Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y la Secretaría de Cultura a proponer ante la UNESCO la incorporación de la pirotecnia en la lista de expresiones de patrimonio cultural inmaterial, a cargo del diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe el presente punto de acuerdo, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, David Sánchez Isidoro, en ejercicio de la facultad otorgada en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país de gran diversidad cultural; su historia, gastronomía, actividades, artes, ritos, danzas y costumbres, que a través de los siglos se fusionaron con la influencia y la convivencia por 300 años con el conquistador español, lo convirtieron en una nación con rostro único, admirada, reconocida y respetada en el mundo.

México tiene un patrimonio cultural inmaterial asombroso y éste no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales, tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados (UNESCO).

A partir de la implantación de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en 2003, debe de entenderse por patrimonio inmaterial a “todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así, a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana”.

En Latinoamérica, actualmente son 229 los elementos inscritos en las dos listas de patrimonio inmaterial a nivel mundial.

El gobierno mexicano ratificó la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en el año del 2005.

México cuenta con 7 expresiones culturales inscritas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, al igual que Colombia, reconociéndolos como los dos países de América Latina con el mayor número de manifestaciones inscritas y reconocidas.

En 2011, México inscribió al mariachi, la música de cuerdas, el canto y la trompeta, en 2010, la tradición gastronómica de Michoacán, cocina tradicional mexicana, la cultura comunitaria ancestral y viva, así como el paradigma de Michoacán, la pirekua, el canto tradicional de los purépechas y los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chapa de Corzo. En 2009, la ceremonia ritual de los voladores, lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado, en 2008 las fiestas indígenas dedicadas a los muertos.

Tal como se define en la Convención, el patrimonio cultural inmaterial, se manifiesta particularmente en los siguientes ámbitos:

1) Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial.

2) Las artes del espectáculo.

3) Los usos sociales, rituales y actos festivos.

4) Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.

5) Las técnicas ancestrales tradicionales.

En este tenor, es que la producción y el uso de pirotecnia no debe ser la excepción ya que llegaron a México a través de Asia y Europa los ingredientes principales para los fuegos artificiales, la pólvora, papel y pintura.

Las culturas prehispánicas tenían formas de manipular fuego para fines ceremoniales, la popularidad de fuegos artificiales llegó a México después, en el siglo diecinueve.

En la actualidad, Latinoamérica es la segunda mayor productora de pirotecnia, la mayoría para uso doméstico, con productos que van desde pequeños cohetes hasta grandes fuegos artificiales como los llamados “castillos” y “toritos”.

La mayor producción de pirotecnia artesanal de México se realiza en el estado de México. La capital auto-declarada de los fuegos artificiales, es Tultepec.

Más de 60 municipios de la entidad, tienen presencia de fabricantes de pirotecnia, destacan: Tultepec, Almoloya de Juárez, Amecameca, Axapusco, Ozumba, Texcoco y Zumpango, lo que permite dar sustento de forma directa a 40 mil familias.

Esta área tiene 200 años de tradición de hacer pirotecnia o fuegos artificiales, con aproximadamente el sesenta y cinco por ciento de la población está involucrada directa o indirectamente en la producción de fuegos artificiales.

En Tultepec, toda la pirotecnia es hecha a mano, incluyendo decoración y envase, en su mayoría en pequeñas fábricas o talleres que producen de todo, desde los más pequeños hasta fuegos artificiales de doce pulgadas para espectáculos profesionales.

En los 125 municipios de la entidad se comercializa juguetería pirotécnica.

Tan sólo por dar un ejemplo, la población católica en México es de 82.9 por ciento, (Inegi) y existen aproximadamente 59 mil 494 iglesias, en cada una de ellas se utiliza pirotecnia en celebraciones patronales, durante Semana Santa y la celebración de año nuevo.

De manera cívica, se utiliza pirotecnia durante las festividades del 15 y 16 de septiembre en los 2 mil 456 municipios de los 32 estados de la República.

Sin lugar a dudas, no puede faltar la pirotecnia en una de las festividades más arraigadas en nuestro país, como lo es el día de Muertos, que al momento de repicar las campanas de las iglesias son acordes los sonidos de los cohetes y cohetones que las acompañan.

En resumen, se utiliza la pirotecnia prácticamente todos los días del año a lo largo y ancho de nuestra nación.

La pirotecnia ha sido producida por generaciones de artesanos, quienes lo consideran no sólo como arte sino también como ciencia. La fabricación de éstos se realizaba originalmente con caña, posteriormente con piel y finalmente con papel, técnica que se sigue utilizando en la actualidad. Los hijos de los artesanos reciben entrenamiento especializado e incluso reciben grados, lo cual le ha otorgado más respeto y calidad a la profesión.

Actualmente, los piro-musicales son espectáculos de enorme impacto que involucran pirotecnia aérea y otros elementos visuales (fuentes, fuego, agua, luces, láser etcétera) que son controlados electrónicamente y sincronizados al compás de música de fondo, logrando una atmósfera perfecta, especial, única e irrepetible.

Piro-musical es la mezcla entre pirotecnia y la música controlada, sincronizada dando espectacularidad y magia a los efectos pirotécnicos y así conseguir el asombro del público. Crear en el espectador, sentimientos y emociones que nunca serán olvidados.

En la actualidad, México también es reconocido a nivel mundial por la gran calidad en los fuegos pirotécnicos, ya que la creatividad, innovación y diversidad es una característica de la pirotecnia mexicana.

Es por ello, que someto a consideración de esta soberanía este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para que se considere a la pirotecnia como patrimonio cultural inmaterial de nuestro país, ya que es parte de nuestra cultura en el amplio sentido de la palabra y no pudiéramos entender una festividad en nuestro territorio sin las emociones y sentimientos que genera la pirotecnia.

Por lo expuesto, y solicitando el consentimiento del pleno para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, reciba el trámite de urgente u obvia resolución, el suscrito diputado, someto a la elevada consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en coordinación con la Secretaría de Cultura, se proponga ante la UNESCO la incorporación de la pirotecnia en la lista de expresiones de patrimonio cultural inmaterial.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Cultura, a efecto de que se proponga ante la UNESCO el incorporar a la pirotecnia en el listado de expresiones de patrimonio cultural inmaterial.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Cultura para que hagan pública la incorporación de la pirotecnia en el listado de expresiones de patrimonio cultural inmaterial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputado David Sánchez Isidoro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las autoridades federales, locales, de la Ciudad de México y de los municipios a impulsar en el ámbito de sus competencias campañas de sensibilización dirigidas a los padres de familia y tutores para evitar que los niños sean expuestos a condiciones que vulneren sus derechos humanos, privilegiando el interés superior de la niñez, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

EL derecho a la libre expresión es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual parte de la idea de conservar el derecho de una opinión sin interferencias y buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras.1

En ese sentido, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, en su artículo 6o., que “[...] la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público [...]”.

Asimismo, en su artículo 9o. se señala que “[...] no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país [...]”.

De ahí que en la actualidad percibamos a la población haciendo regular el uso de este derecho provisto en el ordenamiento jurídico antes citado, con el único propósito de ser escuchados.

No debe pasar desapercibido que en fechas recientes se ha observado un incremento considerable de marchas, plantones y bloqueos dentro de la República Mexicana, mismos que día con día se vuelven más agresivos y radicales.

No obstante, el problema principal no recae en la asistencia de personas a este tipo de reuniones, la verdadera contrariedad emana cuando concurren niñas y niños obligados por sus padres o tutores, porque ponen en riesgo su integridad personal, así como su estado físico, psicológico y emocional, al ser parte de las manifestaciones públicas.

El inconveniente se acrecienta, como lo ha señalado ya el Senado de la República, cuando aprovechan la inocencia de nuestras niñas y niños para convertirlos en rehenes de causas políticas, además de exhibirlos para fortalecer una causa o usarlos como escudo para cometer delitos como el motín y los bloqueos a las vías de comunicación.2

Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) denunció que en diversos estados del país se utilizó a niñas y niños de entre 3 y 10 años de edad de los jardines de niños y primarias para colgarles pancartas en el cuello y usarlos en diversas marchas y protestas.

Nuestras niñas y niños también han sido utilizados como escudos humanos, lo cual pone en claro riesgo su integridad física, atenta contra el principio del interés superior de la niñez, distorsiona su derecho a participar en sociedad y vulnera los postulados inscritos en nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

Esta situación atenta contra la protección integral de niñas y niños, e impide su desarrollo integral y el que vivan una vida digna, con las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo nivel de bienestar posible.

México, al ser parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, asume como propia la finalidad la proteger integralmente a las niñas y niños, además de salvaguardar su vida, bienestar, integridad personal, salud, educación, desarrollo integral y supervivencia.

Como ya se expuso en párrafos anteriores, a nivel nacional la Constitución es el ordenamiento jurídico que dicta las bases para la protección de las niñas y niños, de forma más amplia la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes indica que los menores tienen derechos intrínsecos como el que no sean utilizados en conflictos armados o violentos, así como el que vivan libres de toda forma de violencia y bajo el resguardo de su integridad personal; también, bajo un medio ambiente sano y sustentable que les proporcione condiciones que permitan su desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.

Este mismo ordenamiento jurídico asienta que las autoridades, en sus distintas esferas y competencias, deben coadyuvar para mantener dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas. En ese entendido, deberán buscar políticas de prevención que eviten poner en riesgo la salud física y psicológica de nuestras niñas y niños.

Por ende, resulta pertinente exhortar a las autoridades federales, a través de las Secretarías de Educación, Salud y Seguridad Pública federal, así como de manera concurrente a las locales y municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones fomenten campañas de sensibilización dirigidas a padres y tutores en torno a evitar la asistencia y participación de menores en protestas sociales, con el objetivo de resguardar su derecho de protección en ambientes donde evidentemente no se les garantiza su integridad física y psicológica.

Consideramos que esta propuesta debe atenderse de forma urgente, porque las campañas de sensibilización y concientización para padres y tutores deben estar encaminadas a que los menores gocen a plenitud de sus derechos, como por ejemplo el de asistir a la escuela y realizar actividades deportivas y recreativas que impulsen su sano desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, de urgente y obvia resolución , la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, de la Ciudad de México y de los municipios para que en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen campañas de sensibilización dirigidas a padres de familia y tutores a fin de que niñas y niños no sean expuestos a condiciones que vulneren sus derechos humanos, privilegiando el interés superior de la niñez.

Notas

1 http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-inform acion/libertad-de-expresion/

2 http://www.cronicajalisco.com/notas/2016/71450.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la CNDH, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos que investiguen lo ocurrido el 22 de noviembre del año en curso, cuando presuntamente la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara actuó con uso excesivo e irracional de la fuerza contra comerciantes de la Feria del Calzado, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y las diputadas y los diputados federales del estado de Jalisco integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitarle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, a que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen de manera pronta y exhaustiva y finquen responsabilidades, por los hechos ocurridos el 22 de noviembre del año en curso, donde la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, Jalisco, actuó con uso excesivo e irracional de la fuerza contra comerciantes de la Feria del Calzado; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, el comercio al por menor es una actividad que históricamente ha sido sustento de muchas familias y, en varios casos, pilar fundamental de la economía de toda una región.

Basta mencionar que el centro de actividad económica, social y del resplandecimiento de nuestros antepasados, eran precisamente los espacios del comercio.

Por ello y gracias a su importancia, los gobiernos tanto locales como estatales y federales; lo han protegido, fomentado en el marco de la formalidad y la legalidad, y le han brindado el espacio y las garantías para su crecimiento y expansión ordenada; llegando a representar 97.1 por ciento del total de los establecimientos en nuestro país1 .

No por nada incluso se le ha vinculado como parte de nuestra cultura popular, y sello de la estampa cotidiana que da vida a nuestro día a día.

Tianguis, mercados o ferias, tanto eventuales como permanentes, entre muchos más, han sido, son y seguirán siendo, sitios de actividad económica, social, entretenimiento y esparcimiento para familias enteras por generaciones; por eso no hay región en nuestro país que no cuente con alguno de estos lugares.

Una de éstas, y muy representativa y concurrida no sólo por gente local sino por gente de otras regiones, es la Feria del Calzado ubicada en la calle 74 y Pensador Mexicano en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Una feria formal y establecida, con 30 años de tradición; que además de ofrecer en sus 96 locales una gran variedad de productos del calzado con excelente calidad y a precios accesibles, es sustento de cientos de familias enteras y una fuente de ingresos fiscales sanos para las arcas municipales, ya que cada uno de los comerciantes que ahí ejercen dignamente el comercio formal, cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias establecidas por ley.

No obstante lo anterior, de manera lamentable, desafortunada, arbitraria y claramente ilegal y desconociendo deliberadamente acuerdos previos y directos del presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez, que engañosamente dio su palabra a los comerciantes de que no serían desalojados; de forma mafiosa, la madrugada del pasado 22 de noviembre del año en curso, sufrieron las consecuencias directas en su patrimonio e integridad física, de la agresión, represión, irracionalidad y abuso de parte de la autoridad municipal de Guadalajara y sus elementos de seguridad pública.

En síntesis, quienes están obligados a protegerlos y velar por su seguridad e integridad; los agredieron físicamente y violaron sus derechos humanos, más elementales.

Funcionarios del ayuntamiento de Guadalajara, acompañados por elementos de la policía municipal que estaban armados, acudieron con maquinaria pesada para demolición, sin una orden legal, con prepotencia y violencia física, a desalojar y destruir las instalaciones de la Feria del Calzado con el pretexto de una repavimentación de la calle colindante a donde se encuentran establecidos de manera legal.

Es importante señalar que este problema se antecede por actos intimidatorios tanto psicológicos, legales y administrativos, por parte de la autoridad municipal desde tiempo atrás.

Por ejemplo, hay referencia por parte de los comerciantes de la rotunda negación por parte del personal de la Tesorería Municipal para recibir el pago de sus permisos que mensualmente realizan y han realizado por 30 años; además en poco más de un año se ha incrementado el precio de sus permisos de manera desconsiderada, al pasar en promedio de 140 a 400 pesos semanales.

Como se puede concluir, estamos frente a prácticas sistematizadas de hostigamiento a la población, por parte de las autoridades municipales de Guadalajara.

Como resultado de esta situación de violencia y uso irracional de la fuerza, hubo varios heridos, detenciones arbitrarias, actuación ilegal de los elementos de la policía municipal que subían a las patrullas a los comerciantes sin distinción de edad y género para golpearlos, 7 remisiones a la autoridad municipal competente y daños a los locales comerciales de la plaza.

Incluso, la población y los comerciantes dan cuenta del uso de las armas de cargo por parte de los elementos de la policía municipal, para amedrentar a los comerciantes y obligarlos al desalojo de sus locales y, en consecuencia, al abandono de su mercancía que es, todo su patrimonio.

Este hecho es sumamente lamentable y además condenable; no solo se agredió físicamente a mujeres y hombres que se dedican de manera honesta a ganarse la vida, también se atentó contra jóvenes y menores de edad que se encontraban en el lugar.

Esta soberanía ha sido imparcial y enérgica para la condena y el rechazo al uso violento e irracional de la fuerza pública en contra de cualquier sector de la población; impidiendo que éstos hechos se politicen y encuentren en ello, el recoveco para justificarlos, desviar la atención pública y deslindarse de toda culpa y responsabilidad.

En este caso tampoco podemos ni ignorarlo ni permitir que suceda lo anterior y que, además, no se finquen las responsabilidades por este hecho ilegal en contra de la población de Guadalajara sea cual sea su situación.

No podemos permitir que ninguna autoridad municipal, como lo hizo el presidente municipal Enrique Alfaro, sus funcionarios y elementos de la policía, dejen en entredicho el estado de derecho y queden por este acto, en total impunidad.

Los jaliscienses que habitan en Guadalajara habían gozado siempre del disfrute cabal de todos sus derechos, sin ser sujetos en ningún momento al autoritarismo, la regresión y la impunidad en el actuar de sus autoridades en turno.

Es por ello que desde esta soberanía debemos alzar la voz para detener el uso de éstas tentadoras prácticas del falso empoderamiento de autoridades improvisadas, y exigimos no sólo una investigación pronta y exhaustiva, sino también, que se finquen responsabilidades a quienes desconocieron el principio constitucional del respeto a la integridad y la vida de todo ser humano.

Principio que juraron valer y hacer valer en todo momento.

El 22 de noviembre estas autoridades municipales fallaron y no lo hicieron; por ello hoy, los jaliscienses, la población en general y la nación; se los demandan.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; a que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen de manera pronta y exhaustiva y finquen responsabilidades, por los hechos ocurridos el 22 de noviembre del año en curso, donde la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, Jalisco, actuó con uso excesivo e irracional de la fuerza, contra comerciantes de la Feria del Calzado.

Segundo. Se exhorta al presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez a:

1. Garantizar en todo momento el respeto a la integridad y los derechos humanos en los protocolos de actuación de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara para evitar el uso excesivo e irracional de fuerza, como el ocurrido el pasado 22 de noviembre del año en curso en contra de comerciantes de la Feria del Calzado.

2. Separe de su cargo al titular de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, para facilitar las investigaciones pertinentes y se finquen responsabilidades por los hechos ocurridos el pasado 22 de noviembre del año en curso en contra de comerciantes de la Feria del Calzado.

Notas

1 Inegi. Estadística Cuéntame.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputados: José Luis Orozco Sánchez Aldana, Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Ramón Bañales Arambula, Francisco Javier Santillán Oceguera (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión Nacional del Deporte y el gobierno de Colima a informar a la opinión pública por qué se otorgó permiso para la competencia F1 Champ Boat Series, por celebrarse el 3 y 4 de diciembre de 2016 en el puerto de Manzanillo, pues no está reconocida ni aprobada por la Federación Mexicana de Motonáuticas, AC, y la Unión Internacional Motonáutica, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada, Gretel Culin Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Recientemente, la Federación Mexicana de Motonáuticas, AC, denunció, a través de un oficio dirigido al gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; al secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero y al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo Cervantes, que la competencia de “F1 Champ Boat Series” por celebrarse los próximos 3 y 4 de diciembre de 2016 en el puerto de Manzanillo, Colima, no cuenta con la aprobación ni reconocimiento de dicha federación, ni tampoco con el aval de la Unión Internacional Motonáutica, aunado al hecho de que para la promoción de dicho evento se han utilizado videos y materiales propiedad de H2O que están protegidos por ley.

El secretario de Turismo del estado de Colima, César Castañeda, ha justificado la celebración del evento al referirlo como una “exhibición” y no como una competencia; sin embargo, al no contar con el aval de la Federación Mexicana de Motonáuticas ni con el reconocimiento de la Unión Internacional Motonáutica que se rigen a través de reglamentos, ninguno de los pilotos adheridos a estas instituciones podrían participar en la “exhibición” anunciada por la Secretaría de Turismo del estado de Colima.

Por lo anterior, es importante conocer los motivos y razonamientos por los cuales se organizó dicho evento, a fin de evitar que se dañe a quienes pudieran asistir y, así mismo, se perjudique la imagen de México en el extranjero por organizar eventos deportivos que no cuentan con el aval de las federaciones nacionales e internacionales respectivas e incluso evitar posibles fraudes.

Cabe mencionar que para esas mismas fechas, 3 y 4 de diciembre del presente, se llevará a cabo la final del Campeonato Nacional de Pista (turbinas) en Thaximai, municipio de Villa del Carbón en el Estado de México, competencia que sí cuenta con el reconocimiento tanto de la Federación Mexicana de Motonáuticas A.C. como de la Unión Internacional Motonáutica.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, informe a la opinión pública los motivos y razones por las cuales se organizó el evento de “F1 Champ Boat Series”, a sabiendas de que no se cuenta con el reconocimiento ni el aval de la Federación Mexicana de Motonáuticas A.C. ni de la Unión Internacional Motonáutica; y en su caso considere la cancelación del evento deportivo a fin de evitar situaciones que comprometan la imagen del Estado de Colima.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo Cervantes, para que informe a la opinión pública en su carácter de coordinador de las Asociaciones Deportivas, las acciones que ha llevado a cabo con la Federación Mexicana de Motonáuticas y la Unión Internacional Motonáutica para la realización del “F1 Champ Boat Series”, a celebrarse los próximos 3 y 4 de diciembre de 2016 en el puerto de Manzanillo, Colima.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputado Gretel Culin Jaime (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, la Conaliteg y los directores de las escuelas de educación básica a desarrollar programas para reutilizar los libros de texto gratuitos, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Hortensia Aragón Castillo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que toda persona por su condición de ser humano tiene derecho a recibir educación. Este derecho compromete al Estado a

“la existencia del servicio de educación básica; que los niños y las niñas asistan a la escuela; permanezcan en ella el tiempo estipulado para realizar sus estudios básicos; transiten de un grado a otro y de un nivel a otro de manera regular; logren aprendizajes relevantes para su vida presente y futura, y concluyan estos estudios con oportunidad. Además, la educación ofrecida debe ser para todos, con calidad y equidad”.1

Además, la educación obligatoria que imparta el Estado será gratuita y laica. En lo que respecta al principio de gratuidad obliga

“a garantizar [el] acceso gratuito de todos los niños y todas las niñas a los niveles educativos obligatorios que les corresponda según su edad; ello implica poner a disposición de la población los recursos materiales y humanos necesarios a tal fin ”.2

Uno de los recursos materiales que utilizan los alumnos como apoyo educativo son los libros de texto los cuales, desde hace más de 50 años, se producen y distribuyen a las escuelas de educación básica de manera gratuita. Los libros de texto gratuito constituyen un “factor fundamental en la formación de los sujetos y, por tanto, como un elemento indispensable para la transmisión del conocimiento”.3

Corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la elaboración, actualización y edición de los libros de texto gratuito y, a las autoridades educativas locales, la de distribuir de manera “oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione” (artículo 19, Ley General de Educación).

Para el diseño, la impresión y la distribución de los libros de texto, la SEP, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) tiene el objetivo de garantizar la suficiencia y la dotación oportuna de libros de texto para la población escolar. En el ciclo escolar 2015-2016, se distribuyeron un total de 203 millones 63 mil 426 libros en escuelas de preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria, educación indígena y telebachillerato,4 mientras que en el ciclo escolar 2016-2017 fue de 183 millones 134 mil 297 libros,5 es decir, un 9.8% menos.

En el ciclo escolar 2015-2016, el costo de los libros de texto gratuito por alumno de educación básica y telebachillerato ascendió a $104.09 pesos, con una matrícula total de 28 millones 893 mil 110 alumnos.6 En cuanto los recursos utilizados para la edición de estos libros de texto, fueron consideradas tres fuentes de financiamiento: la primera, son los recursos que se entregan directamente a la Conaliteg en el Presupuesto de Egresos de la Federación ($2 mil 421 millones 256 mil 988 pesos); la segunda, son las transferencias de recursos de otras dependencias de la SEP ($304 millones 800 mil 416 pesos) y la tercera son los recursos de las entidades que pagan una parte de los libros de texto de Secundaria que van a cada estado ($281 millones 334 mil 319 pesos).7

No obstante, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios se comprometen a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente (artículo 4). Con lo anterior, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y los Directores de las escuelas de educación básica deben comprometerse a regular la producción de los libros de texto gratuito a través de la reutilización de éstos por más de un alumno durante varios años, hasta que su contenido sea actualizado. Son varios los libros que pueden ser reutilizados sin ser reciclados, permitiendo bajar el costo de los libros y la tala de árboles. De acuerdo con la organización ambientalista Greenpeace “para fabricar una tonelada de papel se cortan alrededor de 14 árboles ”.8

En el Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 2014-2018, publicado el 08 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se menciona que “el papel utilizado en la producción de los interiores de los libros de texto gratuitos para el ciclo 2013-2014 sumó la cantidad de 86 mil 157 toneladas ”,9 de las cuales se recibieron 25 mil 967 toneladas de papel de desecho recolectadas para permuta por papel nuevo reciclado. El papel de permuta obtenido fue de 1 mil 901 toneladas , es decir, el 2.2% del total de toneladas para la producción de los libros.

Cabe señalar, que el 21 febrero de 2006 se publicó, en el DOF, el decreto por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, “el desecho de papel y cartón existente cuando ya no le sea útil, con la única y exclusiva finalidad de que dicha Comisión los permute por papel reciclado que utilizará en la producción de libros de texto y materiales de apoyo educativo para el cumplimiento de su objeto”.10 A raíz de este decreto, la Conaliteg está llevando a cabo el programa “Recicla para leer”, invitando a las dependencias y a los alumnos de educación básica a la cultura del reciclaje.

Sin embargo, esto no basta, como se menciona en los párrafos anteriores, la cantidad de toneladas de papel para reciclaje es mínimo comparado con el total de toneladas que se requieren para la producción de los libros de texto gratuito. Por ende, solicito que se desarrollen programas, estrategias y acciones por parte de las autoridades responsables para que los libros de texto gratuito sean reutilizados, es decir, que sean heredados de niño a niño sin que esto implique el proceso de reciclaje, lo cual implicaría no sólo una disminución en los requerimientos de papel sino también una reducción de los gastos de impresión de estos materiales.

Debemos señalar, también, que los compromisos internacionales adoptados por nuestro país en la Convención Marco sobre el Cambio Climático11 y los instrumentos derivados de la misma tales como el Protocolo de Kioto, los Acuerdos de Cancún y el Acuerdo de París, que recientemente entró en vigor, obligan a nuestro país a generar políticas integrales que prevengan la generación de gases de efecto invernadero, no sólo a través de acciones directas en relación al control de las emisiones contaminantes, sino a través de programas que promuevan y eduquen a la población, principalmente a la infantil, para evitar su generación. Es por ello que las estrategias que aquí se promueven resultan de particular importancia, especialmente, a largo plazo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer; a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y a los Directores de las escuelas de Educación Básica a diseñar estrategias y desarrollar programas para el uso responsable de los libros de texto que permitan su reutilización en diversos ciclos escolares, en tanto no se actualice su contenido.

Notas

1 INEE (2009) El derecho a la educación en México. Recuperado el 15 de noviembre de 2016, desde: http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio

2 Ramírez Raymundo Rodolfo (2008) Avatares de una noble aspiración: la gratuidad de la educación pública obligatoria. En Anuario Educativo Mexicano. Visión retrospectiva. Cámara de Diputados/UPN/MA Porrúa. Pág. 324.

3 Celis García, Zaida (s.f.) Los libros de texto gratuitos en México. Vigencia y perspectivas. Recuperado el 15 de noviembre de 2016, desde: http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_13/24 20.pdf

4 Conaliteg (2016) Costo Libros de Texto Gratuitos Ciclo Escolar 2015-2016. Recuperado el 15 de noviembre de 2016, desde: http://www.conaliteg.gob.mx/index.php?view=article&id=320

5 Conaliteg (2016) Avance de distribución. Recuperado el 15 de noviembre de 2016, desde: http://www.conaliteg.gob.mx/avance_distribucion.php

6 Conaliteg (2016) Costo Libros de Texto Gratuitos Ciclo Escolar 2015-2016. Recuperado el 15 de noviembre de 2016, desde: http://www.conaliteg.gob.mx/index.php?view=article&id=320

7 Ídem.

8 Greenpeace México (s.f.) El papel y su impacto ambiental. Recuperado el 15 de noviembre de 2016, desde: http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/94/14_Medio%20ambiente_El %20papel_greenpeace.pdf

9 DOF (2014) Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 2014-2018. Recuperado el 15 de noviembre de 2016, desde: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343878&fecha=08/05/2014

10 DOF (2006) Decreto por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles. Recuperado el 15 de noviembre de 2016, desde:

http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=2120514.

11 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pd f

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de noviembre de 2016.

Diputada Hortensia Aragón Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a realizar por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud diversas acciones en materia de cáncer infantil, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según la Organización Mundial de la Salud, el término “cáncer infantil” generalmente se utiliza para designar distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en los niños antes de cumplir los 15 años. Asimismo, refiere que la mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas inespecíficos, lo que puede hacer que se detecten en fases ya muy avanzadas.

Existen diferentes tipos de cánceres en los niños, siendo los principales:

• Leucemia linfoblástica aguda : tumor líquido o cáncer en la sangre que comienza en la médula ósea y se disemina por el torrente sanguíneo.

• Sarcoma de Ewing: tumor óseo más común. A menudo afecta la cadera, los muslos, la parte superior de los brazos y las costillas.

• Tumores cerebrales : es básicamente una bola formada por células enfermas que se unen.

• Rabdomiosarcoma : tumor formado por células cancerosas en el músculo.

• Enfermedad de Hodgkin : cáncer del sistema inmunitario.

• Tumor de Wilms: cáncer de riñón.

• Retinoblastoma : comienza en la retina, una capa delgada de tejido que cubre la parte trasera del ojo y permite que una persona vea.

• Tumores de las células reproductoras .

• Osteosarcoma: cáncer de los huesos.

La referida Organización Mundial de la Salud, señala también que a nivel mundial el cáncer infantil es poco frecuente, pues representa entre 0.5 y 4.6 por ciento de la carga total de morbilidad por esta causa, con una incidencia que oscila entre 50 y 200 por cada millón de niños.

En nuestro país, el cáncer es la principal causa de muerte en personas de entre 5 y 14 años, con un promedio anual de 2 mil 150 muertes en la última década y con una incidencia anual de entre 5 mil y 6 mil casos en menores de 18 años.

Para su atención integral existen diversos programas a nivel nacional, por un lado están los servicios de seguridad social en las diferentes instituciones siendo las principales el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); mientras que por el otro, se encuentra el sector poblacional que no cuenta con ninguno de estos servicios y que son atendidos en los hospitales, clínicas e institutos dependientes de la Secretaría de Salud, con un presupuesto otorgado por el Seguro Popular.

Los tratamientos y cuidados son el elemento indispensable para la atención y cura de esta enfermedad, sin embargo, existen servicios que no siempre pueden ser cubiertos por dichas instituciones, tales como el alojamiento, el traslado e incluso ciertos estudios clínicos que no se encuentran contemplados dentro de la cobertura, refiriéndonos específicamente a las instituciones dependientes de la Secretaría de Salud.

La enfermedad debe ser tratada de manera integral, y parte fundamental de ello son los médicos especialistas en pediatría oncológica.

Al respecto, según el estudio Comportamiento Epidemiológico del Cáncer en menores de 18 años. México 2008-2014 , realizado por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), dependiente de la Secretaría de Salud, señala que en 2014, para brindar atención a los 23 mil casos existentes el sistema de salud contaba con 180 oncólogos pediatras, lo cual representa un déficit en cuanto a los recursos humanos disponibles para la atención del cáncer infantil, pues a cada especialista en nuestro país le correspondería atender 127 casos, mientras que los estándares internacionales recomiendan 2 especialistas por cada 50 pacientes.

Dicha situación refleja un obstáculo importante para la optimización en el tratamiento del cáncer infantil, pues la falta de médicos especialistas impide garantizar la cobertura total de atención a niños con cáncer.

Consideramos importante que esta situación cambie, pues es gracias a la especialización que se logrará aumentar la calidad en los servicios médicos necesarios para dar atención al total de las niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer.

El especialista en oncología pediátrica tiene un papel muy importante en el tratamiento integral del niño con cáncer, y de su actuación va a depender en muchos casos, la supervivencia y calidad de vida futura. La complejidad de los tratamientos oncológicos es cada vez mayor por lo que es necesario que los cirujanos pediátricos tengan una formación específica en cirugía del cáncer infantil, estén familiarizados con las nuevas terapias y trabajen multidisciplinarmente con el resto de equipos médicos. Resulta igualmente necesario promover la formación de otros profesionales de la salud con especialidad en la atención a los niños con cáncer pues son diversos los cuidados específicos derivados de la toxicidad del tratamiento, de las complicaciones que puedan surgir por la propia enfermedad y fundamentalmente de la gran vulnerabilidad de estos pacientes.

Actualmente la Secretaría de Salud cuenta con una Dirección General de Calidad y Educación en Salud, organización rectora con enfoque integrador y de desarrollo que con equidad y transparencia conduce la política nacional en materia de calidad y seguridad en la prestación de servicios de salud, la formación, capacitación y desarrollo del capital humano para la salud, así como la actualización del marco normativo de la atención médica y asistencia social.

Encontrándose dentro de sus atribuciones, la participación en la formación y el desarrollo de los recursos humanos para la salud del Sistema Nacional de Salud en un marco de colaboración entre las instituciones de los sectores salud y educativo, a través del establecimiento de estrategias para fortalecer las competencias de los profesionales de la salud y propiciar su capacidad de respuesta ante las necesidades de salud de la población con la incorporación de tecnologías de la información; así como la promoción de la investigación en sistemas de salud.

En virtud de ello, y atendiendo a la problemática que representa no contar con los especialistas en pediatría oncológica suficientes para atender a la totalidad y creciente tasa de niños enfermos de cáncer, consideramos oportuno someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, fomenten la especialización en pediatría oncológica en los médicos, derivado del déficit de éstos en nuestro país, y cuyo objetivo sea homologarla al promedio establecido en los estándares internacionales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, celebre los convenios de colaboración correspondientes con las instituciones educativas públicas o privadas, a efecto de que fomenten la investigación respecto de nuevos tratamientos para el combate al cáncer infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla a cesar las amenazas y el hostigamiento contra luchadores sociales y ciudadanos de la entidad por las constantes violaciones en materia de derechos humanos, suscrita por los diputados Rocío Nahle García y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Rocío Nahle García y Rodrigo Abdalá Dartigues, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Puebla es el cuarto estado más pobre de México, con 64 por ciento de la población en esa condición, suma 3.95 millones de personas en situación de pobreza y 991 mil 300 personas en situación de pobreza extrema, según destaca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su portal electrónico.

Entre 2014 y 2016, la entidad logró ubicarse en el primer lugar de inequidad de todo el país al tener un coeficiente de GINI de .572, que es la medida adoptada por el Coneval para medir la desigualdad, superando a Chiapas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, lo que la ubica como la entidad más marginada y con elevados niveles de pobreza en México.

También Puebla se ubica como la segunda entidad con más casos de trata de personas en México, lo que significa que durante la administración de Rafael Moreno valle, se dispararon las cifras en relación con la anterior administración, nefasta por cierto, de Mario Marín Torres.

Puebla también es uno de los ocho estados de la república, de acuerdo con cifras de la propia Segob, donde se tienen detectados conflictos con comunidades indígenas, debido al despojo de tierras para proyectos y concesiones de la industria extractiva, saqueo de recursos naturales y persecución e inseguridad por la presencia del crimen organizado.

En los 5 años y 10 meses de gobierno de Rafael Moreno Valle se ha perseguido y encarcelado a presidentes de juntas auxiliares, presidentes municipales, líderes indígenas, defensores del patrimonio arqueológico, campesinos, mototaxistas, transportistas, representantes de comerciantes y tianguistas, sindicalistas e incluso personas de la tercera edad.

Se ha sembrado miedo de forma sistemática en todos los sectores de la sociedad la mayoría de medios de comunicación a cambio de jugosos contratos que ocultan los excesos desde el aparato de gobierno e incluso se prestan para legitimar acciones contra estos ciudadanos.

Cualquier manifestación opositora a los proyectos morenovallistas ha sido hostil y sofocada con toletes, gases lacrimógenos y balas de goma, aunada a la fabricación artificial de pruebas en contra de los manifestantes.

El gobierno de Rafael Moreno Valle es en voz del columnista del diario estadounidense The New York Times John M. Ackerman un ejemplo de regresión y autoritarismo.

Por poner un ejemplo en datos del Primer Encuentro Nacional por los presos políticos, hay a escala nacional aproximadamente 500 presos y perseguidos políticos. De ellos, 241 son de Puebla, lo cual convierte al gobierno morenovallista en el más letal para ejercer el derecho irrestricto a la manifestación de ideas y libertad de expresión, por el número de acosados y encarcelados por sus ideas, luchas sociales y defensa de los humanos.

Esos 241 poblanos han sido encarcelados, perseguidos o sometidos a juicio con acusaciones falsas durante el agonizante mandato, que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas.

En Puebla se persigue y encarcela a personas que defienden el medio ambiente, el patrimonio histórico y su derecho al trabajo; también se les encarcela a aquellos ciudadanos que rechazan los megaproyectos que pretenden despojar de sus recursos y patrimonio a las comunidades, por defenderse de medidas como el arrebato del servicio de registro civil a las juntas auxiliares.

Así han parado lamentablemente en prisión mujeres como Juana Macuitl Cóyotl y su hija Ángela Macuitl, quienes por haber demandado que la Red Urbana de Transporte Articulado permitiera el pago con monedas y no sólo con tarjeta, hecho que fue suficiente para que fueran juzgadas en junio del año pasado por el delito inventado de portación de armas, por lo que tuvieron que pagar una fianza de 480 mil pesos, lo cual dejó endeudadas de por vida a las ciudadanas.

También han sido encarcelados los presidentes auxiliares de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez; La Resurrección, Leonardo Sabino Bautista, por reclamar que se les permitiera seguir operando el registro civil, lucha que lamentablemente cobró la vida del niño José Luis Tehuatlie Tamayo en una agresión iniciada en palabras, sustentada en la recomendación que emitió posteriormente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y causada por la Policía Estatal.

Uno de los casos más conocidos es el del abogado Adán Xicale Huitlé y su hijo de 24 años, Paul Xicale Coyópol, a quienes se les encarceló por defender la zona arqueológica de Cholula de un proyecto urbanizador propuesto por Rafael Moreno Valle.

En el mismo sentido y congruente con la espiral de injusticias materializado por el gobernador Moreno valle, hace unos días bastó que el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, solicitara la entrega de recursos que corresponden a San Pedro Cholula en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, específicamente los provenientes del fondo del ramo 23 etiquetados en el anexo 20.3, referente a “ampliaciones para proyectos de desarrollo regional”, que representan más de 40 millones de pesos, que no han sido entregados y ya casi finaliza el ejercicio de 2016, para que se desatara una guerra contra el presidente municipal.

No conformes con ello, también han documentado diversos medios locales y nacionales, el gobernador Rafael Moreno Valle amenazó al edil con fincarle responsabilidad penal para llevarlo a prisión, de no detener sus críticas hacia la administración estatal, esto a través del secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, quien tiene instrucciones precisas de que nadie empañe la imagen de Moreno Valle y sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

En Morena creemos que la libertad de expresión es un elemento fundamental para la democracia y que la crítica en el ejercicio de gobierno debe ser tolerada. Quien ejerza la función pública, debe tener en claro, que el derecho de los ciudadanos para poder manifestarse y emitir opiniones sin amenazas, es un derecho irrestricto, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Por lo expuesto someto ante esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a cesar las amenazas y el hostigamiento contra luchadores sociales y ciudadanos de esa entidad y detener las constantes violaciones en materia de derechos humanos a cargo de su gobierno.

Segundo. Esta soberanía exhorta a las Comisiones Nacional de los Derechos Humanos, y de Derechos Humanos del Estado de Puebla a hacer público el estado que guardan las quejas presentadas en contra del gobierno de esa entidad, en contra de luchadores sociales y ciudadanos, por las constantes violaciones en materia de derechos humanos.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla a respetar la integridad personal del presidente municipal constitucional de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y brindarle la protección necesaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues.

Con punto de acuerdo, por el cual exhorta a la SCT a verificar el autotransporte de carga y, de manera particular, que los tractocamiones doblemente articulados no tengan sobrepeso al salir de las administraciones portuarias integrales federales, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jonadab Martínez García, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar exhaustivamente al autotransporte de carga y de manera particular, que los tractocamiones doblemente articulados no tengan sobrepeso al momento de salir de las 16 administraciones portuarias integrales federales a su cargo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la atribución de vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes.

A su vez, tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes que constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

Los siguientes ordenamientos legales establecen diversas atribuciones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las materias que se indican:

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 36 establece que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre otros

1. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país;

2. Otorgar concesiones y permisos para: establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional; para la prestación de servicios de autotransporte en las carreteras federales; el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua y para construir las obras que le corresponda ejecutar;

3. Regular las comunicaciones y transportes por agua;

4. Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal;

5. Construir y conservar los caminos y puentes federales; y

6. Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares.

Ley de Puertos y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, por su parte tienen por objeto regular correspondientemente: los puertos, terminales marinas e instalaciones portuarias; su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios; las vías generales de comunicación por agua, la navegación y los servicios que en ellas se prestan, la marina mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo.

Desde la perspectiva operativa, el gran éxito de la reestructuración portuaria iniciada en la década de los noventa ha sido la mejora sustancial en los rendimientos de la “primera maniobra” ; es decir, el movimiento de mercancías del buque hacia las zonas de almacenamiento de las terminales portuarias, y viceversa. Esto permitió reducir significativamente el tiempo de estadía de los buques en los puertos, beneficiando en tiempo y costo a las líneas navieras, a las propias terminales portuarias y a los usuarios. Sin embargo, estas mejoras operativas tendrán mayores efectos en la competitividad del comercio exterior de México vía marítima, cuando los demás eslabones de las cadenas intermodales alcancen también elevados niveles de eficiencia y productividad. En este sentido, el principal “cuello de botella” que enfrenta la competitividad de las cadenas productivas en los puertos se encuentra en la llamada “segunda maniobra” (de patio a vehículo de transporte terrestre, y viceversa). Esta maniobra provoca un largo tiempo de estadía de los contenedores en los patios, o zonas de almacenamiento de las terminales portuarias.

Ejemplo de lo anterior son los siguientes datos:

• Promedio de estadía en puertos mexicanos = 10 días

• Promedio de estadía en puertos de EUA = 7 días

• Benchmark internacional de estadía promedio en puertos = 5 días”1

Así entonces, en términos de competitividad, el gran desafío que presenta el movimiento de carga en los puertos nacionales es la falta de continuidad de los altos rendimientos operativos de la primera maniobra (de buque a patio, o zona de almacenamiento y viceversa) en las siguientes fases de la cadena integrada de transporte y distribución, es decir, en la segunda maniobra y en todas las actividades asociadas a ésta. Existen varios elementos que contribuyen a esa situación, y tienen repercusiones diferenciadas (según el tipo de carga) en las cadenas manejadas por los puertos. En primer término, el complejo circuito de revisiones que se ha establecido prolonga la estadía de la carga en puerto. En segundo lugar, las prácticas inadecuadas de los usuarios, representantes o el estado, para agilizar documentación y pagos, también contribuyen a la inmovilización de la carga. En tercer lugar, predominan los sistemas de información y documentación heterogéneas y poco integradas, lo cual complica una ágil liberación de la carga en la segunda maniobra. Y a su vez la falta de vigilancia e implementación de la normativa correspondiente sobre pesos y dimensiones en relación a los tractocamiones doblemente articulados que participan en la segunda maniobra.

Por último, las cadenas de carga y la operación particular de los modos de transporte terrestres (camión y ferrocarril), pocas veces están ligadas a estrategias logísticas bien definidas, por tanto, generan ineficacia, falta de calidad en el servicio y costos adicionales.

Para entender la dimensión del problema, debemos de considerar que México cuenta con 117 puertos y terminales habilitadas a lo largo de 11 mil 122 kilómetros de costas: 71 de estos puertos y terminales están concesionados en 25 Administraciones Portuarias Integrales (API). De esas 25 API, 16 están a cargo de la SCT, 2 a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 6 son estatales y 1 es privada. En cuanto a la autoridad marítima, ésta se conforma por 103 capitanías de puerto.2

En el Sistema Portuario Nacional se manejaron 170 millones 658 mil 594 toneladas de carga en 2016, siendo en el periodo enero-julio, 0.3 por ciento menor en comparación con el mismo periodo de 2015.3

Toda la carga que llega a los sistemas portuarios se tiene que mover a los diferentes destinos de nuestro país, por medio de los demás modos de transporte. Podemos observar en el párrafo anterior la magnitud de carga que reciben los puertos, de los cuales la mayor parte se mueven a través del Autotransporte Federal, representando el “81 por ciento del valor de la producción nacional que circula por autopistas y carreteras del país.”4

Para comprender al Sistema Portuario Nacional de nuestro país, debemos de considerar a las 16 Administraciones Portuarias Integrales Federales que sustentan el Sistema, y que están organizadas en dos sistemas por litoral: Océano Pacífico y Golfo de México y el Caribe, distribuyéndose de la siguiente manera:

API del Sistema Portuario del Océano Pacífico: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Puerto Chiapas.

API del Sistema Portuario del Golfo de México y el Caribe: Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas y Progreso.

Dentro de estas 16 API existen “4 puertos estratégicos de carga, Altamira, Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que movilizan el 96 por ciento de la carga contenerizada, 65 por ciento del granel agrícola, 40 por ciento del granel mineral y 38 por ciento de la carga general suelta”.5 La carga que se mueve tiene que ser transportada al interior del país, ¿que implica esto?, distribuir la carga al auto transporte, en especial al doblemente articulado ; Sin embargo, la problemática se agrava al encontrar que se incumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM-012-SCT-2-2014) en particular lo relacionado al peso bruto vehicular máximo autorizado por clase de vehículo y camino, al sobrecargar a los tractocamiones doblemente articulados.

Como se puede observar en un pequeño extracto del reporte general de buques que se obtuvo a través de una solicitud de información pública, de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, SA de CV, su gerencia de operaciones y el departamento de recinto fiscal de dicha Administración, observamos cómo se vulnera la NOM referida al sobrecargar a tractocamiones doblemente articulados (fulles) y de la misma manera a tractocamiones articulados (sencillos).

De la lista completa, se podrá observar que el Buque SITC TAISHAN descargo 13,244.94 toneladas a 199 tractocamiones de los cuales 147 eran doblemente articulados y 52 unitarios, y al revisar las cargas de dichos vehículos en el documento, todos ellos se encuentran sobrecargados.

De la misma manera, el Buque IVS MERLION descargo 15,820.060 toneladas a 252 tractocamiones: 175 eran doblemente articulados y 72 unitarios los cuales también se encuentran sobrecargados, exceptuando 5 tractocamiones: 3 unitarios y 2 doblemente articulados, que se encuentran apegados a la NOM citada.

Es aquí cuando la SCT debería de coordinarse con las APIS para hacer respetar y verificar la NOM-012-SCT-2-2014 sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte , dicha NOM establece en la tabla B-2, el peso bruto vehicular máximo autorizado por clase de vehículo y camino.

A su vez el numeral 10.4 de verificación dice:

a) La verificación tendrá por objeto, comparar el peso bruto vehicular y las dimensiones del vehículo o configuración vehicular, respecto al peso y dimensiones máximos autorizados por tipo de vehículo y camino que se establecen en la presente Norma, sin que se exceda el peso máximo de diseño del fabricante y aplicar la sanción correspondiente cuando se detecte exceso de peso y/o dimensiones.

b) La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, en la materia, verificará el peso y dimensiones de los vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado de conformidad con lo siguiente:

De la misma manera el numeral 10.4.1 para vehículos de carga nos indica:

1. En centros de verificación de peso y dimensiones, a través de:

a) Básculas de pesaje y equipo de medición de dimensiones.

b) Nota de embarque y/o carta de porte debidamente documentada en términos de las disposiciones reglamentarias para verificar el peso y equipo de medición para dimensiones.

2. Mediante la autorregulación de usuarios y transportistas, aprobados por la Secretaría, que cuenten dentro de su proceso de embarque con básculas de plataforma y equipo de medición de dimensiones de su propiedad y que dicho proceso, garantice el cumplimiento del peso y dimensiones máximos que establece la presente Norma en cada embarque transportado por cada tipo de vehículo y camino en donde circulen, debiendo sujetarse a las condiciones siguientes:

a) Los interesados deberán presentar solicitud, anexando su procedimiento de embarque, con la descripción de cada una de las etapas del proceso de carga, así como el método de supervisión y control internos que garantizan que todos los embarques cumplen con el peso y dimensiones autorizados para los tipos de camino por donde circulan, el cual podrá ser evaluado por la Secretaría mediante muestreo en sitio para corroborar que efectivamente su aplicación garantiza el cumplimiento de la normatividad.

Es claro que la Secretaria no ha frenado esta situación de impunidad en relación a sobrecargar al autotransporte de carga y en particular a los tractocamiones doblemente articulados en las 16 Administraciones Portuarias Integrales Federales a su cargo en particular y en los puertos de nuestro país en general, a pesar de que la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia ha manifestado que “la actual administración federal invertirá más de 67 mil millones de pesos en 25 proyectos con el objetivo de ampliar las capacidades de los puertos del país, lo que permitirá duplicar la capacidad instalada del Sistema Portuario Nacional, para pasar de 260 a más de 500 millones de toneladas anuales.” 6

Esto puede causar, si no existe una adecuada regulación para los tractocamiones doblemente articulados y unitarios que circulan en nuestro país, que la infraestructura por saturación sea insuficiente, y por consiguiente el sistema de transporte se convertiría en un cuello de botella para las actividades productivas nacionales, situación que deseamos prevenir a través del presente punto de acuerdo.

“Actualmente la infraestructura carretera está constituida por 377 mil 659 km de longitud, dividida entre red federal (49 mil 652 km), carreteras alimentadoras estatales (83 mil 981 km), la red rural (169 mil 430 km) y brechas mejoradas (74 mil 596 km).

De esta red carretera, destacan los 14 corredores carreteros, entre los dos océanos y las fronteras norte y sur del país.”7

“De los 14 corredores troncales carreteros, existen 4,350 km incompletos con altas especificaciones, impidiendo a los vehículos circular a velocidades mayores a los 90 km/h”8 de manera continua y en condiciones de seguridad.

Además, algunos de estos corredores ya presentan problemas de saturación en algunos de sus tramos como: México-Querétaro, México-Puebla y México-Toluca-Atlacomulco.

“La red carretera registra la mayor parte de los desplazamientos de personas y de carga entre ciudades y estados. Los puertos y terminales mexicanos son el segundo modo en importancia para la carga y el tercero en el movimiento de personas por cruceros y transbordadores. El ferrocarril de carga es el tercer modo de transporte en el movimiento de mercancía, pero el modo interurbano que menos pasaje transporta. El transporte aéreo de carga mueve menos del 0.01% de la carga, no obstante, es el segundo modo de transporte para pasajeros.”9

En distinto orden de ideas, se presentan además rezagos en la construcción de un verdadero Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL), que incluya Zonas de Actividades Logísticas en los principales nodos de transporte y Recintos Fiscalizados Estratégicos que mejoren la eficiencia de los procesos logísticos, disminuyan los costos de producción y agregue valor a los productos.

Otro de los problemas de congestión urbana es producto de la mala planeación de los flujos de carga. Los centros logísticos y de distribución de carga generalmente se encuentran dentro de los núcleos urbanos. Por lo que la mezcla del tránsito de carga con el local agrava los niveles de congestión y emisión de contaminantes.

Sumado a ello la práctica de sobrecargar el autotransporte de carga, fuera de toda consideración de conducta antisocial o delictiva, tiene cierta “racionalidad” desde el punto de vista económico, ya que aumenta la productividad del autotransporte al reducir el número de viajes requerido para transportar cargas y reducir el costo promedio por tonelada- kilómetro, puesto que los costos de la operación se prorratean entre un mayor número de toneladas transportadas.

Los efectos negativos que el tránsito de vehículos automotores (tractocamiones unitarios y doblemente articulados) trajo consigo son: congestión, contaminación atmosférica y auditiva, hechos de tránsito, así como el daño a la infraestructura vial, mismos que se han convertido en objeto de preocupación de los planificadores del transporte. De estos impactos, todos excepto el último, son comunes al tránsito de automóviles, autobuses y camiones de carga. El daño a la estructura del pavimento, sin embargo, se distingue de los demás impactos por tres características: 1) es generado exclusivamente por los vehículos de carga; 2) su magnitud se agrava rápidamente al aumentar los pesos en los ejes de los camiones; y 3) no se percibe tan obviamente como los otros impactos, que usualmente saltan a la vista por medio de los sentidos de forma inmediata.

El peso bruto vehicular en exceso de los autotransportes de carga, es un constante peligro para la totalidad de los usuarios de los caminos de jurisdicción federal.

Consideramos que incrementar la competitividad, eficiencia, así como ampliar la participación en la actividad económica nacional, por parte del sector autotransportes, no debe anteponerse a la seguridad de las personas.

La seguridad vial debe ser una prioridad para el sector de autotransporte de carga, ya que esta no va en contra de la competitividad. Es más, la productividad no se consigue sin seguridad.

En México, la seguridad en el transporte se ha convertido en un grave problema derivado de las malas condiciones de la infraestructura, la falta de cultura vial y la inseguridad nacional.

“Sólo en 2011 perdieron la vida en las carreteras federales más de 4,400 personas, se registraron 25 mil accidentes con daños materiales por valor de 1,361 millones de pesos.”10 “A nivel nacional y tomando en cuenta los accidentes en vías locales, entre 2006 y 2011 se registraron en el país aproximadamente 440 mil accidentes de tránsito terrestre por año en promedio.”11 Debido al impacto económico y social de la inseguridad vial, la ONU ha declarado la década 2011-2020 como el Decenio de la Seguridad Vial.

A pesar de la gravedad del problema que nos ocupa, no existe en México un reporte unificado de hechos de tránsito y mortalidad para el sistema de transporte, siendo baja la cooperación institucional entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los cuales manejan metodologías propias con estadísticas divergentes.

“Uno de los factores que contribuyen en la seguridad vial, es la conservación de la infraestructura carretera, que se encuentra en 2012 en un 80 por ciento en estado bueno y aceptable.”12

“Se estima que para una conservación óptima por encima del 90 por ciento de la red carretera federal libre de peaje se requieren 23 mil millones de pesos anuales, mientras que los montos invertidos han sido consistentemente entre un 20 por ciento y 35 por ciento inferiores.”13

En cuanto a los servicios de transporte, la seguridad de las operaciones en todos sus modos es limitada, debido en parte a que no existe una política federal sobre la materia que establezca prácticas a seguir, defina con claridad los ámbitos de acción de los distintos órdenes de gobierno y articule las interacciones entre los mismos.

Asimismo, es importante notar que no existe un organismo independiente que se encargue de investigar los hechos de transito graves en el transporte, así como de dictaminar las causas de los mismos; por lo que no se genera ni acumula conocimiento veraz sobre el tema que permita prevenirlos.

Tampoco existe un monitoreo en el sector de los hechos delictivos, de tránsito, transporte de mercancías peligrosas o un sistema de alerta temprana y respuesta rápida a emergencias y desastres naturales que permita un intercambio de inteligencia entre dependencias e instituciones, con el fin de asegurar la infraestructura estratégica de transporte y generar seguridad a las personas en sus desplazamientos.

La seguridad vial deriva de una corresponsabilidad entre gobierno, permisionario y usuario; por lo que el cumplimiento de la ley en la materia no es opcional, la verificación del peso y dimensiones del autotransporte de carga debe ser comprobable y visible en beneficio de todos.

Es momento de afrontar la realidad que ocurre en los sistemas viales y como legisladores debemos de encontrar una solución real y certera. Por lo que llevar a cabo actuaciones efectivas en este rubro requiere de una ágil y oportuna coordinación de los tres órdenes de gobierno y el sector privado.

A México aún le faltan mejoras en la conectividad a través de obras focalizadas de infraestructura que agilicen el tráfico de mercancías por el país y en el exterior. Por lo que acciones de planeación internacional coordinada de los flujos de carga y establecimiento conjunto de trámites y procedimientos que faciliten el movimiento internacional de los distintos modos de transporte, pueden contribuir significativamente a transformar a México en una plataforma logística.

A su vez tanto las fronteras terrestres como marítimas sufren retrasos en la operación debido a flujos lentos y normas aduanales restrictivas, que impiden desarrollar corredores “puerta a puerta”, rápidos y seguros. Es imperativo enfatizar la importancia que tienen para dinamizar el comercio; la implementación coordinada de medidas de pre certificación y la homologación de trámites y procedimientos aduaneros.

El presente punto de acuerdo busca con los datos disponibles y sometidos a su consideración, el incidir en la forma en que se pesa el autotransporte de carga en nuestro país, y en específico a los tractocamiones doblemente articulados (fulles) dentro de las Administraciones Portuarias Integrales (API), ya que en dichos recintos se puede prevenir el sobrecargar al autotransporte, al ser este el origen de la carga, a fin de evitar todos los efectos negativos que el sobrepeso de los tractocamiones doblemente articulados genera.

Lo anterior en el entendido que todo el transporte de carga debe de ser pesado antes de salir de los puertos, lo cual no es un procedimiento adicional, sino es algo que debe de hacerse de acuerdo a la multicitada norma a fin de evitar el sobrepeso antes de transitar por los sistemas viales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar exhaustivamente al autotransporte de carga y de manera particular, que los tractocamiones doblemente articulados no tengan sobrepeso al momento de salir de las 16 Administraciones Portuarias Integrales Federales a su cargo.

Notas

1 Instituto Mexicano del transporte, Diagnóstico General sobre la Plataforma Logística de Transporte de Carga en México; SCT, Carlos Martner Peyrelongue, 2003.

2 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y el Sistema Portuario Nacional. INEGI, Dirección General de Geografía y Medio Ambiente.

3 SCT, Coordinación General De Puertos Y Marina Mercante, Dirección General de Puertos, Informe Estadístico Mensual Movimiento De Carga, Buques Y Pasajeros; Enero - julio, 2015 – 2016; Pág. 1-56.

4 SCT, Informe Sobre Acciones Relevantes de la SCT; Enero 2013- Junio 2016 Pág. 3-59.

5 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.

6 SCT, Dirección General de Comunicación Social, Comunicado: 362; Se Duplicará Capacidad Del Sistema Portuario Nacional Mediante Inversión De 67 Mmdp En 25 Proyectos: GRE, 12/08/2015.

7 Anuario estadístico SCT 2012

8 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.

10 Indicadores seleccionados de siniestralidad en carreteras federales Cuadro 18.56, INEGI, 2011

11 Observatorio Nacional de Lesiones, CENAPRA.

12 SCT, Dirección General de Conservación, Evolución del Estado Físico e Inversión de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

13 SCT, Dirección General de Conservación Carretera

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y los gobiernos estatales a implantar programas de microfinanciamiento en favor de madres solteras en condiciones de pobreza, a cargo del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Raúl Domínguez Rex, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente proposición con punto de acuerdo está sustentada en el hecho de que es innegable que hoy en día numerosas investigaciones y estudios han centrado su tema en las mujeres y su contexto, debido a las inequidades y desigualdades que a nivel mundial presenta este grupo poblacional, incluso por el reconocimiento de las convenciones y movimientos que se han realizado para empoderar a las mujeres en todos y cada uno de los espacios en lo que interactúa o donde se ve involucrada, como son la familia, el trabajo, la salud, la educación y hoy también en el ejercicio de la responsabilidad de ser madre soltera.

Lo anterior en virtud de que al llevarse a cabo el análisis antropológico-estadístico de las nuevas formas de organización social, influenciadas además por los efectos de la globalización, se advierte que el crecimiento de la población de madres solteras en las últimas décadas se ha casi triplicado estimando que esto se deriva de una diversidad de aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, tecnológicos, etc.1

En nuestro país uno de los compromisos primordiales del gobierno es el garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y bajo este principio se formuló una de las cinco metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 la denominada “México Próspero”, misma que en su objetivo 4.8 establece: “desarrollar los sectores estratégicos del país”; y específicamente, en la estrategia 4.8.4, “Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas se establece como líneas de acción:

• “Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país.

• Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno educativo, de financiamiento, protección legal y competencia adecuados...”

Así mismo en el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 se establece en el objetivo 2, “Elevar la productividad de los trabajadores, de las empresas y de los productores del país” y en su estrategia 2.3, “Promover el emprendimiento y el escalamiento productivo y tecnológico de las empresas con especial atención en las micro, pequeñas y medianas empresas”.

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación Contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018, establece en el objetivo transversal 3, “Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos en un marco de igualdad” y específicamente en la Estrategia 3.3 se establece: realizar las reformas necesarias al marco legal y regulatorio para facilitar el acceso de las mujeres al financiamiento productivo.

Según los resultados de la encuesta Nacional de Micro negocios realizada por Inegi en el año 2012, existen 10.3 millones de los cuales 52 de cada 100 son propiedad de las mujeres.

De acuerdo al numeral 40 del consenso de Santo Domingo de la XII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y El Caribe, se deberá: “Asegurar a mujeres empresarias y emprendedoras, incluidas las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, mecanismos de comercialización de la producción y acceso al crédito para adquirir equipos e instrumentos tecnológicos que les permitan innovar y ampliar sus oportunidades de negocio y su participación en los procesos productivos para el desarrollo y en los emprendimientos autogestionados...”

Si bien es cierto, actualmente la Secretaría de Economía a través de la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, ha creado el denominado “Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural”, las Reglas de Operación establecen en la fracción IV, inciso e). No contar con problemas de sobre endeudamiento; requisito que en muchos de los casos las mujeres están imposibilitadas para acreditar ya que por circunstancias menores de falta de pago se encuentran en el famoso “buro de crédito”, imposibilitando sus deseos de obtener el beneficio de este programa.

Por otro lado algunos estados como México, Michoacán y Puebla han creado programas de “Créditos a la palabra”, y coinciden en que este programa está dirigido a personas mayores de 18 años de edad, con posibilidades de desarrollar una actividad económica o bien que se encuentren en difícil situación económica, debido a que:

• Son personas que padecen alguna discapacidad física que no les permite tener un empleo;

• Son víctimas de alguna enfermedad grave, que no les permite tener un empleo, o con poco tiempo de haberla superado.

• Son personas de la tercera edad y que por ello no pueden ser contratados;

• Son, madres solteras que no han encontrado empleo; o

• Jóvenes entre 18 y 29 años de edad que al no tener empleo ni la oportunidad de seguir estudiando, tienen la inquietud de iniciar un pequeño negocio y requieren de financiamiento para hacerlo posible.

Y como característica primordial es que en los requisitos no se establece el que deban de presentar su historial crediticio, hecho que permite que la población beneficiada sea mayor, no importando que su municipio de residencia sea rural o no.

No debemos olvidar que una de las tareas primordiales del Gobierno Federal es el promover la inserción y facilitar la vinculación de la población con programas y acciones de inclusión social, productiva, laboral y financiera para mejorar el ingreso de las familias de nuestro país.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos estatales a que implementen programas de microfinanciamiento a la palabra en favor de las mujeres que son madres solteras que se encuentren en condiciones de pobreza.

Nota

1 Estudio para identificar el principal tema de interés de las madres solteras de entre los 18 y 35 años de edad de 11 municipios del estado de México, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la equidad de Género de la Cámara de Diputados.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 29 de noviembre de 2016.

Diputado Raúl Domínguez Rex (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos órganos de esta soberanía y a los legisladores a incorporar en sus trabajos legislativos los objetivos, las metas y los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Carlos Ruiz García, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 25 de septiembre de 2015 comenzó una etapa trascendental para el Estado mexicano con la suscripción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual se presentó en el marco del sexagésimo noveno periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta agenda constituye una guía de trabajo a desarrollar por la Organización de las Naciones Unidas y sus Estados miembros para los próximos 15 años. Representa una estrategia de acción que conjuga el bienestar social, la preservación del medio ambiente y el crecimiento económico en pro de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz universal y el acceso a la justicia.

Dicha guía es producto de poco más de dos años de negociaciones en el Grupo de Trabajo Abierto en torno al cual expertos en diversas materias propusieron 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores, plasmados en el documento: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, mismo que fue remitido a la cumbre de las Naciones Unidas para su aprobación por la Asamblea General de la ONU, en su sexagésimo noveno periodo de sesiones, mediante la resolución A/70/L.1 de 2015.

De este modo, la Agenda 2030 sólo puede ser concebida bajo una perspectiva de derechos humanos, en tanto y cuando es el mecanismo operativo concebido por la Organización de las Naciones Unidas para promover, respetar, proteger y garantizar a todos y cada uno de los habitantes de sus 193 países miembros, el ejercicio legítimo y efectivo de los derechos humanos que conlleva el cumplimiento e implementación de cada uno de sus 17 objetivos.

Bien vale la pena citar la concepción que de la Agenda 2030 tiene la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en cuanto a que “La Agenda 2030 es civilizatoria porque pone a las personas en el centro, tiene un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de los limites planetarios. Es universal ya que busca una alianza renovada donde todos los países participan por igual. Es indivisible ya que integra los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental), presentando así una visión holística del desarrollo.”

Los objetivos considerados por la Agenda 2030 son los siguientes:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas; y

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Si bien la Agenda 2030 fue un compromiso asumido por el Presidente de la Republica, en el marco de la Asamblea General de la ONU, éste compromete al Estado mexicano en su conjunto, a la sociedad y a todas las instituciones públicas, entre ellas, el Congreso de la Unión y, en especial, a esta Cámara de Diputados.

Esta agenda resulta del todo vinculante para el poder legislativo federal en consideración a lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 1 constitucional, el que a la letra ordena que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad...”

La propia Organización de las Naciones Unidas reconoce el papel de los poderes legislativos de sus Estados miembro al consignar en el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que: “... los parlamentos nacionales desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de cuentas...”

Los diputados federales, en el marco de las facultades, atribuciones y obligaciones que nos impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, tenemos la alta responsabilidad de proveer el marco jurídico necesario para promover, garantizar, proteger y respetar el cumplimiento de los preceptos constitucionales y de igual forma favorecer el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forme parte, entre éstos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Así, el papel del poder legislativo, más específicamente de esta Cámara de Diputados, debe estar orientado en acciones estratégicas y colaborativas encaminadas a:

• Construir un marco legislativo idóneo que posibilite la implementación de la Agenda 2030.

• Vincular su trabajo con los valores y principios inherentes a la Agenda 2030.

• Proveer las suficiencias presupuestarias que permitan cumplir los compromisos de las instituciones públicas en las materias que comprende la Agenda 2030 y que se encuentran reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

• Coadyuvar en la provisión de los mecanismos de implementación de la Agenda 2030 y asegurar la transparencia y la rendición de cuentas a través del control legislativo.

• Promover a través de las Comisiones de Trabajo de la Cámara de Diputados y de sus diversos centros de estudio (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; y Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria), foros de participación de los diferentes actores sociales a fin de enriquecer y dar seguimiento a las acciones gubernamentales en torno al desarrollo de la Agenda 2030.

• Interactuar con los otros poderes del Estado con el propósito de generar relaciones de colaboración que favorezcan la puesta en marcha de la Agenda 2030.

• Ejercer la diplomacia parlamentaria, con el fin de favorecer la implementación de la Agenda 2030, principalmente a través de la constitución de grupos de amistad y la representación protocolaria.

En este sentido, es preciso hacer énfasis en que la implementación de la Agenda 2030 tiene una indisoluble relación con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en la materia, de los cuales el Estado mexicano sea parte.

Es por ello que debemos tener el firme propósito de realizar nuestro trabajo de forma eficaz, eficiente, responsable y sistemáticamente a fin de favorecer el cumplimiento de la Agenda 2030 desde nuestra trinchera.

Lo anterior, para el caso de la Cámara de Diputados, haciendo un especial énfasis en un adecuado diseño presupuestario, participativo y transparente, puesto que ello es materia de las facultades y responsabilidades que detentamos como diputados federales.

En virtud de estas consideraciones, invito a los legisladores federales que integran esta honorable Cámara de Diputados a encaminar nuestro trabajo al cumplimiento de los retos que nos plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en aras de sentar las bases de un sociedad justa, equitativa e igualitaria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta a los miembros de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política, a los presidentes de las comisiones de trabajo y, en general, a todos los legisladores integrantes de esta LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, a incorporar en sus respectivos trabajos legislativos los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas suscrita por el Estado mexicano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 en atención a su carácter vinculante.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de noviembre de 2016.

Diputado Juan Carlos Ruiz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a modificar la distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública entre los municipios, suscrita por los diputados Delfina Gómez Álvarez, Jorge Tello López, Cuitláhuac García Jiménez y Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

Delfina Gómez Álvarez, Jorge Tello López, Cuitláhuac García Jiménez y Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública es uno de los temas más sensibles en la vida cotidiana de nuestro país. Los delitos, sean del orden común o de delincuencia organizada, tienen un fuerte impacto en el día a día de la población. Las personas no se sienten seguras en la calle, tampoco en el transporte ni en los espacios públicos; los hogares de mucha gente han sido asaltados y sus vehículos han sido robados. En algunas entidades federativas son espectadores, cuando no víctimas, de enfrentamientos y balaceras entre células de la delincuencia organizada que se disputan el control de territorios.

Total, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de 2016,* se observa que la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades federativas al momento del levantamiento del sondeo (marzo-abril 2016), se ubicó en 72.4 por ciento, manteniéndose en niveles similares a los estimados de 2013 a 2015.

Asimismo, se observa que la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado en 2016, llegando a 65.1 por ciento y 45.4 por ciento de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, respectivamente.

La encuesta muestra que los principales motivos por los cuales las víctimas de un delito no lo denuncian son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia pérdida de tiempo con 33 por ciento y la desconfianza en la autoridad con 16.6. Esos datos corresponden a los delitos que se denuncian y se contabilizan.

Sin embargo, como se sabe hay una cifra negra superior a 90 por ciento en los últimos 3 años de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa, según se expresa en la Envipe.

Hemos sido testigos de una disminución consistente de los recursos de los fondos para atender la función de seguridad pública en las entidades federativas y en Distrito Federal: en 2015, el Subsemun fue dotado de un presupuesto de 8 mil 191 millones de pesos; en 2016, el Fortaseg dispuso de 7 mil millones de pesos; para 2017, al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se otorgaron 5 mil millones de pesos.

En el ejercicio de 2016, los recursos del Fortaseg se aplicaron sólo en 300 municipios de un total de 2 mil 464 que existen en el país, según los lineamientos publicados para el efecto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Los argumentos de este organismo para distribuir de esa manera los recursos del fondo, son que los 300 municipios beneficiarios representan

• 12.2 por ciento de los municipios en el país.

• 68.8 por ciento de la población nacional.

• 91.3 por ciento de la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto a nivel nacional.

• 71.9 por ciento del estado de fuerza municipal nacional.

Esos lineamientos habrán de modificarse para 2017. El secretariado ejecutivo tiene como plazo el 25 de enero de 2017 para publicarlos en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, el Grupo Parlamentario de Morena considera una buena oportunidad para reflexionar y, en su caso, revisar las estrategias de seguridad pública a que se destinan esos recursos.

En 2016, el fondo se destinó, según los lineamientos, a atender 10 programas con prioridad nacional, que consideran un conjunto de actividades y acciones para el mejoramiento tanto de los agentes de las instituciones policiacas municipales como del entorno en que ejercen su función. En la práctica, esos recursos se aplicaron específicamente al programa con prioridad nacional Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal. Es decir, no sólo se concentraron los recursos en un reducido grupo de municipios, sino además se atendió solamente uno de los 10 programas que componen el fondo.

Esta concentración de recursos nos ha llevado a inferir que al no aplicar recursos y brindar atención en amplias zonas del país, éstas van quedando desprotegidas y, en consecuencia, libres para la acción de la delincuencia, ya sea común u organizada. En los municipios que no cuentan con una fuerza policial propia y los que no fueron beneficiarios del fondo, habitan, trabajan y transitan más de 40 millones de mexicanos que también tienen derecho a vivir en paz y con seguridad y ocupan la mayor parte del territorio nacional.

Asimismo, inferimos que en muchos de esos municipios la delincuencia, sobre todo organizada, mantiene sembradíos de amapola y marihuana, instala los laboratorios para beneficiar la materia prima y producir drogas de mucho más valor en el mercado, tiene casas e instalaciones de seguridad y descanso, almacena drogas y armas, en fin, desde donde opera y se protege.

El municipio, con o sin corporación policial, es un terreno fértil para que la delincuencia, sobre todo organizada, se instale y prospere. La ausencia de elementos de seguridad pública y de acciones operativas de los gobiernos estatales y federal, ha provocado que haya territorios prácticamente “tomados” por los delincuentes, en los que el Estado nacional ha perdido el control y la soberanía.

Por ello llamamos la atención del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad para que haga una revisión de las estrategias de concentración de atención, recursos, equipamiento y políticas de combate a la delincuencia que ha aplicado hasta hoy con los resultados aquí expuestos.

La idea de que las autoridades municipales, sus cuerpos policiacos y los ciudadanos del municipio son incapaces de combatir la delincuencia, es la que ha llevado a un peligrosa centralización no sólo de recursos sino de toma de decisiones y demás herramientas de la seguridad pública.

La concentración de los recursos en un territorio determinado y su ejercicio desde las esferas federales provoca, necesariamente, que la delincuencia tenga a su disposición amplísimos territorios en los que actuar y causar mayor daño a la sociedad, como quedó expresado en la encuesta mencionada.

A todo lo anterior hay que agregar que para 2017 se presupuestaron 5 mil millones de pesos, 2 mil millones menos que los autorizados para 2016. Se dispondrá de menos recursos, lo que podría generar un agravamiento del problema, pues desde ya se observa un incremento sostenido de los delitos denominados comunes y también de los de delincuencia organizada. Esos problemas podrían ser mayores si la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se equivocan en la distribución de los recursos presupuestarios destinados a este fin.

La equivocación que podrían cometer consiste en seguir beneficiando a 300 municipios o incluso reducir el número atendiendo a la llamada nueva estrategia de seguridad pública anunciada por Enrique Peña Nieto hace unos meses en la que se considera brindar una atención especial a los 50 municipios más violentos del país. Beneficiar a 300 municipios porque concentran 71.9 por ciento de la fuerza policial municipal disponible, deja fuera a 28 por ciento de municipios que también cuentan con una fuerza policial. Nuestra opinión es que no pueden quedar al margen de los beneficios del fondo ni de los programas del Consejo Nacional de Seguridad. Es mejor estrategia cubrir la totalidad de municipios que cuentan con una institución policial.

Consideramos que la mejor estrategia para combatir al crimen, común y organizado, es en el ámbito territorial donde se genera y con la participación decidida y protegida de la población. El gobierno solo no podrá abatir la creciente criminalidad. Eso ha quedado demostrado a la luz de los resultados obtenidos en el sexenio 2006-2012 y lo que se observa en el sexenio en curso: los delitos de uno y otro género siguen creciendo y la población cada vez se percibe a sí misma más sola y más abandonada por las autoridades.

Con base en estos argumentos, el Grupo Parlamentario de Morena somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a considerar la probabilidad de distribuir los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en las Entidades Federativas y el Distrito Federal con la siguiente fórmula: 70 por ciento en los municipios donde se ha detectado el mayor número de delitos y hechos de violencia. El 30 por ciento restante entre los municipios que cuentan con corporación policial y que no fueron considerados en el ejercicio de 2016, para que adquieran patrullas y equipo de comunicación y capaciten a sus integrantes.

Nota

* Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2016, boletín de prensa del Inegi número 399/16, 27 de septiembre de 2016, Aguascalientes, en línea, disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especial es2016_09_04.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputados: Delfina Gómez Álvarez, Jorge Tello López, Cuitláhuac García Jiménez, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la Ssa a diseñar estrategias para inhibir la venta y promoción de alimentos de alto contenido calórico, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas en las afueras de planteles educativos de nivel básico, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, a diseñar estrategias para inhibir la venta y promoción de alimentos con altos contenidos calóricos, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas en las afueras de cada plantel educativo de nivel básico, con base en los siguientes

Considerandos

En días recientes la Secretaría de Salud Federal anunció la alerta sanitaria por epidemia de enfermedades no transmisibles haciendo referencia especialmente a la obesidad.1

Esta declaratoria se emite después de reconocer que sus índices y de aquellas enfermedades que se relacionan con estas van en aumento y casi sin control en la población mexicana.

La idea generalizada en la población al escuchar que tenemos una epidemia haría correspondencia con un sentimiento de alarma y de cuidados extremos para no ser contagiados por alguna enfermedad rara. Sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades para hacer consciente a las personas de la gravedad de este problema, no hay una respuesta deseada y tampoco se hace notoria la reducción de defunciones por diabetes o de casos asociados a problemas de obesidad y sobrepeso.

Hoy día se sabe que nuestro país tiene el primer lugar de muertes por diabetes o casos asociados a la obesidad y el sobrepeso, teniendo una tasa de los primeros del 32.8 por ciento entre personas adultas según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura2 y por si fuera poco, se tiene la nada halagadora cifra de casi 99 mil defunciones ocurridas el año pasado por diabetes,3 siendo esta una de las enfermedades que más daño hace a la gente y que proviene con mayor frecuencia de la obesidad.

De igual manera también se sabe que durante los últimos seis meses, en las instituciones de salud con afiliación y atención médica a través del seguro popular, de 1 millón 21 mil personas que fueron diagnosticadas con diabetes, sólo la mitad en promedio le dan seguimiento a su tratamiento, mientras que el resto seguramente por lo complejo de la atención clínica optan por vivir bajo las consecuencias y el deterioro paulatino de su salud; seguramente y de forma lamentable, dichas personas engrosaran las cifras de muertes relacionadas a estas enfermedades.

Es de llamar la atención que a pesar del incesante mecanismo mediático para advertir sobre los efectos adversos del sobrepeso y la obesidad, no se consolidan las estrategias adecuadas para hacer frente a estos males de forma contundente.

No es posible seguir tolerando la obcecada idea de culpar a la falta de ejercicio la principal causa para contraer estas enfermedades. No es desdeñable tampoco la pretensión de inhibir la producción de alimentos con altos contenidos calóricos basados a una tasa impositiva más alta, sin embargo, estamos convencidos de que siguen siendo ambos factores (la promoción y el consumo de alimentos con altos contenidos calóricos y la falta de ejercicio sumado al sedentarismo) lo que genera estos problemas.

El principal reto frente a este problema de seguridad nacional es cómo hacer aterrizar en la práctica una estrategia que mantenga lejos del alcance de las personas aquellos alimentos más dañinos para la salud, principalmente con el objetivo de hacer conciencia tanto de lo malo que es el comer alimentos chatarra como el no hacer ejercicio, pero además arraigar en las personas los adecuados hábitos alimenticios y un criterio mejor enfocado al autocontrol de la compra y el autoconsumo de estos alimentos procesados.

Debemos considerar que no basta sólo con llenar de buenas intenciones nuestros textos normativos, pues la salud de la población en general y la de nuestros niños principalmente se encuentra en riesgo.

Ejemplo de lo anterior lo tenemos en la omisión de las disposiciones relativas al acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.

Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de mayo de 2014,4 y en él se establece la posibilidad de que el Comité de Establecimientos de Consumo Escolar de cada escuela en el nivel básico pueda desarrollar acciones relacionadas con la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en la escuela, de acuerdo con los criterios de una alimentación correcta.

Con ello, se abre paso para que existan las oportunas recomendaciones para que los puestos de banquetas, exhibidores, carritos de venta, triciclos y demás negocios móviles de venta de dulces, golosinas, alimentos procesados, refritos y bebidas azucaradas en las afueras de cada escuela, puedan ser retirados o bien colocados a cierta distancia de las proximidades de la entrada principal de las mismas.

A la fecha lo único que queda claro es que no existe una norma que obligue a mantener la distancia entre vendedores ambulantes, puestos de banquetas y demás con los accesos principales a las escuelas de educación básica, tanto a la entrada como a la salida de clases de los alumnos.

El problema de la venta de estos productos recae en las autoridades administrativas locales y se sabe que el negocio es muy lucrativo pues los niños representan una excelente fuente de ingresos más si se trata de disfrazar estas ganancias con satisfacer el gusto por las golosinas en ellos.

Debemos recordar que la idea principal de incentivar una sana alimentación y la promoción de una constante actividad física en los educandos, debe estar aparejada con acciones tendientes a involucrarlos a una práctica de estos objetivos.

En este sentido, es necesario hacer que el consumo de estos alimentos y productos no se dé o sean distribuidos en las inmediaciones de cada una de las escuelas de educación básica de nuestro país, pues en los hechos se presentan términos contradictorios pues por un lado se fomenta una sana alimentación, el ejercicio diario y una lucha contra enfermedades relacionadas al sobre peso y la obesidad, pero al mismo tiempo somos testigos del cómo en las escuelas los niños y jóvenes son inducidos al consumo de los mismos productos sin medida alguna a las afueras de las escuelas, aun así después de haber recibido orientación al respecto momentos antes de la salida de clases.

Es posible ver con toda claridad que la función de los Comités de Establecimientos de Consumo Escolar de cada escuela en el nivel básico, aprobados y facultados para tales fines a través del acuerdo en comento, queda rebasada por la imposición de la venta y distribución de estos alimentos, tales que han sido amplia y totalmente comprobados de que son perjudiciales para la salud de los menores.

No se debe pasar por alto que nuestro país ocupa también el primer lugar en obesidad infantil5 destacando un 9 por ciento de niños menores de 5 años con sobrepeso,6 debido al consumo de alimentos altos en carbohidratos, harinas, azúcares y sal, arrastrando tristemente consecuencias como las del síndrome metabólico, mismo que generará diabetes mellitus e hipertensión arterial en la población de jóvenes y adolescentes.

Con el ánimo de reducir los elevados índices de obesidad y sobre peso en niñas y niños, además de enfermedades relacionadas a estos como lo son la diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, entre otros males, alentamos a tomar medidas más inmediatas para generar otros hábitos de consumo de productos alimenticios, primordialmente enfatizando la seriedad del problema de salud en el que actualmente nos encontramos frente a la obesidad y el sobre peso e instamos a las autoridades educativas en conjunto con las de la secretaría de salud a que promuevan medidas normativas que inhiban la venta o distribución de alimentos chatarra, dulces, golosinas y bebidas azucaradas en las afueras de las escuelas púbicas de nivel básico del sistema educativo nacional.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Pleno de esta Cámara de Diputados acuerda exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública para que diseñe una estrategia para inhibir la venta y promoción de alimentos con altos contenidos calóricos, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas y que de manera conjunta con los Comités de Establecimientos de Consumo Escolar de cada escuela en el nivel básico fomenten la abstinencia de compra de estos productos en las afueras de cada plantel educativo, en apego al acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.

Segundo. El pleno de esta Cámara de Diputados acuerda exhortar al titular de la Secretaría de Salud para que establezca de manera coordinada con las autoridades administrativas estatales y locales, una estrategia para inhibir la venta y promoción de alimentos con altos contenidos calóricos, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas en las afueras de cada plantel educativo, en apego al acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.

Notas

1 Emite la Secretaría de Salud emergencia epidemiológica por diabetes mellitus y obesidad. Boletín de prensa. Secretaría de Salud. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/emite-la-secretaria-de-salud-emergencia -epidemiologica-por-diabetes-mellitus-y-obesidad

2 Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf

3 Lanzan estrategia contra la diabetes y el sobrepeso. Fundación Mexicana para la Salud A.C. Disponible en:

http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2016/11 /Salud-en-la-Prensa-Digital-del-15-de-Noviembre-de-2016.pdf

4 Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. Secretaría de Gobernación. Disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344984&fecha=16/05/2014

5 El reto de la malnutrición y la obesidad. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Disponible en:

https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm

6 Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf Op. Cit. p. 48

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de noviembre de 2016.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar el estudio y la posible actualización del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos ganados al Mar, publicado en el DOF el 21 de agosto de 1981, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Sara Latife Ruiz Chávez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V, del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en ejercicio de su facultad reglamentaria, considere el estudio y posible actualización del reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1981, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar vigente, tiene en vigor 25 años. Específicamente, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1991.

Este instrumento reglamentario fue elaborado durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, cuando aún existía la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; encuentra su soporte legal en la Ley General de Bienes Nacionales.1

Tal como su nombre lo indica, y de acuerdo con su artículo 1o., este Reglamento tiene por objeto:

Proveer, en la esfera administrativa, al cumplimiento de las Leyes General de Bienes Nacionales, de Navegación y Comercio Marítimos y de Vías Generales de Comunicación en lo que se refiere al uso, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas y de los bienes que formen parte de los recintos portuarios que estén destinados para instalaciones y obras marítimo portuarias.

De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la Zona Federal Marítimo Terrestre se define como la franja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. 2

La Zofemat tiene una importancia fundamental para la economía, la explotación de las playas y el comercio regional en razón de la diversidad de actividades que en aquellas se desarrollan. En particular, la propia Semarnat, en el Compendio de Estadísticas Ambientales correspondientes al año 2010 establece que las principales actividades que se desarrollan en estas áreas de zona federal son obras de servicio público, desarrollos turísticos, portuarios, pesqueros, acuícolas y habitacionales, así como instalaciones petroleras, navales y eléctricas, entre otras. 3

Ahora bien, como la suscrita detalló en una iniciativa recientemente presentada,4 que las autoridades federales, estatales y municipales, han denunciado una problemática que se repite de forma recurrente a lo largo de todo el litoral con que cuenta nuestro país.

En la exposición de motivos de la Iniciativa de referencia se hizo mención a las disposiciones contenidas en el artículo 24 del Reglamento. En este dispositivo se fija una regla para determinar la prelación para el caso del interés de particulares en el uso, aprovechamiento o explotación de la Zofemat, colocando hasta un quinto lugar a los propietarios o legítimos poseedores de los predios colindantes.

Las reglas que se desprenden del Reglamento multirreferido, como se explicó antes:

...generan mecanismos extorsivos en los que los propietarios de los inmuebles colindantes pudieran no coincidir —y generalmente así ocurre— con los permisionarios o concesionarios, quienes, teniendo un derecho de uso y aprovechamiento de la Zofemat, además tienen cautivos a los propietarios en las zonas aledañas.5

En ese sentido, lo que podemos advertir es que la regla contenida en el artículo 24 del Reglamento, sobre la preferencia para obtener permisos y concesiones, genera distorsiones en el mercado que se transforman en elevados costos a cargo de los empresarios, inversionistas, propietarios, poseedores y, por supuesto, a los consumidores finales.

Por ello, independientemente del tránsito de la iniciativa presentada por la suscrita, el Ejecutivo Federal cuenta ya con la atribución de modificar el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, con fundamento en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es imperativo que el Ejecutivo Federal asuma el compromiso de actualizar el Reglamento multi-citado que, como observamos, data de 1991 y las condiciones del objeto regulado han cambiado de forma radical.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en ejercicio de su facultad reglamentaria, considere el estudio y posible actualización del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1981, estableciendo que el otorgamiento de permisos y concesiones para la explotación de la zona federal marítimo terrestre garantice un derecho de preferencia a favor de los propietarios y los legítimos poseedores de predios colindantes.

Notas

1 Adicionalmente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente hace referencia a la Zofemat en dos sentidos: (i) En el artículo 11, al otorgar a la Federación, por conducto de la SEMARNAT, la posibilidad para suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal [hoy Ciudad de México] o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman el control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la zona federal marítimo terrestre, así como en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales, (ii) y en el artículo 51, al establecer que para proteger y preservar los ecosistemas marinos y regular el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna acuática, en las zonas marinas mexicanas, que podrán incluir la zona federal marítimo terrestre contigua, se podrán establecer áreas naturales protegidas.

2 Profepa, ¿Qué es la Zona Federal Marítimo Terrestre?, visible en:

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1441/1/mx/que_e s_la_zona_federal_maritimo_terrestre.html [Fecha de consulta: 22 de noviembre de 2016]

3 Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, Semarnat, Compendio de Estadísticas Ambientales 2010, visible en: http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/estadisticas/compendio2010/10.100.1 3.5_8080/ibi_apps/WFServlet7f2d.html [Fecha de consulta: 22 de noviembre de 2016]

4 Iniciativa que reforma el artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, en materia de derechos de preferencia para el otorgamiento de permisos y concesiones en la zona federal marítimo terrestre. Presentada por la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, PRI. Turnada a la Comisión de Gobernación. Gaceta Parlamentaria, número 4662-III, jueves 17 de noviembre de 2016. (2464), visible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/nov/201611 17-III.html#Iniciativa20 [Fecha de consulta: 22 de noviembre de 2016]

5 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2016.

Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del estado de México y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a elaborar un plan de acción y sancionar los actos de corrupción, así como las conductas de intimidación y extorsión por elementos de seguridad pública y tránsito en ejercicio de sus funciones de vigilancia vehicular en las zonas limítrofes y aledañas de la zona metropolitana del Valle de México, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María Verónica Agundis Estrada, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del estado de México, y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a elaborar un plan de acción y sancionar enérgicamente los actos de corrupción así como las conductas de intimidación y extorsión por parte de los elementos de seguridad pública y tránsito en ejercicio de sus funciones de vigilancia vehicular, en las zonas limítrofes y aledañas de la zona metropolitana del valle de México, al tenor de lo siguiente

Objetivo

Imponer sanciones ejemplares a las corporaciones policiacas del estado de México y de la Ciudad de México que por alguna razón cometan actos de corrupción, extorsión o amenazas a automovilistas y transportistas que tienen la necesidad de circular por las arterias de entrada a la zona metropolitana de la Ciudad de México, principalmente con placas del interior de la república.

Adicionalmente, implementar los mecanismos eficientes de supervisión que paren de manera inmediata los abusos y proporcionar una línea directa de denuncia.

Consideraciones

Es necesario mencionar que presento de nueva cuenta este exhorto, respondiendo a un llamado de la ciudadanía, puesto que persisten los excesos policiacos en las entradas y salidas de la Ciudad de México, yo misma en días pasados fui detenida arbitrariamente llegando a la caseta del circuito exterior mexiquense sin haber cometido alguna infracción y solo por traer placas del interior de la Republica.

Asimismo, se incorpora al presente exhorto la necesidad de sancionar de manera ejemplar a todo aquel elemento al que se le demuestre que ha incurrido en un hecho de corrupción, intimidación o extorsión en los que participen los elementos policiacos sin importar su cargo.

La Comisión Estatal de Seguridad del estado de México1 establece como misión “Avanzar en la consolidación de una sociedad protegida en la que todos los ciudadanos gocen de seguridad, cuenten con las condiciones de confianza y certidumbre en las cuales fincar el desarrollo personal; teniendo como uno de sus objetivos “fomentar la seguridad ciudadana”.

De la misma manera, la Secretaría de Seguridad Pública2 está encargada de determinar y autorizar los operativos para vigilar el cumplimiento de las disposiciones, establecer en el ámbito de su competencia mecanismos de coordinación, colaboración y comunicación estrecha y permanente con instituciones del gobierno Federal, estatal y municipales, así como del Distrito federal, a fin de garantizar el libre tránsito de personas como lo establece nuestra constitución en su Artículo 11 y la autoridad solo puede limitarla en los casos en los que se contemplan en la ley.

El deber policial en materia de vialidad es la de supervisión, información y apoyo al ciudadano y sobre todo a los visitantes foráneos, otras son las de tomar acciones en caso de cualquier situación de riesgo, es el encargado de salvaguardar el orden público y el cumplimiento de las leyes, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de convivencia y seguridad pública.

Algunos de los elementos éticos de servicio policial es el de la honradez, la lealtad, servir con fidelidad y honor a la sociedad a la que se deben, respeto al prójimo y desempeñar su labor sin aceptar dadivas ni compensaciones, entre otras.

Tristemente, la gran mayoría de nuestras policías no cumplen los principios a los que se deben como servidores públicos y por ende, la sociedad le ha perdido el respeto a las instituciones policiacas y esto se debe principalmente a la corrupción, su participación en actos delictivos, extorsiones y la prepotencia en su actuar.

Este último hecho queda en evidencia, cada vez que algún automovilista primordialmente con placas del interior de la república y algunas veces del estado de México y de la Ciudad de México aleatoriamente, intenta internarse hacia la metrópoli capitalina por el periférico norte desde Cuautitlán Izcalli, pasando por Tlalnepantla y hasta el perímetro de Naucalpan, para que los conductores sean detenidos con cualquier pretexto por uniformados que se ostentan como policías, sin que el conductor pueda conocer sí este oficial tiene facultades para detenerlo y sancionarlo.

De la misma manera ocurre al cruzar las casetas de cobro del circuito exterior mexiquense, tanto como de entrada y esporádicamente en salida, así como también sucede en la frontera de Ecatepec, que los conductores tienen que sortear a los multiuniformados, porque dentro de las corporaciones del estado de México varios tipos, sin omitir que posteriormente tienen que enfrentarse a los elementos policiacos de la nueva Ciudad de México, con los retenes instalados por el famoso “Operativo Escudo” implementado con éxito desde 2014, pero también ha sido aprovechado por los oficiales para sacar “tajada”.

A pesar de que estas estrategias coercitivas, han sido denunciadas en múltiples ocasiones, al día de hoy, penosamente persisten las mañosas artimañas para atrapar por así decirlo, a conductores incautos que por miedo se dejan amedrentar por los uniformados sin saber a ciencia cierta el porqué de su detención cuando a simple vista su único error fue el tener que pasar por alguna vía cercana a las entradas de la ciudad de México con placas foráneas.

Dichas prácticas son aplicadas con singular astucia y han cobrado fuerza en los últimos tiempos con el ilegal y absurdo programa de “hoy no circula” metropolitano, siendo los agentes de tránsito los que aprovechan para implementar operativos improvisados que sirven entre otras cosas para generar más tráfico y fomentar la corrupción.

Esto le ha dado dientes filosos a los elementos policiacos, quienes con patrullas, motos y hasta los de a pie, detienen los vehículos, los revisan minuciosamente buscando alguna falta en el exterior, en el conductor o en la documentación y, aun cuando todo está en orden buscan el más mínimo detalle, más aun, han llegado al grado de decir que no se puede circular con vidrios oscuros, aun cuando son instalados por las agencias de autos, sorprendiendo al conductor y aseverando que “el grado de polarizado tiene que estar inscrito en la tarjeta de circulación” Si duda alguna, estos hechos son a todas luces inadmisibles.

Las preguntas frecuentes de los conductores detenidos son; ¿el oficial que hace la detención es efectivamente el facultado para sancionarlo?, ¿realmente están cometiendo una falta?, ¿es obligatorio el traslado de su automotor al depósito y se deben portar los documentos originales del vehículo, por si acaso es llevado al “corralón”? que por cierto, también los corralones son unos nidos de corrupción.

No se debe perder de vista que hay unidades de seguridad pública, tanto del estado de México como de la Ciudad de México, que “no” están facultadas para sancionar y por ser un “negocio” más lucrativo, en lugar de cumplir con su deber, se dedican a apabullar a los choferes, aterrorizándolos con multas de miles de pesos, que para dejarlos ir por lo menos solicitan dos mil pesos, exprimiendo lo más que pueden, y si esto no fuera suficiente, en caso de negarse los acosan con la premisa de que tienen que remitirlos al depósito más cercano y que eso les saldrá más caro, que lo piensen.

Otro punto a observar es, que las sanciones son a criterio y apreciación del oficial, son como mejor le parezca y al costo de la “mordida” dependerá de cómo se dejen. Ellos, de manera prepotente se acreditan con una placa que solo tiene su apellido y muchas veces no se puede identificar a que corporación pertenecen, inmediatamente solicitan documentos, sin presentarse, ni informar al conductor la falta por la cual fundamenta su detención.

En la mayoría de las veces mencionan la trillada frase de “revisión de rutina por operativo de seguridad.”

Esta preocupación que hoy se plantea ante esta soberanía, encuentra incluso fundamento legal para su inhibición; esto es, tanto el gobierno del estado de México como la Ciudad de México cuentan con normativa administrativa expresa que prohíbe a los servidores públicos abusar de su encargo y excederse en sus funciones, entre muchas otras prohibiciones estipuladas, entre otras, en:

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del estado de México

Artículo 42. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

...

VII. Observar en la dirección de sus subalternos las debidas reglas del trato con respeto y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;

...

XXXII. Abstenerse de remitir vehículos a cualquier de pósito de vehículos concesionado o de carácter estatal, con motivo distinto a los permitidos por las disposiciones legales aplicables;

...

Artículo 43. Se incurre en responsabilidad administrativa disciplinaria, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que en esta ley se consignan, atendiendo a la naturaleza de la obligación que se transgreda.

La responsabilidad administrativa disciplinaria, tiene por objeto disciplinar y sancionar las conductas de los servidores públicos que infrinjan alguna de las disposiciones administrativas contenidas en el artículo anterior, con independencia de otra responsabilidad de cualquier naturaleza; inclusive de la responsabilidad administrativa resarcitoria o de índole penal.”3

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

...

Por otro lado, sabemos también que las penalidades sujetas a las faltas administrativas referentes al tránsito de vehículos, son desproporcionadas frente al ingreso medio de la población, situación que es aprovechada por los quehaceres diarios que realizan las agrupaciones policiacas; que traen consigo un costo incalculable, que va en detrimento de la economía de los ciudadanos, empresarios y todo aquel que transite por esas vías de comunicación.

Sin duda alguna, toda aquella persona que va al volante, al viajar por las mencionadas arterias y visualizan un retén policiaco, patrullas o motociclistas uniformados, lejos de sentir seguridad se siente vulnerable ante la posible inquietud de poder ser detenido por el sólo hecho de traer placas foráneas, derivado a la falta de confianza que existe en la policía.

Observando los hechos desde una óptica ciudadana, hacen falta controles efectivos relativos a los actos y el comportamiento de los elementos policiacos que erradiquen estas actividades ilícitas que marcan a las agrupaciones de seguridad. La mayoría de la población que conduce un automotor no considera la idea de tener un apoyo oportuno por parte de las autoridades policiales en cuanto a información, apoyo vial o cualquier otra atención por parte de estos grupos, por el contrario, prefieren que ni se acerquen para no ser víctimas de alguna extorsión.

“Aquellos que hayan tenido que circular por estas vías, les pregunto ¿quiénes no han vivido esta experiencia en carne propia? Tal vez varios o seguramente tienen algún familiar, amigo o conocido que ha tenido que pasar por este viacrucis”.

En conclusión, es incuestionable la necesidad de que las autoridades correspondientes deben tomar cartas en el asunto, de una vez y por todas, dignificar a sus elementos y acabar con este lastre de corrupción, mediante esquemas de control y verificación, utilizando las nuevas tecnologías como son las cámaras de videograbación que inhiban la corrupción, que sus cuerpos de seguridad cumplan con el encargo conferido y sancionen enérgicamente las actividades de extorsión.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a elaborar un plan de acción y sancionar enérgicamente los actos de corrupción así como las conductas de intimidación y extorsión por parte de los elementos de seguridad pública y tránsito en ejercicio de sus funciones de vigilancia vehicular, en las zonas limítrofes y aledañas de la zona metropolitana del valle de México.

Notas

1 http://ces.edomex.gob.mx/mision_vision_objetivo

2 http://www.ssp.df.gob.mx/transito.html

3 Consultado en

http://ces.edomex.gob.mx/sites/ces.edomex.gob.mx/files/files/
marco%20juridico/04%20Leyes%20locales/19%20Ley%20de%20Responsabilidades%20de%20los%20
Servidores%20P%C3%BAblicos%20del%20Estado%20y%20Municipios.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputada María Verónica Agundis Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a realizar acciones para la entrada en operación del sistema de alertas a que se refiere el capítulo V del título tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios antes del 1 de abril de 2017, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

De acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.

Por otro lado, el artículo 74, fracción II, de nuestro máximo ordenamiento legal, establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley, por su parte la fracción VI del artículo en cita señala también como obligación de esta soberanía el de revisar la Cuenta Pública del año anterior, con objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

De igual manera, señala en su artículo 79, fracción I, como facultad de la Auditoría Superior de la Federación la de fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

Aunado a lo anterior, también fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Por otro lado, el artículo 73, fracción VIII, numeral 3, constitucional, señala que es una facultad del Congreso de la Unión, establecer en las leyes las bases generales, para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones.

Por su parte el numeral 4 de dicho artículo, establece como facultad del Congreso de la Unión a través de la comisión legislativa bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados , planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante los períodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley .

Por su parte la fracción XXIX-W del mismo artículo y ordenamiento en cita señala, la facultad del Congreso, para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;

No obstante que el mandato constitucional para la revisión de la cuenta pública que ha ejercido la Auditoría Superior de la Federación, ha sido cumplimentado, ésta institución ha sido rebasada, la opacidad y corrupción que se ha dado a lo largo de los años por los Gobernantes no solo en materia Federal, sino Estatal, aunado a los factores de las economías externas, que han sumido a la economía de nuestro país en una profunda decadencia económica, sirve como ejemplo la recomendación 12-1-11L6I-02-0449-01-002 realizada por dicha institución.

“...8. Atraso en las transferencias de recursos federales al Fideicomiso de Veracruz

Con la revisión de las transferencias realizadas al Fideicomiso de Veracruz, por 163,311.5 miles de pesos, se constató que a la fecha de la revisión (julio de 2013), la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz no había transferido los recursos al fideicomiso, no obstante que en los convenios de Coordinación se establece que el estado transferirá al fideicomiso los recursos financieros dentro de los 10 días hábiles posteriores a su recepción, y que el atraso o incumplimiento en el plazo da lugar a que las cantidades se actualicen y causen intereses, de conformidad con los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación. Por lo anterior, a la fecha de la revisión (julio de 2013) se han generado 23,204.7 miles de pesos por concepto de intereses, que se actualizarán en el momento de su depósito en la cuenta del Fideicomiso. Al respecto se constató que la Subdirección General del Deporte de la Conade solicitó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, con siete oficios (de noviembre de 2012 a julio de 2013), que transfiera los recursos, así como los intereses correspondientes; sin embargo, en el tercer requerimiento al Gobierno del Estado de Veracruz, debió turnar el asunto a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade para su intervención, lo que no ha hecho a la fecha de la revisión (julio de 2013). Folio de Autorización Fecha Importe 9157482 31-10-2012 100,000.0 9664184 19-12-2012 63,311.5 Total 163,311.5 Grupo Funcional Desarrollo Social 7 Después de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, la Subdirección General del Deporte de la Conade envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un oficio del 22 de julio de 2013, en el que solicita a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade su intervención. También evidenció que turnó a la citada Coordinación la documentación soporte de las transferencias para su análisis y, en su caso, proceda por la vía judicial. Asimismo, mediante el oficio SGD/1893/2013 del 14 de noviembre de 2013, la citada subdirección envió a la ASF, una carta de la Fiduciaria del Fideicomiso de Veracruz del 5 de agosto de 2013, así como el estado de cuenta bancario del mes de julio del mismo año, como evidencia del depósito de 10,000.0 miles de pesos, a cuenta de los intereses generados, por lo que dicho concepto se disminuyó de 23,204.7 a 13,204.7 miles de pesos. Por otra parte, envió Reportes de Transferencias SPEI del 27 de enero de 2014 como evidencia del depósito de 113,360.3 miles de pesos, por lo que el monto de 163,311.5 miles de pesos se disminuyó a 49,951.2 miles de pesos. 12-1-11L6I-02-0449-01-002 Recomendación”...1

En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios (ROEEFM), que al primer semestre de 2016 el saldo de la deuda pública de las entidades federativas y municipios ascendió a 529,718.6 millones de pesos, con un aumento real de 0.9 por ciento (17,999.5 millones de pesos), respecto de los 511,719.1 millones de pesos del mismo lapso del año previo. En 13 entidades aumentó el saldo en términos reales, sobresalieron Durango (26.4 por ciento) y Colima (17.4 por ciento). Se destaca que nueve entidades, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, estado de México, Coahuila, Jalisco, Sonora y Quintana Roo, concentraron al primer semestre de 2016 el 69.7 por ciento (369,186.0 millones de pesos) del total de la deuda pública subnacional, con un incremento real de 1.2 por ciento respecto de este mismo lapso de 2015.

En el periodo de 2008 a 2015 el saldo de la deuda pública local se duplicó a nivel nacional (105.6 por ciento real), resultado de una limitada consolidación fiscal en respuesta a los efectos de la crisis global que afectó a los ingresos y aumentó el endeudamiento público. Destaca la elevada TMCRA en siete entidades federativas: Coahuila 48.8 por ciento; Zacatecas 37.4 por ciento; Morelos 35.4 por ciento; Tamaulipas 31.2 por ciento; Quintana Roo 30.2 por ciento; Chihuahua 26.8 por ciento y Veracruz 21.4 por ciento. A este ritmo de crecimiento, el saldo deudor que se había acumulado en 2008, se duplicó entre cada 2 y 5 años en este grupo de estados. Este endeudamiento no es sostenible2 y representa riesgos graves para las finanzas públicas, las cuales en los años siguientes estarán más restringidas y con un mayor costo por el servicio de la deuda pública.3

Por otro lado, es necesario señalar que mucho de los adeudos de los estados, se deben a las malas prácticas parlamentarias, donde la mayoría de los legisladores que las aprueban, pertenecen a los grupos parlamentarios del Gobernador en turno.

Es así como tenemos que estados como Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, la Ciudad de México, el estado de México, Morelos, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas, son los estados más endeudados de nuestro país, haciéndose más ricos los políticos, consecuencia de la corrupción que vive nuestro país, es grave que los estados más endeudados siete correspondan al Partido Revolucionario Institucional y dos al Partido de la Revolución Democrática, el crecimiento de la deuda per cápita por persona ha crecido exponencialmente del año 2000 al 2015, citó como ejemplo:

Como se podrá observar, el adeudo de los estados es producto de la corrupción y de la línea partidista que siguen sus congresos, resulta por demás absurdo e inaudito el nivel de endeudamiento del estado de Veracruz donde de tener una deuda per cápita de 2.58 pesos en tan solo 15 años paso 5 mil 655.44 pesos lo que quiere decir que aumento en un 257 mil 652 por ciento, y además consecuencia de este endeudamiento los problemas que se generaron en ese estado, como la violencia, la impunidad, la falta de empleo, un gobernador sustraído de la Justicia, una Procuraduría General de la República ineficiente que ahora paga por su captura, y no solo en ese estado, para mayor comprensión, debemos realizar un comparativo de la deuda de los 32 estados de la república, mismo que se realiza de la siguiente manera:

Otro ejemplo muy claro, es el abuso de en la suscripción de Fideicomisos para el endeudamiento de los Estados, con la aprobación de su Congreso y con la anuencia de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

No pasando por desapercibido que hasta el año 2006 la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública era la única con la facultad de crear fideicomisos públicos, sin embargo, con la expedición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se aprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública sólo sería fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada, lo que abrió la posibilidad de que también el Poder Judicial, las cámaras que integran el Congreso de la Unión, así como los órganos constitucionales autónomos funjan como fideicomitentes y constituyan fideicomisos públicos con recursos provenientes de sus presupuestos autorizados, tanto en materia federal como local.

Debiendo señalar de igual manera, que los Fideicomisos Públicos no paraestatales, no sólo no cuentan con una estructura orgánica propia, sino que también carecen de un órgano interno de control. La Auditoría Superior de la Federación, ha venido señalando que los fideicomisos no paraestatales constituyen una de las áreas de mayor opacidad y riesgo, sobre las cuales es necesario profundizar en su existencia, regulación, control, transparencia y rendición de cuentas, ya que prácticamente se encuentran regulados por el contrato de constitución particular de cada uno de ellos y las reglas de operación que sus propios comités técnicos emiten.7

En ese contexto, señalaremos ejemplos de endeudamiento de los estados a través de fideicomisos teniendo como Fiduciaria en la mayoría de los casos a Evercore, la cual preside el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público en tiempos del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, también culpable del error de diciembre de 1994, Pedro Carlos Aspe Armella.

Chihuahua

“...El 14 de noviembre de 2015, a través del decreto 1038/2015, se autorizó al Ejecutivo del Estado de Chihuahua a contratar un financiamiento hasta por MXN 1,350 millones. Posteriormente en el mismo mes, se procedió a contratar un crédito con Banorte por MXN 1,320 millones destinado a inversiones públicas productivas. El crédito Banorte 15 está inscrito al Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago (Fideicomiso Maestro F/0152) que se celebró con Evercore en noviembre de 2013. El financiamiento cuenta con las siguientes características: denominación en pesos mexicanos, cuentan con condiciones pari-passu respecto al patrimonio fideicomitido, vencimiento en 2035. La periodicidad de sus pagos es mensual, su perfil de amortización es creciente, tiene tasa de interés TIIE más un diferencial definido en el contrato de crédito de acuerdo a la calificación y un fondo de reserva equivalente a tres meses del servicio de la deuda. En el fideicomiso maestro se establece que en la medida en que las participaciones afectadas a otros fideicomisos sean liberadas deberán ser cedidas al fiduciario y quedar afectadas de manera irrevocable al F/0152, hasta llegar a 100 por ciento. A la fecha, las participaciones fideicomitidas que recibe el F/0152 son 56.98 por ciento “...8

“...El fondo incumplido, a través del cual se reestructuró la deuda pública del Estado Chihuahua, se denomina Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, y fue constituido el 26 de noviembre de 2013 entre la administración de Duarte y la división Casa de Bolsa de la empresa Evercore, dirigida por Aspe Armella.

Este fideicomiso, de acuerdo con un listado de los créditos adquiridos a su amparo y contenido en la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2016 del estado de Chihuahua, permitió al ex Gobernador priista obtener 11 préstamos por un total de 19 mil 725.1 millones de pesos; estos, adicionales a 23 mil que había acumulado hasta 2012.

La participación de Evercore aparece en los decretos oficiales del estado de Chihuahua en los que se aprobó la tramitación de los diferentes créditos que obtuvo Duarte.”...9

Ciudad de México

“...Las emisiones se componen de dos tramos. La primera, con clave de pizarra GDFECB 15, es por un monto de MXN 1,382 millones. Su plazo es de 5 años con vencimiento en 2020 y pagará cupones a tasa variable cada 28 días. La segunda con clave de pizarra GDFECB 15-2 es por MXN 2,500 millones. Tiene plazo de 10 años con vencimiento en 2025 y pagará cupones a tasa fija, cada 182 días. Calificación asignada para ambas de AAA (mex) vra. Existiendo un mecanismo de provisionamiento de capital, la amortización de capital se realizará en un solo pago en su fecha de vencimiento. Los recursos obtenidos por la operación serán destinados al financiamiento de obras de seguridad pública e impartición de justicia (19 por ciento del monto total), infraestructura hidráulica y movilidad (15 por ciento), infraestructura cultural y de fomento económico (5 por ciento) y refinanciamiento de pasivos (61 por ciento).

Los CBF fueron colocados entre el público inversionista mexicano por el fideicomiso irrevocable de emisión de certificados bursátiles fiduciarios F/184, cuyo fiduciario es Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria. El patrimonio principal del fideicomiso F/0184 lo conforman los derechos derivados del contrato de apertura de crédito simple por hasta MXN 5 mil millones, otorgado por Banco Nacional de México, SA, integrante de Grupo Financiero Banamex, directamente al Gobierno Federal, donde el GDF es el destinatario final de los recursos obtenidos por la disposición del mismo.

Como beneficiario de dichos recursos, el GDF registrará el crédito en el fideicomiso maestro irrevocable de administración y fuente de pago F/838, el cual fue modificado y re-expresado integralmente el 21 de julio de 2011. El fideicomiso F/838 cuenta con la afectación de 80 por ciento de los ingresos provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP) del Distrito Federal. Cabe mencionar al respecto que el GDF afectó inicialmente 65 por ciento de su FGP al fideicomiso F/838, estableciéndose que en la medida en que las participaciones afectadas a otros fideicomisos sean liberadas, estas serán cedidas en forma automática al fiduciario y quedarán afectadas de manera irrevocable al fideicomiso F/838, hasta llegar a 100 por ciento.”...10

Ejemplo de manejo de Fideicomisos Ciudad de México:

1. El gobierno federal, como acreditado, a través de la SHCP y con la comparecencia de la tesorería de la Federación, celebrará, el Contrato de Apertura de Crédito con Banamex, como acreditante, y en que el destinatario final del crédito es el GDF.

2. El gobierno federal, por medio del Contrato de Apertura de Crédito, se obliga a derivarle al GDF los recursos provenientes de las disposiciones del Crédito.

3. Los recursos provenientes de las Participaciones Fideicomitidas que el GDF ha afectado para el pago del crédito materia del Contrato de Apertura de Crédito, ingresan al Fideicomiso Maestro, donde a su vez se desprenden los fondos de pago creados para cubrir los pagos de las cantidades que adeude el GDF al amparo del Contrato de Apertura de Crédito.

4. Banamex, cede los derechos de crédito derivados del Contrato de Apertura de Crédito al Fideicomiso Emisor.

5. El Fideicomiso Emisor emite Certificados Bursátiles, cuyos títulos entrega al Intermediario Colocador para su posterior colocación entre el público inversionista.

6. Se efectúa la colocación de los Certificados Bursátiles a través de la BMV.

7. El Intermediario Colocador obtienen los recursos de la Emisión, los cuales liquidarán al Fideicomiso Emisor.

8. El Fideicomiso Emisor paga los derechos de crédito cedidos por Banamex al amparo del Contrato de Cesión, para realizar la Derivación de Fondos.12

Veracruz

“...Xalapa, Veracruz. La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ingresó 1 mil 102 millones de pesos por concepto de cobro de impuestos como hospedaje, nómina o remuneración personal, sin embargo solo ha transferido 150 millones 449 mil pesos a los diferentes fideicomisos que deben administrar los recursos.

De acuerdo a datos de la dependencia estatal publicado en su informe trimestral, publicado en el portal http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2015/07/2do-InformeTrimestral -del-Gasto P por cientoC3 por cientoBAblico-2015.pdf, el gobierno cuenta con 33 fideicomisos que contabilizan un patrimonio de 3 mil 809 millones de pesos, y ahí se contabilizan 49 millones 887 mil pesos de los diferentes fondos metropolitanos del estado, y algunos marcan saldo negativo, es decir, tendrán que justificar la transferencia al estado.

Hay que recordar que a lo largo de la semana hubo quejas de empresarios, alcaldes y constructores, que afirman que no han sido transferidos los fondos de los diferentes fideicomisos, lo que genera pasivos importantes.

La información pone de manifiesto que el gobierno del estado, a través de la Sefiplan, debe más de 950 millones a los diferentes fideicomisos.”... 13

“...La baja en la calificación refleja el nuevo deterioro en su posición de liquidez derivada de un incremento súbito en su pasivo circulante (PC), así como prácticas administrativas débiles que se reflejan en atrasos en la entrega de los fondos del Ramo 28 y Ramo 33 a sus municipios, en combinación con inconsistencias en los registros contables respecto al PC. Este último mantiene una tendencia alcista al tercer trimestre de 2016 (3T16).

La Observación Negativa en la calidad crediticia evidencia la probabilidad alta de recurrir al uso de crédito bancarios de corto plazo derivada de las métricas de liquidez muy débiles en combinación con un PC muy elevado que, al 3T16, representa 1.11x (veces) el saldo insoluto de la deuda de largo plazo.

Fitch continuará monitoreando el PC y evaluará las políticas financieras, de gestión y de gobernanza que implemente la administración nueva, así como su posible impacto en la calidad crediticia de la entidad y sus financiamientos

Al 30 de septiembre de 2016, el Estado registró un PC de MXN 46,398 millones. Esto refleja un crecimiento de 2.64x respecto a junio de 2016 y de 3.60x respecto al cierre 2015.

Lo anterior comparado con el nivel registrado durante el mismo período de 2015 (MXN 3,469 millones) tuvo un incremento súbito que, de acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, se explica por la validación y depuración de las cuentas de orden. Por su parte, en el estado de posición financiera se registra bajo el activo no circulante como otras cuentas bancarias por aclarar con cargo de la Tesorería por un monto de MXN 31,942 millones. En opinión de Fitch, la inconsistencia y falta de credibilidad en la información financiera continúan presionando el riesgo crediticio del estado de Veracruz.

Ligado a lo anterior, cabe resaltar que en la mayoría de los créditos bancarios contratados por el Estado y las emisiones colocadas en 2012 (VERACB 12, VERACB 12-2 y VERACB 12U), se estipula una restricción relacionada con el PC. Esta limita el pasivo de corto plazo a partir del cierre del ejercicio 2013 y hasta que se liquiden la totalidad de los financiamientos a un monto máximo de 800 millones de Udis; a la fecha de este comunicado equivalen a MXN 4,408 millones.

De acuerdo con el avance al 3T16, el Estado continua incumpliendo con este compromiso financiero, por ello se activó el evento preventivo de la emisión mencionada que fue dispensado por 12 meses por la Asamblea de Tenedores. La agencia dará seguimiento puntual a este monto, pues es un factor de riesgo alto para la calidad crediticia del Estado al ser el detonante del evento preventivo. La Asamblea de Tenedores otorgó una dispensa al Estado por los certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra VERACB12, VERACB12-2 y VERACB12U. El período de esta extensión es de 12 meses a partir de septiembre de 2016. Al no desactivar el evento preventivo respecto a la violación del límite máximo permitido del PC al cierre de cada ejercicio, Fitch considera que la dispensa, en combinación con el incremento del PC a MXN 46,398 millones (septiembre de 2016) desde MXN 17,542 millones (junio de 2016), podría estresar los indicadores de riesgo crediticio de Veracruz.

Por su parte, la posición de liquidez se mantiene muy débil a septiembre de 2016. Las disponibilidades de efectivo fueron MXN370 millones, 56.3 por ciento menos al observado en el trimestre inmediato anterior. Este monto representa 0.80 por ciento del PC. Aun cuando la estructura de su deuda de largo plazo otorga predictibilidad y certidumbre en su pago al estar respaldadas por fideicomisos de administración y fuente de pago (cuyo activo son las participaciones federales) y aunque cuenta con mejoras financieras (fondo de reserva y con instrumentos de cobertura de tasa de interés) como la garantía de pago oportuno que cubre 45 por ciento del monto total de cada una de las emisiones VERACB 12, VERACB 12-2 y VERACB12U, de no desactivarse el evento preventivo dispensado, podría derivar en un incremento en la sobretasa de los créditos bancarios de 100 puntos base. De no subsanarse en el próximo reporte del auditor, dichos créditos podrían acelerarse.

Debido a la violación de este compromiso financiero respecto al límite máximo permitido del PC y al ajuste a la baja que han sufrido las calificaciones tanto riesgo-emisor de Veracruz como las de sus financiamientos, existen nueve financiamientos bancarios que podrían detonar en eventos de aceleración al estar incumpliendo obligaciones de hacer o de no hacer de sus contratos de crédito. De estos, ocho cuentan con una cláusula contractual de vencimiento cruzado. Al 30 de septiembre de 2016, los compromisos financieros del estado de Veracruz (excluyendo la parte municipal) ascendieron a MXN 41,529 millones, compuesta por MXN 29,101 millones en 16 créditos bancarios y MXN 12,428 millones en cinco emisiones bursátiles. Al cierre de 2015 la deuda total o compromisos financieros representaron 1.06x los IFO.

Todos los créditos, salvo el crédito Banobras-Fafef, tienen como fuente de pago un porcentaje del fondo general de participaciones (FGP) que le corresponden al Estado, recurso que se transfiere Todos los créditos, salvo el crédito Banobras-Fafef, tienen como fuente de pago un porcentaje del fondo general de participaciones (FGP) que le corresponden al Estado, recurso que se transfiere directamente de la Tesorería de la Federación a los fideicomisos correspondientes.”...14

Calificaciones respecto de Fideicomisos celebrados en el estado de Veracruz y monto de adeudos, al 14 de noviembre de 2016:

“...Emisión bursátil con clave de pizarra VRZCB 06, monto inicial de MXN 1,106 millones, saldo de MXN 978 millones , baja a A- (mex)vra desde A+(mex)vra;

• Emisión bursátil con calve de pizarra VRZCB 06U, monto inicial de 1,380 millones Udis, saldo de 1,220 millones Udi, baja a A-(mex)vra desde A+(mex)vra;

• Emisión bursátil con clave de pizarra VERACB 12, monto inicial de MXN 1,864 millones, saldo de MXN 1,691 millones, baja a A+(mex)vra desde AA-(mex)vra;

• Emisión bursátil con clave de pizarra VERACB 12-2, monto inicial de MXN 700 millones, saldo de MXN634 millones, baja a A+(mex)vra desde AA-(mex)vra;

• Emisión bursátil con clave de pizarra VERACB 12U, monto inicial de 475 millones Udis, saldo de 452 millones Udi, baja a A+(mex)vra desde AA-(mex)vra.

• Crédito Banamex 12, monto inicial de MXN 500 millones, saldo de MXN 399 millones , baja a BBB(mex)vra desde A-(mex)vra;

• Crédito Banobras 12, monto inicial de MXN 4,600 millones , saldo de MXN 4,373 millones , baja a BBB(mex)vra desde A-(mex)vra;

• Crédito Banobras 12-2, monto inicial de MXN 1,220 millones, saldo de MXN 1,159 millones , baja a BBB(mex)vra desde BBB+(mex)vra;

• Crédito Banorte 12, monto inicial de MXN 4,500 millones, saldo de MXN 4,092 millones , baja a BBB(mex)vra desde A-(mex)vra;

• Crédito Multiva 12, monto inicial de MXN 1,500 millones, saldo de MXN 1,333 millones , baja a BBB(mex)vra desde A-(mex)vra;

• Crédito Multiva 12-2, monto inicial de MXN 1,000 millones, saldo de MXN 894 millones , baja a BBB(mex)vra desde A-(mex)vra;

• Crédito Santander 12, monto inicial de MXN 750 millones, saldo de MXN 635 millones , baja a BBB(mex)vra desde A-(mex)vra;

• Crédito Inbursa 12, monto inicial MXN 5,500 millones, saldo de MXN 266 millones , baja a BBB(mex)vra desde A-(mex)vra;

• Crédito Interacciones 12, monto inicial MXN 1,500 millones, saldo de MXN 1,147 millones , baja a BBB(mex)vra desde A-(mex)vra;

• Crédito Interacciones 12-2, monto inicial MXN 1,500 millones, saldo de MXN 1,131 millones , baja a BBB(mex)vra desde A- (mex)vra;

• Crédito Banobras 11 (Fonarec), monto inicial MXN 3,039 millones, saldo de MXN 3,039 millones , baja a BBB+(mex)vra desde A-(mex)vra;

• Crédito Banobras 11-2 (Fonarec), monto inicial MXN 1,718 millones, saldo de MXN 1,717 millones , baja a BBB+(mex)vra desde A-(mex)vra;

• Crédito Banobras 12-3 (Profise), monto inicial MXN 1,074 millones, saldo de MXN 1,074 millones , baja a BBB+(mex)vra desde A-(mex)vra;

• Crédito Banobras 12-4 (Profise), monto inicial MXN 200 millones, saldo de MXN 199 millones , baja a BBB+(mex)vra de A-(mex)vra;

• Crédito Multiva 13, monto inicial MXN 1,300 millones, saldo de MXN 1,202 millones , baja a BBB(mex)vra de A-(mex)vra;

• Crédito Interacciones 13, monto inicial MXN 695 millones, saldo de MXN 574 millones , baja a BBB(mex)vra de A-(mex)vra;

• Crédito Banobras 15 (Fafef), monto inicial de MXN 5,000 millones, saldo de MXN 4,819 millones, baja a BBB+(mex)vra desde A(mex)vra;

• Crédito Multiva 15, monto inicial de MXN 4,798 millones, saldo de MXN 4,779 millones, baja a BBB-(mex)vra desde BBB+(mex)vra.”...15

Comisión Federal de Electricidad

“...Goldman Sachs y Evercore Partners fueron elegidos por la CFE para hacer una oferta pública inicial de varios activos, lo que podría tener lugar este año y con ello dar inicio a los Master Limited Partnership.

CFE contrató a dos bancos y se encamina a hacer una Oferta Pública Inicial (OPI) de varios activos de transmisión, de acuerdo con fuentes enteradas del asunto.

Goldman Sachs Group y la unidad local del banco de inversión, Evercore Partners fueron elegidos para manejar la venta de activos,”...16

Lo anterior, es solo una muestra del estado en que se encuentra la economía interna de nuestra país, el abuso de los fideicomisos, los cuales se garantizan con las participaciones Federales y sus propios ingresos pago de los impuestos de sus ciudadanos, y aunado a lo anterior, resulta por demás preocupante que ahora el país le pague a Pedro Aspe Armella, sus servicios por endeudar al país, no olvidemos que fue el Secretario de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, como se mencionó, que a él se le atribuye quitarle tres ceros al depauperado peso, pero su principal obra, al menos para su grupo cercano, fue apuntalar el proyecto económico que rige actualmente en el país.

De hecho, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue empleado de Aspe antes de que ingresara a la administración de Arturo Montiel, cuando era gobernador del estado de México, donde se acercó al ahora presidente Enrique Peña Nieto.

Mientras su discípulo hizo carrera política en Toluca, Aspe Armella se diversificó en los negocios y en recientes fechas se involucró en el sector energético. Su nombre empezó a sonar cuando el consorcio con el que está asociado obtuvo dos campos petroleros en tierra por parte de Diavaz Offshore durante la tercera licitación de la Ronda Uno.

Pedro Aspe, ingresó al negocio petrolero como presidente del fondo Evercore, de este modo tiene una participación accionaria de 20 por ciento en la compañía que lideran los hermanos Óscar y Luis Vázquez Sentíes, lo cual lo coloca como un inversionista importante para la empresa.

La polémica más reciente, incluso más que su incursión en el sector energético, se generó en Puebla. La empresa de Pedro Aspe logró el manejo de un fideicomiso que se encargará de administrar el dinero que reciba el gobierno de Puebla por Impuesto Sobre la Nómina (ISN) durante los próximos 50 años.

Esta empresa recaudará al menos 160 mil millones de pesos de los cuales solo debe usar 22 mil 554 para cubrir el pago de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) en Puebla, estableció el periódico Central.

Con ello pagará sus obligaciones como la adquirida por la construcción del Museo Barroco. Las críticas a esta medida impuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle van en el sentido de que no era necesario comprometer los recursos y que no era necesario darle esta tarea a la empresa de Aspe, la cual no trabajará gratis.17

La pregunta que surge ¿Cómo es posible que empeñemos a nuestro país durante 30 o más años, con la persona que fue culpable de quitarle tres ceros al peso y del error de diciembre, que consecuencia de ellos fue la debacle económica de nuestro país, y que miles de personas acabaron en la ruina, sin patrimonio, y desempleadas?

No olvidemos que en este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la creación de los fideicomisos del tres por ciento a la nómina y el uso de este dinero para el pago de deudas como pretendió el exgobernador y ahora prófugo de la Justicia Javier Duarte de Ochoa, además de que la deuda señala en líneas anteriores es lo que se ve, dado que está bursatilizada, falta saber lo que no se ve.

En ese sentido, es importante que el Congreso de la Unión tome cartas en el asunto de la deuda pública de estados y municipios, sí bien es cierto, con fecha 16 de noviembre de 2016, se instaló la Subcomisión de seguimiento a las participaciones federales y deuda pública de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, no es suficiente, ya que la opacidad que las rodea es contraria al estado de derecho.

Sin embargo, el pueblo de México tiene derecho a saber en qué se invirtió y como se están gastando tantos miles de millones de deuda, debemos conocer cómo y cuándo y en qué términos se realizó la existencia de las confirmaciones para saber sí los financiamientos fueron celebrados en las mejores condiciones del mercado; se desconoce si se implementó un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones financieras del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento; que la temporalidad de dichas propuestas no debieron diferir en más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales; sí se contrató la oferta que representó las mejores condiciones de mercado para los entes públicos, es decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta.

Lo anterior, para poder establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados al Financiamiento, por lo que se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo los Lineamientos que para tal efecto emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por otro lado el artículo décimo quinto Transitorio de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, establece que el Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de dicha ley entrará en operación, a más tardar el 1 de abril de 2017, sin embargo dadas las condiciones de endeudamiento de los estados Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas, lo procedente es exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente el sistema de alertas con carácter de urgente.

Asimismo el artículo 38 de la ley en mención, señala:

Cuando el Estado en cuestión se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, según el Sistema de Alertas previsto en el siguiente Capítulo del presente Título de esta Ley, el Congreso de la Unión, a través de una comisión legislativa bicameral, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas, planteada en los convenios a que hace referencia el presente capítulo. En estos casos, la comisión legislativa bicameral podrá emitir las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto de convenio, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión.

La comisión legislativa bicameral que se establecerá para estos fines, deberá estar integrada por ocho miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. La presidencia de la comisión legislativa bicameral se ejercerá, de manera alternada, por un diputado y por un senador con una periodicidad de un año.

La comisión legislativa bicameral podrá solicitar información a la Secretaría y al Consejo Nacional de Armonización Contable sobre los convenios formalizados para el otorgamiento de la Deuda Estatal Garantizada. Adicionalmente, la comisión legislativa bicameral tendrá las atribuciones que le otorgue la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, dada la situación financiera por la que atraviesan los estados de la república antes mencionados, es necesario realizar la evaluación de los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, de acuerdo a su nivel de endeudamiento, cabe destacar que a esta evaluación y su posterior publicación se le denomino sistema de alertas, definido por la ley en cita en su artículo 2o. fracción XXVIII como la publicación hecha por la Secretaría sobre los indicadores de endeudamiento de los Entes Públicos.

Lo anterior, para que el Congreso de la Unión este en posibilidades de instalar una comisión legislativa bicameral de conformidad con el numeral 4, de la fracción VIII, del artículo 73 de nuestra Constitución y demás relativos de las leyes aplicables en la materia, y así analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas de dichos estados en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, sin necesidad de esperar hasta el 1 de abril de 2017, toda vez que el artículo señala que la fecha es fatal, sin embargo, también señala la que ésta será “a más tardar el 1 de abril de 2017”, por lo que el sistema se puede crear antes de la fecha fatal y por lo tanto el Congreso de la Unión pueda estar en posibilidades de actuar en favor de México.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que realice de manera urgente las acciones necesarias para la entrada en operación del Sistema de Alertas a que se refiere el capítulo V del Título Tercero de Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, antes del primero de abril de dos mil diecisiete, con el fin de estar en posibilidades de instalar la Comisión Legislativa Bicameral para analizar la estrategia de ajuste para fortalecer y rescatar las finanzas públicas de los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Ciudad de México, estado de México, Morelos, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas, de conformidad con el numeral 4, de la fracción VIII, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables.

Notas

1http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos /Auditorias/2012_0449_a.pdf

2 La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (DOF del 27 de abril de 2016), define en los artículos 6 y 18 que las entidades federativas y los municipios deberán generar balances presupuestarios sostenibles. Asimismo, el artículo 46 determina el techo de financiamiento neto que se podrá considerar en la ley de ingresos respectiva, en congruencia con los indicadores del sistema de alertas previsto

3 http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/
ANALISIS_DEL_INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTION_FINANCIERA_2016.pdf

4 Elaboración propia Grupo Parlamentario Morena

5 http://obligaciones_entidades.hacienda.gob.mx/es/OBLIGACIONES_ENTIDADES /2015

6 http://www.mexicomaxico.org/Voto/DeudaEstatal.htm

7 http://fideicomisos.eluniversal.com.mx/que-es-un-fideicomiso

8 http://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventoca/eventoca_664096_2.pdf

9 http://www.sinembargo.mx/07-11-2016/3112291

10 https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventoca/eventoca_625762_1.pdf

11https://clientes2.evercorecb.com/fiduciario/Infocol/07 GDFECB_152/10Suplemento%20(segunda%20emision).pdf

12https://clientes2.evercorecb.com/fiduciario/Infocol/07 GDFECB_152/10Suplemento%20(segunda%20emision).pdf

13 http://www.e-veracruz.mx/nota/2015-09-02/estado/sefiplan-retiene-950-mi llones-de-pesos-de-fideicomisos

14 https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventoca/eventoca_709723_1.pdf

15 Ídem 13

16 http://onexpo.com.mx/noticias/cfe-busco-a-evercore-y-goldman-sachs-para -emitir-mlps/?ID_NOTICIA=510

17 http://www.energiahoy.com/site/pedro-aspe-armella-presidente-de-evercor e-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de noviembre de 2016.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a ejecutar acciones y campañas para erradicar todo tipo de violencia obstétrica en la entidad, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Los diputados ciudadanos en nuestra agenda de trabajo hemos establecido como uno de los pilares fundamentales de nuestro quehacer legislativo, la creación de instrumentos que permitan garantizar a las mexicanas y los mexicanos una vida digna. Para la consecución de este fin, es imperativo abocarse al estudio del cumplimiento una de las obligaciones primordiales del Estado: la protección al derecho a la salud.

En atención a ello, el pasado 18, de octubre de 2016, la bancada de los ciudadanos presentamos una proposición por medio de la cual “la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, doctor José Narro Robles, para que en la medida presupuestal posible, contrate personal médico calificado suficiente para reforzar los sistemas de salud para que puedan responder a las necesidades y prioridades de las mujeres y niñas; y erradicar así, la tasa de mortalidad materna por causas evitables en nuestro país.”1

En esta proposición, exhortamos además “al titular de la Secretaría de Salud, doctor José Narro Robles, para que en atención a la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-2030... sensibilice al personal médico ya existente a efecto de que brinden atención hospitalaria oportuna a las mujeres embarazadas, a efecto de prevenir más muertes maternas como las suscitadas en 2012, en la sala de espera del Hospital Básico Comunitario de Copala, donde perdieron la vida una mujer mixteca de 20 años y su bebé de ocho meses de gestación, o la registrada en el Hospital Básico Comunitario de Huamuxtitlán, donde perdiera la vida..., una mujer embarazada de 30 años, originaria de la comunidad de Tlaquiltepec, luego de que el personal médico no le prestara apoyo.”2

Lo anterior da muestra de nuestro compromiso para erradicar la violencia obstétrica, pues, al igual que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), consideramos que “La violencia obstétrica constituye también una violación a los Derechos Humanos, tanto como manifestación de la violencia de género contra las mujeres como desde el enfoque del derecho a la salud como un derecho humano.”3

Pese a nuestros esfuerzos, la violencia obstétrica sigue presente en el Estado de Guerrero, tal y como lo ha constatado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la Recomendación 46/2016, dirigida al Gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, por el caso de una mujer indígena amuzga, que perdiera la vida cuatro horas después de dar a luz, a consecuencia de actos y omisiones atribuibles a personal médico del Hospital General de Ometepec.

En dicha recomendación, la CNDH realizó varias diligencias que le llevaron a concluir que: “En el caso que nos ocupa, se advirtió que el derecho a una vida libre de violencia en la modalidad de violencia obstétrica en agravio de V1, fue transgredido por AR1, AR2, AR3 y AR4, quienes al omitir llevar a cabo una vigilancia estrecha del trabajo de parto de V1, incurrieron en inadecuada prestación del servicio médico, ya que dejaron evolucionar el cuadro de la placenta increta parcial y el sangrado transvaginal que presentó V1, sin otorgar un tratamiento oportuno y adecuado para restituir de manera inmediata la sangre que estaba perdiendo, ni se intervino quirúrgicamente para realizarle una histerectomía (operación quirúrgica que consiste en extirpar el útero total o parcialmente); lo que aunado a la omisión de atender de manera inmediata la insuficiencia respiratoria que presentó V1, provocó que cayera en un paro cardiorrespiratorio que finalmente le ocasionó la muerte.”4

Como consecuencia, de lo anterior, la principal entidad gubernamental encargada de promover y proteger los derechos humanos e nuestro país, notificó al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, las siguientes recomendaciones:

V. Recomendaciones

Primera. Se instruya a quien corresponda a fin de que por concepto de reparación integral de los daños ocasionados a V2, V3 y V4, se les pague una compensación justa, como consecuencia de la responsabilidad en que incurrió el personal médico del Hospital General de Ometepec, Guerrero, dependiente de la Secretaría de Salud de esa entidad federativa, con base en las consideraciones planteadas en la presente Recomendación, y tomando en cuenta la especificación respecto a V2 y V3, deberá establecerse un fideicomiso para efecto de que esos recursos se preserven en su beneficio, enviando a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Segunda. Se instruya a quien corresponda a fin de que por concepto de rehabilitación se otorgue atención médica a V2, a través de un equipo multidisciplinario de especialistas en el área de salud, incluyendo pediatra, neurólogo pediatra, enfermería, trabajo social, terapeutas y demás que llegara a requerir V2, con la finalidad de evitar mayores alteraciones y limitaciones físicas; lo que deberá ser de manera gratuita, de forma inmediata y en un lugar accesible para la víctima, con consentimiento de sus familiares, brindando información previa clara y suficiente; incluyendo los tratamientos que deberán ser provistos por el tiempo que sea necesario, incluir los respectivos medicamentos y el transporte de su domicilio al lugar donde se brindara el servicio; enviando a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Tercera. Se instruya a quien corresponda a fin de que por concepto de rehabilitación se otorgue atención psicológica a V3 y V4, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, y prestarse de forma Comisión Nacional de los Derechos Humanos 46/49 continua hasta que alcance su total sanación psíquica y emocional, a través de atención adecuada a los padecimientos sufridos, atendiendo a su edad y sus especificidades de género, lo que deberá ser de manera gratuita, de forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas, con el consentimiento correspondiente, brindando información previa clara y suficiente; tratamientos que deberán ser provistos por el tiempo que sea necesario, incluir los medicamentos y el transporte de su domicilio al lugar donde se brindara el servicio; enviando a esta comisión nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Cuarta. Se realice un diagnóstico de las necesidades de recursos materiales y humanos, así como una planeación presupuestal para que el Hospital General de Ometepec, Guerrero, cuente con la infraestructura necesaria para proporcionar atención médica oportuna a los usuarios, para lo cual se deberá dotar de medicamentos, mobiliario, equipo médico en buenas condiciones, de infraestructura óptima, así como del personal médico necesario y adecuadamente capacitado, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Quinta. Diseñar e impartir un curso integral de capacitación a todos los servidores públicos adscritos al Hospital General de Ometepec, Guerrero, sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos que el orden jurídico reconoce a las mujeres, niñas y niños, que garantice el trato digno y la situación de vulnerabilidad de diversos grupos, como lo son mujeres, niñas y niños indígenas, con perspectiva de género transversal, y de conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas señaladas en la presente Recomendación y se remita a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sexta. Se instruya que los servidores públicos del Hospital General de Ometepec, Guerrero, adopten medidas efectivas de prevención, que permitan garantizar que los expedientes clínicos que se generen con motivo de la atención médica que brindan, se encuentren debidamente integrados, conforme a lo dispuesto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 47/49 legislación nacional e internacional, así como en las normas oficiales mexicanas correspondientes, hecho lo cual se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Séptima. Se giren las instrucciones respectivas para emitir una circular dirigida al personal médico del Hospital General de Ometepec, Guerrero, en la que se les exhorte a entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los Consejos de Especialidades Médicas, de conformidad a las disposiciones de la Secretaría de Salud de esa entidad federativa, con la finalidad de que acrediten tener la actualización, experiencia, conocimientos y habilidades suficientes para brindar un servicio médico adecuado para atender casos similares al presente, hecho lo cual, se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Octava. En caso de que la responsabilidad administrativa de AR1, AR2, AR3 y AR4 haya prescrito, instruir a quien corresponda, a fin de que conforme a los procedimientos internos, se determine dejar constancia de la presente Recomendación en su expediente administrativo, y se remita a este Organismo Nacional el documento que acredite su cumplimiento.

Novena. Se colabore en la integración de la indagatoria que se inicie con motivo de la denuncia de hechos que este Organismo Nacional formule ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, contra AR1, AR2, AR3 y AR4, por su intervención en los hechos materia de la presente Recomendación y remita a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos las constancias que acrediten dicha colaboración.

Décima. Inscribir a V1, V2, V3 y V4 en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, a fin de que en su caso, V2, V3 y V4 tengan acceso al Fondo Estatal previsto en la Ley número 694 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Comisión Nacional de los Derechos Humanos 48/49 Guerrero, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento. 120.”5

De lo hasta ahora expuesto, podemos advertir que en Guerrero se siguen suscitando casos de violencia obstétrica, hecho que nos obliga a intervenir a efecto de erradicar esas prácticas violatorias a los derechos humanos, por consiguiente, los diputados ciudadanos ponemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y división de poderes, hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, para que ejecute las acciones y campañas necesarias en materia de derechos humanos, que garantice el trato digno y la situación de vulnerabilidad de diversos grupos, como lo son mujeres, niñas y niños indígenas, con perspectiva de género transversal, que contribuyan a la erradicación de la violencia obstétrica en la entidad.

Notas

1 Consultable en Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4641-IX, martes 18 de octubre de 2016.

2 Ibídem

3 UNESCO. Laura F. Belli. La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos. Revista Redbioética/UNESCO, Año 4, 1 (7): 25-34, Enero-Junio 2013.

4 CNDH. Recomendación Número 46/2016 sobre el caso de violencia obstétrica en agravio de v1, inadecuada atención médica en agravio de V1 y V2, y derecho a la vida en agravio de V1, en el hospital general de Ometepec, dependiente de la Secretaría de Salud de Guerrero. Ciudad de México. 30 de septiembre de 2016.

5 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales a establecer en sus Presupuestos una partida específica en materia de cambio climático para diseñar e implantar la política estatal y demás acciones encaminadas a enfrentar y mitigar los efectos adversos de ese fenómeno, suscrita por los diputados María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y Tomás Roberto Montoya Díaz, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, respectivamente

Los que suscriben, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y Tomás Roberto Montoya Díaz, diputados integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establecen los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo a fin de exhortar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades de la República a establecer en el presupuesto de cada una de las entidades una partida específica en materia de cambio climático para el diseño e implementación de la política estatal y demás acciones encaminadas a enfrentar y mitigar los efectos adversos de este fenómeno, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Panel Intergubernamental para el cambio climático señala que “hay evidencia observada en todos los continentes y la mayoría de los océanos muestran que muchos sistemas naturales están siendo afectados por cambios climáticos regionales, particularmente en aumentos de temperatura. Una evaluación global de los datos desde el año 1970 ha mostrado que es probable que el calentamiento antropogénico haya tenido una influencia discernible sobre muchos sistemas físicos y biológicos. Están surgiendo otros efectos de los cambios climáticos regionales sobre entornos naturales y humanos, aunque muchos son difíciles de discernir debido a los factores de adaptación y no climáticos” (IPCC, 2007: 8-9).

Instituciones como The Royal Society (2012) y el World Resources Institute (2009) han presentado datos, informes y proyecciones donde se señala que la humanidad se encuentra ante la eminencia de un desastre ecológico de proporciones planetarias irreversibles causadas por efectos antropogénicos y verificables a través de la medición de la temperatura en la superficie del planeta, el nivel medio del mar y la cubierta de nieve.

Estos efectos antropogénicos, según el reporte del (IPCC Working Group II, 2007), están originados principalmente por el incremento en las emisión de gases con efecto invernadero, la desaparición de amplias áreas boscosas y la insuficiente tasa de absorción de carbono y de otros contaminantes por parte de biomas terrestres y costeros agotados.

El cambio climático no sólo constituye una amenaza para diversas especies de flora y fauna, incluidos los seres humanos, sino que actualmente exhibe efectos devastadores para aquellas sociedades rurales cuya subsistencia depende directamente de los servicios ecológicos que proporcionan bosques, selvas y ecosistemas marinos, sean por actividades agrícolas, pastoriles, de recolección y/o pesca.

En el mismo orden de ideas, los enfoques de la economía ecológica y de la ecología política coinciden en señalar que la actual fase del capitalismo y su lógica de crecimiento económico han trastornado los sistemas bióticos y abióticos planetarios, en donde existen perdedores y ganadores.

En ese contexto, el cambio climático es un problema que involucra interacciones complejas entre procesos naturales, sociales, económicos y políticos a escala mundial. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, identificó desde el año 1992, la relación existente entre la efectividad de las política en materia de cambio y la asignación de recursos público al establecer que la práctica efectiva de los compromisos de los Estados parte dependerá de la manera en que se lleven a la práctica los compromisos relativos a los recursos financieros y la transferencia de tecnología.

Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas reconocen la necesidad de contar con asignación y disponibilidad de recursos por lo que establecen como una de las metas del Objetivo número trece “movilizar conjuntamente 100 mil millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible”.

Bajo esta perspectiva, el preámbulo de los Acuerdos de París reconoce la importancia del compromiso de todos los niveles de gobierno y de los diversos actores, de conformidad con la legislacion nacional de cada parte frente al cambio climático. Por su parte el artículo 9 del Acuerdo de París reconoce la necesidad de los recursos públicos para realizar las labores de adaptación.

Es por todo lo expuesto, que la política nacional de cambio climático requiere ser integrada por estrategias e instrumentos de gran alcance, debe ser inclusiva para que incorpore en el proceso a los tres niveles de gobierno de la administración pública.

Al respecto, cabe resaltar que tal consideración se encuentra plasmada en el marco jurídico nacional en la materia. En primer lugar, la Estrategia Nacional de Cambio Climático identifica que las acciones para combatir el cambio climático requieren del respaldo de recursos económicos accesibles, oportunos, constantes y suficientes para su efectivo cumplimiento. Por ello, se establece la línea de acción P2.3 correspondiente a la asignación de recursos presupuestales suficientes para la ejecución de acciones de adptación y mitigación del cambio climático y especificarlos en los presupuestos federales, estatales y municipales.

En segundo lugar, y de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, las entidades federativas tienen la atribución de gestionar y administrar fondos estatales para apoyar e implementar las acciones en la materia. Sin embargo, el precepto en las condiciones en que está establecido en la Ley es de corto alcance, toda vez que no se establece la obligación de configurar una partida específica en materia de cambio cambio climático, tal y como sucede a nivel federal con el anexo 16 “Recursos para la mitigación y adaptación al cambio climático”.

No obstante lo anterior, si bien se reportan gastos o inversiones en acciones que contribuyen a combatir el cambio climático, sin la configuración de un partida presupuestal específica a nivel de entidad federativa no es posible tener certeza respecto a los programas o proyectos que tienen injerencia directa sobre este fenómeno, ni tampoco el monto de los recursos presupuestales que se destinan para tal fin.

Además, la falta de una partida específica en materia de cambio climático en los proyectos de egresos de los estados propicia desequilibrio en cuanto a los esfuerzos encaminados a enfrentar y mitigar los efectos adversos del cambio climático, lo que a su vez dificulta el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país en la materia.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo de las 31 entidades federativas y de la Ciudad de México, a partir del siguiente ejercicio fiscal, a incorporar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de cada uno de los estados una partida presupuestal especifica en materia de cambio climático, encaminada al diseño e implementación de la política estatal en la materia de cambio climático y demás acciones con la finalidad de enfrentar y mitigar los efectos adversos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los Congresos locales de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a promover la incorporación de la partida específica en materia de cambio climático dentro de los presupuestos de egresos de cada entidad que sean aprobados a partir del siguiente ejercicio fiscal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputados: María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación de Chiapas a atender en lo conducente con la Secretaría General de Gobierno la petición de otorgar los terrenos requeridos para edificar la escuela Artículo 115 en San Cristóbal de las Casas, a cargo del diputado Guillermo Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Chiapas cuenta con 1’762,402 alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación formal, entre los cuales 51.4% son hombres y 48.6% son mujeres, cuenta con 80,699 docentes impartiendo cátedra en 19,885 escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y capacitación para el trabajo. Sin embargo, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE), Chiapas sigue siendo uno de los estados con mayor rezago educativo en el país, pues ocupa los últimos lugares en las mediciones de abandono escolar, analfabetismo (31º) y grado promedio de escolaridad (32º). En contraste, se ubica en los primeros lugares en lo referente a índices de reprobación e ineficiencia terminal.

Chiapas ocupa también los últimos lugares en cuanto se refiere a absorción de alumnos en los niveles de educación secundaria, media superior y superior. En términos de cobertura educativa, el estado ocupa el vigésimo segundo lugar en nivel medio superior, y el último lugar, entre todas las entidades federativas, en el nivel secundario y superior.

La eficiencia terminal a nivel básico es otro de los grandes problemas educativos que enfrenta el estado, pues de cada 100 niños que ingresan a la educación secundaria, sólo 86 logran concluir sus estudios. Por su parte, sólo 54 de cada 100 niños que ingresaron al bachillerato lograron terminarlo. Si bien es cierto que a nivel nacional la eficiencia terminal ha mejorado paulatinamente, la brecha que existe entre Chiapas y el resto de los estados de la República es preocupante.

El rezago educativo en la entidad se hace mucho más patente entre las poblaciones indígenas, pues son éstas quienes presentan los índices más bajos en educación, así como quienes sufren con más fuerza las carencias en el acceso a los servicios educativos elementales. Según datos del INEGI, el grado promedio de escolaridad de la población hablante de lenguas indígenas en la entidad es 3.9 años mucho menor al promedio estatal de 7 años. Asimismo, entre la población hablante de una lengua materna de 6 y hasta 14 años, sólo el 86% asiste a una institución educativa.

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas, cabecera del municipio homónimo, es el mayor centro urbano de la región de Los Altos de Chiapas, y el tercer más grande en el estado, sólo detrás de la capital, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, en la frontera con Guatemala. De acuerdo con el censo de 2010, la población total del municipio fue de 185,917 habitantes, lo cual representó el 3.9% de población en el estado. En el mismo año, se registró en el municipio la existencia de 40,714 hogares, de los cuales 25% estaban encabezados por jefas de familia. El tamaño promedio de los hogares es de 4.4 integrantes.

En San Cristóbal, la problemática educativa es poco alentadora. Según datos censales, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio es de 8.3, tan sólo 1.3 años más que el promedio estatal. En 2010, San Cristóbal contaba con 133 escuelas preescolares (1.8% del total estatal), 167 primarias (1.9% del total estatal) y 37 secundarias (1.9%). Además, el municipio contaba con 18 bachilleratos (2.6%), dos centros de educación profesional técnica (10.5%) y 28 escuelas de formación para el trabajo (6.2%). El municipio contaba además con 55 primarias indígenas (1.8%). Como se observa en las cifras, hay una diferencia sustancial entre la relacional demográfica que existe entre el municipio y la entidad, y la que existe en relación al número de escuelas, especialmente en nivel básico. Esta diferencia revela la apremiante necesidad de incrementar la infraestructura educativa en el municipio para cubrir plenamente con la demanda.

Esta situación se agrava cuando se toma en cuenta información de la CONEVAL que señala que en San Cristóbal de Las Casas, 99,120 individuos (66.1% de la población) se encuentra en pobreza, de los cuales 31,869 viven en pobreza extrema. En ese sentido, la condición de rezago educativo afecta 26.5% de la población, lo que implica que al menos 39,720 sancristobalenses presentan esta carencia social. Cabe destacar que en San Cristóbal de Las Casas, la población indígena representa el 39% de la totalidad del municipio, cuya etnia predominante es la Tzotzil.

Ante el alarmante rezago educativo que enfrenta la entidad, padres de familia, académicos y autoridades locales han expresado firme y sistemáticamente la necesidad de que la Federación destine mayores recursos para aumentar la infraestructura y ampliar la cobertura educativa, pues de lo contrario, sólo se puede prever la agudización de las carencias que vive la población chiapaneca.

En este tenor se inscribe el caso de la escuela secundaria “Artículo 115”. Ubicada en la colonia del mismo nombre. La Escuela Secundaria Vespertina del Estado de Chiapas “Artículo 115”, con clave asignada 07EES0201F, fue fundada para satisfacer la demanda de educación básica que existe en el sureste de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, un área de colonias populares con mayoría de población en situación de pobreza y grave marginación.

A pesar de la falta de un espacio asignado e instalaciones físicas adecuadas, la escuela secundaria entró en funciones en agosto de 2011, gracias a incesantes esfuerzos, solicitudes y gestiones por parte de su director, el Lic. Jorge Méndez López, así como de padres de familia, docentes, la supervisaría escolar 007 y vecinos de las colonias aledañas. Al día de hoy, esto ha hecho posible la inscripción de tres generaciones y cerca de quinientos alumnos han egresado de sus aulas.

Si bien la secundaria “Artículo 115” ya cuenta con la clave y permisos requeridos para su instalación formal, el Gobierno del Estado se ha negado a iniciar con el proceso de otorgamiento de los terrenos y edificación de su estructura. La ausencia de un espacio propio para el desempeño de sus funciones diarias ha obligado a dicha secundaria a operar, desde su fundación, en tres aulas prestadas, ubicadas dentro de las instalaciones de las escuelas primarias “Adolfo López Mateos” (turno matutino) y “Centenario de la Revolución Mexicana” (turno vespertino). Sin embargo, se trata de espacios que carecen de las condiciones suficientes para garantizar el pleno desarrollo de las labores educativas y, por consiguiente, la mejor educación de los alumnos inscritos. Cabe destacar que la mayoría del alumnado corresponde a familias de origen indígena y de escasos recursos.

Ante la falta de un espacio propio, tanto el director de la secundaria como la sociedad de padres de familia, auxiliados por la supervisaría escolar 007 en Chiapas, han remitido oficios de solicitud y audiencias para la donación de los terrenos y la construcción de las instalaciones de la secundaria a autoridades de todos los niveles y jurisdicciones. Destacan las cartas enviadas a los presidentes municipales de San Cristóbal de Las Casas, Francisco Martínez Pedrero (2012-2015) y Margo Antonio Cancino Gonzáles (2015-2018), al Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Ricardo Aguilar Gordillo, al Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello (2012-2018), a los Diputados Federales, Marisol Sandoval Martínez (2015-2018) y Diego Valera Fuentes (2015-2018), al Senador Luis Armando Melgar Bravo (2015-2018), y al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto (2012-2018). Sin embargo, a pesar de esta larga lista de peticiones, ninguna de las autoridades antes referidas ha hecho intento de atender la justa demanda de los solicitantes, quienes sólo aspiran a mejorar y dignificar la educación de sus hijos y estudiantes.

La institución también ha solicitado en múltiples ocasiones la dotación de recursos materiales, técnicos y pedagógicos indispensables para la enseñanza plena, integral y de calidad, pues actualmente no cuenta con las herramientas necesarias para brindar un óptimo servicio educativo a su estudiantado, así como para garantizar servicios de atención apropiados para su nivel. Destaca además la carencia de personal de intendencia y administrativo, equipo de cómputo, pizarrones, archiveros, mobiliario para docentes, pupitres para alumnos, proyector de imágenes, equipo de sonido, micrófonos, impresora, laboratorio y biblioteca. No es posible que en un país como México, en donde el Plan Nacional de Desarrollo reconoce que “una mejor educación necesita de un fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas ” y que incluye entre sus principales ejes la modernización de la infraestructura y el equipamiento de los centros educativas (Estrategia 3.1.2 del PND), una secundaria oficial, con clave debidamente otorgada, tenga que pasar cinco años rogando a las autoridades gubernamentales de nivel estatal, municipal y federal para que le concedan el espacio que legal y legítimamente le corresponde y que éstas le contesten sólo con desdén e indolencia.

La construcción de una secundaria en esta zona de la ciudad sería de provecho no sólo para la población colindante, sino que beneficiaría a muchos barrios y colonias cercanos que ya han manifestado carencias en el acceso a servicios educativos, entre los que destacan Corral de Piedra, Plan de Ayala, El Aguaje, El Barrio de María Auxiliadora, El Campanario, El Santuario, Corralito, Sacrificio, Laureles, Colinas del Sur, Bosques del Sol, San Juan de los Lagos, Lagos de Ma. Eugenia, San Diego, 5 de Marzo, Col. Maya, Montes Verdes, Pedregal, Manzanilla. Es posible que al dotar de terrenos e instalaciones adecuadas para la impartición de enseñanza secundaria en la escuela “Articulo 115”, se genere no sólo una alternativa de desarrollo académico para la comunidad, sino que también sirva como foco de regeneración del tejido social, pues sería de gran importancia en la ciudad.

Como garantes de la Carta Magna, los legisladores estamos obligados a exigir y hacer valer de todas las instituciones del Estado Mexicano, el máximo respeto de los principios y garantías emanadas de ella, así como pronunciarnos en contra de las violaciones al espíritu de las leyes que nos rigen, entre las cuales ocupa un lugar preponderante el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo tercero versa:

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, en coadyuvancia con la Secretaría General de Gobierno, para que en lo conducente atienda la petición de otorgar los terrenos requeridos para la instalación y edificación de la escuela secundaria “Artículo 115”, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y la SEP a implantar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud por el trastorno del sueño en la niñez a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada de está LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Exposición de Motivos

El trastorno del sueño se considera uno de los motivos más frecuentes que reciben las instituciones de salud, según la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM.

“En 1998 el Servicio de psiquiatría otorgaba 700 consultas de salud mental en general, ahora se atiende a cerca de seis mil niños y adolescentes, de los cuales, aproximadamente 860 presentan un cuadro de trastornos depresivos de sueño”.1

El sueño se define como:

“El período de descanso del cuerpo y de la mente en el que hay una paralización o inhibición de la conciencia y de la mayor parte de las funciones corporales”.2

Es por ello que el sueño es un estado fisiológico activo y si existe una ausencia o alteración del mismo este puede producir efectos adversos significativos en el niño.

Los trastornos de sueño en la niñez son considerados una problemática pública de gran importancia en nuestro país, se estima que el índice de niños que padecen este trastorno según la Asociación Mexicana de Pediatría es del 30% de la población infantil, el cual tienen alteraciones crónicas del sueño.

Es alarmante, ya que el sueño es un factor importante para la salud y para el buen desarrollo del niño. El sueño promueve bienestar, rendición en la realización de cualquier actividad, buena memoria, y menor índice de irritabilidad.

En la actualidad existen diversos factores que provocan el trastorno del sueño, pero el que ocupa en este momento uno de los primeros lugares; es el gran avance de la tecnología en nuestro país, el uso de dispositivos electrónicos se ha convertido en el pasatiempo más usado por los niños, dejando en el olvido todos aquellos juegos que los hacía ejercitarse y poner a trabajar la memoria.

Es necesario mencionar que los trastornos del sueño en los niños son diferentes a los de un adulto y por ende generan consecuencias distintas, algunas de ellas son consideradas severas el cual pueden generar una afectación en su estado emocional, estado físico, en su rendimiento escolar, disminución de la capacidad de concentración, problemas alimenticios, por lo que es importante diagnosticar el trastorno a tiempo y realizar el tratamiento adecuado.

La Organización Mundial de la Salud emitió una recomendación que establece las horas que debe de dormir un niño acorde a su edad:

“Recién nacidos (0-3 meses) : Lo ideal es que duerman entre 14 y 17 horas cada día, aunque también es aceptable que lo hagan entre 11 y 13 horas. Lo que no se aconseja es dormir más de 18 horas.

Bebés (4-11 meses) : Se recomienda que duerman entre 12 y 15 horas. También es aceptable que descansen entre 11 y 13 horas, pero nunca más de 16 o 18 horas.

Niños pequeños (1-2) : No es recomendable que duerman menos de 9 horas y más de 15 o 16. Lo que se aconseja es que descansen entre 11 y 14 horas.

Niños en edad preescolar (3-5) : Entre 10-13 horas sería lo adecuado. Los expertos consideran que menos que 7 y más de 12 no sería aconsejable.

Niños en edad escolar (6-13) : Lo recomendable sería dormir entre 9 y 11 horas.

Adolescentes (14-17): El rango de sueño aumentó en una hora a 10,08 horas (antes era entre 8,5 y 9,5)”.3

Según un estudio científico realizado por la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría, las razones por las cuales se pide la prohibición de dispositivos electrónicos en los niños son las siguientes:

1. Rápido crecimiento del cerebro: “Entre 0 y 2 años, los cerebros se triplican en tamaño en el niño, y continúan en un estado de rápido desarrollo hasta los 21 años de edad. La estimulación del desarrollo cerebral causada por la exposición excesiva a las tecnologías (teléfonos celulares, internet, iPads) , se ha demostrado que se asocia con la función ejecutiva y simultáneamente con déficit de atención, retrasos cognitivos, problemas de aprendizaje, aumento de la impulsividad y disminución de la capacidad de autorregularse”.4

2. Retraso en el Desarrollo: El uso de la tecnología restringe el movimiento, lo cual puede ocasionar un retraso en el desarrollo.

Uno de cada tres niños ahora entra a la escuela con retrasos de desarrollo, afectando negativamente la alfabetización y el rendimiento de su aprendizaje.

3. El uso de dispositivos electrónicos son los causantes del aumento de la obesidad, el cual los niños tienen el 30% de probabilidad de padecer esta enfermedad.

4. Trastorno del sueño: El 75 % de los niños se les permite la tecnología en sus habitaciones. Los niños de 9 y 10 años son privados de sueño en la medida en que sus calificaciones se ven afectadas negativamente.

5. Afecciones mentales: El uso excesivo de la tecnología es considerado como un factor principal que causa un aumento en la tasa de depresión infantil, déficit de atención, autismo, trastorno bipolar, psicosis.

Es necesario atender este problema de manera inmediata, advertir al gobierno, padres de familia y a las personas que conforman las instituciones educativas, que los dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, tablets, laptops), han aumentado el acceso, uso y abuso de las tecnologías, especialmente en los niños de muy corta edad, el cual es necesario tomar las medidas necesarias para que el uso de estos dispositivos sea adecuado y no generan grandes consecuencias.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de implementar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que implementen campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud provocados por el trastorno del sueño en la niñez, a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos.

Notas

1 Doctor Valencia Haro Reyes. Doctor Santana Rafael. Revista del Consumidor. 3 de noviembre de 2016. http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=13494

2 Peraita Adrados R. Avances en el estudio de los trastornos del sueño , 2015.

3 Revista Mundo . 10 de febrero de 2017.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150209_salud_horas_de_sueno_dormir_il

4 Paz González. 2 de mayo de 2014.
https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/
10-razones-para-restringir-el-uso-de-celulares-y-tablets-antes-de-los-12-anos/.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintinueve días del mes de noviembre de 2016.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, el subdirector de Infraestructura y el director general de Desarrollo Carretero a hacer público el primer análisis respecto del impacto ambiental y la preservación y conservación del equilibrio ecológico del proyecto Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el día 17 de diciembre de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación “convocatoria número 02 concurso público número APP-09000062-C87-2015, la adjudicación de un proyecto de asociación público privada para la prestación del servicio de disponibilidad del Viaducto La Raza- Indios Verdes Santa Clara ”.1

En dicha Convocatoria en su primer párrafo establece:

Primero. La Secretaria de Comunicaciones y Trasportes convoca a todas las personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, en los términos establecidos en las Bases Generales del Concurso, que estén interesadas en participar en el presente concurso, mediante el cual se adjudicará un proyecto de asociación público privada para la prestación del servicio de disponibilidad del Viaducto La Raza - Indios Verdes Santa Clara , que incluye su diseño, así como el otorgamiento de la concesión por 30 años, para su construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento, en el Estado de México y el Distrito Federal.

Segundo . Que el 15 de abril de 2016 la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes y de acuerdo a las Bases Generales del Concurso formula el Acta de Resultados de Evaluación de Ofertas Técnicas Y Apertura de Ofertas Económicas informando a los presentes que tras la revisión de las Ofertas Técnicas presentadas por los concursantes de acuerdo a los requisitos señalados en las Bases Generales del Concurso se concluye que la Oferta Técnica declarada solvente es la empresa “Promotora y Operadora de Infraestructura, SAB de CV.”

Tercero. Que el 29 de abril de 2016 la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes y de acuerdo a las Bases Generales del Concurso formula el Acta de Notificación del Fallo del Concurso, informando la Secretaria de Comunicaciones y trasportes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Asociaciones Público Privadas declara a la concursante “Promotora y Operadora de Infraestructura, SAB de CV” solvente.

Segunda . Que la Ley de Asociaciones Público Privadas es su artículo 2 indica que “Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado , para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.

En los términos previstos en la misma Ley, los proyectos de asociación público-privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento.

Dicho ordenamiento, en su artículo 14, fracción V, indica que “Los proyectos de asociaciones público-privadas serán viables cuando así lo determine la dependencia o entidad interesada, mediante dictamen que la misma emita. Para la elaboración de dicho dictamen, la dependencia o entidad deberá llevar a cabo los análisis siguientes:

V. El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto, así como su viabilidad en estos aspectos; por parte de las autoridades competentes. Este primer análisis será distinto a la manifestación de impacto ambiental correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables.

En el artículo 15, de dicha ley, se determina:

Artículo 15. En los estudios previos para preparar los proyectos de asociación público-privada, las dependencias y entidades considerarán :

I. Los análisis de las autoridades competentes sobre el cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico en los ámbitos federal, estatal y municipal , así como los efectos sobre el ambiente que pueda causar la ejecución de las obras, con sustento en la evaluación del impacto ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás disposiciones aplicables.

Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás autoridades federales, estatales y municipales que tengan atribuciones en la materia;

II. El cumplimiento de las disposiciones de asentamientos humanos y desarrollo urbano, y en materia de construcción, en los ámbitos federal, estatal y municipal;

III. El cumplimiento de las demás disposiciones que resulten aplicables, en los ámbitos federal, estatal y municipal; y

IV. En el marco del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, la congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, institucional, regional o especial que corresponda.

Por otra parte, los artículos 28, fracciones I, XI y XIII, y 31 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que transcribo:

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría :

I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación , oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII....

IX. ...

X....

XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación

XII....

XIII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Artículo 31 . La realización de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII del artículo 28, requerirán la presentación de un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, cuando:

I. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades ;

II. Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente , o

III. Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los términos de la presente sección.

En los casos anteriores, la Secretaría, una vez analizado el informe preventivo, determinará, en un plazo no mayor de veinte días, si se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental en alguna de las modalidades previstas en el reglamento de la presente Ley, o si se está en alguno de los supuestos señalados. La Secretaría publicará en su Gaceta Ecológica, el listado de los informes preventivos que le sean presentados en los términos de este artículo, los cuales estarán a disposición del público.

Además, es de considerar la observación obligatoria, tanto para la Semarnat como para la SCT la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, relativa a la Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2010.

Tercera. El Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas en su artículo 25 menciona que el análisis sobre el impacto ambiental, asentamientos humanos y desarrollo urbano previsto en el artículo 14, fracción V de la Ley tendrá los dos apartados siguientes:

I. El de viabilidad ambiental, respecto del cual se solicitará la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, en su caso, de las autoridades ambientales estatales y municipales, sobre los aspectos a que se refiere el artículo 15, fracción I, de la propia Ley. La solicitud a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá contener:

a) La información señalada en el artículo 21 de este Reglamento, y el plazo pretendido para el proyecto;

b) Ubicación y superficie pretendidas para el proyecto, con indicación si se encuentran en áreas naturales protegidas, federales o locales; zonas sujetas a protección ambiental, nacional o internacional; o áreas con especies sujetas a algún tipo de restricción jurídica en términos de las disposiciones ambientales federales;

c) Relación de los ordenamientos sobre el uso del suelo en los predios pretendidos del proyecto en materia ambiental, con los criterios ambientales aplicables al sitio en donde se pretenda ubicar el proyecto,

d) Descripción de los recursos naturales involucrados o susceptibles de aprovechamiento, uso o afectación para el desarrollo y operación del proyecto.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales analizará la información señalada en los incisos anteriores y emitirá su opinión en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente en que reciba la solicitud.

La opinión favorable no supone autorización en materia de impacto ambiental, ni exime de la obligación de elaborar la manifestación de impacto ambiental correspondiente en los términos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Cuarta. Ante el proyecto para construir un viaducto elevado que inicia sobre el Circuito Bicentenario lado poniente frente al hospital la Raza del IMSS, colonia Santa María Insurgentes, delegación Cuauhtémoc, continua sobre lateral de la Av. Insurgentes casi esquina con calle Ing. Antonio Narro Acuña, colonia Guadalupe Insurgentes, Delegación Gustavo A Madero, llegando a calzada Ticomán prolongándose hasta avenida Río de los Remedios con carretera federal número 85 México-Pachuca y desembocar en avenida Emiliano Zapata, colonia División del Norte, municipio de Tlalnepantla, estado de México se han suscitado amplios reclamos y protestas de distinto sectores de la sociedad: vecinos, ambientalistas, urbanistas, arquitectos, ingenieros, todos ellos cuestionado el proyecto por inviable, daña al medio ambiente, es excluyente, no potencia la economía y por ser una forma privatizadora del espacio público en beneficio de unos pocos y sin beneficios para los ciudadanos ni para la Ciudad de México, generando una disputa entre quienes están en contra de esta obra y las autoridades que las promueven.

Por tanto, y pensando en el más alto interés de los habitantes de la Ciudad, salvaguardado los derechos que le otorgan la Constitución, y las leyes federales en un asunto de toda la Ciudad de México, tanto por lo que representa en términos de la apropiación del espacio público y su concesión a particulares, como por las implicaciones culturales, económicas, sociales y ambientales que conlleva.

Así como la obligación de toda autoridad para garantizar los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad, y en particular de la Delegación Gustavo A. Madero, a un medio ambiente sustentable y al de participar a través de consulta que garantice la expresión de sus opiniones, se considera necesario publicar la información técnica de la viabilidad del proyecto en cuestión.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes, al Subdirector de Infraestructura y al director general de Desarrollo Carretero, para que en ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, hagan público el primer análisis respecto al impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico del proyecto denominado “Viaducto La Raza- Indios Verdes- Santa Clara”, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conforme lo determinan los artículo 14, fracción V, y 15 de la Ley de Asociaciones Público Privadas; así como los artículos 28, fracciones I, XI y XIII, y 31 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Nota

1 Diario Oficial de la Federación 17 de diciembre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se felicita al gobierno de Colombia y las FARC por la firma del convenio mediante el cual se oficializa el cese del fuego bilateral para alcanzar la paz en el país, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Juan Romero Tenorio, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, inciso 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) surgieron en 1964 en la selva del país latinoamericano con el objetivo de “acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano”, según asegura su carta fundacional.

Las FARC nacen tras una ofensiva del gobierno colombiano contra la “República de Marquetalia”, una comunidad autónoma creada por grupos armados comunistas y liberales en la selva colombiana. Entre ellos estaba Pedro Antonio Marín, apodado Manuel Marulanda en honor a un líder comunista caído en combate. Este se convertiría en el jefe máximo de las FARC hasta su muerte en 2008, y pasaría a la historia con otro alias: Tirofijo.

En la década de los ochenta llega el cambio radical en el accionar de las FARC, que se transforma de pequeña guerrilla en una fuerza bajo el mando de un Estado Mayor y dividida en frentes y bloques. El objetivo es crear un ejército capaz de ir ganando terreno desde la zona cordillerana hasta tomar la capital.

La primera vez que las FARC se sentaron a negociar la paz fue en 1984 con el presidente Belisario Betancourt. Por primera vez un gobierno reconocía a la guerrilla como un interlocutor válido para buscar la superación del conflicto armado. Las FARC se comprometieron a suspender sus secuestros y formaron un movimiento político, la Unión Popular (UP). Tres años más tarde, la UP denunciaba el asesinato de más de 3.500 de sus miembros, incluyendo el de los candidatos a la presidencia Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, con lo cual se rompió el acuerdo.

El gobierno de César Gaviria (1990-1994) consiguió que algunos grupos guerrilleros participaran en la Asamblea Constituyente, pero el poder político siguió tratando a las FARC como un grupo de vándalos.

Andrés Pastrana (1998-2002) encabezó el llamado Proceso de Paz del Caguán, sin resultado.

En 2008 murió Tirofijo, que fue reemplazado por Guillermo León, alias Alfonso Cano, que fue abatido por el ejército en 2011. Entonces llega a la cúpula de las FARC Rodrigo Londoño, también llamado Timoleón Jiménez o Timochenko, que es quien se ha sentado en La Habana a refrendar el acuerdo tras unas negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos que comenzaron en 2012.

Desde fines de 2012, la administración de Santos y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan adelante en La Habana un proceso de paz.

Las conversaciones desarrolladas en estos casi cuatro años se basaron en una agenda previamente establecida de seis puntos generales.

Las FARC declararon un cese al fuego unilateral hace 11 meses, lo cual redujo la intensidad del conflicto armado. El gobierno suspendió los bombarderos aéreos.

El conflicto armado colombiano ha dejado un saldo de aproximadamente 300 mil muertos y más de seis millones de desplazados.

El 23 de junio de 2016, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC sellaron el acuerdo del cese bilateral y definitivo del fuego, el paso previo para dar por terminado el conflicto armado y político.

El anuncio fue hecho por los delegados de los países garantes, Cuba y Noruega, en presencia de Santos, el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño o Timochenko, y el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, entre otras personalidades.

El fin de la violencia firmado en La Habana pretende poner un punto final a un relato regado por el dolor de más de siete millones de víctimas, pero que supone una grieta en la sociedad colombiana difícil de remendar, iniciando un paulatino abandono de las armas por parte de los rebeldes y su incorporación a la vida civil.

El acuerdo contempla las condiciones para la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y matanzas que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos. Se refiere a los grupos sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y contra quienes amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Se alcanzaron acuerdos sobre desarrollo agrario, participación política de la guerrilla y lucha conjunta contra el narcotráfico, atención a las víctimas del conflicto y la aplicación de un sistema de justicia transicional.

Sin embargo, este proceso tiene que ser avalado por los ciudadanos colombianos en una consulta ciudadana.

El 2 de octubre de 2016, el 50.2% decidió votar en contra del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. La abstención, de más del 60%, y la pésima imagen de la guerrilla han sido determinantes en el resultado de la votación.

La posibilidad de participar en política de los líderes guerrilleros y el hecho de que ninguno pagará cárcel siempre y cuando reconozca sus crímenes ha sido la piedra angular de su campaña, a sabiendas de que la mayoría de los colombianos, incluso entre los votantes del sí, no lo ven con buenos ojos.

Evitar que continúe el conflicto armado, es el primer desafío del presidente, Juan Manuel Santos, que aseguró que el cese bilateral del fuego seguirá vigente.

Otro hecho memorable es que debido a sus decididos esfuerzos por acabar la guerra civil en Colombia, el Premio Nobel de la Paz 2016, fue otorgado al Presidente Juan Manuel Santos por lograr un histórico acuerdo, aún y cuando haya sido rechazado en plebiscito.

El “no” al acuerdo ha obligado al gobierno a hablar con la oposición y a volver a la mesa con la guerrilla para hacer ajustes. Esto da como resultado modificaciones al acuerdo de paz, para que las FARC dejen las armas en seis meses y sus siete mil combatientes formen un partido político para acabar el conflicto.

Dicho acuerdo fue firmado este jueves 24 de noviembre de 2016, por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño en ceremonia celebrada en Bogotá. El acuerdo fue enviado al Congreso para su refrendación en el curso de la próxima semana.

El acuerdo incluye complejos temas como el acceso a la tierra para los campesinos pobres, lucha contra el narcotráfico, administración de justicia, compensación a las víctimas, desminado, la implementación de los pactos y un cese bilateral y definitivo al fuego supervisado por la ONU.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión saluda y envía una felicitación por el histórico convenio firmado el pasado 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno de Colombia, representado por el Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, representadas por el comandante Timoleón Jiménez, mediante el cual se establece un mecanismo de justicia transicional, como paso previo para alcanzar un acuerdo definitivo de paz en Colombia.

Dado en el salón de sesiones de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La violencia hacia la mujer es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes; por parientes o por extraños; en el ámbito público o privado; en tiempo de paz o en tiempo de conflicto. Mientras siga existiendo la violencia contra la mujer, no se puede afirmar que se ha logrado progresos reales hacia la igualdad, desarrollo y paz.

Secretario General de la ONU.

El día internacional de la violencia contra la mujer tiene lugar debido a que: la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género, afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/sida, la paz, la seguridad, la violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial, la violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70 por ciento de las mujeres sufren violencia en su vida (ONU Mujeres).

Para una respuesta efectiva y coordinada frente a la violencia contra la mujer resulta fundamental una legislación completa. De conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen obligaciones claras de promulgar, aplicar y supervisar la legislación que regula todas las formas de violencia contra la mujer, es el caso de México que cuenta con diversa legislación respecto a la violencia contra la mujer, como por ejemplo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tipificación del feminicidio en el artículo 325 Código Penal Federal.

Debemos de tener en cuenta, que no se trata ya de solo lograr el reconocimiento de los mismos derechos que a los hombres se les ha reconocido históricamente, sino también del reconocimiento de derechos que surgen en la medida en que se consideran las características propias de la realidad de las mujeres, por ejemplo, e la relación con cuestiones como la violencia y el aborto.

La obligación de garantizar los derechos sin discriminación no puede ser una garantía estandarizada, basada en un ciudadano modelo, sino que sobrelleva para el Estado la adopción de medidas positivas para garantizar los derechos a todos los grupos, teniendo en consideración la heterogeneidad de condiciones en que se encuentra la población del país, por ello México a adoptado medidas correspondientes para poder erradicar la violencia de género contra la mujer, siendo importante y de vital importancia una población informada.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, de la cual México es parte, menciona en los artículos 1 y 2, que la discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales y civil o en cualquier otra esfera.

La alerta de violencia de género es un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, ya que a través de este se implementan en territorios determinados acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tal es el caso de Chiapas en los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villa flores, implementando acciones específicas que atiendan la violencia contra las mujeres indígenas que se presentan en los municipios que conforman la región Altos de Chiapas.

La igualdad de género es una visión compartida de justicia social y derechos humanos. Toda la humanidad tiene la responsabilidad de actuar, y en especial los gobiernos como principales garantes de los derechos. Debemos aprovechar todas las oportunidades existentes a nivel municipal, local, regional, nacional y mundial y dar un nuevo impulso al objetivo de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas.

A partir de un minucioso proceso de análisis sobre la situación que viven las mujeres en la entidad, y de corroborar diversas problemáticas culturales, sociales e institucionales que han derivado en el aumento de los índices de violencia cometida en contra de las mujeres, el Sistema Nacional, presidido por la Secretaría de Gobernación, determinó la convivencia de coordinar acciones interinstitucionales que permitan poner en marcha una estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a partir de la declaración de alerta de violencia de género.

Es por eso que exhorto al gobierno del estado, a la Comisión de Derechos Humanos de estado de Chiapas, a la Comisión de Igualdad de Género del honorable Congreso de Chiapas y a la Secretaría de la Mujer para que dentro de su ámbito de competencia tome las medidas de seguridad, prevención, y hacer visible la violencia de género y mensaje de cero tolerancia que fue emitido dentro de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres el día 18 de Noviembre del año en curso por la Secretaría de Gobernación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2016.

Diputada María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica)