Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4643-VI, jueves 20 de octubre de 2016

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma y adiciona los artículos 3o., 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Que expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas para los Estados de la Frontera Norte, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Que adiciona los artículos 54 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Que adiciona los artículos 37 Bis a 37 Quáter a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES
Que reforma el artículo 224 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma los artículos 3o., 6o., 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada María Ávila Serna e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Que reforma y adiciona los artículos 10 Bis, 10 Ter y 10 Quáter de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que reforma los artículos 6o., 9o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Que expide la Ley General de los Derechos de la Mujer Embarazada y del Niño por nacer, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES
Que reforma y adiciona los artículos 9o., 27, 96 y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Que adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que reforma los artículos 55, 82 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 12 y 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del PES
Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma y adiciona los artículos 57 y 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 7o. y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Tomás Roberto Díaz Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Díaz Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI
Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma y adiciona los artículos 19 Bis, 60 y 64 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma los artículos 11 y 40 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del PRI
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación, suscrita por los diputados Francisco Martínes Neri, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Grupo Parlamentario del PRI y Candelario Pérez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRD

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

A más de tres años de que Enrique Peña Nieto presentó su reforma fiscal con el objetivo de generar mayores recursos para la federación y “simplificar” las reglas fiscales, el tiempo ha dado la razón al Grupo Parlamentario del PAN cuando argumentamos que la propuesta afectaría gravemente el sector productivo del país y a las familias de muchos trabajadores; las variables económicas de mayor relevancia así lo confirman.

Las estimaciones de crecimiento tal parece que tienen un respaldo azaroso y no técnico. Dichas estimaciones se cambian de un momento a otro. Este gobierno comenzó con la propuesta de crecer a 3.9 por ciento del producto interno bruto, y hoy tristemente vemos que con dificultades crecemos poco más de 2 por ciento.

La inversión extranjera directa (IED) ha crecido, pero no lo hace en la misma proporción que en años anteriores. Por otro lado, la reinversión de utilidades de las empresas (componente de la IED) a partir de la reforma no ha resultado un negocio rentable en nuestro país al grado de que de acuerdo a reportes de la Secretaría de Economía, este rubro reporta una disminución de 15 por ciento respecto al año anterior.

Mientras en 2013 el país ocupaba el lugar número 10 entre los principales receptores de IED, hoy tiene el número 13, disminuyendo evidentemente tres puestos.

Respecto a la generación de empleos, Enrique Peña Nieto no ha cumplido la promesa de generar 100 mil empleos mensuales. Durante los primeros siete meses de 2015 la actual administración ha generado en promedio sólo 70 mil empleos. En consecuencia, tenemos ciudadanos a disgusto con el Presidente, que mucho prometió y que poco ha hecho.

En la mal llamada “reforma fiscal” se encuentra la de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que homologó la tasa impositiva de 11 por ciento en la región fronteriza a 16 por ciento vigente en todo el país. En razón de lo anterior, a partir de 2014 se incrementó de 11 a 16 por ciento, ósea 45.45 por ciento la tasa del IVA aplicable en la franja fronteriza.

La razón expuesta por el gobierno federal es que “un diseño ideal del IVA es aquel donde no haya excepciones ni tratamientos preferenciales” y que la tasa vigente de 11 por ciento hasta 2013 resultaba regresiva “al reducir el pago de impuestos a los habitantes de regiones que en promedio obtienen mayores ingresos que los del resto del país”.

El problema del planteamiento que hizo el gobierno federal es que vio sólo una parte de la película (el ingreso de los habitantes), dejando de lado las consecuencias negativas que la reforma generaría al sector productivo de aquella región.

El otrora beneficio fiscal permitía mantener una grado de competitividad (principalmente en la zona norte) frente al país vecino de Estados Unidos. Es cierto, la infraestructura en comunicaciones y los avances tecnológicos así como la infraestructura en transportes acercan la integración comercial y económica de la región, no obstante el incremento en la tasa del IVA a 16 por ciento los pone en graves desventajas para competir.

Cuando la Cámara de Diputados debatió los efectos negativos sobre el incremento del IVA en frontera, nuestro grupo parlamentario fue tajante al señalar que este cambio en la ley afectaría al consumo de productos en la región, produciendo un efecto recesivo en su economía.

Los diputados del PAN en la LXII Legislatura advirtieron durante la discusión del paquete económico de 2014 que con el incremento en la tasa del IVA en la frontera afectaría la economía de las familias de las entidades federativas que forman dicha región y complicaría la productividad de miles de pequeñas empresas.

En su momento, tanto indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como de El Colegio de la Frontera Norte señalaron claramente las implicaciones negativas de la reforma fiscal.

Durante los primeros 4 meses de 2014, en localidades fronterizas como Mexicali, Tijuana, La Paz y Ciudad Juárez se disparó la inflación de manera significativa, marcando variaciones superiores a la media nacional, de 1.38 por ciento, de acuerdo con el Inegi. Así, Mexicali alcanzó una inflación de 5.41; Tijuana, 4.56; La Paz, 4.81; y Ciudad Juárez, 4.21.

El comportamiento de la inflación no ha cambiado, pues localidades fronterizas como Ciudad Acuña, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, La Paz y Matamoros se registró una inflación de 1.27, 2.98, 2.58, 0.26, 2.70 y 0.51 por ciento en el periodo julio de 2014-julio de 2015.

El incremento de la tasa del IVA en la zona fronteriza, ha creado un efecto Inflacionario, recesivo y de baja competitividad resultado de las fugas de consumidores y las transferencias de ingresos hacia mercados externos.

Más de 7.5 millones de ciudadanos radicados en la frontera norte (6.6 de la población del país) sufrieron un aumento de 45 por ciento en la carga fiscal.

En su momento, centros educativos como El Colegio de la Frontera Norte señalaron que “el efecto recesivo se daría por el aumento en precios ya que, con menor capacidad adquisitiva, se originaría una menor actividad económica”. El gobierno federal desestimó en su momento las afirmaciones que hoy, con datos duros, es posible confirmar.

Otros indicadores que han resaltado los efectos recesivos en las entidades fronterizas se relacionan con el gasto mínimo mensual para un hogar, la caída del comercio regional, el cierre de empresas, entre otros.

La misma Coparmex señala que el incremento del IVA en la región fronteriza de 11 a 16 por ciento mermó el poder adquisitivo de los habitantes pues según datos presentados por el Inegi, se observa que el gasto mínimo requerido mensual de un hogar promedio durante abril de 2014 en municipios como Tijuana fue de 5 mil 141 pesos, superior a los 4 mil 749.6 que se gastaban en 2013. Es decir, el gasto en los hogares creció 8.2 por ciento anual, superior al 3.8 mostrado a escala nacional.

El retraso en las devoluciones del IVA en 2014 se convirtió en uno de los principales problemas entre las autoridades fiscales y los contribuyentes. Hoy, el problema se redimensiona y toma tintes aún más críticos pues dichos retrasos prevalecen durante el actual ejercicio fiscal.

De acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las devoluciones del IVA durante 2014 cayeron 9.5 por ciento en comparación con los recursos devueltos en 2013, pues pasaron de 264 mil millones de pesos a 239 mil millones de pesos.1

No todo está mal, pues dado el cumulo de demandas recibidas por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el patrón de devolución parece cambiar pues durante el primer semestre de 2015 el SAT apenas ha devuelto un total de 150 mil millones de pesos que representan 31 por ciento más con lo entregado durante el primer semestre de 2014.2

Aunque el ejercicio fiscal aún no termina, el dato resulta preocupante si consideramos que faltan pocos meses para que termine el año, se realice el cierre del ejercicio fiscal y lo complicado que resulta el trámite de solicitud de devolución de acuerdo a la Prodecon que señalar que el SAT aplica procedimientos y criterios para retrasar injustificadamente la obtención de las devoluciones de IVA por los contribuyentes.

Queremos reiterar que previendo los problemas que generaría el incremento en la tasa del IVA, en la pasada legislatura diversos grupos parlamentarios aprobaron el Fondo para la Frontera, cuyo presupuesto ascendió a 3 mil millones de pesos, con el objetivo de que las entidades federativas pudieran hacer frente a los efectos negativos de la reforma.

No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no hizo entrega del recurso confirmando el nulo compromiso que el actual gobierno tiene para con las demandas legítimas de la sociedad mexicana.

En resumen, la homologación de la tasa del IVA con la del resto del país ha provocado que las empresas sean menos competitivas y que el impacto sea aún más severo en las finanzas personales de los residentes de esa zona.

El Grupo Parlamentario del PAN se compromete a seguir trabajando en el tema con el propósito de atender los problemas antes señalados, por lo que la presente propuesta de reforma tiene como objetivo regresar a la de tasa de 11 por ciento aplicable en la región fronteriza del país recuperando el texto íntegro de la ley vigente hasta diciembre de 2013 en los artículos que así lo ameritan, cumpliendo así, con una de muchas propuestas que en nuestra agenda legislativa hemos planteado en materia fiscal para revertir los efectos tóxicos que la reforma fiscal planteada por Enrique Peña Nieto han generado.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma las fracciones IV a VI del artículo 1o.-C, adiciona el artículo 2o., reforma el último párrafo del artículo 2o.-A y adiciona el último párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Primero. Se reforman las fracciones IV a VI del artículo 1o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 1o.-C. ...

...

