Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Especial de ex Braceros a establecer una mesa de trabajo con la Segob a fin de retomar el proceso para otorgar apoyos a los ex braceros de 1942-1964, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y de Guerrero a diseñar políticas y gestionar de manera coordinada recursos a fin de restablecer la paz, fortalecer la seguridad y reconstruir el tejido social para recuperar la convivencia armónica en el estado, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a implantar acciones, campañas, protocolos y políticas públicas para prevenir, disminuir y erradicar la diabetes mellitus en la población en general, particularmente de los niños, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes de la Unión a construir un acuerdo nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios, se dé atención total a los niños enfermos de cáncer, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, relativo al seguimiento de las acciones del Estado mexicano, particularmente las referentes al cumplimiento de acuerdos y esquemas de atención de víctimas, y de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la CIDH sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, así como a la recepción y audiencia de diversas comisiones de esta soberanía de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en una reunión de trabajo en el salón de plenos, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y la Sedatu a cumplir la sentencia mediante la cual se deberán restituir o, en su caso, indemnizar las tierras ejidales de Tlajomulco de Zúñiga, donde se halla el aeropuerto internacional de Guadalajara, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal la extensión de la prórroga para la importación definitiva de vehículos usados en la frontera norte, a cargo de Luz Argelia Paniagua Figueroa, en nombre de los diputados de Baja California del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y la Cofepris a realizar acciones sobre el uso de plaguicidas que causan graves afectaciones a las abejas y otros polinizadores en el país, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a garantizar suficiencia al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, cuyos trabajadores generan investigación y desarrollo tecnológico en el sector, estratégico para la seguridad y el progreso nacionales, suscrita por los diputados Rodrigo Abdala Dartigues, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a la armonización de cartas magnas locales con la reforma de derechos humanos de 2011 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, relativo al desastre natural Earl, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar por la Sedesol el descuento de leche Liconsa a un peso en todos los municipios inscritos en el catálogo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a remitir con la mayor brevedad la solicitud de declaración de procedencia contra Javier Duarte Ochoa, gobernador constitucional de Veracruz con licencia, para iniciar el juicio de procedencia correspondiente y retirar la inmunidad constitucional; y a la Subcomisión de Examen Previo, a desahogar las solicitudes de juicio político en su poder contra aquél, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Especial de ex Braceros a establecer una mesa de trabajo con la Segob a fin de retomar el proceso para otorgar apoyos a los ex braceros de 1942-1964, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, José Hugo Cabrera Ruiz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo referente al otorgamiento de apoyos a los ex braceros de 1942-1964.

Exposición de Motivos

El Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos se creó para atender una problemática acaecida en 1942, cuando los gobiernos de México y los Estados Unidos firmaron un convenio binacional en el que establecieron un programa de trabajadores migratorios, también conocido como Programa Bracero. El programa contribuía a la economía estadounidense, dotándola de mano de obra mexicana, cubriendo así la creciente demanda de trabajo consecuente de la Segunda Guerra Mundial, primordialmente dentro del sector agrícola y ferroviario.

Como resultado de este programa miles de mexicanos se trasladaron a los Estados Unidos en calidad de trabajadores temporales, quienes contaban con permiso legal para residir y trabajar en dicho país, además de gozar de las garantías jurídicas relacionadas a estos derechos. El Convenio Laboral Mexicano-Estadounidense, firmado el 4 de agosto de 1942, estipulaba que el gobierno estadounidense custodiaría temporalmente 10 por ciento del salario perteneciente a los trabajadores braceros. Esto con la finalidad de crear un fondo de ahorro el cual sería devuelto al regresar a tierras mexicanas.

El gobierno estadounidense, por medio del Banco Wells Fargo, War Man Power Comission y Union Trust Company de San Francisco, transferiría el fondo de ahorro de cada trabajador migratorio al Banco Nacional de Crédito Agrícola de México (Banrural) y al Banco del Ahorro Nacional, SA. Estas instituciones regresarían los fondos de ahorro a los trabajadores migratorios una vez que volvieran a México, la entrega de dichos fondos no ocurrió.

El 25 de mayo de 2005 se publica el decreto que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

1942-1964. En este se reconoce el derecho de los ex braceros y se asigna una cantidad de apoyo general, equivalente a 38,000 pesos, por el 10 por ciento del salario retenido durante su periodo laboral en los Estados Unidos. Este apoyo únicamente podrá obtenerse cuando los beneficiarios son capaces de comprobar su estatus de ex trabajador temporal legal en las aéreas agrícolas y/o ferroviarias estadounidenses durante el periodo 1942-1964. Con fundamento en el artículo primero de la Ley que crea el Fideicomiso, la finalidad es otorgar un apoyo social en los términos establecidos por la ley a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942-1964, de conformidad con lo establecido por el programa de trabajadores migratorios y/o sus beneficiarios.

Las entidades encargadas de velar por el cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso, se encuentran representadas por las siguientes figuras: el Fideicomitente, el Comité Técnico, la Dependencia Coordinadora, la Fiduciaria y el Tercero.

La LX Legislatura del Congreso de la Unión aprobó la reforma de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1o. de septiembre de 2008. Por medio de esta reforma se realizaron los siguientes cambios:

Se modifica la fracción VIII y se deroga la fracción IX del artículo segundo: la modificación especifica que la ley es aplicable para los ex braceros dentro del periodo 1942-1964. La derogación elimina el concepto de padrón de la Secretaría de Gobernación (Segob).

- Se modifica el primer párrafo del artículo tercero: modificación referente al Comité Técnico.

- Se modifica el primer párrafo del artículo octavo: mejorando la publicación y difusión de la Relación de Aportaciones que realiza el Fideicomiso a los Beneficiarios.

- Se adicionan las fracciones XIII y XIV del artículo quinto: dotando al Comité Técnico de nuevas funciones.

- Del artículo sexto se deroga la fracción I y se adiciona el inciso d): con el fin de facilitar la recepción de los apoyos, se elimina la fracción I retirando la pertenencia al Padrón de la Segob como requisito necesario para ser Beneficiario. El inciso d) adiciona el Social Security Number de los ex braceros como un requisito probatorio. Con la finalidad de mejorar el funcionamiento del Fideicomiso de Apoyo Social fue necesaria una nueva iniciativa de reforma. El 10 de septiembre de 2010 se publica el decreto por el cual se reforman y adicionan los artículos segundo, tercero, quinto y sexto de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos:

- Se modifica el artículo segundo: ampliando la definición de Beneficiarios; agregando junto con esposa e hijos las figuras de concubinato y legítimo heredero.

- Se modifica el artículo tercero: agregando dentro del Comité Técnico a un representante del Poder Legislativo, en calidad de invitado permanente.

- Se modifica el artículo quinto fracción II: dentro de las facultades del Comité Técnico la fracción II hace referencia a la elaboración y publicación de las bases y procedimientos que permitan otorgar los apoyos, así como la facultad de establecer y documentar los montos proporcionales que se podrán entregar a los Beneficiarios. Tras la modificación se estipula que el apoyo social se recibirá en una sola exhibición y por la cantidad de 38,000 pesos. La fracción III establece el orden de prelación en el que se deben de entregar los apoyos, la modificación agrega como Beneficiarios prioritarios a aquellos ex trabajadores en estado de enfermedad terminal.

- Se modifica el artículo sexto: con el fin de facilitar la acreditación del estatus de Beneficiario se adiciona como documento probatorio la mención honorífica, expedida por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América. También se establecen los requisitos probatorios para los casos de concubinato y legítimo heredero que deseen acreditarse como Beneficiarios.

Por lo que respecta a las reglas de operación las cuales se publicaron el 27 de octubre de 2005 para establecer los lineamientos de la primera convocatoria, dichas reglas de operación han venido sufriendo diversas modificaciones para mejorar, transparentar y eficientar los recursos que se entregan a los ex braceros.

Por lo que respecta al Fideicomiso es importante señalar que el comité técnico estará integrado por:

El Comité Técnico conforme a lo acordado en el artículo tercero de la Ley que crea el Fideicomiso, el Fideicomitente contará con un Comité Técnico que deberá integrarse por:

- Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (quien lo presidirá)

- Un representante de la Secretaría de Gobernación

- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social

- Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores

- Un representante de la Secretaría de la Función Pública

- En carácter de invitado permanente, un representante de la Fiduciaria

- En carácter de invitado permanente, un representante del Poder Legislativo

El representante del Poder Legislativo y el representante de la Fiduciaria, los cuales tienen carácter de invitados permanentes, cuentan con voz pero no voto en las sesiones del Comité Técnico. Los miembros del Comité Técnico cuentan con voz y voto y deben de tener un nivel jerárquico no inferior al equivalente a director general, por cada uno de los miembros propietarios se designa a un suplente, cuyo cargo no puede ser inferior al equivalente a director de área.

El comité tiene entre sus facultades:

Establecer las reglas de operación por las cuales se regirá el cumplimiento del fin del Fideicomiso.

- Elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición.

- Otorgar los apoyos, con base en las reglas de operación que al efecto se emitan debiendo observar en todo caso el siguiente orden de prelación; a) Los ex trabajadores que acrediten su estado de enfermedad terminal mediante un certificado médico emitido por una institución de salud pública. b) Se deberá dar preferencia a los trabajadores de mayor edad respecto a los de menor edad. c) Los trabajadores migratorios del periodo 1942-1946, y d) Los trabajadores migratorios hasta el periodo 1964.

- Decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de administración que se realicen sobre los recursos a que se refiere el artículo cuarto de esta ley.

En cuanto al presupuesto para el Fideicomiso, de acuerdo a la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde 2007 se otorgó un presupuesto original de 300 millones para la operación del programa. En cambio para 2011, el presupuesto aumentó hasta alcanzar los 900 millones de pesos.

Para los cinco años que se tiene información sobre el presupuesto del Fideicomiso se ejerció 100 por ciento de los recursos asignados a este rubro.

Es evidente que, si bien se hizo un esfuerzo por lograr apoyar a este grupo vulnerable de nuestra sociedad, el mismo no ha terminado. Existen todavía cientos de trabajadores que por una u otra razón no han podido alcanzar el beneficio que otorgaba el fideicomiso; ante esta realidad, esta Cámara de Diputados debe ser sensible a la demanda social, por lo que se hace necesario constituir nuevamente el fideicomiso o algún otro mecanismo eficiente que permita en definitiva lograr que los cientos y cientos de trabajadores ex braceros con sus familiares como lo establecía bien la ley puedan alcanzar el beneficio por el cual trabajaron durante muchos años.

Por lo anteriormente expuesto solicito el apoyo de todos los presentes para aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Especial de ex Braceros establecer una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación con la finalidad de retomar el proceso para el otorgamiento de apoyos a los ex braceros de 1942-1964.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2016.

Diputado José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y de Guerrero a diseñar políticas y gestionar de manera coordinada recursos a fin de restablecer la paz, fortalecer la seguridad y reconstruir el tejido social para recuperar la convivencia armónica en el estado, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones II del numeral 1 y III numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía los presentes puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Guerrero se ha caracterizado desde finales del siglo pasado por ser un destino turístico con reconocimiento internacional; sin embargo, en distintas ciudades de esta entidad federativa, la inseguridad, la delincuencia, la violencia, el nivel de impunidad y el deterioro ambiental, han provocado una descomposición del tejido social que urge de una atención inmediata con el ánimo de devolver la tranquilidad, así como asegurar el crecimiento y desarrollo de toda su sociedad.

Las estadísticas del Inegi y diversos estudios de opinión coinciden con esta situación, como ocurre con el realizado por Instituto para la Economía y la Paz (IEP) de 2015, en el cual informó: “Las ciudades guerrerenses de Acapulco y Chilpancingo son las más violentas del país, donde destacan por la elevada tasa de homicidios y el nivel de impunidad, y colocan a Guerrero como el estado más violento del país, por encima de entidades como Morelos, Sinaloa y Michoacán...” Por otro lado, señala que el nivel de impunidad en Acapulco y Chilpancingo es de 89 por ciento, por lo que de las 72 zonas metropolitanas evaluadas –las más pobladas del país– con los mayores índices de violencia se encuentran Acapulco, La Laguna, Tecomán, Chilpancingo y Culiacán.

En el estudio del IEP se menciona que “los crímenes cometidos por la delincuencia organizada -a pesar de que se han ido conteniendo- se ubican por encima del promedio nacional (...) es decir, de 100 por cada 100 mil habitantes, cuando a escala mundial es de 6, y en México es de 13 homicidios”.

Asimismo, señala que Guerrero es tierra propicia para cometer homicidios, debido al nivel de impunidad... Así, entre 2011 y 2012, la tasa promedio de este delito al menos en Acapulco era de 100 homicidios al año y para 2013 esa cifra creció 8 veces; es decir, 800 homicidios. Eso da un total de una tasa de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes”, de acuerdo con los datos presentados por la vocera de esta organización, Patricia de Obeso. Por otro lado, además de los datos habría que tomar en cuenta las cifras negras que incluyen los delitos homicidios y feminicidios no denunciados.

Pese a las inversiones en materia de seguridad realizadas en el estado, hay un déficit en términos de garantizar la paz, lo cual hace resaltar la necesidad de mantener los recursos destinados a Guerrero y, al mismo tiempo, impulsar políticas públicas integrales que permitan reconstruir el tejido social, la convivencia y el bienestar, y profundizar en el desarrollo integral de los habitantes del estado.

Nota: Este cuadro fue publicado el 26 de abril de 2016 en el diario El Economista, por el reportero Jorge Monroy, donde se muestran los 20 municipios más violentos del país.

El mismo titular del Ejecutivo federal ha impulsado mediante la Secretaría de Gobernación estrategias integrales que se considera deben llevarse a cabo de manera inmediata en Guerrero en coordinación con el gobernador y los titulares de los municipios, para que pueda ser exitosa, a saber:

A. Policía de proximidad

a) Dignificación de la figura policial, profesionalización y capacitación táctica.

b) Módulos de participación ciudadana para tener más acercamiento con la comunidad y atención de necesidades comunitarias.

c) Prevención social y situacional.

d) Reingeniería de las corporaciones policiales municipales para mejorar su vestuario, equipo e infraestructura de intervención.

e) Capacitación en protocolos para la operación policial.

f) Desarrollo de estrategias de atención de la comunidad para recuperar su confianza.

B. Prevención no policial para autoridades municipales

a) Prevención social del delito.

b) Participación de la ciudadanía en labores de prevención.

c) Manejo de violencia familiar y del entorno social.

d) Fortalecimiento institucional de instancias de prestación de servicios de atención de víctimas.

e) Rendición de cuentas.

f) Orientación hacia la resolución preventiva de problemas comunitarios.

C. Cibercriminalidad

a) Impulso del buen uso de los medios sociodigitales, y lucha contra la pornografía y la trata en los medios y las redes sociales.

b) Establecimiento de controles que adviertan al consumidor respecto del uso, la aplicación y las vulnerabilidades de programas de cómputo.

c) Diseño e implantación de una estrategia pública de toma de conciencia.

d) Sensibilización de servidores públicos, maestros, organizaciones sociales y otros actores relacionados con la problemática.

e) Estrategia nacional de prevención en redes sociales.

D. Niñez y juventud

a) Prevención, detección y atención de la violencia escolar (bullying).

b) Sensibilización de padres, alumnos y docentes en valores éticos y convivencia ciudadana.

c) Atención integral de jóvenes en conflicto con la ley.

d) Prevención de conductas de riesgo.

e) Integración y participación en la comunidad a través de actividades culturales, deportivas y recreativas que fomenten la cohesión social.

f) Mecanismos de participación y organización de jóvenes como actores de paz en favor del compromiso social y comunitario.

E. Deserción escolar

a) Fomento de las vocaciones tempranas en niñas, niños y jóvenes para disminuir situaciones de riesgo a través de la educación.

b) Diseño de programas educativos que colaboren a fortalecer el tejido social.

c) Sensibilización sobre la importancia de la cohesión social, la cooperación y la confianza en la comunidad.

d) Desarrollo de competencias para la vida.

e) Disminución de conductas psicoemocionales negativas en niñas, niños y jóvenes.

F. Comunidad

a) Establecimiento de rutas seguras de transporte público.

b) Modelo de justicia alternativa y mediación comunitaria.

c) Capacitación a servidores públicos en materia de prevención del delito.

d) Actividades que fortalezcan la identidad comunitaria y promuevan los derechos humanos.

e) Campañas informativas para promover un cambio cultural.

Estas acciones, como se aprecia, se impulsan desde el mismo Ejecutivo federal. De ahí que se consideraría un error realizar ajustes al Presupuesto en materia integral de seguridad. Por tal motivo, considero que debe realizarse una intervención presupuestal y gubernamental en sus tres niveles para restablecer la convivencia pacífica en Guerrero; de tal suerte que esta entidad requiere para mantener la seguridad pública un monto mínimo de 220 millones de pesos para 2017 en la materia, pues en 2016 le fueron asignados 190 millones, cuyos resultados aún no se manifiestan.

Por todo lo anterior y en congruencia con la política y estrategia de seguridad impulsadas por el Estado mexicano, someto a consideración de esta asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta atenta y respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de las secretarías competentes fortalezca los presupuestos, las políticas públicas y las acciones destinados a garantizar la seguridad pública en Guerrero para la prevención del delito y recuperar la paz.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo de Guerrero para que, en el marco de sus atribuciones, realice las gestiones pertinentes de los recursos en materia de seguridad pública y elabore políticas públicas integrales para recuperar la paz, la armonía, la convivencia y la seguridad en Guerrero.

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, a 27 de octubre de 2016.

Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a implantar acciones, campañas, protocolos y políticas públicas para prevenir, disminuir y erradicar la diabetes mellitus en la población en general, particularmente de los niños, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La niñez en cualquier lugar del mundo es considerada el capital del futuro de las naciones y al interior de la familia es la parte más sensible, razón por la cual, el Estado está obligado a promover acciones desde su nacimiento para que crezcan en un ambiente sano, libre de violencia y con las mayores garantías para un desarrollo pleno, así como a diseñar campañas, protocolos y políticas públicas que den respuesta inmediata al alarmante crecimiento de la diabetes mellitus en la población nacional y particularmente en las niñas y niños.

Por informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se sabe que actualmente la obesidad es un grave problema de salud pública, debido a que es asociada con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y cáncer.

De ahí que la obesidad infantil es uno de ellos. El problema es mundial y afecta progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo, en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 hay 42 millones de niños y niñas con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo.1

Las y los niños con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y enfermedades cardiovasculares.

La obesidad en la infancia y la adolescencia tienen consecuencias para la salud tanto a corto como a largo plazo. Las repercusiones más importantes del sobrepeso y la obesidad infantil que a menudo no se manifiestan hasta la edad adulta, son:

• Las enfermedades cardiovasculares -principalmente las cardiopatías y los accidentes vasculares cerebrales-,

• La diabetes,

• Los trastornos del aparato locomotor, y

• Ciertos tipos de cáncer -de endometrio, mama y colon-

Ahora bien, debe mencionarse que cada año mueren a consecuencia del sobrepeso y la obesidad por lo menos 2,6 millones de personas.2 Este trastorno también tiene en las y los niños efectos importantes que van mermando su salud física y psicológica, así como su calidad de vida con secuelas emocionales importantes como: aislamiento, depresión, baja autoestima e inseguridad, entre otros.3

Sobre las repercusiones de la obesidad en la salud, sobresale la diabetes mellitus. Existen principalmente dos tipos de diabetes mellitus, a saber:

La diabetes de tipo 1 (denominada también diabetes insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia), aparece cuando el páncreas no es capaz de producir una cantidad suficiente de insulina, la hormona que regula la presencia de azúcar en la sangre. Se ignora la causa, pero parece que se trata de una mezcla de factores genéticos y ambientales.

La diabetes de tipo 2 (también denominada diabetes no insulinodependiente, o de inicio en la edad adulta), se produce cuando el organismo es incapaz de utilizar eficazmente la insulina que sintetiza. Esta puede ser prevenible, ya que generalmente, es consecuencia del sobrepeso y de la falta de actividad física, y en ocasiones de una predisposición genética.

Recientemente se ha constatado un aumento del número de casos notificados de diabetes de tipo 2 entre las y los niños, así como los adolescentes, hasta el punto de que en algunas partes del mundo la diabetes de tipo 2 es el que más abunda entre la niñez. Existe una percepción generalizada de que el aumento mundial de la obesidad y de la inactividad física en la infancia está desempeñando un papel decisivo en ello.4

Actualmente México ocupa el octavo lugar mundial en la prevalencia de diabetes. Las proyecciones de los especialistas internacionales refieren que para el año 2025, el país ocupará el sexto o séptimo lugar, con 11.9 millones de mexicanas y mexicanos con diabetes. En cuanto a mortalidad por esta enfermedad, México ocupa el sexto lugar mundial y el tercer lugar en el continente americano.

Para colaborar en la solución de esta problemática, la OMS creó la Comisión para acabar con la obesidad infantil, presentando un informe sobre el tema, destacando que:

• La finalidad es revertir la creciente tendencia de los niños menores de cinco años al sobrepeso y la obesidad. Al menos 41 millones de niñas y niños de ese grupo de edad son obesos o padecen sobrepeso, y el mayor aumento de esa tendencia se observa en los países de ingresos bajos y medianos.

• La OMS ha de trabajar con los gobiernos para aplicar una amplia serie de medidas destinadas a abordar las causas ambientales de la obesidad y el sobrepeso y ayudar a las y los niños a iniciar su vida de manera sana, tal y como se merecen.

• El sobrepeso y la obesidad influyen en la calidad de vida de las y los niños, pues los exponen a toda una serie de dificultades, en particular a consecuencias de orden físico, psicológico y sanitario.

• El sobrepeso y la obesidad entrañan graves repercusiones sanitarias y económicas para ello, sus familias y la sociedad en su conjunto.

El informe también incluye seis recomendaciones destinadas a los gobiernos siendo estas las siguientes:

1. Promoción del consumo de alimentos saludables: Aplicar programas amplios que promuevan el consumo de alimentos saludables y contribuyan a reducir la ingesta de alimentos malsanos y bebidas azucaradas por parte de niñas, niños y adolescentes (por ejemplo, imponiendo gravámenes eficaces a las bebidas azucaradas y frenando la comercialización de los alimentos malsanos).

2. Fomento de la actividad física: Aplicar programas amplios que fomenten la actividad física y reduzcan los hábitos sedentarios de las y los niños y adolescentes.

3. Atención pregestacional y durante el embarazo: Integrar y reforzar las orientaciones relativas a la prevención de las enfermedades no transmisibles con orientaciones actuales sobre atención pregestacional y prenatal (para reducir el riesgo de obesidad en la niñez mediante la prevención del bajo y el alto peso al nacer, la prematuridad y diversas complicaciones del embarazo).

4. Alimentación y actividad física en la primera infancia: Proporcionar orientaciones sobre la alimentación, el sueño y la actividad física en la primera infancia; promover hábitos saludables y velar por que las y los niños crezcan adecuadamente y adopten esos hábitos -promoviendo la lactancia materna; limitando el consumo de alimentos con alto contenido de grasa, azúcar y sal, y garantizando que las y los niños tengan acceso a una alimentación sana y puedan hacer ejercicio en las guarderías-.

5. Salud, nutrición y actividad física de los niños en edad escolar: Aplicar programas amplios que promuevan entornos escolares saludables, la educación sobre salud y nutrición y la actividad física entre las y los niños en edad escolar y los adolescentes (mediante el establecimiento de normas relativas a las comidas en los centros escolares, la eliminación de la venta de bebidas y alimentos malsanos y la inclusión en los planes de estudio básicos de formación sobre salud y nutrición y una buena educación física).

6. Control del peso: Ofrecer a las y los niños, así como jóvenes obesos servicios de control del peso basados en la familia y en el modo de vida y con componentes múltiples.

En sus conclusiones, la Comisión insta a la OMS a institucionalizar en toda la Organización un enfoque intersectorial que abarque la totalidad del ciclo vital, con el fin de acabar con la obesidad infantil.

La obesidad infantil está asociada fundamentalmente a la dieta malsana y a la escasa actividad física, pero no es únicamente el comportamiento de la niña o el niño, también, cada vez más se vincula con el desarrollo social y económico, así como de las políticas en materia de agricultura, transportes, planificación urbana, medio ambiente, educación y procesamiento, así como la distribución y comercialización de los alimentos.

El problema es social y por consiguiente requiere un enfoque poblacional, multisectorial, multidisciplinario y adaptado a las circunstancias culturales que vive el país. El sobrepeso, la obesidad y la diabetes infantil, son en gran medida prevenibles. Por consiguiente hay que dar prioridad a la prevención de la obesidad infantil y reducir también el riesgo de la diabetes.

Las políticas, los entornos, las escuelas y las comunidades son fundamentales, pues condicionan las decisiones de los padres y los niños, y pueden hacer que los alimentos más saludables y la erradicación del sedentarismo sean la opción más sencilla (accesible, disponible y asequible), previniendo y reduciendo la obesidad, las enfermedades no transmisibles y sus altos costos, tanto físicos como económicos.

Por lo anterior, la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles adoptada en septiembre de 2011, reconoce la importancia crucial de reducir el nivel de exposición de las personas y las poblaciones a dietas poco sanas y al sedentarismo.

La declaración manifiesta el compromiso de promover la aplicación de la Estrategia Mundial de la OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, incluida la introducción de políticas y medidas orientadas a promover dietas sanas e incrementar la actividad física.

Así también, en la Asamblea Mundial de la Salud de 2012 los países integrantes acordaron trabajar para frenar cualquier futuro aumento de la proporción de niños con sobrepeso. Esta es una de las seis metas mundiales sobre nutrición destinadas a mejorar la nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño para 2025.

Cabe señalar que a nuestro país, le cuesta la obesidad aproximadamente 120 mil millones de pesos , cantidad que equivale a poco más de dos veces el costo de la línea dorada del metro o a casi tres veces el presupuesto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), estimaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se sabe que el 35 por ciento de los adolescentes, así como niñas y niños mexicanos presentan sobrepeso y obesidad, lo que coloca a nuestro país con la población infantil más grande con este problema; y en los adultos sube a 73 por ciento, lo que quiere decir que en total 60.6 millones de nacionales sufren esta condición.

El problema de estas altas cifras está en los costos que generan las enfermedades crónicas degenerativas y sus padecimientos de salud que le cuestan a nuestro país, aproximadamente del 25 al 27 por ciento de la participación del gasto público en salud, según el estudio “Carga económica de la obesidad y sus comorbilidades en pacientes adultos en México”.

Asimismo, según el reporte del IMCO, es 21 veces más barato cambiar de hábitos que tratar una diabetes complicada.5

En este sentido, se señalan algunos datos sobre la obesidad en México:

1. 42.6% de los hombres mayores de 20 años de edad, presentan sobrepeso y 26.8% obesidad. (Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012).

2. 35.5% de las mujeres mayores de 20 años de edad, presentan sobrepeso y 37.5% obesidad. (Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012).

3. En México, aproximadamente 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso.

4. La cintura del hombre debe medir menos de 90 cm y la de las mujeres menos de 80 cm.

5. Alrededor de 30% de menores de edad tiene sobrepeso u obesidad.

Según la OCDE, en los últimos 14 años, la tasa de obesidad en México pasó del 23.5 al 32.4 por ciento de la población, colocándose con la mayor proporción de obesos sólo después de Estados Unidos.

Los estados de la República con mayor incidencia en este problema son los siguientes:

Como porcentaje de la población

Por otra parte, en el ámbito internacional se estima que 178 millones de niños y niñas menores de cinco años en el mundo sufren de desnutrición crónica (baja talla para la edad), la cual es responsable del 35% (3.5 millones) de muertes en este grupo de edad.

En México, 1.5 millones de niñas y niños la padecen y es más prevalente en la región sur (19.2%) así como en las zonas con población indígena.6

Además, la situación del sobrepeso y la obesidad muestra que la prevalencia de sobrepeso afecta a cerca del 10% de los niños y niñas menores de cinco años, y que entre 2006 y 2012 se presentó un mayor aumento en la región norte.

En el grupo de escolares la prevalencia referida fue mayor en hombres que en mujeres, afectando al 34% de ellos y a un 35% de los adolescentes, en los cuales el problema de la obesidad se ha agudizado hasta alcanzar a 1 de cada 10 (OMS, 2012). En los adultos, 7 de cada 10 padecen sobrepeso y obesidad. En las mujeres, la mayor prevalencia de sobrepeso se ubica en las que tienen entre 30 y 39 años, y de obesidad en las que están entre los 50 y 59 años.

Mientras que en los niños y niñas en edad escolar se ha mostrado un paulatino crecimiento de estas condiciones entre 2006 y 2012, hasta alcanzar a más de 1 de cada 3 niños. El 26% de los que están en edad escolar (5-11 años) tenía peso poco saludable, y para el 2008 aumentó en 4 puntos porcentuales la prevalencia de sobrepeso y obesidad, alcanzando en el 2012 hasta un 34.4% (sobrepeso 19.8%; obesidad 14.6%).7

Estos datos alarmantes vienen a complementar las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que señalan que: más de 400 mil jóvenes (menores de 15 años de edad), sufren de diabetes “Tipo 1” o “Tipo 2”, y las principales causas son: una inadecuada nutrición, falta de actividad física y sedentarismo. La diabetes “Tipo 1” surge en las primeras semanas de nacimiento hasta los 30 años de edad, aunque es un período de cinco a siete años y durante la pubertad en donde suele ser más común.

Asimismo, la Secretaría de Salud señaló que en México existen cerca de 8 millones de personas que padecen diabetes tipo 2, y 1.5 niños de cada 100,000 viven con diabetes Tipo 1 (0-14 años). En poco más de 20 años, la tasa de incidencia entre niños y adolescentes se ha triplicado.8

Además, recientemente el estudio Kilos de Más, Pesos de Menos , elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que 8 millones 600 mil casos de diabetes están directamente relacionados con la obesidad, lo que le cuesta al país 85 mil millones de pesos al año.

Por todo lo anterior, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes constituyen un factor clave en el desarrollo de la infancia y de la población en general. La prevención de estos padecimientos es una inversión a corto, mediano y largo plazo que beneficiará a la actual generación y a las posteriores, por lo cual, debe estar presente en la agenda nacional como problema prioritario hasta lograr erradicarlo como un reto para mejorar la salud pública de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que implemente acciones, campañas, protocolos y políticas públicas encaminadas a prevenir, disminuir y erradicar la diabetes mellitus en la población en general y particularmente de las niñas y niños.

Notas

1 OMS, Obesidad y sobrepeso [en línea]: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html

2 Ibídem.

3 Teresa Shamah Levy, Maritza Alejandra Amaya Castellanos, Lucia Cuevas Nasu, Desnutrición y obesidad: doble carga en México, Revista Digital Universitaria, UNAM. 1 de mayo de 2015 vol.16, número 5

4 OMS, Aumento del sobrepeso y la obesidad infantiles. tp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html

5 elfinanciero.com.mx/nacional/obesidad-le-cuesta-al-ano-a-mexico-veces-e l-precio-de-linea-12-metro.

6 Gutiérrez JP, et al., “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. Cuernavaca”, México: Instituto Nacional de Salud Pública (MX), 2012.

7 Ibídem.

8 Redacción, Sin embargo, Panorama actual de diabetes infantil en México preocupa a pediatra, México, marzo 6, 2015

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a 27 de octubre de 2016.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes de la Unión a construir un acuerdo nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios, se dé atención total a los niños enfermos de cáncer, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Jesús Sesma Suárez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un diagnóstico de cáncer es devastador a cualquier edad pero cuando se trata de un niño, tanto el diagnóstico como el tratamiento toman otro cariz y resulta importante que el afectado reciba una atención temprana e integral.

Los cánceres en niños se tratan de manera diferente a los de los adultos. En este sentido, la oncología pediátrica surge como una especialidad médica que se concentra en la atención de niños con cáncer.

La oncología pediátrica responde a un grave problema que afecta a los sistemas de salud de todo el mundo. Debemos recordar que, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (2014), cada año se diagnostican en el mundo entre 175 mil y 250 mil nuevos casos de cáncer infantil y cerca del 90% de estos casos tienen lugar en países en vías de desarrollo, en donde la sobrevida global oscila alrededor del 20%.

En la otra cara de la moneda se encuentran los países industrializados, donde la sobrevida es superior al 50%. Entre los factores que explican dicha brecha podemos encontrar el desconocimiento y la falta de información acerca del cáncer, diagnósticos tardíos o erróneos, una infraestructura sanitaria deficiente, profesionales de la salud poco capacitados y el alto costo de los tratamientos.

Resulta entonces de suma importancia que consideremos el mejoramiento de la calidad de atención del cáncer infantil como una prioridad nacional, razones no faltan para justificar esta idea, por ejemplo:

• Los niños son nuestro insumo humano más valioso y por lo tanto merecen la oportunidad de vivir y desarrollarse plenamente.

• El acceso efectivo a la atención médica de calidad constituye un derecho humano y no un privilegio.

• La atención sanitaria oportuna y eficaz, el contar con medicamentos accesibles y de buena calidad, así como la cobertura universal para los menores que padecen cáncer redundarán en disminuir el número de muertes.

Si bien es cierto que nuestro país ha logrado grandes avances en cuanto al acceso efectivo, financiación y atención de los pacientes, aún quedan muchas cosas por hacer, empezando por garantizar la atención efectiva y de calidad a todos los niños y adolescentes que sufren esta enfermedad, con lo anterior se logrará modificar la expectativa de sobrevida global que los niños mexicanos tienen al ser diagnosticados con cáncer.

Los siguientes datos, suministrados por el estudio “Comportamiento Epidemiológico del Cáncer en menores de 18 años. México 2008-2014”, aportan una visión general sobre la situación de los niños con cáncer en nuestro país:

En México, como en otras partes del mundo, el cáncer es un problema serio de salud pública al ser la segunda causa de muerte en personas de entre 5 y 14 años de edad, con más de 5 mil nuevos casos diagnosticados anualmente, y una prevalencia de 23 mil pacientes.

El cáncer infantil cobra cada año la vida de 2,150 niños.

Los recursos humanos con los que cuenta nuestro país para atender a los niños con cáncer son limitados, para brindar atención a los 23 mil casos existentes, se contaba en 2014 con 180 oncólogos pediatras, 35 cirujanos oncólogos pediatras, 30 hematólogos pediatras, 10 radioterapeutas pediatras y 5 psico-oncologos pediatras, lo anterior es preocupante si se considera, por ejemplo, que el estándar internacional recomendado es de dos especialistas pos cada 50 casos.

Las complicaciones de la vigilancia epidemiológica en nuestro país provocan variaciones en las estadísticas respecto al seguimiento de los casos de cáncer infantil y la vía por la cual se les atiende en el sistema nacional de salud, sin embargo, existen diversas estimaciones que nos dan una idea de la magnitud del problema, especialmente en aquellos casos que carecen de atención, ya sea por falta de infraestructura, por falta de personal capacitado, o bien, porque los costos asociados al tratamiento no les permiten mantener fidelidad al mismo. Según datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP (AMANC), se estima que 2 mil 500 de los nuevos casos que se presentan en México reciben atención en instituciones de seguridad social; 2 mil tienen cubierto el costo de su tratamiento por el Sistema Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular); y el resto no tiene acceso aún a la atención médica especializada.

Resulta preocupante que alrededor de 2 mil 500 niños al año no tengan acceso a una atención médica adecuada para luchar en contra de la enfermedad. Cabe también señalar que el costo promedio de un tratamiento oncológico es de nueve mil pesos a la semana, de acuerdo a AMANC, lo cual en muchos casos, dadas las condiciones de pobreza y marginación de sus familiares, se vuelve incosteable, incluso para aquellos que sí tienen acceso al apoyo de las instituciones públicas de salud.

Los niños y sus familiares viven esta experiencia con gran dolor, incertidumbre y miedo. El tratamiento suele ser un proceso muy costoso que conlleva momentos difíciles para todos, sin embargo, está demostrado que los avances en las técnicas de diagnóstico y en los tratamientos han aumentado la supervivencia. Si bien es imposible evitar la aparición del cáncer en los niños, sí es posible salvarles la vida si se garantiza un tratamiento adecuado.

Por lo anteriormente expuesto, es que nuestro grupo parlamentario pone a consideración de la Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación a que lleven a cabo la construcción de un Acuerdo Nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios, se dé atención al 100 por ciento de los niños enfermos de cáncer en nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de octubre del año 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, relativo al seguimiento de las acciones del Estado mexicano, particularmente las referentes al cumplimiento de acuerdos y esquemas de atención de víctimas, y de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la CIDH sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, así como a la recepción y audiencia de diversas comisiones de esta soberanía de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en una reunión de trabajo en el salón de plenos, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. La noche del 26 y la madrugada de 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, fueron atacados y posteriormente desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, y hasta la fecha se ignora el paradero de los estudiantes, a pesar de que se tienen evidencias de que hubo participación directa de las autoridades y del crimen organizado.

Por ello, la sociedad mexicana y la comunidad internacional han exigido que: 1) se conozca la verdad de los hechos; 2) se realice una investigación imparcial y confiable en la que no se encubra a nadie; 3) se dé con el paradero de los jóvenes desaparecidos; 4) se castigue a todos los responsables de tan terrible acontecimiento.

Segundo. Por la trascendencia de los hechos, el 4 de octubre de 2014 la Procuraduría General de la República decidió atraer la indagatoria y desde ese momento es la responsable de conducir las investigaciones.

Tercero. En este orden de ideas, el día 6 de octubre de 2014, la Junta de Coordinación Política la Cámara de Diputados acordó crear la “Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con la desaparición de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero.

Cuarto. El 29 de octubre de 2014 el Presidente de la República tuvo una primera reunión con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, tras los hechos ocurridos el 26 de septiembre, con el fin de escuchar sus demandas.

La segunda reunión entre los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tuvo verificativo el 24 de septiembre de 2015.

Quinto. El 18 de noviembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos oficializó un acuerdo de cooperación técnica con el Estado mexicano sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, a quienes consideró víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Sexto. El día 10 de diciembre de 2014 familiares de las víctimas y abogados de los 43 estudiantes normalistas fueron recibidos por la Mesa Directiva del Senado de la República en las instalaciones del Senado. En dicha reunión los familiares intervinieron directamente exponiendo sus demandas y entregaron un pliego petitorio.

Séptimo. El 31 de enero de 2015 quedó finalmente conformado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así el 6 de septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó su informe sobre los hechos ocurridos en el que se señalan las contradicciones entre las declaraciones de las personas involucradas, las evidencias presentadas y las conclusiones a las que llegó la Procuraduría General de la República. El informe ofrece nuevas evidencias en torno a las agresiones y la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos, lo cual ha llevado a que se abran nuevas líneas de investigación sobre el móvil del crimen y el paradero de los estudiantes.

Octavo. En reacción a este informe, el 15 de septiembre de 2015, la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó la creación de la nueva “Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

Noveno. A más de dos años de ocurrido el ataque y desaparición de los jóvenes estudiantes, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es el único órgano del Estado mexicano que no ha recibido a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, lo cual constituye una omisión, considerando que el artículo primero constitucional establece la obligación de todas las autoridades, incluida, por supuesto, esta Cámara de Diputados, de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de tal forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado.

La omisión de esta Cámara de Diputados para recibir a los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas atacados y desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, vulnera los derechos humanos de las víctimas, de los padres de familia y de la sociedad en su conjunto .

Esta falta de atención motivó que el día 24 octubre de 2016 los padres de familia de los estudiantes instalaran un plantón a las puertas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exigiendo que sean recibidos en el salón de Plenos y sean escuchados para plantear su versión de los hechos y sus demandas.

El mismo día 24 de octubre de 2016, fueron recibidos por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y un día después, el 25 de octubre, una comisión de los padres de familia de los normalistas y sus representantes legales ingresaron al interior de la Cámara y se presentaron ante la Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones del Estado mexicano, particularmente aquellas referentes al cumplimiento de acuerdos y esquemas de atención a víctimas, así como el seguimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”; ahí demandaron que esta comisión legislativa gestione que sean recibidos ante el Pleno por el conjunto de los diputados y se fije fecha y hora para su asistencia.

Cabe resaltar que existen diversos oficios presentados por los padres de familia del 2 de enero de 2016 y el 10 de marzo del mismo año en el que se hace la petición expresa para comparecer ante el Pleno y que mediante oficio de fecha 20 de julio de 2016 , su representación legal hace una propuesta del formato para las comparecencias, mismo que fue remitido por la anterior Presidenta de la “Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, al expresidente de la Junta de Coordinación Política, diputado César Camacho Quiroz, el 21 de julio de este 2016 . Oficios que a 25 meses de la desaparición forzada de los estudiantes no han obtenido respuesta.

Recibir y escuchar a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa es un imperativo ético, político y legal que debe ser atendido.

Las formalidades para ello pueden ser cubiertas con voluntad política, respetando la Constitución Política Federal y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 77 fracción I, faculta a cada Cámara para “Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior”, por lo que la posibilidad de que hablen en la tribuna distintos actores sociales, deviene de la decisión adoptada por la asamblea soberana de las Cámaras.

Asimismo, el Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 31 numeral 2, establece los casos especiales en lo que puede hacerse uso de la tribuna por parte de particulares.

Artículo 31.

1. El uso de la tribuna de la Cámara le corresponderá exclusivamente a los diputados, diputadas y a los servidores públicos referidos en el artículo 124, numerales 2 y 3 de este Reglamento; así como a quienes deban intervenir en el desahogo de la declaración de procedencia y juicio político.

2. Las personas distintas a las mencionadas en el numeral anterior podrán hacer uso de la tribuna, cuando la Cámara celebre una Sesión solemne para que reciban algún reconocimiento o mención especial, a título personal o a nombre de alguna institución u organización, y en situaciones especiales , a propuesta de la Junta, con el acuerdo del Pleno.

Por otra parte, existe el precedente de la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con delegados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, celebrada el 28 de marzo 2001.

Así, el uso del Pleno fue legalmente autorizado en una situación especial para el deshago de una reunión de trabajo, derivada de un punto de acuerdo presentado y resuelto por el Pleno de la Cámara, tal y como puede observarse en la Gaceta Parlamentaria del viernes 23 de marzo de 2001.

Recibir a individuos y permitirles transmitir mensajes o hacer uso de la palabra en las tribunas de las Cámaras es una decisión autónoma y un acto de soberanía que, apoyado en la norma constitucional invocada y el reglamento de la Cámara de Diputados, es jurídicamente válido.

En razón de las consideraciones arriba vertidas, se propone a esta soberanía, como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda que la Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones del Estado mexicano, particularmente aquellas referentes al cumplimiento de acuerdos y esquemas de atención a víctimas, así como el seguimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, y las comisiones de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación, Seguridad Pública, Defensa y Marina, reciban y escuchen a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en una reunión de trabajo en el recinto del Pleno de esta soberanía.

Segundo. En dicha reunión harán uso de la tribuna los padres de familia de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos.

Tercero. La mecánica de la reunión será la siguiente:

1. A manera de recepción, iniciará la presidencia de la comisión especial;

2. Harán uso de la palabra los padres de familia en un número de nueve hasta por un lapso de 10 minutos cada uno.

3. Se posicionarán y responderán los grupos parlamentarios representados en esta Cámara así como el diputado independiente, uno por cada grupo parlamentario, comenzando por el diputado independiente y siguiendo en el orden de menor a mayor conforme a la proporción que representen las distintas bancadas, hasta por un lapso de 10 minutos cada uno.

4. Hará uso de la tribuna un padre de familia hasta por un término de 10 minutos.

5. Terminará la reunión la presidencia de la comisión especial.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de octubre de 2016.

Diputados: Araceli Damián González (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y la Sedatu a cumplir la sentencia mediante la cual se deberán restituir o, en su caso, indemnizar las tierras ejidales de Tlajomulco de Zúñiga, donde se halla el aeropuerto internacional de Guadalajara, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Salvador Zamora Zamora , diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dé cumplimiento a la sentencia mediante la cual deberá restituir o en su caso indemnizar las tierras ejidales de los ejidos del Zapote del Valle, Santa Cruz del Valle, Toluquilla y San José del Valle, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se ubica el hoy Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, y al acuerdo de la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados de fecha 3 de marzo de 2016, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, José García Franco, Manuel Gómez López y Miguel Magaña Murillo, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal del poblado denominado “El Zapote”, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, promovieron juicio de amparo indirecto, en contra de la ocupación ilegal ordenada el 14 de mayo de 1968, de un total de 306-89-60 hectáreas de terrenos del ejido del Zapote del municipio de Tlajomulco de Zúñiga; del Decreto expropiatorio de fecha 19 de septiembre de 1975 y su ejecución; así como de su respectivo avaluó.

2. Derivado de lo anterior y toda vez que en terrenos que no fueron propiedad de la federación y por lo tanto de la hoy Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se otorgó una ilegal Concesión a favor del Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, el 29 de junio de 1998, y su modificación el 15 de noviembre de 1999, acto que también fue reclamado.

3. La demanda de amparo indirecto fue turnada al juzgado tercero de distrito en materia administrativa de Jalisco, hoy juzgado tercero de distrito en materias administrativa y de trabajo de Jalisco, el cual, en acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil nueve la registró bajo el número 1788/2009.

4. En ampliación de demanda se reclamó la orden de ejecución de fecha 10 de septiembre de 2009 , del decreto de la expropiación de 19 de septiembre de 1975, publicado en Diario Oficial de la Federación el día 26 de noviembre del 1975, en el que se expropia una superficie de 306-89-60 hectáreas de terrenos del ejido del Zapote, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para destinarse a la ampliación del aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, acto que no obstante de encontrarse en proceso judicial, se intentó ejecutar, acto que fue suspendido por el juzgado.

5. El día 7 de mayo de 2009 se emitió oficio del director administrativo y financiero de Fifonafe, relativo al depósito recibido por cuarenta millones novecientos diez y nueve mil noventa y siete pesos 29/100 M.N. relativo a la indemnización correspondiente por la expropiación de 306 hectáreas al ejido el Zapote del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en la que afirma de forma inexacta que con este monto se cubrió la indemnización en tiempo y forma, a pesar de que no se atiende al cumplimiento del artículo 121 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, que establece el valor comercial de los terrenos expropiatorios atendiendo al destino del proyecto en este caso del Aeropuerto de Guadalajara

6. Con sentencia de fecha cuatro de abril del dos mil catorce, el juzgado tercero de distrito en materias administrativa y de trabajo de Jalisco resolvió en su segundo resolutivo la justicia de la Unión ampara y protege el ejido “El Zapote”, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco” , obligando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consiente del estado actual que guardan las tierras materia de la expropiación, cuya causa fue la ampliación del Aeropuerto de Guadalajara, no permiten la restitución, en virtud de la existencia de construcciones ya efectuadas para el adecuado funcionamiento de dicha terminal área, deberá cuantificar , la responsable, el monto que corresponda en sustitución de la restitución de las tierras, por lo tanto también se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitados en contra también de la concesión otorgada el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, por el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a favor del Aeropuerto de Guadalajara, sociedad anónima de capital variable; así como de su modificación de quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en virtud de que los bienes concesionados fueron expropiados al ejido quejoso, mediante un procedimiento que ha sido declarado inconstitucional. Únicamente respecto de la superficie de terreno materia del decreto expropiatorio analizado en el juicio.

7. El 10 de diciembre de 1975, se publicó el decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación, respecto del poblado de Santa Cruz del Valle en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, por una superficie de 298-16-15.86 hectáreas, con destino para hacer el aeropuerto de Guadalajara.

8. El juzgado cuarto de distrito en materia administrativa y de trabajo de Jalisco, en el expediente 528-1997 dicto sentencia el 31 de diciembre de 2012, concediendo la protección constitucional y declarando insubsistente el Decreto expropiatorio, materia del acto.

9. A la fecha y a pesar de tener esta sentencia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha negado a dar el debido cumplimiento e inclusive de negociar con los ejidatarios, provocando lo que vimos esta semana cuando manifestantes bloquearon el estacionamiento de la terminal aérea. En la revisión el cuarto tribunal colegiado de circuito del centro auxiliar de la tercera región en el toca 761/2013 se confirmó el 3 de octubre de 2013 la sentencia recurrida, por lo que desde el 21 de enero de 2014, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dicto acuerdo de cumplimiento de sentencia, sin embargo este no da cumplimiento a la sentencias referidas, ya que ni se han devuelto las tierras o se ha indemnizado a los afectados.

10. De lo anterior se deduce que el poblado de Santa Cruz del Valle, tiene más 30 meses luchando por el cumplimiento de la sentencia sin poderlo lograr ya que el Indaabin lleva 9 meses haciendo el avalúo y no lo puedo concluir.

11. Con fecha 3 de marzo de 2016, la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad de sus integrantes Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a convocar a una mesa de trabajo con ejidatarios de Zapote del Valle, Santa Cruz del Valle, Toluquilla y San José del Valle, del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en relación con la expropiación de 306 hectáreas ejidales para la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara.

12. Que el pasado 29 de febrero los ejidatarios de El Zapote se instalaron en las salas de espera del aeropuerto y ese día bloquearon el ingreso al estacionamiento. Esto, en demanda del pago de 306 hectáreas de su ejido que fueron usadas para la terminal aérea. Una de las estimaciones que presentaron, es de tres mil 600 millones de pesos, según avalúo comercial, cantidad que están dispuestos a negociar.

13. Como parte de las acciones para ejercer presión para que las autoridades lleguen a un acuerdo, los ejidatarios de El Zapote, anunciaron en los próximos días serán cerrados los locales comerciales al interior de la terminal aérea.

14. Es urgente dar solución final y conforme a la sentencias obtenidas en procesos judiciales mostrando que primero se están respetando las instituciones y los canales oficiales y que realmente la autoridad la renuente en hacer cumplir el estado de derecho

15. Es indispensable que a través de esta soberanía, hagamos un llamado al Ejecutivo federal, para detener la escalada de acciones que seguramente terminaran en pérdidas materiales y en el peor de los casos humanas, por la falta de sensibilidad en hacer cumplir la ley.

Considerandos

Primero. Que desde 2014 los ejidatarios tienen los elementos legales, para solicitar un pago real por sus tierras.

Segundo. Que de conformidad el artículo 121 de la Ley Federal de la Reforma Agraria establece que:

Toda expropiación de bienes ejidales y comunales deberá hacerse por decreto presidencial y mediante indemnización, cuyo monto será determinado por avalúo que realice la Secretaría del Patrimonio Nacional, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados en función del destino final que se haya invocado para expropiarlos.

Por lo tanto, el pago reclamado por los ejidatarios no rebasa lo que la propia ley establece, reclamo que por lo tanto se convierte en valido y legal.

Tercero. Que a la fecha, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, no ha dado una solución clara al conflicto con las tierras que ocupa el Aeropuerto de Guadalajara.

Cuarto. Que es indispensable para la economía del País resolver este conflicto, de la mejor manera y que en el futuro se eviten este tipo de atropellos por parte de la autoridad.

Quinto. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara en 2014 recibió a 8 millones 733 mil 500 pasajeros, mientras que en 2015 recibió a 9 millones 790 mil 800 pasajeros, es decir es uno de los aeropuertos más importantes del país; y

Sexto. Que de manera inmediata, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano den cumplimiento a la sentencia emitida por el juzgado tercero de distrito en materias administrativa y de trabajo de Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que den cumplimiento a la sentencia mediante la cual deberá restituir o en su caso indemnizar las tierras ejidales de los ejidos del Zapote del Valle, Santa Cruz del Valle, Toluquilla y San José del Valle, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se ubicar el hoy Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a 27 de octubre de 2016.

Diputado Salvador Zamora Zamora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal la extensión de la prórroga para la importación definitiva de vehículos usados en la frontera norte, a cargo de Luz Argelia Paniagua Figueroa, en nombre de los diputados de Baja California del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Luz Argelia Paniagua Figueroa, con los diputados de Baja California integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a consideración de esta soberanía siguiente proposición con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a llevar a cabo medidas pertinentes y necesarias a fin de lograr prorrogar la importación definitiva de vehículos usados, la cual se justifica al tenor de las siguientes

Consideraciones

México comparte una extensa frontera con los Estados Unidos, pues se extiende por más de 3 mil kilómetros –de los cuales Tijuana y Mexicali, Baja California, representan una parte importante de la población fronteriza de México.

La información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el año pasado había en Baja California 1 millón 108 mil 758 vehículos de motor registrados en circulación (excluye motocicletas), y debido a su cercanía geográfica con Estados Unidos, la franja fronteriza presentan características económicas diferentes del resto del país, especialmente por lo que se refiere a la importación de vehículos fronterizos.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece en el anexo 300-A, apéndice 300-A.2, párrafo 24, que a partir del 1 de enero de 2009 y gradualmente hasta 2019, el país no puede adoptar prohibición de restricción de vehículos originarios usados, provenientes de nuestros socios comerciales de Canadá y Estados Unidos;

El artículo 302, párrafo 2, con relación al propio tratado, prevé una desgravación progresiva de aranceles de bienes originarios, incluidos los vehículos usados, en concordancia con sus listas de desgravación incluidas en el anexo 302.2., que a la letra dice:

México podrá adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación de vehículos usados provenientes de territorio de otra de las Partes, con excepción de lo siguiente:

a) A partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 10 años de antigüedad;

b) A partir del 1 de enero de 2011, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 8 años de antigüedad;

c) A partir del 1 de enero de 2013, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 6 años de antigüedad;

d) A partir del 1 de enero de 2015, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 4 años de antigüedad;

e) A partir del 1 de enero de 2017, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 2 años de antigüedad;

f) A partir del 1 de enero de 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/AN300A.asp).

El 31 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, con objeto de regular su importación definitiva al territorio nacional, cuya vigencia se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2016.

En dicho decreto se menciona: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad de estas medidas, al establecer que no se transgreden los artículos 14 y 133 constitucionales. De igual forma, en jurisprudencia definida y obligatoria ha resuelto que no procede otorgar la suspensión del decreto cuya vigencia se prorroga, al considerar que de concederse se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público”.

Ahora bien, en términos de las manifestaciones establecidas, tenemos a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a llevar a cabo las medidas pertinentes y necesarias a fin de lograr prorrogar la importación definitiva de vehículos usados hasta 2018.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que se permita la importación de vehículos cuyo año de modelo sea de más de 10 años anteriores al año en que se realice la importación de acuerdo con lo que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Solicitamos que este punto de acuerdo sea considerado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2016.

Diputados: Luz Argelia Paniagua Figueroa, José Teodoro Barraza López, Gina Andrea Cruz Blackledge, José Máximo García López, Exaltación González Ceceña, Wenceslao Martínez Santos, Jacqueline Nava Movett, Jorge Ramos Hernández, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Luisa Sánchez Meza, María Eloísa Talavera Hernández (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y la Cofepris a realizar acciones sobre el uso de plaguicidas que causan graves afectaciones a las abejas y otros polinizadores en el país, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que en el marco de la Conferencia de las Partes sobre la Diversidad Biológica (COP13), por celebrase en Cancún, Quintana Roo, del 4 al 17 de diciembre, la Asociación de Consumidores Orgánicos y organizaciones afines han lanzado la campaña #PonteAbeja a fin de eliminar el uso de plaguicidas que afectan gravemente a los polinizadores en México, provocando el declive de las abejas y el síndrome de colapso de colmenas.

Que la COP13 es el máximo órgano de gobierno del Convenio sobre la Diversidad Biológica y reúne a los representantes de los países parte y actores clave encargados de promover su aplicación.

Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica es “el instrumento global más importante para promover la conservación de la biodiversidad, el uso sustentable de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos”.1 El convenio entró en vigor en diciembre de 1993 y actualmente cuenta con 196 partes. México lo firmó el 13 de junio de 1992 y lo ratificó el 11 de marzo de 1993.

Que esta grave problemática ha provocado que diversas organizaciones de la sociedad civil estén emprendiendo acciones para exigir una postura responsable del gobierno federal para que las instancias encargadas como la Sagarpa y la Cofepris lleven a cabo medidas para eliminar el uso de plaguicidas.

Que en lo que va del año se han publicado noticias y reportajes que dan cuenta de la situación que han enfrentado los apicultores mexicanos; algunas cifras muestran que la producción y comercialización de miel ha caído en tasas mayores de 50 por cierto en los últimos 2 años y se han documentado afectaciones y disminuciones significativas de colmenas en las principales regiones productoras del país.

Que se ha relacionado una parte de la problemática con el uso de insecticidas neonicotinoides en las actividades agropecuarias, aunado a la inefectividad de la Sagarpa para prevenir daños y hacerse cargo de éstos cuando ya se generaron.

Que los insecticidas neonicotinoides son los más usados a escala mundial en la agricultura y jardinería y son producidos principalmente por las grandes y poderosas empresas Bayer y Syngenta. Sin embargo, hay muchos otros actores involucrados en la producción y comercialización de estas sustancias sumamente tóxicas que sin la regulación y el monitoreo adecuado, están generando daños irreversibles en polinizadores y contaminación de suelos, agua y alimentos que consumimos.

Que recientemente Rémy Vandame, investigador de El Colegio de la Frontera Sur, especialista en abejas y una de la voces de la campaña #PonteAbeja, ha declarado que en el país “no sabemos de la importancia que pueden tener los plaguicidas en el problema de mortalidad y, más grave aún, y ésta es una preocupación no solamente para las abejas: no sabemos a detalle qué plaguicidas se usan, en qué cantidad, dónde y en qué momento. No sabemos los grados de contaminación del suelo, del agua potable o de los alimentos. No sabemos los efectos sobre la salud de los animales y sobre nuestra salud”.2

Que la importancia de las abejas en el sector agrícola mexicano se deriva de que son los polinizadores más importantes de frutos, vegetales, flores y cultivos de relevancia comercial.3

Que más de un tercio de la producción agrícola mundial depende de la polinización de las abejas. Hay más de 20 mil especies de abejas en el mundo; es decir, más especies que de mamíferos y pájaros juntos.

Que es urgente atender y resolver el gran vacío de información, la opacidad y la falta de monitoreo sobre el uso de plaguicidas sumamente tóxicos en el país.

Que algunas de las asociaciones unidas a la campaña #PonteAbeja son Asociación de Consumidores Orgánicos Colectivo Ecologista Jalisco Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible Colectivo MA-OGM Eric Vides Borrel y Rémy Vandame, investigadores del equipo abejas de El Colegio de la Frontera Sur, Fundar, Centro de Análisis e Investigación Mercado El Cien, AC, Doctor Pablo Jaramillo, Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM-Campus Morelia, Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México, SlowFood México y Centroamérica.

Que es necesario que desde el Poder Legislativo nos unamos a esta campaña, con objeto de sumar y generar acciones que detengan y solucionen la problemática que enfrentan los polinizadores en México y Latinoamérica.

Que nuestra exigencia va dirigida a los gobiernos y las empresas dejar de dañar, respetar nuestros derechos fundamentales a la salud, ambiente sano y alimentación, e implantar soluciones efectivas.

Por lo expuesto y fundado es de solicitar que esta soberanía apruebe los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a impulsar la integración del tema de la eliminación del uso de plaguicidas que afectan a las abejas y otros polinizadores en el país en la agenda de trabajo de la próxima Conferencia de las Partes sobre la Diversidad Biológica, por celebrase en Cancún, Quintana Roo, del 4 al 17 de diciembre, a efecto de salvaguardar la biodiversidad en México.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a los gobiernos locales a realizar acciones para eliminar el uso de plaguicidas que causan graves afectaciones a las abejas y otros polinizadores en el país.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos locales a promover y fortalecer el uso de biofertilizantes y bioplaguicidas en el sector agrícola mexicano, así como a apoyar opciones agroecológicas para el control de plagas, y así lograr la producción de alimentos sanos, cuidando a las abejas y otros polinizadores.

Notas

1 Convenio sobre la Diversidad Biológica, ¿Qué es el CBD? Disponible en
http://cop13.mx/convenio-sobre-la-diversidad-biologica-cdb/

2 “Uso de plaguicidas y mortalidad de abejas en México: una creciente urgencia”, en el suplemento científico de La Jornada Veracruz, El Jarocho Cuántico, agosto 2016. Disponible en
http://www.jornadaveracruz.com.mx/extras/20168/160806_999.pdf

3 Torres Beristáin, Beatriz; Boege, Eckart; y Zepeda, Raquel (editores). “Las abejas: su importancia para la naturaleza y nuestra sobrevivencia”, en El Jarocho Cuántico, al son de la ciencia. La Jornada de Veracruz, agosto de 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2016.

Diputada Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a garantizar suficiencia al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, cuyos trabajadores generan investigación y desarrollo tecnológico en el sector, estratégico para la seguridad y el progreso nacionales, suscrita por los diputados Rodrigo Abdala Dartigues, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Rodrigo Abdala Dartigues, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio en nuestra calidad de diputados de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados; así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera . Que el 6 de mayo de 1976 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea un organismo técnico administrativo dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos denominado Comisión del Plan Nacional Hidráulico y en él se establece que el objetivo de esta comisión era “formular y mantener actualizado un Plan Hidráulico Nacional de la República Mexicana” para que se “atienda con la eficacia, rapidez y oportunidad que el desarrollo del país requiere, la planeación, estudio y solución a los problemas del uso del agua para riego, agua potable, acuacultura y drenaje”1 .

Segunda . Que el 7 de agosto de 1986 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el organismo técnico administrativo denominado Comisión del Plan Nacional Hidráulico y a partir de ese instante será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y se denominará Instituto Mexicano de Tecnología del Agua .

En este decreto se establece que “el instituto tendrá como objeto desarrollar la tecnología y los recursos humanos calificados que sean necesarios para asegurar el aprovechamiento y manejo racional e integral del agua, a corto y largo plazos”, y que para lograr lo anterior tendrá, entre otras, las facultades de “orientar, promover y realizar los programas de investigación, capacitación y divulgación científica y tecnológica para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos” así como planear y coordinar los programas y proyectos de competencia” además de “proponer orientaciones de política hidráulica nacional”2.

Tercera . Que el 21 de mayo de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica3 , Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual estable los principios conforme a los cuales el gobierno federal “apoyará las actividades de investigación científica, tecnológica y de desarrollo tecnológico que realicen personas o instituciones de los sectores público, social y privado” y “establece los mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública federal”, con “los gobiernos de las entidades federativas” y las formas de fortalecimiento y evaluación de gestión de las entidades paraestatales cuya labor sustantiva sea la investigación científica o tecnológica, además de “vincular la investigación científica y tecnológica con la educación”.

Cuarta . Que el 30 de octubre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se transforma el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de un órgano desconcentrado a cargo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos a un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya coordinación sectorial corresponderá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales4 , quien dictará las políticas normativas, coordinará la programación y conocerá la operación y los resultados, conservando el instituto la autonomía de gestión para el cabal cumplimento de su objeto y de los objetivos y metas señalados en sus programas.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) tiene como objeto y atribuciones predominantes según los artículos 2 y 3 del mismo decreto, la de realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país, así como realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y actividades de investigación y de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología y de formación de recursos humanos calificados, que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sustentable e integral del agua; contribuir al desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del agua que mejor se adapten a las condiciones del país, así como cualquier actividad relacionada con la ejecución de su objeto investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

El IMTA es la única institución federal en México dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico en este sector estratégico para la seguridad y el desarrollo nacional.

Quinta . Cabe resaltar que a lo largo de su existencia el IMTA cuenta con mil 754 proyectos realizados y ha logrado consolidarse como el brazo científico y tecnológico del sector agua en México, además de colaborar en el desarrollo de las capacidades institucionales, técnicas y profesionales del propio sector. Para ello, ha contribuido con la aportación de propuestas dirigidas a resolver problemas relacionados con el uso, aprovechamiento, el saneamiento, la preservación y administración del recurso.

Entre ellas destacan:

1. Una metodología que atiende en forma integral las pérdidas de agua por fugas en tuberías y accesorios.

2. La metodología y diseño y construcción de dispositivos de aireación forzada para introducir oxígeno en lagos y lagunas.

3. Estudios experimentales para aplicarse en el diseño, construcción y operación de obras de infraestructura hidráulica.

4. Elaboración de modelos numéricos para comportamiento acuíferos y pronósticos de la atmósfera.

5. Estudios para identificar tipos y grados de la contaminación del agua.

6. Estudios hidrometeorológicos, hidrodinámicos, limnológicos y sociales para elaborar diagnósticos socioambientales de ríos y lagunas.

7. Definición de criterios de diseño de lagunas de estabilización para tratamiento de aguas residuales.

8. Desarrollo y aplicación de métodos para el control integral de malezas acuáticas en lagos, vasos y presas.

9. Desarrollo de un sistema computacional para programación de riego en tiempo real.

10. Un programa para rehabilitación de suelos ensalitrados.

11. Producción y difusión de unidades educativas audiovisuales para modificar hábitos de la población en cuanto al desperdicio y contaminación del agua.

12. Edición de la revista Tecnología y Ciencias del Agua (antes Ingeniería Hidráulica en México ), foro de intercambio científico y tecnológico en ingeniería del agua.

13. Diseño y operación de programas de capacitación en riego y drenaje; agua potable, alcantarillado y saneamiento; aguas superficiales e ingeniería de ríos y administración del agua.

Es de señalar que varios investigadores del IMTA ocupan cargos honoríficos en asociaciones, academias e institutos de educación superior; así como representaciones en diversos comités editoriales y de organización de congresos, seminarios y simposios relacionados con el sector agua. Complementariamente, ha brindado múltiples asesorías en temas hidráulicos a instituciones nacionales e internacionales.

Asimismo en los laboratorios del instituto, se han diseñado algunas de las principales obras hidráulicas recientes utilizando modelos a escala reducida. Recientemente el instituto ha generado conocimiento de gran importancia, documentado en el Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el cambio climático, para enfrentar y prever en nuestro país los efectos de este fenómeno.

También, ha diseñado el Doctorado en Ciencias y Tecnología del Agua y la maestría en Ciencias del Agua, modalidad a distancia, para fortalecer las actividades relacionadas con la gestión integral del agua y de la hidrometeorología y la meteorología operativa.

Sexta . Sin embargo, a pesar de sus logros técnicos y científicos los trabajadores, profesionistas especializados que laboran en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua no han podido ejercer, hasta la fecha, de los derechos laborales plenos que les corresponden conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

En este orden de ideas, a fin de garantizar la defensa de sus derechos laborales, los profesionistas especializados de la institución demandaron la creación de su sindicato gremial y el 20 de septiembre de 2013 , la autoridad laboral otorgó la toma de nota en el expediente 10/13952 correspondiente a la organización denominada Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua .

A partir del registro, se ha emplazado a la institución a la firma del contrato colectivo de trabajo, no obteniendo a la fecha acuerdo formal para el reconocimiento del derecho pleno de la contratación colectiva de los trabajadores, generándose de manera innecesaria y artificial un conflicto de orden laboral.

Séptima . Es necesario señalar que los trabajadores están en todo su derecho de organizarse y pedir la contratación colectiva. La constitución y la ley así se los permiten. Por lo que resulta inexplicable la actitud de cerrazón de las autoridades que actualmente encabezan el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para impedir el ejercicio de un derecho.

Octava . Los trabajadores del IMTA han sufrido un congelamiento salarial desde el año 2003, con una inflación acumulada de aproximadamente 67 por ciento, lo que ha provocado un grave perjuicio en el bienestar de estos trabajadores y sus familias. Con el estancamiento de su salario, ahora los investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua perciben los ingresos más bajos en comparación con sus similares de los demás CPI afines en México.

Novena. Los ingresos totales del IMTA se integran por Transferencias Federales e Ingresos Propios. Durante el periodo de congelamiento salarial los ingresos propios crecieron hasta alcanzar actualmente una proporción aproximadamente igual con respecto a los recursos fiscales, es decir, 50 por ciento y 50 por ciento. Existe una tendencia hacia la reducción presupuestal de transferencias federales.

En 2016 el IMTA padeció una reducción de 36.2 millones de pesos con respecto a lo asignado en 2015.

Los incrementos anuales generales de los salarios no serían suficientes para compensar el poder adquisitivo de los trabajadores del IMTA perdido con el congelamiento salarial. El poder adquisitivo se recuperaría exitosamente a través de prestaciones, como paso con otros CPI de perfil similar al del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, tales son los casos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, institutos.

A principios de 2016, la federación aplicó una reducción presupuestal de 36.2 millones de pesos al IMTA con respecto al 2015, de los cuales 15.3 millones de pesos fueron aplicados a la indebida cancelación de 35 plazas laborales, lo que afectó gravemente la capacidad laboral y misión del IMTA. Aunado a que el promedio de edad de los investigadores es de más de 55 años de edad, por lo que resulta necesario que dicho instituto cuente con un programa de retiro digno que promueva la sana renovación del recurso humano del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Décima. Con relación a los ingresos propios, el IMTA ha tenido un crecimiento sostenido de 20 por ciento cada año, en donde el promedio anual de dichos ingresos es de 230 millones de pesos. Durante la vida de este instituto el crecimiento de los ingresos propios ha provocado la disminución de los ingresos fiscales, a la fecha el 51 por ciento del presupuesto del instituto es por ingresos propios. Actualmente se tiene un acumulado de 245 millones de pesos, que no se pueden ejercer sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Undécima. Considerando los antecedentes referidos y que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados dictaminará el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, es necesario que se fortalezca al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua con una ampliación presupuestal de 138.9 millones de pesos, bajo el siguiente esquema de aplicación:

1. 61.7 millones para salarios y prestaciones contemplados en el contrato colectivo de trabajo.

2. 16.1 millones de pesos para recuperar 35 plazas de investigadores y operativos, que a finales de 2015 fueron despedidos injustificadamente.

3. 62.1 millones para un bono de retiro voluntario para los trabajadores que han cumplido los requisitos para su jubilación, este monto es por única vez.

Se solicita que los 77.8 millones los proporcione la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los 62.1 millones de pesos los libere por única vez de los recursos propios autogenerados, cuyo monto actual es de 245 millones de pesos.

Por las consideraciones vertidas, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar suficiencia financiera al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, considerando que sus trabajadores generan investigación y desarrollo tecnológico en este sector estratégico para la seguridad y el progreso nacional.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación, 6 de mayo de 1976 páginas 18 y 19
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4844742&fecha=06/05/1976&cod_diario=208414

2 Diario Oficial de la Federación 7 de agosto de 1986
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4804200&fecha=07/08/1986

3 Diario Oficial de la Federación 21 de mayo de 1999
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4948704&fecha=21/05/1999

4 Diario Oficial de la Federación 30 de octubre de 2001 https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf5Mets6DLAhVGwGM KHas9B2EQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fc odigo%3D760175%26fecha%3D30%2F10%2F2001&usg=AFQjCNHGQ8N2VWDeyy_62zU 3CEDX74iJCg

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2016

Diputados: Rodrigo Abdala Dartigues, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Juan Romero Tenorio (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a la armonización de cartas magnas locales con la reforma de derechos humanos de 2011 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, María Elida Castelán Mondragón diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los numerales 1 y 2 fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Antecedentes

Dentro del propósito de indagar los avances en las entidades federativas en el proceso de armonización, conforme a las disposiciones jurídicas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obtenidas como resultado de la Reforma de derechos humanos de 2011, el primer producto a analizar ha sido el de cotejar los cambios realizados a las constituciones estatales con los contenidos de la reforma citada. Se trata de una comparación entre lo estipulado en el texto de la Carta Magna del país y los textos resultantes de la armonización en las constituciones de las entidades federativas. Queremos saber qué, cómo y cuánto de lo que se modificó en 2011 por el Poder Reformador de la Constitución se refleja en los textos constitucionales de los estados y en el correspondiente marco jurídico de la Ciudad de México.

Como se ha visto, la reforma de derechos humanos de 2011 aportó veintiún nuevas disposiciones jurídicas (entiéndase principios, obligaciones y/o derechos) en esta materia. Es relevante puntualizar que no todas esas disposiciones jurídicas dan lugar a que se armonicen normas cuya expedición, reforma, derogación o abrogación, sean de la competencia de los órganos legislativos locales.

Sólo once de las 21 disposiciones jurídicas a que se ha hecho referencia son susceptibles de proveer los contenidos de una armonización constitucional en las entidades federativas.

Por ello, la CNDH realizó una revisión a las constituciones de los 31 estados de la federación, y retomó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de esta revisión en lo que atañe a la Ciudad de México, con la finalidad de conocer el avance de su armonización conforme a las siguientes disposiciones jurídicas derivadas de la citada Reforma de derechos humanos:

1. El principio propersona.

2. El principio de universalidad.

3. El principio de interdependencia.

4. El principio de indivisibilidad.

5. El principio de progresividad.

6. El principio de interpretación conforme a los tratados internacionales.

7. La obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

8. La prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales.

9. La obligación del Estado de fomentar el respeto a los derechos humanos en la educación que imparta.

10. La obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos.

11. La obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos en las constituciones de las entidades federativas.

Respecto de este universo de 11 disposiciones normativas, la armonización en los estados avanzó a nivel nacional en un orden de 83.1 por ciento; es decir, en esa medida se ha armonizado hasta el momento el conjunto de las correspondientes constituciones locales.

Para obtener esta media nacional acerca del avance en las entidades federativas, se procedió primero a obtener el porcentaje de avance en cada constitución estatal, respecto de las 11 disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos surgidas de la Reforma de derechos humanos. Una vez que se obtuvo cada uno de estos porcentajes se procedió a promediarlos, a fin de obtener el porcentaje que representa el grado de avance alcanzado en el conjunto de los ordenamientos constitucionales revisados.

Las disposiciones normativas emanadas de la Reforma de derechos humanos, respecto de las cuales se han obtenido los mayores porcentajes de armonización en los ordenamientos constitucionales de las entidades federativas, son el principio de interpretación conforme a los tratados internacionales y la obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos, ambos con un 96.9 por ciento, respectivamente.

Por el contrario, la disposición jurídica respecto de la que se ha obtenido un menor grado de armonización en las constituciones locales, ha sido la que ordena organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, con apenas un 56.3 por ciento, que parece ser congruente con la crisis en el sistema penitenciario que se vive actualmente en nuestro país.

Los estados cuyas constituciones reflejan un grado de armonización de 100 por ciento son 12:

1. Baja California Sur
2. Ciudad de México
3. Coahuila
4. Colima
5. Durango
6. Guanajuato
7. Hidalgo
8. Jalisco
9. Oaxaca
10. Sinaloa
11. Yucatán y
12. Zacatecas

Los 5 estados cuyas constituciones cuentan con el menor avance de armonización son:

1. Veracruz (18.2 por ciento)
2. Sonora (27.3 por ciento)
3. Chiapas (32.7 por ciento) y
4. Chihuahua (36.4 por ciento) y
5. Morelos (63.6 por ciento)

Consideraciones

Primera. En palabras del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez “Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011, el poder reformador de la Constitución tuvo la virtud de colocar en el centro de la actuación del Estado la protección y garantía de los derechos humanos, pero no por ello puede afirmarse que se haya consumado la construcción del régimen mexicano en la materia, toda vez que es necesario que las leyes secundarias instrumenten su aplicación y garanticen su eficacia operativa. Asimismo, en el marco del pacto federal es menester que las constituciones estatales y las leyes que emanan de las mismas, también faciliten su aplicación y eficacia.

Es por lo anterior que la instrumentación de la reforma de los derechos humanos, iniciada con los cambios constitucionales que entraron en vigor en junio de 2011, pasa necesariamente por una ardua tarea de armonización normativa que implica una revisión a fondo de la legislación federal, así como de las constituciones estatales y de la Ciudad de México, incluyendo las leyes que de las mismas emanan, a fin de que el sistema legal de todas las partes que componen el pacto federal conformen la estructura por donde transiten el ejercicio y disfrute cotidiano de los derechos humanos, así como las acciones públicas orientadas a garantizar su observancia y cumplimiento cabal.”

Segunda. Es lógico que al proceso de reformas constitucionales en materia de derechos humanos llevado a cabo en 2011, le deba seguir, como consecuencia, un amplio esfuerzo de reformas a nivel federal y estatal, por medio del cual se expidan o reformen las leyes federales conducentes y se impulsen los cambios necesarios en las constituciones locales y se emitan o adicionen, o se modifiquen, o incluso se deroguen o abroguen los ordenamientos legales que sea necesario, a fin de armonizar el sistema jurídico federal y estatal con los cambios operados en nuestra Carta Magna en materia de derechos humanos.

La armonización de los derechos humanos es una obligación común para todas las instancias normativas del Estado mexicano tanto en el orden federal como en el estatal. No se trata de un deber circunstancial, cuya vigencia sea temporal y cuya atención se resuelva con un solo acto o un esfuerzo único. Se trata de una tarea permanente destinada a dar el mantenimiento que requiere el orden jurídico, a fin de estar en sincronía con la Ley Suprema de la Unión, en los términos previstos por el artículo 133 de la Constitución.

La CNDH acompaña este esfuerzo desde hace varios años, por medio del seguimiento a los procesos de armonización que en las instancias federales y en los estados de la República, así como en la Ciudad de México, se llevan a cabo, para ajustar los respectivos órdenes jurídicos a los términos de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Tercera. Se está conculcando la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su artículo 1, que a la letra dice “Esta ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de derechos humanos, respeto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el país, en los términos establecidos por el Apartado B del artículo 102 constitucional”.

La causa de su transgresión es una aplicación parcial de la reforma de derechos humanos ya citada.

Cuarta. Han pasado cinco años desde la reforma y aún siguen cinco entidades federativas “Veracruz, Sonora, Chiapas, Chihuahua, Morelos”, sin armonizar sus constituciones locales; tres de ellos son estados fronterizos, donde hay un gran número de población según cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 ; Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Veracruz cuenta con 8 millones 112 mil 505; Sonora 2 millones 850 mil 330, Chiapas 5 millones 217 mil 908, Chihuahua 3 millones 556 mil 574, Morelos 1 millón 903 mil 811, por lo tanto existe la imperante necesidad de brindar la protección a los ciudadanos de las entidades federativas, dado que la reforma fue ya aprobada hace un lustro.

Quinta. Con la plena armonización, leitmotiv de este punto de acuerdo es que las comisiones estatales de Derechos Humanos logren fortalecer y consolidarse como instituciones estrictamente sujetas al estado de derecho.

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a los Poderes Legislativos de las entidades federativas de Veracruz, Sonora, Chiapas, Chihuahua y Morelos para que a la brevedad posible armonicen sus Constituciones locales con la reforma de derechos humanos de 2011 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2016.

Diputada María Elida Castelán Mondragón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al desastre natural Earl, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Miguel Alva y Alva, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 y 6 de agosto la tormenta tropical Earl azotó el estado de Puebla, provocando graves estragos en la infraestructura principalmente carretera. La magnitud de la tormenta tropical fue inmensa por lo cual el 15 de agosto se declaró en emergencia a los municipios de Huauchinango, Tlaola y Xicotepec y se declaró como zona de desastre al municipio de Atempan, Chichiquila, Chiconcuautla, Chignautla, Chilchotla, Coyomeapan, Eloxochitlán, Guadalupe Victoria, Huauchinango, Hueyapan, Jopala, Juan Galindo, La Fragua, Naupan, Pahuatlán, Quimixtlán, San Sebastián Tlacotepec, Teteles de Ávila Castillo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Tlaxco, Xicotepec, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zihuateutla y Zoquitlán del Estado de Puebla, el 15 de agosto del presente año.

En Huauchinango, uno de los municipios más afectados por “Earl”; quedó un saldo de más de 40 muertos1 y cientos de damnificados según informes oficiales; destrucción y deslave de las principales vías de comunicación, así como a colegios, hospitales y panteones primordialmente; destrucción de viviendas y daños graves en instituciones públicas.

En particular la afectación fue en 15 localidades del municipio de Huauchinango: Cuacuila, Tenango de las Flores, Papatlatla, Cuautlita, Puga, Alseseca, San Miguel Acuautla, Xilocuautla, Matlaluca, Papatlazolco, Ayohuixcuatla, Michucca, Teopancingo Bajo, Ocpaco, El Mirador. Las fuertes lluvias ocasionaron además daños en el suministro eléctrico y de telecom ocasionando mayor aislamiento a habitantes, al dejarlos incomunicados por dichas afectaciones.2

Las comunidades mencionados anteriormente pertenecen a los sectores más abandonados y empobrecidos de la Sierra de Puebla; la falta de recursos y atención por parte del gobierno ha orillado a la población a trasladarse a zonas de alto riesgo; en laderas de cerros y cerca de los cauces de ríos.

Cabe mencionar que el municipio de Huauchinango no cuenta con un Atlas de zona de riesgo actualizada a pesar de que es una obligación por parte del Municipio según La Ley Del Sistema Estatal De Protección Civil, que indica en su artículo 46 que es obligación de cada ayuntamiento integrar al sistema municipal, con el objetivo de identificar y diagnosticar los riesgos a que está expuesta la población, elaborando el Programa municipal de protección civil y el Atlas municipal de riesgos; así como propiciar la prevención y organizar el primer nivel de respuesta ante situaciones de emergencia o desastre.

Es importante mencionar que durante los días posteriores al desastre, diversas autoridades de los tres niveles gubernamentales hicieron recorridos por las zonas afectadas para realizar un análisis sobre la problemática y afectación de dicho acontecimiento.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Gobierno de Estado de Puebla se comprometieron a invertir en partes iguales más de 223.6 millones de pesos según el Boletín 265 de la Sedatu publicado el 26 de agosto del presente año. Dicha inversión será destinada a 29 municipios, entre ellos los antes mencionados, para la reconstrucción de infraestructura urbana y vivienda.

A más de dos meses de la tormenta tropical, las 15 comunidades se encuentran en abandono total por las instancias gubernamentales a pesar de los compromisos realizados en semanas anteriores sobre el apoyo y reconstrucción de las comunidades, siguen sin tener una respuesta sobre el futuro de la infraestructura carretera, el suministro eléctrico así como la reconstrucción y reubicación de la población afectada.

La población ha denunciado el peligro al que están expuestos al transitar por las carreteras existentes en condiciones deplorables, los posibles desgajamientos por las constantes lluvias, y las condiciones inhumanas en las que viven actualmente al carecer de una vivienda digna y servicios básicos.

Por ese motivo, los individuos de las comunidades se organizaron para la creación de una asociación civil,3 exigiendo sus derechos y el apoyo prometido, el día 19 de octubre del presente año en una conferencia de prensa dieron a conocer las experiencias vividas por el paso de la tormenta tropical y la nula atención y apoyo que han recibido por parte de las autoridades municipales, estatales y federales correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, lo siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga; Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ?Gerardo Ruiz Esparza; y del Fondo de Desastres Naturales, José María Tapia para hacer público el monto que se ha destinado durante la contingencia del desastre natural “Earl”, del 5 de agosto del presente año hasta el día de hoy, cuáles fueron los mecanismos que se aplicaron para la distribución de los recursos destinados para mitigar y reconstruir la infraestructura urbana y de vivienda indispensable para garantizar una vida digna así mismo tener conocimiento del padrón de los beneficiarios de las localidades de Cuacuila, Tenango de las Flores, Papatlatla, Cuautlita, Puga, Alseseca, San Miguel Acuautla, Xilocuautla, Matlaluca, Papatlazolco, Ayohuixcuatla, Michucca, Teopancingo Bajo, Ocpaco, El Mirador.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla, Gerardo Islas Maldonado; Secretaria de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla , Diego Corona Cremean y al gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle para hacer público el monto que se ha destinado durante la contingencia del desastre natural “Earl”, del 5 de agosto del presente año hasta el día de hoy, cuáles fueron los mecanismos que se aplicaron para la distribución de los recursos destinados para mitigar y reconstruir la infraestructura urbana y de vivienda indispensable para garantizar una vida digna así mismo tener conocimiento del padrón de los beneficiarios en las localidades de Cuacuila, Tenango de las Flores, Papatlatla, Cuautlita, Puga, Alseseca, San Miguel Acuautla, Xilocuautla, Matlaluca, Papatlazolco, Ayohuixcuatla, Michucca, Teopancingo Bajo, Ocpaco, El Mirador.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente municipal de Huauchinango, maestro Gabriel Alvarado Lorenzo, para hacer público el monto que se ha destinado durante la contingencia del desastre natural Earl, del 5 de agosto del presente año hasta el día de hoy, cuáles fueron los mecanismos que se aplicaron para la distribución de los recursos destinados para mitigar y reconstruir la infraestructura urbana y de vivienda indispensable para garantizar una vida digna así mismo tener conocimiento del padrón de los beneficiarios en las localidades de Cuacuila, Tenango de las Flores, Papatlatla, Cuautlita, Puga, Alseseca, San Miguel Acuautla, Xilocuautla, Matlaluca, Papatlazolco, Ayohuixcuatla, Michucca, Teopancingo Bajo, Ocpaco, El Mirador.

Notas

1 Hernández A., Martín (2016) Earl: una treintena de muertos deja a su paso por Puebla, La Jornada de Oriente. http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/08/08/earl-en-huauchinango/

2 Hernández, Gabriela (2016) Les prometieron ayuda tras “Earl”; dos meses después siguen igual, Revista Proceso.
http://www.proceso.com.mx/459411/les-prometieron-ayuda-tras-earl-dos-meses-despues-siguen

3 Sánchez M., Eduardo (2016) Habitantes de Huauchinango denuncian que fueron abandonados tras el paso de Earl , periodicocentral.
http://www.periodicocentral.mx/2015/pagina-negra/
tragedias/habitantes-de-huauchinango-denuncian-que-fueron-abandonados-tras-el-paso-de-earl

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2016.

Diputado Miguel Alva y Alva (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar por la Sedesol el descuento de leche Liconsa a un peso en todos los municipios inscritos en el catálogo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, María Elida Castelán Mondragón, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los numerales 1 y 2, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la sesión 339 del Consejo de Administración de Liconsa, celebrada el miércoles 30 de marzo de 2016, en las instalaciones del corporativo a través del entonces Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribeña, el órgano colegiado aprobó, por unanimidad, el descuento al litro de leche a sólo un peso en 150 comunidades marginadas del país, dando así el inicio del programa piloto que tendría duración hasta 31 de diciembre de 2016.

El 22 de enero del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sinhambre). La Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia coordinada por el Gobierno Federal que busca que la población supere su condición simultánea de carencia alimentaria y pobreza extrema, ésta constituye la población objetivo de la Cruzada, que en 2010 ascendía a 7.4 millones de personas distribuidas en todo el país.

En el sentido de alcanzar el mayor número de beneficiados por programas sociales y políticas públicas eficientes, que contribuyan a reducir la brecha producida por los altos índices de pobreza, hago la propuesta para implementar de manera permanente el descuento de leche Liconsa a un peso a los municipios inscritos en el Catálogo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre bajo las siguientes consideraciones:

Por las directrices e indicadores de Sinhambre, considero es el medio idóneo para que sea a través de su catálogo se realice la aplicación y distribución del programa solicitado de manera temporal hasta que el municipio a través de los indicadores de medición de la pobreza haya superado su condición de pobreza y pobreza alimentaria, ya que desde los diferentes ámbitos abarca los aspectos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda e ingresos.

Con la aprobación de esta medida, el catálogo de Sinhambre se convertirá en el medio de distribución de los beneficiados para la aplicación de este programa y se estaría cumpliendo con los objetivos que plantea la Secretaria de Desarrollo Social para la dirección y diseño de políticas de desarrollo social, con la finalidad única de que, a través de estos programas y acciones, se logre el combate directo a la pobreza y alimentación.

Desarrollar, ejecutar programas y acciones de atención a la pobreza es otro objetivo de la Secretaría de Desarrollo Social, atendiendo a la vulnerabilidad y exclusión social que permitan a los sectores más desprotegidos, el cumplimiento efectivo de sus derechos sociales, promoviendo políticas diferenciadas de atención de acuerdo a sus necesidades.

El programa piloto iniciado por Liconsa se echó a andar bajo los principios de dar seguimiento a la situación nutricional de menores, adultos mayores y mujeres embarazadas con las consideraciones y selección de los 150 municipios a través de Conapo y no alcanza a cubrir los problemas de ámbito alimenticio, salud y educación, por lo cual no se hacen las consideraciones correctas para la selección de los municipios a beneficiar.

En este sentido ratifico que debería ser a través del catálogo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre ya que los estudios y herramientas con que cuenta se enfocan y tienen un sentido más realista de sus alcances, beneficiando realmente a la población objetivo que lo requiere.

Mi petición de implantar este programa piloto como un programa temporal es con la necesidad de resarcir los altos niveles de pobreza alimenticia, educativa y de salud en México ya que será a través de políticas públicas como se lograrán reducir los altos índices.

Ahora bien la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre mediante el instrumento CICH.012/003/2015, acordó definir como población potencial para el ejercicio fiscal 2016, a la población identificada en situación de pobreza extrema con carencia alimentaria en el Sistema de Focalización de Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social. Hasta el momento, esta población la componen 6 millones seiscientos mil mexicanos que radican en todos los municipios del país. Así lo acordó.

Bajo las directrices que rigen este Acuerdo, la medida que proponemos sería la manera más viable de entender que el beneficio debería ser más amplio, incluyente y enfocado a revertir los altos índices de pobreza y mala alimentación existente en el país.

Ya que la paraestatal destinó recursos propios y sin la intención de disminuir los recursos de la institución, es un motivo más por el cual debe integrarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017.

Ahora bien una de las problemáticas que existen es que no se destina el suficiente recurso o no se le da la debida importancia a temas tan vitales como la implementación de programas sociales y políticas públicas que realmente beneficien a la sociedad más desprotegida. En este sentido hago el exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social, para considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2017, los medios y recursos suficientes para poder implementar de manera temporal el descuento de leche Liconsa a un peso en todos los municipios que se encuentren dentro del Catálogo de la Cruzada contra el Hambre y continuarlo en 2017, si así se considera pertinente.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que, para crear la certidumbre y una correcta aplicación y distribución de políticas públicas alcancen a la población objetivo, haciendo uso de las instituciones y recursos públicos federales para alcanzar una correcta justicia distributiva e inclusiva es por lo que someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que amplié el descuento de leche Liconsa a un peso en todos municipios inscritos en el Catalogo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, hasta que el o los municipios logren el avance y salida de su situación de pobreza y pobreza alimentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2016.

Diputada María Elida Castelán Mondragón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a remitir con la mayor brevedad la solicitud de declaración de procedencia contra Javier Duarte Ochoa, gobernador constitucional de Veracruz con licencia, para iniciar el juicio de procedencia correspondiente y retirar la inmunidad constitucional; y a la Subcomisión de Examen Previo, a desahogar las solicitudes de juicio político en su poder contra aquél, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que se dispone en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La violencia en Veracruz ha sido un foco rojo durante los últimos años. Mujeres, personas defensoras, periodistas, jóvenes y toda la sociedad veracruzana en su conjunto ha sido, fuertemente afectada.

De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil que monitorean la violencia con enfoque de género, del año 2014 a la fecha alrededor de 300 mujeres han sido asesinadas, y han destacado al año 2016 como uno de los más violentos para ese sector poblacional1 .

En julio de 2016, en el informe presentado por la organización Artículo 19, durante 2015, Veracruz fue considerado como el segundo estado de todo el país con más agresiones a periodistas. En este sentido, tampoco se pueden olvidar a los cinco jóvenes que desaparecieron en enero del mismo año en el municipio de Tierra Blanca a manos de policías estatales, y cuyo caso llevó a que se encontraran más de tres mil fragmentos de restos humanos en un rancho en el municipio veracruzano de Tlalixcoyan.

En el marco de estas tragedias y las que no han sido nombradas, la complicidad, indolencia, omisión e indiferencia del ahora gobernador con licencia y presunto prófugo de la justicia, Javier Duarte, fueron acciones que abonaron a que la ingobernabilidad reinara en el estado.

Cuando la situación en Veracruz llegaba a niveles incontrolables, y la prensa nacional e internacional alertaban sobre la violencia en el estado -en un contexto de un claro rechazo nacional hacia el partido que Duarte representa-, un proceso de suspensión de derechos partidistas llevó a evidenciar el intento de alejamiento hacia la figura que el entonces gobernador representaba. Finalmente, ante el supuesto distanciamiento de su partido, las investigaciones en su contra y el claro repudio social hacia él, Duarte solicitó licencia mientras sería investigado por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Actualmente, el paradero de Duarte es desconocido. Diversos grupos demandamos medidas precautorias para evitar la fuga. Sin embargo, el gobierno se abstuvo de actuar conforme a derecho, montando un show mediático sin verdaderos esfuerzos por hacer justicia.

Ante la malversación de recursos públicos, el gobernador con licencia debe ser no sólo enjuiciado pero sobre todo, es indispensable recuperar lo que se ha sustraído ilícitamente. El faltante detectado en las finanzas del estado ascienden al menos a 35 mil millones de pesos, recursos con los cuales se dejaron de construir hospitales y clínicas, de mejorar el servicio de seguridad pública y procuración de justicia, de proteger a población vulnerable ante fenómenos como huracanes y de atender muchos otros rubros sensibles para la población.

Esta sustracción ha resultado en saldos trágicos para la ciudadanía, es una de las razones que tienen en crisis a las finanzas públicas estatales y nacionales, y es una de las causas por las cuales se hacen recortes para la atención de necesidades básicas de la población en el presupuesto federal.

Sumado a lo anterior, en recientes días, los medios de comunicación dieron a conocer información en torno a la supuesta confesión de un abogado de Javier Duarte que señala haber confesado voluntariamente ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Entre la información proporcionada, dijo ser prestanombres del gobernador con licencia habiendo constituido sociedades de responsabilidad limitada para invertir en inmuebles en Estados Unidos. Estimó los presuntos desvíos de Duarte en al menos mil 500 millones de pesos; aunque dijo que le constan unos 350 millones.

Las cantidades son burdas y una ofensa para la ciudadanía, a todo esto se suma la presunta fuga de Duarte tras pedir licencia sin que las autoridades movieran un dedo.

El proceso a seguir frente a esta situación es claro. La Procuraduría General de la República (PGR) debe remitir a la brevedad la solicitud de declaración de procedencia en contra de Javier Duarte a efecto de poder iniciar el juicio de procedencia correspondiente para el retiro de la inmunidad constitucional de la que aún con licencia, éste goza. El órgano encargado de dictaminar la solicitud de la PGR es la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, y es que aunque el partido que lo cobijó durante años señale que con la licencia, él ha perdido el fuero, esto es falso. No podemos olvidar el caso de José Luis Abarca Velázquez, edil con licencia a quien se le buscaba por los hechos de violencia ocurridos en Iguala el 26 y 27 de Septiembre de 2014, y al que en octubre del mismo año se le retiró la inmunidad constitucional de la que aún con licencia, gozaba. Todo cargo de elección popular es irrenunciable.

El fuero o la inmunidad constitucional, es un privilegio del que los funcionarios públicos se han valido y abusado reiteradamente para cometer ilícitos, saquear la hacienda pública, gozar de impunidad, por lo que necesita ser limitado de manera inmediata.

En el tenor de lo descrito, tampoco se puede dejar de mencionar las solicitudes de juicio político pendientes en contra de Javier Duarte puesto que el Juicio de Procedencia para retirar la inmunidad constitucional y permitir a las autoridades aprehender al presunto criminal es un caso, y otro, es el de juicio político.

El artículo 110 constitucional establece que las sanciones del juicio político “consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”. Para ello, la Subcomisión de Examen Previo, debe desahogar la solicitud o solicitudes que existan contra el servidor público, para que la Cámara de Diputados proceda a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, la cual se erigirá en jurado de sentencia y aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

En este sentido, el juicio político pareciera un proceso diseñado para ser largo, tortuoso y limitado. Sin embargo, ningún proceso de justicia debe ser descartado per se. Tanto es así, que nunca en la historia de nuestro país ha tenido lugar un juicio político, hecho que no podemos soslayar.

Frente a lo descrito, nos encontramos ante un momento histórico. El gobierno federal tiene en sus manos la oportunidad de dejar la simulación, de concretar la aprehensión de Javier Duarte y de sentar las bases necesarias para dar continuidad y resolver los juicios pendientes contra éste.

El funcionario con licencia debe explicar a la ciudadanía, sobre los ataques a personas jóvenes, periodistas y defensoras de derechos humanos cometidos durante su administración, y hacer justicia a las víctimas y sus familiares que han sido afectados por la violencia en el estado, así como rendir cuentas de los millones que faltan en la hacienda pública a la entidad.

Para que la Cámara de Diputados pueda iniciar el proceso correspondiente que conlleve el retiro de la inmunidad, la PGR debe remitir de inmediato, la solicitud de declaración de procedencia para que la Sección Instructora pueda proceder a realizar las diligencias necesarias para analizar la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado.

De no llevarse a cabo este proceso, Duarte podría alegar violación al debido proceso y quedar en libertad como un criminal más de amparado por estrategias legaloides. Si existe la voluntad política que el gobierno federal se ha encargado de declarar y de mostrar a través de acciones como el Sistema Nacional Anticorrupción, el proceso de la Sección Instructora podría desahogarse rápidamente.

La justicia no puede hacerse esperar, demasiadas ofensas ha recibido ya la sociedad veracruzana y la mexicana en su conjunto, por los crímenes que Javier Duarte ejecutó bajo el amparo de su institución partidista.

Por lo señalado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República para que de inmediato remita la solicitud de declaración de procedencia en contra de Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional de Veracruz con licencia, a efecto de poder iniciar los procesos correspondientes para el retiro de la inmunidad constitucional.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Subcomisión de Examen Previo a desahogar la solicitud o solicitudes de Juicio Político que estén en su poder, en contra de Javier Duarte de Ochoa a la brevedad.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que haga pública la información respecto a la situación de los recursos faltantes en el estado de Veracruz que ha señalado en distintas auditorías, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Nota

1 Plumas Libres. “Más de 300 mujeres asesinadas con violencia en Veracruz y Osorio Chong niega decretar alerta de género”. Consultado en línea:

http://www.plumaslibres.com.mx/2016/10/19/mas-300-mujere s-asesinadas-violencia-veracruz-osorio-chong-niega-decretar-alerta-gene ro/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2016.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)