobornos de Odebrecht a Felipe Calderón Hinojosa para realizar negocios en las instalaciones de Pemex en Veracruz, la muerte de 17 periodistas ocurridas durante su mandato y los delitos de lesa humanidad de desaparición forzada ocurridos en dicha entidad.

Notas

1 Procuraduría General de la República Comunicado 681/2017 http://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-681-17-pgr-informa-la-detencion -en-guatemala-del-ex-gobernador-javier-duarte

2 La Jornada. Comprueba ASF desfalco por 35 mil mdp a Javier Duarte. 5 noviembre de 2016.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact
=8&ved=0ahUKEwi3oLazyqnTAhWpjFQKHXJeBYYQFghJMAg&url=http%3A%2F%2F
www.jornada.unam.mx%2F2016%2F11%2F05%2Fpolitica%2F014n2pol&usg=AFQjCNGYw_ADskdQeQT1JDs2I0XevmJMpg

3 Ibídem.

4 Ídem.

5 Terra Noticias.com Acusan d a Javier Duarte de Financiar campaña de Peña Nieto

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrBTvgDvvRYN_YAWkLD8Qt.;_ylu=X3oDMTByOHZy
b21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg/RV=2/RE=1492463236/RO=10/RU=https%3a%2f%2f
noticias.terra.com.mx%2fmexico%2fpolitica%2felecciones%2fsucesion-presidencial%2facusan
-a-javier-duarte-de-financiar-campanadepenanieto%2ce474347a8b035310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html/
RK=0/RS=UQ15MKcbRsTTSsnkdSz2rMjsVsY-

6 SDP Noticias PGR detuvo a colaboradores de Duarte con 254 mdp.

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEV2jkvvRYB_AATv7D8Qt.;_ylu=X3oDMTBydDI5cXVuBGNv
bG8DYmYxBHBvcwM2BHZ0aWQDBHNlYwNzcg/RV=2/RE=1492463461/RO=10/RU=http%3a%2f%2f
www.sdpnoticias.com%2festados%2f2012%2f01%2f30%2fpgr-detiene-a-colaboradores
-de-duarte-con-25-mdp-ya-fueron-liberados/RK=0/RS=yUnbbIGyQpyjGOOtCBxd.8N6flg-

7 Veracruz estado fallido: Artículo 19. Sin embargo. 21 de julio de 2016.
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrBTvrLs_RYAhQAMeLD8Qt.;_ylu=X3oDMTByZnU4cmNpBGNvbG8DYmYxBHB
vcwM5BHZ0aWQDBHNlYwNzcg/RV=2/RE=1492460620/RO=10/RU=http%3a%2f%2f
www.sinembargo.mx%2f21-07-2016%2f3070018/RK=0/RS=5aFN5DGnTW6bYrbdQfbehHb0A2o-

8 Ídem

9 Revelan hallazgo de fosa clandestina en Alvarado, Veracruz. La Jornada, Sábado 18 de marzo 2017.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8sLOGgunSAhXF5lQKHWPkAosQFggaMAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.jornada.unam.mx%2F2017%2F03%2F18%2Festados%2F024n1est
&usg=AFQjCNFaZXftBNdgGUpPm4SPlQ9LlOQtxg&bvm=bv.150120842,d.amc

10 Comunicado con motivo del hallazgo de fosa clandestina ubicada en Arbolillo, Alvarado, Ver https://www.facebook.com/fgeveracruz/posts/1860739894190181

11 Complicidad oficial en las fosas, dice fiscal de Veracruz. La Jornada, 16 de marzo 2017

12 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1.994, Preámbulo.

13 Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vocabulario Controlado y Estructurado.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAhenog6rTAhVmqlQKHVm3As0QFggiMAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.sitios.scjn.gob.mx%2Fcentrodedocumentacion%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%
2Ftesauro_juridico_scjn%2Fpdfs%2F00.%2520Tesauro%2520Juridico%2520de%2520la%2520SCJN.pdf
&usg=AFQjCNGA62s2Np5cyywQXaqp7nnBh31LgA

14 Diccionario jurídico mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM 1994, tomo IV Jesús Rodríguez y Rodríguez (Del latín ex: fuera de, y traditio-onis: acción de entregar.)

15 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, 23 de mayo de 1969,
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact
=8&ved=0ahUKEwi9o6yF9KnTAhUHi1QKHUHxDFwQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.oas.org
%2Fxxxivga%2Fspanish%2Freference_docs%2Fconvencion_viena.pdf&usg=AFQjCNHoH3zSQNVJ2o4ugUZQzKIjOAp54Q

16 Ley sobre la Celebración de Tratados, nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/216.doc http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/216.doc

17 Tratado de extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Guatemala.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi52aetuanTAhWCv1QKHR6ABL0QFgglMAA&url=https%3A%2F%2F
www.oas.org%2Fjuridico%2Fmla%2Fsp%2Ftraites%2Fsp_traites-ext-mex-gtm.pdf
&usg=AFQjCNEh48SCgNBgKeWvE_W6JAauVFK7gg

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.

Diputado Cuitláhuac García Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se formula un pronunciamiento contra la captura y el daño de delfines en aguas mexicanas, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El diputado René Cervera García, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, así como, 62, 65 y 79 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se presenta un pronunciamiento en contra de la captura y daño de delfines en aguas mexicanas y se exhorta a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y Previstos en las Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República a investigar la posible comisión de un delito por parte de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por haber otorgado de forma irregular permisos para la captura y tenencia de 50 delfines en áreas naturales protegidas de Campeche y Tabasco y se recomienda a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitar la comparecencia de la titular de la DGVS, con base en los siguientes

Antecedentes

1. El 30 de mayo de 2016 la DGVS otorgó a Alberto Delgado Estrella el permiso con número de folio SGPA/DGVS/05358/16 para la captura de hasta 50 delfines, toda vez que el solicitante no acreditó los planes de manejo ni el objeto científico de las mencionadas capturas, situación que se plasma en el convenio de colaboración celebrado para estas prácticas entre la Universidad Nacional Autónoma del Carmen y la empresa de delfinarios Dolphinaris.

2. Bajo el cobijo de dicho permiso, en el litoral, playa y aguas interiores dentro de las áreas naturales protegidas de la Laguna de Términos, los Petenes y los Pantanos de Centla, en los estados de Campeche y Tabasco, se llevaron a cabo biopsias a delfines así como también, otras actividades que se enmarcan dentro del delito previsto en el artículo 420 del Código Penal Federal, documentadas por las organizaciones civiles Marea Azul, AC, y Derecho Sin Fronteras, AC.

3. En febrero de 2016 dichas organizaciones civiles presentan a las autoridades de la Universidad Autónoma del Carmen documentales en las que se hace evidente el daño a los delfines durante estas actividades, de inmediato se suspendieron las prácticas de captura por parte de la universidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el presente instrumento parlamentario con los siguientes resolutivos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia en contra del daño a la conservación de cetáceos en aguas mexicanas y exige la perenne observancia a la obligada protección de estas especies y la firme aplicación de las penas dispuestas en el Código Penal Federal a quienes incurran en este delito.

Segundo. En relación a la posible comisión de un delito contra el medio ambiente y la gestión ambiental por parte de la directora general de Vida Silvestre, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el hecho de haber otorgado irregularmente una licencia de captura y tenencia de 50 cetáceos con fines de investigación y/o enseñanza, se exhorta a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente y Previstos en las Leyes Especiales, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, para su intervención en la investigación de estos hechos.

Tercero. Se recomienda a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara, se llame a la DGVS para comparecer respecto a estos permisos, así como también, de las manifestaciones de impacto ambiental, planes de manejo, listado de delfines, programas de investigación e investigaciones realizadas y publicadas, bancos de gametos, génicos y de esperma de cetáceos, manuales de entrenamiento, acreditaciones académicas de veterinarios, operadores y administradores de cada uno de los delfinarios que se ubican en territorio mexicano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.

Diputado René Cervera García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Chiapas a implantar medidas coordinadas e inmediatas para fortalecer e intensificar las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

“Me opongo a la violencia porque cuando aparece para hacer bien, el bien sólo es temporal; el mal que hace es permanente”.

Mahatma Gandhi.

Quien suscribe, María Soledad Sandoval Martínez, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La violencia contra la mujer es un problema universal de proporciones multidimensionales, entendida como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado1 .

Comprende distintos tipos y niveles de agresión que van desde sólo una ataque verbal, hasta conductas que constituyen un delito, como lo es el asesinato de la mujer, denominado feminicidio, hablando entonces de violencia feminicida, conceptualizada como la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres2 .

Sin importar condición social, económica, política, cultural, creencias religiosas o nivel académico, la mujer es objeto de violencia, lo que limita su plena participación e incursión en importantes esferas de la vida y constituye un grave obstáculo para el logro de objetivos de desarrollo incluso convenidos internacionalmente.

En Chiapas, la situación de violencia que viven las mujeres es evidente de acuerdo a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en diversos municipios del estado de Chiapas3 , emitida por la Secretaría de Gobernación el día 18 de noviembre de 2016, en la que se enfatiza la necesidad de atender la situación de violencia contra las mujeres indígenas de la Región Altos de Chiapas*.

Este mecanismo, contemplado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), refiere a un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad4 .

Esto quiere decir, que se cumple uno o varios de los casos estipulados en el Artículo 34 del Reglamento de la LGAMVLV, por los que se considera procedente la declaratoria:

1. Que exista violencia sistemática contra las mujeres;

2. Que dicha violencia se traduzca en delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres y exista un contexto de impunidad o permisibilidad social que perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

3. Que exista un agravio comparado que impida el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; y

4. Que la violencia provenga de un conjunto de conductas misóginas que perturben la paz social.

En relación al segundo caso, es decir, al agravio comparado, éste se presenta cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública, transgrede los derechos humanos de las mujeres por contener alguno de los siguientes supuestos:

a. Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio;

b. Distinto trato jurídico, en igualdad de circunstancias, que genere una discriminación y consecuente agravio; o

c. Una aplicación desigual de la ley, a partir de la cual se lesionen los derechos humanos de las mujeres.

Como queda vertido en el Informe de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Chiapas5 , elaborado por un grupo interinstitucional y multidisciplinario nombrado por el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se verifica una serie de problemáticas de diversa índole que conducen al aumento de los índices de violencia contra las mujeres, en general en la entidad federativa y particularmente en la zona Altos de Chiapas, haciendo ineludible el anuncio de recomendaciones por parte de la federación y evidente la necesidad de actuación de las autoridades públicas locales, tanto estatales como municipales.

En respuesta a lo anterior, el gobierno de la entidad presentó en el mes de enero del año en curso, un programa de trabajo para atender y dar seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Chiapas6 , evento a todas luces determinante y trascendental en el cumplimiento de una de las funciones primordiales del Estado Mexicano: garantizar el pleno goce de los derechos de la mujer.

Si bien, se comunica que el gobierno trabajará para atender la situación de violencia de género en la entidad, no se debe olvidar que se habla de casos y hechos que desde hace años, si no es que décadas, viven las mujeres en Chiapas. Ante esto, no se puede recuperar el tiempo que han sufrido violencia y durante el cual han luchado por justicia muchas de esas mujeres.

Es urgente redoblar esfuerzos en la acción gubernamental y que ésta sea coordinada entre los diferentes entes públicos, para revertir los índices de violencia de género, de feminicidios y el rezago en la administración de justicia para las mujeres, aspectos que día a día reflejan, en suma, una cultura en deuda con ellas, con las mujeres mexicanas.

Por todo ello compañeras y compañeros diputados, presento a consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo estatal, a la Procuraduría General de Justicia y a los gobiernos municipales de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago del Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantan, todos del Estado de Chiapas, a implementar medidas coordinadas inmediatas para fortalecer e intensificar las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida contra las mujeres, a fin de combatir la situación que originó la Declaratoria de Alerta de Género para el estado de Chiapas, emitida por la Secretaría de Gobernación el 18 de noviembre de 2016.

Segundo. Se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Chiapas, así como a los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago del Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantan, del estado de Chiapas, hacer públicos a través de sus portales institucionales correspondientes, los trabajos que realizan en atención y seguimiento a la recomendaciones plasmadas en la Declaratoria de Alerta de Género para el estado de Chiapas, emitida por la Secretaría de Gobernación el 18 de noviembre de 2016.

Tercero. Se solicita al gobierno estatal y a los municipios que integran la región altos del estado de Chiapas, que en el marco de sus atribuciones y competencias destinen de forma coordinada y complementaria, recursos para atender prioritariamente las recomendaciones señaladas en la Declaratoria de Alerta de Género para el Estado de Chiapas, emitida por la Secretaría de Gobernación el 18 de noviembre de 2016.

Notas

1 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar y Violencia Contra y Mujer “Convención De Belem Do Pará”, Artículo 1:
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

2 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), definiciones de feminicidio y violencia feminicida :
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf

3 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM): http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166565/Declaratoria_de_AV GM_Chiapas.pdf

4 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), Artículo 22.

5 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM): http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166562/Informe_AVGM_Chiap as_17-11-16.pdf

6 Instituto de Comunicación Social del estado de Chiapas, nota:
http://www.icosochiapas.gob.mx/2017/01/21/entrega-gobierno-de-chiapas-plan-de-trabajo
-para-atender-declaratoria-de-violencia-de-genero/

* La Región Altos de Chiapas se conforma por 17 municipios: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. Fuente: Programa Regional de Desarrollo, Gobierno del Estado de Chiapas,

http://www.haciendachiapas.gob.mx/planeacion/Informacion /Desarrollo-Regional/prog-regionales/ALTOS.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.

Diputada María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a aceptar los cuatro resolutivos de la recomendación número 12/2017, emitida por la CNDH sobre el caso de la detención arbitraria y retención ilegal de V1 y V2, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García y diputadas de diversos grupos parlamentarios

Las suscritas, Claudia Sofía Corichi García, Emma Margarita Alemán Olvera, Maricela Contreras Julián y María Antonia Cárdenas Mariscal, diputadas de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a aceptar la recomendación número 12/2017 “sobre el caso de la detención ilegal de V1 y V2, tortura y violencia sexual en agravio de V1, así como violación al debido proceso en agravio de V1 y V2, en la Ciudad de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Amnistía Internacional México presentó, en junio del año pasado, el informe Sobreviviendo a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México , en él muestra la más cruel realidad sobre tortura hacia las mujeres en nuestro país.

II. Según revela el informe, 100 mujeres recluidas en prisiones federales contaron a Amnistía Internacional que habían sufrido tortura u otros malos tratos, entre ellos, algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o de miembros del ejército y la marina. “Según su relato, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.”1

III. Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones.

IV. “Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios.”2

V. “Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas porque se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”3

VI. En el informe, Amnistía Internacional narra las historias sobre estas mujeres que sufrieron abusos que van desde tocamientos, manoseos, hasta violaciones, así como golpes, palizas y descargas eléctricas durante su arresto e interrogatorio. Resaltan el nivel socioeconómico de la mayoría, ya que proceden de zonas de ingresos muy bajos, lo que hace casi imposible que puedan defenderse debidamente.

VII. “Según datos de las comisiones local y Nacional de Derechos Humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.”4

VIII. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ministerios públicos y tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura por funcionarios públicos. Las denuncias de tortura y otros malos tratos a menudo no se investigan, y es incluso más excepcional que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia.

IX. Tal es el caso de Verónica Razo, ella “tiene 37 años y lleva cinco en prisión, separada de sus dos hijos. El 8 de junio de 2011 caminaba por una calle cercana a su casa, en el centro de la Ciudad de México, cuando unos hombres armados y sin uniforme que viajaban en un automóvil la agarraron y la secuestraron. La llevaron a un galpón de la Policía Federal, donde la retuvieron durante 24 horas y la torturaron. La golpearon, la sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas, y varios policías la violaron repetidamente. La amenazaron y la obligaron a firmar una confesión”.5

X. Tras ser interrogada por policías y agentes del Ministerio Público, se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por palpitaciones cardíacas graves. Los policías dijeron que la habían detenido al día siguiente y la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención su madre ya había presentado ante las autoridades locales una denuncia de persona desaparecida.

Dos años después de su detención, psicólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron que Verónica presentaba síntomas coincidentes con tortura. Verónica ha pasado cinco años en prisión en espera del resultado de su juicio. Su hija tenía sólo seis años cuando Verónica fue detenida, y su hijo tenía 12. Los compañeros de colegio de su hija se burlan de ella por tener una madre “delincuente” en prisión, y la llaman “huérfana”. Sin embargo, su hija dice a Verónica que, gracias a ella, ha aprendido a ser fuerte. Su hijo, que ahora tiene 18 años, no ha podido ir a la universidad a causa de la carga económica que el encarcelamiento de su madre ha supuesto para la familia. La madre de Verónica tuvo que dejar su casa y vender su auto y su pequeño local a causa de las dificultades económicas que ha representado apoyar a su hija.”6

XI. La madre de Verónica Razo formuló una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los actos de tortura que sufrió Verónica y su hermano, cuando fueron detenidos el 8 de junio de 2011.

XII. El pasado 29 de marzo del presente año, la CNDH publicó la recomendación número 12/2017. Sobre el caso de la detención arbitraria y retención ilegal de V1 y V2, tortura y violencia sexual en agravio de V1 y V2, en la Ciudad de México.

XIII. En ella, recomienda al señor comisionado nacional de Seguridad, maestro Renato Sales Heredia:

“Primera. Se instruya a quien corresponda a efecto de que se proceda a la reparación del daño de V1 y V2, en términos de la Ley General de Víctimas derivado de las irregularidades en las que incurrieron los agentes de la Policía Federal involucrados en los hechos, por violación a los derechos humanos detallados en la presente recomendación, que incluyan una compensación respecto a V1, además de la atención psicológica, ésta última también debe proporcionarse a V2, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Segunda. Se instruya a quien corresponda a efecto de colaborar en la integración de la AP3 y su acumulada AP5, y para tal efecto, deberá atender con toda oportunidad todos y cada uno de los requerimientos formulados por la PGR, y se envíen a este organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Tercera. Diseñar e impartir un curso integral dirigido a los agentes de la Policía Federal sobre capacitación y formación sobre derechos humanos, enfocado a la prevención de la detención arbitraria y retención ilegal, así como de la erradicación de los actos de tortura, y se envíen a este organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Cuarta. Girar instrucciones a quien corresponda a efecto de que se implementen en todos los operativos que intervengan la Policía Federal, el uso de las cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio, para documentar tanto los operativos, debiendo almacenar dicha información en una base de datos que permita, acceder a las grabaciones para verificar que la actuación de los servidores públicos fue legal y respetuosa de los derechos humanos.”7

Por todo lo anteriormente expuesto, es que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al señor comisionado nacional de Seguridad, maestro Renato Sales Heredia, a aceptar los cuatro resolutivos de la recomendación número 12/2017. Sobre el caso de la detención arbitraria y retención ilegal de V1 y V2, tortura y violencia sexual en agravio de V1 y V2, en la Ciudad de México, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, referentes a la institución que encabeza, a más tardar el próximo 14 de abril del presente año.

Notas

1 Amnistía Internacional México, “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, informe. Junio de 2016. México.

2 Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Conferencia de Prensa “Presentación Informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, informe. 28 de junio de 2016.

3 Ibídem.

4 “La Tortura en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. México, Noviembre, 2015.

5 Amnistía Internacional México, “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, informe. Junio de 2016. México, p. 34.

6 Amnistía Internacional México, “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, informe. Junio de 2016. México, p. 6

7 Recomendación número 12/2017. Sobre el caso de la detención arbitraria y retención ilegal de V1 y V2, tortura y violencia sexual en agravio de V1 y V2, en la Ciudad de México. CNDH, 29 marzo de 2017, p. 88

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.

Diputadas: Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Emma Margarita Alemán Olvera, Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo al avance en la identificación de víctimas y el pago de recuperación del desfalco de los defraudados en Jalisco por las casas o cajas de ahorro populares, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a que haga del conocimiento público el avance en la identificación de víctimas y el pago de recuperación del desfalco de los defraudados en el estado de Jalisco por las casas o cajas de ahorro populares; las sanciones, multas o clausuras que a la fecha se han emitido; y, se realice y se haga público de manera constante y permanente un listado de las casas o cajas populares de ahorro identificadas en potencial insolvencia o quiebra en el estado de Jalisco para la protección de los ahorradores Jaliscienses; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, a lo largo de la conformación de su sociedad, así como de sus instituciones financieras; el ahorro ha sido pieza fundamental y pilar del desarrollo y la fortaleza tanto económica nacional como también familiar.

Tanto el ahorro como el consumo interno, han sido y sin duda alguna, seguirán siendo, variables de suma importancia y trascendencia en la conformación de nuestra política económica y su buen funcionamiento, debido a que también, son referentes claros tanto a propios como ajenos, del rumbo adecuado, la solidez y robustez de las finanzas nacionales.

Tan es así, que el ideal para cualquier nación es que su ahorro interno sea la fuente de recursos de las opciones de créditos accesibles que se ponen a disposición por las entidades financieras, para financiar las inversiones productivas que consoliden a la industria nacional.

Debido a su creciente importancia y en cierta medida, a su histórica presencia; el ahorro ha sido objeto de cuidado, fomento y la necesidad de brindarle tanto certeza como una seguridad jurídica que le ofrezca un adecuado manejo y la garantía de que los recursos serán protegidos, así como también el interés particular de cada ahorrador.

Y más aún, si a lo largo de las últimas décadas hemos observado que, en nuestro país, por un lado, en su mayoría los montos de ahorro son modestos y en segundo lugar, la mayoría de los mexicanos están optando por medios informales para administrarlo.

Es así que de acuerdo a cifras oficiales se reporta que el 43.7 por ciento de los mexicanos, ahorran por medio de tandas, debajo del colchón, prestamos familiares o algunos otros mecanismos tradicionales.1

En contraparte, menos del 50 por ciento de los ahorradores mexicanos, canalizan y administran sus recursos por medio de servicios bancarios.2

Lo anterior por dos razones principales, en primer lugar y como se mencionó anteriormente, los montos de ahorro son generalmente bajos y se requiere de una disponibilidad inmediata en caso de un imprevisto y, en segundo lugar, por la desinformación existente sobre la gran gama de servicios al respecto, que los bancos ofrecen.

No obstante, desde hace un tiempo a la fecha ha ido creciendo el uso por parte de los ahorradores de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o comúnmente llamadas, cajas populares de ahorro.

En este tipo de establecimientos, se están captando cada vez más una mayor cantidad de ahorros y colocando por igual, una creciente cantidad de créditos con una particularidad, en el caso de ahorros ofrecen tasas de interés más competitivas respecto a las que ofrecen los bancos; y, la tasa de interés por la disposición de un crédito es menor en comparación a las instituciones bancarias; así como también una mayor facilidad en la disposición del dinero y, el requerimiento de montos muy pequeños de dinero para integrarse.

Estos importantes atractivos, son los que han permitido a estas opciones de ahorro, crecer tanto en cantidad como también en montos de recursos que operan.

Es por ello, que de manera desafortunada; este tipo de opciones de ahorro que en teoría deberían de ser reguladas en su totalidad, como una medida de protección a sus usuarios; en algunos casos cada vez más recurrentes, no lo son. Encontrando así, que una gran cantidad de éstas, casas o cajas de ahorro operan sin estar autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en otras palabras fuera de la legalidad, en completa impunidad y ajenas a los mecanismos de seguridad y protección a los ahorradores, que para el efecto existen; dejando a los ahorradores en franca posibilidad de ser objeto y victimas de defraudaciones y desfalcos en sus ahorros.

Esta situación, ha sido detectada y las instituciones correspondientes han buscado evitar el establecimiento fuera de la ley de este tipo de negocios. Haciendo campañas de información que permitan claramente identificar una casa o caja de ahorro debidamente registrada y operando en legalidad, y aquellas que de manera contraria son una amenaza latente.

Es así que en repetidas ocasiones hemos encontrado información acerca de que una casa o caja de ahorro debidamente establecida, expide certificados que acreditan como socio y además mantienen constantemente informados a sus clientes de la situación financiera de sus ahorros y de la sociedad en su conjunto.3

Asimismo, se han hecho del conocimiento de la población en general e interesada es estas opciones de ahorro; que desconfíen de la legalidad en la operación de aquellas casas de ahorro que ofrezca elevadas tasas de interés, que aparecen de manera repentina, no expide contrato o documento alguno donde se establezcan de manera clara las condiciones de la contratación del servicio o bien, que especifiquen que no están conformados por un consejo, sino existe solo un administrador o dueño.4

A pesar de estos importantes esfuerzos, según información al respecto en el año 2013 existían detectadas 624 sociedades de este tipo a nivel nacional, de este total únicamente 86 contaban con su autorización correspondiente.5

De las restantes, 183 se encuentran en situación de prórroga, 302 aparentemente no requieren autorización ya que son identificadas de nivel básico por el tamaño de sus activos, 28 no están evaluadas y 25 no han presentado información financiera.6

Al respecto vale la pena señalar, que estas cifras inquietantes, corresponden a las casa o cajas de ahorro identificadas; es decir, sin considerar a todas aquellas que de manera fortuita surgen de la nada y por las autoridades son identificadas como aquellas sin registro, sin seriedad ni antigüedad, sin fondos de protección a los ahorros, que operan con publicidad engañosa y sin contratos claros o al menos por escrito.7

El asunto no es menor, por ejemplo según fuentes oficiales citaron que para el año 2013, se registró que de manera preliminar solo el 14 por ciento de las cajas de ahorro que estaban operando en algunos estados de la Republica, estaban autorizadas y por consiguiente contaban con un seguro de depósito para protección de los ahorradores.8

Tal es el caso de Oaxaca, en donde se identificaron 121 cajas de ahorro operando, pero solo 2 estaban debidamente autorizadas; le sigue el estado de Jalisco donde había 85 de estas opciones y solo 24 de éstas estaban autorizadas; o bien, Michoacán con 47 operando y solo 6 autorizadas y finalmente Guanajuato con 37 operando y solo 8 autorizadas.9

Esta situación ha derivado de unos años a la fecha, en la realización de fraudes y robo de los ahorros de mucha gente que de manera franca han depositado tanto su confianza como su dinero, con la esperanza de obtener una ganancia adicional que les permita en un determinado tiempo, acrecentar su patrimonio.

En este tipo de delitos y defraudaciones, en el Estado de Jalisco la situación es alarmante.

Según fuentes oficiales, para el año 2016, 7 mil 463 familias jaliscienses, fueron objeto del robo de sus ahorros por parte de cajas o casas de ahorro populares ilegales.10

De manera desafortunada, del total de víctimas despojadas de su patrimonio invertido, solo un porcentaje menor han podido recuperar en el mejor de los caso el 70 por ciento de su dinero perdido.

No obstante a los esfuerzos por atender a los defraudados, a la fecha no se cuentan con las estadísticas reales de las víctimas totales de estos engaños y robos, tampoco se sabe con claridad, a cuantos y cuanto se les ha devuelto, ni se ha informado de manera clara cuales han sido las acciones, sanciones y castigo contra los responsables; y tampoco, cuáles son las medidas adoptadas para impedir que nuevas víctimas caigan en manos de este tipo de delincuencia.

Esta situación ha afectado de manera irremediable, a cientos de familias Jaliscienses que en la búsqueda de incrementar su patrimonio, encontraron solo la desgracia de perder todos sus ahorros.

Los esfuerzos de las autoridades tanto Estatales como Federales, han sido importantes, pero debemos reconocer que no han sido suficientes para reparar en su totalidad el daño a los defraudados.

Debemos estar conscientes, que en su gran mayoría son familias que a base del esfuerzo durante muchos años de trabajo, lograron juntar cantidades de dinero que representaban su capital y patrimonio para el futuro de todos sus integrantes.

Este tipo de situaciones no podemos permitirlas en Jalisco, ni en ningún otro estado; debemos ser contundentes tanto en el castigo como también en las medidas que se adopten para prevenir el surgimiento de nuevos casos.

Sin embargo, desafortunadamente fue a los Jaliscienses; a quienes les toco ser de las primeras y el mayor número de víctimas de este lamentable delito.

Haciendo que la situación sea verdaderamente grave en el Estado y la necesidad de hacer algo al respecto, sea apremiante.

Esta soberanía no puede estar ajena a este tipo de problemas, que tanto daño ha hecho a las familias Jaliscienses y su economía; ni tampoco exenta de abonar desde nuestras facultades en la atención del mismo.

Las victimas de fraude y robo de sus ahorros en el Estado de Jalisco, necesitan de nuestro apoyo, ayuda y solidaridad en estos momentos y hasta que no sea, reparado el daño que sufrieron.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que:

1. Actualice el padrón de ahorradores defraudados por las casas y cajas populares de ahorro en el estado de Jalisco.

2. Haga del conocimiento público el avance, en el pago de recuperación del desfalco de los jaliscienses defraudados y del número de afectados a quienes no se les ha podido resarcir el daño.

3. Haga del conocimiento público las sanciones, multas o clausuras de casas y cajas populares de ahorro en el estado de Jalisco, que a la fecha se han emitido.

4. Realice y haga público de manera permanente, un listado de las casas o cajas populares de ahorro identificadas en potencial insolvencia o quiebra, como medida de protección a sus ahorradores.

Notas

1 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, septiembre de 2012 CNBV e INEGI.

2 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, septiembre de 2012 CNBV e INEGI.

3 Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores.

4 Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores.

5 Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. Reporte de mayo de 2013.

6 Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. Reporte de mayo de 2013.

7 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

8 Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. Reporte de mayo de 2013.

9 Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. Reporte de mayo de 2013.

10 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 2016.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 días del mes de abril del 2017.

Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Ramón Bañales Arámbula, Javier Santillán Oceguera (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica).