Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 congresos locales a realizar las acciones conducentes a restringir las actividades de las escuelas taurinas y cancelar todo financiamiento gubernamental destinado a las corridas de toros en los estados donde se declaró patrimonio cultural inmaterial la tauromaquia, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Estado tiene la obligación de regular la celebración de diversos eventos y la distribución de productos que, por su naturaleza, no son aptos para menores de edad, por lo cual deben ser restringidos, como es el caso de algunas películas, el alcohol o el tabaco.

En el caso de los espectáculos, existen algunos que en virtud de sus características contienen violencia en diferentes grados, por lo cual deben ser sujetos de regulación restrictiva, a fin de que únicamente puedan asistir a ellos personas con una madurez intelectual desarrollada que les permita asimilar de manera correcta lo que sus sentidos perciben, como en el caso de las corridas de toros.

Lamentablemente, existen algunas entidades federativas en nuestro país que, lejos de contar con un control estricto respecto a los grupos de edad que tienen acceso a los espectáculos taurinos, mantienen un esquema de protección hacia la llamada “fiesta brava”, la cual ha llegado a ser declarada patrimonio cultural, como es el caso de los siguientes estados:

En el Partido Verde Ecologista de México, al igual que en otras tantas organizaciones políticas y de la sociedad civil, tanto del ámbito nacional como internacional, nos hemos pronunciado reiteradamente en contra de la realización de corridas de toros, pues lejos de considerar esta práctica como algo susceptible de ser reconocido y protegido por su valor cultural, consideramos que éstas deben ser prohibidas por implicar dolor y humillación para los toros de lidia, de los cuales se abusa para entretener a un público y/o generar algún beneficio económico.

Los pronunciamientos en contra de la fiesta taurina se concentran fundamentalmente en la necesidad de proteger la vida e integridad de los animales, argumento que en el Partido Verde compartimos plenamente, sin embargo, consideramos igualmente importante, en tanto se logran erradicar las corridas de toros de modo definitivo en nuestro país, alejar a las niñas, niños y adolescentes mexicanos de un espectáculo particularmente cruel y sangriento como lo son las corridas de toros, así como otras actividades asociadas a éstas.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas ya se ha pronunciado por medio del Comité de los Derechos del Niño, el cual vigila la correcta aplicación de las directrices plasmadas en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento jurídicamente vinculante que reconoce los derechos humanos de las personas menores de 18 años, y que ya ha sido ratificado por México.

En cuanto al tema de la tauromaquia y los niños, el Comité basó sus consideraciones en base a las Observaciones Finales CRC/C/MEX/CO/4-5 publicadas el 8 de junio de 2015, las cuales fueron resultado de los Informes Periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México, y en donde se señaló lo siguiente:

Violencia contra los niños

31. Si bien acogemos favorablemente las disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prevé la adopción de leyes y políticas públicas a nivel federal y estatal para prevenir, atender y sancionar la violencia contra los niños, el Comité está preocupado por la aplicación efectiva de estas disposiciones y la extensa impunidad que prevalece en los casos de violencia contra los niños. El Comité está particularmente preocupado por:

(d) El bienestar físico y mental de los niños que acuden a escuelas taurinas y participan en corridas de toros y otros espectáculos asociados a ellas, así como por el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que están expuestos a la violencia de las corridas de toros.

32. A la luz de la observación general N° 8 (2006) sobre el derecho de los niños a ser protegidos contra los castigos corporales y otras formas crueles o degradantes de castigo y la N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a ser protegido de todas las formas de violencia, el Comité insta al Estado Parte a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales dirigidas a prevenir y sancionar todas las formas de violencia, así como ayudar y proteger a los niños víctimas. El Estado Parte también debería:

(g) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la prohibición de la participación infantil en escuelas taurinas y corridas de toros por estar consideradas como una de las peores formas de trabajo infantil, así como tomar las medidas necesarias para protegerlos, en su calidad de espectadores y aumentar la conciencia de la violencia física y mental asociada con la tauromaquia y el impacto que genera en los niños.

Como se observa, la principal preocupación del Comité de los Derechos del Niño es proteger la integridad física de los menores (en cuanto al trabajo), así como su desarrollo mental, puesto que exponerlos a actividades relacionadas con la tauromaquia puede conllevar a efectos traumáticos, derivados del acceso a imágenes de animales que son sometidos con crueldad, lo cual es a todas luces inadecuado e impactante para un niño o niña.

Pero no sólo es preocupante el hecho de facilitar la exposición de los menores a imágenes violentas al permitirles el acceso a las corridas de toros como espectadores, sino que resulta igualmente nociva para los niños su participación en otras prácticas relacionadas con la fiesta taurina, tal como lo señala el inciso (g del informe referido con anterioridad, el cual establece que las escuelas taurinas también deben ser consideradas como actividades objeto de restricción.

La finalidad de prohibir que los niños asistan a escuelas taurinas es evitar que éstos perciban a la violencia como algo socialmente aceptado y valorizado, lo cual puede degenerar en una perturbación en el sentido de los valores, de tal forma que la violencia hacia los seres vivos se arraigue dentro del esquema ético del menor.

A pesar de lo anterior, existen entidades federativas con una amplia permisividad para la operación de escuelas taurinas como es el caso de las siguientes:

En este contexto, es claro que en nuestro país existen prácticas que contradicen las disposiciones de la Convención ratificada por el Estado mexicano, las cuales atentan en contra del derecho de los menores a acceder a una vida libre de violencia y por tanto resultan inaceptables.

Siguiendo las ya referidas recomendaciones emitidas por la ONU, las cuales se refieren a las peores formas de trabajo infantil, debemos tener en cuenta que se considera probable que estas actividades generen un daño en la salud, la moralidad o la seguridad de los niños.

Es en este sentido que el presente punto de acuerdo pretende coadyuvar con el esfuerzo realizado por el Estado mexicano en favor de la protección de los derechos de los niños a través de la prohibición de actividades que vulneren su seguridad y desarrollo como individuos integrantes de la sociedad.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México defendemos la protección animal, pero sobre todo, nos oponemos a las actividades que atenten contra los derechos de nuestros niños y niñas y las cuales ya se señalan por parte de la comunidad internacional y académica como actividades que inciden en la interacción social de modo particularmente nocivo, motivo por el cual se hace necesaria la intervención del Estado. Tal es el caso de la incitación a la violencia a la cual exponen los padres aficionados a la tauromaquia a sus hijos de manera reiterada, generando una habituación a las prácticas y costumbres violentas.

En congruencia, también nos pronunciamos para que los Congresos locales tomen medidas para proteger los derechos de los niños y niñas mexicanos a fin de cumplir con las directrices establecidas por la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos locales de las 32 entidades federativas para que, en virtud de sus atribuciones, realicen las acciones conducentes a restringir las actividades de las escuelas taurinas, a fin de que el ingreso de menores sea prohibido.

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala, y Zacatecas, estados en donde se declaró a la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, para que se realicen las acciones necesarias conducentes a cancelar todo tipo de financiamiento gubernamental destinado a las corridas de toros.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 27 días del mes de septiembre de 2016.

Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a iniciar en el ámbito de sus atribuciones las investigaciones correspondientes para determinar la legalidad del monto pagado por la terminación de la relación laboral del ex director general de la Comisión Federal de Electricidad Enrique Ochoa Reza, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rocio Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. Morena ha guardado una posición crítica respecto al destino que les depara la reforma energética a nuestras ahora empresas productivas del Estado, ya que fueron lanzadas irresponsablemente a una abierta competencia de mercado con serios lastres no resueltos por el legislativo ni por el ejecutivo.

El caso que nos ocupa, el de la CFE, es igualmente un caso de necia obstinación dogmática por el mercado en una industria de profundo contenido social, y más aún cuando el país ha venido sufriendo una cada vez mayor concentración de la riqueza.

El primer golpe desmantelador del patrimonio construido en las décadas del sector eléctrico nacionalizado lo constituyó el golpe de octubre de 2009 con la destrucción de Luz y Fuerza del Centro, ya que dicha empresa era poseedora de importantes avances en la ingeniería mexicana, por su capacidad de proyectar, construir y mantener con mano de obra altamente calificada el sistema eléctrico en la zona central del país. Hoy en contraste, por ejemplo, cada pozo de transformadores en el centro histórico de nuestra capital tuvo que ser pintado de colores de riesgo ante las continuas explosiones que padecieron los capitalinos en los años posteriores al 2009, hasta que CFE decidió por fin modernizar la red subterránea.

Pero la ofensiva final del neoliberalismo lo ha sido la modificación a los artículos constitucionales que ahora obligan a implementar un modelo de competencia en los segmentos más rentables de la industria. Y esto es así, porque a pesar del modelo y de la convicción oficial mercantilista, la necedad social se impuso y la CFE seguirá a cargo de la parte más costosa de la industria, como son el ahora llamado servicio básico o la atención a las emergencias sociales por eventos catastróficos.

La nueva normatividad obliga a FRAGMENTAR a la CFE en seis empresas de generación, otra de transmisión, otra corporativa y otra de distribución con 16 unidades de negocio diferenciadas, perdiendo con esto muchos logros y ventajas operativas y técnicas, que obedecían a los distintos principios fundacionales de la empresa.

Para poder enfrentar este “achicamiento” irracional y desventajoso de la empresa se procedió a impulsar una campaña insidiosa que al igual que se hizo con los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, permitiera colocar a los trabajadores de la CFE como unos vividores privilegiados ante la opinión pública, de tal manera que sus legítimas conquistas laborales y sociales pudieran entrar en una larga fase de desmantelamiento.

Estos gobiernos neoliberales sí que impulsan la igualdad social, pero siempre para abajo, destruyendo logros y emparejando en el empobrecimiento a los diferentes sectores de los trabajadores y de la sociedad. Con esto logran consolidar los privilegios de las élites sociales y políticas y profundizar la polarización social en México, que ya es escandalosamente peligrosa para la estabilidad social y política del país.

Resultado de todas estas contradicciones, amplios sectores sociales han impulsado una lucha por alcanzar tarifas eléctricas más accesibles a su tan decaído poder adquisitivo, y de este modo se ha venido acumulando una gran cartera vencida en contra de las finanzas de la CFE, que junto con un insuficiente subsidio a la misma para sostener las tarifas baja y media del consumo básico, más el incremento de costos en la energía comprada a los privados, ha sido una ensalada venenosa que hoy tiene a la CFE con un déficit de más de 93,000 millones de pesos a diciembre de 2015.

A pesar de estos amenazantes números, el ejecutivo se obstinó en echar a andar un mercado eléctrico que lo único que logrará será quitarle a la CFE sus mejores clientes, los grandes consumidores, y dejarle a nuestra empresa productiva del estado su déficit operativo y sus obligaciones sociales.

Segundo. El Grupo Parlamentario de Morena ha señalado en diversos momentos que la corrupción imperante en las altas esferas de Gobierno es el distintivo de un régimen político que ha privilegiado a los grandes intereses económicos por encima de las necesidades nacionales. Al amparo de la impunidad y de corrupción se han amasado grandes fortunas, de las que se han beneficiado los propios funcionarios públicos, protagonistas de escándalos que han deteriorado la imagen del gobierno y han provocado un gran malestar social.

Uno de esos funcionarios es el ex director de la Comisión Federal de Electricidad y actual presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, envuelto en conflictos de interés con la empresa OHL, asunto denunciado por Morena y a la fecha no aclarado.

Ahora diferentes medios de comunicación han publicado que a pesar de que Ochoa Reza renunció a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad apenas el pasado 24 de agosto del año en curso, se presentó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para recibir un cheque por la cantidad de un millón 206 mil 271 pesos, como parte de su “indemnización” por dejar la titularidad de la empresa, acto avalado por el subgerente de Relaciones Laborales de la CFE, Jaime Tadeo Castelán Olguín. No obstante de que CFE proceso la salida de Ochoa el 8 de julio como “separación voluntaria” por la que le pagó 213 mil 565 pesos por concepto de nómina y al día siguiente aparece en la base de datos de empleados con el estatus laboral como “reajuste”.

Así lo describió la publicación del domingo 25 de septiembre un diario de circulación nacional.1

“... de acuerdo con especialistas laborales, previamente, firmó un convenio fuera de juicio, el cual se presenta en casos donde la empresa despide al trabajador.

El ahora dirigente priista recibió el cheque número 0000272 de Banco Santander, fechado el día 18 de agosto de 2016.

El pago comprende una compensación equivalente a 120 días de salario diario integrado, más 86.84 días, a razón de 35 días de salario integrado, por cada año de servicios presentados, entre otros conceptos...”.

La normatividad en que se sustenta dicho pago es el “Manual de Trabajadores de los Servidores Públicos de Mando para la Comisión Federal de Electricidad”. Con la finalidad de justificar el pago, la Gerencia de Relaciones Laborales de la CFE, emitió el dictamen No. T.L.49/2016 de terminación de la relación laboral en beneficio de Ochoa y se fundamenta en el artículo 33, Fracción II, como podemos verlo en la siguiente imagen:2

Considerando la norma y lo que ha declarado el abogado Roberto Martínez de la CFE. “El caso de Ochoa no obtuvo privilegio alguno ya que se consideró la fracción II. Argumenta que, aun cuando Ochoa dejo el cargo voluntariamente, el termino del contrato bajo la “cláusula de liquidación” y no de voluntad propia. La cláusula de término de contrato por voluntad propia, que implica una liquidación menor, sólo aplica en los casos en los que el trabajador expresa su deseo unilateral e irrevocable de abandonar su puesto.

En el caso de Ochoa Reza, el caso NO es UNILATERAL sino de mutuo acuerdo entre el interesado y el Titular del Ejecutivo quien acepta la RENUNCIA. Por ello, subrayó, aplica la cláusula de liquidación.

“Es un procedimiento ordinario estándar que no se estableció en esta Administración ni en la anterior; es un manual que está desde el año 2002”.

Pero ¿cuál fue la razón para otorgar dicho pago? En su declaración 3de33 (declaración de conflicto de interés), Ochoa Reza reportó –como se puede ver en la siguiente imagen- los cargos en los que se ha desempeñado en los últimos 5 años. Inició su administración como titular de la CFE el día 5 de febrero de 2014 y reporta como fecha de término el 8 de julio del 2016; es decir, su cargo solo lo desempeñó por 2 años 153 días.

¡Es muy claro que hubo privilegios al otorgar el pago de la liquidación a Ochoa Reza toda vez que se violó la norma!!!!!

De acuerdo al manual de CFE...

“Artículo 33. Separaciones

Fracción I. Por voluntad propia:

En los casos de separación voluntaria del trabajador por cualquier causa... la CFE entregará la compensación equivalente...

Después de tres años de servicio y hasta siete años, 80 días ...”

El ex titular de CFE, ni siquiera cumplió con el primer requisito establecido en la norma para tener derecho a pago alguno. Por otro lado este manual no prevé pago a trabajadores que hayan ofrecido su servicio hasta tres años o menos.

De acuerdo con la prensa nacional, “el abogado de CFE, Roberto Espinoza afirma no haber un trato distinto en el caso de Ochoa Reza”. Sin embargo, y analizando la norma a la que hace referencia y los artículos aplicables, en dicho manual NO existe cláusula o artículo alguno en el que se establezca que el término de contrato por voluntad propia, solo aplicará en casos en los que los trabajadores expresen su decisión unilateral e irrevocable de abandonar su puesto. Es decir, no se establece que para dicho procedimiento, en específico del Director General de la CFE y casos similares, sea necesaria la intervención de algún tercero o del propio Titular del Ejecutivo para que esta pueda ser aplicable, ni tampoco se dispone algún caso de excepción.

Tercero. Para Morena estos hechos son reprobables toda vez que la normatividad no es aplicada con la misma rigurosidad, por ejemplo: con los trabajadores de Luz y Fuerza que estaban a un día de alcanzar su jubilación conforme lo marcaba su contrato colectivo en las fechas del 11 de octubre de 2009, y fueron miles de trabajadoras y trabajadores que sufrieron esta inflexibilidad.

Igualmente en la última revisión contractual que Ochoa Reza encabezó con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y la CFE, se revisaron a la baja las condiciones de jubilación de los trabajadores electricistas, retirándoles por ejemplo el aguinaldo, o promediándoles el salario de los últimos cuatro años para establecer la cuota de jubilación (cláusula 69 CCT CFE-SUTERM) igualmente se elevaron los requisitos de jubilación, “los hombres siempre y cuando hayan cumplido 30 años de servicios y 65 años de edad, o 40 años de servicios sin límite de edad; las mujeres de 30 años de servicios y 60 de edad o 35 años de servicios sin límite de edad”. Se les puso la limitante de no incrementar el monto de su pensión en el mismo porcentaje que se aumenten los salarios de los trabajadores activos como había sido hasta ahora, sino de acuerdo al índice Nacional de Precios al Consumidor.

Nuevamente, mano dura con los trabajadores, por sus “COSTOS PRIVILEGIOS” y una inexplicable, generosa e ilegal mano ancha para uno mismo y cuatro directores más.

Tal parece que hablamos de dos tipos de mexicanos, los que tienen derecho a una vida digna y solvente y la “prole” despojada y despreciada, sin derecho a la vejez digna después de muchos años de servir a una empresa estratégica, que es además de alto riesgo para miles de ellos que trabajan en contacto con equipos y líneas vivas o energizadas.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie las investigaciones correspondientes para determinar la legalidad del monto que se pagó por la terminación de la relación laboral del ex titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, de conformidad con el Manual de los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad y de la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, y de comprobarse un hecho de corrupción en el pago de la indemnización de Enrique Ochoa Reza, aplique las sanciones correspondientes a los servidores públicos involucrados en el pago indebido y exija a este ex funcionario la devolución del monto al que no tenía derecho.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que inicie una auditoria a la aplicación del Manual de los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad, con el que se han otorgado indemnizaciones privilegiadas a los altos mandos de esta Empresa Productiva del Estado.

Notas:

1 Renuncia Ochoa... y CFE lo liquida, REFORMA/Redacción, Con información de Karina Suárez, domingo 25 de septiembre 2016.

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.asp x?id=947272&v=5

2 Manual de Trabajadores de los Servidores públicos de Mandos la Comisión Federal de Electricidad, Normateca, CFE, Gobierno, Ciudad de México. http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/NormatecaInternetDoc/NORMATIVIDAD %20ADMINISTRATIVA/Manual/2016826111933753.pdf

3 El Consejo de Administración aprobó el 26/08/2016. Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando para CFE. http://normateca.cfe.gob.mx/Normateca/aplicacion/Publico/ConsejoAdminis tracion.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de septiembre de 2016.

Diputada Rocío Nahle García (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a la instauración de los medios de apoyo para el sector empresarial y el comercio formal de Chiapas afectados por el movimiento magisterial consistentes en el diferimiento de cuotas patronales al IMSS e Infonavit, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del PAN

Janette Ovando Reazola, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma educativa presentada en diciembre de 2012, aprobada el 25 de febrero de 2013 y promulgada el 12 de septiembre del mismo año, establece para el Estado la obligación de garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

De esta manera, se mandata que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se lleven a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. Asimismo, establece que serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley.

Lo establecido en la Constitución y en las leyes que reglamentan lo dispuesto por ella, ha provocado varias protestas por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que durante los tres años que van de la puesta en vigor de la reforma, han derivado en plantones, incendios, despidos, niños sin clases, y con ello, múltiples afectaciones al libre desarrollo social y económico de muchas comunidades en donde se manifiestan, entre ellas, una de las más perjudicadas ha sido el estado de Chiapas.

En Chiapas los bloqueos de vías de comunicación han puesto en riesgo la actividad empresarial, comercial y turística. Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Centro Empresarial de Chiapas, el conflicto magisterial ha puesto a éste estado en una de sus peores situaciones de su historia, con daños y afectaciones graves para toda la sociedad.

De hecho, han señalado que las afectaciones sufridas producto de las manifestaciones de la CNTE son peores que las ocurridas con la devaluación de 1994, para las cuales a los empresarios les llevó al menos una década recuperarse, por lo que ya vislumbran que para recuperarse de las afectaciones actuales también llevarán muchos años.

Los dirigentes de estos organismos han manifestado que los empresarios chiapanecos viven momentos de desesperación ante la ausencia de la autoridad para lograr la normalización de la vida cotidiana en la entidad, lo que ha puesto al borde de la quiebra a cientos de establecimientos, y en riesgo de perderse unos 15 mil empleos.

Han referido que el sector turístico, que es un ingreso fundamental para el estado de Chiapas, se ha visto afectado hasta en casi 80 por ciento, debido a la cancelación de las visitas turísticas, los congresos y demás eventos que se realizaban en la entidad.

Además, han señalado que los hoteleros han declarado prácticamente perdido el periodo vacacional de verano por la baja ocupación, y ya analizan el posible cierre de establecimientos, con consecuencias económicas y sociales para toda la sociedad chiapaneca y nacional.

Ante ello, y a más de 100 días de plantón por parte del magisterio chiapaneco, la Cámara Nacional de Comercio de Tuxtla dio a conocer que 435 comercios están en quiebra y más de la mitad han tenido que cerrar de forma definitiva en el centro de la capital donde desde el 15 de mayo la CNTE se encuentra en paro. E informó que los propietarios de algunos comercios han sido obligados a endeudarse para sobrevivir al embate que les provoca la presencia de los profesores en el centro capitalino.

Lo anterior sin duda expone a los empresarios a una situación grave para hacerse cargo de sus responsabilidades para con sus empleados en materia de cuotas del seguro social y de acceso a la vivienda.

Ello se agrava ante el anuncio de la Coordinadora de más bloqueos carreteros y cierre de empresas transnacionales, donde todo parece indicar que en el marco del Cuarto Informe del Presidente Enrique Peña Nieto, la disidencia magisterial irá con toda su fuerza en este periodo que podría ser la parte final de su intensa lucha en lo que respecta a 2016.

Ante estos acontecimientos, para Acción Nacional es primordial que los pequeños negocios afectados reciban con prontitud los apoyos anunciados por la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria, a fin de que continúen su actividad productiva y conserven los empleos que actualmente generan.

Conocemos de la estrategia federal para rescatar a las empresas que están en riesgo de quebrar luego de más de tres meses de registrar pérdidas económicas derivadas de las manifestaciones, movilizaciones, plantones y bloqueos organizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

No obstante ello, nos preocupa el anuncio por parte del gobierno federal de que se implementará hasta que se consiga “el regreso a la normalidad”, lo que significa que operará hasta que todos los maestros de la CNTE regresen a clases.

Para el Grupo Parlamentario del PAN es primordial el rescate de las pequeñas y medianas empresas afectadas por los bloqueos, a fin de puedan continuar con su actividad y conservar los empleos.

Por ello es que conminamos al Estado a que actúe y restablezca la paz, que se respeten las garantías de libre tránsito, el derecho al trabajo, y a la educación y a la libertad económica, y a que, en consideración de lo anteriormente expuesto, atienda el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), aplique con prontitud los mecanismos de apoyo al sector empresarial y del comercio formal en el estado Chiapas que han resultado afectados por el movimiento magisterial, consistentes en el diferimiento de cuotas patronales al IMSS y al Infonavit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2016.

Diputada Janette Ovando Reazola (rúbrica)

Con punto de acuerdo, que exhorta al IFT y la Profeco a proteger los derechos de los consumidores de Megacable por la baja calidad del servicio contratado, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de lo siguiente:

Antecedentes y consideraciones

Es preciso recordar que conforme a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones del año 2013, se consagró en el artículo 6º de nuestra Carta Magna el derecho de acceso a tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

De igual manera el apartado B en su fracción II de dicho artículo consigna que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad , pluralidad, cobertura universal , interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias .1

Por otro lado el artículo 2o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión consigna que el Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá y garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

No debiendo olvidar que la reforma tuvo como propósito principal beneficiar a todos los mexicanos, por eso consideró dentro de sus principales objetivos, como ya se mencionó, el permitir el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, así como establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Para que de esta forma, un mayor número de usuarios accediera a dichos servicios en mejores términos de calidad y precio.

Por consiguiente, dicha reforma buscaba lograr la reducción de los costos de los servicios de telecomunicaciones para la sociedad mexicana, para así contar con más ofertas y buscar que los servicios se tradujeran en un beneficio concreto para toda la población.

Sin embargo y contrario a lo antes señalado Grupo Televisa informó que a partir del 9 de septiembre de 2016, la empresa Megacable dejaría de transmitir 14 señales de Televisa Networks.

En principio hay que destacar que la primera que informó de dicho rompimiento empresarial fue Grupo Televisa, siendo que la que en principio debió haber sido Megacable quien como ya se mencionó dejó de trasmitir las señales de Televisa Networks que son Tele Hit, Distrito Comedia, Ritmoson, Unicable, Canal 2, Foro TV, TiiN, Golden, De película, Golden Edge, Gala TV, Bandamas, Canal 5 y Tlnovelas.

Cabe destacar que Megacable es una empresa que ofrece servicios de telefonía, televisión por cable e Internet. Al cierre del 2º Trimestre de 2016 el segmento de video finalizó con 3,007,017 suscriptores registrándose adiciones netas de más de 39 mil suscriptores, es decir un crecimiento de 1.3%, al comparar con el 1er Trimestre del mismo año. Asimismo, se registró un crecimiento de 17% o 437 mil suscriptores más comparando con el 2º Trimestre de 2015.2

No obstante, que al día de hoy Megacable está entregando a los consumidores las listas de remplazo de las 14 señales, lo cierto es que las mismas son de menor calidad o de mucho más baja audiencia, lo que se traduce, en prestar una baja calidad de servicio al contratado por los consumidores.

De igual manera, resultado de este rompimiento empresarial por Megacable resulta el incumplimiento de la obligación legal de informar a la Bolsa Mexicana Valores sobre eventos relevantes, aunado a que no da una explicación detallada a los inversionistas de la diferencia de la señal que llevará de los canales 2, 4, 5 y 9, incumpliendo con ellos el artículo 106 la Ley del Mercado de Valores.

“...Artículo 106.- Las emisoras con valores inscritos en el Registro estarán obligadas a informar a la Comisión y a la bolsa en la que listen sus valores, para su difusión inmediata al público en general a través de esta última, ajustándose a los términos y condiciones previstos en el reglamento interior de dicha bolsa, las causas que a su juicio hayan dado origen a cualquiera de los eventos siguientes:

Párrafo reformado DOF 10-01-2014

I. Movimientos inusitados en el mercado relativos al precio o volumen de operación de sus valores.

II. Cambios en la oferta o demanda de sus valores o en su precio, que no sean consistentes con su comportamiento histórico y no puedan explicarse con la información disponible en el público.

Adicionalmente, la Comisión o la bolsa de valores en la que se listen los valores tendrá la facultad de requerir a las emisoras la publicación de un evento relevante que explique las causas que le dieron origen, así como para requerir la revelación de información adicional cuando la existente en el mercado a juicio de la Comisión o de la bolsa de valores, sea insuficiente, imprecisa o confusa, o bien, para rectificar, ratificar, negar o ampliar algún evento que hubiere sido divulgado por terceros entre el público y que por su interpretación pueda afectar o influir en la cotización de los valores de la emisora.”...3

Por otro lado existen órdenes judiciales que obran en estrados desde el 5 de septiembre y en donde los jueces 4 y 41 de lo Civil en la Ciudad de México emitieron un apercibimiento judicial a Megacable para que continúe con la transmisión de las 14 señales y mantenga los términos del convenio entre ambas empresas hasta que se resuelvan los juicios, situación que tampoco fue notificada a la Bolsa Mexicana de Valores.

Más allá de lo antes mencionado resulta preocupante y como diputados tenemos que velar por los intereses de los ciudadanos en este caso más de tres millones de suscriptores y sus familias que se encuentran verdaderamente molestos motivando la acción de la Profeco, quien únicamente hizo un requerimiento a la empresa para que explique la forma en que informó a sus clientes de los cambios en su programación.

Toda vez que, la empresa no tomó en cuenta que el contrato de prestación de servicios que tiene registrado ante la Profeco la obliga a notificar con 15 días de anticipación de los cambios de programación.

De igual manera por ley, también debió informar a los consumidores de la forma en que planeaba bonificar o compensar este cambio, de conformidad con los artículos 42, 85, 92 bis y 92 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.4

No debemos pasar por desapercibido, que Televisa y Megacable habían sido socios en la marca Yoo que surgió para contrarrestar la aparición de Dish y en 2014 el Ift sancionó a Cablevisión ahora Izzi, de Televisa, con 8 millones de pesos y a Megacable con 33 millones por haber incurrido en prácticas monopólicas al conformar esta alianza.

Regresando al tema de la reforma en materia de telecomunicaciones, queda claro que las obligaciones Must offer y el Must carry, que se buscaban con dicha reforma en beneficio de los usuarios no están siendo aplicadas.

Must offer: es la obligación que tienen las grandes televisoras de señal abierta de poner a disposición de las televisoras de paga (cable, DTH u otras) sus señales para que sean difundidas.

Must carry: es la obligación de los sistemas de televisión de paga (cable, DTH u otras) de incluir las señales de televisión abierta en su oferta de servicios.5

De tal manera que se afecta a los intereses de los consumidores toda vez que la comunicación de Megacable no se ha corregido.

“...Asegura a sus clientes que seguirán viendo los canales 2, 4 y 5 de Televisa. Sin embargo, esta aseveración no es del todo cierta. La señal de Foro TV (canal 4) sólo la podría transmitir Megacable en las localidades que se encuentren dentro de la Ciudad de México.

Adicionalmente, la señal del canal 2 y 5 no será transmitida como lo afirma la empresa “con normalidad”, ya que las señales radiodifundidas al interior de la República se retransmiten, en su mayoría, con la programación y comercialización local, mientras que Megacable venía recibiendo una señal nacional.

En el caso de las audiencias, no avisar en tiempo del cambio de canales contratados y al remplazarlos por otros con un nivel de audiencia por debajo del inicialmente ofertado, va en contra del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.”...6

En razón de lo anterior, es de exhortarse al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que en el ámbito de sus funciones investiguen y sancionen a las empresas Grupo Televisa y Megacable, en su caso, por las anomalías e incumplimientos derivados de su rompimiento empresarial, mismo que causo un detrimento en los derechos de los consumidores de Megacable.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que en el ámbito de sus funciones protejan los derechos de los consumidores de Megacable, mismos que fueron violados al darles una baja calidad de servicio contratado, derivado de su rompimiento empresarial con Grupo Televisa.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que en el ámbito de sus funciones investiguen y sancionen los incumplimientos en que incurrieron, en su caso, las empresas prestadoras del servicio de televisión Grupo Televisa y Megacable consecuencia de su rompimiento empresarial.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

2 http://inversionistas.megacable.com.mx/reportesES_pdf/2 Q16.pdf

3 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LMV.doc

4 http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/09/11/megacable-televisa-cos to-divorcio-mal-comunicado

5 http://aristeguinoticias.com/2003/mexico/que-son-el-must-carry-y-el-mus t-offer/

6 http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/09/11/megacable-televisa-cos to-divorcio-mal-comunicado

Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de septiembre de 2016.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a establecer un instrumento de constante monitoreo y denuncia de violaciones, ante las autoridades correspondientes, del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a establecer un mecanismo de constante monitoreo y de denuncia de violaciones ante las autoridades correspondientes del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La leche materna es el único alimento que el niño o la niña necesita para los primeros seis meses de vida. Otro tipo de alimentos o bebidas, inclusive de agua, aumentaría el riesgo de que tenga diarrea u otra enfermedad. La leche materna es la “primera inmunización” del bebé, no existen fórmulas alternativas para su protección.

II. “En1979, ante la disminución de las tasas de lactancia materna a nivel mundial, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaron una reunión sobre la alimentación del lactante y niño pequeño. El resultado fue la recomendación de un código internacional para controlar las prácticas de comercialización de fórmulas infantiles y otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna, es decir, como sustitutos parciales o totales de la leche materna.”

III. En mayo de 1981, la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) aprobó el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna. Desde 1981, 24 países adoptaron el código en su totalidad o parcialmente y otros 27 países incorporaron a su legislación nacional muchas de las normas allí estipuladas.

IV. “La Conferencia Internacional de Nutrición del 1992 en Roma, definió que una de las principales estrategias para disminuir el hambre y la desnutrición es a través de fomentar la lactancia materna, concluyendo que una de las acciones para aumentar los índices de la lactancia materna en el mundo es la implementación del monitoreo del Código Internacional. Dicho código, 35 años después, sigue siendo “la piedra angular” para las autoridades de salud pública en regular algunas normas básicas como:

• No anunciar sucedáneos de leche materna, biberones, ni tetinas.

• No obsequiar muestras gratuitas a las madres.

• No realizar promociones en los sistemas de salud, que incluye no ofrecer suministros de fórmula gratis o a bajo costo.

• No permitir que se entreguen donaciones o muestras gratuitas a las/los trabajadoras/os de la salud.

• No utilizar fotografías de bebés, ni palabras que idealicen la alimentación artificial en las etiquetas de los productos; la información provista a las/los trabajadoras/es de la salud debe ser científica y objetiva.

• La información sobre alimentación artificial, incluyendo la que aparece en las etiquetas, deberá explicar los beneficios y superioridad de la lactancia materna y alertar sobre los peligros relacionados con la alimentación artificial.”1

V. La implementación de este código es fundamental para la salud de los lactantes, niñas y niños. El demorar o restringir la toma de leche materna y sustituirlas con otros productos antes de los seis meses, continúa siendo la práctica común que aumenta el riesgo de infecciones, alergias, enfermedades de largo plazo y muerte.

VI. La alimentación con leche materna y la buena nutrición en la infancia son aspectos cruciales para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, en particular, los que se refieren a la supervivencia infantil, como reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad entre los menores de cinco años para 2015, erradicar la pobreza extrema y el hambre.

VII. En México la Estrategia Nacional de Lactancia Materna (ENLM), “tiene cinco objetivos específicos, entre los que se encuentra: el trabajo coordinado interinstitucional, para desarrollar las acciones; la medición y evaluación de indicadores y para el seguimiento de los resultados; el fortalecimiento de las capacidades institucionales, que contempla los beneficios de la lactancia materna, no sólo para aquellos recién nacidos en hospitales amigos del niño y la niña, sino que también, fortalecer las capacidades que permitan otorgar estos beneficios y reducir los riesgos de enfermedad y muerte de aquellas/os que nacen más vulnerables, como son las niñas y niños prematuros y/o de bajo peso, para quienes se ha considerado el funcionamiento en red de bancos de leche humana, que permitan alimentarlos con leche humana pasteurizada y el fomento de la técnica canguro que favorezca una pronta recuperación además de mejorar su estado de nutrición; el apoyo a las mujeres que trabajan fuera de casa, para continuar la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses y hasta los dos años, aun cuando regresan a trabajar, impulsando la creación de salas de lactancia o lactarios institucionales y empresariales; así como la protección y promoción de la lactancia en las unidades de primer nivel de atención, haciendo énfasis en aquellas unidades de salud con menor índice de desarrollo humano que contempla la Cruzada Nacional contra el Hambre.”2

VIII. Aunado a lo anterior, es primordial darle un puntual seguimiento a la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, así como presentar las denuncias correspondiente para poder así revertir la tendencia de la participación del sector privado en la educación nutricional (campañas, programas educativos en escuelas, organización de congresos, desarrollo de sitios web, etcétera) y en cualquier programa público relacionado con la alimentación infantil con el fin de evitar conflicto de interés.

IX. “Se ha documentado ampliamente que las prácticas de comercialización agresivas por parte de los productores y comercializadores de fórmulas lácteas, alimentos complementarios, biberones y chupones para los menores de un año, además de desinformar a madres, padres y trabajadores de salud sobre la forma más conveniente de alimentar a los menores, induce a prácticas de alimentación artificial que menoscaban la lactancia materna produciendo graves daños a la salud y a la nutrición de los niños. A nivel mundial, estas prácticas de comercialización se han asociado a la muerte de más de un millón de niños anualmente. El desplazamiento de la lactancia materna tiene también un alto costo económico para las familias y los servicios de salud, además de que priva a los lactantes y a sus madres de muchos otros beneficios.”3

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a establecer un mecanismo de constante monitoreo y de denuncia de violaciones, ante las autoridades correspondientes, del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna.

Notas

1 Con datos de UNICEF. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 2016.

2 Secretaría de Salud. Gobierno de México. www.gob.mx

3 Movimiento ciudadano por la recuperación de la lactancia materna promovido por Proyecto AliMente, Octubre 9, 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California a solicitar el apoyo del federal en materia de seguridad pública para enfrentar la violencia e inseguridad presentadas en la entidad, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, José Alfredo Ferreiro Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, II, III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad con lo siguiente:

Consideraciones

La existencia de un Estado se justifica cuando es capaz de garantizar la propiedad y los derechos humanos de las personas.

Y uno de los derechos fundamentales de la convivencia humana, es una situación de paz social.

En los últimos meses, los ciudadanos de Baja California, han experimentado, más que un estado de paz, un estado de intranquilidad. Lo anterior derivado del incremento de crímenes de alto impacto, en varios municipios de aquella entidad.

Es por lo anterior que el suscrito solicita mediante la presente, al gobernador constitucional de Baja California, pida formalmente el apoyo del gobierno federal, en materia de seguridad pública, lo anterior con objeto de que enfrente la situación de violencia e inseguridad que se ha presentado en el territorio bajacaliforniano.

Haciéndolo en base a las siguientes consideraciones:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 21, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley.

En el mismo precepto constitucional se establece que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir con los objetivos de la seguridad pública.

Aunado a lo mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece, entre otras metas nacionales; la de un México en Paz, la cual prevé, como líneas de acción, las de coadyuvar con las instancias de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno para reducir la violencia; consolidar y si es necesario reestructurar las policías, y establecer una coordinación efectiva entre instancias y órdenes de gobierno en materia de seguridad.

Por tanto, el gobierno federal debe contribuir de manera eficaz al restablecimiento del orden y la seguridad en los de Estado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El mismo artículo 27, fracción XVIII, determina que a la Secretaría de Gobernación le corresponde auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México competentes, que soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia del Pleno, identificada como P./J. 36/2000, determinó que “Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública”.

Que en los últimos meses, en el Estado de Baja California y en algunos de sus municipios se han presentado manifestaciones de falta de coordinación institucional en materia de seguridad pública, lo anterior ha tenido como consecuencia diversas expresiones violentas de la delincuencia organizada, como resultado de lo anterior, se ha mermado la paz social y el Estado de Derecho, principios fundamentales de una convivencia armónica en el estado.

En virtud de lo anterior, resulta necesario y posible que el gobernador constitucional del estado de Baja California, solicite formalmente el apoyo del gobierno federal en materia de seguridad pública.

Es en atención a lo considerado que presento Punto de Acuerdo para quedar como sigue:

Único: La honorable Cámara de diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Baja California, licenciado Francisco Arturo Vega de Lamadrid a que solicite formalmente el apoyo del gobierno federal en materia de seguridad pública, con el objeto de enfrentar la situación de violencia e inseguridad que se ha presentado en el estado de Baja California.

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.

Diputado Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP y la Sedesol a ampliar la cobertura del programa Prospera y convertirlo en uno de verdadera política de desarrollo social que contribuya a disminuir la pobreza, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II y numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente somete a la consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por los que se solicita a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social que amplíen la cobertura del programa de inclusión social Prospera y lo convierten en un programa de verdadera política de desarrollo social que contribuya a disminuir la pobreza.

Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde su creación, el Prospera ha sido severamente criticado por los especialistas y por la población en general, ya que poco abona a la mejora de la situación de pobreza en la que viven millones de personas en el país. Lo anterior, debido a que no combina cambio alguno en lo relacionado al sistema económico imperante en el país, no genera empleos ni distribuye de manera equitativa la riqueza, sino que, en el mejor de los escenarios, es un paliativo o una contención ante los problemas generados por la pobreza.

Por desgracia, lo único que lo diferencia de los programas fallidos operados por las administraciones anteriores es su denominación, como de manera puntual menciona la Universidad Nacional Autónoma de México en su reciente Informe del desarrollo en México, presentado hace algunos días en la Cámara de Diputados.

En 1988, Solidaridad fue instaurado con la intención de enfrentar la pobreza. Sus acciones se orientaron al apoyo de la agricultura y la diversificación productiva en el campo. En 1997, el concepto del programa fue modificado, dando entrada a Progresa, con el que se eliminó la intermediación para la entrega de recursos, implementándose un modelo de entrega de recursos económicos en efectivo. En ninguno de los casos, el objetivo principal fuera conseguido.

Con una nueva administración, en 2002, de nueva cuenta sufrió un cambio de denominación, obteniendo los mismos paupérrimos resultados al conocerse como Oportunidades, el cual, como modificación, incluía a personas jóvenes y a personas en situación de pobreza habitantes de zonas urbanas.

Como se aprecia, desde hace casi 3 décadas, los programas estelares de las administraciones federales no han logrado cumplir con sus ambiciosos cometidos, por el contrario, en este lapso la cifra de personas que viven en situación de pobreza aumentó 16 por ciento: pasó de 46 millones en 1990 a 53 millones en 2012, de acuerdo con datos provistos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En 2014, con motivo del segundo Informe de Gobierno, el titular del Poder Ejecutivo federal anunció que para hacer frente a sus limitaciones y para “aportar nuevas alternativas, más eficaces contra la pobreza”, dejaría atrás Oportunidades, dando entrada a Prospera, programa que de manera demagógica presentó como el que lograría disminuir la pobreza que se mantenía en la misma proporción desde hace tres décadas.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pese al aumento de recursos destinados a la operación de programas sociales relacionados con el combate a la pobreza, ésta no ha disminuido de manera significativa, ya que existen diversos factores de coyuntura y de largo plazo que no forman parte de las estrategias de creación de los programas sociales, por ejemplo, la disminución del ingreso debido a la crisis financiera, el aumento del precio de la canasta básica y el pobre crecimiento anual del producto interno bruto.

Prospera no ha sido capaz de resolver o aminorar de manera sustancial el problema de la pobreza, debido a que un gran porcentaje de su presupuesto asignado no está destinado al apoyo de la población, sino al pago de salarios de quienes lo operan. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en 2015, Prospera recibió 53 por ciento más recursos económicos que el último año de operación de Oportunidades, sin embargo, el número de personas beneficiarias no incrementó, mucho menos se vio disminuida la brecha de desventaja social.

También destacó que los subprogramas considerados en Prospera, como becas, seguros médicos, apoyos alimenticios, inclusión laboral y productiva, son los mismos que ya consideraba Oportunidades, a los que les fue asignado el mismo monto presupuestal que el año anterior, lo que evidencia de manera clara que el incremento en el presupuesto no fue destinado a la consecución de los objetivos del propio programa.

Por su parte, el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudio Superiores de Monterrey mencionó que los rubros de Prospera siempre han existido y que el supuesto cambio de rumbo sólo responde a un cambio de denominación que responde a cuestiones de propaganda política con fines electorales, más que al desarrollo social de las personas, como se mencionó en esta tribuna como posicionamiento de Morena ante la glosa del cuarto Informe de Gobierno en materia de política social.

Aunado a lo anterior, Prospera no cumple requerimientos aprobatorios en cuanto a la capacidad de cumplir su meta, no cuenta con el presupuesto requerido para cubrir a la población potencialmente beneficiaria, por lo que no logra resolver el problema que le dio origen; asimismo, existen graves problemas de opacidad en la forma en la que el titular del Poder Ejecutivo federal informa al Congreso de la Unión sobre sus niveles de desempeño y eficacia, lo que impide su correcta evaluación y análisis objetivo con respecto al desarrollo social que pretende proveer.

Por si lo anterior fuera poco para evidenciar los grandes rezagos en materia de política social, para 2017, el titular del Poder Ejecutivo federal pretende que Prospera cuente con un presupuesto de 82 mil 151 millones 73 mil 496 pesos; es decir, 15 millones 668 mil 402 menos que en 2016. Ello, aunado a los problemas endémicos del programa, implicará que para el próximo año tampoco sea capaz de proveer una cobertura universal y, por ende, esté imposibilitado para cumplir con su meta de desarrollo social.

Con lo anterior, de nueva cuenta queda manifiesta la incapacidad del gobierno federal para crear e implementar verdaderas estrategias multidisciplinarias relacionadas con el combate a la pobreza, desde hace muchos años hemos padecido malos gobiernos con malas políticas económicas y sociales que pretenden perpetuar estados de necesidad para medrar con ellos en búsqueda de fines meramente electorales.

Se requiere la elaboración de una nueva política social y económica, que dé prioridad a una mejor distribución del ingreso. Los programas sociales deben ser entendidos como formas en las que de manera inteligente y coordinada, se pueda atender una problemática específica, en este caso, la injusta situación económica y social en la que viven millones de personas en el país, debido a los altos grados de pobreza.

Es importante una nueva visión que deje de lado el asistencialismo y la entrega de dinero a cambio de favores políticos, porque como ha quedado evidenciado, este círculo vicioso sólo ha favorecido al partido político en el poder, no ha mejorado condiciones de vida desde que el sistema neoliberal es el preponderante en el país.

Urge una actualización de las reglas de operación de Prospera, a efecto de que no sólo sea un documento que cumpla las especificaciones jurídicas a que hace referencia la Ley General de Desarrollo Social y los lineamientos provistos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Prospera debe erigirse como un verdadero instrumento de política social para la reducción significativa de uno de los problemas más graves en el país, la pobreza.

Requiere adecuar su operación a todos y cada uno de los elementos que influyen en que las personas vivan por debajo de la Línea de Bienestar, debe ser un documento sensible ante todas y cada una de las carencias y necesidades sociales, debe contar con un escenario claro sobre la problemática actual y contar con el presupuesto que facilite el cumplimiento de sus metas, logrando la incorporación universal de la población potencialmente beneficiaria.

Para el funcionamiento correcto de Prospera, las reglas de operación deben reflejar una mejorar en su deficiente diseño, deben estar alineadas con las necesidades de las personas que se ubican bajo sus supuestos, deben tener una cobertura correcta y contar con el presupuesto adecuado, además de complementarse con crecimiento económico y generación de empleos. Sin lo anterior, de nueva cuenta se implantará un programa dotado de supuestas buenas intenciones que redunda en un gasto multimillonario que no modifica un ápice las condiciones deplorables en que viven millones de personas en el país.

Con las reformas anteriores y con una nueva visión, Prospera se convertirá en un verdadero instrumento de política social que atienda a la totalidad de las personas potencialmente beneficiarias y así, coadyuve de manera real en la disminución de la situación de pobreza en la que viven más de 53 millones de personas en el país.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público federal a fortalecer en el ámbito de sus atribuciones el programa de inclusión social Prospera, con la intención de que vea incrementado el número de personas beneficiarias en el ejercicio fiscal de 2017.

Segundo. Se exhorta al secretario de Desarrollo Social federal a actualizar en el ámbito de sus atribuciones las deficientes reglas de operación del programa de inclusión social Prospera, con la intención de convertirlo en un verdadero instrumento que atienda las deplorables condiciones económicas del país y que sea sensible ante las necesidades sociales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2016.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al inadecuado funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia y las acciones que el INAI realiza para normalizar el servicio, suscrita por la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, e integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes de distintos grupos parlamentarios, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6o., apartado A, prevé, para el ejercicio del derecho de acceso a la información en posesión de la federación y entidades federativas, la existencia de un órgano autónomo, especializado, imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a la información pública y a la protección de datos personales, según se desprende de la fracción VIII delo mismo artículo 6o. constitucional.

El organismo garante previsto en la Constitución, a nivel federal es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, que se encuentra regulado en La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para poder sistematizar el acceso de los particulares a la información pública, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Título Tercero, Capitulo Único, se establece lo referente a La Plataforma Nacional de Transparencia y en el artículo 49 se establece “ Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente ley para los sujetos obligados y organismos garantes, de conformidad con la normatividad que establezca el sistema nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios “.

A su vez en el artículo 50 del mismo ordenamiento se dispone: “la Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los siguientes sistemas:

I. Sistema de solicitudes de acceso a la información;

II. Sistema de gestión de medios de impugnación;

III. Sistema de portales de obligaciones de trasparencia, y

IV. Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados”.

Como se puede apreciar de la transcripción del artículo 50, éste se convierte en la piedra angular del sistema de acceso a la información pública por la trascendencia y relevancia de los elementos que lo conforman.

Si se quiere hablar de que en nuestro país el ciudadano tiene pleno acceso a la información que generen los sujetos obligados, la plataforma nacional de transparencia debe funcionar adecuadamente.

El día 12 de septiembre del año en curso, el periódico El Universal publica una nota en donde el encabezado señala: “Inservible, la plataforma de transparencia del INAI” .

En dicha nota se describe que “la Plataforma Nacional de Trasparencia del INAI tiene fallas que la han hecho prácticamente inservible, de acuerdo con especialistas.

“Con una inversión de más de 19.6 millones de pesos, desde el 5 de mayo en que fue lanzada, presenta constantes fallas y quejas de los usuarios”.

Si regresamos al estudio del artículo 50 de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública veremos que cualquier falla en la plataforma Nacional de Transparencia impacta en todo el sistema y puede colapsarlo, haciéndolo inoperante con lo cual el derecho del gobernado de acceso a la información pública se ve vulnerado por errores y fallas en el sistema, que deben ser atribuidas al organismo garante INAI, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir los proveedores del sistema.

Debemos tener presente que la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015 y se encuentra en vigor a partir del 5 de mayo de ese año, resultando, por ello, que el funcionamiento de la plataforma Nacional de Transparencia es a partir del día 5 de mayo 2016, en virtud de que en el Transitorio Quinto de La Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública se estableció la obligación del Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal para en un plazo de un año, contado a partir del inicio de vigencia de la Ley General para armonizar sus legislaciones a la Ley General.

Por ello a partir del 5 de mayo de este año el INAI publicó la Plataforma Nacional de Trasparencia en donde se debe encontrar la información que los sujetos obligados previstos en el artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deben poner a disposición de la ciudadanía.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Artículo Único: Que el INAI, haga públicas las acciones que está tomando para normalizar el servicio de la Plataforma Nacional de Transparencia y que se deslinde responsabilidades para sancionar a quienes por faltas u omisiones hayan provocado el que la plataforma nacional no funcione adecuadamente, entorpeciendo el derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 de septiembre de 2016.

Diputados: María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Emma Margarita Alemán Olvera, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García, José Hernán Cortés Berumen, Mayra Enríquez Vanderkam.

Con punto de acuerdo, relativo a la toma de protesta de ley de la regidora electa por el principio de representación proporcional en Monclova, Coahuila, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la suscrita, Dip. María Guadalupe Oyervides Valdez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente:

I. Exposición de Motivos

El 7 de septiembre de 2016, la Regidora Electa por el Principio de Representación Proporcional Heidi Elizabeth Armendáris Puente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fue convocada para estar presente en sesión ordinaria del Cabildo de Monclova con el propósito de tomar protesta como Regidora que tuvo a bien ordenar el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, con motivo del fallecimiento de Hortencia García Valle, nombrada a tomar el cargo tras la solicitud de licencia definitiva para separarse del cargo de la entonces regidora, María Guadalupe Oyervidez el día 17 de agosto del dos mil quince, el día 31 de mayo de dos mil dieciséis el Congreso del Estado aprobó el decreto 475 en el que designó a Heidi Elizabeth Armendáriz Puente, para cubrir el cargo vacante.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone del Dictamen Resolutivo aprobado por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mismo que a continuación se transcribe:

Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Legislatura, con relación a oficio mediante el cual se solicita se designe a quien deba desempeñar el cargo de Regidora de Representación Proporcional del municipio de Monclova, en virtud del fallecimiento de su titular; y,

RESULTANDO

PRIMERO. Que con fecha 31 de mayo del presente año se recibió oficio, mediante el cual se solicita se designe a quien deba desempeñar el cargo de Regidora de Representación Proporcional del municipio de Monclova debido a que con fecha del 24 de abril del año 2016, falleció la C. Hortencia García Valle quien se desempeñaba como Regidora del mencionado municipio.

SEGUNDO. Que en base a lo anterior esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 90 fracciones IV y V de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el presente dictamen, y;

CONSIDERANDO

Que el día 23 de julio de 2013, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, número 59, la lista de integración del cabildo electo del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila de Zaragoza, que estaría en funciones durante el período comprendido del 2014 a 2017.

Que conforme a lo anterior, la C. Hortencia García Valle, fue electa para desempeñar el cargo de Regidora de Representación Proporcional de dicho Ayuntamiento.

Que en virtud del fallecimiento de la C. Hortencia García Valle, corresponde al Congreso realizar la designación de quien habrá de cubrir la vacante originada por el fallecimiento del titular de esa Regiduría.

Que en el caso de que la vacante de un miembro de ayuntamiento que se presente con posterioridad a la protesta de ley que haya rendido, el artículo 58 del Código Municipal de Coahuila con relación al 59 del mismo ordenamiento legal, faculta al Congreso del Estado, para nombrar a los sustitutos que cubran las vacantes de los munícipes de los Ayuntamientos del Estado.

Que la designación del sustituto de un Regidor electo, debe realizarse conforma al sistema de suplentes, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 158–K de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y 58 y 59 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Que teniendo a la vista la lista de suplentes publicada en el Periódico Oficial del Estado en la fecha antes señalada, para la elección del referido Ayuntamiento, esta Comisión propone a la C. Heidi Elizabeth Armendariz Puente, en virtud de encontrarse dentro de dicho listado con el fin de que el Pleno de este Congreso lo designe como Regidora de Representación Proporcional del Ayuntamiento de Monclova.

En virtud de lo anterior, esta Comisión somete a consideración del Pleno para su, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Primero . Se designa a la C. Heidi Elizabeth Armendariz Puente como Regidora de Representación Proporcional del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila de Zaragoza, en sustitución de la C. Hortencia García Valle, cargo que deberá desempeñar a partir de que rinda la protesta de ley y por lo que resta del periodo constitucional 2014-2017.

Segundo. Comuníquese en forma oficial al Ayuntamiento de Monclova, la designación de la C. Heidi Elizabeth Armendariz Puente, a efecto de que se le llame a rendir protesta y se incorpore a sus funciones como Regidora de Representación Proporcional de Monclova, Coahuila de Zaragoza. Así mismo, comuníquese lo anterior al Ejecutivo del Estado, para los efectos procedentes.

Transitorio

Único. Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Francisco Tobías Hernández, (Coordinador), Dip. Georgina Cano Torralva (Secretaria), Dip. José María Fraustro Siller, Dip. Jesús de León Tello Dip. Luisa Ivone Gallegos Martínez En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 31 de mayo de 2016.

III. Consideraciones

A. El día 08 de julio de 2016 la C. Heidi Elizabeth Armendáriz Puente presentó escrito de Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en virtud de la omisión y desacato, por parte del Ayuntamiento de Monclova y su Presidente Municipal Gerardo García Castillo de convocarla a Tomar la Protesta de ley para el cargo que fue electa, y derivado del Dictamen Aprobado por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

B. En fecha 07 de septiembre del presente año, se emitió Convocatoria por parte de la Presidencia Municipal por la que se celebraría sesión ordinaria por parte del Cabildo en la cual la C. Heidi Elizabeth Armendáriz Puente rendiría protesta como Regidora por el Principio de Representación Proporcional del Ayuntamiento de Monclova. Tal y como lo demuestro con la copia de la convocatoria signada por el propio Alcalde.

C. Llegado el día y la hora de la sesión de Cabildo, la C. Heidi Elizabeth Armendáriz Puente acudió puntualmente a al recinto de sesiones, en la que el Secretario del Ayuntamiento hizo el pase de lista de los presentes e informando la asistencia de 04 de 19 integrantes del Cabildo, por lo que no existía el quórum mínimo para sesionar, por lo que el Alcalde declaró la sesión por concluida sin que pudiera la C. Heidi Elizabeth Armendáriz Puente rendir la protesta de ley que el H. Tribunal ordenó.

Las acciones anticonstitucionales y antidemocráticas practicadas por el Alcalde del Ayuntamiento de Monclova, C. Gerardo García Castillo develan un serio problema en materia de protección de los derechos humanos, al haber violentado con sus acciones el derecho constitucional de la C. Heidi Elizabeth Armendáriz Puente a tomar protesta como Regidora Electa en tiempo y forma, resalta la flagrante violación a los derechos fundamentales del principio de equidad de género, así como el desacato al fallo legal emitido por el H. Tribunal Electoral del estado de Coahuila en favor de la C. Heidi Elizabeth para rendir la protesta de ley, lo que violenta los artículos 108 a 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen entre otras cosas, el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y que prescriben se hará efectiva por actos u omisiones en que incurran los funcionarios y empleados en la prestación del servicio. Particularmente, la actitud del C. Gerardo García Castillo incurrió en falta de sensibilidad y cumplimiento a las responsabilidades a que es acreedor por ser servidor público, y que en tal caso puede generar responsabilidades aplicables de tipo política, penal y administrativa previstas en las leyes penales.

En ese orden de ideas, destacan diversas acciones que califican de arbitrarias, llevadas a cabo por el Presidente Municipal de Monclova y de los integrantes panistas del Cabildo en contra de C. Heidi Elizabeth Armendáriz.

Las acciones acometidas a los derechos político-electorales de la C. Heidi Elizabeth Armendáriz por parte del Presidente Municipal de Monclova Gerardo García, resultaron flagrantes violaciones a los derechos humanos y actos que carecen de legalidad, sin fundamentos expresos en las normas jurídicas establecidas en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila. En este contexto punitivo, se requiere la intervención de las autoridades competentes con el propósito de sancionar y consignar a la autoridad responsable incumplidora para que sea ejercitada la sanción correspondiente.

Adicionalmente, se impulsa y exhorta en iniciar la intervención de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, a efecto de revisar los actos y omisiones cometidos por el Presidente Municipal Gerardo García, ya que resultan ser violatorios de Derechos Humanos. Con tal motivación, la presencia de un Visitador General permitirá analizar e investigar las presuntas violaciones a los Derechos Humanos, cometidas por la autoridad municipal a la C. Heidi Elizabeth, además, se requiere lograr una sanción inmediata contra las acciones irresponsables del titular del municipio de Monclova para evitar que en el futuro incurra en actos u omisiones similares.

De conformidad con el artículo 19 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, la comisión tiene competencia en todo el territorio del estado para la resolución de quejas en contra de actos de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, en tanto que tiene la facultad de realizar las investigaciones que en derecho procedan o de ser el caso decretar medidas tendientes a evitar daños de difícil reparación a los afectados.

En tanto la comisión intervenga (en facultad de sus atribuciones) se podrán formular denuncias formales ante la ineficiente administración del Presidente Municipal Gerardo García, y de proceder la queja en sentido positivo se tomen las medidas correspondientes en términos que dicta la ley. Ya que las acciones cometidas en contra de la C. Heidi Elizabeth no pueden resultar impunes nadie puede estar por encima de la ley ni actuar a discrecionalidad violentando los derechos humanos de nadie, cuartando la equidad de género, de responsabilidad administrativa y los derechos político-electorales.

Es necesario neutralizar y sancionar las acciones del C. Gerardo García Castillo que haciendo uso irresponsable de sus facultades arremetió contra sus derechos de principio de igualdad de la C. Heidi Elizabeth. Ya que es tare de los estados tomar todas las “medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país [...] garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a [...] ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.” Todo ello, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia1 .

Conforme con todo ello, la fracción I del artículo 41 constitucional, determina que, entre los fines de los partidos políticos, se encuentran el de promover la participación en la vida democrática y posibilitar el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con la paridad. En el mismo sentido, el artículo 7, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) determina que es un derecho de las y los ciudadanos, así como una obligación de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad para el acceso a cargos de elección popular.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoce que la discriminación representa un obstáculo para el bienestar de las familias y de las sociedades, que a su vez entorpece las posibilidades de las mujeres para contribuir en el desarrollo de sus países y de la humanidad. En su Recomendación General 19, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW, por sus siglas en inglés), reconoce que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades.

Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel nacional e internacional. Sin embargo, persisten cuestiones estructurales, como la violencia política, que obstaculizan el ejercicio de dichos derechos y que constituyen un reflejo de la discriminación2 , en consideración y a luz de la protección que ofrece la ley y la constitución a la mujer, se exhorta a que se realicen investigaciones puntales y oportunas en contra del C. Gerardo García Castillo, dadas sus acciones de flagrantes violaciones a los derechos constitucionales de la C. Heidi Elizabeth Armendáriz, durante el proceso de toma de protesta de ley como regidora electa de Monclova.

MARCO NORMATIVO

Jurisprudencia 20/2010

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es procedente para controvertir actos y resoluciones que violen el derecho a ser votado, el cual comprende el derecho de ser postulado candidato a un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos estatales, y a ocuparlo; por tanto, debe entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones inherentes durante el periodo del encargo.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); reconocen que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 85 al 87 y del 105 al 119.

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila

Respecto al caso previamente descrito, la Diputada Verónica Martínez García, Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, interpuso formalmente una queja ante el Instituto Nacional Electoral, Con fundamento en los artículos, 134 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 442 numeral 1 inciso f), 449, 458, 464 y demás relativos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 1, 10, 14, 16, 17, 22, 45 y demás relativos del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, destacando lo siguiente: “vengo a interponer formal denuncia y/o queja en contra del Alcalde del municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, C. Gerardo García Castillo por actos de violencia política de género”.

Adicionalmente, se enteró al H. Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, de acuerdo al siguiente tenor: “HEIDI ELIZABETH ARMENDÁRIZ PUENTE, de generales conocidos en autos del expediente 82/2016, por el cual se resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano en su vertiente de acceso al cargo para el cual fui electa, con fundamento en los artículos 17 y 128 constitucional acudo en tiempo y forma a presentar INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA”

Por último, en el mismo sentido se enteró al Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Monterrey, al tenor de lo siguiente: “HEIDI ELIZABETH ARMENDÁRIZ PUENTE, mexicana, mayor de edad, Regidora Electa por el Principio de Representación Proporcional, personalidad acreditada en autos del presente juicio; comparezco ante Ustedes, en tiempo y forma, a presentar escrito de tercero interesado en los autos del juicio electoral promovido por el C. Gerardo García Castillo Presidente Municipal de Monclova, Coahuila de Zaragoza para controvertir la resolución dictada por el H. Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el expediente del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 82/2016”

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita se envíe un respetuoso exhorto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se investigue y sancione al Presidente Municipal de Monclova del estado de Coahuila, C. Gerardo García Castillo para no haber llevado a cabo las acciones necesarias a fin de cumplir en tiempo y forma con el Dictamen resolutivo aprobado por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se establecía la toma de protesta de ley por parte de la C. Heidi Elizabeth Armendáriz Puente como Regidora Electa por el Principio de Representación Proporcional de Monclova. Así mismo, se envíe un respetuoso exhorto a la Unidad Para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila se investigue de manera puntual al C. Gerardo García Castillo por presuntos actos violatorios de los derechos humanos, en tanto que sus acciones de desacato de la sentencia legal emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, en el expediente 82/2016, resultan violatorios de los derechos humanos de la C. Heidi Elizabeth Armendáriz Puente, Regidora Electa por el Principio de Representación Proporcional, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Notas:

1 Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres Primera edición 2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

2 Ibídem.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días de septiembre de 2016.

Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a garantizar suficiencia financiera para la implantación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada, Minerva Hernández Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Como ya es del conocimiento general, en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2015, se contiene el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción.

Dentro de las disposiciones transitorias de dicho Decreto, se estableció que el Congreso de la Unión debería aprobar las leyes generales relativas al Sistema Nacional Anticorrupción, así como las reformas a la legislación relacionadas con el combate a la corrupción.

En este sentido, en esta LXIII Legislatura, la Cámara de Diputados y el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, se dieron a la tarea de discutir y aprobar un nuevo marco jurídico que resultara acorde con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Es precisamente por ello, que en el Diario Oficial de la Federación del 18 de julio de 2016, fueron publicados cinco decretos en los que se contienen tanto las reformas, adiciones y derogaciones de disposiciones normativas que se encontraban vigentes, así como la expedición de tres nuevas leyes.

En este sentido, para comenzar con la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, fue voluntad de este Honorable Congreso de la Unión contar con siete nuevas disposiciones jurídicas, a saber:

1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

2. Ley General de Responsabilidades Administrativas –conocida también como #Ley3de3 al tener como origen el interés de más de 630 mil ciudadanos que firmaron el proyecto de iniciativa que posteriormente se entregó al Senado de la República.

3. Código Penal Federal.

4. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

6. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

7. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción implica, por una parte, la creación de nuevos órganos e instituciones, tal como lo son el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana del mismo y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Asimismo, por la otra parte, la legislación secundaria aludida tuvo como consecuencia la modificación de las atribuciones que originalmente venían desempeñando algunos organismos gubernamentales como son la Auditoría Superior de la Federación, el ahora denominado Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, lo que significó un incremento en sus facultades a fin de dotarlos de capacidades suficientes en materia de prevención y combate a la corrupción.

En este sentido, a fin de que la trascendental reforma constitucional en materia de combate a la corrupción no pueda quedarse como un conjunto de buenas intenciones sin consecuencias materiales, además, con el objetivo de que no sea en vano el esfuerzo realizado en conciliar diversas voluntades políticas de modo tal que la legislación secundaria pudiera salir adelante y, aunado a ello, con la firme intención de que la ciudadanía no sólo pueda observar sino verdaderamente experimentar cotidianamente los profundos cambios que el país necesita en materia de combate a la corrupción, es absolutamente necesario y fundamental que a través de esta Soberanía pueda dotarse de los recursos financieros estrictamente necesarios para cumplir las necesidades que se derivan de la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Efectivamente, estamos plenamente conscientes del contexto económico adverso en el que nos encontramos; sin embargo, precisamente por ello, es justo en estos momentos en los que esta Soberanía debe ser extremadamente cautelosa con los efectos de largo plazo que tendrán las asignaciones presupuestarias, y es en este contexto que tenemos la plena certeza de que nuestro país no requiere de gastos superfluos sino de inversión que impacte productivamente hacia el futuro y que nos permita alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y en la calidad de vida de los gobernados.

Como es ya conocido por todos, en nuestro país la corrupción implica un costo económico que alcanza los nueve puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y que, como si eso no fuera suficiente, además se traduce en una reducción de la inversión, estimula al sector informal, produce distorsiones y desacelera el crecimiento económico en su conjunto.

Es decir, la corrupción tiene una serie de consecuencias económicas tan funestas y negativas para nuestro país que no pueden dejarse pasar; es necesario hacerles frente y ponerles un alto, pues la corrupción es una amenaza para la gobernanza, para el desarrollo sustentable, para los procesos democráticos y para las prácticas corporativas justas.

En este sentido, estamos convencidos de que el gasto público orientado al combate a la corrupción no es una cuestión innecesaria ni mucho menos inútil; por el contrario, es de carácter necesario y fundamental, en virtud de los beneficios que reportará en el mediano y largo plazos.

Por estas razones, creemos que es responsabilidad de esta Soberanía garantizar que el Sistema Nacional Anticorrupción no nazca impedido, baldado o inutilizado por no contar con el financiamiento necesario para llevar a cabo sus funciones.

A manera de ejemplo, la recién aprobada Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción señala que éste se integra por los miembros del Comité Coordinador, por el Comité de Participación Ciudadana, por el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y por los Sistemas Locales Anticorrupción.

Asimismo, establece que será la Secretaría Ejecutiva del Sistema quien funja como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador y quien dé seguimiento a la implementación de las políticas públicas y procedimientos destinados a la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y de hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos.

A pesar de que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción tiene a su cargo funciones elementales para dar operatividad al Sistema, y no obstante su naturaleza jurídica de organismo descentralizado no sectorizado, de la revisión efectuada a los más de 8 mil 500 millones de pesos correspondientes al Ramo 47 “Entidades No Sectorizadas” del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 –donde se encuentran instituciones como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el Instituto Nacional de las Mujeres o la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otros– no es posible advertir que exista asignación presupuestal alguna a favor de la Secretaría Ejecutiva, por lo que, nos pronunciamos porque desde esta Soberanía se proponga el financiamiento que debe recibir, cuando menos, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para comenzar su funcionamiento y llevar a cabo las atribuciones que tiene encomendadas, toda vez que así se señaló en el último párrafo del Artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias del “Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa” que específicamente establece que para el inicio de operaciones de la Secretaría Ejecutiva el Ejecutivo Federal proveerá los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes, sin que ello hubiese sido observado en el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación 2017.

Aunado a lo anterior, en el caso de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, cabe destacar que en el Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias del “Decreto por el que se reformas y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República” se estableció que sería esta Cámara de Diputados quien tendría la obligación de realizar las acciones necesarias para proveer de recursos a dicha Fiscalía Especializada, teniendo en consideración que el presupuesto aprobado debería cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales necesarios para cumplir sus funciones.

Precisamente por ello, vemos con preocupación que en el Ramo 17 correspondiente a la Procuraduría General de la República, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 prevé un gasto total de casi 15 mil 900 millones de pesos dentro del cual sí fueron consideradas asignaciones presupuestales para Fiscalías Especializadas como lo son las de delitos electorales, de atención a los delitos cometidos contra la libertad de expresión, la de búsqueda de personas desaparecidas o bien, la relativa a los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas; sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 no hay un solo peso que hubiese sido considerado para poner en marcha la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, razón por la cual respetuosamente hacemos un llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía para que en el análisis y discusión del presupuesto de egresos para el siguiente año, se dé cumplimiento al mandato legal establecido en las disposiciones transitorias del Decreto por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y, por tanto, se le asignen los recursos financieros necesarios para su operación.

En este mismo orden de ideas, destaca el caso del Archivo General de la Nación (AGN), al que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 registra una reducción de más del 80% en las asignaciones financieras, respecto de lo que fue autorizado por esta Soberanía para el Decreto de Presupuesto del año en curso, toda vez que para el ejercicio fiscal de 2016 se autorizó un presupuesto de casi 322 millones de pesos, mientras que en el Proyecto del PEF 2017 la asignación correspondiente está prevista en 67.5 millones de pesos, se insiste, 82% menor a la del año pasado.

Lo anterior, a pesar de la importancia que, por sí mismo, reviste el Archivo General de la Nación, al ser la institución encargada de preservar en condiciones idóneas el patrimonio cultural que los mexicanos hemos recibido de las generaciones anteriores, de resguardar aquellos bienes documentales que tienen un valor excepcional desde el punto de vista histórico, artístico o científico y que forman parte de la memoria histórica del país.

Además, no debe perderse de vista que el Archivo General de la Nación, es una de las piezas fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, pues el combate eficaz de la corrupción involucra políticas públicas de transparencia y de rendición de cuentas, y resulta materialmente imposible que una política de transparencia y de acceso a la información sea verdaderamente efectiva y eficiente cuando los archivos –que son el sustento y base de ésta política– no están siendo adecuadamente preservados o cuando, como sucede en nuestro caso, no estamos considerando financiamiento suficiente para que los archivos sean resguardados para las generaciones venideras.

En efecto, esta Soberanía no puede soslayar que para que la Auditoría Superior de la Federación cumpla con su mandato constitucional de llevar a cabo su función de fiscalización conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, resulta indispensable que dicha institución pueda tener pleno acceso a los acervos documentales y archivísticos en los que consten los elementos que integran la cuenta pública, la aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, así como el destino y ejercicio de los recursos provenientes de los financiamientos contratados por las Entidades Federativas y los Municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.

Precisamente por tales razones es que para el adecuado ejercicio de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, resulta de vital importancia la labor del Archivo General de la Nación pues, conforme a la iniciativa de la Ley General de Archivos que ésta pendiente de dictaminación en el Senado de la República, será ésta última institución quien en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Archivos, dé seguimiento a los criterios para la sistematización y la conservación de los archivos, así como también promoverá acciones coordinadas para el acceso a los archivos gubernamentales.

“Un indicador inequívoco de la calidad de una administración, es la calidad de sus archivos. Éstos son la expresión material más clara y el más firme sustento de su actuación.” Sin embargo, si esta Soberanía solamente autoriza al Archivo General de la Nación la asignación presupuestal prevista en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 por el orden de los 67.5 millones de pesos, corremos el riesgo innecesario de que, por ejemplo, sea cancelada una obra pública que se encuentra al 85% de su conclusión –como lo es el Anexo Técnico del Archivo General de la Nación denominado también “Edificio de Acervos”– y a la cual ha sido trasladado ya el 60% de los archivos con los que cuenta dicha Institución; siendo entonces evidente que la eventual cancelación de esa obra pública por no asignar los recursos financieros estrictamente indispensables para ello, pondría en una notoria situación de vulnerabilidad al acervo archivístico que se encuentra en el Archivo General de la Nación.

En ese mismo orden de ideas, no podemos soslayar la situación en la que se encuentra el recién denominado Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues en la reforma a su Ley Orgánica, el Congreso de la Unión determinó que éste órgano jurisdiccional estaría vinculado con el Sistema Nacional Anticorrupción, para lo cual estableció que tendría facultades de: i) imponer sanciones a servidores públicos por la comisión de responsabilidades administrativas graves, así como a los particulares vinculados con las mismas; así como para ii) fincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias, derivadas de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos afectados.

En este sentido, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa requiere aperturar nuevas Salas de Responsabilidades Administrativas, así como incrementar el número de Magistrados de la Sala Superior para integrar una nueva Tercera Sección y Magistrados Supernumerarios para atender las necesidades derivadas de su función jurisdiccional, por lo que estimamos insuficiente el incremento presupuestal de 107 millones 294 mil 703 pesos que está señalado en el Proyecto del PEF 2017, siendo necesarios 627 millones de pesos adicionales, pues solamente de esta manera será posible que el Tribunal pueda hacer frente a los retos derivados del Sistema Nacional Anticorrupción.

Estamos plenamente conscientes del entorno económico adverso que enfrenta el país y que ha sido expuesto por el Ejecutivo Federal en los Criterios Generales de Política Económica para 2017; no obstante, también consideramos que esta Soberanía no puede permanecer impasible ante el fundamental paso que ha dado México para abatir un fenómeno tan grande, polifacético y multidisciplinario como lo es el de la corrupción, ante el que muchos de los habitantes del país ya lo han considerado “parte de la cultura del mexicano” y es precisamente por ello, que en esta Soberanía no podemos permitir que la esperanza depositada en el Sistema Nacional Anticorrupción nazca derrotada, y mucho menos por no contar con los recursos financieros estrictamente necesarios e indispensables para ponerlo en marcha y en operación.

Es por eso que apelamos a la sensibilidad de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, y hacemos un llamado para que, en la discusión y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017:

1. Pueda darse viabilidad y operatividad financiera a las instituciones que serán piezas fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción.

2. Para que conforme a lo establecido en el “Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa” desde esta Soberanía se proponga el financiamiento que debe recibir la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para el inicio de sus operaciones, considerando en todo momento el mandato legal que fue establecido para el Ejecutivo Federal relativo a proveer los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes para ello.

3. Pueda darse cabal y oportuno cumplimiento al mandato legal establecido en las Disposiciones Transitorias del “Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República” en el que se señaló que ésta Soberanía tendría la obligación de realizar las acciones necesarias para proveer de recursos a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, teniendo en consideración que el presupuesto aprobado requiere cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales necesarios para cumplir sus funciones.

4. Sea considerada la importancia de garantizar la continuidad de la obra pública relativa a la conclusión del “Proyecto del Nuevo Anexo Técnico” del Archivo General de la Nación, a fin de salvaguardar adecuadamente la totalidad de la memoria histórica de nuestro país y que la misma no corra riesgo alguno de deteriorarse, devaluarse o desprotegerse.

5. Para que en el caso del análisis y discusión del presupuesto propuesto para el Archivo General de la Nación, también puedan revisarse las diversas alternativas que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS) podría plantear –mediante alguno de sus fideicomisos– para sumar esfuerzos y apoyar la conclusión de la obra pública relativa al “Proyecto del Nuevo Anexo Técnico”.

6. Para que tratándose del presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puedan realizarse las asignaciones presupuestales suficientes para atender las necesidades y retos derivados de su función jurisdiccional, ahora como parte integral del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su titular, Doctor José Antonio Meade Kuribreña, a garantizar la suficiencia financiera para la implementación e instrumentación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción en todo nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2016.

Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de la ley y la extinción de posibles prácticas monopólicas en el servicio de taxi, particularmente respecto a las concesiones otorgadas por el gobierno de Quintana Roo, a fin de realizar adecuaciones normativas en beneficio de los usuarios del servicio, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe; diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, Fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea; Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para que desde el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las revisiones necesarias que permitan tener certeza sobre el cumplimiento de la ley y la extinción de posibles prácticas monopólicas en el servicio de taxi; particularmente respecto de las concesiones otorgadas por el Gobierno de Quinta Roo, así como al Ejecutivo Estatal y al Congreso Local del Estado, a realizar las adecuaciones normativas pertinentes que generen mejores condiciones en beneficio de los usuarios de éste servicio; lo anterior en virtud de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, el servicio de transporte público de taxis se ha llenado de prácticas clientelistas; corrupción de autoridades respecto a la venta, renta, falsificación o canje de placas; tolerancia de piratas; nexos de algunos operarios con el crimen organizado; prostitución, narcomenudeo, robo, extorsión, secuestro, así como un sistema caótico y anárquico, tanto como las ciudades por las que circulan.

Es así como surgieron empresas que innovaron con la utilización de plataformas tecnológicas1 para proporcionar el servicio de transporte de alquiler, logrando proporcionar mayor calidad en el servicio, mejor atención a sus clientes, seguridad y precios sensiblemente más baratos que responden a las prácticas competitivas de las sociedades modernas; razón por la cual, se han posicionado rápidamente en el mercado.

Para todos es conocido que la primera advertencia para un turista al bajar de un avión en cualquier aeropuerto de nuestro país, o para cualquier usuario, es evitar taxis no autorizados, los cuales por cierto no son fáciles de distinguir, y es en este caos donde emergió esta novedad.

Ahora bien; existe la acusación en contra de este tipo de empresas sobre la falta de regulación para su operación y la posible violación a preceptos que corresponden a la legislación actual, aunque dicho sea de paso, los gremios de taxistas cotidianamente violan el Reglamento de Tránsito, pero eso no obsta a que en cualquier caso se deban revisar las prácticas de unos y otros.

Nuestra Carta Magna señala que están prohibidas las prácticas monopólicas, y en ese sentido los taxis de ninguna manera podrían ser la excepción; pero lo que la ley no prohíbe es el funcionamiento de servicios más eficaces, baratos, y seguros.

En ese orden de ideas corresponde a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), garantizar que los agentes económicos participantes no incurran en responsabilidad por la realización de prácticas monopólicas y a los gobiernos la obligación de regular los alcances de estos modelos de negocio, para que el cumplimiento de la ley pueda supervisarse y su aplicación no se convierta en letra muerta.

Aprovechando como pretexto la seguridad, la concesión del servicio ha permitido opacidad en la información sobre flujos financieros y el lucro con fines corporativistas y políticos, obstruyendo nuevos sistemas que no cuentan con este capital efectivo y no permiten florecer la corrupción. Es por esto que se requiere frenar la regulación que protege prácticas monopólicas, y que las autoridades den paso a la operación de plataformas tecnológicas que proporcionen servicios eficientes.

Dichas plataformas ayudan a encontrar un vehículo de alquiler fácilmente y permiten habilitar cambios de tarifas con base en la oferta y demanda, lo cual es muy útil, pero en este punto resulta indispensable también regular sobreprecios o la manipulación de costos, ya que esto maximiza la rentabilidad y la satisfacción del cliente.

Si bien es cierto el modelo de negocio privado con políticas estrictas compite con los estándares laxos de una autoridad corrupta, la cual está más preocupada por su renta que por las tropelías que a diario se cometen, también lo es que en lugar de prohibir se debe regular y supervisar que en ambos casos, se impida la evolución hacia prácticas monopólicas.

La regulación de transporte concesionado bien puede imitar el modelo de negocio de empresas y competir con ellas; sin embargo, tratar de someter el servicio a regulaciones de mediados del siglo pasado hace imposible la competencia frente a plataformas tecnológicas del siglo XXI, por ello ahora es la regulación quien tiene que montarse en la tecnología para instaurar una verdadera supervisión sobre el funcionamiento del sistema.

Es urgente por tanto, que se lleven a cabo las revisiones necesarias sobre las prácticas de competencia en el servicio de transporte de taxi, tanto para concesionarios como empresas privadas, a efecto de evitar monopolios y la manipulación de tarifas, con el propósito de poder garantizar calidad y disminución de costos.

Si bien es cierto, el uso de las tecnologías ha demostrado el incremento de la eficiencia para este servicio debido a que se rige por el principio básico sobre el que se sustenta la economía de mercado, oferta y demanda, también lo es que se requiere equidad respecto de las obligaciones y requisitos que deben cumplir concesionarios públicos y empresas.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa, a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para que desde el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las revisiones necesarias que permitan tener certeza sobre el cumplimiento de la ley y la extinción de posibles prácticas monopólicas en el servicio de taxi; particularmente respecto de las concesiones otorgadas por el Gobierno de Quinta Roo, así como al Ejecutivo Estatal y al Congreso Local a realizar las adecuaciones normativas pertinentes que generen condiciones que beneficien a los usuarios de éste servicio.

Notas:

1 Como ejemplo puede citarse a la empresa Uber para el transporte de alquiler.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2016

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a armonizar su legislación con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, suscrita por la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, a nombre de los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La trata de personas es un fenómeno complejo y multifactorial, considerada hoy como una forma moderna de esclavitud. Este fenómeno resulta condenable y configura conductas delictivas graves, toda vez que resulta en formas de extrema violencia contra mujeres, niñas y niños, indígenas y personas de la tercera edad, quienes ven minada su dignidad y violentados sus derechos humanos fundamentales.

En razón de lo anterior, es menester que desde los ámbitos federal, local y municipal se visibilice la problemática y se trabaje de manera conjunta tanto en las normas jurídicas como en las políticas públicas necesarias que permitan su adecuada prevención y sanción, en aras de avanzar con pasos firmes hacia su erradicación, así como ofrecer atención integral y oportuna a las víctimas.

México está catalogado como un lugar de origen, tránsito y destino de víctimas de trata. Nuestro país está entre las primeras 28 naciones en la clasificación mundial y es quinto en América Latina (sólo por detrás de Brasil, Colombia, Guatemala y República Dominicana). “Lamentablemente, a lo largo del territorio nacional prevalece la impunidad ante la falta de justicia, reparación del daño y verdad para las víctimas de trata”.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la trata de personas es una actividad altamente lucrativa, se estima que cada año las ganancias producto de este delito ascienden a 32 mil millones de dólares. De este monto apenas 10 mil millones de dólares corresponden a la venta inicial de la persona, el resto de las ganancias son el producto neto que emana de la explotación continua y permanente de estas víctimas. Para el crimen organizado la trata constituye la tercera fuente de ingresos, sólo por debajo del narcotráfico y el tráfico de armas.

Como acertadamente señala el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, desde hace más de siete décadas el Estado mexicano ha adquirido diversos compromisos internacionales en materia de derechos humanos, compromisos que han tenido como propósito el reconocimiento expreso de los mismos en el sistema jurídico nacional y en la implementación de políticas públicas que garanticen su goce y ejercicio pleno.

De acuerdo al Diagnóstico Nacional sobre la situación de Trata de Personas en México (2014), nuestro país ha firmado diversos instrumentos internacionales relativos no sólo a la trata de personas sino también a fenómenos delictivos relacionados con ella, por ejemplo: la esclavitud y las prácticas que le son análogas, los trabajos forzados, el trabajo infantil, la explotación sexual de mujeres y personas menores de edad, así como la violencia contra la mujer.

Bajo este orden de ideas, es de precisar que la ley general en la materia define a la trata de personas como “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación [...] se entenderá por explotación de una persona a: la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de menores de dieciocho años en actividades delictivas, la adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita”.

Sin embargo, debemos señalar que, lamentablemente, la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, no ha encontrado eco ni referencia en la mayoría de las entidades federativas.

Actualmente, sólo los estados de Baja California, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas han llevado a cabo la armonización correspondiente con la Ley en comento, es decir, desde hace más de 3 años, 5 estados de la República han armonizado de forma parcial su normativa y 13 estados han omitido su responsabilidad en la materia, mostrando no sólo poco interés ante este grave problema sino también poca solidaridad con las víctimas.

En razón de lo anterior, debido a la gravedad del problema, lo aberrante de este delito y la necesaria y urgente atención que las víctimas exigen y merecen, me permito poner a consideración de esta asamblea, la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas locales y a los poderes ejecutivos de los estados para que realicen las acciones conducentes a efecto de armonizar la legislación local con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como establecer las medidas materiales y presupuestales necesarias que permitan atender integral, oportuna y cabalmente a las víctimas.

Fuentes Consultadas

Definición del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños.
http://www.derecho.unam.mx/cultura-juridica/pdf/onu-6.1.pdf

Estimación Mundial sobre el Trabajo Forzoso, Resumen Ejecutivo, Organización Internacional del Trabajo, 2012.
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo

Estimaciones y tendencias mundiales 2000-2012.
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources

Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018.
http://www.gobernacion.gob.mx/

La Trata de Personas en México: Diagnóstico sobre la Atención a Víctimas de la OIM, 2011, México Cfr. Reporte Trafficking in Persons. Oficina de G-TIP, Departamento de Estado de Estados Unidos, junio de 2010, Washington, Estados Unidos.

Cámara de Diputados. http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/feb

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 27 días del mes de septiembre de 2016.

Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)

Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de El Higo, Veracruz, y a la Conagua a tomar medidas para garantizar la adecuada potabilidad del líquido distribuido para consumo humano en la red de agua potable, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada, María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante del Grupo Parlamentario del Morena de la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente municipal de El Higo, Veracruz y a la Comisión Nacional del Agua, a tomar las medidas necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia, para garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano, en la red de agua potable, con el propósito de garantizar que ésta tenga la calidad adecuada para los habitantes de este municipio con base en lo siguiente:

Considerandos

El acuerdo presidencial de 29 de octubre de 1980 y la reforma constitucional de 1983, los Municipios asumieron la responsabilidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento que antes había estado en manos del Gobierno federal.

En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115, numeral III, dice:

Los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo...

I. ...

II. ...

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

Es decir, el municipio como tal, es el órgano encargado de abastecer los hogares de su municipio.

De igual manera en la guía de servicios públicos de municipales, que es de la Secretaria de Gobernación, por medio del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal1 , viene la definición de agua potable y es la siguiente:

“El servicio de Agua Potable consiste en el conjunto de actividades que tienen por objetivo llevar agua libre de contaminantes, ya sean físicos o químicos, con características de calidad que le permitan ser ingerida y utilizada para fines domésticos, sin que existan riesgos para la salud. La provisión del agua potable debe ser uniforme y continua. Los sistemas de abastecimiento de agua potable son complejos integrados por un conjunto de componentes. Un sistema de agua potable puede o no contener una planta potabilizadora, lo cual depende de la fuente de captación de aguas. Por lo tanto, en primer término se menciona al sistema de agua potable para posteriormente mencionar los componentes que integran en específico a una planta potabilizadora.”

A su vez, la Ley de Aguas, en su Artículo 44 señala que corresponde al Municipio y, en términos de Ley, al Estado, así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional.

Entonces, en concordancia con los artículos anteriores se considera necesario hacer mención que no todos los municipios tienen esta capacidad de ordenanza constitucional por diversos factores, pero si es de importancia señalar los que lo carecen.

El municipio de El Higo, en Veracruz, está rodeado de caudales de agua, rico por su hidrografía natural, se encuentra regado por arroyos tributarios del río Pánuco y Tempoal.

Es decir, goza de agua abundante por su ubicación y clima, sin embargo el servicio del suministro de agua potable este municipio es un tema que ya está provocando un fuerte problema para los pobladores de este municipio, ya que varias personas se han reportado enfermas víctimas de la mala calidad del agua que sale de las llaves, la cual es color chocolate de lo no potable que esta.

Esta calidad de agua que reciben los habitantes del municipio de El Higo, aparte de ser mala es deficiente ya que tiene cortes continuos en su suministro, debido a la falta de atención, sanidad y recursos por parte de la Comisión Nacional del Agua y del Sistema de Aguas del municipio.

Al ser nada potable algunos habitantes han comenzado con un brote de enfermedades gastrointestinales, lo cual podría representar un grave riesgo a la población de todos en la zona; es de suma importancia llevar a cabo una revisión de las condiciones físicas del agua, su distribución y fuentes de abasto.

Hay diversas enfermedades que se pueden presentar en un agua que llega a los hogares cuando no es potable, entre las que destacan el cólera, dengue, diarreas y hepatitis entre muchas otras.

Los brotes y las defunciones registrados ocurren con mayor frecuencia en poblaciones donde su servicio de agua potable es deficiente.

En todos los estudios de brote de enfermedad diarreica aguda, la principal fuente de transmisión fue el consumo de agua contaminada, donde el cloro residual se encontraba fuera de norma.

Dado que las enfermedades infecciosas gastrointestinales ocupan un lugar importante de morbilidad en el país, principalmente en la población más susceptible, como los menores de cinco años, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, se ocupa de la vigilancia de la calidad del agua para uso y consumo humanos, a fin de contribuir en la prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias.

La desinfección del agua tiene el propósito de asegurar que el consumidor reciba agua salubre, mediante la destrucción o inactivación de la gran mayoría de agentes patógenos, manteniendo una barrera protectora que actúa sobre ellos cuando se introducen en el sistema de distribución, suprime el posible crecimiento microbiológico y, de esta forma, protege de posibles enfermedades a la población.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, “Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público”, la vigilancia de la calidad del agua debe incluir mediciones de cloro residual libre en red de distribución, señalando el número de muestras mínimas que deben realizarse de acuerdo con la población abastecida. Con esa vigilancia se asegura cubrir cada localidad, desde las poblaciones con menos de 2 mil 500 habitantes como las de más de 500 mil, de manera que se incrementen las determinaciones y su frecuencia cuanto mayor es la población abastecida.

La normatividad relativa al agua destinada a uso y consumo humanos que se suministra a la población es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, y aplicable a todos los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento público.

Corresponde a la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales, los municipales y de la Ciudad de México, las Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento y la Comisión Nacional del Agua, vigilar el cumplimiento de la norma en sus respectivos ámbitos de competencia.

Por lo expuesto me permito poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente municipal del municipio del Higo, Veracruz y a la Comisión Nacional del Agua, a tomar las medidas necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia, para garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano, en la red de agua potable, con el propósito de garantizar que ésta tenga calidad adecuada para los habitantes de este municipio.

Nota:

1 http://www.adm.gob.mx/work/models/ADM/Resource/210/1/images/Guia_de_ser vicios_publicos_municipales_2015.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.

Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a restringir permisos publicitarios que fomenten la ludopatía durante la transmisión de encuentros deportivos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que se contenga de otorgar permisos publicitarios que inviten a los televidentes a participar en apuestas durante la transmisión de encuentros deportivos, en horarios familiares, que fomentan la ludopatía en adultos y menores, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El deporte es una actividad física de gran importancia para el ser humano, ya que brinda múltiples beneficios, tanto para la salud física como para la salud mental, así como en el rendimiento escolar, la socialización, fortalece el carácter, impulsa el trabajo en equipo y puede funcionar como una gran herramienta para mantener a las niñas, niños y adolescentes alejados de problemas y adicciones, entre otros beneficios.1

Los deportes son actividades que por su naturaleza deben ser actividades libres de vicios, tentaciones y malas prácticas.

El futbol es un deporte que en nuestro país mueve masas y tiene miles de espectadores. De acuerdo a la cadena ESPN, el futbol en México se está convirtiendo en un espectáculo comercial que está por encima de los intereses deportivos. Clubs deportivos apuestan por traer grandes estrellas extranjeras a las cuales naturalizan, para que jueguen en sus equipos, generando así una ganancia comercial mayor y una mejor entrada en taquilla, mayores espacios en televisión, en venta de publicidad y patrocinadores.2

Tal esfuerzo por hacer del futbol un negocio redondo, resulta muy atractivo para las personas que se encargan de correr apuestas, las cuales pese a que están prohibidas en la actual Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual data de 1947 y que gracias a la carencia de una normatividad clara respecto a las apuestas, dentro del reglamento y a consideración de la Secretaría de Gobernación, éstas pueden llevarse a cabo.3

El negocio dentro del futbol es tan grande y conglomera a tantos actores que no es un problema exclusivo de México, y como ejemplo podemos mencionar un caso presentado en la tercera división del futbol español en marzo de 2016, donde el portero del equipo “Acero”, denunció que un día, antes de un partido, lo contactaron para ofrecerle 500 euros si se dejaba meter un gol antes del descanso; la cuota era 4 o 5 euros por euro apostado de acuerdo a las casa de apuestas; el jugador lo rechazó a pesar de que le doblaron la oferta. Como podemos ver los intereses no se quedan en la cancha, sino que salen de ella e incluso tratan de manipular los resultados de un deporte el cual debería estar libre de todo vicio o interés económico.4

El periodista canadiense Declan Hill, autor del libro “The Fix: Soccer and organized crime”, (El amaño: futbol y crimen organizado) menciona las formas en las que se puede identificar que un partido está amañado, además de los involucrados, que van desde jugadores, directores técnicos, árbitros, dueños de los equipos, hasta personas externas con un interés económico.5

Recientemente en las transmisiones de encuentros deportivos en televisión abierta, se está llevando a cabo la práctica de que durante la transmisión, los comentaristas hacen referencia a cómo va el partido y a las posibilidades que tiene el televidente de apostar a favor de alguno de los equipos, dándole así al público la posibilidad de ganar dinero fácil si decide arriesgar su dinero y apostar a favor de algún equipo; el comentario va acompañado de una imagen en la parte inferior de la pantalla, en la que se muestran los números de teléfono para participar, así como el nombre del casino o casa de apuestas. Esta invitación está dirigida al público que en ese momento está viendo el encuentro deportivo, sin tener en cuenta que en México el futbol es el deporte más popular, teniendo por cada diez personas, seis aficionados a este,6 además de ser una actividad que suele realizarse en compañía de toda la familia, lo que incluye a menores de edad.

Considerandos

En México el 61 por ciento de los ciudadanos, son aficionados al futbol.7 La mayoría de la afición ve los partidos en compañía de su familia y amigos, lo cual es muy común por ser transmitidos generalmente en horarios familiares.

Los horarios familiares de acuerdo a los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos, publicados en el Diario Oficial de la Federación en 2015, indican que el horario familiar es cualquier clasificación AA, los cuales se pueden transmitir en cualquier horario,8 por lo que esto deja en total libertad para que los encuentros deportivos sean transmitidos en cualquier horario, lo cual es adecuado, ya que los deportes son un gran aliciente para mejorar la salud, promover la competencia sana, el trabajo en equipo y la convivencia, entre otros; sin embargo, al fomentar las apuestas entre los televidentes, propicia que los menores que están frente a los televisores o pantallas, reciban un mensaje equivocado de la naturaleza de los deportes, ya que la finalidad de competir y practicar un deporte no es la ganancia económica que pueden conseguir los apostadores.

Lo anterior parece inofensivo, sin embargo provoca una actitud negativa hacia la naturaleza amistosa e inofensiva del deporte, y es una invitación abierta a entrar en el mundo de las apuestas, que en menores de edad puede generar una serie de conductas adictivas a temprana edad, que si no se detectan a tiempo, pueden desencadenar en la ludopatía, y ésta, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que consiste en “un trastorno del control de los impulsos”. La Asociación de Psicólogos de los Estados Unidos define la ludopatía como: “un impulso irreprimible de jugar a pesar de ser consciente de sus consecuencias y del deseo de detenerse”,9 por lo que al exponer a menores a invitaciones a apostar es abrirles las puertas al mundo de la ansiedad del juego, y del dinero fácil, contrario a la naturaleza de los deportes.

El Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en su artículo 9, establece las bases que deben tener la publicidad y propaganda de los juegos con apuestas:

“Artículo 9. La publicidad y propaganda de los juegos con apuestas y sorteos autorizados de conformidad con la Ley y este Reglamento, así como la de los establecimientos en los que se efectúen, se realizará en los términos de las disposiciones aplicables.”

La publicidad y propaganda de los juegos con apuestas y sorteos por cualquier medio, únicamente podrá efectuarse y difundirse una vez que se cuente con el permiso de la Secretaría para realizarlos en los términos de este reglamento.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se observará lo siguiente:

I. Los establecimientos que cuenten con permiso otorgado por la Secretaría no podrán promover explícitamente las apuestas autorizadas que en ellos se practican ;

II. La propaganda y publicidad deberá expresarse en forma clara y precisa a efecto de que no induzca al público a error, engaño o confusión de los servicios ofrecidos ;

III. La publicidad que se realice de los juegos con apuestas y sorteos deberá consignar el número del permiso correspondiente;

IV. La publicidad deberá incluir mensajes que indiquen que los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad , y

V. La publicidad y propaganda deberá incluir mensajes que inviten a las personas a jugar de manera responsable y con el principal propósito de entretenimiento, diversión y esparcimiento.” 10

De acuerdo al Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral, en 2013 en México existían alrededor de 4 millones de ludópatas, cifra que ha ido aumentando con el incremento de casinos o centros de apuestas y la facilidad de acceso a ellos, ya que en la actualidad se pueden realizar apuestas, sin necesidad de salir de casa; en ocasiones solo se requieren de bajar una aplicación y desde el celular se puede apostar en el lugar en que se encuentren y las 24 horas al día.11

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que se contenga de otorgar permisos publicitarios que inviten a los televidentes a participar en apuestas durante la transmisión de encuentros deportivos, en horarios familiares, que fomentan la ludopatía en adultos y menores.

Notas

1 Importancia, una guía de ayuda. “Importancia del deporte”. 2016. http://www.importancia.org/deporte.php

2 “El futbol en México: negocio, negocio y más negocio”. ESPN Deportes. David Failtelson. 12 de julio de 2015. http://espndeportes.espn.go.com/blogs/index?nombre=david_faitelson& entryID=2396711

3 “Boletín N. 4754”. Cámara de Diputados. 3 de diciembre de 2014. http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/ Diciembre/03/4754-Nueva-ley-de-juegos-y-sorteos-permite-actividad-respo nsable-y-previene-el-delito-Moreno-Cardenas

4 “Así se amaña un partido”. Sport. 10 de marzo de 2016.
http://www.sport.es/es/noticias/futbol/asi-amana-partido-4964466

5 “Así se amaña un partido: 50 personas en 10 países para sacar 21.000 euros por encuentro”. El Confidencial. 5 de febrero de 2013. http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2013-02-05/asi-se-amana-u n-partido-50-personas-en-10-paises-para-sacar-21-000-euros-por-encuentr o_523667/

6 “Encuestas de Fútbol Soccer en México”. Club Planeta.
http://www.fmf.com.mx/encuestas_de_futbol_soccer_en_mexico.htm

7 Ídem.

8 “Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos”. Diario Oficial de la Federación. 4 de noviembre de 2015.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5414284&fecha=04/11/2015

9 “La Ludopatía en niños y adolescentes”. Prezi. 4 de diciembre 2014. https://prezi.com/ilespwymu1lo/la-ludopatia-en-ninos-y-adolescentes/

10 Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFJS.pdf

11 Apostándose la vida en un simple juego. Zócalo Saltillo. 28 de octubre de 2015.
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/apostandose-la-vida-en-un-simple-juego-1446020510

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido

Con punto de acuerdo, relativo a la instauración de acciones encaminadas a fortalecer la capacitación de servidores públicos y los protocolos de actuación para subsanar fallas en el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, diputada Angélica Reyes Ávila, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

El inicio del siglo XXI significó para el país la llegada no solo de una alternancia democrática, también representó el anhelo de cumplir y satisfacer diversas expectativas a fin de conseguir auténticas transformaciones en ámbitos como la economía, la educación y el campo, sin dejar de mencionar una de las más ambiciosas manifestaciones sociales, como es la de conseguir la impartición de una justicia pronta, completa, imparcial y expedita.1

Sin embargo, las transformaciones políticas y jurídicas del Estado mexicano, que pretenden dar respuesta a esos añejos reclamos sociales en materia de seguridad pública, no fueron posibles sino hasta el día 18 de junio de 2008, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XII del apartado B del artículo 123 , todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando existencia así a un nuevo sistema acusatorio y oral en materia de justicia penal, e instituyendo un nuevo sistema nacional de seguridad pública.

De entre las transformaciones más significativas de la citada reforma, en el Artículo 20 Constitucional, Apartados B y C, se establece que las autoridades, ministeriales y judiciales, en todo momento respetarán los derechos fundamentales que establece nuestra Carta Magna, tanto del indiciado como de las víctimas y, en concordancia con los tratados internacionales, se mandatan claros y muy precisos ordenamientos para salvaguardar y resarcir el daño ocasionado a las víctimas.

De esta manera, aun cuando tarde, el nuevo sistema de justicia penal recogió la concepción sobre cómo dimensionar a las víctimas de delitos y abusos del poder2 y las consideraciones para los Estados parte, al señalar que se deben entender como tal a las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de un país.

Además, ese organismo internacional indicó que podrá considerarse víctima a una persona independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador; dispuso también que en la expresión víctima se incluya a los familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

Otro de los aspectos que sobresalen en la referida Declaración, es lo referente al Resarcimiento , contemplando que debe reconocérsele a la víctima su derecho a obtener reparación por las siguientes pérdidas, daños o lesiones: pérdida de la vida, impedimento en la salud, dolor y sufrimiento tanto físicos como mentales, pérdida de la libertad, pérdida de ingresos, incapacidad laboral o de subsistencia, pérdida o daño a la propiedad o la imposibilidad del uso de la misma.

También, se deberá resarcir por daños especiales, gastos incurridos por la víctima como resultado del delito sufrido, tales como gastos médicos, legales, de transporte, funerarios y de entierro, así como otros daños no materiales, como la pérdida de la reputación.

Se señala que se debe prestar a la víctima (descendientes familiares) la asistencia material, sociológica y social necesaria, incluyendo ayuda médica y psiquiátrica, servicios de emergencia para desórdenes emocionales, servicios legales, etc., lo cual implica que se brinde un entrenamiento especial a la policía, al personal médico y de hospitales, y al personal de la administración de justicia, para que den entrada a las víctimas en el proceso siempre que convenga, con el fin de que las víctimas estén informadas y puedan recibir también la asistencia oportuna.

En concordancia con lo anterior y, continuando con la ruta trazada para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el 9 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas, misma que establece en su artículo 7, fracción XXVI, que “las víctimas tendrán, entre otros, derecho a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño ”.

Asimismo, estableció en su numeral 22 que para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad, “el Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente”, que cumpla con diversos objetivos y, para tal efecto, “la investigación deberá seguir protocolos de actuación con el objetivo de garantizar que las declaraciones, conclusiones y pruebas recolectadas puedan ser utilizadas en procedimientos penales como pruebas, con las debidas formalidades de ley”.

En este sentido, es de señalar que a la luz de la multicitada reforma al sistema de justicia del país, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se consagra en el artículo décimo primero transitorio que, a la entrada en vigor del Código, en aquellos lugares donde se inicie la operación del proceso penal acusatorio, tanto en el ámbito federal como en el estatal, se deberá contar, entre otros aspectos, con protocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo, a fin de tener cuerpos especializados de Policía con capacidades para procesar la escena del hecho probablemente delictivo, a fin de garantizar la integridad, autenticidad y mismidad de los mismos, hasta en tanto se capacite a todos los cuerpos de Policía para realizar tales funciones.

Tal disposición apenas ha sido satisfecha el pasado 26 de noviembre de 2015, al emitirse en el Diario Oficial de la Federación, el Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar,3 el cual establece las directrices que deberá seguir la Policía con capacidades para procesar al momento de su intervención, desde la búsqueda, localización, identificación, fijación, recolección y, en su caso, embalaje de los objetos relacionados con la investigación, hasta la entrega a la bodega de indicios, a los servicios periciales o, en su caso, al lugar que corresponda para su análisis.

Sin embargo, a pesar de contar con el andamiaje legal y normativo que aquí se ha expresado, es indudable que, en la actualidad, existe una profunda crisis de credibilidad en nuestro Sistema de Justicia Penal, debido a la muy justificada falta de confianza de la ciudadanía hacia lo que debe ser la cotidiana procuración de justicia, así como al debilitamiento de las instituciones ministeriales y policiales en el ejercicio de sus funciones, que son, en teoría, sus principales pilares.

Esta falta de credibilidad se demuestra con la percepción que la ciudadanía tiene sobre su seguridad, tal como se observa en la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del 2015, en la cual, con datos de enero a diciembre de 2014, se reporta que en el 33.2% de los hogares del país tuvo, al menos, una víctima de delito; es decir, que 22.8 millones de mexicanos de 18 años y más sufrió alguna vulneración a su seguridad, lo cual representa una tasa de 28,200 víctimas de delito por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente equivalente a la estimada en el 2013, pero que presenta una tendencia incremental desde el 2010, la cual alcanzó a ser de 23,993 víctimas, o contra los 27,337 estimados en el 2012.

La revisión por entidad federativa ofrece un panorama muy desalentador, pues el promedio es superado ampliamente en entidades como en Morelos, con 29,647; Jalisco, con 31,375; la Ciudad de México, al reportar 36,019 o el Estado de México, con 45,139 víctimas por cada 100,000 habitantes.

Así también, deberá reconocerse que en algunas entidades del país, dicha tasa presentó una tendencia negativa, respecto a la medición del año 2013, como Colima, con un -2.3%; Campeche, con -4.5% o Sinaloa, al registrar un -6.5%; no obstante, en todas esas entidades su tasa de víctimas es superada en más de 20,000 víctimas.

Una acotación que tendrá que hacerse es que los 33.7 millones de delitos asociados a los 22.8 millones de víctimas son del fuero común; por lo que delitos provenientes de la delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejército o el tráfico de indocumentados, entre otros, no son registrados y, por lo mismo, reportados en un instrumento estadístico como es la Enpive.4

No obstante lo anterior, resalta que delitos que vulneran severamente los derechos humanos de las víctimas como el secuestro arroja datos que deben ser tomados muy en cuenta por parte de las mismas autoridades responsables de su prevención, persecución y sanción.

Ahí se observa que en 2014, casi se alcanza la cifra de 100 mil víctimas de delito de secuestro, cifra sensiblemente menor a los 123,470 alcanzados en el 2013, pero que en términos de duración de tal delito, este es mucho mayor a los años anteriores, pues en caso en que este dura de 1 a 3 días, pasada de representar el 17.4% de las ocurrencias, a un 23.2%; asimismo, en los casos en que dura 4 o más días, su duración se incrementó 1.6 puntos porcentuales, al llegar a los 14.8%.

Si la vulneración de los derechos humanos de las víctimas se presenta ante la incidencia de un hecho delictivo, tal violación se agrava por el incumplimiento de las penas y por la no reparación del daño por parte del sentenciado, aspecto que ha generado una muy sensible molestia, y por demás justificada, en diversos ámbitos nacionales; hecho que no es reciente, pues existen casos de liberación de sentenciados por el delito de secuestro, desde el año 2012, a pesar de estar plenamente confesos, identificados y, en teoría, juzgados por autoridades competentes, teniendo, prácticamente en su totalidad, como causa de su liberación, fallas al “debido proceso”.

Ante tal situación, es innegable que el Sistema de Justicia Penal del país no está funcionando como se estableció en la reforma Constitucional, toda vez que se han presentado sensibles errores en cada uno de los andamiajes establecidos para la procuración de justicia.

Las reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal, publicadas el 18 de junio del 2008 en el Diario Oficial de la Federación, y las normas reglamentarias que de ella han emanado, son trascendentales para el país, y de manera fundamental impactan significativamente en el sentido y percepción de seguridad para los mexicanos.

Tan solo el costo total de la inseguridad y el delito representó un daño a los mexicanos superior a los 226.7 millones de pesos; es decir, el 1,27% del Producto Interno Bruto del 2014, lo que debe ser más grave aún, pues se estima que solo el 10.7% de los delitos que ocurren en el país son denunciados y, de éstos, solo en el 7.2% de los casos se inició una averiguación previa.

A unos días de haber cumplido con lo dispuesto por la Reforma Penal, al decretarse el resto de las leyes secundarias que nos permiten contar con un sistema procesal penal acusatorio, previsto en los artículos 16 párrafos segundo y decimoquinto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución y, por la importancia que de ello deriva, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura es esencial que se cumplan las funciones de imparcialidad, firmeza y prontitud en el nuevo sistema de justicia penal.

En ese sentido, Nueva Alianza considera fundamental, respetar, proteger y defender la dignidad y los derechos humanos de las víctimas que son agraviadas ante la ocurrencia de un delito en el país; por lo que resulta prioritario asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal, a fin de subsanar las fallas que dolorosamente lastiman a nuestra sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que, por conducto de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se instrumenten las acciones encaminadas a fortalecer la capacitación de servidores públicos y los protocolos de actuación, a efecto de subsanar fallas al debido proceso y al buen funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal, coadyuvando así a reducir la recurrente vulneración de los derechos humanos de las víctimas por diversos delitos ocurridos en el país.

Notas

1 Basta recordar la masiva movilización social realizada el 4 de junio de 2004 en la Capital del país y en la mayoría de las entidades federativas exigiendo alto al secuestro y mayor seguridad en el país.

2 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985.

Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbu seOfPower.aspx

3 Secretaría de Gobernación.- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La versión íntegra del Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar, puede consultarse en la normateca del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, localizable en la página de internet: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/normateca/normateca.php.

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015. Datos y presentación disponible en:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuest as/hogares/regulares/envipe/envipe2015/default.aspx.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de septiembre de 2016.

Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a realizar gestiones para incluir en los programas y planes de estudios de todos los niveles educativos el tema de medidas de protección integral contra la violencia de género, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, Gonzalo Guízar Valladares, Diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta Punto de Acuerdo, con el fin de exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaria de Educación Pública a realizar las gestiones necesarias para incluir en los Programas y Planes de Estudio de todos los niveles educativos el tema de medidas de protección integral contra la violencia de género. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres (1993), define a la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. La violencia de género, ampliamente legitimada en muchos sectores de nuestra sociedad es una expresión de discriminación, que viola sus derechos y tiene como resultado impedir la participación de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres, en la vida política, social, económica y cultural.

Sin importar la edad, la condición social, la geografía o la cultura, la violencia de género constituye un grave atentado directo e inmediato contra la dignidad, los derechos humanos, la calidad de vida y la salud física y mental de las mujeres.

La violencia basada en el género implica analizar la violencia contra las mujeres en el contexto social en el que se presenta: como una forma de poder que se expresa en distintas modalidades (física, psicológica, patrimonial, institucional) y ámbitos sociales (doméstico, público, familiar).

A pesar de que en al menos 119 países alrededor del mundo han aprobado leyes sobre violencia doméstica, 125 tienen leyes sobre el acoso sexual y 52 tienen leyes sobre la violación conyugal, la violencia de género cobra la vida de millones de mujeres de todo el mundo, lo que indica que contar con una ley no garantiza que se respete o implementen los estándares y recomendaciones internacionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la tercera parte de las mujeres del mundo se ven afectadas por algún tipo de violencia doméstica, principalmente infligida por su pareja. Por cada minuto que pasa 4 mujeres son agredidas. Se trata de la principal causa de muerte entre mujeres de 15 y 44 años, y se estima que en el mundo, 7 de cada 10 sufre o sufrirá algún tipo de violencia en algún momento de su vida.

La violencia de género es una práctica social ampliamente extendida, el 63 por ciento de mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto de este tiempo y en la mayoría de los casos el agresor es la pareja de la víctima.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha colocado a México entre los veinte peores países en términos de violencia de género, describe esta violencia en el país como una pandemia.1

El reporte de 2015 de la ONU registra en México niveles altísimos en todas las formas de violencia sexual, desde la violencia verbal hasta la violación. Sin importar si el perpetrador fue su pareja o alguien más, el 38.9% de todas las mujeres mexicanas reportó haber padecido alguna forma de violencia sexual al menos una vez en su vida, y el 20.8% de esas mujeres padeció alguna forma de violencia sexual en los últimos doce meses. Estas cifras colocan a México en un lugar similar al de los países más pobres del África subsahariana como Uganda y Guinea Ecuatorial.2

Se ha estimado, que en México una violación sexual aproximadamente cada 4.6 minutos: aproximadamente 120 mil violaciones al año. El 65% de las violaciones ocurren en contra de niñas y mujeres de entre 10 y 20 años y el 13.7% contra niñas menores de 10 años. El 70% de las violaciones suceden dentro del mismo contexto social y familiar de las víctimas.3

Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indican que en nuestro País, entre el 55% y el 62% de los niños y niñas dice haber sufrido alguna forma de maltrato físico, emocional o sexual, en algún momento de su vida.

Lo anterior, indica que actualmente vivimos en una época crucial en la que resulta indispensable formar valores y normas de igualdad de género, ya que la educación es primordial en la prevención de la violencia de género.

Su origen social y cultural y su dependencia de procesos de socialización explican la necesidad de acciones preventivas con niños/as y jóvenes para erradicarla. El objetivo básico es poder introducir modificaciones en la socialización de género.

La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante una educación que promueva relaciones de respeto e igualdad. El trabajo con jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género; una educación que ofrezca una visión más abierta y verdadera sobre la mujer, evitando ver al género femenino como débil y maleable, reconociéndolo como igual al hombre y con capacidad de autonomía. Esto permitiría reducir la discriminación laboral y social de la mujer, pero también las violencias engendradas por la relación de poder desigual que existe entre los géneros.

Existen avances auspiciosos en pro de la defensa de la mujer, pero la mayoría de las acciones se centran en el mundo de los adultos, dejando de lado el hincapié que debe hacerse en los más chicos mediante la educación a fin de desterrar las políticas y valores patriarcales.

La prevención implica respaldar la implementación de las conclusiones convenidas en el 57º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 4 , que hicieron un fuerte hincapié en la prevención a través de la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y su disfrute de los derechos humanos.

Asimismo, significa conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más seguros para las mujeres y niñas, procurar la autonomía económica y la seguridad de las mujeres, y aumentar la participación de las mujeres y su poder de decisión, en el hogar y las relaciones, así como en la vida pública y la política. El trabajo con hombres y niños ayuda a acelerar el progreso en materia de prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Ellos pueden comenzar a cuestionar las desigualdades y las normas sociales profundamente arraigadas que perpetúan el control y el poder que los hombres ejercen sobre las mujeres y refuerzan la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y niñas.

Hoy día los ámbitos educativos, sobre todo la escuela primaria y el nivel inicial, han tenido que acoger funciones formativas que antiguamente correspondían al ámbito familiar, por lo que desde este espacio debe partir la educación relacionada con los valores y principios que hacen a la calidad humana, brindado a la población en edad escolar, un área de reflexión específico para desterrar la violencia contra la mujer y evitar su constitución en víctimas o victimarios de la violencia de género.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Educación Pública a realizar las gestiones necesarias para incluir en los Programas y Planes de estudio de todos los niveles educativos el tema de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Notas:

1 Women in Mexico rally against rampant domestic violence., http://www.aljazeera.com/news/2015/07/women-mexico-rally-rampant-domest ic-violence-150721065741156.html.

2 The World’s Women 2015,
http://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/chapter6_t.pdf.

3 La violencia sexual en México inicia en casa y en su mayoría queda impune.
http://mexico.cnn.com/salud/2013/03/11/la-violencia-sexual-contra-la-mujer-es-parte-de-la-cotidianidad-en-mexico

4 Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/
csw57-agreedconclusions-a4-en.pdf?v=1&d=20141013T121948

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.

Diputado Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones para impulsar el desarrollo regional del sureste de México, y beneficiar a Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, en aras de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Liborio Vidal Aguilar, diputado de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y secretario de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste de esta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en el que se solicita respetuosamente al gobierno federal llevar a cabo acciones con el objeto de impulsar el desarrollo regional del sureste de México y beneficiar a los estados de Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, en aras de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La presente proposición se presenta al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Antecedentes

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, destaca la importancia de acelerar el crecimiento económico para construir un México Próspero. Detalla el camino para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como para promover la generación de empleos. También ubica el desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar la competitividad de la nación entera. Asimismo, identifica las fortalezas de México para detonar el crecimiento sostenido y sustentable, con el objeto de hacer que nuestro país se convierta en una potencia económica emergente.

El Plan Nacional de Desarrollo considera al desarrollo regional como un elemento fundamental para superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional. Los niveles de prosperidad en México muestran grandes contrastes a lo largo y ancho del territorio nacional. Ello está íntimamente ligado a las diferentes capacidades productivas que se observan en las entidades federativas del país.

Las profundas diferencias observadas tienen un claro componente geográfico, pues la productividad tiende a ser menor en las entidades federativas del sur sureste del país. Un elemento que explica las marcadas brechas entre las entidades federativas, es la estrecha correlación que existe entre informalidad y baja productividad a nivel estatal. Otras razones tienen que ver con carencias en infraestructura que inhiben la participación de las empresas de algunas regiones del país en los mercados internacionales o con las marcadas diferencias en el rendimiento escolar en las entidades federativas. El buen desempeño de las economías regionales dependerá, y este es su desafío, de la buena marcha de un círculo virtuoso por el cual el gobierno federal y todos los niveles de gobierno que constituyen cada región puedan colaborar, de manera eficiente, en establecer condiciones conducentes a la mayor competitividad y desarrollo en todo el territorio.

Para lograr este objetivo se requiere implementar estrategias que permitan fomentar mecanismos de coordinación intergubernamental entre los diferentes órdenes de gobierno, y entre los mismos sectores dentro de los gobiernos estatales y dentro de la administración federal, otorgando mayores responsabilidades y competencias a los estados y municipios, así como permitiendo desarrollar acciones integrales, también fomentar la competitividad de todas las regiones, con un énfasis particular en las regiones más desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas y en sectores con alto impacto regional como el agropecuario y el turismo, asimismo asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones considerando la dimensión espacial y las características particulares de cada región en el diseño de programas y políticas públicas.

La infraestructura es fundamental para determinar los costos de acceso a los mercados, tanto de productos como de insumos, así como para proporcionar servicios básicos en beneficio de la población y de las actividades productivas, siendo así un componente esencial de la estrategia para la integración regional y el desarrollo social equilibrado, así como para incrementar la competitividad de la economía regional y, con ello, alcanzar un mayor crecimiento económico y generar un mayor número de empleos mejor remunerados.

Consideraciones

El Ramo 23 tiene el propósito de integrar, administrar y hacer el seguimiento del ejercicio de las provisiones de gasto destinadas a la atención de obligaciones y responsabilidades del gobierno federal, que por su naturaleza no es posible prever en otros ramos administrativos o generales, o cuando su ejercicio sólo es posible por conducto de este ramo. Mediante este ramo, se operan los mecanismos y esquemas de control presupuestario, generales y específicos, requeridos para mejorar la eficiencia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia en el ejercicio del gasto público, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

El desarrollo regional se concentra, principalmente, en los rubros de programas y proyectos que tienen como objetivo el incremento del capital físico y/o la capacidad productiva de las entidades federativas. En los últimos años se han creado fondos estratégicos para el desarrollo regional, en el 2006 se crea el Fondo Metropolitano con una bolsa de mil millones de pesos para el Valle de México, este fondo se ha incrementado año con año y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 con una bolsa de $10 mil 400 millones 284 mil 715.00 pesos que beneficia a 47 zonas metropolitanas del país.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se crea el Fondo Regional para apoyar a los diez estados más pobres del país con una bolsa de 2 mil millones de pesos, este fondo también se ha incrementado en los últimos años y en Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 se le consideró una bolsa de 7 mil 192 millones 666 mil 338 pesos para beneficiar a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí.

La región sur-sureste se conforma por nueve estados que son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roa, de los cuales los cinco primeros: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla son beneficiarios del Fondo Regional y los otros: Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo no cuentan con un fondo que impulse el desarrollo regional y representan geográficamente la región sureste de nuestro país.

El Índice de Desarrollo Humano, de acuerdo con la última publicación 2015 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el censo de población 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la proyección de población 2016 del Consejo Nacional de Población (Conapo) registra, para las entidades del sureste, las siguientes cifras

Como se puede observar, tanto para Yucatán como para Tabasco, sus índices de desarrollo humano se encuentran muy por debajo de la media nacional, que es de 0.746, mientras que el promedio de las cuatro entidades se encuentra en la media nacional, pero lejos de la realidad que viven las comunidades y los miles de habitantes que viven en las zonas rurales y zonas marginadas de las ciudades de la región sureste. La población de los estados de Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que conforman el sureste del país, es superior a los 7 millones 95 mil 17 habitantes y representa 5.8 por ciento de la población nacional.

Con el propósito de impulsar el desarrollo regional del sureste se propone la creación del Fondo del Sureste en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, dentro del Ramo 23, con una bolsa inicial de dos mil millones de pesos que beneficie a los estados de Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, monto que se distribuirá de manera proporcional a cada una de las entidades tomando en cuenta el índice de desarrollo humano (IDH), la población, entre otros. Derivado de lo anterior, la distribución propuesta de los recursos del fondo es la siguiente: Yucatán, 32 por ciento; Tabasco, 32 por ciento; Quintana Roo, 21 por ciento y Campeche, 15 por ciento.

El objeto fundamental del Fondo del Sureste es apoyar a la región a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos para los municipios y localidades más pobres o con menor índice de desarrollo humano; complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento, a través de:

a) Programas y/o proyectos de inversión en salud;

b) Programas y/o proyectos de inversión en educación; y

c) Programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno federal llevar a cabo acciones con el objeto de impulsar el desarrollo regional del sureste de México y beneficiar a los estados de Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, en aras de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.

Diputado Liborio Vidal Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Profeco a promover y apoyar la constitución de un comité ciudadano externo que dé seguimiento a las verificaciones de las gasolineras a escala nacional, a cargo del diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Diputado Federal J. APOLINAR CASILLAS GUTIERREZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79 numeral 1, fracción II y, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva y apoye la constitución de un comité ciudadano externo que dé seguimiento a las verificaciones de las gasolineras a nivel nacional, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es innegable que el precio de la gasolina va en aumento día con día, al igual que diversas irregularidades en todas las gasolineras del país.

Sabemos que la PROFECO es la instancia que verifica, los establecimientos que expenden combustible al público en general, como estaciones de servicio o gasolineras y plantas almacenadoras y distribuidoras de gas LP, y que ajustándose en la NOM-005-SCFI-2011; debe garantizar que se cumplan con los lineamientos que marca la ley, así como sancionar a quienes incurran en prácticas desleales, sin embargo, hasta la fecha, la información disponible sobre este tema muestra muchas irregularidades alrededor de la verificación de gasolineras en diferentes entidades del país.

En agosto del 2015 la PROFECO informó que 48 de cada 100 gasolineras verificadas presentaron irregularidades, es decir un 66%, y en el año 2014, reportó anomalías en un 58 %. Hasta el pasado 30 de mayo del 2016, la dependencia implementó mil 621 acciones de verificación en un igual número de estaciones de servicio en todo el país, e inmovilizó dos mil 736 mangueras de despacho, por diversas irregularidades, entre las que destacan las alteraciones electrónicas, despachar litros incompletos y tener deficiencias evidentes en las condiciones de seguridad de la bomba.

Estas sanciones no garantizan que algunas estaciones de servicio reincidan y vuelvan a incurrir en anomalías alterando el software para surtir litros incompletos, incluso hay otras que se niegan reiteradamente a recibir las visitas de verificación de la Procuraduría.

Por otra parte cada día, en territorio nacional se venden 190 millones de litros de gasolina y diésel; 109 millones de litros de gasolina Magna; 21 millones de Premium; y más de 60 millones de diésel. En diez años se ha triplicado el número de gasolineras; en 2006 había 3 mil 723 en todo el país; hoy operan 10 mil 715 estaciones de servicio de gasolina y diésel, concesionarias de Petróleos Mexicanos. Casi la mitad funciona con irregularidades que, por supuesto, termina pagando el consumidor.

Esta problemática de robo de gasolina y otras anomalías se ve agravada con la presunta colusión entre autoridades y los encargados de las gasolineras. Los encargados de las gasolineras y administradores, se enteran, al parecer por los mismo verificadores, de los operativos que la PROFECO realizará, lo que les permite ajustar las maquinas despachadoras. Así, cuando los verificadores llegan con su medida patrón, la maquina despachadora de gasolina da litros de a litro, y no como les vende a los usuarios, litros de ochocientos mililitros. Otros verifican una de las bombas que no tienen alterada, o peor aún, otros más reportan que realizaron verificación en gasolineras que nunca verificaron porque piden mochada de entre 2 mil a 3 mil pesos. De igual manera se da el caso de gasolineras que se niegan a aliarse con los verificadores y sufren amenazas de que serán multadas. Eso deja claro que algunos verificadores se aprovechan también de su puesto para continuar con la cadena de corrupción.

Más aún, la PROFECO nos deja ver un listado de gasolineras que fueron verificadas, así como los resultados obtenidos. En este se observa que algunas gasolineras presentaron varias irregularidades, se puede observar la ubicación y la cantidad de bombas verificadas y las causales de inmovilización, pero no sabemos que sanción fue impuesta, y el porcentaje de multa que se aplicó. Tampoco sabemos que seguimiento se les da después de ser sancionadas, y que sucede con las gasolineras que se niegan a ser verificadas. Más aún, no sabemos si las multas realmente fueron pagadas o canceladas, si las bombas son calibradas correctamente o siguen despachando litros incompletos, que hace la PROFECO a ese respecto.

Ante ello cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Realmente esta Procuraduría inicia un procedimiento por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor cuando confirma que un proveedor incumplió? ¿Por qué no se cancelan las concesiones de las gasolineras que insisten con operar en la irregularidad? ¿Por qué la PROFECO en sus listados deja ver que diversas gasolineras presentan irregularidades en todas las verificaciones que se le han realizado y siguen funcionando? ¿Por qué el listado que elaboran las organizaciones sobre gasolineras que venden litros incompletos no coincide con el de la Procuraduría?

A todo esto le agregamos que ahora la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos castiga a quien vende litros de gasolina o diésel incompletos, cuya sanción es de 3 a 6 años de prisión y una multa de 3 a 6 mil salarios mínimos, ¿realmente se está cumpliendo con lo previsto en este ordenamiento y en la Ley Federal de Protección al Consumidor?

Es en este sentido que presento esta proposición con punto de acuerdo, en aras de que se cumpla con lo que contemplan dichas leyes y, con el derecho constitucional a la información, la norma suprema establece en su artículo sexto que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, y que este derecho será garantizado por el Estado.

Para el ejercicio de este derecho la Constitución es clara al establecer que toda la información en posesión de cualquier autoridad, persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, debe ser pública.

Por ello, los exhortos de este punto de acuerdo se fundan principalmente en las disposiciones previstas en la Constitución Política, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en la Ley Federal de Protección al Consumidor. La información en posesión de la PROFECO debe divulgarse porque es de interés público y resulta relevante para la sociedad, porque ayuda al consumidor a evitar abusos en las gasolineras, y a los ciudadanos a tener conocimiento sobre los procedimientos de verificación a las estaciones donde se expende gasolina y diesel y, en su caso, a contar con todos los elementos para denunciar.

Además, todo ello coadyuva a la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y en los procedimientos y actuación de los servidores públicos, con el único objetivo de combatir la corrupción. En suma, la presente proposición con punto de acuerdo busca que se cumpla con lo que ya establece el marco legal en la materia: Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados, en este caso de la PROFECO, y; Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral.

Las gasolineras es un tema importante en la coyuntura de la reforma constitucional en materia energética aprobada en nuestro país, es por ello que no debemos dejar sin atención y resolución esta problemática, porque al final del día el más perjudicado es el ciudadano consumidor.

Con base en lo anterior presento esta proposición con punto de acuerdo, pugnando porque sean cumplidas las disposiciones en materia de transparencia, y las que le confiere la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la Procuraduría Federal del Consumidor en su artículo 24, fracciones XVIII y XXIII.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva y apoye la constitución de una organización de consumidores que dé seguimiento a las verificaciones de las gasolineras a nivel nacional.

Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que, haga pública toda la información referente a las gasolineras que sean clausuradas, incluyendo las sanciones impuestas a las mismas y, lo que requieren para continuar funcionando.

Dado en el seno del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de 2016.

Diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a difundir la información relativa al cumplimiento de sus 6 mil compromisos, donde pormenorice fechas de ejecución de éstos, monto ejercido, instancia que lo ejecutó e impacto para la entidad, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 16 de septiembre de 2016, Eruviel Ávila Villegas cumplió cinco años como Gobernador del Estado de México y durante su administración, los feminicidios, la pobreza y la inseguridad, ponen de manifiesto y evidencian la incapacidad para combatir los problemas de la entidad. Peor aún, deja entrever que, además de no atender las necesidades de sus habitantes, es participe de actos que denigran el quehacer político: gasto excesivo en imagen, represión y escándalos por corrupción.

Para iniciar su mandato, Eruviel Ávila se comprometió a realizar 6,000 obligaciones las cuales se reducen, en su mayoría –el 70 por ciento—, en pequeñas obras como pintar una escuela, poner banquetas en una calle, alumbrarlas o pavimentar el acceso a una ranchería.

Del total de los 6 mil compromisos que firmó ante notario público, poco más de 5 mil son obras menores que no implican un gasto significativo y que, por supuesto, más allá de prometer obras públicas, son responsabilidades desatendidas que tienen la obligación de realizar y que fueron utilizados por el gobernador como mercadotecnia política en su campaña.

Es importante llamar la atención que el hecho de que existan compromisos de campaña cumplidos no implica que se resuelvan en automático los problemas que pasa el Estado de México en la actualidad; mucho menos que exista mayor bienestar para la población.

El reporte “Estado de México en focos rojos”, que recoge datos oficiales, muestra que el territorio mexiquense es una de las entidades de mayor relevancia para el país en términos económicos y sociales. El territorio mexiquense es el estado más poblado de la República – concentra el 13.9% de la población nacional – y es la segunda entidad con mayor porcentaje de aportación al PIB nacional – alrededor de 9.4% – además de que recibe el 7.5% de la inversión extranjera directa (IED).

Sin embargo, en el 2013 se registró un gasto público per cápita de 3,353 pesos en salud, colocándolo en uno de los últimos lugares a nivel nacional por su gasto en este rubro. Asimismo, había menos de un médico disponible por cada 1,000 habitantes, el último sitio en la clasificación nacional.

En lo relativo a la seguridad, la incidencia delictiva en el 2013 fue de 99,003 por cada 100,00 habitantes y la cifra negra oscilaba en 96 por ciento.

Un estudio realizado por Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), un think tank independiente que realiza investigaciones y presenta propuestas viables para el desarrollo de México a mediano y largo plazo, publicó que el elevado número de feminicidios y el aumento en los porcentajes de población que viven en condición de pobreza, ponen de manifiesto el desempeño de esta entidad en diversos ámbitos.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), tan solo de 2011 a 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 145 fueron investigados como feminicidios y entre 2011 y 2012 la Procuraduría de Justicia del Estado de México informó que desaparecieron 1,258 mujeres, de las cuales más del 53% tenía entre 10 y 17 años de edad.

Los datos impactan por sí mismos, pero lo que impacta aún más es que después de 5 años que la OCNF haya solicitado la declaratoria de alerta de género, el Gobernador del Estado de México haya reconocido la violencia sistemática contra las mujeres hasta 2015. Incluso, en julio de 2013, rechazó la petición ya que desde su punto de vista, no la consideraba necesaria.

Organizaciones civiles nacionales e internacionales llevaban años lanzando la advertencia de que en el Estado de México se vivía una ola incontenible de asesinatos de mujeres y a pesar de ello, las peticiones fueron ignoradas. A los ojos de Eruviel Ávila, las mujeres estaban “protegidas” y “apoyadas”.

No fue hasta septiembre de 2015 cuando los feminicidios fueron tema de prensa nacional e internacional que tomo parte de la problemática.

Es menester destacar que Eruviel Ávila ha invertido en promover su administración e imagen mil 252 millones 900 mil 595 pesos de septiembre de 2011 a mayo de 2015 (en 3 años y 8 meses), de acuerdo con cifras otorgadas por la Coordinación General de Comunicación Social, e información disponible de los rubros del Presupuesto de Egresos destinados a Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo, promoción internacional y gastos para sus informes de gobierno.

Esa cantidad supera el presupuesto que hasta ese entonces, 44 meses, se había destinado, por ejemplo, al financiamiento de infraestructura que fue de 100 millones 935 mil pesos; o el presupuesto que reciben programas de derechos humanos, de gasto social, vivienda, atención a personas con discapacidad, y apoyo a comunidades indígenas (que han recibido 539 millones 160 mil pesos, 107 millones 59 mil pesos, 323 millones 951 mil pesos, mil 20 millones de pesos y 415 millones 175 mil pesos, respectivamente).

Lo preocupante en las funciones del gobernador es que mientras él ha invertido cantidades exorbitantes en imagen, los niveles de pobreza en la entidad que gobierna aumentan. De 2012 a 2014, de acuerdo con último estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de personas en situación de pobreza en la entidad aumentó en 13 por ciento, es decir, en aproximadamente 941 mil personas.

Otro de los análisis realizados por CIDAC alerta que uno de cada dos mexiquenses es pobre, mientras que tres de cada 10 sufren algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por ingreso o por carencia social. A nivel nacional, cuatro de cada 10 mexicanos son pobres y tres de cada 10 son vulnerables.

Por si fuera poco, las acciones que ha emprendido el mandatario estatal, en tema de represión a movimientos que se oponen a proyectos inmobiliarios, carreteros o comerciales, es una constante en el Gobierno de Eruviel Ávila. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), la entidad mexiquense ha registrado poco más de 150 agresiones en contra de defensores de derechos humanos.

Las agresiones registradas por la organización comprenden desde amenazas telefónicas, por mensajes de celular o a través de otras personas, hasta encarcelamientos y homicidios. Uno de esos casos ocurre precisamente en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, así como el pueblo de San Salvador, en el municipio de Atenco, que desde 2001 ha mantenido una oposición al proyecto de un nuevo aeropuerto en su territorio.

En el marco de todo lo anteriormente expuesto, es importante que el gobernador del Estado de México rinda cuentas a la ciudadanía que representa. Resulta importante que el portal http://www.gem.gob.mx/compromisos/ en donde se encuentran publicados los 6 mil compromisos de Eruviel Ávila contengan evidencias de la realización de las obras y el monto que se ejerció para ellas, entre otra información importante para la ciudadanía.

Por consiguiente, someto a consideración de la Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del Estado de México a hacer pública la información relativa al cumplimiento de los 6,000 compromisos de gobierno de su administración, en la que detalle fechas de ejecución de los compromisos, monto ejercido, instancia que lo ejecutó y el impacto para el Estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de septiembre de 2016.

Diputado Omar Ortega Álvarez

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la creación de comisiones de atención a víctimas de trata de personas, suscrita por la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, a nombre de los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La trata de personas es un fenómeno de orden mundial y un delito que atenta contra los derechos humanos más elementales de las víctimas, muy particularmente en contra de su libertad, integridad y dignidad. En el contexto global, se tiene documentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que esta actividad ilícita es la tercera más rentable detrás del tráfico de drogas y de armas. El tipo de trata más común es la relacionada con la explotación sexual de mujeres y menores de edad, no obstante, existen otras expresiones de este delito como son el trabajo forzado, la mendicidad, tráfico ilegal, servidumbre, extracción de órganos, entre otros.

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido como “Protocolo de Palermo”, considera que por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Cabe hacer mención que el “Protocolo de Palermo” es un instrumento jurídico internacional y tiene como eje rector promover la cooperación entre los Estados que forman parte de éste en aras de prevenir y combatir la trata de personas. Asimismo, en él se definen conductas, medios y fines de explotación, el ámbito de aplicación y penalización, incluyendo la obligatoriedad de los países para implementar medidas legislativas, a fin de tipificar el delito de trata de personas. Procura la asistencia y protección a víctimas y la cooperación en términos de prevención e intercambio de información para combatir dicho delito de manera integral.

La ONU señala que en el mundo existen alrededor de 21 millones de personas víctimas de trata, principalmente con propósitos de explotación sexual, venta de órganos y trabajos forzados. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que 20 millones de personas son victimizadas por situaciones vinculadas al trabajo forzado y tráfico sexual. A su vez, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas señala que México, con respecto al fenómeno de trata de personas ocupa el tercer lugar en América Latina y el Caribe.

En nuestro país, la política rectora del Estado mexicano en materia de trata de personas está enmarcada en el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018, y éste contribuye a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

El referido Programa Nacional articula 16 estrategias y 79 líneas de acción específicas que se efectúan en coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública, y en correspondencia a cuatro indicadores que permiten evaluar los avances en el cumplimiento de sus objetivos planteados:

Objetivo 1. Prevenir el delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno delictivo.

Objetivo 2. Proporcionar atención, protección y asistencia de manera integral a las víctimas de trata de personas.

Objetivo 3. Impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución de los delitos en materia de trata de personas.

Objetivo 4. Promover los sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información en materia de trata de personas.

No obstante, y a pesar de las políticas públicas y programas implementados por el Gobierno de la República, lo cierto es que aún falta mucho por hacer para combatir eficazmente y erradicar la trata de personas en nuestro país. Prueba de lo anterior es la cifra alarmante que refiere la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la cual identifica a 16 entidades de la República Mexicana como destino final de explotación de personas extranjeras, lo que equivale al 50% de los estados de nuestro país.

Más allá de que la procuración de justicia es insuficiente en materia de trata de personas en nuestro país, de igual modo la naturaleza del propio delito, que es particularmente compleja, limita la capacidad institucional para perseguirlo y sancionarlo.

Además, resulta importante resaltar que el índice de denuncia por trata de personas es muy bajo, en virtud de que la víctima se encuentra bajo amenaza permanente de los tratantes; e incluso cuando existe denuncia presentada, los agentes del ministerio público o los jueces tienden a reclasificar el delito porque consideran que no están enfrentando un caso de trata de personas sino alguna otra conducta delictiva, por ejemplo, lenocinio o corrupción de menores, lo cual contribuye a disminuir el número de averiguaciones previas iniciadas por trata de personas.

Dado lo anterior, es impostergable no sólo la coordinación, cooperación e intercambio de información en los tres niveles de gobierno en materia de trata de personas, sino que es urgente que este tema se transversalice en todos y cada uno de los Congresos de los estados de la República, en aras de fortalecer y homologar criterios en el sistema jurídico nacional e impulsar políticas públicas en dicha materia en todo el país.

Cabe resaltar que, hoy en día, ningún Congreso estatal ni tampoco la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuentan en su seno con alguna Comisión de carácter ordinario, o bien, especial, vinculada al tema de la trata de personas. Podemos confirmar que en la actualidad, solamente el Senado de la República cuenta con una Comisión abocada a atender este tema.

En virtud de los razonamientos antes expuestos y con el objeto de realizar un aporte a la armonización de tipo penal en materia de trata, así como articular acciones legislativas que permitan enfrentar la complejidad de dicho fenómeno, considerado como la esclavitud del siglo XXI, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que promuevan en su interior la creación de comisiones de atención a víctimas de trata de personas.

Fuentes Consultadas

Definición del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños. http://www.derecho.unam.mx/cultura-juridica/pdf/onu-6.1.pdf

Estimación Mundial sobre el Trabajo Forzoso, Resumen Ejecutivo, Organización Internacional del Trabajo, 2012.
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo

Estimaciones y tendencias mundiales 2000-2012. http://www.ilo.org/ipec/Informationresources

Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018. http://www.gobernacion.gob.mx/

La Trata de Personas en México: Diagnóstico sobre la Atención a Víctimas de la OIM, 2011, México Cfr. Reporte Trafficking in Persons. Oficina de G-TIP, Departamento de Estado de Estados Unidos, junio de 2010, Washington, Estados Unidos.

Cámara de Diputados. http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/feb

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 27 días del mes de septiembre de 2016.

Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Justicia de esta soberanía a discutir y dictaminar las iniciativas de Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas presentadas, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, publicada el 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se discutan y dictaminen las iniciativas de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas que han sido previamente presentadas ante esta Cámara de Diputados, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el 29 de abril de 2015 fue aprobado por el pleno del Senado de la República, modificación al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de otorgar facultades al Congreso para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada, tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Segunda. Que esta reforma fue turnada de inmediato a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y fue aprobada por esta Cámara el día 30 de abril de 2015 y turnada a las legislaturas de los estados para completar el proceso de aprobación del Constituyente Permanente.

Tercera. Que una vez que el Constituyente Permanente votó esta reforma Constitucional y esta reforma fue publicada el día 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación la mencionada reforma constitucional, la cual establece en el artículo segundo transitorio que:

“Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

La legislación a que se refiere el presente transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de |Personas”.

En este sentido, y considerando que dicho plazo venció el 10 de enero de 2016, es preocupante que el Congreso de la Unión en esta LXIII Legislatura incumpla con el mandato de la reforma Constitucional para legislar en materia de Desaparición Forzada de Personas. Es una deuda que el Estado nacional tiene con todas las víctimas y las familias de quienes han padecido este flagelo.

Es decir, el mandato constitucional establecido en ese transitorio se ha cumplido, sin embargo a pesar de ello ninguna de las Cámaras ha dictaminado las diversas iniciativas que de manera formal se encuentran presentadas ante ellas

Cuarto. Que en mi carácter de diputado federal perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura, con fecha 29 de septiembre de 2015, presenté ante pleno de este honorable Congreso, un proyecto de decreto que expide la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas.

En dicha iniciativa de Ley Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas tiene como objetivo:

“ Prevenir la desaparición forzada de personas; tipificar el delito de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por particulares; sancionar a las o los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa e incitación a la comisión del mismo; inhibir la práctica de la desaparición forzada de personas, estableciendo su sanción bajo cualquier circunstancia, incluyendo situaciones de posible emergencia, peligro, disturbio público, catástrofe natural o cualquiera otra; establecer directrices para la creación de protocolos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas y protocolos de investigación del delito; realizar acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así como la pronta localización de su paradero; definir criterios generales para la creación de bancos de datos genéticos y de cadáveres no identificados; y establecer las bases para conformar políticas públicas en materia de desaparición forzada.

Misma que fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, discusión y dictamen el mismo día y año.

Quinto. Que con fecha 9 de diciembre de 2015 se presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas por parte de los diputados Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual fue turnada igualmente, para su estudio a la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara de Diputados.

Sexto. Que el artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismo que a la letra contempla:

“Artículo 182.

1. Todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este Reglamento y la Constitución establecen.”

Séptimo. El tema de desaparición forzada de personas ha cobrado especial importancia en nuestro país dada la enorme cantidad de personas desparecidas según datos oficiales. Es urgente contar con una legislación que contemple la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad considerándolo como una grave ofensa.

De acuerdo con datos oficiales son aproximadamente 28,210 (veinte ocho mil doscientos diez) personas 25 mil 821 personas víctimas de desaparición forzada , cifra que denota la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el país, lo que obliga a la exigencia de verdad, memoria, justicia y reparación integral para los miles de casos que existen dada la situación que azota a nuestro país.

Por ello, hacemos énfasis en las obligaciones que tiene el Estado mexicano, en regular el delito de desaparición forzada; como antecedentes de ello expongo lo siguiente:

La ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (18/3/2008), y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (9/4/2002).

Que el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos en el que se estudian aspectos relacionados con la prohibición de la desaparición forzada de personas en México. Caso que a la fecha no se ha dado cumplimiento a ninguno de los puntos recomendatorios por parte del Estado mexicano.

Que el 4 de mayo de 2012, se suscribió una Solución Amistosa con el Estado Mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano, por la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera. En dicho acuerdo se establece como garantía de no repetición de los hechos, la adecuación del marco normativo nacional a los estándares internacionales.

Que el 7 de abril de 2010, el Comité de Derechos Humanos en su observación final 12, recomendó al Estado mexicano, enmendar legislación penal a fin de armonizarla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Que del 18 al 31 de marzo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó al Estado mexicano y a finales de ese año, emitió un informe con una serie de recomendaciones generales, así como recomendaciones específicas en torno a seis aspectos: el marco legislativo; medidas preventivas y de seguridad; el derecho a la justicia y a la protección judicial; el derecho a la verdad; el derecho a la reparación del daño; y grupos en situación de particular vulnerabilidad .

Durante la audiencia del Comité de Desaparición Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Ginebra, Suiza, en el mes de febrero del presente año, se calificó como un “reto inmediato la aprobación de la ley”. Por ello, es el Estado mexicano quien debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que todos los casos de desaparición forzada sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados, de ser declarados culpables, sean sancionados de acuerdo con la gravedad de sus actos.

Aunado a lo anterior, el gobierno federal prometió a la sociedad mexicana que a más tardar en el mes de junio de 2015, quedaría aprobada una ley en materia de desaparición forzada, promesa que como otras, no se cumplió.

El día 6 de septiembre de septiembre de 2016 los integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, organizaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas, organizaciones populares y sociedad civil, quienes se han dado a la tarea de realizar una iniciativa que cumpla con los estándares internacionales y que atienda las demandas de las familias de las víctimas, se presentaron ante el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura e hicieron entrega de una iniciativa, misma que fue retomada en sus términos y presentada en acompañamiento por la bancada del Grupo Parlamentario de Morena la cual aprecia publicada el día 8 de septiembre de 2016 en la Gaceta Parlamentaria y fue turnada a las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia para su estudio y dictamen.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio se propone, como de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, publicada el 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se discutan y dictamine las iniciativas de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición cometida por particulares que han sido previamente presentadas ante esta Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a implantar acciones para determinar el nivel de riesgo geológico del puente de San Cristóbal, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a coordinar con las instancias pertinentes acciones para realizar los estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos, geodésicos y la instrumentación necesarias para determinar el nivel riesgo que pudieran generar las estructuras geológicas y demás fenómenos perturbadores de origen geológico e hidrológico que inciden en el puente San Cristóbal ubicado en el Km 24 + 921 de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal en el estado de Chiapas, con base en las siguientes

Consideraciones

La red carretera nacional, es una infraestructura estratégica que impulsa el desarrollo de nuestro país al permitir el flujo de turismo, comercio y productos, a través del territorio, generando movilidad económica. Por ello, el crecimiento de la red carretera en el estado de Chiapas, ha sido el pilar del desarrollo económico de la entidad.

Así, la Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, desde su inauguración en 2006, ha permitido reducir el tiempo de traslado desde la región central de la entidad hacia la región de los altos que es una zona de gran importancia cultural y turística. Esta obra, ha permitido mejorar las condiciones de vida de las comunidades ubicadas en los Altos de Chiapas.

De acuerdo a los volúmenes de tránsito, estimados en el año 2013, por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y por la Unidad de Autopistas de Cuota, establecen un tránsito diario promedio anual en la Autopista Tuxtla-San Cristóbal de 9,734 vehículos, siendo la temporada de vacaciones en donde se observa incrementos muy significativos.

Estas cifras reflejan la importancia que tiene dicha vía de comunicación para la entidad. De manera específica, en el Km 24 + 921 de la señalada Autopista se encuentra ubicado el llamado “Puente San Cristóbal”, el cual en el año de 2004, sufrió el colapso de cerca de una tercera parte de la estructura.

El 2 de febrero del 2005 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), emitió en un comunicado de prensa el dictamen oficial de las causas del colapso del puente San Cristóbal, suscitado el 24 de octubre del 2004.

En el documento en comento, la dependencia informó que “ocho sismos de alrededor de 4 grados en la escala de Richter fueron la causa del derrumbe de una tercera parte del puente San Cristóbal”.

Con fecha 9 de junio del 2016, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Chiapas emitió un comunicado oficial en el cual difundió ampliamente en los medios estatales y nacionales, los resultados obtenidos de la evaluación del riesgo del puente San Cristóbal.

En el documento se lee claramente lo siguiente:

“Como una medida de prevención, la Secretaría de Protección Civil a través del Departamento de Identificación y Análisis de Riesgo realizó una evaluación al puente vehicular “San Cristóbal” ubicado en la autopista Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de Las Casas, misma que no arrojó evidencia técnica de fallas o desprendimientos de rocas en la parte geológica, por lo que se determinaron las condiciones del puente como de riesgo medio.

Igualmente, indicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene que monitorear el área donde se encuentra la estructura de la pilas en relación a cambios importantes en los taludes de las laderas por fractura o desprendimiento; en el caso de un movimiento sísmico de magnitud mayor a 5 grados, deberán de evaluar y analizar que las condiciones sean óptimas en el puente y su entorno, con la finalidad de salvaguardar la vida de los transeúntes y sus vehículos.”

El 8 de julio del 2016, la SCT emitió una minuta derivado de una inspección realizada al Puente San Cristóbal encontrando como resultado que el Puente no presenta evidencias que indiquen que exista algún problema en su estabilidad, ni de algún deterioro causado por acciones naturales o por la operación del mismo.

Sin embargo, las características geológicas e hidrológicas del estado, así como de la composición de suelos, la constante sismicidad y la presencia de fallas geológicas hacen que sea necesario un monitoreo constante de diversas estructuras, entre ellas, el citado puente “San Cristóbal”.

Muestra de todo ello es que en el año 2005 el Servicio Geológico Mexicano (SGM) editó la Carta Geológica Tuxtla Gutiérrez en la cual en el centro de la misma se localiza la famosa “Falla Lateral Zequentic”, justo por debajo del Puente San Cristóbal. Documento elaborado por personal técnico del Servicio Geológico Mexicano y del Inegi.

De acuerdo a la misma Carta Geológica, un poco más al Norte de donde se localiza el Puente “San Cristóbal”, se ubica también mapeada la Falla Mal Paso – Muñíz, también denominada Falla Mal Paso–Aztlán y a pocos Kilómetros al Sur de esta importante estructura vehicular se localiza la Falla San Fernando, también denominada Falla Tuxtla–Socoltenango.

Finalmente hasta la elaboración de este Punto de Acuerdo, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado cerca de 2,200 sismos con epicentro en Chiapas, lo que refleja que la importante actividad tectónica de la entidad.

Con todos estos datos, se hace evidente la necesidad de realizar estudios complementarios que permitan determinar con un certeza los escenarios de riesgo a corto, mediano y largo plazo que pudieran presentarse en la estructura e inmediaciones del Puente de San Cristóbal y en caso de encontrarse alguna condición que ponga en peligro a la población que diariamente circula o se encuentra en las inmediaciones, poder realizar las acciones específicas e inmediatas de prevención y mitigación de riesgos que señalen los estudios correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a coordinar con las instancias pertinentes, acciones para realizar los estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos, geodésicos y la instrumentación necesarias para determinar el nivel riesgo que pudieran generar las estructuras geológicas y demás fenómenos perturbadores de origen geológico e hidrológico que inciden en el Puente “San Cristóbal”, ubicado en el Km 24 + 921 de la Autopista Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal, en el estado de Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la emisión de un billete de lotería conmemorativo del Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México, que comprende la zona arqueológica de la antigua ciudad maya y la reserva de la biosfera de los bosques tropicales protegidos en Calakmul, Campeche, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes.

La conservación y protección al patrimonio natural y cultural de las civilizaciones en el mundo tiene su origen en los compromisos adquiridos por las naciones integrantes de la ONU, Organización de las Naciones Unidas.

En 1945 y precisamente en el seno de la ONU, fue creada la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO, como una instancia para fomentar el diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos.

Con la creación de la UNESCO, México al igual que otros 36 países instituyeron a nivel mundial una cultura de paz entre los Estados Partes con la finalidad de fortalecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad.

Formando parte de esa cultura de paz, surgió la idea de crear un movimiento internacional para la protección de los monumentos y sitios de valor histórico y natural, dando inicio la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo considerado especialmente valioso para la humanidad.

Todos los países poseen sitios y monumentos de interés local, regional o nacional, pero para que este patrimonio pueda ser considerado patrimonio mundial, tiene que ser catalogado de valor universal excepcional, cumpliendo en ese sentido, con una serie de criterios que fueron establecidos en el documento denominado Pautas de Funcionamiento del Comité del Patrimonio Mundial, instancia responsable de dictar las instrucciones para la inscripción de los bienes culturales y naturales en la Lista del Patrimonio Mundial.

El Comité del Patrimonio Mundial, tiene a su cargo alcanzar los siguientes objetivos:

1.- Alentar los Estados que forman parte de la Convención a que definan lugares de valor universal excepcional para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial.

2.- Vigilar el estado de los lugares inscritos en la Lista, previendo posibles riesgos y alertar a los Estados a que creen sus propios programas de vigilancia.

3.- Ayudar a los Estados a crear mecanismos viables para la salvaguardia de los lugares del Patrimonio Mundial, con ayuda del Fondo Mundial, según proceda.

4.- Prestar a los Estados la ayuda de emergencia necesaria para proteger los lugares que corren peligro inminente.

5.- Promover la conservación del patrimonio cultural y natural en términos generales.

Consideraciones.

México es el sexto país del mundo con 33 sitios inscritos en la lista de la UNESCO, después de Italia con 50, China con 47, España con 44, Francia con 39 y Alemania con 39.

México ocupa el primer lugar entre los países latinoamericanos y es sin duda también uno de los principales en cuanto a la diversidad de sus bienes inscritos al contar con ciudades arqueológicas, monumentos históricos y áreas naturales protegidas, entre otros.

De esos 33 bienes Patrimonio de la Humanidad, 27 son Bienes Culturales, 5 Bienes Naturales y uno más que es considerado Patrimonio Mixto, natural y cultural, por la UNESCO desde el 21 de junio de 2014, fecha en que durante la 38 sesión del Comité del Patrimonio Mundial celebrada en Qatar, se inscribió ante la UNESCO, a la Ciudad Antigua Maya y los Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul en la Lista de Patrimonio Mundial.

El 4 de agosto de 2014, la UNESCO hizo entrega del documento que avala la reserva de la biósfera y la Zona Arqueológica de la Antigua Ciudad Maya de Calakmul, Campeche, como el Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México.

Calakmul tiene una ocupación humana continua por más de 1,500 años, representando un ejemplo único para la formación y construcción de un grupo cultural que puede tomarse como eje rector con respecto a todos los sitios con evidencia arqueológica circundantes, porque la información que en él se contiene es de vital importancia para la comprensión de la cultura maya y su evolución.

Siendo así el único Bien Mixto en México y el tercero en el continente americano.

No resultan ajenas las palabras que pronunciara Nuria Sanz Gallegos, Directora y Representante de las Oficinas de la UNESCO en México, durante el evento de entrega del Certificado a nuestro país, cuando señaló que la cultura maya es la mejor representada en la lista del patrimonio mundial, de la que México es el principal exponente con 5 sitios inscritos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26 establece la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, de lo cual ha derivado el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los diversos Sectoriales, Especiales, Regionales e Institucionales, como es el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 que tiene los siguientes objetivos:

1.- Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del país en el extranjero. Que busca impulsar la presencia de México a través de sus creadores y de sus expresiones artísticas y culturales, como una acción prioritaria de la política exterior para fortalecer el prestigio y afianzar el liderazgo de México en el mundo.

2.- Impulsar la educación y la investigación artística y cultura.

3.- Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella.

4.- Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural. Este objetivo contiene las tareas de preservar, promover y difundir el patrimonio artístico y cultural de México, proyectando así nuestra imagen al exterior en su mejor rostro, en el de su tradición, su creatividad, solidez, pero sobre todo, el de su riqueza cultural inconmensurable. Se continuará apoyando a las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias reconociendo, valorando y promoviendo sus expresiones artísticas y culturales como parte esencial de la diversidad de la cultura nacional.

5.- Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales.

6.- Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología digital. Con lo que se deberá impulsar el pleno aprovechamiento de la tecnología para hacer llegar los bienes y servicios culturales a millones de mexicanos y para acrecentar la presencia y la buena imagen de México y su cultura en el mundo.

En el plano de la aportación natural, la región de Calakmul es una de las tres de mayor extensión forestal de Mesoamérica.

Contiene todos los ecosistemas tropicales y subtropicales existentes de gran diversidad, riqueza y fragilidad, desde el centro de México hasta el Canal de Panamá. Por su importancia desde el 25 de mayo de 1989 fue declarado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación como Reserva de la Biosfera.

Pertenece desde el año de 1993 a la Red Internacional del Programa el Hombre y la Biosfera de la UNESCO y está incluida dentro del Programa de Conservación de la Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas Selectas de México.

Calakmul es una biblioteca natural por su selva tropical en buen estado de conservación que resulta ser una esperanza para muchas especies silvestres que ya no se encuentran en otras partes del país como el tapir centroamericano que es uno de los mamíferos silvestres más grandes de América y que se encuentra en vías de extinción.

Igualmente, en cuanto a las especies de aves migratorias y residentes como el tucán que de acuerdo a la Norma 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, junto con dos docenas más de aves se consideran especies amenazadas.

Asimismo, es de vital importancia para grandes felinos como el jaguar que es el felino más grande de América y el tercero en el mundo después del león y el tigre, así como de otros atributos bióticos y abióticos que en ella se presentan como son las cuevas, cañadas y humedales.

De acuerdo con el estudio del Dr. Carlos Galindo Leal, del Centro para la Conservación de la Biología en la Universidad de Stanford, en la biodiversidad de la región se encuentran alrededor de 350 especies de aves, más de 70 especies de reptiles, alrededor de 18 especies de anfibios y 20 especies de peces, entre 85 y 98 especies de mamíferos y alrededor de 500 especies de mariposas.

En cuanto a la flora, se han contabilizado unas 364 especies de árboles y 1,500 especies de plantas, siendo un 10 por ciento endémicas de la zona, es decir, que no es posible encontrarlas de forma natural en ninguna otra parte del mundo.

Calakmul, Campeche cuenta con reconocimiento a nivel mundial, con el carácter de Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México, que comprende la zona arqueológica de la antigua ciudad Maya y la reserva de la biósfera de los bosques tropicales protegidos.

No obstante, consideramos muy importante y pertinente, promover el conocimiento y aprecio a nivel nacional, de este único bien mixto en México, considerado patrimonio de la humanidad, por sus importantes aportaciones culturales y naturales a nivel mundial.

En este orden de ideas, es por lo que consideramos de suma importancia la emisión de un billete de lotería conmemorativo del único patrimonio mixto de la humanidad en México.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la aprobación de esta Soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, con la participación que corresponda a su Junta Directiva, para que emita un billete de lotería conmemorativo del Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México, que comprende la zona arqueológica de la antigua ciudad Maya y la reserva de la biósfera de los bosques tropicales protegidos en Calakmul, Campeche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a evaluar la situación de los centros de verificación en Morelos y, en su caso, determinar su reapertura, a cargo del diputado Javier Edmundo Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputado Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a intervenir en el Estado de Morelos, para lograr la reapertura de los Centros de Verificación de la Entidad.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) establecida en el 2013, publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio del año en curso1 , la nueva NORMA EMERGENTE DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, ante los graves problemas ambientales que se viven en la zona centro del País, y los efectos negativos que producen en el aire que respiramos la circulación de poco más de 5 millones de vehículos diarios en toda la zona, así como los previsibles daños a la salud.

Las autoridades y ciudadanos de la Ciudad de México y de los Estados de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, junto con sus Delegaciones y Municipios; quedamos obligados al cumplimiento de esta norma, particularmente los propietarios de los Centros de Verificación donde se realizan revisiones vehiculares y se otorgan o niegan los hologramas para circular en la megalópolis.

Como se puede leer en página electrónica de la Comisión Ambiental2 el objetivo principal de la nueva norma es “actualizar los procedimientos de verificación vehicular a tecnología mecatrónica, conocida como Sistema de Diagnostico a Bordo (OBD, por sus siglas en inglés), incorporada desde hace 10 años por la industria automotriz en México”.

Sin duda, el propósito de reducir los límites de emisión de los vehículos con más de 10 años de edad en un 75% a vehículos a gasolina; al transporte público y de carga en un 40%, es además de loable, necesario y urgente.

Sin embargo, la aplicación de esta norma emergente ha sido aplicada con criterio distinto e injusto en el Estado de Morelos, pues de manera inesperada y cuestionada desde el punto de vista jurídico, desde el mes de junio del año en curso, todos los verificentros de la Entidad fueron suspendidos y cerradas sus puertas.

En contraste, en la Ciudad de México, los Estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y de México, es decir en el resto de la Megalópolis los Centros de Verificación operan con normalidad, tanto para aplicar la nueva tecnología OBD o la verificación dinámica, reconocida como válida por la norma para los vehículos año modelo 2005 y anterior.

Dicho de otra forma, la nueva y emergente norma de verificación basada en el sistema OBD II, EOBD o similares, obliga a los verificentros a contar con nueva tecnología con el fin de contar con la autorización para expedir hologramas de autorización para circular a aquellos vehículos que sean año modelo 2006 y posterior.

En Morelos muchos centros de verificación cuentan con los equipos adecuados, modernos y actualizados para aplicar la nueva tecnología, sin embargo, la Autoridad Morelense ni requirió ni se percató de esta circunstancia y optó por su cierre temporal.

Esta medida que es profundamente injusta, atenta también contra el medio amiente y la calidad del aire de la Megalópolis, porque desde el mes de junio del año en curso, ningún propietario de vehículo año modelo 2005 o anterior pueden verificar en el sistema PRUEBA DINAMICA, pues no existe ningún centro de verificación abierto.

Por una medida radical e injusta como la mencionada, en Morelos ocurren situaciones como esta:

-Vehículos que contaminan de forma ostensible con total impunidad lo mismo en las horas pico que los siete días de la semana.

-Se atentó contra la cultura de verificación vehicular y cuidado del medio ambiente que se ha venido construyendo con años de trabajo y concientización.

-A la población se le oriento de forma indebida, porque el cierre de verificentros se manejó como un logro en contra del programa de verificación.

-A los propietarios de centros de verificación se les lincho mediáticamente, acusándolos de actos de corrupción cuando la autoridad local no ha cerrado ninguno de estos lugares, y por el contrario, contribuyen en forma importante a los ingresos del Estado.

-Al cerrar de manera inapropiada y generalizada los centros de verificación se perdieron fuentes de trabajo y el legítimo derecho al libre comercio, en franca violación a los derechos humanos consagrados en la Constitución.

-Gastos y molestias innecesarias a los habitantes del Estado de Morelos, quienes tienen que acudir principalmente a la Ciudad de México, para lograr al menos, el holograma de la prueba dinámica.

Así pues, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a través del Coordinador Ejecutivo, está obligado a verificar que las normas que dicta, se apliquen con carácter general, es decir que se apliquen de igual forma en todos los Estados participantes en el Convenio que le dio origen.

Esto es importante, porque las autoridades están obligadas a respetar la Ley, siendo el carácter general una nota esencial en nuestro Estado de Derecho.

En mérito de lo expuesto, es válido exhortar a la autoridad ejecutiva de la CAMe para revisar el caso Morelos, y en su caso, levantar las suspensiones aplicadas a los Centros de Verificación de la Entidad, con dos propósitos:

Primero, autorizar el funcionamiento de aquellos que cuenten con la tecnología OBD señalada en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016.

Segundo, requerir la apertura de los Centros de Verificación de Morelos, para la aplicación de la Prueba Dinámica, en los términos señalados en la misma norma.

Por lo expuesto, pongo a la atención de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a evaluar la situación del cierre de los centros de verificación del Estado de Morelos, y en su caso, determinar su apertura por las razones expuestas.

Notas:

1 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100918/NOMEM_para_DOF_06_ junio_2016.pdf

2 http://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/norma-emergente-de-verifi cacion-vehicular-36696?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar por la Conanp acciones para recategorizar como área natural protegida la reserva forestal nacional y refugio de la fauna silvestre Bavispe, en Sonora, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cecilia Guadalupe Soto González, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El 21 de mayo de 1936, hace 80 años, el Presidente Lázaro Cárdenas promulgó el decreto, que constituyó la Reserva Forestal Nacional de las sierras Ajos, Buenos Aires y Púrica, Sonora, en una superficie de 21, 494 hectáreas. Posteriormente, el 2 de agosto de 1939, hace 77 años, el mismo Presidente Lázaro Cárdenas promulgó el decreto, que constituyó la Reserva Forestal Nacional y Refugio de la Fauna Silvestre de “Bavispe” en el Estado de Sonora. En dicha nueva Reserva de Bavispe, se incluye la superficie de la Reserva Forestal Nacional de las sierras Ajos, Buenos Aires y Púrica. En consecuencia la Reserva Forestal Nacional es conocida también como “Ajos-Bavispe”.

Así, con el segundo Decreto de 1939 se amplia la Reserva Forestal Nacional y Refugio de la Fauna Silvestre de “Ajos-Bavispe” a una superficie estimada de 184 mil hectáreas, compuesto de cinco fracciones de grandes bosques nacionales entonces conocidos con el nombre de Wheeler Land Company, principalmente de pino-encino con presencia de importantes especies de fauna silvestre. La Reserva Forestal comprende 5 Fracciones y se encuentra ubicada en los Municipios de Bavispe, Becerac, Guasabas, Moctezuma, Cumpas, Bacoachi, Cananea, Nacozari y Fronteras del Estado de Sonora.

Los antecedentes y justificantes de esta Reserva Forestal Nacional, derivan de la visión estratégica del Ing. Miguel Ángel de Quevedo, quien como Jefe del Departamento Forestal y de Caza y Pesca, demuestra y propone al entonces presidente, Lázaro Cárdenas, sobre la gran importancia de crear reservas naturales de trascendencia nacional, con el objeto de salvaguardar los servicios de interés común que aportan los ecosistemas serranos, tales como la captación de agua aportada a las cuencas hidrológicas en la franja fronteriza con Estados Unidos de América en beneficio de las actividades agropecuarias e industriales de dichas regiones, con la mira de elevar el coeficiente forestal del país y evitar el creciente y masivo arrastre y erosión de suelos de las partes altas de montaña en perjuicio de los pobladores de las partes bajas de las cuencas.

En estas Sierras de Sonora, en la actualidad además, se desarrollan actividades de investigación científica biológica, geológica, paleontológica y astronómica de nivel relevante y de clase mundial.

Asimismo, estas Sierras encierran valores históricos relevantes, ya que fueron parte de “Las naciones Apache y Chiricagua”, que las habitaron en armonía natural con un buen número de especies de flora y fauna. Cabe recordar que durante la histórica huelga obrera de Cananea en 1906, los principales picos elevados “Flores y Blanco” de la Sierra de “Los Ajos”, que fueron refugio para los líderes del movimiento obrero, como los hermanos Flores Magón y otros obreros de las minas, para salvarse de la represión porfirista.

Las sierras y montañas que se encuentran en las cinco fracciones de esta Reserva Forestal Nacional de “Ajos-Bavispe”, se encuentran ubicadas en el núcleo de una sucesión de más de 60 sierras y montañas en los estados de Arizona, Sonora, Nuevo México y Chihuahua, que forman el conjunto denominado “Archipiélago de Islas del Cielo”, que presta servicios ambientales fundamentales y vitales para los ecosistemas desérticos que las rodean, por ser fuentes captadoras de agua de lluvia y nieve, que dan origen a importantes cuencas hidrológicas de la región, así como por su importante papel en la limpieza atmosférica, captura de carbono, y contribución a la disminución del calentamiento global.

Estas Sierras de Sonora son espacio de vida y conforman un importante corredor biológico internacional de especies de flora y fauna silvestre. Los registros de flora y fauna silvestre alcanzan mil 225 especies de plantas y 560 de vertebrados. Dentro de la región, se enlistan 105 especies de flora y fauna bajo alguna categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y 11 de estas especies de fauna se incluyen entre las 40 prioritarias designadas por la CONANP. Es decir una de cada cuatro especies de fauna prioritaria habita en la zona, contando con una de las mayores concentraciones de especies de fauna silvestre en riesgo. Por ello, se pueden encontrar en su territorio a la mayor concentración de especies prioritarias para la conservación, pues además de ser hogar de jaguares (Panthera onca ) y osos (Ursus americanus ), alberga a ocelotes (Leopardus pardalis ), castores (Castor canadensis ), cotorras serranas occidentales (Rhynchopsitta pachyrhyncha ), águilas reales (Aquila chrysaetos ), nutrias de río (Lontra longicaudis ), berrendos (Antilocapra americana mexicana ), bisontes americanos (Bison bison ), halcones aplomados (Falco femoralis septentrionalis ) y perritos de pradera cola negra (Cynomys ludovicianus ).

La Reserva Forestal Nacional de “Ajos Bavispe” ha implementado exitosamente varias técnicas de conservación de suelos y captación de agua, mediante gaviones, trincheras de piedra local acomodada y curvas de nivel para evitar la erosión de suelo, emprendiendo la “cosecha de agua” y se ha adquirido gran experiencia para el combate, prevención y control de incendios. Se ha reintroducido el lobo mexicano, oso negro y es hoy un corredor transfronterizo para el tránsito de varias especies desde las mariposa monarca y el jaguar que ha recolonizado el sur de los Estados Unidos, como ejemplo de otras varias especies que se han venido adaptando a las condiciones del cambio climático en su distribución hacia el norte y hacia arriba donde existen climas más fríos.

Hoy, a pesar de que ha seguido operando con limitaciones la Reserva Forestal Nacional de “Ajos Bavispe” se encuentra en grave peligro de desaparición y en consecuencia se cierne una muy seria amenaza para los miles de pobladores históricamente beneficiados con sus servicios ambientales, gracias a las generosas aportaciones de aguas en los ciclos hidrológicos de las cuenca hidrográficas de los ríos Bavispe, Bacanuchi, Sonora y San Pedro, así como hacia las dos vertientes de la Cuenca del Río Yaqui y sus afluentes, Bavispe y Moctezuma.

Igualmente, mantener como área natural protegida a dicha Reserva Forestal, Nacional contribuye a la protección de las Regiones Terrestres Prioritarias para la Conservación, Sierras “Los Ajos-Buenos Aires-La Púrica” y “Bavispe-El Tigre”, además de servir de enlace estratégico para las acciones en la Región Terrestre Prioritaria Cananea-San Pedro y el Sitio Ramsar Ecosistema Sierra de “Ajos-Bavispe” Zona de Influencia Cuenca del Río San Pedro.

Estos peligros se derivan del creciente inmovilismo burocrático, que la mantiene en un limbo jurídico e institucional. Una difícil situación jurídica y operativa debido al inexplicable e injustificable desinterés y desatención del Gobierno Federal.

Esta afirmación tiene su fundamento jurídico, debido a que conforme a los artículos séptimo y octavo transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente (LGEEPA), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1996, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), la ahora Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAT), debía realizar a esta Reserva Forestal Nacional de “Ajos Bavispe” los estudios y análisis para en su caso recategorizarla a su categoría correspondiente de área natural protegida, conforme a la homologación de los objetivos nacionales e internacionales, características señaladas en los artículos 45 y 53 de la LGEEPA. Es decir, conforme al citado artículo 53 se debe considerar a esta Reserva Forestal Nacional en la categoría de área de protección de recursos naturales. Lo anterior, sin perjuicio de que, como producto de los citados estudios y análisis, dicha Reserva Forestal Nacional fuera incorporado en otra categoría de área natural protegida del orden federal.

Es decir desde hace 20 años, la actual SEMARNAT identificó la imperiosa necesidad de renovar y actualizar los decretos anteriores de distintas fechas de Áreas Naturales Protegidas decretadas por el Ejecutivo Federal desde 1936, como el decreto antes mencionado. Hasta ahora se sigue esperando se formalice la nueva categoría de área natural protegida de acuerdo a la legislación en materia ambiental y de los recursos naturales.

Sin embargo, para este caso, el 7 de junio del año 2000, la entonces SEMARNAP emitió en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo que tiene por objeto dotar con una categoría acorde con la legislación vigente a las superficies que fueron objeto de diversas declaratorias de Áreas Naturales Protegidas emitidas por el Ejecutivo Federal”. La lista del primer grupo inicial, fue de 22 Áreas Naturales Protegidas dotadas con su categoría actualizada. Sin embargo, la “Ajos-Bavispe” no fue incluida en esta fecha.

En el caso de la Reserva Forestal Nacional de “Ajos-Bavispe” existe el antecedente de un intento de modernización y aplicación de los decretos que se han comentado. Ya que en noviembre del 2010, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), organismo desconcentrado de la SEMARNAT responsable de la gestión de las Áreas Naturales Protegidas del orden federal-, hizo la recomendación al titular de la SEMARNAT para que se expidiera el acuerdo secretarial que permitiera la recategorización de esta Reserva “Ajos-Bavispe” como Área de Protección de Flora y Fauna. Se iniciaron mecanismos y trámites administrativos pertinentes, se elaboró el nuevo estudio previo justificativo que permitiría la recategorización de esta reserva para que quedara colocada en la agenda de conservación para el siglo XXI. Sin embargo, inexplicablemente, por razones no muy claras no se dio entonces, ni se ha dado paso a esta recategorización, poniendo en peligro esta área prioritaria para la conservación de la biodiversidad, fuente de humedad, agua y demás servicios ambientales indispensables.

En los últimos años el presupuesto Federal de la Reserva Forestal Nacional de “Ajos-Bavispe” ha venido disminuyendo drásticamente. No aparece en la lista con las demás Áreas Naturales Protegidas, decretada desde la época del Presidente Cárdenas. No aparece en el sitio oficial de la CONANP, ni aparece en el prontuario estadístico y geográfico de las Áreas Naturales Protegidas, ni está en el catálogo oficial de la información geográfica actualizada en 2015. Lo que es peor: parece estar desapareciendo por completo del esquema organizativo y del presupuesto de la CONANP. Se han despedido a varios importantes y experimentados técnicos que han hecho un trabajo de campo ejemplar en el área de dicha Reserva Forestal. En el presupuesto federal para el periodo de 2012 al 2015 esta reserva recibió un promedio de 1.3 millones de pesos anuales para la operación, sin embargo, para 2016, el presupuesto fue de tan sólo de 180 mil pesos, sufriendo una aberrante reducción superior al ¡85%! ¿Cómo es posible entender que el Gobierno Federal, por conducto de la SEMARNAT y la CONANP, pretenda que una reserva de esta magnitud territorial y de alto valor ambiental, pueda ser atendida y protegida adecuadamente con esa ridícula cantidad de recursos?

Además, es importante señalar que esta Reserva Forestal Nacional de “Ajos Bavispe” es la más grande e importante de Sonora y al mismo tiempo se encuentra en el mismo corredor de los yacimientos y depósitos minerales más grandes, de cobre, oro, plata y otros metales, de esta región. Esto no debe de considerarse a la ligera. Este Poder Legislativo requiere saber por medio del Poder Ejecutivo Federal, si en esta situación tan riesgosa para la salud ambiental de esta región del estado de Sonora, ya cansada por los derrames y filtraciones de las minas operadas por Grupo México, también existen sobrepuestas territorialmente en los 5 polígonos de la Reserva Forestal Nacional de “Ajos-Bavispe”, denuncios y concesiones para la explotación minera. En caso que así sea, sería inminente la controversia y el conflicto real de intereses de los ambiciosos proyectos de crecimiento y expansión territorial de las industrias extractivas de los recursos minerales de estas sierras, con la salud ambiental y la salud de las poblaciones de la región.

La SEMARNAT, con el debido acompañamiento de la CONANP, debe resolver este histórico rezago, ya que no es aceptable que por un lado se dejen en el olvido burocrático, estas casi 200,000 hectáreas, que han sido protegidas y conservadas, con heroicas acciones de sus pocos pero valiosos técnicos y guardabosques contra incendios naturales y provocados por las siembras clandestinas de estupefacientes, cazadores furtivos y otros depredadores de flora y fauna y por otro lado se pretenda alcanzar la meta número 11 del protocolo de Aichi, que México ha comprometido en lo que implica proteger el 17% de nuestro territorio, es decir más de 33.5 millones de hectáreas de nuestro territorio.

A la población sonorense y mexicana le interesa, que se incrementen las Áreas Naturales Protegidas en beneficio del bienestar general de la nación por lo cual es injustificable que esta Área Natural Protegida y otras que se encuentran en similar “limbo burocrático” logren su justa recategorización.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), del Gobierno Federal, a través de su organismo desconcentrado la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), realice a la brevedad posible las acciones correspondientes para recategorizar a la Reserva Forestal Nacional y Refugio de la Fauna Silvestre de “Bavispe” en el Estado de Sonora, en la categoría de Área Natural Protegida, que conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente le corresponde, dando así debido cumplimiento al mandato de dicha Ley, y así sea incluida en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por contar con biodiversidad y características ecológicas relevantes para el país.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), del Gobierno Federal, a través de su organismo desconcentrado la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), para que formule el programa de manejo de la Reserva Forestal Nacional y Refugio de la Fauna Silvestre de “Bavispe” en el Estado de Sonora.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para haga pública de manera detallada la información sobre si existen superficies denunciadas, o concesiones mineras otorgadas en las cinco fracciones del área denominada “Bavispe”, decretada Reserva Forestal Nacional y Refugio de la Fauna Silvestre en el Estado de Sonora, según el Diario Oficial de la Federación, emitido el 9 de septiembre del año 1939.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

Diputada Cecilia Soto González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las demarcaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, así como al del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a implantar acciones para solucionar la problemática existente en la barranca Atzoyapan, y reparar el pozo de visita de San Mateo Tlaltenango, suscrita por la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, a nombre de los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (SEDEMA), en dicha entidad existen 99 sistemas de barrancas distribuidas en 15 microcuencas, ubicadas principalmente en las delegaciones: Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa de Morelos.

El artículo 5° de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal establece el concepto de “BARRANCAS”, entendido como la “depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico”.

En el caso de las barrancas que cuentan con asentamientos humanos en sus colindancias, cuentan con un importante sistema de alcantarillado pluvial y de aguas negras, diseñado y construido para funcionar en forma combinada. De acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas, en zonas urbanas los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial deben diseñarse y construirse en forma separada para evitar que el flujo excesivo de agua de lluvia genere problemas en la operación de sistemas de tratamiento debido a la dificultad de procesar la totalidad de las aguas captadas en época de lluvias.

Así mismo, con la finalidad de mantener en buen estado el sistema de drenaje, se coloca un pozo de visita, el cual es una estructura típica de liga entre dos tramos de la red de atarjeas, que permite el acceso del exterior para su inspección y maniobras de limpieza, es decir, es el punto en el que se unen las diversas redes de drenaje, así como es el punto por el cual se permite la inspección, ventilación y limpieza de la red de alcantarillado.

Sin embargo, en el caso específico del pozo de visita ubicado al final de la calle Prolongación Lázaro Cárdenas del pueblo de San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa, éste se ha visto afectado al pasar de los años como consecuencia de la falta de mantenimiento del mismo, generando que no soporte más la presión ejercida por la desembocadura de la tubería del drenaje de aguas negras y el agua de precipitación pluvial de esta zona, al grado de romperse, dejando con caída libre y a cielo abierto el desfogue de agua hacia la Barranca Atzoyapan, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón.

Lo anterior, ha tenido como consecuencia inundaciones, deslave de tierra de la barranca, caída de árboles, deterioro del camino asfaltado y daños a diversas casas habitación, afectando principalmente a los habitantes del pueblo de San Mateo Tlaltenango en la Delegación Cuajimalpa.

Cabe agregar que sobre este tema en particular, existen antecedentes bien documentados que ponen de manifiesto que este problema no es un tema reciente, sino todo lo contrario, se ha convertido en una tema recurrente para los vecinos de San Mateo Tlaltenango, quienes desde 1996 a la fecha, han solicitado se realicen acciones pertinentes para solucionar las inundaciones, deslaves y erosión del talud de la Barranca Atzoyapan, provocados por la descarga de aguas negras y pluviales, como consecuencia de la destrucción del pozo de visita. Las peticiones de los pobladores se han enfocado en dos principales aspectos:

1. Reparación del pozo de visita de drenaje, el cual se encuentra al final de la calle Prolongación Lázaro Cárdenas.

2. Desvío de las aguas pluviales y de aguas negras a su cauce natural, debido al alto riesgo, sobre todo en época de lluvia, de desgajamiento del bordo en donde se encuentra la última alcantarilla que desemboca las aguas negras.

Es de destacar que los oficios que se han presentado por parte de los habitantes de San Mateo Tlaltenango se han dirigido a los titulares de las siguientes instancias: Delegación Cuajimalpa, Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), Gobierno del Distrito Federal, Comisión Nacional del Agua, Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción de SACMEX, Subdirección de Proyectos de SACMEX, Coordinación de Enlace Delegacional, Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa, Dirección de Recursos Naturales y Áreas Protegidas de la Delegación Cuajimalpa, Dirección de Protección Civil de la Delegación Cuajimalpa, Dirección de Drenaje, Tratamiento y Reúso del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Comisariado Ejidal de San Mateo Tlaltenango, Comité Ciudadano del Pueblo de San Mateo Tlaltenango, Comité Vecinal del Pueblo de San Mateo Tlaltenango, Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en Cuajimalpa.

Así mismo, es importante resaltar que las autoridades e instancias antes señaladas han tenido conocimiento de estos hechos, ya que el personal técnico operativo adscrito al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), el día 13 de enero de 2012, realizó la inspección correspondiente de manera conjunta con vecinos del lugar y personal de la Secretaría de Gobierno, en donde observaron lo siguiente:

Sobre la calle Prolongación Lázaro Cárdenas existe una red de drenaje de 0.78 m de diámetro, la cual desemboca con caída libre hacia la Barranca Atzoyapan, lo que con el paso del tiempo erosionó el terreno hasta provocar el azolvamiento con dimensiones de 40 metros de altura por 80 metros de ancho, destruyendo el pozo de vista.

De tal forma que el personal del SACMEX, consideró viable el desvío de la red existente, aproximadamente 70 metros aguas arriba, ya que la topografía del terreno estaría a favor de la construcción de la nueva red, que descargaría hacia la Barranca Atzoyapan con cajas de concreto armado hasta conectarse al colector marginal existente de 0.61 m de diámetro.

Por lo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicitó a su Dirección Técnica, que se considerara incluir en el Programa Operativo Anual 2012, la realización del proyecto ejecutivo que solucione la problemática en comento, en función de los recursos destinados para ese rubro. Sin embargo, la respuesta de dicha instancia fue que: “dicha acción se ejecutará de acuerdo a las economías que ese Órgano Desconcentrado cuente, ya que el presupuesto asignado a esta instancia en el 2012 se encuentra comprometido”.

De igual forma, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, manifestó a los vecinos que su área coordinaría mesas de trabajo involucrando a las áreas competentes, incluyendo a la Delegación Cuajimalpa, para agilizar los trabajos correspondientes.

Sin embargo, y a pesar de estos hechos, la realidad ha sido completamente diferente, ya que el problema continúa sin ser atendido.

Es de destacarse que en el Manual Administrativo de las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón se advierte que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano cuenta con las siguientes funciones:

Ejecutar los programas Delegacionales de obras para el servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a las autorizaciones y normas que al efecto expida la autoridad competente, tomando en cuenta las recomendaciones que sean factible incorporar, por parte de la comisión correspondiente;

Brindar los servicios de alcantarillado que no estén asignados a otra Dependencia o Entidad, atendiendo los lineamientos que al efecto expida la autoridad competente;

Realizar los trabajos de reparación de fugas de aguas negras;

Ampliar la red de drenaje, realizar el desazolve de alcantarillado y sustitución de tuberías de drenaje;

Ejecutar las obras para desazolvar los pozos de visita, así como restaurar las rejillas, coladeras, bocas de tormenta y tapas de registro de la red de drenaje;

Así mismo, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, “el Sistema de Aguas de la Ciudad de México [...] tiene como objeto principal la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales [...]”

Así mismo, el artículo 18 de la citada ley, establece que “corresponde a las Delegaciones [...] dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas [...]”.

Dado lo anterior, resulta impostergable la coordinación y cooperación de las autoridades e instancias de las delegaciones de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, así como del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que se canalice la tubería y el desfogue de agua no quede a cielo abierto, debido al alto riesgo sobre todo en épocas de lluvia, provocados por la descarga de aguas negras y pluviales como consecuencia de la destrucción del pozo de vista de la calle Prolongación Lázaro Cárdenas del pueblo de San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa de Morelos, llevando a cabo el desvío de las aguas pluviales y de aguas negras a su cauce natural y la reparación del pozo de visita de drenaje, a fin de evitar el daño a la salud o incluso la pérdida de vidas de habitantes de dicha zona, así como la afectación de su patrimonio.

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Delegaciones de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, así como al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a que de forma coordinada y en base a sus funciones, realicen las acciones necesarias para llevar a cabo la reparación del pozo de visita ubicado en la calle Prolongación Lázaro Cárdenas, pueblo de San Mateo Tlaltenango, Delegación Cuajimalpa de Morelos.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Delegaciones de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, así como al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a que de forma coordinada y en base a sus funciones, realicen las acciones necesarias para evitar se siga llevando a cabo la descarga de aguas negras y pluviales a cielo abierto en la Barranca Atzoyapan ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, con la finalidad de atender y solucionar los problemas de inundaciones, deslaves y erosión de la Barranca que afectan a los habitantes del Pueblo de San Mateo Tlaltenango en la Delegación Cuajimalpa de Morelos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 27 días del mes de septiembre de 2016.

Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)

Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la PGR a investigar la denuncia interpuesta el 30 de agosto por la organización Manos Unidas por Nuestros Niños por delitos contra la administración de la justicia en el caso de la guardería ABC, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de Diputada Federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1 fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El 14 de mayo de este año se dictaron 19 sentencias condenatorias de 20 a 28 años de prisión, multa y reparación de daños a 17 ex funcionarios estatales y municipales de Sonora, a la ex representante legal y al ex administrador legal de la Guardería ABC al encontrárseles penalmente responsables por los delitos de homicidio por culpa en agravio de 49 menores y por lesiones por culpa en agravio de 38 menores y 5 mayores de edad ocurrido el 5 de junio de 2009.1

Segunda. El 13 de septiembre se divulgó en el periódico Reforma que un juez confirmó la falsedad del oficio 23180, documento que forma parte del expediente que sirvió para sentenciar a las 19 personas mencionadas anteriormente.2 En misma nota, se señala que desde el 30 de agosto Gabriel Alvarado, abogado de la organización de padres de niños fallecidos y lesionados Manos Unidas por Nuestros Niños, presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia en contra del ex gobernador de Sonora José Eduardo Robinson Bours Castelo y el ex procurador estatal Abel Murrieta González por su probable responsabilidad de delitos en contra de la administración de justicia, alteración de lugar de los hechos y falsificación de documentos.

Tercera. Antes de esta denuncia se acusó la falsedad del oficio 23180. La periodista Lourdes Encinas Moreno en su libro 49 razones para no olvidar3 hace un seguimiento al expediente del caso. Se señala que, desde el mismo 12 de junio de 2009, fecha cuando el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora presentó como evidencia de negligencia el oficio 23180, los mismos dueños de la Guardería ABC rechazaron categóricamente haber recibido dicho documento y, adicionalmente, comentaron haber sido inspeccionados en días anteriores al incendio sin recibir observaciones negativas respecto la seguridad de las instalaciones.4

Cuarta. Aunque esto se hizo de conocimiento público apenas en recientes días, ya desde mayo de este año se supo de la falsedad de este oficio, según afirma la periodista Katia D’Artigues.5 Esta periodista publica también que en próximos días se revisará la sentencia a 19 personas inculpadas. Es inaceptable la posibilidad que víctimas y deudos queden sin acceso a la justicia debido al uso de un documento apócrifo durante el proceso. También lo es el hecho de buscar sesgar las indagatorias a través de un papel falso para no ahondar en la investigación y determinar y sancionar a la totalidad de responsables de esta tragedia.

Por lo expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar la denuncia interpuesta por la organización Manos Unidas por Nuestros Niños el 30 de agosto por delitos en contra de la administración de la justicia, por la alteración del lugar de los hechos y la falsificación de documentos y, en su caso, proceder contra quien resulte responsable.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, a que entregue todos los documentos y antecedentes del caso a la Comisión Especial de Seguimiento al Caso de la Guardería ABC.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Especial de seguimiento al caso de la guardería ABC para que haga público el seguimiento que ha hecho al caso.

Notas

1 Consejo de la Judicatura Federal, Nota informativa 29/2016 , 14 de mayo 2016.

2 Diana Baptista, “Falsifica el Gobierno informe en caso ABC”, Reforma , 13 de septiembre de 2016, p. 1.

3 Lourdes Encinas Moreno, 49 razones para no olvidar , Hermosillo, El Auténtico, passim .

4 Ulises Gutiérrez e Israel Dávila, “Notificó el IMSS graves fallas a los propietarios de la guardería: PGR”, La Jornada , 13 de junio de 2009, p. 3.

5 Katia D’Artigues, “Lo nuevo de #GuarderíaABC”, El Universal , 21 de septiembre de 2016, p. A13.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de septiembre de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Conagua y la Profepa a resolver la problemática relacionada con la proliferación de cribas que afectan a los ríos Ameca y Mascota, en Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El maltrato de los cuerpos acuíferos en el país alcanza proporciones que apuntan a un inminente desastre ecológico, el grado de deterioro de los cuerpos de agua o bien de sobreexplotación de cuencas en nuestro país. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, 106 de 653 acuíferos en el país se encuentran sobreexplotados, es decir 17 por ciento de los acuíferos del país trabajan con sobrecarga de la demanda de agua, por encima de su capacidad de recuperación. Esto en el corto plazo puede llevarnos a que ciudades y pueblos que hoy aún cuentan con el abastecimiento del vital líquido, pudieran dejar de tenerlo de manera segura y constante.

Lo mismo ocurre con la contaminación del agua, ya que de acuerdo con diversas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, el 70% delos ríos, lagos y lagunas del país se encuentra contaminado, lo que compromete severamente la viabilidad de las actividades económicas y especialmente de la salud de millones de personas en el país.

Específicamente en el caso de los ríos Ameca y Mascotas en los municipios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, de los estados de Nayarit y Jalisco respectivamente, la actividad que presumiblemente diversas empresas cribadoras realizan de manera irregular, ha provocado un notable daño al medioambiente y a otras actividades económicas en la región.

Desde hace más de 20 años, se han instalado distintas cribadoras en los márgenes de los ríos antes mencionados, con las que sus recursos están siendo explotados indiscriminadamente, extrayendo material pétreo sin respetar normatividad alguna, ello ha provocado una notable afectación a la capacidad ecológica y productiva en la zona, pues se ha reducido sensiblemente la humedad de las tierras aledañas, alterando en consecuencia la capacidad de amplias áreas agrícolas.

Lo más grave tiene que ver con la deforestación de taludes y la perforación del lecho de ambos ríos, los que comprometen la seguridad y la vida de las personas que habitan los alrededores y en consecuencia su patrimonio y bienestar, junto con la consecuente pérdida total de parcelas pues éstas se ven afectadas por las inundaciones consecuencia de la modificación artificial del trazo natural de ambos ríos.

Por ello y en absoluta congruencia y conocimiento de sus derechos, los habitantes de ambos municipios han solicitado, desde el año 2009, la intervención de la Secretaría del Medioambiente, de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en primer lugar; regulen los permisos y concesiones que se otorguen a los particulares vinculados con la extracción pétrea y segundo; que sancionen a quienes hubieran cometido violaciones a la ley y afectaciones al medioambiente. Hasta el momento, sus exigencias no han sido atendidas.

En ese sentido, lo que el presente punto de acuerdo propone es que las dependencias federales citadas realicen un seguimiento puntual a los títulos de concesiones, permisos y cumplimiento de normas por parte de las empresas cribadoras y se regule su actividad de tal manera que no se afecten ni actividades económicas de terceros, ni el patrimonio y la seguridad de las personas y tampoco el medioambiente de los ríos Ameca y Mascota.

En virtud de lo anterior es que me permito proponer al pleno de ésta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que resuelvan urgentemente, la grave problemática relacionada con la proliferación de cribas que afectan a los ríos Ameca y Mascota en los municipios de Bahía de Banderas en Nayarit y de Puerto Vallarta en Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.

Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores electos en el proceso de 2016 a incorporar la perspectiva de género en el diseño de su presupuesto, en su plan estatal de desarrollo y en la formación de su gabinete, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, diputadas federales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), es el tratado internacional más amplio sobre derechos humanos de las mujeres.

Obliga a los Estados Partes a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer (Art. 2), a garantizar la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos del desarrollo (Art. 3), al mismo tiempo que mandata la participación de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas gubernamentales (Art. 7). (México ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981)

La CEDAW exhorta a los Estados partes a tomar medidas para la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración e implementación de programas y acciones públicas sustentadas en evidencias empíricas y sobre la base de presupuestos públicos con enfoque de género, en tanto que éstos constituyan un apoyo para medidas especiales de carácter temporal, orientadas a acelerar la igualdad entre mujeres y hombres (Art. 4).

Bajo esta óptica, la CEDAW mandata la consideración de los derechos humanos de las mujeres en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y evaluación de las políticas públicas. De la misma forma, la CEDAW establece la igualdad entre mujeres y hombres en tres dimensiones: la formal, la sustantiva y la de resultados.

• La igualdad formal -de jure o normativa- se refiere a la igualdad ante la ley y supone que mujeres y hombres tienen los mismos derechos y trato. En su Recomendación General nº 25, la CEDAW establece la obligación de los Estados de “(...) garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes y que, en el ámbito público y el privado, la mujer esté protegida contra la discriminación —que puedan cometer las autoridades públicas, los jueces, las organizaciones, las empresas o los particulares— por tribunales competentes y por la existencia de sanciones y otras formas de reparación”.1

Por otra parte, la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos (2011) elevó a rango constitucional estos derechos que se derivan de los tratados internacionales suscritos por México, al establecer en el artículo 1º constitucional lo siguiente:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” 2

Este reconocimiento explícito del derecho internacional de los derechos humanos genera obligaciones al Estado mexicano. Dichas obligaciones corresponden a las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno para garantizar su cumplimiento.

En strictu sensu, los derechos contemplados, las disposiciones para hacerlos efectivos, así como la asignación apropiada de los recurso públicos, son de estricta observancia para el Estado mexicano.

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPD-2003) define a la discriminación como:

“(...) toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”. 3

Toda política pública y recurso asignado que no contenga estos elementos y esta mirada han sido catalogados como discriminatorios.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH-2006) reconoce a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como “(...) el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 4

Lo anterior obliga a todas las autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno a eliminar la discriminación que, por su condición de género, impide a las mujeres y niñas el goce de los mismos derechos y oportunidades que los hombres: “Comprender en qué consiste la discriminación [y la igualdad entre mujeres y hombres] es indispensable para toda servidora y servidor público, ya que le faculta para diseñar acciones o brindar servicios que remuevan los obstáculos que impiden el goce de los derechos sin distingos de ningún tipo. Para construir esta capacidad es indispensable reconocer que la discriminación puede revestir distintas formas, incluyendo aquellas que son tan evidentes y que por omisión permiten que prevalezcan prácticas y normas que tienen un efecto abiertamente discriminatorio sobre ciertos grupos de personas.” 5

La reforma a la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2011,6 ha permitido impulsar la incorporación de la perspectiva de género en distintas fases del ciclo presupuestario:

• En el diseño de política: mediante el artículo 2, incorpora como principios rectores de la planeación a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la perspectiva de género; Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en los presupuestos públicos de México a nivel estatal y municipal.

• En la ejecución: en el artículo 8, establece la obligación de informar sobre el desarrollo, resultados y el impacto diferenciado de los instrumentos de política económica, social y ambiental; y en el artículo 9 señala que la Administración Pública Centralizada debe planear y ejecutar sus acciones con perspectiva de género. 7

• En la evaluación, en su artículo 14, que señala la incorporación de indicadores para evaluar el impacto de los programas en mujeres y hombres, lo cual se realiza a través Sistema de Evaluación de Desempeño, el cual deberá contener indicadores y evaluaciones que permitan identificar el impacto de género. 8

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria incluye, hoy día, la perspectiva de género en los presupuestos públicos como criterio central para el diseño, desarrollo y evaluación de las acciones públicas 9 . Estas reformas han constituido un importante avance para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, porque:

• Se mandata una planeación nacional del desarrollo con perspectiva de género.

• Se establece la sostenibilidad del presupuesto destinado a la igualdad de género, es decir, se determina el principio de progresividad irreductible de los recursos asignados a la igualdad de género.

• Se obliga a informar sobre el impacto diferenciado del ejercicio de los recursos en mujeres y hombres.

• Se incluye de manera obligatoria en el Presupuesto de Egresos de la Federación el anexo “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conocido hoy como “Anexo 13”

En cumplimiento de la Ley de Planeación vigente, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incorpora la perspectiva de género como un principio transversal en la política pública. En cada uno de sus objetivos, el Plan Nacional de Desarrollo establece líneas de acción específicas para ejecutar la Estrategia Transversal III. Perspectiva de Género, al mismo tiempo que destaca la “[...] necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación [...] evitar que en las dependencias de la Administración Pública Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas.” 10

El Plan Nacional de Desarrollo instruye a las entidades y dependencias de la Administración Pública a alinear sus programas de acuerdo a la estrategia transversal de perspectiva de género y establece que es fundamental garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. De manera concreta, en el apartado VI. A se establece la importancia de: “Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas de la Administración Pública Federal”. 11

De esta forma, desde el documento rector de la política pública del país, se mandata la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones públicas y en la actuación del personal del servicio público.

En el mismo sentido, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres mandata al Gobierno Federal, en su artículo 12, la elaboración y conducción de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como diseñar y aplicar los instrumentos necesarios para hacerla efectiva. La Ley asigna también responsabilidades específicas a las entidades federativas y municipios para la coordinación de acciones en cumplimiento de la Política Nacional para la Igualdad. Para tal efecto, se crea el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y le confiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política pública en la materia.

Por otra parte, es destacado señalar que ante la ausencia de una verdadera armonización legislativa en los estados y la falta de una política pública estatal que atienda a mecanismos eficaces para evitar la discriminación y la violencia contra las mujeres, presenta para los nuevos gobernadores una tarea y un reto en el que en esta primera etapa juega un papel fundamental.

La falta de armonización legislativa que nuestro país presenta actualmente, se resume en el siguiente cuadro:12

Es así que en este contexto de desigualdad entre mujeres y hombres y la violencia sistémica que aún persiste en contra de las mujeres, en estas y otras entidades del país, y toda vez que sus gobiernos se encuentran iniciando una etapa de construcción y diseño inicial, que marcará el resto de sus administraciones, es por lo que elevamos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, a los gobernadores electos, en el proceso electoral de 2016, de los estados de Durango, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas, a que incorporen la perspectiva de género en el diseño de su presupuesto, en su plan estatal de desarrollo y en la conformación de su gabinete, favoreciendo la integración en términos del principio de paridad.

Notas:

1 La misma puede consultarse en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recomm endation%2025%20(Spanish).pdf

2 Texto disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

3 Ibíd.
4 Ibíd.

5 Recuperado del sitio http://inmujeres.wdinamo.com/CPP/unidad2/unidad2_2-2.html.

6 La ley puede consultarse en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan/LPlan_ref04_20jun11.p df

7 Ibíd
8 Ibíd.

9 La misma se encuentra disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm

10 El documento integro puede consultarse en: http://pnd.gob.mx/

11 Ibíd.

12 Estadísticas tomadas del Instituto Nacional de la Mujeres. Disponible en http://www. gob.mx/inmujeres/

Referencias

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 consultado en http://pnd.gob.mx/

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/G eneral%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

http://inmujeres.wdinamo.com/CPP/unidad2/unidad2_2-2.htm l.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. 22 de septiembre de 2016.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a efecto de que el Programa de Apoyo a Niños Talento, aplicado en algunas entidades, se vuelva federal para todas las escuelas públicas y las privadas de educación básica, suscrita por las diputadas María Cristina García Bravo y María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO y MARÍA LUISA BELTRÁN REYES, DIPUTADAS FEDERALES en la LXIII Legislatura, de esta H. Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numerales 1 fracción II y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo.

Antecedentes

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI ) de 2014, la población infantil asciende a 40.2 millones de niñas y niños de 0 a 17 años de edad. Encontrando que 19.7 millones son niñas y 20.5 millones son niños y en términos relativos representan 33.6% de la población total.

Tomando en cuenta que la niñez es considerada el capital del futuro y al interior de la familia es la parte más sensible, el Estado debe obligarse desde el contexto institucional a promover acciones y políticas públicas desde su nacimiento para que crezcan en un ambiente que les permita desarrollar al máximo sus capacidades y construir su proyecto de vida.

Cuando hablamos de los derechos humanos de las niñas y los niños representa una importante inversión hacia el futuro de nuestro país, pues entendemos que respetar sus derechos siendo parte de ellos el de una educación digna y de calidad, significa formar adultos más libres y mejor preparados, lo que evidentemente redunda en una sociedad más educada, más igualitaria y más justa.

Toda niña o niño tiene derecho a recibir una educación que imparta el Estado. Hacer efectivo este derecho implica asegurar el principio de igualdad de oportunidades y garantizar una enseñanza de calidad y adecuada a sus requerimientos de formación personal, a través de los programas de estudios autorizados, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras.

En México, el derecho a la educación es un derecho humano, así reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los diversos instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por nuestro país.

Así tenemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo tercero, párrafo primero, se encuentra establecido el derecho de toda niña o niño a recibir educación.

Asimismo, en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra previsto la obligación del Estado de velar y garantizar el principio del interés superior de la niñez, que a letra dice:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Por otro lado, entre los instrumentos internacionales encontramos la Declaración de los Derechos del Niño, Tratado Internacional de la ONU, de 1959, que tiene como objeto procurar el respeto de los derechos de los niños y niñas a fin de garantizarles una infancia feliz y un desarrollo saludable, se establece con toda claridad en su Principio 7 lo siguiente:

“El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.”

Otro instrumento más reciente, es la Convención sobre los Derechos del Niño, que data de 1989, y esta refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, a saber, el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho al desarrollo, y en particular el derecho a la educación, previsto en el Artículo 28, que a letra dice:

Artículo 28

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Este cuerpo normativo trajo consigo un compromiso político y jurídico encaminado hacia la construcción de nuevas condiciones de vida para la niñez mexicana. La importancia de la Convención radica, además, en que con el solo hecho de encontrarse establecidos los derechos humanos de la niñez, es causa suficiente para la exigencia y garantía formal de los mismos, sin importar que estos derechos se encuentren desarrollados o no, en la legislación secundaria del país.

Por eso, el Estado mexicano, al suscribir y ratificar la Convención, se comprometió a adecuar sus leyes y establecer políticas públicas necesarias para proteger el interés superior del niño e impulsar el derecho a la educación como una consideración primordial. Para tal efecto, debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y jurisdiccionales apropiadas para favorecer a las niñas y niños.

Cabe señalar que, el derecho a la educación se encuentra también establecido en el artículo 2° de la Ley General de Educación., y también la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece con toda claridad los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la educación, y establece también las obligaciones de las autoridades municipales, estatales y federales a garantizar este derecho.

Actualmente, debido a la precaria situación económica que vive el país, y que tiene a 53 millones de personas en pobreza y a 70 millones con un ingreso menor a 4 salarios mínimos, es obvio que tanto los padres de familia con hijos en escuelas públicas y privadas tienen apremios económicos, dificultades, problemas, y lo que es peor, están expuestos al desempleo.

Esa es la situación que encaran día a día los padres de familia, en una economía en crisis como la nuestra y también se enfrentan a otro tipo de conflictos, como lo ha sido toda la afectación que muchos han sufrido por el conflicto magisterial detonado a partir del movimiento de resistencia frente a la reforma educativa aprobada en 2013.

Ante esta situación el Estado mexicano está obligado a responder y a buscar estímulos para que los niños sigan estudiando tanto en escuelas públicas como privadas, reconociendo en este caso, la capacidad extraordinaria de los niños y niñas en su desempeño académico, con programas de becas para estos niños “talento”.

Esto es de suma importancia, porque la mayoría de estas niñas y niños que son de promedios altos y están considerados como niños o niñas talento están dejando de estudiar, ya que no cuentan con los recursos suficientes para seguir con sus estudios y actualmente no están dentro de los beneficios de los programas Niños Talento que ofrece el Estado, pues estos sólo contemplan a niñas y niños de escuelas públicas que sólo aplican a unos cuentos estados y no a nivel federal, lo cual constituye un acto discriminatorio, que atenta contra nuestros principios constitucionales y contra los compromisos que México ha asumido en Tratados y diversos instrumentos Internacionales.

Sólo la Ciudad de México a través de DIF, Tamaulipas por medio de la Secretaria de Educación Pública del estado y Querétaro por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), destinan una parte de sus recursos para apoyo de niñas y niños talento.

Por eso, estamos claros que esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, no puede permanecer indiferente respecto a estos graves problemas que afectan a las niñas y niños que son talentosos y que están estudiando educación básica en escuelas públicas y privadas.

Lo anterior, constituye motivo suficiente para que el Titular de la Secretaría de Educación Pública implemente las acciones y políticas públicas en el presente periodo escolar, encaminadas a que el programa de apoyo a niñas y niños talento, que se lleva a cabo en algunos estados, se vuelva un programa federal y se incluyan en él, a las alumnas y alumnos de mejores calificaciones tanto en escuelas públicas como privadas.

Estamos seguros que la inclusión de niñas y niños que estudian en escuelas públicas y privadas de nivel básico de todo el país al programa de apoyo a niñas y niños talento, va representar valores de cooperación y solidaridad de la Secretaría de Educación Pública, hacia las familias mexicanas con mayor vulnerabilidad, con premios económicos, pero sobre todo, con niños y niñas que tienen la determinación de concentrarse en sus estudios, y que día con día se esfuerzan por mantener el mejor rendimiento escolar posible pese a circunstancias económicas adversas de sus padres y en sus hogares. Estos programas, incluyentes, son esenciales para avanzar hacia sociedades más justas y democráticas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Educación Pública para que el programa de apoyo a niños talento, que se aplica en algunos estados del país, se vuelva un programa federal para todas las escuelas públicas y privadas de educación básica.

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 19 de septiembre de 2016

Diputada María Cristina García Bravo (rúbrica)

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las medidas tomadas tras las denuncias de la Asociación Mayoye Angelitos Guerreros y las emprendidas para evitar los riesgos a la salud de los habitantes de la Comunidad de la Calera, en San José Iturbide y otros municipios de Guanajuato, así como en otros estados por donde pasa el acuífero Lerma-Chapala, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1 fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Que la comunidad de La Cantera, del municipio de San José Iturbide en el estado de Guanajuato, vive desde hace dos años una situación de alarma derivada de la muerte de tres niñas y dos adultos por leucemia linfoblástica aguda, y el diagnóstico de una menor más también con este cáncer, desde 2014 a la fecha.

De acuerdo con especialistas, los casos de leucemia en La Cantera rebasan la media estatal y hasta la nacional, que es de tres casos por 100 mil habitantes. Proporcionalmente, considerando el total de población de La Cantera, el fraccionamiento La Cantera y Las Huertas, que suman menos de mil 500 habitantes, en esa comunidad la tasa en tres años fue de 67 casos por cada 100 mil.1

2. Que frente a esta situación, habitantes de la comunidad empezaron a indagar y a pedir apoyo del municipio, sin obtener respuesta alguna.

Para dar mayor organización a sus acciones, mujeres de La Cantera se constituyeron en asociación civil que llamaron “Mayoye Angelitos Guerreros”, en honor a las tres pequeñas fallecidas: María Fernanda López, Joselyn Soto y Yessica Aguilar. Y gestionaron un estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) de la Secretaría de Energía (Sener), el cual certificó la existencia de radiación Alfa, un agente cancerígeno, en el agua de San José Iturbide, 300 por ciento por encima de los límites tolerables para el consumo humano establecidos por la Norma Mexicana 127 en materia de salud ambiental.2

Poco después enviaron una carta al entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor José Narro, acompañada de 118 firmas, solicitando su autorización para que el Centro de Geociencias (Cgeo) realizara una investigación al agua. Los geólogos Marcos Adrián Ortega y Gerardo Carrasco, pertenecientes al mencionado centro, realizaron visitas de campo y encontraron que el pozo que abastece a varias comunidades del municipio se ubica a menos de 20 metros de distancia de un basurero, que desde 1980 recibió residuos industriales potencialmente tóxicos –líquidos y sólidos– de las industrias circundantes, entre las que se encuentra una vieja planta de Colgate-Palmolive, Mission Hills y otras más, y cuyos lixiviados pudieran ser el origen de la contaminación del agua subterránea y de las enfermedades de los lugareños,3 por lo que de manera oficial el Centro de Geociencias determinó que era imprescindible una investigación “más amplia” con los protocolos adecuados que permita la obtención de un resultado científicamente concluyente.4 Dicho estudio, a la fecha, no se ha realizado.

De acuerdo con los investigadores, mientras estos estudios no se hagan, los vecinos del lugar no deberían ingerir ese líquido, por lo que recomendaron proporcionarles una fuente alterna de abastecimiento e información adecuada.

3. Cabe señalar que en los últimos 18 años, los geólogos del Cgeo han hecho estudios del agua subterránea de los acuíferos de La Independencia (cuenca alta del río La Laja y del Bajío), que abarca casi la mitad del estado de Guanajuato y que se extrae, principalmente, para riego agroindustrial (cuatro quintas partes) y consumo humano e industrial (10 por ciento en cada rubro) y además de lo anterior, han detectado que la concentración de sodio, arsénico y fluoruro se ha incrementado progresivamente.5 Es decir, que el problema no se reduce a la Comunidad de la Cantera ni al municipio de San José Iturbide.

De acuerdo con estudios del ININ entre 2012 y 2012, en sólo 24 meses, Guanajuato escaló del sitio 14 al cuarto lugar nacional en número de casos de cáncer en menores de edad. Y esta crisis sanitaria está vinculada al uso y consumo de agua contaminada por arsénico, fluoruro y radiactividad.6

Académicos del Centro de Geociencias de la UNAM han señalado que las altas concentraciones de estas sustancias en las capas profundas del río La Laja y La Laguna Seca –como ocurre en otros acuíferos sobreexplotados– constituyen un poderoso factor cancerígeno. Conclusión a la que han llegado también instituciones académicas foráneas, como la Universidad del Norte de Illinois.7 Y sin embargo, es la fecha que las autoridades locales no han hecho los estudios recomendados por la UNAM, aduciendo razones de tipo burocrático, y en cambio han declarado que de acuerdo con análisis y muestreos de calidad del agua del pozo La Cantera, está confirmada la calidad de esa agua como apta para uso y consumo humano, sin riesgo a la salud. Estos análisis los han realizado laboratorios privados como Bufete Químico, SA de CV, e Hidrotecnologías del Bajío, SA de CV.8

4. Por último que, de acuerdo con el amplio estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México antes citado, además del problema en Guanajuato, hay una concentración de arsénico y fluoruro en el acuífero Lerma-Chapala, que se duplicó en los últimos 14 años, fenómeno que también se presenta en aguas subterráneas de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Sinaloa9 .

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato y al Ayuntamiento del Municipio de San José Iturbide, la realización inmediata de los estudios recomendados por el Centro de Geociencias de la UNAM, así como para que comuniquen las medidas que han tomado frente a las denuncias de la Asociación “Mayoye Angelitos Guerreros” y las acciones emprendidas para evitar los riesgos a la salud que enfrentan habitantes de la Comunidad de la Calera.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que intervengan para verificar sobre el riesgo sanitario existente en ese y otros municipios de Guanajuato, y en otros estados por donde pasa el acuífero Lerma-Chapala.

Notas

1 http://www.ndmx.co/2016/03/21/alerta-guanajuato-contami nacion-radiactiva-acuiferos/

2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015 /12/14/sener-hay-radiactividad-en-acuiferos-de-guanajuato

3 http://www.gaceta.unam.mx/20160411/altos-niveles-radiactivos-en-pozo-de -agua-en-guanajuato/

4 http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/desarrollo/2016comunicado_la cantera.pdf

5 http://www.gaceta.unam.mx/20160411/altos-niveles-radiactivos-en-pozo-de -agua-en-guanajuato/

6 http://www.agua.org.mx/noticias/not-nacionales/
37893-acuiferos-de-guanajuato-tienen-gran-potencial-de-radiactividad-sener

7 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/12/14/
sener-hay-radiactividad-en-acuiferos-de-guanajuato

8 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/12/14/
sener-hay-radiactividad-en-acuiferos-de-guanajuato

9 http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/columnas/2016/04/19/sergio_arturo_venegas_ramirez_386306_1009.html

Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de septiembre de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, a implantar acciones para controlar el virus zika, de acuerdo con los vectores establecidos por la OMS, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El virus del zika, fue descubierto el 19 de abril de 1947, por los investigadores George W. Dick, Stuart F. Kitchen y Alexander J. Haddow, en el bosque tropical de Zika, ubicado en la región de Entebbe, a 23 kilómetros de Kampala, la capital de Uganda, y hoy en día se ha convertido en una emergencia de salud pública de importancia internacional.1

Al hablar de zika, se vuelve imperioso hablar de su vector, el Aedes aegypti , un organismo vivo hematófago que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre; nos referimos pues a un mosquito de rayas blancas y negras que puede transmitir varios virus, incluyendo zika, dengue, fiebre chikungunya y la fiebre amarilla.2

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Aedes aegypti es el principal vector del virus que causa el zika,3 esto se debe a que los seres humanos se infectan por picaduras de hembras infectadas, que a su vez se infectan principalmente al succionar la sangre de personas infectadas.4

La OMS abunda en el tema señalando que el virus infecta el intestino medio del mosquito y luego se extiende hasta las glándulas salivales en un período de entre 8 y 12 días. Tras este período de incubación, el mosquito puede transmitir el virus a las personas al picarlas con fines exploratorios o alimentarios.5

Por su parte, el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) refiere que los mosquitos Aedes aegypti se encuentran en estadios inmaduros en el agua, sobre todo en recipientes artificiales muy próximos a viviendas y, a menudo, en espacios interiores;6 por tales razones, la OMS ha reiterado la importancia de vaciar, limpiar o cubrir regularmente los sitios que puedan acumular agua, como cubos, barriles, macetas, canalones y neumáticos usados, como una medida en el control de vectores del virus zika.7

Sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades sanitarias del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, las condiciones para la proliferación del agente transmisor del zika siguen concurriendo en el puerto guerrerense, lo que ha desencadenado que a hasta la semana epidemiológica 35 del 2016, sea el segundo Estado con el mayor número de casos acumulados de zika del país, con 666 caso confirmados (120 hombres y 546 mujeres).8

De los casos registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el Secretario de Salud del Estado de Guerrero, Carlos De la Peña Pintos, ha señalado que en Acapulco, se ha tenido la mayor incidencia de casos reportados;9 por su parte, el director de Salud Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Eger Gálvez Pineda, preciso que de enero a la fecha se han presentado 390 casos positivos de zika, de ellos 198 corresponden a mujeres embarazadas.10

Es en esta parte donde vale la pena abrir un paréntesis sobre los síntomas asociados a esta enfermedad, pues si bien, el zika produce síntomas similares a los de otras infecciones por arbovirus y consisten en fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefaleas; suelen ser leves y durar entre 2 y 7 días; la OMS ha señalado que “...tras un examen exhaustivo de los datos, se ha llegado a un consenso científico acerca de la relación causal entre el virus de zika y la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré...” 11 escenario que vuelve alarmante la situación por la que atraviesan 198 mujeres embarazadas que radican en el puerto de Acapulco, ante el riego que representa este virus para las malformaciones neonatales y enfermedades neurológicas asociados.

Ante el riesgo que representa el virus del zika, la OMS y sus asociados han presentado el Zika Strategic Response Plan Revised for July 2016–December 2017 ,12 en este plan de respuesta se definen los objetivos principales para ayudar a los gobiernos y a las comunidades a prevenir y tratar las complicaciones de la infección por el virus de zika, asimismo, se señala que uno de los pilares del plan de respuesta estratégica consiste en ampliar la capacidad de los sistemas sanitarios de las comunidades afectadas.

Sobre el particular cabe decir que la estrategia presentada por la Organización Mundial de la Salud se centra en la promoción del manejo ambiental para el control de vectores, dado que el manejo ambiental fue el pilar del control de las enfermedades transmitidas por vectores antes de la época del DDT.13

Es por ello, que ante el riego que representa el virus zika para las malformaciones neonatales y enfermedades neurológicas asociados; y el número de mujeres embarazadas con este padecimiento, los Diputados Ciudadanos consideramos imperante exhortar al Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, para que a través de las autoridades sanitarias del Ayuntamiento, adopte las medidas definidas en el Marco de respuesta estratégica al zika, elaborado por la OMS para el control de los vectores destinadas a reducir las poblaciones de mosquitos del género Aedes , razón por la cual nos permitimos someter a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Evodio Velázquez Aguirre, presidente municipal de Acapulco de Juárez Guerrero, para que a través de las autoridades sanitarias del ayuntamiento, adopte las medidas definidas en el marco de respuesta estratégica al zika, elaborado por la OMS para el control de los vectores destinadas a reducir las poblaciones de mosquitos del género Aedes .

Notas

1 http://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/
marco-respuesta-estrat%C3%A9gica-global-plan-operaciones-conjuntas-lucha

2 STATE OF CALIFORNIA HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY. California Department of Public Health Division of Communicable Disease Control. Hoja Informativa sobre Aedes aegypti. 2016.

3 Organización Mundial de la Salud. Centro de prensa. Enfermedad por el Virus zika. 2016.

4 Declaración del doctor Jairo Andrés Mendez Rico, de la Organización Panamericana de la Salud, para la BBC Mundo. Así es el mosquito “Aedes aegypti”, causante del zika, el dengue y la chikungunya. 2016.

5 Organización Mundial de la Salud. Centro de prensa. Enfermedad por el Virus zika. 2016.

6 http://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_47966.pdf

7 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/es/

8 Secretaria de Salud. Boletín Epidemiológico. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Único de Información. Vigilancia Epidemiológica Semana 35, 2016

9 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/19/1105803

10 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/11/reportan-198-mujeres-emba razadas-con-zika-en-guerrero

11 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/es/

12 Organización Mundial de la Salud. ZIKA STRATEGIC RESPONSE PLAN REVISED FOR JULY 2016 – DECEMBER 2017. 2016

13 http://www.who.int/water_sanitation_health/resources/envmanagement/es/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat y la Sagarpa que realicen una campaña nacional de reconocimiento del bambú como recurso natural estratégico e incluyan su cadena productiva como beneficiaria de programas de apoyo, financiamiento y fomento de su cultivo, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con Punto de Acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a que en atención a sus facultades realicen una campaña a nivel nacional de reconocimiento al Bambú como un recurso natural estratégico e incluyan a su cadena productiva, como beneficiaria de programas de apoyo, financiamiento y fomento a su cultivo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

A nivel mundial y a lo largo de la historia; gran parte de nuestros esfuerzos se concentraron en un solo objetivo, atender y satisfacer la necesidad de más infraestructura y de todo lo que el desarrollo y progreso de nuestra civilización, requería.

Lo anterior es justificable y también entendible, frente al crecimiento exponencial de la población en todo el planeta y en consecuencia de sus insumos.

No obstante, desafortunadamente en ese proceso; acaeció una ausencia, aunque al principio no fue notoria; sus efectos y la consecuencia de no asumirla, fue y continúa siendo devastadora.

Me refiero a que, en contraparte a la urgencia de atender la necesidad descrita; no se dispuso del cuidado y garantía de su sustentabilidad.

En otras palabras, no se puso atención en la cantidad y disposición de los recursos naturales no renovables, que implicaba un esfuerzo de esa magnitud.

Lo anterior nos obligó a buscar nuevas opciones y otras alternativas; en algunos casos, nos desviamos al asumir el tema bajo una premisa errada; la idea de descubrir el hilo negro; pero en otros se hizo de manera razonada, realista e informada, sobre disponer de lo que la misma naturaleza en su generosidad, nos ofrece.

Las opciones y alternativas estaban entre nosotros, lo que no había; era la por un lado visión, y por otro; quizás el valor para reconocerlas y atreverse a exponerlas como tal.

El bambú, es ejemplo distinguido de esto.

Ha estado presente entre nosotros desde hace miles de años; aunque de manera desafortunada, solo se le asumía como adorno; o bien, excepcionalmente, como insumo para viviendas de zonas remotas y con marginación.

No obstante, en la actualidad y gracias a la experiencia y a estudios científicos; estamos descubriendo sus cualidades y beneficios; y con ello, redescubriendo sus potencialidades.

Se sabe que tiene excelentes propiedades medicinales especialmente para los huesos y piel, así como facultades remineralizantes para el organismo y también nutricionales, gracias a su alto contenido de sílice.

Además, posee una característica que la vuelve invaluable en lo que respecta a la preservación de nuestro medio ambiente; a la par de ser una excelente barrera natural ante la erosión del suelo; se tiene conocimiento de que es la planta que capta mayor CO2, porque tiene la capacidad de incorporar en sus tejidos, 4 veces más bióxido de carbono en comparación con otras plantas.

Gracias a esa particularidad, una hectárea de bambú absorbe en promedio 20 toneladas de este grave contaminante.

Pero eso no es todo; también se puede fabricar con él; desde muebles, papel, tela, resinas y carbón vegetal; hasta puertas, muros y casas enteras.

Y sobre sus usos industriales, los ejemplos son inimaginables; por su resistencia, peso liviano y flexibilidad; hasta en la aeronáutica, ha tenido importantes aplicaciones.

Todo lo anterior, con un distintivo; elevada eficiencia y un bajo costo, tanto económico como ambiental.

El bambú es una riqueza invaluable que la naturaleza nos ha ofrecido y lo hace, en abundancia; hay reconocidos más de 50 géneros y cerca de mil 200 especies de éstos.

Y, además lo entrega en forma generosa, porque al bambú es la planta con el crecimiento más rápido de todas las que hay en el planeta. Un brote crece entre 8 y 15 centímetros diarios de forma natural y hasta un metro en cultivos experimentales.

Otra ventaja comparativa muy importante; es que, en ambientes naturales, su extracción es barata y sencilla, su tasa de crecimiento de nuevos tallos, exenta de forma automática la necesidad de establecer programas de reforestación, y destacadamente, no agota la riqueza de la tierra en la que crece, haciendo su extracción constante y sustentable.

De manera desafortunada, todas las ventajas anteriores fueron ignoradas o subestimadas.

Pero no todos incurrieron en ello; afortunadamente contamos con productores innovadores a lo largo del país, que son pioneros, líderes y seguramente actores relevantes del desarrollo en un futuro inmediato, de una exitosa cadena productiva del bambú.

Un importante esfuerzo, que sin duda alguna y de cara a los retos que el futuro nos plantea en materia de recursos naturales, protección al medio ambiente, biodiversidad y sustentabilidad del desarrollo; merece y necesita de nuestro apoyo decidido.

Las desfavorables condiciones actuales, que privan en el medio ambiente por la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales; apuntalan lo anterior.

No podemos ser omisos sobre el problema, ni tampoco negligentes ante soluciones como las que el bambú ofrece.

Lo que hasta hace poco, sobre los efectos de la contaminación en el planeta se veía como escenarios de ficción; son hoy, realidad.

Por eso, sería un gravísimo y seguramente, irreparable error; no apoyar y aprovechar, estas alternativas innovadoras.

No hacerlo, nos convertiría ante el juicio de la siguiente generación, como humanos indolentes en nuestra responsabilidad frente a ellos y el planeta que les dejamos.

La urgencia y magnitud del daño, nos obliga a ser contundentes. Somos el primer lugar en América Latina en la emisión de gases contaminantes; y, entre el 2005 y el 2010, perdimos anualmente en promedio 160 mil hectáreas de bosques.

No basta, con acciones aisladas sobre la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente. Necesitamos ir más allá, e ir por todo.

Debemos mirar más escenarios, incluir todas nuestras actividades; en resumen, la sustentabilidad debe de ser requisito condicionante para el desarrollo.

Le debemos de apostar al bambú y a todas las además alternativas reales, que traigan consigo un desarrollo sustentable para nuestra población y nuestro futuro.

Por eso esta soberanía desde el ejercicio de sus facultades, debe de apoyar en primer lugar, que se reconozcan las potencialidades del bambú como solución real al problema mundial de contaminación.

También, que se asuma al bambú; como un insumo obligado para el desarrollo sustentable de nuestra sociedad y la infraestructura que se requiere.

Y, por último; que de manera integral, responsable y permanente; se apoye, financie e impulse decididamente; la cadena productiva del bambú en todo México.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de

Acuerdo

Artículo Único. - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a que en atención a sus facultades realicen una campaña a nivel nacional de reconocimiento al Bambú como un recurso natural estratégico e incluyan a su cadena productiva, como beneficiaria de programas de apoyo, financiamiento y fomento a su cultivo.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 días del mes de septiembre del 2016.

Diputados: Hugo Gaeta Esparza (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Jesús Zúñiga Mendoza , Laura Plascencia Pacheco (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Ramón Bañales Arambula (rúbrica), Javier Santillan Oceguera (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a comunicar la resolución de las demandas de agua potable de la comunidad indígena de Huaxcaleca; y para que se cancelen las órdenes de aprehensión contra lugareños acusados injustamente por defender los recursos naturales de esa zona, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. Según informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el municipio de Chichiquila se encuentran entre los 10 más pobres del Estado de Puebla. Dicho municipio se ubican en la sierra madre oriental y tienen una larga historia de represión frente a la lucha social y de caciquismo oportunista frente a la rebelión popular. Tal es el caso de los campesinos de la comunidad náhuatl de Huaxcaleca, perteneciente al municipio de Chichiquila, donde cientos de campesinos congregados en la UNA (Unidad Nacional Anáhuac), desde 1997 mantienen una lucha constante contra las autoridades municipales y estatales por haberles despojado del sistema múltiple de agua potable.

Segundo. Por iniciativa de la UNA, y gracias a su constante trabajo, en el año 2000 se completó el nuevo sistema de agua y fue aprobado por el estado, a pesar de la oposición continua por parte de los oficiales locales, y casi a fuerzas el gobierno municipal acordó reconocer la autoridad de los comités comunitarios de la UNA para dirigir la operación y administración del sistema del agua potable.1

Lamentablemente, el logro se vio empañado por los obstáculos para su operación. Los subsidios que tenía que otorgar el gobierno nunca llegaban en su totalidad, y se empezó a sospechar que el Estado estaba socavando a propósito el sistema como excusa para quitar el manejo del agua a las comunidades y dárselo a las propias autoridades.

La falta de fondos para el sistema de agua potable siguió siendo un problema grave. Ni con las cuotas de los vecinos era posible salir adelante, así que como respuesta a la falta de cumplimiento del gobierno de los subsidios, la UNA organizó un plantón en uno de los caminos principales de la Sierra Madre Oriental. Su manifestación pacífica intentó encontrar una “solución a sus demandas de justicia y denunciar públicamente” la situación de vida de la gente de Huaxcaleca pero las autoridades municipales respondieron con represión y criminalizando a los dirigentes del movimiento, acusándolos de delitos prefabricados.

Tercero. Fueron años de lucha, y también de resistencia a los embates de las autoridades, y las tensiones estallaron finalmente el 13 de octubre de 2006, cuando la policía municipal atacó a la gente de varios pueblos de Huaxcaleca consumando así lo que se temía, el despojo del sistema de Agua Potable. Los policías llegaron a las comunidades agrediendo a niños, mujeres y ancianos, golpeándolos y causándoles heridas graves. Los miembros de la comunidad pidieron infructuosamente una investigación completa, pero la policía municipal siguió en su labor de intimidación, obligando a 49 familias indígenas a salir de ahí.2

La violencia, persecución y la criminalización en forma de amenazas, secuestros, calumnias, difamación, golpizas, órdenes de aprehensión y cárcel, tramadas en su contra desde el año 2003 por los gobiernos Municipal y Estatal, no les dejó otro camino que ponerse a salvo en otro sitio.

Los casos más graves de represión reciente involucran a tres hombres de Huaxcaleca: Miguel Lazcano Sedas, Germán Galindo Pedraza y Ángel González Pinillos. Todos con posiciones destacadas en la comunidad y críticos de las acciones del gobierno local. Lazcano fue detenido el 18 de enero, acusado de delitos de motín y daño a propiedad ajena, delitos que, según la UNA, no son ciertos. Ocho días después, González y Galindo fueron detenidos y acusados de motín, al término de una reunión a la que habían sido invitados por el presidente municipal de Huaxcaleca, una trampa para detener líderes de la comunidad.

Los tres detenidos han protestado los motivos y las condiciones de su detención y contaron a sus familias que la policía los golpea con frecuencia para obtener confesiones por los delitos de los que se les acusa. La UNA dice que el encarcelamiento es parte de la campaña del gobierno local y del estado “para continuar sojuzgando a las comunidades indígenas para impedir que salgan de la pobreza extrema y rompan el control político de los caciques priistas de la región”.

Cuarto. Para visibilizar su lucha y para recuperar la autonomía sobre el sistema de agua potable, ganada con el enorme esfuerzo de su comunidad, las familias desplazadas vinieron a la Ciudad de México e instalaron un plantón el 10 de abril de 2007, en forma pacífica y respetuosa, frente a la casa de representación del gobierno de Puebla. Se llevaron a cabo algunas mesas de diálogo con Rufo Juárez Peñuela, director general del gobierno de Puebla. Incluso el 8 de abril de 2008 se le dio una propuesta en el Distrito Federal pero nunca hubo respuesta concreta y en cambio, tuvieron que padecer una vez más la represión.

El 21 de febrero de 2008, aproximadamente 200 policías llegaron al lugar del plantón golpeando por igual a hombres, mujeres y niños, destruyeron el campamento y se llevaron las pertenencias de los ocupantes en camiones de la Delegación Cuauhtémoc. A pesar de eso, el 4 de septiembre, con ayuda de organizaciones sociales, las familias reinstalaron el plantón, agregando a sus demandas, respeto a la libertad de manifestación, no a la represión y restitución de sus pertenencias por parte del gobierno del Distrito Federal, pero como toda respuesta, el 26 de abril siguiente, rodeados por policías, presionados por funcionarios del gobierno de la Ciudad, aceptaron desalojar el plantón para ser reubicados en el “Albergue Villa Mujeres”, en la delegación Gustavo A. Madero, que es un centro de reclusión para mujeres enfermas.

Por las condiciones restrictivas existentes en el lugar, de ese entonces a la fecha varias de esas familias decidieron salir de ahí, tomando rumbos diferente, quedando sólo 13 familias sin lugar dónde vivir ni a dónde ir, permaneciendo ahí por más de 5 años, abandonados y en condiciones precarias, y lo más grave, sin resolver sus justas demandas por los gobiernos, como si fuera un castigo por atreverse a ejercer y pedir respeto a sus derechos e identidad indígena.

A eso le ha apostado el gobierno de Puebla, al desgaste del movimiento, al cansancio de la gente y al olvido, con el paso del tiempo, de sus demandas.

Por si fuera poco, en represalia por su activismo, los principales líderes y varios comuneros fueron acusados de motín y despojo, entre otros delitos, y en diferentes fechas del 2005 y 2006 por parte de las autoridades locales se giraron órdenes de aprehensión, que si bien no han tenido lugar, existen como amenaza para responder a cualquier intento nuevo de lucha o resistencia que pudieran intentar o hacer.

Es por ello que repudiamos de manera categórica la continuación de esta secuela represiva y exigimos respeto al derecho de libre manifestación de todas estas familias, la devolución del sistema múltiple de agua potable a las citadas comunidades y la cancelación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre los siguientes compañeros indígenas y vecinos de la comunidad de Huacaleca, en el municipio de Chichiquila, para que puedan regresar con tranquilidad al estado de Puebla: Rómulo Paez Sedas, Constantino Castillo Sedas, Benito Tepatlán Sánchez; Nemesio Rodríguez Sedas; Juan Rodríguez González; Isidoro Díaz Luna; Alvaro Sedas Tepatlán; Epifanio Sedas Sedas; Patricio Castillo Castillo; Serafín Lazcano Rosas; Miguel Lazcano Sedas; Josefino Hernández Hernández; Galdino Méndez Sedas; Laurentino Pinillos Romero; Valentín Rosas; José Hernández Castillo; Justina Castillo Hernández; Francisca Castillo Sedas; Eugenia García Castillo; Marcelina González Rodríguez; Josefina González Rodríguez; Severiana Luna Montiel; Paulina Luna Montiel; Efraín Díaz Sedas; Isabel Santaella Rubiños; Julio Zacatlán Elotlán; Fortino Sedas Hernández; Rómulo Páez Sedas; Alejandro Zacatlán Galindo; Juan Castillo González; Cipriano Pinillos Romero; Eduardo Velázquez Martínez; Lucio Rosas García; Virginia García Hernández; Elpidio Páez López y Miguelina Díaz Méndez.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, comunique la resolución de las demandas de agua potable de la comunidad indígena de Huaxcaleca, en ese estado; y se le exhorta también a que se cancelen las órdenes de aprehensión contra vecinos de esa región, acusados injustamente por defender los recursos naturales de su comunidad.

Notas

1 http://lavoz.bard.edu/articles/index.php?id=503

2 http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/
808-mexico-aldeanos-de-puebla-llevan-lucha-para-derechos-al-agua-al-df

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Conagua, la Ssa y el gobierno de Jalisco a implantar acciones para atender los múltiples casos de insuficiencia renal presentes en Agua Caliente, y llevar a cabo campañas preventivas a fin de abatirla, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, la diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La localidad de Agua Caliente está situada en el municipio de Poncitlán (en el estado de Jalisco). Hay 829 habitantes. Agua Caliente está a 1550 metros de altitud.

En la localidad hay 410 hombres y 419 mujeres. El ratio de fecundidad de la población femenina es de 3.62 hijos por mujer. El porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del 8.32% (5.61% en los hombres y 10.98% en las mujeres) y el grado de escolaridad es de 4.13 (4.48 en hombres y 3.82 en mujeres). En Agua Caliente se encuentran 93 viviendas, de las cuales el 0% disponen de una computadora.i

En fechas recientes en esta pequeña población se ha detectado que en la población infantil se han presentado numerosos casos de insuficiencia renal que hace uno años empezaron a proliferar por decenas entre niños y jóvenes.

Como sabemos la insuficiencia renal, consiste en la alteración de las funciones del riñón, se produce de forma brusca. Las manifestaciones clínicas más habituales son las relacionadas con las 3 funciones principales, es decir, la función depurativa, la regulación del volumen de líquidos y la regulación de la composición de iones.ii

De acuerdo a un reporte periodístico del diario nacional La Jornada, en esta población “cada año hay dos nuevos casos de insuficiencia renal en niños y de los 360 menores que asisten a la escuela, solo 38% tienen desarrollo cognitivo normal, 95% sufre de parasitosis y 60% padece desnutrición crónica”, de acuerdo a un estudio del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Jalisco.iii

El estudio referido señala que se han encontrado que la lesión del o los riñones empieza entre los 3 y los 6 años, y a los 12 ya presentan síntomas de insuficiencia renal, el grado severo se da a los 18 años y la muerte ocurre antes de los 21.

De once casos recientes de insuficiencia renal, de los cuales a cuatro de ellos se les realizó trasplante, cinco ya han fallecido.

Se han realizado pruebas de orina a alumnos de educación básica, buscándose la micro albuminuria, que es un indicador básico de daño renal, y se encontró que los niños tiran esa proteína por la orina en un porcentaje importante.

Entre los habitantes de esta población se atribuye el fenómeno al uso cotidiano del agua termal que proviene de un volcán cercano y del cual se abastecen para las actividades cotidianas. Hoy con el fin de evitar esta enfermedad destinan parte de sus ingresos a la compra de agua embotellada, lo cual incide onerosamente en la endeble economía de las familias de esta comunidad perteneciente al municipio de Poncitlán, Jalisco.

De acuerdo a análisis hecho al agua de este lugar se observaron niveles por encima de lo recomendado en fluoruros, nitrógeno amoniacal y coliformes fecales.

La comunidad espera desde hace tiempo que la Comisión Nacional del Agua de la autorización para abrir un pozo de agua fría, ya que la que proveen los manantiales es caliente; sin embargo a la fecha no han recibido respuesta alguna por parte de ese órgano administrativo, lo que propicia que la enfermedad siga estando presente en esta comunidad carente de servicios adecuados entre ellos los de salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fin de llevar a cabo los estudios químicos que permitan determinar la potabilidad del agua de la comunidad de Agua Caliente Jalisco, así como agilizar la autorización para la perforación del pozo que permita abastecer del vital líquido a esta población.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobierno del estado de Jalisco, para que coordinadamente proporcionen asistencia médica a quienes padecen de esta enfermedad, llevando a cabo campañas preventivas que permitan abatir la insuficiencia renal en la población del estado de Jalisco, privilegiando el sector infantil.

Notas

1 Agua Caliente se localiza en el sitio web http://mexico.pueblosamerica.com/i/agua-caliente-56/

2 ¿Que es la insuficiencia renal?, se localiza en el sitio web https://www.riojasalud.es/que ciudadanos/catalogo-multimedia/nefrologia/que-es-la-insuficiencia-renal .

3 “En Agua Caliente, Jalisco, niños mueren por insuficiencia renal”. La Jornada. 8 de agosto de 2016. México.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a realizar una campaña nacional sobre los riesgos de la salud por adquirir medicamentos en la vía pública o a través de internet, intensificar las medidas para erradicar su venta y establecer normas para prohibir y, en su caso, sancionar su comercialización por servicios en línea, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con Punto de Acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaria de Salud, a que, realice una campaña a nivel nacional sobre los riesgos en la salud al adquirir medicamentos en la vía pública o, a través de los servicios de internet; intensifique las medidas para erradicar su venta, en la vía pública, así como su falsificación o el acondicionamiento para la oferta al público de productos caducados y; establezca las normas para prohibir y sancionar, su comercialización por medio de servicios de internet; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, los temas relativos a la salud no solo son prioridad del Gobierno como asunto de política pública; en la actualidad la salud es un tema que ocupa la conciencia de todos y requiere del esfuerzo conjunto por igual.

En primer lugar, por cuestiones de vida y posteriormente, por lo relativo al costo en que una familia incurre para en algunos casos prevenir o bien como en general es; atender un problema de salud de alguno de sus integrantes; o también por los riesgos a los que se pueden enfrentar una familia por adquirir medicamentos de dudosa calidad.

La salud de una persona y sus seres queridos; es asunto que va de la mano con la educación, la alimentación, el trabajo y la vivienda; es decir, no están en orden de mayor a menor importancia, sino comparten el mismo puesto prioritario en las preocupaciones diarias.

Por ello, la salud la identificamos como cuestiones de índole altamente social y de elevada sensibilidad entre la familia, la sociedad y nuestros gobiernos.

Es por esta razón, que la integralidad en la visión para atender todo lo concerniente a este asunto, es importante, de suma relevancia y requisito obligado.

Así lo demuestran los esfuerzos de toda índole –tanto políticos, económicos, educativos, culturales, de prevención o bien legislativos, por mencionar solo algunos aspectos- que se han realizado y llevado a cabo.

En lo concerniente al Poder Legislativo, en los últimos seis años se legisló específicamente sobre los medicamentos para; por ejemplo, prohibir la libre venta de antibióticos, prohibir la venta de muestras médicas1 o bien, prohibir la venta de medicamentos e insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes 2

Estos esfuerzos, por un lado, enfocados a cuidar la salud de la población y mejorar sus condiciones de vida y a su vez, encaminados a hacerle frente a un problema serio, grave y que desafortunadamente al amparo de nuestras autoridades se ha ido desarrollando paulatinamente, pero de forma decidía en nuestro país en prejuicio de nuestra sociedad en su conjunto; la venta ilegal de medicamentos ya sea en la vía pública o a través de los servicios de internet.

Se tiene identificado que ha sido a lo largo de los últimos 15 años, que este delito ha cobrado especial relevancia y sobre todo fuerza, logrando incrementar sus ganancias ilícitas de manera desproporcionada.

No es un asunto menor, registros ubican que en nuestro país; cerca de 8 millones de personas presentan problemas en su salud, resultado del consumo de medicamentos que se venden en el mercado negro.

En otras palabras, por comprar medicamentos falsos, de contrabando, caducados o bien robados y, manejados y almacenados sin las mínimas medidas de seguridad que se requiere.

El monto económico de este enorme mercado, es significativo y representa a los criminales, un importante aliciente para adentrarse en este delito; basta mencionar que para el año 2012 éste comercio tenia ingresos por alrededor de 11 mil 500 millones de pesos anuales.3

Gracias a lo anterior, de acuerdo a estudios recientes; se afirma que nuestro país se ubica en el sexto lugar a nivel mundial en lo que respecta a la venta y consumo de medicamentos ilegales.4

Más allá de lo alarmante de las cifras anteriores y lo redituable que está resultando este delito; están las posibles afectaciones a la salud de las personas que de manera consiente o engañada; son víctimas de estos delincuentes al poner en riesgo no solo su salud, sino también su propia vida.

El asunto se ha buscado combatir de diversas maneras, desde el castigo a la falsificación y el robo de medicamentos, el acceso al mercado de medicamentos genéricos con un costo mucho menor, e incluso la prohibición de su venta en la vía pública.

Siendo este último, un avance que requiere ser reforzado y además actualizado acorde a las facilidades y opciones que la tecnología ofrece; lo cual es el objeto del presente punto de acuerdo.

Al respecto, en la Ley General de Salud en el último párrafo de su artículo 226 se establece lo siguiente:

“No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.” 5

Ello en atención a que se identificó que la gran mayoría del volumen de los medicamentos ilegales; ya sea falsos, caducados y reacondicionados para su venta o robados, se comercializan en la vía pública como pueden ser los mercados ambulantes o los tianguis.

A la par de lo anterior, y aprovechando los adelantos tecnológicos; se ha identificado otra parte de este tipo particular de venta ilegal de medicamentos, en los servicios de Internet; es decir y de conformidad a lo que establece la COFETEL; “la vasta colección de redes interconectadas que emplean en general protocolos que emergen del ARPANET a finales de los 60´s y principios de los 90´s.”6

Una parte del problema descrito, se debe a que, en lo referente a la venta ilegal de los medicamentos en los servicios de Internet, no existe en la legislación una medida disuasiva para el efecto; ante lo cual en los delincuentes no existe la preocupación por ser detenidos por el delito, y por otro, la sensación en las autoridades de que perseguirlo puede resultar innecesario y desgastante.

Por lo tanto, tenemos que reconocer en este tema y otros más, que nuestra mentalidad al igual que nuestra legislación debe de ir a la par de los adelantos tecnológicos; sin que esto represente, ir en contra de la tecnología.

Y, además; que no debemos bajar la guarda ni los esfuerzos para combatir este importante delito que atenta contra la sociedad en su conjunto.

En lo que respecta a la prohibición de la venta de medicamentos, ya sea lícitos o ilegales, no existe una pena que se imponga a este delito que coadyuve a evitar que este negocio siga creciendo; por lo tanto, los operativos para perseguirlo son nulos o en el mejor panorama, escasos.

Las pruebas de ello, son contundentes; la venta ilegal de medicamentos en nuestro país en la vía publica y en los servicios de Internet está creciendo alarmantemente; basta mencionar que en año 2010 de acuerdo a información de especialistas en el tema, se declaró para este delito, un incremento real del 32%.7

Por esa razón y en consecuencia de lo redituable que resulta ser el negocio de los medicamentos ilegales, la misma fuente especializada reportó que en ese mismo periodo de tiempo en nuestro país, el robo de camiones o vehículos de transporte de medicamentos e insumos médicos se incrementó en un 40% real.8

Tristemente, en la actualidad las cifras han conservado su misma tendencia desde esa fecha.

Esta soberanía debe de reconocer, que estamos ante un problema silencioso pero enorme, un asunto de un inminente riesgo a la salud de la población y la salud pública; y un delito muy peligroso ante el cual, no se puede disminuir el esfuerzo por parte de las autoridades correspondientes para perseguirlo y castigarlo.

No, es solo el hecho de prohibir; sino de cerrar el círculo de protección que la salud de nuestra población requiere.

Y más aún, tratándose de un asunto delicado, que atenta contra la salud de nuestra sociedad en su conjunto.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de

Acuerdo

Articulo Único. - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud para que en la medida de sus posibilidades:

1. Realice una campaña a nivel nacional sobre los riesgos en la salud al adquirir medicamentos en puestos semifijos, módulos móviles, ambulantes o, a través de los servicios de internet.

2. Intensifique las medidas para erradicar la venta, en la vía pública de medicamentos, así como su falsificación o acondicionamiento para la oferta al público de productos caducados.

3. Establezca las normas para prohibir y sancionar; la comercialización por medio de servicios de internet, de medicamentos.

Notas:

1 General de Salud. Art. 464 Ter.

2 Ley General de Salud. Art. 226.

3 Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Reporte 2012.

4 Asociación Mexicana de industrias de Investigación Farmacéutica. Reporte 2015.

5 Ley General de Salud. Artículo 226.

6 Comisión Federal de Telecomunicaciones. Glosario.

7 Grupo Multi-Sistemas de Seguridad Industrial. Reporte 2010.

8 Grupo Multi-Sistemas de Seguridad Industrial. Reporte 2010.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 días del mes de septiembre del 2016.

Diputados Hugo Gaeta Esparza (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica) Ramón Bañales Arambula (rúbrica), Javier Santillan Oceguera (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a difundir la información relativa a las aplicaciones dadas al equipo electrónico de espionaje Pegasus, y detener el uso de todo programa informático de espionaje en los casos donde no haya mandamiento jurídico, pues atentan contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de que el Estado mexicano es parte y las normas protectoras de la privacidad, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I, numeral 1, del artículo 6; y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El 24 de agosto de 2016 el Laboratorio Ciudadano (The Citizen Lab) de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, denunció públicamente el intento de espionaje contra el activista Ahmed Mansoor –originario de los Emiratos Árabes Unidos– mediante el uso del software Pegasus, que desarrolla y vende la compañía israelí NSO Group1 . Este programa se infiltra en los teléfonos celulares de los objetivos mediante un mensaje falso que contiene un vínculo a un sitio web apócrifo –la empresa proveedora suplanta la identidad de un sitio de internet válido–, a través del cual se instala un programa que compila toda la información del usuario, interviene llamadas y mensajes, y puede impedir visitar ciertos sitios de internet.

En esta publicación también se denunció que el periodista mexicano Rafael Cabrera, quien formó parte del equipo de investigación que elaboró el reportaje de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto, pudo haber sido objeto de reiterados intentos de espionaje a través del mismo software en meses pasados.

Segunda. The Citizen Lab desglosó los nombres de los sitios web apócrifos que el proveedor de Pegasus habilita para cumplir con sus labores de espionaje bajo los siguientes criterios: proveedor de servicios de telecomunicaciones, proveedor de servicios de internet, sitios web nacionales, servicios del gobierno, ubicación geográfica, uso de dominios de nivel superior2 , y nombre del país. Como resultado de este análisis, The Citizen Lab señaló que los sitios web apócrifos relacionados con México para servir como punto de entrada para servicios de espionaje ocupan el primer lugar del total analizado.

Tercera. El 3 de septiembre de este año, el periódico The New York Times publicó que el gobierno mexicano ha pagado a NSO Group más de 15 millones de dólares durante tres años por concepto de tres proyectos de espionaje3 . La redacción del periódico Reforma retomó esta nota y señaló que la adquisición se hizo mediante el único distribuidor autorizado de NSO Group en México, la empresa Balam Seguridad Privada SA de CV4 . El portal Wikileaks divulgó correos electrónicos fechados el 28 de noviembre de 2014 en los que empleados de una subsidiaria de Balam confirman la adquisición del software Pegasus por parte de la Procuraduría General de la República, por conducto del entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio5 .

Cuarta. En la misma nota del periódico estadounidense, el vocero de NSO Group informó que la empresa israelí tiene por política sólo vender su producto para investigaciones criminales y terroristas; no obstante, declinó comentar si dejará de proveer sus servicios de espionaje a los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y México tras la revelación que hizo The Citizen Lab el 25 de agosto. Mientras tanto, funcionarios de la embajada de México en Estados Unidos afirmaron al New York Times que los sistemas de espionaje del gobierno están sujetos a la ley y que hay autorización para emplearlos; además, afirmaron que estas herramientas de espionaje no se emplean contra periodistas ni contra activistas6 . No obstante, ante los señalamientos hechos por los investigadores canadienses, es de relevancia nacional e interés público tanto que se haya ocultado la adquisición del equipo de espionaje cuanto que se haya hecho mal uso del mismo.

Quinta. Ante los señalamientos hechos en el reporte antes mencionado, cabe recordar que tanto los tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano cuanto nuestras normas jurídicas nacionales fijan límites estrictos a la intromisión en la vida privada de las personas. El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se expresan en idénticos términos: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. De igual forma, el artículo 16 de nuestra Carta Magna acota el margen de acción de las instituciones del estado en este asunto al señalar, además de la prohibición a la autoridad para molestar a persona alguna sin orden judicial, el carácter inviolable de las comunicaciones privadas. El párrafo 13 de tal artículo establece que:

“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración (...).”

Las leyes mexicanas, aun las recientemente reformadas, marcan límites claros a la forma, medios y tiempo de los trabajos de investigación, y todas señalan que cualquier forma de intervención deberá hacerse con una adecuada fundamentación y motivación. El artículo 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales fija claramente que:

“La solicitud de intervención deberá estar fundada y motivada, precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible; el tipo de comunicación a ser intervenida; su duración; el proceso que se llevará a cabo y las líneas, números o aparatos que serán intervenidos y, en su caso, la denominación de la empresa concesionada del servicio de telecomunicaciones a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención.

El plazo de la intervención, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.”

En idénticos términos se expresa el artículo 17 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Además, también la agencia de inteligencia del Estado mexicano cuenta con controles similares; en los artículos 34, 38, 40 y 43 de la Ley de Seguridad Nacional se define, con limitantes similares a las ya señaladas, la manera en que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional puede actuar al intervenir comunicaciones.

Además, el párrafo segundo del artículo 294 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada marcan ciertos límites sobre los asuntos en los que no pueden hacerse intervenciones:

“En ningún caso se podrán autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.”

No obstante, hay límites adicionales que derivan de las interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el carácter inviolable de la vida privada de las personas. En tesis aislada, la Segunda Sala ha señalado que:

Derecho a la privacidad o intimidad. Está protegido por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.

Amparo en revisión 134/2008. Marco Antonio Pérez Escalera. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

Novena Época. Registro: 169700. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, mayo de 2008. Materia(s): constitucional. Tesis: 2a. LXIII/2008. Página: 229.

Además, también destaca la Suprema Corte que:

Derecho a la vida privada. Su contenido general y la importancia de no descontextualizar las referencias a la misma. [...] las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad –para el desarrollo de su autonomía y su libertad–. A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos : el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.

Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara Chagoyán.

Novena Época. Registro: 165823. 1a. CCXIV/2009. Instancia: Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, Pág. 277.

La información divulgada el mes pasado sobre la posibilidad de haber intentado violar las comunicaciones privadas de al menos un periodista mexicano, sin que haya indicio alguno de la comisión de un delito, lleva a pensar que las instituciones del estado gastan recursos públicos para acosar periodistas y personas que “incomodan” al gobierno. Si es así, resulta totalmente inaceptable que los derechos a la vida privada y la intimidad de una persona se vulneren por causas políticas, completamente opuestas a los ordenamientos jurídicos en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita a la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, haga pública la información relativa a las aplicaciones que se han dado al equipo electrónico de espionaje Pegasus.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la titular de la Procuraduría General de la República detener el uso de todo programa informático de espionaje en los casos en que no exista mandamiento jurídico, por atentar contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y las normas mexicanas que protegen la vida privada

Notas

1 Bill Marczak y John Scott-Railton, “The Million Dollar Dissident: NSO Group’s iPhone Zero-Days used against a UAE Human Rights Defender”, https://citizenlab.org/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day -nso-group-uae/

2 El dominio de nivel superior asignado a México es “.mx”.

3 Nicole Perlroth “Phone Spying Is Made Easy. Choose a Plan.”, The New York Times , 3 de septiembre de 2106, p. A1.

4 “Adquiere la PGR equipo para espiar”, Reforma , 12 de septiembre de 2016, p. 1.

5 https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/5391. La conversación completa de la subsidiaria de Balam Seguridad Privada SA de CV con una compañía italiana de servicios de seguridad llamada Hacking Team se encuentra en: https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/5455

6 N. Perlroth, op.cit ., p. A1.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a iniciar las auditorías correspondientes al contrato para presentar el espectáculo Joya, el convenio a fin de producir el espectáculo Luzia, con clave MTB/DRNA/025/2014, y el contrato para construir el primer parque temático en Nuevo Vallarta, Nayarit, suscritos por el Consejo de Promoción Turística de México con Grupo Vidanta y el Cirque du Soleil, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El 14 de Enero de 2016, el diario “El Economista” publicó la nota “Marca México busca publicidad con circo y deporte”, informando que el Cirque du Soleil la llevará por el mundo. “ Trabajamos en el proyecto con Cirque du Soleil, que por siete años tendrá presentaciones en Canadá, Estados Unidos y Europa”, señaló Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo.

Durante la inauguración de la V Conferencia Anáhuac, “Perspectivas Turísticas de México”, el funcionario explicó que de la misma manera que en el 2015, se realizó la Fórmula Uno y se apoyó la realización de la película Spectre, junto con la iniciativa privada, este año se continuarán los esfuerzos para difundir, a gran escala, los atractivos del País y de la marca México.1

“Estamos trabajando en el proyecto con Cirque du Soleil, que por siete años tendrá presentaciones en Canadá, Estados Unidos y Europa, con la influencia de la cultura mexicana, además de los juegos de NFL. Son eventos que estamos generando para dar más visibilidad y el reto será ¿cómo aprovechar esa visibilidad para que se aterrice en más viajeros y visitantes?”, explicó.

En noviembre pasado, el presidente de Parques Temáticos y Contenido Inmersivo del circo de origen canadiense, Martin Boudreau, aseguró a El Economista que habían iniciado los trabajos del nuevo espectáculo, como una gestión de la anterior ex secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.

“Creemos en la belleza de México y ayudaremos a promoverla”, aseguró, aunque no mencionó el nombre de los empresarios asociados al proyecto.

De la Madrid refirió también ante empresarios y estudiantes que la estrategia de turismo social, que podría llamarse Turismo para Todos o Turismo para Nosotros, se presentará, a más tardar, en abril próximo y se acompañará de una campaña de concientización sobre la importancia del turismo para México”.

En el mes de febrero del año en curso, el ex director del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Rodolfo López Negrete, anunció durante su presentación en el XIV Foro Nacional de Turismo, que se llevaría a cabo en la Ciudad de México, con la prestigiosa marca Cirque du Soleil el 21 de abril del año en curso un espectáculo itinerante dedicado a México, lo que ayudará -en su opinión- a afianzar la marca del país.2

“Este nuevo espectáculo tendrá su punto de partida en Montreal, Canadá, y de ahí realizará una gira mundial llevando el colorido de México a todos los rincones del mundo, lo que será una gran ayuda para posicionar la marca del país.

López Negrete, que actualmente tiene 6 años al frente del CPTM, y que ha trabajado con 4 diferentes secretarios de Turismo, parece haber superado los rumores de su salida cuando Enrique de la Madrid llegó a la secretaría. En su opinión, lo más complicado a lo que se afronta México actualmente es mantener los niveles históricos de crecimiento de 2014 y 2015, con 11 y 11.5%, por todas las situaciones socioeconómicas que se viven en el mundo, sin embargo sí considera que México podrá crecer arriba del promedio mundial, es decir cerca del 7% contra 3.5 del crecimiento calculado por la OMT.

Como le ha informado reportur.mx, Cirque du Soleil ha fortalecido su relación con México al montar en Riviera Maya un escenario permanente con el espectáculo Joya, y próximamente abrirán un parque temático en Puerto Vallarta. (Vidanta sumará 3 resorts al Cirque du Soleil que trae a Puerto Vallarta)

López Negrete dijo que los rankings no importan, son irrelevantes y minimizó el hecho de que México sea excluido del top 10 mundial cuando la OMT presente sus números próximamente. Dijo que cada mercado se mide de manera diferente, lo que importa es mejorar en ingresos y en eso se trabaja, por lo que apostarán en promoción en mercados lucrativos.

También fijó una postura clara en cuanto a la internación y es que México debe dar el paso, pues abrirá un sin fin de posibilidades a nuestro mercado número uno que es el de Estados Unidos”.

Del 25 al 28 de abril de 2016 se realizó el Tianguis Turístico en Jalisco en su 41ª edición, este evento fue inaugurado por el Presidente Enrique Peña Nieto, durante este evento se anunció que “diseñaron un espectáculo basado en la cultura, historia y música de México, el cual fue bautizado como Luzia. También se dio a conocer que para ser sede de este show en nuestro país se está construyendo en Nuevo Vallarta (Nayarit) lo que será el primer parque del Cirque”.3

“En mayo de 2014, el Consejo de Promoción Turística de México le pagó medio millón de dólares (seis millones 433 mil pesos al cambio de esa fecha) al actor Kevin Spacey, a través de la empresa que lo representa: Leisure Opportunities, LLC, para que diera una conferencia durante el Tianguis Turístico de Riviera Maya-Cancún. Eran los días en que la estrella de Hollywood estaba en todo su apogeo mediático al estelarizar la exitosa serie política House of Cards, tanto, que hasta el presidente Enrique Peña Nieto platicó con él.

Como la transparencia no suele ser algo usual en el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el director general de esta dependencia, Rodolfo López Negrete, trató de ocultar cuánto le había pagado al actor, cuando se le preguntó, al responder solamente que “la presencia de un líder de opinión hace el evento más atractivo para las audiencias que nos interesa captar”. No obstante, con esto el funcionario aportó algo novedoso al anquilosado Tianguis y se arriesgó a hacer inversiones fuertes con una acción de promoción de alto nivel que nunca se había practicado aquí financiada con fondos gubernamentales .

Esta estrategia la repitió al año siguiente en el Tianguis de Acapulco, a donde llevó como conferencista al ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, quien lo mínimo que cobra es 196 mil euros (el CPTM no informó del monto del pago).

Este año había cierta expectativa por ver cuál sería la estrella que hablaría en el Tianguis de Guadalajara (efectuado a finales de abril) y el encargo recayó en Daniel Lamarre, CEO del Cirque du Soleil. Pero en realidad la sorpresa fue el anuncio de que diseñaron un espectáculo basado en la cultura, historia y música de México, al cual bautizaron como “Luzia” . También dio a conocer que para ser sede de este show en nuestro país, se está construyendo en Nuevo Vallarta lo que será el primer parque temático del Cirque , lo cual no es tan nuevo, este proyecto lo comentamos en este espacio a principios del año pasado, cuando informamos que el inversionista es Daniel Chávez Morán, propietario de Grupo Vidanta, uno de los empresarios que últimamente ha sido de los más activos en México.

Este proyecto de Nuevo Vallarta, en la Riviera Nayarit, incluye, además del parque, tres hoteles, un parque acuático y un teatro para montar el espectáculo. Chávez Morán es un empresario de bajo perfil mediático que rechaza dar entrevistas y aparecer en público, pero debido a las cuantiosas inversiones que ha realizado en los últimos años, ha tenido que hacerlo, como a finales de 2014, cuando inició su relación de negocios precisamente con Lamarre.

En noviembre de ese año inauguró en la Riviera Maya un teatro que construyó exclusivamente para presentar el show del Cirque du Soleil llamado “Joya”, el cual se encuentra permanente para los turistas que visitan este destino y Cancún. Y, aunque en ese proyecto invirtió 520 millones de pesos, la empresa explica que, por motivos de seguridad, prefiere no dar a conocer el monto de sus inversiones futuras, pero es obvio que el dinero que destine a Nuevo Vallarta será muy superior a su teatro en Riviera Maya.

Sin embargo, la sorpresa mayor en el Tianguis de Guadalajara fue cuando la Secretaría de Turismo informó que por “Luzia” el gobierno mexicano le pagará 47.4 millones de dólares al Cirque du Soleil en un lapso de cinco años, es decir: un promedio de 9.4 millones al año.

Parece mucho dinero, y lo es (870 millones de pesos al cambio de ayer), pero es de llamar la atención que, si hace dos años muchos se escandalizaron por los 500 mil dólares que se le pagaron a Spacey, hoy nadie ha protestado por este enorme contrato con el circo canadiense.

Quizá la razón se deba a que la promoción turística de México bajo el mando de López Negrete le ha dado a nuestro país los tres mejores años en la historia de esta industria y actualmente lo tiene ocupando la novena posición en el top ten mundial de los países más visitados.

El director general del CPTM se ha atrevido a invertir fuertes cantidades de dinero en formas de promoción innovadoras para nuestro país y difícilmente alguien le podría negar que éstas han contribuido a los años dorados que vivimos turísticamente hablando, si es que el retorno de inversión lo miden en la cantidad de visitantes foráneos que llegan y las divisas que dejan aquí.

Tuve la oportunidad de ver “Luzia” a finales de abril en Montreal y temo decir que quienes esperen ver mariachis tocando “El son de la negra” se decepcionarán, porque se trata de un espectáculo muy conceptual, donde los iconos de la cultura mexicana aparecen de una manera muy sutil y estilizada. Es una representación de primer nivel que, según afirmó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, recorrerá 450 ciudades alrededor del mundo durante los próximos siete años, por lo menos, con 320 funciones por año; es decir, es una inversión a mediano plazo.

De la Madrid externó que esta es otra manera de promocionar a México “enfocada en los segmentos de turismo a los que queremos impactar y atender”, y tal vez ahí está la clave: en Montreal el precio de los boletos va de los 44 a los 305 dólares canadienses (609 a cuatro mil 220 pesos), en tanto que si usted quiere ver “Joya” en la Riviera Maya, la entrada más barata es de mil 260 pesos, pero si desea uno de los mejores lugares, cenar y que le sirvan champaña sin límite, deberá desembolsar cuatro mil pesos.

Así, queda claro que el objetivo es seguir captando turistas, pero de alto poder adquisitivo, porque actualmente ocupamos el noveno lugar mundial en visitantes, pero estamos en el sitio 17 en captación de divisas, entre ambos indicadores existe una brecha que hay que cerrar o, mejor aún, invertir”.

Como podemos darnos cuenta, diversos medios de comunicación han hecho del conocimiento público cómo el CPTM año tras año ha pagado y ha otorgado contratos millonarios con la finalidad de “promocionar la marca México” sin considerar que el presupuesto destinado al sector turístico no cubre con las necesidades de nuestro País. Para Morena, celebrar este tipo de contratos para promocionar a México a nivel internacional es irracional e irresponsable, es un enorme derroche del erario público. En este sentido y en el marco de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, estas acciones deben ser transparentes y el Consejo de Promoción Turística debe rendir cuentas sobre la administración de los recursos que le son otorgados año tras año.

Con la finalidad de conocer algunos de los destinos de los recursos utilizados por esta entidad gubernamental, Morena se dio a la tarea de indagar sobre los contratos otorgados al Cirque Du Soleil. De nuestras indagatorias podemos destacar que el contrato para la Construcción del Teatro en la Rivera Maya para presentar el espectáculo “JOYA”, el convenio para la producción del espectáculo “LUZIA” como parte de la Plataforma de Marketing que posiciona la marca México en los mercados internacionales y respecto a la Construcción del Primer Parque Temático en Nuevo Vallarta, Nayarit, estos contratos le fueron otorgados al consorcio conformado por Grupo Vidanta y la empresa canadiense Cirque du Soleil.

Cabe destacar que el Grupo Vidanta es considerado como el conglomerado más grande de empresas constructoras de hoteles de playa en México. Actualmente opera marcas hoteleras como Grand Luxxe, The Grand Mayan, Mayan Palace, los destinos en donde se ubican sus complejos hoteleros son: Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán. La compañía maneja el mayor operador de campos de golf, y de acuerdo con la publicación de la revista FORBES, su presidente está dentro los inversionistas más poderosos del turismo.4

El Grupo Vidanta aparte de haber obtenido contratos millonarios del CPTM, cuenta con dos fundaciones: Fundación Vidanta www.fundacionvidanta.org y Fundación Delia Morán www.fundaciondeliamoran.org. En relación a la información que proporciona el portal de la primera, esta arrancó sus trabajos en 2005 por su fundador Daniel Chávez Morán, ahora Presidente de Grupo Vidanta, en tanto que la segunda se creó en el año 2013, con el apoyo del gobierno de Nayarit,5 mismo que le otorgó recursos públicos para ambas fundaciones. Estos hechos son reprobables, si se considera la crisis económica por la que atraviesa nuestro País. Misma que lo ha obligado a implementar de manera inmediata recortes presupuestales a diversos sectores. Por ejemplo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017, prevé un recorte al gasto en materia de cultura de por lo menos el 30 por ciento respecto del aprobado para este año, le recortaron los 2 mil 500 millones a la Secretaría de Cultura que le eran asignados, y por si esto no fuera suficiente, desaparecen los recursos destinados a instituciones estatales y de los programas de apoyo a infraestructura cultural de las entidades y a las actividades municipales y comunitarias.

Para Morena, los recursos públicos que el CPTM ha destinado para el contrato para la Construcción del Teatro en la Rivera Maya para presentar el espectáculo “Joya”, el convenio para la producción del espectáculo “Luzia” con Grupo Vidanta y Cirque Du Soleil y la construcción del primer parque temático en Nuevo Vallarta, Nayarit, son evidencia clara de la falta de una política pública integral en materia del sector turístico.

Los recursos públicos utilizados para posicionar la marca México a través de este tipo de contratos, son evidencia de cómo entidades gubernamentales benefician a grandes empresas otorgándoles contratos millonarios, que lejos de contribuir a un desarrollo económico, generan desconfianza, desnudan la opacidad la opacidad de los recursos públicos, evaden la rendición de cuentas y propician la coalición entre servidores públicos y empresas privadas que se corrompen para garantizar intereses propios.

Como lo mencionamos en párrafos anteriores, el Grupo Vidanta y el Cirque Du Soleil se han beneficiado del erario público desde el año 2014 por los espectáculos “Joya” y “Luzia” por más de 1 mil millones de pesos. Mientras que para la Construcción del Primer Parque Temático se prevé una inversión de mil 300 millones de dólares, es decir, más de 24 mil 500 millones de pesos.

Por todo lo anterior, Morena hace un exhorto al CPTM para que en el ámbito de sus atribuciones, cancele la Construcción del Primer Parque Temático, en el estado de Nayarit, al considerar que no existe ningún argumento para continuar con la construcción del mismo, por mercantilizar las actividades culturales del país, no contribuir al desarrollo cultural de México, debilitar a las instituciones públicas del sector y no garantizar una verdadera promoción turística. A demás de considerar que los recursos que se prevé invertir solo para este proyecto son dos veces lo presupuestado para la nueva Secretaría de Cultura en el paquete económico 2017, aun cuando se trate de un contrato a largo plazo, este no puede ser considerado como una acción estratégica para el País.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y del Consejo de Promoción Turística de México para que, en el marco de sus atribuciones, hagan del conocimiento público el estatus que guarda el contrato que tiene suscrito el Consejo de Promoción Turística de México con la empresa Creations Meandres, Inc., con clave MTB/DRNA/025/2014, por el periodo del 7 de mayo de 2014 al 7 de mayo de 2023.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación para que en el marco de sus atribuciones inicie las auditorias correspondientes respecto del contrato para la Construcción del Teatro en la Rivera Maya para presentar el espectáculo “Joya”, el convenio para la producción del espectáculo “Luzia” como parte de la Plataforma de Marketing que posiciona la marca México en los mercados internacionales con clave MTB/DRNA/025/2014, y a la Construcción del Primer Parque Temático en Nuevo Vallarta, Nayarit.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de la Función Pública para que en el marco de sus atribuciones, revise el apego a la legalidad en la celebración del contrato para la Construcción del Teatro en la Rivera Maya para presentar el espectáculo “Joya”, el convenio para la producción del espectáculo “Luzia” como parte de la Plataforma de Marketing que posiciona la marca México en los mercados internacionales con clave MTB/DRNA/025/2014, y al contrato para la Construcción del Primer Parque Temático en Nuevo Vallarta, Nayarit.

Notas

1 Marca México busca publicidad con circo y deporte, El Economista, Alejandro de la Rosa, 14 de enero de 2016. http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/14/marca-mexico-busca-pub licidad-circo-deporte

2 Anuncia CPTM “Luzia” Cirque du Soleil itinerante dedicado a México. reportur.mx, Arturo Medina Galindo, 23 de febrero de 2016.
http://www.reportur.com/mexico/2016/02/23/anuncia-cptm-luzia-cirque-du-soleil-itinerante-dedicado-a-mexico/

3 Kevin Spacey, Tony Blair y “Luzia”. El Financiero, 11de mayo 2016, http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/kevin-spacey-tony-blair-y-luzia. html

4 Daniel Chávez Morán, http://www.fundaciondeliamoran.org/daniel_chavez_moran.php

5 Fundación Delia Morán - Vidanta, http://www.fundaciondeliamoran.org/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de septiembre de 2016.

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, la Sener, la SHCP y la STPS a buscar opciones para evitar más despidos en esa empresa; y se les solicita que difundan su política de empleo en la industria petrolera mexicana y reinstalen al personal profesional, técnico y calificado recién despedido, así como respeten su derecho a la sindicalización, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción primera, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. En 2013 y 2014 se ocuparon agresivamente por el gobierno los tiempos de radio y televisión para saturarnos de mensajes justificatorios de la reforma energética, para vencer la resistencia que la mayoría de la población tenía contra dicha reforma, lo cual se reflejaba en todas las encuestas, aún después del cuestionado triunfo electoral del PRI. Entre los principales contenidos en los medios masivos sobresalen:

a. Que la reforma se haría apegados, letra por letra, a la propuesta cardenista.

b. Que el petróleo seguiría siendo nuestro.

c. Que no se privatizarían ni Pemex ni la CFE.

d. Que se crearían cientos de miles de nuevos empleos, donde la capacitación y los mejores salarios darían mejor calidad de vida a los trabajadores.

e. Que se incrementaría la producción de petróleo y gas lo que arrojaría precios de combustibles y tarifas eléctricas más baratos.

f. Que Pemex y CFE se fortalecerían y se modernizarían.

g. QUE LOS TRABAJADORES PETROLEROS Y ELECTRICISTAS, nada tenían que temer frente a la reforma en el respeto de sus derechos y de su empleo.

2. Morena, en contraste, se esforzó en clarificar a la población el grave retroceso que significaría la contra reforma energética. Hoy no nos es grato tener razón en los malos augurios en el caso de los múltiples efectos adversos de la reforma energética. Morena trató por todos los medios democráticos a su alcance de impedirla. El punto culminante fue la solicitud con más de 2 millones 700 mil firmas por delante, al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de llevar adelante un referéndum para consultar al grueso de la población su consenso respecto a tan trascendentes reformas constitucionales, más aún cuando el candidato Peña Nieto no hizo del tema su plataforma electoral, es decir, seguramente otro hubiera sido el resultado electoral de julio de 2012 si el PRI-PVEM hubieran enarbolado dicha reforma en su plataforma electoral.

3. Hoy subrayamos nuestras previsiones de las consecuencias de la privatización en materia laboral, que van determinadas por la pérdida de la materia de trabajo de parte de PEMEX, ya que la reforma lo condena a enfrentar una muy dispareja competencia con los grandes tiburones trasnacionales de la industria, esto debido a que hereda lustros de un régimen fiscal confiscatorio que lo ha dejado gravemente descapitalizado y unas administraciones, durante los últimos tres sexenios particularmente, que se dedicaron a desmantelar sistemática e ilegalmente (Contratos de servicios múltiples, inconstitucionales, despidos masivos de técnicos y profesionistas, etc.) las capacidades productivas del entonces organismo público descentralizado. Esta perversa suma de desviaciones que han caracterizado las últimas administraciones petroleras y hacendarias han dejado una empresa con flancos muy débiles, y por supuesto para los trabajadores petroleros las consecuencias son devastadoras. Los peores escenarios son los que se están dando en nuestra principal empresa productiva del estado.

4. Hoy el mundo laboral petrolero representa una grave regresión a los escenarios de los años previos a la nacionalización cardenista, que se caracterizan por las peores prácticas patronales, que hoy han hecho de México nuevamente su paraíso, con la protección de las autoridades laborales tanto federales como locales y hoy predomina, entre otras cosas, la precarización del empleo, los bajos salarios y la generalización de un sindicalismo represivo, corrupto y patronal. La reforma energética profundiza su daño al aplicarse con la retrógrada reforma laboral. Todo esto abona a la descomposición social de las zonas petroleras y del país en general.

5. Con estas medidas se sacrifica, con altos costos para el país, décadas de formación y preparación de cuadros técnicos y profesionistas que hoy deambularán entre el desempleo, el subempleo o si acaso a los que mejor les irá, irán a emplearse en las grandes empresas trasnacionales beneficiarias de la contrarreforma.

6. Las tragedias como la explosión criminal en la planta Pajaritos-Mexichem corren el riesgo de multiplicarse, ya que la caída de los mantenimientos ya es sensible en muchas instalaciones petroleras a lo largo del país. Se trabaja con menos personal y se ha generalizado el desplazamiento del personal de PEMEX y que ahora sea personal contratado bajo la figura del out sourcing, obviamente menos calificado y sin el compromiso institucional que ha caracterizado al gremio. La confluencia de tantas empresas en un solo centro de trabajo, provocado por este esquema, estimula que las responsabilidades se diluyan y los riesgos crezcan en una empresa ya de por sí de alto riesgo.

7. A esta calamidad se suman ahora los durísimos recortes presupuestales de los últimos años, y que se profundiza con la propuesta del ejecutivo para el ejercicio presupuestal del 2017, lo que ha llenado de análisis preocupantes las planas de los principales medios de comunicación nacionales, tal es el caso del diario El Financiero en su edición del 12 de septiembre que nos dice: “Poco más de una cuarta parte de los proyectos de inversión que Pemex tenía considerados llevar a cabo a través de sus subsidiarias, así como por parte de su corporativo, se quedarían sin presupuesto el próximo año de aprobarse el Paquete Económico 2017. De los 364 proyectos de inversión que la empresa tiene en lista de espera, concretará 266 y 98 esperarán a ver si tienen mejor fortuna el siguiente año.

La subsidiaria que dejará más proyectos de lado es Pemex Logística, con 27, seguida por Pemex Etileno, que no contará con presupuesto para 20 más. En el caso de Pemex Perforación y Servicios, de los 11 que tenía contemplados sólo concretará cinco.

La mayor parte de estos proyectos son de mantenimiento de infraestructura, así como de compra de equipo de perforación, en el caso de Pemex Perforación y Servicios.

De hecho, de acuerdo con la Estrategia Programática de Pemex para el periodo 2017 la empresa no perforaría un solo pozo exploratorio en el próximo año.” Como se lee, el escenario paralizante es muy duro para Pemex, y lo coloca nuevamente en desventaja frente a sus agresivos competidores.

8. Contradictoriamente con lo anterior, del análisis del Analítico de Plazas y Remuneraciones en el Presupuesto de Egresos 2017, se puede concluir que se está aplicando un criterio completamente distorsionado en este rubro, ya que mientras las plazas de base, técnicas y operativas se reducen en aproximadamente 9,000, los caros puestos directivos se incrementan, los de ALTOS MANDOS de PEMEX pasarán de 452 plazas a 541, siendo el puesto de director el que más se incrementa, que pasan de 12 a 22 plazas.

Los sueldos y salarios de estos niveles aumentarán un 4% respecto de 2016, pasando de 2,229,600 pesos anuales a 2,318,556 pesos, lo que arroja un salario promedio mensual de 193,213 pesos.

Los subdirectores se incrementarán un 23%, pasando de 86 a 106 plazas, los sueldos ascenderán igual un 4% respecto de 2016, pasando de 2,064,000 pesos anuales a 2,146,344 pesos, con un promedio de 178,862 pesos mensuales.

Los gerentes con un salario mensual promedio de 168,776 pesos se incrementarán en un 18% pasando de 349 plazas a 412.

En contraste serán recortadas 8,997 plazas, de las cuales 72% se concentra en el rubro Operativo Distintivo Sindicalizado, donde se recortarán 6,508 plazas, quedando solamente 92,027 plazas. Los sueldos más altos de estos niveles son de 38,300 pesos mensuales e incluye a trabajadores que sólo ganan poco más de 14,500 pesos mensuales, salario más de 10 veces menor que los nuevos salarios de funcionarios.

Las plazas de Operativo Definitivo de Confianza observan una reducción de 1,849 plazas, respecto al 2016, y para el 2017 sólo se tendrán 19,336 plazas. Los rangos salariales de estos puestos van de 1,691,128 pesos anuales (140,927 pesos mensuales) hasta de 133,101 pesos anuales, que al mes son poco más de 11,000 pesos.

Con simple aritmética se puede deducir que el con el monto de las 93 nuevas plazas de alto salario se pueden sostener más de 800 plazas con salario promedio de 20,000 pesos. La pregunta es obvia: ¿serán más productivos para PEMEX 93 altos funcionarios que 800 técnicos operativos?

Con todo este escenario no queda claro cuál es el sentido del recorte de plazas bajas y el incremento de plazas altas, con valores salariales hasta 10 veces mayores, sobre todo cuando las repercusiones productivas y sociales no tienen duda, los puestos altos son altamente improductivos

9. Hay un muy lamentable ingrediente antisindical entre los despidos de trabajadores técnicos y profesionistas. Es conocido el valioso esfuerzo de este importante grupo de trabajadores de Pemex, que desde hace más de 30 años han protagonizado luchas no sólo gremiales, sino de defensa de nuestra industria y de nuestro patrimonio petrolero. Es para Morena muy reprobable que algunos de los técnicos y profesionistas separados de su trabajo sean trabajadores comprometidos con la lucha organizativa de ese gremio, por lo que es de nuestro interés dar los datos de al menos 15 de ellos que requieren ser reinstalados, algunos de ellos llevan más de 5 años rescindidos por la formación del su organismo gremial ( Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, UNTYPP).

Los que están en itálicas fueron despedidos por activismo sindical, los demás (2016) como efecto de los cortes recientes de personal.

Además de estos trabajadores afiliados a la UNTyPP hay más de un centenar técnicos y profesionistas de despedidos y miles de jubilaciones de personal de confianza muchos de los cuales fueron forzados a aceptar la jubilación.

10. Hay que agregar que no hay datos serios sobre las cantidades de trabajadores corridos, los obligados a jubilarse, los transitorios despedidos, las plazas canceladas. Se requiere transparencia y una actitud de respeto a los derechos de los trabajadores y un compromiso no sólo con el empleo sino con el nivel actual de empleo en la industria. Ya que los efectos adversos en la productividad ya se dejan sentir en las diferentes áreas petroleras.

11. Esta Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, gremio independiente al seno de Pemex, denuncia que ya desde el año pasado se vienen sufriendo los recortes al presupuesto, ya que para 2016 fue aprobado inicialmente en 547,560 millones de pesos, para ser reducido en febrero pasado a 447,560 millones y ahora, a 391, 946 millones de pesos para 2017, lo que significa una baja total en solo un año de 28.4%. Cuando podemos leer en calificadas revistas como OIL & GAS JOURNAL, el que la mayoría de las empresas petroleras internacionales están incrementando en 5% su presupuesto para 2017 (http://www.ogj.com/articles/2016/09/barclays-global-e-p-spending-to-tr end-up-5-in-2017.html?cmpid=EnlDailySeptember72016&eid=288149920&bid=1520714) ante la eventual mejora de los precios de los hidrocarburos.

12. Se padece igualmente como resultado de esta caída presupuestal un sensible deterioro del servicio médico a los trabajadores petroleros en toda la República.

Igualmente ya hay despidos de decenas de miles de trabajadores de contratistas y transitorios, junto con el despido selectivo de técnicos y profesionistas, que se ha reflejado en la ruina de zonas petroleras como Coatzacoalcos, Poza Rica y Ciudad del Carmen y el aumento de la criminalidad y la migración de trabajadores a otras zonas del país.

Hay ya una disminución de la producción de petroquímicos, pese a su rentabilidad.

La disminución presupuestal no atiende a que el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo se prevé más alto para 2017 (arriba de 42 dólares por barril) que en 2016 (alrededor de 35 dólares por barril). Además, la más reciente encuesta de gasto en exploración y producción de Barclays indica que dicho gasto subirá a nivel mundial en 5% el año que viene.

Se llegan los extremos de que Ingenieros en las instalaciones industriales de Pemex se ven obligados, justamente por la baja de presupuesto, a cooperarse para comprar suministros diversos para seguir operando y lo mismo está ocurriendo en hospitales y clínicas, donde médicos y enfermeras ponen de su bolsillo suministros varios.

Frente a este grave escenario laboral y de deterioro productivo de PEMEX es urgente que el legislativo esté informado y pueda conocer y discutir las políticas que se impulsan desde la dirección de nuestra principal empresa productiva del estado, por lo cual proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita atentamente a la Secretaría de Energía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la Dirección General de Pemex a detener los despidos de más trabajadores al seno de nuestra industria petrolera, con la finalidad de garantizar la productividad de la empresa y de que se mantenga un clima social estable en las zonas petroleras.

Segundo. Se exhorta a Pemex a que defina y priorice la contratación de nuevo personal en áreas productivas, tales como Refinación y Petroquímica y a que se eleve la productividad en Exploración y Producción. Así como la creación de una costosa alta burocracia.

Tercero. Que Pemex haga público y por medios accesibles el número de personal asignado en áreas productivas y del asignado en áreas de soporte administrativo y/o directivo.

Cuarto. Que Pemex y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se apeguen a su obligación de no intervenir en asuntos sindicales, así como respetar el derecho a la sindicalización de los técnicos y profesionistas y se evite cualquier tipo de intimidación a los trabajadores, técnicos y profesionistas comprometidos con este legítimo esfuerzo gremial, y que sean reintegrados a sus labores todos aquellos que han sufrido el despido de manera injustificada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 27 de septiembre de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a separar –en uso de sus facultades– del encargo a Tomás Zerón de Lucio, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, por la presunta alteración y manipulación de las investigaciones en el caso de los 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primero. Que el día 14 de septiembre de 2016 el titular del Ejecutivo Federal nombró al C. Tomas Zerón de Lucio como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, en uso de la facultad conferida en el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional, que establece:

Artículo 12. Para la coordinación de acciones orientadas a preservar la Seguridad Nacional se establece el Consejo de Seguridad Nacional, que estará integrado por:

I. a XI.

...

El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será nombrado por el Presidente de la República, dependerá directamente de él, contará con un equipo técnico especializado y un presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Éste no será integrante del Consejo.

En un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación fechado el 14 de septiembre de 2016 se advierte que “El nombramiento de Zerón de Lucio es un reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores”, y que hasta ese miércoles “ocupó la Agencia de Investigación Criminal en la Procuraduría General de la República”.1

Segundo. Que la Ley de Seguridad Nacional señala que la misma tiene por objeto “establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia” y que “Corresponde al Titular del Ejecutivo Federal la determinación de la política en la materia y dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional”.

Según lo dispuesto por la legislación federal vigente, el Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de abril de 20142 y en él se señala que:

La preservación de la Seguridad Nacional es una función del Estado mexicano que compete directamente al Ejecutivo Federal, ésta requiere del diálogo y la coordinación con otros poderes públicos, el sector privado, la academia y la sociedad civil a fin de generar condiciones que permitan consolidar el régimen democrático que da sustento a nuestro proyecto de nación.

...

El desarrollo, difusión y fortalecimiento de esa cultura habrá de generar entre las autoridades y la sociedad una concepción homogénea respecto de los fines de la Seguridad Nacional, lo cual necesariamente exige un trabajo de colaboración entre el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo con el sector privado, la academia y la sociedad civil, toda vez que una política de Estado en la materia no puede prosperar sin el aval explícito de la sociedad. De igual forma, el fortalecimiento doctrinal de la Seguridad Nacional en las instituciones del Estado requiere de la profesionalización y la formación especializada de sus miembros, a fin de que éstos desarrollen los valores, principios y prácticas necesarias para su actuación profesional bajo un marco de transparencia, eficacia y respeto irrestricto a los derechos humanos. Finalmente, una cultura de Seguridad Nacional debe promover la capacidad de prevención y anticipación de la sociedad frente a aquellas tendencias que pueden poner en riesgo la seguridad de la nación.

Bajo este enfoque, la divulgación de una cultura de Seguridad Nacional debe propiciar que la población desarrolle un entendimiento claro de los fines de la política de Seguridad Nacional y de las herramientas y capacidades a disposición del Estado mexicano para prevenir, disuadir, contener y neutralizar aquellas amenazas y riesgos que pueden vulnerar la seguridad de la nación. El proceso de socialización de la cultura de Seguridad Nacional también debe permitir el fortalecimiento de la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones del Estado, fomentando su participación activa en el logro de los intereses y los objetivos nacionales.

Este proceso permitirá que los ciudadanos identifiquen claramente a los órganos encargados de preservar la Seguridad Nacional como instituciones de un Estado democrático y de derecho que actúan bajo el amparo de la ley y que se encuentran sujetas a controles democráticos para vigilar su conducción, promoviendo así el apoyo y la participación de la sociedad en la consecución de los fines de la política de Seguridad Nacional.3

Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional vigente establece:

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

Artículo 4. La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación .

Así entendida la seguridad nacional en México (artículo 3 de la Ley), se introduce en su definición normativa una finalidad práctica que se traduce en acciones coordinadas4 –de los órganos competentes– destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia de los intereses nacionales esenciales de México. Lo que indudablemente, da una dimensión mucho mayor a la seguridad nacional de la que aparenta su identificación como la seguridad del Estado o de gobierno.

Tercero. El nombramiento Tomas Zerón ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a su desempeño al frente de la investigaciones para la búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, que fueron atacados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando realizaban una toma de autobuses y un boteo para trasladarse el día 2 de octubre a la Ciudad de México, a la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

Durante el ataque, 43 de los jóvenes estudiantes fueron desaparecidos de manera forzada y a la fecha continúan en calidad de desparecidos, además fueron asesinadas seis personas, tres estudiantes de la Normal, un joven del equipo de fútbol Los Avispones, el chofer del camión en el que se trasladaban los estudiantes y la pasajera de un taxi que pasaba por la zona; 17 alumnos resultaron lesionados, y además sufrieron violaciones a los derechos humanos más de 100 personas.

Cabe señalar que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron monitoreados en todo momento desde su salida de la escuela en el municipio de Tixtla, Guerrero, mediante el sistema de cámaras de seguridad del C-4, donde participan representantes de los tres ámbitos de gobierno, policías municipales, estatales de Guerrero, la policía federal y el Ejército, además de integrantes de Protección Civil locales.

Esa misma noche, aproximadamente a las 21:30 horas, la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa número AC/PGR/GRO/IGU/I/256/2014 por “violación a ley federal de armas de fuego y explosivos”, a raíz de las llamadas al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Iguala, por los ataques que estaban ocurriendo. De estos hechos fue inmediatamente informado Miguel Amelio Gómez, delegado de la PGR en Guerrero.

“La presente indagatoria se inició por haberse recibido en esta agencia investigadora una llamada telefónica por parte del C4, en la cual manifestaban que al parecer, aún sin confirmar, alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, originando un fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe, haciendo del conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses, los cuales se encuentran en las calles Galeana y Mina de esta ciudad”, señala el documento redactado por el agente del Ministerio Público, César Iván Pilares, quien ordenó hacer una “minuciosa y exhaustiva investigación”.5 Ese día, los agentes de la Policía Ministerial, Romeo Ortíz Valencia, José Manuel Dirzo Correa y Enrique Ramírez Hernández, este último encargado de la subsede Iguala, salieron las calles de aquel municipio.

Sin embargo, a pesar de la indagatoria levantada por delitos del fuero federal, no fue sino hasta el 4 de octubre de 2014, cuando Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), junto con Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, hicieron el anuncio oficial de que la PGR ejercía la facultad de atracción de la indagatoria.

Tomás Zerón informó en esa ocasión que personal pericial se trasladaba a Iguala para realizar los peritajes necesarios para la identificación de los restos ubicados en varias fosas clandestinas localizadas y en las que se presumía podrían encontrarse los restos de los estudiantes normalistas.6 Es decir, desde un inicio su investigación se centró en buscar los restos de los normalistas; nunca tuvieron la intencionalidad de iniciar, como se debía, líneas de investigación dentro de las cuales se buscara con vida a los estudiantes.

Cuarto. El 24 de marzo de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes mostró un video que documenta una diligencia hecha en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, un día antes de que se reportara el hallazgo de la única muestra que está ligada genéticamente de forma indubitable a uno de los normalistas.

Esto es particularmente grave, porque la diligencia mencionada, al haberse realizado y al ser encubierta por el anterior y la actual titular de la PGR, obstaculiza la información que pueda llevar a esclarecer la desaparición de los estudiantes, lo que es en sí mismo un delito que debe ser investigado. El delito de desaparición forzada implica per se privación de la libertad, secuestro, desaparición, pero también impedir el acceso a la información que lleve a dar con la ubicación de las víctimas.

Esta diligencia del 28 de octubre 2014, que no está registrada en el expediente del caso Ayotzinapa, se realizó con la presencia de funcionarios de la PGR, en particular del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde un día después, el 29 de octubre, fueron encontrados los restos de uno de los 43 normalistas desaparecidos. Las imágenes también muestran la presencia de uno de los detenidos, quien fue llevado hasta el lugar. Además, se observa que peritos de la PGR recogieron muestras, de lo cual tampoco hay registro en el expediente.7

Esto lo reveló Carlos Beristain, uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quien presentó el domingo 24 de abril de 2016 el video que muestra a los funcionarios de la Procuraduría, así como a supuestos buzos de la Marina, en las orillas del río San Juan. Además, apuntó que debido a este operativo que no fue reportado de manera oficial, hubo un bloqueo del camino, por el que incluso se negó el acceso a algunos miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes bajaban del basurero de Cocula, donde tomaban muestras.

Cuando presentó su propio informe, el EAAF denunció que no estuvo presente en el momento en que se encontró la bolsa con restos óseos del normalista, que según la PGR fue encontrada en el río San Juan. Además, en el video mostrado se observa que los peritos de la Procuraduría recogen “muestras óseas” que tampoco son mencionadas en el expediente, por lo que no queda claro si son de humanos o de animales.

Quinto. La gravedad de los señalamientos realizados por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, respecto a que Tomas Zerón de Lucio es el principal implicado y responsable de una diligencia mantenida en secreto en las investigaciones oficiales, así como de la presunta alteración de la escena y de realizar un montaje, ocasionó que con fecha 27 de abril de 2016, la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, diera vista de este asunto a la Visitaduría General para que en pleno ejercicio de sus atribuciones, proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes. De igual forma, se dio vista al Órgano Interno de Control para determinar si la actuación de Zerón de Lucio es contraria al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Es decir, la propia autoridad investigadora fue señalada de participar en la indagatoria con el propósito de encubrir la actuación de un tercero, llámese Policía Federal, Ejército mexicano o las altas esferas del crimen organizado. Así la credibilidad de la investigación quedó irreparablemente dañada. Se acusa a Zerón de sembrar evidencias dentro de lo que sería el sustento probatorio de la “verdad histórica” del ex procurador Murillo Karam: las bolsas con los supuestos restos de los normalistas, que, en palabras de Murillo mismo, fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula y posteriormente arrojados al río San Juan. Esto daña profundamente la investigación porque mina la credibilidad de las instituciones. De ser ciertas estas acusaciones, estaríamos frente a la comisión de delitos, presuntamente cometidos por aquellos que tienen la encomienda de investigar tan terrible crimen.

El delito de desaparición forzada se define como la privación de libertad y el ocultamiento de civiles por parte de autoridades o de particulares asistidos o protegidos por autoridades. Este delito lo cometen quienes privan de la libertad a las víctimas, quienes encubren los hechos y quienes obstaculizan las investigaciones.

Por lo tanto, restringir las líneas de investigación sobre el paradero de las víctimas en este crimen de carácter continuo es, en sí mismo, un delito. La falta de una línea de investigación que atendiera la actuación de las autoridades federales fue una forma de materializar la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.

En el mejor de los casos, si los datos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes son ciertos, estamos ante “inconsistencias” en la investigación, que se pueden traducir en negligencia que ha impedido que de enero de 2015 a la fecha se continúe con la búsqueda de los estudiantes.

Pareciera que lejos de cuidar las indagatorias, en uno de los casos más importantes de la historia de México, donde debería imperar la pulcritud jurídica y la transparencia de las actuaciones de la autoridad encargada de procurar justicia, ocurre todo lo contrario. Dos años después de la tragedia en Iguala, no hay resultados en las indagatorias, que han sido claramente insuficientes.

Sexto. Así la renuncia de Tomás Zerón de Lucio, a la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, y su inmediato nombramiento como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no lo exime de las responsabilidades en que incurrió al manipular información sobre lo ocurrido en Iguala, el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, tal como advirtieron los padres de familia de los normalistas.

La renuncia se da después de casi cinco meses de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señaló la necesidad de realizar una investigación por las irregularidades detectadas en el caso, por lo que padres de familia de las víctimas consideraron que el nuevo nombramiento es un premio que otorgó el presidente Enrique Peña Nieto a Zerón, y reiteraron que buscan una investigación porque “manipuló evidencias” en el caso. Hilda Hernández, familiar de un estudiante, aseguró que con el nuevo nombramiento de Tomás Zerón “se confirma que ellos inventaron la verdad histórica”. “Que hayan nombrado al señor Zerón en un nuevo cargo, es una burla para todos los mexicanos. Queremos la verdad. Que haya justicia, por primera vez en este país”, manifestó Mario Patrón, director del Centro Prodh, organización no gubernamental dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en México.8

Estos señalamientos entran abiertamente en contradicción con lo establecido en el Plan para la Seguridad Nacional 2014-2018, que indica que “La preservación de la Seguridad Nacional es una función del Estado mexicano que compete directamente al Ejecutivo Federal, ésta requiere del diálogo y la coordinación con otros poderes públicos, el sector privado, la academia y la sociedad civil a fin de generar condiciones que permitan consolidar el régimen democrático que da sustento a nuestro proyecto de nación”.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus facultades separe del cargo a Tomas Zerón de Lucio, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, toda vez que no se han resuelto las indagatorias abiertas en su contra por la Procuraduría General de la Republica, a través de su Visitaduría General y el Órgano de Interno de Control, por la presunta alteración y manipulación de las investigaciones en el caso de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa desparecidos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Notas:

1 Secretaría de Gobernación. Boletín 422/2016 Tomás Zerón Lucio, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional https://www.gob.mx/segob/prensa/tomas-zeron-lucio-secretario-tecnico-de l-consejo-de-seguridad-nacional?idiom=es

2 Diario Oficial de la Federación 30 abril de 2014 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342824&fecha=30/04/2 014

3 Doc. Cit.

4 Artículo 12 del Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en Materia de Seguridad Nacional: La coordinación de acciones tiene como objetivo lograr una atención integral, así como una actuación integrada y eficaz en los temas de Seguridad Nacional, con pleno respeto a la distribución de competencias en los términos de las disposiciones aplicables. Lo que se traduce en el establecimiento de los liderazgos, recursos y estructuras necesarias para el logro del objetivo para asegurar una respuesta efectiva a los fenómenos actuales considerados como Amenazas, así como una adaptación rápida a nuevos fenómenos que se puedan constituir como tales.

5 Proceso 2061, 1 de mayo de 2016, p. 11. http://ow.ly/4nhMfk

6 “Atrae la PGR el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala”, La Jornada, 4 de octubre de 2014.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/04/
atrae-pgr-investigacion-de-los-43-normalistas-desaparecidos-en-iguala-3218.html

7 Aristegui Noticias. 2 de mayo de 2016.
http://aristeguinoticias.com/2404/mexico/oculto-pgr-que-estuvo-un-dia-antes-en-lugar-donde-encontraron-restos-giei/

8 Nombramiento de Zerón es “premio” otorgado por EPN que manda “mensaje de impunidad”: padres Ayotzinapa. ZetaTijuana.com, 15 de septiembre de 2016.

http://zetatijuana.com/2016/09/15/nombramiento-de-zeron- es-premio-otorgado-por-epn-que-manda-mensaje-de-impunidad-padres-ayotzi napa/ Fuente: http://zetatijuana.com/2016/09/15/nombramiento-de-zeron-es-premio-otorg ado-por-epn-que-manda-mensaje-de-impunidad-padres-ayotzinapa/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de septiembre de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las fosas clandestinas encontradas en el predio Colinas de Santa Fe, en Veracruz (Puerto), suscrita por el diputado Cuitláhuac García Jiménez e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Cuitláhuac García Jiménez, en su calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno –como de urgente u obvia resolución– la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. El pasado 3 de septiembre, en conferencia de prensa en la capital del estado de Veracruz el colectivo denominado “Solecito Veracruzano”, informó que localizaron fosas clandestinas ubicadas en el predio Colinas de Santa Fe, en Veracruz Puerto, manifestando que a más de un mes de que se inició la búsqueda de familiares desaparecidos, en dicho predio se han encontrado hasta la fecha un total de 80 fosas clandestinas1 , refiriendo que no es posible calcular el número de cuerpos que pudieran estar enterrados ya que también en el lugar han encontrado restos óseos que no permiten tener una idea del total de restos humanos.

Lucía Díaz madre de un joven de 29 años de edad desaparecido hace tres años en el Puerto de Veracruz y representante del colectivo “solecito veracruzano”, conformado por un grupo de 50 madres de personas desaparecidas, solicitó también a través de la conferencia de prensa realizada en la ciudad de Xalapa, a legisladores federales y estatales, llamar a comparecer al fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, al ex procurador de Justicia, Amadeo Flores Espinoza; así como al ex titular de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, y al gobernador Javier Duarte de Ochoa, esto con relación al hallazgo de fosas clandestinas que encontrara esté colectivo, los cuales iniciaron labores de búsqueda y de localización el pasado 3 de agosto, y que a partir del día 8 del mismo mes empezaron a encontrar fosas clandestinas en el predio Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz, encontrando en los días ya mencionados 28 fosas clandestinas, en un radio de dos hectáreas de quince hectáreas aproximadamente por analizar, que en lo sucesivo de la búsqueda de cuerpos fue aumentando el número de fosas a 38 fosas conforme iban avanzando en la búsqueda por parte de los ciudadanos que integran dicha agrupación.

Por su parte otros integrantes del colectivo “solecito veracruzano” han manifestado que la zona donde se localizaron las fosas clandestinas se encuentran ubicadas en la zona norte del Municipio de Veracruz, que limita con una área que se encuentra en constante vigilancia como lo es la zona portuaria, donde les parece extraño que de tratarse de una zona urbana donde se supone hay vigilancia, las autoridades no pudieron percatarse de lo que estaba sucedieron en el lugar, a menos refieren, que la autoridad estuviera al tanto de lo que realmente pasaba ahí.

Con relación a lo anterior es de preguntarse, cómo es que realmente sucedieron estos hechos sin que ninguna autoridad estatal o municipal se diera cuenta, con testimonio de los propios integrantes del colectivo, mencionan que para realizar todas esas fosas clandestinas, y por la magnitud del terreno, que mide aproximadamente 15 hectáreas de longitud, los que se encargaron de realizar todas esas fosas clandestinas tuvieron que haber utilizado algún tipo de maquinaria para hacer las excavaciones, como un trascabo, y por otro lado tuvieron que movilizarse muchas personas en vehículos particulares o de algún tipo para trasladar los cuerpos que se encuentran en donde ellos han denominado un cementerio, debido a lo que han presenciado y visto.

Por los hechos mencionados, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informó en un comunicado en este mes de Septiembre sobre el hallazgo de “75 puntos” en el predio Colinas de Santa Fe, donde se encuentran fosas clandestinas, informando a su vez que hasta el momento se habían procesado 8 de las fosas halladas por el colectivo “solecito veracruzano”, por parte la división Científica de la Policía Federal, dentro de las cuales se habían localizado un total de 28 cadáveres de personas, mismos que presentabas signos de tortura2 . No es de imaginarse si en 8 de las fosas se han encontrado ese número de cuerpos, entonces que nos espera al realizar la búsqueda en los 80 puntos de fosas clandestinas, no cabe duda que los hechos que están aconteciendo en nuestro estado son inconcebibles, y por otra parte seguimos preguntándonos los ciudadanos que vivimos en este bello Estado, hasta cuando las autoridades locales y estatales van a permitir que sigan sucediendo este tipo de crímenes.

Segundo. Al tenor de lo señalado, cabe destacar que de acuerdo a información oficial revelada vía transparencia gubernamental por parte de la Policía Federal, indican los datos que entre 2012 y 2016 se habían registrado el hallazgo de 51 restos humanos, en seis eventos o fosas clandestinas que se encontraran en territorio veracruzano, sin que a la fecha se haya podido identificar alguno de los cuerpos o restos humanos encontrados y reportados a esta dependencia Federal de seguridad3 .

En virtud de lo anterior así son las fechas, en que los casos se fueron registrando en el estado de Veracruz:

1. El 22 de junio de 2012 se encontró una fosa en el municipio de Lerdo de Tejada con 12 restos mortales.

2. El 5 de julio, en la localidad de Tihuatlán una más con los restos de un posible cuerpo.

3. En 2013 no hubo hallazgos. Mientras que el 17 de junio de 2014 se encontró una fosa en el municipio de Cosamaloapan con 31 restos mortales.

4. El 18 de febrero de 2015, la Policía Federal reportó dos fosas con seis restos mortales en la comunidad de Ozuluama.

5. 13 de mayo de 2016, se registró una fosa con un resto recuperado en Coatzacoalcos.

En dicho informe proporcionado por la Policía Federal, también indican que las fosas o los eventos como ellos le denominan al asunto, fueron realizados por operativos que hicieran en conjunto con autoridades federales y estatales.

Nuevamente surge la incógnita de los hechos que día a día se agravan, como es posible que un grupo de madres de hijos (as) desaparecidos hayan encontrado en un terreno alrededor de 80 fosas clandestinas, y la autoridad en este caso federal solo tenga el registro de 6 fosas con un total de 51 cuerpos o restos de cuerpos en el transcurso de 4 años, que acaso las organizaciones como la de este colectivo, que no cuentan con la estructura, los elementos o ni siquiera herramientas como las que tienen nuestras autoridades de seguridad o incluso la autoridad investigadora, hayan encontrado estas fosas que a las luces de muchos estaban ahí en ese predio.

Tercero. En este orden de ideas, la Procuraduría General de la República pasa hacer la única instancia adecuada para garantizar que las investigaciones de los hechos sucedidos en el estado de Veracruz sean esclarecidos, el año pasado esta Procuraduría creó una Fiscalía Especializada de búsqueda de personas desaparecidas, a través del Acuerdo A/094/15, publicado en el diario oficial de la federación el día 09 de Octubre de 2015.4

A su vez la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala la facultad de atracción que puede ejercer el órgano ministerial federal.

Artículo 14. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

El procurador general de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

Por su parte el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que:

Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este Reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por acuerdo del procurador, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las contempladas en el artículo anterior, las siguientes:

I. a V. ...

VI. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;

...”

Las víctimas y los familiares que han desempeñado esta tarea de búsqueda y localización de sus hijos (as), tienen derecho a que se les haga justicia, a conocer la verdad de los hechos y a que se esclarezcan.

Por lo expuesto el Grupo Parlamentario de Morena sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como de urgente u obvia resolución los siguientes:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que en uso de sus atribuciones y en el ámbito de sus competencias, atraiga las indagatorias de las fosas clandestinas que hasta la fecha se han encontrado en el predio Colinas de Santa Fe, en el municipio de Veracruz (puerto), a fin de garantizar que las investigaciones se realicen de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación política o ideológica, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

Notas:

1 Veracruzanos.info. Suman 80 fosas clandestinas halladas en el puerto de Veracruz http://www.jornada.unam.mx/2016/09/10/estados/026n1est

2 Animal político. Un grupo de mujeres activistas encuentra 75 fosas clandestinas en Veracruz
http://www.animalpolitico.com/2016/09/grupo-mujeres-activistas-fosas-clandestinas-veracruz/

3 Policía Federal Fosas Veracruz https://es.scribd.com/document/323151561/Policia-Federal-Fosas-Veracruz #from_embed

4 Acuerdo A/094/15, publicado en el diario oficial de la federación el día 09 de Octubre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.

Diputado Cuitláhuac García Jiménez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

En Dhaka, Bangladesh, en enero del año 1999, la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres, instauró el 23 de septiembre como el “Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”, en conmemoración a la primera ley contra este delito, la ley 9.143 mejor conocida como la “Ley Palacios” (el propulsor fue Alfredo Lorenzo Ramón Palacios, abogado y politólogo argentino) la cual fue promulgada en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1913.

Uno de los grandes males que sufre nuestra sociedad y que data desde la edad media, es el tráfico y venta de individuos, hoy llamado “trata de personas” o “trata de seres humanos y esclavitud moderna”, aunque para resumirlo hoy en día se le denomina simplemente “trata” y que sin duda alguna, es el mayor reto que tienen los gobiernos en todos los países alrededor del mundo. Para poder erradicar totalmente este problema, se debe comenzar con tener leyes que castiguen severamente a los traficantes de seres humanos, debemos eficientar los programas sociales dirigidos a la trata de personas con herramientas sólidas y suficientes que apoyen hacia la orientación de la sociedad y de esa manera, se empiece a involucrar en la prevención de este delito, que tanto daño hace a la humanidad.

Los 147 países que integran el Protocolo para prevenir, reprimir, y sancionar la trata de personas, tiene un pendiente de características mayores, ya que este fenómeno día con día va creciendo. La última estadística de la OIT en el año 2012 era de 21 millones de víctimas, de las cuales, el 54 % son mujeres y niñas y el 46 % son hombres y niños. La explotación sexual no es la única actividad que se utiliza para la trata de personas, hay diferentes modalidades para dicho fin, como trabajos forzados o trata laboral, esclavitud/servidumbre, extracción de órganos entre otros tipos de explotación. Cabe hacer mención que no en todos los casos se considera trata, en algunos de ellos, es delito independiente y esto se debe a que no en todas las jurisdicciones es lo mismo.

La llamada esclavitud moderna, no es otra cosa más que, un compendio de actividades sociales tales como la pobreza extrema, la discriminación hacia la mujer y a los indígenas, el poder de la delincuencia organizada, la corrupción y otras tantas fallas de los gobiernos, si todo esto no existiera, no habría necesidad de desplazar a tantas personas hacia otros países. Es por ello que deben trabajar en conjunto todas las autoridades, porque es muy cierto que ningún país por sí solo, logrará eliminar este flagelo mundial, se requiere de una solución mundial, valga la redundancia, para empezar a extirpar este tumor social que día a día se va expandiendo y que afecta considerablemente a las naciones.

Es responsabilidad de los gobiernos convocar al Sector Privado, a la Academia y a la Sociedad Civil en su conjunto para implementar las estrategias adecuadas a fin de hacer un frente común, para que la explotación y el tráfico de personas se diluya completamente de la esfera mundial.

Por eso hoy en el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, debemos concientizar a la población a través de pláticas, conferencias, talleres y cursos de prevención contra este delito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.

Referencia bibliográfica; Organización Internacional del Trabajo (OIT) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/ meetingdocument/wcms_203985.pdf

http://www.gob.mx/segob/articulos/
23-de-septiembre-dia-internacional-contra-la-explotacion-sexual-y-el-trafico-de-mujeres-ninas-y-ninos

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo del 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La Organización Mundial de Turismo (OMT), en su tercera reunión celebrada en Torremolinos, España, en septiembre de 1979, decidió instituir al 27 de septiembre como Día Mundial del Turismo, a partir de 1980 así se celebra. La fecha fue elegida por coincidir con un hito importante en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la OMT en 1970. Por otra parte, la fecha resulta idónea por coincidir con el fin de temporada alta en el hemisferio norte y el comienzo de la temporada en el hemisferio sur, una fecha en que el turismo está en la mente de millones de personas de todo el mundo.

El propósito fundamental de esta celebración es profundizar en la sensibilización de la comunidad internacional respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico, contribuyendo a afrontar los retos mundiales señalados en los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio e incidir en la contribución que puede aportar el sector turístico para alcanzar estos objetivos.

El turismo a través del tiempo ha tenido que sortear todo tipo de eventos, ya sean, fenómenos naturales, conflictos políticos y sociales y hasta bélicos, y aun bajo estas circunstancias a nivel mundial, el turismo crece día con día, por ello, la OMT cada año, decide dar un lema a la celebración. Un sinfín de destinos en todo el mundo muestran su apertura total para seguirse desarrollando, permitiendo cada vez más la entrada de emporios reconocidos a través de sus grandes inversiones, logrando con ello que el sector sea pieza clave tanto en el desarrollo socioeconómico como en la construcción de infraestructura en la región donde se ejercen dichas inversiones.

Desde hace algunos años el turismo a nivel mundial tiene un crecimiento verdaderamente dinámico, tan es así que hoy en día se equiparan sus ingresos con los de la actividad petrolera, automotriz y alimentaría. El turismo por sí solo se ha convertido en uno de los más importantes sectores para el comercio internacional.

Cifras de la OMT nos explican con precisión cuánto es lo que ha crecido el turismo a nivel mundial en las últimas décadas:

En los años cincuenta el tráfico de turistas internacionales a escala mundial era de 25 millones de personas; en los ochenta pasó a ser de 278 millones; en los noventa fue de 527 millones y en el nuevo milenio ha superado la cifra de los mil millones de pasajeros.

Las previsiones de crecimiento en el sector por parte de la OMT para las últimas dos décadas son de 3.3 por ciento anual, que nos lleva a estimar que se estará llegando a los mil 800 millones de pasajeros en la escala mundial.

Otras estadísticas que da la OMT, es que los viajeros internacionales que pernoctan en el destino que llegan, en el año 2014 se incrementó 4.3 por ciento, para alcanzar el número de los mil 130 millones de turistas, superando así los mil millones que en 2012 se registraron. Siguiendo con los registros de la OMT también podemos ver que la división de las Américas fue la más visitada y por ende, la que mayor porcentaje tuvo con 8 por ciento de las llegadas internacionales, seguida de Asía, Pacífico y Medio Oriente con 5 por ciento; Europa y África fueron de 3 y 2 por ciento respectivamente.

Por último, los datos que la OMT nos da de los ingresos a escala mundial en millones de dólares son: de mil 250.000 millones en 2014, que representó un incremento de 3.7 por ciento, en comparación con los mil 197.000 millones de 2013. Cabe mencionar que Francia, los Estados Unidos, China y España, siguen en la cima de los países con mayor flujo de visitantes internacionales. Nuestro país ya se ubica entre las diez naciones con llegada de turistas extranjeros, precisamente ocupando el décimo sitio. Es de destacar que tanto China como el Reino Unido se han movido dos lugares y hoy ocupan el tercero y séptimo puesto respectivamente.

Hoy por hoy se puede afirmar que el turismo es, para algunos países en desarrollo, la principal fuente de ingresos y el mayor generador de empleos, contribuyendo con ello al bienestar social y al progreso e impulso de muchas regiones a nivel mundial, volviéndolas los lugares predilectos de turistas tanto nacionales como extranjeros.

Por todo lo anterior hago un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a apegarnos a las solicitudes de la OMT para seguir promocionando y fomentando el turismo con celebraciones en cada uno de los rincones de nuestro país, ya que como hemos visto a lo largo del tiempo, es un sector que genera empleo y trae mejoras sociales y económicas a las comunidades donde los turistas suelen pasar sus días de asueto y diversión, sin dejar de mencionar que también se ejerce dicha actividad a través de una gran movilidad de ejecutivos por negocios y otras actividades.

“Turismo para todos”

Referencias

http://www.un.org/es/events/tourismday/background.shtml

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo del 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Presento ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la conmemoración de una fecha de gran trascendencia para el ámbito mundial, siendo ésta, el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz.

Desde el año de 1981 y cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz, gracias a la decisión tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de fijar esa fecha con el fin fortalecer los lazos de amistad y solidaridad que prevalecen en la mayoría de los 193 países que la conforman.

Si bien es cierto, vivimos tiempos muy difíciles y de constantes cambios entre Guerras, Ataques, Atentados y un sin fin de acciones que perturban la paz mundial, con la celebración del Día Internacional de la Paz, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) convoca a todas las naciones y a todos los pueblos a respetar el cese de las hostilidades durante este día y a conmemorarlo a través de campañas de concientización y sensibilización que permitan fomentar de manera pública la paz entre todos los individuos, poniendo especial énfasis un alto al fuego y a la violencia en los países que se encuentran en conflicto.

Esta invitación nos conduce a la reflexión y a un análisis profundo para buscar los caminos adecuados que nos guíen hacia la implementación de mecanismos adecuados, que conduzcan a contribuir, de manera individual o colectiva, desde las grandes ciudades y hasta el pueblo más recóndito del planeta; y así alcanzar soluciones a tantas hostilidades, derramamientos de sangre y a la hambruna alimentaria, de forma muy particular en el Medio Oriente, Asia y África.

El Día Internacional de la Paz, es una celebración anual que se caracteriza gracias a que millones de personas alrededor del mundo, se reúnen en dicho evento y desde ahí emplazar a ponerle fin a tanta crueldad, a tanta injusticia social y a tanta barbarie pidiendo tener paz en el mundo entero.

Cabe resaltar el llamado que hace la ONU mediante esta conmemoración, para que haya un alto a las guerras, a los enfrentamientos, y mediar entre las naciones los conflictos de intereses, a fin de concientizar las negociaciones de armonía para sus habitantes, viendo en sus generaciones la unidad civilizada.

Sin embargo, para llegar a estos objetivos es necesario realizar un examen de conciencia, para encontrar en donde está la equivocación en nuestra sociedad y con base a ella transmitir principios e ideales, apoyados por los valores de respeto, armonía, civilidad y paz. Si empezamos a educar con esos preceptos se empezaran a modificar comportamientos desde los más cotidianos hasta los más extraordinarios del entorno donde se vive, eso hará que los habitantes de cualquier lugar del mundo comiencen a fomentar la amistad, lealtad y compañerismo entre sus semejantes, todas esas acciones conllevan a tener y vivir en paz.

Por todo ello, es de suma importancia difundir esta celebridad en todas las sociedades, ya que con ello se contribuye a que la población mundial viva en armonía con civilidad, seguridad, sin temores y sin violencia, pero sobre todo, en un mejor planeta.

Referencia bibliográfica; Organización de la Naciones Unidas (ONU)

http://www.un.org/es/events/peaceday/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)