Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 congresos locales a realizar las acciones conducentes a restringir las actividades de las escuelas taurinas y cancelar todo financiamiento gubernamental destinado a las corridas de toros en los estados donde se declaró patrimonio cultural inmaterial la tauromaquia, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado tiene la obligación de regular la celebración de diversos eventos y la distribución de productos que, por su naturaleza, no son aptos para menores de edad, por lo cual deben ser restringidos, como es el caso de algunas películas, el alcohol o el tabaco.

En el caso de los espectáculos, existen algunos que en virtud de sus características contienen violencia en diferentes grados, por lo cual deben ser sujetos de regulación restrictiva, a fin de que únicamente puedan asistir a ellos personas con una madurez intelectual desarrollada que les permita asimilar de manera correcta lo que sus sentidos perciben, como en el caso de las corridas de toros.

Lamentablemente, existen algunas entidades federativas en nuestro país que, lejos de contar con un control estricto respecto a los grupos de edad que tienen acceso a los espectáculos taurinos, mantienen un esquema de protección hacia la llamada “fiesta brava”, la cual ha llegado a ser declarada patrimonio cultural, como es el caso de los siguientes estados:

Observaciones

Aguascalientes

El 17 de octubre de 2011 se convirtió en la primera entidad en considerar a la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial, apoyándose en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en Francia en 2003 y aprobada por la Cámara de Senadores el 27 de octubre de 2005. En el decreto se señala que la fiesta de toros y la charrería son las dos actividades más representativas de la mexicanidad y que Aguascalientes tiene un vínculo cultural arraigado con esa tradición. Se establece la designación de un Comisionado Taurino por parte del Ejecutivo Estatal y al Instituto de Cultura del Estado como responsable de la protección de la Fiesta de Toros en calidad de patrimonio cultural inmaterial.

Colima

En enero de 2016 el Congreso del Estado declaró a los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez como Patrimonio Cultural Intangible. El decreto se apoya en el concepto dado por la ONU sobre patrimonio cultural inmaterial. Se establece que será la Secretaría de Cultura del Estado quien deberá garantizar la protección y promoción de las Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez.

Guanajuato

El 14 de mayo de 2013 se aprobó el decreto que considera a la Fiesta Charra y la Fiesta Taurina como patrimonio cultural intangible de Guanajuato. Indica que en su territorio se asientan importantes ganaderías y resalta el aporte de estas fiestas en el ámbito social, cultural y económico. Dentro de los tres artículos del decreto, se establece la integración de un comité encargado de vigilar la viabilidad del Patrimonio Cultural Intangible de la Fiesta Charra y la Fiesta de Toros.

Hidalgo

El 23 de agosto de 2012 se aprobó un decreto que declara a la fiesta de toros como patrimonio cultural inmaterial y se instruye a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado a que lleve a cabo acciones conducentes a su salvaguarda. Se apoya en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Indica que en este estado se realizan más de 50 corridas al año y vincula la tauromaquia con diversas expresiones culturales de la entidad.

Michoacán

El 4 de septiembre del 2014, el Congreso de Michoacán declaró a la charrería y la fiesta de toros como patrimonio cultural inmaterial del estado.

Querétaro

El 14 de diciembre de 2012 se aprobó el decreto que toma como fundamento la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y el Coloquio Internacional “La Fiesta de los Toros; Un patrimonio Cultural Inmaterial Compartido” celebrado en Tlaxcala en enero de 2012. El decreto establece que la fiesta de los toros en Querétaro, junto a otras históricas costumbres y tradiciones, es producto de la mezcla cultural de dos sociedades, la española y la mexicana, que se identifican en una mezcla de gozo y respeto a las fiestas y tradiciones. Se autodenomina como el segundo Estado con mayor número de ganaderías, con 32; y señala que en el 80% de sus municipios se encuentran espacios propios para las corridas de toros. El decreto establece además que el tercer fin de semana del mes de mayo se celebrará un festival taurino en Querétaro para conmemorar esta tradición.

Tlaxcala

Con la finalidad de salvaguardar su interés público y establecer acciones gubernamentales para preservarlo y fortalecerlo, se presentó iniciativa para declarar a la fiesta de los toros como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala. En la exposición de motivos se expresa que ésta es considerada parte integral de la cultura y definida como un arte.

Zacatecas

El 22 de octubre de 2012 se aprobó el decreto que define a la fiesta taurina como tradición popular, misma que debe ser protegida. Se realza el compromiso del estado por la preservación del patrimonio cultural, siendo la fiesta taurina una tradición aceptada por los zacatecanos, ya que se considera como la cuna del toro bravo.

En el Partido Verde Ecologista de México, al igual que en otras tantas organizaciones políticas y de la sociedad civil, tanto del ámbito nacional como internacional, nos hemos pronunciado reiteradamente en contra de la realización de corridas de toros, pues lejos de considerar esta práctica como algo susceptible de ser reconocido y protegido por su valor cultural, consideramos que éstas deben ser prohibidas por implicar dolor y humillación para los toros de lidia, de los cuales se abusa para entretener a un público y/o generar algún beneficio económico.

Los pronunciamientos en contra de la fiesta taurina se concentran fundamentalmente en la necesidad de proteger la vida e integridad de los animales, argumento que en el Partido Verde compartimos plenamente, sin embargo, consideramos igualmente importante, en tanto se logran erradicar las corridas de toros de modo definitivo en nuestro país, alejar a las niñas, niños y adolescentes mexicanos de un espectáculo particularmente cruel y sangriento como lo son las corridas de toros, así como otras actividades asociadas a éstas.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas ya se ha pronunciado por medio del Comité de los Derechos del Niño, el cual vigila la correcta aplicación de las directrices plasmadas en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento jurídicamente vinculante que reconoce los derechos humanos de las personas menores de 18 años, y que ya ha sido ratificado por México.

En cuanto al tema de la tauromaquia y los niños, el Comité basó sus consideraciones en base a las Observaciones Finales CRC/C/MEX/CO/4-5 publicadas el 8 de junio de 2015, las cuales fueron resultado de los Informes Periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México, y en donde se señaló lo siguiente:

Violencia contra los niños

31. Si bien acogemos favorablemente las disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prevé la adopción de leyes y políticas públicas a nivel federal y estatal para prevenir, atender y sancionar la violencia contra los niños, el Comité está preocupado por la aplicación efectiva de estas disposiciones y la extensa impunidad que prevalece en los casos de violencia contra los niños. El Comité está particularmente preocupado por:

(d) El bienestar físico y mental de los niños que acuden a escuelas taurinas y participan en corridas de toros y otros espectáculos asociados a ellas, así como por el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que están expuestos a la violencia de las corridas de toros.

32. A la luz de la observación general N° 8 (2006) sobre el derecho de los niños a ser protegidos contra los castigos corporales y otras formas crueles o degradantes de castigo y la N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a ser protegido de todas las formas de violencia, el Comité insta al Estado Parte a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales dirigidas a prevenir y sancionar todas las formas de violencia, así como ayudar y proteger a los niños víctimas. El Estado Parte también debería:

(g) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la prohibición de la participación infantil en escuelas taurinas y corridas de toros por estar consideradas como una de las peores formas de trabajo infantil, así como tomar las medidas necesarias para protegerlos, en su calidad de espectadores y aumentar la conciencia de la violencia física y mental asociada con la tauromaquia y el impacto que genera en los niños.

Como se observa, la principal preocupación del Comité de los Derechos del Niño es proteger la integridad física de los menores (en cuanto al trabajo), así como su desarrollo mental, puesto que exponerlos a actividades relacionadas con la tauromaquia puede conllevar a efectos traumáticos, derivados del acceso a imágenes de animales que son sometidos con crueldad, lo cual es a todas luces inadecuado e impactante para un niño o niña.

Pero no sólo es preocupante el hecho de facilitar la exposición de los menores a imágenes violentas al permitirles el acceso a las corridas de toros como espectadores, sino que resulta igualmente nociva para los niños su participación en otras prácticas relacionadas con la fiesta taurina, tal como lo señala el inciso (g del informe referido con anterioridad, el cual establece que las escuelas taurinas también deben ser consideradas como actividades objeto de restricción.

La finalidad de prohibir que los niños asistan a escuelas taurinas es evitar que éstos perciban a la violencia como algo socialmente aceptado y valorizado, lo cual puede degenerar en una perturbación en el sentido de los valores, de tal forma que la violencia hacia los seres vivos se arraigue dentro del esquema ético del menor.

A pesar de lo anterior, existen entidades federativas con una amplia permisividad para la operación de escuelas taurinas como es el caso de las siguientes:

En este contexto, es claro que en nuestro país existen prácticas que contradicen las disposiciones de la Convención ratificada por el Estado mexicano, las cuales atentan en contra del derecho de los menores a acceder a una vida libre de violencia y por tanto resultan inaceptables.

Siguiendo las ya referidas recomendaciones emitidas por la ONU, las cuales se refieren a las peores formas de trabajo infantil, debemos tener en cuenta que se considera probable que estas actividades generen un daño en la salud, la moralidad o la seguridad de los niños.

Es en este sentido que el presente punto de acuerdo pretende coadyuvar con el esfuerzo realizado por el Estado mexicano en favor de la protección de los derechos de los niños a través de la prohibición de actividades que vulneren su seguridad y desarrollo como individuos integrantes de la sociedad.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México defendemos la protección animal, pero sobre todo, nos oponemos a las actividades que atenten contra los derechos de nuestros niños y niñas y las cuales ya se señalan por parte de la comunidad internacional y académica como actividades que inciden en la interacción social de modo particularmente nocivo, motivo por el cual se hace necesaria la intervención del Estado. Tal es el caso de la incitación a la violencia a la cual exponen los padres aficionados a la tauromaquia a sus hijos de manera reiterada, generando una habituación a las prácticas y costumbres violentas.

En congruencia, también nos pronunciamos para que los Congresos locales tomen medidas para proteger los derechos de los niños y niñas mexicanos a fin de cumplir con las directrices establecidas por la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos locales de las 32 entidades federativas para que, en virtud de sus atribuciones, realicen las acciones conducentes a restringir las actividades de las escuelas taurinas, a fin de que el ingreso de menores sea prohibido.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales de Aguascalientes, Colima , Guanajuato , Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala, y Zacatecas, estados en donde se declaró a la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, para que se realicen las acciones necesarias conducentes a cancelar todo tipo de financiamiento gubernamental destinado a las corridas de toros.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de septiembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a iniciar en el ámbito de sus atribuciones las investigaciones correspondientes para determinar la legalidad del monto pagado por la terminación de la relación laboral del ex director general de la Comisión Federal de Electricidad Enrique Ochoa Reza, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rocio Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. Morena ha guardado una posición crítica respecto al destino que les depara la reforma energética a nuestras ahora empresas productivas del Estado, ya que fueron lanzadas irresponsablemente a una abierta competencia de mercado con serios lastres no resueltos por el legislativo ni por el ejecutivo.

El caso que nos ocupa, el de la CFE, es igualmente un caso de necia obstinación dogmática por el mercado en una industria de profundo contenido social, y más aún cuando el país ha venido sufriendo una cada vez mayor concentración de la riqueza.

El primer golpe desmantelador del patrimonio construido en las décadas del sector eléctrico nacionalizado lo constituyó el golpe de octubre de 2009 con la destrucción de Luz y Fuerza del Centro, ya que dicha empresa era poseedora de importantes avances en la ingeniería mexicana, por su capacidad de proyectar, construir y mantener con mano de obra altamente calificada el sistema eléctrico en la zona central del país. Hoy en contraste, por ejemplo, cada pozo de transformadores en el centro histórico de nuestra capital tuvo que ser pintado de colores de riesgo ante las continuas explosiones que padecieron los capitalinos en los años posteriores al 2009, hasta que CFE decidió por fin modernizar la red subterránea.

Pero la ofensiva final del neoliberalismo lo ha sido la modificación a los artículos constitucionales que ahora obligan a implementar un modelo de competencia en los segmentos más rentables de la industria. Y esto es así, porque a pesar del modelo y de la convicción oficial mercantilista, la necedad social se impuso y la CFE seguirá a cargo de la parte más costosa de la industria, como son el ahora llamado servicio básico o la atención a las emergencias sociales por eventos catastróficos.

La nueva normatividad obliga a FRAGMENTAR a la CFE en seis empresas de generación, otra de transmisión, otra corporativa y otra de distribución con 16 unidades de negocio diferenciadas, perdiendo con esto muchos logros y ventajas operativas y técnicas, que obedecían a los distintos principios fundacionales de la empresa.

Para poder enfrentar este “achicamiento” irracional y desventajoso de la empresa se procedió a impulsar una campaña insidiosa que al igual que se hizo con los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, permitiera colocar a los trabajadores de la CFE como unos vividores privilegiados ante la opinión pública, de tal manera que sus legítimas conquistas laborales y sociales pudieran entrar en una larga fase de desmantelamiento.

Estos gobiernos neoliberales sí que impulsan la igualdad social, pero siempre para abajo, destruyendo logros y emparejando en el empobrecimiento a los diferentes sectores de los trabajadores y de la sociedad. Con esto logran consolidar los privilegios de las élites sociales y políticas y profundizar la polarización social en México, que ya es escandalosamente peligrosa para la estabilidad social y política del país.

Resultado de todas estas contradicciones, amplios sectores sociales han impulsado una lucha por alcanzar tarifas eléctricas más accesibles a su tan decaído poder adquisitivo, y de este modo se ha venido acumulando una gran cartera vencida en contra de las finanzas de la CFE, que junto con un insuficiente subsidio a la misma para sostener las tarifas baja y media del consumo básico, más el incremento de costos en la energía comprada a los privados, ha sido una ensalada venenosa que hoy tiene a la CFE con un déficit de más de 93,000 millones de pesos a diciembre de 2015.

A pesar de estos amenazantes números, el ejecutivo se obstinó en echar a andar un mercado eléctrico que lo único que logrará será quitarle a la CFE sus mejores clientes, los grandes consumidores, y dejarle a nuestra empresa productiva del estado su déficit operativo y sus obligaciones sociales.

Segundo. El Grupo Parlamentario de Morena ha señalado en diversos momentos que la corrupción imperante en las altas esferas de Gobierno es el distintivo de un régimen político que ha privilegiado a los grandes intereses económicos por encima de las necesidades nacionales. Al amparo de la impunidad y de corrupción se han amasado grandes fortunas, de las que se han beneficiado los propios funcionarios públicos, protagonistas de escándalos que han deteriorado la imagen del gobierno y han provocado un gran malestar social.

Uno de esos funcionarios es el ex director de la Comisión Federal de Electricidad y actual presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, envuelto en conflictos de interés con la empresa OHL, asunto denunciado por Morena y a la fecha no aclarado.

Ahora diferentes medios de comunicación han publicado que a pesar de que Ochoa Reza renunció a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad apenas el pasado 24 de agosto del año en curso, se presentó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para recibir un cheque por la cantidad de un millón 206 mil 271 pesos, como parte de su “indemnización” por dejar la titularidad de la empresa, acto avalado por el subgerente de Relaciones Laborales de la CFE, Jaime Tadeo Castelán Olguín. No obstante de que CFE proceso la salida de Ochoa el 8 de julio como “separación voluntaria” por la que le pagó 213 mil 565 pesos por concepto de nómina y al día siguiente aparece en la base de datos de empleados con el estatus laboral como “reajuste”.

Así lo describió la publicación del domingo 25 de septiembre un diario de circulación nacional.1

“... de acuerdo con especialistas laborales, previamente, firmó un convenio fuera de juicio, el cual se presenta en casos donde la empresa despide al trabajador.

El ahora dirigente priista recibió el cheque número 0000272 de Banco Santander, fechado el día 18 de agosto de 2016.

El pago comprende una compensación equivalente a 120 días de salario diario integrado, más 86.84 días, a razón de 35 días de salario integrado, por cada año de servicios presentados, entre otros conceptos...”.

La normatividad en que se sustenta dicho pago es el “Manual de Trabajadores de los Servidores Públicos de Mando para la Comisión Federal de Electricidad”. Con la finalidad de justificar el pago, la Gerencia de Relaciones Laborales de la CFE, emitió el dictamen No. T.L.49/2016 de terminación de la relación laboral en beneficio de Ochoa y se fundamenta en el artículo 33, Fracción II, como podemos verlo en la siguiente imagen:2

Considerando la norma y lo que ha declarado el abogado Roberto Martínez de la CFE. “El caso de Ochoa no obtuvo privilegio alguno ya que se consideró la fracción II. Argumenta que, aun cuando Ochoa dejo el cargo voluntariamente, el termino del contrato bajo la “cláusula de liquidación” y no de voluntad propia. La cláusula de término de contrato por voluntad propia, que implica una liquidación menor, sólo aplica en los casos en los que el trabajador expresa su deseo unilateral e irrevocable de abandonar su puesto.

En el caso de Ochoa Reza, el caso NO es UNILATERAL sino de mutuo acuerdo entre el interesado y el Titular del Ejecutivo quien acepta la RENUNCIA. Por ello, subrayó, aplica la cláusula de liquidación.

“Es un procedimiento ordinario estándar que no se estableció en esta Administración ni en la anterior; es un manual que está desde el año 2002”.

Pero ¿cuál fue la razón para otorgar dicho pago? En su declaración 3de33 (declaración de conflicto de interés), Ochoa Reza reportó –como se puede ver en la siguiente imagen- los cargos en los que se ha desempeñado en los últimos 5 años. Inició su administración como titular de la CFE el día 5 de febrero de 2014 y reporta como fecha de término el 8 de julio del 2016; es decir, su cargo solo lo desempeñó por 2 años 153 días.

¡Es muy claro que hubo privilegios al otorgar el pago de la liquidación a Ochoa Reza toda vez que se violó la norma!!!!!

De acuerdo al manual de CFE...

“Artículo 33. Separaciones

Fracción I. Por voluntad propia:

En los casos de separación voluntaria del trabajador por cualquier causa... la CFE entregará la compensación equivalente...

Después de tres años de servicio y hasta siete años, 80 días ...”

El ex titular de CFE, ni siquiera cumplió con el primer requisito establecido en la norma para tener derecho a pago alguno. Por otro lado este manual no prevé pago a trabajadores que hayan ofrecido su servicio hasta tres años o menos.

De acuerdo con la prensa nacional, “el abogado de CFE, Roberto Espinoza afirma no haber un trato distinto en el caso de Ochoa Reza”. Sin embargo, y analizando la norma a la que hace referencia y los artículos aplicables, en dicho manual NO existe cláusula o artículo alguno en el que se establezca que el término de contrato por voluntad propia, solo aplicará en casos en los que los trabajadores expresen su decisión unilateral e irrevocable de abandonar su puesto. Es decir, no se establece que para dicho procedimiento, en específico del Director General de la CFE y casos similares, sea necesaria la intervención de algún tercero o del propio Titular del Ejecutivo para que esta pueda ser aplicable, ni tampoco se dispone algún caso de excepción.

Tercero. Para Morena estos hechos son reprobables toda vez que la normatividad no es aplicada con la misma rigurosidad, por ejemplo: con los trabajadores de Luz y Fuerza que estaban a un día de alcanzar su jubilación conforme lo marcaba su contrato colectivo en las fechas del 11 de octubre de 2009, y fueron miles de trabajadoras y trabajadores que sufrieron esta inflexibilidad.

Igualmente en la última revisión contractual que Ochoa Reza encabezó con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y la CFE, se revisaron a la baja las condiciones de jubilación de los trabajadores electricistas, retirándoles por ejemplo el aguinaldo, o promediándoles el salario de los últimos cuatro años para establecer la cuota de jubilación (cláusula 69 CCT CFE-SUTERM) igualmente se elevaron los requisitos de jubilación, “los hombres siempre y cuando hayan cumplido 30 años de servicios y 65 años de edad, o 40 años de servicios sin límite de edad; las mujeres de 30 años de servicios y 60 de edad o 35 años de servicios sin límite de edad”. Se les puso la limitante de no incrementar el monto de su pensión en el mismo porcentaje que se aumenten los salarios de los trabajadores activos como había sido hasta ahora, sino de acuerdo al índice Nacional de Precios al Consumidor.

Nuevamente, mano dura con los trabajadores, por sus “COSTOS PRIVILEGIOS” y una inexplicable, generosa e ilegal mano ancha para uno mismo y cuatro directores más.

Tal parece que hablamos de dos tipos de mexicanos, los que tienen derecho a una vida digna y solvente y la “prole” despojada y despreciada, sin derecho a la vejez digna después de muchos años de servir a una empresa estratégica, que es además de alto riesgo para miles de ellos que trabajan en contacto con equipos y líneas vivas o energizadas.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie las investigaciones correspondientes para determinar la legalidad del monto que se pagó por la terminación de la relación laboral del ex titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, de conformidad con el Manual de los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad y de la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, y de comprobarse un hecho de corrupción en el pago de la indemnización de Enrique Ochoa Reza, aplique las sanciones correspondientes a los servidores públicos involucrados en el pago indebido y exija a este ex funcionario la devolución del monto al que no tenía derecho.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie una auditoria a la aplicación del Manual de los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad, con el que se han otorgado indemnizaciones privilegiadas a los altos mandos de esta Empresa Productiva del Estado.

Notas:

1 Renuncia Ochoa... y CFE lo liquida, REFORMA/Redacción, Con información de Karina Suárez, domingo 25 de septiembre 2016.

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.asp x?id=947272&v=5

2 Manual de Trabajadores de los Servidores públicos de Mandos la Comisión Federal de Electricidad, Normateca, CFE, Gobierno, Ciudad de México. http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecaInternetDoc/NORMATIVIDAD %20ADMINISTRATIVA/Manual/2016826111933753.pdf

3 El Consejo de Administración aprobó el 26/08/2016. Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando para CFE. http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/aplicacion/Publico/ConsejoAdminis tracion.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de septiembre de 2016.

Diputada Rocío Nahle García (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Servicio de Administración Tributaria a atender, en el ámbito de su competencia y en el marco de la elaboración de las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal de 2017, los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, suscrita por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Guadalupe Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 31 distintas obligaciones de los mexicanos, entre las cuales en su fracción IV se señala la de contribuir para los gastos públicos, señalando que dicha contribución se realizara de manera proporcional y equitativa de acuerdo a lo que dispongan las leyes.

II. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que cuenta con el carácter de autoridad fiscal el cual tiene entre sus responsabilidades la de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras.

III.- En ese sentido y con fecha del 27 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 las cuales en su capítulo 3.4. establece los criterios para la importación de mercancía de uso personal para residentes fronterizos y en el apartado 3.4.1. señala lo siguiente:

3.4.1. Para los efectos del artículo 61, fracción VIII, de la ley, las personas mayores de edad que sean residentes en la franja o región fronteriza, por las mercancías que importen para su consumo personal, deberán cumplir con lo siguiente:

I. El valor de las mercancías no deberá exceder diariamente del equivalente en moneda nacional o extranjera a 150 dólares.

II. Los residentes que ingresen a territorio nacional en vehículo de servicio particular y en él se transporten más de dos personas, el valor de las mercancías que importen en su conjunto no deberá exceder del equivalente en moneda nacional o extranjera a 400 dólares.

IV. En ese orden de ideas, el capítulo 3.2.3 de dichas reglas establece las franquicias que habrán de cubrir los pasajeros en viajes internacionales, ya sean residentes en el país o en el extranjero, así como de los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza con destino al resto del territorio nacional además de contemplar el supuesto de que las franquicias de los integrantes de una misma familia podrán acumularse si estos arriban a territorio nacional simultáneamente y en el mismo medio de transporte conforme a lo siguiente:

I. Cuando el pasajero ingrese al país por vía terrestre: mercancías con valor hasta de 300 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera.

II. Cuando el pasajero ingrese al país por vía aérea o marítima: mercancías con valor hasta de 500 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera.

V. La exposición de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 en su fracción I denominada “Reforma social y hacendaria” señala que en consistencia con lo establecido en los ejes “México incluyente” y “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la presentación del Paquete Económico incluía una iniciativa de reforma social y hacendaria, haciendo mención de que las modificaciones al sistema tributario tienen entre sus objetivos el de dotar al país con un sistema fiscal más justo y más simple.

VI. De igual forma dicha exposición de motivos en su punto 2 denominado “Medidas para mejorar la equidad del sistema tributario” señala que la propuesta de reforma hacendaria está orientada a mejorar la equidad del sistema tributario del país y a acotar o eliminar tratamientos especiales, garantizando un trato equitativo a personas con capacidades contributivas similares, en ese orden de ideas y de acuerdo a la multicitada exposición de motivos por parte del Ejecutivo federal, las modificaciones relativas a la modificación al impuesto al valor agregado (IVA) “Están dirigidas a eliminar los tratamientos excepcionales más regresivos. Así, se propone homologar la tasa fronteriza con el resto del país.”, de tal forma que con estas justificaciones se llevó acabo la homologación a 16 por ciento del impuesto al valor agregado en todo el territorio nacional, quitando así la tasa preferencial de 11 por ciento que existía en la zona fronteriza.

VII. Tomando en cuenta lo anterior y tal y como se desprende del considerando III y IV de la presente propuesta, las franquicias y reglas aplicables para los residentes en la franja o región fronteriza no abonan a conseguir los objetivos del Ejecutivo federal planteados en los considerandos V y VI, sumado a esto la diferencia que existe entre las mismas, carece de justificación o argumento de trascendencia para que continúen aplicándose en virtud de que estas son mucho menores a las que tienen derecho los habitantes del resto del país, situación que atenta contra los principios constitucionales de igualdad y equidad, por lo que en congruencia con los objetivos del orden jurídico vigente es imperativo que todas las disposiciones legales guarden armonía y procuren el estricto cumplimiento del orden constitucional.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria, para que en el ámbito de su respectiva competencia y en el marco para la elaboración de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal de 2017, atienda a los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y realice las siguientes acciones:

a) Homologue las franquicias a las que tienen derecho los residentes en la franja o región fronteriza con las que disfrutan los habitantes del resto del país;

b) Homologue las franquicias de los residentes de dicha franja o región que ingresan a territorio nacional en vehículo de servicio particular con las franquicias del resto de los pasajeros que ingresan al país y a su vez permita que al igual que estos últimos los residentes puedan beneficiarse del criterio que permite que las franquicias de los integrantes de una misma familia puedan acumularse si éstos arriban a territorio nacional simultáneamente y en el mismo medio de transporte; y,

c) Se elimine el tope máximo contenido en la fracción I del capítulo 3.4.2 y se apliquen los mismos criterios de su correlativo 3.2.2 en beneficio de todos los mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputados: Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a cumplir las acciones señaladas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo y difundir sus avances, suscrita por la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Jorgina Gaxiola Lezama, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes: ocurren 77 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años, y tan sólo en el periodo de 2013-2014 se registraron 394 nacimientos en niñas de 10 años, según datos obtenidos de la asociación Save the Children.

Asimismo, la misma asociación refiere que 1 de cada 5 nacimientos en México es de una mujer adolescente menor de 20 años de edad; que una tercera parte de los embarazos adolescentes no son planeados; que un 40% de estos embarazos ocurren en estratos socioeconómicos bajos; y que el acceso a los métodos anticonceptivos no es equitativo en todas las entidades federativas de nuestro país.

Las consecuencias que derivan del embarazo en mujeres adolescentes son un tema que debe atenderse prioritariamente. El 11.8 por ciento de ellas desertan de la educación media superior a causa del embarazo; y 59 por ciento de entre 12 y 19 años de edad sólo cursó hasta la secundaria, situación que las coloca en un contexto de gran vulnerabilidad económica.

Aún más alarmante y urgente de atender es la elevada tasa de mortalidad a causa del embarazo en la adolescencia. De 2010 a 2014, se presentó un alza de 12.71 por ciento a 13.89 por ciento, lo que significa un aumento de 137 a 142 muertes maternas. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años.

Las causas que dan origen a dicha situación sin duda están relacionadas con la falta de educación y, en general, con la ausencia de políticas públicas dirigidas específicamente a esta parte de la población que por décadas no había sido atendida, lo que derivó en un grave problema de salud pública en nuestro país.

El embarazo en adolescentes es un tema que requiere de la intervención de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Es indispensable que se garantice la implementación de acciones que permitan que las niñas y adolescentes estén más informadas sobre las consecuencias de la maternidad precoz.

El actual gobierno de la República ha emprendido diversas acciones para disminuir los embarazos en adolescentes a través de una estrategia multisectorial denominada Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (Enapea), cuyo objetivo fundamental es reducir el número de embarazos en este sector de la población, con absoluto respeto a los derechos humanos y a los derechos sexuales y reproductivos. Los objetivos específicos de la Estrategia incluyen:

1. Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas de las y los adolescentes en México;

2. Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo;

3. Asegurar el acceso efectivo a los métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada, para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad;

4. Incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud sexual reproductiva para adolescentes; y

5. Garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada.

Uno de los elementos indispensables para la exitosa implementación de la Enapea es la coordinación interinstitucional, así como la obligatoriedad de las 32 entidades federativas para incluir, dentro de sus normas y prácticas locales, el acceso de manera simple y efectiva de la población a todo tipo de métodos anticonceptivos. Se enfatiza particularmente el acceso a los preservativos y su uso para la prevención del embarazo y para evitar enfermedades de trasmisión sexual.

A dos años de su presentación, la Estrategia Nacional ha logrado avances importantes. Para 2015, el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) acordó impulsar la conformación de un Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) en cada una de las 32 entidades federativas, tomando el modelo federal como referencia y considerando las características específicas de cada estado. Al término de ese año, 15 entidades federativas ya contaban con dicho grupo: Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Jalisco, estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Asimismo, el Consejo Nacional de Población (Conapo), como instancia coordinadora del GIPEA, se encuentra dando seguimiento a la conformación de los referidos grupos estatales y a los convenios suscritos por todas las entidades federativas con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

También se ha logrado implementar el Plan de Monitoreo y el Esquema General de Evaluación de la Enapea, el cual tiene como propósito focalizar las acciones interinstitucionales para la disminución de la prevalencia del embarazo en adolescentes, así como la construcción y mantenimiento de la página web para adolescentes ¿Cómo le hago? (http://comolehago.org), la cual pretende ser una vía para proporcionar información confiable en temas clave como el ejercicio saludable de la sexualidad, la prevención del embarazo no planeado y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Al concluir 2015, este portal había registrado 30 mil 538 usuarios, de los cuales el 63.5 por ciento son mujeres y el 36.5 por ciento son hombres.

Estrategias como las campañas de comunicación social “Prevención del embarazo no planeado e infecciones de transmisión sexual en adolescentes” y “Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro”, son evidencias del proceso de consolidación de la Enapea.

No obstante, aún hay entidades federativas en las que se desconoce el avance en la constitución de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente; así como las acciones y resultados de la implementación de las Mesas Interinstitucionales de Prevención y Atención de Embarazo en Adolescentes; razón que da origen al presente punto de acuerdo.

Para el Partido Verde Ecologista de México, un sistema de salud sexual y reproductiva adecuado debe responder a las necesidades y expectativas actuales de la sociedad. Debe abordar la problemática de manera abierta e incluyente, y dotar a la ciudadanía de la información necesaria para que pueda desarrollar una vida sexual sana y responsable. Reconocemos los avances logrados; no obstante, consideramos que una estrategia tan importante como la Enapea requiere de trabajo y seguimiento constante y coordinado, por lo que ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que den cumplimiento a las acciones señaladas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, específicamente en los siguientes rubros:

1. Constitución de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes;

2. Implementación de las Mesas Interinstitucionales de Prevención y Atención del Embarazo en Adolescentes para la obtención de resultados

3. Articulación de las dependencias e instituciones estratégicas del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y

4. Alineación de acciones en materia de salud sexual y reproductiva, y reducción del embarazo en adolescentes, con la finalidad de cerrar brechas sociales y dar la oportunidad a los jóvenes para desarrollar un proyecto integral de vida en educación y salud.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, difundan los avances de las acciones propuestas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputada Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Profeco a reforzar la atención de quejas presentadas por usuarios de servicios de telecomunicaciones, suscrita por la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Jorgina Gaxiola Lezama , en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Para impulsar el desarrollo de la red en telecomunicaciones en México, fomentar la competencia y la mejora en la calidad de los productos ofrecidos a los consumidores, el Poder Ejecutivo y Legislativo impulsaron la reforma en telecomunicaciones, con la finalidad de crear una nueva arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de competencia en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, con una serie de fundamentos cuya base fue pensada bajo los principios de efectividad, certidumbre jurídica, promoción de la competencia, regulación eficiente, inclusión social digital, independencia, transparencia y rendición de cuentas (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2015).

La reforma en comento se presentó en un contexto nacional caracterizado por la exigencia de empresarios y usuarios por actualizar la normatividad en materia de telecomunicaciones, a fin de combatir los monopolios y permitir la libre competencia entre empresas, buscando la mejora en los diversos servicios del ramo en beneficio de la sociedad y del país.

Como medio para cumplir con los objetivos de la reforma, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al cual se le confieren las siguientes atribuciones por medio de su estatuto orgánico (IFT, 2014):

El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones, incluyendo las redes públicas de telecomunicaciones, y la prestación de los servicios públicos de interés general de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Competencia Económica y demás disposiciones legales aplicables establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica [...].

En el mismo artículo, se define al IFT como la autoridad encargada de definir los lineamientos técnicos relativos a la infraestructura, así como también los equipos que se conectan a las redes de telecomunicaciones y la evaluación de la conformidad de la infraestructura y equipos, todo ello apoyada por la Unidad de Política Regulatoria, la cual se encarga de elaborar, en coordinación con las Unidades o Coordinaciones Generales competentes, y proponer al Pleno las disposiciones administrativas de carácter general, planes técnicos fundamentales, lineamientos, reglas, ordenamientos técnicos y normas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el ámbito de su competencia (artículo 22, fracción I(Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2015)).

Como se mencionó, uno de los objetivos más importantes de esta reforma fue la protección de los derechos de los usuarios; para ello, se considera la actuación conjunta entre el IFT y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de acuerdo con el estatuto orgánico del IFT:

Artículo 44. Corresponde a la Dirección General de Sanciones el ejercicio de las siguientes atribuciones: [...]

VIII. Hacer del conocimiento de la Procuraduría Federal del Consumidor cuando los concesionarios o autorizados incurran en violaciones sistemáticas o recurrentes a los derechos de los usuarios o consumidores previstos en la Ley de Telecomunicaciones y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para su protección y restitución, sin perjuicio de las sanciones que corresponda imponer al Instituto por el incumplimiento de sus obligaciones; [...]

Es así que se establece una serie de lineamientos encaminados a dar solución a problemas derivados de la oferta de servicios en telecomunicación y que si bien fueron considerados dentro del espíritu de la reforma en comento, se han dado casos que afectan a los usuarios.

En este esquema de protección de los derechos de los usuarios, encontramos que tanto la Profeco como el IFT cuentan con mecanismos para recibir y encausar las quejas de los consumidores, entre ellos se cuentan aquellos diseñados para llegar a un punto de conciliación (que puede ser de manera presencial o por medio de Concilianet y Conciliaexprés de la Profeco) o para el seguimiento de los casos de inconformidad con el servicio (para el caso del IFT se puede emitir la queja vía telefónica, haciendo uso de la herramienta Soy Usuario de su página web, por correo electrónico o directamente en el módulo de atención).

A pesar de existir indicaciones claras para el cumplimiento de las disposiciones establecidas para proveer servicios relacionados con las telecomunicaciones,1 se siguen dando casos de fallas en el servicio. En este sentido, en mayo de 2016 el procurador Ernesto Nemer declaró que entre enero y abril del año en curso la Profeco recibió 11 mil quejas en contra de empresas de telecomunicaciones, ubicando a éstas como las prestadoras de servicio con la mayor cantidad de quejas.

En el Informe Trimestral presentado por el IFT en 2016 se exponen los siguientes casos:

• Servicio de Internet: El 17 por ciento de los usuarios refirió presentar una queja ante su proveedor, de los cuales, el 44 por ciento señaló que ésta fue por fallas en la provisión del servicio.

El porcentaje de usuarios encuestados que presentaron una queja del servicio llega como máximo a 29 por ciento. Sin embargo, el propio IFT reconoce que existe un número importante de usuarios que no emiten quejas a pesar de tener problemas con el servicio, por lo cual es necesario que se refuercen las medidas para atender las deficiencias de los proveedores de los servicios de telecomunicaciones, en provecho de los derechos del usuario.

En virtud de lo aquí expuesto, se expone a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, en el ámbito de su competencia, refuerce las acciones de vigilancia y colaboración con las empresas concesionarias y permisionarias de servicios de telecomunicaciones en todas sus vertientes, para que cumplan puntualmente con las características mínimas de calidad en el servicio que se deben observar conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como cualquier otra legislación vigente en la materia, a fin de proteger los derechos de los usuarios.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que realicen una campaña de difusión sobre los derechos de los usuarios, en la cual se expliquen los mecanismos de recepción de quejas y seguimiento de las mismas por parte de ambos organismos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que actualice la información correspondiente al segundo trimestre del año en cuanto a la encuesta de usuarios de servicios de telecomunicaciones.

Nota

1 IFT tiene la obligación de establecer las condiciones técnicas mínimas para la interconexión entre concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones en el último trimestre del año, mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación en el último trimestre del año (artículo 137 de la LFTyR).

Referencias

García, M. P. (12 de Mayo de 2016). Profeco recibió 11 mil quejas contra telecomunicaciones, hasta abril. La Jornada, págs. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/12/profeco-recibio-11-mil-qu ejas-contra-telecomunicaciones-hasta-abril.

IFT. (2014). Estatuto Orgánico. Recuperado el 15 de Agosto de 2016, de http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/facultades/e statutoorganico040914_2.pdf

IFT. (Enero de 2016). Usuarios y Audiencias - Informe trimestral. Obtenido de Primera Encuesta 2016: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/encuestas2016-1-vacc.pdf

Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2015). Usuarios y audiencias. Obtenido de ¿Qué es la Reforma de Telecomunicaciones?: http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/que-es-la-reforma-de-telecomunicaci ones

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputada Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT a considerar el plano de igualdad en el cobro de las franquicias de ingreso en territorio nacional cuando emita las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal de 2017, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado federal Francisco Saracho Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Durante el pasado receso, el suscrito presentó ante la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo en la que se exhortó al Servicio de Administración Tributaria para que al emitir las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017, lo haga en el marco de la igualdad bajo la cual deben ser considerados todos los mexicanos, máxime si se trata del cobro de alguna contribución, como sucede con las franquicias de ingreso a territorio nacional, propuesta que fue aprobada en sesión de 20 de julio de 2016, por lo que al no haber una respuesta por parte de la autoridad hacendaria y en el marco de la discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2017, es que planteo este nuevo exhorto con la misma finalidad y alcances que el referido en el presente párrafo.

A finales de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo Federal, misma que al ser aprobada, modificó diversos ordenamientos legales en la materia, trayendo consigo varias innovaciones, entre ellas, la homologación al 16% del Impuesto al Valor Agregado, en todo territorio nacional.

Fueron varios los argumentos que respaldaron la homologación del Impuesto al Valor Agregado al 16 % en todo territorio nacional, sin embargo, es importante señalar que el argumento que apelo a la igualdad y equidad que deben tener los mexicanos en el pago de las contribuciones, como una obligación constitucional, es uno de los que revistieron mayor trascendencia en ese proceso legislativo, junto a otros factores que también incidieron en su posterior aprobación.

Desafortunadamente, no se ha seguido ese mismo criterio en la determinación y cobro de las contribuciones en nuestro país, lo cual se advierte en aquellas contribuciones de carácter aduanal, cuyo monto se determina tomando en cuenta la residencia del obligado, es decir, sí este reside dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros o lo hace en el resto del territorio nacional, tal como sucede en el cobro de las franquicias por ingresos en las aduanas de nuestro país en vía terrestre.

Las franquicias por ingresos, son aquellas mercancías que se pueden importar o cruzar a México, sin obligación de pagar impuestos adicionales al equipaje, lo cual es efectuado por un residente de nuestro país, ya sea de la franja fronteriza o del resto del territorio nacional.

Es requisito indispensable que su valor no exceda del equivalente en moneda nacional o extranjera de 150 dólares, cuando quien lo vaya a cruzar sea residente de la franja fronteriza de 20 kilómetros, o de 400 dólares, cuando quien lo vaya a cruzar sea residente del resto del territorio nacional, además de establecer restricciones sobre el tipo de mercancías que pueden ingresarse al país bajo este esquema.

Las autoridades hacendarias han determinado elevar dichos topes durante los periodos vacacionales, en los que mexicanos que residen en los Estados Unidos de América vienen a territorio nacional a visitar a sus familias, incrementando los cruces con mercancías, motivo que ha justificado la modificación de tales montos, como una medida que permitirá darle fluidez a las importaciones y demás operaciones de comercio exterior.

Al respecto, podemos observar las Reglas Generales de Comercio Exterior que al efecto emitió el Servicio de Administración Tributaria, las cuales fueron publicadas el pasado 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mismas que en su “Capitulo 3.4 Franja o Región Fronteriza” establecen lo siguiente:

“3.4.1 Para los efectos del artículo 61 fracción VIII de la Ley (Aduanera), las personas mayores de edad que sean residentes en la franja o región fronteriza, por las mercancías que importen para su consumo personal, deberán cumplir con lo siguiente:

I. El valor de las mercancías no deberá exceder diariamente del equivalente en moneda nacional o extranjera a 150 dólares;

II. Los residentes que ingresen a territorio nacional en vehículo de servicio particular y en él se transporten más de dos personas, el valor de las mercancías que importen en su conjunto no deberá exceder del equivalente en moneda nacional o extranjera a 400 dólares...”

Entre otros aspectos que deben destacarse de la reglamentación de la franquicia, es que cada integrante de una familia tiene derecho a ella, por lo que pueden acumularse si viajan juntos en el mismo medio de transporte, cuya única restricción es que sean residentes de la franja o región fronteriza. Al mismo tiempo, toda persona que ingrese o salga del país, y lleve consigo cantidades superiores al equivalente a 10,000 dólares, tiene obligación de declararlos.

Independientemente de los bienes que formen parte de la franquicia a que cada persona tiene derecho, hay algunos artículos que pueden ser ingresados al país sin necesidad de hacer pago de impuestos por ellos, ya que son mercancía que forma parte de tu equipaje personal, tales como dos cámaras fotográficas o de videograbación, libros, revistas y documentos impresos.

Aunado a lo anterior, también vemos la situación de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, quienes tienen la posibilidad de ingresar artículos sin obligación de pagar impuestos por ellos, mismos que por sus características, suplen o disminuyen sus limitaciones físicas, tales como lo son las andaderas, las sillas de ruedas, las muletas, los bastones, u otros aparatos de esa naturaleza.

No obstante que son principios constitucionales en materia tributaria, recientemente se le ha dado mayor énfasis a la igualdad y equidad para establecer el pago generalizado de las contribuciones en nuestro país, tal como sucedió con la homologación al 16 % del Impuesto al Valor Agregado en todo territorio nacional, por lo que a pesar de ello, se siguen advirtiendo de las reglas antes transcritas, la institución de contribuciones en las que las personas que residen en la franja fronteriza de 20 kilómetros, se encuentran en desventaja respecto de los residentes en el centro del territorio nacional, al imponerles un tope de tan sólo 150 dólares en el pago de las franquicias por ingresos, a diferencia de los mexicanos del resto del país, cuyo tope es de 400 dólares.

La anterior restricción, además de colocar en una situación de desventaja a los residentes de la franja fronteriza, perjudica sus ingresos económicos y su capacidad de adquisición, lo cual no ocurre con los residentes de los habitantes del resto del país, a quienes se les permitiría ingresar mayor número de productos o de un valor mayor, es contrario al espíritu constitucional.

En ese sentido, es importante señalar que dicha distinción no se encuentra justificada por algún argumento de trascendencia, máxime que la reforma hacendaria de 2013, que ya está operando desde 2014, incluyo la homologación al 16% del Impuesto al Valor Agregado en todo territorio nacional, quitándole la tasa preferencial del 11% a la zona fronteriza basándose en la inequidad que implicaba la realización de operaciones a diferentes tasas, lo cual es una circunstancia que se sigue presentando en el pago de contribuciones aduaneras, en un claro perjuicio de los residentes de la franja fronteriza de 20 kilómetros, por lo que es necesario que todas las disposiciones legales y reglamentos, guarden armonía y el principio de igualdad este contenido en sus respectivos articulados.

Es importante considerar que estamos en el mes de mayo de 2016 y es buen momento para que el Servicio de Administración Tributaria, en preparación al ejercicio fiscal 2017, efectúe los estudios y análisis técnicos necesarios para realizar los cambios que reflejen la igualdad en el pago de las contribuciones aduaneras previstas en las Reglas Generales de Comercio Exterior para ese año, como lo son las franquicias por ingresos, colocando en un marco de equidad a todos los residentes de nuestro país, y que de esa manera, el pago de las contribuciones sea equilibrado.

Por todo lo antes expuesto, el suscrito plantea ante esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria, para que en el ejercicio de sus facultades legales previstas en la fracción III del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, efectúen los estudios y análisis necesarios para desarrollar los cambios en el establecimiento de las contribuciones aduaneras contenidas en las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional, de conformidad con la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Ssa a implantar acciones en favor de las personas con hemofilia y aumentar de 10 a 18 años la edad de atención médica por el Seguro Popular de los menores con dicho mal, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La hemofilia es una enfermedad genética recesiva que impide la buena coagulación de la sangre. Está relacionada con el cromosoma X y existen tres tipos: la hemofilia A, cuando hay un déficit del factor VIII de coagulación, la hemofilia B, cuando hay un déficit del factor IX de coagulación, y la hemofilia C, que es el déficit del factor XI.

Las hemofilias A y B, son las deficiencias hereditarias de factores de la coagulación más comunes, el tipo A es la deficiencia del factor VIII de la coagulación y el tipo B es por deficiencia del factor IX. La más común es la A, contando en el 80-85% de los casos de hemofilia. Ambas formas se heredan de forma recesiva ligada al cromosoma X, por lo cual los hombres la padecen, siendo las mujeres portadoras (generalmente asintomáticas), aunque el 30% de casos en el mundo son causados por mutación de novo , por lo que en estos casos no se tienen antecedentes familiares.

Las personas con la forma grave tienen hemorragias no relacionadas a traumatismos en especial en articulaciones y músculos. Los moderados sólo sangran asociados con traumatismos, mientras que las personas con la forma leve sólo presentan manifestaciones hemorrágicas con procedimientos invasivos, si no son preparados previamente con el factor deficiente o por traumatismos muy graves. En todo caso, es importante hacer notar que la actividad plasmática del factor no siempre es una guía confiable para la determinación del riesgo de hemorragia y el tratamiento. Una vez que la hemorragia ha iniciado en una persona con hemofilia (PCH) con la forma leve requiere la misma atención que un paciente grave, para asegurar la hemostasia.

La hemorragia en una PCH, sin tratamiento específico, se puede prolongar indefinidamente. Las hemorragias secundarias a heridas abiertas pueden ocasionar la muerte por choque hipovolémico. Si la hemorragia es en espacios confinados, como en cráneo, también puede conllevar a la muerte por hipertensión intracraneal; en cambio, en las articulaciones y músculos, la hemorragia se detiene cuando la presión de los tejidos circundantes es mayor o igual a la presión de la sangre que fluye, ocasionando daño grave en los tejidos, no reversible.

La prevalencia de la hemofilia en México, de acuerdo al Registro de Pacientes de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana es de 5,420 personas, sin embargo, la prevalencia en otros países para hemofilia A es de 105 por millón de habitantes hombres y para hemofilia B de 28 por millón de habitantes hombres, se estima que por cada dos mexicanos diagnosticados con hemofilia, hay uno más que vive con el padecimiento y no lo sabe.

Asimismo, se ha logrado elevar la calidad de atención y tratamiento para pacientes con hemofilia; sin embargo, México es uno de los países con niveles de tratamiento más bajos en Latinoamérica, aumentado en los últimos años de manera gradual, de 0.60 UI/cápita hasta alcanzar en 2013 el 1.16 UI/cápita. Según, las recomendaciones internacionales de la Federación Mundial de Hemofilia, lo ideal es una dosificación acorde a las características particulares de cada paciente manteniendo un mínimo de 2 a 3 UI/cápita.

A partir del 2011, el Gobierno Federal decretó que todos los niños diagnosticados entre 0 y 10 años con hemofilia A, B y enfermedad de von Willebrand, que no cuentan con seguridad social, tengan tratamiento a través de la cobertura del Seguro Popular; sin embargo, esto aún no es una realidad en todos los estados, por lo que es indispensable mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional y asegurar el cumplimiento de los procesos de acreditación hospitalaria que hagan efectivo el acceso al tratamiento a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

El Sistema Nacional de Salud debe garantizar, a través de sus instituciones (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Hospitales de las Secretarías de Salud federal y estatales), el acceso de las personas con hemofilia que cuentan con cobertura, a un tratamiento integral, suficiente, oportuno, multidisciplinario y de calidad; de igual forma, es necesario que se incremente la cobertura en salud para las personas con hemofilia que actualmente se encuentran fuera de los esquemas de atención. Se estima que existen alrededor de 1,000 pacientes sin acceso a tratamiento, por no contar con servicios de seguridad social.

El tratamiento integral permite una mejor calidad de vida del paciente y una contributiva inserción a la sociedad. Por ello es necesario que todas las personas con hemofilia puedan acceder a él.

La falta de un tratamiento adecuado para hemofilia puede desencadenar complicaciones que van desde daño en las articulaciones, lo que provoca limitaciones y discapacidades físicas; y en los sangrados, como en el sistema nervioso central, pudiendo llegar incluso a la muerte.

Nuestro país requiere del establecimiento de una política pública integral de atención al paciente con hemofilia que eleve y homologue los parámetros de tratamiento, contemplando el diagnóstico oportuno, las alternativas terapéuticas y la atención médica multidisciplinaria acorde a las necesidades de la comunidad con hemofilia de nuestro país en sintonía con las recomendaciones internacionales.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus facultades, aumente la edad de atención médica por parte del Seguro Popular, de los menores que sufren la enfermedad denominada “hemofilia”, de los 10 a los 18 años.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud Federal, se establezcan políticas públicas necesarias, con la finalidad de homologar los tratamientos para pacientes con Hemofilia en todo el territorio nacional, para que dichos pacientes cuenten con atención integral, suficiente, oportuna, multidisciplinaria y de calidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al cuidado y la conservación de los canales de Xochimilco, a cargo de la diputada Claudia Villanueva Huerta e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Claudia Villanueva Huerta, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A fin de contextualizar el objeto del presente punto de acuerdo, resulta necesario plantear los antecedentes de la zona denominada “Canales de Xochimilco”. La zona metropolitana del valle de México es una región geográfica que albergó los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco y que durante miles de años fueron abastecidos por los escurrimientos y filtraciones provenientes de las montañas aledañas, particularmente de la Sierra Nevada, la Sierra de las Cruces y la Sierra Ajusco-Chichinauhtzin. Surgieron en sus márgenes las antiguas culturas que poblaron el valle de México y en ellos se desarrollaron las “chinampas”, un importante sistema de producción agrícola, que actualmente aún subsiste como vestigio de la cultura prehispánica. El lago de Xochimilco es un remanente de un sistema lacustre conformado por cinco lagos que abarcaban una distancia de 920 kilómetros cuadrados de la cuenca de México y que hoy en día se mantienen con mucha dificultad por las presiones que sobre estos ejerce la mancha urbana.

Desde el 1 de septiembre de 1910, el General Porfirio Díaz inauguró el sistema llamado “Red Xochimilco” encargado de dotar de agua potable de sus manantiales a la Ciudad de México. Con el paso de los años, el sistema se secó y los gobiernos continuaron llevando agua a la ciudad, ahora extraída del subsuelo a través de pozos, sin embargo, la excesiva explotación de los mantos acuíferos propició fracturas y desplomes en el lecho del lago, lo cual provocó la desaparición paulatina del agua original de los canales. Para 1992 el gobierno federal, encabezado por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, tomó cartas en el asunto y por decreto presidencial implementó el “Rescate Ecológico de Xochimilco”, este plan derivó de la urgencia de frenar y revertir el proceso de deterioro que, por múltiples razones, durante décadas no se atendió oportunamente y dio paso al crecimiento del problema.

El lago de Xochimilco, sus canales y chinampas siguen siendo un magnífico escenario. No obstante lo anterior, los terrenos agrícolas y las chinampas han cedido a la urbanización desmedida, desorganizada y sin planeación que ha azotado a la zona, priorizando los usos de suelo residencial e industrial por sobre los usos agrícolas de la tierra.

En la actualidad, los recursos hídricos en el sur de la Ciudad de México son insuficientes, de mala calidad y el uso de suelo ha cambiado rápidamente de agrícola a urbano. Lo anterior, derivado de asentamientos irregulares, sobrepoblación, aumento de la inseguridad, destrucción del sistema de chinampas, desaparición del ajolote, abandono de su zona arqueológica. Xochimilco está formado por pequeños pueblos, algunos se extienden sobre sus chinampas y se dedican al cultivo de flores, amaranto y hortalizas.

Los impactos ambientales que ha sufrido la zona como consecuencia del crecimiento urbano son:

• Proliferación de vertederos de aguas negras que funcionan de manera irregular;

• Disminución de la precipitación pluvial en la zona lacustre;

• Una considerable reducción del nivel de agua; y

• La desaparición de la mayor parte de las especies de flora y fauna lacustre que habitaban originalmente en el lugar por el impacto de las aguas negras.

Declarada Zona de Monumentos Históricos en 1986 durante la gestión de Miguel de la Madrid Hurtado; posteriormente catalogada como área natural por el ex presidente Carlos Salinas en 1992; Patrimonio Mundial Cultural y Natural por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en1987; y sitio Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas) en 2004, Xochimilco está obligado a instrumentar una eficiente política ambiental, social y cultural para preservar el patrimonio que le valió dichos nombramientos.

El jefe gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con ocasión de los 25 años del nombramiento de la UNESCO, creó en diciembre de 2012 una instancia llamada Autoridad de la Zona Patrimonial Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, con el objetivo de consolidar, ampliar y hacer más eficientes las políticas, programas y acciones del gobierno de la ciudad en materia de investigación, difusión, protección ecológica, conservación, mantenimiento, restauración y desarrollo sustentable, así como la realización y promoción de actividades sociales, culturales, artísticas y académicas tendientes a la preservación de dicha zona.

Es preciso seguir promoviendo el equilibrio entre el crecimiento y la preservación ecológica. La delegación Xochimilco debe tomar cartas en el asunto sobre los asentamientos irregulares que afectan el patrimonio de toda la humanidad, existen más de 2 mil descargas de aguas negras y grises. Las descargas pertenecen a tuberías que llegan, principalmente, de zonas habitacionales. “La contaminación de los canales de la zona de Xochimilco proviene de agua jabonosa con la que se lava la ropa, desechos de hoyos -no fosas sépticas-, y desde donde se filtran aguas negras, así como de los drenajes, principalmente de los asentamientos irregulares”. Éstos son solo algunos de los problemas que contribuyen, de manera directa, a que las chinampas presenten salinización, hundimiento e inundaciones. Estos datos fueron revelados por el “Censo de descargas de aguas negras y grises en los canales de Xochimilco”, que de manera coordinada realizaron la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti) del Distrito Federal y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más reciente aportación de investigación al tema fue llevada a cabo durante 2015.

Finalmente, es necesario que los esfuerzos se encuentren encaminados a lograr de manera conjunta que aquellos programas y recursos de las distintas autoridades en la materia se vean focalizados a fin de aminorar la situación, no se trata de un tema político sino de interés para la población, de sustentabilidad, de conservar nuestras costumbres, y que es responsabilidad de todos los mexicanos y las mexicanas conservarlo para las generaciones futuras.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la delegación Xochimilco, a la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en el ámbito de sus competencias, coordinen esfuerzos acerca de los programas, recursos e investigación implementadas para la prevención, atención y cuidado de las aguas de los canales de Xochimilco. Asimismo, se exhorta les a llevar a cabo la creación de un programa de concientización, información y divulgación sobre la importancia de preservar dicha zona entre sus habitantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lia Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y al gobierno de la Ciudad de México a publicar los avances del aprovechamiento de energías renovables, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los residuos sólidos, las aguas residuales y hasta los desechos humanos son una fuente inagotable de biogás.1

Pese a que en México se generan diariamente unas 100 mil toneladas de basura, suficientes para generar 400 mega watts de energía, sólo 2.4 por ciento se aprovecha.

Además, se generan 82 mil litros de aguas residuales por segundo con los que se podría producir biogás y cada ser humano produce 1.5 litros de biogás al día y de igual forma se desaprovecha.

Todos los desechos sólidos y líquidos residuos forestales, agropecuarios, industriales, animales e, incluso, humanos, son una fuente inagotable de biogás si son tratados con reactores anaerobios mediante los que se produce metano y diversos tipos de energía.2

El reactor anaerobio, sirve para el tratamiento de aguas residuales y para el aprovechamiento del gas como fuente de energía, es un sistema de degradación que imita al que tienen los pantanos o los cerdos, donde un consorcio microbiano alimenta a las siguientes bacterias, y así sucesivamente, hasta la producción del metano como elemento final. Los reactores anaeróbicos, más conocidos como biodigestores, son utilizados generalmente para tratar sustratos concentrados con alto contenido de sólidos.

Las aguas residuales, por ejemplo, generan biogás que podría ser utilizado como energía térmica (gas doméstico) o eléctrica, si se trataran mediante ese sistema.

Los residuos sólidos que se depositan en los rellenos sanitarios también tienen gran potencial para la generación de biogás y sólo se aprovecha el 2.4 por ciento. El biogás contiene metano, y es un combustible muy eficiente, pero liberado a la atmosfera es muy dañino, afecta la salud.

Se tiene potencial para producir, aproximadamente 400 megavatios con 100 mil toneladas de basura diarias. Eso es lo que se genera de desperdicio en la República Mexicana que no se aprovecha.

La académica de la Universidad Nacional Autónoma de México Alejandra Castro González, del Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería, dijo que de una tonelada de materia orgánica se pueden obtener de 120 a 300 metros cúbicos de metano, compuesto en 60 u 80 por ciento de biogás.3

En México hay 5 millones de granjas y más de 18 millones de cerdos, que podrían ser integrados a mecanismos de desarrollo limpio y generación del compuesto.4

Al destazar cada uno de esos animales se utilizan 500 litros de agua y en cada rastro con normatividad se sacrifican aproximadamente 2 mil animales al día.

Hay que imaginar la carga orgánica de esas aguas residuales, porque contiene sangre y es sumamente contaminante; además, los desechos sólidos, es decir, las vísceras que no son comestibles, son descargados a terrenos, donde se genera la composta por sí misma, pero son fuente de contaminación.

De ahí la necesidad de alentar la instalación de reactores anaerobios en México.

En Alemania llevan basura de países del tercer mundo para producir su propia energía eléctrica. Nosotros tenemos de sobra, pero no la hemos sabido emplear.

La Ciudad de México es una de las entidades del país donde ya se inició el aprovechamiento de los residuos sólidos.

En la administración de 2006 a 2012, el gobierno del Distrito Federal presentó a embajadores de Reino Unido y Francia, y representantes de España, Japón y Estados Unidos la convocatoria internacional de licitación del relleno sanitario Bordo Poniente, para este aprovechamiento.

Tras un largo proceso de licitación, se anunció que la empresa BMLMX Power Company se encargaría de capturar el biogás del relleno sanitario.

Con ello, el Bordo Poniente alcanzaría para cubrir todo el consumo del alumbrado público, monumentos y edificios del gobierno de la Ciudad de México, con una tarifa preferencial 30 por ciento inferior a la que se paga actualmente. La central eléctrica del vertedero, que ocupará 1.2 hectáreas de terreno, encenderá sus motores en enero de 2019, con una potencia total de 72 megavatios y capacidad para producir 560 gigavatios hora al año.

Por ello es indispensable que esto se lleve a cabo, por el bien del ambiente.

Por las consideraciones vertidas y en congruencia con el compromiso adquirido con los ciudadanos mexicanos, pongo a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo que, de estimarlo procedente, solicito que se apruebe en sus partes integrantes:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Medio Ambiente de la Ciudad de México y al jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, a hacer público el estado en que se encuentra el relleno sanitario Bordo Poniente y los avances de la empresa BMLMX Power Company, que ganó la licitación para producir biogás en él, y los avances de la generación, el uso y el aprovechamiento de las energías renovables que tienen su origen en residuos sólidos para la generación de biogás mediante los que se produce metano.

Notas

1 http://www.proceso.com.mx/?p=329376

2 Alejandra Castro González, académica del Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

3 http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=329376

4 http://www.proceso.com.mx/?p=329376

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat y la Profepa a supervisar que cumplan la normativa las condiciones de cautiverio de félidos, primates y cocodrilos registrados como mascotas o animales de compañía, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice una inspección de las condiciones en las que se encuentran félidos, primates y cocodrilos registrados como mascotas o animales de compañía, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El comercio de especies exóticas en México es un mercado que se encuentra en crecimiento y que está generando diversas problemáticas. La adquisición de fauna silvestre en nuestro país se realiza de manera relativamente sencilla, pues a través de la comprobación de la procedencia lícita del animal y el registro de éste ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es factible poseer cualquier especie.

La falta de una atención rigurosa por parte de la Semarnat ante este fenómeno, está ocasionando que las condiciones de los animales no sean las adecuadas para su confinamiento, pues no se está verificando de manera apropiada las calidad de los espacios en los cuales los animales son criados, pues los propietarios no cuentan con la infraestructura adecuada para su bienestar y aislamiento o con los planes de manejo que requiere cada especie.

La desatención de estos aspectos por parte de la Semarnat crea una problemática, en especial de aquellas especies que pueden generar daño físico letal como es el caso de los félidos, primates o reptiles de gran tamaño como son los cocodrilos.

II. Es importante destacar que en términos de bienestar animal, éste “describe, en sentido lato, la manera en que los individuos se desenvuelven en su medio ambiente, e incluye su salud, sus sentimientos y otros efectos positivos y negativos en los mecanismos corporales o cerebrales que les permiten afrontar los problemas.”1

Por lo anterior, poseer un animal exótico como mascota implica una serie de requerimientos que deben cumplirse; su posesión no sólo conlleva el alimento y un espacio adecuado para su asentamiento, sino que también debe tener un medio ambiente que permita el comportamiento natural del espécimen, así como satisfacer todas y cada una de sus necesidades físicas y psicológicas, lo cual no siempre es factible dentro de las zonas residenciales donde se albergan a un gran número de ejemplares, ya que nunca asimilaran las condiciones que tienen en su medio natural.

El 10 de septiembre de 2016 la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profeco, aseguró un cachorro de león africano de 3 meses de edad que era mascota de una persona de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, y la cual no contaba con plan de manejo emitido por parte de la Semarnat. Adicionalmente la nota de venta del cachorro mostraba diversas inconsistencias, pues esta no coincidía con el domicilio y el nombre de la persona que lo tenía en su poder, además no contaba con la tasa de aprovechamiento como lo establece el artículo 51 de Ley General de Vida Silvestre2 .

Igualmente, en febrero de 2015 en el municipio de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, un cachorro de león de 7 meses fue encontrado en el interior del domicilio de una familia, la cual acreditó la procedencia legal del animal, sin embargo esta aceptó que tras siete meses de edad el cachorro había crecido demasiado y que ya era difícil manipularlo, por lo que trataría de donarlo, además hizo mención que dentro de su domicilio contaba con varias mascotas entre las que se incluían algunos primates y que el animal fue un obsequio debido a la muerte de una cachorra de león que poseía.3

La laxa revisión por parte de la Semarnat ha generado diversos conflictos con este tipo de especies, por lo que es necesario revisar cada uno de los permisos emitidos por parte de la secretaría y establecer controles adecuados para la adquisición y crianza de la fauna silvestre.

En otro contexto, la posesión de animales exóticos carnívoros como los mencionados, además de requerir diversos cuidados para asegurar su bienestar, deben contar con medidas de seguridad para contener comportamientos hostiles o que se escapen del cautiverio, poniendo en riesgo a los ciudadanos. Por ello, la Semarnat también debe realizar una inspección exhaustiva de las medidas de seguridad con las que cuentan los propietarios de este tipo de mascotas.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente supervisen que las condiciones de cautiverio de félidos, primates y cocodrilos que se encuentran registradas como mascotas o animales de compañía, cumplen con la normatividad establecida y con la calidad suficiente para el desarrollo íntegro del animal, así como las condiciones y medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de incidente.

Notas

1 “Manual de procedimientos bienestar animal”, servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria, Argentina, (2004)

http://www.fveter.unr.edu.ar/upload/Bienestar_Animal_SEN ASA.pdf

2 “Asegura Profepa un cachorro de león africano en Iztapalapa, Ciudad de México”, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (9 de septiembre de 2016).

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8811/1/mx/asegu ra_profepa__un_cachorro_de_leon_africano_en_iztapalapa_ciudad_de_mexico .html

3 “Encuentran un cachorro de león en patio de una casa en Monterrey”, La Jornada, (2015).

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/02/escapa-cac horro-de-leon-en-monterrey-es-encontrado-en-casa-vecina-4434.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputados: Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García (rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de la comisión especial para el sistema de pensiones, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Marco Antonio Gama Basarte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 39, numeral 2, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I; 79, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para el Sistema de Pensiones, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En primer término, me permito compartir el contexto y la necesidad de crear una Comisión Especial para el Sistema de Pensiones, y es que el rubro de la seguridad social en nuestro país, en específico en lo que se refiere a las pensiones, se encuentra sin ponderación alguna que permita generar expectativa de certidumbre a los trabajadores mexicanos.

Para ello debemos considerar lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo, mejor conocida por sus siglas como OIT “un régimen de pensiones de seguridad social constituye uno de los sistemas socioeconómicos y políticos que funciona en el entorno de la economía nacional. Por tanto, no funciona independientemente del contexto demográfico y económico.”1

Luego entonces insisto, en que la normatividad que hoy impera carece de una visión al respecto, es decir se menciona y es hasta fechas recientes en que se ha incluido su terminología –pensiones–, sin embargo, ello no es, ni será suficiente.

Sobre todo, si tomamos en cuenta que el concepto de gasto pensionario acumulado, presionará las finanzas públicas hasta restringir o mermar más la capacidad del estado, para la atención de otras demandas sociales.

En efecto, la perspectiva de envejecimiento de la población mexicana, se agudizará en las próximas décadas, modificando la realidad que la sociedad debe enfrentar todos los días. Es decir, la transición de la población mayoritariamente joven a una población vieja, plantea serias dificultades, en la especie, el sistema público de pensiones.

En otras palabras, en la medida que disminuye la relación entre la población cotizante activa y la población pensionada, los ingresos que se obtienen financian, una parte cada vez más pequeña del costo de las pensiones. En consecuencia, el estado tiene que subsidiar su déficit con los recursos que se sustraen o transfieren de usos alternativos, que también son prioritarios.

En ese orden, no debemos perder de vista un fenómeno social vigente en nuestro país, el cual consiste en que un número importante de trabajadores, dada la naturaleza y esquema en son contratados y/o según sea la fuente de empleo, no se aseguran o no pueden asegurarse en los mercados privados por los riesgos que puede provocar una interrupción temporal o permanente en sus ingresos. Sin contar los altos costos que esto representa contra el ingreso que reciben.

De ahí que me permito citar a Enrique Díaz-Infante, director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), quien sostiene que “La mejor manera de proteger los ahorros de los mexicanos, es asegurando que funcione bien el Sistema de Ahorro para el Retiro y a la par, señaló, se debe avanzar en la formalización del empleo con mejores salarios reales y en el establecimiento de un Sistema Nacional de Pensiones”.

Coincido en todos sus términos con dicha afirmación, y consecuentemente con lo que sostiene, “Lamentablemente, los beneficios de las Afores se limitan esencialmente a los trabajadores que se encuentran en la economía formal, siendo que 57 por ciento de la población económicamente activa (PEA) trabaja en la informalidad.”2

Derivado de lo cual, destacamos que nuestro país cuenta con un sistema heterogéneo de pensiones, que se compone particularmente, según un estudio actuarial de 2016, en:

1. “Aquellas personas que no están afiliadas a un sistema de pensiones contributivos. Y representan 55 por ciento de la PEA. Lo que a todas luces genera y se vive ya un grave problema social.

2. Los que se encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que representan 33 por ciento de la PEA. Distinguiéndose entre estos, los que ingresaron antes y después de 1997, para determinar su lacen en cuanto a sus contribuciones.

3. Las personas amparadas por sistemas de pensiones para los servidores públicos y trabajadores universitarios, que suman 12 por ciento de la PEA.

Sin dejar de mencionar a los 1000 , así es, los mil sistemas de pensiones públicos existentes en México, todos ellos diferentes y descapitalizados en su gran mayoría”.3

No es mi deseo preocupar y sí concientizar del escenario tan desalentador respecto a la prevalencia de un verdadero Sistema Nacional de Pensiones, ya que, si observamos las estimaciones de la calificadora Standard & Poor´s, donde nos ilustra en la realidad que vivimos, como es:

“La mayor presión para las finanzas públicas proviene en mayor medida de los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales . Aun así, el asunto de las pensiones no está considerado en la reciente reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Ni siquiera porque dentro de 10 años el pago de pensiones representará casi la mitad de toda la nómina estatal, 46 por ciento.”

La pertinencia en cuanto a la creación de la Comisión Especial para el Sistema de Pensiones, resulta impostergable, más allá de brindar respuesta y certidumbre en el tema que nos concierne, nos exige en congruencia , a trabajar dentro de un marco de pluralidad y responsabilidad política, desde la conformación de la comisión especial que se propone, el tiempo para ello habrá que reconocerlo es corto, pero ello no implica que se cumpla con lo pretendido, por ello dicha comisión tendrá como objetivo fundamental :

Analizar de manera integral y multidisciplinariamente (jurídico, social, político y económico), los sistemas de pensiones que operan en el país, para rescatar los aciertos de cada uno de ellos, conformando un Sistema Nacional de Pensiones. Y que éste sea capaz de resolver la heterogeneidad que nos rige, a través entre otros, de una legislación y, en su caso, una entidad pública especializada en el tema.

Podríamos enumerar cientos de objetivos específicos, finalidades o propósitos, que, dada la consideración legislativa que tengan a bien, inexorablemente tendrán que plasmarse en el plan de trabajo de esa comisión, sin embargo y en obvio del tiempo, resulta insoslayable señalar:

1 . Homologar según sea el supuesto, los sistemas de pensiones existentes;

2. Regular mediante diversos ordenamientos para ello, la existencia y/o funcionamiento y, en su caso, la fusión o eliminación, de los mismos.

Para ello, se deberá determinar la creación de una normatividad marco o base del tema, y en consecuencia la secundaria y/o procedimental para el cumplimiento de las nuevas obligaciones del estado a los derechos sociales, así como evitar que los sistemas pensionarios trasladen la carga del costo a los contribuyentes y a la sociedad en general.

3 . Diseñar un Sistema Público de Pensiones Universal , con criterios de eficacia y eficiencia en todos los sentidos.

En este rubro reiteramos, el fácil acceso, es el que debe existir al derecho a la pensión para aquellos como se expuso, no son sujetos de ese beneficio.

Cuidando en todo momento que dichos sistemas no vivan subsidiados por los ingresos generales que aportan los contribuyentes.

4 . Ponderar el impacto económico en el ingreso de los trabajadores, en relación a su poder adquisitivo y, por otra parte, al flujo de ingreso y/o gasto corriente de los gobiernos, según se trate.

5. Definir los mecanismos, procedimientos y demás alternativas de ley, para la creación de una secretaría de estado, instituto, órgano, organismo y/o la entidad pública, que en su momento se resuelva por la comisión, entre otros factores, por su viabilidad presupuestal, financiera y de funcionamiento.

Basta revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para concluir, que no existe entidad en dicha administración, encargada de administrar, vigilar, controlar, en la especie, las pensiones. Ya no se digan las demás prestaciones sociales que como mexicanos debemos procurar y recibir.

En ese sentido, es necesario contar según sea la figura legal que por acuerdo de la comisión una vez constituida, de una entidad con autonomía, recaudadora y por ende fiscalizadora, especializada en seguridad social. Que sea la encargada de unificar o coordinar con las demás entidades de la administración pública en sus diversos órdenes, los criterios de auditoría, cobranza, así como la asignación transparente de recursos destinados a obligaciones generales, hacia los derechos sociales.

Vale agregar, que hoy más que nunca al amparo de una nula normatividad en la materia de pensiones, son unos cuantos quienes se congratulan de esa circunstancia, es momento en que el Estado mexicano proponga el orden en beneficio de todos ya cada uno de los integrantes de nuestra sociedad.

Debemos regular y con ello evitar los monopolios en cuanto a los servicios de pensiones que operan en nuestro país, transitando a un verdadero estado de derecho en lo social.

Por tanto, elevo a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea y constituye la Comisión Especial para el sistema de pensiones, cuyo objeto ha quedado debida y ampliamente descrito.

Segundo. Para la integración y nombramiento de la junta directiva de la Comisión Especial para el sistema de pensiones, se estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Tercero. La Comisión Especial para el sistema de pensiones se extinguirá al término de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Notas

1 Modelo de Pensiones de la OIT, Una Guía Técnica. 1998. Edit. OIT. Ginebra.

2 El Sistema de Ahorro para el Retiro como parte de un Sistema de Protección Social Integral. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/30/mexico-requiere-sistema-d e-pensiones-viable-expertos

3 Francisco Miguel. www.actuariales.com.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputado Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a organizar y ejecutar una visita de inspección, con un grupo de diputados federales, a fin de verificar el estado de la zona afectada en Boca del Río, Veracruz, por el derrame de combustible del buque Burgos, de Pemex, suscrita por los diputados Jesús Sesma Suárez y Javier Octavio Herrera Borunda, del PVEM, e integrantes de diversos grupos parlamentarios

Quienes suscriben, Jesús Sesma Suárez y Javier Octavio Herrera Borunda, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Enrique Cambranis Torres, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Enrique Pérez Rodríguez y Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; María del Carmen Pinete Vargas y José Luis Sáenz Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Gonzalo Guízar Valladares del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, y Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, todos de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En días pasados se dio a conocer aparentemente un nuevo derrame de combustible en el estado de Veracruz. El buque Burgos, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transportaba diésel y gasolina, se incendió alrededor del mediodía frente a las costas de Boca del Río, en la zona de fondeadero del Puerto de Veracruz, a un lado de la Isla de Sacrificios.

Los primeros reportes de Petróleos Mexicanos señalaron que se logró rescatar a la tripulación, sin que haya personas lesionadas, asegurando que no hay población ni zonas habitacionales que se encuentren en peligro debido a dicha emergencia.

A su vez, la Secretaría de Marina puso en operación una patrulla oceánica con la finalidad de dar cabal búsqueda y rescate de las personas que se encontraban a bordo de dicho buque, al tiempo de verificar y prevenir algún tipio de derrame.

Pasados tres días, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó por medio de un comunicado que a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mantiene un monitoreo permanente del siniestro y trabaja para evitar impactos ambientales.

Asimismo, en el mismo informe señaló que dichas dependencias en coordinación con la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos ya están desplegando una barrera flotante de contención de más de un kilómetro y medio para evitar que haya una mayor expansión de combustibles a la costa.

No obstante las acciones referidas, aún existe incertidumbre sobre el grado de afectación y los posibles efectos provocados por la explosión y probable derrame de combustibles, por lo que consideramos pertinente se ejecuten mecanismos de acción que garanticen la inmediata atención de lo que algunos ya consideran un desastre natural.

Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que organice y ejecute una visita de inspección en coordinación con una comisión plural conformada por Diputados integrantes de las Comisiones Ordinarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático, así como de la Comisión Especial para la prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, de esta Cámara de Diputados, a efecto de que se esté en posibilidad de verificar el estado en el que se encuentra la zona afectada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de septiembre del año 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Enrique Pérez Rodríguez, Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares, Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Cuitláhuac García Jiménez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la PGR a impulsar de manera coordinada en el país campañas informativas sobre el programa Alerta Amber, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Primera. Las niñas, niños y adolescentes se encuentran en todos los lugares y en todos los temas, por ello, la demanda constante de dar cumplimiento a sus derechos humanos es de gran interés y preocupación de los gobiernos y la comunidad internacional, quienes han desarrollado acciones tendientes a alcanzar dicho objetivo; ejemplo de ello es la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989 y con entrada en vigor el 2 de septiembre de 1999, de la cual México forma parte1 y cuyo objetivo es retomar la necesidad de proporcionar al niño la protección especial enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General en 1959 y reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar de infantes y adolescentes.

Las características particulares de la infancia y adolescencia relativas a su estructura cognitiva y emocional exigen acciones y consideraciones especiales para hacer efectivo el cumplimiento de todos sus derechos, especialmente el de acceso a la justicia y protección con la prioridad necesaria, teniendo presente lo contenido en la Declaración de los Derechos del Niño: “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”2 .

Nuestra Carta Magna contempla en su artículo 1, párrafo tercero, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

De tal modo que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán acciones y ejecutarán las medidas necesarias de acuerdo con principios que garanticen un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno, según lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 2, fracción I.

Segunda. En todo el mundo, miles de niñas, niños y adolescentes desaparecen cada año y no son encontrados; fugados del hogar, huidos, secuestrados por parientes o por otras personas, estos actos son difíciles de prevenir y tienen graves consecuencias para los menores afectados, familiares y la sociedad en común. En Europa, la Organización Missing Children3 , estimó que cada año desaparecen más de 250 mil menores de edad, lo que representa un menor cada dos minutos.

En el caso de Latinoamérica se ha convertido en un problema que acecha constantemente, de acuerdo al Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (CINDE) se estimó que más de 1.8 millones de niños fueron víctimas de explotación sexual, delito que representa una de las principales causas de desaparición de menores y adolescentes en la región4 .

En las últimas décadas, el contrabando y el tráfico de menores se han convertido en una actividad importante y una fuente de ingresos de las organizaciones criminales.

Un amplio estudio realizado por el centro internacional antes citado y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre la desaparición de menores en Centroamérica, encontró “un grave problema de tráfico de niñas, niños y adolescentes por la existencia de puntos ciegos en las fronteras”.

En el caso de México, durante los últimos nueve años se estima que desaparecieron alrededor de 25 mil 358 niñas, niños y adolescentes, según datos arrojados por el Registro Nacional de Personas Extraviadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con cifras en creciente aumento.

La cifra de estas desapariciones ha pasado de 669 en 2007; a 4 mil 90 en 2015 y 5 mil 415 en 2016, entre los clasificados como delitos del fuero común, mientras que en los del federal subieron de 19 en 2007, a 127 en 2015, siendo 2014 el año de mayor repunte, con 254 casos según las cifras oficiales.

Actualmente el estado de México es la entidad con mayor número de desapariciones de niñas, niños y adolescentes del fuero común, con mil 136 menores desaparecidos, 21.0 por ciento del total de casos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; seguido por el estado de Baja California con 534 casos (9.9 por ciento), Tamaulipas con 494 casos (9.1 por ciento), Nuevo León con 396 (7.3 por ciento), Coahuila con 331 (6.1 por ciento) y en todos los demás estados de la República Mexicana con porcentajes que van desde 5.8 por ciento como es el caso de Chihuahua a 0.2 por ciento, Baja California Sur5 .

Tercera. Ante el reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes desaparecidos, los gobiernos de los países del mundo, han fortalecido la cooperación internacional, a través del intercambio e implementación de experiencias exitosas, enfocadas en el combate y sanción de diversos ilícitos. Lo anterior exige, además de combatir y sancionar la actividad delictiva, contar con procedimientos de respuesta inmediata dentro de un marco legal que contenga políticas públicas de prevención como de protección y asistencia a las víctimas de desaparición, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes.

Diversos instrumentos internacionales han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano en materia de protección de los derechos humanos de infantes y adolescentes, de tal forma que es pertinente la adopción de modelos exitosos, como el Programa Alerta Amber, desarrollado en Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica en 1996, el cual es un acrónimo en inglés de las palabras America’s Missing Broadcasting Emergency Response .

En el mecanismo de la alerta se establece un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos, el cual ha sido implementado en varios países con propios criterios de activación con la intención de motivar a todas y todos los miembros de la comunidad a estar atentos para encontrar al menor desaparecido lo antes posible.

Cuarta. El 2 de mayo de 2012, el gobierno federal, implementó y puso en funcionamiento el Programa Nacional Alerta Amber México, para la búsqueda y localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.

A pesar de que México es el único país en Latinoamérica que hoy día cuenta con este instrumento base de acción de alerta, la realidad es que aún no se conocen con claridad y precisión, los mecanismos de implementación y funcionamiento de la Alerta Amber a nivel nacional.

Quinta. Pese a la grave problemática respecto al tema de desaparición de infantes y adolescentes y la importancia del Programa de Alerta Amber en nuestro país, se estima que aún no es bien conocido por gran parte de la población, según datos emitidos por la encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría6 , se estima que solo 38 por ciento de la población a nivel nacional conoce acerca del objetivo de la Alerta Amber, sin embargo, para 62 por ciento restante, la existencia del programa sigue siendo desconocida; en la Ciudad de México, la proporción entre el nombre de la alerta y el objetivo de la misma no presentó modificaciones importantes, solo 63 por ciento supo el objetivo e identificó el nombre del programa, de acuerdo a como se muestra en la siguiente gráfica:7

Fuente: Encuesta Nacional en Vivienda/Parametría.

La Alerta Amber se activa mediante en el número telefónico 01 800 00 854 00 o por un reporte de desaparición y es pública por 72 horas. De acuerdo con la investigación observamos nuevamente que a nivel nacional, 62 por ciento de los consultados no sabía de la existencia del número telefónico para poder denunciar la desaparición de menores de edad, sólo 28 por ciento identificó la existencia del mismo; en el caso de la Ciudad de México, 6 de cada 10 entrevistados.

El nivel de conocimiento del programa sin duda impacta en la percepción de utilidad del mismo, a nivel nacional 30 por ciento consideró que dicha alerta ayudaba mucho a la búsqueda y localización de menores de edad que se encuentra en riesgo, para el caso de la Ciudad de México esas opiniones ascendieron a 55 por ciento.

En el resto de los estados 33 por ciento dijo desconocer si la alerta ayudaba mucho o no a cumplir con el objetivo de resguardar la integridad de los niños y adolescentes en situación de riesgo, cuando en la Ciudad de México, el porcentaje de esa respuesta fue de apenas el 8 por ciento, 25 puntos por debajo de los registrado a nivel nacional.

Fuente: Encuesta Nacional en Vivienda/Parametría

Se concluyó, que la Alerta Amber es conocida parcialmente sólo por apenas 31 por ciento de los mexicanos, lo anterior significa que a siete de cada diez entrevistados, la Alerta Amber les representa un programa desconocido.8

Sexta. Aunque el protocolo nacional de la Alerta Amber es un sistema masivo de notificación de menores de edad desaparecidos publicado y puesto en operación desde 2012 y que debe aplicar en las diferentes entidades de la República Mexicana, este mecanismo ha sido poco difundido por las autoridades.

Para la Alerta Amber las primeras horas del delito son vitales para que la autoridad y sus organismos policiales intervengan, ya que ésta se emite inmediatamente por medios de comunicación, televisión, radio, internet, pantallas electrónicas, para que la foto sea conocida por el mayor número de personas y pueda evitarse la comisión de otro tipo de delito.

Para activar la alerta se requiere de la denuncia, que la policía valide la desaparición del menor, contar con su foto, de los sospechosos y suficiente información, aunque en el protocolo se tiene estipulado que exista una pre-alerta en la cual se pueda iniciar la búsqueda aun cuando el caso no cumpla con todos los criterios de una alerta. A la fecha está instituida en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Francia y México.

El gobierno, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada son los principales involucrados en la puesta en marcha y aplicación de la Alerta Amber, a quienes se suman la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas; también están involucrados la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría de Atención a Víctimas de Delitos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para poder activar una Alerta Amber, los autorizados son la Procuraduría General de la República a través de la coordinación nacional, y cuando sea necesario, se coordinará con los enlaces estatales, ya que la solicitud se enviará al enlace de la Secretaría de Seguridad Pública quien activará la alerta a través de Plataforma México, con la información vertida en un formato único. En un siguiente paso, los medios de comunicación en los que se podrán apoyar las autoridades para la difusión son televisión, radio e internet, a través de redes sociales.

Desafortunadamente la falta de información acerca de este protocolo de acción inmediata de la Alerta Amber a nivel nacional, dificulta la atención de estos casos en las horas más críticas inmediatas a la desaparición de un menor.

A pesar de que hoy en día se cuenta con un instrumento base de acción como esta alerta, la realidad es que aún no se conocen, con claridad y precisión, los mecanismos de implementación y funcionamiento de la Alerta Amber México a nivel nacional, sin olvidar las formas de participación y colaboración entre los diferentes sectores de la población, las autoridades de gobierno mexicano que la ejecutan; los procedimientos y criterios de activación, actualización y desactivación de la Alerta Amber México.

En el caso de México se han emitido 87 alertas recuperando a 45 menores de edad, tal vez uno de los casos más conocidos es el de Valeria Hernández de Jesús, quién desapareció en Texcoco, estado de México y fue encontrada en El Salvador, gracias a la activación y conocimiento de dicha alerta.

La importancia de este tipo de programas es la de involucrar a más actores en la responsabilidad de cuidar a las y los niños y adolescentes en México.

En virtud de lo anterior someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Procuraduría General de la República, para que, de manera coordinada, impulsen, en todos los estados de la República campañas informativas sobre el programa Alerta Amber.

Notas

1 Naciones Unidas, Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos del Niño. Oficina del Alto Comisionado.1996-2016.

2 Naciones Unidas. Declaración de los Derechos del Niño, 2016.

3 Missing Children es una federación europea con el objetivo de desarrollar sistemas de protección, prevención y apoyo efectivo para para niños desaparecidos y aquellos que se encuentran en circunstancias de conflicto, violencia, abuso o explotados. Representan una red de 30 Organizaciones no gubernamentales en 24 países de Europa, siendo la única Organización europea que se centra específicamente en niños desaparecidos.

Missing Children, Europa, http://missingchildreneurope.eu/, 2016.

4 Navas, María Elena. El Drama de los Niños desaparecidos en América Latina . BBC Mundo, noviembre 2013.

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Registro Nacional de Personas Extraviadas, México, Junio, 2016.

6 Parametría: Encuesta en vivienda. Representatividad Nacional y Ciudad de México. Nivel de confianza estadística 95 por ciento. Margen de Error (+/-3.5 por ciento nivel nacional, (+/- 4.9 por ciento ciudad de México) Muestreo Operativo de campo y análisis).

7 Encuesta Nacional en Vivienda, Parametría, 2015.

8 Estudio realizado por la Encuesta Nacional en Vivienda de Parametría.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León a difundir las estrategias por implantar para garantizar a las personas con discapacidad el libre acceso en el transporte público, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

En México, según datos del INEGI al 2010,1 las personas con alguna discapacidad sumaban 5.7 millones de personas, lo es equivalente a la población total de los estados de Morelos, Hidalgo y Colima juntos.

Para su atención, el Gobierno Federal estableció en el Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018,2 estrategias para lograr un México Incluyente, con la finalidad de que se enfrentara y superara el hambre, revirtiera la pobreza, y crear un camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se velara por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores.

Para ello estableció una meta nacional, la VI.2. México Incluyente, en la que estableció el Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, delimitando la estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena que se centra en las siguientes líneas de acción:

• Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación.

• Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo.

• Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad.

A lo largo de los primeros cuatro años de la administración del Lic. Enrique Peña Nieto, los avances para lograr eliminar las barreras de las personas con discapacidad son escasos y sea ha acrecentado el descuido y desatención a este sector de la población que cada día es más vulnerable seguido por el de los adultos mayores.

Los mexicanos discapacitados no sólo han tenido que sortear con su realidad económica y social, sino también con las barreras físicas existentes en los espacios urbanos y arquitectónicos, públicos y privados, lo que dificulta su inserción en la sociedad.

Lo que es real y tangible es que en México la limitada accesibilidad ha restringido los derechos de los habitantes en las ciudades de nuestro México; los tiempos invertidos en los traslados, el costo económico y el impacto en el presupuesto de éstos individuos y sus familias, así como la inseguridad que se vive en los trayectos, han deteriorado su condición de vida en su conjunto.

Hoy día, el sistema de transporte colectivo en las Ciudades de México, Guadalajara y Monterrey se constituye como el medio más rápido y que en gran medida resulta más económicos para las personas, pero que no en todos los casos, logran ser las mejores opciones para las personas con discapacidad.

Para ejemplificar lo que anterior, yo he observado las pocas facilidades de accesibilidad del transporte colectivo metro de la Ciudad de México mismo que utilizo diariamente para trasladarme de mi hogar a la Cámara de Diputados.

La línea B, que es la que tomó diariamente, del tramo Buenavista hasta San Lázaro solo tiene dos estaciones que cuentan con elevadores para personas con discapacidad (PcD) imposibilitando en ese trayecto a las PcD al ascenso y descenso, sin considerar que en la mayoría de las estaciones de esta línea no existen escaleras eléctricas para el desplazamiento en el interior, lo que sin duda resalta las brechas de desigualdad que son objeto las personas con discapacidad motriz.

En el caso de las personas con discapacidad visual o auditiva, me percate en muy pocas estaciones se cuenta con Ranura guía y Placas braille para invidentes, no existe aviso sonoro de la estación a la que se arriba, y en algunos casos, es imperceptible la transmisión de información o sonido de cierre de puertas.

Lo anterior, lo complemente consultando información pública de la página web del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México3 e identifique en su portal de accesibilidad que sólo el 20% de las 195 estaciones del metro cuentan con elevadores que podrían ser utilizados si se cuenta con una tarjeta denominada de Libre Acceso, situación que entiendo es de control pero es limitativa si la utilización de dichos elevadores es requerido por cualquier persona que no la presente en su momento, generando indirectamente una barrera en su movilidad.

En cuanto a contar con ranura guía y placas braille para invidentes los datos no se incluyen por toda la red, lo que imposibilita conocer la real cobertura de estas facilidades.

Con lo anterior, puedo concluir que la Ciudad de México no una capital inclusiva cómo en los medios de comunicación se expresa.

Me di a la tarea de investigar las facilidades para la utilización de los sistemas de transporte similares al metro de la Ciudad de México en las grandes metrópolis de Guadalajara y Monterrey.

En el caso de Jalisco, en la zona conurbada de Guadalajara existe el Sistema de Tren Eléctrico Urbano4 identificando una cobertura limitada que incluyen orugas eléctricas en estaciones de túnel, 6 estaciones de la línea 1 y toda la línea 2; dos elevadores en la línea dos del Tren Ligero; y tres unidades con rampas eléctricas a lo largo de la línea 3. Importante es mencionar que existe asistencia telefónica que brinda apoyo de ascenso y descenso de pasajeros previa solicitud, pero no existe información sobre la existencia de ranuras guía.

En el caso de Nuevo León no existe información sobre accesibilidad en su portal público del Sistema de transporte colectivo Metrorrey5, y sólo pude conocer por una nota periodística que la anterior administración a la del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, dejó 6 de 12 carros descompuestos para subir al usuario en silla de ruedas, así como que las escaleras eléctricas y elevadores no estaban en funcionamiento, pero que a su vez en la construcción de la Línea 3 del Metro se había considerado en su diseño la accesibilidad para discapacitados en todas sus estaciones.

En resumen, los anteriores ejemplos que he expuesto evidencian que las principales capitales de la República Mexicana se han emprendido esfuerzos en favor de la accesibilidad de las personas con discapacidad en el uso del transporte público, buscando con ello atender las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pero que las mismas no han logrado alinearse al 100% a lo expuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo que en su artículo 9o. refiere que los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Por todo lo anterior, puede afirmar que hoy día, en México existe una brecha que limita la movilidad y el desarrollo de las personas con discapacidad, y que los sistemas de transporte públicos, como lo son el metro y sus similares en los estados de Jalisco y Nuevo León no son, en términos general de fácil acceso para esa población.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León a que hagan públicas las estrategias de corto, mediano y largo plazo que implementaran para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones de las demás, al transporte público colectivo cómodo y seguro, que les permita movilizarse y conectarse a lo largo de las zonas metropolitanas y rurales de esos estados y con ello se les garanticen el derecho a la movilidad, faciliten su inserción social y a minoren la deteriorada condición de vida de ese sector de la población

Notas

1 Discapacidad en México, disponible en

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx ?tema=P, consultado el 20 de septiembre de 2016.

2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en http://pnd.gob.mx/, consultado el 20 de septiembre de 2016.

3 Servicios que ofrece el metro a los usuarios con discapacidad, disponible en http://www.metro.cdmx.gob.mx/servicios/capacidif.html, consultado el 20 de septiembre de 2016.

4 Sistema de Tren Eléctrico Urbano – Accesibilidad, disponible en http://www.siteur.gob.mx/servicios/accesibilidad.html, consultado el 20 de septiembre de 2016.

5 Sistema de Transporte Colectivo (Metrorrey) – Portal de Transparencia, disponible en http://www.nl.gob.mx/transparencia/dependencia/metrorrey, consultado el 20 de septiembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016.

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, el Consejo de la Judicatura Federal y el Congreso de la Unión a implantar en los inmuebles a cargo del gobierno de la república medidas arquitectónicas que beneficien el ambiente y reduzcan la contaminación, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputada Lorena Corona Valdés, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Acorde con la investigación denominada “Estudios Territoriales. Valle de México, México”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM o Valle de México) es la tercera zona metropolitana más grande de la OCDE y la más grande del mundo fuera de Asia. “De acuerdo con las delimitaciones mexicanas más utilizadas, la ZMVM abarca alrededor de 7,866 kilómetros cuadrados (casi cinco veces el tamaño de la región del gran Londres y tres veces el de Luxemburgo), comprende las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del estado de México y un municipio del estado de Hidalgo”.

La investigación establece que actualmente el Valle de México tiene más de 20 millones de habitantes, cifra que equivale al 17 por ciento de la población nacional; resaltando que poco menos de la mitad de la población de la zona metropolitana vive en la Ciudad de México. Si bien el crecimiento de la población se ha desacelerado notablemente en el Valle de México, durante la última década siguió en aumento; en las zonas periféricas creció más rápido que la del núcleo urbano. “En comparación con ciudades europeas u otras ciudades latinoamericanas, el Valle de México mantiene una población bastante densa de 13,500 habitantes por kilómetro cuadrado”.

“Entre 2010 y 2013, el número de automóviles registrados aumentó 8.5 por ciento al año. La congestión vehicular en la zona metropolitana es una de las más altas del mundo.” Actualmente el parque vehicular del Valle de México se calcula en 5.4 millones de unidades.

La Ciudad de México es conocida mundialmente por la densidad de su población, así como de sus altísimos índices de contaminación atmosférica, debido a que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Un porcentaje alto de su población debe cruzar la ciudad de extremo a extremo diariamente para ir a su lugar de trabajo o en su defecto, regresar a sus hogares.

Los índices de polución habían sido muy elevados pero a lo largo de los últimos años estaban controlados, en parte porque para reducir las emisiones de carbón, a los vehículos se les prohibió la circulación, por turnos y durante ciertos días. Dado que el parque vehicular público es antiguo, esas medidas han resultado insuficientes y a menudo saltan las alarmas ambientales.

El problema de la calidad del aire en la Ciudad de México ha alcanzado grandes dimensiones de acuerdo con el investigador Gerardo Manuel Mejía quien en su texto intitulado: “Calidad del aire en Ciudad de México: Una aproximación multidisciplinaria para su adecuada gestión”, señala que aunque se han introducido nuevas tecnologías anticontaminantes en los vehículos y en las actividades industriales, el problema de contaminación muestra solamente avances marginales en la reducción de la contaminación del aire e indica que “los contaminantes más importantes son las partículas menores a 10 mm (micrómetros) [PM10] y el ozono. En el caso del ozono se rebasa la norma para una hora (0.11 ppmv-0.11 partes por millón en volumen)* el 80 por ciento de los días del año; y en el caso del PM10 se rebasa la norma para 24 horas (150 mg/m3-150 microgramos por metro cúbico de aire)* más del 40 por ciento de los días de los últimos años, a excepción de 1999 en que se rebasó en el 10 por ciento de los días”.

“Dentro del PM10, las partículas de mayor impacto en la salud son las menores a 2.5 mm (PM2.5), cuyo efecto se ha vuelto de particular interés ya que puede penetrar hasta los alveolos de los pulmones donde se depositan las partículas pudiendo causar la muerte por exposición crónica. El PM2.5 no se mide regularmente y no existe una norma oficial mexicana, pero se estima que ésta última estará alrededor de 60 a 65 mg/m3 promedio de 24 horas. Considerando este valor y algunas mediciones de PM2.5 que se han hecho en la ZMVM se estima que se tendría un porcentaje elevado de violaciones a la norma durante el año”.

Según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en el país hay 20 mil decesos por la mala calidad del aire, de los cuales al menos nueve mil seiscientos corresponden a la ZMVM. La contaminación del aire ocupa el noveno lugar dentro de los factores que producen enfermedad y muerte en el país. Los contaminantes atmosféricos pueden contribuir al desarrollo de enfermedades pulmonares y del corazón, incluso pueden causar cáncer de pulmón.

El Centro Mario Molina, afirma que actualmente, “la ZMVM tiene los mayores índices de contaminación por ozono a nivel nacional, y es la cuarta urbe en cuanto a presencia de partículas finas, el contaminante más preocupante desde el punto de vista de salud pública. La evidencia científica indica que existe una relación entre la exposición a contaminantes atmosféricos y la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, que pueden ocasionar muertes prematuras en segmentos vulnerables de la población, así como un desarrollo pulmonar deficiente en infantes. Como consecuencia de estos impactos a la salud, hay serias repercusiones económicas y sociales para el país. Aunque las medidas para mitigar esta situación pueden requerir de una inversión cuantiosa, el beneficio para la sociedad, con mucho, supera cualquier costo.”

La situación se hizo crítica en este 2016, al grado de concitar un Acuerdo entre los diferentes niveles de gobierno y la participación de autoridades de varias entidades federativas colindantes con la Ciudad de México. Ante ello, se presentó el 7 de junio del presente año, la nueva Norma Emergente de Verificación Vehicular, que entró en vigor a partir del 1 de julio. Como corresponsables del combate a la contaminación, asistieron a esa presentación, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los gobernadores de la Ciudad de México, estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El tema fue atraído por la federación, por lo altos niveles de contaminación que se registraron en marzo de este año, razón por la cual, se aplicaron medidas más restrictivas para suspender la circulación de automóviles que incluía a modelos nuevos. La Norma Emergente de Verificación Vehicular es producto de la crisis ambiental en la Ciudad de México debido a los altos índices de contaminación por ozono y como una manera de reforzar el programa Hoy No Circula. De aquí, deriva la decisión de que el programa de verificación se homologue en seis entidades que conforman la Megalópolis.

Mucho se ha hablado de que la reducción de la circulación de los automóviles, no constituye la única salida al problema tan grave de la contaminación del aire; no obstante, son pocas las opciones que se han emprendido de manera paralela. Entre algunas medidas que han destacado a nivel internacional se encuentran:

• Posponer las tareas de jardinería que requieran el uso de herramientas a gasolina en días de alto nivel de ozono.

• Restringir la limpieza en seco.

• Evitar el uso de pinturas, aceites y solventes en días de alta concentración de ozono.

• Reducir el consumo de electricidad, lo cual contribuirá a disminuir las emanaciones de SO2, NOx, VOC (óxidos de azufre, nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles).

• Prender el carbón de leña con un encendedor eléctrico en vez de hacerlo con combustible líquido.

• Restrinja-reutilice-recicle: un menor consumo redundará en menor contaminación atmosférica de todo tipo.

Un mecanismo que es poco conocido, pero que tiene un efecto destacado lo podemos encontrar en nuevos materiales de construcción. Efectivamente y de manera sorpresiva, la contaminación puede combatirse desde el ámbito arquitectónico, utilizando materiales que cuentan con propiedades antimicrobinas y descontaminantes. Un ejemplo importantísimo que propongo se debería seguir en todos los edificios destinados al servicio público del gobierno federal y de las entidades federativas de la ZMVM es el emprendido por el Hospital General Dr. Manuel Gea González.

La construcción del Hospital Manuel Gea González fue una obra original del arquitecto Manuel Villagrán, que se finalizó en 1942. “En 2013 se construyó la nueva torre de especialidades médicas y en ella se tuvieron en cuenta las necesidades medioambientales. A lo largo de 100 metros, el edificio cuenta con una doble fachada, de Prosolve 370e que está cubierto con una capa superfina de polvo de dioxido de titanio (TiO2).

No se necesita una gran potencia de rayos UV para que los electrones del revestimiento descompongan los óxidos de nitrógeno y otros compuestos, transformándolos en agua y nitrato cálcico (un elemento que se encuentra en fertilizantes) que serán arrastrados de la cubierta por la lluvia. Con este sistema, se limpia el aire que penetra en el edificio y lógicamente el que le rodea. Una ventaja adicional es que la pantalla de baldosas filtra la luz solar y reduce la temperatura en el interior, lo que también representa un ahorro en aire acondicionado y sus emisiones contaminantes”.

El azulejo utilizado en la fachada se realizó de Prosolve 370e, cuya forma y cubierta neutralizan los químicos que componen el esmog. Al ser puestos cerca de calles o vías principales, dicho material es capaz de neutralizar la contaminación producida por 8,750 carros diariamente. De esta manera, se beneficia tanto la salud de los pacientes del hospital, que pueden respirar un aire mucho más puro, como beneficia a los habitantes que tienen que transitar por esa zona.

El material solo está colocado en las fachadas a través de diversas piezas que conforman un entramado, tipo enjambre; que al ser ensambladas se recubren con el dióxido de titanio que combate la polución. De manera que su instalación en focos de alta contaminación, como en este caso la Avenida San Fernando, ayudan a neutralizar las emisiones de óxido de nitrógeno (emisiones propias por combustión de vehículos), descontaminando no sólo el edificio donde se ubican sino el entorno urbano donde se emplaza.

Es importante destacar que la ligereza de los módulos no requiere maquinaria pesada para su instalación. Las piezas se montan en el suelo sobre mega paneles y se levantan para colocarlos en la fachada. Las celdas siguen un patrón inspirado en los corales y esponjas de mar. Cada panel tiene una configuración diferente y única. Las baldosas están hechas de una carcasa de plástico ABS resistente al fuego.

Según información disponible Prosolve 370e puede emplearse en cualquier tipo de edificación, junto a una autopista, dentro de un túnel, en interiores, en estacionamientos, entre otros. El mantenimiento es muy sencillo y para mantener la blancura del material instalado, basta con lavarlo periódicamente. Se estima que la duración del revestimiento oscila entre los 5 y los 10 años. Para renovarlo no se precisa desmontar las piezas sino que puede aplicarse el material directamente sobre la instalación.

El dióxido de titanio es un pigmento que le da el color blanco a cosas cómo bloqueadores solares y algunos alimentos y funciona como un catalizador en reacciones químicas. Al hacer contacto con rayos ultravioleta se produce una reacción química que logra detener la contaminación mediante la generación de nitrato de calcio, agua y dióxido de carbono, que no es alterado y continúa trabajando a un ritmo constante.

Efectivamente, reduce los compuestos orgánicos totales (COV), los óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx) a través del sistema modular. Cuando este material se instala cerca de avenidas altamente congestionadas, ayuda a neutralizar emisiones y otras toxinas. Así, una red urbana de este producto no solo ayudaría a limpiar el aire que entra a los edificios sino el que los rodea, creando un ambiente limpio en toda la ciudad.

Como se mencionó anteriormente, además de actuar como un increíble purificador urbano de aire, el recubrimiento Prosolve 370e actúa como un filtro natural de luz y como bloqueador solar para el interior, generándose grandes ahorros en energía destinada para aclimatación e iluminación.

Sin duda alguna, el proyecto es el primero de su tipo en México y podría propiciar que se cambie la percepción de la función de la arquitectura dentro de la Ciudad de México para que además de estética, sea sustentable. Los diseños más avanzados en arquitectura son ecológicamente sostenibles porque en la fase constructiva se eligen los materiales y procesos que son más respetuosos con el medio ambiente; creándose edificaciones que permiten reducir el consumo energético.

En este sentido, como una alternativa arquitectónica para apoyar en el combate de la contaminación en la Ciudad de México, sería importante que los edificios destinados al servicio público del Gobierno Federal y Capitalino en la medida de lo posible pudieran utilizar este material en sus fachadas. De igual forma, algunos proyectos que están en camino de concretarse, como los nuevos edificios del Instituto Nacional Electoral podrían utilizar Prosolve 370e, para ayudar a mitigar los efectos de la contaminación, en una zona tan transitada como lo es Periférico y Viaducto Tlalpan.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente del Consejo de la Judicatura Federal y a los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a implementar, en aquellos inmuebles a cargo de las dependencias de la Administración Pública Federal, del Poder Legislativo Federal y del Poder Judicial de la Federación, medidas arquitectónicas que beneficien al medio ambiente y reduzcan la contaminación, mediante el uso en sus fachadas de materiales con polvo de dióxido de titanio (TiO2), conocido por su actividad fotocatalítica y capacidad para degradar contaminantes atmosféricos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente del Instituto Nacional Electoral, ante la inminente construcción de nuevas instalaciones para el Instituto, a implementar medidas arquitectónicas que beneficien al medio ambiente y reduzcan la contaminación, mediante el uso en sus fachadas de materiales con polvo de dióxido de titanio (TiO2) conocido por su actividad fotocatalítica y capacidad para degradar contaminantes atmosféricos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lia Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a difundir las medidas llevadas a cabo tras la auditoría financiera y de cumplimiento del programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre, suscrita por los diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez, Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Blanca Margarita Cuata Domínguez y Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones, que establece en su artículo quinto transitorio, tercer párrafo, que “La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno...”

Asimismo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión expedida el 14 de julio de 2014 estableció en su artículo Décimo Noveno Transitorio que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sería la encargada de implementar los programas y acciones vinculados con la política de la Transición a la Televisión Digital Terrestre, es decir, la entrega y distribución de los equipos receptores o decodificadores.

2. El 13 de mayo de 2014 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el cual señala como objetivo número uno: “Promover la implementación de equipos receptores y decodificadores para la adopción de la televisión digital Terrestre y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.”1

Para lo anterior se definió la estrategia 1.2.: “Implementar mecanismos para que los hogares de escasos recursos cuenten con equipos receptores de señales de Televisión Digital Terrestre”, misma que estuvo acompañada de las siguientes líneas de acción:

• Implementar un programa de cobertura social para dotar de televisores digitales a los hogares de escasos recursos.

• Integrar un padrón que identifique a los hogares de beneficiarios del programa de cobertura social.

Para la ejecución de la segunda línea de acción, se definió que debía existir coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, por lo cual ambas secretarías firmaron un Convenio de colaboración para implementar un programa de cobertura social que dotara de televisores digitales a los hogares de escasos recursos, por medio de la integración un padrón que identificara a los hogares beneficiarios con programas de cobertura social.

3. En mayo de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, inició la entrega de televisores digitales de conformidad al cronograma determinado en el Programa de Trabajo para la Televisión Digital Terrestre (TDT).

4. A partir del 7 de julio de 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remitió al Congreso de la Unión informes trimestrales correspondientes al periodo enero-marzo, abril-junio, junio-septiembre y octubre-diciembre a efecto de rendir cuenta de los recursos asignados al Programa para la TDT, el listado de beneficiarios en el proceso de entrega de televisores digitales a los hogares de escasos recursos y las reglas para la entrega de televisores.

5. De acuerdo con la última actualización de la página de la SCT (30 de enero 2016) se han entregado 10 millones 111 mil 273 televisores.2

6. En abril del presente año, la Auditoría Superior de la Federación emite la Cuenta Pública 2014, en la cual, la Auditoria correspondiente al Programa de Trabajo para la TDT presenta diversas observaciones.

7. En agosto de 2016 Adolfo Cuevas Teja Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, emitió el documento titulado “Análisis del proceso de transición a la televisión digital terrestre (“Apagón Analógico”): Cálculo del número de telehogares afectados; eficacia de la entrega de televisores digitales, e impacto presupuestal” en el cual se señala que a pesar de haber sido un programa benéfico que sí apoyó la protección de hogares que no estaban preparados para la Transición Digital Terrestre, éste no cubrió a la totalidad de la población objetivo3 .

Consideraciones

La reforma en telecomunicaciones formó parte del paquete de reformas estructurales de 2013. Es a partir de esta reforma que se establece el cambio de televisión analógica a televisión digital. El plazo que la Constitución impuso como límite para apagar las frecuencias necesarias para liberar la banda de 700 MGZ suponía una inversión en cada hogar ya sea para la compra de decodificador o televisión digital.

Es claro que la televisión en México es un medio de información muy concurrido, aun cuando se ha generado una revolución en las tecnologías de la información.

Tal es su importancia, que de haberse realizado el apagón analógico se habría afectado a millones de hogares que no contaban con los recursos para invertir en un televisor o decodificador.

Evidentemente las condiciones socioeconómicas del país, y particularmente los ingresos de cada familia no permitían a todas realizar una inversión de esa magnitud, siendo que México tiene una elevada tasa de pobreza, y que de acuerdo al ENIGH 2014 el ingreso de los hogares que se verían afectados oscilaba entre 2 mil 300 y 9 mil 843 pesos, y estos son destinados fundamentalmente a mantener las necesidades básicas, por lo cual resultaban insuficientes para invertir en una televisión digital.

Como se aprecia en los antecedentes, la reforma ordenó que fuera el Ejecutivo federal por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la encargada de llevar a cabo la implementación de los programas y acciones necesarios para la transición a la Televisión Digital Terrestre, es decir, para la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores.

En su momento se discutió acerca de la viabilidad o no de entregar televisiones en lugar de decodificadores a los hogares siendo que estos últimos habrían significado una reducción considerable al costo total del programa, contrario a los televisores que además de tener un costo más elevado, podrían haber sido utilizados con fines propagandísticos debido a que su entrega se emparejaba con el año electoral federal. La justificación para entregar televisores fue que presumiblemente se reduciría el consumo de electricidad y podrían usarse como dispositivos de acceso a internet4 , pero no se tomó en cuenta que para ello primero es necesario que el hogar cuente con servicio de internet, y además comprar otros dispositivos necesarios para esta conectividad.

La determinación de las personas beneficiadas con el programa estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual realizó un padrón único con la confluencia de distintos programas sociales. Para la realización de este padrón, Sedesol, considero en orden de prelación a personas afiliadas a los siguientes programas: Próspera, Apoyo Alimentario, Estancias Infantiles, Adultos Mayores, Abasto Social de Leche, Desarrollo de Zonas Prioritarias, Empleo Temporal, Jornaleros Agrícolas, 3X1 Migrantes, Seguro de Vida para Jefas de Familia, Opciones Productivas y Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación emitió 13 observaciones, 16 recomendaciones, una solicitud de aclaración, y un pliego de observaciones al Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

La Auditoría evidenció que los datos contenidos en el padrón de beneficiarios no garantizaron la entrega de un televisor por hogar, en concordancia con los fines del programa. Dicha aseveración se fundamentó en visitas domiciliarias que realizó el órgano fiscalizador donde se constató que había más de un beneficiario por hogar visitado.

Asimismo entre las observaciones que hace la Auditoría al Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre se encuentran la asignación de siete contrataciones en forma directa, de las cuales una no cuenta con justificación de excepción a la licitación, por lo cual no cumplió con la normativa, mientras que de otras tres adjudicaciones directas no se cuenta con los expedientes respectivos.

Sumado a todo lo anterior, aún persiste la incógnita sobre el paradero de 398 mil 775 televisiones, con un valor promedio de 2 mil 471.66 pesos cada una, de las cuales la SCT no cuenta con un registro de su ubicación ni de inventario físico al cierre de 2014, por lo que la Auditoría solicitó documentación que comprobara el monto de 985 millones 636 mil 216.50 de pesos equivalentes al número de televisiones de las que no se conoce su paradero.

Además de ello, la Auditoría menciona que existieron deficiencias en la evaluación del seguimiento a las actividades del Programa, por lo que no se contó con información confiable sobre los avances de éste.

En suma, la Auditoría Superior de la Federación determinó 13 observaciones, que generaron 16 recomendaciones, una solicitud de aclaración, 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones derivados de la auditoría financiera y de cumplimiento al programa.

Sumado a las consideraciones anteriores, en agosto del presente año Adolfo Cuevas Teja comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó el documento titulado “Análisis del Proceso de Transición a la Televisión Digital Terrestre (“Apagón Analógico”): Cálculo del Número de Telehogares Afectados; Eficacia de la Entrega de Televisores Digitales, e Impacto Presupuestal”. En dicho análisis se mencionan cuestiones contundentes: hubo ineficacia en la entrega de televisores digitales en el apagón analógico, pues éste dejó a 6 millones 697 mil 988 hogares desprotegidos a nivel nacional, es decir 22.28 por ciento del total de telehogares5 y entregó de manera ineficaz 4 millones 909 mil 912 aparatos a hogares que ya contaban antes del apagón con televisor digital o decodificador, cifra que representa 48.55 por ciento del total de los televisores entregados.

Así como lo hizo la Auditoría Superior de la Federación, el análisis del comisionado también menciona fallas en el padrón, como la falta de cobertura total a deciles de menor ingreso, dejando sin cobertura porciones significativas de esos mismos deciles, atención a deciles de alto ingreso y casos de atención a hogares que no requerían del subsidio. De acuerdo con el análisis, estos datos se traducen en un ejercicio no eficaz de los recursos públicos, pues el Programa TDT de la SCT como ya se mencionó líneas atrás, tenía el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de Tv radiodifundida en hogares de escasos recursos.

De acuerdo con el informe trimestral octubre-diciembre los ingresos comprometidos para el Programa fueron 28 mil 446 millones 582 mil 479.23 pesos, sobre los cuales se requiere mayor información acerca de su ejercicio en concordancia con todas las consideraciones citadas.

Es preocupante que mientras los informes de la SCT, y el cuarto Informe de Gobierno mencionan que se protegió con el programa a 96 por ciento6 de la población objetivo, el análisis del Comisionado del IFT alude que se dejó desprotegidos a 6 millones 697 mil 988 hogares. Puede que sí, efectivamente se haya cubierto a 90 por ciento de la población objetivo, pero esta población de acuerdo con el informe de la ASF y el análisis del comisionado puede que no haya contemplado al grueso de la población que sería afectada con el apagón analógico. Todo lo anterior se traduce en un posible ejercicio no eficaz del presupuesto público en perjuicio de los ciudadanos.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Desarrollo Social que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación haga del conocimiento público las medidas llevadas a cabo derivadas de los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 14-0-09100-02-0418 al Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus atribuciones haga del conocimiento público las acciones emprendidas derivadas de los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 14-0-09100-02-0418 al Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación haga del conocimiento público las acciones realizadas derivadas de los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 14-0-09100-02-0418 al Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

Notas

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/TDT/marco-normativo/programa-de-trabajo -tdt.pdf

2 http://www.sct.gob.mx/comunicaciones/transicion-a-la-television-digital -terrestre/avances/

3 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/21/ineficiente-entrega-de-5- millones-de-televisores-por-apagon-analogico-sedesol

4 http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/
version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-sobre-la-prueba-del-proceso-de-transicion-a-la/

5 Hogares que cuentan con STAR y/o, TV digital y/o, TV analógica y/o decodificador. http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/otrosdocument os/adolfo-cuevas-teja/analisisdelprocesodetdtmexico0.pdf

6 Cuarto Informe de Gobierno federal.

Referencias

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/Imagenes_Portada/program a-trabajo-transicion-tdt.pdf

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/
otrosdocumentos/adolfo-cuevas-teja/analisisdelprocesodetdtmexico_0.pdf

Manual operativo del programa para la transición a la televisión digital terrestre

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/TDT/marco-normativo/manu al-operativo-tdt.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre 2016.

Diputados: Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica), Blanca Margarita Cuata Domínguez, Virgilio Dante Caballero Pedraza.

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Banco de México y a la SHCP, a difundir las medidas que se han tomado respecto de la política monetaria y el aumento a las tasas de interés, a cargo de la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Proposición con punto de acuerdo por el que la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a los integrantes de la comisión de cambios y a sus titulares, el gobernador del Banco de México Agustín Guillermo Carstens Carstens, y José Antonio Meade Kuribreña secretario de Hacienda y Crédito Público, a hacer público un informe sobre las consideraciones que ha tomado la comisión respecto de la política monetaria y el aumento a las tasas de interés, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo por el que la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a los integrantes de la Comisión de Cambios y a sus titulares, el Gobernador del Banco de México Agustín Guillermo Carstens Carstens, y José Antonio Meade Kuribreña Secretario de Hacienda y Crédito Público, a hacer público un informe sobre las consideraciones que ha tomado la Comisión respecto de la política monetaria y el aumento a las tasas de interés, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. En el último año los embates a la estabilidad del peso mexicano debido a las incertidumbres mundiales, la baja de los precios del petróleo, y políticas macroeconómicas que no han podido mitigar el incremento en la valuación del dólar frente al peso han generado escenarios en los que el Banco de México se ha visto obligado a hacer uso de algunos recursos como la oferta de dólares para tratar de controlar el tipo cambiario, sin embargo la medida ha sido insuficiente pues tan sólo en el último mes, e incluso tras el anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos de no aumentar las tasas de interés, el tipo cambiario ha situado al dólar hasta en montos superiores a los 20 pesos en los últimos días, rompiendo con ello en 4 veces tan solo en septiembre, los records históricos.

II. La Comisión de Cambios según el capítulo IV, artículos 18 al 23 de la Ley vigente del Banco de México, es la encargada de autorizar la obtención de los créditos internacionales, fijar criterios a los que deba sujetarse el Banco en el ejercicio de las facultades respecto de la banca de desarrollo, y señalar directrices respecto del manejo y la valuación de la reserva.

III. La confianza en el futuro de la moneda mexicana se encuentra cerca de su peor nivel desde 1995, de acuerdo a los contratos negociados en el mercado del Chicago Mercantile Exchange (CME), cuando estuvo bajo los efectos de una de las más profundas crisis económicas de México, esta situación que se ha visto reflejada en los constantes aumentos del dólar, ha puesto en entre dicho las medidas que habrán de tomarse para atender la situación de volatilidad actual.

IV. La medida adoptada por el Banco de México ante este panorama, principalmente todo 2015, fue vender cada día 200 millones de dólares en los mercados cambiarios, con la finalidad de aumentar la oferta y por ende incidir en los precios de cotización de la divisa, sin embargo este mecanismo dañó el nivel de las reservas internacionales, lo que ha representado hasta el corte del pasado 15 de septiembre una disminución en la reserva internacional por 433 millones de dólares, según el reporte de saldos preliminares del estado de cuenta correspondientes al jueves 15 de septiembre de 2016 del banco central.

V. Hasta ahora, Ese prevé que este jueves 29 de septiembre el Banco de México anuncié su decisión a la Junta de Gobierno en torno al nivel de la tasa de interés de referencia, en lo que diversos especialistas han anticipado representará un aumento a la tasa de referencia en 50 puntos base (0.50 puntos porcentuales) a 4.75 por ciento. Inclusive, uno de estos analistas anticipa un aumento de 75 puntos base. Dicha situación se debe a que haber elevado la tasa de interés en un ambiente de inflación bien controlada y bajo crecimiento económico, después de un movimiento abrupto del tipo de cambio por un tema muy poco específico para México como el resultado del referéndum en Reino Unido para desincorporarse del Unión Europea (o Brexit), puso a la Junta de Gobierno en un lugar muy complicado en donde los participantes de los mercados van a demandar y los analistas van a anticipar alzas de tasas de interés cuando el peso observe una depreciación significativa contra el dólar; que es justo la situación en la que nos encontramos después de haber rebasado la barrera psicológica de los 20 pesos, y por la que incluso ya se han manifestado algunas Cámara empresariales, toda vez que anticipan una alza en importaciones y por ende un impacto directo a la inflación.

VI. Por años Banxico luchó por mantener las políticas cambiaria y monetaria separadas, tanto en la toma de decisiones (Banxico para política monetaria y la Comisión de Cambios en el caso de política cambiaria), como en el tipo de instrumento que se utiliza (el corto y después la tasa de referencia para política monetaria y opciones o subastas de dólares para política cambiaria). Sin embargo, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar la tasa de referencia 100 puntos base en julio pasado cuando había una inflación por debajo del objetivo de 3.0 por ciento y con una dinámica de crecimiento en desaceleración.

VII. Se prevé que la alza en las tasas de interés mitigue momentáneamente la devaluación del peso frente al dólar, sin embargo poco es el efecto duradero que tendría dicha medida si se considera que ante el margen de las reservas, México tendría que ocupar la línea de crédito autorizado por el FMI este mismo año para contener la caída del peso.

VIII. Diversos especialistas han recalcado que es fundamental que se entienda que el aumento en las tasas de interés en México no resuelve el problema de fondo que es la dependencia de nuestro país de recursos del exterior ante nuestro creciente déficit comercial, el cual sumó 14.609 mil millones de dólares en 2015 y que llegó a los 6.592 mil millones de dólares en los primeros cinco meses de 2016.

IX. Ante esta situación de incertidumbre en la que la actitud del Banco de México y sus autoridades pretenden ocultar la dimensión de la grave devaluación que vivimos, es que por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes:

Resolutivos

Primero.- La H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a los integrantes de la Comisión de Cambios y a sus titulares, el Gobernador del Banco de México Agustín Guillermo Carstens Carstens, y José Antonio Meade Kuribreña Secretario de Hacienda y Crédito Público, a hacer público un informe sobre las consideraciones que ha tomado la Comisión respecto de la política monetaria y el aumento a las tasas de interés.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, la SHCP y autoridades locales a destinar prioritariamente parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales en favor de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, Coahuila, para mejorar las vialidades afectadas por las recientes lluvias, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 6 de septiembre del año en curso la Secretaría de Gobernación en virtud de la presencia de lluvia severa ocurrida el 26 de agosto, emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, todos pertenecientes al Estado de Coahuila.1

La declaratoria de emergencia tiene como finalidad que los municipios mencionados puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de la Secretaría de Gobernación.

Como es sabido, a través del Fonden se coordinan los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal para atender a la población afectada por un desastre natural, así como para financiar el costo de reconstrucción de la infraestructura pública dañada.

Atendiendo a lo anterior, uno de los daños que más está aquejando a los habitantes de Coahuila, es que se han formado abras en las carreteras, partiéndolas a la mitad, además de que las calles y avenidas se encuentran dañadas debido a la humedad y las inundaciones que ha generado la lluvia atípica.

Se estiman daños en cientos de metros cuadrados; además de varias calles con pozos formados sobre el asfalto; particularmente en la carretera Madero -Finisterre-la Rosita las lluvias severas provocaron que la tierra se abriera en una superficie de alrededor de 150 metros de largo y poco más de un metro de profundidad.2 En suma, las lluvias atípicas, dañaron más de la mitad el pavimento de las principales ciudades de la Comarca Lagunera.

De acuerdo con un informe presentado a la directora general de Procedimientos del Fonden, por los seis subcomités de Coahuila mediante el cual evaluaron los daños ocasionados por las lluvias atípicas, se dice que en el sector vial y urbano los daños ascienden a 50 millones de pesos,3 sin embargo, de acuerdo al acta de proyectos que se formalizó para acceder a los recursos del Fonden sólo se autorizaron 19.1 millones de pesos para rehabilitación de carreteras federales,4 quedando pendiente más de la mitad de la cantidad solicitada para el sector vial-urbano, el cual además de carreteras federales incluye el bacheo y recarpeteo en pavimentos, calles y avenidas.

Por lo anterior, y en virtud de que las calles, avenidas y carreteras son parte de los componentes más importantes para el desarrollo social y económico de cualquier Estado, es que presento esta proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que una parte de los recursos del Fonden a los que mediante la declaratoria de emergencia se entregaron a los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, sean destinados prioritariamente a llevar a cabo la totalidad de las obras de pavimentación, recarpeteo y mejoramiento de calles, avenidas y carreteras en los lugares mencionados. Lo anterior, con el fin de salvaguardar el traslado de las personas y alcanzar lo más pronto posible el retorno de la normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por las lluvias atípicas.

Asimismo, cabe señalar que esta situación está obstruyendo los traslados de los habitantes de una zona de la importancia de la Comarca Lagunera, por lo cual es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Coahuila implementen programas emergentes para bacheo y recarpeteo en pavimentos, calles y avenidas; ya que la humedad continúa generando daños a la carpeta asfáltica, afectando la infraestructura vial y generando deslaves y hundimientos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que en virtud de la declaratoria de emergencia emitida con fecha del 6 de septiembre del año en curso, designe prioritariamente parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales asignados en favor de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del Estado de Coahuila, para que sea utilizados para financiar el total del costo de la pavimentación, recarpeteo y mejoramiento de las calles, carreteras y avenidas que han sido afectadas por las recientes lluvias atípicas; con lo que se beneficiara la movilidad de las personas y se estaría en posibilidad de alcanzar lo más pronto posible la normalidad en el entorno social y económico de los habitantes de los municipios mencionados.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Coahuila para que en la medida de sus posibilidades presupuestarias realicen los programas necesarios para bacheo, recarpeteo en pavimentos, calles y avenidas de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca; en beneficio de sus habitantes que actualmente se encuentran obstruidos en sus traslados.

Notas

1 Declaratoria de emergencia por la presencia de lluvias severa ocurrida el 26 de agosto en 5 municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. Diario Oficial de la Federación. 6 de septiembre 2016. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5451343&fecha=06/09/2016.

2 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1252622.aparece-una-enorme- abra-en-la-carretera.html consultado del 19 de septiembre 2016.

3 http://www.milenio.com/region/
Milenio_Noticias-Lluvias_en_La_Laguna-Fonden-Victor_Zamora-Danos_Comarca_Lagunera_0_811119197.html
consultado el 19 de septiembre de 2016.

4 http://www.noticierosgrem.com.mx/van-municipios-de-la-laguna-por-mas-de -232-mdp-del-fonden/ consultado el 19 de septiembre de 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de septiembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, la Profepa y diversas dependencias gubernamentales a investigar y fincar responsabilidades civiles, administrativas y penales derivadas de los daños causados por el incendio del buque-tanque Burgos, ocurrido en el puerto de Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. La flota petrolera mexicana tiene como antecedente fundacional los barcos que utilizaban las antiguas empresas petroleras antes de 1938 y que se integraron como patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde entonces. Para 1997 la petrolera mexicana ya contaba con 19 barcos propios. Sin embargo para 2007 ya sólo poseía 3 y el resto de las embarcaciones eran rentadas. Por lo que se pasó al sistema arrendamiento puro y arrendamiento con opción a compra con 19 embarcaciones. Ya para marzo de 2008 algunos medios publicaban que...” Un “error” en la licitación pública internacional para renovar la flota marina de Pemex Refinación beneficia, entre otras, a cuatro concursantes: Blue Marine, TMM, Daewoo y Mitsui. La “errata” en las bases descarta a decenas de empresas postulantes y sólo permite competir con posibilidades de ganar a las trasnacionales. En disputa, cinco contratos por más de 4 mil 600 millones de pesos...”1 Producto de estas cuestionadas licitaciones el 5 de septiembre de 2008 en Coatzacoalcos, Veracruz se integra el buque tanque Burgos con 25 mil toneladas brutas de capacidad de carga y 9 mil de capacidad de toneladas netas. A inicios de marzo de 2009 se incorporan 4 buques más bajo la figura de arrendamiento por cinco años.

Para fines de la gestión de Felipe Calderón Hinojosa se reiteran las denuncias “...A días de concluir el actual sexenio, Petróleos Mexicanos firma contratos multianuales que comprometen más de 1 mil millones de dólares. Se trata de la renovación de la flota naval petrolera, la adquisición de tres plataformas, la adjudicación de contratos integrales para exploración y producción de campos maduros y la tardía “construcción” de la Refinería Bicentenario...”2 La adquisición comprometía 800 millones de dólares para adquirir 40 embarcaciones.

Hasta ahora se desconocen los términos y legalidad de dichos contratos y arrendamientos, en tanto que nuestra hoy empresa productiva del Estado, no ha respondido a dichos cuestionamientos.

“En enero de 2011, la institución entonces encabezada por Salvador Vega Casillas detectó un fraude en Pemex Refinación por 47 millones de dólares, vinculado al arrendamiento de cuatro buquetanques. La auditoría confirmó que las empresas Arrendadora Ocean Mexicana –filial de Blue Marine Technology Group– y Transportación Marítima Mexicana “se coludieron” para obtener los contratos”.

Segunda. Es en este turbio escenario el 24 de septiembre de 2016, aproximadamente al mediodía, frente al Puerto de Veracruz, Veracruz, se incendió el Buque Taque Burgos, procedente de Ciudad Madero, Tamaulipas, con destino a Puerto Progreso, Yucatán con escalas previas en: Tuxpan, Veracruz, para recarga de gasolina; Puerto de Veracruz, Minatitlán y Pajaritos, Veracruz para descarga.

Se sabe que en el momento del incendio, el buque-tanque transportaba poco más de 160 mil barriles de gasolinas y 20 mil de diésel.

Las versiones conocidas dicen

1. Que la conflagración se debe a la caída de un rayo; y

2. A un error humano en la supervisión de los tanques de gasolina.

Sin embargo la causa real debe ser determinada y comunicada por las autoridades.

Lo importante es que se sabe también, que al iniciarse el fuego y tratar de poner en servicio los sistemas contra incendio, estos no funcionaron (existen 3 sistemas de seguridad –el de CO2, el de espuma y el de agua de mar) ya que se dice que las bombas no funcionaron. Lo cual es sumamente raro ya que el buque-tanque es un modelo no tan anticuado, de 2005, de acuerdo a la publicación de la página www.vesselfinder.com.

También se sabe que en el Puerto de Veracruz, no existen embarcaciones Fi-Fi (Fire Fighter) por lo que las embarcaciones para apagar el fuego llegaron varias horas después y la Armada de México llegó como a las tres horas a instalar las barreras de contención.

Por lo que la tripulación fue salvada por tripulaciones de barcos pesqueros y mercantes además de otros de Pemex que estaban anclados.

Destacándose el pescador Carlos Rizo, los buque-tanques Tarahumara y Huasteco de Pemex y de los buques: Jesús, Tomy, Saam Tacuate, Saam Azteca, y Bourbon Artazbaze. Gracias a ellos, no hay pérdida de vidas humanas que lamentar de los tripulantes (31 según parece), aunque no se sabe si existen lesionados.

Dada la gravedad del caso, ya que representó un alto riesgo para la tripulación del B/T Burgos, para el medio ambiente marino de la región (el doble casco se decretó obligatorio desde 1994, justamente para evitar tragedias ambientales) así como para las instalaciones del puerto de Veracruz y de las embarcaciones cercanas. Igualmente resulta en una seria afectación a la logística de suministro de combustibles en el Golfo de México sur. La explosión alimenta la incertidumbre ya que este percance se suma a otros acontecimientos negativos en la industria de la Petroquímica y la Refinación en México, lo que ha afectado vidas e integridad de los trabajadores y sus familias, el medio ambiente y finalmente provoca una mayor importación de productos petroquímicos y petrolíferos.

Tercera. El 26 de septiembre se dio a conocer en el portal “Regeneración”, que “... más de 100 mil millones de pesos pagaba Pemex por el arrendamiento del barco Burgos, a una empresa que desde 2007 se encuentra bajo investigación por la Secretaría de la Función Pública.

Pemex adquirió a la empresa Blue Marine Shipping, SA de CV, el buque Burgos con un contrato que obligaba a Pemex a pagar una renta anual durante 10 años para poder tener la opción a compra. La Auditoría Superior de la Federación, en el informe de la Cuenta Pública 2014, señaló diversas irregularidades en los acuerdos firmados.

De acuerdo a la información publicada en dicho portal, se afirma que: “En las mismas condiciones del Burgos están los buques Bicentenario, Tampico y Chicontepec, que constituyeron la primera etapa de una renovación que hasta 2014 sumó 16 buques tanque: dos pagados de contado y el resto con contratos de arrendamiento con opción a compra”.

La adquisición de estos primeros buques fue a través de una licitación en la que salieron ganadoras Ftapias de México, SA de CV, y Blue Marine Shipping, SA de CV, pero esta última pertenece a Blue Marine Technology Group, empresa que desde el 20017 está bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por posible tráfico de influencias e inflar los precios de las embarcaciones que arrendaba.

Todo lo anterior no impidió que la empresa participara en esta nueva licitación y sumara dos contratos a un largo historial de negocios que inició en 2008 cuando fue creada por Antonio Juan Marco Issa.

Marcos Issa, fue coordinador de tres ex directores de Pemex en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, antes de inaugurar la empresa. Las relaciones que el empresario hizo durante ese tiempo, es una de las líneas de investigación que siguió la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, en las indagaciones también aparecían nombres como Antonio Ceballos Soberanis, entonces director de Refinación; Pedro Carlos Gómez Flores, ex subdirector de Almacenamiento y Distribución; Juan Bueno Torio, entonces senador por Veracruz; y Amado Omar Yáñez Osuna, principal accionista de la empresa Oceanografía, que años más tarde se vería envuelta en un fraude a Banamex y a Pemex.

Mientras la investigación por tráfico de influencias estaba en curso, la Auditoría Superior de la Federación investigaba a la arrendadora Ocean Mexicana, que también pertenece a Blue Marine, por contratos que se le otorgaron durante 2005. En aquel entonces, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un periodo de 10 años a 14 funcionarios de Refinación por arrendar buques tanque con sobreprecio de 23.5 millones de dólares en contratos.

La forma irregular en la que se maneja la empresa es una de tantas muestras de opacidad a la hora de otorgar licitaciones en el país”.

Cuarta. Con base en la información del Portal de Obligaciones de Transparencia, las empresas: Arrendadora Ocean Mexicana S.A de C.V., Blue Marine Shipping, S.A de C.V., Blue Marine Cargo, S.A. de C.V. y Transportación Maritiva Mexicana, S.A. de C.V., Naviera Mexicana del Sureste. S.A. de C.V., entre otras, han sido contratadas por dependencias gubernamentales para ofrecer diversos servicios maritimos, como se muestra acontinuación:

* Base de datos elaborada por asesores del Grupo Parlamentario de Morena con información del Portal de Obligaciones de Transparencia.

Las empresas Blue Marine Cargo, Blue Marine Shipping, pertenecen a la empresa Blue Marine Tecnology Group, que en consorcio con la empresa Ftapias de México, SA de CV, han ganado contratos para el arrendamiento de los buques.

Hasta ahora en la información publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia se registra que estas empresas han recibido desde 2005, contratos para otorgar diversos servicios, beneficiándose de más de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, hasta ahora se desconocen las empresas con las que Pemex ha firmado dichos contratos.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a Pemex, a la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente y a la Administración Portuaria Integral de Veracruz para que, en el ámbito de sus atribuciones, hagan del conocimiento público las causas que originaron el incendio en el buque-tanque Burgos, así como la cuantificación de las pérdidas económicas para la empresa y el impacto del daño ambiental causado.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a iniciar, en el ámbito de atribuciones, las investigaciones correspondientes para fincar las responsabilidades civiles y penales, según sea el caso, por el daño ambiental causado por el incendio del buque-tanque Burgos ocurrido en el Puerto de Veracruz, Veracruz.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a iniciar, en el ámbito de atribuciones, las investigaciones correspondientes para fincar las responsabilidades administrativas y penales, según sea el caso, por el daño patrimonial causado por el incendio del buque-tanque Burgos ocurrido en el Puerto de Veracruz, Veracruz.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a Pemex a exhibir los contratos que tiene suscritos con las empresas Arrendadora Ocean Mexicana, SA de CV, Blue Marine Shipping, SA de CV, Blue Marine Cargo, SA de CV, y Transportación Maritiva Mexicana, SA de CV, Blue Marine Tecnology Group, Ftapias de México, SA de CV, Naviera Mexicana del Sureste, SA de CV, y con las empresas que hayan participado o estén participando en el arrendamiento de las embarcaciones que utiliza esta empresa productiva del Estado.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia y en el marco de la legislación aplicable, realice las auditorías correspondientes a todos los proyectos y contratos que haya suscrito Pemex para el arrendamiento de buques.

Sexto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una inspección exhaustiva en materia de seguridad industrial a los buques que utiliza Pemex.

Séptimo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, difunda las acciones llevadas a cabo, respecto de las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2014, en el que se detectaron irregularidades en los contratos para el arrendamiento de los buques en Pemex.

Notas

1 Contralínea

2 Contralínea

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes, a buscar un acercamiento con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para agilizar los procesos del Ministerio Público respecto a la donación de órganos de donantes cadavéricos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes, a buscar un acercamiento con la Conferencia Nacional de Protección Social en Salud, con el objetivo de homologar, abreviar y facilitar los procesos que lleva a cabo el Ministerio Público, a fin de agilizar la donación de órganos de donantes cadavéricos, con base en las siguientes

Consideraciones

La calidad de vida de los mexicanos en los últimos años se ha visto mermada debido al aumento de las enfermedades crónicas, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, y renales, hepáticas y cardiovasculares, ocasionadas por los malos hábitos, la mala alimentación e inclusive por condiciones ambientales dañinas para la salud.

Según cifras del Registro Nacional de Trasplantes, se realizaron 95 mil 400 trasplantes de órganos desde 1963 hasta diciembre de 2015. El de córnea es el más frecuente, seguido por el de riñón (http://www.cenatra.salud.gob.mx/descargas/boletin.pdf).

Actualmente, el Registro Nacional de Trasplantes tiene inscritas en la lista de espera a 20 mil 498 personas, quienes desde hace meses e incluso años aguardan un trasplante de órganos que les permitirá mejorar su calidad de vida, o continuar viviendo.

Según proyecciones de un estudio realizado por la Secretaria de Salud en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, se prevé que los casos de enfermedad renal crónica en estadio 5 tendrán una tendencia pasando de poco más de 40 mil nuevos casos en 2005 a poco más de 82 mil casos en 2025.

Por ello, ante cifras alarmantes, se deben tomar medidas que posibiliten y agilicen la donación de órganos, tal es el caso de los donantes cadavéricos, ya que muchas veces y debido a trámites administrativos engorrosos, los órganos en posibilidad de ser donados no se conservan adecuadamente y muchos de ellos no son preservados adecuadamente, por lo que se pierde la posibilidad de trasplantarse.

Es necesario que las autoridades ministeriales brinden facilidades a los familiares de los donantes cadavéricos a fin de agilizar los trámites y procesos que se realizan en esa dependencia para que los órganos por donar se conserven de manera adecuada y estén en posibilidades de ser recibidos en las condiciones debidas por el paciente.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes, a buscar un acercamiento con la Conferencia Nacional de Protección Social en Salud con el objetivo de homologar, abreviar y facilitar los procesos que lleva a cabo el Ministerio Público, a fin de agilizar la donación de órganos de donantes cadavéricos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1990, declaró la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad cada 1º de Octubre, para fomentar la concienciación acerca de las necesidades fundamentales de las personas mayores.1

Actualmente viven en el mundo casi 700 millones de personas mayores de 60 años, y se espera que para el año 2050 la cifra llegue a 2,000 millones, lo que representará más del 20% de la población mundial.2

Esta situación responde a dos factores, que es la reducción de las tasas de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida, lo cual nos coloca en dos escenarios: adultos mayores que tienen la necesidad de seguir trabajando toda la vida para conservar su nivel de vida, o adultos mayores que se resignan a que al retirarse entrarán a un estado de limitaciones y carencias porque no les alcanza su recurso para más.3

El día que hoy se celebra no es para hacer un reconocimiento hipócrita a nuestros viejos, sino más bien, para reconocerlos como una parte fundamental de nuestra sociedad y admitir que su forma de vida requiere una mayor atención a sus necesidades.

El envejecer debería ser considerado un arte, pues no hay triunfo mayor que vivir una vida completa. Este cúmulo de experiencias es la etapa futura a la que todos quisiéramos llegar, y que sin duda si queremos llegar a ella, debemos aspirar a hacerlo con dignidad, dignidad que nuestros viejitos no están recibiendo.

Es ingrato saber que sólo el 26.1% de los adultos mayores en nuestro país cuenta con una pensión, y que según el Inegi, el 0.5% de los adultos mayores que trabajan ganan el salario mínimo, sin contar que el 16.2% no recibe ningún ingreso por su trabajo.4

Es una estadística fuerte y triste el saber que el 30% de las personas en su etapa de jubilación en México caerá irremediablemente en la pobreza.5

Los adultos mayores tienen paupérrimas oportunidades en nuestro país, y con ello poca esperanza; es lamentable que al oír las palabras “tercera edad”, automáticamente venga a nuestra mente el pensar en un adulto mayor, quizá enfermo, quizá solo y que tal vez no pude valerse por sí mismo debido a su edad avanzada.

El gobierno le ha dado la espalda a sus pensionados, incluso a su población económicamente activa, ya que con reformas laborales que impulsan el outsourcing e impiden la creación de antigüedad, el gobierno está demostrando el poco valor y agradecimiento que le tiene a las personas que todos los días se despiertan dando lo mejor de ellos en este país.

Un adulto mayor no es sinónimo de muerte y rezago. Si bien para muchos su vida productiva ha acabado, como gobierno debemos contribuir a su calidad de vida, justo como ellos contribuyeron con su trabajo e impuestos al país.

Es responsabilidad del Estado el ofrecerles oportunidades para que tengan los servicios y comodidades que merecen, pues ellos ya cumplieron en su momento con sus responsabilidades, sirviéndole a la sociedad a través de un arduo trabajo.

Algo parece pasar en el transcurso de los años, pues no brindamos a nuestros ancianos el respeto que se merecen. En lugar de reconocer y venerar a nuestros viejitos como las antiguas civilizaciones lo hacían, hemos dejado de tomarlos en cuenta, para ahora verles con lástima, con molestia, como un estorbo, cuando son ellos los que eligieron darnos su amor y su tiempo en sus mejores años.

De poco o nada nos sirve tener la “Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores” y prometer en ella bienestar físico, mental y psicoemocional, sino podemos hacerlo realidad.6

Compañeros y compañeras, es urgente establecer verdaderas medidas para procurar una vejez sana y de calidad para nuestros adultos mayores, acompañadas de la creación de programas que velen por el bienestar de la tercera edad, apoyándolos con recursos para que puedan tener acceso a los satisfactores necesarios para su vida y para ofrecer una vejez sana y libre de preocupaciones a las generaciones futuras.

No hagamos de nuestros viejitos un ejemplo de hipocresía, donde en el papel todo lo aguanta, pero donde la realidad es otra.

Los ancianos tienen derecho a una vida con integridad, dignidad, libre de explotación, abusos y de gozar de igualdad de oportunidades en el área laboral para permitirles un ingreso propio y puedan desempeñarse en forma productiva.

El garantizar una vida digna a las personas de la tercera edad es una responsabilidad cívica, moral y hasta personal, porque compañeros, para allá vamos todos.

Notas

1 “Día Internacional de las personas de edad”. Naciones Unidas. http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/background.shtml

2 “Envejecimiento y ciclo de vida”. Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/ageing/events/idop_rationale/es/

3 “El Riesgo de ser viejo”. Forbes. 9 de diciembre de 2015. http://scl.io/nbkewfag#gs.SkW_L9I

4 “Sólo 26% de adultos mayores con pensión en México”. IDC Online. 29 de septiembre de 2014.
http://www.idconline.com.mx/seguridad/2014/09/29/solo-26 -de-adultos-mayores-con-pension-en-mexico

5 “El Riesgo de ser viejo”. Forbes. 9 de diciembre de 2015. http://scl.io/nbkewfag#gs.SkW_L9I

6 “Ley de los derechos de las personas adultas mayores”. Diario Oficial. 25 de junio de 2012. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldpam/LDPAM_orig_25jun02.pd f

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con motivo del 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, de Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El próximo jueves 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS pone énfasis en la creación de entornos saludables como estrategia para reducir los factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares; las cuales constituyen la primera causa de muerte en el mundo y, en la mayoría de los países de la región de las Américas, causan 1.6 millones de muertes anuales (el 30 por ciento en personas de 30 a 69 años).1

La consigna este año es persuadir a la población sobre la importancia de comer sano, realizar actividad física frecuentemente, no fumar y reducir el estrés.

En México, el sobrepeso y la obesidad representan uno de los mayores problemas de salud pública, ya que 39.05 por ciento de la población tiene sobrepeso y 32.15 por ciento obesidad, incrementándose substancialmente el riesgo de sufrir enfermedades como diabetes y cáncer.

Estos problemas de salud pública tienen como una causa central el consumo de refrescos, ya que México es el principal consumidor de estas bebidas en el mundo. Nuestro país consume un promedio de 163 litros de refresco por persona por año, lo que es 40 por ciento mayor que el consumo de un estadounidense promedio (118 litros).

Cabe mencionar que la dieta de los mexicanos ha consistido, desde hace 70 años, en una ingesta superior a las mil calorías, lo que infiere un exceso de energía durante casi 40 años. Por lo que el punto realmente importante no es el consumo de un producto, sino la dieta en cada persona y la educación alimenticia que recibe.2

Tomando en cuenta que México se encuentra entre los países con peores resultados en materia de obesidad, con uno de cada tres niños con sobrepeso y como primer lugar mundial en obesidad infantil, la Red por los Derechos de la Infancia en México señaló que es necesario que el Estado mexicano cumpla con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de adecuar su legislación y destinar el máximo de recursos posibles, para que a más tardar en tres años, niñas y niños puedan tener acceso a agua potable en sus escuelas, tal como lo establece el artículo 24 de dicha convención que obliga al gobierno mexicano a asegurar la salud de niñas, niños y adolescentes, con el más alto nivel.

Una gran proporción de estas muertes podría evitarse con una alimentación saludable que reduzca el consumo de sal, con ejercicio físico y evitando el consumo de tabaco. Promover y facilitar estos estilos de vida saludable requiere la existencia condiciones que faciliten el acceso a alimentos frescos y naturales, entornos seguros para la actividad física y donde se promueva una vida libre de humo de tabaco.

Hoy es un día propicio para tomar todas estas recomendaciones en cuenta y seguir procurando que el Estado adopte las medidas institucionales necesarias para contribuir a que los mexicanos y mexicanas lleven una vida más saludable.

Notas

1 Organización Panamericana de la Salud. Día Mundial del Corazón.

2 1. Aguilar, Karen. Revista. Diabetes, Bienestar y Salud. Octubre, 2013

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de septiembre del 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)