I. a III. ...

IV. Cuando los adquirentes cobren los documentos pendientes de cobro, ya sea en forma total o parcial, deberán manifestar el monto cobrado respecto del documento correspondiente en el estado de cuenta que emitan, con el cual los cedentes de los documentos deberán determinar el impuesto al valor agregado a su cargo, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente. Para tales efectos, el impuesto al valor agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada por el adquirente entre 1.16 o 1.11 según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa de 16 u 11 por ciento, respectivamente. El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro, sin que las cantidades reflejadas en dichos documentos se hayan cobrado por los adquirentes o un tercero directamente al deudor original y no sean exigibles al cedente de los documentos pendientes de cobro, este último considerará causado el impuesto al valor agregado a su cargo, en el primer día del mes siguiente posterior al periodo a que se refiere este párrafo, el cual se calculará dividiendo el monto pagado por el adquirente en la adquisición del documento, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente, entre 1.16 o 1.11, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa de 16 u 11 por ciento, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto pagado por el adquirente en la adquisición de los citados documentos, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero, y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

...

VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro a que se refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo monto adicionado de las que se hubieran cobrado con anterioridad correspondientes al mismo documento sea mayor a la suma de las cantidades recibidas por el cedente como pago por la enajenación de los documentos pendientes de cobro, sin descontar el cargo financiero, e incluyendo los anticipos que, en su caso, haya recibido, el adquirente deberá reportar dichas recuperaciones en el estado de cuenta del mes en el que las cobre. El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo por el total de la cantidad cobrada por el adquirente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre 1.16 o 1.11, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 16 u 11 por ciento, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto total cobrado y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del cedente.

...

VII. ...

...

Segundo. Se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa de 16 por ciento.

Para efectos de esta ley se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional, así como los municipios de Nava, Morelos, Zaragoza, Villa Unión y Allende, hasta el kilómetro 53.5, todos en el estado de Coahuila, así como los municipios de Calakmul, en el estado de Campeche, y Anáhuac, en el estado de Nuevo León.

Tercero. Se reforma el último párrafo del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de

a) a i) ...

Se aplicará la tasa de 16 u 11 por ciento, según corresponda, a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

II. a IV. ...

...

Cuarto. Se adiciona el último párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

I. a IV. ...

V. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea aplicable la tasa de 0 por ciento, sólo por una parte de las actividades que realice el contribuyente, se estará a lo siguiente:

a) a d) ...

...

Cuando el impuesto al valor agregado en la importación se hubiere pagado a la tasa de 11 por ciento, dicho impuesto será acreditable en los términos de este artículo siempre que los bienes o servicios importados sean utilizados o enajenados en la región fronteriza.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017.

Notas

1 De acuerdo con estadísticas oficiales del SAT, en

http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html

2 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2016.

Diputado Jorge Ramos Hernández (rúbrica)

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al inciso H) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en relación al impuesto a combustibles fósiles, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los efectos del cambio climático por la quema de combustibles fósiles, son cada vez más severos y evidentes. Como lo establece la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el promedio global de la temperatura de la superficie terrestre ha aumentado desde los últimos 50 años. La evidencia científica recabada permite concluir que muchos de los cambios observados en el sistema climático son significativos. Igualmente, dicha evidencia indica que son las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación, las que están ocasionando estos cambios.1

Uno de los principales efectos de la emisión de gases de efecto invernadero principalmente por la combustión de gasolinas de origen fósil, es la elevación gradual de la temperatura a nivel mundial lo que ha provocado diversos efectos en el clima y afectando la salud humana. Una de las medidas propuestas a nivel internacional a través de acuerdos y tratados, es la disminución gases como el dióxido de carbono (CO2) resultado de la combustión de combustibles fósiles.

Sin embargo, como reconoce el Gobierno Federal en la Estrategia Nacional de Cambio Climático “...existen varios gases y compuestos forzantes del clima que pueden ser tratados con estrategias adicionales a las de CO2. Entre ellos se encuentran los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), los principales son: el carbono negro (BC por sus siglas más usadas en inglés), el metano (CH4), el ozono troposférico (O3) y algunos hidrofluorocarbonos (HFC). A diferencia de otros contaminantes como el CO2, cuyo tiempo de vida en la atmósfera puede llegar a ser de siglos, el tiempo de vida de los CCVC es relativamente corto y puede comprender desde días hasta décadas. El control de los CCVC, además de tener un impacto en la mitigación del cambio climático, contribuye a resolver problemas de contaminación del aire a nivel local e impacta positivamente a la salud pública”.

La Ley General de Cambio Climático (LGCC) publicada en el 2014, retoma y establece los lineamientos y mecanismos para regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma. Esta legislación además regula las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En el tema de mitigación, la LGCC establece la obligación de privilegiar las acciones de mayor potencial de mitigación al menor costo y que, al mismo tiempo, propicien co-beneficios de salud y bienestar para la población mexicana. Es por esta razón que tanto la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 10-20-40 (ENCC) publicada en junio de 2013, como el Programa Especial de Cambio Climático (PECC 2014-2018) contemplan la inclusión de Compuestos de Efecto Invernadero, también conocidos como Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC).

Es importante precisar que los CCVC tienen un importante Potencial de Calentamiento Global y un tiempo de vida en la atmósfera más corto que el CO2. Las acciones orientadas a su abatimiento contribuyen simultáneamente a la mitigación del cambio climático en el corto plazo y a la mejora inmediata de la calidad del aire, generando efectos positivos en la salud pública y la conservación de los ecosistemas.

Según los Criterios Generales de Política Económica 2017 y de acuerdo a los datos del Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero de 2014, “...el 95.6 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del dióxido de carbono (CO2), el 38 por ciento de las emisiones totales de ese gas tiene su origen en la quema de combustibles fósiles de fuentes móviles y el 24 por ciento se origina en los vehículos automotores que utilizan gasolina” .

Frente a esta situación para el próximo ejercicio fiscal la única propuesta en materia de reducción de gases a efecto invernadero será impulsar el desarrollo de infraestructura para recargar vehículos limpios. Se propone establecer un crédito fiscal del 30 por ciento de las inversiones en estaciones de recarga y se aplicará contra el ISR. Sin embargo, frente a las metas nacionales y los compromisos internacionales como el Acuerdo de París ratificado por nuestro país en septiembre del 2016, éste estímulo fiscal nos parece limitado, toda vez que los compromisos específicos que adquirió el Estado Mexicano para el 2030 son muy ambiciosos.

Hay que recordar y hacer hincapié que la contribución que México presentó en el Acuerdo de París contiene dos componentes, uno de mitigación y otro de adaptación. El componente de mitigación contempla dos tipos de medidas: no condicionadas y condicionadas. Las medidas no condicionadas son las que el país solventará con recursos propios y las condicionadas las que podría llevar a cabo si se establece un nuevo régimen internacional de cambio climático y si el país obtiene recursos adicionales y transferencia de tecnología disponibles mediante cooperación internacional.

Nuestro país se comprometió con un componente no condicionado de reducción de 22% de gases de efecto invernadero al 2030 que aumenta a un 25% de reducciones al incluirle el carbono negro, uno de los contaminantes climáticos de vida corta más conocidos (CCVC).

Esta contribución es consistente con la ruta planteada en la LGCC de reducir en el 2050 el 50% de emisiones con respecto a las emisiones del 2000.

Junto a estos compromisos específicos para combatir los efectos del Cambio Climático, hay que mencionar que el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General aprobó el documento de la cumbre de las Naciones Unidas sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 llamado “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible“. En ella se establecieron 17 objetivos con el compromiso de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental.

Dentro de estos objetivos se tendrá que cumplir el número 13 que busca: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

De estos compromisos internacionales financiados con recursos propios (no condicionadas) que el gobierno tendrá que cumplir está, como ya se mencionó, la reducción del 25% de los gases de efecto invernadero que en nuestro país son generadas principalmente por la quema de combustibles fósiles. Del total de emisiones un 26.2 por ciento son generadas por fuentes móviles (transporte y no carreteros), un 19 por ciento en generación de energía, un 17 por ciento en la industria, un 12.1 por ciento en actividades petroquímicas y un 12 por ciento en actividades agropecuarias, entre los más representativos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicó en el 2014 en su catálogo de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, un boletín donde se da a conocer el Producto Interno neto Ajustado Ambientalmente que permite identificar el impacto ambiental del quehacer económico que deriva del agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, así como el gasto en protección ambiental:

Como observamos, el costo causado por el agotamiento de hidrocarburos y por contaminación ambiental representa en conjunto el 3.8 por ciento del PIB, lo que implica aproximadamente 647,750 millones de pesos. El costo aumenta año con año y se calcula que entre 2003 y 2014 la tasa media de crecimiento nominal anual del costo por contaminación de aire por emisiones atmosféricas y por agotamiento de hidrocarburos es del 2 por ciento.

Es decir, cada año el costo por los daños ocasionados por la quema de combustibles fósiles crece. Por otro lado, los recursos públicos destinados a la atención de los efectos del cambio climático, dependen de las decisiones de la política fiscal y económica que se implementa por parte del gobierno para cada ejercicio fiscal. La inestabilidad en las finanzas públicas se ha traducido en la importante reducción presupuestal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 respecto a 2016 en Semarnat y en el Anexo 16: Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático. Ambos rubros presentan una disminución porcentual del 35 y 21 por ciento respectivamente.

Es en este contexto de recorte presupuestal e incertidumbre económica y política, que se requiere que cada ejercicio presupuestal podamos asegurar recursos públicos para cumplir con los compromisos y metas en materia de reducción de gases de efecto invernadero y atención a los efectos del cambio climático. La política nacional e internacional debe tener continuidad para alcanzar los objetivos establecidos en la materia.

Una de las herramientas para llevarlo a cabo, es destinar recursos como lo establece la Ley General de Cambio Climático a través de instrumentos económicos de carácter fiscal y los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático. En ningún caso, como la ley lo establece, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.

