Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios el modelo para la comercialización de granos y considerar la creación de una bolsa mexicana agroalimentaria, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Germán Escobar Manjarrez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamente de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa para que a través de Aserca cambie el modelo que actualmente tiene para la comercialización de granos y se cree la bolsa mexicana agroalimentaria.

Exposición de Motivos

El cambio en los mecanismos de intervención del Estado para’ el apoyo a la comercialización de las cosechas agrícolas preferentemente de granos, encuentran sus primeros antecedentes con la incorporación de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), que en términos generales promueve un proceso de desgravación arancelaria para establecer condiciones igualitarias de comercio entre países y se han definido con mayor claridad de conformidad con los tratados de Libre Comercio que México ha firmado con diferentes países.

Esta política ha dado como resultado que los instrumentos de intervención en torno al comercio agrícola y en particular sobre productos de alta sensibilidad para la dieta nacional como son el maíz, el trigo y el sorgo, estén sujetos a mecanismos de fijación de precios en el entorno internacional y bajo instrumentos que refleja una alta volatilidad y especulación a través de “bolsas” que se ven distorsionados por el sobre proteccionismo de los subsidios agrícolas que tienen países como los Estados Unidos de América.

Ante la liberación de mercados y la globalización comercial de productos agrícolas en 1991 se creó la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) con el propósito de contar con un organismo para el impulso y apoyo a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, con los siguientes objetivos principales:

I. Fomentar la organización de prod4ctores para la comercialización y su capacitación.

II. Fomentar que se construya la infraestructura básica para realizar eficientemente los procesos de comercialización.

III. Fomentar el desarrollo de sistemas de información de mercados nacionales e internacionales.

IV. Fomentar la creación de una bolsa agropecuaria, hacia la que se oriente la comercialización privada.

Podríamos concluir que el principal mandato de Aserca es impulsar y consolidar los mercados nacionales, para otorgar rentabilidad en los cultivos domésticos de nuestro país.

Si bien Aserca ha generado un camino a seguir para la comercialización de las cosechas, resolviendo problemas coyunturales de precios, estos procesos y recursos no han aumentado la productividad y la competitividad del sector de granos y oleaginosas, ya que este enfrenta una serie de retos estructurales que no se han atendido en los últimos años y dista mucho de otorgar los resultados del proyecto original para el que fue constituida, ya que la baja rentabilidad de los productos agrícolas principalmente de granos como el maíz, trigo y sorgo, han generado fuertes presiones políticas y sociales de los productores por un mejor precio en sus cosechas y además, ha provocado que los apoyos que se otorgan, se distorsionen y no beneficien principalmente al productor sino a los acopladores, comercializadores y compradores.

Ante estas circunstancias se requiere una transformación completa de las políticas públicas de apoyos a la comercialización y una transformación de la estructura administrativa de Aserca, ordenar los mercados de cosechas excedentarias y promover una cultura de administración de riesgos entre los productores, que fortalezcan el desarrollo regional y reconozcan sus características particulares para los recursos que se utilicen en apoyos a la comercialización de productos agrícolas generen mayor valor, incrementen la competitividad del sector y se eviten distorsiones de mercado y precios.

Ante tales escenarios es inminente la creación de políticas públicas que den rentabilidad al campo bajo una completa reestructuración de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Merados Agropecuarios por lo que solicito a esta soberanía aprobar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa, y al director en jefe de Aserca para que se modifique el modelo de apoyos a la comercialización y desarrollo de mercados para dar certidumbre y rentabilidad a los cultivos agrícolas de alta sensibilidad para los mexicanos como lo es el maíz, el trigo y el sorgo, y ordenar su cadena productiva.

Segundo: La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca para que se realice una transformación de fondo de la estructura administrativa de Aserca que dé respuesta rápida y eficiente a las necesidades de los productores agropecuarios.

Tercero: La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca, se realicen foros regionales que permitan la participación de los productores involucrados en los cultivos, que cuentan con apoyos a la comercialización y desarrollo de mercados.

Cuarto: La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca, se otorguen las medidas administrativas y financieras, para crear una bolsa de físicos que permita: identificar el precio domestico de los productos agrícolas de la canasta básica.

Quinto: La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Sagarpa y al director en jefe de Aserca para elaborar un padrón de productores de granos básicos tales como maíz, trigo y sorgo.

Diputado Germán Escobar Manjarrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 62 numeral 3 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El 9 de enero de 1981 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que el Estado mexicano aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales1 (PIDESC o el Pacto), en el cual se reconocen derechos como el del trabajo, a la protección a la familia, a un nivel de vida adecuado, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la educación, a la participación en la vida cultural, a gozar del progreso científico, etcétera.

2. El 10 de diciembre de 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de su resolución 63/117 aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales2 (en adelante el Protocolo), a fin de asegurar el logro de los propósitos del PIDESC, facultando al Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales (CDESC o el Comité) para recibir y examinar comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por ese Estado Parte de los derechos contenidos en el PIDESC. Sin embargo, para el reconocimiento de la jurisdicción del comité se requiere que el Estado parte en cuestión sea parte del protocolo.

3. México es un Estado parte del PIDESC, sin embargo, no ha aprobado el protocolo, por lo que el Comité se encuentra imposibilitado para conocer de casos específicos en los que se viole el Pacto.

4. La Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se ha pronunciado respecto de la importancia de que exista este Protocolo, facultando al Comité como un mecanismo internacional de quejas, e indicó:

“Por un lado, permitirá que el Comité DESC avance aún más en la definición del contenido y alcance de cada uno de los derechos y obligaciones contenidos en el Pacto, y por otro, enviará un mensaje contundente a los tribunales nacionales y otros organismos cuasi-jurisdiccionales, de que los DESC son efectivamente derechos justiciables, alentando a que se desarrollen en el ámbito nacional recursos realmente efectivos para que no sea necesario recurrir a la instancia internacional en búsqueda de justicia.”3

5. Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) permiten el ejercicio de otros derechos, ya que establecen las bases mínimas para el desarrollo de los seres humanos en condiciones de igualdad y libertad, dejando patente que son el reflejo de las sociedades conscientes de la dignidad humana y de que:

“...no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos...”4

6. El 10 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modificaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos; estableciendo desde entonces, la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo que, en un ánimo congruente con esta reforma, resulta imperativo que el Ejecutivo federal firme el Protocolo, como una forma de demostrar un verdadero compromiso con los derechos humanos de todas y todos.

7. México tiene la oportunidad de avanzar en materia de derechos humanos, y la firma del Protocolo es indispensable para que el Comité tenga la posibilidad de conocer de cerca el estado que guardan en nuestro país los DESC; como legisladores esta proposición es una forma de dejar en claro que haremos todo lo que esté dentro de nuestras facultades para que los mexicanos gocemos en igualdad de circunstancias de los mismos derechos.

Por lo fundado y motivado, ante esta soberanía proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, exhorta al titular del Ejecutivo federal, a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo expresamente la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para conocer de los procedimientos de comunicaciones entre Estados y de investigación.

Notas

1 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4603452&fecha=09/01/1 981

2 Disponible en:

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/117

3 Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: EXIGIBLES y JUSTICIABLES Preguntas y respuestas sobre los DESC y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en:

http://hchr.org.mx/images/doc_pub/PIDESClibro.pdf

4 Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20ECONOMICOS,%20SO CIALES%20Y%20CULTURALES.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a las tarifas eléctricas vigentes en Camargo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán y Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Yahlel Abdalá Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Diputada Federal Yahleel Abdala Carmona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1.- El cambio climático es una realidad que afecta a todos los países en el mundo, de acuerdo a la ONU durante este siglo la temperatura de la superficie mundial podría aumentar hasta en 3°C y podría ser mayor en algunas zonas del planeta, también señala que las personas más pobres y vulnerables serán los más afectados por este fenómeno1 .

2.- En México no somos ajenos a esta realidad, razón por la cual en los últimos años hemos sido testigos de distintos fenómenos meteorológicos y temperaturas extremas en el país, de acuerdo a la CONAGUA en su Reporte Anual del Clima en México 20151 , durante ese año la temperatura media nacional resulto 1.1 °C por arriba de la media comprendida de los años 1981 al 2010, igualando así al año 2014 como el más caluroso desde 1971.

3.- En el caso concreto del Estado de Tamaulipas es conocida la diversidad de climas que existen en él, de acuerdo al sistema de información económica de Tamaulipas (SIETAM) la entidad se puede subdividir en tres zonas climáticas las cuales van desde los climas semisecos y semicálidos del centro y norte, a los climas cálidos subhúmedos del sur y sureste además de los climas de la sierra madre3 .

4.- En este orden de ideas resulta indubitable el hecho de que la existencia de tal diversidad climática impacta directamente en las temperaturas en los diversos municipios del Estado, siendo un ejemplo de esto el gran contraste que existe entre las temperaturas de 18.3°C reportadas en el mes de julio del 2014 en el municipio de Las Antonias y los 31°C alcanzados en Nuevo Laredo en el mismo periodo4 , resultado de lo anterior es una realidad que en algunas zonas y con motivo de las altas temperaturas aumenta la utilización y el consumo de energía por parte de aparatos electrónicos tales como ventiladores y refrigeradores los cuales resultan esenciales para mitigar las olas de calor y para conservar en buen estado los alimentos de las familias tamaulipecas.

5.- Como ya se sabe, las enfermedades y muertes relacionadas con las altas temperaturas son una realidad, en ese sentido, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) alertó de un posible aumento de fallecimientos debido a las olas de calor que afectan a diversos puntos del planeta, dicho organismo señalo que se debe dedicar más atención a la gestión del peligro que implican las temperaturas extremas si se quiere reducir la mortalidad causada por ese fenómeno el cual anualmente cobra la vida en promedio de más de 7,200 personas en el mundo5 .

6.- De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social los daños a la salud a causa de las temperaturas elevadas pueden ser desde quemaduras solares, calambres, agotamiento por calor y golpes de calor entre otros, cabe mencionar que los grupos de la población más susceptibles a dichos golpes son las y los niños menores de 6 años de edad y los adultos mayores de 65 años.6

7.- En este orden de ideas y derivado del aumento del consumo de energía mencionado en el cuarto considerando de la presente propuesta, resulta necesario e inaplazable el tomar medidas que apoyen a la población más vulnerable y de escasos recursos en el Estado de Tamaulipas, si bien reconocemos los beneficios económicos que la reforma energética ha traído a las familias mexicanas con la reducción del costo de las tarifas electicas, es necesario fortalecer el apoyo a los mas vulnerables.

8.- En este sentido y con fecha del 1 de Enero del año 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 015/2014 mediante el cual se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos en las cuales se establecen las categorías 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F; Cada una de estas categorías varia en su costo atendiendo al consumo de kilowatts-hora, a la temperatura media del lugar donde se aplique y a la época del año la cual para efectos del acuerdo se clasifican como “Temporada de Verano” y “Temporada fuera de Verano” siendo la primera el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, de tal manera que entre más alta sea la temperatura la tarifa será más económica.

9.- Dicho lo anterior, es importante señalar que al ser la temperatura un factor determinante para la clasificación de las tarifas que se habrán de cumplir no podemos ser ajenos a la realidad de la cual somos testigos diariamente y de la cual padecemos las altas temperaturas que llegan a rebasar incluso los 40ºC como se puede observar en la siguiente ilustración obtenida de la página de la CONAGUA, situación que ha generado muertos y hospitalizados por golpes de calor en Tamaulipas.

10.- La salud de toda la población es un tema prioritario y de interés público para el Estado Mexicano como lo establece el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como diversos instrumentos internacionales de los cuales México es parte tales como la Convención Sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los cuales el primero en su artículo 24 reconoce el derecho del niño al disfrute del nivel más alto de salud y el segundo en su artículo 12 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental además de establecer entre otras la obligación de los Estados parte de llevar acabo las medidas tendientes a conseguir la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños así como a prevenir y tratar distintos tipos de enfermedades por lo cual a efecto de continuar con el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas además de procurar el bienestar y salud de las y los tamaulipecos más vulnerables ante las altas temperaturas y por lo anteriormente expuesto, me permito proponer ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que reclasifiquen las tarifas eléctricas que actualmente se cobran en los municipios de Camargo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán y de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aplicando de manera uniforme la tarifa 1F. Lo anterior a efecto de procurar el bienestar y salud de las y los tamaulipecos más vulnerables y en apoyo de las economías familiares de los habitantes de dichos municipios que debido a los climas extremos a los que se exponen requieren de un mayor consumo de energía para el cuidado de su salud y para tener una mejor calidad de vida.

Notas

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change- 2/

2 Reporte del clima en México 2015, CONAGUA (p. 16) http://smn1.conagua.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/Anual2015.pdf

3 Tamaulipas: Mapa de Climas, SIETAM.

http://sietam.tamaulipas.gob.mx/indicadores/geograficos/ G-12.pdf

4 Anuario Estadístico y Geográfico de Tamaulipas 2015 (p.26) http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/TAMS_ANUARIO_PDF15.pdf

5 UN warns of more heatwave deaths as climate change pushes up temperatures, ONU

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/07/un -warns-of-more-heatwave-deaths-as-climate-change-pushes-up-temperatures /

6 Temporada de calor, IMSS. http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/temporada-de-calor

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputada Yahleel Abdala Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar por la Conanp los análisis y trámites conducentes a decretar como área de protección de recursos naturales el polígono del Cañón del Arce, en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito Diputado Federal Wenceslao Martínez Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en al artículo 6. Numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la atención de esta Soberanía proposición con Punto de Acuerdo por el que Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para llevar a cabo los análisis y trámites correspondientes con el fin de decretar al Polígono del Cañón del Arce, conocido también como parte alta del Cañón de Doña Petra/las Pilitas en ensenada, Baja California, como “Área de Protección de Recursos Naturales” y así contar con el Programa de manejo adecuado, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el municipio de Ensenada, Baja California; existe un lugar conocido como “parte alta del Cañón de Doña Petra”, localizado en el rancho “La Cruz” y en parte del rancho “Sierra de Ulloa”; cuyo equilibrio y permanencia se han visto amenazados peligrosamente por la devastación de su hábitat en los últimos meses.

A pesar de que la zona se encuentra actualmente amparada por el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico del Corredor de San Antonio de las Minas1 (el cual prohíbe expresamente desarrollar nuevos caminos o extraer materiales pétreos2 ), la realidad es que hoy en día existe daño que ha sido ocasionado directamente al ecosistema debido al ingreso de maquinaria pesada para abrir camino y extraer rocas.

Este sistema de aprovechamiento de materiales pétreos carece de un sustento técnico-científico que ha propiciado un aprovechamiento irracional de esos recursos pétreos presentes en los lechos de los arroyos de la zona, generando impactos importantes en la geomorfología natural de los arroyos y en la calidad de vida de los pobladores asentados en sus márgenes, zona de influencia y vías de comunicación utilizadas para el transporte del material pétreo.

En la extracción de arena del cauce del arroyo Guadalupe, se ha detectado que su avance y crecimiento es un factor importante que afecta a la dinámica natural del arroyo provocando la disminución del manto freático, aunado a que los ingresos económicos generados por esta actividad extractiva benefician a concesionarios privados externos al Valle de Guadalupe.

En consecuencia, los aprovechamientos de materiales pétreos establecidos en los cauces de arroyos del área de ordenamiento, deben de autorizarse sin excepción mediante una estricta evaluación de impacto ambiental que contenga los estudios técnicos y planteamientos de mitigación para aquellas medidas que permitan abordar el esquema de aprovechamiento bajo el enfoque de cuenca y con el alcance suficiente para la evaluación de los impactos acumulativos de aprovechamientos individuales. Es decir, evaluando con un enfoque regional dentro de una escala espacial y temporal que arroje elementos concisos y suficientemente demostrables que permitan analizar en su conjunto el impacto acumulativo que tendrán, en su caso, el aprovechamiento de una serie de secciones del tramo del lecho de los arroyos bajo este esquema de explotación, en el entendido de que sin este enfoque integral las evaluaciones parciales carecerán de sustento.

La problemática anterior responde a que en la región actualmente la obtención de materiales para la construcción a partir de la extracción de bancos de material pétreo de cauces de arroyos se ha incrementado, en parte, por la gran demanda que tienen estos materiales en el vecino estado de California, principalmente por las restricciones que la normatividad de Estados Unidos impuso a la actividad de extracción en arroyos es ese país.

La extracción de arena y grava de los cauces de arroyo ha sido una práctica común para el desarrollo de obras de construcción, rehabilitación de carreteras, construcción de puentes y otras obras de interés público, con fines diferentes a la explotación comercial masiva de los bancos de material, empero ambas, ocasionan impactos sustantivos al medio ambiente.

Los arroyos en la región norte del municipio de Ensenada constituyen una importante red de drenaje desde las partes altas de las sierras Juárez y San Pedro Mártir hasta el mar, y forman parte de una serie de subcuencas intermontañas y costeras que dan origen a los acuíferos emplazados en los valles. La mayor parte de estos arroyos tienen flujo intermitente, y conducen los escurrimientos superficiales que se producen de la captación pluvial de las cuencas hidrológicas.

Toda esta situación afecta directamente a una amplia lista de flora y fauna actualmente, tales como:

La mayoría de las actividades que se desarrollan en la zona de ordenamiento carecen de un plan de manejo, así como de un esquema normativo que regule la forma, frecuencia y uso del suelo donde se realizan estas actividades, además de que no existe un Comité o Consejo Técnico Asesor conformado por diferentes instituciones que coordine las acciones y proponga la implementación de planes de manejo para las principales actividades del área.

Y el problema no sólo es el que en la presente exposición de motivos se menciona, sino que a mediano y largo plazo esta situación se incrementará exponencialmente dañando irreversiblemente al equilibrio ecosistémico de la región.

Por ello se propone que el área que a continuación se muestra sea considerada Reserva Ecológica para la protección de las diferentes especies de flora y fauna.

Área propuesta para ser considerada como Reserva Ecológica

Localización del polígono para protección del Cañón Arce conocido también como parte alta de Cañón de Doña Petra/las pilitas se ubica en las coordenadas geográficas de 320 05´ 56.65041” y 32 005´ 47.52211” Latitud Norte y 1160 38´ 13.20” y 116038´05.55”Longitud Oeste

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Ùnico.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para llevar a cabo los análisis y trámites correspondientes con el fin de decretar al Polígono del Cañón del Arce, conocido también como parte alta del Cañón de Doña Petra/las Pilitas en ensenada, Baja California, como “Área de Protección de Recursos Naturales” y así contar con el Programa de manejo adecuado.

Notas

Publicado en el Periódico Oficial de Baja California el 8 de septiembre de 2006.

2 Lineamientos generales del Programa de Ordenamiento Ecológico del corredor San Antonio de Las Minas-Valle de Guadalupe, rubro relativo a Recursos Naturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputado Wenceslao Martínez Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, de acuerdo con los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la ONU, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 62 numeral 3, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El 18 de abril de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la aprobación del Estado Mexicano de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas1 (CIPTPDF o la Convención),2 la cual contempla en su artículo 26 la creación del Comité contra la Desaparición Forzada (en adelante el Comité) integrado por diez expertos independientes, que ejercerán sus funciones a título personal y actuarán con total imparcialidad.

2. Para que el Comité pueda recibir y examinar comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado parte de las disposiciones de la CIPPDF, se requiere que el Estado parte en cuestión, le haya reconocido competencia al Comité.

3. México es un Estado parte de la CIPTPDF, sin embargo no ha reconocido la competencia del Comité por lo que este se encuentra imposibilitado para conocer de casos específicos en los que se viole la Convención.

4. En el Plan Nacional de Desarrollo se contempla la meta denominada “México en Paz” en la cual se afirma que no se ha logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos... uno de los objetivos prioritarios del gobierno es lograr una política de Estado en la materia, que garantice que todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana.3

5. En el Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias,+4 se recomendó que se reconociera la dimensión del problema de la desaparición forzada como un paso para poder erradicarla y se insistió en la necesidad de reconocer la competencia del Comité.

6. El Comité en marzo de 2015 hizo públicas las Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención (CED/C/MEX/CO/1), en donde señaló, entre otras cosas, las fallas en las que México ha incurrido, la necesidad de establecer un registro único de personas desaparecidas que permita contar con estadísticas que contribuyan al diseño de políticas públicas relativas a la desaparición forzada de personas y precisó:

“La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Convención. El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas.

...

El Comité alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas previsto en la misma”5

7. En el Avance del informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (GTDFI) de septiembre 2015 (A/HRC/30/38/Add.4)6 se indicó respecto de México, que: No existe un diagnóstico nacional sobre el problema de la desaparición forzada de personas que permita desarrollar las medidas integrales y efectivas para su para su prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación... El grupo de trabajo alienta al Estado a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales de acuerdo a los artículos 31 y 32 de la de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

8. El 10 de julio de 2015 se publicó en el DOF la reforma al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,7 a fin de darle facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de Desaparición forzada de personas. Dentro de los transitorios de esta reforma, se indicó que el Congreso de la Unión debería expedir la legislación correspondiente dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto y en ella se debía regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Dicho plazo concluyó el 10 de enero de este año.

Esta reforma responde en parte a las recomendaciones del GTDFI y del propio Comité, quienes han señalado que debido al sistema federal que se tiene en el país, la definición del delito de desaparición forzada ha sido diferente en cada entidad, muchas de ellas carecen de la adecuada tipificación y otras ni siquiera cuentan con ésta.8

9. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,9 la desaparición forzada de personas es un tipo de violación múltiple y continuada de derechos humanos, con características complejas que dejan huella en las personas que la padecen, sus familiares y en su entorno, y cuyos efectos se prolongan en el tiempo hasta que se conoce el paradero de la víctima.

10. Diversas instituciones del Estado dan diferente información respecto al número de personas desaparecidas, por lo que no se tiene certeza de cuántas personas se han visto afectadas por esta práctica. Sin embargo, casos como el de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los 5 jóvenes desaparecidos en Veracruz y todas las brigadas ciudadanas de búsqueda de personas, nos dan un ejemplo de la situación y la necesidad de dar respuestas a la población.

11. Los medios de comunicación, las redes sociales y las organizaciones civiles han dejado constancia de numerosos casos de desaparición forzada de personas en los que la impunidad ha imperado, no se han encontrado a los culpables, no se ha investigado, no se ha sancionado, no se han localizado a las víctimas o sus restos mortales, no se han reparado los daños y no se han reducido estas prácticas en el territorio nacional.10

12. Dado el diseño de creación legislativa que tenemos, nada le garantiza a la sociedad que contará a la brevedad con la Ley General de la materia, que estructure y dé forma a un verdadero registro nacional de personas desaparecidas, es por ello que se vuelve imperante que un Organismo especializado pueda conocer de casos en particular y nos oriente en el diseño de políticas públicas que nos ayuden a combatir este crimen que permea y daña a la sociedad mexicana en su conjunto.

13. Como representantes de la sociedad mexicana, no podemos ignorar la gravedad de que terribles hechos de este tipo ocurran de forma recurrente en nuestro país, dejando heridas abiertas y a las víctimas en un estado de completa indefensión, de ahí la importancia que tiene que el Comité conozca de casos en particular y nos permita avanzar de un país señalado por estos actos, a un país que investiga, sanciona y previene la desaparición forzada de personas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, ante esta honorable soberanía, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, de acuerdo con los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas y ratificada por el Estado Mexicano.

Notas

1 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5010695&fecha=18/12/2 007

2 Disponible en : http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2012/CDTratados/pdf/M6 27.html

3 Disponible en: http://pnd.gob.mx/ (pág. 35).

4 Disponible en:

http://hchr.org.mx/images/doc_pub/Informe_DesapForz_2aEd _web.pdf

5 Disponible en:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/043/66 /PDF/G1504366.pdf?OpenElement (párrafos 10 y 14).

6 Disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/Informe-Seguimiento-GTDFI-ONU_Mex ico-2015.pdf (párrafos 9 y 11).

7 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5400163&fecha=10/07/2 015

8 Véase el Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, párrafos 13 y 14.

9 Véase el Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No 6, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33824.pdf

10 Un ejemplo de esto se puede leer en:

http://periodismocide.org/investigacion-homero-campa/

http://www.m-x.com.mx/2016-03-31/epidemia-de-desaparicio nes-en-mexico-deja-mas-de-22-mil-victimas-la-cifra-de-ninas-y-jovenes-s ube-al-doble/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a impulsar el sector turístico en Huixtla, Chiapas, principalmente en la promoción de la piedra de Huixtla, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Enrique Zamora Morlet, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo en México es una actividad notoriamente importante, sobre todo en el aspecto económico. El país ocupa el noveno lugar en los gustos para visitar de los turistas internacionales, con 32.7 millones de visitantes hasta 2015. Asimismo, somos el primer destino para turistas extranjeros en América Latina.

Los ingresos provenientes de los turistas extranjeros alcanzaron más de 16 mil millones en 2015, además de contribuir con 5.7 por ciento de los ingresos nacionales provenientes de la exportación de bienes y servicios y representando 14.2 de los empleos directos e indirectos que genera la economía mexicana1 Lo anterior pone de manifiesto que es momento de consolidar y aprovechar el gran capital turístico con que cuenta el país.

La mayoría de los turistas extranjeros que visitan México provienen de Estados Unidos de América y Canadá. El siguiente grupo en importancia son visitantes de Europa y América Latina, mientras que un número reducido de turistas también proviene de los países de Asia. Por ello podemos decir que México se encuentra preparado para reposicionarse entre los principales países con atracciones turísticas a nivel mundial, pues además fomenta el desarrollo regional equilibrado y sustentable, integra a los habitantes de las distintas localidades, especialmente a jóvenes, a quienes hace partícipes de una vida productiva, y fomenta un crecimiento justo y equitativo. La actividad turística es un gran vehículo para transitar hacia un México más próspero y más incluyente.

Por lo anterior, desde una perspectiva estratégica se puede decir que abrir México al mundo y traer el mundo a México es aprovechar todo el potencial turístico con el objetivo de incrementar el tamaño de la economía nacional.

Beneficios del turismo

Gracias al turismo, en México se han mejorado y rehabilitado casi 60 por ciento de las diversas vías de comunicaciones y transportes con las cuales contamos. Ejemplo de lo anterior es la remodelación de los aeropuertos; las mejoras en el sistema de telecomunicaciones; la apertura de créditos para el desarrollo de nuevas infraestructuras y la prestación de servicios.

También vemos que gracias al desarrollo del turismo se ha mejorado la imagen de diferentes ciudades del país y por consecuencia se crean mejores condiciones de vida y disfrute para quienes viajan y para quienes reciben a los visitantes, además se deben tener en cuenta los avances en el aspecto económico y en la seguridad pública que estas ciudades registran.

El turismo también es importante para el desarrollo de una sociedad, pues permite las condiciones necesarias que dan acceso a un gran sector de población que carece de posibilidades financieras para disfrutar el turismo comercial, pero que también tiene necesidades humanas de recreación, descanso, diversión y de conocer otros ambientes.

México es famoso por su turismo de sol y playa. Entre las principales atracciones turisticas en el sector están Huatulco y Puerto Escondido, Oaxaca; Cancún, Cozumel, Isla Mujeres y la riviera maya, en Quintana Roo; Zihuatanejo y Acapulco, Guerrero; Los Cabos, Baja California Sur; y Puerto Vallarta, Jalisco.

Otros destinos turísticos preferidos por los extranjeros son el Parque Fundidora, en Monterrey; el zócalo de la ciudad de Puebla; la zona arqueológica de Chicanná, en Campeche; la parroquia de Santo Domingo, en Zacatecas; el acueducto de Morelia; el Cañón del Sumidero, en Chiapas; las pozas de Xilitla y el Sótano de las Golondrinas, en San Luis Potosí; los prismas basálticos, en Hidalgo; y la peña de Bernal, en Querétaro,entre muchos más.

Pero en esta ocasión se requiere hacer mención de la existencia de otra área de oportunidad para desarrollar productos turísticos atractivos y sustentables en el campo del turismo cultural, de negocios, ecoturismo y aventura, que aportaría al incremento del sector turístico en el país; estamos hablando del estado de Chiapas, reconocido por ser diverso, cautivador y atractivo para los viajeros de todo el mundo. Su belleza se refleja perfectamente en los numerosos atractivos culturales, naturales y religiosos que posee.

Algunos de los sitios más visitados en Chiapas son San Cristobal de las Casas, el Cañon del Sumidero, Palenque, Tuxtla Gutiérrez, la Selva Lacandona, Yaxchilán, San Juan Chamula, Tapachula, el zoológico Miguel Álvarez del Toro y Huixtla.

Huixtla alberga gran historia. Su nombre significa “lugar donde abundan las espinas”, está localizado en el límite de la Sierra Madre y la llanura costera del Pacífico; limita al norte con Escuintla y Motozintla; al este con Tuzantán y Huehuetán; al sur con Mazatán y el océano Pacífico; y al oeste con Villa Comaltitlán. Huixtla abarca parte de la reserva de la biosfera La Encrucijada y tiene una extensión territorial de 385 kilómetros cuadrados.2

En este lugar se halla la piedra de Huixtla, lugar emblemático que se caracteriza por su historia, cultura, leyendas, anécdotas y misterios. Pese a que no figura en ninguna ruta turística, ni ha sido considerada patrimonio de la humanidad, este monolito es considerado una de las mayores piedras del mundo, con una altura de alrededor de 165 metros y una circunferencia de casi 600 metros, que tarda en recorrerse más de una hora.

La piedra, el icono de la ciudad, tiene la apariencia de una campana, se encuentra aproximadamente a mil metros sobre el nivel del mar y presenta un ambiente agradable, fresco, lleno de vegetación, rodeado del cultivo de café, cacao y árboles maderables. Sus pobladores viven directamente de estos cultivos que actualmente se han visto afectados por diversas plagas.

La gente que habita en Huixtla tiene su propia versión acerca del origen de la piedra, las personas cuentan leyendas como la de “la campana embrujada”, según la cual “nativos de Guatemala, pertenecientes a una corriente religiosa, tenían que trasladar la campana desde Centroamérica y llevarla hasta Chiapa de Corzo, donde estaba otra campana similar, los dioses les encomendaron que no debían descansar, tenían que llevarla directamente hasta su destino atravesando toda la sierra cargada con maderas, por lo tanto la travesía era complicada; cansados, y ya de noche, decidieron descansar y colocaron la campana entre tres piedras; rendidos por el cansancio, el sueño los hizo caer en letargo. Al amanecer, para su sorpresa la campana se había convertido en una mole de piedra; asustados, los nativos huyeron abandonando su misión”.3

Desde entonces, en ese sitio se ve en forma impresionante y natural una enorme piedra similar a una campana, en donde hasta la fecha se realizan ceremonias y rituales a través de los cuales se invocan deidades. Actualmente hay nombres grabados en la piedra como parte del misterio que la rodea y su forma piramidal asemeja a las construcciones de culturas antiguas como la maya y la azteca.

La de Huixtla está entre las mayores cinco piedras monolíticas del mundo, junto con el Pan de Azúcar, en Brasil; el Peñón de Guatapé, en Colombia; y la roca Zuma, en Nigeria.

Las familias que habitan en la zona aledaña a la piedra decidieron agruparse hace algunos años y formar una sociedad cooperativa, a la que denominaron “Barrio La Piedra. Dicha sociedad está compuesta por 15 jefes de familia, quienes se encargan de dar mantenimiento al lugar, recibir a los turistas y fungir como guías, contándoles las historias y leyendas surgidas con el paso de los años.

La población de la zona considera que las autoridades turísiticas deben llevar a cabo mayores esfuerzos para desarrollar el enorme potencial de la piedra de Hixtla, la cual, a pesar de la poca difusión y promoción, recibe cada año miles de turistas provenientes de Colombia, Francia, Estados Unidos y Alemania.

Los pobladores de Huixtla requieren apoyo gubernamental para difundir su proyecto ecoturístico, seguir dando mantenimiento al lugar y realizar diversas adecuaciones que permitan a los visitantes apreciar plenamente la belleza natural del sitio.

El turismo en México necesita hoy más que nunca coordinación estrecha entre los diferentes ámbitos de gobierno y de trabajo entusiasta para lograr una promoción turística eficaz, contribuyendo así al desarrollo y al crecimiento del sector.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a impulsar políticas públicas encaminadas a desarrollar el sector turístico en Huixtla, Chiapas, poniendo especial énfasis en la promoción de la piedra de Huixtla.

Notas

1 http://www.gob.mx/sectur/

2 http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/?page_id=9060

3 http://elorbe.com/hoy-escriben/2015/03/16/la-piedra-de-huixtla-la-histo ria-y-sus-misterios.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Enrique Zamora Morlet, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la SE a modificar la NOM-194-SCFI-2015, “Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad”, a cargo del diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Serrano Lora, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La innovación en automoción no sólo va dirigida al ahorro energético o diseños novedosos, ésta innovación muchas veces va dirigida a un sólo objetivo: salvar vidas. Por tanto y con las estadísticas de muerte por accidente automovilístico en nuestro país, caracterizado en su mayoría por ingresos bajos y medios, requiere con urgencia vehículos más seguros.

Con base en datos publicados por INEGI, en 2012 se registraron 17,102 muertes a consecuencia de lesiones ocasionadas por accidentes viales, con tendencia a la alza en comparación con 2007, cuando se registraron 15 mil 349 muertes.

Fuente: Base de Defunciones, Inegi, 2012.

De acuerdo a estudios de organismos internacionales en materia de vialidad, en 2013 México ocupó el séptimo lugar a nivel mundial con cerca de 24 mil muertes al año a causa accidentes viales, entre ellos 972 accidentes aproximadamente, atribuibles a los dispositivos del vehículo.1

De igual forma, México actualmente es el séptimo productor de automóviles a nivel mundial pues además de haber elevado sus cifras de ensamble, la producción cuenta con altos estándares de seguridad y calidad para venderse en Estados Unidos, Europa, Asia y África pero no la venta local, los consumidores mexicanos sufren del peligroso doble estándar en seguridad, es decir, las empresas automotrices omiten dichos estándares de seguridad para México, aun siendo el mismo modelo.

La mayoría de los automóviles nuevos que se venden en México, carecen de medidas básicas de seguridad que podrían salvar la vida de los conductores y pasajeros en caso de un impacto y esto sigue ocurriendo cada vez de manera más recurrente debido a que no se le exige a las empresas automotrices cumplir con ellas de manera urgente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en abril pasado una resolución que llama a los gobiernos a implementar regulaciones vehiculares que brinden seguridad a los usuarios, y garantizar que se encuentren en todos los vehículos motorizados incluyendo protecciones para usuarios como cinturones de seguridad, bolsas de aire y sistema de seguridad activa establecidos como norma.

Esta resolución, proporciona un catalizador moral hacia los fabricantes de automóviles pero también a gobiernos para mejorar los niveles de seguridad de los vehículos disminuyendo pérdidas de vida en las carreteras por las que millones de personas viajan diariamente.

Al respecto, el pasado 9 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-194-SCFI-2015 que regula los dispositivos de seguridad de los autos nuevos. Dicha norma además de dotar a la industria de 4.5 años para cumplir con las regulaciones exigidas: prueba de impacto frontal, lateral y frenos ABS.

Artículo 5. Evaluaciones de desempeño, sistemas de antibloqueo de frenos y alarmas de uso de cinturón de seguridad.

5.1 Para la evaluación del desempeño de los tipos de vehículos nuevos y los tipos de vehículos nuevos existentes respecto a la protección de los ocupantes durante una colisión frontal, los Corporativos deberán presentar a la Secretaría o, en su caso, a las unidades de verificación, la documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus especificaciones aplicables a vehículos ligeros nuevos, de esa norma oficial mexicana.

5.2 Para la evaluación del desempeño de los tipos de vehículos nuevos y los tipos de vehículos nuevos existentes respecto a la protección de los ocupantes durante una colisión lateral, los Corporativos deberán presentar a la Secretaría o, en su caso, a las Unidades de Verificación, la documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus especificaciones aplicables a vehículos ligeros nuevos, de esta norma oficial mexicana.

5.3 Las evaluaciones del desempeño referidas en los numerales 5.1 y 5.2 que anteceden, se apegarán a las especificaciones y los campos de aplicación según lo establecido en las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus especificaciones aplicables a vehículos ligeros nuevos de esta norma oficial mexicana.

Artículos Transitorios

Primero...

Segundo: Lo establecido en el capítulo 5 de la presente norma oficial mexicana, entrará en vigor de acuerdo con lo siguiente:

a. Para los tipos de vehículos nuevos 3 años modelo después de la entrada en vigor de la norma.

b. Para los tipos de vehículos nuevos existentes 4 años modelo después de la entrada en vigor de la norma.

Este plazo concedido por la norma es innecesario, ya que la industria mexicana cuenta con la capacidad para cumplir con las nuevas normas de inmediato puesto que los automóviles que exporta a Estados Unidos y Europa cumplen con los mismos requerimientos que se piden en nuestro país e incluso más.

No se puede seguir permitiendo que una industria como es la automotriz, retrase sus esfuerzos de incrementar los niveles de seguridad y que mantenga altos márgenes de ganancia a costa de las vidas y la integridad de los consumidores

Al respecto, La NOM-194 deja fuera algunos dispositivos de seguridad importantes y que han sido recomendados por las Naciones Unidas como los siguientes:

• Sistema de Control de Estabilidad (después del cinturón de seguridad de 3 puntos, es la segunda tecnología que más salva vidas).

• Sistema de retención infantil

• Anclajes y tipo de cinturones de seguridad

Al mismo tiempo, la norma no contempla son las segundas pruebas o la certificación de los dispositivos de seguridad, en vez de ello, sólo evaluará documentalmente el cumplimiento de las regulaciones mencionadas en ella y la armadora sólo mostrará los resultados de sus pruebas que han realizado y documentado.

Los consumidores mexicanos no son de segunda como tampoco los automóviles que adquieren deben de serlo y garantizar su seguridad es una prioridad.

Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaria de Economía , a incluir en la NOM-194-SCFI-2015 los dispositivos Sistema de Control de Estabilidad; el Sistema de retención infantil y Anclajes y tipo de cinturones de seguridad como dispositivos de seguridad que debe incorporar los nuevos vehículos, a fin de garantizar seguridad a los ciudadanos y protección al consumidor.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaria de Economía , para que modifique el segundo artículo transitorio de la NOM-194-SCFI-2015 y solicitar que la entrada en vigor de lo especificado en el artículo 5 sea máximo 1 año después de la entrada en vigor de la norma.

Tercero. En este mismo sentido, se exhorta a solicitar a los corporativos automotrices a realizar segundas pruebas o en su caso, certificar los dispositivos o sistemas de seguridad con resultados emitidos por laboratorios de pruebas reconocidos en otros países, esto, para ser congruentes con las normas de la Organización de las Naciones Unidas.

Nota

1 El poder del consumidor.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de septiembre de 2016.

Diputado Jesús Serrano Lora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a implantar acciones para solucionar la inseguridad presente en la colonia Las Juntas, de Tlaquepaque, Jalisco, por las obras inconclusas sobre las vías del tren, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que instrumente en 2017 un proyecto de obra alternativo que solucione los graves problemas de inseguridad para los habitantes de la colonia Las Juntas en Tlaquepaque, Jalisco, ocasionados por las obras inconclusas sobre las vías del tren en con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

En la colonia Las Juntas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, hace más de seis años se autorizó un proyecto dentro del programa de “Convivencia Ferroviaria”, mediante el cual se construiría el “Nodo Vial Las Juntas”, sin embargo el programa ya no existe, y dejó obras inconclusas que sólo ocasionan graves problemas de inseguridad para los habitantes de la zona.

El proyecto se planteó con una mezcla de recursos por 324 millones de pesos, dividida en cuatro partes iguales: Ferrocarriles Mexicanos, gobierno del estado, ayuntamiento de Tlaquepaque y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La secretaría federal aportó 81 millones de pesos, y por no ejecutarse en el año en que se otorgaron, los recursos se perdieron y la obra quedó estancada.

El proyecto solamente hizo un paso deprimido, es decir, dio forma a uno de los tres túneles proyectados que prometían terminar con el tráfico que todos los días y a todas horas se vive en Las Juntas, y que eliminaría los conflictos de movilidad por el paso del ferrocarril que viaja en dirección a Manzanillo y México, el cual pasa a sólo unos metros de los negocios en la zona.

El segundo túnel que iba de la calle Juan de la Barrera, en su cruce con las vías en dirección a la Ciudad de México, y un tercero, que pretendía unir a Juan de la Barrera con Gobernador Curiel y cruzar las vías que van en dirección a Manzanillo, también se encuentran abandonados, así como la construcción de puentes peatonales, pues la obra pretendía “encerrar” las vías del tren, para evitar el cruce de personas y mejorar la seguridad, acciones que por supuesto no fueron llevadas a cabo.

El proyecto también se quedó con la compra de algunos de los predios de los alrededores, mismos que ahora están inutilizados; más aún, muchas de las casas que fueron expropiadas por el Ayuntamiento continúan abandonadas y en franca decadencia, convirtiéndose así en un foco de infección y peligro para los mismos vecinos. Además de un túnel peatonal como laberinto oscuro, lleno de grafiti y sin luz, pues no sean instalado luminarias adecuadas para que el lugar sea transitable, o colocado al menos algunas lámparas en el paso peatonal que se ubica en la calle Juan de la Barrera.

El estado de esta obra alienta la proliferación de delitos, al convertirse en escenario perfecto para cometer robo, asaltos, violaciones y decenas de etcéteras que dañan la vida de los habitantes, además de los accidentes propios que ocurren con las vías del tren, tal como lo son las mutilaciones o atropellamientos.

Dejar obras inconclusas como esa, independientemente de las causas y culpables, es muestra de una terrible ineficacia para administrar los recursos de un gobierno, sea cual sea su orden y su origen político.

Hoy en día el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene que ser eficaz en su gasto peso a peso, pues el presupuesto público exige compromiso por parte de todos los ejecutores y el atender prioridades que signifiquen problemas sociales, tal como el que viven los habitantes de Las Juntas en Tlaquepaque.

Dejar obras en esas condiciones, sin terminar, refleja una falta de oficio para generar los consensos necesarios para avanzar socialmente. Los proyectos deben ser un ejemplo de consenso ciudadano, alejados de conflictos entre vecinos y su propio Ayuntamiento. Los proyectos deben mostrar las bondades y los beneficios que generan, especialmente aquellos de gran relevancia para la comunidad, como es el caso de este nodo vial.

Es momento de tomar responsabilidades, ver las afectaciones, escuchar a los ciudadanos, aceptar el problema y tomar las medidas necesarias para resolver a la brevedad y sin falsas promesas este problema de orden mayor que afecta diariamente y desde hace 6 años a los ciudadanos de Las Juntas.

Considerandos

El artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario señala que son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares, las denuncias o querellas formuladas por cualquier persona en relación con el servicio público de transporte ferroviario incluyendo sin limitar, el robo de las mercancías transportadas, la infraestructura férrea y sus componentes, así como del combustible de las locomotoras.

También señala el mismo artículo que en todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

El artículo 8 Bis de la misma Ley Reglamentaria determina que para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de las prórrogas a que se refiere esa Ley, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá tramitar ante la Secretaría de Hacienda:

II. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su financiamiento, y

III. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para efectos de esta fracción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá presentar a la Secretaría de Hacienda la propuesta de dichas contraprestaciones.

Que el artículo 14 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario determina que las vías férreas, el derecho de vía, los centros de control de tráfico, las señales de operación ferroviaria y los demás bienes que se hubieren concesionado, al terminar la concesión, revertirán a la Nación en buen estado operativo, sin costo alguno.

Que el artículo 31 Bis de la misma Ley Reglamentaria señala que el Gobierno Federal constituirá el Fondo, que tendrá como objetivo, apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad conforme a la normatividad aplicable.

Asimismo, el artículo 31 Bis señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes priorizará y determinará los cruceros que requieran dicha señalización.

Que el artículo 34 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario determina que se requiere autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la instalación de líneas de transmisión eléctrica, fibra óptica, postes, cercas, ductos de petróleo o sus derivados, o cualquiera otra obra subterránea, superficial o aérea, en las vías generales de comunicación ferroviaria, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones aplicables.

También señala que en estos casos, el Estado podrá obtener una contraprestación por el aprovechamiento de la vía general de comunicación, sin perjuicio de la contraprestación que pudiere corresponder al concesionario de la vía férrea.

El mismo artículo determina que las dependencias del gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrán realizar cualquiera de las obras señaladas en el primer párrafo de este artículo, dentro del derecho de vía de las vías férreas, sin pagar contraprestación alguna. Esas obras o instalaciones no deberán perjudicar la prestación del servicio público de transporte ferroviario o las instalaciones de las vías férreas.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de la soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que instrumente en 2017 un proyecto de obra alternativo que solucione los graves problemas de inseguridad para los habitantes de la colonia Las Juntas en Tlaquepaque, Jalisco, ocasionados por las obras inconclusas sobre las vías del tren.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instalar por conducto del Conadis su asamblea consultiva, conforme a los artículos 53 y sexto transitorio de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 13 de diciembre del año 2006, se aprobó la redacción final de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD), principal instrumento jurídico de derechos humanos en la materia, el cual entró en vigor para nuestro país el 3 de mayo del 2008, una vez que fue firmada y ratificada por el Estado mexicano.

El artículo 33.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que:“Los Estados partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.”

Así, el 30 de mayo del año 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD), misma que en su artículo 38 crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que de acuerdo a su artículo 39, tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas, derivados de dicha Ley y demás ordenamientos.

En este sentido, es de destacar que en junio del año 2011, al ser aprobada la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar las normas relativas a los derechos humanos, mismas que se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas, con la protección más amplia.

Por su parte, el 27 de octubre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas emitió recomendaciones al Estado Mexicano y en su párrafo octavo indica: “El Comité recomienda al Estado parte que establezca mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones reciban la consideración adecuada.”1

Por ello, para instaurar la asamblea consultiva del Conadis conforme al artículo sexto transitorio de la Ley antes mencionada, por única vez los titulares de los ejecutivos locales designarán a una organización de y para personas con discapacidad por entidad federativa y la Ciudad de México, así como el director del Consejo, designará por única ocasión a 5 expertos y a 5 organizaciones de y para personas con discapacidad.

Para cumplir con tal fin el 30 de octubre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la “Convocatoria 2015 para la elección de los representantes de los 31 estados y el Distrito Federal, de cinco representantes entre expertos, académicos o investigadores, y cinco representantes de organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad para integrar la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La convocatoria antes mencionada, señala en el apartado de antecedentes que la Asamblea Consultiva es un órgano de asesoría y consulta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de participación ciudadana, conformación plural y carácter honorífico, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Programa, y que tendrá ente sus atribuciones atender las consultas y formular las opiniones que les sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por el director general del Consejo, emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Pública para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad e impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones de y para personas con discapacidad en el seguimiento, operación y evaluación del Programa, entre otras.

A su vez, en abril del presente año fue designada la doctora Mercedes Juan López como titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el 6 de julio del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declaró desierta la Convocatoria 2015 para integrar la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad” por no estar representadas las 32 entidades del país, lo que obviamente implica la no instalación de la Asamblea Consultiva.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos ha establecido que “los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”2 Es decir, los Estados no sólo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos, y evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) para que instale su Asamblea Consultiva, conforme al artículo 53 y sexto transitorio de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas:

1 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observaciones finales sobre el informe inicial de México. http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/pdf14/ObservacionesMexicoCDP D.pdf

2 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el 6 de septiembre de 2016.

Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar campañas de difusión para prevenir accidentes isquémicos transitorios, a cargo del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del PRI

Cirilo Vázquez Parissi, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el facultativo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, numeral 1 fracción I, 79 numeral 1, fracción II y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, fomentar campañas de difusión para la prevención de accidentes isquémicos transitorios (AIT), lo anterior al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Nueve de cada diez, de acuerdo a una encuesta elaborada por Gabinete de Comunicación Estratégica, estima que los mexicanos enfermos se atienden hasta que el dolor les impide hacer sus actividades cotidianas.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud 2014, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reportó que las principales enfermedades reportadas por los mexicanos son: enfermedades y síntomas respiratorios agudos; diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares; enfermedades y síntomas reumatológicos; entre otros.

En cuanto a la frecuencia, el estudio señaló que 34% se sintió enfermo por una causa en el último mes. 50% reportó dos enfermedades y 15% tres estudios.

Los anteriores indicadores son importantes para detectar a tiempo cuadros patológicos que pueden ayudar a los mexicanos a mejorar su calidad de vida.

Diariamente, cientos de personas sufren confusión y debilidad repentina, lo que puede ser el preludio de un derrame cerebral. Los episodios frecuentemente son imperceptibles debido a su poca intensidad y duración, pero una advertencia infalible para atender con prontitud posibles accidentes isquémicos transitorios (AIT).

De acuerdo con la revista de Medicina de la Universidad de Harvard, Health Publications, padecer un miniderrame cerebral ha sido asociado con 12% a 20% de riesgo de tener un derrame cerebral en los siguientes tres meses.

Un accidente isquémico transitorio (AIT), indica el Centro Médico de la Universidad de Maryland, es cuando se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve período de tiempo. De acuerdo con la asociación británica dedicada a los derrames cerebrales, Stroke Association, un AIT es causado por una falta temporal de flujo sanguíneo al cerebro y se puede diagnosticar como si se tratara de un derrame cerebral, aunque los síntomas son solo temporales.

Un (AIT) debe tomarse como un signo de advertencia de que se puede presentar un accidente cerebrovascular verdadero en el futuro si no se hace algo para prevenirlo. Los especialistas señalan que después de sufrir un AIT, el bloqueo se rompe rápidamente y se disuelve, sin provocar la muerte del tejido cerebral.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la mayoría de los pacientes que han sufrido uno o más miniderrames cerebrales tendrán un derrame cerebral en el futuro, una persona que goza aparentemente de buena salud puede tener un derrame sin haber padecido de un episodio menor, debido a las continuas cargas de estrés, mala calidad de vida u otras patologías hereditarias.

Esta pérdida del flujo de sangre en un área del cerebro puede ser causada por diversas circunstancias, entre ellas: un coágulo de sangre en una arteria del cerebro; un coágulo de sangre que viaja hacia el cerebro desde otro sitio del cuerpo (por ejemplo, desde el corazón); una lesión en los vasos sanguíneos; estrechamiento de un vaso sanguíneo en el cerebro o que lleva al cerebro; sin embargo, la hipertensión arterial es el riesgo número uno para los AIT y los accidentes cerebrovasculares.

Siendo los factores mayores de riesgo: la fibrilación auricular; la diabetes; los antecedentes familiares de accidente cerebrovascular; el colesterol alto; entre otros.

Para la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), la importancia de hacer énfasis en los protocolos médicos para tratar un AIT con el mismo nivel de gravedad que se trata un derrame cerebral, es fundamental en los centros de salud, a fin de que los pacientes sean atendidos oportunamente y reciban todo el seguimiento neurovascular, bajo la filosofía del ver una amenaza tan o igual de peligrosa que un ataque.

De acuerdo con la Organización Mundial del Derrame cerebral (WSO, por sus siglas en inglés), aproximadamente 70% de los pacientes no reconocen correctamente que están teniendo un AIT o un miniderrame cerebral, 30% retrasa la búsqueda de atención médica por más de 24 horas, ello se debe a que no se siente como si fuese una emergencia porque los síntomas son breves o muy leves.

Por lo antes señalado, estimo oportuno exhortar a la Secretaría de Salud fomentar campañas de información entre la población para estar atentos ante signos como debilidad repentina en la cara, debilidad en brazos y problemas para hablar, de este modo se detectará en tiempo un posible cuadro de miniderrame cerebral que podrá ser atendido con prontitud.

La salud es el bien más preciado, la base del desarrollo individual, y lo que permite que mujeres y hombres puedan crecer, estudiar, trabajar, tener una vida plena. Es la base del desarrollo de una sociedad, por ello su cuidado y prevención ante un mundo lleno de tribulaciones que afectan nuestra calidad de vida es fundamental.

Convencido de que la salud no empieza en los hospitales, ni en las clínicas, sino por el contrario, partidario de que la salud empieza en casa, e inicia con los buenos hábitos y con la forma de cuidar de cada quien la salud de sí mismo.

Razones por las cuales presento a la consideración de esta Asamblea, la siguiente propuesta para fomentar campañas de difusión y prevención para detectar posibles cuadros de miniderrames cerebrales con el objeto de mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Salud, fomentar campañas de difusión para la prevención de accidentes isquémicos transitorios (AIT).

Palacio Legislativo de San Lázaro a 6 de septiembre de 2016.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a diseñar, implantar y reforzar los programas para prevenir y atender los trastornos de la conducta alimentaria, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Jaqueline Nava Mouett, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 6 Numeral 1, Fracción I y 79 Numeral 1, Fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta H. Asamblea el presente Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el Diario Oficial de la Federación del 14 de octubre de 2015 se publicó un Decreto por el que se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la Ley General de Salud para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria; y en ello implica principalmente: incluir en la Salubridad General la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se integra como servicio básico de salud a la promoción de un estilo de vida saludable; que la Promoción de la Salud comprende también a la nutrición, orientación alimentaria y la activación física; que en cuanto al objeto de la educación para la salud, se integró la orientación y la capacitación a la población en materia de nutrición, alimentación nutritiva suficiente y de calidad, así como la activación física entre otros; que en lo que respecta a la formulación, propuesta y desarrollo de programas de educación para la salud, la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las Dependencias y Entidades del sector salud, se integran los programas orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población, así como llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica; en cuanto a la Nutrición, en la Ley General de Salud se integró que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo el establecimiento de un sistema de vigilancia en materia de los trastornos de la conducta alimentaria; integra también, en los objetivos del Sistema Nacional de Salud los de proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los beneficios a la salud, así como diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria; determina que la Secretaría de Salud coordina el sistema Nacional de Salud, y en ello le corresponde promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición, así como la activación física; señala que la Secretaría de Salud tiene a su cargo impulsar, en coordinación con las Entidades Federativas, la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica, aunado a difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de estos centros escolares el consumo y expendio de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales que al efecto determine la Secretaría de Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.

En lo anterior circunscribe la alta importancia en cuanto a la atención de diversos trastornos de la conducta alimentaria para nuestra población; sin embargo, no obstante los esfuerzos en materia de control de sobrepeso y obesidad, la atención para otros trastornos de la conducta alimentaria, tales como la anorexia y la bulimia, se han quedado en un sensible rezago, pues en nuestro país, tanto la anorexia como la bulimia afecta sobre todo a mujeres, y la incidencia está lejos de mitigarse, más bien ha estado en aumento, pues durante los últimos 20 años, el incremento ha superado el 300%; en ello se estima que el 90% de los pacientes que padecen anorexia y bulimia son mujeres, mientras que los hombres representan el 10% restante.

Acorde a información del Sector Salud, cada año se registran poco más de 20 mil casos de anorexia y bulimia, donde la edad promedio de inicio de estos padecimientos oscila entre los 14 y 17 años; así entonces, el 57% de los adolescentes enfermos pueden acceder a una vida dentro de los parámetros normales acompañándolos con tratamientos médicos; el 40% presenta una curación total, y el 3% restante desafortunadamente fallecen antes de empezar algún tratamiento.

En cuanto a la población joven universitaria, entre el 26 y el 30% de las mujeres presenta algún tipo de trastorno alimentario con conductas tendientes a la bulimia y anorexia debido a la obsesión por la imagen corporal. Por otro lado, poco más del 62% de los deportistas de disciplinas como gimnasia, ballet o patinaje, padecen algún desorden en su conducta alimentaria.

En una encuesta realizada por la Secretaría de Educación Pública en la segunda mitad del año 2014, los resultados arrojados fueron que: el 25% de las mujeres encuestadas de entre 15 y 18 años de edad, han dejado de comer por 12 horas por “miedo a engordar”; uno de cada 10 alumnos varones de bachillerato recurre al ayuno como método contra la obesidad y el sobrepeso; 1 de cada 10 personas encuestadas (mujeres y varones) han vomitado para bajar de peso; el 28.8% de las mujeres, y el 18.6% de los varones, reportan haber tomado pastillas para bajar de peso; el 11.3% de las mujeres, y el 6.2% de los varones, toman diuréticos para bajar de peso, mientras que el 13.5% de mujeres y el 7% de varones reportaron tener prácticas bulímicas para perder peso.

Así entonces, el 95% de los casos de anorexia y bulimia se desarrollan a partir de “hacer una dieta estricta”, adoptar conductas originadas principalmente por estereotipos culturales, por “presión” del entorno escolar, familiar o social; hoy en día las redes sociales juegan un papel cada vez más preponderante en la vida social de los niños, adolescentes y jóvenes; pues sin la supervisión adecuada en el uso de internet, están expuestos a diversos contenidos que les exponen a adoptar aquellas conductas derivadas de una imagen física, sólo visual, aparentemente atractiva y que les ejerce influencia suficiente para perseguir el objetivo de “adelgazar” a pesar de hacerse daño.

Acorde a información del Instituto Nacional de Psiquiatría, la demanda de atención para estas enfermedades se ha incrementado 15 veces en 10 años, lo cual persiste como un problema preocupante; en datos más recientes, según la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el incremento en casos de bulimia y anorexia en el año 2015 alcanzó un registro de 999 casos nuevos; mientras que en lo que va del año 2016, se han registrado poco más de 1’200 casos de nuevos padecimientos; lo que representa un incremento emergente estimado en alrededor de un 700% (de los cuales, el 90% corresponde a mujeres), lo que significa que existe una población de alrededor de 3 millones de personas con estos problemas; y que en consecuencia implica un grave problema de salud pública que, lejos de disminuir, se agrava; pues los trastornos alimenticios son difíciles de medir, debido principalmente a que las personas niegan las conductas tendientes a la bulimia y la anorexia; sin embargo, los efectos no se pueden ocultar por la excesiva pérdida de peso, y en ello implica que existan subregistros de quienes sufren los padecimientos, pues por lo regular, la atención no resulta ser la adecuada, y por lo general, ante una situación emergente, las personas acuden a un médico, cuando estamos ante padecimientos que requieren de atención psicológica o psiquiátrica, por el origen de los desórdenes.

Los trastornos de la alimentación afectan a mujeres y hombres de todos los niveles socioeconómicos, desde casos en comunidades indígenas, hasta en esferas sociales muy altas; quienes padecen este tipo de desórdenes presentan características comunes: suelen ser perfeccionistas con bajo control de sus impulsos, familias disfuncionales, o aquellas en las que destaca la sobreprotección, o que impliquen mucha importancia a la imagen física, control sobre las adolescentes e incluso abuso físico y emocional.

Otra constante a destacar en mujeres diagnosticadas con anorexia o bulimia es haber sido víctima de violencia física o psicológica (entre el 70 y 80%), e inclusive agresiones sexuales en un índice cercano al 20% de las pacientes del Instituto Nacional de Psiquiatría; lo que nos hace pensar que éstas cifras reflejan sólo a quienes ya cuentan con alguna atención profesional.

La bulimia, es un desorden alimenticio causado por ansiedad y por una preocupación excesiva por el peso corporal y el aspecto físico, es una enfermedad de causas diversas (psicológicas y somáticas), que produce irregularidades en la ingesta de alimentos con periodos de compulsión para comer, con otros de ayunos y dietas abusivas, asociado a la provocación de vómitos y la ingesta de diversos medicamentos como laxantes y diuréticos; aparece más en las mujeres que en los hombres, y normalmente en la adolescencia aunque puede perdurar muchos más años. Quienes padecen de bulimia, poseen una baja autoestima y sienten una constante culpa por comer demasiado, y debido a esto, adoptan conductas que les propician oscilaciones bruscas en su peso corporal.

En la bulimia, la conducta suele incluir episodios recurrentes de dietas muy diversas para mejorar el aspecto físico, el deseo de comer alimentos dulces y ricos en grasas es muy fuerte, los sentimientos de ira, cansancio, ansiedad, soledad o aburrimiento provocan la aparición de ingesta compulsivas, después sienten una gran culpa y ensayan diferentes métodos para eliminar lo ingerido (vómitos provocados, laxantes, etc.), abuso de medicamentos laxantes y diuréticos, deshidratación, alteraciones menstruales, aumento y descensos de peso bruscos, incremento de caries dentales y finalmente, el hábito se arraiga.

A la anorexia, le caracteriza una pérdida del apetito, para lograr una pérdida de peso rápido mediante la restricción de la ingesta de alimentos, sobre todo los de alto valor calórico, asociada o no al consumo de laxantes o diuréticos; quienes padecen de anorexia tienen una imagen distorsionada de su cuerpo (siempre se perciben gordos, aun cuando presentan un estado de extrema delgadez).

La anorexia nerviosa consiste en una alteración grave de la conducta alimentaria que se caracteriza por el rechazo a mantener el peso corporal en los valores mínimos normales, miedo intenso a ganar peso y una alteración de la percepción del cuerpo; generalmente la pérdida de peso se consigue mediante una disminución de la ingesta total de alimentos, aunque los anoréxicos empiezan por excluir de su dieta todos los alimentos con alto contenido calórico, la mayoría acaba con una dieta muy restringida, limitada a unos pocos alimentos, acompañado muchas veces por ejercicio físico excesivo.

En la anorexia nerviosa se pueden distinguir algunos subtipos: Restrictivo, que describe cuadros crónicos en los que la pérdida de peso se consigue con dieta o ejercicio intenso, donde los pacientes con anorexia nerviosa no recurren a atracones ni purgas; mientras que otro tipo es el Compulsivo purgatorio que utiliza para identificar al individuo que recurre regularmente a atracones o purgas, algunos no presentan atracones pero si recurren a purgas incluso después de ingerir pequeñas cantidades de comida.

Entre las principales conductas asociadas a la anorexia, le caracteriza el rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo normal para la edad y talla de la persona, adopción de dietas, que dan a la persona enferma sentimiento de poder y control, posee el único objetivo de “ser delgado”, su carácter es hostil e irritable, le sobreviene depresión, realización de actividad física intensa, presenta miedo intenso al aumento de peso o a ser obeso incluso con peso inferior al normal, distorsión de la apreciación del peso, el tamaño o la forma de su propio cuerpo, en las mujeres, ausencia de al menos tres ciclos menstruales consecutivos en el plazo previsto (amenorrea primaria o secundaria), estreñimiento, preocupación por las calorías de los alimentos, constante dolor abdominal, preocupación por el frío, vómitos, preocupación por la preparación de los alimentos, restricción progresiva de alimentos (inclusive obsesión por la balanza), preocupación por la imagen física y la idea autogenerada, así como la abundancia de trampas y mentiras en su relación con las demás personas.

El 50% de las personas bajo tratamiento por bulimia o anorexia acceden a una recuperación favorable, un 20% enfrenta recaídas, otro 20% presenta alguna mejora, mientras que el 10% fallece; la recuperación de las personas con estos trastornos depende de que la enfermedad se detecte a tiempo y además que reciban un tratamiento multidisciplinario. Si los trastornos son detectados en el primero o segundo año, hace más posible un tratamiento exitoso, pero siempre y cuando las personas estén dispuestas a recibir ayuda, porque la adversidad más difícil de enfrentar consiste en “la negación del trastorno”.

Si bien es cierto que la Normatividad es robusta para la prevención y atención de los diversos trastornos de la conducta alimentaria, también es cierto que no han sido suficientes los esfuerzos; las últimas campañas públicas se centraron principalmente en prevenir y atender el sobrepeso y la obesidad, dejando en el rezago otros trastornos como la bulimia y la anorexia que aún siguen afectando a nuestra población, principalmente a los más jóvenes; la demanda en la atención de estos trastornos se incrementa constantemente, y además afecta a personas cada vez más jóvenes, e inclusive y de manera sensible desde la niñez.

Por lo tanto, que se hace necesario redoblar los esfuerzos en la aplicación de políticas públicas transversales, la suscripción de acuerdos de colaboración y la adopción e implementación de protocolos, así como de la aplicación de acciones para proporcionar a nuestra población la información y herramientas que permitan prevenir, identificar y acceder a la atención adecuada para la protección de la salud.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de ésta H. Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los Integrantes del Sistema Nacional de Salud para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, diseñen, implementen y en su caso refuercen los Programas para la prevención y atención de los diversos Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Segundo.- Se exhorta a los Integrantes del Sistema Nacional de Salud para que se implementen campañas permanentes de los diversos Programas para la prevención y atención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y se incluyan los trastornos de la bulimia y la anorexia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir por la Sedatu y el Registro Agrario Nacional la justificación de la licitud de la adjudicación de hectáreas cedidas en donación a título gratuito a un particular, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea; proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), así como el Registro Agrario Nacional, en términos de transparencia y rendición de cuentas justifiquen la licitud de la adjudicación de más de 154 hectáreas cedidas en donación a título gratuito a un particular; lo anterior en virtud de las siguientes

Consideraciones

1. Se han conocido recientemente diversos indicios relacionados con lavado de dinero, por las numerosas propiedades en diversos municipios de Yucatán que, de forma sorprendente, se adjudican a particulares.

En el caso concreto de Manuel Alberto Guillermo Molina, todas a título gratuito y con una sospechosa relación con el gobierno del estado, pues de acuerdo a los documentos que publicó el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se da cuenta de más de 630 predios, que en total serían más de 154 hectáreas, obtenidas en los últimos años por este joven comerciante.

En los múltiples archivos de la Dirección de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán, figura el nombre de Manuel Alberto Guillermo Molina, quien presuntamente recibió la adjudicación a título gratuito para adquirir la propiedad plena, a pesar de que como propietario anterior aparecen los Estados Unidos Mexicanos, representados por el ciudadano Enrique Peña Nieto. Es decir, terrenos que eran propiedad del gobierno federal terminaron en manos privadas.

La posesión de estos terrenos no es cosa menor, pues se trata de más de 1, 544, 869 metros cuadrados (m2), es decir, más de 154 hectáreas, la gran mayoría ubicados en la localidad de Ulila, municipio de Ucú, así como en la localidad de Komchen, municipio de Mérida. Para dimensionar la magnitud de las tierras, basta decir que Ucú cuenta con una superficie de 192.89 kilómetros cuadrados (k2).

2.- Antes de estas adjudicaciones, Manuel Alberto en enero de 2013 celebró un acuerdo de compra-venta con la particular Adriana Evangelina Cámara Bolio por los predios ubicados en la localidad Tixcuytun, con folio electrónico 1057776, 1091135, 1091136, 1091137, 1091138, con un valor catastral de 316 mil 260 pesos cada uno.

Asimismo, existen otras operaciones, como la división del “tablaje catastral” ubicado en Komchen con número 29550 y folio 966655, en veintiuna propiedades, la cuales comparte con Pedro Enrique Góngora Urcelay.

Lo anterior en cualquier otro país es razón suficiente para iniciar una investigación por la actividad agraria sospechosa que se presume en este caso, puesto que no se conocen los motivos por los cuales el Gobierno Federal adjudica en donación los terrenos a un joven comerciante.

En el caso de que se trate de una adjudicación o cualquier otra forma de adquisición de la propiedad de estos terrenos, debe existir una forma de comprobar la licitud de la misma, ya que Manuel Alberto Guillermo Molina no tiene empresas, o negocios directos con el gobierno de Yucatán.

3. Por otro lado Manuel Alberto Guillermo Molina es hermano de Juan Pablo Guillermo Molina, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Quintana Roo, quien el pasado 4 de marzo renunció a su cargo para apoyar como candidato suplente al actual diputado federal por Quintana Roo, José Luis Toledo Medina, durante su campaña, y en agosto regresó de nuevo a su puesto.

De lo anterior se desprende que resulta necesario antes de que se pretenda politizar este asunto, y en términos de trasparencia y rendición de cuentas, que se aclare la forma en la que se han adjudicado estos terrenos, sin que se deje lugar a dudas sobre el combate a la corrupción, el conflicto de intereses, el tráfico de influencias o el enriquecimiento ilícito.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Sedatu, así como el Registro Agrario Nacional, en términos de transparencia y rendición de cuentas justifiquen la licitud de la adjudicación de más de 154 hectáreas cedidas en donación a título gratuito a favor de Manuel Alberto Guillermo Molina

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del INE a investigar por la Unidad Técnica de Fiscalización, en coordinación con la CNBV, la PGR, la ASF y la CNDH, respecto al consentimiento de la dirigencia del Partido Social Demócrata de Morelos del pago al ahora edil de Cuernavaca para participar en la contienda electoral de 2015 mediante un contrato entre particulares, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de lo siguientes:

Antecedentes y consideraciones

La palabra democracia tiene sus raíces en la etimología griega demos, “pueblo” y kratos, “poder”; por lo que se concibe como el poder del pueblo, sin embargo, en los últimos años, ha perdido sentido en cuanto al valor del ejercicio del poder a través del pueblo, por tanto, su efectividad es negativa derivado del actuar de los órganos institucionales encargados de proveer técnicas de supervivencia de la misma.

Es así que el grado para medir la democracia de las entidades se palpa a través del grado de efectividad con el que los representantes populares influyen o manejan las instituciones a su cargo, teniendo la democracia representativa como una alternativa de representación popular para escuchar a la ciudadanía.

México ha encontrado en la democracia una forma, un sistema político de gobierno que a la fecha no ha alcanzado el ideal deseado, si bien la democracia participativa en México es una apertura para que los ciudadanos tengan injerencia en el poder, ha sido insuficiente y en muchos casos inexistente, es lamentable que en México la democracia sea solamente una fachada, donde el dominio lo siguen ejerciendo grupos de poder, una minoría adinerada y que los medios de comunicación la sustenten.

Resulta una falacia decir que en México hay democracia cuando existen altos niveles de pobreza, una injusta distribución del dinero aunado al bajo nivel educativo que como consecuencia de ello causan que se excluya a la mayoría de los mexicanos.

En la actualidad se concibe a la democracia como un régimen político donde el pueblo tiene la facultad de gobernar y ser gobernado, y los ciudadanos cuentan con garantías individuales donde se consagra el principio de la división de poderes, el de la elección popular de los gobernantes, la competencia libre entre los partidos políticos y la alternancia del poder.

Es de mencionarse que de las 76 ciudades más grandes del país, Cuernavaca, Morelos, es la que tiene el mayor número de delitos violentos, lo que la convierte en una de las más inseguras.

De acuerdo con el Índice de Paz en México 2015, elaborado por el Instituto de Economía y Paz (organismo apartidista con oficinas en Sidney, Nueva York, México y Oxford, dedicado a medir la paz mundial), Cuernavaca tiene la tasa más alta de delitos violentos comparada con otras metrópolis del territorio nacional. El estudio que midió el índice de paz metropolitano, detectó que la tasa de delitos violentos en Cuernavaca es la más alta, ya que se registraron 14 mil 775 de estos delitos por cada 100 mil habitantes1 .

Lo anterior conlleva falta de inversión en el municipio y consecuencia de ello la falta de trabajo para los cuernavacenses, el crecimiento de la pobreza, la falta de servicios adecuados por parte del estado, etcétera, además de vivir con el riesgo latente de la inseguridad en ese municipio, aunado a lo anterior se suman la violaciones al estado de derecho y a la democracia no sólo del municipio sino de la nación.

Ya que la democracia ha sido manipulada a través del pago a candidatos que son figuras públicas como el que presuntamente se realizó al hoy edil de Cuernavaca, Morelos, y exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien en recientes declaraciones se mencionó que recibió la cantidad de siete millones de pesos , del Partido Socialdemócrata de Morelos, para contender por la alcaldía de Cuernavaca en los comicios de 2015, y exigió además la renta de dos departamentos de lujo con el fin de competir por dicho cargo.

Cabe destacar que estas declaraciones de pagos se dan como consecuencia de la separación que hace el ahora edil de Cuernavaca, Morelos, del partido que lo postuló para ocupar el cargo, previa destitución de los secretarios del ayuntamiento, Asuntos Jurídicos, Obras Públicas, Desarrollo Social y el coordinador de Comunicación Social.

Declarando en ese momento el edil de Cuernavaca: “He tomado la decisión de desligarme del Partido Socialdemócrata por las acciones que ha tomado el señor Roberto Yáñez para desestabilizar el ayuntamiento y las cuales sigue realizando”2 .

De igual manera se debe señalar que en su momento el ciudadano Roberto Carlos Yáñez Moreno, y su hermano Julio César, fueron señalados como los artífices de la participación del ahora edil con el Partido Socialdemócrata de Morelos, además de ser vinculados con la organización criminal Guerreros Unidos, hecho que fue denunciado en narcomantas en mayo de 20153 .

El ciudadano Roberto Carlos Yáñez Moreno, en días pasados declaró haber realizado el pago mencionado, así como la firma de un contrato, citó:

“Quiero decirte que ese contrato es cierto, el contrato existe y Cuauhtémoc Blanco nos cobró siete millones de pesos por participar como candidato a la Presidencia Municipal de Cuernavaca en el año 2015”, dijo Roberto Carlos, exsecretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.”...4

Declarando de igual manera que:

“Los siete millones se pagaron en un lapso de 10 meses, que iniciaron después de las elecciones del 7 de junio de 2015; según el Partido Socialdemócrata (PSD), la cantidad la aportaron empresarios de Cuernavaca.”...5

Lo anterior, viene a sostener la hipótesis de que la democracia en nuestro país se encuentra secuestrada por grupos de interés económicos y a todas luces vulnera el estado de derecho, dejando en claro la vulnerabilidad de la democracia ideal a la que aspiramos en nuestro país, al pagar para que personalidades de la sociedad ocupen cargos de elección popular, para que obedezcan a fines particulares y no de la sociedad, creando con ello situaciones de las que se pueden desprender ilícitos consistentes en desviación de recursos públicos, violaciones a los métodos de elección interna del instituto político postulante, evasión de impuestos y hasta posible discriminación respecto de posibles contendientes al cargo respecto del instituto político que realizó la postulación, y demás hechos que deriven de estos actos que se señalan.

Con base en lo anterior, surgen las siguientes preguntas de las que la sociedad no sólo cuernavacense sino nacional, busca respuestas, ¿Cómo se realizó el método de elección del candidato del PSD Morelos para la postulación del alcalde de Cuernavaca, Morelos, en las elecciones 2015?, ¿De dónde provino el dinero para el pago de siete millones de pesos realizado al edil de Cuernavaca, Morelos?, ¿Se pagaron impuestos por dicho pago?, ¿Cómo consecuencia del pago fue contratado el ciudadano Roberto Carlos Yáñez Moreno para colaborar con el ahora edil de Cuernavaca, Morelos? En un claro conflicto de interés, ¿el ciudadano Roberto Carlos Yáñez Moreno, y su hermano, así como las supuestas empresas que realizaron el pago y la firma de dicho contrato obtuvieron beneficios personales o particulares directos e indirectos?, ¿Dicho pago fue realizado con cargo al erario público? Etcétera.

Consecuencia de ello resulta dable exhortar respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realicen una investigación pronta y expedita con el fin de determinar la posible comisión de uno o varios delitos cometidos en perjuicio del municipio de Cuernavaca, Morelos, de su población y de la democracia en nuestro país, respecto del consentimiento de la dirigencia del Partido Socialdemócrata de Morelos del pago de siete millones de pesos realizados al ahora edil de Cuernavaca, Morelos, para participar en la contienda electoral de 2015, por medio de un contrato entre particulares, mismos que fueron beneficiados al ser contratados por el ahora presidente municipal Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realicen una investigación pronta y expedita con el fin de determinar la posible comisión de uno o varios delitos cometidos en perjuicio del municipio de Cuernavaca, Morelos, de su población y de la democracia en nuestro país, respecto del consentimiento de la dirigencia del Partido Socialdemócrata de Morelos del pago de siete millones de pesos realizados al ahora edil de Cuernavaca, Morelos, para participar en la contienda electoral de 2015, por medio de un contrato entre particulares, mismos que fueron beneficiados al ser contratados por el ahora presidente municipal Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que una vez determinada la comisión de uno o varios delitos que recaigan en las personas y/u organizaciones que resulten responsables de tan lamentables acciones en contra de la democracia de nuestro país, se hagan públicas las denuncias correspondientes que lleven a subsanar los daños ocasionados por el o los implicados.

Notas

1 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/06/1067131

2 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/18/1105725

3 http://www.milenio.com/policia/hermanos_Yanez-artifices_victoria_futbol ista-Cuauhtemoc_Blanco-mando_unico-Figueroa_0_659334083.html

4 Read more: http://www.diariocambio.com.mx/2016/marcador-final/item/21956-psd-firmo -contrato-con-cuauhtemoc-blanco-por-7-millones-de-pesos#ixzz4Ik6EDGOg

5 Ídem 4

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir un informe sobre los recursos humanos y financieros empleados por la visita del candidato presidencial estadounidense Donald Trump el pasado 31 de agosto, así como los resultados de dicha reunión, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, por el que la H. Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto a hacer público un informe sobre los recursos humanos y financieros empleados por la visita del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump el pasado 31 de agosto de 2016, así como los resultados de dicha reunión, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89 establece las facultades y obligaciones del presidente. Destaca en este caso, la fracción X del citado artículo en el que se establece que corresponde al titular del Poder Ejecutivo federal el dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. En este apartado se consagra también que en la conducción de la política exterior, el Ejecutivo deberá observar los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Por su parte en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores el despacho de los siguientes asuntos:

...

II. Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; ...

La Ley del Servicio Exterior en su artículo 2 clarifica que el servicio exterior deberá

I. Promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados extranjeros y en los organismos y reuniones internacionales en los que participe México;

II. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones;

...

VI. Velar por el prestigio del país en el exterior;

...

VIII. Promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México en el mundo;

IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para México, y difundir en el exterior información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional.

II. En los últimos meses las y los mexicanos hemos sido testigos, que desde el arranque de las campañas presidenciales en los Estados Unidos de América, el ahora candidato oficial del Partido Republicano Donald Trump, ha lanzado una serie de acusaciones ofensivas, discriminatorias y violentas en contra del pueblo mexicano. Como claros ejemplos de lo anterior, el candidato ha puesto dentro de sus propuestas de campaña construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, pagado por nuestro país bajo, y ha amenazado con recortar las remesas que envían los mexicanos residentes en Estados Unidos, entre otras cosas.

Destaca que el pasado 16 de junio de 2016, Donald Trump lanzó duras críticas contra los inmigrantes mexicanos señalando puntualmente que: “México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas... Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores”.

Trump ha aseverado en diferentes ocasiones que “México no es amigo de los Estados Unidos”, pues ha indicado según sus percepciones que México está matando a EUA en el comercio”.

III. La reciente invitación del Presidente Peña Nieto al candidato Republicano Donald Trump el pasado 31 de agosto, fue ampliamente criticada por la opinión pública, sectores informados y líderes, no por tratarse de una proeza diplomática controversial, sino por los efectos electorales y políticos que se previa generaría. Los resultados de la visita han sido ya evaluados por diversos analistas como devastadores, tanto para la imagen pública del Presidente Peña, como para la política exterior de nuestro país, y la defensa de nuestros intereses.

Como resultado de la visita no sólo fue evidente la fuerte condena hacia el Presidente Peña Nieto, por abrir la puerta del diálogo a quien públicamente nos ha insultado y discriminado como nación, sino que la reunión sólo logró aligera el tono del discurso de Trump, dándole un impulso en las encuestas donde iba perdiendo terreno frente a Hillary Clinton.

IV. Datos de la agencia Reuters muestran que en solo una semana, el candidato republicano despuntó 8 unidades en su competencia con Hillary Clinton, de acuerdo a la última encuesta realizada, en la que se encontró que el 40 por ciento de los posibles votantes apoyan Trump, luego de su visita relámpago a la Ciudad de México, mientras que el 39 por ciento se mostró a favor de la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton; todo esto a poco más de 60 días de la elección presidencial. La candidata demócrata Hillary Clinton subrayó el viernes 2 de septiembre de 2016, que la visita de su rival republicano Donald Trump avergonzó a Estados Unidos en la diplomacia internacional al visitar México.

Diversos analistas han coincidido en el severo golpe que significó la visita de Trump a la política exterior de México, toda vez que el discurso del Candidato republicano se alejó de la línea que presentó durante su visita en nuestro país, y tan sólo unas horas más tarde, durante su discurso sobre inmigración en Arizona, se reiteró la construcción del muro fronterizo, y se magnificó incluso su tamaño y el pago de México por dicha propuesta.

V. El 31 de agosto pasará a la historia, como el día en que el Presidente Peña Nieto rindió servicio al magnate Donald Trump y le dio vida a su campaña presidencial, pasando por encima de los intereses y dignidad nacionales, por lo que es menester revisar los resultados de dicha reunión en términos de política exterior, y verificar los recursos empleados para la citada reunión, toda vez que son gastos que se han erogado sin beneficio alguno para el pueblo de México.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto a hacer público un informe sobre los recursos humanos y financieros empleados por la visita del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump el pasado 31 de agosto de 2016, así como los resultados de dicha reunión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de septiembre del 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la PGR a investigar y sancionar con las autoridades estatales la desaparición forzada de personas, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Gonzalo Guízar Valladares, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES). De la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con el oficio SJA/DGAJ/12404/2014 de la PGR, entre el 2010 y noviembre del 2014, esa procuraduría inició 189 averiguaciones por casos de apariciones forzadas en el país, aunque no precisa el número de personas que fueron desaparecidas en cada caso.

La Procuraduría General de la República (PGR) generó en los últimos cinco años 189 averiguaciones por desapariciones forzadas; es decir, aquellas en las que participaron servidores públicos. El 2013 y 2014 han sido los años más oscuros en términos del crecimiento de ese delito.

También destaca que Veracruz es el estado donde más personas han sido desaparecidas de manera forzada por funcionarios en los últimos cuatro años. Con un registro de 51 denuncias atendidas por la PGR, Veracruz es la entidad donde funcionarios más desaparecen personas El oficio revela que mientras en el 2010, 2011 y 2013 se iniciaron en promedio 20 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada, para el 2013 y 2014 se iniciaron en promedio 64 averiguaciones previas, lo que representa un aumento de 315% respecto de los tres años anteriores. Las 189 averiguaciones previas iniciadas por la PGR en los últimos cinco años, sólo por el delito de desapariciones forzadas, se suman a las más de 22,322 personas desaparecidas que existen en el país, según la última cifra oficial, en las que se denuncian diferentes razones: políticas, sociales y aquellas cometidas por integrantes de la delincuencia organizada. El estado de Veracruz vive una crisis de inseguridad provocada por una violencia criminal desbordada. El gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha sido incapaz de detener este clima insostenible y devolver a los veracruzanos la tranquilidad que tanto anhelan. Se tiene la estadística de las desapariciones forzadas. En los últimos meses las noticias dan cuenta de la gravedad de la situación, así en la cuenca del Papaloapan, entre finales de julio y principios de agosto de 2015 fueron halladas al menos 9 personas ejecutadas en la carretera Isla-Playa Vicente, todas las cuales fueron previamente “levantadas” con violencia; en otras zonas del estado la situación de violencia se repite: el 22 de julio fue encontrada una persona decapitada en una playa de Alvarado; el 12 de agosto fue asesinado un líder de manifestantes en Tixtepec; el 2 de diciembre fueron hallados cuatro cuerpos en la autopista Acayucan-Cosoleacaque; el 3 de diciembre fueron asesinadas tres personas de origen poblano en la carretera Tinaja-Cosoleacaque; el 11 de diciembre dos hombres fueron asesinados en un paraje de la carretera Villa Azueta-San Jerónimo en el municipio de José Azueta. Sin dejar de recordar los violentos robos que se registran en todas las carreteras de la entidad, como los sucedidos a principios de diciembre pasado en la carretera Tinaja-Cosoleacaque que dejaron un saldo de dos pasajeros muertos. De hecho Veracruz ocupa el primer lugar nacional en asaltos en carreteras, esto de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: En el reporte sobre incidencia delictiva de 2014, se sitúa a la entidad gobernada por Javier Duarte de Ochoa como el estado en donde más delitos en carretera se dieron en todo el país, con 48 reportes en total.

Nota del periódico el economista JORGE MONROY jmonroy@eleconomista.com.mx

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/05/12/veracruz- territorio-desapariciones-forzadas

La desaparición de personas por parte de policías y otros funcionarios públicos continúa presentándose. Las desapariciones forzadas no se han detenido, pues siguen documentando casos de pocos meses que familiares denuncian la persona fue sustraída por personal de seguridad pública. Tenemos casos recientes de un mes, cinco meses y seis meses, continúan, no se han detenido para nada, no todas se dan de la manera impactante que era la de Tierra Blanca por el elemento que eran cinco muchachos a la vez y que tuvieran la ventaja de que los familiares estaban en contacto. Tras el caso de Tierra Blanca y Papantla, donde hubo jóvenes desaparecidos por policías, han continuado documentando casos que recientemente han sucedido donde también Seguridad Pública ha participado.

SOMOSMASS99 Edgar Cortez, Martes 26 de enero de 2016, http://www.somosmass99.com.mx/desapariciones-forzadas-en-veracruz/

La entrevistada sostuvo que el 90 por ciento de los casos que atiende el Colectivo han sido desapariciones forzadas a manos de policías u otras autoridades. Hay testigos, hay bastantes testimonios de que fueron policías en cualquiera de sus diferentes ramas, o en algunos incluso militares, marinos”, que están involucrados con la delincuencia organizada. La gran parte de los familiares no presentan denuncias debido a que temen de la misma autoridad puesto que fueron funcionarios públicos quienes se llevaron a la persona. En estos casos son más tardadas las diligencias y no avanzan, debido a que las autoridades no quieren investigarse. No corren porque la autoridad no se investiga a sí misma, no tiene instinto suicida para investigarse a sí misma.

http://expansion.mx/economia/2016/01/27/tierra-blanca-v eracruz-un-caso-mas-de-desaparicion-forzada

José Roberto Cisneros

Ciudad de México (CNNExpansión)

El caso de los jóvenes de la colonia Formando Hogar desaparecidos por policías y que la Organización de las Naciones Unidas ya intervino pero pese a ello no hay avances.

Esperan los veracruzanos que con la próxima administración comiencen a encontrarse avances en estos casos, puesto que se trata de otro gobernante que pueden investigar.

Indicó que el gobernador electo ha prometido una Comisión de Verdad y Justicia, así como yo he propuesto la comisión de la verdad en la que yo anuncie antes de la campaña electoral para gobernador, como la que se ha hecho en otros países, con la que esperan que se revele las complicidades al interior de la dependencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, concluyó una visita“in loco” –así se dice- a Veracruz en días pasados.

Y este mismo viernes rindió su informe preliminar en donde coloca a Veracruz, como escenario de desapariciones forzadas y un sinfín de acciones violentas que incluyen el asesinato de 15 periodistas de cara a una nula “acción decidida” del gobierno del estado para investigar los hechos de violencia denunciados.

Además recibió testimonios de que son los propios policías quienes presionan a los familiares de las víctimas desaparecidas para que dejen de buscarlos.

La CIDH está cierta y así lo manifiesta en su informe que “existe una grave crisis de derechos humanos” y Veracruz con Coahuila, Guerrero, Nuevo León y Tabasco se llevan el honor de estar “caracterizadas por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura”.

Presenta “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.

En Veracruz, la CIDH escuchó a UN familiar: “Recientemente nos Han ofrecido medidas de protección en Veracruz. Nos dicen que los policías nos van a cuidar. El problema es que son ellos mismos los que nos hostigan”. Por su parte, otros familiares indicaron a la CIDH que “a los policías y a las autoridades que no aceptan venderse a los criminales, los matan”.

La CIDH identificó que efectivamente, en Veracruz son 15 los homicidios de periodistas, y que son múltiples agresiones por parte de actores estatales y privados, de los cuales la mayoría permanecen en la impunidad.

Informe ante la ONU: 20 desapariciones forzadas en Veracruz. Por Gloria Leticia Díaz, 18 de febrero, 2016

Ciudad de México (Proceso)

El periodico milenio digital, dio a conocer que:

El gobernador electo de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares anunció que enviará una nueva solicitud formal al presidente Enrique Peña Nieto para que la federación intervenga en el estado en materia de seguridad y financiera.

“Dirigiré una comunicación formal al presidente Enrique Peña Nieto solicitando su intervención urgente en Veracruz para resolver o para enfrentar la emergencia que vivimos”, dijo en conferencia de prensa.

Y es que denunció que el gobernador saliente, el priísta Javier Duarte de Ochoa lo único que está haciendo, antes de terminar, es encubrir, guardar, destruir documentos y no preparar una transición ordenada.

Yunes Linares, por enésima ocasión, dijo que hay una emergencia en Veracruz que se manifiesta en todos los órdenes, pero que impacta severamente a Veracruz en seguridad, desempleo y finanzas públicas.

El estado vive una situación de emergencia, debido a los últimos actos de violencia ocurridos en las zonas centro y sur del estado, así como la supuesta aparición de una fosa común con irregularidades en la ciudad de Xalapa. Quieren entregar a Veracruz en peores condiciones, quiere que esa emergencia se profundice aún más y le apuesta a que le vaya mal al nuevo gobierno. Insistió que al gobierno de Javier Duarte de Ochoa no le interesan los temas de Veracruz, ni las preocupaciones de los veracruzanos.

Información obtenida en:

http://www.milenio.com/politica/miguel_angel_yunes_enri que_pena_nieto

El artículo 29 constitucional establece que el derecho a no sufrir desaparición forzada no puede suspenderse o restringirse aun en estado de emergencia, de excepción o de suspensión de derechos. La desaparición forzada se encuentra definida en diversas leyes especiales y códigos penales estatales y federal, algunas de las cuales no retoman lo establecido en la Convenciones Internacionales

En el nuevo Sistema de Justicia Penal genera un escenario propicio para estos efectos, al velar por la transparencia y privilegiar el respeto a los derechos humanos y también al debido proceso.

Integra PGR unidad para investigar la desaparición forzada de personas

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, a que, en el marco de sus atribuciones, y con la colaboración de las autoridades estatales, implementen las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada, con la finalidad de atender la grave situación de inseguridad que ha venido prevaleciendo en el estado de Veracruz, que amenaza la paz pública, el estado de derecho y que ha puesto en peligro a la sociedad veracruzana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputado Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la reinstalación de los centros de atención a solicitantes de Estados Unidos de América en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; y Reynosa, Tamaulipas, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales Francisco Saracho Navarro, Edgardo Melhem Salinas y la Diputada Federal María Esther Guadalupe Camargo Félix, todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Al ser Coahuila de Zaragoza y Tamaulipas, dos de las 6 entidades federativas que hacen frontera con los Estados Unidos de América, es muy común que sus habitantes crucen dicha frontera para el debido desempeño de las diferentes actividades que realizan cotidianamente, y las cuales tienen repercusiones directas en el crecimiento y desarrollo económico de sus respectivas entidades, así como de los municipios fronterizos y de los aledaños.

Así, es indispensable que tanto los coahuilenses, como los tamaulipecos que tengan la necesidad de realizar frecuentemente esos cruces fronterizos con motivo de alguna actividad lícita, independientemente de la naturaleza de ésta, es importante que cuenten con su visa vigente para poder internarse en territorio norteamericano, ya que de lo contrario, no podrán hacerlo, circunstancia que afectaría las actividades a las que se dediquen.

Hasta el 20 de agosto pasado, en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, así como en Reynosa, Tamaulipas, respectivamente, funcionó un Centro de Atención al Solicitante (CAS) de visa para los Estados Unidos de América, donde los interesados en obtener una visa de no migrante, podían acudir para que les fueran tomados sus datos biométricos, o bien, solo para los casos de renovación a su vencimiento les sería otorgado dicho documento, siempre que califiquen en el Programa Trámite sin entevista, si ello no ocurre, tendrían acudir a Nuevo Laredo o a Monterrey para concluir su solicitud, tal como cuando la visa se solicita por primera vez, trasladándose el interesado hasta las Oficinas Consulares ubicadas en dichas ciudades.

En el caso de Coahuila, la determinación que tomó el Consulado norteamericano, de cerrar el Centro de Atención al Solicitante en Piedras Negras, generará un impacto negativo para la población de alrededor de 27 municipios coahuilenses como los de Abasolo, Acuña, Allende, Candela, Castaños, Cuatrocienegas, Escobedo, Frontera, Jiménez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Sierra Mojada, Villa Unión y Zaragoza, debido a que sus habitantes acudían a Piedras Negras para realizar dichos tramites, por la cercanía existente con su domicilio, lo cual ya no podrán hacer.

Por ello, al culminar la vigencia de su visa, esos coahuilenses tendrán que trasladarse hasta Nuevo Laredo o Monterrey, con las implicaciones económicas y de tiempo que ello conlleva, tales como transporte, hospedaje y alimentos por uno o dos días, sin omitir que durante ese lapso, los interesados suspenderán sus actividades laborales, lo cual no sucedía cuando el CAS de Piedras Negras estaba funcionando normalmente y atendía este tipo de trámites.

En lo concerniente a Tamaulipas, el cierre del CAS de Reynosa también propicia un impacto negativo entre la población de dicho municipio, así como en la de los municipios aledaños, tales como Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Rio Bravo, Méndez, Burgos, Cruillas, San Nicolás, en donde al igual que en Coahuila y otras entidades federativas fronterizas, es muy común que sus habitantes efectúen de manera recurrente cruces en la frontera para internarse en territorio norteamericano, como causa de sus actividades diarias, por lo que contar con la visa es una necesidad, debido a la dinámica con que se desenvuelve toda actividad fronteriza, por ello, volver a contar con un CAS en el municipio de Reynosa, resultaría benéfico.

Para estos casos, los habitantes de Reynosa, tendrán la opción de acudir para sus trámites en el CAS de Matamoros, o bien, en el ubicado en Nuevo Laredo, e incluso el de Monterrey.

Esta problemática común que hoy comparten dichas entidades federativas, propicia que se busque una pronta solución que contribuya para que los habitantes de sus municipios fronterizos, puedan desarrollar sin ningún problema sus actividades, mismas que inciden en el crecimiento económico de la región, e incluso del mismo estado.

En ese sentido, Coahuila y Tamaulipas son entidades federativas que desde el punto de vista económico, cuentan con un gran dinamismo que tiende al crecimiento, al contar con los elementos necesarios para ello, por lo que debe ser prioritario que siempre existan las circunstancias que hagan posible de manera permanente, el progreso y desarrollo que han sostenido en los últimos años.

En el caso de Coahuila, en los últimos años, ha tenido un importante desarrollo industrial, al asentarse en su territorio importantes plantas cerveceras, acereras, automotrices, mineras, maquiladoras, además del impulso gubernamental que se le ha dado en los últimos años a la industria vitivinícola, lo cual hace que el flujo comercial se incremente y vaya más allá de la frontera; en lo que hace a Tamaulipas, dicho estado se ha caracterizado por su industria manufacturera, maquiladora, por su desarrollo en la agricultura, ganadería y en la petroquímica.

Aunado a lo anterior, Coahuila y Tamaulipas comparten un importante potencial energético en la región de la Cuenca de Burgos, cuya explotación en la coyuntura de la operación de la Reforma Energética, contribuirá a la generación de empleos directos e indirectos en dichas entidades, además de incrementar el flujo en el cruce fronterizo debido a los asentamientos humanos que se estima se instalaran en dicha región.

Si bien es cierto que el cierre de los CAS de Piedras Negras y de Reynosa fueron determinaciones tomadas por el Consulado de los Estados Unidos de América, también es importante señalar que es deber del Gobierno Federal entablar las pláticas o negociaciones conducentes con sus homólogos en el gobierno norteamericano, para que de esa manera pudieran reconsiderar la postura adoptada y reinstalen los CAS antes referidos, como parte de una de las directrices con la que se ha conducido el Gobierno Federal durante su actual gestión, que es la de impulsar la sencillez y prontitud en la realización de los diversos trámites iniciados por la ciudadanía, a través de lo que se denominó como Justicia Cotidiana.

De tal forma, es que los proponentes, buscan el apoyo de esta soberanía para buscar resolver la problemática que viven los coahuilenses y los tamaulipecos que residen en las municipalidades referidas, ya que al determinarse el cierre de los CAS que se encontraban en ellas, tendrán que efectuar los trámites y gestiones para obtener la visa de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo o Matamoros, en Tamaulipas, o bien, en Monterrey, Nuevo León, según el caso, con las implicaciones económicas, de tiempo y de riesgos que existen en los traslados que se deben realizar para tal efecto, razón por la que sometemos la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite la intervención de la Embajada de México en los Estados Unidos de América, para entablar negociaciones con sus homólogos en dicho país, con la finalidad de que sean reinstalados los Centros de Atención a Solicitantes de los Estados Unidos de América, en el Municipio de Piedras Negras, Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el de el Municipio de Reynosa, Estado de Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016

Diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix

Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)

Diputado Edgardo Melhem Salinas

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Sagarpa a implantar por el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado medidas inmediatas con la PGR para investigar respecto a las denuncias sobre abigeato, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Federico Salas Díaz, diputado federal integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6 fracción I, 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Sagarpa a implantar por el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado medidas inmediatas con la PGR para investigar respecto a las denuncias sobre abigeato, Bajo las siguientes:

Consideraciones

El Sistema de Identificación Individual del ganado (SINIIGA) fue creado con el objetivo de establecer las bases para mejorar, fortalecer y enlazar otros sistemas de información relacionados con el ganado; Contempla asignar una numeración única, permanente e irrepetible durante toda la vida del animal para conformar un banco central de información e identificar de manera individual a todo el ganado existente en México, conformando de maneras simultánea un banco central de información dinámico desde su nacimiento hasta su destino final.

El objetivo del SINIIGA es establecer la identificación individual y permanente del ganado en México y conformar una base de datos que permita orientar acciones integrales que conlleven a elevar los estándares de competitividad de la ganadería mexicana y ser una herramienta para la planeación y evaluación de programas de apoyo al sector pecuario y fortalecer, entre otros objetivos, el combate al abigeato y contrabando de ganado.

En este sentido, el SINIIGA se encarga de identificar a cada bovino, ovino y caprino mediante aretes en los que se muestra un número único que lo acompañe a lo largo de su vida y que permita dar seguimiento a sus movimientos

Entonces, es de suponerse que a través del programa de aretado, disminuirán los casos de abigeato, pero el delito continúa en todo el país y el supuesto de que al asignarse a cada animal un número único que lo acompañe a lo largo de su vida y que permita dar seguimiento a sus movimientos, los casos de robo de ganado disminuirían no ha funcionado, aún bajo el supuesto de que con el arete, cualquier animal que sea encontrado en algún predio se podrá rastrear fácilmente al dueño del mismo.

Tomando como base las cifras oficiales que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva del fuero común en el año 2015 fue de 8,005 denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público a nivel nacional y el reporte de enero a junio de este 2016 se han presentado 3,283 denuncias.1

Es importante frenar este delito, ya que el robo de ganado contabiliza pérdidas millonarias para los productores del campo y debido a su éxito, se ha vuelto una práctica común en diversas regiones de nuestro país y que va desde los robos solitarios hasta la práctica cotidiana empleada por el crimen organizado.

Ganaderos de varias regiones del país consideran que este delito se ha incrementado los últimos años entre 30% y 50%, y lo atribuyen al crecimiento de la delincuencia organizada y a que los cárteles del narcotráfico han ampliado su campo de actividad. Pero también creen que en la mayoría de los casos se trata de delincuentes comunes y ocasionales que aprovechan el clima de inseguridad que hay en el país para cometer un ilícito

Es práctica común que al ser considerado el abigeato como un delito no grave, los delincuentes salen pagando fianzas muy raquíticas e incluso por debajo del valor del ganado robado, lo que se traduce en atractivas ganancias para quienes cometen este ilícito; así mismo los altos índices de corrupción de las autoridades locales en muchas regiones ganaderas del país, han propiciado que los dueños del ganado ya no presenten denuncias, en buena medida por el grado de impunidad, corrupción y debilidad de las leyes en las entidades federativas.

En este sentido, la presente proposición con punto de acuerdo tiene como objeto exhortar respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado implemente a nivel nacional un programa eficaz y eficiente y que en coordinación con la Procuraduría General de la República y sus homólogas estatales realicen de manera rápida y expedita las investigaciones correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato.

Por lo anteriormente descrito, someto a esta soberanía el presente:

Punto de Acuerdo

ÚNICO. QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA QUE A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION INDIVIDUAL DEL GANADO IMPLEMENTE MEDIDAS NECESARIAS E INMEDIATAS EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE REALICEN LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS DENUNCIAS DEL DELITO DE ABIGEATO

Nota

1 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-fuero-comun.php

Cámara de Diputados, a 6 de septiembre de 2016.

Diputado Gerardo Federico Salas Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu, el gobierno de Quintana Roo y el ayuntamiento de Benito Juárez a concluir el proceso de regularización de lotes en las colonias de mayor marginalidad en el municipio, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea; proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), al gobierno del estado de Quintana Roo, y al gobierno municipal de Benito Juárez, concluyan el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginalidad en el citado municipio, a través de la realización de las acciones necesarias para tal efecto, lo anterior en virtud de las siguientes:

Consideraciones

1. El Ejecutivo federal a través de la Sedatu, el gobierno del estado de Quintana Roo y el municipio de Benito Juárez han difundido entre la población y la mayoría de los medios de comunicación, la exitosa coordinación de estos tres niveles de gobierno, respecto a la regularización de la tenencia de la tierra.

2. Lo cierto es que a la fecha, no se ha dado cumplimiento al proyecto de regularización y reordenamiento territorial de los asentamientos del ejido Alfredo V. Bonfil, que se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo Urbano local.

3. A lo anterior se suma que en esta Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, en el periodo ordinario anterior omitió la elaboración del dictamen que correspondía a este asunto, en ejercicio de sus atribuciones.

Cabe señalar que tal omisión se justificó con el artículo 184 numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, al atenerse a la figura jurídica de la preclusión, la cual se entiende, en general, como la pérdida o extinción de una facultad procesal, por el simple transcurso del tiempo.

Sin embargo, esta interpretación no puede ser utilizada en contra, sino a favor, del actor al que le asiste un derecho; por ello de nueva cuenta y a nombre de los ciudadanos del municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, solicito se atienda este importante asunto.

4. La preocupación por tener una mejor calidad de vida de los habitantes del municipio, puesto que la regularización les permitiría acceder a la infraestructura y a los servicios básicos que requieren, les ha generado inconformidad e incertidumbre, en virtud de que los datos reales contradicen los reportes y anuncios públicos.

5. En 2014 se suscribió un convenio de colaboración para la regularización de predios; y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha señalado que existen grandes avances.

Contrario a ello, el número exacto y porcentaje relacionado con levantamiento de mediciones, que es el primer paso para la regularización, no se conoce, pues dicha información no existe publicada en ningún sitio oficial.

En ese orden de ideas, cuando no se han dado los primeros pasos por parte de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett sobre la medición de predios, mucho menos coincide la información y el festejo del supuesto otorgamiento de subsidios en el pago de derechos e impuestos.

Si es escaso el levantamiento tan solo de las mediciones correspondientes, presumiblemente a las familias más pobres se les ha utilizado con fines políticos en este tipo de anuncios.

6. El interés primordial del presente exhorto, es lograr en el menor tiempo posible, dotar de servicios públicos y generar empleo, para los quintanarroenses de esta zona del Estado; esto como una obligación que tienen los gobiernos y las administraciones públicas, para mejorar el bienestar de los ciudadanos y no utilizarlos mediáticamente con propósitos electorales, como pudiera ser que esté ocurriendo en este caso concreto.

7. A partir de la identificación de la importancia y valoración que desde el Partido de la Revolución Democrática se ha otorgado al bienestar social, así como la importancia que tiene la construcción de políticas públicas desde este poder legislativo; surge la necesidad impostergable, urgente y primordialmente responsable; de trabajar al lado de los ciudadanos que han sido marginados en el estado de Quintana Roo.

Los tres niveles de gobierno, debemos asumir nuestra obligación no sólo de otorgar una escritura pública que proporcione certeza jurídica de propiedad; es imprescindible tener claro que, el Estado tiene la obligación de asegurar el cumplimiento y acceso a los derechos humanos consagrados por nuestra Constitución Política de los que hasta ahora este sector de la población está siendo excluida.

Por lo tanto, de lo que se trata es de integrar a nuestra sociedad, al pueblo de México, garantizándoles sus derechos, su dignidad, y una mejor calidad de vida con el acceso a servicios y al desarrollo social.

8. En cualquier foro, es fácil hablar de Políticas Públicas Sociales, lo cierto es que estaremos fracasando sino se demuestra el cumplimiento del compromiso y las metas, que fueron asumidas por los responsables de llevar acabo en este caso, la regularización de la tenencia de la tierra.

De lo contrario, existen indicios relacionados con interesen particulares mediáticos, con la administración de la pobreza, con la que los gobiernos podrían estar lucrando, a partir de la miseria y la necesidad.

9. El abandono de este ejido, impide que la gente tenga acceso a la salud, educación y trabajo, entre otros derechos, además como he señalado, su precariedad respecto a la infraestructura y servicios públicos es verdaderamente lamentable, por ello el significado de agilizar esta regularización que comprende la estación foránea, en el cruce de las avenidas Nichupté con López Portillo hasta el puente que entronca con la carretera federal a Mérida no permite mayor retraso.

El censo a 40, 900 predios donde se ubican más de 58 mil familias de 109 polígonos, apenas reporta un proceso de medición incompleto de 15 de ellos, es decir; sólo se está midiendo cerca del 10% de un plan en el que, el Ejecutivo federal anuncio como un gran logro, la entrega de escrituras para el primer trimestre de 2015.

Por lo tanto parece que se trata sólo de propósitos, o bien de propaganda en la que con bombo y platillo se dice que se brinda certeza jurídica, a los mexicanos, y lo que se les proporciona en realidad es hambre y falta de oportunidades.

10. Hago un exhorto a la Sedatu y a los gobiernos municipal y estatal, por el respeto a la dignidad y a la propiedad de los lotes que habitan las familias en el ayuntamiento de Benito Juárez, a efecto de que se les entregue de inmediato su escritura.

Pero al mismo tiempo elevo mi denuncia de lo que se promueve como avance, y que de ningún modo lo es y mucho menos resuelve la situación de pobreza de los quintanarroenses.

Con el afán de ayudar a la realización de las gestiones necesarias e incidir en la pronta atención de las necesidades de los habitantes de esta zona marginada del país, ubicada en el municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, y desde las atribuciones que me son conferidas por poder legislativo; solicito urgentemente la aceleración de este proceso, y por consiguiente

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa, a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano concluya el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginación en el ejido Alfredo V. Bonfil, del Municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa gobierno del estado de Quintana Roo, y al gobierno municipal de Benito Juárez, intervengan para dar continuidad y conclusión el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginación en el ejido Alfredo V. Bonfil, del Municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo, a efecto de que progresivamente puedan ser beneficiados con la infraestructura y los servicio públicos que requieren.

Tercero. Se exhorta de manera respetuosa, a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, al gobierno del estado de Quintana Roo, y al gobierno municipal de Benito Juárez, para que publiquen en sus sitios oficiales, la información relacionada con los avances de este proceso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech

Con punto de acuerdo, por el que se acuerda realizar una sesión solemne en reconocimiento de la Facultad de Química de la UNAM, por sus 100 años de actividades académicas, de investigación y de contribución al desarrollo científico e industrial del país, a cargo de la diputada Patricia Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

Los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 38 y 79, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la Junta de Coordinación Política, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 23 de septiembre de 1916, por decreto presidencial del General Venustiano Carranza, se fundó la Escuela Nacional de Química Industrial en el pueblo de Tacuba. En el contexto del espíritu revolucionario que daría origen al nuevo Estado Mexicano nació la primera escuela técnica de México y América Latina dedicada a la preparación de profesionales consagrados a la industria química, sector que pronto se convirtió en palanca para el desarrollo del país. El próximo 23 de septiembre de 2016 se cumplirán 100 años de este acontecimiento que ha impactado en la formación educativa y la investigación científica de la nación.

En100 años de servicio dedicados a la docencia y la investigación, la Facultad de Química ha formado a más de 50 mil profesionales que han contribuido con su trabajo y sus aportaciones originales al desarrollo económico y social del país.

A lo largo de esta centuria los egresados de la Facultad de Química han hecho importantes contribuciones que han cambiado la historia de la ciencia de México y del mundo. Los trabajos realizados en sus laboratorios y centros de investigación forman parte del origen de la síntesis industrial de hormonas, de las primeras investigaciones hechas en el ámbito de la biología molecular y la biotecnología y han dado a México, en la persona de Mario Molina, el único premio Nobel en el área científica.

El trabajo académico y de investigación de la Facultad ha tenido como una estrategia de crecimiento la vinculación con los sectores público y privado por lo que ha incidido en el desarrollo de las industrias farmacéutica, alimentaria, petrolera, textil, metalúrgica y de la salud; sectores a los que ha ofrecido servicios analíticos, de investigación y de desarrollo de tecnología.

Actualmente, la facultad tiene una plantilla de 277 profesores de tiempo completo, de los cuales 70 por ciento tiene estudios de posgrado y 138 académicos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.

La Facultad de Química recibe anualmente más de 1,300 estudiantes de nuevo ingreso para cursar uno de sus cinco programas de pregrado. Cada año, la matrícula que atiende la Facultad asciende a 7000 alumnos de licenciatura y aproximadamente 500 alumnos adscritos a sus ocho líneas de posgrado otorgadas en sus diferentes unidades de investigación.

En reconocimiento a las aportaciones hechas por la Facultad de Química, diversas instituciones se han sumado a la celebración de sus 100 años de vida a través de diversos eventos en los que ha participado la Orquesta Filarmónica de Minería, el Canal 22 con su programa “La Dichosa Palabra”, transmitido desde la Facultad; la Lotería Nacional que emitió un billete cuyo sorteo se realizará el 23 de septiembre y el Palacio Legislativo que será sede de un Simposio conmemorativo el 29 de septiembre.

Como centro de enseñanza, la Facultad de Química ha cumplido con el compromiso de dar una formación integral y de calidad a profesionales comprometidos con la generación de conocimiento y con el fortalecimiento de centros de investigación, de sociedades científicas y de publicaciones especializadas donde se propaga conocimiento original que aporta valor a la sociedad y contribuye al desarrollo sustentable del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se acuerda celebrar una sesión solemne en septiembre de 2016 a efecto de hacer un reconocimiento público a la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México en conmemoración de sus 100 años de actividades académicas, de investigación y de formación científica y tecnológica.

Segundo. El formato de la Sesión Solemne y su organización serán propuestos al Pleno por la Junta de Coordinación Política.

Tercero. Se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que una vez acordada la realización de la Sesión Solemne, invite al doctor Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y al doctor Jorge Manuel Vázquez Ramos, director de la Facultad de Química, para que nos honren con su presencia en dicha sesión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de septiembre de 2016.

Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conagua a hacer pública la información sobre las condiciones y los avances del proyecto de la presa-acueducto Zapotillo y vigilar el plan de rescate financiero de la empresa Abengoa, a la cual se concesionó el proyecto, para el cumplimiento de sus obligaciones, a cargo del diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Ricardo Sheffield Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El agua es un recurso natural finito y debe reconocerse como patrimonio común de la humanidad. Debemos implantar una cultura para el uso eficiente del agua con tecnologías de tratamiento y reutilización, con esquemas de evaluación socioeconómica y con la participación social en las decisiones de su manejo y administración garantizando así un adecuado aprovechamiento y su abastecimiento a las generaciones futuras.

Hace más de 20 años, en 1995, que por Decreto Federal fueron reservadas las aguas del Rio Verde para usos domésticos y públicos urbanos, estableciendo que una tercera parte se destine a Guanajuato y dos terceras partes para Jalisco.

La importancia del proyecto de la presa “El Zapotillo” radica en que, además de garantizar el abastecimiento de agua para sostener el crecimiento de la población y las viviendas en la zona urbana de la Ciudad de León en Guanajuato, permitirá que se recupere la recarga de los tres acuíferos que dotan de agua a la ciudad de León actualmente, ya que se disminuirá la extracción del agua subterránea durante las próximas dos décadas.

Cabe recordar que el Gobierno Municipal de la Ciudad de León, Guanajuato, fue uno de los firmantes del “Acuerdo para el Suministro, Entrega de Agua en bloque, Forma de Pago y Garantía del Proyecto Acueducto El Zapotillo, los Altos de Jalisco, León”, firmado el 16 de marzo del año 2010, acuerdo signado también por CONAGUA, por el Gobierno del Estado de Guanajuato, por el Gobierno Municipal de la Ciudad de León y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. (SAPAL).

Al siguiente año, el 14 de octubre de 2011, CONAGUA otorgó por medio de un Contrato de Prestación de Servicios a la Concesionaria de Acueducto Zapotillo (CAZ), perteneciente a la empresa española "Abengoa", la ejecución de la obra y su operación por 25 años.

A la fecha, ese contrato y el Título de Concesión ha tenido tres modificaciones, la más reciente autorizada por el Consejo Directivo de SAPAL el 31 de mayo pasado y por el Ayuntamiento de León, el 13 de junio; con el objeto de formalizar la reprogramación del proyecto, incrementando el plazo de ejecución de la obra en nueve meses - de 36 a 45- en virtud del atraso de diversas condiciones suspensivas previstas en el Título de Concesión por causas no imputables a las partes y acontecimientos de fuerza mayor que obligaron a reprogramar la obra.

Coincide que las obras del proyecto integral, Presa y Acueducto, están detenidas por el momento. Las obras de la Presa El Zapotillo, ubicada en Cañada de Obregón, Jalisco y sobre las que se estima un avance del 83%, se encuentra detenida por mandato judicial desde el 3 de julio de 2014.

La obra del Acueducto en León, arrancó en la zona de Barranca de Venaderos hace unos meses, con los trabajos de un Macrocircuito de 15 kilómetros, pero se encuentra suspendida por falta de algunos trámites federales, previendo que pueda reiniciarse en septiembre.

Además, el ejido Agua de Obispo y ganaderos de San Juan de los Lagos consiguieron una suspensión contra la construcción del Acueducto que iría de la presa a León, además de que el caso también fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la nación y está pendiente de resolución.

La obra de la Presa el Zapotillo está detenida desde el 3 de julio de 2014, en 79.7 metros de altura por mandato judicial.

A través de los años, diputados y autoridades del Ejecutivo del Estado de Jalisco han mantenido una postura de oposición al proyecto, con acciones que van desde alentar a los alcaldes de la zona de los Altos de Jalisco a oponerse, hasta instalar una Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua (en mayo pasado de 2016), creada para analizar el proyecto de la Presa del Zapotillo, “por las desventajas jurídicas de Jalisco en los convenios que ceden prácticamente toda el agua del Río Verde a Guanajuato, dejando sin abasto a la región de Los Altos y a la zona Metropolitana de Guadalajara.

El Gobierno del Estado de Jalisco, por su parte, encabezado por Aristóteles Nuñez, involucró a la ONU en el tema, a través de un convenio, firmado en septiembre de 2015 con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, con el objetivo de conocer la viabilidad de obras hidráulicas en la cuenca del Río Verde.

Ya han trascendido avances, y hasta recomendaciones que ha hecho esta Oficina a la CONAGUA, dado que el Gobierno de Jalisco le ha conferido la autoridad UNOPS para determinar si es viable la construcción de la Presa y el destino del Agua.

Se prevé que en enero de 2017 la UNOPS, entregue los resultados de este análisis, sobre los que el Gobierno de Jalisco "tomará decisiones".

El 27 de abril de 2016, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, pidió que el Gobierno de Jalisco y las autoridades federales suspendan el acuerdo para traer a León el agua del río Verde que almacenará la presa de El Zapotillo.

La solicitud del alcalde de Guadalajara se hizo en estos términos: “Exhortamos a la CONAGUA y a la SEMARNAT a que antes de tomar cualquier decisión o continuar con el proyecto de construcción del Acueducto Zapotillo-León, acaten de inmediato las recomendaciones realizadas por el Observatorio Ciudadano de Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco, mismas que este gobierno municipal avala y adopta como parte de nuestra postura institucional”.

“En el Área Metropolitana de Guadalajara nos estamos quedando sin agua. Esto es una realidad y pareciera que nadie está haciendo nada para solucionarlo. En el Gobierno de Guadalajara queremos que el agua de Jalisco sea para Jalisco, así de claro. Por eso hicimos algo sin precedentes. Es la primera vez que un gobierno alza la voz para exhibir el montaje y el engaño que representa la presa del #Zapotillo”, publicó el alcalde Alfaro en sus cuentas en las redes sociales.

CONAGUA es el principal responsable de la ejecución del proyecto, de ahí la razón de este Punto de Acuerdo para exigir a la Comisión Nacional del Agua a que se concluya la obra de la Presa “El Zapotillo” en los plazos establecidos, que prevalezca la ley y que no se admitan más retrasos. Pero eso no es todo, considero que todo lo que está ocurriendo con la obra, avances y circunstancias que le impactan, debe transparentarse plenamente, poner la información disponible para cualquier ciudadano que esté interesado en el tema, presentando un informe puntual del status del proyecto.

Aún hoy en día, pese a las obligaciones en materia de transparencia e información gubernamental para acceder a la información del proyecto a través de CONAGUA es tarea compleja; las publicaciones recientes sobre el proyecto que se pueden encontrar en su portal web datan de dos años.

Abengoa, empresa española que a través de una de sus filiales construye el Acueducto, se encuentra a un paso de la bancarrota por su deuda inmanejable que supera los 9 mil millones de euros y apuesta a un plan de reestructura que está aún por concretarse y que le permitiría recuperar liquidez.

La empresa, que opera proyectos en 70 países, ha despedido prácticamente a la cuarta parte de sus trabajadores -unos 7 mil a nivel global- en los últimos dos años, resultado de su crisis financiera.

Si bien la viabilidad financiera del proyecto “Acueducto-Presa El Zapotillo está garantizada -blindada, para algunos- por la aportación mayoritaria del Gobierno Mexicano a través del FONADIN, financiamiento de Banobras y aportaciones comprometidas del Gobierno del Estado de Guanajuato y Sapal, hay un 30% de la inversión que debe salir de las arcas de Abengoa.

La amenaza de quebranto ha obligado a Abengoa a retirarse de proyectos aún mayores en México, como es el caso de la planta de cogeneración eléctrica en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, proyecto que le fue asignado en 2015, en el consorcio formado con la empresa italiana Enel.

Información publicada en el diario español El País, señala que “Abengoa confía en superar completamente su crisis a comienzos del próximo mes de octubre del presente año, con un plan de salvamento aprobado por los acreedores, el juez y la junta general de accionistas, según el calendario presentado este martes por la firma a los acreedores y analistas y remitido a la CNMV”.

Se dio a conocer el 25 de agosto que Abengoa obtendrá 355,5 millones de dólares (315 millones de euros) de la venta de cinco plantas de etanol en Estados Unidos, dentro del plan de desinversiones previsto en su plan de rescate anunciado el pasado 16 de agosto, que incluye el traspaso de su división de bioenergía tanto en Estados Unidos como en Europa.

Se publicó también que en julio pasado, Abengoa solo tenía liquidez para pagar el 60 por ciento de la nómina de sus trabajadores.

Por si fuera poco, en este panorama de incertidumbre, Abengoa adeuda 604 millones de pesos al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), que invirtió en certificados bursátiles de la empresa, y ahora debe hacer frente a esa deuda, tema en el que también diputados locales de Jalisco han intervenido para presionar por el pago, y que representa un factor adicional que podría mermar la liquidez de la empresa para hacer frente a su compromiso del Zapotillo.

Abengoa México, publicó el 14 de diciembre en su portal web que había cerrado el financiamiento para el proyecto Acueducto Zapotillo:

“12 de diciembre de 2014 - Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha cerrado la financiación a largo plazo sin recurso con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y el Fondo Nacional de Infraestructura del proyecto de construcción, operación yel mantenimiento del Acueducto El Zapotillo.

La inversión total del proyecto es de aproximadamente 640 MUS$. El 48,44 % de la inversión la aportaráel Fondo Nacional de Infraestructura, mientras que el 51 % restante se financiará mediante un crédito sin recurso por 177 MUS$ y aportación de equity de Abengoa. Los 487 MUS$ invertidos por el Fonadin y Banobras son destinados a repagar los 296 MUS$ (238 M€) de deuda sin recurso en proceso que existían del proyecto”.

“El contrato consiste en una concesión de 25 años para la prestación de servicios de potabilización, transporte y entrega de agua en tránsito a las diversas poblaciones desde la presa de El Zapotillo hasta a la ciudad de León, así como a los municipios de Los Altos de Jalisco como Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, San Julián, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe y Villa Hidalgo”.

Se insiste pues que el futuro, la sustentabilidad y la salud de la Ciudad de León dependen del éxito del proyecto La presa y acueducto “El Zapotillo”.

La propia CONAGUA ubica a Guanajuato en el segundo lugar nacional entre los estados con mayor sobre explotación de su manto acuífero, teniendo que ir cada vez a más profundidad, hasta 600 metros, para extraer agua, que es agua vieja que tiene metales pesados, arsénico, zinc, flúor y el contacto y consumo permanente traen graves problemas y fatales consecuencias de salud.

En declaraciones publicadas por el Diario A.M de León, el 1 de julio pasado, el director de la Conagua en la entidad, Humberto Carlos Navarro de Alba, reconoció como alarmante la explotación del manto acuífero de Guanajuato.

Según CONAGUA, 14 de los 18 acuiferos de Guanajuato están sobre explotados.

Según el Sapal, la principal fuente de abastecimiento del Municipio, es el agua subterránea proveniente del acuífero del Valle de León. La estabilidad de este acuífero está en riesgo por: sobre explotación, contaminación y mal uso del agua.

Por ello es exigible que tengamos certeza, claridad y garantías sobre el proyecto de la Presa-Acueducto “El Zapotillo”. Para la ciudad de León sí es un tema vital, y así mismo que el tema del agua es de competencia federal por las razones expuestas se presenta esta proposición de urgente y obvia resolución con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Comisión Nacional del Agua para que con base en la Ley de Transparencia, informe a la opinión pública sobre las condiciones y avances del proyecto de la Presa-Acueducto “el Zapotillo”.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para que haga un seguimiento especial de vigilancia al plan de rescate financiero de la empresa Abengoa, responsable de concluir a cabalidad y en su totalidad el proyecto de la Presa- Acueducto “El Zapotillo”

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de septiembre de 2016.

Diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob y el Sistema Nacional de Seguridad Pública a incorporar Múgica, Michoacán, entre las demarcaciones que participarán del subsidio para la seguridad en los municipios de 2017, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Araceli Saucedo Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura de1 honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Que los municipios son la instancia de representación social más cercana a la ciudadanía, siendo los encargados de proporcionar los servicios públicos mínimos requeridos por la población.

Asimismo, una de las atribuciones de mayor importancia a nivel municipal es la procuración de seguridad, para salvaguardar el orden y la paz generando un ambiente de respeto basado en el estado de derecho para los habitantes de una demarcación.

La Constitl1ción Política de los Estados Unidos Mexicanos es garante de lo anterior, lo cual está encuadrado en el artículo 21, párrafos 9 y 10:

Artículo 21. ...

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y formarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la participación de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad a escalas federal, estatal y municipal, sobre todo la coordinación que debe haber en el marco de respeto a la autonomía en las funciones en la materia.

Asimismo, lo establece la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, que instituye en su artículo 123, fracción V, inciso h):

“Artículo 123, fracción V. Proporcionar en sus jurisdicciones los servicios de:

h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito.

La policía preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo Federal tendrá e} mando de la fuerza pública en los lugares donde éste resida habitual o transitoriamente;”

Para fortalecer la responsabilidad en materia de seguridad en 2007, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 un artículo 10, en el cual se estableció un rubro específico para otorgar subsidios a los municipios y al gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, para salvaguardar y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Para dar cumplimiento al decreto del PEF de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 01/2008, “por el que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del subsidio para la seguridad pública municipal”. En dicho acuerdo se eligieron 150 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que accedieron al programa (Subsemun).

Que el 18 de diciembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos para la Implementación de los Programas con Prioridad Nacional, los cuales establecen las disposiciones que deberán cumplir, entre otras instancias, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la implementación de los Programas con Prioridad Nacional de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados en la Trigésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Subprogramas que deriven de los mismos, vinculados al ejercicio del Fondo y del Subsidio de carácter federal que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se otorguen a dichos órdenes de gobierno, y

Que el 20 de febrero de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (Fortaseg) para el ejercicio fiscal 2016.

Con este subsidio se cubren aspectos de prevención del delito, evaluación de control de confianza de los elementos operativo s de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.

Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado 27 de noviembre de 2015, dio a conocer el proceso de elegibilidad para los municipios y demarcaciones del Distrito Federal para el otorgamiento del subsidio, contenido en el artículo 8 del PEF para 2016, en él se establecen las bases y mecanismos mediante los cuales se otorga el subsidio.

Que si bien lo establecen los lineamientos de los municipios beneficiarios con el Fortaseg son elegidos tomando en cuenta la población municipal, la incidencia delictiva y las características del municipio en cuanto a que sean destinos turísticos, zona fronteriza, municipios conurbados o próximos a zonas de alta incidencia delictiva.

El municipio de Múgica, Michoacán, colinda al norte con el municipio de Gabriel Zamora y con el municipio de Nuevo Urecho, al este y al sur con el municipio de La Huacana, al suroeste con el municipio de Apatzingán y al oeste con el municipio de Parácuaro.

El municipio sufre el grave caso de ingobernabilidad de los arriba enunciados, como el caso del ejido Nueva Italia, se dio a conocer mundialmente cuando el 12 de enero de 2014 tomaron la ciudad las llamadas “Autodefensas de Michoacán” como una fuerza civil para apoyar las labores de seguridad, aunado a la coordinación con fuerzas federales, como el Ejército y la Armada.

Lo mismo sucede en El Ceñidor, en Múgica, Michoacán, donde el 28 de junio de 2016 se informó de 3 muertos y un herido dejó un enfrentamiento entre civiles, además, de los constantes enfrentamientos y lesionados en Cuatro Caminos y en Nueva Italia, del mismo municipio.

La situación de inseguridad en Múgica es, en gran parte, debido a que Michoacán ha sido escenario de pugnas territoriales y por el control de narcolaboratorios, secuestros y extorsiones, entre células delictivas de la organización de Los Caballeros Templarios, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y, en el norte-oriente de la entidad, de la Familia Michoacana.

“La situación geográfica del municipio de Múgica señalado anteriormente, así como su colindancia con el territorio michoacano, ha provocado que la delincuencia migrara de fuera hacia dentro y que con el paso del tiempo la delincuencia organizada haya convencido y obligado a jóvenes y familias del área municipal para integrarlos a los grupos delictivos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene el propósito de proporcionar información sobre los índices de seguridad pública a nivel nacional, la información estadística que se genera a través de la encuesta debería ser de ayuda para determinar procesos de política pública.

Basados en la Envipe de 2015, se pueden destacar que en Michoacán la percepción sobre inseguridad está por encima del promedio nacional, lo mismo ocurre con las estadísticas sobre defunciones por homicidio, que se hallan arriba de la media del país.

El número de víctimas en Michoacán también se incrementó en 6.5 por ciento, según define el citado estudio, pues pasaron de 20 mil 002 en 2013 a 21 mil 311 en 2014.

Las gráficas anteriores señalan las características de incremento en delitos que afectan de manera directa a los habitantes del estado principalmente a municipios con cercanía a estados con alto índice de delitos, en este orden de ideas se encuentra el municipio Múgica.

El municipio Múgica, Michoacán, en sus estadísticas también establece márgenes crecientes en cuanto a robo de vehículos. Esto es en parte atribuible a su ubicación geográfica. Durante 2014 y 2015 se incrementó 72 y 100 por ciento con relación a 2013. A su vez, este aumentó en 90 por ciento en lo que va de 2016, comparado con el cierre de 2013.

Por lo que se refiere a homicidios, la entidad municipal hizo grandes esfuerzos y logró una reducción en el año 2011 y 2012, sin embargo, para 2015 este delito se incrementó en 34 por ciento, lo que urgió a implantar medidas inmediatas con el estado de fuerza existente.

El robo con violencia es otra estadística que indica la necesidad de apoyar al municipio para implantar mecanismos de prevención del delito y cohesión social. El delito ya enunciado se incrementó hasta en 175 por ciento para 2014 comparado con 2012, lo cual motivó que se igualara en cifras de 2010.

Ahora bien, retornando las cifras de la Envipe, de los delitos por cada 100 mil habitantes y consideramos los 44 mil 963 habitantes de Múgica podremos realizar el análisis siguiente:

A escala nacional, en 2014 la percepción de la población respecto de la situación actual que guarda la inseguridad pública fue 48.6 % por delitos de portación de arma de fuego, ya que la tasa nacional de víctimas fue de 28,200 que representa un 73.2%. La tasa de percepción de inseguridad en Michoacán fue de 79.8%, arriba de la nacional que fue de 73.2%. La percepción por delitos de portación de arma de fuego fue de 24.8%.

En cuanto a homicidios, la media nacional por cada 100 mil habitantes señala la Envipe es de 16 defunciones, a nivel estatal la media es de 20 por cada 100 mil habitantes y en Múgica se cometieron en el mismo año de estudio 27 homicidios, lo que significa que a nivel nacional Múgica tiene un orden de significancia de 25 por ciento y a nivel estatal de 22. Estas estimaciones son de igual manera con sólo 44 mil 963 habitantes. La percepción es fuerte respecto al análisis de cada 100 mil habitantes.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que estudien e incorporen a Múgica, Michoacán, entre los beneficiarios del subsidio para la seguridad en los municipios de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de agosto del 2016.

Diputada Araceli Saucedo Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la decisión de Liconsa de comprar leche en polvo en el extranjero en 2016, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. La empresa paraestatal Liconsa, SA de CV, pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y su función principal es industrializar y comercializar leche de óptima calidad a precios accesibles para la población más vulnerable. El origen de sus recursos está conformado por el Programa de Abasto Social de Leche y el Programa de Adquisición de Leche Nacional.

Segunda. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se hizo una disminución de 24.8%, es decir, de 540 millones de pesos, a los recursos del Programa de Adquisición de Leche Nacional, a pesar de la importancia de este rubro para lograr el acceso de la población de bajos recursos al bien básico.

Tercera. Morena presentó una reserva, a través de la suscrita, el 12 de noviembre de 2015, para restituir estos recursos al presupuesto del Programa en mención. No obstante, fue rechazada por la mayoría del pleno.

Cuarta. Actualmente, Liconsa adquiere el 78% de la leche en polvo en el país y el restante 22% en el extranjero1 En ese sentido, el 15 de agosto del año en curso, productores mexicanos señalaron que la empresa importó el bien básico a sobreprecio en el extranjero con cargo al Presupuesto 2016, lo cual constituye un manejo inadecuado de los recursos de la población mexicana. Lo anterior, ya que cada tonelada de ese producto fue adquirida en 2 mil 470 dólares, mientras que el precio internacional era de mil 880 dólares la tonelada, según información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos; lo cual implica que la leche se compró 31% más cara, afectando las finanzas de la institución y reduciendo la cantidad potencialmente adquirida2

Quinta. José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, afirmó que ya que la importación cuesta dos pesos menos es necesario que los productores mexicanos sean más competitivos con los precios de ese alimento. Aunado a ello, aseguró que el número de productores mexicanos que venden leche Liconsa ha aumentado de 9 mil a 11 mil en un periodo de cuatro años. Sin embargo, el funcionario reconoció que ese organismo sufrió un recorte presupuestal de $540 millones en 2016 para comprar leche nacional, dificultando la posibilidad de conservar los niveles de compra.3

Sexta. De acuerdo con el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, empresas transnacionales como Alpura, Lala, Danone y Nestlé han sido beneficiadas por el aumento en la compra de leche en polvo en el extranjero, en detrimento de los productores nacionales.4

Séptima. Es inaceptable que se compre leche en polvo a sobreprecio en el extranjero. La justificación de importación es que adquiera el producto a precios más competitivos, favoreciendo a los consumidores; pero en este caso no fue así, por el contrario se adquirió un volumen menor del que podía ser adquirido, afectado a población de bajos recursos. Asimismo, el gobierno federal ha descuidado a los productores nacionales de leche, cuyo sustento principal proviene de su venta.

Octava. Pedir a los productores que compitan con los precios internacionales no justifica la compra a sobreprecio de la leche, pero además, las dificultades en la producción nacional responden en gran medida a la fallida política del gobierno federal para proveer de condiciones adecuadas para una producción más eficiente en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al titular de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, para que la dependencia a su cargo transparente la decisión de la compra de leche en polvo en el extranjero en 2016.

Segundo. Alentar a la Auditoría Superior de la Federación a que revise el procedimiento para la adquisición de leche en polvo por parte de Liconsa, correspondiente al año en curso.

Tercero. Solicitar al Ejecutivo federal que tome las medidas necesarias para garantizar los recursos para la adquisición de leche en favor de los sectores más desfavorecidos.

Cuarto. Solicitar al Ejecutivo federal diseñe una estrategia de apoyo a la modernización de la producción nacional de leche.

Notas

1“Acusan mala leche en críticas a Liconsa” (El Reforma, 17 de agosto de 2016). Disponible para su consulta en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp x?id=917443&v=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones /articulo/default.aspx?Id=917443&v=4

2 “Importa Liconsa a precio de ‘oro’” (El Reforma, 15 de agosto de 2016). Disponible para su consulta en:

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/defaul t.aspx?id=915830&md5=5e589dd77d4af538d44bcdd08e34feb1&ta=0dfdba c11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4

3“Acusan mala leche en críticas a Liconsa” (El Reforma, 17 de agosto de 2016). Disponible para su consulta en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp x?id=917443&v=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones /articulo/default.aspx?Id=917443&v=4

4 “Productores acusan a Liconsa de manejo irregular de recursos; solicitan auditoría” (La Jornada, 19 de julio de 2016). Disponible para consulta en: http://www.jornada.unam.mx/2016/07/19/sociedad/035n2soc

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de septiembre de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los linderos de las propiedades del centro ecológico de Akumal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Isaura Ivanova Pool Pech, así como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar un informe sobre los linderos de las propiedades del Centro Ecológico Akumal, e inicie juicio de lesividad respecto a los certificados catastrales de medidas y colindancias que otorgaron distintas autoridades en favor de las personas morales que actualmente se han apropiado de los caminos de acceso público a la playa, así como a la Secretaría de la Función pública para que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa a que haya lugar; lo anterior, en virtud de las siguientes

Consideraciones

1. En franca violación de los derechos de acceso público al sitio conocido como bahía de Akumal, la asociación civil Centro Ukana I Akumal, que también se designa como Centro Ecológico Akumal (CEA), colocó maya ciclónica y concertina de acero con púas para restringir el paso a la playa.

Empresarios que evaden el cumplimiento de la ley, aprovechando la inexplicable indiferencia y ausencia de las autoridades, se adjudican atribuciones y facultades que nos les corresponden, utilizando una práctica engañosa como pretexto, “el supuesto interés que tienen por preservar la ecología y la sustentabilidad”.

Ilegalmente cubren ese vacío, provocado por la ausencia de la autoridad, comportándose el Centro Ecológico Akumal como el ente regulador en materia ambiental, cuando son simplemente particulares en un conflicto. En este caso colgaron una manta con la leyenda “Aviso de seguridad” por el que se atribuyen el derecho a declarar unilateralmente contingencias ambientales, así como imponer restricciones para el acceso a la zona federal marítimo-terrestre.

En materia ambiental, la tierra que mayor protección requiere es la situada en la franja de transición tierra mar, no sólo debido a la diversidad de flora y fauna que alberga el ecosistema, sino que también no se deja de advertir que se trata de un ecosistema sumamente frágil y expuesto a los cambios climáticos y la mano del hombre.

Por tal motivo, los pobladores y pequeñas cooperativas locales del poblado adyacente a la bahía inmediatamente se manifestaron en contra, pues la supuesta preservación ecológica es utilizada por particulares para adueñarse ilegalmente de accesos como éste, privatizándolos para que el personal del mismo centro venta tours de sus asociados, en concreto establecer un control del turismo de la zona con fines meramente comerciales enmascarados de ambientales. Para demostrar esto basta con ver que el presidente del consejo del Centro Ukana I, AC, o CEA, es el principal socio y accionista de la empresa Administradora de Conjuntos Hoteleros, que opera el segundo mayor hotel de la bahía akumalense.

Consecuentemente, lo que existe es la monopolización de las actividades turísticas, sin la intervención de autoridades, mediante la autorregulación ilegal por la cual determinan sus atribuciones en materia ecológica.

2. Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben intervenir para atender esta problemática a efecto de evitar que se dé algún enfrentamiento, aunque los vecinos y comerciantes rechazan cualquier tipo de violencia, exigen respeto a sus derechos humanos, a preservar sus fuentes de empleo y a que se respete el carácter público del acceso a la playa.

El cierre de este acceso afecta a los pobladores de Akumal en particular, pero de manera general a la sociedad. A lo largo de unas horas y por espacio de dos días, el miércoles 9 y jueves 10 de marzo del año en curso, peritos de las Procuradurías General de la República y Federal de Medio Ambiente llevaron a cabo mediciones de linderos de las propiedades del CEA; sin embargo, no se retirado el bloqueo del acceso público a la playa, pese a que no es la primera ocasión que se realizan este tipo de diligencias, que al parecer solamente avalan negligentemente la violación de la norma.

Con el paso de los días ha ido escalando el conflicto porque se trata de un acceso público al mar en Akumal, cuya disputa afecta a segmentos turísticos cada vez más amplios, así como a los visitantes y obviamente la economía de las familias del poblado de Akumal.

3. La bahía de Akumal se localiza en la zona federal marítimo-terrestre del asentamiento poblacional Akumal, perteneciente a Tulum, Quintana Roo.

El centro de población se extiende a ambos lados de la carretera federal 307, Cancún-Chetumal, estando de lado oeste de dicha vía el llamado pueblo de apoyo o Akumal Pueblo y del lado este la zona turística o fraccionamiento Akumal.

Luego entonces, es el lado este del asentamiento la cual colinda con la zona federal marítimo-terrestre en tres áreas conocidas como bahía de Akumal, bahía de la Media Luna y laguna de Yalkú.

Las personas morales Centro Ukana I Akumal, AC; Club Akumal Caribe, SA de CV, operadora del hotel del mismo nombre y diversos locales comerciales; Paraíso Akumal Resorts, SA de CV, constructora del hotel Secrets Akumal; y Administradora de Conjuntos Hoteleros, SA de CV, operadora del hotel Akumal Bay, respectivamente, son propietarias de sendos inmuebles colindantes con la zona federal marítimo-terrestre de la bahía de Akumal.

Las cuatro personas morales se encuentran aprovechando la zona federal marítimo terrestre adyacente a sus respectivos inmuebles, siendo en algunos casos concesionarios formales mediante títulos de concesión emitidos en su favor por la autoridad ambiental federal.

Los principales socios de Club Akumal Caribe, SA de CV, y Administradora de Conjuntos Hoteleros, SA de CV, son a la vez parte del consejo del Centro Ukana I Akumal, AC, autonombrado protector ambiental de la bahía como Centro Ecológico Akumal; con lo que se hace evidente el claro conflicto de intereses al recoger estas personas el carácter de comerciantes y supuestos ambientalistas.

El fraccionamiento Akumal (zona turística) fue establecido mediante decreto emitido por el gobierno de Quintana Roo publicado en el Periódico Oficial el acto fundacional del fraccionamiento Akumal fue acompañado del registro de los planos que contienen la división del fraccionamiento en secciones que van de la letra “a” a la “h” y la respectiva lotificación del área para su individualización, así como la descripción de las áreas de donación para destino público y de equipamiento urbano, incluyéndose el trazo de vialidades y caminos de acceso a la playa o zona federal marítimo-terrestre.

4. Algunos propietarios inmobiliarios modificaron la descripción catastral de las dimensiones originales de sus predios mediante procedimientos administrativos de certificación de medidas y colindancias llevados ante el ayuntamiento de Tulum, ocasionado así que espacios públicos, como los accesos a la zona federal marítimo-terrestre de la bahía de Akumal se modificaran ilegítimamente; resultando que en la actualidad dichas personas en cuyo favor se otorgaron los certificados catastrales de medidas y colindancias alegan derechos posesorios y de propiedad en los caminos de acceso a la playa, a pesar de que “dichos certificados catastrales expresamente señala que su vigencia es por un tiempo limitado no mayor a seis meses o ciento ochenta días a más de no conferir derechos posesorios, de propiedad o en perjuicio de terceros”.

Resulta evidente que estas personas morales aprovechan comercialmente un bien nacional, mediante violaciones de la ley, como se describe, pero ahora han ido más lejos, pues obstaculizan del libre paso o tránsito de personas y realizan obras y construcciones, algunas temporales y otras permanentes, que dañan la zona de anidamiento de las tortugas marinas, entre otras especies, autorregulándose ilegalmente y simulando una supuesta preservación de la ecología y la sustentabilidad, que ellos mismos determinan.

5. Finalmente, es importante destacar que el interés primordial del presente punto de acuerdo es que se cumpla lo establecido en la normativa ambiental y que las autoridades federales, estatales y municipales resuelvan en materia de protección del ambiente; se impulse la elaboración e instauración de un plan de manejo del área de refugio para protección de especies marinas de Akumal en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; se coadyuve con las autoridades en el mantenimiento y cuidado de la entrada de Akumal, accesos públicos a la playa y zona federal marítima en la localidad; se reivindique el trazo original del acceso público a la bahía de Akumal; y que las autoridades en materia ambiental sean las que administren y garanticen el acceso a la playa en forma sustentable.

Por lo expuesto se someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer público un informe sobre los linderos de las propiedades del centro ecológico de Akumal; lo anterior, a efecto de garantizar

I. Que se cumpla lo establecido en la normativa ambiental y que las autoridades federales, estatales y municipales resuelvan en materia de protección del ambiente.

II. Que se impulse la elaboración e instrumentación de un Plan de Manejo del Área de Refugio para Protección de Especies Marinas de Akumal en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

III. Se realice el mantenimiento y cuidado de la entrada de Akumal, accesos públicos a la playa y zona federal marítima en la localidad.

IV. Se reivindique el trazo original del acceso público a la bahía de Akumal.

V. Que las autoridades en materia ambiental administren y garanticen el acceso a la playa en forma sustentable.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover el juicio de lesividad a que se refiere el artículo 13, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a fin de que se anulen los certificados catastrales de medidas y colindancias que otorgaron distintas autoridades de la administración pública en favor de las personas morales que se han apropiado ilegalmente de los caminos de acceso público a la playa, de la bahía de Akumal, pues existe información falsa, que permite interpretaciones que contravienen la normativa local y federal, además de lesionar gravemente los derechos humanos de libre acceso los habitantes de la zona y de los ciudadanos en general, así como a disfrutar de un ambiente sano.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa a que haya lugar, por acción u omisión de los servidores públicos que han permitido el daño ecológico en la zona, y la violación de la ley para el libre tránsito a la bahía de Akumal, así como el posible conflicto de interés que tengan con los empresarios que resulten responsables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los riesgos ambientales y a la salud derivados de la disposición de residuos del centro médico Jesús Gilberto Gómez Maza, y de la operación del relleno sanitario concesionado a la empresa Proactiva, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Guillermo Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Desde hace varios meses integrantes de la organización “Chiapanecos en Defensa del Agua, AC”, han venido denunciando que Chiapas se encuentra, desde el inicio de la administración de Manuel Velasco Coello, en un grave problema de deterioro ambiental, evidenciado, entre otras cuestiones, en la contaminación creciente de ríos y manantiales con desechos biológicos-infecciosos.

Segunda. Uno de las casos emblemáticos ha sido denunciado por el ciudadano Héctor Montesinos Cano, dueño de un terreno en Tuxtla Gutiérrez, en el cual el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza” de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas vacía los residuos biológicos-infecciosos en su predio, y la empresa Proactiva, que tiene en concesión un relleno sanitario colindante con dicho terreno, debajo del cual pasa un manantial que está siendo contaminado con los lixiviados. El manantial desemboca en un arroyo que es un escurrimiento del río Sabinal, que a su vez desemboca en uno más grande llamado Suchiapa, del cual va al río Santo Domingo y finalmente al Grijalva. En estos últimos se encuentran plantas potabilizadoras que dotan de agua al municipio de Tuxtla Gutiérrez y otros dos municipios,1, 2 por lo cual, puede convertirse en una grave problema de salud pública.

Tercera. El ciudadano Héctor Montesinos Cano, propietario del predio -con una extensión de 187 hectáreas- en el que el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza” ha vertido los desechos, interpuso ya una demanda ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales (FEPADA), quienes, si bien tomaron fotografías y muestreos hace unos meses, no han actuado y los desechos -30 toneladas de basura- aún permanecen en su propiedad.3

Cabe señalar que entre los desechos en mención se hallaron jeringas, pañales con sangre, en los envases de suero con el nombre del Hospital Gómez Maza, y en algunos casos de los pacientes y el tipo de enfermedad que padecen, es por ello que se conoce que los residuos pertenecen al Centro Médico en cuestión.4

Cuarta. En cuanto al relleno sanitario concesionado a la empresa Proactiva, se sabe que es igualmente contaminante y de atención urgente. El denunciante, con cargo a sus propios recursos, envió una muestra de agua para que fuera examinada en el laboratorio ABC, certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación AC (EMA), y se encontró en ella metales pesados.5 Además posee desde hace tiempo un estudio geofísico que demostró que el relleno tiene un tratamiento deficiente, ya que los lixiviados que genera van a dar al manantial, y por ende contaminan el agua de tres municipios.

Según él mismo explicó: “[El estudio] lo hizo el Colegio Nacional de Geofísicos y la conclusión a la que llegaron es que la contaminación sí viene del relleno sanitario, y fue ocasionado por el uso de explosivos en una zona prohibida y que estaba regulada la prohibición por las autoridades para prevenir esta situación, por lo que Proactiva incumplió dicha limitante”.6

Quinta. El ciudadano denunciante entregó todas estas pruebas a las autoridades ambientales y pidió también al Gobierno de Chiapas, a cargo de Manuel Velasco Coello, atender tanto el caso de la empresa Proactiva, como el del hospital, ya que ambos suponen un riesgo de salud para los chiapanecos.7 Sin embargo, unas y otro han hecho caso omiso a su alarmante denuncia.

Incluso, cuando hace una semana acudió ante la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Gobierno del Estado para preguntar qué iba a pasar con su petición, simplemente le respondieron con evasivas, diciendo que estaba “bajo reserva”.

Además de él, lugareños y autoridades de Emiliano Zapata han hecho públicos los daños causados por los desechos del relleno sanitario, que enferman a la población, contaminan suelos, arroyos y ahuyentan la fauna de ejidos y predios, particularmente en la zona sur-poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Las protestas de vecinos contra la empresa de reciclaje y manejo de basura iniciaron hace seis años cuando se percataron del daño ambiental con la operación del relleno sanitario en esa zona, catalogada como ecosistema de selva baja caducifolia y habitada por especies endémicas en peligro de extinción.8

Sexta. Es importante hacer notar que el secretario de Medio Ambiente e Historia Natural del Gobierno de Chiapas, Carlos Morales Vázquez, ha reconocido el mal funcionamiento de la empresa Proactiva, y sin embargo, también ha dicho que es competencia de otras autoridades y no de ellos vigilar su buen funcionamiento.9

El encargado del medio ambiente en el estado de Chiapas asegura que no es su competencia clausurar los servicios de esta empresa, ya que se trata de una responsabilidad directa de la Procuraduría Ambiental, que es a quien corresponde imponer sanciones al Ayuntamiento en caso de mal funcionamiento de la empresa recolectora de basura, y su manejo de los residuos: “La empresa, trabaja para el ayuntamiento, y para nosotros el responsable es el ayuntamiento, cuando no existía la Procuraduría Ambiental, nosotros generamos varios procedimientos con la anterior administración, incluso impusimos algunas multas al Ayuntamiento, al Ayuntamiento, no a Proactiva porque Proactiva debe ser obviamente sancionada debe vincular su relación si está cumpliendo o no al ayuntamiento porque es un contrato, que tiene con el Ayuntamiento y nosotros en su momento sancionamos al Ayuntamiento, hoy no lo podemos hacer porque ya hay una procuraduría ambiental que lleva un procedimiento a la contaminación por residuos sólidos [sic]”.

Morales ha insistido en que también es competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sancionar a la empresa si hay contaminantes peligrosos como los lixiviados que arroja Proactiva: “Yo lo que te puedo decir como secretario del medio ambiente es que el manejo no es el adecuado, como se está haciendo hasta el día de hoy, no hay un manejo adecuado de los residuos sólidos en el relleno sanitario, el responsable es para nosotros el Ayuntamiento, entonces tenemos que pedirles que mejoren el procedimiento para evitar la contaminación en los mantos freáticos [sic]”.10

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la secretaria del medio ambiente e historia natural del gobierno del estado de Chiapas para que difunda los riesgos ambientales y a la salud, derivados de la disposición de residuos del centro médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”, y de la operación del relleno sanitario concesionado a la empresa Proactiva en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que hagan de conocimiento de la opinión pública el curso que han dado a las denuncias contra el presunto deterioro ambiental de ríos y manantiales en ese municipio del estado de Chiapas.

Notas

1 http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3051110?utm_source=Correo

2 http://www.imagendeveracruz.com.mx/resumen.php?id=51351

3 http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/2016/06/332580

4 Ibídem.

5 http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3051110?utm_source=Correo

6 Ibídem.

7 http://www.imagendeveracruz.com.mx/resumen.php?id=51351

8 https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2015/02/proactiva-cont aminacion-ambiental-tolerada-por-el-estado/

9 https://meganoticias.mx/tu-ciudad/tuxtla-gutierrez/noticias/item/143627 -ayuntamiento-debe-vigilar-funcionamiento-de-proactiva-carlos-morales.h tml

10 https://meganoticias.mx/tu-ciudad/tuxtla-gutierrez/noticias/item/143627 -ayuntamiento-debe-vigilar-funcionamiento-de-proactiva-carlos-morales.h tml

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputados: Araceli Damián González, Guillermo Santiago Rodríguez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a las Comisiones de Deporte, y de Juventud que organicen un reconocimiento público a los atletas mexicanos con síndrome de Down participantes en los primeros Juegos de la Trisomía, celebrados durante julio en Florencia, Italia, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Kathia Bolio Pinelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del numeral 1 y la fracción III numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado mes de julio se llevaron a cabo los primeros juegos de la Trisomía en la ciudad de Florencia, Italia, que convocaron a atletas con síndrome de Down de todo el mundo.

En dichos juegos participó una delegación mexicana conformada por 31 deportistas que compitieron en nueve diferentes disciplinas. Los mexicanos tuvieron una participación muy destacada al conseguir 44 medallas: 20 de oro, 14 de plata y 10 de bronce en atletismo, natación, gimnasia y fútbol sala.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con los medallistas mexicanos que participaron en la justa veraniega de Río de Janeiro, ellos regresaron al país en el completo sigilo, sin que ninguna autoridad los recibiera y sin las felicitaciones y condecoraciones que otros han recibido.

Pero también hay que destacar que estos deportistas han tenido que sortear la indiferencia por parte del gobierno y la falta de apoyos para participar en estos importantes eventos.

Se ha dado a conocer que la mayor parte de las familias de los atletas tuvieron que sufragar sus propios gastos y que los recursos por parte de la Conade solo fueron suficientes para pagar el gasto de traslado, comida y hospedaje de 16 de los 31 participantes, mientras que las familias de cada uno de ellos tuvo que desembolsar una suma de aproximadamente 17 mil pesos para su inscripción en la competencia.

Esta falta de apoyos, recursos y una mala administración por parte de la Conade, provocó que otros competidores no pudieran participar en los juegos debido a que los padres de familia no tuvieron el tiempo suficiente para la búsqueda de alternativas de financiamiento a través de patrocinios.

Se trata de un caso más en que representantes de México no encuentran el respaldo por parte de su gobierno; un caso más en el que la Conade falla en ayudar a quienes dignamente representan al país y lo hacen de manera exitosa.

Los niños y jóvenes con síndrome de Down que participaron en los primeros juegos de la Trisomía son un orgullo y ejemplo para toda la sociedad mexicana. Desafortunadamente las autoridades mexicanas no voltean a ver a este sector que tantas alegrías brinda y al que hay que apoyar de manera más decidida.

Ellos nos demuestran día con día que el esfuerzo conduce al éxito; nos muestran que aún a pesar de las dificultades que pone enfrente la vida, no resta más que encarar los retos y salir adelante. Y es de destacar que no lo hacen solos, ahí están sus familias dándoles el respaldo y el amor para lograr no sólo las de oro, plata o bronce, sino las de la vida.

A todos ellos el más amplio reconocimiento y admiración por parte de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, presento a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita a las Comisiones de Deporte y Juventud, a organizar un reconocimiento a los deportistas mexicanos con síndrome de Down que participaron en los Primeros Juegos de la Trisomía celebrados en Florencia, Italia durante el mes de julio pasado, así como a los medallistas de las Olimpiadas de Río de Janerio 2016.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, a que integre una política pública a favor de los deportistas con síndrome de Down y gestione los recursos económicos que sean necesarios para su desarrollo en la actividad deportiva.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de septiembre de 2016.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, la Sedena, la Semar, la PGR y la PF a reforzar en conjunto las acciones de seguridad, supervisión, control y vigilancia internas para evitar la instalación de tomas clandestinas en el país, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, David Jiménez Rumbo, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo conforme a la siguiente

I. Problemática

En los recientes años se ha venido observando una problemática que ha ido en aumento y que afecta a todos los mexicanos tal como lo son los derrames de hidrocarburos que ocurren en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que han estado causando daños humanos, ecológicos, materiales y económicos.

Estos derrames son causados principalmente por dos problemas: por un lado, la falta de mantenimiento en la red nacional de ductos, es decir, en válvulas, pozos, oleoductos, poliductos, y oleogasoductos de Pemex; y por otro, por la colocación de dispositivos intrusivos denominados tomas clandestinas que sirven para el robo de hidrocarburos.

Debemos reconocer que Pemex ha venido ejecutando proyectos y acciones dentro de una estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito del robo de hidrocarburos. Sin embargo, falta mucho por hacer para tener pleno control en los centros de trabajo y sobre esta red de ductos clandestinos.

En los últimos seis años Pemex ha sufrido pérdidas de aproximadamente 45 mil 922 millones 90 mil pesos, debido al robo u “ordeña” de hidrocarburos a través de tomas clandestinas. Por lo que tal cifra equivale a poco más de 2.98 por ciento de las ventas totales de esa empresa durante 2013 que fueron por un billón 537 mil 740 millones 300 mil pesos.

Lo anterior según datos revelados por Pemex, donde además se detalla que en 2009 las mermas (por tomas clandestinas) sumaron tres mil 503 millones de pesos, mientras que en 2014 son ubicadas en 17 mil millones de pesos, lo cual deja ver un aumento de casi 385.30 por ciento en las pérdidas de la petrolera registradas en 2014 frente a las de 2009, a causa del hurto de hidrocarburos.

En este sentido, el director general de Pemex, en su momento Emilio Lozoya Austin, puntualizó que “este hidrocarburo que le roban a Petróleos Mexicanos, son escuelas que se dejan de construir, son hospitales que se dejan de construir, infraestructura en las comunidades que más lo requieren, por lo tanto apelamos a que la población en general denuncie a aquellas empresas que tengan conocimiento que están o extrayendo el hidrocarburo o vendiéndolo”. Datos proporcionados por comunicación social de Pemex, permiten entender que entre 2009 y 2014 hubo nueve mil 375 tomas clandestinas (donde supuestamente se perpetraba el robo de hidrocarburos); asimismo, en el mismo espacio de tiempo las pérdidas sumaron 45 mil 922 millones 90 mil pesos; igualmente, el volumen faltante entre 2009 y 2012 ascendió a 12 millones 999 mil barriles.

En detalle, las citadas referencias indican lo siguiente: en 2009 hubo 462 tomas clandestinas (TC) con un volumen faltante (VF) de tres millones 78 mil barriles (de hidrocarburos) y un valor (pérdidas) por tres mil 503 millones de pesos.

Por otra parte, con base en dicha información, durante 2010 las TC se ubicaron en 710, el VF en dos millones 162 mil barriles con valor de dos mil 847 millones 90 mil pesos; en 2011, las TC sumaron mil 419, el VF fue de tres millones 369 mil barriles y las mermas se elevaron a cinco mil 72 millones de pesos.

En 2012 las TC llegaron a mil 749, el VF fue de cuatro millones 390 mil barriles con un valor de siete mil 200 millones de pesos; en 2013, las TC son situadas en mil 749, mientras que las pérdidas alcanzaron un valor de 10 mil 300 millones de pesos; en 2014 el número de las TC es ubicado en tres mil 286 y el valor (pérdidas) en 17 mil millones de pesos, conforme a los informes facilitados en Pemex.

Es pertinente mencionar que las memorias de labores de Pemex correspondientes a 2012 y 2013, ya no tienen en su índice el tema del “Combate al mercado ilícito de combustibles” como es el caso con las de 2006 a 2011.

En la Memoria de Labores 2011, Pemex manifiesta que continuó los esfuerzos y la atención especial a la prevención y abatimiento de los actos ilícitos de robo, extracción, adulteración y comercialización de productos petrolíferos, los cuales siguen dañando la integridad y atentan contra la seguridad nacional, al poner en riesgo a las comunidades aledañas a sus instalaciones, además de deteriorar el medio ambiente.

Según informes difundidos por la Organización Editorial Mexicana el 4 de marzo de 2011, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 396 votos a favor, reformas para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos, el cual será sancionado con penas que van de 4 a 10 años de prisión, y una sanción de hasta 12 años cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera.

Como se aprecia, el esfuerzo que con otras instituciones de seguridad ha realizado Pemex no es suficiente, pues incluso esta situación ha ido en aumento. Lo anterior representa pérdidas económicas millonarias para todos los mexicanos.

Cada vez que roban combustible, no sólo cometen un delito: también ponen en peligro la seguridad nacional, pues se genera mayor riesgo de fuga o incendio que expone a la gente que vive en comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex.

Este delito ya se combate pero aún persiste, por lo que este punto de acuerdo solicita a urgir a Pemex y a todas las dependencias federales a reforzar y tomar las medidas preventivas y correctivas y todas aquéllas acciones de seguridad, supervisión, control y vigilancia internas tanto en las terminales de abastecimiento como en las pipas y en los ductos destinados a transportar hidrocarburos en el país para evitar estas tomas clandestinas.

Por otro lado también es importante instar a reforzar los acuerdos con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y la propia Policía Federal en materia seguridad para la vigilancia de los ductos así como estimular la denuncia ciudadana, pero sobre todo, a castigar a todos los involucrados en esta problemática.

Sabemos que este es un problema que requiere el esfuerzo de todos porque los daños no son sólo económicos, si no ambientales, y de seguridad, cabe destacar que este planteamiento ha surgido debido a que las tomas clandestinas a ductos de Pemex, se han duplicado en estos tres años.

En suma, la presente propuesta con punto de acuerdo tiene como objetivo proteger la integridad física de las personas que viven en los limítrofes a la red nacional de ductos de Pemex, evitar desastres ecológicos, proteger el patrimonio de todos los mexicanos, y evitar gastos y pérdidas millonarios haciendo las inversiones necesarias en seguridad y mantenimiento.

Como representantes de los intereses del pueblo, es importante que esta honorable Cámara de Diputados asuma una postura acerca de lo que sucede y que está afectando a la paraestatal y por consecuencia a todos y a cada uno de los mexicanos, por lo que convierte este asunto específico en interés nacional.

II. Consideraciones legales que fundan la presente propuesta

Ley de Petróleos Mexicanos, en sus artículos 7 y 31, fracciones IX y XIII, confieren atribuciones directas a la Dirección General de Pemex para llevar a cabo toda acción contra quienes ocasionen daño o perjuicio a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, así como para instaurar y administrar los sistemas de seguridad de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno.

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por

I. Un consejo de administración; y

II. Un director general, nombrado por el Ejecutivo federal.

En el desempeño de sus funciones, el consejo de administración y el director general buscarán en todo momento la creación de valor económico, en beneficio de la sociedad mexicana, con responsabilidad ambiental, manteniendo el control y la conducción de la industria y procurando fortalecer la soberanía y la seguridad energética, el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitución de reservas de hidrocarburos, la reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de hidrocarburos, la satisfacción de las necesidades energéticas, el ahorro y uso eficiente de la energía, la mayor ejecución directa de las actividades estratégicas a su cargo cuando así convenga al país, el impulso de la ingeniería mexicana y el apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico.

Artículo 31. En adición a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el director general de Petróleos Mexicanos tendrá las siguientes atribuciones:

...

IX. Ejercer, por sí o por conducto de quien se determine competente, las acciones procedentes en contra de quienes presuntamente hubieren ocasionado daño o perjuicio a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios;

...

XIII. Instrumentar y administrar los sistemas de seguridad de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno;

Como se puede observar en la fracción XIII del artículo 31 de la Ley de Petróleos Mexicanos, la atribución sobre los sistemas de seguridad de Pemex se ejerce en coordinación con las dependencias competentes de todos los órdenes de gobierno.

En este sentido, el presente exhorto resulta oportuno realizarse a Petróleos Mexicanos, así como también, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal para que coadyuven a llevar a cabo una coordinación referencial, y se realicen las labores de inteligencia preventiva y correctiva con más recursos económicos y humanos para evitar robo, derrames y accidentes de hidrocarburos.

Igualmente, sirven de apoyo a este punto de acuerdo las atribuciones de la Secretaría de Energía en la conducción de la política energética del país, y específicamente por lo que toca a la seguridad en la industria energética petrolera.

Al respecto se cita la parte que corresponde del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

Artículo 33. Corresponde a la Secretaría de Energía el despacho de los siguientes asuntos:

I. Establecer y conducir la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del ambiente, para lo cual podrá, entre otras acciones y en términos de las disposiciones aplicables, coordinar, realizar y promover programas, proyectos, estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia;

II. Ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, y de minerales radiactivos, así como respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público;

...

XIX. Regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector de hidrocarburos, así como supervisar su debido cumplimiento;

...

XXII. Ordenar que se realicen visitas de inspección a las instalaciones de los órganos, organismos y empresas del sector y, en general, a toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo;

Asimismo con fecha del 12 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

De igual manera, se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal por las atribuciones naturales que les corresponden en materia de seguridad pública y prevención del delito que realizan en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de que de igual manera se lleven a cabo una coordinación en el combate al robo de hidrocarburos y tomas clandestinas, pues son delitos que afectan la seguridad nacional.

Por lo tanto y de acuerdo con las disposiciones del marco jurídico citado anteriormente, Pemex y las diversas dependencias encargadas de brindar seguridad deberán de llevar a cabo una gran coordinación y un esfuerzo para dar mayor protección al patrimonio nacional, y en el caso específico que nos interesa es la red nacional de ductos de Pemex y de esa manera se disminuyan las pérdidas ocasionadas en diversos rubros por tomas clandestinas y derrames. Asimismo, a Pemex Refinación compete mejorar el mantenimiento de dichas instalaciones.

En mérito de lo expuesto y fundado, en el marco humano, social, ecológico, material y económico se solicita aprobar con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, de forma conjunta refuercen las medidas preventivas y correctivas y todas aquellas acciones de seguridad, supervisión, control y vigilancia internas que eviten la instalación de tomas clandestinas, en las terminales de abastecimiento como en las pipas y en los ductos destinados a transportar hidrocarburos en el país.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de todos los medios posibles y adecuados inicie una campaña de estímulo e impulso de la denuncia ciudadana respecto al robo y compra-venta ilegal de hidrocarburos.

Tercero . La Cámara de Diputados exhorta a Pemex Refinación a resguardar y equipar con tecnología especializada las válvulas que aún no se encuentran protegidas, y a realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo dentro de la red nacional de ductos en la forma necesaria y suficiente que sea garante de la seguridad y prevención de pérdidas humanas y materiales, así como desastres ecológicos.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputado David Jiménez Rumbo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al diseño y la implantación de instrumentos y estrategias que procuren el restablecimiento del orden y prevengan delitos en las vías férreas del país, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, integrante de la LXIII Legislatura, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El servicio ferroviario debe ser una actividad económica prioritaria para el Estado mexicano, su desarrollo, salvaguarda y eficiencia operativa se encuentran bajo la rectoría del Gobierno Federal. Es sustento del auge económico de toda nación, y el motor que impulsa el desarrollo y crecimiento industrial y comercial de nuestro País.

Atendiendo a la importancia y ventaja que le es inherente al servicio ferroviario en México atendiendo al volumen de mercancía que puede transportarse en él y a la ubicación geográfica del País, es de preciso interés para la que suscribe velar por la salvaguarda y eficiencia de esta vía general de comunicación, como tarea fundamental del Gobierno Federal que debe impulsarse de manera prioritaria.

Lo anterior, encuentra su génesis en los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional, y es al Estado a quien le compete ejercer su rectoría, protegiendo la seguridad y la soberanía de la Nación, manteniendo o estableciendo el dominio de las respectivas vías de comunicación. La rectoría sobre el desarrollo nacional debe garantizar que éste sea integral y sustentable, mediante la competitividad, estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, e implementando además una política nacional para el desarrollo industrial sustentable.

En congruencia con ello, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en sus artículos 1, 3, 4 y 8 estatuye que el servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo; son vías generales de comunicación que se mantendrán en todo momento dentro del dominio público de la Federación. Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado deberá proteger en todo momento la seguridad y la soberanía de la Nación y promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia entre los diferentes modos de transporte y la eficiencia operativa en la prestación del servicio público de transporte ferroviario. Asimismo considera como de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares, las denuncias o querellas formuladas por cualquier persona en relación con el servicio público de transporte ferroviario incluyendo sin limitar, el robo de las mercancías transportadas, la infraestructura férrea y sus componentes, así como del combustible de las locomotoras.

Bajo ese mismo tenor, los artículos 7 fracción XI de la Ley General de Bienes Nacionales, las vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes son bienes nacionales de uso común, cuya detención ilícita, impedimento u obstáculo de su trayecto, destrucción y robo se encuentran tipificados por el Código Penal Federal en sus numerales 165, 167, 170, 172, 370, 371 y 381 como de delitos en materia de vías de comunicación. De la misma manera la Ley de Vías Generales de Comunicación en su apartado de sanciones establece que los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, serán castigados con tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal.

En esa tesitura, en el punto I.2 del Plan Nacional del Desarrollo 2013 -2018 se encuentra plasmado el Plan de acción sobre el fortalecimiento al Estado y la garantía sobre la Paz, donde debemos destacar que el principal objetivo pretendido es el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública en el país, para que los mexicanos transiten con seguridad y sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades; enfocando para ello, acciones específicas en el combate de los delitos que más afectan a la población.

Bajo ese tenor resulta inconcuso invocar que, tal y como lo establece el numeral en cita, el fortalecimiento de las acciones en materia de seguridad tiene por objeto contribuir de manera directa en el incremento de la productividad en los negocios que hoy sufren el flagelo de la inseguridad en forma de altos costos de operación y de transporte.

Plan de acción que en el tema del sector ferroviario, encontramos su estrecha vinculación con la estrategia 4.9.1., referente a la modernización, ampliación y conservación de la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como del mejoramiento de su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, donde una de las líneas de acción planteadas es el establecimiento de un programa integral de seguridad estratégica ferroviaria.

Bajo el tenor de lo expuesto, y ante el desmedido incremento de robos perpetrados sobre las vías férreas, que hoy en día ha permeado a nivel nacional, y en lo particular, de manera muy contundente en el Estado de Guanajuato, la que suscribe en aras de la obligación ineludible y su imperante ejecución inmediata, sobre rendir cuentas sobre el cumplimiento de la normativa invocada así como para el logro de los objetivos y líneas de acción previstos en el instrumento de Planeación en cita, consideramos de necesidad apremiante girar un atento exhorto a las autoridades federales que en materia de seguridad compete la salvaguarda de estas vías generales de comunicación, para que diseñen e implementen los mecanismos y estrategias necesarias para que se restablezca el orden y se prevenga la comisión de delitos en las vías férreas, y para fines de seguridad pública se realice una puntual vigilancia e inspección de estas vías generales de comunicación.

Los robos de mercancía tienen un impacto directo en los costos logísticos, la competitividad y la productividad de las economías, aunado a ello, más allá de las mermas que pueden tener el robo en estas vías generales de comunicación y la mercancía que en ellas se transporta, debe considerarse la consecuencia del costo de la merma, la inminente pérdida de las empresas por la competencia desleal del mercado negro a partir de los robos, penalizaciones por retrasos y faltas en entrega, y retrasos en la cadena de suministro. A continuación mostramos algunos datos ocurridos y su fuente de obtención:

El ferrocarril en México transporta más de 116 millones de toneladas anuales de mercancías en 2.3 millones de carros cargados1 .

Los principales productos transportados son: Maíz, trigo y frijol soya (20.2 millones de toneladas), mineral de hierro, carbón mineral y coque (14 millones de toneladas) y cemento, contenedores y vehículos armados (23.5 millones de toneladas).

Hay poca información oficial sobre los robos en trenes en el país. Sin embargo, en una nota de El Universal del 2012 se reportó que en 2010 se contabilizaron 5,136 robos en la red ferroviaria (el artículo cita que la información se mantiene reservada a petición de los concesionarios).

Esa misma nota reportaba que 5 de cada 10 robos ocurren en el tramo Apaseo – Irapuato.

Asimismo existen numerosos acontecimientos recientes en el presente año 2016 en el Estado de Guanajuato documentados por diversos periódicos locales, concretamente en los municipios de Irapuato, Salamanca, Villagrán, Celaya y Pénjamo, sobre el robo de mercancía diversa en vías férreas.

Muchos de los robos se materializan cuando los trenes se detienen o cuando circulan a baja velocidad (12-15-km/hr).

Según la Asociación Nacional de Transporte Privado las empresas destinan el 25% de su costo logístico en seguridad 2.

Empresas como Ferromex destinan el 5% de su inversión anual en sistemas de seguridad 3. La inversión 2016 de Ferromex será de 332.8 millones de dólares, así, la inversión en seguridad sería de más de 300 millones de pesos+4 .

Nuestra economía es altamente dependiente de la infraestructura carretera. México mueve el 76% de las toneladas – kilómetro de sus mercancías a través de este medio de transporte, mientras otros países lo hacen en fracciones mucho menores: Estados Unidos sólo el 46%, Canadá el 30% y Rusia únicamente el 9%5

En cuanto a carga pura, más del 56% de la carga en México se mueve por medio del autotransporte y a través del sistema carretero del país. Esto representa alrededor de 500 millones de toneladas al año.

Además de ello, el 98% de la movilización de personas también ocurre en este modo de transporte, cerca de 3,500 millones de pasajeros al año que se mueven a lo largo y ancho del país.

Por todo lo expuesto y fundado, la que suscribe diputada de Acción Nacional por el Estado de Guanajuato someto de Urgente u Obvia Resolución, a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Con fundamento en los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4 y 8 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; 7 fracción XI de la Ley General de Bienes Nacionales; 8 fracciones III inciso a) y XXXIIII de la Ley de la Policía Federal; y, 27 fracción XV y 36 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y con el objeto además de dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, en sus puntos 1.2 Plan de acción sobre el fortalecimiento al Estado y la garantía sobre la Paz, con relación al 4.9.1., referente a la modernización, ampliación y conservación de la infraestructura de los diferentes modos de transporte; la H. Cámara de Diputados exhorta muy atentamente al Ejecutivo Federal, con el objeto de que gire instrucciones a la Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que de manera conjunta y coordinada diseñen e implementen mecanismos y estrategias de inmediata ejecución que procuren, el restablecimiento del orden y se prevenga la comisión de delitos en las vías férreas del País.

Segundo.- En congruencia con el punto anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los numerales ahí invocados, esta H. Cámara de Diputados gira atento exhorto a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Policía Federal, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se diseñe e implementen mecanismos, estrategias y un programa de seguridad permanente para la vigilancia e inspección en las vías férreas en su trayecto por el Estado de Guanajuato, atendiendo a los recientes y desmedidos acontecimientos de robo de mercancías que en dichas vías generales de comunicación se han consumado, y que han generado consecuentemente un impacto negativo en la economía local y por ende nacional.

Notas

1 Sitio web de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles AC http://www.amf.org.mx/

2 “Robo de mercancía en trenes, un riesgo para las empresas” Torres, Enrique (Expansión) 15 de Febrero de 2016. http://expansion.mx/negocios/2016/02/12/robo-de-mercancia-en-trenes-un- riesgo-para-las-empresas

3 Expansión op. cit.

4 “Inversión de capital en 2016” Ferromex (https://www.ferromex.com.mx/quienes-somos/informacion-financiera.jsp)

5 “Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes” SCT (2013).

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 5 días del mes de Septiembre del año 2016

Diputada Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General a modificar el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Waldo Fernández González, integrante de la LXIII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

Una de las cuestiones más delicadas observadas por las comisiones estatales ejecutivas de atención a víctimas en su diario accionar se refiere a la debida atención y demás tratamientos médicos de las víctimas de los delitos y violaciones a derechos humanos derivados de los hechos victimizantes.

Como ustedes sabrán, por lo regular, en un primer momento la víctima requiere ser asistida por los servicios médicos para recibir atención de urgencia, ya sea física o psicológica, y posteriormente para el tratamiento y seguimiento de los malestares derivados de los hechos que la convirtieron en víctima.

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley General de Víctimas, existen diferentes tipos de víctimas; se considera víctima directa a aquella persona física que ha sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; y víctimas indirectas a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Asimismo, según dispone el mismo artículo, se obtiene la calidad de víctima con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos, en los términos establecidos en la Ley referida, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

No obstante lo anterior, a pesar de las gestiones de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, con mucha frecuencia las instituciones de salud niegan la atención a las víctimas que carecen de afiliación, arguyendo que carecen de presupuesto y/o partida presupuestal que les permita efectuar tales erogaciones.

Sobre el particular, cabe recordar que el derecho constitucional a la salud se garantiza en el Párrafo Cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reglamentado por la Ley General de Salud, sin embargo, ni la ley ni su reglamento prevén la atención a las víctimas de los delitos.

El legislador ordinario, por su parte, estableció en los artículos 79 Bis 29 y 77 Bis 30 de la Ley General de Salud el llamado “Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que se encarga de solventar los gastos“... que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren...”

Sin embargo, el artículo 95, Segundo Párrafo del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, especifica que “el financiamiento del tratamiento de enfermedades de alto costo, de los que provocan gastos catastróficos y medicamentos asociados, estará dirigido a apoyar la atención integral, principalmente de los beneficiarios del Sistema,..”, siendo el caso que nos ocupa precisamente el de los mexicanos que no son beneficiarios de dicho sistema.

Todo ello a pesar de que desde hace más de tres años contamos, en el orden jurídico nacional, con un nuevo paradigma de atención a las víctimas de los delitos y violaciones a los derechos humanos enmarcado en la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013, y que reconoce y garantiza los derechos éstas, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.

Así, en términos de lo ordenado por el artículo 6º. de la Ley General de Víctimas, se elaboró el “Modelo Integral de Atención a Víctimas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015, y en cuyo diseño participó la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, mismo que dentro de la Línea de Acción 1.1 establece:

“Proporcionar a las víctimas directas, indirectas y potenciales el acceso a los servicios de salud del primero, segundo y tercer nivel de atención mediante un proceso de referencia y contrarreferencia dinámico. La Secretaría de Salud y sus homólogas en los estados y el Distrito Federal, como responsables de garantizar el acceso a los servicios de salud, deberán ajustar sus procedimientos para permitir el desarrollo ágil y oportuno de los mecanismos de referencia, definiendo responsables y procedimientos, en aras de cumplir con los lineamientos y parámetros de la Ley General de Víctimas, la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, en lo conducente a la atención a víctimas.”

Por ende, es necesario actualizar el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud y las categorías por las cuales procede aplicar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, con la finalidad de crear una coordinación vinculatoria interinstitucional que brinde a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que carecen de servicios médicos de salud públicos, el acceso un esquema integral que les permita su recuperación y reintegración social.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para modificar el artículo 95, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, para que el financiamiento del tratamiento de enfermedades que provocan gastos catastróficos y medicamentos asociados, también pueda ser empleado en apoyar la atención integral de todos los mexicanos, incluyendo las víctimas de los delitos y violaciones de los derechos humanos, y no principalmente de los beneficiarios del Sistema.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que promueva ante el Titular del Ejecutivo Federal la modificación antes aludida.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo de Salubridad General para que establezca dentro de las categorías por las cuales procede aplicar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, todo lo relacionado con los servicios de salud a las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputado Waldo Fernández González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a trabajar por la Segob y la SCT de manera conjunta y diseñar e implantar instrumentos y estrategias coordinados para prevenir la obstrucción en las vías generales de comunicación, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, integrante de la LXIII Legislatura, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

El desarrollo sostenible de la economía del país está estrechamente ligada a la conectividad mediante las vías generales de comunicación, adecuadas y seguras, sin embargo, ante el incremento desmedido de la obstrucción de las mismas en diversos estados, el sector empresarial y como consecuencia las familias mexicanas pasan por un problema difícil que va en incremento.

El permitir que continúe el incremento de estas conductas, contraviene preceptos constitucionales, normativa federal, así como el propio Plan Nacional de Desarrollo de esta Administración.

Al respecto es de mencionarse que la iniciativa privada ha estimado en costos ocasionados por los bloqueos en vías generales de comunicación, por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en cerca de los 4,200 millones de pesos. Ello aunado a los problemas del transporte y su impacto en el desarrollo económico entre los que podemos citar:

Los retrasos por el transporte de mercancía y pasajeros (tanto de negocios como de placer).

Costos asociados al uso de vehículos: automóviles, autobuses de pasajeros, camiones de carga, etc.

Impacto de la disrupción intermodal de transporte y el consecuente retraso en la cadena de suministro.

Costos de combustibles.

Incrementos de productividad de las economías por los insumos que reciben en forma de mercancías, conocimientos y nuevos negocios a partir de la llegada de personas y carga.

Costos al medio ambiente.

Crecimiento económico per se.

Costos a las empresas altamente dependientes de sistemas Justo a Tiempo y de transporte de perecederos.

Impactos financieros – multas por retrasos, pérdida de mercancías, etc. – a todo tipo de industrias y usuarios.

Pérdida de valor para los consumidores y las empresas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, publicados en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx, los estados afectados por los paros de la CNTE aportan el 34.24% del PIB nacional: Distrito Federal (16.5%), Nuevo León (7.27%), Tabasco (3.14%), Michoacán (2.43%), Chiapas (1.78%), Oaxaca (1.61%) y Guerrero (1.51%).

De igual forma, según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, nuestra economía es altamente dependiente de la infraestructura carretera, ello sin mencionar que el 98% de la movilización de personas también ocurre en este modo de transporte, cerca de 3,500 millones de pasajeros al año que se mueven a lo largo y ancho del país.

El impacto potencial de los bloqueos puede afectar entonces alrededor de 170 millones de toneladas al año y un total de 1,200 millones de viajes de pasajeros cada año si los distribuimos proporcionalmente de acuerdo al PIB estatal. Esto es en retrasos, robos, retornos de mercancías y pasajeros y demás efectos de los bloqueos carreteros.

Por esta estructura de la economía mexicana es que, si bien las pérdidas económicas han sido estimadas en 4,200 millones de pesos por el sector privado1 , es posible que las mismas sean aún mayores y mucho más si el conflicto se alarga.

Las economías de Nuevo León y del Distrito Federal son más fuertes y cuentan con muchas más herramientas para diversificar su riesgo, sin embargo, las economías más pequeñas son sumamente vulnerables a estos bloqueos.

Los estados donde mayor presencia tiene la CNTE y donde más se ha afectado a la población es donde más se concentra la pobreza 2 : Chiapas con el 76% de pobreza, Oaxaca (67%), Guerrero (65%) y Michoacán (59%).

Particularmente en estas entidades, la presencia generalizada de los bloqueos está teniendo efectos directos e indirectos en todas las empresas de los mismos. Esto podría calcularse en un total de 664,153 unidades económicas 3 afectadas que se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Chiapas (155,280), Oaxaca (177,954), Guerrero (135,564) y Michoacán (195,355).

Los avances que el gobierno dice que se han tenido para solucionar el problema son insuficientes, si consideramos que este conflicto inició desde el año 2013 en que se aprobó la reforma educativa.

Bajo este marco, recordemos que el artículo 25 de nuestra carta magna establece que al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo.

Conforme a este precepto, el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo; debemos contribuir al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Siendo el medio primigenio para el logro de estos fines, el diseño e implementación de políticas públicas que permitan en primera instancia, detentar vías generales de comunicación libres de cualquier obstrucción; pues como es de explorado derecho, estas vías se encuentran sujetas al régimen del dominio público de la Federación, al amparo de los artículos 6 y 7 de la Ley General de Bienes Nacionales, con relación al 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y por tanto sujetas exclusivamente a la jurisdicción de los poderes federales.

Para ello, el Plan Nacional de Desarrollo plantea como su objetivo 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica, del cual derivan, entre otras, las siguientes líneas de acción:

• Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad.

• Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros.

Así las cosas, el instrumento de Planeación nacional prevé para el Sector carretero, ferroviario, transporte urbano, marítimo-portuario, aeroportuario, la implementación de medidas para garantizar la seguridad en las vías de comunicación; mismas que bajo una interpretación sistémica con la estrategia “5.3.1. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para Incentivar la participación de México en la economía global”, ello sólo podrá lograrse a través del libre tránsito de bienes, servicios, capitales y personas.

Por todo lo expuesto y fundado, la suscrita diputada de Acción Nacional por el Estado de Guanajuato sometemos DE Urgente u Obvia Resolución, a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Con fundamento en los artículos 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 6 fracción II y 7 fracción XI de la Ley General de Bienes Nacionales; 8 fracciones III inciso a) y XXXIIII de la Ley de la Policía Federal; 27 fracción XV y 36 fracciones I, IX, XIX y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 3 fracción XII de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y con el objeto además de dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo en sus puntos 4.9.1., referente a la modernización, ampliación y conservación de la infraestructura de los diferentes modos de transporte, y al “5.3.1. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para Incentivar la participación de México en la economía global”; la H. Cámara de Diputados exhorta muy atentamente al Ejecutivo Federal, con el objeto de que gire instrucciones a la Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que de manera conjunta y en el ámbito de sus respectivas competencias diseñen e implementen mecanismos y estrategias coordinadas de inmediata ejecución que procuren, el restablecimiento del orden y prevención de la obstrucción en las vías generales de comunicación; ello con el objeto de evitar que continúen generándose impactos económicos adversos en el País.

Notas

“Estiman en 4,200 mdp pérdidas por bloqueos de la CNTE” El Universal (31-Julio-2016)

2 “Cuadro Resumen Evolución Nacional y por Entidad Federativa 2017“ CONEVAL. Datos del año 2014.

3 “Censos Económicos 2014. Resultados definitivos” (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 5 días del mes de Septiembre del año 2016

Diputada Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a difundir la recomendación procedente relativa a la queja número CNDH/1/2013/3676/Q, donde se acreditó la tortura contra el señor David Vargas Araujo, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad de en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre el caso de David Vargas Araujo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Primera. David Vargas Araujo se desempeñaba como asesor en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, promoviendo proyectos productivos para la población vulnerable o de escasos recursos, de igual forma realizaba los trámites correspondientes ante diversas instancias, municipales, estatales y federales, relacionadas con dichos proyectos.

Está acusado del secuestro de dos menores del estado de Oaxaca (en lo sucesivo, Caso dos niños), retenidos en el municipio de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, en enero de 2013. También fue acusado por el secuestro de un vendedor de gallos (en lo sucesivo, Caso vendedor de gallos), en la misma entidad, pero en el proceso de defensa promovió una apelación y le fue decretada la libertad lisa y llana por éste secuestro en octubre de 2014.

Vargas Araujo fue detenido por agentes federales en operativos diferentes, junto con otras 11 personas que también fueron torturadas (2 mujeres y 9 hombres) el 17 de mayo del 2013 en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, y acusado por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. La causa penal 136/2013-V está radicada en el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de Guadalajara, Jalisco.

Conforme a lo expuesto por Vargas Araujo, el suyo es un caso de utilización política de las instituciones de justicia en varios sentidos.

• Para cumplir mediante la “fabricación de culpables” presuntamente urdida por las autoridades ante las presiones de la poderosa familia Candiani, uno de cuyos integrantes es el empresario oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Las víctimas del Caso dos niños son sobrinos del señor Gutiérrez Candiani.

• Para afectar la imagen de la Sección 22, grupo disidente que integra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que ha mantenido una protesta constante contra el Ejecutivo local y federal durante varios años, y en esos momentos particularmente, por la implementación de la reforma educativa.

• Para “golpear” políticamente al Partido de la Revolución Democrática, ya que se arguye que el rescate que se cobraría por el supuesto secuestro se utilizaría para financiar la campaña de Sara Altamirano Ramos, quien era candidata a Presidenta Municipal por el PRD en Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, en los comicios locales de 2013, y era contraria a los intereses del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. La señora Altamirano se encuentra actualmente recluida en el penal federal de Cuernavaca, Morelos.

• En los interrogatorios que le hicieron elementos de la SEIDO le preguntaron por el gobernador Gabino Cué, el diputado federal Roberto López Rosado, el diputado federal Hugo Jarquín, la diputada federal Rosario Merlín, la senadora Dolores Padierna, el subcomandante “Marcos”, el ex presidente del PRD Jesús Zambrano Grijalva, los dirigentes del PRD Jesús Ortega Martínez, Carlos Navarrete y René Bejarano, nombres que eran mencionados sin ningún orden ni lógica, y que de acuerdo a lo que interpreta Vargas Araujo se dirigían a inventar un caso en el que estuvieran implicados dirigentes políticos de izquierda. Asimismo, le preguntaron por los “pleitos” entre Diódoro Carrasco y José Murat, entre Gabino Cué y Ulises Ruiz, así como por el pintor Francisco Toledo y por el político oaxaqueño Lenin López.

Refiere que los elementos en su contra son muy débiles: la supuesta flagrancia al sostener una reunión con profesores de la sección XXII; supuestas llamadas a las víctimas; una denuncia anónima y una llamada con los profesores (misma que no aparece en los registros telefónicos).

Segunda. Vargas Araujo fue detenido arbitrariamente por elementos de la Policía Federal quienes no se identificaron ni le comunicaron las razones de la detención.

Fue introducido violentamente a una camioneta, donde fue insultado, golpeado reiteradamente a puñetazos, patadas, y con las armas. Recibió un trato inhumano, al ser parcialmente desnudado y agredido sexualmente por los agentes que lo trasladaban.

Después fue trasladado a una presunta casa de seguridad o instalación oficial. Por lo poco que le fue permitido ver, la describe como una casa de ladrillos y especula que probablemente sea alguna sede de la Policía Federal en una de las vías de entrada a la ciudad de Oaxaca.

Mientras era interrogado por diversos agentes, fue sometido a asfixia con un trapo húmedo y con una bolsa plástica en repetidas ocasiones. Fue sometido a choques eléctricos en los genitales, que le causaron la pérdida del conocimiento al menos dos veces, tras lo cual era obligado a volver en sí con punciones de un instrumento y golpes diversos.

Además le fueron mostradas fotografías de su esposa e hijas, que fueron tomadas clandestinamente en un paseo familiar una semana antes. Le indicaron que si no se auto inculpaba, “las violarían”, pues las tenían en su poder en las mismas instalaciones. Después lo amenazaron con torturarlas hasta matarlas si no consentía en confesar lo que supuestamente sabía.

En el traslado por avión a la Ciudad de México, agentes cuya identidad desconoce lo amenazaron con “aventarlo desde el avión”, y otras intimidaciones, insultos y amenazas también orientadas a su autoinculpación.

Tercera. Al llegar al Distrito Federal, fue entregado a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR. Al ser interrogado, fue obligado a permanecer de rodillas y recibió de nueva cuenta golpes y amenazas. Finalmente, firmó una declaración prefabricada, a instancias del agente del Ministerio público, y fue amenazado para que no dijera nada de los tratos que recibió. Destaca que durante este ejercicio, estaban presentes diversos servidores públicos, que si bien no lo agredían, no hacían nada por detener los actos violentos y hablaban con tranquilidad con los agentes responsables.

En ningún momento le fue permitido elegir o pedir un abogado de oficio durante la declaración, y le hicieron 48 preguntas bajo coacción. Cuando llegó al final un supuesto abogado de oficio, sólo le dijo “firma para que no te sigan madreando”.

Después se sabría que en dicho documento se autoinculpaba por el caso dos niños, inculpaba por el mismo delito a otras 12 personas también detenidas. En su interrogatorio se reiteraron referencias a su trabajo e identidad política, y se le obligó a dibujar algunos trazos en supuesto “croquis” sobre la operación de los supuestos secuestros.

Cuando le permitieron entrar con un doctor para una revisión médica, recibió patadas y fue amenazado para no decir nada de los malos tratos que recibió.

Transcurridas 32 horas después de la detención, pudo por fin hablar con su esposa telefónicamente a las 2 de la madrugada; previamente, recibió golpes y pisotones de un policía para que durante la llamada “no dijera nada”.

No fue sino hasta 38 horas más adelante que pudo recibir su visita. Dos días después fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 2 “Occidente” de Puente Grande, Jalisco.

Cuarta. El señor Vargas, a su llegada al Cefereso (Centro Federal de Readaptación Social) Número 2 #Occidente” en Puente Grande, Jalisco, fue sometido a maltrato por parte de algunos custodios, quienes formaron una fila para golpearlo, y al final arrojarlo dentro de una choza de madera. Además, estando con los ojos cubiertos, lo llevaron muy cerca a varios perros que ladraban y gruñían para atemorizarlo. Según comenta, un custodio le instruyó a que dentro del penal siempre debía contestar “Sí, señor”, y le plantearon diversas preguntas que, si no respondía lo que los custodios querían, recibía golpes.

Refiere que, por conversaciones con otros internos, este procedimiento es común como “bienvenida” en el penal con fines de someter la moral de las personas. Dice que varias veces después escuchó las expresiones de dolor de los internos que llegaban al penal, que eran sometidos a malos tratos.

Después de estos malos tratos, tuvo dificultades para respirar y estuvo más de dos horas en observación en el servicio médico.

Antes de ser remitido a su celda, estuvo en el Centro de Observación y Clasificación (COC) en condiciones de hacinamiento, con otras 7 personas. Refiere haber dormido sentado en el excusado ante la falta de espacio.

Refiere que él y otros internos eran sometidos a tortura psicológica en el COC, al recibir repetidas amenazas de custodios acerca de que iban a meterlos en las celdas con “los pelones”, “los zetas” o “los chapos”, es decir, con integrantes de poderosos grupos del crimen organizado.

Su celda ocupa un área aproximada de 3 por 1.3 metros, incluyendo regadera, lavabo y excusado. La comparte con otros dos reclusos, señalados como integrantes de alto nivel de cárteles del narcotráfico. Sólo hay dos literas adosadas a la pared, por lo que uno debe dormir en el suelo sobre un colchón.

Quinta. El señor Vargas desde hace más de 16 años sufre una afección cardiaca: cardiomiopatía hipertrófica obstructiva del ventrículo izquierdo, y que en el año 2010 Vargas fue sometido a un cateterismo, y actualmente producto de la tortura se le diagnosticó síndrome de estrés postraumático, no ha recibido la atención médica adecuada dentro del penal. No hay periodicidad en los exámenes, y las dosis del medicamento que costea su esposa son menores de lo que los médicos le recetan.

Ante sus reclamos para tener exámenes especializados, el médico internista del penal le dijo “a menos que tengas una arritmia, te van a hacer un estudio”; sin embargo, cuando el médico encontró en Vargas Araujo los síntomas de la arritmia, no procedió a solicitar los exámenes.

Asimismo, manifiesta que el dentista lo ha examinado, pero no tiene presupuesto para material para una atención completa.

Vargas Araujo ha comentado a sus abogados y esposa, que tiene periodos de ansiedad en los que no tiene ganas de salir ni siquiera al patio. A veces manifiesta que se le dificulta recordar ciertas palabras y expresarlas.

Sexta. Por todo lo anterior, consideramos que Vargas Araujo fue víctima de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incomunicación, agresión sexual, amenazas y otras acciones contrarias al derecho, a la integridad, a la seguridad y al debido proceso.

Consideramos de suma relevancia mencionar que, a pesar de solicitarlo, no se le practicaron los exámenes médicos y psicológicos para investigar la tortura. Personal de la CNDH se negó a practicarle los exámenes correspondientes pues argumentó no tener facultades para realizarlo. Catorce meses después de la detención, especialistas independientes le practicaron el Protocolo de Estambul que resultó positivo y fue entregado en el juzgado federal como prueba.

De acuerdo a sus abogados, el proceso penal ha enfrentado diversas irregularidades que redundan en la violación flagrante de sus derechos humanos.

Cabe señalar que la CNDH tiene abierto el expediente de queja CNDH/1/2013/3676/Q hasta el momento no se ha dado ningún avance en las indagatorias de dicho organismo.

Por otra parte, del proceso de defensa fue promovida una apelación la cual fue resuelta 9 de octubre de 2014, obteniendo la libertad lisa y llana por el delito de secuestro del señor Calixto Saúl Bravo.

Asimismo, en agosto de 2014 se presentó un amparo en contra del auto de formal prisión y el magistrado resolvió en abril del 2015 que dicho amparo se turna para efectos.

El 29 de abril de 2015, después de una ampliación de declaración, se promovió por motivos de salud un Incidente de Traslado a la Torre Médica de Tepepan, de la Ciudad de México. No se ha resuelto. Después de casi año y medio de solicitar el traslado al Juez, un Cardiólogo particular realizó una consulta a David Vargas y ratificará su informe ante el Juez el día 12 de septiembre de 2016.

Hasta el momento y después del desahogo de interrogatorios, careos entre los coacusados, peritajes de comunicación, etc. se ha demostrado que David es una víctima más de la fabricación de culpables.

Después de tres años y tres meses se encuentra aún en la etapa de desahogo de pruebas.

Séptima. El señor David Vargas Araujo sufre de cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, siendo diagnosticado hace aproximadamente 16 años, sufriendo dos infartos y arritmias cardiacas. Actualmente es necesario que le sea suministrado metoprolol cada 12 horas, lo cual tiene como efecto prevenir infartos fulminantes en caso particular del señor David. Derivado de la tortura le fue diagnosticado por el psiquiatra del centro penitenciario el síndrome de estrés postraumático, prescribiéndole Clonazepan y Paroxetina. Cabe señalar que estos medicamentos actualmente son garantizados por su esposa mediante depósitos quincenales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados suscribientes, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre el caso de David Vargas Araujo

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que conformidad a lo que establece la legislación aplicable, emita a la brevedad posible, la recomendación procedente relativa a la queja CNDH/1/2013/3676/Q, donde se acredito la tortura en contra del señor David Vargas Araujo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para que gestione lo necesario, a efecto de trasladar al señor Vargas Araujo de Cefereso número 2, “Occidente”, Puente Grande, Jalisco, a la Torre Médica, Tepepan, Ciudad de México, en función de su atención médica y deterioro de su salud.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal, para que se mantenga atenta a la actuación de los órganos jurisdiccionales federales, con el objeto de que se otorgue una justicia imparcial, pronta y expedita a favor del señor David Vargas Araujo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputados: Alberto Martínez Urincho, Rafael Hernández Soriano, Xavier Nava Palacios, Evelyn Parra Álvarez, Felipe Reyes Álvarez, Maricela Contreras Julián, Lluvia Flores Sonduk, Cristina Gaytán Hernández, José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo al informe de la CIDH Situación de derechos humanos en México, publicado el 2 de marzo de 2015, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Concepción Valdés Ramírez, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6o., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Gobernación; la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Relaciones Exteriores; y demás dependencias competentes, se dé seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe denominado Situación de derechos humanos en México publicado el pasado 2 de marzo de 2015, tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos, publicó el informe denominado Situación de derechos humanos en México . El documento en mención, se deriva de la visita in loco del órgano y de sus observaciones, la cual, tuvo realización del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 en nuestro país, a fin de monitorear el estado que guarda en materia de derechos humanos México, particularmente, en los rubros de: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.

En una declaración preliminar al fin de la visita in loco , Rose Marie Bell Antoine, entonces presidenta de la CIDH, constató el panorama aciago y grave que en materia de derechos humanos guarda nuestro país, por lo que de manera preliminar en el contexto de extrema inseguridad y violencia, esta comisión puntualizó que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, son temas que deben abordarse de manera inmediata en el marco de reformas legislativas como en la implementación de políticas públicas en los diversos niveles de gobierno.

Posteriormente, la CIDH formuló respecto a los rubros citados 21 recomendaciones preliminares al Estado mexicano en la materia, que van desde la revisión y reforma al marco jurídico como la necesidad de implantar políticas públicas y acciones de gobierno, de las cuales se destacan: primera, revisar la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal, en consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas para una efectiva implementación; segunda, adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura, adoptando todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia; tercera, eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano; y cuarta, atender las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ayotzinapa, entre otras 17 recomendaciones más.

De ese momento a la fecha, las reacciones y posturas han sido muchas y diversas, tanto en el ámbito de los diferentes niveles de gobierno como desde la propia óptica de la sociedad civil, particularmente opiniones encontradas.

El informe que nos ocupa, analiza detalladamente la innegable crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, reafirmando temáticas mencionadas en un primer momento como la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, inseguridad ciudadana, inseguridad como el acceso a la justicia. Asimismo, aborda la situación de algunos grupos poblacionales afectados, como defensores de los derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas, niños, adolescentes, migrantes, y la comunidad de lesbianas, gays, bi y transexuales. De igual manera, el informe examina la situación de asesinatos, violencia y amenazas contra periodistas, que ha hecho que México sea considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

No obstante, la CIDH en su informe también valora y reconoce los aciertos del Estado mexicano en la materia, los cuales van desde las reformas de carácter constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el avance de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reconocer la obligación de realizar el control de convencionalidad por parte de las diversas instancias judiciales en el país, la decisión de la Corte de la restringir la jurisdicción castrense en los casos que miembros de las fuerzas armadas vulneren derechos humanos contra la sociedad civil, así como la adopción de una nueva Ley de Amparo en el año de 2013.

Asimismo, la CIDH reconoce la implementación de otras acciones gubernamentales como de política pública como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobado en 2012, e invita al Estado mexicano a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento. Otro avance puntualizado por la CIDH es lo relativo a la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, la aprobación de los Protocolos de Investigación en Materia de Desaparición Forzada y de Tortura en agosto de 2015, la creación de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), y la creación de una Unidad Especializada del Delito de Tortura en la misma PGR.

En suma, la CIDH reconoce los avances constitucionales, legislativos como institucionales de los últimos años en nuestro país, elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos; no obstante, la CIDH considera como insuficiente la respuesta del Estado mexicano para afrontar la grave situación.

La CIDH ha hecho un especial énfasis en el informe sobre temáticas como la desaparición forzada, la cual actualmente presenta, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, 26 mil 798 personas no localizadas.

En lo que respecta a la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, la CIDH conmina al Estado mexicano a coadyuvar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el fin de ofrecer asistencia técnica en la búsqueda, investigación y no repetición de los hechos. En este sentido, la CIDH insta al Estado mexicano a brindar acceso a los expertos del GIEI a entrevistar a todos los testigos, incluyendo los integrantes del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en los hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, tal como ha sido solicitado por dicho grupo.

En lo que respecta a los índices de homicidios y ejecuciones extrajudiciales, la CIDH enfatiza sobre casos tales como los ocurridos en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014; Apatzingán y Tanhuato, el 6 de enero y el 22 de mayo de 2015, respectivamente. Respecto a ello, las cifras oficiales de homicidios apuntan a más de 94 mil muertes de 2012 a la fecha.

En relación a la práctica de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la CIDH encontró que esto suele ocurrir durante las primeras horas de detención de una persona y antes de que sea presentada ante una instancia judicial. La PGR ha informado que a mediados de 2015 se contaba con 2 mil 420 averiguaciones previas relativas a la tortura, y que sólo existen 15 sentencias condenatorias por este ilícito a nivel federal. En este sentido, respuesta ante los casos de tortura, al igual que respecto de las desapariciones, los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales, es débil e insuficiente, concluye la comisión.

En suma, las recomendaciones de la CIDH vienen a sumarse desde la visión de diversos organismos internacionales gubernamentales como no gubernamentales a una larga lista de observaciones hacia nuestro país y sus instituciones para con la violación de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano, tal y como lo han señalado Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros.

No obstante que la crisis de derechos humanos que nos aqueja en nuestro país, no sólo es una percepción de los organismos en mención, sino de igual manera, de una clara percepción ciudadana como lo puntualizan algunos índices al señalar que: solamente 9 de cada 100 habitantes consideran que los derechos humanos se respetan suficientemente en el país. Son más, 15 de cada 100, los que opinan que no se respetan en absoluto. Entre esos dos extremos hay una amplia franja que estima que se respetan poco (30.4 por ciento), o algo (44.4 por ciento). Esto es, 74.8 por ciento de los mexicanos, una amplia mayoría, piensa que los derechos humanos se respetan en el país aunque no de manera suficiente. Y de esa mayoría, los que estiman que se respetan algo son claramente más, 14 por ciento más, que los que dicen que se respetan poco.

En este sentido, James Cavallaro, actual presidente de la CIDH, señala para el caso mexicano y el informe, lo siguiente: “la espiral de violencia e impunidad trae consigo graves consecuencias para el estado de derecho en el país. El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”.

Por lo anterior, la respuesta oficial del gobierno de la República no se hizo esperar y el mismo 2 de marzo en que la CIDH anuncia el informe, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República emiten un comunicado conjunto, en el cual, habla de la serie de acciones en las que el Estado mexicano y sus instituciones trabajan diariamente para garantizar el estado de derecho y el respeto como preservación de los derechos humanos en el país. No obstante, el comunicado señala en uno de sus apartados respecto al informe que éste desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”; asimismo, se arguye que la metodología utilizada por la CIDH es errónea como desestima y minimiza los contenidos del mismo informe.

Llama la atención que el gobierno federal responda que todo este trabajo es “erróneo”, y que no refleja la situación de México. Sin embargo, obvia reconocer que es insuficiente argüir un marco legal, que en muchos casos, como lo han señalado repetidamente las organizaciones civiles de derechos humanos, ni siquiera se apega a los estándares internacionales, y que el principal “parámetro” son las víctimas, vale decir cientos de miles de personas o comunidades que ven menoscabados sus derechos. Por ello la CIDH vuelve a invitar al Estado mexicano a que efectivamente cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, y a que cierre la discrepancia que se observa entre su marco normativo y la realidad que vive el país. Si no fuera así, entonces el cuestionamiento sobre metodologías o premisas sí sería en realidad lo erróneo.

Al momento, es al interior de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, que se han presentado 21 proposiciones con punto de acuerdo relativas a las recomendaciones preliminares que hiciera la CIDH después de su visita en el país, sin que a lo largo de cinco meses los mismos no hayan incidido a fondo tanto en la agenda parlamentaria y las políticas de las instituciones gubernamentales.

Finalmente, la presente proposición con punto de acuerdo pretende ser un llamada responsable para no desestimar ni minimizar los contenidos del informe Situación de los derechos humanos en México , publicado en días pasados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que esto se traduzca en un punto de partida que determine en los diversos niveles de gobierno una agenda común en la materia, tanto desde la perspectiva de las reformas legislativas armonizadas con los instrumentos internacionales donde México sea estado parte, como las necesarias y pertinentes acciones y políticas a concretar en beneficio de nuestra sociedad y los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Gobernación; la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Relaciones Exteriores; y demás dependencias competentes, se dé seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe denominado Situación de derechos humanos en México , publicado el pasado 2 de marzo de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a lo suscitado en el centro de prevención y readaptación social de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, y otros penales, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Concepción Valdés Ramírez, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es de nuestro conocimiento, el pasado 10 de febrero, en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, se suscitó un motín entre facciones de reos de dos grupos de la delincuencia organizada, lo cual tuvo como lamentable resultado la muerte de 49 internos al decir de los números oficiales del gobierno estatal; lo anterior, se dilucida en la situación incontrolable por el que atraviesa el sistema carcelario de nuestro país durante los últimos años.

Diversas organizaciones sociales han denunciado al paso de los años la constante problemática del sistema penitenciario en México. Se ha señalado que en una década el número de personas en prisión se ha duplicado, sin que ello refleje en mayores índices de seguridad, según lo que indica el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa. Asimismo, la organización aludida, puntualiza que el 40 por ciento de los encarcelados en México no tienen una sentencia condenatoria y en más de la mitad de las prisiones –federales y estatales– hay hacinamiento, lo cual supone un obstáculo para que el propio sistema carcelario cumpla con los fines sociales que le competen.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que el superar el 120 por ciento de ocupación carcelaria está considerado en sus índices como un trato cruel para las comunidades de reclusos. En nuestro país, más del 60 por ciento de presidiarios subsisten por encima de ese indicador. Lo anterior, impide establecer condiciones dignas, garantizar la integridad física de los reclusos y llevar a cabo las labores educativas y ocupacionales necesarias para la readaptación como se mencionó anteriormente.

En este sentido, Elías Carranza Lucero, Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes, señala que si por cada funcionario carcelario existen más de cuatro reclusos, las actividades de los internos escapan de los mínimos de supervisión y control del personal. En otras palabras, dicha situación se traduce en un indicio de posible autogobierno, es decir, que la autoridad carcelaria no pueda hacer cumplir la normatividad interna, y que sean los grupos hegemónicos de reclusos quienes impongan el mencionado autogobierno. Bajo el argumento de Carranza Lucero, el 70 por ciento de las cárceles en nuestro país se encuentran en esta vulnerable situación.

En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha llevado a cabo diversos diagnósticos que confirman la crisis en mención, pero de igual manera la problemática en la materia de derechos humanos al interior de las penitenciarías la situación es deleznable, por lo que entre algunas problemáticas enumeran por ejemplo: primero, el deficiente control en el ejercicio de las funciones de la autoridad, por lo que es común que las figuras de auto y cogobierno sean una realidad constante; segundo, hacinamiento y sobrepoblación; tercero, no existe muchas veces una separación entre las áreas destinadas a hombres y mujeres; cuarto, la atención medica es insuficiente como se carece de equipamiento; quinto, no existen protocolos para la prevención de actos violentos; sexto, no se cuentan con unidades de atención y presentación de quejas para lo relativo a la violación de derechos humanos; séptimo, las condiciones de higiene, la falta de calidad de los alimentos y el acceso a los servicios educativos son deplorables; entre otras muchas más situaciones que prevalecen.

El caso de Topo Chico, es una pequeña muestra y claro ejemplo del sistema penitenciario mexicano que vive bajo una clara anomia y autogobierno de grupos hegemónicos de reclusos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha advertido, y en el caso particular de Nuevo León, ha puntualizado que en el penal de Apodaca está a un paso de que suceda algo similar a Topo Chico. Esto, sin mencionar las condiciones similares a las cuales están sujetos los centro penitenciarios a lo largo y ancho del país.

Para expertos en sistemas penitenciarios como para organismos defensores de los derechos humanos, las alternativas para poder prevenir desgracias como la de Topo Chico van desde: la eliminación de la sanción carcelaria para delitos menores y no violentos; impulsar un desarrollo normativo y de organización de las penas no privativas de la libertad; el mejoramiento de los programas de reinserción social; el fortalecimiento de la infraestructura del sistema penitenciario nacional; la profesionalización del personal administrativo, técnico y de custodia; entre otras opciones.

Lo anterior, sin mencionar el proyecto de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales que lleva casi tres años en proceso de análisis en el Senado de la República, la cual de ser aprobada, permitiría buscar cambiar el sombrío panorama en los centros penitenciarios, y que dicho proyecto, se suma al inacabado sistema de justicia penal acusatorio como uno de los grandes pendientes en la edificación del Estado de Derecho en nuestro país.

En suma, Topo Chico es un hecho que no deviene de un momento a otro, sino de un pasado inmediato de años que se generó ante la omisión de las autoridades competentes y ante la advertencia de órganos autónomos y sociedad civil. Topo Chico debe ser el parteaguas necesario de concretar diversas reformas legislativas, entre estas, el proyecto de Ley de Ejecución de Sanciones Penales, entre otros ordenamientos, que permitan un reencauce de la política carcelaria de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en el marco de sus facultades constitucionalmente conferidas y de conformidad a la normatividad correspondiente, investigue aquellos hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos respecto a lo sucedido en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, a fin, de que emita las recomendaciones públicas correspondientes en la materia para atender rubros relativos a garantizar la integridad física y moral del interno, aspectos de estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno, entre otros.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del titular del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo, impulse todas aquellas acciones en el marco de sus atribuciones para mediante la aplicación de la política penitenciaria para la readaptación a la vida social y productiva de los sentenciados, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, para consolidar las libertades, el orden y la paz pública, así como la preservación del estado de derecho y prevención del delito, esto, en el marco de vinculación con las entidades federativas, y con esto, atender lo relativo al caso de Topo Chico y lo relativo a los centros de prevención y readaptación social en condiciones similares.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Nuevo León, en coordinación con las instancias federales y locales correspondientes, a dar atención y seguimiento a las acciones y medidas cautelares en materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita crear una comisión especial que dé seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

Los irreparables hechos que ocurrieron el 19 de junio tras varias movilizaciones y protestas en oposición a la implementación de diversos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, no pueden permanecer en la impunidad ni en la simulación política. Desafortunadamente, eso parece haber pasado con la “Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca”.

La creación de dicha Comisión fue aprobada por unanimidad el 29 de junio de 2016, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y quedó establecido que sus actividades serían “la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos”.

Reconociendo que este cuerpo legislativo no es una instancia de investigación formal, ni remotamente tiene los recursos y orientación de un Ministerio Público; se puede señalar que la información obtenida a lo largo de la duración de la Comisión, muestran la crisis institucional de los órganos que deberían ser garantes de la seguridad pública, de procuración de justicia, de derechos humanos, así como del vacío en el gobierno municipal de Nochixtlán.

Frente a este contexto, fue que diferentes fuerzas políticas realizamos un sinnúmero de acciones frente a la renuencia del gobierno federal, con miras de entablar un diálogo cordial, honesto y en beneficio de todos, con el objetivo claro y visible de evaluar la reforma educativa que nos ha llevado a un contexto de inconformidad, repudio y total rechazo.

Uno de esos esfuerzos impulsados por el Grupo Parlamentario del PRD fue la creación de esta Comisión, la cual nunca tuvo ni siquiera un plan de trabajo o una agenda concreta, y que aprobó su informe final “al vapor”, sin realizar el análisis minucioso que el tema ameritaba.

Al respecto y de manera desafortunada, las conclusiones de ese informe presentan timoratas conclusiones técnicas que ocultan la crisis de justicia y derechos humanos por la que atraviesa el país. Nochixtlán, no es un hecho aislado, se suma a una cadena de acontecimientos sucedidos en recientes años.

En Nochixtlán, hubo un quebranto del orden constitucional, del marco jurídico que regula el accionar de las fuerzas policiacas, de los derechos humanos, de la ausencia de gobierno municipal, cuyo saldo trágico fue de 8 muertos y cerca de 200 heridos.

La falta de resultados de la Comisión Especial de Seguimiento, es también una consecuencia evidente de la cerrazón del gobierno e intereses de partido, instituciones, ejemplo de ello la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, por lo que, de manera reiterada y, peor aún, injustificada, se negó, abierta y contundentemente, a avanzar en las investigaciones, castigar a los responsables y en transparentemente, rendir cuentas.

Al encontrarnos aún muy lejos de saber la verdad de los hechos, y aún más de la justicia, es que se vuelve necesario que desde el poder legislativo se le dé continuidad al acompañamiento de las investigaciones. Y es que hasta los mismos elementos policíacos que estuvieron en ese operativo han sufrido violación a sus garantías constitucionales, hoy derechos humanos, por el gobierno federal ante su negativa a brindarles atención oportuna y capacitación integral que les permita enfrentar situaciones como las de ese 19 de junio.

La violencia del gobierno federal, traducida en una flagrante violación a los derechos humanos de los pobladores de Nochixtlán, colocan a estas instituciones en una grave crisis, que cuestionan su formación y capacidad para garantizar la protección de la ciudadanía, lo que debe ser su función y objetivo.

Sólo reconociendo, esta crisis podremos tomar acciones que permitan el fortalecimiento de las instituciones en beneficio no sólo de los pobladores de Nochixtlán, sino de todo el país.

Por todo ello, y en aras de continuar con las acciones necesarias y para llegar a la verdad y hacer justicia proponemos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados acuerda la creación de una Comisión Especial plural que dé seguimiento a los hechos ocurridos en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016. Estará integrada por 8 diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios. Las decisiones se tomarán por consenso, cuando sea posible, y por mayoría simple cuando no lo sea.

Esta Comisión Especial podrá citar a comparecer a las autoridades federales y sostener reuniones de trabajo con los demás actores involucrados en los sucesos, para poder dar seguimiento puntual a las investigaciones.

Contará con los recursos humanos y financieros necesarios para el desarrollo de su trabajo.

La Comisión tendrá vigencia cuando se considere atendido el objeto para el que fue creada o, en su caso, al finalizar la legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a difundir la información sobre los adeudos de ejercicios fiscales anteriores en términos de los compromisos de gasto para 2015 y su efecto en el desempeño de la empresa, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Julio Saldaña Morán y Omar Ortega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del honorable pleno de la Comisión Permanente el punto de acuerdo con base en las siguientes

Antecedentes

1. Los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) son derivados de compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre, con base en el presupuesto autorizado de los ramos en el ejercicio fiscal anterior, y con cargo al presupuesto autorizado del Ramo 30 “Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores”.

El pasivo circulante son adeudos de ejercicios fiscales anteriores de las dependencias por concepto de gastos devengados y no pagados al último día de cada ejercicio fiscal, derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos, incluido el gasto devengado de las dependencias cuya cuenta por liquidar correspondiente está pendiente de presentarse a la Tesorería, así como las cuentas por liquidar presentadas a ésta que quedaron pendientes de pago.

Las obligaciones de pago que no puedan ser cubiertas por el ramo general correspondiente a adeudos de ejercicios fiscales anteriores se cubrirán por los ramos con cargo a su presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso; para tales efectos, dicha responsabilidad no se condicionará a ampliaciones presupuestarias ni a la previa autorización de la Secretaría; en su caso, se facilitarán las operaciones presupuestales en los términos de las disposiciones aplicables.

2. Para el Ejercicio Fiscal 2015, el honorable Congreso de la Unión, considerando un precio de la mezcla mexicana de exportación de 79 dólares por barril, autorizó a Petróleos Mexicanos y a sus organismos subsidiarios un presupuesto programable que ascendió a 540 mil 580 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, del cual 67.8 por ciento correspondía a gasto en inversión y 32.2 por ciento a gasto corriente. Dado el contexto de precios internacionales de petróleo, oscilando alrededor de los 49 dólares por barril, habiendo tocado un nivel mínimo de 37 dólares durante enero del 2015, el Consejo de Administración, en su sesión del 13 de febrero del 2015, aprobó el plan de ajuste presupuestal de 62 mil millones de pesos, lo que representó una disminución de 11.5 por ciento respecto al presupuesto programable autorizado por el Congreso.

El programa de ajuste presupuestal, de acuerdo con lo informado por Pemex,1 se construyó con base en las siguientes premisas:

1. Minimizar el efecto en la producción de crudo y gas;

2. Minimizar el impacto en la restitución de reservas;

3. Mantener la capacidad de suministrar el marcado nacional de petrolíferos;

4. Minimizar el impacto en la seguridad y confiabilidad de las instalaciones y con apego a las normas ambientales;

5. Minimizar el posible impacto en la competitividad futura para la apertura del mercado nacional de petrolíferos; e

6. Incrementar la rentabilidad de Pemex.

Asimismo, durante la sesión 887 extraordinaria del Consejo de Administración celebrada el 13 de febrero del 2015, se revisaron las metas operativas, considerando la proyección del ingreso ante la caída en los precios de la mezcla mexicana de petróleo, y los pronósticos para el resto del período. La revisión de los indicadores se plasmó en el Programa Operativo Trimestral (POT I, 2015).

3. En la Evaluación del Consejo de Administración sobre la Ejecución de los Programas Anuales de Pemex en el Ejercicio 2015,2 el Consejo destaca que, con la finalidad enfrentar el impacto de las condiciones internacionales de la industria energética que deterioraron los indicadores financieros y operativos de las empresas petroleras, incluyendo a Pemex, el Consejo de Administración aprobó un ajuste presupuestal y operativo que permitiera alcanza el balance y la sustentabilidad financiera de la empresa.

El informe indica, que los esfuerzos realizados por la Administración no fueron suficientes para cumplir los compromisos de gasto y producción aprobados en 2015 por el Consejo de Administración. En ese sentido, la empresa no tuvo un control eficiente en el manejo presupuestal, lo que la llevó a comprometer recursos que rebasaron su capacidad financiera y el gasto aprobado por el Consejo de Administración, con el consecuente e importante incremento de sus pasivos. Así, señala el documento, que, para cumplir con el balance financiero, la Administración difirió para 2016 el pago de una parte importante de los servicios y compras de 2015, a costa de la reducción del presupuesto de inversión para el ejercicio 2016.

4. De acuerdo al Informe Anual 2015, respecto al incremento de las Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) en 2015 y sus repercusiones para el ejercicio 2016, el pasivo circulante más la provisión contable en 2014 ascendió a 90 mil millones de pesos cifra inferior en 57 mil millones de pesos respecto al cierre de 2015, en el que se observó al cierre del año un pasivo circulante más provisión contable de 147 mil millones de pesos.

Mediante Acuerdo CA-196/2015,4 el Consejo de Administración aprobó la modificación a los “Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Organismos Subsidiarios”, a fin de incrementar la condición de pago de facturas de proveedores de 7, 15 o 20 días naturales, hasta 180 días naturales. Aprobando, asimismo, que esta condición de pago podría ser modificada en los contratos vigentes en ese momento al amparo de la Ley de Petróleos Mexicanos (2008 y 2014).

Durante el ejercicio fiscal 2015 el Consejo de Administración autorizó cinco adecuaciones presupuestarias,5 incluyendo la arriba mencionada, aprobando el ejercicio de gasto sólo 37 mil millones de pesos inferior al del Presupuesto de Egresos de la Federación, quedando por debajo de la disminución al gasto programable por 62 mil millones de pesos realizada en febrero del 2015.

Evalúa como riesgoso el incremento observado en elementos del pasivo circulante, como la porción del pasivo a largo plazo con vencimiento menor a un año, y los proveedores (en 32 y 44 por ciento respectivamente), pues al ser obligaciones a cubrir en el corto plazo, incrementan el riesgo de falta de liquidez.

5. Adicionalmente, Pemex ha incurrido en una alta deuda con la finalidad de financiar los gastos de inversión necesarios para realizar sus proyectos. Al 31 de diciembre del 2015, el total de endeudamiento, incluyendo intereses acumulados, era de aproximadamente 1 mil 493 millones de pesos, en términos nominales, representando un incremento del 30.6 por ciento comparado con la deuda al 31 de diciembre del 2014.

Esto ha impactado negativamente en el patrimonio de la Empresa Productiva del Estado. En 2014 este concepto representó 2.2 veces la pérdida del ejercicio, mientras que en 2015 fue de 0.8 veces.

Es decir, a pesar de los ajustes presupuestarios, el incremento de los pasivos, y deterioro del patrimonio de la empresa, no se alcanzaron las metas de los indicadores operativos de Pemex para el ejercicio fiscal de 2015.

6. El 26 de febrero de 2016 el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos debió aprobar una reducción presupuestaria de 100 mil millones de pesos, esto es 20.9 por ciento del presupuesto, con la finalidad de alcanzar la meta de balance financiero.

Agencias calificadoras han expresado preocupación por el total de la deuda, y su crecimiento, por el flujo de caja libre negativo, principalmente resultado de inversiones en proyectos y el declive del precio del petróleo, el incremento de los pasivos destinados a pensiones, y a la constante de gastos de operación a pesar del declive en los precios del petróleo.

El 29 de enero Standard & Poor’s anunció una baja en la calificación de crédito de BB+ a BB. El 31 de marzo del 2016, Moody’s Investors Service anunció una revisión de calificación a la baja de Baa1 a Baa3 y cambió la perspectiva de crédito a negativa. Una baja en la calificación puede traer consecuencias adversas para la habilidad de acceder a mercados financieros y en el costo del financiamiento.

Con la finalidad de hacer frente a los pasivos de Pemex, en el mes de abril la Secretaría de Hacienda inyectó recursos públicos líquidos por 73 mil 500 millones de pesos;6 además disminuyó la carga fiscal7 por cerca de 50 mil millones de pesos.

7. Pemex debe realizar altos gastos en capital de inversión para mantener los niveles de producción, así como mantener, o incrementar, las reservas probadas de hidrocarburos. Por tanto, reducciones en el ingreso, ajustes en el presupuesto de gasto de inversión y la falta de capacidad de obtener financiamiento puede limitar la habilidad para realizar inversiones de capital de trabajo, que puede afectar la condición financiera y resultado de las operaciones.

En el actual entorno de la industria y situación de la empresa, ante un entorno global de incertidumbre y expectativas de desaceleración del crecimiento económico, el Consejo y la Administración de Pemex han establecido estrategias que, afirman, replantean una reestructuración financiera y operativa de las actividades, entre ellas las de transformación industrial de la empresa, al grado de contemplar la desincorporación de negocios que no demuestren rentabilidad para la Empresa Productiva del Estado.

Las decisiones financieras y presupuestales tomadas por el Consejo de Administración respecto a los compromisos de pago de obligaciones contraídas durante el ejercicio fiscal 2015 no sólo afectaron el cumplimiento de metas operativas establecidas en el POT, mismo que puso en riesgo la liquidez y solvencia de la empresa pública a corto y mediano plazo; además, afectaron el ejercicio del presupuesto aprobado y metas operativas para 2016, y el de recursos públicos que han tenido que ser inyectados de manera adicional a los recursos previstos para el pago de proveedores en 2015, durante el actual ejercicio fiscal.

Considerandos

1. Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias realizarán las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras que requieran en términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sujeción a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

2. Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias cuentan con autonomía presupuestaria, y se sujetarán sólo al balance financiero (diferencia entre los ingresos y el gasto neto total, incluyendo el costo financiero de la deuda pública del Gobierno Federal y de las entidades de control directo) y al techo de gastos de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apruebe el Congreso de la Unión, así como al régimen especial en materia presupuestaria.

Lo no previsto en la Ley de Petróleos Mexicanos respecto a presupuesto, resultará aplicable la regulación que emita el Consejo de Administración, observando los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en la administración de sus bienes y recursos.

3. De conformidad con las políticas generales en materia de presupuesto, para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, la formulación del presupuesto debe considerar, entre otras, tanto la alineación al Plan de Negocios de Pemex, a nivel de objetivos y estrategias, así como la vinculación con las metas operativas y/o de generación de valor que se deriven del programa operativo y financiero anual y, en su caso, a las modificaciones que correspondan a éste.

Los programas y proyectos de inversión, así como las necesidades operativas que, en su caso, se presenten durante el ejercicio fiscal sin haber estado consideradas previamente, pueden incluirse dentro del Presupuesto siempre que se encuentren vinculadas a alguna meta operativa o de generación de valor, debiendo identificarse como tal a nivel de la Estructura Presupuestal.

Asimismo, el Presupuesto en devengable debe guardar congruencia con el de flujo de efectivo, con objeto de promover, en cada ejercicio fiscal, una adecuada programación y administración de los recursos de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

Debido a que las decisiones del Consejo de Administración respecto al ejercicio de recursos durante el ejercicio fiscal 2015, y que impactaron negativamente en el presupuesto 2016, además de afectar la viabilidad de Pemex y sus proveedores en el corto, mediano y largo plazo, así como a la economía de miles de familias en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche; y por lo anteriormente fundado y motivado, solicitamos el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Director General de Petróleos Mexicanos, haga pública la información sobre el análisis, escenarios y riesgos financieros y económicos considerados para la aprobación del Acuerdo CA-196/2015 mediante el cual el Consejo de Administración aprueba modificaciones a los “Lineamientos Generales de Tesorería para Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Organismos Subsidiarios”; y a también hacer público el Informe de Pasivo Circulante y Provisión Contable con la evolución y composición de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) en términos de los compromisos de gasto para 2015 sobre el cual tomó conocimiento el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos durante la Sesión 908 Extraordinaria celebrada el 10 de junio del 2016, bajo acuerdo CA-066/2016. Asimismo, incluya un análisis detallado del impacto que tendrá el destino de los recursos destinados para el pago del pasivo circulante y ADEFAS 2015, sobre las metas operativas establecidas en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2016-2020.

Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una “Auditoría Financiera y de Cumplimiento” para fiscalizar la gestión presupuestaria y de gasto de Petróleos Mexicanos respecto al pasivo circulante, provisión contable y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores en términos de los compromisos de gasto para 2015; asimismo, verifique su impacto económico, financiero y patrimonial sobre Petróleos Mexicanos.

Notas

1 “Ajuste al Presupuesto 2015 de Petróleos Mexicanos”. Boletín No 11. 16/02/2015. http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-011 -nacional.aspx

2 Informe Anual 2015. http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-An ual/Informe_Anual_2015.pdf

3 Acuerdo CA-029/2016. Sesión 907 Ordinaria del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, celebrada el 27 de abril 2016.

4 Sesión 899 Extraordinaria del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos celebrada el 24 de septiembre del 2015. http://www.pemex.com/acerca/gobierno-corporativo/consejo/Documents/acue rdos_2015/sesion_899_ext.pdf

5 Acuerdos del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos: CA-006/2015, CA-011/2015, CA-065/2015, CA-170/2015, CA-257/2015.

6 Respalda SHCP a Pemex como Empresa Productiva del Estado. Boletín 25. 13 abril 2016.

http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/P aginas/2016-025-nacional.aspx

7 Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican. DOF 18 abril 2016. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433391&fecha=18/04/2016

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.

Diputados: Julio Saldaña Morán, Omar Ortega Álvarez (rúbrica).


Efemérides

Con motivo del 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El día mundial de la salud sexual fue constituido en el año 2010 a través de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), la cual decidió conmemorar este día cada 4 de septiembre.1

Las razones que hay detrás de ésta acción es lograr la concientización de toda persona a que la salud sexual también es primordial para encontrar la plenitud en el estado físico y emocional del ser humano. La salud sexual no es solamente estar libre de una enfermedad, sino “la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia”.2

Cada año se conmemora este día con un tema diferente, siendo el de este año: “Rompamos los mitos”, el cual se enfocará en reconocer los mitos sobre salud sexual y romperlos mediante información precisa, basada en el conocimiento científico y los derechos sexuales.3

Desafortunadamente en México existen demasiados mitos alrededor del sexo. Como un ejemplo de esto está la educación sexual que reciben nuestros niños y adolescentes, la cual está cargada de un pudor innecesario y del acceso a un mar de información que resulta confuso e intimidante si se pretende iniciar una vida sexual activa.

La ironía entre la abundante información que se encuentra en línea y la vergüenza de tratar temas de sexualidad en el entorno familiar, nos ha traído entre otros problemas, una estadística alta de embarazo adolescente.

El 20 por ciento de los nacimientos registrados en México correspondan a madres menores de edad, y aunque en el pasado este comportamiento estaba relacionado a la pobreza y se identificaba más en estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero, hoy en día resulta cada vez más popular en otros estados del país,4 dejando así de ser un problema relacionado con la pobreza, y más con la mala educación sexual.

Esta “epidemia” de embarazo adolescente nos habla de que nuestros jóvenes no hacen uso de los métodos anticonceptivos, y si es que sí saben de su existencia, no le toman la importancia a su uso. De hecho, conforme a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (Enadid), de las adolescentes de 15 a 19 años que declararon haber tenido relaciones sexuales, 44.9 por ciento dijeron no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual.5

La consultora en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas para México, Elsa Santos Pruneda, afirma que el promedio de edad en que los jóvenes inician una vida sexual activa es a los 16 años,6 lo cual resulta alarmante, pues a esta edad no se cuenta con la madurez física y emocional para ver por la vida de alguien más.

Convertirse en padre a temprana edad no sólo significa una obstaculización del futuro profesional del adolescente, sino el poner en riesgo su salud y hasta su vida.

La Organización Mundial de la Salud señala que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo.7

Es nuestro deber como país, ya sea desde la trinchera legislativa, como desde la social, el romper con los mitos y hablar con nuestros hijos del riesgo que conlleva tener relaciones sexuales a temprana edad y sin protección. Recordemos que la educación sexual no promueve el inicio de la vida sexual, sino todo lo contrario.

Si bien es cierto que el gobierno ya realiza varios esfuerzos para promover una vida sexual sana, hay que reconocer que la problemática de embarazo adolescente deja entrever un fallo en estos esfuerzos. Urge replantear las acciones para atacar este problema de raíz e informar a nuestros niños y adolescentes las consecuencias de llevar una vida sexual activa sin la correcta madurez física y mental.

Notas:

1 “Día mundial de la salud sexual”. http://www.diamundialsaludsexual.org

2 Idem.

3 “Salud sexual para una sociedad más justa”. Worldsexology.http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/W SHD2015-annual-guidelines-Spanish.pdf

4 “México con “epidemia” de embarazos adolescentes”. El Universal. 8 de marzo de 2016. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/03/8/mexico -con-epidemia-de-embarazos-adolescentes

5 “INDICADORES DE BIENESTAR AUTORREPORTADO DE LA POBLACIÓN URBANA”. INEGI. 25 de febrero de 2016. http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/usieg/comunicados/pob_hog_vivi e.pdf

6 “La mayoría de los jóvenes mexicanos inicia su vida sexual sin protección: expertos”. La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/2007/09/12/index.php?section= sociedad&article=040n2soc

7 “El embarazo en la adolescencia”. Organización Mundial de la salud. Septiembre 2014, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)