Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al SAT a eliminar las nuevas obligaciones establecidas en la fracción XIII de la disposición 1.8.2 de las reglas de comercio exterior para 2016, relativas a los requisitos que cumplirán las empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados en el país de procedencia, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales Yahleel Abdala Carmona, María Esther Camargo Félix, Francisco Saracho Navarro, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Edgardo Melhem Salinas y Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. La importación al territorio nacional y el ordenamiento del mercado de vehículos usados al país es regulado por diversos ordenamientos jurídicos, entre los cuales destacan la Ley Aduanera y el Decreto por el que se Regula la Importación Definitiva de Vehículos Usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 1 de Julio del año 2011.

Segunda. La Ley Aduanera, entre otros ordenamientos jurídicos, es la que regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías, incluidos los vehículos, otorgando a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la facultad de determinar mediante reglas que al efecto expida, los requisitos relativos a la naturaleza, cantidad y categoría para su importación.

Tercera. El artículo 6 del decreto mencionado en el primer considerando, establece que no podrán importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características o por cuestiones técnicas, este restringida o prohibida su circulación, señalando que la autoridad aduanera podrá coordinarse con las autoridades extranjeras competentes, así como requerir a los importadores información y documentación, incluso si se encuentra disponible en el país de procedencia del vehículo, otorgando nuevamente facultades a la autoridad de emitir reglas de carácter general para realizar lo anterior.

Cuarta. En ejercicio de dichas facultades mencionadas en los considerandos segundo y tercero, con fecha del 27 de enero del 2016, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, mismas que han sufrido diversos cambios, siendo los más recientes los contenidos en la Segunda Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, las cuales fueron publicadas en el mismo medio de difusión con fecha del 19 de octubre de 2016.

Quinta. Dentro de dichas reglas, su numeral 3.5.1, fracción II, establece el procedimiento para la importación definitiva de vehículos usados, señalando en su inciso f) los vehículos que no serán susceptibles de importarse al país de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del decreto mencionado en el tercer considerando, en el mismo sentido, la fracción g) numeral 2 establece la obligación para los agentes aduanales de confirmar mediante consulta a través de las confederaciones, cámaras empresariales y asociaciones que cuenten con la autorización a que se refiere la regla 1.8.1., que el vehículo no se encuentre reportado como robado, siniestrado, restringido o prohibido para su circulación en el país de procedencia.

Sexta. El problema reside en que quienes prestan los servicios de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos conforme a lo establecido en la mencionada regla 1.8.1, a partir de la modificación a la cual se hace mención en el segundo considerando y a efecto de determinar que el vehículo que se pretende importar no caiga en alguno de los supuestos señalados en la regla 3.5.1, fracción II, inciso f), están obligados a realizar la consulta del historial del vehículo con una empresa proveedora de antecedentes de vehículos usados en el país de procedencia, que cumpla con diversos requisitos los cuales resulta imposible de cumplir.

Séptima. Dichos requisitos se encuentran contemplados en la fracción XIII de la regla 1.8.2 , por lo que para efectos de ilustrar la presente propuesta se hace la siguiente tabla comparativa de las mismas:

Octava. En ese orden de ideas, es oportuno mencionar el descontento que tenemos los legisladores con dichas medidas, las cuales frenan la importación legal de vehículos, incumpliendo así con los compromisos suscritos por el Estado Mexicano tales como el anexo 300-A, y el apéndice 300-A.2 del TLCAN, el cual establece en su numeral 24 una eliminación gradual de las prohibiciones o restricciones a la importación de vehículos usados provenientes de territorio de otra de las partes del tratado, señalando que para el 1º de enero de 2019, México no podrá adoptar ni mantener ninguna prohibición o restricción en la materia, lo anterior atendiendo a que resulta prácticamente imposible la importación de los mismos, ya que las empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados en el país de procedencia, no podrán cumplir con los requisitos que les solicita el SAT, generando así un ambiente de caos e incertidumbre tanto para los importadores como para los poseedores de dichos autos.

Novena. Es importante señalar que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al segundo trimestre del 2016 en los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en promedio el 59% de la población económicamente activa ocupada percibe una remuneración de 3 o menos salarios mínimos diarios, lo que es equivalente a un ingreso mensual igual o menor a los $6,135.00 pesos mensuales.,1 por lo que resulta evidente que el presupuesto de las familias mexicanas de los estados fronterizos resulta ser muy ajustado, quedando poco o nulo margen para poder ahorrar y en su caso comprar o poder dar el enganche de un automóvil nuevo, sumado esto a que en muchas ocasiones dicho segmento de la población no son candidatos o no se encuentran posibilitados al pago de algún tipo de crédito.

Décima. Con acciones como esas, se fomenta la corrupción y la internación ilegal de vehículos al país, mismos que ingresan por las aduanas sin que la autoridad intervenga, generando así las condiciones para que organizaciones que operan de manera ilegal vendiendo gestorías y empadronamientos que carecen de valor legal continúen estafando a la gente, poniendo así en riesgo el patrimonio de muchísimas familias mexicanas, que al no existir vehículos mexicanos económicos en la frontera y al carecer de los ingresos necesarios para ser sujetos a crédito, tienen que recurrir a los existentes en el mercado extranjero, de igual forma, se afecta fuertemente a la economía de la región fronteriza, cuya cadena de valor depende en gran medida de los servicios prestados a los importadores legales de vehículos.

Expuesto lo anterior, sometemos a consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a eliminar las nuevas obligaciones establecidas en la fracción XIII de la disposición 1.8.2 de las Reglas Generales de Comercio exterior para el 2016, relativas a los requisitos que habrán de cumplir las empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados en el país de procedencia, lo anterior atendiendo a que resulta prácticamente imposible el cumplimiento de las mismas, resultando necesario volver al esquema de los requisitos que existían previo a la modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 19 de octubre del 2016.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria que previo a realizar cualquier modificación a las Reglas Generales de Comercio Exterior, tome en cuenta el impacto social y económico que se generara en la región fronteriza.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputados: Yahleel Abdala Carmona, María Esther Camargo Félix, Francisco Saracho Navarro, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la PGR, a través de la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, a investigar la denuncia pública presentada por comunicadores de Baja California relativa al acoso, la intimidación y el chantaje de que han sido objeto Adela Navarro Bello y Dora Elena Cortez, directoras del semanario Zeta y la Agencia Fronteriza de Noticias, respectivamente, derivados del ejercicio de su actividad periodística, a fin de deslindar responsabilidades y establecer la posible comisión de delitos, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y 113, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeros Legisladores:

¿Hasta dónde estarían dispuestos a permitir, sin protestar, que se difunda una versión de su vida privada?

¿Qué dirían si alguien, desde el poder, amenazara con publicar aspectos íntimos de sus relaciones personales?

Con profunda irritación y vergüenza, vengo hasta esta tribuna a denunciar lo que está ocurriendo en Baja California, un estado donde la libertad de expresión coexiste actualmente entre la coacción y la promesa, entre los favores y la corrupción, entre la opacidad y el silencio, entre el miedo y la amenaza.

El pasado 11 de noviembre, mediante un desplegado dirigido a la opinión pública, al gobernador de Baja California, a los diputados federales y a los legisladores locales, entre otros funcionarios, 42 reconocidos periodistas firmaron un desplegado en el que denunciaron las acciones de intimidación y chantaje promovidos desde el gobierno del estado en contra de las periodistas Adela Navarro Bello y Dora Elena Cortés Juárez, directoras del semanario Zeta y la Agencia Fronteriza de Noticias, respectivamente.

En el documento citan directamente a Jorge Alberto Cornejo Manzo, funcionario del Gobierno del Estado señalado por directivos y periodistas de diversos medios de comunicación de Baja California, por servirse del manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, para pretender neutralizar las revelaciones de la corrupción gubernamental, y pretender manipular la información que recibe la sociedad a través de las empresas de comunicación en el Estado.

En dicho desplegado, solicitaron que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, asuma su obligación de máximo garante de la seguridad y de los derechos humanos en el Estado, exija, vigile y sancione a cada uno de los miembros de su equipo de gobierno que hayan sido instigadores promotores o articuladores de los intentos de violar la libertad de expresión.

Ya que se están valiendo del uso de recursos públicos, oficinas de gobierno y personal del Gobierno del Estado para generar campañas sucias, de desprestigio y ataque a la moral de los periodistas y los medios con el fin de afectar la credibilidad de un medio.

Por ello, demandan que se instruya el inicio de las investigaciones respectivas y la realización de auditorías, por los delitos que resulten, por abuso de autoridad, violencia y vejación a persona; aplicación pública distinta a aquella a que estuvieren destinados los recursos del erario; uso de violencia moral y económica para inhibir o intimidar a cualquier persona que denuncie la presunta comisión de una conducta sancionada por las legislaciones

Los periodistas exigen al Gobernador Vega de Lamadrid tomar medidas respecto al terrorismo digital presuntamente auspiciado por colaboradores de su gobierno, traducido en espionaje online, ataques de malware, ciberacoso y campañas de difamación online, todas consideradas “amenazas digitales” contra el periodismo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el informe presentado en agosto de 2016 por la división de libertad de expresión.

El gobierno del estado solo ha mostrado insensibilidad, indolencia y falta de respeto del gobernador para la libertad de expresión y de pensamiento, al ignorar a 42 periodistas en su solicitud de investigación. Simplemente, lo ha ignorado para que se olvide.

Seguimos sin respuesta cuando se trata de recursos públicos y de servidores públicos.

En cambio, tres partidos políticos en el Congreso del Estado se sumaron a la petición de investigación, organizaciones de defensa y protección de los periodistas nacionales e internacionales alzaron la voz, sociedad civil, empresarios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la estatal de los Derechos Humanos, todos han sido ignorados por el gobernador del estado.

Nunca como hoy la libertad de expresión ha estado garantizada por un gobierno de la república como el que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.

Somos testigos y en ocasiones actores centrales del ejercicio libre de este derecho constitucional tanto por los ciudadanos como por los diversos medios de comunicación y las redes sociales.

Y como bien lo señala Voltaire: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

Por eso vale preguntarnos ¿cómo es que a partir de un escritorio en la estructura del Gobierno Estatal puedan decidir qué se vale decir y que no del Poder Ejecutivo?

¿Cómo es posible que en este extremo del país, donde se supone y se presume de manera institucional que vamos bien y estamos mejor que en muchos estados del resto de la República, se puedan seguir dando este tipo de situaciones?

Las agresiones intimidatorias a quienes ejercen el digno ejercicio del periodismo no deben pasar de un simple desmentido oficial, máxime si ya han sido denunciadas en múltiples ocasiones y de manera coincidente, hacia la misma persona; porque ignorarse o minimizarla solo vendrá a fortalecer la política intimidatoria de quienes han sido acusados persistentemente como los autores intelectuales de estos lamentables hechos.

Recordemos que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas promulgada el 25 de junio de 2012, precisa claramente que dicha legislación tiene por objeto:

“Establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención y Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

De forma específica se establece que

Artículo 2.-

“Para los efectos de ésta Ley se entenderá por:

Agresiones: daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Al respecto cabe destacar que la autoridad responsable de cumplir con estos preceptos legales es la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, ya que ésta es la instancia encargada de coordinar y supervisar las investigaciones y perseguir los delitos cometidos en contra de periodistas. Encontrándose debidamente sustentada para ejercer la facultad de atracción en el Artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Artículo 51 del Código Federal Penal.

Por ello, a través de este exhorto solicitamos su inmediata intervención para la defensa y protección no solo de las personas afectadas, sino de todo el gremio periodístico que ha hecho suyas estas amenazas intimidatorias.

En razón de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se suma a la indignación de los comunicadores de Baja California y a su exigencia para poner un alto a las acciones intimidatorias del gobierno del estado que representa Francisco Vega de Lamadrid.

Condenamos de manera enérgica el hostigamiento, el acoso y la violencia verbal de que han sido víctimas dos mujeres de reconocida solvencia moral y probado profesionalismo.

Exhortamos al gobernador Francisco Vega de Lamadrid para que, en respeto al derecho constitucional de la libertad de expresión, atienda e investigue las denuncias de los periodistas de Baja California.

Que, en el ánimo y espíritu de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, respete y evite cualquier acto ofensivo que intente denigrar al género femenino representado por las dos prestigiadas comunicadoras.

Baja California no merece funcionarios ni gobiernos que utilizan el poder para amedrentar, denostar, intimidar y amenazar a tan destacadas mujeres periodistas y coartar, condicionar y negociar, como mercaderes oficiales, la libertad de expresión en general.

Baja California requiere un gobierno que deje de lado los intereses particulares, los amiguismos, los privilegios cupulares y compadrazgos para privilegiar la transparencia, la difusión de las ideas, el respeto a la mujer y la vida privada de todos sus ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión a efecto de que investigue exhaustivamente la denuncia pública presentada por periodistas de Baja California relativa al acoso, intimidación y chantaje de que han sido objeto las destacadas periodistas Adela Navarro Bello y Dora Elena Cortés Juárez, directoras del Semanario Zeta y la Agencia Fronteriza de Noticias, respectivamente, derivados del ejercicio de su actividad periodística, a fin de deslindar responsabilidades y establecer la posible comisión de delitos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, a sus unidades administrativas y a la Procuraduría General de Justicia de Baja California, a efecto de que coadyuven, en todo lo necesario, en las investigaciones que realice la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión y se abstengan de realizar cualquier acto que demerite o retrase las investigaciones de mérito.

Dado en el Palacio Legislativo, a 24 de noviembre de 2016

Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las autoridades federales, locales, de la Ciudad de México y de los municipios a impulsar en el ámbito de sus competencias campañas de sensibilización dirigidas a los padres de familia y tutores para evitar que los niños sean expuestos a condiciones que vulneren sus derechos humanos, privilegiando el interés superior de la niñez, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

EL derecho a la libre expresión es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual parte de la idea de conservar el derecho de una opinión sin interferencias y buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras.1

En ese sentido, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, en su artículo 6o., que “[...] la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público [...]”.

Asimismo, en su artículo 9o. se señala que “[...] no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país [...]”.

De ahí que en la actualidad percibamos a la población haciendo regular el uso de este derecho provisto en el ordenamiento jurídico antes citado, con el único propósito de ser escuchados.

No debe pasar desapercibido que en fechas recientes se ha observado un incremento considerable de marchas, plantones y bloqueos dentro de la República Mexicana, mismos que día con día se vuelven más agresivos y radicales.

No obstante, el problema principal no recae en la asistencia de personas a este tipo de reuniones, la verdadera contrariedad emana cuando concurren niñas y niños obligados por sus padres o tutores, porque ponen en riesgo su integridad personal, así como su estado físico, psicológico y emocional, al ser parte de las manifestaciones públicas.

El inconveniente se acrecienta, como lo ha señalado ya el Senado de la República, cuando aprovechan la inocencia de nuestras niñas y niños para convertirlos en rehenes de causas políticas, además de exhibirlos para fortalecer una causa o usarlos como escudo para cometer delitos como el motín y los bloqueos a las vías de comunicación.2

Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) denunció que en diversos estados del país se utilizó a niñas y niños de entre 3 y 10 años de edad de los jardines de niños y primarias para colgarles pancartas en el cuello y usarlos en diversas marchas y protestas.

Nuestras niñas y niños también han sido utilizados como escudos humanos, lo cual pone en claro riesgo su integridad física, atenta contra el principio del interés superior de la niñez, distorsiona su derecho a participar en sociedad y vulnera los postulados inscritos en nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

Esta situación atenta contra la protección integral de niñas y niños, e impide su desarrollo integral y el que vivan una vida digna, con las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo nivel de bienestar posible.

México, al ser parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, asume como propia la finalidad la proteger integralmente a las niñas y niños, además de salvaguardar su vida, bienestar, integridad personal, salud, educación, desarrollo integral y supervivencia.

Como ya se expuso en párrafos anteriores, a nivel nacional la Constitución es el ordenamiento jurídico que dicta las bases para la protección de las niñas y niños, de forma más amplia la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes indica que los menores tienen derechos intrínsecos como el que no sean utilizados en conflictos armados o violentos, así como el que vivan libres de toda forma de violencia y bajo el resguardo de su integridad personal; también, bajo un medio ambiente sano y sustentable que les proporcione condiciones que permitan su desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.

Este mismo ordenamiento jurídico asienta que las autoridades, en sus distintas esferas y competencias, deben coadyuvar para mantener dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas. En ese entendido, deberán buscar políticas de prevención que eviten poner en riesgo la salud física y psicológica de nuestras niñas y niños.

Por ende, resulta pertinente exhortar a las autoridades federales, a través de las Secretarías de Educación, Salud y Seguridad Pública federal, así como de manera concurrente a las locales y municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones fomenten campañas de sensibilización dirigidas a padres y tutores en torno a evitar la asistencia y participación de menores en protestas sociales, con el objetivo de resguardar su derecho de protección en ambientes donde evidentemente no se les garantiza su integridad física y psicológica.

Consideramos que esta propuesta debe atenderse de forma urgente, porque las campañas de sensibilización y concientización para padres y tutores deben estar encaminadas a que los menores gocen a plenitud de sus derechos, como por ejemplo el de asistir a la escuela y realizar actividades deportivas y recreativas que impulsen su sano desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, de urgente y obvia resolución , la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, de la Ciudad de México y de los municipios para que en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen campañas de sensibilización dirigidas a padres de familia y tutores a fin de que niñas y niños no sean expuestos a condiciones que vulneren sus derechos humanos, privilegiando el interés superior de la niñez.

Notas

1 http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-inform acion/libertad-de-expresion/

2 http://www.cronicajalisco.com/notas/2016/71450.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a acelerar la armonización de sus legislaciones alrededor de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus normas secundarias por la que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

Hugo Cabrera Ruiz, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados, aceleren en beneficio de la sociedad, la armonización de las normas locales alrededor de la reforma a la Constitución Federal y a sus normas secundarias por la que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 27 de mayo de 2015 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue motivo para la posterior creación de leyes secundarias y otros dispositivos jurídicos en la materia, los que recientemente iniciaron su vigencia el 18 de julio de 2016.

La reforma sin duda, representa una propuesta profunda y sin precedente en el combate a la corrupción que tanto preocupa a los mexicanos; de acuerdo con una reciente encuesta, el 51.4 por ciento de la población cree que la corrupción en el estado en el que vive es incluso mayor a la que había hace 5 años.1

Para mal, la corrupción se ha convertido desde hace décadas en un fenómeno social arraigado en la propia población, ante la indiferencia e incentivo del propio poder público.

Nocivas formas que han permitido la reproducción de la corrupción a cualquier nivel y que ahora se ha convertido en una actividad recurrente que genera pérdidas en el país del orden de entre 2 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un Informe presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).2

Sobre este tema han existido debates y posturas desde casi cualquier óptica; antes de la reforma constitucional sobresalieron, en el año 2014, las reflexiones del prestigiado doctor en sociología por La Sorbona y etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Roger Bartra que se formulaba la pregunta “¿La corrupción es en México un problema cultural o institucional?”

El doctor mostraba una contundente crítica al Gobierno Federal sobre su proceder en la materia, a saber: “El presidente (...) parece preferir el pausado proceso educativo antes que la aplicación de una reforma institucional inmediata para perseguir la corrupción...”3

El investigador registraba voces que por un lado reconocían la existencia de una solución estructural, pero por otro lado, urgían en la necesidad complementaria de una acción coyuntural.

Él, por su parte, expresaba que “... son necesarias obras de ingeniería institucional, pero que estas solo pueden arrancar con vigor una vez que se haya sedimentado una cultura cívica sólida...”4

Señalaba que si bien es “es cierto que se suele requerir de un largo tiempo para cambiar la moral y las costumbres que un nacionalismo viciado pareciera haber implantado en el carácter del mexicano. Pero este largo tiempo ya ha transcurrido y (...) que hoy una gran parte de la sociedad civil rechaza las prácticas corruptas. El cambio cultural ya ha ocurrido, aunque sea de manera incipiente. Sin duda tardó muchos años en llegar, pero ya está aquí...”5

Las nociones anteriores nos resumen un proceso que ya iniciamos los mexicanos, y que debemos llevar a buen término a la brevedad.

La reforma emprendida comprende un sistema que prevé una mejor coordinación del gobierno a través de varias instancias dedicadas a prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción.

El mismo será presidido por un Comité de Participación Ciudadana y contará con la participación de siete instancias; la Auditoría Superior de la Federación; el Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (nueva figura por cierto, una especie de ministerio público especializado en la persecución de estos delitos); el Titular de la Secretaría de la Función Pública; un representante del Consejo de la Judicatura; el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y el Presidente del tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (también se considera que existirán salas especializadas, es decir, jueces).

El Sistema Nacional Anticorrupción, desde la reforma a la Ley Fundamental y sus leyes secundarias, es el esfuerzo original que deberá propiciar un cambio en la percepción práctica que de éste tema se tiene en lo más profundo de nuestra sociedad.

Se trata de un arranque novedoso que además establece entre otras cosas, delitos nuevos, inclusive aquellos enfocados al sector privado; niveles de gravedad de los mismos y, por supuesto, la participación ciudadana.

Ahora bien, ¿qué pasos siguen? Que las Legislaturas de los Estados armonicen sus normas locales en la materia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Federal y en las leyes secundarias.

Si bien se posee hasta un año, de acuerdo con los transitorios de las reformas para que este proceso se agote, la presente proposición quiere realizar un llamado para que el mecanismo no sólo se limite al trámite legislativo, debemos abonar a favor de la cultura cívica y urgir en la adecuación plena antes del término de esta tan necesitada reforma legal.

Al mismo tiempo, debemos difundir con toda la fuerza y la contundencia que el asunto merece, que no exista mexicano ajeno al tema, debemos renovar la confianza social en el proceder público, y como sociedad, debemos encontrarnos atentos al desarrollo y perfectibilidad del sistema.

Un México sin corrupción nos ocupa y nos preocupa; como legisladores debemos insistir en un cambio de fondo en la materia, nuestras prioridades como país, como el combate a la pobreza, el desarrollo económico, la justicia y la equidad, entre muchos otros asuntos, se desatienden por enfocar recursos y tiempo para solventar vicios crecientes alrededor de la aplicación de las políticas públicas, tales como la corrupción y la impunidad. Es el momento.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de la Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados, aceleren la armonización de sus normas locales alrededor de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus normas secundarias, por la que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción; aplicando el principio de máxima publicidad en el proceso referido, con la intención de que la población del país se encuentre debidamente enterada de este asunto que tendrá implicaciones benéficas en su propia localidad.

Notas

1 Decimoquinta Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México por la encuestadora Consulta Mitofsky y la asociación México Unido contra la Delincuencia, realizada del 3 al 6 de marzo de 2016 en diferentes entidades de la República.

2 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “La corrupción en México: Transamos y no avanzamos”

3 Roger Batra, “La corrupción.” Letras Libres, 24 de septiembre de 2014. (Publicado en el periódico Reforma el 23 de septiembre, 2014).

4 Ídem.

5 Ídem.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 24 de noviembre de 2016.

Diputado Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a declarar la alerta de violencia de género en San Luis Potosí, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Marco Antonio Gama Basarte, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1; fracción I y la fracción II del numeral 1 y las fracciones I, II, III, IV y VI del numeral 2, todas del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de San Luis Potosí vive al día de hoy una severa crisis en materia de violencia de género, aproximadamente el 60 por ciento de la población de mujeres de 15 años y más ha declarado sufrir o haber sufrido algún incidente de violencia,1 tal situación ha resultado en la constante intervención de organismos de protección de derechos humanos y sociedad civil que demandan la urgente activación de protocolos y medidas que garanticen el pleno derecho de toda mujer a gozar de una vida digna y libre de violencia.

Organismos como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres han urgido al gobierno para la creación de un banco de datos y la creación de campañas que permitan concientizar a la población en cuanto a la violencia de género, asimismo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí señaló en su Informe especial sobre respeto de los derechos humanos de las mujeres en el caso de feminicidios del año 2015, la preocupante diferencia en la percepción del problema que se tiene en el gobierno, pues de junio de 2011 a marzo de 2015 se registraron 124 homicidios de mujeres en la entidad que contaban con las características de feminicidios, sin embargo únicamente 37 de ellos fueron tipificados por la autoridad y a la fecha solo de cuentan con 12 sentencias.

Las desapariciones de mujeres son otra problemática que asciende y que preocupa a la población, que según publicaciones de búsqueda y localización en redes sociales llevadas a cabo por la propia Procuraduría General de Justicia de la entidad se han contabilizado 68 mujeres desaparecidas en lo que va del 2016 de las cuales 44 ya han sido localizadas y 24 continúan desaparecidas.

Al respecto, el pasado 14 de noviembre las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Viviana Elizabeth Vázquez Hernández en el municipio de Ahualulco quien se encontraba desaparecida desde el 11 de noviembre, muestra de la creciente crisis que padece el estado, de la ausencia de protocolos de actuación que se tienen en los cuerpos policiacos y de la omisión e ineficiencia generalizada en las autoridades para combatir un problema que golpea profundamente a la sociedad.

El estado de vulnerabilidad en el que se encuentran hoy en día un elevado porcentaje de mujeres en San Luis Potosí exige una actuación integral y coordinada tanto del gobierno de la entidad como de la participación de las autoridades federales, que debe traducirse en la urgente activación de protocolos diseñados para mitigar fenómenos delincuenciales, tal es el caso de la aplicación de herramientas como el Protocolo Alba, tendiente a la localización de mujeres con reporte de extravío.

La omisión del estado ante una crisis de seguridad como la que viven las mujeres de San Luis Potosí únicamente propician el deterioro de las comunidades pues la desaparición cotidiana y el homicidio son delitos de alto impacto que trascienden a la estabilidad de las familias.

Las herramientas tanto legales como materiales para enfrentar el problema se tienen en la actualidad, pero hace falta la voluntad de los diversos actores dentro del gobierno, pues a la fecha las denuncias y el clamor por solucionar este grave problema proviene de las víctimas, sus familias y los organismos de protección de derechos humanos tanto autónomos como de carácter civil.

Las alarmas que se han focalizado en el estado de San Luis Potosí no deben ser ignoradas y urge actuar para que ninguna mujer más sea objeto de cualquier tipo de violencia.

Hoy en día, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la naturaleza y protocolos de activación de la alerta de violencia de género, que nace con el objetivo de enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Al respecto, el artículo 24 de dicha ley señala los supuestos de activación de la alerta que a saber son:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Como es de observarse, los 3 supuestos se han acreditado completamente, tan es así que fue la propia Comisión Estatal Derechos Humanos de San Luis Potosí que en noviembre de 2015 solicitó una activación de la Alerta de Género para de esa manera frenar este problema que día a día se vuelve insoslayable para la entidad. Posteriormente se le dio un plazo de seis meses al gobierno del estado para dar cumplimiento a las recomendaciones que hizo el grupo de trabajo. Ante esta situación, integrantes de la sociedad civil organizada y la academia, señalan que dicho informe presenta serias omisiones e inconsistencias que invisibilizan la situación de violencia contra las mujeres en la entidad, no expone acciones contundentes, con indicadores claros, objetivos y evaluables para prevenir, atender y erradicar la situación en el estado fortaleciendo la impunidad ante la violencia contra las mujeres. Dichas asociaciones e integrantes de la ciudadanía, enfatizan que la elaboración de dicho informe fue un proceso unilateral que frena las acciones a favor de la activación de la alerta de género en el estado y han manifestado en diversos medios el rechazo a ese documento entregado por el gobierno del estado de San Luis Potosí.

En lo que va del año 2016 ya se han reconocido 7 feminicidios por el gobierno estatal y de no implementarse las herramientas, planes y protocolos con los que se cuenta para el combate de esta problemática, se corre el altísimo riesgo que la cifra se incremente en el último bimestre del año, dejando a mujeres, familias y a la población en general de San Luis Potosí en un evidente estado de vulnerabilidad.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal a que declare la Alerta de Violencia de Género en la entidad de San Luis Potosí y realice las notificaciones correspondientes.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de San Luis Potosí a que emprenda las medidas necesarias para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en San Luis Potosí, así como a adoptar cabalmente las recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí ha emitido en materia de feminicidios desde el año 2015.

Nota

1 Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) 2006. Inegi.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputado Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercer la facultad de atracción e investigar y consignar los delitos cometidos en el ámbito local por el ex gobernador Roberto Borge Angulo relacionados con enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe; diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Atendiendo al contenido del artículo 73, fracción XXI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; precepto mediante el cual se establece la facultad de las autoridades federales para conocer de los delitos del fuero común, a través del presente exhorto se requiere que la Representación Federal de la Procuraduría General de la República ejerza su facultad y en su ejercicio se haga cargo de la investigación del enriquecimiento ilícito y el desvió de recursos públicos, provenientes del Impuesto al Hospedaje, entre otros.

A pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo cuenta con las bases legales que acreditan el enriquecimiento ilícito por el desvío de recursos del Impuesto al Hospedaje del exgobernador, Roberto Borge Angulo, gozó de total impunidad durante su mandato por la falta de ejecución de la acción penal.

Resulta lamentable que su estructura delictiva haya contado con la complicidad y la nula actuación de las autoridades locales, cuando esa información no debió estar fragmentada pues esto ha conducido a la deficiente reacción del estado.

Estamos frente una competencia concurrente, donde la Procuraduría General de la República debe investigar e intervenir oportunamente para evitar la desaparición de pruebas y que los responsables evadan la acción de la justicia, pues la facultad de atracción no es una figura discrecional ligada a circunstancias políticas, su finalidad es que la PGR realice una investigación a fondo de hechos delictivos en estricto seguimiento al debido proceso legal, apoyándose en los mejores recursos materiales, técnicos y humanos, y con el objeto de concluir las indagatorias en el menor tiempo posible, esclareciendo los hechos que permitan evitar a toda costa la impunidad.

2. Sobre el gobierno de Roberto Borge Angulo pesan señalamientos sobre el desvío de alrededor de 1,464 millones 604 pesos provenientes del Impuesto al Hospedaje, recaudados entre el 2014 (724 millones 766,000 pesos) y de enero a septiembre del 2015 (739 millones 838,000 pesos), los cuales habrían dejado de entregarse a los fideicomisos de promoción turística del Estado.1

Este impuesto suma más de 700 millones de pesos anuales y existen tres fideicomisos de promoción turística, (Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y Fideicomiso de Promoción Turística Grand Costa Maya), mediante los cuales se concentró el desvío destinado a la promoción nacional e internacional de Cancún, Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres y la Gran Costa Maya.

Se suma a lo anterior la deuda a proveedores de estos fideicomisos de promoción turística, que asciende a más de 346 millones de pesos, y se desconoce el destino de las aportaciones del 25% adicionales por concepto de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) que los hoteleros pagan del rescate de playas desde 2009, sobre los cuales no hay información de que hayan sido destinados a ese fin.

Los hoteleros2 señalan que se renegoció sin su conocimiento el crédito solicitado para financiar dicho rescate de playas realizado en el 2009, duplicando el plazo para liquidar el préstamo, siendo que ellos aportan desde ese año un porcentaje adicional a sus cuotas de la Zofemat para su amortización; sin embargo, no hay claridad sobre el tiempo que les resta para pagarlo.

3. Consecuentemente de manera inmediata se debe ejercer la facultad de atracción sobre estos hechos por parte de la Procuraduría General de la Republica, toda vez que las autoridades locales no cuentan con los elementos materiales y humanos para resolver la averiguación o bien han dejado abandonada la indagatoria muy probablemente por complicidad, puesto que de sus actuaciones se desprende que al tener relación con los hechos delictivos del entonces Gobernador del Estado, los servidores públicos que estaban relacionados con ella, no actuaron como debían hacerlo.

Es decir, las conductas que se debieron constituir como delitos del orden común y debieron calificarse y sancionarse en términos del ámbito local, no se han sancionado independientemente de las pruebas existentes para ello.

Por tal razón y para que la impunidad se combata con eficacia se requiere la voluntad en nuestras instituciones y en este caso, la federación no puede dejar de actuar investigar y consignar la comisión de delitos cometidos en el ámbito local, por el exgobernador Roberto Borge Angulo, relacionados con el enriquecimiento ilícito y desvió de recursos públicos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a que instruya al personal a su cargo, para que de acuerdo con el debido proceso legal se realicen las indagatorias en el menor tiempo posible; se revisen las actuaciones realizadas por la procuración de justicia del estado de Quintana Roo; y ejerza su facultad de atracción para investigar y consignar la comisión de delitos cometidos en el ámbito local, por el exgobernador Roberto Borge Angulo, relacionados con el enriquecimiento ilícito y desvió de recursos públicos entre ellos los relativos al impuesto al hospedaje, a efecto de que se esclarezcan los hechos y se evite la impunidad.

Notas

1 Datos de la asociación civil Somos tus Ojos quien presentó en marzo de este año ante el Congreso Estatal una demanda de juicio político en contra del secretario de Finanzas de Quintana Roo.

2 http://eleconomista.com.mx/estados/2016/09/08/hoteleros-quintana-roo-pi den-transparentar-impuesto-hospedaje

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta INE y sus homólogos locales a analizar conforme a las leyes aplicables la viabilidad de que Talleres Gráficos de México elabore los materiales para los comicios de 2017 en Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz, suscrita por el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los organismos electorales locales, para que en apego a las leyes aplicables en la materia se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México, elabore los materiales electorales para los procesos electorales locales de 2017 en Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz, a fin de garantizar la calidad de los mismos y contribuir a la consolidación de la democracia en nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de la organización de las elecciones de Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como de organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones de Gobernadores, Diputados locales, Presidentes municipales, Integrantes de ayuntamientos, Jefes delegacionales, Jefe de gobierno entre otros; de acuerdo a lo que establece la normatividad electoral en la materia, derivado de la reciente reforma constitucional en materia política- electoral publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, y la cual la dotó de nuevas facultades, para fortalecer a la institución.

La reforma político electoral del año 2014 dio nacimiento al Instituto Nacional Electoral, y ha posibilitado el homologar los criterios mediante los cuales se organizan los procesos electorales federales y locales, con la finalidad de elevar la calidad de la democracia en nuestro país y de contribuir a la percepción de la ciudadanía de que la democracia en nuestro país es totalmente plena.

El Instituto Nacional Electoral, cuenta con leyes reglamentarias que regulan sus funciones, entre las que destaca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ser el instrumento mediante el cual se establecen las facultades del INE en relación al establecimiento de los Lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y locales.

Artículo 32.

1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

a) Para los procesos electorales federales y locales

...

V. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales, y

...

Artículo 56

1. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tiene las siguientes atribuciones:

...

b) Elaborar los formatos de la documentación electoral, para someterlos por conducto del secretario ejecutivo a la aprobación del Consejo General;

c) Proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada;

...

Artículo 104.

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:

...

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto;

...

Es así que para los efectos de la elaboración de los materiales electorales, el Instituto Nacional Electoral, así como los organismos electorales locales, deben de apegarse a lo establecido dentro de las leyes aplicables en la materia, así como en lo establecido dentro del artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, donde establece las opciones de licitación pública o adjudicación directa, para la elaboración de los mismos.

Asimismo, dentro de los Lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y locales de septiembre del 2014, se establece en materia de diseño y elaboración de documentación y materiales electorales que:

c) Para designar al fabricante se debe considerar la capacidad e infraestructura técnica y humana para cumplir con los requerimientos señalados en las especificaciones técnicas. Se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

• Capacidad técnica suficiente para atender los volúmenes de producción requeridos en períodos breves de tiempo y tener capacidad de reacción ante posibles contingencias.

• Garantizar puntualidad en la entrega de los trabajos requeridos.

• Contar con personal técnicamente calificado y con experiencia en producción de documentación electoral.

• Contar con licencias actualizadas de software de diseño.

• Tener capacidad financiera para obligarse a la prestación de los servicios de producción de los documentos que se requieren.

• Contar preferentemente con certificación ISO-9000, lo que asegura altos estándares de calidad cuantitativa y cualitativa, durante sus procesos productivos.

• Brindar todas las facilidades necesarias para que personal del órgano público electoral supervise el proceso de producción.

• Ofrecer confidencialidad, exclusividad y seguridad durante la producción de la documentación.

• Proporcionar la seguridad necesaria durante la producción de las boletas electorales: vigilancia, equipo y personal contra incendios, sistema de circuito cerrado de televisión en todas las áreas de producción, bóveda y áreas de seguridad para resguardar la documentación y acceso restringido a las áreas de producción.

...

e) Tanto el INE como los OPLs, de conformidad con las necesidades propias de su producción, deberán elaborar un Manual de control de calidad de uso interno, a través del cual se detalle la manera de supervisar la producción de la documentación electoral y se garantice que el fabricante cumpla con las especificaciones técnicas. El Manual debe contener los siguientes puntos:

• Marco legal.

• Criterios de adjudicación de la producción.

• Acciones para designar al fabricante.

...

...

...

...

...

...

Lo anteriormente expuesto, nos permite contextualizar el proceso de organización que realiza el INE, para llevar a cabo los procesos electorales a nivel federal y local, en tiempo y forma. Es por esto que expreso mi interés por que Talleres Gráficos de México, al comprobar la calidad y confiabilidad de los diversos productos que elabora, que desarrolle los materiales electorales para los comicios que se desarrollarán en el mes de junio del 2017 tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Creado con decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 8 de enero de 1999, Talleres Gráficos de México es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio; y se ha mantenido a lo largo de los años a la vanguardia en las artes gráficas, al contar con la tecnología para imprimir documentos de seguridad como la apostilla del Gobierno Federal, actas de nacimiento, certificados de estudio, cedulas profesionales, credenciales de identificación y de alta seguridad, material electoral y otros tipos de trabajos.

Talleres Gráficos de México cuenta con un número importante de clientes entre los que destacan Presidencia de la República, el Honorable Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretarías de estado y diversos organismos de la Administración Pública Federal, así como el Instituto Nacional Electoral, algunos Organismos Públicos Locales, entre otros; por lo que cuenta con la capacidad probada, para atender las necesidades relacionadas al material electoral para las elecciones próximas a realizarse en el mes de junio de 2017.

Es por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a los organismos electorales locales, para que en apego a las leyes aplicables en la materia se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México, elabore los materiales electorales para los procesos electorales locales de 2017 en Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz, a fin de garantizar la calidad de los mismos y contribuir a la consolidación de la democracia en nuestro país.

Bibliografía

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Diario Oficial de la Federación. (8 de Enero de 1999). Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios Talleres Gráficos de México, con domicilio en la Ciudad de México. Recuperado el 10 de noviembre de 2016, de http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/1021.pdf

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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de noviembre del año 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a investigar contratos y licitaciones en el sector farmacéutico, y mejorar la calidad del marco regulatorio de su mercado en México, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79 numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El derecho a la protección de la salud está reconocido por la constitución mexicana y por diversos tratados internacionales, incluyendo la declaración universal de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas.1 El Estado tiene la doble responsabilidad de garantizar el derecho a los servicios de salud y el abasto suficiente, accesible y de calidad de medicamentos. En México, la industria farmacéutica representa más del 1% del PIB, el 2,7% del PIB manufacturero y es capaz de producir la amplia mayoría de medicamentos que requiere el país.2 También nuestro país se ubica en el primer lugar de América Latina en términos de exportaciones de estos productos. Además, el crecimiento del mercado de medicamentos ha sido muy relevante en los últimos años, acumulando sobresalientes tasas interanuales de expansión. Sin embargo, la dinámica inflacionaria de algunos precios en el sector farmacéutico se traduce en el establecimiento de obstáculos de acceso a las medicinas y en el deterioro de la salud de la población.

En ese sentido, corresponde al Estado, en las diferentes fases de su ciclo productivo, una labor de regulación y vigilancia del mercado farmacológico. Resulta central asegurar que el proceso de producción, distribución y comercialización de medicamentos se desarrolle con transparencia, eficiencia económica y austeridad; vigilando siempre que los precios intermedios y finales que se abonan por este tipo de productos de primera necesidad sean justos.

Segunda. Es necesario que se produzca una conciliación entre el ánimo de lucro de los productores y distribuidores farmacéuticos y las necesidades sociales de abasto. En ese aspecto, hay que subrayar que el negocio farmacéutico es especialmente lucrativo por cuanto permite retener a los distribuidores, en concepto de beneficios, hasta 42 pesos por cada 100 del costo del producto.3 Un ratio de beneficios de tales características implica que existe margen suficiente para ajustar las ganancias de las grandes corporaciones con la finalidad de garantizar tanto el ahorro público como la extensión del acceso. Además, hay que señalar que más del 90% de los fármacos son producidos por empresas consideradas como grandes, lo que da cuenta de las características del mercado de los medicamentos en México.

Algunos estudios han determinado, mediante análisis econométricos, que existe un relevante grado de concentración en la producción de fármacos en México. Hace algunos años, un reducido grupo de empresas acumulaba más del 80% de las ventas en el país, tendencia hacia la concentración que se ha agudizado en la última época.4 Ésta característica implica que nos encontramos ante un mercado oligopólico en el cual existe el riesgo de que se formen los precios de manera anticompetitiva, empujándolos al alza, perjudicando a los consumidores y menoscabando la salud pública. En general, el Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de la Competencia Económica, tiene la obligación de garantizar el desarrollo de mercados competitivos y la libre formación de los precios en la economía. Sin embargo, esta obligación general se torna en un mandato más relevante sobre aquellas áreas que acumulan un sobresaliente impacto social, como aquellas relacionadas con la salud y el bienestar de la población.

Además, a lo largo de los últimos años, algunas reformas sanitarias como la introducción del seguro popular han incrementado el monto de los recursos públicos destinados a la compra de medicamentos. Esto implica que la mayoría de las adquisiciones de fármacos en México son realizadas por el sector público. En ese aspecto, el funcionamiento anticompetitivo de los mercados farmacéuticos afecta doblemente a la sociedad. En primer lugar, los precios generales de los medicamentos son empujados artificialmente al alza, perjudicando la accesibilidad a este tipo de productos básicos. En segundo término, esta situación daña particularmente a las finanzas del estado mexicano, en tanto que el sector estatal es el principal comprador de medicinas en el país.

Tercera. Como se ha señalado, las disfuncionalidades en los mercados de medicamentos provocan que exista una espiral inflacionaria en los precios, los cuales han crecido a un ritmo superior al de la expansión de la economía. A nivel internacional, el crecimiento de los precios de los fármacos en México es superior a la media latinoamericana y supera en un 10 por ciento el índice general de inflación en el país.5 El poder de mercado que ejercen los productores de medicamentos en México para determinar los precios finales es muy amplio y pone en riesgo la accesibilidad de este tipo de bienes. A nivel internacional, algunos países han prohibido que la producción y la distribución de fármacos estén concentrados en las mismas empresas, precisamente para evitar el surgimiento de posiciones de poder y el desarrollo de prácticas monopólicas. Sin embargo, en México está permitido que productores y distribuidores controlen prácticamente la totalidad del proceso productivo de las medicinas, habilitando a estos últimos a acumular un margen de beneficios del 7 por ciento, cuando dicho margen en los países desarrollados se ubica en sólo el 4 por ciento.6

Cuarta. El 20 de octubre del año en curso, el Periódico Reforma publica una información que señala que la Comisión Federal de la Competencia Económica (COFCE) había iniciado una investigación por prácticas de colusión que afectan a empresas farmacéuticas. A pesar de que estas irregularidades son consecuencia de la estructura oligopólica de los mercados que varias investigaciones académicas ya habían referido; se trataría de la primera investigación que impulsa Cofece en el sector de la salud que involucra a este tipo de empresas. El titular de la autoridad investigadora de la Cofece afirmó que se están investigando prácticas colusivas de fabricantes, distribuidores y comercializadores de medicamentos, quienes, evitando la competencia, perjudican a los consumidores.7

Quinta. Según el representante de la Cofece, existen indicios preliminares de que se desarrollan prácticas de intercambio de información y de fijación coordinada de precios. Se asegura que, en estos casos, el sobreprecio para el consumidor puede alcanzar hasta el 30%, siendo este incremento en insulina de hasta el 57%.8 En general, de 2010 a 2016 el precio de las medicinas ha sido un 10% superior al índice de precios al consumidor en general. Ello expresa que, como ocurre en otros casos, la inflación de la economía no está repartida de modo simétrico e igualitario entre productos; al contrario, el alza en los precios de productos básicos como alimentos y medicinas perjudican de modo grave el bienestar general de la población y particularmente afectan a las clases más desfavorecidas.

Sexta. La depreciación que viene sufriendo la moneda mexicana es un factor que viene coadyuvando al incremento del precio de los medicamentos importados, situación que también perjudica particularmente a las familias de ingresos más bajos. Según refleja el Diario El Universal, “de acuerdo con Inegi, las familias con ingresos de hasta 2,220 pesos al mes, las más pobres del país, sufrieron una inflación del 5.33 por ciento en medicamentos y servicios médicos durante la primera mitad de octubre en relación a la quincena similar del año pasado”. Desde que existe la serie histórica de este indicador, no se había registrado un incremento de tal entidad para ningún estrato de ingresos. La información aclara que “las familias que perciben entre 2221 pesos y 6661 toleraron un aumento de 5,04 por ciento, mientras que las que reciben ingresos superiores a los 13,222 pesos resistieron una inflación de 4,78 por ciento”.9 En el mismo sentido, los datos reflejan que las familias más pobres tuvieron que consagrar al gasto en medicamentos un porcentaje superior de su renta en relación a las clases medias o altas. Esta situación da cuenta del impacto regresivo y antisocial que tiene todo incremento en el precio de las medicinas, situación que debe garantizar una intervención responsable del Estado en el sector.

El escenario futuro para los precios de las medicinas continuará siendo preocupante. La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias ha señalado que los fármacos van a experimentar una inflación de hasta el 35%, sólo durante el año en curso. A pesar de que el precio de los medicamentos importados aumenta en un 20% aproximadamente, el valor de los nacionales también sufre un crecimiento destacable de hasta el 10%. Por ello, si bien la situación de la moneda mexicana en los mercados internacionales es un factor que agrava la crisis del sector, parece claro que el mercado farmacéutico sufre una serie de disfuncionalidades regulatorias propias que son la causa central de esta espiral inflacionaria que tanto perjudica a la sociedad mexicana, particularmente a los pobres.

Séptima. Las irregularidades que afectan al sector farmacéutico han tenido reflejo en los Panamá Papers, en los cuales “se exhibe una presunta simulación en la compra de la distribuidora Marzam por parte del fondo holandés Moench Cooperatief, la cual habría sido vendida por Genoma Lab en 350 millones de pesos”. Como refiere el Periódico Reforma, “se sospecha que una parte fue aportada por Marina Matarazzo de Escandón, esposa de Pablo de Escandón, dueño de la distribuidora Nadro”. La situación descrita ha justificado que Alejandra Palacios, titular de la Cofece, haya llamado “cárteles” a algunos participantes en el sector salud, en relación a la ilegítima práctica de repartirse los mercados.10 Estos señalamientos tan graves por parte de la autoridad técnica encargada de velar por el libre desarrollo de la competencia económica, en el marco de la investigación pertinente, deben arrojar resultados públicos que sirvan para sancionar las prácticas comerciales fraudulentas y mejorar la situación del sector en México.

Octava. Además de los fallos de mercado que afectan a la salud y al bienestar de la población en México, recientemente, algunos trabajos periodísticos han señalado evidencias de claras irregularidades que afectan al proceso de distribución de los medicamentos y, por tanto, pueden generar un daño mayor a la salud de la población. Una amplia investigación periodística del Diario El Universal ha señalado que la empresa que concentra un monto mayor de contratos públicos es el grupo farmacéutico “Fármacos Especializados” y sus subsidiarias “Fármacos Especializados y Selecciones Médicas del Centro”. Este consorcio consiguió 44 mil millones de pesos a través de 1,940 contratos. Además de la concentración, resulta especialmente sorprendente que el 75% de los contratos celebrados entre las dependencias del gobierno y Fármacos Especializados se hayan concretado mediante la modalidad de adjudicación directa.11 Cuando esto último ocurre, no existe competencia y la administración tiene escasas posibilidades de establecer condiciones favorables para el interés público.

Por si la adjudicación directa y la concentración exorbitada de contratos en un solo consorcio no fuesen suficientes, algunos de los acuerdos celebrados tienen elementos opacos. Como ha destacado el Universal, “El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (Censida) adjudicó en 2013 a Grupo Fármacos Especializados un contrato por casi 621 millones de pesos por la compra de antirretrovirales. El precio unitario pagado en al menos tres medicamentos genéricos supera el costo máximo que en 2016 indica la lista del programa de Acceso Gratuito a Tratamiento a Personas con VIH.”12 Otro caso ocurrió en 2014, cuando “Selecciones Médicas del Centro -subsidiaria de Grupo Fármacos Especializados- vendió “servicios integrales de invasión mínima” al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Nuevo León a través de adjudicación directa por más de 37 millones de pesos. La compra incluyó equipos para procedimientos como laparoscopias y colonoscopias, instrumentos que tienen en cartera la mayoría de proveedores (incluso están disponibles en Amazon) y no justifican una compra por adjudicación directa.”13

Los casos mencionados muestran que el empleo masivo y generalizado de la adjudicación directa no ha estado motivado de forma suficiente. Además de encarecer el costo de las contrataciones públicas, la adjudicación directa excluye la libre concurrencia de aspirantes y se desenvuelve en un marco más opaco que el de las licitaciones. Otro caso documentado de irregularidades ocurrió en 2013, cuando el “Grupo Fármacos Especializados vendió al gobierno del Estado de Colima el antipsicótico Abilify, por 865.05 pesos cada paquete de 20 tabletas de 15 mg con la sustancia activa Ariprazol. En una farmacia común la misma medicina se puede comprar por 270 pesos”.

Por otro lado, a través de la compra de medicamentos consolidada que realizó el IMSS en 2014, el mencionado grupo consiguió un contrato récord de tres mil millones de pesos. La salida del mercado de Casa Saba permitió al grupo “Fármacos especializados” ocupar una posición de poder e intensificar sus procesos de contratación con la actual administración. El sistema farmacéutico mexicano cuenta con una serie de disfuncionalidades y opacidades que lo convierten en foco de nepotismo y corrupción. Según el Universal, “de acuerdo con fuentes internas en el sistema de salud, es común que el precio de los medicamentos sea inflado por las distribuidoras -a veces hasta 30% por encima del precio de venta al público- y que ese sobrecoste se reparta en efectivo o en forma de regalos entre varios de los participantes del proceso de compra. ”14

Novena. Tanto desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados, como desde la perspectiva de los procesos de contratación pública, la situación del ámbito farmacéutico en México es insostenible y precisa ser revisada. Es necesario que las instituciones públicas implicadas promuevan una transición hacia formas competitivas de funcionamiento en el sector de los fármacos en nuestro país. Al mismo tiempo, las compras públicas de medicinas, escenario en el que se compromete la salud de millones de ciudadanos, tienen que transparentarse y, particularmente, esclarecerse las irregularidades identificadas, depurando las responsabilidades que, en su caso, correspondan.

Décima. La amplitud de los mencionados fallos de mercado que afectan al sector farmacéutico en México son consecuencia de la existencia de un marco regulatorio insuficiente y de escasa calidad. En ese aspecto, se considera que la secretaría de salud debe iniciar y liderar un debate público sobre el estado del sector farmacéutico en el país, con el objetivo de actualizar y mejorar la normatividad que lo regula.

Lo establecido en la Ley General de Salud y en el Reglamento de Insumos para la Salud se ha revelado como ineficaz para controlar y evitar el surgimiento de prácticas anticompetitivas con un impacto social negativo. Con la finalidad de contribuir al debate público y promover la mejora de la regulación existente, algunas de las políticas públicas y normas que se sugieren incorporar serían las siguientes:

a) Incorporar y mejorar los sistemas existentes de controles de precios de los medicamentos, con el objetivo no solo de supervisar el nivel de los precios finales sino también con la finalidad de establecer precios intermedios razonables y eficientes que generen un ahorro público y mejoren las condiciones de accesibilidad de los fármacos.

b) Establecimiento de “precios públicos” para la adquisición por parte del Estado de determinados medicamentos a ciertos volúmenes. No resulta razonable que, en un entorno de oligopolio, sean las corporaciones farmacéuticas las que determinen los precios a los que se venden las medicinas al Estado. En la relación que se establece entre farmacéuticas y sector público hay que normar, a través de una regulación adecuada, que existan beneficios y ventajas para el Estado que contrapesen la estructura anticompetitiva de este mercado en México. Ello debe fungir como garantía del abasto de medicinas en las instituciones públicas sanitarias y de seguridad social del país. Además, de esa forma se empujarían los precios generales de los fármacos hacia niveles más bajos, beneficiando al conjunto de la población.

c) Refuerzo de los mecanismos de vigilancia y supervisión sobre los mercados farmacéuticos, con la finalidad de identificar y sancionar las prácticas colusivas. Teniendo en cuenta la importancia social del mercado farmacéutico y las serias disfuncionalidades identificadas, sería razonable que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal de la Competencia Económica conformaran grupos de trabajo específicos sobre el mencionado sector. Ello permitiría impulsar una supervisión técnica permanente de nivel que periódicamente emita recomendaciones y opiniones sobre la situación de los mercados de medicinas. Por ejemplo, en Estados Unidos existen instituciones de vigilancia específicas sobre el sector farmacéutico, lo que demuestra que la centralidad del sector justifica articular este tipo de mecanismos especiales.15

d) Promoción de la competencia en los mercados de medicinas y de la desconcentración de las empresas farmacéuticas. En primer lugar, una política pública positiva sería la prohibición de que una sola empresa controle la fase de producción y de distribución de los medicamentos en México. En segundo término, podrían establecerse límites en la cuota de mercado que puede acumular una sola corporación y establecer las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. En tercer lugar, el Estado puede incentivar, por ejemplo mediante la conformación de un código ético de buenas prácticas, la contratación pública con empresas que muestren una conducta socialmente responsable. El cuarto punto podría ser que, mediante la inversión pública en innovación y desarrollo biotecnológico, el Estado mexicano comience a alimentar su propia industria pública de producción de fármacos, lo cual fomentaría la competencia con el sector privado y aseguraría un mínimo abasto social. Por último, sería necesario que el Estado no permitiera la fusión de empresas farmacéuticas cuando ello de lugar al incremento en el ratio de concentración de dicho mercado.

e) Impulso en los procesos de centralización y consolidación de las compras de los medicamentos por parte de las instituciones sanitarias y de seguridad social públicas. Ello debe servir para reducir el precio de compra de los fármacos por parte del Estado mexicano, contribuyendo a reducir la inflación de las medicinas y a garantizar un surtido social suficiente. Este proceso, sin embargo, debe dotarse de mecanismos de vigilancia y transparencia que eviten el desarrollo de prácticas opacas; indicios de las cuales han sido mencionadas en el presente Punto de Acuerdo.

f) Fomento de la producción de medicamentos genéricos y regulación social del uso de las patentes. En ese aspecto, existe un amplio catálogo de políticas públicas para incentivar la producción de genéricos y limitar el uso mercantil de las patentes. Ello debiera formar parte de una política integral de estímulos económicos y fiscales destinados a garantizar un acceso socialmente responsable e integrador a las medicinas en México.

g) Incremento de la gravedad en las sanciones derivadas por prácticas económicas anticompetitivas en el mercado farmacéutico. Ello debe operar como un incentivo claro a respetar la competencia y a castigar la colusión y la cartelización de los mercados farmacéuticos en México. Esto sería también expresión de una voluntad política comprometida con la transformación y la mejora de las condiciones de acceso de la población a un bien de primera necesidad, como son los fármacos.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar y transparentar los contratos y licitaciones en el sector farmacéutico y a coadyuvar a esclarecer las posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de la Competencia Económica a comunicar el estado de las investigaciones en curso sobre prácticas de mercado oligopólicas en el ámbito farmacéutico.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar los contratos, licitaciones y compras de medicamentos realizadas por instituciones públicas sanitarias o de seguridad social.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a modificar, actualizar y mejorar la calidad del marco regulatorio del mercado farmacéutico en México, con la finalidad de evitar la colusión, reducir los precios y garantizar un abasto social suficiente de medicinas en el país.

Notas

1 Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

2 Heredia F. (2010) Situación del sector farmacéutico en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública: México DF.

3 Soto O (2016) El negocio de la distribución de medicamentos después de Saba, Revista Forbes, 18 de Diciembre del 2014, disponible el 18 de Octubre de 2016 en http://www.forbes.com.mx/el-negocio-de-la-distribucion-de-medicamentos- despues-de-saba/#gs.q8hbiGo

4 Torres Guerra, S., & Gutiérrez, J. P. (2009). Mercado farmacéutico en México: tamaño, valor y concentración, Rev Panam Salud Publica 25(1)

5 Rene Leyva, V. W. (abril de 2006). Secretaria de Salud. Recuperado el 03 de 06 de 2011, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342006000200012&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0036-3634

6 Heredia F. (2010) Situación del Sector Farmacéutico en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública: México DF

7 Soto G. y Fuentes V. (2016) “Indagan colusión de farmacéuticas”, Reforma, 20 de Octubre del 2016.

8 Ídem

9 Puga T. (2016) “Sufren pobres inédita alza a gastos médicos”, El Universal, 26 de Octubre del 2010.

10 Ídem

11 Ocaranza C. (2016) Emporio farmacéutico, El Universal, 19 de Septiembre de 2016, disponible el 30 de Enero del 2019 en
http://data.eluniversal.com.mx/contratistas-poder/grupo_farmacos.html
12 Ocaranza C. (2016) Emporio farmacéutico, El Universal, 19 de Septiembre de 2016, disponible el 30 de Enero del 2019 en
http://data.eluniversal.com.mx/contratistas-poder/grupo_farmacos.html

13 Ídem

14 Ocaranza C. (2016) Emporio farmacéutico, El Universal, 19 de Septiembre de 2016, disponible el 30 de Enero del 2019 en
http://data.eluniversal.com.mx/contratistas-poder/grupo_farmacos.html

15 Danzón P. (2014) Competencia en la industria farmacéutica,
CRC América Latina, disponible el 26 de Octubre del 2016 en file:///C:/Users/usuario2/Downloads/
Competition%20and%20Antitrust%20Issues%20in%20the%20Pharmaceutical%20IndustryFinal5%2019....pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre del 2016

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Fepade a investigar el Programa de Seguro Alimentario que implanta el gobierno de Nayarit para evitar su uso con fines electorales en los procesos por celebrar en la entidad durante 2017, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 7 de enero de 2017 inicia el proceso electoral en el estado de Nayarit. Para elegir mediante sufragio el próximo 7 de junio del mismo año a nuestro gobernador, junto con los 20 ayuntamientos y los 138 regidores de mayoría relativa y 56 de representación proporcional, así como 18 diputados de mayoría relativa y 12 de representación proporcional; es decir se renovarán en su totalidad los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales.

Esta entidad federativa cuenta con un listado nominal de 787 mil 905 electores distribuidos en los 20 municipios del estado. Así como también, según los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), respecto de las 32 entidades, ocupa el décimo cuarto lugar en porcentaje de población en pobreza y el noveno en el de población en pobreza extrema1 .

La metodología de medición multidimensional de la pobreza del Coneval considera dos espacios de análisis: el de los derechos sociales y el del bienestar económico.

Los derechos fundamentales de las personas en materia de desarrollo social es medido a través de seis indicadores de carencia social: rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; y acceso a la alimentación.

Los municipios que poseen el mayor porcentaje de personas vulnerables por carencias sociales son: Amatlán de Cañas, Ahuacatlán, San Pedro Lagunillas, Tepic, Xalisco, Bahía de Banderas, Santa María del Oro, Tuxpan, San Blas y Santiago Ixcuincla+ 2 .

El bienestar económico se mide a través de satisfactores que pueden ser adquiridos mediante los recursos monetarios de la población y representados por las líneas de bienestar y bienestar mínimo. La línea de bienestar es el valor monetario de una canasta de alimentos.

Los diez municipios donde sus habitantes tienen un ingreso inferior a la Línea de Bienestar son: La Yesca, Del Nayar, Huajicori, Ruíz, Jala, Rosamorada, San Blas, Tecuala, Acaponeta y Santiago Ixcuincla.3

En Nayarit existe un programa llamado Programa de Seguro Alimentario (Prosa), mismo que es operado directamente por el gobierno del estado. Este consiste en que cada mes, el beneficiario recibe 300 puntos que equivalen a 300 pesos con los que se pueden adquirir una despensa de una lista de 22 productos de la canasta básica.

Hasta 2015 este programa había llegado a 240 mil beneficiados, con una inversión de 6 millones 463 mil 256 pesos. Hasta ese año, la distribución de los alimentos, consistía en que mediante una tarjeta electrónica recibías los 300 puntos que se canjeaban en cualquiera de los 22 establecimientos acondicionados como tiendas Prosa en distintas localidades del estado, así como cinco rutas móviles que recorrían las localidades serranas de los municipios.4

Fue entonces que a inicios del año anterior se anunció que desaparecen todos los módulos existentes del programa social Prosa, ya que los productos de la canasta básica serán entregados a los domicilios particulares de los beneficiarios por lo funcionarios públicos del estado.

Lo que podría representar un acto tipificado como delito electoral de conformidad a lo establecido por la Ley General en Materia de Delitos Electorales en sus artículos 7, fracción VII y 11 fracción II.5 Mismos que se reproducen a continuación:

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

...

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo.

De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición;

Artículo 11.Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

...

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. Si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo.

Lo cual también se prevé en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 449, numeral 1, inciso e, la que claramente establece que constituyen infracciones: La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.6

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) es la responsable de atender las denuncias presentadas por la comisión de hechos posiblemente constitutivos de delitos electorales federales.

Cuando el agente del Ministerio Público de la federación recibe una denuncia de hechos, que por su propia naturaleza o por carecer de mayores elementos o información no puedan aún ser considerados como constitutivos del delito, debe iniciar un acta circunstanciada.

En este sentido, de 2010 a 2015 en Nayarit se iniciaron un total de 81 actas circunstanciadas.7

La averiguación previa es una etapa del procedimiento penal. En ella, el Ministerio Público de la federación lleva a cabo las investigaciones necesarias para obtener las pruebas que permitan acreditar o demostrar la existencia del delito y la probable responsabilidad del indiciado, es decir, de la persona señalada como autora o responsable del delito.

Por lo tanto, de 2010 a 2015, en esta entidad se iniciaron un total de 82 averiguaciones previas.8

Lo anterior deja en entredicho el debido seguimiento de los casos que pudieran tratarse de la comisión de algún delito electoral.

Con anterioridad, el Legislativo ha conocido de distintos casos en donde a través de programas sociales, se “carga la balanza” a favor de tal o cual candidato. Se trata de antecedentes claros que deben alertar sobre el inadecuado manejo que se le pueda dar a los programas sociales durante los meses y semanas cercanos a los días de las elecciones y que esta Cámara de Diputados ha de considerar como inaceptables.

Ello debe convocar a todos los legisladores a advertir que la sociedad podría llegar a la jornada electoral en medio de cuestionamientos, diatribas y ataques que no benefician a nadie y que por el contrario, atentan contra la dignidad de todas las mexicanas y todos los mexicanos.

Los legisladores debemos rechazar y censurar cada una de las maniobras tendientes a presionar a las familias pobres y marginadas de nuestro país para condicionar su voto a cambio de una despensa, de una inscripción en algún programa de cualquier tipo.

Si no se llevan a cabo acciones de blindaje electoral, si se pretende incidir de alguna manera en el voto de las personas, no sólo la legitimidad de los candidatos electos, sino la credibilidad de las instituciones estará en entredicho y una vez más se habrá lucrado con los más pobres.

Una democracia moderna, como la que se suele presumir que es México, requiere de comportamientos éticos de todas sus partes, separando claramente lo electoral, que es estacional, del combate a la pobreza que es permanente y debe ser sistémico.

El planteamiento concreto es que exista un llamado del Poder Legislativo representado por esta Cámara de Diputados en su conjunto, dirigido hacia el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que investigue las acciones relacionadas con el Programa de Seguro Alimentario que se implementa en el estado de Nayarit. Evitando la comisión de delitos electorales de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 4 de junio de 2017.

En virtud de lo anterior es que me permito proponer al pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Único. Se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a fin de que investigue el Programa de Seguro Alimentario que implementa el gobierno del estado de Nayarit, con el objeto de que se evite el uso de este programa con fines electorales en los comicios que se celebrarán en esa entidad durante 2017.

Notas

1 Perfil estadístico del Estado. Nayarit. Dirección General de política criminal y vinculación en materia de delitos electorales. Fepade. p.17 http://www.fepade.gob.mx/perfiles/Nayarit.pdf

2 Ídem. P.19

3 Ídem. P.20

4 Con Prosa, Roberto combate la desnutrición en Nayarit. Sala de prensa. Gobierno del Estado de Nayarit. http://www.gobiernodelagente.com/nayarit/articulos/con-prosa-roberto-co mbate-la-desnutricion-en-nayarit-3329

5 Ley general en materia de delitos electorales.
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGMDE_270614.doc

6 Ley general de instituciones y procedimientos electorales.
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130815.pdf

7 Perfil estadístico del Estado. Nayarit. Dirección General de política criminal y vinculación en materia de delitos electorales. Fepade. p.23
http://www.fepade.gob.mx/perfiles/Nayarit.pdf

8 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputado Moisés Guerra Mota (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, la Cofece, el Instituto Nacional del Emprendedor y la Cofemer a llevar acciones conforme a las normas en la materia y hacer eficientes los trámites para crear unidades productivas e impulsar la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector formal, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada Carmen Victoria Campa Almaral, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) juegan un papel importante en el crecimiento de las mercados internacionales. Esto, a través de la generación de empleos a nivel nacional y regional, tanto en países industrializados como en los que se encuentran en vías de desarrollo.

Hoy en día, estas sociedades representan a nivel mundial uno de los sectores económicos que más unidades de capital y personal ocupado aportan al patrimonio de las naciones; de ahí la preeminencia que encierra este tipo de empresas y la necesidad de impulsar su creación, desarrollo, crecimiento y fortalecimiento, al incidir de forma esencial en el comportamiento macroeconómico.

Desde hace ya más de tres décadas, y tras las exitosas experiencias de pequeñas y medianas empresas desplegadas en países desarrollados y de reciente industrialización, México ha optado por reconocer la importancia social y económica de las Mipymes como actores generadores de crecimiento y desarrollo dentro de la economía.

En nuestro país, este mercado tiene un papel fundamental en el crecimiento de la economía, si se considera que representan el 99 por ciento de las empresas mexicanas en el sector formal, de las cuales 95 por ciento tienen 10 trabajadores o menos. Además, las MIPYMES constituyen el 52 por ciento del Producto Interno Bruto del país; asimismo, conforme a los datos de los Censos Económicos 2009, estas empresas ocupan a 20,463,986 trabajadores, lo que constituye el 72 por ciento del empleo formal en nuestro país.1

Es así, que surge el siguiente cuestionamiento: ¿cómo insertar de manera más eficiente y eficaz a este segmento corporativo en la dinámica de la economía mexicana e internacional?

Ciertamente, la excesiva regulación al momento de comenzar un nuevo negocio afecta económicamente su rendimiento y desarrollo. De ahí que resulte demasiado costoso para los nuevos emprendedores, además de que impide en gran medida que éstos aspiren a regularizar sus actividades, propiciando la no inversión y el desplazamiento de los capitales a la economía informal.

Nuestro país ha tenido un avance significativo a partir de la iniciativa que modificó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo propósito se centraba en institucionalizar la política de mejora regulatoria a través de la inclusión de un Título Tercero A dentro de la mencionada disposición legal.

La modificación en comento creaba la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como la dependencia encargada de promover la política de mejora regulatoria que originalmente había realizado la entonces Unidad de Desregulación Económica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Asimismo, se estableció de manera permanente la participación de los sectores social y privado mediante la creación del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria.

En este entendido se crea el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, un programa de simplificación, reingeniería y modernización administrativa de los trámites municipales implicados en la apertura de una empresa de bajo riesgo, la cual pretende tener respuesta en máximo 72 horas.

Lo anterior representa un cambio trascendental en la concepción de realizar trámites, ya que el proceso de operación implementado se centra en la atención de las necesidades específicas y de la simplificación administrativa de quien o quienes desean empezar un negocio.

Empero, la realidad muchas veces nos rebasa. Desde que se emprende la apertura de una empresa, ésta se ve rodeada de una serie de regulaciones y normas que cumplir, relacionadas con impuestos, permisos, contratos de servicios públicos, medidas de seguridad social, entre otras. Dado que estas normas son excesivas e ineficientes, constituyen una importante barrera para la apertura de próximos negocios.

Las consecuencias de nuestro sistema regulatorio son de tal magnitud, que no sólo afecta la apertura de nuevas empresas, sino también perturba el potencial desarrollo económico del país, afectando las condiciones para generar escenarios competitivos que atraigan y retengan mayor y mejor inversión.

Al respecto, el reporte Doing Business 2017 , realizado por el Banco Mundial cada año, tiene por objeto proporcionar datos objetivos para uso de los gobiernos en el diseño de las políticas de regulación respecto del marco normativo para las empresas, y expresa que las economías dónde es más fácil llevar a cabo actividades comerciales son aquellas cuyas administraciones cuentan con un sistema regulatorio diseñado para ser eficientes, asequibles, sencillos en su aplicación y de bajo costo.

En este entendido, y de acuerdo al reporte en comento, nuestro país cayó para la proyección del siguiente año a la posición 47, después de ocupar el lugar 38 de entre 190 países en 2016 en el ranking que mide la facilidad de hacer negocios.2

En promedio, las condiciones regulatorias en México resultan las más atractivas para un inversionista en toda América Latina. Sin embargo, aún existen obstáculos a la hora de abrir un negocio, entre los que se pueden identificar el registro de propiedad, los permisos de construcción, la conexión al servicio de electricidad, el cumplimiento de contratos y el pago de impuestos.

En cuanto a la apertura de nuevos negocios, nos encontramos en la posición 93 dentro de este ranking; la media nacional expresa que se requiere de 8 días, además de realizar de entre 7 y 8 trámites legales para poder emprender el arranque de un proyecto comercial.3

En materia de registro de la propiedad, México se sitúa en la posición 101 de 190, debido a que obtener el registro demora alrededor de 42 días.4 Durante este tiempo, los empresarios ven estancada su actividad, lo que representa pérdidas económicas irrecuperables. En este orden de ideas nos encontramos muy lejos de la eficiencia de países como Noruega, donde el registro demora únicamente tres días, por mencionar alguno.

Otro rubro problemático que incide en la apertura de empresas en México es la obtención del contrato del servicio de electricidad, que demora en promedio 100 días. En este rubro nos superan países como Costa Rica con 45 días, Chile con 43 días o Nicaragua con 55 días, entre otros.5

Las mejoras mediante la modificación de nuestra legislación en materia de competitividad han incentivado y favorecido la inversión, que se ha visto reflejada en el aumento de la inscripción de nuevos negocios en un 5 por ciento, así como del empleo asalariado en un 2.2 por ciento, lo que trajo como consecuencia el aumento de la competencia.6 Asimismo, las transformaciones dieron como resultado que el 14.9 por ciento de los propietarios de negocios informales pasaran a la economía formal.

En referencia al último punto, en los últimos años la economía mexicana ha registrado un decremento en la tasa de generación de empleos formales, lo que ha favorecido la incorporación de mexicanos al mercado informal; para el primer trimestre de 2016 creció a 29.1 millones, lo que representa el 57.4 por ciento de la población ocupada, lo anterior de acuerdo a cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).7

Además, la informalidad registró un incremento del 1.5 por ciento anual entre febrero de 2015 y febrero de 2016, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).8

No debemos olvidar aquellas actividades al margen del marco reglamentario y administrativo general, que desembocan en el incumplimiento de la legislación y la evasión fiscal, creando de este modo una carga injusta para los empleadores de la economía formal y causando una pérdida de ingresos al gobierno; ello, además de propiciar la vulneración de los derechos sociales y laborales y la competencia desleal con la economía que se encuentra establecida.

La mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento.

En este entendido, la presente propuesta va encaminada a atender las necesidades que este sector demanda para el desarrollo e implementación de acciones dirigidas a eliminar las trabas que día con día enfrentan ciudadanos y empresarios que desean invertir y crear nuevas actividades mercantiles.

Como legisladores estamos obligados a seguir la rectoría del Estado conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política, que a la letra dice:

[...] El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución [...]

Debemos estar conscientes que la supervivencia y desarrollo de las MIPYMES es una cuestión que descansa en ellas mismas, así como en el gobierno. Las primeras con su esfuerzo, creatividad, aptitud y actitud, y el segundo apoyando las acciones del primero tal y como lo establece la normatividad en la materia.

En Nueva Alianza reconocemos los esfuerzos que nuestro gobierno ha promovido a lo largo de estas tres últimas décadas para brindar certeza a los nuevos emprendedores y futuros generadores de empleo, pero también estamos conscientes que el desarrollo de la MIPYME depende de la adecuada implementación de las políticas económicas destinadas a orientar la economía nacional, de lo contario pondríamos en riesgo su existencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía, a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Nacional del Emprendedor y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para que en el ámbito de sus competencias lleven a cabo acciones de acuerdo a lo establecido en las normas en la materia, a fin de hacer eficientes los trámites para la creación de empresas, así como promover la simplificación de mecanismos para impulsar la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas al sector formal.

Notas

1 Recuperado de

http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=201

2 Banco Mundial (2016) Doing Business 2017 Igualdad de Oportunidades para Todos, 14va Edición. Recuperado de http://espanol.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/An nual-Reports/English/DB17-Full-Report.pdf

3 Ibídem

4 Ibídem

5 Ibídem

6 Bruhn Miriam (2013), License to Sell: The Effect of Business Registration Reform on Entrepreneurial Activity in México. Banco Mundial. Recuperado de file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/SSRN-id1100353.pdf

7 INEGI. Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo Cifras Durante el Primer Trimestre de 2016. Recuperado de http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/enoe_ie/enoe_ie2016 _05.pdf

8 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputada Carmen Victoria Campa Almaral

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por la Ssa y el Consejo de Salubridad General, a incluir en el ámbito de sus atribuciones la diabetes tipos I y II para su tratamiento a través de una categoría como gasto catastrófico, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las enfermedades denominadas crónicas se caracterizan por tener una duración larga y su progreso es lento. Muestra de ellos, son las enfermedades del corazón, el cáncer, los padecimientos respiratorios, así como la diabetes, enfermedades que de manera conjunta son la principal causa de mortalidad a nivel mundial, representada por el 63%.

Para el año 2008, 36 millones de personas murieron por una enfermedad crónica, la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad. 1 Cada año, de acuerdo con lo que señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de enfermedades no transmisibles provoca la muerte de 16 millones de personas de forma prematura, por lo que es un asunto de salud pública que requiere ser atendido por los gobiernos.

Las enfermedades prematuras se consideran así, cuando los pacientes fallecen antes de los 70 años de edad, por alguna de las causas que claramente determina la OMS en su informe del 19 de enero de 2015,2 tales como cardiopatías y neumopatías, accidentes cerebrovasculares, cáncer y diabetes.

Para 2015, la misma OMS ha señalado que cada uno de los países, “con una inversión de apenas US$1-3 por persona y año, pueden reducir extraordinariamente las tasas de morbilidad y mortalidad por Enfermedad No Transmisible (ENT). En 2015, cada país debe fijar objetivos nacionales y aplicar medidas eficaces en relación con los costos. Si no lo hacen, tarde o temprano se seguirán perdiendo millones de vidas.3 Por lo tanto, a nivel mundial, se estaría advirtiendo que si se hace la inversión antes mencionada, se podría cambiar la estadística de cada una de las muertes a causa de las enfermedades no transmisibles.

El informe presentado por la OMS refiere que gran parte de los casos de fallecimientos a causa de las enfermedades no transmisibles, pueden prevenirse. Citan como dato que, en el 2012, de los 38 millones de fallecimientos por esta causa, 16 millones (lo que representa un 42%) fueron relacionados con prematurez y evitabilidad lo que significa que se pudieron haber prevenido si se hubiera actuado a tiempo. Además, comparado con la misma medición del año 2000, hubo un aumento, de 14.6 millones a los 16 millones reportados doce años después.

Por lo anterior, uno de los objetivos a nivel mundial es la prevención encaminada a reducir las muertes prematuras de las enfermedades no transmisibles, hasta en un 25% para el año 2025.

Esto se puede lograr si las políticas públicas de cada gobierno, impulsan acciones tendientes a: brindar cobertura universal de salud, realizar campañas enfocadas a disminuir el consumo de alcohol, tabaco y alimentos chatarra, así como el fomento de la actividad física.

El Plan de Acción Mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 destinado a la reducción de estas enfermedades en un 25% para 2025 que presenta la OMS, contempla nueve metas mundiales de adopción voluntaria.

En países considerados de bajo o mediano ingreso, los progresos para alcanzar estas metas, son más lentos y sus ministerios de salud van más atrasados que el resto de los países que conforman a la OMS. De los 167 países miembros, sólo 70 de ellos contaban, para 2013, con un plan nacional de prevención y control de las enfermedades no transmisibles y sólo 42 países, tenían sistemas de seguimiento para informar sobre las nueve metas mundiales que se presentarán a continuación.

Derivado de este tipo de enfermedades no transmisibles, cuando se presentan pacientes con muerte prematura, hay una merma en la productividad del país lo cual es un factor que retrasa el logro de objetivos internacionales de desarrollo. Sumado a ello, y motivo del presente punto de acuerdo, “los gastos de tratamiento de las enfermedades pueden ser devastadores, tanto para las personas como para los sistemas nacionales de salud”.4

Según estimaciones, en condiciones de «normalidad», entre 2011 y 2025 las pérdidas económicas acumuladas debidas a las ENT en los países de ingresos bajos y medianos ascenderán a US$ 7 billones. La OMS estima que el costo de reducir la carga mundial de las ENT es de US$ 11 200 millones por año, o sea, una inversión anual de US$1-3 per cápita.5

Las altas tasas de defunción y morbilidad, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos son un reflejo de la inversión insuficiente en intervenciones costo eficaces relacionadas con las ENT. La OMS recomienda que, a partir de 2015, todos los países pasen del compromiso a la acción mediante el establecimiento de metas nacionales y la aplicación de intervenciones que supongan «inversiones óptimas».6

Las 9 metas mundiales relacionadas con las enfermedades no transmisibles dictadas por la OMS son:

Meta 1: Reducción relativa de la mortalidad general por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en un 25%

Meta 2: Reducción relativa del uso nocivo del alcohol en, al menos, un 10%, según proceda, en el contexto nacional

Meta 3: Reducción relativa de la prevalencia de actividad física insuficiente en un 10%

Meta 4: Reducción relativa de la ingesta poblacional media de sal o sodio en un 30%

Meta 5 : Reducción relativa de la prevalencia del consumo actual de tabaco en un 30% en las personas de 15 años o más

Meta 6 : Reducción relativa de la prevalencia de hipertensión en un 25%, o contención de la prevalencia de hipertensión, en función de las circunstancias del país

Meta 7: Detención del aumento de la diabetes y la obesidad.

Meta 8: Tratamiento farmacológico y asesoramiento (incluido el control de la glucemia) de al menos un 50% de las personas que lo necesitan para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares

Meta 9: 80% de disponibilidad de tecnologías básicas y medicamentos esenciales asequibles, incluidos los genéricos, necesarios para tratar las principales ENT, en centros tanto públicos como privados

En particular, para el tema de la Diabetes tipo I y su inclusión en la Ley General de Salud de México se deben de tomar los siguientes datos de importancia para considerar esta enfermedad como gasto catastrófico, a considerar que:

Algunos de los elementos de relevancia sobre la Diabetes a nivel mundial, son:7

1. En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. La diabetes se está convirtiendo en una epidemia mundial relacionada con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física.

2. Se prevé que la diabetes se convierta en el año 2030 en la séptima causa mundial de muerte. Se calcula que las muertes por diabetes aumentarán más de un 50% en los próximos 10 años.

3. Existen dos grandes formas de diabetes. La diabetes de tipo 1, en la que el organismo no produce insulina, y la de tipo 2, en la que el organismo no utiliza eficazmente la insulina.

4. Un tercer tipo es la diabetes gestacional. Este tipo se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, y de padecer diabetes de tipo 2 en el futuro.

5. La diabetes de tipo 2 es mucho más frecuente que la de tipo 1. El tipo 2 representa aproximadamente un 90% de los casos mundiales de diabetes. Los casos de diabetes de tipo 2 en niños, que antes eran raros, han aumentado en todo el mundo, y en algunos países representan casi la mitad de los nuevos casos diagnosticados en niños y adolescentes.

6. Un 50% a 80% de las muertes de pacientes diabéticos se deben a causas cardiovasculares. La diabetes se ha convertido en una de las causas principales de enfermedad y muerte prematura en la mayoría de los países, sobre todo debido al aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

7. En 2012 la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes.

8. El 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. En los países desarrollados la mayoría de los diabéticos han superado la edad de jubilación, mientras que en los países en desarrollo el grupo más afectado es el de 35 a 64 años.

9. La diabetes es una causa importante de ceguera, amputación e insuficiencia renal. La combinación de la falta de concienciación sobre la diabetes con el acceso insuficiente a los servicios de salud y a los medicamentos esenciales puede producir complicaciones como la ceguera, la amputación o la insuficiencia renal.

10. La diabetes de tipo 2 es prevenible. Treinta minutos de actividad física de intensidad moderada casi todos los días y una dieta saludable pueden reducir drásticamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 no puede prevenirse.

Para México, las cifras que presenta la OMS acerca del número de muertes por diabetes, son las siguientes:

Se puede apreciar, que el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, ocupan un porcentaje en la tasa de mortalidad proporcional, siendo estas, consideradas actualmente en la Ley General de Salud, como enfermedades de gastos catastróficos, sin embargo, la diabetes aún no está considerada como tal.

Como lo muestran los datos antes señalados, México cuenta con una respuesta nacional contra la diabetes en materia de políticas, directrices y vigilancia, por lo que si sumado a ello, se cuenta con medicamentos disponibles y técnicas básicas para recibir una atención primaria, lo que hace falta, es la inclusión como gasto catastrófico en la Ley General de Salud, a fin de poder garantizar que se siga contando con todo el apoyo que se requiere, para esta enfermedad.

La Secretaría de Salud del Gobierno de México refiere como “Gasto catastrófico: cuando los hogares efectúan un pago de bolsillo para atender su salud mayor al 30% de su ingreso efectivo. El ingreso efectivo se calcula como la resta del ingreso total, menos el gasto en alimentos”8

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, el cual se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo para el mismo periodo, tiene, entre sus objetivos, el que se puedan consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y la prevención de enfermedades, asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud, entre otros.

Dentro de las mesas de trabajo sectorial para la construcción del Programa de Salud Nacional, una de las propuestas principales para el tema de la Diabetes, fue el homogenizar las acciones para la detección de la diabetes y el hacer un escrutinio basado en perfiles de riesgo.

Por todo lo planteado es necesario que la Diabetes, tanto la Tipo I como II, sea considerada en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud; el que incluya en el catálogo de gastos catastróficos el tratamiento de enfermos con este mal y el fortalecimiento de los programas para una detección oportuna y atención permanente a los pacientes con este tipo de padecimiento; así como el contar con un registro a nivel nacional de los pacientes plenamente diagnosticados con la enfermedad y su seguimiento.

Al respecto, la Ley General de Salud, señala en su Capítulo VI denominado “Del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos” lo siguiente:

“Artículo 77 Bis 29.- Para efectos de este Título, se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.”

Mientras que en los artículos Transitorios, del Decreto de Reformas a la Ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2003, en particular, en el Décimo Cuarto, se establece que:

“En un plazo que no excederá de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Federación deberá emitir las reglas a que se sujetará el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos a que se refiere el artículo 77 Bis 29.

Para los efectos de dicho artículo, el fondo incluirá a la entrada en vigor de este Decreto, las siguientes categorías:

I. El diagnóstico y tratamiento del Cáncer, problemas cardiovasculares, enfermedades cerebro-vasculares, lesiones graves, rehabilitación de largo plazo, VIH/SIDA, y

II. Cuidados intensivos neonatales, trasplantes y diálisis.

El Consejo de Salubridad General actualizará periódicamente estas categorías con base en los criterios establecidos en el artículo 77 Bis 29 de la Ley.”

Con base en lo expuesto y dado que lo que se busca es la consideración de la diabetes, tanto la Tipo I como la II, como una de las categorías que conforman el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General para que, en el ámbito de sus atribuciones, incluya a la Diabetes Tipo I y II para su tratamiento, a través de una categoría como Gasto Catastrófico.

Notas

1 http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/

2 Ibídem

3 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/noncommunicable-disea ses/es/

4 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/noncommunicable-disea ses/es/

5 Ibídem

6 Ibídem

7 http://www.who.int/features/factfiles/diabetes/facts/es/

8 http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dged/descargas/index/ps_2013_20 18.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 24 de noviembre de 2016.

Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a reconsiderar la reconstrucción del Museo Nacional de Energía y Tecnología, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado cinco de agosto de dos mil dieciséis, la Comisión Federal de Electricidad presentó a las autoridades hacendarias el proyecto Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet). Este proyecto prevé la demolición del actual Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (Mutec).

La justificación de esta obra es, de acuerdo al titular del Poder Ejecutivo federal, resolver el rezago en materia de ciencia y tecnología que presenta México y abonar al proceso de modernización del sector energético.

El costo de dicho proyecto asciende a 8 mil 917.2 millones de pesos.

A tan sólo un mes del anuncio del multicitado proyecto, el ocho de septiembre último, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, anunciando recortes presupuestales a la Secretaría de Educación Pública, siendo esta la de mayor recorte con 73 mil 282 millones de pesos , esto es 14 por ciento menos .

De acuerdo al artículo 38, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es función de la Secretaría de Educación Pública promover la creación de institutos de investigación científica y técnica, y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior; orientar, en coordinación con las dependencias competentes del gobierno federal y con las entidades públicas y privadas el desarrollo de la investigación científica y tecnológica.

De tal suerte, es contradictorio que por un lado se anuncie una obra cuya finalidad pretende ser aminorar el rezago en materia de ciencia y tecnología y por el otro se recorte el presupuesto para la funcionalidad del sector del gobierno federal que tiene a su cargo promover la ciencia y la tecnología.

Es también relevante que en el citado proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se pretende recortar el presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente en 35 por ciento, lo que equivale a 19 mil 792 millones de pesos, cuando con la construcción del Munet se pretende concientizar a los mexicanos respecto de la utilización de alternativas energéticas con un menor impacto ecológico.

En ese mismo sentido, se propuso un recorte presupuestal a Campeche, siendo esta la única entidad que registraría una reducción en participaciones federales, con una variación real de 4.1 por ciento con relación al presupuesto aprobado del año pasado; además, en aportaciones federales tendría mayor disminución, equivalente a 6.5 por ciento. El gasto programable por clasificación geográfica, Campeche obtuvo el segundo mayor recorte con 28 mil 826.4 millones de pesos , lo cual además más de impactar negativamente en la consecución de los programas sociales y obras de infraestructura necesarias para incentivar el progreso de mi estado natal, contrasta con la construcción del Museo Nacional de Energía y Tecnología.

No se desconoce la trascendencia y mérito de la construcción de espacios de promoción cultural, en el ámbito de ciencia y tecnología. Sin embargo, la situación actual del país exige a las autoridades encargadas de dirigir y administrar las instituciones de gobierno priorizar los recursos con que se cuentan buscando optimizarlos, evitando su utilización en obras que aunque mediáticamente eficaces, conllevan un menoscabo en el presupuesto asignado a acciones afirmativas tendentes a combatir directa y eficazmente los problemas más inmediatos y apremiantes de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a reevaluar la pertinencia del proyecto de construcción del Museo Nacional de Energía y Tecnología, considerando en su lugar una obra de remodelación del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad más congruente con la situación prevalente en el país, canalizando los ahorros resultantes en acciones afirmativas de promoción de la ciencia y la tecnología en el ramo energético.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del Ejecutivo federal a atender las peticiones de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Ayer 23 de noviembre de 2016, las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y la Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, se reunieron con los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos.

En esta reunión fueron expresadas diversas exigencias por parte de las víctimas que no podemos ignorar como representantes populares. Entre estas demandas, los padres de familia insistieron en que la Procuraduría General de la República retome las recomendaciones emitidas por el GIEI para que, a la brevedad, sus hijos retornen a sus hogares. Es derecho de cualquier víctima, consignado en nuestro texto constitucional y en diversos ordenamientos legales, tener información respecto al proceso de investigación y es por ello que el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, debe retomar el diálogo con los padres de familia a fin de que se les informe el avance en las investigaciones, se deje de victimizarlos y se establezcan las condiciones que permitan tanto a las autoridades como a los propios padres, desarrollar y coadyuvar con este arduo proceso de investigación.

Como el Grupo Parlamentario del PRD lo ha señalado en diversas ocasiones, el deber fundamental de las legisladoras y los legisladores se encuentra en el servicio público, pero principalmente, en la atención de aquellos grupos que, por alguna razón, han visto vulnerado sus derechos. Es por ello que hemos insistido en la separación del cargo del director de la Agencia de Investigación Criminal, Omar Hamid García Harfuch, a quien las propias investigaciones han vinculado con los actores criminales de la desaparición forzada.

Hemos pedido también el cese inmediato y la investigación respecto de la actuación de Tomás Zerón de Lucio, actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y que procedan las investigaciones en contra de Jesús Murillo Karam, a quienes el propio GIEI señaló en su momento, de haber manipulado las pruebas.

Es nuestro convencimiento que nuestro deber como legisladores se encontraría comprometido de no actuar en consecuencia. Impulsamos el diálogo abierto de la sociedad y exigimos a las autoridades que garanticen el derecho a la verdad para todas y todos los mexicanos, porque la desaparición de los 43 constituye, hoy, una tragedia nacional.

Verdad y justicia.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que retome las mesas de diálogo e informe de los avances de las investigaciones a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación, que haga pública la información respecto del estado de salud de las víctimas que resultaron heridas durante los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y se les brinde la atención médica gratuita correspondiente.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación, la suspensión de las funciones de los ciudadanos Tomás Zerón de Lucio y Omar Hamid García Harfuch, en tanto se deslindan las responsabilidades correspondientes.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a sus Comisiones de Gobernación, y Justicia para que se analicen, a la brevedad, las solicitudes de juicio político en contra de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, presentadas ante la Secretaría General de esta honorable representación popular.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF a auditar al Instituto Tecnológico de La Venta, Tabasco, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García, en representación del Grupo Parlamentario de Morena ante la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 y numeral 1 fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace más de 110 días el Instituto Tecnológico de La Venta, en Tabasco se encuentra en paro de labores.

El Instituto Tecnológico se creó como una opción técnica para los jóvenes que solicitan acceso a la educación superior y se instaló en una región que cobró un gran auge económico por la explotación del petróleo y que demanda profesionales en las áreas de ingeniería y de servicios.

Los estudiantes, maestros y personal administrativo señalan al director Manrique Iván Ferrer Sánchez como responsable de múltiples irregularidades, exigen su destitución y una auditoría a los recursos financieros y a todos los apoyos otorgados por el gobierno federal. El cierre del instituto afecta a más de dos mil estudiantes y a 120 trabajadores docentes y administrativos.

La mayoría de las peticiones planteadas por los estudiantes son atendibles: reparación de aulas en mal estado, instalación de equipos de aire acondicionado, otorgamiento de becas para transporte, mantenimiento y construcción de laboratorios, renovación de los convenios con Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras empresas para realizar prácticas profesionales, construcción de un centro deportivo, afiliación de los estudiantes al IMSS.

El personal docente y administrativo ha señalado que existe retraso en el pago de los salarios a maestros, así como adeudos a los profesores de inglés y del sistema abierto. Además se han dejado de pagar los impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a diversas instituciones como el IMSS, Infonavit y Fonacot, afectando las prestaciones que reciben.

Los paristas han solicitado que la Presidencia de la República, la Secretaría de Educación Pública, el gobernador de Tabasco y la Cámara de Diputados den respuesta a sus peticiones, sin que hasta el momento hayan logrado una solución.

El conflicto se ha incrementado ante la expulsión de varios estudiantes y por el despido de profesores y trabajadores administrativos, así como por las constantes amenazas de despido contra el personal que no se ha presentado en las sedes alternas, instaladas en secundarias estatales, federales y la casa de la cultura del municipio, en donde se ha intentado mantener el control de los estudiantes y maestros.

Estudiantes y padres de familia han enfrentado actos de amedrentamiento por parte del personal de la fiscalía estatal que se ha presentado en las instalaciones del Tecnológico para tomar fotos y solicitar nombres de los paristas, haciendo referencia que el departamento jurídico del Instituto Tecnológico interpuso una demanda en su contra.

El Subsecretario de Educación Media y Superior de Tabasco en lugar de privilegiar el diálogo y de buscar soluciones ha amenazado con cerrar el Instituto Tecnológico y reubicar a los estudiantes en otras instituciones cercanas.

El prolongado conflicto ha tenido como consecuencia que las instalaciones sufran actos de vandalismo y que ladrones con pasamontañas y portando armas se hayan apoderado de computadoras y documentación.

Ante la falta de diálogo y de solución a sus demandas los estudiantes, apoyados por sus familiares y ciudadanos han tomado en varias ocasiones la carretera costera del golfo como una medida para que las autoridades estatales den respuesta a su pliego petitorio.

En diversos medios locales se ha informado que la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos investigan el desvío de cerca de 47 millones de pesos de un contrato que fue asignado al Tecnológico de La Venta en 2014, para la recolección de desechos sólidos, en donde se falsificó documentación para acreditar la realización del trabajo.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruya a la Auditoría Superior de la Federación a que audite al Instituto Tecnológico de La Venta en el estado de Tabasco.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al órgano fiscalizador del estado de Tabasco, a entregar un reporte de la situación del Instituto Tecnológico de La Venta, con la finalidad de atender las peticiones de los alumnos, profesores, personal administrativo y padres de familia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 12016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y el Instituto Nacional del Derecho de Autor a crear un programa especial dirigido a proteger y patentar las obras artesanales manuales y textiles confeccionadas por grupos étnicos reconocidos en el país, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y al Instituto Nacional del Derecho de Autor, a la creación de un programa especial, dirigido a la protección y patente de las obras artesanales manuales y textiles, confeccionadas por grupos étnicos reconocidos en el país, para que estas no sean recreadas sin autorización del o los artesanos que las crean, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 existían 494 municipios donde más de 40 por ciento de sus habitantes eran hablantes de lengua indígena, siendo Oaxaca el estado con mayor número de municipios, 245.1

Estos municipios son caracterizados por sus artesanías manuales y textiles, principalmente representando los símbolos y colores que identifican sus costumbres o tradiciones folclóricas, llenas de alegría y mucha historia.

Estos artesanos indígenas que crean bellas obras en textil y bordado, así como gran variedad de productos y materiales que son tradicionales en cada región del país, son motivo de orgullo para todos los mexicanos. Es parte de nuestra riqueza cultural el visitar alguna de estas regiones y encontrar locales o establecimientos que exhiben algunos artículos diseñados y confeccionados por los propios artesanos y bordadores.

Estas creaciones son tradiciones que por generaciones se han tratado de fomentar entre artesanos y manufactureros de las diferentes regiones y pueblos que tenemos en el país; es muy triste y desalentador que personas ajenas a estos, se lleven el trabajo que con esfuerzo y ardua labor logran crear.

Resulta injusto tanto para los artesanos como manufactureros, perder la marca o patente de sus creaciones hermosas y únicas, por la mala fe de unos cuantos que busquen llevarse consigo diseños que en un futuro planeen o quieran hacer suyos vendiéndolos, y sobre todo querer cobrar por su reproducción a nuestros hermanos artesanos.

No basta con hacer publicidad y mercadotecnia, tener apoyo económico o crear programas que buscan solo eso, también es necesario hacer acciones que hagan más mexicanos los productos y mercancías que encontramos en estos pueblos y que con esfuerzo y mucha paciencia llegan a realizar, es necesario registrar y proteger dichos productos, de lo contrario estaríamos acabando con tradiciones y trabajos familiares que por décadas se han mantenido.

Brindar asesoría legal a las comunidades de todo México, con la finalidad de defender los textiles y artesanías producidas y confeccionadas por nuestros artesanos, para preservar y proteger nuestra cultura, patrimonio y la identidad de las grandes comunidades que por siglos hemos compartido y heredado es una necesidad fundamental.2

Implementar un programa fijo y formal que llegue a todas las comunidades y pueblos de nuestro país, y se convierta en aliado de nuestros artesanos, brindándoles asesoría e impulsándolos a patentar y registrar sus diseños, protegiendo así la reproducción de su trabajo, es una medida que urge adoptar para apoyar su trabajo y conservar nuestras tradiciones que son expresadas a través de sus diseños.

Considerandos

El fondo nacional para el fomento de las artesanías (Fonart), ha creado programas para impulsar la asistencia técnica, producción y comercialización, a través de concurso y con la finalidad de dar un incentivó monetario y que sus diseños sean públicos y conocidos en exposiciones, ferias o museos, entre otros.3

Una publicación echa por el Fonart, muestra los principales estados y sus diseños que solo ellos llevan a cabo en el país, como en los estados de Chiapas, México, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz.4

Debemos sentirnos orgullosos y hacer valer el derecho que se necesita para cuidar parte del patrimonio cultural que se tiene por parte de nuestros artesanos y manufactureros en todo México y no dejarlo pasar para que otros quieran robar o llevarse algo que nuestros ancestros lograron y que es reconocido hoy en día a nivel mundial.

El año pasado, la diseñadora de modas francesa Isabel Marant y la empresa Antik Batik, hicieron uso de uno de los diseños que por décadas han realizado las y los bordadores de la comunidad mixe, en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.5

En sentido opuesto, y de manera legal, un grupo de mexicanas han impulsado una empresa con el fin de difundir los tipos de bordados y textiles que confeccionan en comunidades chiapanecas, así como su técnica y colorido, exportándolos a Europa, pero recibiendo un pago justo por su trabajo, de esta manera las mujeres maquileras y diseñadoras de estas comunidades son productivas y no descuidan a su familia y contribuyen a la economía de su familia y de la comunidad en general.6

Punto de acuerdo

Único: Se exhorta al titular del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, para que en conjunto con el Instituto Nacional del Derecho de Autor, creen y pongan en práctica un programa permanente, dirigido a la protección y patente de las obras artesanales manuales y textiles, confeccionadas por grupos étnicos reconocidos en el país, para que estas no sean recreadas sin autorización del o los artesanos que las crean.

Notas

1 “Hacia la inclusión de pueblos indígenas en México”. CONACYT agenda informativa. Felipe Sánchez Banda. 17 de octubre del 2016. http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/1097 5-hacia-la-inclusion-de-pueblos-indigenas-en-mexico

2 “SEP brinda asesoría legal a artesanos para preservar su patrimonio, cultura e identidad”. MugsNoticias. 25 de diciembre de 2015. http://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/sep-brinda-asesoria-leg al-a-artesanos-para-preservar-su-patrimonio-cultura-e-identidad/

3 “Apoyos para la promoción artesanal en ferias y exposiciones”. Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanía. 28 de enero de 2016. https://www.fonart.gob.mx/web/index.php/programas-sociales/apoyos-a-la- comercializacion

4 “Exposición en Homenaje al Rebozo, parte y tradición”. Fonart. 2015. https://www.fonart.gob.mx/galeria/cehr_2015/

5 “Empresa francesa inicia juicio para despojar de vestimenta indígena a los mixes ”. Desinformémonos. 20 de noviembre de 2015. https://desinformemonos.org/empresa-francesa-inicia-juicio-para-despoja r-de-vestimenta-indigena-a-los-mixes/

6 “Bordados artesanales de alta moda”. El Financiero. Ana Valle. 8 de septiembre de 2015. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/bordados-artesanales-de-alta-mo da.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP en materia de derechos humanos de mujeres y niñas, y a promover por el lenguaje incluyente el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito educativo, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Karina Padilla Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Indudablemente es de apreciarse lo mucho que se ha avanzado en el tema de la igualdad sustantiva (nota 1) , gracias al compromiso y esfuerzo de hombres y mujeres, legisladores, gobernantes, educadores, etc., quienes hemos impulsado dichas mejoras, convencidos de que nuestras diferencias físicas nos complementan.

Sin embargo, también es menester reconocer que debemos seguir trabajando de la mano con los ciudadanos y con los otros poderes de la Unión, para juntos continuar enriqueciendo la legislación y las políticas públicas, y así modificar las circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos y acceder a las oportunidades de empleo, educación, salud, participación política, etcétera.

Por lo anterior, resulta doblemente relevante que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) incluya entre las 3 estrategias transversales la perspectiva de Género , que considera justamente a la igualdad sustantiva como un punto nodal para avanzar en el desarrollo. Ello se ve reflejado tanto en la Visión General del PND, como en las Metas Nacionales para avanzar por un México en Paz, Incluyente y con Educación de Calidad; estamos seguros de que todo ello incidirá también en un México Próspero y con Responsabilidad Global.

Precisamente en el PND 2013-2018 , en la meta nacional México con Educación de Calidad, apartado III.2. Plan de acción: articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más justa y próspera, se señala: “La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres deberá verse reflejada en la educación, la cultura, el deporte, y en las especialidades técnicas y científicas... Asimismo, se propiciará que la igualdad de género permee en los planes de estudio de todos los niveles de educación, para resaltar la relevancia desde una temprana edad.”

Asimismo, en el artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), se establece el compromiso de “VI. Capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y las niñas”; así como de “VII. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres; ”...

En tanto que en la fracción X del artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se señala:

“Artículo 17. La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a logra la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural.

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes lineamientos:

...

X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de los derechos y de la igualdad entre mujeres y hombres , así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres ;

...”

Ya que al cumplir con tales preceptos, trabajando de la mano con la sociedad, se logrará avanzar en pro de un México más incluyente, además se abonará a la lucha por la erradicación de la discriminación de género.

En el mismo tenor, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) coincide en que “el uso del lenguaje sexista no puede ser intrascendente, pues mientras se utilice no podremos conformar una sociedad igualitaria”. Lo cual refrendan al publicar el Manual para el uso no sexista del lenguaje. Lo que bien se dice... bien se entiende, (México, 2011).

En dicho documento se enfatiza que el lenguaje “puede ser un instrumento de cambio, de transferencia de conocimiento y cultura”, pero al mismo tiempo puede representar “una de las expresiones más importantes de desigualdad, ya que manifiesta por medio de la palabra la forma de pensar de la sociedad y cómo en ésta se invisibiliza toda forma femenina”.

Porque el lenguaje tiene el inmenso poder de contribuir a crear y fomentar la discriminación ejercida desde hace siglos contra las mujeres; pero también mediante el uso adecuado del lenguaje puede impulsarse la apreciación (valoración) de hombres y mujeres por igual.

En tanto que la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en un amplio estudio sobre la igualdad de género en la Educación Básica señala:

“Modificar los mensajes sobre las diferencias entre los sexos que emite la sociedad en general u oponerse a ellos. Es necesario reforzar y respaldar los programas de formación de los padres mediante mensajes y programas en un plano social más amplio, para que se produzcan cambios de importancia en las actitudes y las expectativas ... (ya que) hoy día, hay manuales de lectura de enseñanza primaria que describen de manera sesgada tanto a los niños y hombres como a las niñas y mujeres (Robinson, 1995)”.

“El documento establece (entre las estrategias propuestas más destacadas) que para lograr la igualdad de género en la educación básica de mujeres se requiere crear vínculos estratégicos especiales con programas de reducción de la pobreza y con actividades generadoras de ingresos, o bien vínculos entre la educación y la preparación para el empleo. Adicionalmente... es de reconocerse que las reformas educacionales han dado paso a iniciativas nuevas. Entre éstas se cuentan, por nombrar sólo algunas, desarrollos y reformas curriculares, uso de lenguaje no sexista en los textos escolares, educación sexual, y capacitación docente en materia de género ... (pp. 56 y 60)” (nota 2 ).

Precisamente, en este tenor es que también consideramos de suma importancia el promover el uso de un lenguaje no sexista, apoyándonos en el material didáctico que se proporciona a los niños y niñas en la escuela, a fin de impulsar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres a través de las palabras.

Porque estoy convencida de que la violencia y la discriminación comienzan en las palabras, pero de igual forma en las palabras puede estar la semilla del respeto por los otros. De nosotros depende elegir el tipo de semilla que pondremos en nuestros estudiantes, para cultivarlos tanto en la escuela como en la casa y en la sociedad misma, para así fortalecernos a través de las palabras, del lenguaje cotidiano que nos dignifica y une.

Asimismo, las palabras nos pueden debilitar o fortalecer; lo que decimos, cómo lo decimos nos refleja y define a la vez. El significado va más allá de la definición porque las palabras se van cargando o enriqueciendo en el camino de nuestra existencia. Lo que vivimos, lo que pensamos va empapando de historia, de contexto y de un nuevo peso lo que expresamos.

Las palabras que usamos al expresarnos son el reflejo de nuestra vida y como la vivimos. Así que para seguir impulsando el respeto a los derechos humanos de todos es necesario promover las palabras y mensajes que nos humanizan, fortalecen, unen y hacen crecer como sociedad.

De ahí la relevancia de una acción tan sencilla como promover el uso de un lenguaje no sexista, más respetuoso, más incluyente y que nos dignifique cotidianamente.

Por todo lo anterior, invitó a todos y todas a sumarnos para combatir juntos la violencia verbal, esforzarnos más por no repetir insultos ni palabras que degradan, para seguir avanzando en la tarea de erradicar los estereotipos que encasillan a las mujeres como: tontas, lloronas, inútiles o sin capacidad, entre muchos otros; para motivarnos a continuar caminando hacia esa sociedad de respeto y solidaridad, en la que todos y todas podemos tener las mismas oportunidades de crecer.

Y no olvidemos que así como la violencia comienza en las palabras, también en las palabras inicia el cambio hacia la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que en la elaboración de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos utilice un lenguaje incluyente; a reforzar las acciones de capacitación al personal docente en materia de derechos humanos de mujeres y niñas y; a incorporar esta perspectiva en los programas educativos de todos los niveles, a fin de promover el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres, tal como se establece en las fracciones VI y VII del artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Notas

1. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): “La igualdad sustantiva es la igualdad de hecho o material por oposición a la igualdad de derecho o formal. Supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública.” (http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?article46)

2.- “Igualdad de Género en la Educación Básica de América Latina y El Caribe (Estado del Arte)”, Publicación Unesco, 2001, Santiago de Chile.

Otras fuentes:

1.- Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje (UNESCO) consultado en la dirección web:
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf

2.- Pérez Cervera, María Julia, Manual para el uso no sexista del lenguaje. Lo que bien se dice... bien se entiende , editado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, SC, marzo 2011. Consultado en:

http://www.ciidet.edu.mx/ciidet/documentos/meg/MANUAL_US ONOSEXISTA.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre del 2016.

Diputada Karina Padilla Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir la información sobre los obsequios recibidos en su mandato; y a la SFP, a investigar la legalidad de éstos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 88, queda señalado que “durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí [...] que determinen conflicto de intereses”.

Ello corresponde también a cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales estén directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate.

Siguiendo lo anterior “se castigará como cohecho las conductas de los servidores públicos que violen lo dispuesto en este artículo y serán sancionados en términos de la legislación penal”. Como complemento del artículo anterior, se advierte en el 89 que cuando un servidor público reciba obsequios, donativos o beneficios cuyo monto sea superior al que en él se establece o sean de los estrictamente prohibidos, deberán informar de ello a la autoridad que la Secretaría de la Función Pública (SFP) determine.

Pese a la normativa vigente y a todos los esfuerzos legislativos en materia de transparencia y anticorrupción, a Los Pinos han ingresado más de mil obsequios dirigidos al actual titular del Ejecutivo sin que se conozcan las razones de por qué fueron enviados, cuál ha sido su costo ni por qué fueron recibidos. Con información hemerográfica, el pasado 7 de noviembre del año en curso, fue dado a conocer a la opinión pública, mediante una petición al Comité de Información de la Presidencia de la República, los regalos que ha recibido el presidente Enrique Peña Nieto, en sus casi cuatro años de gobierno.

De acuerdo con el comunicado, entre las personalidades que destacan por haber regalado algún presente, se encuentran Javier Duarte, gobernador de Veracruz con licencia y César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, ambos acusados de presuntos actos de corrupción. En la lista también aparecen Rosario Robles Berlanga, cuando era secretaria de Desarrollo Social y Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador de Puebla, entre otras personalidades.

El presidente de México no tiene prohibido recibir regalos, pero conforme a la misma Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos “no se considerarán los que reciba el servidor público en una o más ocasiones, de una misma persona física o moral de las mencionadas [...], durante un año, cuando el valor acumulado durante ese año no sea superior a diez veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de su recepción.”

Anudado esto, sorprende que la respuesta solicitada sobre el costo de los presentes dados a Peña Nieto, haya sido omitida sin dejar claro nada. Según el acta CI/PR/2SO/2015, el Comité de Información de la Presidencia de la República declaró inexistente el valor de los regalos u obsequios. Lo que deja a incertidumbre si dichos regalos cumplen los preceptos que señalan la ley o no.

Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz, aparece entre los que más le han regalado cosas a Peña Nieto junto con César Duarte, ex gobernador de Chihuahua.

El cumpleaños de Peña Nieto también ha sido motivo de la recepción de varios regalos que han sido enviados a la residencia oficial de Los Pinos; es el caso del festejo número 50, sorpresa organizada por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, allegada consuetudinaria de Los Pinos.

El diario Milenio constató en 2014, mediante una solicitud a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, los regalos que el mandatario hasta ese entonces había recibido desde su entrada a Los Pinos, con un total de 546 obsequios entre diciembre de 2012 y enero de 2014. Todos sin la misma especificación: su costo.

De acuerdo con información de la solicitud 0210000002014 entregada por la Oficina de Trasparencia de la Presidencia de la Republica, sólo dos regalos, en ese entonces, se devolvieron: una botella de whisky y una de coñac.

Los medios de comunicación se han encargado también de dar a conocer que el valor de los regalos recibidos en Los Pinos, en los sexenios de los presidentes Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), tampoco fue registrado.

Tan sólo con Felipe Calderón, los presentes ascendieron a más de tres mil, entre los cuales se encuentra un arcón navideño de tres pisos con 30 botellas de tequila, vino blanco, whisky y ron, enviado a la dependencia por el entonces diputado Benjamín González Roaro, el 20 de diciembre de 2007.

Los regalos recibidos por Felipe Calderón abarcan 191 hojas tamaño carta, según respondió la Presidencia a la solicitud 0210000015113; pero en cuanto a su valor por unidad y en conjunto, no respondió. “El costo de ninguno de los regalos recibidos fue calculado, por lo que no se cuenta con dicho dato...”, expuso Presidencia respecto a todos los obsequios que recibió Felipe Calderón cuando fue primer mandatario.

En su respuesta, la Presidencia dejó claro que de tres mil 506 regalos regresó 55 a la Secretaría de la Función Pública por considerar que su precio superaba el costo permitido por el marco normativo vigente; es decir 10 salarios mínimos (en ese momento, 2011, la cantidad era de 598 pesos).

En el caso del ex presidente Vicente Fox, se negó a brindar el valor de sus regalos y bajo su cargo clasificó como “confidenciales” los nombres de quienes se los dieron amparados en un criterio de protección de datos personales, frente a la solicitud 0210000035805, realizada a mediados de 2005.

La responsabilidad del servidor público es ser una persona orientada por el deseo de entender, servir y atender las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, poniendo a disposición de la nación sus capacidades. Debe tener claro su rol como servidor y anteponer los máximos fines del estado a cualquier propósito o interés particular. En este mismo sentido, el principio de la transparencia y rendición de cuentas debe regir en todo momento el ejercicio de la función pública en todos sus niveles.

Por lo señalado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a hacer pública la información sobre cada uno de los regalos, donaciones y cualquier obsequio que haya recibido desde el principio de su mandato hasta este momento, así como nombre de quien lo haya enviado y costo total, o una valuación aproximada del mismo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Función Pública para vigilar el desempeño de los servidores públicos federales, e investigar la legalidad de los regalos, donaciones y cualquier obsequio que haya recibido el titular del Poder Ejecutivo federal desde el principio de su mandato hasta este momento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a modificar su “verdad histórica” y dejar de considerar oficialmente que los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa atacados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fueron incinerados en el basurero de Cocula, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Los abajo firmantes, en nuestra calidad de diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, fueron atacados los estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, cuando realizaban una “toma” de autobuses y un “boteo” para juntar recursos para trasladarse el día 2 de octubre a la Ciudad de México, para la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

Durante el ataque 43 jóvenes estudiantes fueron desaparecidos de manera forzada y a la fecha continúan en calidad de desparecidos, fueron asesinadas 6 personas, 3 estudiantes de la normal y 3 más del equipo de segunda división “Los Avispones”, 17 alumnos resultaron lesionados, y además sufrieron violación a los derechos humanos más de 100 personas.

Segunda. El 18 de noviembre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos oficializó un acuerdo de cooperación técnica con el Estado Mexicano sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, a quienes consideró víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014.

El mismo18 noviembre, 2014, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, Pérez calificó el caso Ayotzinapa como “una desaparición forzada” , al ser evidente la participación de servidores públicos del ayuntamiento de Iguala.

Tercera. En la consignación de la Procuraduría General de la República presentó como indicios los testimonios de presuntos criminales que afirman haber participado en la ejecución e incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y en el posterior traslado de sus restos y cenizas al Río San Juan. A partir de ahí el Ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, pasaría a denominar como “verdad histórica” el hecho que los estudiantes habían sido incinerados. En el susodicho basurero del municipio de Cocula.

A la fecha, 120 políticos locales, policías, presuntos narcotraficantes y “halcones” han sido encarcelados por el caso Iguala, pero la Procuraduría no ha tenido éxito para fincar la desaparición forzada a ninguno de los inculpados.

Especialistas de la Universidad de Innsbruck, en Austria, solo han identificado a Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio a partir del análisis de los restos recabados en el Río San Juan, en Cocula, cuya cadena de custodia ha sido cuestionada.

Cuarta. En el ámbito doctrinal podemos sostener que la desaparición forzada de personas tiene la siguiente connotación:

“... la característica distintiva de la desaparición forzada de personas, y de la que se deriva su extrema gravedad, es que en este caso el estado no sólo priva de la libertad e incluso con frecuencia de la vida a una persona, sino que lo hace en forma clandestina, sin dejar rastro alguno, ni de la persona ni de su suerte. Y, lo más importante, sin que exista una posibilidad real de siquiera demostrar que la persona está efectivamente desaparecida. Este es un delito específicamente diseñado para anular la protección de la ley y de las instituciones y para dejar a las víctimas en absoluto estado de indefensión”.

La preocupación por la desaparición forzada de personas en el mundo ha llevado al pronunciamiento de países, regiones y continentes en contra de este flagelo. Lo que a su vez ha contribuido la creación e implementación de políticas, instrumentos jurídicos, nacionales, regionales o internacionales, que prevengan combatan y sancionen este flagelo.

En este sentido, en una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que: “la desaparición forzada de personas constituye un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que caracterizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal”.1

Una de las primeras evidencias acerca de la mención del delito de Desaparición Forzada de Personas dentro de una resolución importante de un organismo mundial, lo constituyó la resolución 33/173 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Mediante esa resolución del 20 de diciembre de 1978, las Naciones Unidas declararían su profunda preocupación por los informes provenientes de diversas partes del mundo en relación a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas.

Según la resolución, los miembros de la Asamblea, conmovidos por la angustia y el pesar causados por esas desapariciones, solicitaban a los gobiernos que garantizaran que las autoridades u organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y de mantener la seguridad interna en los estados, tuvieran responsabilidad jurídica por los excesos que condujeran a desapariciones forzadas o involuntarias.

A esta resolución seguirían otras que tenían un fin parecido.

Este es el caso del anexo de la resolución 43/173, del 9 de diciembre de 1988, en donde se establecía lo que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas llamó Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y el anexo de la resolución 1989/65, del 24 de mayo de 1989, con la cual el Consejo Económico y Social formuló los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias , que sería aprobado por la Asamblea General en su resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989.

A pesar de estas y otras resoluciones parecidas, lejos de disminuir, aumentaba cada año a nivel mundial el número de desapariciones forzadas.

Esto llevó a que las Naciones Unidas aprobaran el 18 de diciembre de 1992 la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En la parte considerativa de esta declaración la Asamblea General indicaba su profunda preocupación por el hecho de que en muchos países, y con frecuencia de forma persistente, se producía este tipo de delitos, sin que tales conductas tuviesen su correspondiente sanción legal. La misma organización reconocía, que si bien los actos que contribuían a las desapariciones forzadas constituían una violación de las prohibiciones que figuraban en los instrumentos y resoluciones internacionales ya mencionados, fue necesario elaborar una declaración que hiciera que todos los actos de desapariciones forzadas se consideraran delitos de extrema gravedad y se establecieran normas destinadas a prevenirlos.2

En la Resolución 47/133, que contiene la referida Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 18 de diciembre de 1992 de la Organización de Naciones Unidas, la Asamblea General se declara:

“Profundamente preocupada por el hecho de que en muchos países, con frecuencia de manera persistente, se produzcan desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.”

Y se considera que “las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad .”

A nivel del Continente Americano, la primera manifestación importante de una organización regional sobre el tema concreto de las desapariciones forzadas, se produjo en 1974 cuando la Organización de Estados Americanos se pronunció con relación a los desaparecidos en Chile.

En noviembre de 1982, el Congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam), elaboró un proyecto titulado Convención sobre Desaparecimiento Forzado. Se esperaba que con la adopción de ese proyecto se pudiera prevenir en el continente la comisión del delito y se contribuyera a la recuperación de los valores sociales y humanos afectados con las dictaduras militares que azotaron a Latinoamérica en la década de los sesenta y setenta. Sin embargo, la promoción internacional de la convención resultó infructuosa, ya que no fue adoptada por ninguna organización regional o mundial.

Un año después, en 1983, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, dio un paso adelante en el camino hacia la regulación de las desapariciones forzadas, al aprobar la resolución 666 (XIII - 083). En el artículo 4 de la misma se acordaba “Declarar que la práctica de la Desaparición Forzada de Personas en América es una afrenta a la conciencia del hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad ”.

Finalmente, tal como lo hicieron las Naciones Unidas con la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Organización de Estados Americanos también crearon un instrumento internacional destinado especialmente a prevenir, sancionar y suprimir este delito en el hemisferio. Fue así como el 9 de junio de 1994, en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, la Asamblea General de esa organización regional adoptó la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas. Esta convención fue aprobada en virtud de un proyecto presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que venía siendo discutido desde 1987.

En el preámbulo de la Convención se señala que la subsistencia en el continente de las desapariciones forzadas era innegable y que su práctica de forma sistemática constituía un crimen de lesa humanidad. También se le considera una “grave ofensa a la naturaleza, odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la carta de la organización”.3

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, indica que para efectos de esta convención:

“Se considera desaparición forzada, la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del estado o por personas o por grupos de personas, que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Tanto la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas, como la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, de la Organización de Estados Americanos, constituyen los instrumentos internacionales más importantes, vigentes hasta el presente. En ambos se define de forma clara y precisa lo que debe entenderse por este delito y cuáles son los elementos y características que deben reunirse para que el mismo exista.

Estatuto de la Corte Penal Internacional, elaborado en la ciudad de Roma en 1998 es el instrumento jurídico internacional más reciente sobre el particular. Para el 20 de diciembre del 2000 dicho estatuto ya había sido aprobado por 123 países de la comunidad internacional.4

Lo que resulta de mayor interés para el caso, es que este delito está expresamente regulado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y en los demás documentos que conformarían el cuerpo legal de ese organismo., específicamente el documento relativo a los “Elementos de los Crímenes” que hace mención a los supuestos que deben existir para su configuración jurídica.

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 20 de diciembre de 2006, en la que se indica que para efectos de dicha convención: “se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del estado, o por personas o grupos de personas, que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Hasta hoy, cuando se hablaba de desaparición forzada de personas, no se pensaba en México como un lugar donde ocurrirá este ilícito, mucho menos a gran escala.

Sin embargo la tragedia ocurrida en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde 43 estudiantes de la Escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desparecidos, actuó como detonador para que el tema de las desapariciones forzadas en México se plantee como un asunto de interés nacional y prioritario para el país. Un asunto sobre el que toda la sociedad reclama justicia y fin a la impunidad.

Quinta. Considerando que el artículo primero constitucional establece la obligación de todas las autoridades, incluida por supuesto esta Cámara de Diputados, de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Para ello, la Procuraduría General de la República, dentro de su ámbito de competencia, se encuentra obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de tal forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado.

Es menester señalar que las indagatorias continúan abiertas por las autoridades competentes. Tan es así que el 18 de febrero de 2016, en reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, se presentaron los avances obtenidos en los tres meses de la segunda etapa de investigación, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos solicitaron que institución lleve a cabo 140 diligencias como parte de la investigación del caso Iguala, y que complementa y refuerzan a las presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Por su parte la dependencia informó, comunicado 253/16,5 que la “indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes normalistas está abierta y se desarrolla contando, de manera estrecha, con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinaria de expertos Independientes (GIEI) para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables a través del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal”.

La Procuraduría General de la República, está obligada Constitucional y legalmente a ejercer sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos. Conforme lo establecido en el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que modifique su llamada “verdad histórica” y de manera oficial deje de considerar que los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, atacados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Notas

1 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Resolución AG/RES-666 (XIII - 0/83), aprobada en la sesión plenaria del 18 de noviembre de 1983.

2 Resolución 47/133 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, 18 de diciembre de 1992, Parte Considerativa.

3 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1.994, Preámbulo.

4 www.derechos.org/nizkor/impu/tpi

5 Procuraduría General de la República Comunicado 253/16

http://www.gob.mx/pfr/prensa/pgr-la-investigación-sobre -la-desaprición-de-los-normalistas-continua-comunicado-253-16

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a implantar campañas de información para prevenir problemas de ceguera irreversible provocada por la enfermedad del glaucoma, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad del glaucoma se considera una de las principales causas de ceguera irreversible en México, que existe junto a las cataratas.

El glaucoma se define como:

“Una enfermedad de los ojos en la que se van perdiendo las fibras que conforman el nervio óptico, provocando cambios en el campo visual”.1

Es decir que el glaucoma se produce cuando la presión ocular es muy elevada, y este trastorno destruye los glóbulos oculares y esto afecta al nervio óptico, produciendo la perdida visual periódicamente.

El coordinador de la Clínica del Glaucoma de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) Alejandro Martínez, señala que la enfermedad del glaucoma puede afectar a 10 por ciento de la población en México, tomando en cuenta que este índice está incrementando rápidamente, el cual las personas de la tercera edad y los niños recién nacidos son los más propensos a padecerlo.

De acuerdo a un estudio realizado por el Colegio Mexicano del Glaucoma, esta enfermedad está presente en la República Mexicana con 8.8 por ciento de la población, tendiendo un alto número de padecimientos en los estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Nuevo León.

El medico Juan Ignacio Babayan Mena, considerado uno de los especialistas más reconocidos en el tema de este país, expuso que: “En México existen 765 mil médicos, de los cuales sólo 4 mil 500 son oftalmólogos que atienden este padecimiento de salud pública, el cual esto quiere decir que solo hay un especialista en glaucoma por cada 25 mil 110 personas.

Y a esto se le suma que 42 por ciento de la población mexicana no tiene acceso a los servicios de salud, y el Seguro Popular no cubre el glaucoma, ya que esta enfermedad requiere de un tratamiento muy costoso”.2

Nos damos cuenta que esta enfermedad no tiene la importancia que debería de tener por parte de los sectores de salud, y a causa de ello la población desconoce esta enfermedad y no llevan a cabo las medidas y tratamientos adecuados, para evitar que se desarrolle la enfermedad.

“La OMS calculó en el año 2000 que había 66.8 millones de personas con glaucoma, cifra que 12 años después subió a 95.1 millones de padecimientos, y en la actualidad oscila en los 99 millones de casos.

De las cifras dadas a conocer, señaló que hace cuatro años existían 45 millones de personas ciegas a causa del glaucoma, cataratas o retinopatía diabética, en México.

No obstante, 80 por ciento de esos casos pudo haberse prevenido y curado”.3

Dado esto nos damos cuenta que esta enfermedad requiere de difusión de información a la población con la finalidad de que implementen las medidas necesarias para evitar que se siga desarrollando.

Las razones por la cuales se pide la difusión de información a la población de la existencia de esta enfermedad del glaucoma son las siguientes:

1. El glaucoma puede producir la ceguera si no recibe el tratamiento adecuado.

2. El glaucoma no tiene cura y no es posible recuperar la visión perdida.

3. No existe una edad específica para que se desarrolle el glaucoma, aunque se considera que los más propensos a desarrollar esta enfermedad son los recién nacidos y las personas mayores de 55 años de edad.

4. Esta enfermedad no desarrolla ningún síntoma, con el cual se pueda diagnosticar.

Es importante que la población esté informada sobre la importancia de esta enfermedad, que se realicen los estudios necesarios para evitarla, y en caso de que esté presente se atienda de manera inmediata ejecutando los tratamientos necesarios para que la enfermedad no culmine y llegue hasta la perdida visual definitiva.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que implemente campañas de información para prevenir los problemas de ceguera irreversible provocados por la enfermedad del glaucoma.

Notas

1 Universidad Autónoma de Nuevo León. 13/Marzo/2016. http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=577801&idFC=2016

2 Portal Iberoamericano de Marketing Farmacéutico (PMFARMA). http://www.pmfarma.com.mx/noticias/7777-el-glaucoma-primera-causa-de-ce guera-en-mexico-con-1.2-millones-de-casos.html

3 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a instruir a la Conavim para que difunda información sobre la segunda reunión sostenida a fin de conocer los avances del seguimiento de los casos de tortura sexual en México, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que instruya a la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), a que haga pública la información referente a la segunda reunión que ha llevado a cabo con el fin de conocer cuáles son los avances reales del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El informe de Amnistía Internacional México Sobreviviendo a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México , revela la más brutal realidad de la tortura hacia las mujeres en nuestro país.

II. Según revela su investigación, 100 mujeres recluidas en prisiones federales contaron haber sufrido tortura u otros malos tratos afirmando haber sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o e miembros del ejército y la marina. “Según su relato, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.”1

III. “Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones”. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones.

IV. “Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios.”2

V. En dicho Informe, Amnistía Internacional narra las historias sobre estas mujeres que sufrieron abusos que van desde tocamientos, manoseos hasta violaciones, así como golpes, palizas y descargas eléctricas durante su arresto e interrogatorio. Resaltan el nivel socioeconómico de la mayoría, ya que proceden de zonas de ingresos muy bajos, lo que hace casi imposible que puedan defenderse debidamente.

VI. “Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.”3

VII. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ministerios públicos y tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura por funcionarios públicos. Las denuncias de tortura y otros malos tratos a menudo no se investigan, y es incluso más excepcional que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia.

VIII. Hay casos de mujeres que llevan ya varios años en prisión, sin sentencia, después de detenciones arbitrarias y confesiones que fueron obtenidas a través de tortura y violencia física y sexual.

IX. Amnistía Internacional denuncia que las autoridades les han negado acceso a información relevante acerca de estos casos y su investigación. “La Secretaría de Gobernación (SEGOB) impidió a la delegación de Amnistía Internacional el acceso a un gran número de mujeres bajo custodia y, en algunas ocasiones, la entrada en un centro penitenciario. Además, representantes del Ejército y la Marina rechazaron las solicitudes de Amnistía Internacional para tener reuniones.”4

X. Este es un tema que ha llamado la atención de organismos nacionales e internacionales, y en México ha ido en crecimiento y con casos alarmantes, este Informe sólo releva crudamente la realidad de cientos de mujeres en nuestro país que siguen sufriendo torturas, y lo más grave, están encerradas en alguna cárcel del territorio mexicano sin haber cometido ningún delito, y que después de años aún no les resuelven su situación legal.

XI. México cuenta con un organismo descentralizado encargado de realizar una defensa no jurisdiccional de los derechos humanos de la población, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y “como resultado de un compromiso adquirido por el Estado mexicano en la audiencia temática sobre tortura sexual en México, en 2015, a solicitud de las organizaciones Asociadas por lo Justo (JASS), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se estableció el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra mujeres.”5

XII. El Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual fue instalado formalmente el 9 de septiembre de 2015, iniciando con el análisis de sus primeros casos. “El Mecanismo está integrado por la Conavim, como coordinadora; por la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Segob; la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y por las organizaciones solicitantes de la audiencia temática. El Mecanismo tiene como principales objetivos: 1. Revisar casos de mujeres denunciantes de tortura sexual, comenzando con los casos contemplados en la campaña “Rompiendo el silencio: Todas juntas contra la tortura sexual” y, prioritariamente, aquellos casos de mujeres que se encuentran en reclusión, como Yecenia Armenta (Sinaloa), Cristel Piña Jasso (Chihuahua) y Verónica Razo (Federal). 2. Emitir un dictamen conjunto con recomendaciones sobre cada uno de los casos revisados, el cual tendrá el objetivo de abonar a la aplicación de los más altos estándares internacionales de derechos humanos en cada caso y ofrecer asistencia técnica para avanzar en la investigación de la tortura sexual. 3. Conformar políticas públicas dirigidas a la prevención y combate de la tortura sexual, con el fin de que esta práctica sea erradicada.”6

XIII. En octubre pasado se llevó a cabo una segunda reunión formal de la Conavim, para dar seguimiento y atender al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra mujeres, sin embargo, aún no sabemos a ciencia cierta cuáles son los avances y que ha pasado con los casos que tomaron como prioritarios.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que instruya a la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a que haga pública la información referente a la segunda reunión que ha llevado a cabo con el fin de conocer cuáles son los avances reales del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual en México.

Notas

1 Amnistía Internacional México, “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” Informe. Junio de 2016. México.

2 Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Conferencia de Prensa “Presentación Informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” Informe. 28 de junio de 2016.

3 “La tortura en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. México, Noviembre, 2015.

4 Ibídem. Página 6.

5 Conavim, Informe de Actividades 2015, Segob.

6 Conavim, Informe de Actividades 2015, Segob.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre del 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de detección de casos de niños con trastorno del espectro autista, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud del gobierno de la República, a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de detección de casos de niños y niñas con trastorno del espectro autista. Asimismo, exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud del gobierno de la República, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, nacional, y a los 32 Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia y las 32 Secretarías de Salud de las entidades federativas para redoblar los esfuerzos orientados a informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con trastorno del espectro autista, sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento, con base en las siguientes

Consideraciones

El autismo implica una serie de “trastornos del desarrollo cerebral, a los que se llama colectivamente el trastorno del espectro autista (TEA). El término “espectro” se refiere la amplia gama de síntomas, habilidades y niveles de deterioro o discapacidad que pueden tener los niños con el TEA”.1

Estos trastornos pueden presentarse de los 0 a los 24 meses y se pueden catalogar de la siguiente manera:2

– El trastorno autista (autismo clásico)

– El trastorno de Asperger (síndrome de Asperger o autismo leve)

• Cuestionario de exploración del espectro autista (ASSQ, por sus siglas en inglés); Escala australiana para el síndrome de Asperger (ASAS, por sus siglas en inglés), Test infantil del síndrome de Asperger (CAST, por sus siglas en inglés).

– El trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TGD-NE)

– El trastorno de Rett (síndrome de Rett)

• Afecta más a niñas, se desarrolla entre los 6 y 18 meses

• Dificultades de coordinación, movimiento y habla

– El trastorno desintegrativo infantil (CDD, por sus siglas en inglés)

Puede aparecer hasta los 2 años. Los niños (as) con el CDD experimentan pérdida obvia, amplia y grave de habilidades motoras, del lenguaje y sociales obtenidas previamente.10 La pérdida de dichas habilidades como el vocabulario es más seria en el CDD que en el autismo clásico.11 Otros síntomas del CDD incluyen la pérdida de control del intestino y la vejiga.

La Secretaría de Salud del Gobierno de la República, ha difundido que entre los síntomas para la detección de este tipo de condiciones, están las siguientes:3

Indica necesidades llevando la mano de otros.

Ríe sin motivo.

Llanto, patalea tristeza sin causa aparente.

Parece sordo.

No hace contacto visual.

No tiene lenguaje y si lo tiene presenta alteraciones.

Dificultad para relacionarse con otras personas.

Hiperactivo o muy pasivo.

Apego inusual a los objetos.

Conductas motoras repetitivas.

Aparente insensibilidad al dolor.

No siente temor ante peligros reales.

Resistencia a los cambios.

En nuestro país, estimaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón De la Fuente”, señalan que hay aproximadamente 94 mil 800 niños entre cero y cuatro años de edad y 298 mil entre 5 y 19 años con trastorno del espectro autista.4

Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de las instituciones para coordinarse en la detección y atención a este tipo de personas, continúan existiendo casos en que la condición del espectro autista es diagnosticada después de perder muchas oportunidades para mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familiares.

Entre los elementos que pueden ayudar a construir mejores historias de vida en los casos de autismo, hay situaciones tan simples como la alimentación. Ésta puede impactar directamente en el comportamiento de la persona y un desgaste físico, emocional y económico, adicional, innecesario para sus familiares.

La alimentación en este tipo de pacientes puede impactarles de la siguiente manera:5

– Los problemas relacionados con hábitos alimenticios en personas con características del espectro autista tienden a ser más severos, debido a condiciones específicas de sus organismos y el uso intensivo de medicamentos.

– La acción de tragar, tipos de comidas con respecto a alergias, padecimiento y medicamentos son elementos clave para desarrollar un perfil adecuado de la personas con condiciones del espectro autista para evitar o disminuir ahogamientos, mantener una buena salud y mejorar su interacción social, sus habilidades de comunicación.

– El consumo de gluten y cafeína están correlacionados con problemas gastrointestinales y de comportamiento en este tipo de pacientes.

– Información sobre como observar y realizar ajustes específicos en la dieta de la persona con condiciones del espectro autista, puede ayudar significativamente a mejorar la “habilidad de detectar el hambre, alergias de la comida, y/o tolerancias a cierto tipo de la comida”.

– Algunos niños y niñas con condiciones del espectro autista tienden a caer en aceptar solo cierto tipo de percepciones (dulce, agrio, amargo, salado o con algún color específico). Ello, aunque aparentemente facilita el proceso de alimentación en los pacientes, puede generar problemas colaterales por lo que es necesario contar con información que alerte de manera oportuna a los familiares o cuidadores para evitar problemas posteriores.

Sin duda alguna, mejorar las posibilidades de diagnosticar oportunamente a personas que tengan condiciones del espectro autista y vigilar su alimentación es una labor aun no desarrollada plenamente por nuestras instituciones. En este sentido, aunque muchas acciones pueden ser inhibidas por los recortes presupuestales, es importante considerar que la difusión de información y revisión de políticas puede generar cambios sustantivos sin que necesariamente impliquen impactos presupuestales.

México cuenta con la infraestructura y capital humano necesario para acercarnos más al cumplimiento pleno de los dispuesto en los artículos 5, 8 y 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Por ello, las instituciones de la república debemos hacer lo que esté en nuestras manos para hacerlo y con ello coadyuvar a mejorar las circunstancias de vida de cientos de miles de personas que enfrentan este tipo de experiencias, como pacientes o como familiares y cuidadores.

En consecuencia se propone el exhorto para redoblar esfuerzos y que diversas instituciones federales y estatales revisen y en su caso mejoren el diagnóstico y el cuidado nutricional de las personas con condiciones del espectro autista.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud del gobierno de la República, a redoblar los esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del sistema nacional de salud en materia de detección de casos de niños y niñas con trastorno del espectro autista.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud del gobierno de la República, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, nacional, y a los 32 Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia y las 32 Secretarías de Salud de las entidades federativas para redoblar los esfuerzos orientados a informar y orientar a las familias que tienen alguna persona diagnosticada con trastorno del espectro autista, sobre la importancia de una dieta especial y el registro de episodios de ahogamiento por alimento.

Notas

1 Instituto Nacional de Salud Mental (NIH por sus siglas en inglés), Guía para padres sobre el trastorno del Espectro Autista, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos Disponible en: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/guia-para-padres-s obre-el-trastorno-del-espectro-autista/a_parents_guide_to_asd_sp_508cl_ 145253.pdf

2 Características citadas del manual para diagnóstico de trastornos del espectro autista, difundidas por Instituto Nacional de Salud Mental (NIH por sus siglas en inglés), Guía para padres sobre el trastorno del Espectro Autista, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos Disponible en:

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/
guia-para-padres-sobre-el-trastorno-del-espectro-autista/a_parents_guide_to_asd_sp_508cl_145253.pdf

3 Véase: https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-de-la-concienciacion-sob re-el-autismo-25941?idiom=es

4 Véase: https://www.gob.mx/salud/prensa/deteccion-temprana-de-trastorno-del-esp ectro-autista-permite-la-inclusion-social-y-escolar?idiom=es

5 Universidad Bloomington Indiana. Disponible en:
https://www.iidc.indiana.edu/pages/
la-hora-de-comer-y-los-ninos-en-el-espectro-del-autismo-mas-alla-de-melindres-exigencias-y-manias

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sener a difundir el avance y los acuerdos de los trabajos de coordinación que realiza con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, la Semarnat, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional Reguladora de Energía para determinar la regulación de los aspectos de impacto ambiental en la exploración y extracción de hidrocarburos en campos de yacimientos no convencionales, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

El petróleo es un recurso natural no renovable de amplio uso industrial; su importancia económica no resulta solo de su utilización para generar energía.

Al día para diversificar el uso de los recursos no renovables se ha variado la utilización tanto de petróleo y el gas.

Nuestro país es uno de algunos países en el mundo que cuenta con yacimientos de hidrocarburos que son suficientes para cubrir las necesidades de la economía del país.

Lo anterior se describe con claridad en el Programa Sectorial de Energía 2013-20181 , en la que se indica que la disponibilidad de hidrocarburos en el territorio nacional, a lo largo de la historia moderna se ha concentrado en fuentes fósiles de energía, principalmente petróleo crudo y gas natural y que actualmente, la producción conjunta de petróleo y gas natural representa cerca de 90 por ciento de la producción total de energía primaria.

En ese entorno, el 20 de diciembre de 20132 , se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, y el 11 de agosto de 20143 , se expidieron diversas leyes y reglamentos y se modificaron otras, en una acción jurídica integral que en su conjunto constituye la denominada Reforma Energética.

Dicha Reforma Energética básicamente se justifica en el sentido de incentivar la inversión privada en la industria petrolera partiendo del supuesto de incrementar la capacidad productiva e industrial de México y en general, aumentar la competitividad del país.

Una de las principales modificaciones registradas en la Reforma Energética fue la de extraer gas y aceite de formaciones geológicas constituidas por lutitas (gas de esquisto o shale gas), recurso no convencional.

Petróleos Mexicanos (Pemex) en el documento Principales Elementos del Plan de Negocios de Pemex y sus Organismos Subsidiarios 2014-20184 indicó que daba “...inicio al diseño de una estrategia para evaluar, en primera instancia, el potencial de gas en lutitas y aceite en lutitas para poder plantear posibles escenarios de desarrollo, y que a la fecha de ese documento había identificado cinco cuencas potenciales ubicadas en zonas del noreste del país y costas del Golfo de México:

- Chihuahua

- Sabinas-Burro-Picachos

- Burgos

- Tampico-Misantla

- Veracruz

Que dicho proyecto se situaba geológicamente en las provincias de Chihuahua, Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz, y se enfocaría a la exploración de plays no convencionales de aceite y gas en lutitas, en horizontes de edad Jurásico Superior Tithoniano y Cretácico Superior Turoniano y corresponde únicamente a la primera etapa de evaluación del potencial, teniendo un alcance regional que cubría una superficie aproximada de 200 mil kilómetros cuadrados, abarcando parte de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Que México, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos a través de la Energy Information Administration (EIA), tiene un potencial técnicamente recuperable de 681 billones de pies cúbicos de aceite y gas en lutitas y que a su vez, la paraestatal Pemex ha estimado un potencial de 60 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente en recursos no convencionales de lutitas...”.

Por su parte en el documento Fracking en Veracruz, amenaza grave para la vida de las comunidades y el medio ambiente , se daba a conocer la forma en que se busca extraer el aceite y gas en lutitas “...desde su inicio se utilizó la tecnología de la fracturación hidráulica o fracking para la extracción de gas o aceite shale (de pizarra, lutitas, esquisto), consistente en la inyección a presión, en los pozos de yacimientos no convencionales, de un fluido compuesto por millones de litros de agua, arena y productos químicos para romper las rocas y mantener abiertas las grietas por donde sale el gas o aceite del pozo.

Que el gran reto de usar este tipo de tecnología recaía en los siguientes riesgos: gran consumo de agua; problemas de gestión del agua residual contaminada; contaminación de aguas subterráneas; contaminación de tierras y aguas superficiales; contaminación del aire con gases de efecto invernadero; ruidos e impactos visuales continuos durante años; impactos sobre el paisaje; uso de centenares de productos químicos tóxicos; generación de pequeños sismos, y daños graves a la salud pública...”5

Sobre las sustancias químicas que se utilizan en el proceso del fracking, el portal electrónico Shale en Argentina, reveló en un documento denominado Los químicos del fracking bajo la lupa 6 que según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) los aditivos químicos más utilizados en la fractura hidráulica resultaron ser:

• El metanol utilizado en las operaciones de fractura hidráulica para protección contra la congelación y la corrosión en el pozo. Este producto es utilizado en líquidos limpiadores de vidrios, pinturas y adhesivos, entre otras.

• El ácido clorhídrico y destilados de petróleo ligero, tratados con hidrógeno, el primero minimiza la fricción durante las operaciones y su utilización la encontramos en productos que pueden encontrarse en los removedores de maquillaje, laxantes e, incluso, en golosinas como los caramelos, y el segundo es útil en las operaciones para ayudar a disolver los minerales e iniciar las fisuras en la roca.

A su vez, la organización Greenpeace en su documento Fractura hidráulica para extraer gas natural (fracking)7 , alerta lo siguiente:

• En el proceso de fractura hidráulica se ha calculado que el consumo promedio de agua asciende entre los 9 mil y 29 mil metros cúbicos para las operaciones de un solo pozo.

• Los especialistas de esta organización ambiental estiman que entre 15 y 80 por ciento del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno; el resto se queda bajo tierra, conteniendo aditivos de la fractura y sus productos de transformación. Ellos alertan que entre las sustancias disueltas a partir de la formación rocosa, donde está el gas durante el proceso de fractura, se encuentran metales pesados, hidrocarburos y elementos naturales radiactivos, lo que podría causar problemas con la sostenibilidad de los recursos hídricos.

• Greenpeace afirmó que poco se sabe sobre los peligros ambientales asociados con los productos químicos que se añaden a los fluidos usados para fracturar la roca, productos que equivalen a 2 por ciento del volumen de esos fluidos. Confirmaron que al menos 260 sustancias químicas presentes en alrededor de 197 productos se utilizan en el proceso y no descartan que algunos de esos químicos sean tóxicos, cancerígenos o mutagénicos. Lo que sí precisaron es que esos productos pueden contaminar el agua debido a fallos en la integridad del pozo y a la migración de contaminantes a través del subsuelo.

• Muy relevante para la salud es el tema de la cuantificación de las fugas de metano a la atmósfera. En el documento de esta organización ambientalista refieren a un estudio de la National Oceanic and Atmospheric Administration y de la Universidad de Colorado, en Boulder, que señala que en el área conocida como la cuenca Denver-Julesburg (Estados Unidos de América) las fugas son de 4 por ciento, sin incluir las pérdidas adicionales en el sistema de tuberías y distribución, lo que significa más del doble de lo que fue anunciado por las autoridades estadounidenses. Lo anterior se señala impacta en el medio ambiente en gran medida ya que el metano tiene una capacidad como gas de efecto invernadero 25 veces superior al dióxido de carbono.

Dicho en otras palabras, la protección del medio ambiente y la producción de hidrocarburos son incompatibles, por lo que el reto que asumía el gobierno mexicano recaía en hacerlos compatibles, y principalmente, el de establecer alcances que se centrarán en realizar estudios de impacto social y ambiental para planificar el desarrollo masivo bajo un marco de desarrollo sustentable.

Fue hasta 2015, que Pemex en su informe anual indicó que “...Con la asignación de áreas en la Ronda Cero y para fines de exploración y extracción de recursos no convencionales de aceite y gas en lutitas, la Secretaría de Energía (Sener) asignó a Pemex nueve áreas que cubren una superficie de 8 mil 115 kilómetros cuadrados (km2) y contienen un volumen de recursos prospectivos de 5 mil 223 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce). Lo anterior con el objetivo de que Pemex continúe con la evaluación de recursos no convencionales técnicamente recuperables y que comience en el corto y mediano plazo las fases piloto de desarrollo y explotación intensiva de este tipo de yacimientos...”8 .

La preocupación de este tipo de técnica de perforación recae en el cumplimiento de la protección ambiental en esas nueve áreas concedidas a Pemex.

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2014 reveló que había realizado una auditoría de tipo financiera y de cumplimiento a Pemex-Exploración y Producción Erogaciones por la Exploración de Shale (14-6-47T4L-02-0289 DE-183)9 donde concluyó:

a) Que a la fecha en que se finalizaron los trabajos de auditoría (agosto de 2015) no se había emitido la normativa específica que regulará las operaciones técnicas y ambientales, a las que deberían sujetarse las empresas dedicadas a la exploración y explotación de campos o prospectos de yacimientos no convencionales.

b) Debido a lo anterior, las actividades de exploración para este tipo de hidrocarburos se realizó con la normativa que reguló dichas actividades aplicable a pozos perforados en campos convencionales.

c) Que fue hasta marzo de 2015, cuando la Semarnat difundió la Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos contenidos en Lutitas.

d) Que no fueron dadas a conocer las gestiones que se realizaron para iniciar el proceso y adecuar los manifiestos de impacto ambiental (MIA), para las actividades no convencionales, emprendidas por Pemex-Exploración y Producción a partir de marzo de 2014.

e) Y que no existía evidencia documental de trabajos de coordinación entre la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional Reguladora de Energía que atendieran los temas de impacto ambientales.

En ese sentido, será la Reforma Energética la que pondrá a México al día con los esquemas exitosos que se han implementado en la industria petrolera a nivel internacional, pero lo cual con llevará también que las acciones institucionales deberán reforzarse a fin que Pemex Exploración y Producción desarrolle las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en campos de yacimientos no convencionales cumpliendo con los aspectos técnicos y ambientales dentro un marco regulatorio que habrá de definir los requisitos, técnicas, estudios y metodologías a utilizar, con la finalidad de disminuir los impactos sociales, económicos y ambientales que la actividad trae consigo.

En resumen, según los trabajos de revisión de la ASF nos revela que se han dado incumplimientos en aspectos de impacto ambiental en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en campos de yacimientos no convencionales, y si bien, ya existe una guía que orienta en su atención, lo más apropiado sería que uno o varios de los procedimientos señalen paso a paso el cumplimiento de diversos trámites en las diferentes etapas o procesos de esta actividad y así, se regule la observancia de la normativa aplicable como la interacción con las autoridades competentes.

Cumpliendo con lo anterior, las entidades y dependencias del gobierno federal que participan en estos procesos demostrarán a todos los mexicanos que estas nuevas formas de extracción de recursos minerales se realizan bajo una cultura de prevención y reducción de impactos negativos al medio ambiente en general; en caso contrario, las dudas persistirán y los beneficios no serán vistos como algo positivo.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Energía, a que haga público el avance y acuerdos de los trabajos de coordinación que realiza la Secretaría de Energía con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional Reguladora de Energía a fin de determinar la regulación de los aspectos de impacto ambiental en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en campos de yacimientos no convencionales.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario de Energía a que haga público el avance y, en su caso, el cumplimiento de los manifiestos de impacto ambiental, para las actividades no convencionales, emprendidas por Pemex-Exploración y Producción desde marzo de 2014 cuando le fueron asignadas nueve áreas de exploración y extracción de recursos no convencionales de aceite y gas en lutitas.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Energía a que haga público el avance y, en su caso, el cumplimiento de los manifiestos de impacto ambiental para las actividades de fracturamiento hidraúlico, emprendidas por Pemex-Exploración y Producción en la exploración y extracción de petróleo crudo y gas natural.

Notas

1 Programa Sectorial de Energía 2013-2018, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326587&fecha=13/12/2 013, consultado el 14 de noviembre de 2016.

2 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2 013, consultado, el 14 de noviembre de 2016.

3 Decreto por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355987&fecha=11/08/2 014, consultado el 14 de noviembre de 2016.

4 Principales Elementos del Plan de Negocios de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018, disponible en http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_14-18_131031. pdf, consultado el 14 de noviembre de 2016.

5 Fracking en Veracruz, Amenaza Grave para la Vida de las Comunidades y el Medio Ambiente, disponible en http://apps3.semarnat.gob.mx/consejos/wp-content/uploads/2015/11/Presen taci%C3%B3n-Fracking-en-Veracruz-.pdf, consultado el 14 de noviembre de 2016.

6 Los químicos del Fracking bajo la lupa - Portal electrónico Shale en Argentina, disponible en

http://www.shaleenargentina.com.ar/los-quimicos-del-frac king-bajo-la-lupa-83#.WCzvcbLhC00, consultado el 14 de noviembre de 2016.

7 Fractura hidráulica para extraer gas natural (fracking) – GreenPeace, disponible en

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/ca mbio_climatico/Fracking-GP_ESP.pdf, consultado el 14 de noviembre de 2016.

8 Petróleos Mexicanos – Informe Anual 2015, disponible en http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-An ual/Informe_Anual_2015.pdf, consultado el 14 de noviembre de 2016.

9 Pemex-Exploración y Producción “Erogaciones por la Explotación de Shale” Auditoría Financiera y de Cumplimiento 14-6-47TAL-02-0289, disponible en http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_0289_a.pdf, consultado el 14 de noviembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a establecer acciones a fin de evitar imprecisiones en el diseño de los objetivos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al 2010,1 revelan que en nuestro país las personas con alguna discapacidad sumaban 5.7 millones de personas, lo es equivalente a la población total de los estados de Morelos, Hidalgo y Colima juntos.

Para su atención, el gobierno federal estableció en el Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018,2 estrategias para lograr un México Incluyente, con la finalidad de que se enfrentara y superara el hambre, revirtiera la pobreza, y crear un camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se velara por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores.

En ese contexto, con la intención de atender la necesidad descrita, en la Cámara de Diputados se autorizó en el Presupuesto de Egresos del 2016,3 un fondo denominado “Para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad” por 600,000,000 de pesos.

Según los lineamientos de operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad publicados en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 2016,4 se indica que los recursos del fondo en comento se destinarán a proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico; mediante el transporte público adaptado e infraestructura pública incluyente.

Como se aprecia en el texto anterior, el título del fondo refiere plenamente que estos recursos se destinarían a acciones en caminadas a facilitar el transporte de personas con discapacidad, no obstante al compararlo con su objetivo que se incluyeron en los lineamientos de operación, la accesibilidad de las personas con discapacidad no se constituyó como el eje central del fondo.

Para ejemplificar lo anterior y basado en la información de una ficha del programa consultada en el Portal de Transparencia Presupuestaria5 se conoció que al cierre del tercer trimestre del 2016, se registraron 49 proyectos en 17 estados de la República, de los cuales, sólo 17 están ligados a compra de vehículos adaptados y proyectos de elaboración de rampas y el resto, si bien están ligadas a acciones de personas con discapacidad, no están relacionadas con el transporte público para este sector vulnerable de la población.

Deseo destacar que el ejercicio de los recursos presupuestales para este fondo no se han ejercido con oportunidad, según lo reporta la SHCP en el Tercer Informe sobre la Situación Económica, las finanzas públicas, y la deuda pública del 2016,5 el cual en su anexo 14, se aprecia que el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad tiene un avance presupuestal del 5.4% con relación al total de los recursos destinados para ello, hecho que en nada beneficia a las personas con discapacidad y del cual no existe mayor información que permita conocer si existe alguna problemática que limite su libre ejercicio.

Considero que esta situación nos invita a la reflexión y a exigir que los actores involucrados, desde la planeación hasta la ejecución de los recursos deban redoblar esfuerzos para que los programas logren ser focalizados y destinado a atender a la población objetivo.

Por lo anterior, planteo exhortar a la Secretaría de Hacienda para que revise de fondo el diseño de este programa y de ser necesario adecue el objetivo del mismo a fin de ligar más estrechamente la demanda y la oferta de acciones destinadas a la accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad en todo México y así evitar crear expectativas que no se cumplan, y sea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social quién establezca la revisión del Fondo y determine la utilidad del mismo.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que se establezcan las acciones necesarias a fin de que se evite imprecisiones en el diseño de los objetivos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, creen expectativas que no se cumplan, y procure que dichos recursos garanticen su disponibilidad y oportunidad en los municipios que más lo requieran.

Segundo. Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para que considere realizar la evaluación al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad a fin de determinar la congruencia del título con su objeto de creación y objetivos, y en su caso, sugiera al ejecutor del programa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mejoras que permitan focalizar su atención hacia la población objetivo y en consecuencia, aumentar la calidad del apoyo que ofrece.

Notas

1 Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/, Consultado el 22 de noviembre de 2016.

2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Disponible en http://pnd.gob.mx/, Consultado el 22 de noviembre de 2016.

3 Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, Disponible en

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publ icas/Paquete_Economico_y_Presupuesto, Consultado el 22 de noviembre de 2016.

4 Lineamientos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423971&fecha=29/01/2 016, Consultado el 22 de noviembre de 2016.

5 Ficha del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Disponible en http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?i d=23U075, Consultado el 22 de noviembre de 2016.

6 Tercer Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas, y la deuda pública de 2016, Disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_a l_Congreso_de_la_Union, Consultado el 22 de noviembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la remodelación del parque Cholula, en la colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México, suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Ubicadas al poniente de la Ciudad de México las colonias Condesa e Hipódromo Condesa forma parte de la delegación Cuauhtémoc, estas colonias de larga tradición comercial albergan un sin número de restaurantes, cafés, y espacios dedicados a la cultura y el esparcimiento. Si bien administrativamente estamos hablando de colonias diferentes, el uso común de la población al referirse a “La Condesa” identifica un espacio común que abarca a las colonias mencionadas.

La población que habita esta colonias tiene un carácter cosmopolita, ya que desde su fundación, en 1927, la “Colonia Condesa” fue el asiento de la clase media alta de la ciudad, entre ellos miembros de la comunidad judía mexicana, así como de muchas comunidades extranjeras asentadas en la Ciudad de México; entre las que destacan la española, la argentina, la alemana y la inglesa.

El trazo de las colonias llevó a sus diseñadores a dotarlas con amplios boulevares y camellones, glorietas, fuentes y dos grandes parques: el Parque España y el Parque México, cuyo nombre original era General San Martín.

Se respetó parte del trazo del antiguo hipódromo, que dio origen a la avenida Amsterdam y se caracteriza por su forma elíptica. Lo anterior hace que el espacio asignado de áreas verdes corresponda aproximadamente al 40 por ciento de la superficie total de la colonia. Lo que resulto aún más atractivo para vivir en esta área.

Entre los espacios verdes con que cuenta esta zona, se encuentra el “parque Cholula”, ubicado entre las Avenidas Benjamín Franklin, Baja California y la calle de Cholula; sitio que en fechas recientes, es motivo de controversia porque se pretende llevar a cabo la construcción de un foro cultural, lo que ha generado la indignación de los vecinos, ya que este foro existe en propiedad privada, siendo su propietario un reconocido actor, de esta manera se estaría utilizando un espacio público para beneficio de un particular , no obstante que el beneficiario del proyecto argumenta que se trata de una asociación civil, sin fines de lucro y cuyo objetivo es la promoción de la cultura.

Es de llamar la atención que para la ejecución de la obra tendrían que talarse los árboles del parque, con el consecuente daño al medio ambiente, ya de por sí erosionado en esta metrópoli.

Previamente a estos hechos, los habitantes del lugar buscaron mediante el aprovechamiento del presupuesto asignado a la colonia Hipódromo Condesa, dentro del Programa de Mejoramiento Barrial 2015, la intervención del polígono para la construcción del “Parque Intergeneracional Cholula”, lo cual fue gestionado ante la Secretaría de Desarrollo Social.i

Asimismo y con la finalidad de continuar con la recuperación de ese espacio en beneficio de la comunidad, desde 2015 se realizaron gestiones ante la Autoridad del Espacio Público, dentro del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas Roma-Hipódromo, instancia en la que participan representantes vecinales de las colonias en las que se instalaron los parquímetros, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la Delegación Cuauhtémoc, así como representantes de la empresa Ecoparq, que tiene la concesión de los parquímetros para financiar el proyecto de remodelación de este parque.

A la fecha no se han liberado los recursos de Ecoparq, retenidos sin justificación legal y sin haber formalizado notificación oficial a la representación vecinal en el Comité de Transparencia y rendición de Cuentas, sobre las razones de ello, lo que ha impedido dar luz verde a los proyectos aprobados en la sesión del 2 de junio de 2016.

Lo anterior, ha propiciado incertidumbre entre la ciudadanía quien teme que mediante el aplazamiento de la entrega de recursos y el incumplimiento de acuerdos celebrados con la delegación Cuauhtémoc, se estén planeando nuevas estrategias para que en el espacio se construya el Foro Shakespeare, propiedad de la asociación civil que preside destacado actor, lo que contravendría el deseo de la gran mayoría de vecinos de la colonia Hipódromo Condesa.

Cabe señalar al respecto que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, señala lo siguiente:

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés general y social que tienen por objeto establecer las bases de la política urbana del Distrito Federal, mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la protección de los derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presente y futuras del Distrito Federal.” ii

“Artículo 2, fracción III.- Alentar la participación y concertación con los sectores público, social y privado en acciones de reordenamiento urbano, dotación de infraestructura urbana, prestación de servicios públicos, conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, recuperación y preservación de la imagen urbana y de crecimiento urbano controlado.”iii

De igual manera y en razón de que en los espacios públicos como el referido Parque Cholula, se prohíbe la construcción de cafés, fondas, auditorios, teatros, cines y salas de concierto, según lo refiere el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la delegación;iv manifestamos nuestro rechazo contundente a las decisiones gubernamentales que se llevan a cabo de manera unilateral y que lejos de propiciar la participación ciudadana la desalientan.

En este tenor, es propicio referirnos a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal:

Artículo 2. Para efectos de la presente ley, la participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno. La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana; así como su capacitación en el proceso de una mejor gobernanza de la Ciudad Capital.v

A manera de conclusión quiero señalar, que es saludable fortalecer el ámbito de los regímenes de gobierno participativos y democráticos mediante la atención de las demandas ciudadanas y el respeto al orden jurídico, por lo que en el caso del Parque Cholula, debe prevalecer el interés público y social sobre interés particulares, no obstante que se presenten como proyectos de carácter cultural.

Por lo expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Distrito Federal; a fin de que cumpla los acuerdos realizados con los habitantes de la Colonia Hipódromo Condesa para la remodelación del Parque Cholula, respetando irrestrictamente el marco legal existente en la materia; a fin de cancelar el proyecto de construcción del Foro Shakespeare en este sitio.

Notas

i www. Puntoporpunto.com/noticias/política/incumple- monreal. Consultado el 26 octubre de 2016.

ii Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. en
http://www.aldf.gob.mx/archivo-2ec5c052a850fa2a8491ca817aee8439.pdf consultado el 15 de noviembre de 2016.

iii Ibídem

iv Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. En
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15/fraccionxi/
PPDU/PPDU_CU/CU_ColoniaCuauhtemoc_DOF.pdf. consultado el 15 de noviembre de 2016.

v la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. en http://www.trife.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/catalogo/2015-ley-de -participacion-ciudadana-del-distrito-f consultada el 16 de nov. 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 22 de noviembre del 2016.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del Día de la Armada de México, a cargo del diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del PRI

“Es a la Marina a quien toca consumar esta gran obra y consolidar por siempre la Independencia Nacional” (José Joaquín de Herrera)

Después de haberse firmado el acta de Independencia, aun había tropas españolas al mando del brigadier José María Dávila, gobernador del puerto de Veracruz, quien se negó a reconocer la independencia y se atrincheraron en la fortaleza de San Juan de Ulúa; después de un bloqueo a la fortaleza de San Juan de Ulúa, por parte de la flota mexicana comandada por el capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, el 18 de noviembre de 1825 se firmó el acta de capitulación y fue el 23 de noviembre cuando fue arriada la bandera española de la fortaleza de San Juan de Ulúa, zarpando el último reducto español rumbo a la Habana Cuba. Ese mismo día fue izada nuestra enseña nacional con una triple salva de 21 cañonazos.

Fue así con estos hechos que el 23 de noviembre de 1825, mediante la capitulación del último reducto español, culminó el largo proceso de la independencia de México, tocando a la Armada Nacional la consolidación de este hecho libertario que comenzó en tierra, pero se consolidó en la mar.

Con estos hechos se hizo patente el pensamiento de don Guadalupe Victoria, presidente de la República, en ese entonces: “El pabellón mexicano flotará sobre los mares y cubrirán nuestras costas”.

Fue el 22 de noviembre de 1991, cuando por decreto se creó el Día de la Armada de México, tomando en consideración que desde su creación ha contribuido a la defensa de la seguridad interior y exterior del país, teniendo entre sus funciones principales: la defensa de la soberanía del país en aguas, costas e islas nacionales, cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano; contribuir a la protección del tráfico marítimo, fluvial y lacustre; efectuar operaciones de rescate y salvamento en el mar; auxiliar a la población civil en casos de desastre y contribuir a la preservación de nuestros recursos naturales.

Se instituyó esta fecha para conmemorarla gesta heroica realizada por el Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y los hombres de mar que comandaba, fecha histórica que marca la consolidación de nuestra Independencia Nacional y para difundir entre la población el cariño, el respeto y la admiración por nuestros héroes e instituciones y en especial a la Armada de México pilar de la soberanía en nuestros mares.

A casi 200 años de esta gesta heroica, la Armada de México, consciente de la posición geoestratégica de nuestro país; importante, privilegiada y delicada, por el amplio entorno marítimo, que se extiende por más de 3 millones de kilómetros cuadrados y 11 mil kilómetros de costas en los océanos Pacífico y Atlántico, provee un entorno de seguridad favorable para el comercio marítimo aun cuando se torna difícil por los problemas generados en las fronteras norte y sur con características distintas, a los que se suman amenazas como el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional, así como las demandas, reclamos y conflictos inherentes a la convivencia social que limitan la posibilidad de articular los diversos intereses de la sociedad.

Hoy, la Armada de México cumple con su misión asignada en todo su ámbito de aplicación, que no es menor. En el aire, en la tierra y en el mar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputado Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica)

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, suscrita por las diputadas Irma Rebeca López López y Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

“Las mujeres privadas de su libertad, no han recibido jamás la mirada (atenta o compasiva, solidaria o institucional, falsa o verdadera) que sí se ha dispensado a los hombres”.

Del libro Las mujeres olvidadas

La excusa que se da para no concederles importancia es que el número de presas comparado con el de los hombres, es menor y, por lo tanto, sus necesidades también. Las mujeres representan el cinco por ciento del total de la población penitenciaria en México.

Este criterio es inconcebible pero cierto, es una realidad que se revela en muchos de los penales donde las instalaciones están destinadas para hombres y mujeres, el diseño arquitectónico de los centros de readaptación social están planeados y proyectados para cubrir las necesidades de los varones y los anexos, que representan los espacios destinados a las mujeres cuentan, acaso con una serie de estancias, comedores comunes, lavaderos y cocinas, a diferencia de los amplios espacios para los hombres dispuestos con escuela, talleres, áreas verdes, servicio médico, gimnasios, etc., los que en ocasiones son “prestados” a la población de mujeres en horarios en que los varones no los ocupan.

Hay una diferencia indudablemente discriminatoria de que son sujetas las internas, al no tener las mismas oportunidades que los varones de contar con espacios dignos y acordes con sus necesidades y las de sus hijos e hijas.

No se trata de números, se trata de derechos humanos, de igualdad, de no violencia y de respeto.

La reclusa, precisamente por ser mujer y haber cometido un delito, vive una doble discriminación, relacionada también con el trato en todo el proceso penal y con los años de sentencia, cuando muchas veces ellas no cometieron el delito, sino sus parejas. En el momento de dictar resolución, los jueces se olvidan de que muchas de ellas son mujeres que nunca han hablado, que están acostumbradas a seguir a su marido o pareja sin opinar. Que seguir y apoyar a su marido es mandato divino. Y las castigan también por esto, por cumplir el papel de una buena mujer, de una esposa obediente.

Al momento de su detención sufren violencia, rechazo y discriminación que se hacen evidentes en la sobre penalización y en la carencia de un programa de readaptación social para ellas.

En los penales se ha invisibilizado no sólo la problemática de ser mujer y madre en cautiverio, sino que también se han negado las necesidades y los requerimientos de los niños y niñas que viven con sus madres en la prisión.

En las mujeres no se invierte, siguen siendo seres sin derechos, doblemente castigadas.

La prisión es un territorio excelente para constatar el abuso, la violencia y la injusticia en que constantemente han vivido las reclusas.

Las condiciones de vida de las mujeres reclusas se caracterizan por no contar con lugares suficientes para llevar a cabo actividades laborales, educativas, recreativas ni deportivas en forma adecuada; no cuentan con oportunidades de empleo que les permitan vivir en prisión en forma digna.

Su principal fuente de ingreso se reduce a la elaboración de artesanías.

La capacitación que se les ofrece en los centros se reduce a continuar cumpliendo con el rol de trabajar para el bienestar de otros.

Hijas e hijos sin guarderías o escuelas, sin espacios de esparcimiento y con servicios muy limitados de salud y alimentación.

Y todavía es peor la condición en que vive la población de mujeres indígenas presas, un estado de indefensión casi absoluto por la discriminación que sufre al pertenecer a comunidades marginadas, condición evidente por el manejo discriminatorio que se hace de su lengua y por la situación misma de su cautiverio.

Necesitamos políticas públicas diseñadas para la prevención y el tratamiento de la conducta delictiva femenina que implica reconocer las diferencias de género y las necesidades específicas de las mujeres, supervisando que los que participan desde la fase de averiguaciones, durante el juicio y en el proceso de readaptación no reediten los mensajes que aumentan la culpa y la vergüenza de ser una mujer en prisión.

Este 25 de noviembre escuchemos la voz de las internas; atendamos sus demandas.

En Morena nos pronunciamos por terminar con toda clase de violencia contra las mujeres, démosle el apoyo a las más desamparadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputadas: Irma Rebeca López López, Concepción Villa González (rúbricas)

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Llamar a la violencia de género un asunto de mujeres es parte del problema. Da a una gran cantidad de hombres una excusa para no prestar atención”.

Jackson Katz

“¡Mírenme! ¡Miren mis brazos! ¡He arado y sembrado, y trabajado en los establos y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo! Y, ¿acaso no soy una mujer?”

Sojourner Truth

La convivencia diaria encuentra organización a través de estructuras que se han desarrollado a lo largo de la historia humana, entre ellas una de las más visibles pero a su vez omitidas debido a la naturalidad con la que es abordada es: la diferencia sexual. El que las mujeres sean biológicamente diferentes a los hombres ha dado justificación a la construcción de un sistema sexual, que ha derivado a su vez en el desarrollo de hombres y mujeres por separado, dando pie a identidades diferentes pero complementarias.

La división sexual “natural” no ha generado neutralidad, al contrario ha empoderado a los hombres por encima de las mujeres, adicionando características a la identidad masculina e identificándolas con un sistema global de paradigmas considerados como “virtuosos”. En contraparte, la identidad de las mujeres se consolida en tanto madre, vinculándola a una ética del cuidado, donde la sumisión la paciencia y la entrega hacia los demás, es clave de la feminidad.

La diferencia existente entre los roles ha implicado que a fines de la reproducción de la especie humana, a cada hombre le corresponda una mujer, haciendo de las mujeres una propiedad de los hombres. Así se instauran y sistematizan una gran cantidad de injusticias y violaciones a la integridad de la mujer, que se visibilizan a partir de los movimientos feministas, pero sobretodo, del lema “lo personal es político”.

La problematización de asuntos que se creían de índole personal, permite desnaturalizar la violencia sistemática contra las mujeres, pero sobretodo la integración de medidas a fin de erradicar tales expresiones de odio que van desde los micromachismos hasta los tan preocupantes feminicidios.

El no seguir atendiendo correctamente a los feminicidios como consecuencia de un tipo exacto de violencia motivado específicamente por el odio contra la mujer, no nos permitirá reducir el número de ellos y un paso importante hacia al avance es contabilizar correctamente el tipo de muertes, con ello me refiero a que muchas de las muertes de mujeres no son registradas como feminicidios, en cambio son registradas con todo el conjunto de homicidios.

Un Estudio realizado por la ONU Mujeres en colaboración con Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)1 indica exactamente lo anterior, la inexistencia de datos generado por el estado y las instancias de justicia donde se señale con exactitud los feminicidios ocurridos. En cambio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para conocer los feminicidios ocurridos tuvo que recurrir al total de defunciones con presunción de homicidio.

En el estudio se indica que en el periodo que va de 1985 a 2014 se registraron 47 mil 178 muertes de mujeres con signos de violencia machista. En 2014 se registraron 2 mil 285 casos, es decir, 6.3 al día2 . Existen ocho entidades con comportamiento en incremento que son: Tlaxcala que pasó de 2.3 muertes al día en 2013 a 3.8 muertes en 20143 , Tamaulipas que paso de 5.2 a 7.2, Hidalgo de 2 a 2.7, Sinaloa de 4.4 a 5.9, Oaxaca de 5 a 6.4, Nayarit de 3 a 3.8, San Luis Potosí de 2.5 a 2.9 y Sonora de 3.7 a 3.8.

Mientras que los estados con mayor número de defunciones con presunción de homicidio para el año 2014 son: el estado de México con 359; Guerrero con 176; Chihuahua con 167; Ciudad de México con 141; Puebla y Oaxaca con 133; Tamaulipas con 127 y Jalisco con 106. Siendo los municipios más peligrosos: Ecatepec, Juárez, Acapulco, Culiacán, Tijuana, Chihuahua, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Guadalajara.

Otro punto clave que refleja la situación de la poca atención hacia la violencia de género son: los niveles de impunidad existentes entre las violaciones denunciadas y los culpables, pues solo 1 de cada 5 fue sentenciado; en 2014 existieron 12 mil 638 denuncias de violación pero únicamente mil 283 fueron sentenciados y 4 mil 613 fueron sujetos a proceso.

Si queremos seguir avanzando a fin de alcanzar sociedades y gobiernos democráticos, debemos poner severa atención a todas aquellas expresiones de odio que se configuran en violencia. Tan solo el no poder asegurar a la vida a aquéllas que siempre hemos sido consideradas como diferentes, habla del gran trabajo que se tiene que hacer, desde la anulación de la diferencia social, hasta generación de números; para conocer y reconocer aquellas violencias, conllevando la integración y debida aplicación de normas incluyentes tal y como lo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de lograr:

“La coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático”4 .

Dicha ley se ha encontrado mutilada a razón de la indebida aplicación, que comienza desde el no reconocimiento de los feminicidios, impidiendo emitir las alertas de género a tiempo en los estados.

Es tiempo de seguir denunciando todos aquellos tipos de violencia que vulneran a la mujer y que le impiden el desarrollo sano de su integridad, pues esta violencia se encuentra en todos los ámbitos, desde el doméstico hasta el laboral, impactando la libertad de las mujeres. Así pienso que es necesario medir y visibilizar tres escenarios donde se anula la violencia contra la mujer: en el sector salud, en la procuración y en la impartición de la justicia, erradicando la violencia por cuestión de género.

Garantizar la voz de las mujeres implica poder inhibir la subordinación de la mujer frente al hombre, manteniendo la igualdad primigenia entre los sexos, ya que entre unos y otras la diferencia social es inexistente.

Notas

1 La violencia feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias 1985-2014, Enlace URL:
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/02/
violencia%20feminicida%20en%20m%C3%A9xico%20aproximaciones%20y%20tendencias%201985_2014.pdf?v=1&d=20160418T214527

2 Ibídem.

3 Muertes por cada 100,000 mujeres.

4 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

El de 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, dirigido a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato, en 1960, de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).

Desde entonces la conmemoración de este día nos llama a preguntarnos sobre ¿qué hemos hecho para que cada día las niñas y mujeres de este país se sientan más seguras?

La evocación de este día, también, sirve para hacer un llamado a todas y todos los tomadores de decisión, a las organizaciones de la sociedad civil y toda la población en general, a reducir y afinar estrategias que nos ayuden a eliminar la violencia contra las mujeres.

Sobre todo cuando aun a pesar de todos los esfuerzos y todas las acciones que se realizan, pareciera que estas no tienen el efecto deseado, ya que la información estadística con la que contamos nos muestra que 3 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física o sexual, principalmente de parte de un compañero sentimental.1

Cuando sabemos que en el mundo, más de 700 millones de mujeres, que viven actualmente, se casaron siendo niñas, o cuando prácticamente la totalidad de las 4,5 millones de víctimas estimadas de la explotación sexual forzada, son mujeres y niñas.2

Y este hecho genera un gran deterioro en la calidad de vida de las mujeres. El hecho de que se embaracen a temprana edad y no sean lo suficientemente maduras físicamente para dar a luz, pone en peligro tanto a las madres como a sus bebés o les genera secuelas que redundan en un deterioro físico. Por otra parte, diversas investigaciones señalan que las niñas pobres tienen una probabilidad 2,5 veces mayor de casarse en su infancia que las que pertenecen al quintil más rico.3

Otros datos muestran que más del 70 por ciento de las y los mexicanos, entre 15 y 24 años, han sido víctimas de agresiones psicológicas o físicas en sus relaciones.4

Por su parte, ONU Mujeres ha señalado que “las leyes y políticas constituyen la base de un enfoque integral y coordinado para erradicar la violencia contra las mujeres. Que pesar de que en la actualidad existe un número históricamente elevado de leyes y políticas contra la violencia, su aplicación aún está rezagada. Las medidas para fortalecer la implementación eficaz deben incluir la capacitación de los funcionarios y funcionarias que se ocupan de los casos de violencia contra las mujeres, la aplicación de mecanismos de monitoreo y evaluaciones del impacto así como rendición de cuentas y una mejor coordinación. También es esencial que se asignen recursos humanos y financieros suficientes”.5

No obstante, lo anterior, consideramos de suma relevancia que se siga adecuando el marco normativo, ya que una vez que las leyes o reglamentos entran en vigor, trasmiten un mensaje firme que la violencia contra las mujeres no es tolerada y que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. No se trata de más leyes y más normas, como algunos por ahí comentan, sino que el mensaje es ese, el de no tolerar más estas conductas.

Por otro lado, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los costos de la violencia contra las mujeres oscilan entre el 1,6 y el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la región latinoamericana.6

Si consideramos el 1.6% del PIB para el caso de México, resulta que nuestro país gastó poco más de 113 mil millones de pesos, en 2005, fecha en que se hizo este estudio.

Pero si analizamos las cifras actuales de la violencia en México, seguramente los costos serían mayores.

De esta forma es que creemos que se deberían estar aplicando muchos más recursos para combatir la violencia contra las mujeres, para evitar tanto los costos económicos como los físicos, psicológicos y emocionales de las víctimas, que en todo caso son los que no se contabilizan, pero que inciden enormemente en la vida de las mujeres, los niños y niñas, y también de los hombres que en general son identificados como los agresores.

Y es también muy grave que no se contabilicen estos costos, cuando tenemos evidencia de que la depresión ocasionada por los sucesos violentos es uno de los principales trastornos mentales en México y que esta se duplica en la población femenina en comparación con los varones.

Por todo lo anterior, digamos no a la violencia contra las mujeres y hagamos todo lo que sea necesario para erradicarla.

Notas

1 Consultado en
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/evaw#sthash.LItDp6aS.dpuf.

2 Ibíd.

3 Consultado en http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/fact s-and-figures#notes.

4 Esto lo denunció la experta de la Universidad Iberoamericana, Laura Echeverría. Cifras dadas a conocer por el Instituto Mexicano de la Juventud. Consultado en http://www.sinembargo.mx/22-11-2014/1172887.

5 Información disponible en http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/pass ing-strong-laws-and-policies#sthash.GHpXwfRp.dpuf

6 Los datos pueden consultarse en http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1165169691_g arcia.pdf

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Angie Denisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

En México, como en el mundo, el reconocimiento de los derechos de la mujer vino mucho después que los de los hombres. La diferencia de sexos generaba una clara división de funciones y estereotipos que dejaban a la mujer en desventaja frente al hombre. A la mujer, por naturaleza se le habían encomendado prácticamente los quehaceres domésticos, una tarea que se le heredaba de un sistema patriarcal, en donde se educa a la mujer para servir al hombre y su participación social, cultural y política se vio reducida frente al hombre.

Es sorprendente que en pleno siglo XXI se siga aceptando definir a la mujer como algo inferior al hombre, la que a través de la educación, de su aspecto y su comportamiento, acepta ser un papel subordinado en la visión tradicional que tiene el hombre. La historia nos ha demostrado esto, pero también nos ha dejado ver que la mujer lucha por obtener sus derechos sociales y políticos, es por eso que a la lucha de la mujer se le ha atribuido un carácter casi legendario, por las importantes batallas que ha tenido con el sistema social y cultural.

Opresión traducida en violencia que ha tratado de ser erradica con legislaciones en todo el mundo, en diciembre de 1999 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra anualmente cada 25 de noviembre1 , cuyo objetivo es prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Como labores en nuestro país y específicamente en este recinto se han hecho innumerables estudios, talleres y congresos para estudiar y analizar el problema de la violencia en contra de la mujer, desde la visión de género que analiza y explica comportamiento de los individuos en una sociedad, así como sus ideologías, también estudia la diferencia que existe de los roles masculino y femenino en las diferentes culturas, la estratificación entre los hombres y las mujeres, la distribución salarial, el reparto del poder político y social2 , a partir de esta visión es clara la desventaja que tenemos las mujeres en México pero que de alguna forma en la actualidad se han tenido grandes avances en apoyo al empoderamiento de la mujer, empezando por la equidad de género, cuotas de género y paridad de género en cuanto a la participación de la mujer en política, pero también se ha avanzado en la procuración de Justicia y protección a la mujer, siendo que en cada estado se cuentan con organismos especializados en atención a la mujer y leyes que de alguna forma quieren que la mujer viva plena y sin violencia como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que es el estatuto vigente en nuestro país, aunado a documentos que protegen a la mujer de ser discriminada como la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad y No Discriminación y Observatorios Ciudadanos sumados a infinidad de políticas que con éxito o no buscan erradicar definitivamente la Violencia hacia nosotras las mujeres.

La violencia de género es una plaga que no se ha podido controlar en diferentes países según cifras de la ONU, 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual, principalmente a manos de un compañero sentimental3 , en nuestro país el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reporta que para 2006 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) que realizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que 43.2 por ciento de las mujeres del país habían sido víctimas de violencia por parte de sus parejas durante su más reciente relación, con porcentajes que van de 33.7 por ciento en Coahuila a 54.1 por ciento en el estado de México4 , mientras en el ámbito laboral 30 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años y más que participaron en el mercado de trabajo el año previo, señalaron haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito laboral durante ese periodo. La forma más recurrente de violencia laboral es la discriminación: le sucedió a 79.2 por ciento de las mujeres que dijeron haber sufrido algún incidente de violencia; mientras que los eventos de acoso fueron referidos por 41.4 por ciento de las mujeres violentadas en el ámbito laboral5 . 5 años después en 2011 la ENDIREH arroja que la proporción de mujeres que dijeron ser violentadas aumento 3 puntos porcentuales siendo el 46. 1 por ciento6 .

El reto es enorme en un país donde la violencia en general aumenta cada día y las portadas de los diarios continuamente anuncian feminicidios, depende de nosotros los legisladores buscar la plenitud de la mujer en México, una vida sin violencia y con el poder de decidir sobre sus acciones y su cuerpo, de igual forma convocamos al gobierno federal y al de los estados a que no dejen de lado el tema de la violencia hacia la mujer, generando políticas y acciones que ataquen a este problema público, acciones de prevención, atención y de procuración de justicia, en la LXIII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados nos pronunciamos en contra de la Violencia hacia la Mujer, celebramos el día naranja y decimos basta ya de Violencia.

Notas

1 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25 de noviembre (SF). Recuperado el 14 de noviembre de 2016 en http://www.un.org/es/events/endviolenceday/

2 Guerra Martínez, Roció Maribel, Pérez Jiménez, Carola Elizabeth. El enfoque de género y la creación del Instituto Mexiquense de la Mujer (IMEM) . Tesis para obtener el grado de licenciado en ciencias políticas y administración pública, directora de tesis maestra Graciela Vélez Bautista. Toluca, estado de México, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma del Estado de México, 2003. Páginas 12-13.

3 Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas (SF). Recuperado el 16 de noviembre de 2016 en http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/fact s-and-figures.

4 Violencia de género. ENDIREH 2006, (SF). Recuperado el 16 de noviembre de 2016 en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/violencia_2006.pdf-

5 Ibíd.

6 Análisis de los Resultados de la ENDIREH 2006 y 2011, Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujeres y la Equidad de Género, (SF).

Diputada Angie Denisse Hauffen Torres (rúbrica)