Desde la reforma energética del 2014, que definió la paulatina liberalización del precio de las gasolinas, los lineamientos para la producción y distribución de hidrocarburos y energía eléctrica con políticas para la transición energética ajustando gradualmente esta reforma con los ingresos y egresos petroleros. Es así que el gobierno federal presenta año con año la propuesta de ingresos federales y en la que se determinan cuotas para impuestos a combustibles y gasolinas tanto en la Ley de Ingresos como en los ajustes a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La propuesta que presentamos busca hacer congruente el cobro a través de impuestos a combustibles fósiles (que son los que generan la mayor parte de gases de efecto invernadero) con la asignación a programas y proyectos para atender disminuir estos contaminantes y atender así los efectos del cambio climático; considerando los costos que representa al país la degradación del aire y el agotamiento de los hidrocarburos. Es decir, destinar un porcentaje equivalente del costo ambiental de los efectos por consumo de combustibles fósiles para disminuir la emisión de gases contaminantes. El porcentaje que proponemos es del 4 por ciento, un poco más de 3.8 por ciento del PIB que representa el costo por el agotamiento de hidrocarburos y por contaminación ambiental y que servirá para compensar el 2 por ciento de crecimiento medio anual.

En Acción Nacional, hemos defendido un proyecto de crecimiento económico y social bajo una orientación de desarrollo sustentable que nos permita transitar hacia una economía baja en carbono y que mejore la calidad de vida de la población. La presente iniciativa pretende cumplir el compromiso que asumimos de trabajar hacia una transición energética que no afecte la productividad y que al tiempo que se reduce el consumo de combustibles de origen fósil, se logre mejorar la calidad del aire y cumplir al mismo tiempo, los compromisos internacionales de disminución de gases a efecto invernadero.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al inciso H de la Fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de impuesto a combustibles fósiles

Artículo Único . Se adiciona un cuarto párrafo al inciso H de la Fracción I del artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. ...

A) a G) ...

H) Combustibles Fósiles

...

De los recursos que se recauden en términos de este inciso, en el ejercicio inmediato anterior, el gobierno federal destinará el 4 por ciento a programas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, en el ejercicio de que se trate, conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley General de Cambio Climático.

I) y J) ...

1 a 9 ...

...

Transitorios

Primero . Los efectos fiscales de la presente iniciativa entrarán en vigor a partir del 1º de enero del ejercicio fiscal 2017.

Segundo. El porcentaje que refiere el párrafo cuarto del inciso H de la fracción I del artículo 2º, será actualizado con base a los porcentajes respecto al PIB que representan los costos por agotamiento de hidrocarburos y por degradación en relación a la contaminación atmosférica que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía respecto al Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente y que se desglosa en las Cuentas Económicas y Ecológicas de México.

Tercero . El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinará y hará públicos cada ejercicio fiscal, los criterios para la asignación de los recursos recaudados por concepto de combustibles fósiles y cuyo destino se define en el párrafo cuarto del inciso H de la Fracción I del artículo 2º.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de octubre de 2016.

Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Érika Rodríguez Hernández, diputada por la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71, y fracción XX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; somete a la consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XXVII, XXVIII y XXIV al artículo 3 y se reforman el artículo 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Exposición de Motivos

El Estado mexicano ha impulsado el proceso de armonización de los instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos de las mujeres y que éstos, adquieren una total relevancia a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que introduce los tratados internacionales como fuente de los derechos humanos en el orden jurídico nacional, con lo que le asigna a los derechos, consignados en los tratados, una jerarquía de norma constitucional.1

Así también, establece “la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como; de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.2

De tal forma, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata expresamente que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales favoreciendo la protección más amplia a las personas. Además, establece la prohibición de toda forma de discriminación, entre ellas la de género. En tanto que el artículo 4o. constitucional reconoce la igualdad formal entre hombres y mujeres.

Asimismo, mandata a las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, protejan, respeten y garanticen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales, que el Estado mexicano haya signado y ratificado, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en principio de pro persona.

Que, de acuerdo a este mandato, el Estado mexicano asume el compromiso de cumplimentar con los diversos instrumentos internacionales entre los más destacados:

Convenio 100 Sobre la igualdad de remuneración (1951) que en el artículo 1 establece, A los efectos del presente convenio:

(a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último;

(b) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo.

Convenio 111 Sobre la discriminación (Empleo y Ocupación 1958). Que establece en su artículo 1: A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:

(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;

(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en el artículo 1 señala:

...la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 3: Los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Artículo 4: La adopción por los Estados parte de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

Plataforma de Acción de Beijing. (Pekín 1995)

Los países...deciden adoptar las medidas que sean necesarias para eliminar todas las formas discriminación contra las mujeres y las niñas y suprimir todos los obstáculos a la igualdad de género y el adelanto y potenciación del papel de la mujer.

Objetivo Estratégico A.2. Revisar las Leyes y las prácticas administrativas para asegurar a la mujer igualdad de derechos y de acceso a los recursos.

Actualmente, destaca la agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, (2015)3 que integra en su Objetivo Número 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas4 .

Objetivo Transformador para la Igualdad ONU-Agenda 2030

Objetivo Transformador 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Es en este marco, que en México la rectoría de la generación de políticas de igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, se encuentran expresadas en: La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, (2006).5 y; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007)6

Como ya se mencionó con anterioridad; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la reforma constitucional de 2011, establece en el artículo 1o.:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Párrafo reformado DOF 10-06-2011.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011.

Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006)

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

Título III

Capítulo PrimeroDe la Política Nacional en Materia de Igualdad

Artículo 17. La política al en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural.

Artículo 14. Los congresos de los estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Estrategia 1.1.2. Fortalecer la relación con el honorable Congreso de la Unión y el Poder Judicial, e impulsar la construcción de acuerdos políticos para las reformas que el país requiere”. Específicamente, la línea de acción que “establece los mecanismos de enlace y diálogo permanentes con los Poderes Legislativo y Judicial, así como con las organizaciones políticas nacionales para consolidar una relación respetuosa y eficaz” y “Construir una agenda legislativa nacional incluyente que refleje los temas que son del interés de los diversos grupos y organizaciones de la sociedad.

Estrategia 1.5.4. Establecer una política de igualdad y no discriminación y su Líneas de acción: Promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación” “Fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la discriminación y “Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación.7 .

A su vez, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-20188 , (Proigualdad) que dedica su Objetivo Transversal 6: Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional, Concretamente:

Proigualdad 2013-2018

Su Estrategia 6.5. Orientar y promover las capacidades institucionales para cumplir con la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres.

Línea de Acción 6.5.4. Crear y fortalecer a las unidades de género en el monitoreo de las acciones y programas para la igualdad.

Estrategia 6.7. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género.

Línea de Acción 6.7.1. Garantizar la aplicación integral de Programa de Cultura Institucional.

Planteamiento de la problemática

La presente propuesta impulsa la incorporación transversal del enfoque de género en la elaboración de las iniciativas de ley, al tiempo que brinde las herramientas que contribuyan a la formulación asertiva de iniciativas legislativas orientadas a cerrar las brechas de la desigualdad originadas por la discriminación de género.

La inserción de las mujeres en el ámbito público, requiere de condiciones favorables para el pleno ejercicio de los derechos que le han sido negados históricamente. La diferencia en trato regida por el género, ha causado desigualdad sistémica, que requiere de respuestas integrales en el ámbito legislativo para lograr la igualdad sustantiva9

Por lo que la académica Alda Facio destaca las obligaciones que tiene el Estado, y a su vez las órdenes de gobierno para llevar a cabo este principio de igualdad sustantiva, donde se respete la dignidad y los derechos, en acciones impacten en la vida diaria de las personas.

La causa y efecto del proceso de inserción de medidas afirmativas en favor de la igualdad y la disminución de las brechas de desigualdad exigen la transversalización del enfoque de género en la acción legislativa y en los estudios presupuestarios para el desarrollo de las políticas públicas en materia.

Esta desigualdad de género, fue ya reconocida por la CEDAW al establecer en su planteamiento primordial para que los países reconozcan la discriminación, tal como:

...la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

La doctora Alda Facio, por su parte, abunda en torno a que esta definición es triplemente importante. En primer lugar:

...porque según ella, una ley será discriminatoria si tiene por resultado la discriminación de la mujer aunque esa misma ley no se haya promulgado con la intención o con el objeto de discriminarla. Es más, una ley podría ser discriminatoria aunque se haya promulgado con la intención de “proteger” a la mujer o de “elevarla” a la condición del hombre. Así, una ley que trate a hombres y mujeres exactamente igual, pero que tiene resultados que menoscaban o anulan el goce o ejercicio por la mujer de sus derechos humanos, será una ley discriminatoria.

Por lo anterior, incorporar el análisis de género en la elaboración de las iniciativas permite realizar un análisis de la condición y posición de los diversos sectores de la población y poder reflexionar, identificar y analizar las distintas formas en que se manifiesta el sexismo tales como el androcentrismo, el dicotomismo sexual, la insensibilidad al género, la sobregeneralización, la sobrespecificidad, el doble parámetro, el familismo, etcétera.

Por ejemplo; la cultura estereotipada hace creer a los hombres que surgen de mantener a las mujeres al servicio del sexo/género que se considera superior. Esta situación se logra haciendo creer a las mujeres que servir a los hombres es su función “natural”. El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas, de modo que es imposible hacer una relación no exhaustiva sino ni tan siquiera aproximada de sus formas de expresión y puntos de incidencia.

Cuando se realiza un análisis de género desde la perspectiva de la mujer, se está haciendo un análisis con la conciencia de reconocer la diversidad de la condición y posición de las mujeres, es decir, desde su condición de género, etnia, raza, etc. en su tiempo y espacio.

Hacer un análisis desde la perspectiva de género, implica reemplazar las medidas por acciones correctivas que partan de las verdaderas necesidades de las mujeres. Es decir, formular alternativas de solución a la problemática tomando en cuenta su posición de subordinación y desigualdad. Es decir, cuando nos preguntamos cuáles son las implicaciones y efectos de la problemática en cada sexo. Preguntándonos qué experiencia han tenido y qué resistencias han opuesto las mujeres y los hombres ante ese hecho o hechos similares y qué relación existe entre ambas experiencias y por ende las soluciones se presentan tomando en cuenta las necesidades y experiencias de ambos sexos.10

¿De quién son las necesidades que se pretenden llenar? ¿Se le da igual importancia a la experiencia femenina que a la masculina? ¿Qué valores promueve esa ley o qué valores sostiene la iniciativa? ¿Se visibiliza a la población con sus especificidades, qué clase, raza, etnia, sexo, preferencia sexual, creencia religiosa, política o filosófica pertenece o se adhiere?

Por otra parte, es relevante precisar, que para alcanzar la igualdad de género, se hace referencia a los “Parlamentos sensibles al género” como una meta a lograr de los países; es decir; cuando éstos logran distinguirse por fundar su quehacer cotidiano en la atención de las necesidades e intereses de mujeres y hombres, observando en todo su actuar, su posición y condición desde la perspectiva de género11 , tanto al interior como en el ámbito de actuación. Es decir, cuando el principio rector de igualdad de género se consolida como base para el desarrollo del trabajo de las y los legisladores. Por tanto, cuando se logra incorporar y transversalizar la perspectiva de género en el proceso y desarrollo del quehacer legislativo.

Los parlamentos, pueden ser más sensibles al género a través de la aplicación de legislaciones y políticas que respalden el principio de igualdad de género y la adopción de una legislatura que incorpore este enfoque; y de esa manera ser el ámbito legislativo un catalizador eficaz para impulsar un cambio y una transformación social y cultura y estructural para lograr la igualdad de acceso a las oportunidades entre mujeres y hombres.

Sin embargo; particularmente, la perspectiva de género no ha logrado permear en su totalidad al interior de los órganos que constituyen el Congreso de la Unión en nuestro país lo cual, limita su proceso de institucionalización. Así también, se requiere incorporar el enfoque de género en el proceso reglamentario para resolver las desigualdades de condiciones entre mujeres y hombres en la cultura organizacional de la cámara de diputados, por señalar algunos aspectos.

Se requiere, por lo tanto, la incorporación transversal en todos los instrumentos jurídicos reconociendo las desigualdades entre mujeres y hombres, reforzando las políticas incluyentes y las medidas afirmativas reconocidas por los organismos internacionales como uno de los mecanismos que compensan y revierten los efectos de la discriminación se enfrentan las mujeres en todos los ámbitos.

La incorporación del enfoque de género en todas las comisiones de trabajo legislativo que integran la H. Cámara de Diputados, es de gran importancia considerando que llevar a cabo análisis diferenciado por sexo, permite tener instrumentos de medición de impacto, así de observar las diferencias de segregación por género en cada uno de los rubros de especialización de las comisiones.

Por ejemplo, para identificar la invisibilidad del género en las propuestas legislativas cuando al tratar de mejorar la situación de la mujer rural, se promueven proyectos para elevar su nivel económico que no toman en cuenta su triple jornada laboral, su menor poder dentro de la pareja, etc., todo lo cual hace que estos proyectos lo que logran es elevar sus horas de trabajo, disminuyendo visiblemente su salud al disminuir sus horas de sueño. Pero también se da cuando se promulgan leyes que sí toman en cuenta a la mujer y hasta cuando le otorgan un derecho.12

Pensemos, por ejemplo, en propuestas legislativas que aumentan las licencias por maternidad sin tomar otra serie de medidas para no afectar negativamente el acceso de la mujer al mercado laboral. Este tipo de medidas son insensibles al género, porque, aunque la legislación está otorgando un derecho muy necesitado por las mujeres, al no tomar en cuenta la estructuración de género que tiene el mercado laboral también le está causando un perjuicio al dificultarle el acceso a un empleo.

Por lo expuesto; someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan la fracción XXVII, XXVIII y XXIV al artículo 3 y se reforman los artículos 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de incorporar el enfoque de “la perspectiva de género” en la formulación de las iniciativas de Ley de la Cámara de Diputados

1. Se propone agregar la fracción XXVII al artículo 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Fracción XXVII. Problemática desde la perspectiva de género:

Metodología científica, analítica y política que permite identificar y diferenciar la condición y posición de la vida de las mujeres y los hombres y que se propone eliminar las causas de la desigualdad de género, la injusticia, la violencia y la jerarquización de las personas basadas en el género.

Contribuye a construir leyes no discriminatorias, eliminar la desigualdad. Es decir, leyes que corrijan la desigualdad contra mujeres y garanticen derechos a mujeres y hombres en condiciones de igualdad de oportunidades, y cuenten con los mecanismos para acceder a los recursos económicos, a la representación política y social en todos los ámbitos de toma de decisión y en la vida pública y privada.

2. Se propone agregar la fracción XXVIII al artículo 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Fracción XXVIII. Desigualdad de Género

Categoría de análisis de género que permite identificar las desigualdades (brechas) entre mujeres y hombres, generados por la discriminación basada en género que impiden y obstruyen a las personas el acceso a todos los beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

La brecha de género, son medidas estadísticas que muestran la distancia entre mujeres y hombres respecto de un mismo indicador. Se utiliza para reflejar esa distancia (brecha) existente entre los sexos respecto al acceso de sus oportunidades y al acceso al control de los recursos (económicos, bienes y servicios).

3. Se propone agregar la Fracción XXIV al artículo 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Fracción XXIV. Impacto de Género

Categoría que se encarga del análisis de impacto de género (AIG), observando los impactos y efectos diferenciados en la vida de mujeres y hombres, procurando una igualdad entre mujeres y hombres.

El análisis de impacto de género (AIG) consiste en un análisis de las consecuencias y efectos en la aplicación de una ley o una política pública sobre la vida de mujeres y hombres con el fin de corregir la desigualdad a través de medidas compensatorias.

4. Se propone agregar el inciso III al artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Incisos I. y II. ...

i. Inciso III. Problemática desde la perspectiva de género

5. Se propone agregar el inciso IV del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

ii. Inciso IV. Describir y analizar la desigualdad de género

6. Se propone agregar el inciso VIII del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

iii. Inciso VIII. Descripción del impacto de género

7. Se propone modificar el inciso VI del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

iv. Inciso: VI. Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema desde la perspectiva de género

8. Se propone modificar el inciso VII del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

v. Inciso: VII Proceso de análisis, tomando en cuenta la perspectiva de género, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar;

Notas

1 Víctor Martínez Bullé-Goyri. Reforma constitucional en materia de derechos humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas

2 Ibídem.

3 http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-developm ent-agenda.html

4 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

5http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_24031 6.pdf

6http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171 215.pdf

7 Ibídem.

8 http://www.gob.mx/sre/documentos/programa-para-la-igualdad-entre-mujere s-y-hombres-2015-2018?idiom=es-MX

9 Para Alda Facio 2014, la igualdad entre los sexos no sugiere que somos idénticos, ni siquiera que seamos semejantes en capacidades y naturaleza, sino que somos equivalentes; el concepto de igualdad esto es que valemos lo mismo como seres humanos a pesar de tener o no diferentes habilidades, capacidades y naturalezas... libres e iguales en Dignidad y en Derechos.

10 Alda Facio. Metodología para el análisis de género del fenómeno legal.

11 CEAMEG, LXII Legislatura Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Diagnóstico del trabajo legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres en la LXII Legislatura. Retos y pendiente. Julio de 2015.

12 Ibídem. Alda Facio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2016.

Diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica)

Que expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas para los Estados de la Frontera Norte, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscriben, los diputados José Teodoro Barraza López, Gina Andrea Cruz Blackledge, José Máximo García López, Exaltación González Ceceña, Wenceslao Martínez Santos, Jaqueline Nava Mouett, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Jorge Ramos Hernández, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Luisa Sánchez Meza y María Eloísa Talavera Hernández, integrantes de la LXIII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Zonas Económicas Estratégicas para los Estados de la Frontera Norte, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 25 que la competitividad “se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”1 .

Asimismo, nuestra Carta Magna indica la importancia de la Competitividad para el bienestar de la población, toda vez que en el artículo 26 dice que “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”2 .

El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) establece que la competitividad “es una forma de medir la economía en relación a los demás, es como una carrera donde importa qué tan bien le va a uno respecto a los otros; en otras palabras la competitividad es la capacidad para atraer y retener talento e inversión”3 .

Para alcanzar la generación de empleos bien remunerados, una mejor infraestructura, educación de calidad, entre otros servicios que incidan en el bienestar de los mexicanos, es prioritario que nuestro país cuente con altos niveles de competitividad.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que la expectativa del crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) para 2016 era de 3.7 por ciento mientras que con las reformas subiría a 4.9 por ciento. Sin embargo, estimaciones arrojan que al cerrar el año llegará a 2.5 por ciento, lo que evidencia que el gobierno federal ha perdido su capacidad para impulsar el desarrollo en las diversas regiones del país, por lo que los gobiernos estatales han asumido un papel cada vez más importante para definir políticas de desarrollo económico sustentable, equilibrado, y con una base económica local y diversificada.

México es un país con distintas regiones y cada una de ellas cuenta con formas particulares de cultura, fenómenos sociales y economías. Si bien existen diversas propuestas para intentar determinar el número de regiones que conforman el país y delimitar zonas económicas en México, se pueden observar a simple vista tres grandes regiones económicas: sur-sureste, centro y norte.

En ese sentido, la frontera norte del país se conforma por seis entidades federativas, que son Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Su superficie terrestre está delimitada: al norte, a lo largo de una línea fronteriza de 3 mil 152 kilómetros colinda con cuatro estados de Estados Unidos de América: California, Arizona, Nuevo México y Texas; al oeste por el océano Pacífico y el Mar de Cortés; y al este por el Golfo de México.

Según datos del Inegi en 2015, la población de los estados de la frontera norte fue de 21 millones 238 mil 787 personas, siendo Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Baja California las entidades más pobladas.

Es importante destacar que la zona fronteriza norte mexicana ha tenido luces y sombras en su economía, pues el comercio entre los estados fronterizos y Estados Unidos permitieron en su momento un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, con la firma del Tratado del Libre Comercio de América del Norte se canceló la “Zona Franca” que las entidades federativas de la frontera mantenían con nuestros vecinos del norte, lo que provocó un estancamiento de la economía de dichos estados.

Debemos agregar la crisis económica de Estados Unidos de 2008 y 2009 que inhibió el crecimiento de nuestra economía, proceso del cual no ha logrado salir completamente.

Hoy también contamos con un nuevo problema que es el de los flujos migratorios tanto de connacionales como de extranjeros que llegan a la frontera norte con la intención de encontrar una mejor calidad de vida y oportunidades de empleo.

A partir de enero de 2014, fecha en la que entró en vigor la reforma hacendaria con el incremento del impuesto al valor agregado de 11 por ciento a 16 por ciento, se registró un impacto negativo a la economía de los estados de la frontera norte.

De acuerdo con el estudio Impactos de la Homologación del IVA en Baja California, 2013, presentado por El Colegio de la Frontera Norte “la tendencia hacia las compras externas provocadas por el IVA ha estado destruyendo sistemáticamente los efectos multiplicadores de la actividad económica, en particular en Baja California”.

Como ejemplo de la afectación que vivieron los habitantes de las zonas fronterizas, se encuentran Tijuana y Mexicali, que son las dos ciudades más caras para vivir en México y es que de acuerdo al estudio de El Colegio de la Frontera Norte, la vida en Baja California se encareció en 15 por ciento desde la homologación del IVA.

Este mismo estudio refiere que actualmente un tijuanense requiere de una cantidad de mil 400 pesos al mes para gastos de alimentación, es decir, 15 por ciento más que al final de 2013 y 25 por ciento más que al final de 2012, lo que representa un alza de precios provocados por la inflación y el incremento del IVA al 16 por ciento.

Esta alza al gravamen elevó la inflación general, así como también generó la disminución de la competitividad de empresas, fuga de consumidores hacia Estados Unidos, menor poder adquisitivo en las personas con mayor índice de pobreza, y sobre todo una caída dramática en la economía de la región.

No obstante, a pesar de la falta de inversión y la creación de infraestructura necesaria, los estados fronterizos del norte aportan aproximadamente 22.2 por ciento del PIB nacional, según datos del Inegi en 2015.

Entidad federativa Aportación del PIB

Baja California 2.8%

Coahuila 3.4%

Chihuahua 2.8%

Nuevo León 7.3%

Sonora 2.9%

Tamaulipas 3.0%

Total 22.2%

La zona fronteriza norte goza de una posición geográfica privilegiada que México no ha sabido aprovechar, pero con los incentivos adecuados puede ser una plataforma para conectar de una forma más eficiente a México, con el resto del mundo. Por ello se pide el establecimiento de una zona económica estratégica (ZEE) para potencializar su desarrollo.

Los objetivos de la ZEE son los siguientes:

a) Atraer inversión extranjera directa (IED). La IED ha caído en el país en los últimos años e incluso el informe sobre las Inversiones en el Mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), refiere que para el cierre de 2015, México había retrocedido dos puestos en el ranking de la IED, pasando del lugar 13 al 15. En razón de esta tendencia a la baja, es que resulta urgente buscar nuevos mecanismos para activarla. Tan sólo en China se han incrementado los costos de operación de muchas empresas de manufactura que dejaron México para instalar sus plantas en aquel país, por lo que con los incentivos adecuados volvería a ser un país atractivo para la inversión extranjera.

b) La zona económica estratégica (ZEE) serviría como válvula de escape para aliviar el desempleo. Existe una gran cantidad de población migrante con necesidad de acceso a fuentes de trabajo, ya que al día de hoy existe un flujo considerable de personas provenientes de Haití y algunos países de África que se están asentando en Baja California y Sonora.

c) La ZEE sería una política para la zona de la frontera norte, la cual ha estado deprimida en su crecimiento económico, pero por otra parte tiene importantes activos que deben ser aprovechados, tales como su ubicación geográfica, el acceso al mercado más importante del mundo y por otro lado, la conexión directa con la cuenca del Pacífico, además de mano de obra calificada.

d) Usar la ZEE en Baja California como laboratorio experimental para la implementación de políticas regionales. Las zonas económicas especiales de China han evolucionado de ser zonas procesadoras para la exportación, a la creación de zonas intensivas en conocimiento con actividades en investigación y desarrollo. Los países y regiones que más crecen son aquellos que invierten una mayor proporción de su PIB en ciencia y tecnología.

Es importante la creación de un Ecosistema de Innovación Binacional. Las nuevas zonas especiales en el mundo y en particular en China, tienen que ver con el impulso de actividades industriales apoyadas por la ciencia, la tecnología y la innovación. Como ejemplo, Baja California tiene el mayor número de empresas de la industria aeroespacial con 76 corporativos instalados en su territorio, sin embargo la mayor inversión extranjera en ese rubro pertenece a Querétaro y en los últimos años se ha impuesto como líder de la industria aeroespacial en todo el país, desplazando al estado fronterizo.

El ecosistema es un instrumento para articular los sectores empresarial, académico y gubernamental para el desarrollo de proyectos que impulsen la competitividad a través de la innovación. Actualmente se trabaja en los diálogos de alto nivel a través de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia para el impulso de actividades de mayor valor agregado en la región fronteriza.

Esta problemática la destaca la investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, Alejandra Trejo Nieto, al decir que:

En la frontera norte se ha evidenciado una serie de dificultades que apuntan a la necesidad de alcanzar y mantener altos niveles de eficiencia ante un contexto de crisis y competencia internacional. Hay problemas de subutilización, de sobresaturación, de deterioro y carencia de infraestructura así como insuficiencia de servicios públicos en varios puntos de la región fronteriza. A raíz de ello la industria manufacturera y las maquiladoras, que han sido motor económico de localidades y ciudades fronterizas, desde hace tiempo han acusado una pérdida de competitividad con sus contrapartes asiáticas debido a su mayor estabilidad macroeconómica, marco jurídico favorable e incentivos fiscales, pero también a su infraestructura y sus menores costos logísticos”4 .

Por otra parte el Programa Regional para el Desarrollo del Norte, 2014-2017, indica los siguientes datos:

1. Se observa la menor disponibilidad de agua per cápita del país y la mayor presión sobre los recursos hídricos.

2. La población de la región crece a tasas superiores a la media nacional (1.8 por ciento frente a 1.6 por ciento), favorecida por los flujos de inmigrantes y repatriados (las principales entidades receptoras son Nuevo León y la península de Baja California).

3. La población rural se ha reducido, pasando de 3.46 millones en 1990, a 3.40 millones en 2010, resultado de dos factores: menos fertilidad y emigración (principalmente hombres jóvenes).

4. Las localidades menos accesibles enfrentan los menores niveles de infraestructura, acceso a servicios de educación y salud. Únicamente 53.2 por ciento de las viviendas particulares habitadas de localidades rurales disponen de todos los servicios (luz eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje); 69 por ciento de la población rural es derechohabiente de servicios de salud; y 3.9 por ciento de población rural de 6 a 11 años de edad no asiste a la escuela. Estas proporciones en localidades urbanas son más favorables: 91.9, 74.1 y 2.3 por ciento, respectivamente.

5. De los 53.3 millones de mexicanos en condiciones de pobreza (extrema o moderada), 8.5 millones, 16 por ciento, habitan en la región norte. Es decir, 32.3 por ciento de los habitantes del norte se encuentran en situación de pobreza, frente a 45.5 por ciento nacional.

6. La región norte se ha consolidado como uno de los motores de desarrollo de todo el país. Genera un producto interno bruto de 3.2 billones de pesos, (27.2 por ciento del PIB nacional). Su PIB per cápita es 15 por ciento superior al promedio nacional, impulsado principalmente por Nuevo León (80 por ciento superior al nacional). No obstante, el desempeño de este indicador en los últimos años ha sido inferior al de todo el país, debido al crecimiento poblacional en la región y a la contracción económica en Norteamérica, que tuvo sus efectos desde 2008 en varias entidades, afectando principalmente a Baja California, Tamaulipas y Chihuahua.

7. Concentra 27.9 por ciento del total de la inversión física nacional, y 6 de cada 10 maquiladoras del país se instalan ahí. Es líder de las empresas pertenecientes al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, con el mayor número de establecimientos, personal ocupado, horas trabajadas e ingresos generados.

8. De cada 100 establecimientos registrados en México, 15 están en la región norte, y de cada 100 de los establecimientos más grandes del país, 45 se ubican ahí.

9. La infraestructura carretera suma 117 mil 934 kilómetros, equivale a un tercio de la red nacional (31.5 por ciento). Del total de estas carreteras, 35.7 por ciento son pavimentadas, y 36.7 por ciento revestidas.

10. La frontera norte es una de las de mayor flujo de personas y mercancías del mundo. Tan sólo por los corredores Nasco y Canamex transita 90 por ciento del comercio binacional.5

Derivado de lo anterior la presente iniciativa tiene como objetivo crear las condiciones propicias para el desarrollo de los estados de la frontera norte como zonas económicas estratégicas para que, de forma coordinada entre distintas dependencias y entidades de la administración pública federal y de los tres ámbitos de gobierno se cumpla el objetivo de elevar los niveles de calidad de vida de sus habitantes.

La iniciativa en comento se conforma de cuatro capítulos integrados por veinticinco artículos y seis artículos transitorios, los cuales corresponden a los siguientes:

• El capítulo I, disposiciones generales.

• El capítulo II, de la comisión intersecretarial para las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte.

• El capítulo III, del régimen fiscal y presupuestario.

• El capítulo IV, reglas de operación de las zonas económicas estratégicas.

De esta forma, la presente propuesta busca fomentar la competitividad regional, de conformidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 28 constitucionales, a fin de instaurar las bases para los regímenes fronterizos económicos, que fortalezcan e incentiven la productividad y competitividad en el desarrollo de los sectores económicos, a los habitantes de los estados de la frontera norte.

Sin aumentar un aparato burocrático, se crea una Comisión Intersecretarial, compuesta por titulares de las dependencias federales involucradas y de los gobernadores de los estados fronterizos, para buscar establecer mecanismos que permitan al sector económico la inclusión dentro de los mercados internacionales a través de diversas políticas competitivas.

La creación de zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte tiene la finalidad de establecer las mejores prácticas internacionales en materia de productividad y competitividad, que permitan implementar un ambiente propicio de inclusión en los mercados internacionales, mediante la atracción de inversión productiva internacional y nacional, la exportación de bienes y servicios, generación de empleo y desarrollo económico en la región, contribuir a la transferencia y a la generación de valor agregado nacional.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas para la Frontera Norte

Único. Se expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas para la Frontera Norte, para quedar como sigue:

Ley de Zonas Económicas Estratégicas para los Estados de la Frontera Norte

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. La presente ley es una ley reglamentaria de los artículos 25, 26 y 28 constitucionales en materia de competitividad regional, de orden público y de obediencia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto instaurar las bases para los regímenes fronterizos económicos, que fortalezcan e incentiven la productividad y competitividad en el desarrollo de los sectores económicos, a los habitantes de los estados de la frontera norte.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Comisión Intersecretarial: La Comisión Intersecretarial para las Zonas Económicas Estratégicas;

II. Competitividad: La capacidad para atraer y retener talento e inversión.

III. Estados de la Frontera Norte: Los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

IV. Impuestos al comercio exterior: Los impuestos generales de importación y exportación;

V. Ley: La presente ley;

VI. Mercancías: Los artículos, productos, efectos y cualesquier otros bienes muebles que estén en el comercio;

VII. Reglamento: El reglamento de las Zonas Económicas Estratégicas de los Estados de la Frontera Norte;

VIII. Secretario técnico: El Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial para las zonas económicas estratégicas;

IX. SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

X. SE: La Secretaria de Economía

XI. SRE: La Secretaria de Relaciones Exteriores

XII. STPS: La Secretaria del Trabajo y Previsión Social

XIII. Sedatu: La Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano

XIV. Zona: Zona económica estratégica de los estados de la frontera norte

XV. Certificado: Documento expedido por la Comisión Intersecretarial

Artículo 3. Las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte tienen como finalidad establecer mecanismos que permitan al sector económico la inclusión dentro de los mercados internacionales a través de diversas políticas competitivas, mediante mecanismos que propicien un ambiente legal y económico apropiado para atraer la inversión extranjera directa nacional e internacional.

Las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte pueden crearse con la finalidad de una actividad específica de la economía, como desarrollar centros financieros internacionales, centros logísticos internacionales, centros de población sustentables, ciudades, distritos especiales de inversión, zonas turísticas especiales, zonas mineras sociales, o que incluya una combinación de varios de estos regímenes para procurar el desarrollo de las inversiones bajo modelos incluyentes.

Artículo 4. Las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte están autorizadas para establecer las mejores prácticas internacionales en materia de productividad y competitividad, que permitan implementar un ambiente propicio de inclusión en los mercados internacionales, mediante la atracción de inversión productiva internacional y nacional, la exportación de bienes y servicios, generación de empleo y desarrollo económico en la región, contribuir a la transferencia de tecnología y a la generación de valor agregado nacional.

Artículo 5. Los convenios que se celebren o emitan dentro de las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte tienen plena vigencia en el resto del país y en el extranjero de conformidad a los acuerdos de reciprocidad y el derecho internacional.

Artículo 6. Las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte están facultados a elaborar y publicar su normatividad.

Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta ley o en su Reglamento, serán observables de manera supletoria, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás normatividad aplicable.

Artículo 8. La Comisión delimitará el área del territorio nacional en la que, previo cumplimiento de los requisitos que esta ley dispone, se habrán de constituir zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte.

Son consideradas zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte aquellos centros de población, municipios o regiones conformadas por uno, dos o más municipios de una o más entidades federativas, siempre que lo soliciten y se sometan al proceso establecido en la presente ley.

Capítulo II
De la Comisión Intersecretarial para las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte

Artículo 9. Se crea la Comisión Intersecretarial para las Zonas Económicas Estratégicas de los Estados de la Frontera Norte, para regular y promover el desarrollo eficiente para los Estados de la Frontera Norte.

Artículo 10. La Comisión Intersecretarial se integra por los titulares de las siguientes dependencias:

I. Uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. Uno de la Secretaría de Economía;

III. Uno de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

V. Uno de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano;

VI. Los gobernadores de los estados de la frontera norte;

VII. Hasta 3 de las organizaciones empresariales que incidan en el comercio internacional;

VIII. Un legislador por cada congreso local de cada uno de los estados de la frontera norte;

Podrán participan en calidad de invitados, investigadores, académicos, universidades, instituciones publica y privadas relacionadas con el tema objeto de esta ley.

Artículo 11. En casos excepcionales, los titulares de las dependencias podrán ser representados por el servidor público equivalente a subsecretario o el secretario del ramo correspondiente, para el caso de los Gobernadores.

Artículo 12. La Comisión Intersecretarial sesionará ordinariamente por lo menos dos veces al año y, extraordinariamente, las veces que sean necesarias.

Artículo 13. Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como los acuerdos de la Comisión Intersecretarial serán establecidos por la mitad más uno de sus miembros.

Artículo 14. La Comisión Intersecretarial revisará periódicamente los avances de las políticas y acuerdos aplicables en las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte.

Artículo 15. La Comisión Intersecretarial será presidida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y contará con un Secretario Técnico, quien coadyuvará al cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y decisiones que determine la Comisión Intersecretarial.

El presidente convocará a las sesiones de la Comisión Intersecretarial de manera ordinaria o extraordinaria, según corresponda.

Artículo 16. La Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes facultades:

I. Elaborar y aprobar su reglamento operativo y su Código de Ética;

II. Recibir, analizar y las solicitudes de las entidades públicas o privadas que tengan como objetivo operar zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte dentro del territorio nacional;

III. Proponer al Ejecutivo, a los gobiernos de los estados y de los municipios, proyectos de establecimiento, modificaciones y ampliaciones de zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte en aquellas áreas geográficas con el potencial determinado;

IV. Elaborar y actualizar periódicamente un registro de las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte;

V. Elaborar e instrumentar programas y planes para desarrollar la infraestructura y desarrollo de las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte;

VI. Promover y fomentar inversiones de capital nacional y extranjero en las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte;

VII. Proponer las reformas pertinentes a las legislaturas locales y al Congreso de la Unión para la armonización del orden jurídico nacional para las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte;

VIII. Coadyuvar con todas las dependencias federales, estatales o municipales, para el mejor funcionamiento de las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte;

XI. Emitir y dar seguimiento a las opiniones pertinentes sobre asuntos internacionales en el ámbito de su competencia y turnarlas a la Secretaría de Relaciones Exteriores;

X. Canalizar, gestionar y dar seguimiento a las sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

XI. Promover, fomentar y celebrar los convenios de coordinación necesarios con las entidades públicas y privadas; así como establecer mecanismos de coordinación con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, otros organismos públicos o privados que garanticen el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley;

XII. Remitir al Congreso de la Unión a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las propuestas de modificación de impuestos, derechos y cuotas en las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte;

XIII. Las demás que correspondan a las leyes aplicables.

Capítulo III
Del régimen fiscal y presupuestario

Artículo 17. Las zonas económicas estratégicas de los estados de la frontera norte tienen un régimen financiero autónomo que garantice mantener condiciones de competitividad, sus ingresos financieros y recursos de la Federación se utilizarán proporcionalmente para los fines de la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 18. Las zonas estratégicas de los estados de la frontera norte gozarán de las siguientes condiciones fiscales:

I. La enajenación de servicios y mercancías nacionales de proveedores nacionales ajenos a la zona, se aplicará una tasa de cero por ciento del impuesto al valor agregado;

II. Exenciones al pago del impuesto al valor agregado causado por la venta de servicios y mercancías dentro y entre zonas y por la venta de mercancías a maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía;

III. El impuesto sobre la renta para personas físicas no puede ser superior al seis por ciento;

IV. El impuesto sobre la renta para personas morales no puede ser superior al doce por ciento; y

V. Apoyos crediticios, obras de infraestructura, de equipamiento y demás incentivos.

Aplicación de un deducible de inversiones de hasta un 50 por ciento, cuando se realicen actividades de investigación y desarrollo mientras se cuente con un certificado expedido por la Comisión Intersecretarial.

Artículo 19. Las excepciones al pago de impuestos que esta Ley establece, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 5 del Código Fiscal de la Federación, serán sin perjuicio de las demás obligaciones fiscales que ésta y otras leyes dispongan.

Artículo 20. Las zonas deben garantizar en todo momento la libre convertibilidad cambiaria, las zonas económicas estratégicas de los estados de la Frontera Norte deben salvaguardar la libre circulación de capitales tanto dentro como fuera de su jurisdicción.

Artículo 21. Las zonas deben operar sobre una política de libre comercio y competencia que garantice la circulación de bienes, activos intangibles, servicios y capital.

Capítulo IV
Reglas de Operación de las zonas económicas estratégicas

Artículo 22. Las zonas estarán sujetas a modificaciones en su extensión y límites, siempre y cuando dichas modificaciones no contravengan esta ley y su Reglamento.

Es la Comisión Intersecretarial la que conoce sobre solicitudes de modificación, disminución, ampliación o eliminación de zonas, las cuales deberán cumplir con los mismos requisitos que se requieren al solicitar la autorización de una Zona, en términos de esta ley.

Artículo 23. La Secretaría de Hacienda y Crédito público coordinará y designará para las zonas, los oficiales, guardias y demás personal de aduanas que sea necesario para proteger el interés fiscal de la Federación, de los Estados o Municipios, según sea el caso y para permitir la admisión de la mercancía extranjera en territorio aduanero. De igual forma, las demás dependencias federales que requieran tener presencia permanente en las Zonas, asignarán, a la misma, el personal que sea necesario dentro de su respectiva competencia.

Artículo 24. Queda prohibido introducir a las Zonas: armas de fuego, destinadas a usos bélicos, así como aquellas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza área.

Artículo 25. Las embarcaciones que se introduzcan a una Zona estarán sujetas a lo dispuesto en la presente Ley, sin menoscabo de los Tratados Internacionales de que México forma parte. Asimismo, cuando éstas salgan de la Zona y lleguen al territorio aduanero de México deben estarse a lo dispuesto en la legislación mexicana aplicable. Lo anterior se aplica también a las aeronaves, trenes y vehículos automotores de transporte de carga terrestre.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo. La secretaría, previo dictamen de la Comisión Intersecretarial, emitirá, dentro de los 180 días naturales contados a partir de la publicación de la presente ley, el Reglamento interno correspondiente.

Tercero. La Comisión Intersecretarial en un plazo no mayor a 180 días naturales establecerá convenios de colaboración con las organizaciones o quien decida para beneficio y desarrollo de la zona económica estratégica.

Cuarto. La Comisión Intersecretarial, en un plazo de 90 días naturales, emitirá su Código de Ética.

Quinto. Para los efectos de la implementación de esta ley, la Comisión Intersecretarial realizará un programa piloto en Baja California e informará a la Cámara de Diputados al año siguiente de entrada en vigor de la presente ley.

Sexto. Las erogaciones que, en su caso, deban de realizar las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública federal con motivo de la entrada en vigor del presente decreto deberán cubrirse con cargo de su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

2 Ibídem.

3 Instituto Mexicano de la Competitividad “¿Qué es Competitividad? Imco”, en:

http://imco.org.mx/videos_es/que_es_competitividad_-_imc o/

4 Alejandra Trejo Nieto, Challenges of Competitiveness in Mexico’s Northern Border as Part of Global Rebalancing”, Frontera norte volumen 25 número 50 México jul./dic. 2013, en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722013000200009

5 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, “Programa Regional para el Desarrollo del Norte, 2014-2017”, en: http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/PRDNorte/PRDNo rte25042014.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 octubre de 2016.

Diputados: Gina Andrea Cruz Blackledge, José Teodoro Barraza López, José Máximo García López, Exaltación González Ceceña, Wenceslao Martínez Santos, Jaqueline Nava Mouett, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Jorge Ramos Hernández, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Luisa Sánchez Meza, María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).

Que adiciona los artículos 54 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El principio de máxima publicidad se entiende como la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información que esté en posesión, custodia o control de la autoridad pública.

Este principio fue recogido en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, luego de la construcción colectiva de una propuesta por parte de gobernadores de diversas entidades federativas y consensos logrados por la fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, se adicionó a dicho precepto las bases del actual sistema de acceso a la información pública.

La reforma constitucional estableció el texto de la siguiente manera en el referido artículo 6o., Apartado A, fracción I:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Esta base constitucional ha sido la base para reformas de trascendencia en materia de acceso a la información y la consolidación de instituciones a nivel federal y local que garantizan el ejercicio de este derecho, el cual se ha convertido en un mecanismo de control, evaluación y seguimiento de gasto público para erradicar la discrecionalidad en el manejo de los recursos.

Sin embargo, no se puede soslayar que, si bien existen mecanismos e instrumentos jurídicos que ayudan e instruyen a las instituciones en el proceso de fiscalización y de rendición de cuentas, tabién es cierto que la omisión y la interpretación de dichas normas deja grandes vacíos para un seguimiento público y periódico del avance en la aplicación del presupuesto.

Esa situación sucede en dos temas en particular: el reintegro de los recursos no devengados por parte de las instituciones y los proyectos de desarrollo regional contemplados en los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el caso de los reintegros, de acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública de 2014, en el punto 4.3.3.4. Reintegro de los recursos observados a las cuentas bancarias de los fondos y programas y no a la Tesorería de la Federación, la ASF indica que la práctica de los reintegros es nociva, pues el ejecutor para evitar el reintegro a la Tesorería de la Federación caen en simulación de pago o se hacen sin haber concluido o iniciado las obras.

Por citar un ejemplo, de los recursos destinados al gobierno de Veracruz, 319 millones 210 mil 400 pesos transferidos al 31 de diciembre de 2013, el estado no había ejercido el 86.2 por ciento; además que aún sin contar con datos indicativos sobre los reintegros de los recursos federales, se puede señalar que Quintana Roo, Chihuahua y Durango deben aclarar el destino de los mismos de acuerdo a dicho ente fiscalizador.

Por lo que hace a los proyectos de desarrollo regional, la Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación y en este se incluye el Anexo 20 y 20.3. del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.

El gasto federalizado del Ramo 23 depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se transfieren a los estados y municipios a través de la firma de un convenio; dichos recursos para los proyectos de desarrollo regional tienen carácter de subsidios federales y se dirigen al desarrollo y concreción de proyectos específicos de impacto en el desarrollo regional a través de la infraestructura pública y su equipamiento; mismos que son auditados por la ASF.

Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace pública cada trimestre el ejercicio de los recursos y avances financieros de los proyectos de infraestructura, que se pueden consultar en el SEFIR23, cabe señalar que dentro de dichos informes trimestrales, no se incluye información precisa sobre los recursos destinados a los proyectos de desarrollo regional, no obstante que se ha podido observar un crecimiento considerable, para dichos proyectos, pues en 2014 se le destinaron 18 mil 332 millones 115 mil 279 pesos mientras que en 2015 tuvieron un monto de 21 mil 854 millones 556 mil 365 pesos y para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 se asignaron 20 mil 71 millones 446 mil 636 pesos.

Cabe mencionar que este tipo de recursos en los resultados de la Cuenta Pública de 2014 se observó solamente un 3.1 por ciento de éstos dentro de los fondos y programas federales auditados por la ASF, contando con una escasa evaluación por falta de instrumentos y lineamientos jurídicos que respalden su seguimiento y reduzcan la opacidad, o el manejo discrecional del Presupuesto.

La Auditoría Superior de la Federación ha levantado observaciones graves que implican daños al erario y que se ven reflejados en el manejo de los proyectos, programas, fondos y recursos públicos del Ramo 23 que con información de diversos centros de análisis económicos, financieros y de presupuesto coinciden en un porcentaje de 67 a 75 por ciento de observaciones graves en este sentido.

Dichos datos arrojaron que el ejercicio fiscal de 2014 tuvo irregularidades por más de 80 mil millones de pesos, lo cual deja una brecha considerable a la suspicacia y al análisis del destino de éstos.

De los fondos y programas con altos niveles de observaciones determinadas respecto a la muestra auditada del año 2014, los Proyectos de Desarrollo Regional representan el 55.4% con irregularidades por un monto de 2 mil 349 millones de pesos.

Argumentos

Los datos plasmados hablan de la necesidad de establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la obligación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para incluir en sus informes trimestrales a la Cámara de Diputados la información sobre el proceso de reintegro y distribución de los recursos federales no devengados, además lo relativo a los programas de desarrollo regional.

Cabe señalar que en el artículo 107 no se contempla solicitar información sobre el proceso de reintegro de los recursos federales no devengados por la propia Federación, las entidades federativas, municipios y Ciudad de México, ni de los proyectos de desarrollo regional, lo que vulnera el principio de máxima publicidad de la información, además que se viola lo establecido en el artículo 134 Constitucional que dicta que de los recursos económicos de que disponga la federación, las entidades federativas deberán administrarlos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La omisión de la información al respecto de los recursos no ejercidos y su destino final desafortunadamente los vuelve economías manejadas con discrecionalidad y opacidad y contribuye al problema histórico de falta de transparencia y el manejo reservado de información financiera y presupuestal que frenan el proceso democratizador y de acceso equitativo a la igualdad de condiciones para todas y todos en México.

Por su parte, el Programa de Gasto México Evalúa en un ejercicio de recomendaciones al gobierno mexicano ha propuesto:

- Regular la existencia y operación de recursos del Ramo 23

- Regular la publicación de la información en el SEFIR23 y otras plataformas donde se publicita información del Ramo 23

- Incluir un anexo en el Informe Trimestral que explique el avance financiero, y en su caso también avance físico, de los recursos del Ramo 23

De ahí que la propuesta que se somete a consideración implica adicionar un párrafo al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la obligación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el informe trimestral inmediato que corresponda al cierre del ejercicio fiscal, sobre el reintegro de los recursos federales no devengados.

También se propone adicionar una fracción al artículo 107 del mismo ordenamiento, en el cual se contempla el contenido mínimo de los informes trimestrales, el avance sobre los Proyectos de Desarrollo Regional.

Dichos elementos contribuirán en hacer cumplir el principio de máxima publicidad, erradicar al discrecionalidad en el manejo de los recursos y, sobre todo, que el gasto publico cumpla con el objetivo al cual es destinado.

Las propuestas legislativas son las siguientes:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Texto vigente

Artículo 54. Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública.

Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse.

Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo.

Propuesta

Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse.

La secretaría remitirá a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el informe trimestral inmediato que corresponda al cierre del ejercicio fiscal, lo referente al reintegro de los recursos a los que se refiere este artículo.

Texto vigente

Artículo 107. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, entregará al Congreso de la Unión información mensual y trimestral en los siguientes términos:

I. Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, conforme a lo previsto en esta ley.

Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, conforme a lo previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren los artículos 110 y 111 de esta ley.

Los ejecutores de gasto serán responsables de remitir oportunamente a la Secretaría, la información que corresponda para la debida integración de los informes trimestrales, cuya metodología permitirá hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales.

Los informes trimestrales deberán contener como mínimo:

a) La situación económica, incluyendo el análisis sobre la producción y el empleo, precios y salarios y la evaluación del sector financiero y del sector externo;

b) La situación de las finanzas públicas, con base en lo siguiente:

i) Los principales indicadores de la postura fiscal, incluyendo información sobre los balances fiscales y, en su caso, el déficit presupuestario;

ii) La evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, especificando el desarrollo de los ingresos petroleros y los no petroleros; la situación respecto a las estimaciones de recaudación y una explicación detallada de la misma, así como el comportamiento de las participaciones federales para las entidades federativas.

Adicionalmente, se presentará la información sobre los ingresos percibidos por la Federación en relación con las estimaciones que se señalan en la Ley de Ingresos.

Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, se deberá incluir la información correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan:

1. Avance en el padrón de contribuyentes.

2. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales.

3. Avances contra el contrabando.

4. Reducción de rezagos y cuantificación de resultados en los litigios fiscales.

5. Plan de recaudación.

6. Información sobre las devoluciones fiscales.

7. Los montos recaudados en cada periodo por concepto de los derechos de los hidrocarburos, estableciendo los ingresos obtenidos específicamente, en rubros separados, por la extracción de petróleo crudo y de gas natural.

8. Los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios.

9. Avances en materia de simplificación fiscal y administrativa.

La secretaría deberá incluir en el informe de recaudación neta, un reporte de grandes contribuyentes agrupados por cantidades en los siguientes rubros: empresas con ingresos acumulables en el monto que señalan las leyes, sector financiero, sector gobierno, empresas residentes en el extranjero y otros. Las empresas del sector privado, además, deberán estar identificadas por el sector industrial, primario y/o de servicios al que pertenezcan.

Asimismo, deberán reportarse los juicios ganados y perdidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia fiscal y de recaudación; así como el monto que su resultado representa de los ingresos y el costo operativo que implica para las respectivas instituciones y en particular para el Servicio de Administración Tributaria. Este reporte deberá incluir una explicación de las disposiciones fiscales que causan inseguridad jurídica para el Gobierno Federal. Los tribunales competentes estarán obligados a facilitar a las instituciones citadas la información que requieran para elaborar dichos reportes;

iii) La evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable y no programable; su ejecución conforme a las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de esta ley, los principales resultados de los programas y proyectos. Asimismo, se incorporará la información relativa a las disponibilidades de los ejecutores de gasto, así como de los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica;

iv) La evolución del gasto público previsto en los Anexos Transversales a los que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de esta ley.

c) Un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública en el trimestre, incluyendo los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda pública interna y externa.

La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. Asimismo, deberá informar sobre la tasa de interés o rendimiento que pagará cada emisión, de las comisiones, el plazo, y el monto de la emisión, presentando un perfil de vencimientos para la deuda pública interna y externa, así como la evolución de las garantías otorgadas por el Gobierno Federal.

Se incluirá también un informe de las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento financieros y de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Adicionalmente, en dicho informe se incluirá un apartado que refiera las operaciones activas y pasivas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo aquéllas relativas a la enajenación de bienes, colocación de valores y apoyos otorgados.

Se informará adicionalmente sobre las modificaciones que, en su caso, hayan sido realizadas al monto autorizado por intermediación financiera en la Ley de Ingresos.

Este informe incluirá un apartado sobre los pasivos contingentes que se hubieran asumido con la garantía del Gobierno Federal, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva de largo plazo otorgados.

De igual forma, incluirá un informe sobre el uso de recursos financieros de la banca de desarrollo y fondos de fomento para financiar al sector privado y social, detallando el balance de operación y el otorgamiento de créditos, así como sus fuentes de financiamiento, así como se reportará sobre las comisiones de compromiso pagadas por los créditos internos y externos contratados;

Se reportará el ejercicio de las facultades en materia de deuda pública, especificando las características de las operaciones realizadas.

d) La evolución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y otras asociaciones público privadas, que incluyan:

i) Una contabilidad separada con el objeto de identificar los ingresos asociados a dichos proyectos;

ii) Los costos de los proyectos y las amortizaciones derivadas de los mismos, y

iii) Un análisis que permita conocer el monto, a valor presente, de la posición financiera del gobierno federal y las entidades con respecto a los proyectos de que se trate.

e) Los montos correspondientes a los requerimientos financieros del sector público, incluyendo su saldo histórico.

f) La evolución de los proyectos de inversión en infraestructura que cuenten con erogaciones plurianuales aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

g) La información relativa a los ingresos obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión financiada directa y condicionada establecidos en el tomo correspondiente del Presupuesto de Egresos; así como la información relativa al balance de las entidades de control directo a que se refiere el catálogo de la estimación de ingresos, contenido en la Ley de Ingresos.

II. Informes mensuales sobre la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa. La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, 30 días después del mes de que se trate.

La secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 30 días después de concluido el mes de que se trate, sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas. La recaudación federal participable se calculará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. La recaudación federal participable se comparará con la correspondiente al mismo mes del año previo y con el programa, y se incluirá una explicación detallada de su evolución.

Asimismo la secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 15 días naturales después de concluido el mes, acerca del pago de las participaciones a las entidades federativas. Esta información deberá estar desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa. Este monto pagado de participaciones se comparará con el correspondiente al del mismo mes de año previo. La Secretaría deberá proporcionar la información a que se refiere este párrafo y el anterior a las entidades federativas, a través del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones de Ingresos Federales de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a más tardar 15 días después de concluido el mes correspondiente y deberá publicarla en su página electrónica.

La secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que tenga disponibles, incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, que puedan contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento, y del gasto público, que los legisladores soliciten por conducto de las Comisiones competentes, así como la que le solicite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La Secretaría proporcionará dicha información en un plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud.

La información que la secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna. En caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan.

La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en los Anexos Transversales a los que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de esta Ley, en los mismos términos y el mismo grado de desagregación en los que se presente la evolución del gasto público al que hace referencia el sub inciso iv), inciso b) fracción I del presente artículo.

Con el propósito de transparentar el monto y la composición de los pasivos financieros del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y hacer llegar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 de abril de cada año, un documento que explique cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en el que se incluyan de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales.

Propuesta

Artículo 107. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, entregará al Congreso de la Unión información mensual y trimestral en los siguientes términos:

I. Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, conforme a lo previsto en esta ley.

Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, conforme a lo previsto en esta ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren los artículos 110 y 111 de esta ley.

Los informes trimestrales deberán contener como mínimo:

a) La situación económica, incluyendo el análisis sobre la producción y el empleo, precios y salarios y la evaluación del sector financiero y del sector externo;

b) La situación de las finanzas públicas, con base en lo siguiente:

i) Los principales indicadores de la postura fiscal, incluyendo información sobre los balances fiscales y, en su caso, el déficit presupuestario;

Adicionalmente, se presentará la información sobre los ingresos percibidos por la federación en relación con las estimaciones que se señalan en la Ley de Ingresos.

Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, se deberá incluir la información correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan:

1. Avance en el padrón de contribuyentes.

2. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales.

3. Avances contra el contrabando.

4. Reducción de rezagos y cuantificación de resultados en los litigios fiscales.

5. Plan de recaudación.

6. Información sobre las devoluciones fiscales.

8. Los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios.

9. Avances en materia de simplificación fiscal y administrativa.

Asimismo, deberán reportarse los juicios ganados y perdidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia fiscal y de recaudación; así como el monto que su resultado representa de los ingresos y el costo operativo que implica para las respectivas instituciones y en particular para el Servicio de Administración Tributaria. Este reporte deberá incluir una explicación de las disposiciones fiscales que causan inseguridad jurídica para el gobierno federal. Los tribunales competentes estarán obligados a facilitar a las instituciones citadas la información que requieran para elaborar dichos reportes;

iii) La evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable y no programable; su ejecución conforme a las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los principales resultados de los programas y proyectos. Asimismo, se incorporará la información relativa a las disponibilidades de los ejecutores de gasto, así como de los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica;