Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reasignar recursos y destinarlos al fondo federal para la atención de los agraviados establecido en el artículo 81 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, suscrita por la diputada Julieta Fernández Márquez, del PRI, e integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputada Julieta Fernández Márquez, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Especial contra la trata de personas de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62 numeral 2, 65; 76, numeral 1 fracción II; 79, numeral 1 fracción II y numeral 2; así como los artículos 79, numeral 2, fracción III y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo invocando respetuosamente el carácter de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al titular de la secretaría enunciada en el proemio de la citada proposición, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Los delitos en materia de trata de personas tienen definición en la vigente Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual en su artículo 10 dice lo siguiente:

“Artículo 10. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes. Se entenderá por explotación de una persona a:

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente ley;

II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente ley;

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente ley;

IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente ley;

V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente ley;

VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente ley;

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos del artículo 25 de la presente ley;

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 y 27 de la presente ley;

IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29;

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de la presente ley; y

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la presente ley.”

Al igual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo órgano de impartición de justicia del país, emitió una tesis aislada en materia penal, donde específica y reconoce el delito de trata de personas de la siguiente manera:

“Trata de personas. El tipo básico de este delito y la agravante prevista en el artículo 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, relativa a cuando el delito comprenda más de una víctima, pueden coexistir.

El tipo básico y la calificativa mencionados pueden coexistir, pues si bien el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos describe como delito de trata de personas toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación ; en tanto que en la modificativa referida se establece que serán aumentadas hasta en una mitad las penas cuando el ilícito comprenda más de una víctima; sin embargo, es inconcuso que en la circunstancia de cantidad respecto del pasivo del ilícito, el legislador utilizó la conjunción disyuntiva o que significa una u otra cosa; esto es, para la configuración del delito es irrelevante que se trate de una o varias personas, lo que no invalida lo que en cambio, por razones de política criminal, se consideró para aumentar las sanciones establecidas en el tipo básico, cuando se cometa contra más de una víctima, por ser ineludible para los fines de justicia (prevención general y especial), que se sancionen debidamente aquellas conductas cuando sean ejecutadas contra más de una persona, sin que implique que se recalifique la conducta, pues su propósito exclusivo es agravar las penas previstas en el ilícito básico, cuando concurre más de un sujeto pasivo; lo que repercute en el quántum de las penas.

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Amparo directo 197/2016. 6 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Fermín Rivera Quintana. Secretario: Miguel Ángel Aguilar Solís.”

La ley vigente en materia de trata de personas en su origen como minuta dictaminada por las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos el 27 de abril de 2012 y aprobada por el pleno de la entonces LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en dicho documento revela que la norma fue elaborada para:

a) Establecer una correcta coordinación entre la federación y los estados, para la persecución del delito de trata de personas.

b) Se abarcan diferentes modalidades del delito de trata de personas.

c) Se incrementan la apenas a quienes incurran en las conductas tipificadas.

d) Se amplían las características de los sujetos pasivos de este delito.

e) Se prevén las sanciones establecidas para los delitos relacionados, tales como consumo y publicidad, sin atentar contra los derechos.

La situación de las víctimas y sus derechos, en el ámbito del derecho internacional, comenzaron a tomarse en cuenta después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, en específico, con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario. Lo anterior se puede constatar en una pluralidad de normas, tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y, por último, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

Los conceptos de víctima del delito y de violación a los derechos humanos han sido ampliamente tratados en dos grandes instrumentos internacionales:

1. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso al Poder, y

2. Los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.

En el contexto nacional, en el proceso penal mexicano, el papel de la víctima había sido relegado al ser tratado como un ente ajeno al proceso; delegándolo al segundo plano frente a los procedimientos, lo que impedía la correcta garantía de sus derechos. En 1993, a raíz de una reforma constitucional, se reconoce por primera vez la importancia de la víctima dentro del procedimiento penal al incorporarse diversos derechos en la Constitución. Con ello se le reconocen a la víctima u ofendido los derechos a: recibir asesoría jurídica, reparación del daño, coadyuvancia con el Ministerio Público, atención médica de urgencia en caso de necesidad, y la posibilidad de que la legislación secundaria legisle sobre los derechos de las víctimas. Posteriormente, en el año 2000 se realizó otra reforma constitucional, donde el Artículo 20 es reestructurado y dividido en apartados; uno referente a los derechos del inculpado y otro nuevo, el cual establece los derechos correspondientes a las víctimas y ofendidos.1

En el año 2008 se reformó la Constitución para introducir en materia penal al sistema acusatorio, y con ello a diversos derechos que corresponden tanto a víctimas como a ofendidos.

Establece que el proceso penal se regirá por principios generales del proceso penal, estableciendo que el proceso penal tendrá como objeto:

• El esclarecimiento de los hechos,

• La protección del inocente,

• Procurar que el culpable no quede impune, y

• La reparación de los daños causados por el delito.

El artículo 20 constitucional vigente contempla la obligación de las personas que ejecuten una conducta delictiva y/o violatoria de derechos humanos, así como de los terceros responsables, de resarcir el daño de manera equitativa, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o a las personas a su cargo. Se reconoce con claridad un amplio catálogo de derechos no sólo para las víctimas del delito sino también para quienes se ven afectadas en sus derechos humanos.

Por lo que antecede, es de vital importancia que en el trabajo legislativo, impere la progresividad de los derechos humanos, como nos constriñe el artículo primero constitucional que hace referencia a la obligación que tenemos las autoridades en cualquier ámbito de nuestra competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por ello, se considera oportuno resaltar que las víctimas de trata requieren una reparación integral que provenga del fondo establecido en el artículo 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

La trata de personas representa sin duda una grave violación de los derechos humanos y la dignidad de las personas. El impacto de la trata en sus víctimas, especialmente en las mujeres y las niñas es devastador. Además de la coacción y la frecuente violencia física, existen serias secuelas en las mujeres víctimas sujetas a la explotación sexual, como es el caso de las infecciones de transmisión sexual, la transmisión del VIH/Sida, abortos forzados, la propensión al alcoholismo y al consumo de estupefacientes e incluso muertes anónimas e impunes a manos de la delincuencia organizada.

Las mujeres víctimas de trata son socialmente rechazadas pero masivamente utilizadas; “invisibles” debido a la clandestinidad que las rodea; absolutamente indefensas, desprotegidas y extorsionadas en todos los aspectos y hasta puntos difícilmente soportables.2

El impacto psicológico no es menor, desde la inseguridad y la pérdida de la autoestima hasta los traumas más permanentes causados por el abuso y la violencia física y mental. La secuela de daños psicológicos en los niños y niñas víctimas de la trata es siempre difícil de superar, y en muchos casos irreparable.

Nos encontramos entonces ante un fenómeno complejo que toca múltiples ángulos: la violencia contra la mujer y la niñez y la violación extrema de sus derechos, la explotación sexual y laboral que tiende a desestabilizar los mercados internos, la migración frecuentemente de forma irregular, las redes criminales nacionales y trasnacionales que son una afrenta para la procuración de justicia, la seguridad pública y la investigación policial, la educación en especial de los adolescentes y más en general la salud física y mental de las sociedades.

Es por ello que, la asistencia y protección a las víctimas puede contemplar los siguientes puntos3 :

• Estructuras capaces de brindar apoyo inmediato. En este sentido un albergue o alojamiento seguro y adecuado capaz de cubrir las necesidades físicas de las víctimas es fundamental. Es importante hacer conciencia que una persona que ha estado sometida a la trata, más allá de su estatus migratorio, es una víctima y no un delincuente por lo que bajo ninguna circunstancia debe ser recluida en centros de detención (ya sea de tipo policial o para migrantes) o refugios para indigentes, pues esto puede contribuir al agravamiento de su situación física y emocional.

• Asistencia médica, psicológica e incluso, de ser posible, acompañamiento durante un periodo de “reflexión y estabilización” previo a iniciar cualquier proceso de tipo judicial.

• Criterios especiales de protección para aquellas víctimas que decidan entrar en un proceso legal como testigo. Se requiere un trato judicial sensible al género y la edad de las víctimas para los casos de mujeres y personas menores de edad.

• Las niñas, los niños y adolescentes que sean víctimas de trata de personas deben ser identificados como tales. Sus intereses han de tener una consideración primordial en todo momento. En este sentido lo ideal es proporcionar asistencia y atención adecuadas a su edad tomando en cuenta su vulnerabilidad, sus derechos humanos y sus necesidades específicas.

• En aquellos casos que se estime apropiado, se debería contemplar la posibilidad de residencia temporal o permanente, asilo o refugio, según las posibilidades legales y reglamentos vigentes. De lo contrario hacer las gestiones necesarias para un retorno seguro a su lugar de origen.

Por todo lo anterior, sometemos a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ejercicio de sus atribuciones, realice una reasignación de recursos y los destine al Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos contra la Trata de Personas establecido en el artículo 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Notas

1 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Manual para la atención y orientación de víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco de justicia penal, p. 13

2 “La trata de personas, aspectos básicos”, Comisión Interamericana de Mujeres, https://oas.org/atip/reports/trata.aspectos.basicos.pdf consultado el 18 de febrero de 2017, pp. 29.

3 Ibídem, pp. 51.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.

Diputados: Julieta Fernández Márquez (rúbrica), María Luisa Sánchez Meza, Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales (rúbrica), Araceli Damián González, Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán, Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, o Convenio Lanzarote, suscrita por los diputados Mariana Arámbula Meléndez y Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Mariana Arámbula Meléndez y Juan Pablo Piña Kurczyn , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

El surgimiento de las nuevas tecnologías ha representado, sin duda, grandes avances en las diferentes áreas y aspectos de la vida; cada vez son más las personas, tanto adultos como menores de edad, que se adentran de lleno al uso de las mismas.

El último “Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos 2016”, realizado por IAB México, señala que en 2015 el 57% de la población en México hacía uso del internet.

Sin embargo, estas nuevas tecnologías, como las redes sociales, se usan con fines ilícitos que atentan contra los menores de edad, como la trata de menores, prostitución infantil, pornografía infantil, lenocinio de menores, turismo sexual, pederastia y pedofilia, sólo por mencionar algunos.

Ante esta creciente situación, el Consejo de Europa, institución creada el 5 de mayo de 1949 con la firma del Tratado de Londres, con el objetivo principal de salvaguardar los derechos humanos, y que actualmente está conformado por 47 países, de los cuales se encuentran todos los que conforman la Unión Europea (28), redactó el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual el 25 de octubre de 2007, en Lanzarote, España.

Este convenio, conocido como “Convenio Lanzarote”, entró en vigor el 1 de julio de 2010, y tiene por objeto prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños, proteger los derechos de los niños víctimas de explotación y abuso sexual y promover la cooperación nacional e internacional contra la explotación y el abuso sexual de los niños.

De igual forma, se establece en su artículo 23, la actividad conocida como “grooming ” o “abuso sexual cibernético”, que surge a partir del uso de las nuevas tecnologías; en el que se establece lo siguiente:

“Artículo 23. Proposiciones a niños con fines sexuales

Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño que no haya alcanzado la edad fijada en aplicación del apartado 2 del artículo 18, con el propósito de cometer contra él cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al apartado 1.a del artículo 18 o al apartado 1.a) del artículo 20, cuando a dicha proposición le hayan seguido actos materiales conducentes a dicho encuentro.”

Ahora bien, nuestra legislación federal ha mostrado avances tendientes a proteger la indemnidad sexual de los menores. Éstos han sido poco a poco armonizados con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas menores de edad, todo bajo la premisa constitucional de que todas las actuaciones que realice el Estado deberán atender en todo momento al interés superior del niño.

No obstante lo anterior, esta capacidad regulatoria se ha visto rebasada con la vertiginosidad con la que crecen las nuevas conductas delictivas y la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías.

Asimismo, México, al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño desde 1990, tiene el compromiso inquebrantable de reforzar su arquitectura jurídica en aras de salvaguardar el desarrollo psicosexual de los menores, tal como lo establece el artículo 34 de dicha Convención que a la letra dice que:

“Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos;”

Si bien el Código Penal federal contempla medidas respecto a la protección de la integridad sexual de los menores, en delitos tales como: corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio y pederastia, es necesario contemplar medidas en torno a las proposiciones echas a los niños por medio del Internet, de acuerdo con el inciso a) del artículo anteriormente mencionado de la Convención de los Derechos del Niño.

Es por ello, que México debe atender tal situación reforzando o modificando los mecanismos nacionales y celebrando convenios internacionales tendientes a la protección de los derechos de los niños y niñas a las conductas delictivas que pueden ser sujetos por el uso de las nuevas tecnologías.

Cabe señalar, que México es un país observador del Consejo de Europa, junto con otros países como Canadá y Estados Unidos, y ha firmado otras convenciones y tratados que ha emitido este Consejo.

De igual forma, la Constitución señala en su artículo 89, fracción X, lo siguiente:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I. a IX. ...

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales , así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos : la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales ”.

Este precepto señala que es facultad y obligación del presidente de la república celebrar tratados internacionales con base a los principios de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

Es por todo lo anterior, que consideramos pertinente que México suscriba el Convenio Lanzarote, para que exista la obligación del Estado a adecuar su legislación a las nuevas formas de explotación y abuso sexual que se están dando por el uso de las nuevas tecnologías.

Además, con la firma del convenio mencionado, se reforzará la protección de los derechos de los niños y niñas, ya que en este convenio se amplían ciertos preceptos con base a las nuevas tecnologías y se establecen medidas de protección a los niños tendientes a detener el abuso y explotación sexual infantil.

Por lo anterior pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la república a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, también conocido como “Convenio Lanzarote”, con base al artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Sobre Celebración de Tratados y de acuerdo con el compromiso adquirido al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño en términos de salvaguardar de manera irrestricta el desarrollo psicosexual de los menores.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el día 6 de abril del 2017.

Diputados: Mariana Arámbula Meléndez, Juan Pablo Piña Kurczyn (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de un grupo de trabajo que dé seguimiento a los procesos electorales locales de 2017 en el estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Guadalupe Acosta Naranjo , diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

2. Que, de conformidad con el artículo 34, numeral 1, inciso a), de la misma Ley Orgánica, este órgano de gobierno podrá impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

3. Que en el seno del Congreso de la Unión las diversas fuerzas políticas que en él están representadas han alcanzado acuerdos de carácter político con el propósito de impulsar soluciones de fondo a los problemas nacionales como una exigencia de la sociedad mexicana en todos los órdenes del quehacer público.

4. Que el próximo 4 de junio se realizarán elecciones en cuatro entidades federativas: Estado de México, Nayarit, Coahuila, en los que se elegirán gobernador, y en Veracruz a sus 212 ayuntamientos, conforme al nuevo marco de competencias del sistema electoral que fue aprobado en nuestra Constitución Política en el año 2014.

5. Que es de vital importancia para nuestra democracia, que existan comicios en los que se respeten los principios democráticos de equidad, legalidad, imparcialidad y competitividad, que las autoridades electorales, los partidos políticos y sus candidatos deben observar plenamente en su desempeño durante los procesos electorales federales o locales conforme lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Que existe una gran preocupación por los integrantes de este órgano colegiado de la Cámara de Diputados por contribuir en el marco de sus atribuciones al buen desempeño y desarrollo de los procesos electorales que se realizan en nuestro país, toda vez que existen diversos hechos que pudieran poner en riesgo su pleno desarrollo conforme a los principios antes citados.

7. Que, en consecuencia, la Junta de Coordinación Política, mostrando su sensibilidad al respecto y con absoluto respeto a las competencias de los órganos electorales federal y locales, estima conveniente la creación de un Grupo de Trabajo con el propósito de coadyuvar con las autoridades electorales del INE y órganos locales del estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, y sus gobiernos locales, partidos políticos y candidatos, para que los comicios se desarrollen en paz y tranquilidad, con estricto apego a derecho y se respete la voluntad popular expresada en las urnas el día 4 de junio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política acuerda la creación de un grupo plural de trabajo que le dé seguimiento a los procesos electorales del estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz del 2017.

Segundo. El grupo de trabajo estará conformado por 2 integrantes por cada grupo parlamentario representado en la Cámara de Diputados.

Tercero. Este grupo plural coadyuvará en el ámbito de sus atribuciones con las autoridades electorales correspondientes sobre el debido desarrollo de los procesos electorales antes mencionados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicho Grupo podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere pertinente con autoridades federales y locales, con representantes de los partidos políticos, con autoridades electorales, así como con cualquier otro servidor público y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco jurídico aplicable.

Quinto. El Grupo de trabajo desarrollará sus actividades hasta el término de los procesos electorales del estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz del 2017.

Sexto. Al término de sus actividades este Grupo de trabajo deberá presentar un informe final al pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio legislativo de San Lázaro a 6 de abril de 2017

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de San Luis Potosí a separarse del encargo mientras se aclara el destino de los recursos asignados al pago de pensiones de trabajadores locales de la educación en 2014, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La corrupción, es definida como la práctica que consiste en hacer mal uso del poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole.

Vencer y erradicar la corrupción constituye uno de los principales retos que en la actualidad enfrenta nuestro país y una de las demandas recurrentes vertidas por nuestra sociedad.

En nuestro país, los moches, el tráfico de influencias, el desvió de recursos públicos, el enriquecimiento inexplicable, son actos habituales de corrupción los cuales provocan inseguridad y desigualdad entre los ciudadanos.

En lo referente a la corrupción y de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, México se ubicó en el lugar número 103 de un listado de 175 países, de igual manera, nuestro país se coloca en este rubro en la última posición de entre los países miembros de la OCDE.

En nuestra región, más de 30 posiciones separan a México de Brasil, nuestro principal competidor económico en la región, asimismo nos encontramos 82 lugares por debajo de Chile y 9 lugares por debajo de Colombia, según datos de Transparencia Mexicana.

Tenemos que puntualizar, que la corrupción es un problema que ha infectado y contaminado a todo nuestro sistema político, no hay partido político que sea invulnerable a dicha práctica.

A pesar de lo anterior, siguen existiendo casos de corrupción e impunidad en nuestro país, un ejemplo que ha resonado a nivel nacional es el del gobernador Juan Manuel Carreras López, actual gobernador del estado de San Luis Potosí, quien cuando se desempeñaba como Secretario de Educación del estado de San Luis Potosí entre 2013 y 2015 ocurrió la desaparición de 400 millones de pesos para pagar pensiones de maestros de Telesecundaria, que durante su vida laboral atendieron a los niños más pobres del estado.

Lo anterior, es intolerante, sobre todo si consideramos que es uno de los estados con mayor rezago educativo a nivel nacional, situándose en el lugar 13, lo que significa que un tercio de la población es analfabeta.

Asimismo, tenemos que en materia de corrupción el estado de San Luis Potosí ocupa un indigno 86.1 por ciento según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, mientras que la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes se ubica en 15.7 por ciento, la cuales son muy altas si las comparamos con los otros estados de la República Mexicana.

El contar con un respaldo para el momento del retiro es una aspiración de todos los trabajadores, quienes con su esfuerzo diario aportan a los fondos de pensión, con la firme intención de pasar sus días de jubilación con tranquilidad.

En cualquier ámbito, incluido el burocrático se requiere del respaldo del gobierno para garantizar que los fondos de pensiones tengan un funcionamiento adecuado, conforme a los lineamientos que marca la ley, de manera que se proteja el dinero de los trabajadores.

Un plan de retiro marca una gran diferencia para la calidad de vida de los trabajadores que llegan a la edad de la jubilación, puesto que es en ese momento en el cual pueden ver materializado el tan ansiado descanso después de toda una vida de trabajo.

Sin embargo, la situación del pago de pensiones del sector público en nuestro país ha tomado tintes alarmantes, ya que los sistemas pensionarios de estados y universidades amenazan con quebrar las finanzas públicas. En 2015 se estimó que cada año el gobierno mexicano destina 528,000 mdp al pago de pensiones, equivalente al 3.8 por ciento del PIB nacional, lo cual significa que este dinero se deja de utilizar en programas de gobierno; en el mismo problema se incluye a empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y los burócratas de gobiernos estatales y universidades públicas, cuyos trabajadores reciben una pensión con cargo al presupuesto público.

En este sentido, los funcionarios públicos de los tres ámbitos de gobierno, deben conducirse de manera ética y honrada, toda vez que el dinero que manejan no es privado, sino que se trata de aportaciones que realizan los trabajadores que confían en las instituciones, como así lo hacen los profesores de las diversas instituciones educativas en el territorio nacional.

Bajo estas condiciones, resulta reprobable que se reporte como “desaparecido” una cantidad tan escandalosa como lo son los cuatrocientos millones de pesos del fondo de pensiones para maestros de telesecundaria en San Luis Potosí, quienes dedicaron su vida a atender a niños de localidades vulnerables, y que ahora ven truncada su tranquilidad por falta de liquidez del órgano que debería haber protegido sus ahorros.

La problemática centrada en la descapitalización del fondo de pensiones debido al adeudo de 365 millones de pesos que arrastra el gobierno estatal de San Luis Potosí con la Dirección de Pensiones, se prometió resolver para la administración del gobernador en turno, destinándose 339 millones 700 mil pesos de la Secretaría de Educación, pero dichos pagos no se efectuaron a pesar de que existen documentos oficiales que dan cuenta del dinero mencionado.

El caso continua vigente, toda vez que el día 3 de marzo del presente año, maestros jubilados del sistema de telesecundaria realizaron una seria de bloqueos en las calles, como medida de presión para que la Junta de Conciliación y Arbitraje no acepte documentos falsos presentados por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), y que agilice los trámites que impiden el correcto avance de las audiencias programadas entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, y que se han visto suspendidas por tácticas dilatorias operadas por el gobierno estatal.

Los profesores jubilados han manifestado que, en dos años de reuniones, los titulares de la SEGE mintieron al prometer la devolución del fondo de ahorro, cuyo adeudo a la fecha ascendería a 500 millones de pesos.

En síntesis, no podemos permitir que la persona que encabeza la administración pública del gobierno del estado de San Luis Potosí, sea una persona sin probada honestidad y con serias dudas en el manejo de recursos públicos, por lo tanto, consideramos imprescindible que se aparte del gobierno y aclare de inmediato el destino de los citados recursos.

Por lo anteriormente expuesto es que nuestro grupo parlamentario presenta el presente punto de acuerdo, porque creemos que quien comete un crimen tiene enfrentar los cargos a que se hace acreedor y resarcir los daños causados, por lo que nuestro grupo parlamentario pone a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del gobierno del estado de San Luis Potosí a separarse de su cargo hasta en tanto no se aclare el destino de los recursos destinados al pago de pensiones de trabajadores de la educación en la entidad en el año 2014, cuando se desempeñó como secretario de Educación Pública estatal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de abril del año 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, relativo a las tarifas y las cuotas de peaje en la autopista Peñón-Texcoco, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Sandra Luz Falcón Venegas, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La zona metropolitana del oriente del estado de México presenta un incremento en su desarrollo económico, cultural, social, y poblacional, a este fenómeno debemos incluir aquella área geográfica seleccionada para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que además delimita con la autopista Peñon-Texcoco, un acceso que permite conectar con el Periférico Oriente pero principalmente a los municipios de Texcoco, Atenco, Chiconcuac, Papalotla San Andrés Chautla y otros con el Distrito Federal es decir; en un futuro la citada autopista se convertirá en una de las vialidades principales que comunique a esta importante zona del estado de México.

En las siguientes líneas, se precisa la trascendencia del tamaño y la densidad de la población en la zona oriente del estado de México y la necesidad de mejorar, rehabilitar y permitir un libre tránsito carretero seguro y económico.

En México, la historia de los caminos ha sido el reflejo del esfuerzo del hombre quien ha aplicado su intelecto Un ejemplo de ello, fue la comunicación de la Gran Tenochtitlán hoy Distrito Federal con otros pueblos como Texcoco la ciudad del gran rey poeta Nezahualcóyotl.

Así comenzaron las primeras veredas, la llegada del caballo, la rueda, caminos virreinales, de los caminos de herradura a los de fierro, de las brechas a las carreteras, de la incursión del automóvil; de Venustiano Carranza quien expidió por primera vez la Ley para Comunicaciones y Obras Públicas en 1917 que obligaba a la construcción de los caminos carreteros y la inspección de los privados; de los impuestos a la gasolina cuando en 1924 el Presidente Plutarco Elías Calles fijaba impuesto de 3 centavos por litro de gasolina para construir más caminos; del primer embotellamiento el cual, se produjo en la inauguración de la carretera México-Puebla donde arribaron más de 2000 vehículos para estrenarla.

En el año de 1949 cuando se construye la primer autopista al tiempo que, se crea la Compañía Constructora del Sur, SA de CV, subsidiada por Nacional Financiera aunque 10 años después llegaran las inflaciones y devaluaciones situación que originó fijar por primera vez cuotas en las autopistas como aquella que va de, México a Cuernavaca la cual tenía un costo de 4.00 pesos, hoy 95.00 pesos, un incremento que va más allá de un 2000 por ciento a la alza.

Desde luego pasaron bastantes años para que el sistema de telecomunicaciones terrestre se modernizará que como la autopista México-Cuernavaca hallamos patrones similares y particularmente en el estado de México donde hablar de vialidades, peajes, trasporte, educación entre otros temas, es hablar de cuotas excesivas.

La Autopista Peñón-Texcoco, que en menos de 5 años reflejó un incremento del 25 por ciento al 32 por ciento en el cobro del peaje; también soporta la escasa manutención por largos periodos de tiempo, inundaciones y accidentes que desgraciadamente manifiestan cifras de alarma, no hay certeza que dicha autopista cuente con los medios de protección civil y seguro de viajero.

A esta situación le sumamos el incremento en inseguridad principalmente en periodos vacacionales, los llamados de auxilio no son suficientes para las autoridades responsables en la materia.

Por ello, surge la necesidad de atender a la brevedad todos aquellos asuntos que preocupan no solo a los interesados sino a los trasportistas y usuarios de dicha autopista quienes viajan diario. Peñón-Texcoco un de los tramos carreteros más costosos del Valle de México y la vía de comunicación más rápida entre Texcoco y la Ciudad de México con un tiempo de recorrido de 10 a 15 minutos aproximadamente y 16.5 kilómetros de longitud.

Frente a lo anterior y al gran impacto negativo que tiene en las familias de menores ingresos que deben recorrer diariamente ese tramo carretero de manera forzosa, se propone la realización de una auditoría a los convenios con las empresas Concesionaria PAC, SA de CV, y Promotora y Operadora de Infraestructura, SA de CV (Pinfra); se exhorta a los gobiernos federal y estatales a hacer una revisión, evaluación y reconsideración del esquema de concesión de autopistas que, como la Peñón-Texcoco, deberían ser libres por la importancia que tienen en el transporte de pasaje y mercancías.

Por cuarto año consecutivo el incremento ha sido de casi 43 por ciento afectando con ello; a miles de conductores, trabajadores, estudiantes, comerciantes, usuarios que incluso se desplazan diario por la autopista Peñón-Texcoco, dado que al aumento de gasolina y ahora pago de peaje las rutas de autotransporte comerciales también reflejan aumento en sus tarifas es decir que, un trabajador paga 31.00 pesos de pasaje diario por recorrer solo 16.5 kilómetros para llegar a la Ciudad de México y 31.00 pesos para su retorno.

Esta cuota no le garantiza comodidad y seguridad sino inmediatez en tiempo para llegar aunque al hecho no resulte así, dado que no le garantiza quedar exento de manifestaciones, inundaciones y accidentes por las propias condiciones de la autopista.

El alza en las casetas de cobro Peñón-Texcoco ha sido el pretexto para que las líneas de transporte aumenten el costo de pasaje a ello le añadimos que el estado de México es también, la entidad más cara en cutas y aquella que refleja un alto índice en asaltos a los usuarios en transporte público.

La importancia de dicha ruta se debe a que no solo conecta con otras rutas para llegar a estados como Puebla, Hidalgo, Tlaxcala sino que el simple hecho de decir Texcoco significa desplazamiento de turistas que desde otros estados arriban en fechas representativas al histórico municipio, bastantes citadinos se desplazan a través de la misma para visitar Teotihuacán.

En este sentido se reitera la riqueza cultural y gastronómica de Texcoco, “La Antena del Valle”, como se presume le llamaban los antiguos indígenas. Esta ciudad no pierde su carácter provinciano, en la famosa Feria Internacional del Caballo el turista es quien abarrota, sus bellas iglesias, la misteriosa exhacienda “El molino de flores” hoy el Parque Nacional Molino de Flores, las zonas arqueológicas patrimonios nacionales como “El Cerrito de los Melones” “Texcotzingo” los manantiales en las comunidades de las montaña, el gigantesco monolito que representa a “Tláloc”, los restos de mamut y bisontes exhibidos en el museo de San Miguel Tocuila, todo ello como breve reseña de la importancia cultural de este majestuoso municipio que como en comento señala fue el territorio del señorío del rey poeta Nezahualcóyotl.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a las concesiones autorizadas por el gobierno del Estado de México a las empresas Concesionaria PAC, SA de CV, y Promotora y Operadora de Infraestructura, SA de CV (Pinfra), con objeto de que el ente auditor conozca, en el ámbito de sus atribuciones, los términos de las concesiones y si éstos se cumplen.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de México, para que se coordinen y puedan crear políticas en pro de la seguridad carretera del usuario de la autopista Peñón-Texcoco.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México para que para que fije mecanismos que proponga un ajuste en las casetas de cobro en el tramo carretero de la autopista Peñón-Texcoco con el fin de reducir las tarifas y cuotas de peaje.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.

Diputada Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tamaulipas y la Segob sobre la situación de los centros penitenciarios federales y los del estado, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-20121 , del gobierno federal planteaba cinco ejes de política pública con acciones transversales abarcando los ámbitos económico, social, político y ambiental a fin de lograr los objetivos nacionales hasta ese entonces planteados.

Dentro de esos ejes destacaba el denominado Estado de Derecho y Seguridad2 que planteaba que fuera el gobierno capaz de sancionar con objetividad e imparcialidad a quienes no respetaran las disposiciones contenidas en la ley, a fin de garantizar la seguridad de todos los mexicanos, enfatizando para lograrlo mantener adecuada la capacidad del sistema penitenciario.

En ese sentido, se estableció el Objetivo 6 Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz”3 , que incluyó varias estrategias sin que se considerara la de construir nuevos centros penitenciarios, debido a que la administración del Ejecutivo se enfocaría a la re-organización de los existentes y a emprender acciones para modernizar la infraestructura de los centros penitenciarios existentes a esa fecha con el propósito de garantizar su seguridad al interior.

En otras palabras, se buscaba despresurizar el sistema penitenciario nacional y atender y crear condiciones para la reinserción social. Por ello, no se contemplaba la construcción de nuevos centros penitenciarios.

No obstante lo anterior, en el Presupuesto de Egreso de la Federación 20094 se identificó dentro de los programas y proyectos de inversión para el estado de Tamaulipas, recursos del ramo de seguridad pública destinados a la construcción de un centro federal de readaptación social en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por un total de 200 millones de pesos.

Cabe destacar que en los informes de gobierno de la gestión 2007-20123 no destacó el arranque de la construcción del centro federal de readaptación social en la capital del estado de Tamaulipas.

Fue a partir de 2010 que los medios de comunicación del estado exhibieron que la obra en comento no se había concluido y desde ese año y hasta 2012, último año de gestión del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se etiquetó recurso federal para concluir dicho centro penitenciario.

Los medios de comunicación estatales enfatizaron que la crisis carcelaria en el estado de Tamaulipas no era motivo suficiente para presupuestar recursos y concluir la obra multicitada4 .

Al día de hoy, la situación en el estado no ha cambiado, por el contrario se ha agravado.

Lo anterior es descriptivo si retomamos los hechos sucedidos el 23 de marzo del presente año, donde se fugaron 29 reos del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) Victoria al utilizar un túnel de 5 metros de profundidad por 40 metros de largo, según destacó la Vocería de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas en redes sociales5 .

Dicha vocería, vía twitter (@VoceriaSegTAM) enfatizó que el Cedes Victoria no contaba con medidas de seguridad adecuadas y que el mismo se había inaugurado en los años 406

Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20186 , sobre el tema penitenciario sólo de distingue la línea de acción enfocada en “promover en el Sistema Penitenciario Nacional la reinserción social efectiva”, pero no se habla como se atacarían situaciones detectadas como son las que describe el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 20157 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En dicho diagnóstico se señala que en los centros estatales de reclusión “las deficiencias detectadas con mayor incidencia se refieren a la clasificación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo. También se identificaron como deficiencias importantes, la falta de personal de seguridad y custodia, así como la prevención y atención de incidentes violentos, es decir no cuentan con las suficientes acciones para prevenir o atender incidentes como riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines”7 .

Asimismo, se puntualizó que “una constante es la falta de manuales de procedimientos de ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita íntima, familiar, revisión de visitantes, de estancias, así como una deficiente difusión de la normatividad que rige el centro hacia los internos”7 .

Y destacó por igual que “una problemática reiterada es la sobrepoblación, es decir la capacidad del centro se encuentra rebasada por la población, lo que conlleva a generar problemas de salud y de seguridad, así como la falta de oportunidades para la mayoría de los internos, de los servicios y de las actividades tanto educativas, laborales, deportivas entre otras, que ayudan a la reinserción del interno”7 .

Ese diagnóstico asignó una calificación de 5.297 de un total de 10 puntos al estado de Tamaulipas destacando la importancia de garantizar la integridad física y moral del interno y aquellos aspectos que garantizan una estancia digna.

Por lo anteriormente expuesto, considero importante exhortar al gobierno federal a que reconsidere la situación en la que se encuentra el sistema penitenciario en el estado de Tamaulipas y apoye de manera urgente con recursos presupuestarios para su modernización y como lo he expresado, de una buena vez concluya por igual el Centro Federal de Readaptación Social en Ciudad Victoria que se encuentra en el abandono. No podemos permitir que el recurso público se despilfarre como aquí se hizo.

Y finalmente, propongo que el gobierno de Tamaulipas difunda de manera pública información estadística lo más analítica que se pueda a fin de que permita a todo interesado conocer la situación real en que se encuentran los centros federales y estatales penitenciarios en el estado de Tamaulipas y que la misma sirva para establecer el diálogo con las autoridades federales y se logre gestionar recursos en favor de la reinserción del interno y de manera directa, impacte en el mejoramiento de la seguridad pública en el estado.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Tamaulipas a que difunda de manera pública información estadística lo más analítica posible a fin de que permita a todo interesado conocer la situación real en que se encuentran los centros federales y estatales penitenciarios en el estado de Tamaulipas y que la misma sirva para establecer el diálogo con las autoridades federales y se logre gestionar recursos en favor de la reinserción de los internos y de manera directa, impacte en el mejoramiento de la seguridad pública en el estado.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que evalúe y reconsidere la situación en la que se encuentra el sistema penitenciario en el estado de Tamaulipas y que de acuerdo con sus atribuciones, gestione los recursos presupuestarios necesarios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para lograr su modernización y en particular, se dé prioridad a la conclusión del Centro Federal de Readaptación Social en Ciudad Victoria que se encuentra en el abandono y que es una exigencia ciudadana que data desde el año 2010.

Referencias

1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, disponible en http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf, consultado el 03 de abril de 2017.

2 PEF 2009, Recursos Presupuestales de las 32 Entidades Federativas elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados – Tamaulipas, disponible en

http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/ce fp0192009.pdf, consultado el 03 de abril de 2017.

3 Informes de Gobierno de la gestión 2007-2012 – menú de informes – por año, disponibles en

http://calderon.presidencia.gob.mx/informe/primer/index. html, consultado el 03 de abril de 2017.

4 Reclama IP de Victoria por Penal Inconcluso – El Norte del 12 de julio de 2012, disponible en

https://app.vlex.com/#vid/385771356, consultado el 03 de abril de 2017.

5 Vocería de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas – tweets, disponibles en https://twitter.com/voceriasegtam?lang=es, consultados el 03 de abril de 2017.

6 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf, consultado el 03 de abril de 2017.

7 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 – Comisión Nacional de Derechos Humanos, disponible en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_ 2015.pdf, consultado el 03 de abril de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a simplificar y facilitar los procedimientos de adopción, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Pablo Elizondo García, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desgraciadamente, en nuestro país la adopción sigue siendo un tema “tabú”, del cual como mexicanos por desgracia no tenemos la cultura de aprovecharla, situación que deja a un gran número de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, viviendo en refugios y casas hogar en las cuales se institucionalizan, crecen y se desarrollan, carentes de un verdadero desarrollo integral que no les permitirá desenvolverse adecuadamente cuando lleguen a una edad adulta, afectando con ello todos su derechos que les brindan los tratados internacionales y las normatividades nacionales, afectándoles también directamente el principio del Interés Superior de la Niñez.

Aunado a lo anterior nos encontramos que muchas de las adopciones no se realizan, esto porque los trámites para hacerlo son engorrosos y difíciles, lo cual hace que aquellas parejas que se disponen a adoptar un niño se arrepientan de hacerlo por considerar la tramitología tortuosa y desgastante, lo cual se puede comprobar con diferentes testimonios de personas que han hablado sobre este proceso para los medios de comunicación, y de los cuales podemos obtener infinidad de ejemplos, sin embargo sólo reproduciremos una notas que confirman esta afirmación.

El complicado camino de la adopción en MÉXICO

26 de diciembre de 2016

Eliesheva Ramos

Un ineficiente marco legal así como una incipiente cultura de la adopción ocasionan que las casas de asistencia de México estén repletas de menores que por cada día institucionalizados pierden capacidades cognitivas y la oportunidad de recibir amor, mientras que afuera cientos de personas desean ser padres con todo el corazón.

Cuando a los niños y niñas se les pregunta qué quieren ser cuando crezcan responden astronauta, policía, veterinaria, ingeniero o pintora, pero cuando le hicieron la misma pregunta a un niño de cuatro años que vivía en una de las tantas casas cuna del país respondió con firmeza: Hijo, quiero ser hijo.

Esa breve pero conmovedora historia marca el inicio de Adopción, una ventana abierta, un libro presentado hace unos días con el objetivo de ofrecer “una visión realista, desafortunada y preocupante que no parece cambiar“ de la adopción en México.

La gente que desea adoptar se enfrenta a trámites interminables por diversas razones, entre las que destacan la insistencia de las autoridades en buscar a la familia de origen, la tardanza en las evaluaciones de la salud física y mental de los aspirantes así como las particularidades de los trámites, que son diferentes en cada estado de la República.

La adopción es un proceso desgastante al que se enfrentan parejas o solteros con poco apoyo de sus familiares y con el rechazo y la indiferencia de una sociedad que estigmatiza a quienes la autora del libro, Aurora González Celis, llama los hijos del corazón, pues el proceso de llegada a la familia será diferente, pero igual de intenso que el biológico.

“En vez de contracciones hay trámites, en lugar de controlar la respiración es necesario alentar la paciencia, pero te abres igual a la vida” escribe González Celis, quien también es directora de Mejores Familias, una asociación civil no lucrativa que asesora a quienes desean adoptar. Y quién mejor que ella que ya vivió ese calvario.

Aunque en México alrededor de 30 menores esperan ser adoptados, solo unos cuantos son adoptados, lamenta Aurora González.

Esperas interminables

Los padres adoptivos no esperan nueve meses, aguardan años. Luis Javier Flores Flores tiene cuatro años y medio esperando que la ley le permita cuidar y amar a un chico que tiene años institucionalizado. ¿Alguien puede decir que esa paternidad no es deseada y responsable?

Uno de los más graves problemas de la adopción en el país es la larga espera. “Los trámites son lentísimos porque existe el afán de buscar a la familia de origen” explica la autora a Selecciones.

La larga espera no sólo afecta a quienes desean ser padres y madres, sino que afecta gravemente a los menores, quienes tienen un desarrollo por debajo del promedio, una reducción en el coeficiente intelectual, en el rendimiento y en la actividad eléctrica del cerebro, explica Aurora. Además carecen de sentido de pertenencia, tienen problemas de apego e inseguridades, situaciones que no siempre son superadas en la etapa adulta.

Las dificultades de las evaluaciones son otra piedra en el zapato. En el capítulo de Trámites tardíos, Aurora González narra cómo Luisa y Miguel obtuvieron tras más de medio año de espera el documento que los calificaba como idóneos para adoptar, y a pesar de que era un papel expedido por personal certificado por las autoridades, los juzgados de lo familiar lo rechazaron y ordenaron la realización de una nueva evaluación.

Además de contradicciones de este tipo, está el asunto de la certificación de los profesionales que evalúan a quienes desean adoptar, que también se caracteriza por su lentitud.

La implementación a finales del 2015 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA) constituye un importante paso para destrabar algunos nudos en la cadena de adopciones, pero aún falta más. Ricardo Bucio, secretario ejecutivo de SIPINA, sabe que solo una Ley General de Adopciones aflojará la maraña burocrática que interfiere en este proceso.

Bucio destacó que hace unas semanas se formó una Comisión de Protección Especial, la cual alberga a un grupo que analizará el tema de la adopción para definir qué cambios se deben hacer en los procesos de adopción. “El marco legal que existe en cada entidad federativa sigue siendo desigual y discriminatorio pues depende de lo establecido en el Código Civil de cada estado” 1

No sólo en esta nota podemos encontrar la burocracia a la que se encuentra sujeto el proceso de adopción, sino que es bien sabido que dichos trámites son complicados y que en gran parte se le debe al deficiente marco jurídico de que existe en las legislaciones locales al respecto, que no permiten que se ejerza de una manera pronta la adopción.

Recordemos que como legisladores debemos de procurar que todo niño, niña o adolescente que ha sido abandonado o que no tiene una familia, tenga mayores y mejores oportunidades de vivir en un entorno familiar y se sobreponga al estado de indefensión en el que corre riesgo su integridad física, psicológica y emocional.

Sólo para abonar un poco, mencionare que a nivel nacional, en el año 2010 se identificaron casi 30 mil niños, niñas y adolescentes habitando en casas-hogar, orfanatos y casas cuna que se encuentran en el territorio nacional. Sin embargo, según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México, existen además 29 mil niños que se encuentran en situación de calle, es decir que no cuentan con ningún tipo de cuidado institucional.

Por lo que es necesario considerar que la niñez en general como grupo vulnerable, pero en especial aquellos que no cuentan con un cuidado familiar, son garantes de diversos derechos establecidos en variados instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, por lo que es necesario poner especial énfasis en que cuando los padres o tutores no se hacen responsables de brindar la protección para el bienestar integral y el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños, es la responsabilidad del Estado velar porque estos derechos se cumplan de conformidad con los preceptos constitucionales y los Tratados Internaciones en concordancia con el artículo primero de nuestra Carta Magna, así como de los principios de no discriminación, inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como al principio pro persona, todos ellos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por estas razones podemos encontrar en la adopción una de las mejores oportunidades para que los niños, niñas y adolescentes sin la protección de una familia, encuentren la oportunidad para vivir mejor. Por lo que sin duda es necesario crear las condiciones jurídicas necesarias para que en lugar de retrasar las adopciones, estas sean cada vez más agiles y menos burocráticas, al no hacerlo les estamos negando a los niños la oportunidad de que cuenten con los derechos que les otorgan los instrumentos normativos que ya mencionamos, recordemos que la infancia en algún momento determinado va a ser la gente adulta de este país y necesitamos que crezcan integralmente para que puedan tomar las riendas del país siendo personas comprometidas con nuestro México y nuestras instituciones.

Por tanto, considerando a las niñas, niños y adolescentes un grupo vulnerable de nuestra sociedad y bajo el principio del interés superior de la niñez, el considerar mejorar los procedimientos de adopción y el que esta se dé con mayor frecuencia, constituye un tema prioritario en la agenda legislativa no sólo de la federación sino de todas las Legislaturas de los Estados.

Razones por la que, como una respuesta para que prevalezca el derecho de las niñas, niños y adolescentes a formar parte de una familia y consecuentemente el derecho y deber de los adoptantes para garantizarle una vida mejor, se hace necesario poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas a armonizar su normativa adjetiva civil con respecto a los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, así como de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de simplificar y facilitar los procedimientos de adopción.

Nota

1 Visto en revistas selecciones, disponible en electrónico en < https://mx.selecciones.com/la-ineficiente-forma-de-adoptar-en-mexico/> Consultado el 16 de marzo de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.

Diputado Pablo Elizondo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la expansión y el refuerzo de las redes de monitoreo de la calidad del aire en los estados que integran la megalópolis, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El aumento de los niveles de contaminantes ambientales en el Valle México y en algunos estados del país ha sido un problema latente en los últimos años, esto ha generado el aumento de enfermedades, reduciendo la calidad del aire y por ende la calidad de vida de los mexicanos ha ido decayendo. Las graves consecuencias del aumento en los niveles de contaminación del aire, en la salud según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumenta el riego de enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares.

La contaminación atmosférica afecta de distintas formas a diferentes grupos de personas, siendo los principales afectados los grupos más vulnerables, como los son los niños, ancianos y las familias de pocos ingresos y con un acceso limitado a la asistencia médica son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho fenómeno.

En un comunicado de prensa específicamente el número 85/16, del 11 de Julio de 2016, el cual lo podemos consultar a través del portal de internet de la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en donde se informa lo siguiente: “El Gobierno de la República dio a conocer medidas adicionales a la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, a fin de complementar una estrategia integral para enfrentar la problemática de calidad el aire en la megalópolis y atacar las fuentes contaminantes.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, destacó que las medidas para lograr este objetivo no dependen de una sola secretaría de gobierno, por lo que recomendó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, convocar una reunión extraordinaria para que las Secretarías de Salud, de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se sumen a los trabajos de la comisión como miembros permanentes mediante un convenio de adhesión.”

En este sentido las siguientes instituciones ejercerían las siguientes cantidades: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público agilizará la movilización de más de 11 mil millones de pesos para los proyectos de infraestructura y modernización de unidades de transporte público que requieran los gobiernos locales, a través del sistema financiero federal y los presupuestos federales metropolitanos.

El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) apoyará con 150 millones de pesos para la expansión y el reforzamiento de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire .

Nacional Financiera (Nafin) apoyará de inmediato la sustitución de mil taxis por vehículos híbridos. El taxi es el vehículo que más gases contaminantes emite por pasajero transportado, por lo que esta medida permitirá reducir hasta 80 por ciento la emisión de precursores de ozono por unidad”.

Una vez citado el referente comunicado y debido a los aumentos de contaminación y que no se han empleado las medidas necesarias para controlar dicha problemática que nos afecta a todos. Además de informarnos de qué manera se están ejerciendo los recursos que se le asignó a cada una de las secretarías anteriormente señaladas, por lo que a través de Transparencia se solicitó primero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se nos informara el nombre del programa o fondo correspondiente al apoyo de proyecto de infraestructura y modernización de transporte público de las zonas urbanas por un monto de 11 mil millones de pesos, así como de los 150 millones de pesos adicionales para la expansión y reforzamiento de las redes de monitoreo de la calidad del aire, el apoyo para la conversión de mil taxis, con más de diez años de antigüedad por unidades híbridas, a lo cual se nos respondió en fecha 8 de septiembre de 2016 “Al respecto la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión manifiesta lo siguiente: El nombre del programa o fondo correspondiente al apoyo de proyecto de infraestructura y modernización de transporte público en las zonas urbanas es el Programa de Transporte Masivo (Protram).

Con respecto al nombre del programa o fondo para la expansión y reforzamiento de las redes de monitoreo de la calidad del aire, hemos de señalar que en la actualidad no existe un programa que atiende dicha problemática específica. Al momento de la solicitud se encuentra en análisis la forma de cómo podría establecerse un programa para apoyar dicho fin a través del Fondo Nacional de Infraestructura por lo que al momento no se cuenta con un programa específico.

A su vez al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) se le solicitó dicha información se nos informó “con respecto al nombre del programa de inversión para la expansión y reforzamiento de las redes de monitoreo de la calidad del aire, le he de manifestar que en la actualidad no existe un programa que atiende dicha problemática de manera específica, por lo que no hay nombre del programa, ni reglas de operación ni una fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Actualmente se encuentra en estudio y análisis en esta dirección la forma de cómo en su caso, podría establecerse un programa específico para apoyar dicho fin a través del Fonadin.

Dicho estudio y análisis estará encaminado a establecer los objetivos y alcances que justificarían en su momento la inversión, que de ser procedente, haría el Fondo Nacional de Infraestructura, pero al momento, le reitero, no existe un programa para dicho fin, y los recursos que se menciona destinará el Fonadin estarían sujetos al cumplimiento de las reglas de operación del mismo y aprobados de conformidad con la normatividad aplicable.

Es importante mencionar que a Nacional Financiera proporcionó el esquema de financiamiento para la adquisición de taxis híbridos anunciados recientemente por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Cabe precisar que en la Megalópolis este programa ya opera consistiendo en el otorgamiento de crédito, a través de financieras de marca y bancos comerciales, con las siguientes condiciones:

• Monto de crédito de hasta 68 mil UDIS (aproximadamente 37 mil pesos)

• Destino: adquisición de vehículo híbrido destinado a taxi.

• Plazo de hasta 72 meses.

• Tasa de interés de 12 por ciento fija anual.

• Enganche mínimo de 15 por ciento sobre el valor del vehículo, con la operación de cubrirse con el apoyo económico que otorga el gobierno de la Ciudad de México.

Al igual que los taxis deben cubrir ciertos requisitos, sin embargo este esquema entró en vigor el 3 mayo de 2016 y estuvo vigente hasta el 4 de noviembre de 2016, conforme al aviso publicado por Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los días 2 y 26 de mayo de 2016. Por lo que podemos ver que estas acciones sólo fueron llevadas a cabo en la Ciudad de México, para el apoyo a taxis híbridos, dejando de lado las redes de monitoreo de calidad del aire.

Por lo cual es importante saber de qué manera se han ejercido esos recursos y cómo ha sido la expansión y reforzamiento de las redes de monitoreo de calidad del aire, las cuales son muy importantes debido a los altos índices de contaminación que se han registrado en el país, sobre todo en aquellos estados con mayor índice poblacional e industrial.

Punto de Acuerdo

Único. la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que publiquen en la página de dichas secretarías, así como en medios oficiales, las acciones, estrategias y/o programas instrumentados con los recursos destinados en el año 2016, para la expansión y reforzamiento de las redes de monitorio de la calidad del aire en cada uno de los estados que integran la megalópolis.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.

Diputado Jorge López Martín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, el Senado y los congresos locales a cumplir sus obligaciones constitucionales y legales para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione correctamente, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El fenómeno de la corrupción representa uno de los problemas más graves de nuestro país porque afecta nuestro desarrollo económico, promueve la descomposición social y afecta el futuro de las presentes y futuras generaciones.

Conscientes de que la corrupción es el origen de los principales problemas que nos aquejan, el Congreso de la Unión expidió en marzo de 2015 una importante reforma constitucional con el objeto de instaurar un Sistema Nacional Anticorrupción en el que se prevé el fortalecimiento de las instituciones encargadas de establecer los controles internos dentro del servicio público, de las instituciones encargadas de la procuración de justicia administrativa, así como la creación de un mecanismo coordinado en el que participarían tanto órganos autónomos como instituciones públicas que son fundamentales para prevenir actos de corrupción, así como para corregir y en su caso sancionar los hechos de corrupción que se efectúen tanto a nivel federal como a nivel local.

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, estableció obligaciones para que el Congreso de la Unión expidiera leyes generales para poder instrumentar el flujo de información y de colaboración entre las distintas instancias del Sistema Nacional Anticorrupción y fue así que el Congreso expidió en julio de 2016 la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a la Ley de Coordinación Fiscal y finalmente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Este importante marco jurídico que expidió el Congreso de la Unión, también mandató a los congresos locales a homologar su marco jurídico con las nuevas disposiciones establecidas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las leyes generales mencionadas con anterioridad y se estableció un plazo que culminará el próximo 18 de julio.

Por otro lado, en el régimen transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se estableció un plazo que culmina el próximo 30 de abril para que el Ejecutivo Federal presente ante la Cámara de Senadores las propuestas de los candidatos que deberán ocupar los cargos de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, sin embargo el plazo está a punto de vencerse sin que el Ejecutivo haya cumplido con su responsabilidad de presentar al Senado sus propuestas.

Adicionalmente, cabe resaltar que una de las piezas clave que integran el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, es el Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, sin embargo la Cámara de Senadores no ha logrado aún cumplir con su responsabilidad de nombrar al Fiscal y lamentablemente, la instalación del Comité Coordinador realizada el 4 de abril se llevó a cabo con la gran ausencia de esta pieza fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual marca un pésimo precedente ya que se trata justamente de la autoridad que se encargará de sancionar los delitos relacionados con actos de corrupción, por lo tanto este lamentable hecho nos deja con una terrible sensación de impunidad y frustración, por lo que esto simboliza y por lo que legalmente implica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal a presentar a la Cámara de Senadores las propuestas de candidatos a magistrados que integrarán la Tercera Sección y las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Cámara de Senadores a nombrar a la mayor brevedad posible, al titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos de las entidades federativas, a homologar su legislación local con las disposiciones de la Constitución General y de las Leyes Generales en materia de combate a la corrupción.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador de San Luis Potosí a asumir por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado su responsabilidad legal y social con el cuidado y la conservación del ambiente y la salud de las personas para que realice de modo urgente los estudios de impacto ambiental referentes al proyecto presentado por la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los derechos fundamentales de todos los mexicanos es el poder gozar de un medio ambiente sano, mismo que será garantizado por el Estado, de acuerdo con el artículo 4 constitucional, en el cual también se establece el derecho a la salud, que es inherente tanto para mujeres como para hombres.

De esta forma, el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de los individuos que integran a su población, por medio de instituciones y políticas públicas creadas para tal efecto.

Del mismo modo, existe un marco jurídico en donde se establecen las atribuciones asignadas a los poderes locales y federales, de manera que el cuidado del medio ambiente y la salud sea objeto de atención de los tres niveles de gobierno.

Cabe señalar que salud y medio ambiente son ámbitos paralelos cuyos parámetros de medición tienen incidencia en el nivel de calidad de vida de las y los mexicanos, de manera que, si se descuida uno, inevitablemente afecta al otro.

En este tenor, en el estado de San Luis Potosí se atestigua un nuevo conflicto de carácter social y ambiental, generado por la intención de la empresa denominada Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, SA de CV (Citsu), para instalar un confinamiento de residuos tóxicos procedentes de actividades mineras, en una zona que nada tiene que ver con la generación de esa basura industrial.

La empresa Citsu es propiedad de José Cerrillo Chowell, hombre de negocios sobre quien recaen numerosas acusaciones de responsabilidad en el daño a los derechos de sus trabajadores, y al ambiente de los sitios donde se encuentran sus empresas mineras. Cerrillo también es accionista en casas de cambio, inversionista en diversos rubros y ha sido dirigente de la Cámara de Mineros Mexicanos.

El conflicto data desde agosto de 2012 cuando la empresa solicitó el cambio de uso de suelo al ayuntamiento de Santo Domingo. Los permisos que supuestamente le fueron otorgados son irregulares: no obran en el libro de actas de cabildo; el síndico y una regidora, cuando menos, desconocen las firmas que ahí se consignan. Esos permisos son inválidos administrativamente, pero además se presume en ellos la comisión de delitos como falsificación de firmas, usurpación de funciones y cohecho.

Se ha denunciado que la instalación para esta zona de residuos únicamente se requieren 20 hectáreas, pero se le concedieron de oficio 600, donde se supone que confinará 185 mil toneladas de residuos industriales de cianuro, cadmio y mercurio, a saber. Esos metales están asociados a la mayoría de los padecimientos de cáncer y a otros efectos igualmente nocivos a la salud de las personas y otras afectaciones posibles a especies vegetales y animales endémicas. En el territorio en conflicto las personas se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería.

Las afectaciones derivadas de este proyecto involucran a pobladores de las comunidades de Cerda, Charcas, Guadalcázar y Catorce, se relacionan con probables escurrimientos de agua contaminada hacia cosechas y reservas acuíferas que son defendidas por el pueblo originario wixárika, conocido también como huichol.

En octubre de 2015 se constituyó el Comité en Defensa del Territorio de Santo Domingo, con representantes ejidales y comunitarios, para oponerse a la instalación del confinamiento, principalmente porque consideran una injusticia que depositen en los territorios donde desarrollan sus actividades cotidianas la basura industrial que se genera en otras latitudes; que el traslado aumenta el riesgo de accidentes, que se expone innecesariamente a núcleos poblacionales. Miembros del comité han denunciado que diversos operadores políticos a nombre de la empresa intentaron sobornarlos para que cese su oposición, pero los activistas tienen claro que defienden su territorio, su futuro, los recursos naturales con los que subsisten y también su derecho a la consulta, a la salud, a la vida.

Se ha interpuesto una demanda de amparo contra las autorizaciones administrativas ilegales, además de denuncias populares ante la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí, sin resultado.

La empresa interesada indica que cuenta con el permiso correspondiente ante instancias federales, sin embargo, ello no exime la responsabilidad de la autoridad estatal, tal como se expone en el artículo 33 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA):

Artículo 33.- Tratándose de las obras y actividades a que se refieren las fracciones IV, VIII, IX y XI del artículo 28, la Secretaría notificará a los gobiernos estatales y municipales o del Distrito Federal, según corresponda, que ha recibido la manifestación de impacto ambiental respectiva, a fin de que éstos manifiesten lo que a su derecho convenga.

La autorización que expida la Secretaría, no obligará en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias.

Considerando que el proyecto cae dentro de la nomenclatura de instalación para el tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, la autoridad local tendría la atribución de negarse a expedir la autorización para la operación de dicho espacio, toda vez que en la Ley Ambiental del Estado de San Luis se considera lo siguiente:

Artículo 2o. Se consideran de utilidad pública:

III. El otorgamiento o negativa de la licencia de uso del suelo, respecto de obras y actividades que se pretendan realizar fuera de las áreas urbanas o urbanizables del Estado;

V. Las acciones en materia de prevención de la contaminación atmosférica, de los mantos freáticos y demás cuerpos de agua, así como del suelo del territorio Estatal o Municipal;

En este sentido, la ley en comento confiere atribuciones en materia ambiental al Ejecutivo estatal, quien las ejercerá por medio de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), de acuerdo a su artículo 7°.

El mismo artículo señala como atribución la evaluación del impacto ambiental, previa expedición de autorizaciones para actividades que no sean facultad de la federación. Sin embargo, el artículo 33 de la LGEEPA indica que la SEMARNAT notificará a las autoridades estatales de la manifestación del impacto ambiental, pero sin que ello sea vinculante para dichas autoridades, de manera que se pueden negar a dar el permiso.

La Segam no ha dado seguimiento al caso, toda vez que en el artículo 91 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis establece que:

Artículo 91. Para prevenir y controlar la contaminación del suelo y del subsuelo corresponderá a la Segam y a los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar y controlar que:

IV. El manejo de los materiales y residuos peligrosos se lleve a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 151 a 154 de la LGEEPA y la normatividad ambiental aplicable, así como a las disposiciones y restricciones de las correspondientes autorizaciones, debiendo en todo momento hacerlo del conocimiento de la PROFEPA para que aplique las medidas de seguridad y sanciones cuando fueren procedentes, así como la interposición de las denuncias ante la autoridad competente.

En el caso que nos ocupa, la Segam no ha fijado una postura clara ni tampoco ha emitido documento alguno en donde se constate la viabilidad del proyecto presentado por la empresa Citsu en cuanto al impacto que representaría en el ámbito local.

La responsabilidad del gobierno local es innegable, toda vez que desde la secretaría estatal con jurisdicción en materia medioambiental se han cometido omisiones ante los señalamientos derivados de la disposición de residuos que, por sus características, representan un grave riesgo para la salud y el medio ambiente.

Ante esta problemática, solicitamos la cooperación de las autoridades locales para resolver las demandas de la población, toda vez que es responsabilidad del gobierno local la expedición de autorizaciones para la canalización de materiales tóxicos en defensa del medio ambiente, como se indica en las leyes citadas, más aún, como lo señala la propia constitución del estado de San Luis Potosí:

Artículo 15.- Todos los habitantes del Estado tienen derecho a gozar de un ambiente sano, por lo que, en la esfera de su competencia y concurrentemente con los Ayuntamientos, el Gobierno del Estado llevará a cabo programas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales de la entidad, así como para prevenir y combatir la contaminación ambiental. Las leyes que al efecto se expidan serán de orden público e interés social y fomentarán la cultura de protección a la naturaleza, el mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la protección y propagación de la flora y la fauna existentes en el territorio del Estado.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí para que, a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental estatal, asuma su responsabilidad legal y social con el cuidado y conservación del medio ambiente y la salud de las personas, y de modo urgente realice los estudios de impacto ambiental referentes al proyecto presentado por la empresa “Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, relativo al inmueble Minas de Ocopulco, situado entre Tezoyuca y San Andrés Chiautla, México, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Sandra Luz Falcón Venegas, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El viernes 28 de julio de 1966 es publicado el decreto que expropia por causa de utilidad pública y para extraer los materiales necesarios para las obras de construcción de la autopista Peñón-Texcoco, un banco de materiales en los terrenos que se indican ubicados en los municipios de Tezoyuca y Ocopulco, estado de México, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Decreto. Primero. Por causa de utilidad pública y para extraer los materiales necesarios para las obras de construcción de la autopista Peñón-Texcoco, se decreta la expropiación de un banco de materiales con superficies de terrenos que a continuación se indican, las que se encuentran ubicadas en jurisdicción de los municipios de Tezoyuca y Ocopulco, estado de México.

La superficie total que se expropia es de 418 495 000 metros cuadrados (m2) correspondiendo 193, 050,000 m2 al municipio de Tezoyuca y 225, 800,000m2 al municipio de Ocopulco, ambos del estado de México y se localizan a 2,598m2 a la izquierda y sobre el camino a la actual carretera Tepexpan-Texcoco”1

Lo anterior para fundamentar la importancia del citado exhorto, es necesario que el Ejecutivo federal haga valer el decreto publicado por el DOF. Incluso y por aspectos administrativos los municipios de Tezoyuca y Chiautla decidieron precisar sus límites territoriales y con fechas 6 de abril y 14 de agosto de 2002, ambos ayuntamientos y de común acuerdo firmaron acta reconociendo sus límites territoriales mismos que fueron señalados en plano topográfico elaborado por el área técnica del departamento de límites correspondiente mediante convenio amistoso, previo a la autorización de los respectivos cabildos, tal y como lo señala el artículo 12 de la Ley para la Creación de Municipios en el Estado de México.

Que en diciembre de 2005 el Centro SCT del estado de México a través de la Subdirección de Obras envía oficio número SCT.710.303.20.1535/2005 dirigido al ingeniero Santiago Mejía Conde, presidente municipal del ayuntamiento de Chiautla, estado de México, donde ratifica que la dependencia no autoriza la extracción de material del banco de materiales en cuestión por parte de ese ayuntamiento ni por ninguna otra dependencia ni particular, asimismo cualquier construcción de lo contrario incurrirá en invasión a propiedad federal.

Lo anterior luego de que el licenciado Gonzalo Bojorges Conde, que de viva voz expone la inquietud de la comunidad de Ocopulco, en el sentido de que la mina en la actualidad está siento explotada tanto en límite territorial de Chiautla como de Tezoyuca por una empresa particular que al inicio sólo realizaba actividades en territorio de Tezoyuca, y que al paso del tiempo se ha ido expandiendo sin importar límites de territorios y los acuerdos del propio Ejecutivo federal.

La citada empresa de nombre comercial Martínez Villegas, SA de CV, en la actualidad sostiene juicio en contra, debido a que realiza trabajos de explotación en la mina sin permiso alguno por parte de las diferentes autoridades municipales.

Es urgente que el gobierno federal dictamine la donación definitiva del inmueble de Minas de Ocopulco, principalmente aquel predio que se ubica en el municipio de Chiautla. La urgencia data después de que la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal y la Dirección de Incorporación y Desincorporación de Inmuebles (INDAABIN) se extendió oficio con número DIDI/SDD/D.DES/2125/2015 el cual, sostiene que efectivamente podrá ejecutarse cierta donación pero con 152, 133.61 m2 de superficie, precisamente el asunto que inquietó a los pobladores dado que desde que se hizo el deslinde de territorio se acordó que el predio correspondiente al municipio de Chiautla es de 225, 800 m2..

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Ejecutivo federal que haga pública la situación que guarda la donación del predio Minas de Ocopulco, ubicado entre los municipios de Tezoyuca y San Andrés Chiautla, estado de México.

Nota

1 Diario Oficial de la Federación, 1966.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.

Diputada Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a revisar los instrumentos para cumplir los compromisos internacionales en materia de protección civil y la manera en que se implantan en el país, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López , integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal a revisar los mecanismos para el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de protección civil y la manera en que se implementan en nuestro país para evitar que sigamos incurriendo en incumplimientos y deteriorando nuestras capacidades en materia de protección civil y la imagen internacional del país , con base en las siguientes

Consideraciones

El Marco de Sendai, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, ha sentado las bases para el establecimiento de objetivos que las naciones deben cumplir para reducir los riesgos de desastres en las próximas décadas.

Dentro de los preceptos señalados por este instrumento internacional, emitido desde marzo de 2015, que marca las directrices mundiales más avanzadas en materia de protección civil, está el fortalecimiento y la construcción de la resiliencia desde el ámbito de las comunidades y las autoridades locales.

En este sentido, en el caso de nuestro país, se han hecho caso omiso de los llamados que desde esta soberanía se han hecho para cumplir con nuestras responsabilidades como país; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha sido sensible para al menos mantener los presupuestos de los fondos de desastres naturales y de prevención para desastres naturales, Fonden y Fopreden, respectivamente; y en general, el gobierno de la república ha dejado transcurrir el tiempo sin poder demostrar ningún avance notable en la materia.

En mayo de este año, nuestro país será sede de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 2017 de las Naciones Unidas, que por primera de en su historia tiene una sede externa, correspondiéndole el honor a México. Sin embargo, nuestro gobierno no hizo nada relevante para poder presentar ante tan importante foro y no tuvo empatía ni sensibilidad para ratificar los motivos y el prestigio que nos hicieron ganar dicha distinción.

Teníamos en nuestras manos la oportunidad trascendental de fortalecer a nuestras instituciones de protección civil en los tres niveles de gobierno, consolidando las políticas de gestión de riesgo y construyendo comunidades más preventivas y resilientes y dejamos ir esa oportunidad.

James Robinson, ilustre economista especializado en políticas del desarrollo para América Latina y África, señala en su libro “¿Por qué fracasan los países?” que el éxito o fracaso de los países está vinculado directamente a la fortaleza o debilidad de sus instituciones. Esta relación, aplicada al Marco de Sendai, nos lleva a concluir que el éxito en la construcción y consolidación de políticas tendientes a la protección de la vida, el patrimonio y el entorno de las familias. Especialmente al fortalecimiento de las instituciones del ámbito local, encargadas de la planeación, ejecución y establecimiento de acciones y políticas relacionadas con la protección civil y la gestión del riesgo de desastre.

En contraste con esta lógica que pareciera evidente, en nuestro país, los municipios son el orden de gobierno que más carencias y debilidades institucionales tiene en relación a disponibilidad y preparación del personal; equipamiento; instalaciones; capacidades operativas; conocimientos; protocolos y herramientas que les permitan realizar acciones oportunas, eficientes y eficaces para identificar, analizar y reducir el riesgo, para atender contingencias y propiciar una adecuada recuperación.

Las debilidades enunciadas representan carencias que están vinculadas directamente a la escasez de recursos económicos pero la disminución de estos en 2017 y la resistencia a realizar cambios de cualquier tipo o mejoras relevantes en la materia fueron tema de visión, voluntad y sensibilidad política. Esto nos obliga a exhortar al responsable de nuestra política exterior y de las políticas de coordinación en materia de protección civil a revisar que tiene que hacer de manera urgente para poder resarcir el incumplimiento en el que ya caímos, tan pronto como sea posible.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal a revisar los mecanismos para el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de protección civil y la manera en que se implementan en nuestro país para evitar que sigamos incurriendo en incumplimientos y deteriorando nuestras capacidades en materia de protección civil y la imagen internacional del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los gobiernos y los congresos locales a otorgar estímulos fiscales por concepto de impuesto sobre nómina a las empresas y los empleadores que contraten a los migrantes mexicanos de retorno al país, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Alfredo Anaya Orozco, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el marco del triunfo de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, a finales de 2016, el Estado mexicano se prepara con firmeza para defender los derechos de nuestros connacionales que están siendo deportados como resultado de la nueva política antiinmigrante del actual gobierno norteamericano. Pero, además, debe hacer frente a la emergencia de tener que generar las fuentes de empleo necesarias para afrontar una potencial situación de retorno masivo -involuntario o voluntario- de hermanos mexicanos que deberán insertarse en el mercado de trabajo en todo el país en los siguientes años.

Se estima que en esa nación residen 35 millones de mexicanos, de los cuales entre 11 y 12 millones son indocumentados.1 De ellos, el actual presidente ha declarado que deportará “... probablemente 2 millones, quizá hasta 3 millones”, agregando que los van a sacar del país o quizá los encarcelen; mientras que el destino de los otros ocho millones de indocumentados que viven en Estados Unidos será decidido una vez que se haya construido el muro en la frontera sur con México.ii

Aunque el presidente Trump ha declarado que deportará a únicamente a delincuentes, según datos del Instituto Nacional de Migración, del 1 al 26 de febrero de 2017, de los 11 mil 328 mexicanos deportados, solo en 723 casos (6.4 por ciento) se trató de personas acusadas por crímenes como tráfico de drogas, violencia, secuestro, posesión de armas y pequeños delitos. Pero, lo preocupante es que las 10 mil 605 personas restantes (93.6 por ciento) fueron deportadas por entrar sin documentos a Estados Unidos.iii

En anteriores intervenciones he insistido en que el panorama laboral que se vislumbra para nuestros connacionales en el futuro inmediato es complejo, tanto del otro lado de la frontera como en nuestro territorio; pero si de algo estoy seguro es de que en México podemos y debemos garantizar que los trabajadores repatriados, nuestros inmigrantes, gocen de las mismas oportunidades y derechos constitucionales al trabajo digno consagrado en el 123 constitucional.

Se trata de un principio de elemental justicia y retribución hacia las personas trabajadoras que han contribuido tanto a nuestro país, a través del envío de remesas.

Recordemos que, luego de la India, China y Filipinas, México ha sido en los últimos años la cuarta economía receptora de remesas en el mundo. La mayoría de estas remesas proviene de los mexicanos que trabajan arduamente en Estados Unidos y Canadá, alcanzando, a finales del 2016, un monto de 26,970 millones de dólares, esto es 8.8 por ciento por encima del cierre del año previo. Junto con las exportaciones de la industria automotriz y del sector agroalimentario, las remesas son una de las fuentes generadoras de divisas más importantes para el país, especialmente en el contexto de la caída en los precios del petróleo.iv

Por otro lado, el gobierno mexicano y el Congreso Federal ya están dando pasos firmes para atender oportunamente a esta contingencia, pero no podemos escatimar en esfuerzos para atender conjuntamente la problemática. México requiere un gran pacto nacional en favor de nuestros trabajadores inmigrantes.

Ejemplo de ello es la reciente promulgación de la reforma a la Ley General de Educación Pública, en materia de revalidación de estudios de los dreamers, la cual se inserta dentro de las acciones que tienen como propósito abrir oportunidades de desarrollo para nuestros migrantes. A partir de la publicación de esta reforma, la Secretaría de Educación Pública implementará seis acciones de manera inmediata:v

1. Eliminación y simplificación de trámites.

2. Integración e inclusión de migrantes a instituciones de educación básica y media superior.

3. Certificación de competencias y capacitación laboral.

4. Certificación y capacitación para repatriados que estén interesados en fungir como docentes de inglés en escuelas normales.

5. Difusión de la oferta educativa para adultos por parte del INEA. Se fortalecerá el trabajo de las Plazas Comunitarias del INEA que brindan servicios educativos y se extenderá el Programa Piloto “Educación Sin Fronteras” del INEA.

6. Implementación de módulos en los once puntos de repatriación.

Como bien afirmó el Presidente Peña Nieto en la promulgación de este decreto: “Como sociedad y como país, tenemos el deber ético y moral de recibirlos con los brazos abiertos; de tratarlos con afecto, respeto y dignidad; de asegurarles eficacia gubernamental, para que puedan lograr una pronta incorporación a la actividad que deseen llevar a cabo en nuestro país”.vi

Siguiendo con la esencia del discurso presidencial, y en congruencia tanto con nuestro posicionamiento de partido como a título personal, hemos asentado en este honorable Congreso de la Unión, que esa parte de la nación, que son nuestros trabajadores inmigrantes, necesitan más que nunca de nuestra comprometida labor de representantes para asegurar que a su regreso serán tratados con dignidad en lo que toca al respeto irrestricto de sus derechos sociales a la salud, la educación, la alimentación y, desde luego, al trabajo.

Por ello es que propongo que los gobiernos de las entidades estatales y sus congresos a que en el marco de la discusión y análisis de sus leyes de ingresos y, en el ámbito de sus facultades soberanas, se considere la posibilidad de ofrecer incentivos fiscales a las empresas y empleadores que contraten trabajadores inmigrantes, a mujeres y hombres, sin discriminación, tal como ya se hace en diferentes estados para reconocer a las empresas que contribuyen en la generación de empleo y en la producción, como en la Ciudad de México en donde se reduce el pago del ISN a las empresas que contratan a personas adultas mayores o a las empresas salarialmente responsables;vii así, como en Jalisco, en donde se rebaja la tasa del ISN en un 100 por ciento a las empresas por los empleos generados en el Estado de manera directa y como consecuencia de nuevas inversiones; entre otras modalidades de incentivos que los estados aplican sobre el ISN.

En sus orígenes, el ISN en México tuvo por objeto promover a las nuevas empresas generadoras de empleo en México. Con el paso del tiempo, este gravamen se convirtió en una fuente de ingresos para cubrir otras funciones de los gobiernos de las entidades federativas, convirtiéndose en una de las herramientas para resarcir la debilidad financiera a nivel subnacional. En los últimos 16 años, los estados han venido aumentando de forma sostenida este impuesto, pasando de una tasa promedio del 1.12 por ciento en el año 2000, al 2.29 por ciento en el año 2016.

Si se utilizara este impuesto para incentivar a las empresas que contraten a migrantes, no solo se estarían generando oportunidades para nuestros migrantes, sino que recuperaríamos la esencia de este impuesto, fomentando la inversión y el desarrollo local y nacional.

Como sabemos, entre los derechos y facultades de los estados, en su régimen interno (artículo 40 constitucional), se encuentra estipular y programar el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) que las empresas deben pagar: “es un impuesto estatal que grava la realización de pagos de dinero por concepto de remuneraciones al trabajo personal en relación de dependencia. Los sueldos y salarios; dinero pagado por tiempo extraordinario, bonos, primas de antigüedad, comisiones, ayudas, son considerados remuneración para este impuesto”.viii

En la siguiente tabla se expone el porcentaje del ISN que cada estado determina, en el ejercicio de sus atribuciones.

Datos tomados de http://losimpuestos.com.mx/impuesto-sobre-nominas/

Se puede observar que, si bien los porcentajes son variables entre las entidades, el hecho es que la mayoría de los estados impone un porcentaje de entre el 2 y el 3 por ciento de ISN.

La base impositiva del Impuesto sobre Nóminas considera el monto total de pagos realizados a los trabajadores, menos la cantidad equivalente a 8 veces el Salario Mínimo General Vigente en el Estado elevado al mes (esta metodología se aplica en algunos estados, otros solamente toman el salario para la base de cálculo).

Dicha Base se integra por:

1. Sueldos y salarios
2. Tiempo extraordinario de trabajo

3. Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos
4. Compensaciones

5. Gratificaciones y aguinaldos
6. Participación patronal al fondo de ahorros

7. Primas de antigüedad
8. Comisiones

9. Pagos realizados a administradores

Desde luego, el ISN no incluye:

1. Instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo

2. Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro

3. Gastos funerarios

4. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro

5. Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

6. Las aportaciones adicionales

7. Gastos de representación y viáticos

8. Alimentación, habitación y despensas onerosas

9. Intereses subsidiados en créditos al personal

10. Primas por seguros obligatorios

11. Prestaciones de previsión social regulares y permanentes

12. Las participaciones en las utilidades de la empresa

13. Personas contratadas con discapacidad

El ISN se paga mensualmente a través de la “Declaración de Pago del Impuesto Sobre Nóminas” en las oficinas recaudadoras locales de la Dirección de Ingresos.ix

Cabe indicar que, en aras de generar mayor desarrollo y productividad, fortaleciendo los ingresos de las entidades, varios estados han desarrollado diferentes esquemas de incentivos fiscales para reducir la carga tributaria de las empresas que cumplan con determinados requisitos que, en general, estimulen el empleo y el pago oportuno de impuestos.

Evidentemente, es responsabilidad de cada estado determinar los casos y las condiciones en las que aplican los estímulos fiscales sobre la base del ISN. Además de los casos de la Ciudad de México y Jalisco, antes aludidos, por ahora sólo referiremos algunos en los que opera algún tipo de incentivo:

En Chihuahua, actualmente existe un estímulo fiscal para las empresas que estén al corriente en el pago del Impuesto y a las que tienen de 1 a 10 empleados registrados obtienen descuento del 30 por ciento en el pago de ISN, las que tienen de 11 a 30 empleados un 20 por ciento y las que tienen 31 a 50 empleados un 10 por ciento.

En Coahuila se anunció que habrá estímulos en el pago del ISN para quienes generen nuevos empleos o que contraten a personas con discapacidad.

En el estado de Oaxaca los incentivos pasaron del 25 hasta el 50 por ciento para el caso de empresas que empleen un límite de 10 trabajadores, del 17.5 al 37.5 por ciento a empresas que cuenten hasta con 30 trabajadores y del 10 al 25 por ciento a empresas radicadas en Oaxaca que su plantilla laboral sea hasta de 50 trabajadores.

El gobernador de Sonora anunció que, como parte de las medidas para incentivar la inversión y la generación de empleos, se condonará del impuesto de 2 por ciento sobre nómina a nuevas empresas y se expedirán licencias de alcoholes sin costo para restaurantes nuevos. Se contempla, además, la exención del pago del impuesto de 2 por ciento sobre nómina a las empresas con al menos 10 empleados y de acuerdo con el salario pagado.

Finalmente, el gobierno de Tlaxcala ha decidido condonar el ISN, principalmente en el sector de autopartes, con el objeto de atraer inversión de este importante sector de la producción hacia el estado.

De este modo observamos que, de extender esos esquemas de estímulos a nivel nacional y en el marco de las soberanías locales, pero incluyendo la exención o reducción del ISN a las empresas que contraten trabajadores inmigrantes, se estará contribuyendo en la generación de más oportunidades de empleo a esta población, así como a incorporar al sector privado en esquemas que también beneficien e incentiven la inversión y el crecimiento.

Planteamiento del problema

El problema que se avista para los siguientes años, es la necesidad de generar más y mejores empleos con el fin de brindar cobertura a los miles de trabajadores inmigrantes que están siendo deportados o que, por temor a las medidas antiinmigrantes impuestas por el actual gobierno norteamericano, están retornando a México en búsqueda de mejores oportunidades en su propio país. De ser cierto el pronóstico del presidente Trump, de deportar a unos 3 millones de mexicanos, nuestro país tendrá que hacer frente a un reto muy grande, si consideramos que durante la actual administración se han logrado crear exitosamente poco más de 2 millones de empleos formales,x pero no es una tarea sencilla de resolver en el corto plazo.

En ese sentido, urge diseñar instrumentos y políticas destinadas a lograr una más rápida y adecuada reinserción de nuestros connacionales en el mercado laboral, pero ello no será posible si no cuentan con el apoyo y colaboración de la iniciativa privada y del sector público.

No desconocemos, por lo demás, que ya tenemos una serie de instrumentos para ayudar a esta población, pero es un hecho que, con nuestra unidad, legisladores, gobernadores, funcionarios y sector privado, podremos responder mejor a este gran reto.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

A través de las remesas y del continúo intercambio de experiencias laborales, los inmigrantes mexicanos han contribuido siempre a impulsar nuestra económica, además de la norteamericana. Pero ahora que son obligados a retornar a su patria enfrentan el riesgo del desempleo.

En mis anteriores intervenciones he sostenido que esta es una buena oportunidad para que tanto el sector público como el privado se nutran de las capacidades y experiencias de empleo que traen los connacionales. No aprovechar ese potencial laboral sería un despropósito que no coincide con el objetivo superior que nos impulsa a los legisladores, de propiciar el crecimiento y el desarrollo del país, utilizando adecuadamente nuestros recursos humanos.

Ya apuntamos que esta nueva etapa de las relaciones con los Estados Unidos puede ser un momento de oportunidad del que México salga fortalecido, si adoptamos un enfoque constructivo para hacer frente a nuestros problemas.

Por tal motivo, nuestra propuesta estriba en exhortar a todos los gobiernos locales y a los congresos de los estados, tengan a bien contemplar en sus leyes de ingresos esquemas de incentivos o estímulos a las empresas que contraten a trabajadoras y trabajadores inmigrantes; de modo que, en estrecha relación con la iniciativa privada, se logre impulsar extensivamente desde las entidades de la Federación una política pública integral de empleo que dé certidumbre a nuestros paisanos y a nuestra industria.

Bajo este tenor, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y a los Congresos Locales, a otorgar estímulos fiscales por concepto de Impuesto Sobre Nómina, a las empresas y empleadores que contraten a los migrantes mexicanos que regresen a nuestro país.

Notas

1 Cfr. http://www.animalpolitico.com/2017/02/trump-inmigrantes-indocumentados/ : y
http://www.univision.com/noticias/mentira/cuantos-indocumentados-hay-en-estados-unidos

2 “Estados Unidos: Donald Trump dice que deportará hasta 3 millones de indocumentados con antecedentes judiciales”, BBC, en http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37966905

3 “Trump dice que saca a los malos de EU, pero la mayoría de mexicanos deportados no son criminales”, Animal Político, en http://www.animalpolitico.com/2017/02/trump-mexicanos-deportados/

4 “11 datos sobre el envío de remesas a México”, El Economista, en http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/02/05/11-datos-sobre- envio-remesas-mexico

5 “México simplifica el ingreso de dreamers; Peña Nieto promulga ley de educación”, Excelsior, en
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/22/1153202

6 Ibídem.

7 “Se estima que la creación del modelo de Empresa Salarialmente Responsable sirva para apoyar a todas aquellas empresas, micros, medianas y pequeñas, que (...) demuestren públicamente que el 100% de sus trabajadores ganan más de 82.86 pesos al día. Dichas entidades tendrán la distinción de “Empresas Salarialmente Responsables” y podrían pagar el 2% del Impuesto Sobre Nóminas (http://losimpuestos.com.mx/empresa-salarialmente-responsable/).

8 “Impuesto sobre nóminas”, en http://losimpuestos.com.mx/impuesto-sobre-nominas/

9 Ibídem.

10 “Los números del empleo en México”, El Financiero, en http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-numeros-del-empleo-en-mexico .html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de abril de 2017.

Diputado Alfredo Anaya Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a fortalecer con las autoridades sanitarias locales las acciones y medidas necesarias para atender de manera oportuna el brote de influenza en el país, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo del Rivero Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con información de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el número de casos de influenza confirmados y reportados en el país desde finales de año pasado al momento actual es de 3 mil 114, ensanchando el total de defunciones al sumar 229.

Las entidades que han tenido más defunciones por esta enfermedad son Nuevo León, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y estado de México; afectando principalmente a los menores de 10 años, posteriormente a los de 60 y más y por último a los de 40 a 49 años.

Se ha mencionado que la prevalencia de casos de influenza, se debe a los cambios drásticos de temperatura, lo que genera mayor presencia de afectaciones en las vías respiratorias.

Es importante mencionar que ante el escenario actual y el gradual crecimiento de casos de influenza, la Secretaría de Salud, debe implementar medidas adicionales a las aplicadas, pues resulta claro que no están siendo suficientes para hacer frente a esta enfermedad.

Es urgente que la Secretaría de Salud, refuerce una vigilancia epidemiológica adecuada, con la finalidad de tener información confiable y oportuna, para con esto tener una radiografía cada vez más exacta sobre el impacto y la severidad de la enfermedad en diferentes grupos poblacionales.

No obstante los 28 millones de dosis aplicadas de la vacuna contra la influenza en esta temporada, es necesaria información permanente sobre el alcance de las mismas, con la finalidad de impactar a un mayor número de mexicanos y disipar cualquier duda suscitada sobre los beneficios de las vacunas.

Ante esta situación, resulta apremiante redoblar esfuerzos para prevenir nuevos casos y complicaciones, así como romper con la cadena de transmisión.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fortalecer en coordinación con las autoridades sanitarias del ámbito local las acciones y medidas necesarias para atender de manera oportuna el brote de influenza en el país.

Palacio Legislativo, a 6 de abril de 2017.

Diputado Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nayarit a solicitar licencia al encargo para facilitar las investigaciones sobre el fiscal de Justicia local, Édgar Veytia Cambero, y deslindar las responsabilidades del caso, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En días pasados los medios de comunicación dieron la noticia de la detención en Estados Unidos, del Fiscal de Justicia de Nayarit, Edgar Veytia Cambero, ocurrida en San Diego, California, acusado por una corte federal de ese país, de “narcotráfico a gran escala”, de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, y lavado de dinero por aproximadamente 250 millones de dólares.

Esta acusación forma parte de una serie de denuncias en las que se le imputan el gravísimo hecho de formar parte del Cártel Jalisco Nueva Generación , ante las cuáles el gobernador Roberto Sandoval Castañeda ha hecho caso omiso.

Pero más allá de la gravedad de estas acusaciones, lo que este caso hace evidente, es la inutilidad y la corrupción entorno a los controles de confianza de los encargados de la seguridad y procuración de justicia en el país y particularmente, en esta entidad, en la que el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, fue quién directamente promovió a Edgar Veytia, primero como “encargado del despacho” en 2011 y luego, en febrero de 2013, como fiscal ante el Congreso Local.

En el grupo parlamentario del PRD consideramos que esta acusación y la detención misma vienen a enrarecer aún más el ambiente político en Nayarit que marca el inicio de la campaña electoral en la que están en disputa la gubernatura de la entidad, el Congreso local, 20 presidencias municipales, y 197 regidurías. Este proceso electoral se ha caracterizado por la abierta intervención del gobernador Roberto Sandoval Castañeda y del gobierno federal para favorecer al candidato oficial del PRI, con el apoyo de cuantiosos recursos públicos y la presencia de secretarios del gabinete presidencial, que entraron de lleno en campaña y al uso partidista de programas sociales y obras públicas, lo cual constituye claramente un delito.

Consideramos que estos hechos deben esclarecerse con toda puntualidad por la gravedad que representan y ante la presunción fundada de las complicidades en las que estaría vinculado el gobierno de Nayarit, por ello, estamos proponiendo este punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a que solicite licencia al cargo, con el propósito de facilitar las investigaciones sobre el Fiscal de Justicia de la entidad, Edgar Veytia Cambero y se puedan deslindar las responsabilidades en torno a este caso y la situación de inseguridad que se vive en el estado.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a que solicite licencia al cargo, con el propósito de facilitar las investigaciones sobre el Fiscal de Justicia de la entidad, Edgar Veytia Cambero y se deslinden las responsabilidades en torno a este caso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los asentamientos humanos irregulares del movimiento antorchista en el estado de México, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Sandra Luz Falcón Venegas, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Se escudan en decir que son la “organización de los pobres de México”; sin embargo, desde sus orígenes en 1974, se caracterizan por su prepotencia, violencia e ilegalidad, y, para lograr sus objetivos, bloquean calles, toman por asalto las plazas públicas, afectan a la ciudadanía y la economía local.

Es Antorcha Campesina liderada por el ingeniero Aquiles Córdova Morán, quien ha estado al frente desde su origen, un personaje con una gran fortuna inexplicable, dueño de una cadena de gasolineras, entre negocios y propiedades productos de abusos y extorsiones.

Un grupo de choque que se vale de mentiras y artimañas para lograr establecerse en las comunidades más necesitadas, prometiendo mejorar la calidad de vida de los pobladores, mismas que jamás son cumplidas y que, además, quienes participan se involucran e integran al esquema, logran ocupar cargos públicos como presidentes municipales, diputados federales y/o diputados locales sin omitir que la mayoría de líderes obtienen importantes concesiones y franquicias, tanto de gobierno federal como estatal.

¿Hasta cuándo se desalojarán los bienes inmuebles del rancho “El Pimiango e Hidalgo y Carrizo”?. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis de la cuenta pública correspondiente al año 2011, precisó que la adquisición del rancho “El Pimiango” se realizó con recursos asignados al estado de México mediante el Fondo Metropolitano del estado de México; es decir, que el gobierno estatal ha incurrido en infinidad de irregularidades, entre ellas: el uso de recursos del erario para fines particulares, dado que existe un desvió para uso de una asociación civil.

Cabe señalar que desde el nacimiento de dicho movimiento, éste se ha considerado brazo derecho del PRI, protegido por políticos poderosos como el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Incluso, en la celebración de aniversario de Antorcha Campesina, participó el ex gobernador del estado de México y actual presidente de la República Enrique Peña Nieto; fue un evento con considerable asistencia, no sólo de miembros sino afines, sí obligados a asistir, mismos que lograron un lleno total del estadio Azteca, donde EPN felicitaba y reconocía la importancia de dicho movimiento, “En el gobernador del estado de México tienen un aliado porque desde su gobierno trabajará para lograr objetivos compartidos” (Discurso de EPN, 2010). Un acto que, por cierto, llegó a tribunales del Instituto Nacional Electoral, en aquellos años IFE (Instituto Federal Electoral), un acto anticipado de campaña donde se acusaría a Peña Nieto. Sin embargo, el órgano resolvió, como hizo a propósito de todas las acusaciones dirigidas contra el político del estado de México, la improcedencia de los señalamientos.

Y es así que la ASF anota que el contrato número 83841 tuvo por objeto la adquisición del rancho “El Pimiango” por parte del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. Casualmente, el contrato fue formalizado el 13 de septiembre de 2011, dos días antes de que Peña Nieto concluyera su mandato, y estipuló la adquisición de 20 fracciones de terreno con una superficie de 382 mil 912 metros cuadrados en el poblado de Santiago Cuautlalpan, en Texcoco.

El fin de la compra, fue reestablecer formalmente la reubicación de los asentamientos irregulares ubicados en la zona de reserva ecológica del ex Lago de Texcoco.

La ASF emitió la siguiente observación:

“Se verificó que se efectuaron tres pagos por 65 millones de pesos en 2011; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de México no comprobó con qué recursos fueron pagados ya que la cuenta de ese proyecto [el de la compra del inmueble] no registró transferencias en ese año”.1

La justificación de la compra del rancho “El Pimiango” fue para fortalecer el Proyecto integral de mejora ambiental del Lago de Texcoco, donde existía un asentamiento irregular de Antorcha soportado por el gobierno del estado.

Cuando la Comisión Nacional del Agua adquirió dichos terrenos fue necesario el desalojo de los invasores y el gobierno mexiquense propuso su reubicación en “El Pimiango”, pero ahora no sólo existe un asentamiento irregular en “El Pimiango”, sino también en Hidalgo y Carrizo sin olvidar que en año de 1993 fue invadida la actual comunidad de Leyes de Reforma, Wenceslao Victoria, en 1998, y Víctor Puebla, en el 2008.

Políticos y ciudadanos de Texcoco se han opuesto a la cesión del terreno; se han manifestado en diversas ocasiones sin que a la fecha ni autoridades estatales ni federales hagan caso de ello.

Antorcha Campesina aseguró en diferentes ocasiones que, si bien es cierto la invasión es irregular, ellos harán que cambie de estatus a regular. ¿Cómo? Como tenga que ser, si es con violencia así también saben jugar. Sostienen que la misma organización había adquirido el predio en un esquema de coparticipación con el gobierno del estado y el federal, lo que fue oficialmente desmentido por éste último a través de Miguel Ángel Vázquez Saavedra, director general de Conagua del Valle de México.

Por otro lado, y a principios de 2012, el secretario de Desarrollo Urbano del estado de México, Alfredo Torres, reconocía que el gobierno mexiquense había adquirido el rancho pero no para regalarlo a una asociación, sino para el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS). Sin embargo, el contrato de compraventa entre el gobierno estatal y el particular que vendió el inmueble fue inscrito desde agosto de 2011.

Sin permisos del gobierno municipal, Antorcha Campesina lotificó el predio en 2 mil 200 porciones y vendió cada uno entre 125 mil y 150 mil pesos, predios que no fueron precisamente para los desalojados del predio Hidalgo y Carrizo; ellos sólo se replegaron algunos metros hasta la comunidad de San Bernardino, en la misma zona.

“El Pimiango” fue para pobladores ajenos al municipio de Texcoco; arribaron familias completas de Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, San Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán, entre otras, de manera clandestina e irregular. El ayuntamiento clausuró la lotificación, pero eso no importó y Antorcha continuó el fraccionamiento.

Tanto los ciudadanos de Cuautlalpan como vecinos originarios de Texcoco en coordinación con las autoridades municipales han sostenido una lucha permanente e inconformes han dado parte inmediata a Procuraduría General de Justicia del Estado de México por delitos en materia de desarrollo urbano como, asentamientos irregulares, fraccionamiento y venta de predios sin permiso alguno, pero lamentablemente no ha trascendido; todo lo contrario amenazan con invadir otras comunidades.

Actualmente, rancho “El Pimiango” crece desordenadamente y es apoyado por el ayuntamiento de Chimalhuacán, municipio gobernado por Antorcha Campesina desde hace ya varios años.

Texcoco conoce bien la experiencia con Antorcha Campesina y a través de esta honorable Cámara de Diputados se solicita que tanto el gobierno federal como el estatal saquen las manos del procedimiento y se invita a que cumplan a cabalidad el ordenamiento jurídico en la materia.

Antorcha Campesina es un movimiento que lucra y que ha incurrido en infinidad de delitos, entre ellos se presumen asesinatos que a la fecha no han sido resueltos; hay una cortina de humo que no permite esclarecer el proceso jurídico de quienes han demandado. Alto a EPN y Aquiles Córdova Morán. En Texcoco es evidente el rechazo de su movimiento, pero no por parte de los antes mencionados (gobierno federal y estatal); violentan leyes debido a que se sienten intocables y protegidos.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que haga pública la situación de los predios donados al estado de México, principalmente el denominado Hidalgo y Carrizo y rancho “El Pimiango”, que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico tanto federal como estatal, queda prohibida la lotificación de los mismos e invasión y asentamientos humanos irregulares.

Segundo. Se solicita al gobierno del estado que, por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, haga público el estatus que guardan las demandas en contra del Movimiento Antorcha Campesina en el estado de México.

Nota

1http://www.asf.gob.mx/trans/informes/ir2011i/Grupos/Gas to_Federalizado/2011_0482_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017

Diputada Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a aceptar la recomendación número 12/2017, sobre la detención ilegal, tortura y violencia sexual en agravio de V1 y V2, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y Morena

Las suscritas Claudia Sofía Corichi García, Emma Margarita Alemán Olvera, Maricela Contreras Julián y María Antonia Olvera, diputadas en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República (PGR) a aceptar la recomendación número 12/2017 “sobre el caso de la detención ilegal de V1 y V2, tortura y violencia sexual en agravio de V1, así como violación al debido proceso en agravio de V1 y V2, en la Ciudad de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Amnistía Internacional México presentó, en junio del año pasado, el informe “Sobreviviendo a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, en él muestra la más cruel realidad sobre tortura hacia las mujeres en nuestro país.

II. Según revela el Informe, 100 mujeres recluidas en prisiones federales contaron a Amnistía Internacional que habían sufrido tortura u otros malos tratos, entre ellos, algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o de miembros del ejército y la marina. “Según su relato, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.”1

III. Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones.

IV. “Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios.”2

V. “Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”3

VI. En el informe, Amnistía Internacional narra las historias sobre estas mujeres que sufrieron abusos que van desde tocamientos, manoseos hasta violaciones, así como golpes, palizas y descargas eléctricas durante su arresto e interrogatorio. Resaltan el nivel socioeconómico de la mayoría, ya que proceden de zonas de ingresos muy bajos, lo que hace casi imposible que puedan defenderse debidamente.

VII. “Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8.943 de las posibles víctimas eran hombres y 3.618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.”4

VIII. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ministerios públicos y tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura por funcionarios públicos. Las denuncias de tortura y otros malos tratos a menudo no se investigan, y es incluso más excepcional que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia.

IX. Tal es el caso de Verónica Razo, ella “tiene 37 años y lleva cinco en prisión, separada de sus dos hijos. El 8 de junio de 2011 caminaba por una calle cercana a su casa, en el centro de la Ciudad de México, cuando unos hombres armados y sin uniforme que viajaban en un automóvil la agarraron y la secuestraron. La llevaron a un galpón de la Policía Federal, donde la retuvieron durante 24 horas y la torturaron. La golpearon, la sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas, y varios policías la violaron repetidamente. La amenazaron y la obligaron a firmar una confesión”.5

X. Tras ser interrogada por policías y agentes del ministerio público, se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por palpitaciones cardíacas graves. Los policías dijeron que la habían detenido al día siguiente y la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención su madre ya había presentado ante las autoridades locales una denuncia de persona desaparecida.

Dos años después de su detención, psicólogos de la PGR confirmaron que Verónica presentaba síntomas coincidentes con tortura. Verónica ha pasado cinco años en prisión en espera del resultado de su juicio. Su hija tenía sólo seis años cuando Verónica fue detenida, y su hijo tenía 12. Los compañeros de colegio de su hija se burlan de ella por tener una madre “delincuente” en prisión, y la llaman “huérfana”. Sin embargo, su hija dice a Verónica que, gracias a ella, ha aprendido a ser fuerte. Su hijo, que ahora tiene 18 años, no ha podido ir a la universidad a causa de la carga económica que el encarcelamiento de su madre ha supuesto para la familia. La madre de Verónica tuvo que dejar su casa y vender su auto y su pequeño local a causa de las dificultades económicas que ha representado apoyar a su hija.”6

XI. La madre de Verónica Razo formuló una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los actos de tortura que sufrió Verónica y su hermano, cuando fueron detenidos el 8 de junio de 2011.

XII. El pasado 29 de marzo del presente año, la CNDH publicó la recomendación número 12/2017. Sobre el caso de la detención arbitraria y retención ilegal de V1 y V2, tortura y violencia sexual en agravio de V1 y V2, en la Ciudad de México.

XIII. En ella, recomienda al señor procurador general de la República, doctor Raúl Cervantes Andrade:

“Primera. Se instruya a quien corresponda a efecto de que se continúe con la debida integración y perfeccionamiento de la AP3 y su acumulada AP5, la cual deberá determinarse en un tiempo razonable con la finalidad de establecer la verdad de los hechos y determinar la probable responsabilidad penal que corresponda de quien o quienes resulten responsables. Asimismo, toda vez que la orden de aprehensión solicitada por el AMPF dentro de la AP4 que generó la CP2 fue negada, el Representante Social de la Federación deberá dar seguimiento al recurso de apelación interpuesto en contra de dicha negativa y, en su caso, perfeccionar su pretensión punitiva y proceder conforme a derecho, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Segunda. Se colabore debidamente en la integración de la indagatoria que se inicie con motivo de la denuncia de hechos que este Organismo Nacional formule ante la PGR, por ser AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, y remita a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos las constancias que acrediten dicha colaboración.

Tercera. Se colabore con esta Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control de la PGR, contra AR10, AR11 y AR12 involucrados en los hechos de la presente Recomendación, y se envíen a este Organismo Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Cuarta. Diseñar e impartir un curso integral sobre derechos humanos a los servidores públicos de la PGR que intervinieron en los hechos, específicamente a los adscritos a la Unidad Especializada en Investigación en Secuestros de la SEIDO, con el fin de que apliquen los dictámenes médicos y psicológicos a las personas detenidas de acuerdo con los estándares internacionales, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.”7

Por todo lo anteriormente expuesto, es que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al señor Procurador General de la República, doctor Raúl Cervantes Andrade, a aceptar los cuatro resolutivos de la recomendación número 12/2017. Sobre el caso de la detención arbitraria y retención ilegal de V1 y V2, tortura y violencia sexual en agravio de V1 y V2, en la Ciudad de México, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, referentes a la institución que encabeza, a más tardar el próximo 14 de abril del presente año.

Notas

1 Amnistía Internacional México, “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, informe. Junio de 2016. México.

2 Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Conferencia de Prensa “Presentación Informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, informe. 28 de junio de 2016.

3 Ibídem.

4 “La Tortura en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. México, Noviembre, 2015.

5 Amnistía Internacional México, “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, informe. Junio de 2016. México, p. 34.

6 Amnistía Internacional México, “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, informe. Junio de 2016. México, p. 6

7 Recomendación número12/2017. Sobre el caso de la detención arbitraria y retención ilegal de V1 y V2, tortura y violencia sexual en agravio de V1 y V2, en la Ciudad de México. CNDH, 29 marzo de 2017, p. 86

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de abril del 2017.

Diputadas: Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Emma Margarita Alemán Olvera, Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones para transitar hacia un modelo de aprovechamiento sustentable de la totoaba, en beneficio de los pescadores del Alto Golfo de California, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La región del Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado de nuestro país es mundialmente reconocida por sus características ecológicas, históricas y culturales. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se detectó que en esta zona del país existían una abundante vida silvestre y una exuberante vegetación, que han sido la base para el desarrollo de actividades económicas primarias y secundarias.

El 10 de junio de 1993 se decretó oficialmente la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con una superficie de 934,756-25-00 ha, integrada por aguas de jurisdicción federal del Golfo de California y terrenos de los municipios de Mexicali en Baja California y San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco en Sonora. Se delimitó una Zona Núcleo denominada Delta del Río Colorado dentro de una Zona de Amortiguamiento. Siete años más tarde, 7 de junio de 2000, la Reserva se incorporó al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

En la zona costera y marina de esta región habitan por lo menos 18 especies de mamíferos marinos, 315 especies de aves y 149 especies de peces costero-marinos.i

Asimismo, se ha registrado la presencia de más de 50 especies amenazadas, en peligro de extinción o bajo protección especial, incluidas en las normas mexicanas y en diversos instrumentos internacionales.

Dentro del listado de especies cuya sobreexplotación ha merecido la protección especial del Estado es la Totoaba macdonaldi , mejor conocida como pez totoaba.

La totoaba es una de las especies endémicas del Mar de Cortés, es decir, no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Puede llegar a medir más 2 metros de largo y pesar más de 100 kilogramos. Actualmente habita en las más de 934 hectáreas que abarcan las reservas de la biosfera del Alto Golfo de California, que colindan con el puerto de San Felipe de Baja California.

Además, es un tipo de pez altamente codiciado en el mercado asiático, debido a la creencia de que su vejiga natatoria, conocida como buche, posee propiedades afrodisiacas, medicinales y regenerativas. Ante la extinción de la especie Bahaba en China, utilizada con estos mismos fines, la demanda de la totoaba mexicana experimentó un incremento exponencial que lo llevó al borde de la extinción.

Desde 1975, el gobierno de México decretó en veda total a esta especie; posteriormente en 1977 se introdujo en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites), en el que se estableció la prohibición de su venta.

Hoy en día, la Totoaba es una de las especies consideradas en peligro de extinción en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.ii

La prohibición de la pesca de las especies en peligro de extinción, como la Totoaba, la cual genera la pesca incidental de la Vaquita marina, ha generado externalidades negativas con fuertes repercusiones para la economía y los habitantes de la región.

Por un lado, las restricciones enmarcadas en la política de protección ambiental han derivado en afectaciones para los pescadores de lisa, chano, manta, guitarra, jaiba y almeja, ya que el aprovechamiento del camarón azul, sierra y tiburón está siendo compensado por la suspensión temporal de pesca para proteger a la vaquita marina. Recientemente se emitió el punto de acuerdo para compensar la pesca de curvina golfina, que los pescadores interesados únicamente deberían tener el resolutivo positivo de su Manifestación de Impacto Ambiental para poder desarrollar su actividad; por la problemática social conocida, se gestionó la compensación de la pesca de esta especie por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

La otra consecuencia negativa ha sido la pesca furtiva y la generación de un mercado ilegal de la totoaba, cuya vejiga puede llegar a tener un valor de 60 mil dólares el kilo.

Tan solo en el periodo de enero de 2013, hasta mayo de 2014, el Gobierno Federal decomisó 17 toneladas de totoaba producto de la pesca ilegal y, apenas durante la semana pasada, la Secretaría de Marina-Armada de México aseguró cinco embarcaciones que realizaban actividades de pesca de esta especie en la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.iii

Estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno de la República con la protección de nuestros recursos naturales y el combate de la pesca furtiva que transgrede la ley.

El problema persistente es que los pescadores que respetan la ley, siguen enfrentando muchos obstáculos para llevar a cabo su actividad, ocasionando que sus ingresos económicos se vean severamente afectados por las temporadas de veda y los requisitos que están obligados a cumplir.

La inconformidad de los pescadores ha llegado a niveles críticos. En ese sentido, los hechos de violencia registrados en el Golfo de Santa Clara la semana pasada son un fuerte llamado de atención respecto a la gravedad del problema. Nada justifica la violencia, pero para reforzar los canales institucionales del diálogo, es preciso ofrecer soluciones integrales de largo plazo para los pescadores y sus familias.

El pasado 8 de marzo, presenté ante esta soberanía un punto de acuerdo para establecer un programa de compensación social para los permisionarios de curvina golfina de las localidades de San Felipe, Baja California y del Golfo de Santa Clara, Sonora.

Sin duda, la compensación a los pescadores de curvina representa un primer paso para mitigar los efectos sociales negativos de las políticas ambientales. Sin embargo, lo cierto es que las demandas de los pescadores van más allá de los apoyos económicos emergentes.

El presente punto de acuerdo tiene por objeto convocar al Gobierno de la República, a diseñar una estrategia integral que nos permita transitar hacia el aprovechamiento sustentable de la Totoaba, con base en la realización de estudios, el combate a la pesca furtiva, la flexibilización de los requerimientos de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, así como la implementación de acciones para promover las artes de pesca que les permitan a los pescadores retomar sus actividades.

En primer lugar, propongo exhortar al Gobierno Federal, a realizar estudios en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con el objeto de determinar el actual estado de conservación de la totoaba, así como de diseñar una estrategia para transitar hacia el aprovechamiento sustentable de esta especie.

Desde 1975 hasta la fecha, no se han generado datos que permitan conocer de manera certera la población de totoaba.iv Realizar este tipo de estudios, nos permitirá tener un diagnóstico claro que sustente a las próximas políticas de conservación ambiental y de promoción de la pesca.

Asimismo, hago un llamado a diseñar e instrumentar un programa para garantizar la reproducción de la totoaba a niveles tales que permitan sacar del listado de la “NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010”.

En segundo término, planteo flexibilizar los requisitos que la Semarnat está solicitando para otorgar el reconocimiento a las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). Como se sabe, la Semarnat tiene la facultad de otorgar este tipo de permisos a las organizaciones que demuestren esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos renovables en ellos contenidos.

Los requerimientos actuales para el caso de la totoaba, exigen liberar el 50% de la producción de alevines, además de que por acuerdos con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites) prohíben la exportación del producto, lo que complica la viabilidad financiera de las empresas interesadas.

Cabe señalar que actualmente, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Universidad Autónoma de Baja California, junto con otras instituciones académicas y de investigación, como el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) y el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar), están impulsando el desarrollo de una cadena de acuacultura para repoblar y aprovechar sustentablemente la Totoaba en el Alto Golfo de California, sin embargo, las obligaciones que les impone la autoridad ambiental federal son una camisa de fuerza para lograr este objetivo.

La idea es reducir el porcentaje de crías que se pide liberar, en el entendido de que con esta acción habrá más empresas que se interesen en dicha actividad, dando como consecuencia una mayor liberación de alevines de Totoaba.

Como complemento y, desde el punto de vista de la exportación, se solicita la intervención de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y del Instituto Nacional de Pesca para lograr la certificación de los Comités Internacionales, con lo cual, el modelo de negocio sería atractivo para inversionistas y, en esa medida, se protegería tanto a la Totoaba como a la Vaquita marina.

Por último, hago un llamado a diversas dependencias de seguridad y procuración de justicia, particularmente a la Secretaría de Marina y a la Procuraduría de Federal de Protección al Ambiente, para que se refuercen las acciones de vigilancia en la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, a efecto de combatir la pesca furtiva que amenaza a las especies protegidas.

Ante los hechos lamentables ocurridos en el Golfo de Santa Clara, la prioridad debe ser encontrar un equilibrio entre la preservación de las especies y la protección del ingreso de las familias que dependen económicamente de la pesca.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Pesca y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se realicen estudios en la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, a fin de determinar el actual estado de conservación de la totoaba y diseñar una estrategia para transitar hacia el aprovechamiento sustentable de esta especie, contemplando, entre otras cuestiones, el fomento de la pesca deportiva. Asimismo, se les solicita planear e instrumentar un programa para garantizar la reproducción de la totoaba a niveles tales que permitan declarar a esta especie fuera de peligro de extinción.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a flexibilizar los requisitos para reconocer a las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre dedicadas a la producción de totoaba, reduciendo el número de crías que se les solicita liberar a los operadores y eliminando las restricciones para la exportación.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y al Instituto Nacional de Pesca, a llevar a cabo las acciones necesarias para lograr la certificación de los Comités Internacionales para la exportación de Totoaba de acuacultura y maricultura.

Cuarto. Se exhorta al Instituto Nacional de Pesca a desarrollar urgentemente investigaciones que aporten técnicas de pesca sustentable para las personas que se dedican a esta actividad en el Alto Golfo de California, de cara a las próximas temporadas de escama (mayo) y de camarón (septiembre).

Quinto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina-Armada de México, a la Gendarmería Ambiental, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora a reforzar las acciones de vigilancia en la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con el objeto de prevenir, detectar y sancionar la pesca furtiva de especies endémicas de la región.

Notas

1 http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/Final_AltoGol fo.pdf

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091

3 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/11/
aplican-cero-tolerancia-en-area-de-vaquita-marina-y-totoaba

4 http://www.redalyc.org/pdf/339/33921204005.pdf

Dado en el Palacio Legislativo, a 6 de abril de 2017.

Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a intervenir para mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral 1, 79 numerales 1 fracción II y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En lo que va de la presente administración, se han creado 2.6 millones de puestos de trabajo formales ante el IMSS, señaló recientemente el titular del Ejecutivo federal. Además de un aumento en el salario mínimo que perciben los trabajadores, pues han tenido una recuperación del poder de compra de 13.5 por ciento.

No obstante, el Banco de México, dio a conocer en su encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, relativa al mes de febrero del presente, que estima que la inflación cerrará en 5.39 por ciento este año, mientras que las expectativas sobre el tipo de cambio será de 21.15 pesos por dólar estadounidense para el cierre de 2017.

El salario mínimo perdería al menos 4 por ciento de poder adquisitivo al cierre de 2017, esto a partir de las recientes previsiones de que la inflación podría superar el 5 por ciento este año.

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó por unanimidad otorgar un aumento de 4 pesos diarios al salario mínimo general. Con esta referencia del monto del salario mínimo, se acordó otorgar un incremento de 3.9%, con lo cual el salario mínimo general que entró en vigor el 1 de enero 2017 será 80.04 pesos diarios.

Se debe recordar que el salario mínimo se establece en la fracción VI del artículo 123 Constitucional, bajo el principio de que deberá ser suficiente “...para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia...”

La Conasami tiene como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.

Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares se redujo 1.0 por ciento entre el tercero y el cuarto trimestre de 2016. Entre el cuatro trimestre de 2015 y el cuarto trimestre de 2016, el poder adquisitivo del ingreso laboral aumentó 3.0 por ciento. Esta recuperación del ingreso laboral mostró un comportamiento diferenciado en el ámbito rural y urbano.

En el ámbito rural, el ingreso real casi no creció en el último año (aumento de 0.6 por ciento), mientras que en las zonas urbanas el ingreso laboral aumentó 3.4 por ciento, lo que resultó en un crecimiento de 3.0 por ciento entre el cuarto trimestre de 2015 y el cuarto de 2016.

Para el Coneval, será necesario monitorear el ingreso laboral real y el costo de la evolución de la canasta alimentaria, pues el incremento de la inflación a partir de octubre 2016, particularmente el observado en el pasado mes de enero de 2017, podría revertir lo ganado en el poder adquisitivo del trabajo de los últimos dos años.

En el periodo del cuarto trimestre de 2015 al cuarto trimestre de 2016, las entidades que mostraron una mayor recuperación en su poder adquisitivo laboral fueron las siguientes: Ciudad de México (11.2 por ciento), Baja California Sur (9.3 por ciento), Chihuahua (9.0 por ciento), Yucatán (8.5 por ciento) y Nuevo León (8.4 por ciento).

En tanto, según el Coneval, las entidades que presentaron las mayores disminuciones en el ingreso laboral real de sus habitantes en ese mismo periodo fueron Tabasco (-11.6 por ciento), San Luis Potosí (-7.6 por ciento), Campeche (-6.1 por ciento) y Sinaloa (-4.9 por ciento).

Cabe recordar que en diciembre de 2015 la propuesta presentada por el Gobierno de la Ciudad de México para el alza del salario mínimo consideró un aumento de 16.23 pesos, para pasar de 70.10 pesos, que es el monto vigente para 2016 fijado por Conasami, a 86.33 pesos diarios.

Sin embargo, en marzo de 2016 la propuesta se actualizó a 89.26 pesos diarios debido a que el precio de la canasta alimentaria se incrementó durante los primeros tres meses de ese año.

Por otra parte, en el cuarto trimestre de 2016 el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía, con base en horas trabajadas registró un crecimiento de 1% en comparación con el trimestre inmediato anterior, Según el INEGI.

Por grupos de Actividad económica, la Productividad Laboral en las actividades terciarias aumentó 2.2 por ciento y en las primarias 1.1 por ciento, mientras que en las actividades secundarias disminuyó (-) 0.9 por ciento.

Diverso especialistas en materia laboral han señalado que aunque en términos netos las empresas que operan en el país siguen generando empleos, sin embargo lo hacen con muy bajos salarios, lo que impide el crecimiento económico debido a que no consigue reactivarse el consumo interno.

En contraste con lo anterior, 15 de los 22 Estados miembros de la Unión Europea que tienen Salario Mínimo Interprofesional lo han ido aumentando más en los últimos años, lo que ha redundando en mejor crecimiento del PIB.

El buen momento económico de la eurozona, que ahora supera al de los Estados Unidos, 14 trimestres ininterrumpidos de crecimiento, desempleo de un sólo dígito, mejor clima empresarial en seis años, ha generado la más fuerte creación de empleo desde 2008. Y se sostiene sobre el aumento del consumo privado: debido al alza del empleo, al aumento de los salarios nominales y al mayor poder adquisitivo de las familias.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con carácter de

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de que se mantenga atento a los cambios en los principales indicadores, de manera particular a la inflación y el tipo de cambio, para que no impacten sobre el salario mínimo. Asimismo que durante el presente año busque los mecanismos que permitan continuar mejorando el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Fuentes

- Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado,
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/
expectativas-de-los-especialistas/%7B535D6B0F-F54E-BED8-965D-F128DF7ACBA9%7D.pdf

- Coneval, Índice de la tendencia laboral de la pobreza: resultados a nivel nacional y estatal?
http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/
COMUNICADO02_ITLP-IS_CUARTO_TRIMESTRE_2016.pdf.

- El Financiero, Salario mínimo perderá 4% de poder adquisitivo en 2017: Conasami,
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-minimo-perdera-de-poder-adquisitivo-en-2017-conasami.html.

- El Financiero, Actualiza la Ciudad de México-Sedeco propuesta de salario mínimo a 89.26 pesos, Zenyazen Flores, Economía,
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/actualiza-cdmx-sedeco-propuesta-de-salario-minimo-a-89-26-pesos.html

- El País, Subir salarios hoy es bueno para la economía, Opinión, Javier Vidal-Folch,
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/01/actualidad/1488397253_654859.html

- El Universal, Destaca Peña Nieto cifra récord del empleo, Política, Redacción,
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/7/destaca-pena-nieto-cifra-record-de-empleo

- Inegi, indicadores de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra, cifras durante el cuarto trimestre de 2016, 8 de marzo de 2017,
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ipl/ipl2017_03.pdf

- La Prensa, Dudosas cifras de cuántos ganan un salario mínimo, Patricia Carrasco, Doble Efecto,
https://www.la-prensa.com.mx/columnas/dudosas-cifras-de-cuantos-ganan-un-salario-minimo

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de abril de 2017.

Diputada María Teresa Cristina García Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a establecer un sistema de marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia, a cargo del diputado Jesús Sesma Suarez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La biodiversidad o diversidad biológica es, en términos generales, la variedad de especies existentes en el planeta originada por su proceso de evolución. Se trata de la mayor riqueza con la que cuenta la Tierra, ya que ha asegurado el mantenimiento de la vida en los diferentes procesos geológicos acontecidos a lo largo de su historia. Es decir, hablar de biodiversidad es hablar de la vida misma.

El término de biodiversidad surgió de las instituciones académicas dedicadas a la conservación, sin embargo, también implica una finalidad práctica: la evaluación de los ambientes naturales y, sobre todo, aquellos que han sido perturbados.1

En 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (también llamada “Cumbre de la Tierra”) celebrada en Río de Janeiro, Brasil, el término “biodiversidad” deja de tener una dimensión de país para pasar a un ámbito global.

Así, en la “Cumbre de la Tierra” se acordó el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) inspirado por el creciente compromiso de la comunidad global con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad,2 lo cual incluye, por supuesto, a los mamíferos marinos.

La conservación de estas especies resulta prioritaria por encima de cualquier otra consideración social, debido a que tienen el potencial de proveer información sobre la funcionalidad de los ecosistemas marinos en diferentes escalas espaciales, de tiempo y de complejidad fenomenológica.3

La importancia de los mamíferos marinos radica en las funciones que desempeñan como consumidores principales en todos los niveles tróficos, desde consumidores primarios (herbívoros) pasando por consumidores secundarios de amplio rango que se alimentan de zooplancton (grandes ballenas) y peces (grandes ballenas, delfines, focas y lobos marinos), hasta los depredadores de peces mayores y grandes calamares, e incluso de otros mamíferos marinos (orca, algunos pinnípedos y osos polares); razón por la cual se les llama “policías sanitarios” debido a que evitan la propagación de infecciones y enfermedades al cazar preponderantemente peces viejos o enfermos.4

Según el último reporte publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a nivel mundial existen 4 mil 381 especies de mamíferos, situando a México en el tercer lugar en diversidad de mamíferos con 535 especies, de las cuales 488 son terrestres y 47 marinas.5

Ahora bien, su importancia ambiental radica en la influencia sobre la estructura y funcionamiento de las comunidades marinas debido a que ocupan diferentes sitios en la cadena alimenticia, por ello, su biología puede reflejar algunos aspectos del flujo de materiales y energía de los ecosistemas marinos, por lo que sus buenas consecuencias en la conservación de la vida en el mar son un hecho innegable.6

Actualmente, estas especies son capturadas principalmente para utilizarse en espectáculos con fines de lucro, lo que lleva al aislamiento, la modificación de su hábitat, el confinamiento obligado con otras especies con las cuales en la naturaleza no conviven y a la interacción forzosa con seres humanos.

En este contexto, la captura de estas especies, afecta a su población en general y no solo a los ejemplares capturados, toda vez que el grupo puede perder la cohesión social y dispersarse, implicando riesgos a la supervivencia, pues no pueden cooperar para pescar o defenderse de depredadores.

La verdad sobre su captura está colmada de maltratos debido a la implementación de un procedimiento violento, sin estudios que determinen si las poblaciones pueden soportar estas presiones, consistentes en la persecución de grupos de delfines hasta lograr su agotamiento para ser rodeados con una red, en donde se pueden usar incluso bombas para asustar a los animales y así pueden ser arrastrados al barco donde el grupo de captura escoge aquellos que les resulten más atractivos y los cuales no volverán a su hábitat natural ni a la reinserción en su grupo, mientras que los más afortunados son lanzados por la borda y devueltos al mar.

Durante la captura, algunos animales pueden morir por fallos cardiacos provocados por el estrés o el shock, o bien, ahogados al quedar atrapados en cuerdas y redes mientras tratan agitadamente de escapar o de acudir en auxilio de otros. Algunas hembras preñadas pueden abortar sus fetos o las madres pueden dejar de lactar, provocando la muerte de sus crías. Otros mueren a consecuencia de traumatismos e infecciones provocadas durante la captura.

En virtud de lo antes expuesto, es de señalar que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos conscientes del desequilibrio ecológico y daño ambiental que se ocasiona con la captura de los mamíferos marinos; por ende, se plantea cambiar el actual sistema de marcaje de estas especies por el de marcadores de ADN (ácido desoxirribonucleico).

Lo anterior, ya que con este tipo de marcaje se combatiría el tráfico ilegal de las especies en comento, y asimismo se prevendría el intercambio o suplencia de ejemplares que ya se encuentran en confinamiento y cautiverio en las Unidades de Manejo y Conservación de Vida Silvestre (UMA) y en los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre fuera de su hábitat (PIMVS).

Al respecto, es de indicar que los marcadores de ADN son útiles tanto en la investigación básica, por ejemplo análisis filogenético y búsqueda de genes útiles, como en la aplicada, esto es en selección asistida por marcador, pruebas de paternidad y trazabilidad de alimentos.7

Asimismo, es de señalar que la información sobre la diversidad genética es esencial para optimizar tanto las estrategias de conservación de los recursos zoogenéticos como para la diversidad molecular funcional. En ese sentido, la caracterizacion fenotípica proporciona una estimación rudimentaria del promedio de variantes funcionales de genes de los que son portadores un individuo o una población.8

En virtud de lo antes expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que en el ámbito de sus facultades, en coordinación con los particulares y con cargo a estos últimos, se establezca un sistema de marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia, consistente en marcadores de ADN (ácido desoxirribonucleico), con la finalidad de garantizar que no exista intercambio o suplencia de ejemplares, así como para optimizar tanto las estrategias de conservación de los recursos zoogenéticos, como la diversidad molecular funcional.

Notas

1 Cfr. Víctor Toledo (1994) La diversidad biológica de México. Ciencias 34. UNAM.
http://www.ejournal.unam.mx/cns/no34/CNS03407.pdf.

2 Cfr. Conabio. Convenio sobre la Diversidad Biológica.
http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd.html.

3 Cfr.
http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv75art2.pdf

4 Cfr.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/ene/20170105-II.html#Iniciativa10

5 Ibídem

6 Ibídem

7 Cfr. http://www.fao.org/docrep/012/a1250s/a1250s17.pdf

8 Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de abril de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y el IMTA a hacer públicos los estudios y poner a disposición de los ciudadanos la información relativa al probable efecto de la instalación de sistemas captadores de agua pluvial, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numeral I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las simples reglas de funcionamiento de los ecosistemas nos dicen que ningún ecosistema urbano puede funcionar en el largo plazo con niveles tan inequitativos e insustentables de apropiación de recursos naturales. Como en otros momentos de la historia, es el tiempo de repensar la ciudad bajo la perspectiva de un ambiente sano, y un acceso equitativo a las oportunidades sociales y a los recursos naturales. Necesitamos que el agua sea, realmente para todos. En este caso, la resolución de la crisis ecológica exige lo mismo que demandamos en el ambiente social: justicia y equidad.

Exequiel Ezcurra.

La democracia en la práctica implica que todos los actores sociales deben ser incluidos en los procesos del gobierno, generando acciones vinculantes, políticas incluyentes y por ende programas de gestión equitativos. Su materialización y adopción por parte de las instituciones mexicanas ha sido un proceso lento, que ha generado la construcción de puentes que van más allá del espectro electoral, entre gobierno y la ciudadanía, y que tienen como base la confianza de los ciudadanos frente a las instituciones pero también frente a ellos mismo, para la implementación de capacidades para la resolución de problemas dentro de la acción colectiva.

El caso específico de la gestión de recursos ambientales, es que son recursos comunes, su administración obligadamente debe ser bajo la perspectiva de la gestión pública y siempre guiada por el ideal del acceso equitativo, haciendo que se beneficie a todos y no pertenezcan a nadie. Este es el caso del agua o los recursos hídricos disponibles, pues debido a su escasez mundial, su gestión debe estar perfectamente planificada para que todas las personas puedan tener verdadero acceso al recurso.

En las grandes urbes, el manejo del agua está resultando ser un problema que va a la par de problemas como: la poca planeación infraestructural de las ciudades, el crecimiento desmesurado de asentamientos irregulares, la sobreexplotación, contaminación de ríos y fuentes naturales de agua, etcétera. Situaciones que agravan la escasez y que imponen a las ciudades el reto definitorio de resiliencia frente a los efectos del cambio climático.

En consecuencia, es necesario por un lado, cubrir la necesidad del agua de todos los habitantes, requiriendo la gestión eficiente, partiendo de que en medios urbanos es posible mantener un ciclo de agua equilibrado. Por otro lado; buscar mecanismos que ayuden a disminuir la sobreexplotación y sus consecuencias que tienen impactos diferentes en cada ciudad, beneficiando así la resiliencia.

Una situación grave que ejemplifica lo antes señalado, es la vivida por la Ciudad de México y la zona metropolitana. La mala gestión de los recursos hídricos ha llevado a una de las mayores ciudades del mundo al colapso temporal; a la sobreexplotación del acuífero que a su vez ha llevado al hundimiento de algunas zonas. Así las inundaciones tienen un resultado catastrófico, que es percibido a medida de la vulnerabilidad en el que los diferentes asentamientos se encuentran y que evidentemente está sujeto al poder adquisitivo de las personas.

En temporadas de lluvias se provocan inundaciones tanto en vías de transito como en zonas enteras. Zonas como Chalco viven privadas de agua potable y cuando las lluvias aumentan son los primeros en sufrir inundaciones debido a la saturación de la red hidráulica de la CDMX, llevando aguas residuales y agua de lluvia a la zona. Si bien la crisis suele ser temporal esto es una es muestra de los problemas a los que se enfrentan las grandes ciudades por consecuencia del cambio climático, la mala planeación de la ciudad en general y la nula resiliencia.

Cuando se siguen permitiendo situaciones como las ocurridas al oriente de la ciudad de México, estamos siendo participes de las enfermedades que se producen de la contaminación del agua, de la mala planificación, de la ineficiencia e ineptitud, pues los que mayor impacto tienen de ambientes contaminados son niños y niñas; a su poca edad se encuentran desarrollando sus sistemas inmunológicos, sumándose un punto más al rezago de por sí ya impuesto por la desposesión de bienes y servicios básicos del cuidado humano. Veamos que según cifras de la OMS 1.8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades diarreicas; 90 por ciento de esas personas son niños menores de 5 años principalmente de países en desarrollo1 .

La justicia social es lo que motiva esta petición, es lo que motiva la búsqueda de salidas óptimas, que hagan que nuestras comunidades se sobrepongan y ciudadanos junto con las instituciones solucionen creativamente los embates del cambio impuesto por el tiempo, es decir que sean resilientes. Entre las muchas existentes me gustaría resaltar los sistemas de captura de agua pluvial.

La presente solución es viable y paralela a la situación de escases e inundación. La cosecha de agua de lluvia además de crear buenas practicas, mantiene consciencia sobre el uso responsable del agua. Implementado de forma correcta genera impacto individual y ya masificado ayuda a evitar la sobrecarga de los servicios hidráulicos, además de evitar, al menos en estas temporadas, la sobre explotación de los acuíferos, entre muchas otras virtudes.

Soy optimista respecto a que los sistemas de captación de agua pluvial son un buen medio, eficiente y que cooperará con la construcción de resiliencia de nuestro país. Así, ayudará a que 106 millones de Mexicanos que no tienen acceso al agua puedan contar con alguna alternativa donde ellos mismos se vean involucrados en el proceso, no agravando, como en el caso de la Ciudad de México, la indisponibilidad del agua.

En este punto concuerdo con el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, a lo largo de la exposición de los objetivos planteados, me pude dar cuenta que en efecto, es de suma importancia la gestión y aprovechamiento del agua de lluvia. En el objetivo 3.1.5, se expone que se buscará “ampliar y mejorar el uso de fuentes de agua alternativas como la desalinización y cosecha de lluvia”, puntualizando que:

En la escala individual, se promoverá la cosecha de agua de lluvia en los techos de las viviendas, a través de sistemas sencillos de captación y almacenamiento con el propósito primordial del uso doméstico. En los casos en que sea factible, se promoverá la cosecha de agua de lluvia por medio de sistemas colectivos tanto en el medio rural como en el urbano principalmente para uso doméstico, de riego de jardines y sanitarios. Asimismo, se difundirá tecnología apropiada para ampliar y mejorar el uso de estas fuentes alternativas2

Asimismo, se manifiesta que este tipo de tecnologías son parte importante para incluir a comunidades con mayor rezago, es decir, no solo se trata de mejorar las condiciones de las urbes, sino también de introducir este tipo de tecnologías en espacios rurales, aprovechamiento que aumentará la calidad de vida; asegurando el acceso al agua y mitigando fuentes de pobreza.

En esa misma tesitura, me pude dar cuenta del papel tan importante que tiene la innovación tecnológica, no solo internacional, reflejada en la estrategia 4.3.3, sino también con ciertas instituciones mexicanas creadas con ese objetivo como el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA)3 .

El IMTA busca contribuir a la gestión sustentable del agua a través del conocimiento (...) incorporando al sector hídrico en la sociedad del conocimiento ...creando y adaptando tecnologías altamente especializadas. Además busca “impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología del agua4 .

Sin embargo en el programa5 se reconoce que la función del IMTA se ha visto limitada, así se propone que para 2018 se aumentara hasta 20 por ciento la influencia del IMTA en la política nacional. Al respecto, pienso que es de suma importancia aprovechar los institutos ya creados, impulsando su influencia para que se desarrolle el talento nacional, apoyando la investigación científica y técnica.

Nosotros como legisladores tenemos la obligación de cuidar los bienes comunes, aquellos que no pertenecen a nadie pero benefician a todos y todas. Debemos legislar y vigilar con visión prospectiva a los problemas que se enfrentaran en el futuro, solo de dicha forma podremos asegurar el acceso a una vida digna con sociedades justas y equitativas. Si bien el agua ya es un problema, poner énfasis en todos los espectros posibles ayudará en el impulso de ciencia que solucione eficientemente los retos impuestos.

En ese sentido y con la convicción de que contaré con la sensibilidad de esta soberanía y considerando que:

Primero. El artículo 27 de la Carta Magna se establece que el aprovechamiento de los elementos naturales será pensando en el beneficio social, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza publica, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Así en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos de tierras aguas y bosques.

Segundo. La Ley de Aguas Nacionales entiende que el desarrollo sustentable es la preservación del equilibrio ecológico, aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de agua de las generaciones futuras.

Tercero. El artículo 7 de la Ley de Aguas Nacionales establece que es de utilidad pública: Hacer más eficiente y modernizar de los servicios de agua domésticos y publico urbanos, para contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar social, para mejorar la calidad y oportunidad en el servicio prestado así como para contribuir a alcanzar la gestión integrada de los recursos hídricos.

Cuarto. El artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales señala que los principios que sustentan la práctica hídrica nacional son:

I. El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad así como prioridad y asunto de seguridad nacional.

II. La gestión de los recursos hídricos se llevará a cabo en forma descentralizada e integrada, privilegiando la acción directa y las decisiones por parte de los actores locales y por cuenca hidrológica.

Quinto. El artículo14 Bis 3. De la ley de Aguas Nacionales implementa que El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es un organismo público descentralizado sectorizado a “la Secretaría”, que tiene por objeto, de acuerdo con su instrumento de creación y estatuto orgánico, realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

Por lo anterior solicito a esta honorable asamblea la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, al doctor Felipe Ignacio Arreguín Cortés, para que se divulgue los estudios y ponga a disposición de los ciudadanos la información relativa al impacto que puede tener la instalación de sistemas de captación de agua pluvial, de acuerdo a las particularidades por las que atraviesan las diferentes comunidades en el país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al maestro Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua, haga pública la forma en que se ha promovido la cosecha de agua de lluvia con propósito de uso doméstico a nivel nacional, qué tecnologías y cuántas instalaciones se han realizado para el suministro de agua a través de sistemas de captación de agua de lluvia, niebla, cisternas, dispositivos de bombeo, filtración y desinfección, igualmente cuales poblaciones se han visto beneficiadas por dichas tecnologías, de acuerdo al Programa Nacional Hídrico 2014-2018.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, Relación del agua, el saneamiento y la higiene con la salud, Enlace URL:
http://www.who.int/water_sanitation_health/facts2004/es/

2 Programa Nacional Hídrico, Enlace URL: http://files.conagua.gob.mx/transparencia/PNH2014-2018.pdf

3 Es un órgano descentralizado de la Comisión Nacional del Agua, que según sus objetivos busca “enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua, perfilando nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para proteger el recurso y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre los distintos usuarios”.

4 Ibídem.

5 Programa Nacional Hídrico 2014-2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de Pemex, para que se haga público el estado actual de las reservas probadas de hidrocarburos en México y la prospectiva real al 2022, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde la caída histórica del precio del petróleo en los mercados internacionales las inversiones en exploración han sufrido un grave detrimento, con el consecuente deterioro del ritmo de reposición de reservas probadas en los últimos cinco años particularmente.

La Ley de Hidrocarburos establece:

Artículo 43. Corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos

I. Emitir la regulación y supervisar su cumplimiento por parte de los asignatarios, contratistas y autorizados en las materias de su competencia y, específicamente, en las siguientes actividades:

...

f) La cuantificación de reservas y los recursos prospectivos y contingentes;

g) La certificación de reservas de la nación por parte de terceros independientes, así como el proceso de selección de los mismos...

El viernes 31 de marzo, diferentes notas de la prensa nacional reportaron la preocupación explícita de la Comisión Nacional de Hidrocarburos respecto a la caída de las reservas probadas.

La agencia Reuters reporta:

... Ciudad de México. Las reservas probadas de hidrocarburos de México bajaron 10.6 por ciento el año pasado para ubicarse en nueve mil 160.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (bpce), afectadas por las menores inversiones hechas por Pemex y la falta de maduración de nuevos proyectos.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) informó que las reservas probadas (1P) -aquellas con el mayor grado de certidumbre- de crudo se redujeron 7.9 por ciento a siete mil 37 millones de barriles.

En cuanto a las de gas natural, del que México es muy deficitario, las reservas 1P sufrieron la mayor baja y descendieron 17.8 por ciento a 10 mil 402 miles de millones de pies cúbicos, anunció.

El descenso de las reservas recuperables de crudo y gas se debió a la declinación en campos maduros y la presencia de agua en algunos, así como una menor actividad debido a una reducción en las inversiones en algunas zonas, de acuerdo a lo presentado por el regulador.

Además, la tasa de restitución de reservas -la capacidad para reponer las reservas probadas de hidrocarburos extraídos con nuevos descubrimientos- se ubicó en 23.4 por ciento al 31 de diciembre del año pasado para crudo y para gas cayó 5.7 por ciento, informó la CNH...

Así, por ejemplo, en el diario Milenio se dice:

... Las reservas de hidrocarburos probadas (1P) disminuyeron 10.6 por ciento de acuerdo con la consolidación realizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) al primero de enero de 2017.7 mil

Las reservas 1P que se consideran las más certeras e importantes para las decisiones de inversión (90 por ciento de probabilidades de llevarse a cabo la extracción de hidrocarburos) se ubicaron en los 9 mil 160.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, los cuales son menores a los de una año antes (10 mil 292.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

Si bien se sigue observando una declinación de éstas, es menor que la registrada el año pasado, cuando se tuvo una baja de 21.5 por ciento.

Las reservas probadas de aceite se situaron en 7 mil 37 millones de barriles y las de gas en 10 mil 402 millones de pies cúbicos, 7.9 y 17.8 por ciento menos que las consolidadas en 2016...

Por su lado, El Universal relató en su nota del mismo día:

... Las reservas probadas de hidrocarburos de México, la más importante en términos de producción, cayeron 10.6 por ciento, fundamentalmente por la disminución de inversiones de la industria petrolera.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) mostró preocupación por los resultados, sobre todo por la caída de las reservas de gas, que ya se está convirtiendo en un tema de seguridad nacional.

Los comisionados del máximo órgano de gobierno de la CNH acordaron recomendar a Pemex y a la Secretaría de Energía presentar acciones concretas para evitar que las reservas sigan cayendo.

Sergio Pimentel Vargas, comisionado dijo que es necesario recomendar a Petróleos Mexicanos analizar sus actividades de exploración y explotación, "porque hay fallas en esta actividad."

Alma América Porres reconoció que las declinaciones "son más fuertes de lo que pensamos".

Durante la cuarta sesión ordinaria del órgano de gobierno de la CNH, Juan Carlos Zepeda, presidente comisionado de la comisión, dijo que los resultados de reservas en materia de gas se están convirtiendo en un tema de seguridad nacional...

Estos datos contrastan con la información disponible en el Sistema de Información Energética de la Sener, que es la siguiente:

Sistema de Información Energética

Petróleos Mexicanos

Reservas de hidrocarburos totales certificadas al 1 de enero (a)

Vigente a partir de 1999

(Millones de barriles equivalentes de crudo)

Ello nos indica que hay en el mejor de los casos una reacción por lo menos tardía de la CNH respecto a una de sus obligaciones fundamentales y peor aun cuando insiste en continuar licitando más rondas para continuar entregando la exploración y explotación de nuestro recurso estratégico a manos transnacionales.

Datos complementarios a los anteriores, sacados del informe de Pemex de 2015, es el siguiente a enero de 2016:

Como se observa, desde entonces la disminución en reservas ya era dramática.

Entresacamos el siguiente comentario del documento Plan quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019. Un proceso participativo , de la Secretaría de Energía, páginas 19 y 20:

3.3. Restitución de reservas La tasa integral de restitución de reservas considera la incorporación por nuevos descubrimientos y por la delimitación, desarrollo y revisión de los volúmenes de hidrocarburos asociados a los campos existentes. Esta tasa se calcula en términos anuales utilizando la siguiente fórmula:

Cuando esta tasa es superior a 100 por ciento en un año, el volumen de hidrocarburos incorporado a la categoría de reserva es mayor en comparación al volumen producido. Incrementar la tasa de restitución de reservas permite incrementar los recursos a los que podrán tener acceso las futuras generaciones de nuestro país. En México, durante 2014, la tasa de restitución integral de reservas probadas descendió a 67 por ciento, mientras que la tasa de restitución de reservas totales por nuevos descubrimientos registró 65 por ciento, como se aprecia en la gráfica 3. Para incrementar esta tasa, el plan quinquenal propone un portafolio diversificado de proyectos. En particular, enfatiza la actividad exploratoria en áreas en las que no se han logrado reclasificar los recursos prospectivos en reservas; un ejemplo es la provincia del Golfo de México profundo. Estos aspectos se analizarán con mayor detalle en la sección cuatro de este documento.

Subsecretaría de Hidrocarburos

Gráfica 3. Producción anual y tasa de restitución de reservas.

Se espera que el incremento de la actividad exploratoria, a partir de la adjudicación de bloques mediante licitaciones, y la migración de asignaciones a contratos por parte de Pemex contribuyan a alcanzar una tasa de restitución de reservas de al menos 100 por ciento, lo cual permitiría la sostenibilidad de la industria petrolera nacional. En los dos capítulos siguientes se describe el potencial petrolero del país y la propuesta de áreas a licitar en los próximos cinco años...

Como se observa, la caída por debajo de 100 por ciento en la reposición de reservas ya se observó con crudeza desde 2013. Nos parece que los datos son suficientemente elocuentes para que esta Cámara ejerza de manera responsable su obligación de vigilar el desempeño de una industria estratégica y clave para el presente y el futuro de la nación como lo es la petrolera.

Menos justificado nos parece que la Sener siga sosteniendo una perspectiva extractivista y agotadora de este recurso estratégico en su mencionado plan de negocios, como lo podemos ver en la siguiente gráfica:

Pensar siquiera, en 2015, en llegar a una producción diaria promedio de 3 millones de barriles diarios, cuando el declive de la transformación en refinación y petroquímica es ya escándalo nacional es un acto de profunda irresponsabilidad con la seguridad energética del país y su visión sustentable.

Todas estas razones nos hablan de lo urgente y más que necesaria y justificada en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de Petróleos Mexicanos a hacer público el estado actual de las reservas probadas de hidrocarburos en México y la prospectiva real a 2022.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación que efectúe una auditoría sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial de Energía a efecto de determinar causas y responsabilidades de la drástica caída de las reservas probadas de hidrocarburos en la industria petrolera nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo de la Paz, en el marco de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN

El 23 de agosto de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución número 67/296, decide proclamar el 6 de abril de cada año, como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, e invita a todos los Estados, el sistema de las Naciones Unidas, a través de la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz; las organizaciones internacionales correspondientes; las organizaciones deportivas internacionales, regionales y nacionales; la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado; y todos los demás interesados pertinentes, a que cooperen y observen el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz con el objetivo de crear conciencia al respecto.

El origen de la fecha del 6 de abril, conmemora la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en Atenas, Grecia, en 1896.

Así entonces, en la ONU se determinó:

El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz nos da la oportunidad de reconocer el potencial del deporte en la creación de un entorno de tolerancia y comprensión, que ayude a promover la paz y el desarrollo, facilitando así la consecución de grandes metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e internacional. Sus valores intrínsecos, como el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego, son entendidos por todo el mundo y se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica...

En sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2016, en esta soberanía se aprobó el decreto por el que se declara la primera de abril como Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, enviándose al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, lo que dio como resultado que el 24 de enero de 2017 se publicó esta conmemoración en el Diario Oficial de la Federación.

En consecuencia, el país está a la vanguardia en las respectivas conmemoraciones, pues en el Marco de esta primera Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte , también celebramos el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz , marcado por la Organización de las Naciones Unidas en este 6 de abril.

El informe final de la quinta Conferencia internacional de ministros y altos funcionarios encargados de la educación física y el deporte, celebrada en Berlín, Alemania, el 29 y 30 de mayo de 2013, en la que se manifiestan Llamamientos a todas las Partes Interesadas, determina Compromisos y Recomendaciones para los Estados, y señala en concreto: “El acceso al deporte como derecho fundamental para todos”; “La promoción de la inversión en programas de deporte y educación física”; y “la preservación de la integridad del deporte”. Por tanto, las partes interesadas habrían de realizar las adecuaciones necesarias en sus Marcos Normativos, así como de emprender las acciones pertinentes en sus estructuras de Gobierno, además de lo referente a los ámbitos social y privado.

Desde el 21 de noviembre de 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura adoptó la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, en la vigésima reunión, en París, donde se determina como finalidad la de “poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica”. Y en sus 10 artículos determina claramente: “La práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos...”; “La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación...”; “Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales...”; “La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado...”; “Para la educación física y el deporte son indispensables instalaciones y materiales adecuados...”; “La investigación y la evaluación son elementos indispensables del desarrollo de la educación física y el deporte...”; “La información y la documentación contribuyen a promover la educación física y el deporte...”; “Los medios de comunicación de masas deberían ejercer una influencia positiva en la educación física y el deporte...”; “Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la educación física y el deporte...”; y “La cooperación internacional es una de las condiciones previas del desarrollo universal y equilibrado de la educación física y el deporte...”

Así, la Carta de las Naciones Unidas proclama la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y por tanto, afirma su resolución de promover el progreso social y elevar el nivel de vida para las personas, con el énfasis en que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte; aunado a que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de la vida en los planos nacional e internacional, por ende la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos subrayando, por consiguiente, que la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humanas, y más aún, integrar la educación física y el deporte en el medio natural equivale a su enriquecimiento, inspira el respeto hacia los recursos del planeta y despierta el deseo de conservarlos y utilizarlos para el mayor provecho de la humanidad entera.

Propiciar las condiciones necesarias para coordinar la articulación de las políticas públicas, en incentivar a la participación de los sectores social y privado con el firme objetivo de reforzar la promoción y fomento de la cultura física y la práctica del deporte en todas sus manifestaciones, para hacer partícipe a la población, y con ello, incentivar también a la implementación de acciones y estrategias focalizadas y específicas que permitan incrementar de manera exponencial la masificación del deporte, así como la cultura física, y en ello implica propiciar consecuencias positivas de acceso a una vida más sana para nuestra población, aunado a la conservación y protección del tejido social y la interacción con el ambiente.

Conmemorar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, y celebrar la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte es marcar como objeto principal la implementación de estrategias claras y periódicas mediante la coordinación institucional en la que se aprovechen de mejor manera los recursos públicos y privados, aunado a incentivar a toda la población para hacerle partícipe activo junto con autoridades y la iniciativa privada a promover y fomentar una vida más digna y sana desde todas las perspectivas, incentivando a la conciencia de nuestra población y para las siguientes generaciones, hagan suyos los beneficios de la cultura de la actividad física y la práctica del deporte.

Ello también implica en consecuencia la aplicación de la ley, así como fortalecer la operación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, con el objeto de mejorar los alcances de las estrategias y programas establecidos, así como incrementar el potencial necesario para beneficiar a nuestra población; aunado a propiciar condiciones encaminadas a incentivar y motivar a las autoridades, a la sociedad y a la iniciativa privada para diseñar, implementar y reforzar programas institucionales con la participación ciudadana, dirigidos a acrecentar la cultura física, al deporte y la recreación en sana convivencia, y así fomentar de manera permanente beneficios para la población del país.

La conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, en el marco de nuestra primera Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte propicia la vigencia y la observancia de todos los antecedentes, así como de la profundidad de la importancia y la preponderancia de su significado para establecer un detonante permanente que ponga la cultura física y el deporte al centro como prioridad de las acciones de gobierno, de la academia, de las empresas, de los sindicatos, del sector salud, de la educación, y de la sociedad para hacer conciencia de los beneficios de una vida más sana, de tal manera que año tras año, continuo, permanente y creciente, se fomente la cultura física y el deporte, trascendiendo el tiempo, y heredando para las siguientes generaciones, una semana para cultura física y para el deporte que se convierta en tradición nacional.

Finalmente, fomentar la cultura física a través de actividades deportivas y recreativas para la población, es elevar el nivel de vida social y cultural de las personas; la preservación de la salud física y mental; así como prevención de enfermedades o rehabilitación; es prevenir el delito y combatir la violencia; es promover la erradicación de uso de sustancias tóxicas y nocivas para el cuerpo; es aprovechar, proteger y conservar nuestro medio ambiente; refuerza la convivencia y la cohesión social; fomenta una vida saludable; entre otros muchos más beneficios que representa para las personas en lo individual y en la sociedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.

Diputada Jacqueline Nava Mouett (rúbrica)

Con motivo del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El ser humano tiene algunas prioridades en la vida, pero quizá la más importante sea la salud, ya que si hay salud, hay esperanza, esperanza de vida, esperanza de poder trabajar, esperanza de formar una familia, entre otras cosas más.

La salud es un estado donde debemos de estar en óptima condición, y es que tener salud no significa solamente estar libres de enfermedades, sino que debemos mantener un correcto equilibrio a nivel físico, mental, pero también tenemos que tener ese mismo equilibrio en lo social y cultural ya que estas últimas son las que nos hace ser mejores personas,

El Día Mundial de la Salud se creó para que la población reflexione, que tanto cuida de su salud, porque la mayoría de las personas no acude a chequeo médico mínimo una vez al año, y se dice mínimo, porque lo recomendable es acudir a revisión médica 2 veces por año.

Debido a la importancia y necesidad de que todos los países ayudaran a conservar la salud de su población, es así como en diciembre del año de 1945, la Organización de las Naciones Unidas (ONU); a propuesta de Brasil y China plantearon formar una Organización Mundial de Salud en beneficio de todos los habitantes del orbe, siendo la ciudad de Nueva York en el año de 1946 la sede en donde se aprobó la constitución de donde nació la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 1948 y estando en funciones, la OMS en la primera Asamblea Mundial de la Salud, propuso fijar una fecha para conmemorar su fundación, es así como se elige el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud, pero es a partir de 1950 que se comienza festejar cada año.1

El Día Mundial de la Salud, tiene como finalidad centrar la atención de las potencias mundiales en la materia, para tratar importantes temas relacionados con la salud pública, que tanto afectan a la comunidad internacional, desde que se instauro este día, cada año la OMS lanza una campaña y trabaja para mejorar la salud física y mental, además que insiste en la necesidad de que todos los países se comprometan a implementen sistemas de salud adecuados que ayuden a prevenir y conservar la salud de todos los individuos, porque si los gobiernos no adecuan sus sistemas de salud en beneficio de sus gobernados, es imposible que los ciudadanos puedan por si solos enfrentar problemas de salud tan graves como son las epidemias.

Todos los años la OMS en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, propone un tema el cual es previamente consensado con líderes mundiales, asociaciones de salud y lo hace extensivo a toda la población en general, para que también puedan proponer algún tema.

Un tema que se debe de resaltar es el avance de la ciencia en temas de salud, la viruela es la única enfermedad infecciosa que se ha podido erradicar esto en 1980, esta enfermedad logró matar al 35 por ciento de las personas que la padecieron, pero que también dejo ciegos o con cicatrices a un gran número de habitantes.2

Una enfermedad que sigue el camino de la viruela , es la poliomielitis , en América Latina ya se erradicó por completo en 1994,3 desafortunadamente donde no se ha podido eliminar totalmente es en algunos países de África y Asia, ya que, por los conflictos bélicos es difícil acceder a implementar un programa de vacunación para poder terminar con este mal. Una enfermedad donde se ha tenido avance hacia su extinción es el tétanos neonatal , este padecimiento es el responsable de que una gran cantidad de recién nacidos mueran en todo el mundo, a pesar de que ya ha sido erradicada en más de 100 países.4

Gracias a los grandes avances de la Ciencia Médica, el mundo está a punto de liberarse de otras enfermedades contagiosas, como son: el Sarampión, la Difteria, la Rubeola y el Tétanos, por eso es muy importante que la población en general acuda a vacunarse, porque de esa manera seguiremos el buen camino para lograr la erradicación total de estas enfermedades que han causado millones de muertes en el mundo.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para las Américas, Organización Panamericana de la Salud. 15 de marzo de 2012.

http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=190:historia-del-dia-mundial-de-la-salud

2. The Carter Center. Mali Reports No Guinea Worm Cases, Disease Remains in Just Three Countries, Carter Center Says. Acesado el 15 marzo 2017.

The Carter Center. Disease considered as candidates for global eradication by the International Task Force for Disease Eradication Acesado el 15 marzo 2017.

http://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/ erradicaci%C3%B3n-de-una-enfermedad

3 Día Mundial de la Salud, Unicef, Enredate.org. 07 de abril de 2016.

http://www.enredate.org/dia_mundial_de_la_salud

4 Enfermedades Contra las Cuerdas Gracias a las Vacunas El Mundo, Cristina G. Lucio 05 de junio de 2015

http://www.elmundo.es/salud/2015/06/05/556f5581ca4741764 d8b45d4.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año desde 1950, para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948.1

La Organización Mundial de la Salud anualmente realiza una campaña que permite llevar a cabo acciones con un tema prioritario sobre la salud que sea de interés para todas las personas a nivel mundial, y este año 2017 eligió como tema la depresión.2

La campaña dio inicio el 10 de octubre de 2016 con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, siendo el objetivo principal que las personas con depresión en todos los países, soliciten y obtengan el apoyo necesario.3

La depresión es un desorden cerebral que aqueja a personas sin distinciones; factores como la pérdida de un ser querido, la pobreza, alguna enfermedad crónica o grave, desempleo o adicciones aumentan las posibilidades de desarrollar depresión.4

Se calcula que esta enfermedad afecta a más de 300 millones de personas de todas las edades y entornos sociales. Se caracteriza por una tristeza profunda; asimismo provoca angustia y perturba la capacidad del individuo incluso para llevar a cabo labores cotidianas que generalmente desemboca en un deterioro en la relación con sus familiares y amigos.5

Cuando el padecimiento se prolonga y pasa de moderado a grave, causa mucho sufrimiento, alterando la actividad laboral, escolar o familiar de las personas, y convirtiéndose en un problema serio de salud pues puede llegar al suicidio.6

El suicidio es la segunda causa de muerte en la sociedad de entre 15 y 29 años de edad, más de 800,000 personas al año7 y es la primera causa mundial de discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).8

Existen tratamientos eficaces para la depresión, sin embargo, el 90% de los afectados a nivel mundial no reciben los tratamientos apropiados debido a la falta de recursos, diagnóstico incorrecto y la falta de capacitación en el tema por parte del personal del sector salud.9

Actualmente, en México nos estamos enfrentando con otro grave problema, ya que el número de adultos mayores va en aumento. En el año 2005 significaba alrededor de 5.4% de la población, pero para el año 2025 será de 10 a 12% aproximadamente, además se calcula que para 2050 represente una cuarta parte de nuestra población.10

En mujeres mayores de 60 años, la depresión es el padecimiento afectivo más frecuente; la mayoría de los casos se presenta como tristeza, llanto, aislamiento, problemas para concentrarse, insomnio, debilidad y, en algunos casos, deseos de suicidio.11

La depresión se puede prevenir y tratar si se tiene un diagnóstico a tiempo, correcto y un tratamiento oportuno, lo cual haría una gran diferencia en el proceso de recuperación de la persona.12 Sin embargo, el principal obstáculo para su detección y tratamiento está en su comprensión, pues como sociedad minimizamos la enfermedad y la relacionamos con una etapa pasajera y normal de tristeza, cuando es mucho más que eso.

Las instituciones de salud pública de nuestro país ya llevan programas para combatir la depresión, incluso la depresión en adultos mayores.13 Sin embargo, debemos estar preparados para el incremento en la población adulta mayor en nuestro país y realizar campañas de sensibilización para quitar el tabú que hay detrás de esta enfermedad.

Es responsabilidad de todos sumamos al tema y dar mayor prioridad a la salud mental, orientando tanto a las personas que padecen algún síntoma, así como a sus familiares para que acudan con un especialista, sean atendidos a tiempo y puedan llevar una vida activa y digna.

La mayoría de nosotros cuidamos nuestra salud física, pero muy pocas veces le tomamos la importancia necesaria a la salud mental, sin saber que en muchas ocasiones es el detonante de nuestros padecimientos físicos.

Es urgente que elaboremos acciones legislativas suficientes, concretas y eficaces, para enfrentar este grave problema de salud pública en beneficio de toda la población.

Notas

1 "Historia del día mundial de la salud". Organización Panamericana de la Salud.

http://www.paho.or col/index.php?option=com_content&view=artícle&id=190:hístoria-d el-dia-mundial-de-la-salud

2 Día Mundial de la Salud 2017, Hablemos de la depresión

http://www.who.int/campaigns/world-healthdav/2017/event/ es/

3 OMS. Campañas mundiales de salud pública de la OMS, La campaña de un vistazo, http://www. who.int/campaigns/world-health-dav/2017/campaign-essentials/es/

4 Día Mundial de la Salud 2017 / 7 de abril, Depresión. Hablemos, http://www.paho.org/world-healthday/?lang=es

5 OMS. La Depresión, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/

6 OMS. Centro de Prensa. “Generalidades”. http://who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/

7 OMS. Centro de Prensa. Suicidio “Introducción”.

http://who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/

8 “México Social: Depresión: Un signo de alarma”. Excélsior. 4 de octubre de 2016.

http://excelsior.com.mx/nacional/2016/10/04/1120468

9 OMS. La depresión. OMS. http://who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/

10 Archivos de Medicina Familiar, “La depresión en el adulto mayor: una perspectiva clínica y epidemiológica desde el primer nivel de atención”.

http://www.redalyc.org/pdf/507/50730962002.pdf

11 Ídem.

12 OMS. Centro de Prensa. “Generalidades”. http://who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/

13 IMSS. http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/preguntas-de-salud/depresion-adul tomayor

Dado en el Palacio Legislativo, a 6 de abril de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)