Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas a investigar la desaparición de don Manuel Serrano Vallejo, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscriben, Maricela Serrano Hernández, Héctor Javier Álvarez Ortiz, Hersilia Adamina Onfalia Córdova Morán, Edith Villa Trujillo y Telésforo García Carreón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como Juan Manuel Celis Aguirre, del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República y a su vez a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, por ser única y exclusivamente de su competencia, para que se investigue el delito de desaparición forzada de personas en perjuicio de don Manuel Serrano Vallejo, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRI.

Exposición de Motivos

Los diputados federales Juan Manuel Celis Aguirre, Maricela Serrano Hernández, Telésforo García Carreón, Hersilia Córdova Morán, Edith Villa Trujillo, y Héctor Javier Álvarez Ortiz, pertenecemos al Movimiento Antorchista que es una organización social y política, constituida al amparo de los artículo 8o. y 9o. Constitucionales (derecho de petición y de asociación), que es una organización social cuyo propósito es organizar a los grupos más pobres, más necesitados, más desprotegidos del campo y de la ciudad para luchar por sus intereses inmediatos, pero también para luchar por sus intereses históricos, es decir, por la justa distribución del ingreso, que permita mejores condiciones de vida de la población , por ellos gestionamos ante las distintas autoridades gubernamentales la realización de obras y servicios básicos en beneficio de miles de mexicanos.

Debemos mencionar que la presencia de nuestra organización en el Estado de México es de las más numerosas e importantes, destacando nuestra participación en contiendas electorales y en la gobernanza de dos municipios de dicho estado, Chimalhuacán e Ixtapaluca.

A medida que se acercaban los tiempos electorales de julio de 2012, las mentiras y calumnias contra nuestra organización se han centrado en nuestra dirigente estatal, Maricela Serrano Hernández, hoy diputada federal, quien a lo largo de 28 años ha gestionado obras sociales para mejorar la calidad de vida de quienes padecen desigualdad social y quien, por lo mismos, ha cosechado amplias simpatías entre los habitantes del municipio de Ixtapaluca, cuestión que ha despertado la envidia y encono de políticos locales que ahora, la calumnian, infaman y agreden impunemente.

Particularmente preocupante en esta campaña de desprestigio en contra de Maricela Serrano es el terror que ciertos políticos están sembrando entre los militantes antorchistas:

• 16 de marzo de 2012: dos jóvenes menores de edad fueron secuestrados y golpeados por ocho sujetos, a quienes obligaron a imputarle acusaciones videograbadas a la dirigente antorchista y a quienes, el también diputado Armando Corona, exhibió en un video en el Canal 6 de Ixtapaluca.

• El caso de los transportistas de la Colonia Citlamina en Ixtapaluca quienes constantemente son extorsionados por teléfono y a quienes, además, les robaron una unidad.

• En julio de 2012, Maricela Serrano Hernández, resultó ganadora de la contienda electoral para elegir a presidentes municipales. Dicho proceso fue impugnado por el Partido Acción Nacional, con el candidato Marco Antonio Higuera. El proceso se prolongó hasta el mes de diciembre del mismo año, cuando el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió su resolución a favor de la Licenciada Serrano. El triunfo de la Lic. Maricela Serrano en Ixtapaluca fue a pesar de la guerra sucia que se desató en el proceso electoral, lleno de críticas, zancadillas, propaganda negra, compra anticipada de votos y conciencias, se echó mano de la violencia física y el terror contra Maricela Serrano y sus seguidores (daño y robo de vehículos, golpes a su equipo de difusión, carteles llenos de insultos y amenazas pegados en las puertas de los domicilios, etc.) amenazas de muerte por televisión, prensa escrita, volantes, correos electrónicos y teléfono celular, hechas en un lenguaje soez y brutal, contra ella, sus pequeños hijos y su familia en general. Ver anexo.

• 26 de marzo de 2013: aproximadamente a las 9 de la noche, intentaron asesinar al director de Desarrollo Social, el joven profesionista Carlos Enríquez Santos, hoy presidente electo del municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Los sicarios lo siguieron en un auto, que se colocó atrás del que él iba manejando, desde el cual le dispararon una bala de 9 mm que entró por la parte posterior de su auto, perforó el asiento, lesionó la espalda del funcionario, atravesó el tablero y se incrustó en el motor. El ataque fue a matar y el funcionario salvó la vida del milagro. (Carpeta de investigación).

Horas después, a los teléfonos celulares del profesor Bernardino Domínguez, dirigente antorchista en la región, y de otras dos personas que ocupan puestos dirigentes en la administración y dentro de nuestra organización, entró el siguiente mensaje, que reprodujimos íntegramente, incluidas la bárbara ortografía y la sintaxis del original, para dar una idea del hambre de poder, irracionalidad y vesania de sus autores...

“hola líder Bernardino y demás aganles llegar este mensaje a sus obreros queridos antorchos que tal les fue con nuestro regalito no era la intención matarlo pero si recordat que vamos con todo y no nos amedrentamos, este directorcito soolo es prueba que no nos andamos con juegos queremos fuera a todos los antorchos sabemos cuantos son 17 que tiraremos uno por uno sabemos de que pie cojen y lo que le paso a carlos les pasara a cada uno de ustedes julio leonel luis gustavo juarez etc todos les tocara lo mismo pero a sus tres mujeres que tienen trabajando elizabet zaida y yesenia una violada no estaría mal sabemos donde pegarles y sabemos cual es nuestro tiempo asi que corran de este municipio antorchos poorque no hay compacion están vijilados las 24 horas sabemos cada movimiento desde donde vive cada uno hasta las relaciones q sostienen cada quien o no julio, al hotel donde se mete su directora del dif las borracheras que se dan los viernes cuantos hijos tienen y no estaría mal empezar con el sindico y su niviecita matamos dos pajaros de un tiro los dos antorchistas uno de presidencia y la otra del dif tiemblen y largence porque esto comienza y terminsran no solo con un balaso sino con mucho más maricela eso quieres”

• Menos de 48 horas después de lanzada esta amenaza, un comando armado con armas largas interceptó el auto del profesor Bernardino Domínguez, lanzó disparos y lo obligó a bajarse del vehículo, junto con otras dos personas que lo acompañaban. En medio de injurias y amenazas de asesinarlos, los agresores obligaron a sus víctimas a colocarse boca abajo sobre la banqueta, lanzaron algunos disparos al aire y se llevaron el auto de sus víctimas. Lo peor de estos atentados es que en Ixtapaluca todo mundo conoce nombre y apellido de los responsables de éste y otros atentados criminales, y sólo el gobierno del estado parece no estar enterado de nada o no darle importancia alguna a tanto abuso e impunidad de parte de gentes que presumen abiertamente de su cercanía al señor gobernador.

• El 7 de septiembre de 2013 dos cadáveres fueron abandonados en un paraje del Río de la Compañía ubicado en los límites de los municipios de Ixtapaluca y Chalco en el Estado de México. Sobre los dos cuerpos fue colocada una cartulina con un texto presuntamente firmado por las iniciales de un grupo delictivo. Sin embargo, los “redactores” no se preocuparon de ocultar el carácter político e intimidatorio de la maniobra, que se asoma con toda claridad en una parte del texto, sin que lo hicieron explícito: “esto es para toda la gente que apoya a Maricela...y para toda la griya (sic) antorchista. Ver anexo.

• Es obvio, no podían dejar de escribirla porque su interés es aterrorizar a toda esa gente que, al mismo tiempo que apoya a Maricela como presidente y como líder social.

• El 18 de septiembre de 2013: “sembraron” el cadáver de una persona desconocida, pero esta vez se arriesgaron más y lo depositaron casi en la entrada a la colonia 6 de junio, en Ixtapaluca, en una zona con una amplia presencia antorchista. El cuerpo de esta persona fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Pero horas después, quedó claro por qué los fueron a abandonar en ese lugar: en una cartulina encontrada varios metros adelante, los vecinos hallaron el siguiente mensaje siniestro e intimidatorio: “esto va dirigido para Maricela Serrano y para sus antorchistas de la seis de junio...”. Al igual que en el caso anterior, al final del mensaje, a modo de firma y para despistar sobre la verdadera factura de la amenaza, aparece el nombre de un conocido grupo delictivo.

• 6 de octubre de 2013: a eso de las siete de la mañana, el señor Manuel Serrano, padre de la entonces presidenta municipal de Ixtapaluca, Maricela Serrano, fue secuestrado cuando se disponía a abrir su modesto negocio de venta de periódicos y revistas del que ha vivido desde hace 50 años, con el que logró sostener un hogar y formar a sus hijos como hombres y mujeres de bien. ¿Quién o quiénes podrían tener interés en secuestrar a un modesto vendedor de diarios y revistas, perfectamente conocido e identificado por todos los que viven y trabajan cerca de él y cuyos ingresos, por elevados que se supongan, no pueden ser un atractivo para quienes buscan riqueza fácil y rápida mediante el secuestro? Dicho brevemente: a la vista de su actividad y de sus posibles ingresos, don Manuel Serrano no es secuestrable por el crimen organizado. El mismo día y casi a la misma hora en que secuestraban a don Manuel, fue allanado el domicilio de la joven abogada Atenea Román Serrano, la hija mayor de Maricela. Aunque los intrusos se llevaron algunas cosas de valor, lo que haría presumir un simple robo, resulta muy difícil aceptar que la coincidencia en fecha y hora de ambos ataques sea pura casualidad. ¿Se pretendía secuestrar a la abogada Román Serrano junto con su abuelo?

• La semana siguiente a la desaparición forzada de don Manuel Serrano, en una reunión con autoridades de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de México, y cuando todo parecía indicar que se estaba cerca de un acuerdo con los secuestradores de don Manuel Serrano Vallejo para conseguir su liberación, el señor Procurador de Justicia del Estado, sorpresivamente, formuló una exigencia insólita: que la alcaldesa de Ixtapaluca, la licenciada Maricela Serrano Hernández, hija de don Manuel, entregara a las autoridades federales (sic) las pruebas de sus “acusaciones” en contra del gobernador Eruviel Ávila Villegas. Fue inútil aclarar al alto funcionario que tal exigencia era totalmente improcedente por cuanto tales “acusaciones” jamás existieron, como puede documentarse fácilmente en la prensa; él se mantuvo en sus trece y se limitó a recordar a todos que era el único y máximo responsable de esclarecer el secuestro. Los interesados en la vida de don Manuel se retiraron con la sensación de que alguien quería “reventar” el proceso.

• Después de este incidente, ocurrieron cosas que constituyen un viraje en el desarrollo del problema. El primero fue que los secuestradores interrumpieron, sin motivo aparente, la ya muy avanzada negociación del monto y condiciones de entrega del rescate, luego de negarse a dar una “prueba de vida” del cautivo, algo insólito en un secuestro “normal” cuyo objetivo sea el dinero, y no han vuelto a comunicarse desde entonces. En segundo lugar, pocas horas después comenzaron a brotar como hongos después de la lluvia, decenas de “espectaculares”, esos grades carteles que suelen colocarse a os lados de las vías de mayor afluencia vehicular, en varios estados del centro de la República. Se trata de una intensa campaña publicitaria alimentada exclusivamente con todas las mentiras, calumnias y patrañas que diversos medios informativos han lanzado, sin ofrecer nunca ninguna prueba (ni fehaciente ni deleznable), en contra del Movimiento Antorchista Nacional, mismas que recibieron la debida respuesta por nuestra parte, en el momento oportuno. Ver anexo.

• El momento escogido para desencadenar esta costosísima guerra sucia, justo al mismo tiempo que los secuestradores cortan toda comunicación con la familia de don Manuel Serrano y se niegan a dar una prueba segura de que la víctima está viva y el doble manejo que los autores le han imprimido a la campaña, evidentemente con toda intención, así como el texto de todos los espectaculares aparecidos hasta hoy hacen sospechoso este hecho.

• Según hemos documentado los antorchistas con algún acceso (precario) a la prensa, no ha habido un solo día, desde el nacimiento mismo de nuestra organización, en que no aparezca una nota difamatoria, un ataque vil (puesto que nunca, absolutamente nunca, nadie se ha molestado en probar, ni poco ni mucho, ni bien ni mal, sus acusaciones) disfrazado de “noticia”; en que no se mienta, se distorsiones, se exagere o se invente simple y llanamente un delito atribuido a los antorchistas. Se nos acusa, p. ej., de todo tipo de delitos del orden común, desde el robo y despojo de bienes inmuebles hasta delitos de sangre, y no se vacila en responsabilizar a los aparatos de justicia y de gobierno de los tres niveles de “proteger”, “solapar”, y “alentar” a los “antorchos” a cometer tales abusos. Pero los únicos que salimos a desmentir los cargos y a negar todo contubernio con las autoridades somos nosotros. Pareciera que a las autoridades al mismo tiempo acusadas, les tuvieran sin cuidado los señalamientos en su contra. ¿Por qué? Si los delitos de Antorcha son reales, ellas deberían actuar; si no lo son, deberían aclararlo puntualmente, y no tanto por respeto a la verdad, sino para dejar a salvo su propio desempeño.

• Aquí los avances en la investigación del secuestro de don Manuel Serrano:

Desaparición de Manuel Serrano Vallejo

Carpeta
493500360316313
6/Octubre/2013
SEIDO: 13 de Diciembre 2013

La investigación realizada por la Procuraduría General de la República arroja que el secuestro de Manuel Serrano tiene que ver con otros secuestros cuya relación se establece a partir de la detención de los probables responsables:

Los procesados son: Jaime Alejandro Juárez Vargas, Guillermo Mendoza Baldivias y María Isabel Duana Díaz.

Fueron detenidos el día 5 de septiembre y el agente del Ministerio Público Federal los consignó por los delitos de: delincuencia organizada, secuestro, portación de arma prohibida y cohecho.

Situación jurídica a dos años de la desaparición de don Manuel Serrano:

Causa penal bajo la que se tramita el asunto del secuestro de don Manuel, es la 49/2014-II ante el juez décimo primero de Distrito en el Estado de México.

El día 15 de septiembre el juez décimo primero penal de Distrito dictó un auto de término constitucional donde resuelve:

1. Auto de Vinculación a proceso por el delito de secuestro cometido en agravio a Enrique García González, Jaime Tiburcio Carrasco Castán, Manuel Serrano Vallejo y Manuel Cárdenas Contreras;

2. Auto de libertad por falta de elementos para procesar por el delito de delincuencia organizada y cohecho;

3. Y a Jaime Alejandro Juárez Vargas y Guillermo Mendoza Baldivias se les dicta auto de formal prisión por portación de arma de fuegos; y

4. Remite copia certificada al tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

En los días que corren la situación es la siguiente:

a) El tres de mayo de 2015, el juez Undécimo de Distrito con residencia en Naucalpan, Lucio Leyva Nava, asistido por su Secretario de Acuerdos Francisco Javier Maya González, dicta un nuevo auto de formal prisión donde resuelve modificar el anterior de fecha 15 de septiembre de 2014, resolviendo dictar auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación d arma de fuego y cohecho.

b) En la misma fecha se declara abierto el procedimiento penal ordinario

c) El ministerio público de la federación adscrito al Juzgado Décimo Primero de Distrito con residencia en Naucalpan (antes Rosa Adriana Jiménez Sánchez y ahora José Antonio Ibarra Nieto), no ofreció prueba alguna, sólo los defensores de los procesados ofrecieron pruebas.

d) Con fecha 10 de junio se admiten las pruebas ofrecidas por los defensores y señalan las fechas para el desahogo de las mismas.

e) Hasta el día de hoy, debieron haberse celebrado nueve audiencias para el desahogo de las primeras pruebas, de las cuales ninguna se ha llevado a cabo:

a. La aceptación de un perito para realizar el diagnóstico sobre si los procesados fueron torturados o no.

b. Las dos siguientes se difirieron por ser ampliaciones de testimoniales de los policías aprehensores, prueba que al estar admitida para su desahogo en distintas fechas, se opuso a la defensa en que se desahogara para que no hubiese división de la misma.

c. La siguiente era la ampliación del menor detenido y de los procesados.

d. Y las últimas tres se habían citado a siete víctimas indirectas, la primera Maricela Serrano, hija de don Manuel Serrano y los seis restantes, familiares de Jaime Tiburcio Carrasco Castán y Manuel Cárdenas Contreras, las cuales tampoco se celebraron en virtud de que no llegaron todos los testigos y el Secretario alegaba el principio de indivisibilidad de la prueba y, aunque después aceptó que ese principio no procedía en el caso de la licenciada Maricela Serrano, finalmente no se celebró la audiencia.

Consideraciones finales

I. Don Manuel Serrano, padre de Maricela Serrano Hernández, diputada federal, de 78 años, es un humilde vendedor de periódicos, que, por lo mismo, no tiene fortuna acumulada de ningún tipo; que sus hijos tampoco tienen bienes y dinero sino que muy apenas ganan para mantener a sus familias; que, como le consta a las propias autoridades, a pesar de su posición de presidenta municipal de Ixtapaluca, Maricela Serrano no es una persona acaudalada, como no lo es ningún líder antorchista.

II. Que en las escasas llamadas que hicieron a la familia de don Manuel, los captores no mostraban ningún interés en la negociación monetaria, pero si lanzaban ostensibles amenazas (que constan en el expediente de la averiguación previa de la causa penal) para demostrar que podían dañar a otros integrantes de la organización si así se lo proponían, haciendo gala de información privilegiada sobre los movimientos de los líderes antorchistas mexiquenses y sus hijos.

III. La prueba de que el móvil no es el dinero es que, a pesar de que se aceptó pagar un rescate, los delincuentes no fueron a recogerlo ni se han vuelto a comunicar desde hace cinco semanas. Nunca recibimos, en cambio, alguna versión, fruto de las investigaciones o de otro razonamiento, que rotundamente confirmara o desmintiera nuestra visión del asunto.

IV. además, tanto en desplegados dirigidos al señor presidente de la República y al señor secretario de Gobernación, como en varios artículos de nuestro líder nacional, hemos expuesto pormenorizadamente, además de las razones por las que la víctima no era secuestrable, nuestra opinión fundada de que los investigadores debiera buscar posibles líneas de investigación en el contexto social en que se dio el “secuestro”, caracterizado por un bloqueo de los recursos públicos destinados a los municipios mexiquenses gobernador por antorchistas; seis asesinatos de transportistas que participaban en la lucha por trabajar con independencia del Pulpo camionera; amenazas de muerte contra líderes antorchistas, dos de ellas instrumentadas mediante el macabro recurso de arrojar cadáveres de desconocidos con letreros amenazantes adheridos a los cuerpos en descomposición; allanamiento de sus domicilios y de las casas de estudiantes donde habitan sus hijos; tiroteos a funcionarios municipales antorchistas y a comunicólogos que trabajan con nosotros; procesos judiciales para acusarlos por las manifestaciones que se hacen para protestar por todo esto en Toluca; seguidos de una campaña de terror para sembrar miedo y odio en la población, que incluye decenas de anuncios “espectaculares” resguardados por la policía estatal.

V. En cuanto hace a los avances en materia jurídica, con base en el estudio de los doce tomos que comprenden el expediente de investigación de los diferentes secuestros que supuestamente ejecutó la banda detenida el 6 de septiembre de 2014, consideramos que:

VI. Se determina la relación entre la banda de secuestradores con el secuestro de don Manuel después de haber realizado cientos de comparativos entre redes de teléfono, sin embargo, la prueba de voz de los negociadores que dicen que coincide entre los secuestros no se conoce.

VII. En los secuestros de las otras tres personas (Enrique, Tiburcio, Manuel Cárdenas) al final de la investigación se conoce cómo operaron los secuestradores, desde el móvil del secuestro hasta la muerto de los mismos, sin embargo, en el caso de don Manuel Serrano no se dice nada sobre cómo se ejecutó su secuestro, es decir, cómo lo “levantaron”, por qué la tijera del puesto de periódicos estaban como la encontraron los familiares, cómo llegó el Chevy hasta dónde estaba, etcétera.

VIII. Las llamadas de los secuestradores en los tres casos (Enrique, Tiburcio, Manuel Cárdenas) tienen una negociación meramente económica, a diferencia de los registros en el caso de Manuel Serrano, donde constantemente se hace alusión a que Maricela Serrano sabe de qué se trata, o expresiones como: “Ya sabemos los domicilios de todos”, “Dile que ya sabe de dónde viene esto”, “Tolentino también sabe de qué se trata esto”. De los que se puede concluir, que el móvil nunca fue económico.

IX. La falta de investigación seria atendiendo al escenario político y de amenazas en contra del Movimiento Antorchista Nacional y a Maricela Serrano en particular por políticos locales por el ex diputado Armando Corona, principal adversario del progreso en Ixtapaluca, además de la omisión de investigación de más de cinco números telefónicos que tuvieron relación con las llamadas de los secuestradores, así como la suspensión de ya nueve audiencias en el proceso judicial para juzgar a los probables responsables de los delitos enumerados con anterioridad sugieren un completo desinterés de las autoridades competentes de impartir justicia, de investigar y perseguir los delitos en aras de mantener la paz y el orden públicos; se deja ver una evidente intención de dejarnos en un completo estado de indefensión ante un hecho que resulta grave por atentar contra derechos fundamentales de mexicanos agrupados en una organización social.

Una y otra vez los antorchistas del estado de México y del país entero hemos demostrado respeto por nuestros adversarios políticos; ahora, estamos en todo nuestro derecho de exigir el mismo respeto para nuestra organización y nuestros dirigentes. Es por ello que exigimos un alto a la campaña de calumnias, agresiones, ataques mediáticos y difamación en contra de nuestra organización y de nuestra dirigente estatal, Maricela Serrano Hernández, exigimos una investigación seria de la desaparición de don Manuel Serrano, exigimos justicia ante un crimen que no se ha investigado con responsabilidad, celeridad en el proceso judicial e imputación de los cargos a los autores intelectuales que se desprendan de los hechos.

El asunto no es de ninguna manera desconocido para las autoridades de gobernación federal, de la Procuraduría o del Poder Judicial. Prácticamente desde que se tuvo conocimiento de la desaparición de don Manuel Serrano, el gobierno federal fue informado, a través del subsecretario de Gobernación, licenciado Luis Miranda Nava, del ataque sufrido y de todo el ominoso clima de agresiones que rodeó este hecho criminal contra nuestra organizació0n en el estado de México, y particularmente contra Maricela Serrano y su familia, así como todos los hechos que se fueron acumulando posteriormente y que, a nuestro juicio, evidencia contundentemente que los captores no querían dinero ni aceptarían un regreso rápido de la víctima al hogar a cambio de pagar una suma monetaria, sino que buscan infundir terror y una desbandada entre las filas del antorchismo, cosa que no han logrado ni lograrán.

Los hechos expuestos, desde un punto de vista jurídico-penal, y en virtud de que al momento de la desaparición de don Manuel Serrano Vallejo, Armando Corona Rivera era Diputado local en el Congreso del estado de México, denunciamos el delito de Desaparición Forzada cometido por Armando Corona Rivera en perjuicio de Manuel Serrano Vallejo.

Tipo penal que se encuentra tipificado en el artículo 215-A del Código Penal Federal que a la letra dice: “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público, que independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.

Asimismo, y en caso de que así lo arroje las investigaciones que se realicen en el conocimiento del presente asunto, denunciamos a la persona Armando Corona Rivera por el delito de homicidio cometido en contra de don Manuel Serrano Vallejo.

X. El día martes 06 de octubre del 2015, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, se presentó Punto de acuerdo con relación al delito de Desaparición Forzada de Personas en Perjuicio del Ciudadano Manuel Serrano Vallejo, por el que se exhorta:

Primero. Se exhorta a la PGR a que abra otra línea de Investigación por Delito de Desaparición Forzada de Personas en perjuicio del Ciudadano Manuel Serrano Vallejo, realizando las investigaciones correspondientes contra quienes han sido señalados como responsables, sin importar el cargo que desempeñen o hayan desempeñado.

Segundo. Se exhorta a las autoridades competentes, PGR, Poder Judicial del Estado de México y Poder Judicial de la Federación para que el Proceso Penal del C. Manuel Serrano Vallejo se conozca, se separe y se desahoguen las pruebas de manera individual.

XI. El 10 de marzo del 2016, en respuesta al oficio número D.G.L.63-II-8-0135, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez Vicepresidenta de la Mesa Directiva se remite copia signada por el maestro Iñigo Fernández Baptista, Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la PGR, en respuesta al exhorto se comunica que fue declinada por especialidad a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas siendo única y exclusivamente de su competencia. Se anexa copia simple.

Por lo anteriormente expuesto y narrado, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Primero. Que se exhorte a la Procuraduría General de la República para que abra otra línea de investigación por el delito de desaparición forzada de personas, contra quien resulte responsable de la autoría intelectual del delito por los hechos narrados en este documento.

Segundo. Que se exhorte a la Fiscalía Especializada En Búsqueda De Personas Desaparecidas, por ser única y exclusivamente de su competencia.

Tercero. Que se exhorte a las autoridades competentes, Procuraduría General de la República y Poder Judicial del Estado de México y de la Federación para que el proceso penal de don Manuel Serrano Vallejo, se conozca, se separe y se desahoguen pruebas de manera individual.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputados: Maricela Serrano Hernández, Héctor Javier Álvarez Ortiz, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Edith Villa Trujillo, Juan Manuel Celis Aguirre, Telésforo García Carreón, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Marco Antonio Gama Basarte, Carlos Alberto de la Fuente Flores, José Teodoro Barraza López, Marko Antonio Cortés Mendoza, Armando Luna Canales, César Alejandro Domínguez, Domínguez, Alfredo Basurto Román, Juan Romero Tenorio, Lia Limón García, Román Francisco Cortés Lugo , Gerardo Federico Salas Díaz, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Enrique Pérez Rodríguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la PGR a investigar la conducta presumiblemente constitutiva de delitos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, contra la administración de la justicia y los que resulten del magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco; y a éste, a presentar su renuncia con carácter de irrevocable, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, mediante el cual se exhorta al magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a que presente su renuncia con carácter de irrevocable por contar con antecedentes criminales e igualmente, se exhorta a la Procuraduría General de la República a utilizar sus facultades de atracción por conexidad de delitos para investigar la conducta presumiblemente constitutiva de delitos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencia, contra la administración de la justicia y los que resulten por el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El 12 de octubre del presente año, a través de medios de comunicación nacional y de circulación en el estado de Jalisco, se dio a conocer una comunicación en la que el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, indebidamente, a solicitud de un tercero, intercede ante una autoridad de Seguridad Pública Municipal, para solicitar evitar el cumplimiento y aplicación de la Ley a personas detenidas en flagrante delito.

Reforma exhibe audio del presidente del TSJ en Jalisco pidiendo liberar a delincuentes

Un audio filtrado al medio de comunicación, muestra la presunta una conversación vía radio del titular de la SSP con el magistrado, en donde, éste último pide ayuda a nombre de el “patrón” de los detenidos, de quien -dijo- sólo se dedica a la compra venta de autos.

Lo que pasa es que yo conozco al señor. El señor ese es muy amigo de un grupo empresarial aquí”, dijo el también presidente del Consejo de la Judicatura de Jalisco, quien no identifica por nombre a la persona a la que alude.1

A continuación se transcribe la llamada telefónica que hizo el magistrado Vega Pámanes al Comisario de Seguridad Pública de Guadalajara:

Salvador Caro Cabrera = SC

Luis Carlos Vega Pámanes = LCVP

SC: Si, ya sé quiénes son eh, ya sé quiénes son.

LCVP: Órale.

SC: ¿Qué pasó presidente? Bueno...

LCVP: Bueno... los llevan a la Calle 14, ya ves que es por posesión. Los llevan a la 14y ahí nomás van a entorpecer el trámite.

SC: ¿Si son los mismos que estamos hablando?

LCVP: ¿Tienes los nombres? ¿En cuál era? ¿En el banco de Rubén Darío?

SC: Ajá. ¿Son los de armas de fuego y un vehículo de tipo Grand Marquís blanco con torretas?

LCVP: Esos son.

SC: Lo que pasa es que los pidieron en la Calle 14, porque están relacionados con robos.

LCVP: ¿Pero ellos?

SC: A ti ¿quién te los recomendó?

LCVP: Lo que pasa es que conozco al señor que es muy amigo de un grupo de empresarial aquí.

SC: ¿El señor cuál? ¿El patrón de ellos?

LCVP: Ajá el patrón de ellos. Él estaba en otro rollo pues.

SC: Oye pero... a lo mejor él no sabe que son asaltantes.

LCVP: Ah bueno, es otro rollo

SC: ¿O si sabe? ¿De qué giro es?

LCVP: Él se dedica a la compra y venta de autos.

SC: Ah. No mi presidente, es que así con los elementos que tenemos está difícil el poderte ayudar

LCVP: Tons yo lo veo acá.

El Comisario de Seguridad Pública de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera y la Síndico Municipal, Anna Bárbara Casillas, presentaron formal denuncia en contra del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, ante la Procuraduría General de la República, no obstante:

La Procuraduría General de la República se declaró incompetente para investigar a Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia... La dependencia federal argumentó que no es del ámbito de su competencia porque el imputado goza de fuero...

La investigación fue turnada el pasado 4 de octubre a la Fiscalía General del Estado y quedo registrada bajo la carpeta FED/JAL/GDL/000819/2016. Al día siguiente, el fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, giró instrucciones para que el caso fuera turnado al área de Visitaduría.2

Sin embargo, esto contrasta con otros casos similares. El pasado 21 de septiembre del presente año, medios de comunicación nacional dieron cuenta del mensaje del Subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, José Guadalupe Medina Romero, en el que informó el ejercicio de la facultad de atracción por conexidad de las investigaciones iniciadas en contra de Javier Duarte de Ochoa y otros, realizadas, hasta ese momento, por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz.

Atrae PGR investigación contra Javier Duarte por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de Justicia de Veracruz entregó a la PGR dos carpetas de investigación que involucran al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en los delitos de enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber legal, anunció José Guadalupe Medina Romero, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR.3

Atrae PGR investigación contra Javier Duarte

El subprocurador de la PGR anunció que fue notificado el ejercicio de la facultad de atracción del caso.

El subprocurador de la PGR comentó que en la última diligencia desarrollada en Xalapa, Veracruz, el 19 de septiembre “Luis Ángel Bravo Contreras, responsable de la Fiscalía General, recibió los oficios en los cuales se le notificó el ejercicio de la facultad de atracción por conexidad que ejerció la Procuraduría General de la República respecto de las investigaciones iniciadas en contra de Vicente Guillermo Benítez González, Javier Duarte de Ochoa y otros.4

Observamos, de tal manera, que por un lado la PGR atrae, del ámbito del fuero común del estado de Veracruz, una investigación en la que se involucra a diversos servidores públicos, entre ellos, en ese momento, al Gobernador del Estado de Veracruz, y por otro lado se declara incompetente para investigar posibles delitos del fuero federal y estatal presumiblemente cometidos por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

II. Las dos personas detenidas por portación de armas de fuego en el municipio de Guadalajara, Jalisco y por quienes procuró interceder el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, fueron puestos a disposición de la PGR, con base a declaraciones públicas del fiscal general del estado de Jalisco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez:

Es la propia policía de Guadalajara quien pone a disposición de la Procuraduría General de la República a estos detenidos, que también quisiera precisar, de acuerdo a lo que informa la propia Procuraduría General de la República, fueron puestos a disposición de un Juez, el cual los vinculó por el delito de portación de arma de fuego.5

Con base en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que establece las sanciones por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, los detenidos se pusieron a disposición del Ministerio Público de la Federación, como institución competente para la investigación de delitos federales. En este tenor, cabe la conexidad para la investigación de los delitos por portación de armas de fuego y por presuntos delitos de hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencia y contra la administración de la justicia presumiblemente cometidos para evitar el cumplimiento de una Ley Federal como lo es, la de Armas de Fuego y Explosivos.

Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su Capítulo III, Acumulación y Separación de Procesos, artículo 30, en su fracción II, establece como causa de acumulación precisamente la investigación de delitos conexos, entendida cuando se hayan cometido simultáneamente, para consumarlo o para asegurar la impunidad:

Artículo 30. Causas de acumulación y conexidad

Para los efectos de este Código, habrá acumulación de procesos cuando:

I. Se trate de concurso de delitos;

II. Se investiguen delitos conexos;

III. En aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito, o

IV. Se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas.

Se entenderá que existe conexidad de delitos cuando se hayan cometido simultáneamente por varias personas reunidas, o por varias personas en diversos tiempos y lugares en virtud de concierto entre ellas, o para procurarse los medios para cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad.

[...]

Con base en lo anterior, la Procuraduría General de la República debe ejercer su facultad de atracción pues hay pluralidad de sujetos en diversos tiempos y lugares, con lo que se actualiza la hipótesis de conexidad.

Vale la pena señalar algunos de los posibles delitos cometidos por el magistrado Vega Pámanes, tipificados en el Código Penal Federal:

• Provocación y apología del delito por incitar a que se cometa un ilícito (artículo 208).

• Delitos por hechos de corrupción (art. 212).

• Abuso de autoridad para impedir la ejecución de la ley (artículo 215 I y IV).

• Coalición de servidores públicos en grado de tentativa, por buscar coaligarse con otros servidores públicos para violentar la ley (artículo 216).

• Intimidación para evitar que se cumpla una querella (artículo 219 I).

• Tráfico de influencia por gestionar la resolución ilícita de un asunto público ajeno a sus responsabilidades (artículo 221, I y II).

• Delitos cometidos contra la administración de justicia por ejecutar actos que produzcan daños o concedan ventaja a alguien (art artículo 225 VII y VIII).

III. En diciembre del 2014 el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados publicó el estudio: Tráfico de Armas, entorno, propuestas legislativas y opinión pública , investigación que documenta la relación directa entre la portación de armas y la comisión de delitos, así como el hecho de que ocho de cada diez armas, que existen en nuestro país, son ilegales:

El 70 por ciento de las armas incautadas en México provienen de EU, según un estudio

El estudio “Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública” concluye que los homicidios violentos ocurridos en México están relacionados con las armas ilegales que llegan desde EU.

El estudio concluye que el costo en vidas humanas y los daños a la salud derivados de los ilícitos cometidos con armas de fuego, “debe ser un indicador que determine la naturaleza y la dirección de las políticas públicas a implementarse en materia de control de armamento”, pues el hecho de que a nivel nacional en más del 50 por ciento de los ilícitos haya de por medio un arma, confirma la gravedad de una situación que “paulatinamente va dejando ver toda su crudeza”.

El documento agrega que hasta 2012, de las 15 millones de armas circulantes en México, 85 por ciento es ilegal, es decir, 12 millones 750 mil son del mercado negro.6

Lo anterior evidencia la gravedad del delito de portación ilegal de armas como instrumento de violencia utilizado para cometer, otros delitos como el robo, la extorsión, el secuestro, el homicidio. Por ello, en ningún sentido es justificable la intervención de un representante del poder local encargado de la administración de justicia del estado de Jalisco para intervenir, por encargo de un tercero, en favor de la liberación de personas detenidas con armas exclusivas del ejercito sin contar con permiso o licencia emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

La impunidad alimenta la corrupción e ineficacia de las instituciones y, en este caso, las relacionadas con el sistema de procuración y administración de justicia penal, pues por una parte las autoridades piden a la ciudadanía denunciar y confiar en las instituciones, y por otro lado, aun denunciando, como en el actual caso del magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, parece que en lugar de investigar con diligencia y de acuerdo al principio de exhaustividad, lo urgente es evitar hacerlo, abonando a la percepción de desconfianza e impunidad que existe y prevalece en nuestro país.

En México, 95% de los delitos, en la impunidad

Si se considera la cifra negra de delitos, la impunidad -delito sin castigo- sube a 99 por ciento, es decir, menos de 1 por ciento de los delitos son castigados.

La impunidad es un problema generalizado en México, un país en donde sólo siete de cada 100 delitos cometidos son denunciados.

Las estadísticas exhiben que del total de delitos consumados, solamente existe 4.46 por ciento de sentencias condenatorias; lo que arroja una impunidad cercana a 95 por ciento.

Los mexicanos dicen que las dos principales razones por las que no denuncian son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.

El trabajo concluye que la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia.7

Con base a la encuesta nacional en viviendas, realizada por Parametría para preguntar a las y los mexicanos el nivel de confianza que las instituciones le inspiran, resultó que:

...las instituciones que se ubican en los últimos puestos de la escala de confianza ante la sociedad son los agentes de tránsito, las policías estatales, los jueces, los partidos políticos y los ministerios públicos.

Entre los encuestados, las siguientes instituciones reciben los menores porcentajes de confianza: los sindicatos (22 %), el Ministerio Público (20 %), los partidos políticos y jueces (19 % respectivamente), la policía estatal (17 %) y los agentes de tránsito (16 %).8

Tampoco debemos dejar de señalar que la corrupción y desconfianza de las instituciones no se puede desvincular de quienes participan en ellas en todos los niveles y en este sentido la politización en los nombramientos de los funcionarios públicos de las instancias de procuración y administración de justicia, sin duda, han demeritado las funciones de equilibrio, de contrapesos y de no intervención que constitucionalmente se establecen para los Poderes públicos y órganos con autonomía técnica.

Al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, públicamente lo une una amistad con el Gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval y el padre de éste: Jorge Leonel Sandoval Figueroa, que en el caso de éste, además de relación amistosa es laboral, pues como magistrado del también Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, apoyó la elección de Vega Pámanes como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en 2012.

La designación de Vega como presidente del STJ el viernes 14 se dio al amparo del magistrado Leonel Sandoval, coinciden magistrados cercanos a Rodríguez González, al senador Arturo Zamora Jiménez y al exdirigente del PRI Javier Guízar y su compadre, el exdiputado local Javier Galván.

– ¿Llega a la sombra de Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador electo de Jalisco?

–No. A él sólo me une una amistad y respeto que a partir de hoy será una relación institucional.9

A pregunta expresa del reportero de la revista Proceso , el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes reconoció la amistad que lo une con el Gobernador de Jalisco, por lo anterior, resulta pertinente asegurar que se realice una investigación autónoma e independiente, libre de subordinación política en torno a las conductas señaladas del magistrado Vega Pámanes, por ello, además del sustento jurídico ya planteado en la presente exposición de motivos, la relevancia del interés público para que esta investigación resulte atraída por la PGR. Además de lo anterior, debe destacarse que el actual fiscal general del estado de Jalisco, hace cuatro años era presidente estatal del PRI y hace 7 años era regidor por el PRI en el Ayuntamiento de Guadalajara con el entonces Alcalde Jorge Aristóteles Sandoval, actual gobernador del Estado.

IV. La conducta del magistrado Vega Pámanes y la posible comisión de delitos para intervenir en la liberación de detenidos por portación de armas resulta grave y debe ser investigada a profundidad y de manera autónoma para deslindar responsabilidad y garantizar la salud de las instituciones públicas de procuración de justicia en Jalisco. Dejar este caso en la impunidad podría sentar un pésimo precedente en el combate a la corrupción y la impunidad, que hoy son prioridades centrales en la vida pública nacional.

Por ello, consideramos que resulta pertinente y necesario que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación por los posibles delitos cometidos por el magistrado Vega Pámanes, y esclarezca de manera puntual los hechos, deslindando responsabilidades y garantizando la máxima certidumbre.

La PGR puede atraer esta investigación por dos razones: 1) hay una probable conexidad de delitos, porque los sujetos que el magistrado buscaba liberar portaban armas, lo que constituye un delito federal, y 2) hay presuntos delitos federales cometidos por el magistrado, adicionales a los delitos del fuero común.

V. El 27 de octubre del 2016 el diario Reforma, en su portada, expone a la luz pública los antecedentes penales de quien hoy preside el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, quien:

En 1984 fue detenido por robar un auto, matar a una persona y resistir a la policía su captura, según recortes periodísticos de la época.

... Ahora, gracias una búsqueda hemerográfica, pudo conocerse que, hace tres décadas, Vega Pámanes, entonces estudiante, robó un carro con el que mato a una persona por atropellamiento y resistió a balazos el arresto. Ya detenido, confesó varios asaltos a transeúntes, según consta en las notas periodísticas consultadas.

... Finalmente, fueron detenidos. Se les decomisaron 11 mil pesos, 3 relojes y 2 anillos de oro, producto de varios asaltos. No se conoce el proceso al que fue sujeto el ahora presidente del tribunal.10

La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 59, fracción IV, entre los requisitos que establece para ser magistrado, dispone:

Artículo 59. Para ser electo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se requiere: ...

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena ;

Por lo que los antecedentes del hoy magistrado, no sólo desvirtúan la honorabilidad del poder responsable de la impartición de justicia en el estado de Jalisco, sino además sus antecedentes constituyen una causal de inelegibilidad, por lo que por la salud de las instituciones, Luis Carlos Vega Pámanes, debe, inmediatamente, renunciar con carácter de irrevocable a su investidura de magistrado y de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a que presente su renuncia con carácter de irrevocable por contar con antecedentes criminales y violar el artículo 59 fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a utilizar sus facultades de atracción por conexidad de delitos para investigar la conducta presumiblemente constitutiva de delitos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencia, contra la administración de la justicia y los que resulten por el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Lo anterior, derivado de su intervención indebida para buscar la liberación de dos personas detenidas por portación de armas en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Notas

1 Sin embargo, 12 de octubre de 2016.
http://www.sinembargo.mx/12-10-2016/3103045

2 “La PGR se declara incompetente para investigar a Vega Pámanes”, Milenio, 13 de octubre de 2016. http://www.milenio.com/region/PGR-incompetente-investigar-Vega-Pamanes_ 0_828517164.html

3 “Atrae PGR investigación contra Javier Duarte por enriquecimiento ilícito”, Aristegui Noticias. 21 de septiembre de 2016.
http://aristeguinoticias.com/2109/mexico/atrae-pgr-investigacion-contra-javier-duarte-por-enriquecimiento-ilicito/

4 “Atrae PGR investigación contra Javier Duarte”, El Economista. 21 de septiembre de 2016. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/21/atae-pgr-investigacion-c ontra-javier-duarte

5 “La PGR se declara incompetente para investigar a Vega Pámanes” Milenio, 13 de octubre de 2016.
http://www.milenio.com/region/PGR-incompetente-investigar-Vega-Pamanes_0_828517164.html

6 “El 70% de las armas incautadas en México provienen de EU, según un estudio” Animal Político, 05 de enero de 2016.
http://www.animalpolitico.com/2015/01/el-trafico-de-armas-un-detonante-de-la-violencia-en-mexico-estudio/

7 “En México, 95% de los delitos, en la impunidad” El Economista. 03 de febrero de 2016. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/02/03/mexico-95-delitos-impuni dad

8 “Policías, jueces y partidos políticos, los de menor credibilidad” Animal Político, 21 de febrero de 2014. http://www.animalpolitico.com/2014/02/policias-jueces-y-partidos-politi cos-los-de-menor-credibilidad/

9 “La pieza de Leonel Sandoval” Proceso. 22 de diciembre de 2012. http://www.proceso.com.mx/328570/la-pieza-de-leonel-sandoval

10 Reforma. Robó, mató, huyó; hoy dirige tribunal. 27 de octubre de 2016.
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=971684&v=
3&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=971684&v=3

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich, María Elena Orantes López, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, René Cervera García, Verónica Delgadillo García, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Jorge Álvarez Maynez, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Mirza Flores Gómez, Moisés Guerra Mota, Angie Dennisse Hauffen Torres, Carlos Lomelí Bolaños, Jonadab Martínez García, María Victoria Mercado Sánchez, Luis Ernesto Munguía González, María Candelaria Ochoa Ávalos, Adán Pérez Utrera, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Rosa Alba Ramírez Nachis, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Marbella Toledo Ibarra, Salvador Zamora Zamora (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan diversos apoyos para atender los daños causados por las intensas lluvias en Tamaulipas, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita Elva Lidia Valles Olvera, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con el carácter urgente u obvia resolución para exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de garantizar la suficiencia económica en el rubro del sector agropecuario, para paliar las afectaciones ocasionadas por los fenómenos climatológicos en Tamaulipas, particularmente para que: 1) se reinstale el Programa de Concurrencia con Entidades Federativas y se restituyan los recursos asignados al mismo; 2) se elimine la reducción al recurso asignado en los programas de extensionismo y proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales; 3) se reconsidere el apoyo del Proagro a los predios con superficie de hasta 80 hectáreas y; 4) se elimine la reducción de los recursos asignados a los programas de producción pecuaria (Progan); así como al programa de incentivos a la comercialización.

Antecedentes

En días pasados, la zona sur del estado de Tamaulipas fue azotada con tormentas e intensas lluvias generadas por la presencia del frente frío 5, que provocaron inundaciones en diferentes zonas de los municipios de Tampico, Madero y Altamira.

El agua acumulada superó en varios lugares el metro de altura, por lo que elementos de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implementaron el Plan DN-III-E.

No obstante, las afectaciones que se han registrado en las zonas urbanas y suburbanas, en donde se acentúa también los daños es en el sector agropecuario, forestal y pesquero, que ya de por sí, cuenta con graves atrasos y falta de apoyos.

Tenemos como ejemplo que se observa un recorte de 239 mil 700 millones de pesos, es decir, se reduce en 1.7 por ciento más con respecto a 2016. Se encuentra una afectación al anexo 11 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), que consiste en la reducción de 15.78 por ciento al pasar de 352 mil 842.9 millones de pesos en 2016 a 304 mil 751.1 millones de pesos menos para 2017, lo cual representa una disminución aproximada de 48 mil millones de pesos menos para el desarrollo rural sustentable.

Asimismo, se observa que para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se propone una reducción al gasto programable de 26.72 por ciento respecto al año anterior, lo cual representa 22 mil 669.8 millones de pesos menos para las actividades agropecuarios del campo mexicano.

Con esta reducción de recursos, se eliminó una serie de programas como lo es, el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas que mantenía una asignación de 3 mil 271.8 millones de pesos, asimismo, se reducen aproximadamente 40 por ciento los recursos asignados a diversos componentes del anexo 11.1 DPPEF que representan una disminución de 3 mil 656.6 millones de pesos menos para los programas de extensionismo, infraestructura productiva, seguridad alimentaria en zonas rurales (antes Pesa), el Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (Snidrus) y Sanidad e inocuidad agroalimentaria.

Con estas reducciones se afecta el cumplimiento de los objetivos de dichos programas ya que difícilmente se podrá impulsar y favorecer la inversión productiva y la competitividad regional en el agro mexicano, así mismo se afectan los procesos de desarrollo rural que las entidades federativas impulsan, en donde no solo se elimina el Programa de concurrencia sino también se elimina la oportunidad que las entidades federativas tienen para fortalecer los proyectos territoriales derivados de sus políticas estatales.

En este contexto, Tamaulipas se ve severamente afectado, ya que con la desaparición del programa concurrente y las afectaciones al apartado 11.1 DPPEF la reducción presupuestal es de 53 por ciento, es decir, 144 millones de pesos menos que el año pasado, y sí a estas cifras sumamos las reducciones estimadas en el estado respecto a: 1) Proagro en 44 por ciento , es decir, 422 millones de pesos; 2) Progan en 49 por ciento , es decir, 51 millones de pesos y 3) Para el programa de incentivos a la comercialización 35 por ciento, es decir, 490 millones de pesos; todo esto suma una afectación para el campo tamaulipeco de aproximadamente mil 107 millones de pesos de manera directa.

Además de las afectaciones presupuestarias que se han citado, también se afectan las relaciones establecidos en los sectores productivos, sobre todo en la comercialización ya que actualmente Tamaulipas, es el estado líder en el cumplimiento de agricultura por contrato y cobertura de precios, también, aporta al mercado nacional más de 3 millones 500 mil toneladas de granos y oleaginosas, es decir, el disminuir los incentivos de administración de riesgos de mercado, darían una gran incertidumbre a los productores de Tamaulipas, que podría incurrir en pérdidas que afecten la estabilidad de los mercados nacionales.

Lo antes expuesto nos da un panorama de la gravedad que representan dichos recortes presupuestales para el desarrollo rural sustentable así como para el progreso en las actividades agropecuaria del estado de Tamaulipas, como seguramente sucederá en otros entidades más. Es por ello que las autoridades tanto del poder ejecutivo como el legislativo del estado han manifestado su preocupación e inconformidad al recorte.

Así también, es cuestionable la postura que guarda la ejecutora de los recursos (Sagarpa) al no defender y velar en tiempo y forma por los intereses del sector agropecuario que representa; pues históricamente dicho sector se encuentra en constante desventaja por muchos factores, desde la inseguridad que prevalece en las zonas rurales acaparadas por el crimen organizado, en ocasiones la ejecución ineficaz de los recursos asignados; la difícil competencia que tiene el productor mexicano comparado con los apoyos que otros países brindan a sus productores, entre otros.

Aunque existen evaluaciones para el Programa de Concurrencia en las Entidades Federativas que señalan que ciertas acciones tienen coincidencia con otros programas federales que también otorgan apoyos para el desarrollo agropecuario, esta condición no debe prevalecer, ni justifica el interés de eliminar el programa de concurrencias, por el contrario, se debe obligar a las autoridades responsables a reorientar la aplicación de dichos recursos a programas y lineamientos definidos que impulsen proyectos territoriales y potencialicen los recursos de los estados para garantizar avances significativo en el desarrollo rural.

Con lo antes señalado, se observa un ambiente de incertidumbre entre los sujetos productivos dado que las reducciones presupuestarias afectan directamente el sano desarrollo de su actividad económica y sustento familiar.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar la suficiencia económica en el rubro del sector agropecuario, para paliar las afectaciones ocasionadas por los fenómenos climatológicos en el estado de Tamaulipas, particularmente para que:

1. Se reinstale el Programa de Concurrencia con Entidades Federativas y se restituyan los recursos asignados al mismo;

2. Se elimine la reducción al recurso asignado en los programas de extensionismo y proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales;

3. Se reconsidere el apoyo del Proagro a los predios con superficie de hasta 80 hectáreas y;

4. Se elimine la reducción de los recursos asignados a los programas de producción pecuaria (Progan); así como al programa de incentivos a la comercialización.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputada Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a impulsar políticas públicas para la promoción y el desarrollo del sector turístico en la Costa Alegre, en el sur de Jalisco, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Rafael Yerena Zambrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La posición geográfica privilegiada del país ha hecho que el turismo sea una actividad de gran importancia, pues en el aspecto económico representa la tercera fuente de ingresos, después del petróleo y las remesas de los migrantes, lo cual hace que ocupemos la posición número 17 por ingreso de divisas en el sector a escala mundial.

El país posee orgullosamente el noveno lugar como punto de preferencia en el gusto de los turistas internacionales, con 32.7 millones de visitantes hasta 2015.

De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística, el turismo para la economía mexicana es una fuente de gran importancia, en virtud de que sus beneficios no sólo se muestran ser una industria generadora de empleos y en ser una actividad detonadora del desarrollo local y regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales.1

La política de impulso del turismo debe dirigir sus objetivos a la expansión de centros turísticos, sobre todo en el de sol, ya que debemos aprovechar la extensión de las playas, que se encuentran en localidades que gradualmente han comenzado a crecer en infraestructura, como es el caso de la Costa Alegre, en la costa sur de Jalisco.

Según el anuario estadístico del Inegi, la Costa Alegre cuenta con una infraestructura de 78 hoteles, 8 casas de huéspedes, 1 complejo de cabañas, 1 de suites y 3 trailer parks. 2 Respecto a los establecimientos de preparación y servicio de alimentos y bebidas de categoría turística, la Costa Sur cuenta con más de 224 de ellos, entre restaurantes, cafeterías y centros nocturnos.3

Sin duda, entre los factores que brindan la oportunidad de activar el desarrollo turístico en la Costa Alegre está que la mayoría de los turistas extranjeros que visitan la costa de Jalisco, en particular Puerto Vallarta, proviene de Estados Unidos de América y Canadá, así como del norte de la república en cuanto a los turistas nacionales.

Esa situación ofrece la oportunidad de emprender acciones que expandan la actividad turística de sol en Jalisco, ya que debido la cercanía de la Costa Alegre con la zona turística de Puerto Vallarta permitiría aprovechar de mejor manera el flujo turístico entre una zona y otra, pues se fomentaría el desarrollo regional, lo cual podría detonar un crecimiento económico del área, que además sirve como un puente de tránsito hacia el puerto de Manzanillo, Colima, otro importante punto turístico.

La Costa Alegre cuenta con más de 100 kilómetros de playas vírgenes, atravesando por Barra de Navidad, Bahía de Tenacatita, Costa Careyes, Majahuas y Cabo Corrientes. En estos lugares, bañados por el Pacífico, se encuentran caletas y lagunas pobladas con mangles donde habitan todo tipo de aves migratorias.

Los municipios de la Costa Alegre de Jalisco son Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán. Estas demarcaciones, si bien han venido experimentando crecimiento y desarrollo, éste ha sido muy paulatino, ello debido a que las grandes inversiones turísticas se orientan hacia Puerto Vallarta, por lo que consideramos necesario que los esfuerzos por impulsar la actividad turística se dirijan hacia esta región del estado.

Por el desarrollo turístico, muchas localidades han mejorado su imagen y, por ende, se han propiciado mejores condiciones de vida para la población que recibe a los visitantes, generándose fuentes de empleo, mayor desarrollo social y mejora en la infraestructura municipal.

En la parte administrativa, el Consejo de Promoción Turística de México es el organismo gubernamental encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a escalas nacional e internacional, así como promover los destinos y las actividades que México ofrece, en los mejores escenarios naturales y culturales.

Por ello se propone que esta soberanía haga un llamado a la Secretaría de Turismo del gobierno federal para que a través del Consejo de Promoción Turística de México, se fomente la promoción turística de la Costa Alegre de Jalisco, a fin de seguir potencializando el desarrollo de la región de la costa sur del estado.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que a través del Consejo de Promoción Turística, en coordinación con el gobierno de Jalisco, impulse políticas públicas para la promoción y el desarrollo del sector turístico en la Costa Alegre, ubicada en la costa sur de ese estado.

Notas

1 http://www.cptm.com.mx/panorama-del-sector-turistico?language=es

2 Anuario estadístico de Jalisco, 2015, Inegi, página 668.

3 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la SEP a garantizar la suficiencia económica de la operación del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales de 2017, suscrita por la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Luz Argelia Paniagua Figueroa, en conjunción con los diputados de los estados de Baja California y Sonora, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, representados en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, tenemos bien a someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública a asignar recursos para la operación del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2017, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes

Consideraciones

I. Desde el 2007, se detectó un problema de la escasez de los recursos financieros de las instituciones de educación superior (IESP) de nuestro país, lo que constituye una de las principales dificultades que no permiten dar cumplimiento con los objetivos nacionales de la cobertura, la calidad educativa y la diversificación de la oferta académica para nuestros jóvenes mexicanos.

La problemática de la insuficiencia de recursos financieros para apoyar las Universidades Públicas Estatales (UPE), han llevado a que la mayoría de éstas instituciones tengan problemas en su desarrollo institucional especialmente para sus estándares de calidad que permitan apoyar con mejores aulas, laboratorios, becas, centros de investigación así como profesores mejor remunerados.

Lo anterior, se debe a que muchas UPE cuentan con menor financiamiento público y lleva a tener un subsidio más bajo por alumno al promedio nacional.

II. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta 3 refiere a “México con Educación de Calidad”, establece en su Objetivo 3.1 y a la Estrategia 3.1.3, propone dentro de sus líneas de acción realizar las acciones necesarias para el saneamiento financiero y las reformas estructurales que garanticen la viabilidad de la educación superior para 2018.

Asimismo, el Programa Sectorial de la Secretaría de Educación Pública 2013-2018 establece en su punto 2.3 que para “continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de los programas e instituciones de educación superior”, en la que propone la Línea de Acción 2.3.1. “Revisar la estructura de los fondos extraordinarios para asegurar que sean instrumentos para el fortalecimiento de la educación superior”.1

III. Es importante mencionar que hace dos años la Secretaría de Educación Pública elaboró el “U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES Diagnóstico 2014”,2 en la que propone el Programa con los siguientes aspectos relevantes:

1. Procurar la equidad en la desigualdad del subsidio por alumno.

2. Una mejora financiera de las UPES de acuerdo a lo establecido en los lineamientos del programa.

3. Una externalidad positiva sobre otras entidades del sector público, como son las instituciones de la seguridad social y la SHCP. Asimismo, los recursos se han otorgado a cabalidad siguiendo en general los lineamientos del programa.3

Es por ello, que el 29 de enero de este año la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, publicó “Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2016”, cuyos objetivos son apoyar a las UPE:

• Que requieren abatir los pasivos contingentes derivadas del pago de pensiones y jubilaciones.

• Para el reconocimiento en plantillas de personal administrativo.

• Que están por debajo de la media nacional en subsidio por alumno, a fin de abatir las brechas en el financiamiento público de la educación superior.

Estos mismos Lineamientos indican en materia presupuestaria, lo siguiente:

• Que con las acciones realizadas para reformar y fortalecer los fondos de financiamiento de los sistemas de jubilaciones y pensiones de las UPE, para las cuales la Secretaría de Educación Pública (SEP) destinó en el periodo 2002-2015 un monto de 12,421 millones de pesos, se ha logrado disminuir de manera significativa el pasivo contingente de las UPE, lo que ha incidido favorablemente en su situación financiera;

• Que con las acciones realizadas para el reconocimiento de plantilla de las UPE, para las cuales la SEP destinó en el periodo 2007-2015 un monto de 3,000 millones de pesos, se ha logrado disminuir de manera significativa el número de plazas susceptibles a reconocer, lo que ha incidido favorablemente en la situación financiera;

• Que con las acciones realizadas para el saneamiento financiero de las UPE, para las cuales la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión destinó en el periodo 2007-2015 un monto de 8,511 millones de pesos, se ha logrado disminuir de manera significativa el rezago en el subsidio público y ha incidido favorablemente en su situación financiera.

IV. Es importante destacar que los lineamientos así como el Análisis Funcional Programático del Presupuesto de Egresos de la Federación el Ejercicio Fiscal de este año:

Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal 2016 fue aprobado un monto de $2,713,057,364 (dos mil setecientos trece millones cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m. n.), el cual se modificó por la reducción aplicada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedando un monto total de $2,577,404,496.00 (dos mil quinientos setenta y siete millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 m. n.) para este fondo, que se distribuye como sigue:

a) La cantidad de $1,320,875,814.00 (un mil trescientos veinte millones ochocientos setenta y cinco mil ochocientos catorce pesos 00/100 m. n.) para apoyo de reformas estructurales de las UPE a fin de continuar disminuyendo los pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones, hasta su solución definitiva;

b) La cantidad de $150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 m. n.) para reconocimiento de plantilla administrativa de las UPE; y

c) La cantidad de $1,106,528,682.00 (un mil ciento seis millones quinientos veintiocho mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 m. n.) serán destinados a los apoyos para saneamiento financiero de las UPE, con el propósito de que estos recursos contribuyan a abatir las brechas en los costos por alumno en la educación superior.

Es importante que el Programa cuente con la suficiencia económica, pues ayudará a que las universidades públicas estatales tengan el apoyo que necesitan para mejorar sus actividades el próximo año.

El no contar con los recursos financieros para las UPE traerá riesgos para la viabilidad de mejorar la calidad de educación y perjudicará a nuestras instituciones de educación superior, toda vez que traerá consecuencias en apoyo de los estudiantes, los profesores y el personal que trabaja en las universidades públicas estatales.

Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública a garantizar la suficiencia económica para la operación del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2017.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, para que el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2017, apoyen a aquellas Universidades Públicas Estatales que cuenten con buenos resultados en sus finanzas públicas como son la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto Tecnológico de Sonora, entre otras instituciones de educación superior.

Notas

1 Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación
2013-2018, México, Secretaría de Educación Pública, 2013, p. 50, en:
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf

2 Secretaría de Educación Pública, “U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES. Diagnóstico 2014”, en: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5014/1/images/diagnosti co_programa_u081_2014.pdf

3 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputados: Luz Argelia Paniagua Figueroa, José Teodoro Barraza López, Gina Andrea Cruz Blackledge, José Máximo García López, Exaltación González Ceceña, Wenceslao Martínez Santos, Jacqueline Nava Movett, Jorge Ramos Hernández, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Luisa Sánchez Meza, María Eloísa Talavera Hernández, Leticia Amparano Gamez, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, José Everardo López Córdova, Javier Antonio Neblina Vega, Luis Agustín Rodríguez Torres (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INM a emitir acuerdo para suprimir el trámite de obtención de visa a los ciudadanos provenientes de Taiwán, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 39, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

1. La actual situación económica por la que atraviesa el tipo de cambio del peso frente al dólar, se propone la búsqueda de opciones para mejorar la economía con divisas provenientes de otros países y así ampliar operaciones para el ingreso de divisas.

Por ejemplo, Taiwán alcanza un comercio bilateral de 6 mil 900 millones de dólares al año en México; en tanto que en nuestro país se encuentran radicadas casi 300 empresas taiwanesas y las cuales son inversión que generan empleos.

2. En 2015, con el requisito de visa tuvimos la visita de 6 mil turistas taiwaneses, de tal manera que eliminar el requisito de visa para los ciudadanos provenientes de Taiwán que visiten, México, sin duda potenciaría la relación bilateral comercial en un 50 por ciento y de acuerdo con estimaciones de las autoridades de Taiwán, el flujo de turistas se triplicaría generando así, el incremento de divisas para nuestro país.

3. En el ámbito internacional, más de 100 países han exentado a los ciudadanos taiwaneses para obtener visa entre los que destacan Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Austria, Suiza, Suecia, Japón, entre otros.

4. Taiwán es una opción viable en materia económica para México, ya que las condiciones para un desarrollo en los diversos rubros son altamente potenciales y seguros para nuestro país.

5. El gobierno de Taiwán anualmente ofrece diversos programas en beneficio de los nacionales mexicanos, como lo son: beca de Taiwán, beca para estudiar Chino Mandarín, beca de estudios profesionales del ICDF y cursos para los estudiantes mexicanos destacados.

La Universidad Nacional de Taiwán, la Universidad Nacional Chengchi, la Universidad Tamkang y la Universidad Católica Fu Jen y un total de siete universidades, han firmado acuerdos con la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Iberoamericana y diversas instituciones, para que cada año se realicen intercambios de alumnos entre las diversas escuelas, para incentivar el estudio en el extranjero.

Además, se han intensificado los intercambios culturales entre México y Taiwán, como lo es en el Festival Internacional Cervantino y el Festival Internacional de Arte Folclórico de Zacatecas, donde Taiwán ha sido invitado a participar.

6. Consideramos viable flexibilizar los requisitos para que nuestros amigos taiwaneses puedan ingresar al país y así incremente el intercambio cultural, económico y turístico impulsando el desarrollo mutuo de ambas naciones.

No podemos seguir dependiendo de las variables generadas por Estados Unidos ante los escenarios por venir de nuestro principal socio comercial, debemos asumir una postura de apertura en la que prevalezca una reciprocidad real con otras naciones.

7. Exentar de visa a los visitantes taiwaneses es una opción posible y lejos de afectar nuestras relaciones con el oriente, las fortalecerá, ya que siempre se ha distinguido a México en su política de diplomacia internacional como un país que gusta de hacer amigos y mejorar las relaciones de los pueblos.

8. Un dato que debe tomarse en cuenta es que el ingreso per cápita de los taiwaneses asciende a 40 mil dólares anuales, circunstancia que debe ser tomada en cuenta, ya que genera un escenario positivo en estos tiempos de tempestades económicas, de ahí la importancia de tomar este tema como una opción sería para abrir nuevos caminos que generen ingresos de divisas para nuestro país.

9. El presente punto de acuerdo tiene como objetivo facilitar el fortalecimiento de las relaciones económicas, académicas y culturales entre México y Taiwán, ya que con la emisión del Acuerdo de Supresión para que el gobierno mexicano ya no requiera obtención de visa a los ciudadanos taiwaneses para ingresar a territorio mexicano, se elimina cualquier barrera que impida el pleno crecimiento económico, cultural y educativo entre ambos países, ya que no solo detonaría la entrada de turistas, sino también a inversionistas.

Por lo expuesto y fundado, solicito de esta soberanía, la aprobación del siguiente punto de acuerdo para ser discutido y, en su caso, aprobado en esta misma sesión.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración, emita acuerdo para la supresión del trámite de obtención de visa a los ciudadanos provenientes de Taiwán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía condena los asesinatos de estudiantes de primero y segundo grados de la preparatoria de Jojutla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y solicita al gobierno y la Fiscalía General de dicha entidad que no apresuren conclusiones sobre las circunstancias y el móvil del crimen, sino que lleven a cabo las investigaciones y los peritajes de ley, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primero. El miércoles 2 de noviembre de 2016, aproximadamente a las 8:00 horas, fueron encontrados los cuerpos de cuatro jóvenes en un paraje del municipio de Yautepec, Morelos. El mismo día, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) identificó a las víctimas como Alejandro Medina Juárez , Melesio Pizaña Flores , Alberto Emiliano Sánchez López y Francisco Emiliano Carmona Servín , estudiantes de primero y segundo grado de la Preparatoria de Jojutla, perteneciente a la institución.

Fuentes policiacas revelaron que tres de los estudiantes fueron degollados, y todos mostraban heridas de golpes y armas punzocortantes.1 A pesar de aún no haber realizado los peritajes de ley, la Fiscalía General del Estado publicó un comunicado en el que aseguró que los estudiantes regresaban “de un convivio en el poblado de Ticumán, municipio de Tlaltizapán, del que salieron juntos a bordo de un vehículo compacto propiedad de uno de ellos, y a partir de entonces se desconoce lo sucedido”; sin embargo, la fiscalía apuntó que “se descarta que se trate de una ejecución, debido a que no se advierten elementos de una posible participación de grupos delictivos organizados, ninguno de los cuerpos presenta impactos por arma de fuego”.2

Segundo. En un comunicado, la UAEM condenó la violencia que provoca el crimen organizado y la negligencia de las autoridades, al tiempo que reiteró su solidaridad, apoyo y respaldo a las familias de los cuatro estudiantes. Además, se exigió a las autoridades “que eviten hacer juicios anticipados” y se demandó “que el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu exprese sus condolencias, lamente los hechos y se comprometa a garantizar la justicia en este y todos los casos de víctimas, haciendo uso de la tribuna en el foro donde se encuentra”3 (al ocurrir los hechos, el perredista se encontraba en París, Francia).

Tercero. Un día después del asesinato, Javier Pérez Durón, fiscal general del estado, declaró que los universitarios participaron en “una riña” con otras personas y eso motivó el crimen. El padre de Francisco Emiliano Carmona Servín lamentó que el gobernador mienta al afirmar que en Morelos no hay violencia; “exijo justicia y que se esclarezcan los hechos; queremos que hagan su trabajo los de la Fiscalía y los de la Seguridad (el Mando Único) [...] Morelos no es seguro, pese que el gobernador ha gastado mucho dinero en publicidad y en policías, pero de nada sirve y la muestra somos nosotros, las víctimas”, agregó.4

El jueves 4 de noviembre, miles de personas marcharon del ex convento de Santo Domingo de Tlaquiltenango a la preparatoria de Jojutla, para exigir el esclarecimiento de los homicidios. Al final de la protesta, se realizó una misa de cuerpo presente en el patio de la institución.5

Javier Sicilia, secretario de Comunicación de la UAEM y reconocido defensor de los derechos humanos, apuntó que “no han hecho ni una sola investigación y se atreven a dar una información de esta naturaleza, terminan por volver a la misma idiotez que demuestra su incapacidad, o su corrupción o su colusión con los mismos criminales [...] Decir que porque no hubo disparos de armas de fuego no participó del crimen organizado es un argumento estúpido; es un argumento de estúpidos que sólo le creen los estúpidos y lo pueden pronunciar los estúpidos. Que me disculpe el fiscal, ése no es un argumento. El crimen organizado mata de muchas maneras, y si el fiscal dice eso, es un personaje que debe renunciar”.6

Cuarto. Como he denunciado antes en una proposición con punto de acuerdo que no ha sido dictaminada,7 el gobierno del perredista comete graves violaciones contra los derechos de las víctimas de la violencia, a quienes convierte en víctimas del abuso de poder y negligencia oficial; el caso más emblemático es el de las fosas clandestinas de Tetelcingo. En esa ocasión, las actuaciones del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM llevaron al descubrimiento y exhumación de más de 119 cadáveres inhumados ilegalmente por el gobierno de Graco Ramírez.8 Lo anterior valió el reconocimiento del Representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.9

Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 Morelos contaba una “tasa anual de 46 mil 664 delitos, misma que para 2013 se elevó a 48 mil 647 y a 49 mil 245 en 2015. En tanto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) registra que en el gobierno de Graco los delitos ocurren más y se denuncian menos. Expone que si en 2012 se hablaba de 50 mil 517 delitos, en 2013 pasó a 95 mil 256 y en 2014 a 160 mil 239”.10

Quinto. El 6 de noviembre, trascendió en medios de comunicación la detención de cuatro presuntos implicados en el homicidio de los estudiantes; según la información disponible, supuestamente pertenecen a una célula de narcomenudistas que opera en el municipio de Tlaltizapán.1

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados condena los asesinatos de Alejandro Medina Juárez, Melesio Pizaña Flores, Alberto Emiliano Sánchez López y Francisco Emiliano Carmona Servín, estudiantes de primero y segundo grado de la Preparatoria de Jojutla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita al gobierno de Graco Ramírez y a la Fiscalía General del Estado de Morelos no apresurar conclusiones sobre las circunstancias y el móvil del crimen, sino llevar a cabo todas las investigaciones y peritajes que señala la ley.

Notas

1 http://www.jornada.unam.mx/2016/11/03/estados/027n1est

2 http://fiscaliageneral.morelos.gob.mx/noticia/comunicado-de-prensa-caso -yautepec

3 http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/comunicados/co municado-uaem-021116

4 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/03/posible-rina-motivo-de-as esinato-de-estudiantes-de-morelos-fiscal

5 http://www.jornada.unam.mx/2016/11/04/estados/029n1est

6 http://www.proceso.com.mx/461417/detras-los-crimenes-estudiantes-esta-l a-corrupcion-graco-sicilia

7 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160908-IV.html#Prop osicion20

8 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/20 16/Rec_2016_048.pdf

9 https://www.facebook.com/OnudhMexico/photos/
a.333070773375068.105590.332971193385026/1516926524989481/?type=3&theater

10 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
gobiernos-del-prd-los-que-tienen-mas-aumento-en-delitos.html#.WBd6pHj_CVk.facebook

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a fortalecer la coordinación interinstitucional con la CFE, la CRE, la Semarnat, la Conafor y la Conanp para desarrollar con participación ciudadana un plan de mitigación de riesgos ambientales, a fin de garantizar la protección del medio en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Macedonio Salomón Támez Guajardo, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permite poner a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía (Sener), fortalezca la coordinación interinstitucional entre dicha Secretaría y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales, incluyendo la participación ciudadana, para garantizar la protección al medio ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal, en base a los siguientes

Antecedentes

Los áreas naturales protegidas, como es el caso de algunos bosques, enriquecen y mejoran el medio ambiente, además de proporcionar un mejoramiento en la calidad del aire, reducción de temperatura ambiental en el verano, protección en la calidad del agua y un notable retraso de cambio climático global.

Al respecto, el artículo cuarto constitucional, en su párrafo quinto, prevé el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; y dispone la obligación del Estado mexicano de garantizar el respeto a éste derecho. Expresamente prevé que quien dañe o deteriore el medio ambiente incurrirá en responsabilidad.

A partir de la reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión en México, en la Ley de Energía Geotérmica se prevée que la posibilidad de realizar obras de exploración y explotación de energía geotérmica en sitios declarados áreas naturales protegidas, como es el caso de algunos Bosques, siempre y cuando se promueva el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente (artículo 4 Ley de Energía Geotérmica).

Es cierto que la energía eléctrica es una herramienta necesaria para el desarrollo de actividades diarias, y que su generación es indispensable para el desarrollo progresivo de un país. Precisamente en virtud de los daños ambientales que ha sufrido nuestro planeta, se ha buscado el desarrollo e implementación de nuevas formas de generación de energía eléctrica, conocidas como renovables, siendo una de las más importantes y conocidas la energía geotérmica1 .

Aunque en principio este tipo de energía puede ser muy útil para transitar a mecanismos de generación de energía con menores riesgos e impactos ambientales, si no se desarrolla con los cuidados adecuados puede producir un gran número de efectos nocivos al medio ambiente, tales como la emisión de CO2, y H2S, además de la contaminación del agua de los mantos freácticos de las zonas explotadas, con elementos como el arsénico.

México es el cuarto país a nivel internacional en producir este tipo de energía, pues cuenta con una capacidad instalada de producción de 874 mw2. Además, la energía geotérmica es de las más baratas dentro de las energías renovables3 . Sin embargo, para el desarrollo de cualquier proyecto de este tipo, es preciso que se garantice la sustentabilidad de las áreas con potencial geotérmico, y protección del medio ambiente de las mismas.

Es preciso por tanto, que las autoridades en matería energética, así como las autoridades vinculadas a la protección del medio ambiente, fortalezcan la coordinación interinstitucional y desarrollen de forma conjunta planes de mitigación de riesgos ambientales, incluyendo la participación ciudadana, en los proyectos de exploración y explotación de energía geotérmica.

Refuerza dicha necesidad el caso del proyecto de exploración y explotación de energía geotérmica en el área de “Cerritos Colorados-Planillas” del Bosque de la Primavera, de la zona metropolitana de Guadalajara que se expone a continuación:

Exposición de Motivos

El Bosque de la Primavera es uno de los principales pulmones de la zona metropolitana de Guadalajara, que además provee de 35 por ciento de consumo de agua a sus alrededores y funge como un regulador del clima de la zona, pues se desempeña como normalizador durante las olas de calor y colabora con la reducción de los gases de efecto invernadero4 . Este bosque, poseé una gran biodiversidad de flora y fauna, motivo por el cual ha recibido desde el año 1934 diversas declaratorias como zona forestal protegida a nivel federal, estatal e internacional. En el año 1980 fue declarada Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre y Reserva de la Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraulicos5 .

Tras la reforma energética y con la aprobación de la Ley de Energía Geotérmica, se abrió la posibilidad de realizar obras de exploración y explotación de energía geotérmica en sitios declarados áreas naturales protegidas, como es el caso del Bosque de la Primavera, de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

El 22 de julio de 2015, la Sener otorgó una concesión a la CFE, mediante la cual autoriza la exploración y explotación de energía geotérmica en el área de “Cerritos Colorados-Planillas” del Bosque de la Primavera, mismas que son áreas núcleo de este importante bosque. En la misma fecha, la Comisión Nacional del Agua otorgó a la CFE un título de concesión de agua geotérmica por un volumen aproximado de 4 millones y medio de m3 anuales6 .

Al respecto, el artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, establece que corresponde a la Dirección General de Energías Limpias de la Secretaría a su cargo, el otorgamiento y revocación, en el ámbito de su competencia, de los permisos de exploración y concesiones de explotación en materia de energía geotérmica, así como llevar el Registro de Geotermia, y demás facultadas otorgadas a la secretaría en la Ley de Energía Geotérmica.

Derivado de lo anterior, la CFE recibió facultades para otorgar licitaciones y permisos para que empresas particulares lleven a cabo dichas actividades en la zona referida. El artículo 53 Ter del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, faculta a la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, la celebración y suscripción de contratos de obra pública, servicios, adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como rescindir, finiquitar y aplicar sanciones vinculadas con las contrataciones derivadas de sus actividades.

Para el desarrollo del proyectó, la Universidad Autónoma Chapingo desarrolló en 2008 un estudio de manifestación de impacto ambiental7 , sin que conste a la fecha la actualización de dicho estudio, como lo prevé la ley.

La historia de exploración geotérmica en el Bosque de la Primavera no es nueva, sus inicios se remontan a finales del año de 1979, cuando la CFE adquirió permisos para el desarrollo de infraestructura en la zona de “Cerritos Colorados”, los cuales avanzaron sistemáticamente hasta finales de 1989, año en el que fue suspendida la exploración, pues el proyecto causó un gran impacto ambiental y contaminación en buena parte del bosque8 .

Asimismo, en ese año, cuando se realizaba la etapa de exploración dentro del bosque, se efectuaron perforaciones que retiraron la capa vegetal, con lo que surgieron y se esparcieron gases contaminantes que convirtieron a la zona en un lugar de tinieblas durante días. Después de dicho acontecimiento, se realizaron diversas marchas para la cancelación de los trabajos geotérmicos dentro del bosque en la zona metropolitana de Guadalajara y sus alrededores.

La suspensión definitiva se suscitó después de la visita del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien realizó un recorrido en la zona por vía aérea identificando los daños causados por la Comisión Federal de Electricidad. Para tal fecha, la CFE, consciente de los daños causados a la zona, decidió cubrir el predio con pintura epóxica verde, lo que el mandatario verificó, trayendo como conclusión la cancelación definitiva del proyecto9 .

De acuerdo con los especialistas en materia ambiental, las obras generarían deterioros irreversibles en el medio ambiente del bosque, como la contaminación de los mantos freáticos, contaminación de los suelos con elementos potencialmente tóxicos y afectación de la dinámica ambiental de la zona metropolitana de Guadalajara.

De un análisis realizado en la zona, en materia de riesgos y oportunidades, se determinaron los siguientes resultados en cuanto al desarrollo de los proyectos de esta naturaleza:

Impactos negativos y efectos

- Ruido durante la perforación

• Ahuyenta la fauna.
• Perturbación del área natural protegida.

- Emisiones a la atmósfera por la perforación

• Emisión de ácido sulfhídrico, lluvia ácida en la zona.
• Emisión de CO2, con aumento de efecto invernadero.
• Cambio de humedad en el entorno.

- Cambio de uso de suelo-desmonte

• Reducción de los servicios ambientales del suelo y arbolado de la zona.
• Perturbación del hábitat, pudiendo provocar migración de la fauna o alteración de la flora nativa.

• Modificación del paisaje.
• Erosión del suelo.
• Rompe la conectividad de las grandes especies como felinos.

- Contaminación térmica

• Modificación de las rutas de aves.
• Daño a arbolado.
• Reducción de espacios para flora y fauna endémica.

- Mal manejo de residuos peligrosos y de manejo especial

• Infiltración al subsuelo y contaminación de los mantos freáticos.

- Fragilidad del área natural protegida

• Deterioro del paisaje.

• El costo medioambiental puede ser elevado en las zonas donde se encuentran los puntos calientes si se destruye el bosque u otros ecosistemas para instalar las plantas de energía.

• Rompimiento del balance, al propiciar el ingreso de más personas al área constantemente.

- Contaminación de acuíferos

• Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoniaco, etcétera.
• Disminución de flora y fauna.
• Contaminación de fuentes limpias de agua.
• Afectación a los habitantes de los alrededores.

- Económicos

• Disminución del turismo ecológico en la zona.
• Pérdida de valor del área natural protegida.

- Tecnológica

• Debe haber una transformación a energía eléctrica ya que no se transporta como energía.

- Sociales

• La población del área metropolitana de Guadalajara es reactiva en cuanto al tema de las áreas naturales protegidas localizadas en la zona, se presentará una gran resistencia al proyecto.

El proyecto ya tiene antecedentes de haber sido abandonado por presiones socio-ambientales, desde la década de los 80´s y la última vez en 2005.

- Legal

• La legislación local que establece la manifestación de impacto ambiental de 2008 ya no está vigente.

- Fauna

• Existen especies en listadas en la NOM-059.

Impacto positivo y efectos

- Eficiencia energética

• Es una fuente que evitaría la dependencia energética de los hidrocarburos.

- Residuos

• Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los originados por el petróleo, carbón.

- Ruido durante la operación

• Menor generación de ruido comparado con otra tecnología.

- Longevidad

• Los recursos geotérmicos son mayores que los recursos de carbón, petróleo, gas natural.

- Económicos

• No está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede mantenerse a precios nacionales o locales.
• Bajo costos de generación y no implica riesgos.
• Reduce la dependencia energética de los hidrocarburos.
• Creación de empleos especializados en el área metropolitana de Guadalajara.
• Incrementa la seguridad energética para la zona

- Tecnología

• Es una tecnología probada y aplicada.
• Aumenta la matriz energética del Estado y del país.

- Emisiones

• El proyecto se puede vender como proyecto de mecanismo de desarrollo limpio (MDL).
• Menor cantidad de emisiones en comparación de Hidrocarburos.

La superficie nacional protegida mediante áreas natruales, no representa más del 7 por ciento del territorio nacional10 , por lo que es sumamente importante promocionar su cuidado, pues representan una condición necesaria para el el desarrollo de la flora y fauna y para el mantenimiento de nuestros ecosistemas reconocidos a nivel internacional por su diversidad.

El equilibrio ecológico debe figurar como uno de los temas más relevantes a nivel nacional, no sólo en particular en la materia ambiental, sino también en otras materias como es la energética.

De acuerdo con la última manifestación de impacto ambiental del proyecto geotérmico de referencia, que de acuerdo con las últimas fuentes de información oficial no estaría vigente a la fecha, los riesgos ambientales que representa el desarrollo de un proyecto geotermoeléctrico en el Bosque de la Primavera no se justificarían frente a la estimación de la capacidad de generación de energía eléctrica del proyecto y la falta de demanda real en el mercado. Por tanto, los daños irreversibles y altamente nocivos al núcleo de este bosque, acarrearían responsabilidades ambientales. Así lo dispone la Ley Federal de Responsabilidades Ambiental.

Cabe decir, que de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Energía, corresponde al órgano de gobierno ordenar las visitas de verificación, inspección o supervisión, y citar a comparecer a servidores públicos y representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como la regulación, autorizaciones y permisos que hubieran emitido, y de los contratos y convenios relativos a las actividades reguladas. Asimismo, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento Interior citado, corresponde a la Unidad de Regulación la emisión de opiniones a las unidades administrativas responsables sobre el otorgamiento y modificaciones de permisos de generación y suministro eléctrico.

Si bien la Comisión Reguladora de Energía se rige por las normas en materia energética, ello no le exhime de la observancia de los principios y derechos contenidos en la constitución y en la propia Ley de Energía Geotérmica, como es la protección al medio ambiente, que debe regir todas sus actividades.

En tal virtud, es indispensable instar a las autoridades a consolidar la reforma energética, sin perder de vista un régimen de protección ambiental óptimo para las áreas naturales protegidas, en las que florezca el desarrollo de derechos humanos y ambientales.

El caso de Cerritos Colorados-Planillas no es un caso aislado. Basta con revisar experiencias como la de Cerro Prieto, la segunda mayor central de geotermia del mundo, ubicada en Mexicali, en la cual diversos grupos sociales y campesinos han denunciado que la CFE ha incumplido con las normas de sanidad y de seguridad para explotar el subsuelo y que la explotación ha afectado al menos 8 mil hectáreas de terrenos agrícolas, provocado daños ambientales y de salud a pobladores de al menos una decena de ejidos.

Igual situación se presenta en San Pedro Lagunillas, Nayarit, en donde se han perforado tres pozos, y se pretende aumentar y desarrollar dieciocho más; frente a ello, pobladores de la región y aledaños han denunciado enfermedades respiratorias, derivadas de continuos olores pestilentes, así como la alteración de la fauna de la laguna cuyas especies reportan deformaciones genéticas.

Asimismo, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México reporta que en la planta Los Azufres, en Michoacán, se han detectado 117 sismos dentro del campo geote?rmico, los cuales generan igualmente impactos ambientales.

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente proposición de

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía a fortalezca la coordinación interinstitucional entre dicha secretaría y la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales, incluyendo la participación ciudadana, para garantizar la protección al medio ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal.

Notas

1 La energía geotérmica es una energía renovable que utiliza el calor producido por la tierra para extraer la energía concentrada en la subcapa de la tierra o el “subsuelo”, específicamente en los reservorios geotermales, que si gozan de una buena explotación y manejo, tienen la capacidad de producir energía de forma indefinida. Los antes mencionados reservorios se componen de 3 elementos principales: el magma, el acuífero y un sello. El magma es el producto que resulta entre la mezcla de roca fundida y gases que se encuentran debajo de la corteza terrestre, y que cuando sube a la superficie configura la creación de volcanes, el magma emite vapor y calor por lo que este componente resulta suficiente para la movilización de materiales y la producción de energía eléctrica; por otra parte, el acuífero permite el traspaso de agua y otros fluidos subterráneos, mientras que el sello se conforma por rocas y demás sólidos que impiden el paso de humedad de cualquier tipo de líquido. En ¿Qué es la energía geotérmica?, artículo publicado por el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes en Chile. Información disponible en la siguiente liga:

http://www.cega.ing.uchile.cl/cega/index.php/es/informac ion-de-interes-/ique-es-la-energia-geotermica

2 “Sener y Conagua fortalecen la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad en geotermia”, publicado por la Secretaría de Energía el 22 de Julio de 2015. Información disponible en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/sener/prensa/sener-y-conagua-fortalec en-la-capacidad-de-la-comision-federal-de-electricidad-cfe-en-geotermia

3 “Energía goetérmica, una de las apuesta fuertes del futuro” publicación del periódico El Financiero, del 31 de marzo de 2014. Información en la siguiente liga:

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/energia-geotermi ca-una-de-las-apuestas-fuertes-del-futuro.html

4 “Explotación Geotérmica de la Primavera: un peligro inminente”. Artículo publicado por la revista MAGIS del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ociddente, el 25 de Julio de 2016. Más información en la siguiente liga:

http://www.magis.iteso.mx/content/explotaci%C3%B3n-geot% C3%A9rmica-de-la-primavera-un-peligro-inminente

5 Decreto oficial por el que por causa de utilidad pública se establece zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como La Primavera, que se localiza dentro de una superficie aproximada de 30.500 hectáreas, de propiedad particular en los municipios de Tala, Zapopan y Tlajomulco, Jalisco.” Más información en la siguiente liga:

http://www.aurajaguar.org/DecretoBosquePrimavera.pdf

6 “La primavera, en peligro por proyecto de geotermia”. Artículo publicado por el periódico El Informador, el 14 de Junio de 2016. Información en la liga a continuación:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/1 4/la-primavera-en-peligro-por-proyecto-de-geotermia

7 “Manifestación de impacto ambiental modalidad regional proyecto geotermoeléctrico Cerritos Colorados” presentada por la Universidad de Chapingo. El estudio completo se encuentra disponible en la siguiente liga:

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/es tudios/2008/14JA2008E0002.pdf

8 “Explotación geotérmica de la primavera: un peligro inminente”. Artículo publicado por la revista Magis del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ociddente (ITESO) el 25 de julio de 2016. Información disponible en la siguiente liga:

http://www.magis.iteso.mx/content/explotaci%C3%B3n-geot% C3%A9rmica-de-la-primavera-un-peligro-inminente

9 Ídem.

10 Según datos publicados en el artículo “Nuevas relaciones con la naturaleza y entre nosotros mismos” por la Biblioteca Digital ILCE, párrafo 3. Información disponible en la siguiente liga:

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/libros/texto/cn5/u0 1t07.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputado Macedonio Salomón Támez Guajardo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al IMSS a efecto de que al ordenar y practicar visitas domiciliarias también se verifique el cumplimiento de los empleadores en materia de determinación de cuotas obrero-patronales y a difundir la información relativa a las acciones tomadas contra aquéllos por incumplir sus obligaciones, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la suscrita, Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

En materia de seguridad social, cobra especial importancia para los derechohabientes el fondo de pensiones o fondo para el retiro a que tienen derecho, pues representa, en la mayoría de los casos, el único ingreso que tendrán en un futuro para hacer frente a sus necesidades básicas.

Los beneficios en materia de seguridad social, tienen como punto de partida la aportación de cuotas obrero-patronales, mismas que son determinadas por los propios patrones, según se señala en el artículo décimo quinto de la Ley del Seguro Social, tomando como base el salario base de cotización del trabajador.

Considerando que es el patrón y el trabajador quienes complementan las cuotas obrero patronales y que el pago de las mismas representa uno de los mayores gastos para los empleadores y las empresas, cabe la posibilidad de que aquellos realicen actos o acudan a prácticas que tengan por objeto evadir o incumplir con dichas obligaciones, evidentemente esto en perjuicio de los trabajadores. Con la intención de evitar dichas prácticas la Ley del Seguro Social prevé, en su artículo 304-A, como infracción la presentación al Instituto Mexicano del seguro Social (en lo sucesivo el Instituto) de cédulas de determinación de cuotas obrero patronales con datos falsos, y lo sanciona con multa equivalente al importe de veinte a doscientas diez veces el salario mínimo diario general vigente.

A efecto de prevenir y detectar los actos antes mencionados, se ha determinado que aquellos patrones que cuenten con un promedio anual de trescientos o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto por contador público autorizado. Asimismo, se ha embestido al Instituto con la facultad de ordenar y practicar visitas domiciliarias, mismas en las que podrá requerir la exhibición de documentos, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley del seguro Social y demás disposiciones aplicables.

Por todo lo antes expuesto se genera la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se envíe un respetuoso exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de que, al practicar visitas domiciliarias a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y demás disposiciones aplicables, procure y preste especial atención en el cumplimiento del patrón en materia de determinación de cuotas obrero patronales.

Segundo. Se exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social para que dé a conocer la cantidad de visitas realizadas, los actos detectados y las sanciones impuestas a los patrones como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones. Lo anterior, con la intención de estar en posibilidades de detectar los casos de mayor incidencia y analizar posibles soluciones en favor de los derechohabientes y de los propios patrones.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de noviembre de 2016.

Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP y su homóloga del estado de México a verificar que los libros de texto gratuitos se hayan entregado de forma oportuna y completa en las escuelas primarias de la entidad, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, diputada federal integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la autoridad educativa estatal para que, en el marco de sus competencias, verifiquen que la entrega de los libros de texto gratuitos haya sido oportuna y completa en las escuelas primarias del estado de México, al tenor de los siguientes considerandos

Antecedentes

La entrega de libros de texto gratuitos es resultado de la preocupación de ciudadanos, maestros, intelectuales y políticos que deseaban brindar una educación de calidad a las niñas y niños del país sin afectar la economía de las familias mexicanas. Durante los años en que se institucionalizó la entrega de libros, se estimó que para hacer realidad la gratuidad de la educación básica, la cual es reconocida en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, era necesario que el gobierno federal proporcionara a los alumnos los libros de texto que complementaran su formación. De esta manera, se combatió el problema de la inaccesibilidad, producto de los costos que para las familias mexicanas representaba la compra de los libros escolares.

Es así que el acceso a los textos educativos favorece la equidad y el ejercicio del derecho a la educación en beneficio de diversos sectores de la sociedad, especialmente de los millones de niños mexicanos.

Para llevar a cabo la distribución de los libros, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) reparte los materiales a las autoridades educativas de los estados del país, las cuales a su vez entregan los paquetes en los municipios.

Bajo esa lógica, la fracción XVI del artículo 27 de la Ley de Educación del estado de México señala que entre las atribuciones de la autoridad educativa estatal se encuentra la de “distribuir en forma oportuna, completa y eficiente los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios”.Declaratoria de publicidad de dictámenes

La Conaliteg anunció que el pasado 22 de julio terminaron de despacharse desde sus almacenes un total de 179 millones 770 mil 899 ejemplares hacia todo el país,2 con lo que se daba comienzo a su distribución en todas las entidades federativas. Sin embargo, algunos ciudadanos del Estado de México han externado su preocupación y reportado que sus hijos aún no han recibido los materiales.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la entidad federativa con mayor número de alumnos de educación básica en el país es el estado de México, con 3 millones 410 mil 547 alumnos, donde se ubican 8 mil 37 escuelas primarias públicas y privadas de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Escuelas de la SEP.3

Dado que un retraso en la entrega de los libros puede obstaculizar las actividades educativas y limitar el desarrollo de los estudiantes de primaria del estado de México, se somete a consideración de esta soberanía el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y a la autoridad educativa estatal para que, en el marco de sus competencias, verifiquen que la entrega de los libros de texto gratuitos haya sido oportuna y completa en las escuelas primarias del estado de México.

Notas

1 Ley de Educación del Estado de México. Disponible en:
www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/9db15657-4ea9-47fe-9fe6-4a6181040a2c/mexicoestado.pdf

2 Conaliteg, “Concluye la distribución federal de los libros de texto gratuitos para el ciclo 2016-17”. Disponible en: http://www.conaliteg.gob.mx/index.php?view=article&id=361

3 SEP, Sistema Nacional de Información de Escuelas. Disponible en: www.snie.sep.gob.mx/SNIESC

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las denuncias contra actos de corrupción y desvío de recursos públicos del gobierno de Veracruz, suscrita por el diputado Leonardo Amador Rodríguez e integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

A 50 días de concluir su mandato, el gobernador del Estado de Veracruz, el priísta Javier Duarte, solicitó licencia al cargo, a partir del 12 de octubre y hasta el 30 de noviembre. El Congreso local aprobó dicha licencia y nombró como mandatario sustituto al secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado.

La licencia se origina como consecuencia de la insostenible actuación del ex mandatario, su enorme desaseo en el manejo de las finanzas públicas y la pérdida del gobierno en su conjunto.

Sin embargo, la licencia de Duarte de Ochoa, no frenó las graves consecuencias de la mala administración. Por el contrario, el mandatario interino mediante argucias legaloides, intenta cubrir equivocadamente el mal desempeño de su ex – jefe, quien es perseguido por le interpol.

Este 31 de octubre el Congreso de Veracruz acreditó que durante la administración de Javier Duarte se dejó un daño patrimonial de más de 16 mil 349 millones 315 mil 072.95 pesos, de acuerdo al informe de resultados de la Cuenta Pública 2015.

La revisión del órgano fiscalizador detectó irregularidades por un daño patrimonial de más de 14 mil 220 millones de pesos e inconsistencias de carácter administrativo, por lo que se emitieron observaciones y recomendaciones.

Además, se suman mil 994 millones de pesos que fueron gastados a través de la Dirección General de Comunicación Social, los cuales no pudieron ser comprobados por lo tanto es considerado daño patrimonial”.

En materia de adeudos en millones de pesos a los municipios en diferentes fondos como: Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FISM); el Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN); Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE); por bursatilización (BURSA); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun); Hidrocarburos; Fortalecimiento de Seguridad Pública (Fortagseg); Fondo Regional; Fondo Metropolitano; subsidios y participaciones federales, se cuenta con la siguiente información:

Es absolutamente alarmante los niveles de descomposición de las finanzas públicas y lo que ello conlleva. Hoy el Estado de Veracruz requiere de la responsabilidad absoluta de quienes conducen sus destinos y sobre todo, requerimos el acompañamiento del gobierno federal, pues al estado lo saquearon funcionarios irresponsables que hoy están prófugos. El Congreso de la Unión no puede guardar silencio ante semejante desfalco. Es nuestra obligación pronunciarnos por una solución que permita frenar el descontento social de los veracruzanos y ayudar a sanear sus finanzas.

El día de hoy la Contraloría General del Gobierno de Veracruz tiene listas ocho denuncias penales contra funcionarios de la Administración del ahora ex priista Javier Duarte. El Contralor estatal, Ricardo García Guzmán, destacó que “es innegable que hubo un desorden financiero muy grave, muy grande, en la Secretaría de Finanzas”, a cargo Antonio Gómez Pelegrín, titular del área.

Esta situación en un estado de derecho no puede quedar impune. Hablamos del nuevo sistema nacional anticorrupción, pero la ciudadanía demerita los cambios por más sustantivos que sean, cuando observa que funcionarios pueden tomar dinero público, hacerlo propio y que no suceda nada.

El gobierno federal en su carácter de garante del estado, debe de intervenir. Cuando existe un problema y no se atiende, probablemente no tenga solución en el futuro. Intervenir en lo inmediato, ayudará a que los pillos no se escapen, que los alcaldes encuentren soluciones a los problemas que enfrentan, pero, sobre todo, que los veracruzanos sepan que cuentan con el gobierno federal y el respaldo de las instituciones cuando los facinerosos llegan a cargos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a buscar los mecanismos de colaboración conjunta con el equipo de transición del nuevo gobierno estatal y encuentre la forma de restituir los recursos a los municipios veracruzanos afectados.

Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte a la Procuraduría General de la República, redoble esfuerzos para la localización de Javier Duarte de Ochoa y dentro del marco de la ley, obligarlo a regresar los recursos desviados del gasto Público del Estado de Veracruz.

Tercero. Que se busque un mecanismo para que, mediante la extinción de dominio, las “propiedades” de quienes se les acredite una responsabilidad, por daño patrimonial al estado, se aplique y le sean devueltos esos recursos a los veracruzanos.

Diputados: Leonardo Amador Rodríguez, Julio Saldaña Morán, Enrique Pérez Rodríguez, Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Enrique Cambranis Torres, Francisco José Gutiérrez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat a revocar permisos de explotación a las empresas que incumplan las NOM en materia de manejo de contaminación ambiental y daño ecológico, así como la puesta en marcha de un programa de revisión para reajuste del estatus de los estudios de impacto ambiental de las mineras en fase de operaciones que trabajan en el esquema de minería a cielo abierto, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

La actividad de la industria extractiva es insustentable por su propia naturaleza.1 Desde la perspectiva anterior, la minería es altamente contaminante. Los procesos extractivos en la actualidad han entrado en la dinámica de la agilización de los sistemas de producción para la reducción tiempo-beneficio,2 de los costos de inversión y aumentar las tasas de ganancia por la velocidad aplicada en los procesos.

La evolución tecnológica de la minería ha llevado a la aparición de procesos extractivos de alta eficiencia y rentabilidad, como es el caso de la extracción minera a cielo abierto, proceso recurrente en economías en vías de desarrollo y con marcos jurídicos flexibles y poco regulatorios para la industria extractiva.

La minería a cielo abierto se ha considerado como la forma de explotación de materiales pétreos, metálicos y no metálicos más contaminante para el planeta, debido a los procesos de extracción aplicados en la industria.

En el semidesierto zacatecano, por citar un caso, es un frágil ecosistema de la entidad, se han instalado enclaves mineros bajo la modalidad de explotación a manto descubierto o cielo abierto, este tipo de mineras han operado en Zacatecas desde la década de los 80 como es el caso de la mina Real de Ángeles, considerado por casos de estudio, como uno de los lugares más contaminados de América Latina por la presencia de metales pesados en aire, tierra y agua. El impacto ambiental a 20 años del cierre de la mina no ha podido revertirse, debido a la inexistencia de políticas públicas sancionadoras que obliguen a las empresas mineras resolver los daños ambientales ocasionados durante la vida útil y las operaciones de extracción de la minera. Con lo anterior se deriva que desde el 2006, Zacatecas se convirtió en un punto de atracción para los grandes corporativos mineros transnacionales para traslado de inversiones y explotación a tajo abierto en la región del Semi-Desierto, principalmente en los municipios de Mazapil, Concepción del Oro y El Salvador.

Los estudios de impacto ambiental fueron firmados y autorizados por la Semarnat y dictaminados en positivo, lo cual permitió que se pusieran en marcha mega proyectos de explotación minera en los municipios antes mencionados.

Para dimensionar la situación en un contexto comparativo, por día, un solo proyecto, tiene la capacidad de remoler 50 mil toneladas de roca y procesada por lixiviación con cianuro, contaminando con ello mantos friáticos, aire y tierra de metales tóxicos y metales pesados, poniendo en riesgo no sólo el medio ambiente, sino la salud de todos aquellos que viven en las zonas de explotación y de los trabajadores que laboran en el sitio.3

La Semarnat ha hecho caso omiso a las denuncias ciudadanas y denuncias ante tribunales correspondientes, así como en medios de comunicación del ecocidio generado en la zona, un área extensa de vegetación desértica y ecosistema que alberga especies vegetales y animales únicas en el país.

Si se considera que en la zona existen alrededor de 18 enclaves extractivos y que de ellos, el mayor cuenta con tres perforaciones y para esas perforaciones de mil 600 metros de diámetro y 700 metros de profundidad en promedio, así como la utilización de 67 concesiones de explotación de agua y un total de 44 millones de metros cúbicos de agua de manera anuales. El consumo irracional de agua es alarmante, pues toda esta agua es contaminada con cianuro, mercurio, plomo y otros metales pesados y contaminantes.

Una mina en Zacatecas consume en equivalencia, el agua que consumen todos los habitantes del estado y las diferentes industrias en un año, es decir; el agua de aproximadamente 1 millón 600 mil habitantes.4

Se utilizan, aproximadamente, mil 294 litros de agua para lixiviar una tonelada y roca molida. El agua posteriormente es contenida en presa de jales para ser inyectada a subsuelo, sin embargo, el agua no pierde el cianuro en los procesos de descontaminación natural, por lo cual se convierte en un riesgo latente el consumo de agua contaminada para uso agrícola, industrial o humano.

La contaminación área se produce por la cantidad de polvo con metales pesados que se emite a la atmósfera, este polvo contaminante abarca un radio aproximado de 10 kilómetros de radio y es propenso a las corrientes de viento para ser depositado a cientos de kilómetros del sitio de extracción, contaminando plantas, cauces de ríos, tierras agrícolas, campos de pastoreo y espejos de agua, zonas urbanas y rurales y, por obviedad poniendo en riesgo la salud de los humanos y del ecosistema y medio ambiente en general.

Los megaproyectos mineros, en suma, en la región del semidesierto, remueven 67 millones de toneladas de roca anualmente. La explotación de los yacimientos minerales tiene una proyección de 23 años más, lo cual exhibe que al ritmo actual de explotación, que lleva 10 años, se han removido 670 millones de metros cúbicos de roca, equivalente a cubrir el 45 por ciento del total del territorio de la Ciudad de México con un metro de altura de roca remolida. En 23 años más se removerán 2 mil 211 millones de toneladas que equivalen a cubrir de polvo y roca la superficie total de la Ciudad de México y tres municipios conurbados como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco con una capa de espesor de un metro de altura de roca y polvo.

Con los datos anteriores se puede dimensionar el tamaño del ecocidio del generado en el territorio zacatecano, donde a diario desaparecen miles de plantas endémicas, especies animales y, se pone en riesgo la salud de la población.

La minería se ha salido de control. Las tasas de contaminación en mantos freáticos, suelo y aire por metales pesados se han estado elevando, violentando con ello las normas oficiales mexicanas y las leyes que regulan la materia como es el caso de:

a) NOM-023-STPS-2003

b) NOM-141-SEMARNAT-2003

c) NOM-120-SEMARNAT-1997

d) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

e) Ley Minera.

f) Reglamento de la Ley Minera.

Países que prohíben y regulan la minería a cielo abierto por el riesgo ecológico y de salud que causan:

• El 19 de mayo de 2010, el Parlamento Europeo prohibió la explotación minera a cielo abierto con utilización de cianuro para lixiviación en los países miembros.

• Costa Rica prohíbe la explotación minera a cielo abierto con lixiviación cianurada.

• Argentina ha puesto legislaciones en 7 de sus provincias para que se prohíba este tipo de minería.

• Canadá, principal precursor de la minería a cielo abierto en el mundo, ha prohibido desde 2012 la minería a cielo abierto por poner en riesgo el equilibrio ecológico de su territorio.

• Estados Unidos, después del desastre ecológico de Montana prohibió la explotación de minería a cielo abierto. El daño a la contaminación de aguas en suelo y subsuelo es irremediable y no es apta para ningún tipo de consumo hasta no ser tratada.5

Aún estamos a tiempo en México de regular y detener el desastre ecológico que propicia la minería a cielo abierto con lixiviación cianurada, es por ello que se hace un urgente llamado a las dependencias encargadas de la protección del medio ambiente y los recursos naturales para hacer reversible el daño ecológico generado por los grandes corporativos mineros que trabajan, principalmente en el norte del país y que son capitales extranjeros que extraen la riqueza del subsuelo mexicano y sólo dejan tras de sí un sinfín de externalidades que no podemos cuantificar aun.

Nuestros ecosistemas están en riesgo por este tipo de explotación minera y estamos a tiempo de frenar el daño ecológico de dimensiones irracionales. Las empresas no asumirán el costo de este daño, el costo lo asumirá México y sus habitantes. Paremos este ecocidio y evitemos altos costos para el gobierno en materia de cobertura de salud y programas de recuperación de ecosistemas a largo plazo.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, expongo ante ésta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal exhorta respetuosamente al titular de la Semarnat a revocar los permisos de explotación minera a las empresas que trabajen bajo el esquema de explotación a cielo abierto con lixiviación cianurada que incumplan con lo establecido en la normatividad mexicana en materia de contaminación, daño ecológico y riesgos a la salud humana. Así como la implementación de un programa de revisión periódica para modificar los estatus de los estudios de impacto ambiental en proceso o fase de operaciones de las empresas mineras en el territorio nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Semarnat a implementar las acciones necesarias para que las mineras en territorio nacional que trabajen bajo la modalidad de explotación a cielo abierto den cabal cumplimiento a la normatividad vigente en México en aras de la prevención de externalidades ecológicas que ponen en riesgo el patrimonio natural y la salud de los mexicanos.

Notas

1 Doctor Miguel Esparza Flores, Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Especialista en Economía Ambiental e investigador de la relación recursos naturales y contaminación en los procesos extractivistas.

2 Maestro Miguel Vargas Mendoza, especialista en minería por la Universidad Autónoma de Zacatecas y ponente en coloquios latinoamericanos en la materia de contaminación ambiental en procesos extractivos.

3 Doctor Arturo Burnes Ortiz. Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Economía.

4 Alfredo Valadez. La Jornada.

5 http://www.datarioja.com/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=
496&PHPSESSID=c6976d7d79da95564850d337768acec6.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a impulsar estrategias para que en las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia cesen la discriminación contra integrantes de la comunidad LGBTTTI, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra las personas que integran la comunidad Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI), por parte de los servidores públicos de las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia y sancionen a quien incurra en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de miembros de esta comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y malas prácticas, para garantizarles el acceso a los derechos reconocidos en el orden jurídico mexicano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido diversas opiniones en el sentido de solicitar que cesen los actos de discriminación por la orientación sexual, la identidad o expresión de género, comúnmente denominada “homofobia”, ya que las consecuencias indican que es un problema que requiere de un reconocimiento expreso sobre su existencia, y de una atención especial por parte de las autoridades encargadas de promover la educación, la cultura, el respeto a la legalidad y la no discriminación en el país2

Existen muchos casos de discriminación en nuestro país contra la comunidad LGBTTTI, casos que no solo se quedan en agresiones verbales. Desafortunadamente solamente este año y de los casos que se tienen reportados, en el lapso de septiembre a octubre, asesinaron a 10 mujeres transexuales y se atacó de manera brutal a otra, en diferentes entidades del país2 .

Hasta mayo de este año, México era la segunda nación con más crímenes por homofobia, sólo por debajo de Brasil, sin embargo en octubre pasado logramos superar la meta y convertirnos en el nada honroso primer lugar mundial3 .

Empezar a cambiar estos estigmas es una tarea que debemos iniciar desde nuestros niños, hasta los adultos; esto no es cuestión de preferencias sexuales, es cuestión de vidas, de violencia homofóbica, discriminaciones en lugares de trabajo, a consecuencia de su orientación sexual e identidad de género.

Preocupa que en el país sigan existiendo manifestaciones de homofobia, marchas que fomentan el odio, la falta de tolerancia y discriminación, pero peor aún, que existan malas prácticas en la impartición de justicia y que a la comunidad LGBTTTI no se le pueda asegurar el acceso a los derechos reconocidos en el orden jurídico mexicano, sin limitación alguna.

Los derechos humanos son para todos y es prioridad que sean respetados; atender las denuncias de manera oportuna y eficaz es imprescindible para que sus derechos sean respetados y demos un paso más en la eliminación de la intolerancia por parte de las fuerzas de seguridad pública y los servidores públicos encargados de la impartición de justicia, en todos los niveles.

Considerandos

El artículo primero constitucional en su quinto párrafo, dice a la letra: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”4 .

La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, tiene por objeto la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra cualquier persona y al mismo tiempo promueve la igualdad de oportunidades y de trato5 .

El Ejecutivo federal presentó una iniciativa que pretende reformar el Código Civil Federal, con la finalidad de dotar de derechos civiles a los integrantes de la comunidad lésbico-gay, propone entre otras cosas, garantizar el derecho a la identidad, proponiendo que “las personas podrán solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, previa anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia”; define el matrimonio como “la unión libre de dos personas mayores de edad con la intención de tener una vida en común, procurándose ayuda mutua, solidaridad, respeto e igualdad”, entre otros6 .

Nuestra carta magna nos habla sobre los derechos humanos y sus garantías, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella, menciona también la obligación de las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Por lo que es necesario dar seguimiento y protección a los casos de discriminación, malos tratos o delitos que han ocurrido recientemente contra la comunidad LGBTTTI y que ningún delito quede impune, siguiendo el debido proceso y el protocolo de actuación por parte de las autoridades, así como para los jueces en materia y que conozcan de este tipo de asuntos den una resolución de acuerdo a las pruebas presentadas y no queden impunes.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra las personas que integran la comunidad LGBTTTI, por parte de los servidores públicos de las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia y sancionen a quien incurra en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de miembros de esta comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y malas prácticas, para garantizarles el acceso a los derechos reconocidos en el orden jurídico mexicano.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe Especial Sobre Violaciones A Los Derechos Humanos Y Delitos Cometidos Por Homofobia. 2010. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2010_homofobia .pdf

2 Reforma . Transfeminicidios. Genaro Lozano. 18 de octubre del 2016. http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales/editorial.aspx?id= 99377&md5=44f7df15e7ff24048def48da175464e6&ta=0dfdbac1176522690 4c16cb9ad1b2efe&lcmd5=b84d0058bd2899575a8bcebb695dfd00

3 Ídem.

4 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

5 “Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf

6 Reforma . Propone que gay puedan adoptar iniciativa que reforma al Código Civil Federal. 19 de mayo de 2016. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/19/1093638#imagen-1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al IMSS a llevar a cabo con la unidad médica de alta especialidad del hospital de cardiología número 34 acciones que permitan reunir el personal competente en número y perfil de especialización de la plantilla básica, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la suscrita, diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El 19 de enero de 1943 se constituyó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con una composición tripartita para su gobierno, integrado, de manera igualitaria, por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno federal. A 70 años de su creación, el IMSS es responsable de la salud y seguridad social de 58 millones de derechohabientes y de 12 millones de beneficiarios del Programa IMSS-Oportunidades.

En un día típico, el IMSS atiende cerca de 500 mil consultas; 200 mil niños en sus guarderías; 50 mil urgencias; y cuatro mil intervenciones quirúrgicas diarias. En gran medida esto se consigue por el esfuerzo y compromiso de los 428 mil trabajadores: médicos, enfermeras y personal administrativo, que día a día operan las casi seis mil unidades médicas de este instituto.

La provisión de atención médica es una de las funciones más importantes que realiza el instituto en términos de recursos requeridos e impacto poblacional. La amplia gama de servicios médicos, preventivos y curativos que ofrece el IMSS tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo de las familias derechohabientes2 .

El IMSS se ha destacado por introducir avances importantes en los servicios médicos que ofrece, algunos de ellos requieren un alto nivel de infraestructura y/o complejidad técnico-médica. Para lograr este propósito, en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social (ROI), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2003, se regulan las facultades y atribuciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), de sus juntas de gobierno y de sus directores.

En dicho reglamento se confiere a las UMAE la naturaleza de órganos de operación administrativa desconcentrada, jerárquicamente subordinados al director general, con autonomía de gestión, en los aspectos técnicos, administrativos y presupuestarios y sujetos en el ejercicio de sus facultades y funciones, a las disposiciones jurídicas y a la normatividad institucional aplicable.

Las UMAE en principio se crearon bajo el esquema de organización que permitirá mayor autosuficiencia y autonomía de gestión; y perfeccionará la correlación de funciones del primero, segundo y tercer nivel de atención a la salud, para favorecer el sistema de referencia y contrarreferencia médica en los tres niveles de atención.

El principal objetivo de las UMAE es otorgar atención médica de alta especialidad a los usuarios, con oportunidad, conforme a los conocimientos médicos y principios éticos vigentes, que permita satisfacer las necesidades de salud y las expectativas de los usuarios y de los prestadores de servicios, así como fomentar la educación y la investigación en salud, a través de una administración eficiente y transparente de los recursos institucionales.2

Es en este sentido que en agosto de 1995 se fundó el Hospital de Cardiología número 34 del IMSS en el estado de Nuevo León, en Monterrey, este hospital brinda atención médico quirúrgica a los derechohabientes de la región noreste del país con enfermedades cardiovasculares y del tórax, emplea aproximadamente mil 449 personas.

Situación actual

Como una estrategia administrativa del IMSS, a partir del año 2004 el hospital regional se convirtió en UMAE (Unidad Médica de Alta Especialidad de tercer nivel de atención) con la intención de descentralizar la toma de decisiones y ofrecer servicios de alta capacidad resolutiva, con un programa integrado de educación médica e investigación para fortalecer el sistema de referencia y contra referencia de pacientes, brindando atención de alto nivel para enfermedades complejas relacionadas con las especialidades de cardiología, neumología, cirugía cardiovascular y torácica en pacientes adultos y pediátricos.

La estructura del hospital está conformada por 288 camas censales, 70 camas no censales, 5 salas hemodinamia y 20 consultorios, unidades de cuidados intensivos post quirúrgicos adultos, pediátricos y neonatales; unidad de cuidados coronarios y respiratorio; seis salas de quirófano con bombas de circulación extracorpórea y una sala de electro?siología.

En un día típico de trabajo en este hospital se desarrolla para los derechohabientes del IMSS un promedio de 136 consultas de especialidad, 22 egresos hospitalarios, 28 atenciones en admisión continua, 10 cirugías programadas cardiovasculares, 3 cirugías de urgencia, 4 aplicaciones de marcapasos, 22 procedimientos de hemodinamia diagnóstica y terapéutica, 2 mil 546 estudios de laboratorio, 113 estudios de rayos equis, 7 estudios de medicina nuclear, 142 estudios de electro diagnóstico, 59 ecocardiogramas, 6 broncoscopías , 40 sesiones académicas departamentales, 50 estudios de ultrasonido.

El equipo de trabajo de todo el hospital está constituido por mil 449 plazas (mil 337 contratación y 112 de confianza), 197 médicos, 540 enfermeras, 262 paramédicos y 450 administrativos3 , una dirección general y cuatro direcciones de área (médica, administrativa, enfermería y educación e investigación). El sta ? de dirección está constituido por las divisiones de calidad, epidemiología, ingeniería biomédica, jurídico y el departamento de atención y orientación al derechohabiente. El organigrama incluye 4 divisiones clínicas y una división de auxiliares de diagnóstico y tratamiento4 . Cabe mencionar que el hospital cuenta con una inversión de poco más de 100 millones de pesos para la atención a la salud.

La UMAE HC 34 no sólo brinda servicios a los derechohabientes del estado de Nuevo León; sino que se otorga apoyo para la atención de la población derechohabiente de los otros siete estados del país que conforman la región noreste conforme a la regionalización operativa institucional: Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Aguascalientes. En estos estados habitan más de 10 millones de derechohabientes del IMSS, siendo aproximadamente 3 por ciento de esta población quienes requieren atención médica de alto nivel de especialización5 (parte de esta demanda es atendida por la UMAE HC 34). Cabe mencionar que el sistema de atención médica del IMSS, las unidades de tercer nivel de atención no cuentan con población adscrita fija, sino que otorgan servicios a aquella población referida por el segundo nivel de atención médica para la resolución de problemas de salud.

A su vez, la UMAE representa en el estado de Nuevo León el hospital de elección para pacientes con enfermedades de corazón y tórax que requieren manejo de alta especialidad y que son enviados mediante un proceso de referencia a partir del segundo nivel representado por los hospitales generales de zona números 4, 6, 17 y 33 en el estado de Nuevo León; y de tercer nivel representado por la UMAE número 25 (Hospital de Especialidades), la UMAE número 23 (Hospital de Ginecología y Obstetricia) y la UMAE número 21 (Hospital de Traumatología).

Por otro lado, el Instituto para el Fomento a la Calidad Total, AC identifica como importantes retos de la UMAE, lo siguiente:

• Mantener la consistencia de los servicios a pesar de los cambios.

• Mantener la cantidad de los servicios y optimizar la capacidad instalada.

• Mantener la productividad y oportunidad, y

• Atención oportuna de buena calidad a la población referida, así como el apoyo a usuarios foráneos de la zona de influencia del hospital.

Además, se identifica la necesidad de que el Hospital de Cardiología número 34 del IMSS en el estado de Nuevo León cuente con el personal competente tanto en número de personas como perfil de especialización adecuado de la plantilla básica durante todo el tiempo de servicio que ofrece el hospital y que dicha la plantilla de personal de salud no sólo se concentre en turnos matutinos, disminuyendo la atención medica en turnos vespertinos, nocturnos y fines de semana.

De manera particular el cálculo correcto de la plantilla de personal de los hospitales regionales de alta especialidad es un elemento clave para su éxito, de tal manera que se debe considerar como política institucional la contratación de los recursos humanos en función del incremento en la ocupación de las camas del servicio de hospitalización, así como de los demás servicios en general6 .

Los recursos humanos en hospitales significan un factor fundamental para la prestación de servicios y es un tema verdaderamente difícil considerando todos los tipos de profesionales que forman el grupo o equipo de trabajo, no necesariamente por la cantidad de personal que puede reunirse en un hospital sino también por los diferentes profesionales que trabajan en ella, cada uno de los cuales tienen objetivos y prioridades diferentes, debido principalmente al tipo de formación que reciben.

En este sentido, los estándares de recursos humanos se agrupan en distintas categorías: personal médico; personal de asistencia, técnico y paramédico; y personal administrativo. Se redistribuyen de esta manera, por considerar que estos grupos tienen diferentes características, por lo tanto diferentes expectativas, diferentes responsabilidades y roles dentro de las instituciones de salud.

La dotación efectiva de personal en los hospitales podría definirse como el número, la competencia y la combinación de destrezas del personal en relación con la necesidad de atención y tratamiento7 .

En virtud de lo anterior resulta necesario optimizar el recurso humano del Hospital de Cardiología número 34 del IMSS, garantizando que se cuente con la plantilla de personal necesaria en términos cualitativos como cuantitativos para asegurar la atención médica oportuna a los usuarios que la requieren en todo momento en que opere el hospital.

Marco normativo

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley Reglamentaria del Artículo 4o. constitucional

• Ley General de Salud

• Ley del Seguro Social

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal

• Acuerdo 265/2003 del Consejo Técnico, autorización de los Lineamientos Operativos de las Unidades Médicas de Alta Especialidad.

• Acuerdo 3/2004 del Consejo Técnico, autorización de Manual de Organización de las Unidades Médicas de Alta Especialidad.

• Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social (ROI), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2003

Punto de Acuerdo

Único. Se envíe un respetuoso exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social para coordinarse con la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología número 34, para que se lleven a cabo las acciones necesarias a fin de fortalecer y reforzar las gestiones que permitan cumplir con el personal competente tanto en número de personas como perfil de especialización adecuado de la plantilla básica, ya que resulta necesario optimizar el recurso humano asegurando la plantilla necesaria en términos cualitativos y cuantitativos, garantizado en todo momento el servicio oportuno durante todo el tiempo en que opere el hospital en comento, con la finalidad de reducir el impacto negativo de los usuarios del Hospital de Cardiología. Adicionalmente, destaca la necesidad de realizar actividades de planificación para definir la estructura óptima de dotación efectiva de personal en el hospital tomando en cuenta el número, la competencia y la combinación de destrezas del personal en relación con la necesidad de atención y tratamiento, para estar en las mejores condiciones de responder eficientemente en cualquier momento del año.

Notas

1 Véase. El Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018 (PIIMSS 2014- 2018)

2 Manual Organización de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (U.M.A.E.)

3 Véase. Plan de calidad y seguridad del paciente, UMAE HC 34. Febrero 2015.

4 Véase. Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C. Premio Nacional UMAE HC 34. 2015de Calidad 2011

5 Ibíd.

6 Innovaciones en gestión hospitalaria en México: El caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad / HRAE

7 Elaboración de un sistema para la construcción de escenarios sobre costos de operación de unidades de segundo nivel de atención, a partir de estándares de Recursos Humanos Estándares de plantillas de personal por tipo de unidad médica. Documento preparado para la Secretaría de Salud Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 1 de marzo de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a considerar un programa de prevención y toma de conciencia para prevenir y erradicar el grooming, como parte del modelo integral de respuesta de la Comisión contra la Explotación y el Abuso Sexual en Línea de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Marisol Vargas Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que sean considerados un programa de prevención y una campaña nacional de concientización para prevenir y erradicar el grooming; como parte del modelo integral de respuesta de la Comisión Contra la Explotación y el Abuso Sexual en Línea de Niñas, Niños y Adolescentes; con base en las siguientes

Consideraciones

El online grooming o captación de menores en línea, es la manipulación psicológica o seducción en línea que consiste en un proceso encaminado a inducir a menores de edad para que manifiesten un comportamiento de carácter sexual o mantengan conversaciones de carácter sexual con o sin su conocimiento.

Otra conducta considerada como grooming es el proceso que implica la comunicación y la socialización entre el agresor y el niño o niña con el fin de hacerlos más vulnerables al abuso sexual.

De acuerdo al informe intitulado “La Seguridad de los niños en Línea. Retos y estrategias mundiales” (2011), emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la captación de menores en línea o el término en inglés grooming no están definidos en el derecho internacional; sólo en algunas jurisdicciones como Canadá se utiliza el término luring , es decir, atraer, seducir.

El grooming se caracteriza por la conducta del individuo que, por medio de Internet, engaña a un menor de edad con fines sexuales, a veces mediante cámaras web que permiten la difusión de la explotación sexual entre las redes de delincuentes sexuales, y en algunos casos, hay un encuentro físico con el menor para perpetrar el abuso sexual.

Las niñas, niños y adolescentes usuarios de internet, son susceptibles de ser víctimas de crímenes en línea, atendiendo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tan sólo del año 2012 al 2013, el 12% de los usuarios de internet en México tienen entre 6 y 12 años de edad, mientras el 24% entre 13 y 18 años. En tanto, de acuerdo a las cifras que reporta la Agencia Mexicana de Internet A.C. en su informe 2015, en México 9.5 millones de hogares tienen una computadora, y 7.1 tienen acceso a internet, y es a los 10 años de edad, en promedio, en que se comienza hacer uso del internet.

Niños y jóvenes practican una creciente conectividad en línea, a medida que se registran mayores niveles de acceso a internet la edad para su uso disminuye, por lo cual, las zonas del ciberespacio que permiten a los delincuentes sexuales captar o manipular a las posibles víctimas van desde las salas de chat, los sitios de redes sociales y los servicios de mensajería instantánea.

Atendiendo al estudio EU Kids Online , los riesgos y los daños relacionados con las actividades en línea se generan a partir de determinadas características de los comportamientos involucrados y sus repercusiones. Por ejemplo, se considera el daño en línea derivado de un contenido (el menor como receptor pasivo de contenido pornográfico o de carácter sexual nocivo); el daño derivado del contacto (el menor al que un adulto u otro menor hacen participar en actividades de abuso sexual, al que se fotografía y cuyas imágenes se difunden posteriormente para la captación en línea con fines de abuso sexual, o como objeto de ciberacoso); y el daño provocado por el comportamiento (el menor inicia activamente un comportamiento peligroso o delictivo, por ejemplo, crear o subir a la red material pornográfico, reunirse físicamente con un adulto que ha conocido en línea, poner en línea imágenes de sí mismo o de otro menor de edad, descargar imágenes de abusos sexuales de niños o de acoso).

De acuerdo al informe sobre “La Seguridad de los niños en Línea. Retos y estrategias mundiales” (2011) los menores de edad en mayor peligro de ser manipulados psicológicamente con fines sexuales son los adolescentes, en especial las niñas, ello se infiere al ser los jóvenes quiénes son usuarios con alta actividad en internet como un medio para conocer gente y hacer amistades (conducta que forma parte del proceso de desarrollo de su sentido de identidad, social, sexual y emocional).

Al año 2011, atendiendo al estudio citado, no hay información sobre el número de individuos que están captando a menores en línea. Esta actividad aún no está tipificada como delito, por lo que resulta complejo generar registros relacionados con estas conductas; incluso, se diagnostica que, en aquellos países en que están penalizados estos comportamientos, no existen bases de datos coordinadas que proporcionen información precisa sobre los agresores sexuales. Por lo anterior, esta situación es considerada como un escollo para la protección de los menores.

Las innovaciones en las Tecnologías de la Información (TIC) han sido utilizadas para realizar actividades reprobables como son la pornografía infantil y la trata de personas menores de edad; pero no sólo estás, sino que se han utilizado para confabular otras formas de explotación sexual de menores.

En 2015, la organización internacional Save the Children inició en México la campaña “Contra el Grooming ” la cual consistió en la recolección de firmas para que el Congreso de la Unión presentara una iniciativa de ley en la que se tipificara como delito el acoso sexual contra menores de edad a través de internet.

En el párrafo noveno del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En esta misma tesitura, con fecha 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que entre sus principales objetivos se establece el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, en términos de lo establecido en el artículo 1º Constitucional; el garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte; establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación ante la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; así como la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos Constitucionales Autónomos.

Asimismo, en la Ley General citada, se estableció en su artículo 114 el mandato de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los organismos constitucionales autónomos, para establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Para el cumplimiento de los mandatos y deberes citados en los párrafos anteriores, se estableció en el artículo 125 de la Ley General la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral como una instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sistema que tiene la encomienda de integrar la participación de los sectores público, social y privado de la sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía, y protección integral de los menores.

Para materializar las acciones a las que está obligado el Sistema Nacional de Protección Integral, en el artículo 129 de la Ley General, se estableció que para una mejor operación del Sistema, se podrán constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas.

De esta guisa, en sesión de instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se aprobó el acuerdo 6/2015, de fecha 2 de diciembre de 2015, por el que se crea la Comisión contra la Explotación y el Abuso Sexual en Línea de Niñas, Niños y Adolescentes, con carácter permanente, cuyo objetivo primordial será que las instituciones que la integran, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinen, articulen , promuevan, apliquen y den seguimiento al Modelo Nacional de Respuesta que se establezca para el efecto.

Ante las cifras expuestas por organismos internacionales y la sociedad civil organizada, sobre los riesgos y peligros inminentes a los que se encuentra expuesta la integridad de las niñas, niños y adolescentes usuarios de las Tecnologías de la Información y de internet; es urgente redoblar esfuerzos para poner en marcha ya, desde el gobierno federal, las acciones que se mandatan en la Ley General y los Acuerdos aprobados por el Sistema Nacional, para implementar acciones dirigidas a la prevención, difusión de la mejor información disponible, y concientización de los riesgos generados por la escalada de este fenómeno contrario al interés superior de la niñez.

De acuerdo a la difusión de un estudio de la Federación de América Latina y el Caribe de Clubes, Centros y Asociaciones Unesco capítulo México, en el último año el grooming o ciberacoso sexual infantil se triplicó en nuestro país, una de las causas es que 35 millones de menores de edad ya tienen acceso a internet y redes sociales, cifra que tiende a crecer. Ante esta tendencia es urgente que de manera paralela a la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Protección Niñas, Niños y Adolescentes, se emprendan acciones gubernamentales con las capacidades institucionales disponibles para crear esquemas de prevención.

Por lo expuesto, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que sean considerados un Programa de Prevención y una campaña nacional de concientización para prevenir y erradicar el Grooming; como parte del modelo integral de respuesta de la Comisión contra la Explotación y el Abuso Sexual en Línea de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de noviembre de 2016.

Diputada Marisol Vargas Bárcena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a aprobar recursos económicos para cumplir los derechos de niños y de adolescentes, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales donde el país es parte, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La infancia en cualquier país del mundo es considerada como el capital del futuro y al interior de las familias es la parte más sensible, razón por la cual, el estado debe obligarse desde el contexto institucional a promover acciones y políticas públicas para que desde su nacimiento crezcan en ambientes que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades y construir su proyecto de vida.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de su encuesta intercensal 2015, indica que en 2014, la población infantil asciende a 40.2 millones de niñas y niños de 0 a 17 años de edad. Encontrando que de ellos 19.7 millones son niñas y 20.5 millones niños, lo que en términos relativos representan 33.6 por ciento de la población total del país1 .

De este grupo poblacional resalta que las niñas y los niños son personas en formación que requieren del cuidado y atención especial, y que por razón de la edad, sexo, raza, color, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o posición económica, nacimiento, características físicas o culturales están en mayor riesgo de sufrir de discriminación, disminución o negación de sus derechos fundamentales.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la protección del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos y establece como obligación del estado velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones.

Así también, entre los tratados internacionales de los que es parte México, se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño , la cual fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1989, suscrita y ratificada por el Estado mexicano desde el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, la cual contiene un catálogo de preceptos dirigidos a la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

Este cuerpo normativo en su artículo 1o. define que niño es todo ser humano que cuenta con menos de 18 años y, que por su condición y características, debe ser considerado una prioridad en la protección y cuidados que se le deben tanto por sus padres como por su familia, la sociedad y el estado.

La convención, a diferencia de anteriores instrumentos, es de carácter vinculante para los estados y en ello reside su enorme alcance. En efecto, los gobiernos que la han ratificado están obligados a armonizar sus leyes, políticas y prácticas con las normas de la convención. Ello implica convertir estas normas en una realidad tangible para la infancia y abstenerse de tomar cualquier medida que pueda impedir el disfrute de estos derechos.

De manera que para evitar cualquier incumplimiento a los derechos de las y los menores de edad en su artículo 4o. establece puntualmente lo siguiente: Los estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los estados parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Esta consideración se encuentra retomada en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la cual en su artículo 2o. establece lo siguiente:

“Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, deberán:

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley.”

Independientemente de la existencia del marco jurídico nacional e internacional que protege los derechos de la niñez y la adolescencia a vivir en un entorno familiar y comunitario adecuado, la realidad indica que miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, tienen permanentemente violentados estos derechos.

Los diversos incumplimientos a nivel nacional que pueden señalarse, se generan por múltiples causas, encontrando entre ellas: conflictos jurídicos, la pobreza de donde habitualmente se derivan diversos problemas en los que niñas, niños y adolescentes resultan ser los principales afectados al enfrentar situaciones como: mala nutrición; deficiencias en su desarrollo físico y mental; maltrato o abuso; abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores; ser víctimas de cualquier tipo de explotación; vivir en la calle; víctimas del tráfico de personas y/o a trabajar en condiciones que afectan su desarrollo e integridad física y mental, entre otros.

De ahí, la exigencia para que el estado proteja y asegure los derechos de las y los niños, así como el mejoramiento de las condiciones de su vida, fortaleciendo a las familias para cumplir con sus responsabilidades de crianza, y cuidar que ningún niño, niña o adolescente sea separado de su familia.

De ser así, la o el menor de edad, probablemente sea integrado en un Centro de Asistencia Social (CAS), que de conformidad con el artículo 4, fracción V de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es aquel establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones.

La finalidad de estos centros es atender de manera integral a las niñas, niños y adolescentes sujetos de asistencia social en los centros asistenciales, así como promover su derecho a vivir en familia en el marco de sus derechos.

También prevé que deberán brindar servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, para lo que tendrán que contar con diseño universal y accesibilidad, así como medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental de niñas, niños o adolescentes alojados.

Así entonces, el estado debe garantizar el acceso a cuidados alternativos para asegurar su adecuada protección, atención y cuidado. Tal como lo establece, el artículo 20 de la convención, el cual indica que, cuando las y los niños se vean privados de su espacio familiar, de manera temporal y/o permanente, tendrán derecho a la protección y asistencia especial del estado.

Si bien es cierto que los espacios de cuidados alternativos no son los sitios ideales para el desarrollo de las y los menores de edad, de hacer uso de ellos, estos deberán contar con la supervisión y vigilancia institucional para evitar que la población infantil sufra de violencia, maltrato y estigma social, ya que es frecuente encontrar que las instituciones públicas y privadas que acogen a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, brindan sus servicios con recursos limitados y generalmente no proporcionan a la población bajo su resguardo la atención, el afecto y el cariño necesario para su desarrollo integral.

Tampoco cuentan con el suficiente personal profesional y multidisciplinario que brinde una atención de estricta calidad y de acuerdo con los requerimientos de una población que, como se ha mencionado con anterioridad, requiere de cuidados y atención especial.

Otro problema que se enfrenta recurrentemente es el que en nuestro país actualmente, no se cuenta con datos oficiales y por tanto confiables sobre la problemática de la población infantil, ni sobre el número de instituciones de este tipo que existen en el territorio, tampoco el número y género de la población a la que se da atención y el tipo de ella, y menos aún cuáles y cuántos son los modelos de atención que se están aplicando en estos lugares.

Se cuenta con información reportada en el año 2012, que es el resultado de la implementación de proyectos elaborados por los Sistemas DIF estatales, que formó parte del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, en lo relativo al Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, a cargo del Sistema Nacional DIF, indica que contabilizó 725 albergues, de los cuales 14.2 por ciento fueron públicos y 85.8 por ciento privados, en los que se atendía a una población total de 16 mil 893 niñas, niños y adolescentes.

Como contraparte, en información reciente –septiembre de 2016– proporcionada por la procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes indica que a nivel nacional el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, cuenta con 137 centros de asistencia social (CAS), con una capacidad máxima de acogimiento de 7 mil 771. Cabe señalar que muchos de estos CAS reciben y atienden en sus instalaciones a niñas y niños migrantes no acompañados.

Por lo anterior, es necesario establecer mecanismos e instrumentos como dinámicas permanentes que permitan potenciar las capacidades de las instituciones públicas y privadas del país que prestan servicios de asistencia social y que les coloque en posibilidad de estandarizar e incrementar la eficacia, eficiencia, calidad y amplitud de los servicios y profesionalización del capital humano, todo ello bajo una supervisión constante de los organismos responsables de estos servicios.

La anterior es una de las diversas líneas que en relación al cumplimiento efectivo de los derechos de las niñas y niños debe atenderse de manera prioritaria, robusteciendo los recursos económicos estatales dirigidos a educación, salud, seguridad y supervisión del cumplimiento de derechos a través de las procuradurías federal y estatales.

En este sentido, el estado en sus tres niveles de gobierno tiene la responsabilidad de velar por la protección más amplia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, implementando los mecanismos jurídicos y económicos necesarios para lograrlo. Para ello, se requiere urgentemente de la inversión de recursos para la puesta en marcha de políticas públicas eficientes, eficaces y oportunas, en beneficio de la infancia y la adolescencia para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y para promover la equidad.

Por lo anterior, se hace necesario dar cumplimiento a la legislación nacional y los compromisos nacionales e internacionales referentes a la asignación de recursos económicos para la observancia de los requerimientos de la niñez y adolescencia. Como es el caso de la Recomendación General 19, emitida por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que versa justamente sobre el tema de presupuestos públicos y los derechos de niñas y niños, señalando cómo los gobiernos deben hacer su trabajo e invertir para que sean cumplidos los derechos de las y los menores de edad.2

Información del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), que señala: “Los recursos públicos para la infancia deben asignarse con el objetivo de que todos los niños y niñas gocen de manera integral de sus derechos. Lo anterior significa que no sólo hay que invertir el máximo de los recursos económicos en educación, salud, sino hacer una inversión en otros derechos fundamentales como la protección contra la violencia, el abuso y la explotación; la protección especial a niños en contextos de vulneración de derechos; el derecho a la identidad y el derecho a la participación”, Unicef.3

Así también, en la segunda sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes –17 de agosto de 2016– el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó que: “Este sistema es un mecanismo del Estado mexicano para garantizar la protección de 40 millones de niñas y niños y adolescentes en México. Su objetivo es cuidar nuestro activo más valioso, las mujeres y hombres del futuro”.

Se trata, dijo, de una ruta crítica para articular el quehacer de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad a partir del interés superior de la niñez. “Se trata de garantizar que todas y cada una de nuestras acciones reflejen con claridad el derecho y la prioridad que la Constitución les otorga”.

Apuntó Osorio Chong que se está trabajando de manera coordinada para reducir las brechas de desigualdad y prevenir la violencia de la discriminación desde su raíz, para que sus oportunidades no estén limitadas en el lugar donde viven por el color de su piel o la lengua que hablan “para que sin distinción todas y todos puedan disfrutar de sus derechos”.

En su mensaje, concluyó señalando que para que nuestro país alcance mayores niveles de desarrollo, es prioritario impulsar y proteger a la niñez y juventud mexicanas “es en ellas y ellos donde está la única inversión segura e indispensable de cualquier familia y de toda la nación”.4

Consideramos que nuestro país no puede ni debe continuar incumpliendo sus obligaciones internaciones y el mandato establecido en la Constitución. Nuestro país requiere una mayor y más eficiente asignación de recursos económicos y un mayor compromiso político de todos los niveles y ámbitos de gobierno que permitan poner en el centro de las agendas el cumplimiento efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que no únicamente busque el bienestar de la niñez, también la preservación de la sociedad y del propio estado con la coadyuvancia en la formación de mejores ciudadanas y ciudadanos.

Asimismo consideramos que invertir en la infancia es invertir en el desarrollo presente y futuro de un país. Por ello, invertir en la infancia de forma equitativa significa asegurar a todos los niños, las niñas y los adolescentes las mismas oportunidades de desarrollo, enfocándose de forma especial en aquellos y aquellas que se encuentren en mayor desventaja.

Estamos seguros de que los recursos que aprueben las y los legisladores de las entidades federativas para los niños, niñas y adolescentes del país, deberán asegurar la alimentación, la salud, la educación y el sano esparcimiento para su desarrollo integral, sobre todo teniendo presente el interés superior de la niñez.

Por su parte, el gobernador de Coahuila Rubén Ignacio Moreno Valdés en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) anunció que propondrá un punto de acuerdo para que los gobiernos estatales cierren filas ante los temas más urgentes para los niños y adolescentes, destacó también la responsabilidad de la Conago para con las y los niños del país una vez ante la identificación de la agenda política y de derechos para los niños.

Señaló de manera puntual que, “Dentro de la protección y garantía de los derechos humanos, los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben estar al centro de todas nuestras decisiones, pues décadas de desatención, las y los colocan en una situación de grave vulnerabilidad que no permite tiempo ni recursos de todo tipo para su atención inmediata”5 .

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de los estados para que aprueben los recursos económicos necesarios, a efecto de dar cumplimiento pleno a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales donde el Estado mexicano es parte.

Notas

1 Datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

2 Observación Gral. 19, ONU, Save the Children, Equidad Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, y REDLAMYC, México, 2016.

3 Unicef. Recursos para la infancia, México,

4 http://www.enteratemexico.com/index.php/articulos/1898-instala-pena-seg unda, México, agosto 2016.

5 En noticias, página oficial del gobierno de Coahuila, http://coahuila.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, la PGR y el gobierno de Coahuila a realizar trámites ante las autoridades de Estados Unidos a fin de que se restituya de manera íntegra a la hacienda estatal el dinero producto de la subasta de inmuebles comerciales y residenciales confiscados en la Isla del Padre y San Antonio –con valor superior a 37 millones de dólares– a Javier Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas de la entidad, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Coahuila, la deuda fraudulenta de Humberto Moreira

El Grupo Parlamentario de Morena ha sostenido en distintos momentos que la plena democratización del país exige un cambio de régimen, que tiene como premisa la erradicación de la corrupción gubernamental en las esferas federal y local. Una fuente de corrupción y de enriquecimiento ilícito es la deuda contratada de manera irresponsable por los gobiernos estatales con la anuencia y franca complicidad del gobierno de la república. Un caso paradigmático y vergonzoso, que ha trascendido nuestras fronteras, es la deuda de Coahuila contratada en el imperio de los Moreira.

En efecto, de 2005 a 2011, el gobierno de Humberto Moreira endeudó a Coahuila, de forma ilegal, por 33 mil millones de pesos; endeudamiento que pesa de manera infamante sobre los ciudadanos de esa entidad, porque se estima que deberán pagar, a lo largo de 40 años, 100 mil millones de pesos para cubrir ese oneroso débito.

Resulta a todas luces injustificable que, como fruto de una negociación con autoridades de Estados Unidos, uno de los principales artífices del mega-endeudamiento de Coahuila, el exsecretario de Finanzas de esa entidad, el delincuente de cuello blanco llamado Javier Villarreal Hernández, cambie los favores de la justicia de aquel país por dinero arrebatado fraudulentamente a los ciudadanos de este estado. Y que una parte de los inmuebles comerciales y residenciales adquiridos con ese dinero arrancado de forma abusiva y tramposa a los coahuilenses –los cuales suman más de 37 millones de dólares– se ponga a subasta en el vecino país.

En consecuencia, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debe exigir que el dinero recaudado en las mencionadas almonedas se restituya de manera íntegra a Coahuila. Tal solicitud se apoya en hechos inocultables que exigen un pronunciamiento firme de esta soberanía.

II. La mecánica del despojo y sus autores

En México, el índice de corrupción prevaleciente, el cual alcanza proporciones colosales, juega un papel sustancial en el desequilibrio de las finanzas públicas. Por su propia naturaleza, es imposible medir con exactitud el monto económico de este cáncer que como sociedad nos corroe, frena nuestro crecimiento y desarrollo. Y nos arroja al abismo de la decadencia.

Según María Amparo Casar, en el contexto mexicano se han ofrecido distintas cifras sobre el costo que la corrupción tiene en el país como porcentaje del producto interno bruto (PIB). Ary Naim, gerente general para México de la Corporación Financiera Internacional, miembro del grupo del Banco Mundial, señaló que la corrupción equivale a 9 por ciento del PIB.

La Organización de los Estados Americanos apunta que la corrupción en México cuesta relativamente 5 veces más que a nivel mundial y la sitúa en 10 por ciento del PIB nacional.

El CEESP sostiene que la corrupción cuesta al país cerca de 1.5 billones de pesos, equivalente a 10 por ciento del PIB.

Finalmente, México ¿Cómo Vamos? sitúa la cifra en 341 mil millones de pesos al año que corresponde aproximadamente a 2 por ciento del PIB nacional (María Amparo Casar. México, anatomía de la corrupción, segunda edición, corregida y aumentada, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, página 59).

Un claro indicador de la corrupción de funcionarios públicos son los inauditos montos de endeudamiento público registrados en incontables entidades de la república como Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Sonora. En efecto, las arcas del erario de las entidades de la República se ven comprometidas por sumas increíbles de endeudamiento: 17 mil millones de pesos en un caso, 31 mil millones en otro, 33 mil millones en otro más.

En esta lamentable historia de atropellos al tesoro público, sobresale el estado de Coahuila, en el cual, durante el sexenio de Humberto Moreira Valdés, que lo gobernó de diciembre de 2005 a enero de 2011, el endeudamiento público pasó de 323 millones de pesos a 36 mil 509 millones de pesos, lo que representa un aumento de 11 mil 203 por ciento, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La historia de este monumental atropello a los ciudadanos de Coahuila se encuentra plenamente documentada. Y ensombrece aún más los ánimos de los coahuilenses, y de los mexicanos todos, conocer que parte del producto de ese dinero escamoteado a la población se subasta al mejor postor en Estados Unidos, en beneficio de uno de los principales responsables del latrocinio, que lo utiliza como moneda de cambio para negociar una menor condena por sus ilícitas actividades.

La historia de este despojo corre a la par de las actividades de Jorge Javier Villarreal Hernández, quien el 2 de diciembre de 2006 es nombrado por el gobernador Humberto Moreira Valdés, subsecretario de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, cuyo titular era Jorge Torres López, quien sustituyó a Moreira en calidad de gobernador interino. Enseguida, el Congreso de Coahuila autoriza al estado la adquisición de un primer endeudamiento hasta por mil millones de pesos.

En octubre de 2007, Jorge Torres López crea una cuenta bancaria en McAllen, Texas. En enero de 2008, Villarreal abre una cuenta en Bermudas por 2 millones de dólares. Y el 18 de mayo del mismo año, Jorge Torres López transfiere 500 mil dólares a la cuenta abierta por Villarreal en Bermudas.

El 19 de julio de 2008, Villarreal es nombrado secretario de Finanzas en sustitución de Torres, quien el día 17 había renunciado a ese cargo para asumir, en calidad de interino, la alcaldía de Saltillo.

En el colmo del descaro, el 1 de septiembre de 2008 Villarreal anuncia el establecimiento de un programa de austeridad para ahorrar 5 mil millones de pesos en tres años.

El 11 de julio de 2008, el Congreso de Coahuila autoriza por segunda ocasión un endeudamiento al Gobierno estatal, esta vez por 3 mil 500 millones de pesos. Para esa fecha ya existe un crédito autorizado que suma 4 mil 500 millones de pesos.

El 9 de julio de 2010 se inaugura el Sistema de Administración Tributaria de la entidad. Villarreal deja su cargo en la Secretaría de Finanzas para dirigir la nueva dependencia.

El 11 de diciembre de 2009, el Congreso local autoriza un nuevo endeudamiento, en esta ocasión por mil 753 millones de pesos. Por tanto, la capacidad crediticia autorizada asciende a 6 mil 500 millones de pesos.

En agosto de 2010, legisladores de oposición advierten que la deuda asciende ya a 7 mil 450 millones de pesos, no obstante lo cual, el 6 de diciembre el Congreso de Coahuila autoriza un nuevo endeudamiento de hasta 3 mil 500 millones de pesos. De tal forma, el débito se dispara a 9 mil 750 millones de pesos.

Lo demás es sabido: el 2 de enero de 2011 Humberto Moreira solicita licencia para separarse de la gubernatura de Coahuila, siendo sustituido por Jorge Torres.

Y el 28 de marzo del mismo año, se hace del dominio público el crédito contratado con decretos falsificados por el gobierno de Coahuila a Banco Santander.

En junio de 2011, Acción Nacional entabla denuncia ante la Procuraduría General de la República por la presunta falsificación de decretos mediante los cuales se autorizaron 3 mil millones de pesos para deuda de Coahuila, que, se supo días después, en realidad superaban los 30 mil millones. En efecto, el día 24 de ese mismo mes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que la deuda de Coahuila asciende a 31 mil millones de pesos.

Dos meses después, en agosto, la Secretaría de Hacienda interpuso una demanda penal ante la Procuraduría General de la República contra quien resultara responsable por la contratación irregular de una suma superior a 32 mil millones de pesos de deuda contratada por el gobierno de Coahuila.

El 18 de agosto de 2011, Villarreal es removido de su cargo como secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, y dos días después la Procuraduría General de Justicia del Estado asegura que hay una investigación en su contra.

III. Los laberintos judiciales

Después de entradas y salidas de penales mexicanos, Javier Villarreal se entregó a las autoridades estadunidenses con el evidente propósito de evadir la acción de la justicia nacional. Y pese a que en Coahuila existen órdenes de aprehensión en su contra por la falsificación de documentos mediante los cuales obtuvo préstamos bancarios que se contabilizaron como parte de la deuda estatal, el exfuncionario se puso en manos de autoridades de Estados Unidos, en El Paso, Texas, quienes lo trasladaron a una cárcel de San Antonio para presentarlo ante un juez de distrito.

En noviembre de 2013, Villarreal, junto con el ex gobernador interino de Coahuila Jorge Juan Torres López, fue acusado formalmente ante una corte federal de delitos financieros. La acusación señala que desde 2008, Villarreal y otras personas realizaron “transacciones financieras relacionadas con el producto de una actividad ilegal”.

Establece además que el acusado transfirió fondos dentro y fuera de Estados Unidos con el fin de ocultar y disfrazar la naturaleza, el origen y la propiedad de los fondos procedentes de actividades delictivas.

Esta acusación fue resultado de una investigación llevada a cabo por poderosas agencias de investigación de Estados Unidos, como la Drug Enforcement Administration, la Administración de Investigación Penal de Impuestos Internos y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas de la DEA, en San Antonio.

IV. A subasta, los bienes de los coahuilenses

Pues bien, pese a que el sujeto del despojo fue el erario de Coahuila, el gobierno de Estados Unidos subasta inmuebles comerciales y residenciales ubicados en la Isla del Padre y en San Antonio, con un valor superior a los 37 millones de dólares, los cuales le fueron confiscados a Villarreal Hernández. Éste se declaró culpable de lavado de dinero para llegar a un acuerdo con los fiscales, pese a haberse establecido que las propiedades fueron adquiridas con recursos desviados de la hacienda de Coahuila y de fondos obtenidos a través de sobornos.

Los fiscales federales y locales acusaron al extesorero de Coahuila del manejo de fondos públicos robados para comprar los bienes inmuebles. Pero en el acuerdo con el gobierno estadunidense, ofreció entregar fondos depositados en cuentas bancarias y propiedades con un valor de casi 10 millones de dólares.

La DEA informó que las propiedades fueron adquiridas con recursos procedentes del banco mexicano IXE en trasferencias que Villarreal hizo al banco JP Morgan Chase, hasta sumar 20 millones de dólares en diciembre de 2009.

Para Morena, resulta a todas luces injustificable que, como fruto de una negociación con autoridades de Estados Unidos, un delincuente de cuello blanco, como lo es Javier Villarreal Hernández, cambie los favores de la justicia de ese país por dinero arrebatado en forma ilegal y fraudulenta a los ciudadanos del estado de Coahuila. Y que una parte de los inmuebles comerciales y residenciales, con un valor superior de 37 millones de dólares adquiridos con ese dinero, se pongan a subasta.

En consecuencia, es necesario exigir desde el Congreso de la Unión a las autoridades federales y locales correspondientes, una acción enérgica contra este despojo y restituir al pueblo de Coahuila el fruto de su trabajo.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, solicito se ponga a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus atribuciones, así como al gobierno de Coahuila, que realicen los trámites correspondientes ante las autoridades de Estados Unidos a fin de que el dinero recaudado en la subasta de inmuebles comerciales y residenciales situados en la Isla del Padre y en San Antonio, con un valor superior a 37 millones de dólares, los cuales fueron confiscados a Javier Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas de dicha entidad, se restituya de manera íntegra a la hacienda estatal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a garantizar los servicios médicos, con recursos humanos, materiales, financieros, farmacéuticos e incluso psiquiátricos necesarios y suficientes para atender a los enfermos en los centros penitenciarios del país, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

De conformidad con lo previsto por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política d los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es la institución oficial de México encargada de defender y promover los derechos fundamentales. La función principal de la CNDH es velar por que las instituciones del Estado garanticen un recurso efectivo a las víctimas cuando se cometen abusos y reformen las políticas y prácticas que dan lugar a tales violaciones.1

Dentro de la amplia gama de derechos humanos, que la CNDH se encarga de proteger, se encuentra el relacionado con la salud de las personas recluidas por el Estado; para arribar a eta conclusión, es menester tener en cuenta que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en el territorio nacional, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, señalando además que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Así, el artículo 4o., de la Carta Magna, se prevé que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”; así mismo este derecho se encuentra inscrito en el párrafo segundo del artículo 18 de la misma Carta Magna, que a la letra dice: ”El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.2

Bajo este mismo contexto, a nivel internacional la protección de salud está plenamente contemplada en los Tratados Internacionales, prueba de ello, es lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU),3 en su artículo 25., numeral 1, señala que:

“Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”4

Ahora bien, para el caso particular que nos ocupa, conviene traer a colación lo previsto en los numerales 22, 23, 24, 25 y 26 de las Reglas Mínimas de los Reclusos de la ONU5 en el apartado de servicios médicos, preceptos normativos que a la lera dicen:

“Servicios médicos

22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales.

2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional.

3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado.”

“23. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento.

2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.”

“24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.

“25. 1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención.

2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.”

“26. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a:

a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos;

b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos;

c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento;

d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos;

e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado.

2) El Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones.”

De igual forma, resulta vinculante para el caso que nos ocupa, el postulado contenido en el numeral 5, de los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos,6 en el que se establece que los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica.

Bajo esta lógica, resulta inconcuso que la salud de las personas recluidas por el Estado, resulta en un derecho fundamental, de ahí que la CNDH, en cumplimiento con su ardua labor de promoción de los derechos humanos en México, ha documentado de manera detallada y fundada violaciones de derechos humanos y obstáculos sistémicos al progreso en esta materia; el pasado 20 de marzo del presente año, fue publicado el pronunciamiento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denominado “Derecho a la Protección de la Salud de las Personas Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana”,7 en el cual, mediante un diagnóstico se señala la situación de las personas que se encuentran recluidas en los Centros Federales de Readaptación Social y en particular sobre la atención medica que reciben.

En el documento se refiere que de las 15,102 quejas recibidas por este Organismo Protector relativas al programa penitenciario de 1990 a 2015, se encuentran 2,802 sobre violaciones a la protección de la salud; analizándose además el segmento de los últimos 15 años sobre el mismo rubro, observando que el número de quejas por violación al derecho de protección a la salud de los internos, de 2000 a 2015 fue de 6,362 quejas, de las cuales 2,793 fueron sobre violaciones a este derecho, habiéndose concluido 2,552 en diciembre de 2015 y encontrándose en trámite 241, lo que implica que casi el 50% de las quejas que ingresaron son sobre la falta de atención para la salud de los internos en los centros de reclusión.8

En conclusión la CNDH ha indicado que el Estado mexicano es el responsable de garantizar el pleno derecho de acceso a la salud a todas a las personas recluidas en los centros penitenciarios en México, sin embargo, la Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2012, reveló que hay zonas del país donde la tardanza para atender a un reo enfermo puede demorar inclusive más de un mes aún en los casos graves o urgentes; los resultados expusieron además que con excepción de la región occidental, en el resto del país la situación es muy deficiente y hay casos en los cuales las familias de los reos han gestionado amparos judiciales para recibir la atención debida,9 por estas razones, la bancada de los ciudadanos ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y división de poderes, hace un atento y respetuoso exhorto al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, para que se garanticen los servicios médicos, con recursos humanos, materiales, financieros, farmacéuticos e incluso psiquiátricos necesarios y suficientes para atender a las personas que sufren de alguna enfermedad en los centros penitenciarios del país.

Notas

1 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Titulo I. Capitulo único. Disposiciones generales. Artículo 2o.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

2 Honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016, [en línea], México, [citado 03-04-2016], formato pdf, Disponible en Internet: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf.

3 La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE) surge de un proceso de diálogo de diversos componentes de la sociedad civil, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña en el marco del Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004, titulado Derechos Humanos, Necesidades Emergentes y Nuevos Compromisos.5 El 2 de noviembre de 2007, en el marco del Forum de Monterrey (México) es aprobada la DUDHE.

4 Secretaría de Gobernación, Orden Jurídico Nacional, Tratados y declaraciones sobre derechos humanos, Declaraciones, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2016.

5 Naciones Unidas. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Adopción: Consejo Económico y Social de la ONU. Resoluciones 663C (XXIV), del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII), del 13 de mayo de 1977

6 Resolución 45/111 de la Asamblea General, anexo.

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, PRONUNCIAMIENTO Derecho a la Protección de la Salud de las Personas Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana, 2016.

8 Ídem, nota. 1.

9 Centro de Investigación y Docencia Económicas. Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social. 2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán de Ocampo a investigar el fraude cometido contra productores de fresa y zarzamora del valle de Jaconá-Zamora a efecto de sancionar a los responsables y emprender medidas para proteger a los afectados, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Alfredo Anaya Orozco, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El estado de Michoacán ocupa el primer lugar nacional en la producción de berries con más de 400 mil toneladas de fresa, zarzamora, arándano y la frambuesa que representan el 70 por ciento de la producción nacional. De acuerdo con la Secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), el estado aporta el 56 por ciento de la producción nacional de fresa, con 259 mil toneladas y el 96 por ciento de la de zarzamora, con 146 mil toneladas.1

Este tipo de fruta es sembrado en 37 municipios de Michoacán, entre los que se encuentran: Los reyes, con una participación del 31 por ciento; Peribán con el 13 por ciento; así como Ario de Rosales y Zamora con el 8 por ciento cada uno. Tangancícuaro y Salvador Escalante participan con 6 por ciento cada uno y Jacona con 5 por ciento. El 23 por ciento restante se dispersa en otros 30 municipios.

De esta manera, la producción de las berries representa la segunda actividad económica del estado de Michoacán: con un valor de 6 mil 281.3 millones de pesos, generando más de 3,000 empleos fijos al año y más de 45 mil empleos temporales ligados a la actividad.2

En el desarrollo de las berries en Michoacán el papel del organismo denominado Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) ha sido fundamental. En su calidad de institución banca de desarrollo de segundo piso ha facilitado el financiamiento de proyectos productivos en beneficio de miles de productores. Tan solo entre el periodo comprendido entre los años 2006 y 2013, otorgó 4,484.7 millones de pesos a través de la Banca Comercial y Sofomes.

Desafortunadamente, este tipo de créditos han sido utilizados para cometer un fraude millonario en prejuicio de productores de fresa y zarzamora del Valle de Jacona-Zamora, una estafa que hoy amenaza seis mil hectáreas de fresa y más de 80 mil empleos.3

De acuerdo con integrantes de la Unión Agrícola Regional de Productores de Hortalizas y Fresa del Valle de Zamora, las empresas Tecnofruit y Agrama Fruir, falsificaron firmas de productores para tramitar créditos de FIRA.

En el año 2013 los productores fueron notificados que contaban con reportes negativos en el buró de crédito por préstamos para refacciones y de avío que nunca fueron solicitados ni mucho menos recibidos.

De acuerdo con la versión de los productores, lo que sucedió fue que funcionarios de la entidad financiera denominada Accedde, en colusión con miembros de las empresas Agrana Fruit México y Tecnofruit, falsificaron firmas de productores para solicitar dichos créditos a nombre de productores que les habían entregado documentos para formar parte de su padrón de proveedores de fresa.

Posteriormente, estos créditos fueron depositados y cobrados, pero no por los productores, por lo que en el mes de enero de 2014, los afectados promovieron la nulidad de los contratos de crédito mediante el juicio ordinario mercantil número 253/2014, ante el juzgado noveno de lo mercantil del primer Partido Judicial de Jalisco.

Los afectados reclaman que durante el juicio mercantil, la financiera antes mencionada eludió el desahogo de la prueba pericial, omitiendo presentar los originales de los contratos y pagarés supuestamente firmados por los productores. En ese sentido, otro aspecto importante que debe ser investigado es la actuación del Notario Público número 64, Sergio Alejandro López Rivera, con sede en el estado de Jalisco, pues este funcionario certificó las supuestas ratificaciones de los contratos de crédito de los productores de fresa.

Al dictar la sentencia definitiva, el Juez culpó a los productores de la falta del desahogo de la prueba pericial y resolvió en su contra, lo que les obligaría a pagar por estos créditos.

Por si fuera poco, la Unión Agrícola Regional señala que existen aún más afectados, en iguales circunstancias, pero que se han reservado el derecho de demandar la nulidad de los supuestos créditos que les fueron otorgados, estimando un aproximado de 400 millones de pesos, en contra de alrededor de 120 productores.

No podemos permitir que siga esta injusticia. Es necesario que las autoridades actúen de forma rápida para evitar que este delito quede impune, así como para proteger a los productores que han sido defraudados.

Permitir esta arbitrariedad representa un atentado no solo contra los productores de fresa y zarzamora, sino para toda la economía de Michoacán.

Por todo lo anteriormente expuesto y motivado me permito someter a consideración de esta honorable Asambleas los siguientes:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, a investigar el fraude cometido contra productores de fresa y zarzamora del Valle de Zamora, a efecto de sancionar a los responsables de este delito y emprender las medidas necesarias para proteger a las personas afectadas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a director general de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) a establecer un diálogo con los productores de fresa y zarzamora afectados por el presunto fraude cometido por las empresas Accede, Tecnofruit, Agrofruit, con el objetivo de encontrar posibles vías de solución para este problema y coadyuvar en las indagatorias correspondientes.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco, a revisar exhaustivamente la actuación del titular de la Notaría Pública número 64 y, en su caso, sancionar las violaciones a la Ley del Notariado del estado de Jalisco, al certificar las ratificaciones de los contratos de los créditos otorgados por FIRA a los productores de fresa y zarzamora del Valle de Jacona-Zamora, Michoacán.

Notas

1 http://sedrua.michoacan.gob.mx/michoacan-primer-lugar-nacional-en-produ ccion-de-berries/

2 http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2014/02/06/michoacan- principal-estado-productor-berries-0

3 http://www.moreliactiva.com/riesgo-6-mil-hectareas-mas-80-mil-empleos-f raude-freseros-michoacan/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputado Federal Alfredo Anaya Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Semarnat, a elaborar un plan de manejo para residuos orgánicos, especialmente alimentarios, a fin de prevenir y atender la contaminación de suelo, agua y atmósfera por rellenos sanitarios y vertederos a cielo abierto, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hablar de miseria extrema es hablar de hambre. De acuerdo con la FAO, el hambre sigue siendo uno de los desafíos más urgentes del desarrollo, pero el contraste es que el mundo produce alimentos más que suficientes. Sin embargo, un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a cerca de mil 300 millones de toneladas al año. Los alimentos se pierden o se desperdician a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. Las pérdidas de alimentos representan un desperdicio de los recursos e insumos utilizados en la producción, como tierra, agua y energía, incrementando inútilmente las emisiones de gases de efecto invernadero (FAO, 2011).

Según la FAO se ha estimado que aproximadamente el 6 por ciento de las pérdidas mundiales de alimentos se dan en América Latina y el Caribe. Cada año, la región pierde o desperdicia alrededor del 15 por ciento de sus alimentos disponibles.

Aunado a que el hiperconsumo es el principal causante del desequilibrio ecológico y del cambio climático. Basta señalar que los 20 países más ricos del mundo han consumido en este siglo más naturaleza, es decir, más materia prima y recursos energéticos no renovables, que toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria (Vilches y Gil, 2003).

Pero ¿qué pasa en nuestro país México? En esta administración a través de la Secretaría de Desarrollo Social se crea por decreto presidencial el 22 de enero de 2013 la estrategia llamada “Cruzada Nacional contra el Hambre”, que es una acción pública de política social, integral y participativa, que pretende una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre.

El Objetivo 4 de dicha estrategia señala que se deberá minimizar la perdida post cosecha de alimentos durante el almacenamiento, transporte así como en los comercios, señalando que en México se desperdicia el 37 por ciento de los alimentos que se producen es decir 10 millones 341 mil toneladas de alimento al año. Los alimentos que se desperdician servirían para alimentar a 7.01 millones de mexicanos.

El informe sobre desperdicio de alimentos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reporta que se desperdicia:1

• 54.1 por ciento: pescados y sardina. Equivalente a 107 mil 101.96 toneladas al año, que equivale a darle a una familia promedio a la semana 1.32 por ciento

• 63.3 por ciento: nopal. Equivalente a 83 mil 784.56 toneladas al año, que equivale a darle a una familia promedio a la semana .87 por ciento

• 57.7 por ciento: guayaba. Equivalente a 63 mil 719.37 toneladas al año, que equivale a darle a una familia promedio a la semana .66 por ciento

• 54.5 por ciento: mango. Equivalente a 297 mil 853.07 toneladas al año, que equivale a darle a una familia promedio a la semana 3.10 por ciento

Sin dejar de señalar otros productos en menos porcentaje como lo son tortillas, pan, arroz carne, leche, huevo, papa, calabaza, cebolla, jitomate, pepino, zanahoria, frijol, limón, naranja, papaya, plátano, uva.

Algunas de las respuestas frente al desperdicio alimentario que ha realizado la Cruzada contra el Hambre es entre otras, vincularse con los Bancos de Alimentos y organismos federales como Diconsa para la recuperación y distribución de alimentos

En México, existe la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos que se fundó precisamente como un medio de ayuda para disminuir el hambre y la desnutrición en el país, la cual como muchas otras organizaciones nacionales deben guiar su actuar con base en la Norma Oficial Mexicana establecida por la Secretaría de Salud NOM-014-SSA3-2013 Para la Asistencia Social Alimentaria a Grupos de Riesgo.2 El desperdicio de alimentos y su impacto en el medio ambiente.

Como bien apunta la FAO, lo que es aplicable a nuestro país: “Las políticas sobre desechos tienden con frecuencia a aplicar a los alimentos la misma “lógica” que al resto de desechos en lo que respecta a la definición de objetivos y a las jerarquías de prioridades. Aunque existen algunas sutilezas según los países, se puede observar un patrón general en la jerarquía de los objetivos de tales políticas: i) evitar la generación de desechos; ii) gestionar los desechos como un recurso; iii) garantizar un tratamiento eficiente, inocuo y ecológicamente adecuado de los desechos, reutilizarlos y, en última instancia y si fuera necesario, eliminarlos”.3

• Según el Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE) de la FAO, “las pérdidas de alimentos repercuten en la seguridad alimentaria y la nutrición de tres maneras principales.

1. Reducen la disponibilidad mundial y local de alimentos.

2. En segundo lugar, ocasionan efectos negativos en el acceso a los alimentos para quienes participan en las operaciones de cosecha y postcosecha y se enfrentan a pérdidas económicas y de ingresos relacionadas con las pérdidas, así como para los consumidores debido a la contribución de éstas en la contracción del mercado de alimentos y la subida de los precios de estos.

3. Se produce un efecto a más largo plazo en la seguridad alimentaria debido a la utilización insostenible de los recursos naturales de los que depende la producción futura de alimentos.

• En el plano de impacto al medio ambiente, el HLPE afirma que las pérdidas de alimentos tienen importantes repercusiones en el medio ambiente debido a la utilización superflua de recursos para producir los alimentos que se pierden y desperdician y a la eliminación de desperdicios de alimentos en los vertederos, lo que genera, entre otros efectos locales y mundiales, emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero.

Ejemplos de posibles repercusiones de las pérdidas y el desperdicio de alimentos en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

Nivel/Dimensión Económica Social Ambiental

Micro

(hogar o empresa individual)

• Las empresas y los consumidores dedican una parte mayor de sus presupuestos a la adquisición de alimentos que no se venderán o consumirán

• Salarios más bajos

• Consumidores con menos recursos para comprar

• Falta de productos

• Cantidad de basura doméstica y desperdicios

• Contaminación de individuos en zonas rurales y urbanas

Meso

(cadena alimentaria)

• Desequilibrio en los flujos de producción y necesidad de invertir más en, por ejemplo, la construcción de silos y almacenes para las existencias de los intermediarios

• Reducción de los beneficios

• Ineficiencias en la cadena de suministro

• Costos de la eliminación y el tratamiento de los desperdicios

• Baja productividad de la mano de obra

• Dificultades para que las empresas lleven a cabo su planificación

• Multiplicación de vertederos

Macro

(sistema alimentario y más allá)

• Esfuerzo económico no realizado

• La inversión pública en agricultura e infraestructura es menos productiva y se convierte en un costo de oportunidad

• Reducción de los recursos financieros destinados a invertir en otros ámbitos

• Precios más altos de los alimentos y mayores dificultades para acceder a ellos

• Mayor número de personas por debajo del umbral de la pobreza

• Presión en los recursos naturales: agua y suelo

• Emisión de gases de efecto invernadero

• Ocupación de bosques y áreas de conservación

• Reducción de los recursos pesqueros

• Presión en la flora y fauna silvestres

• Mayor gasto en energía no renovable

En el territorio nacional, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento regulan los desperdicios alimentarios como parte de los residuos orgánicos, los cuales son catalogados como parte de los Residuos Sólidos Urbanos.

Según datos del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos4 elaborado por Semarnat, en el 2012, del total de residuos sólidos urbanos registrados en el país, el 37.97 por ciento fueron residuos orgánicos y el 25.57 por ciento fueron residuos alimentarios.

Es decir, a pesar de que existen acciones como los Bancos de Alimentos que permiten recuperar y distribuir una parte de los desperdicios alimentarios, una gran parte se convierte en basura, es decir, son residuos que no tienen ningún manejo y que al recolectarse y depositarse en tiraderos a cielo abierto o al ser vertidos en los rellenos sanitarios sin control, contaminan el suelo y agua al infiltrarse. Esto genera que los acuíferos, ríos y aguas superficiales, así como el suelo concentren substancias que son nocivas tanto para la salud de la población así como para el equilibrio de ecosistemas aledaños a dichos tiraderos.

Es por ello, que se requiere regular los residuos alimentarios a través de un plan de manejo, que evite la contaminación del medio ambiente local y regional.

Considerando lo anteriormente expuesto, es por ello que presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que elabore un plan de manejo para residuos orgánicos y especialmente para los desperdicios alimentarios, los cuales forman parte de los Residuos Sólidos Urbanos, con la finalidad de prevenir y atender la contaminación del suelo, agua y atmosférica que provocan los rellenos sanitarios y vertederos a cielo abierto. La Secretaría asesorará a los estados y municipios en la implementación del programa de manejo. También se exhorta a la Semarnat a diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de incentivos económicos, fiscales, financieros y de mercado, que tengan por objeto favorecer la valorización, la gestión integral y sustentable de los residuos y desperdicios alimenticios, de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Notas

1 http://www.sedesol.gob.mx/boletinesSinHambre/Informativo_02/infografia. html

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5367732&fecha=11/11/2 014

3 http://www.fao.org/3/a-i3901s.pdf

4 www.inecc.gob.mx/descargas/dgcenica/diagnostico _basico _extenso_2012.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla y la CNDH a determinar el proceso del ciudadano Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, su presunción de inocencia y su proceso como preso político, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que desde de su fundación, el 28 de octubre de 1973, la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA), desarrolla las manifestaciones y luchas por los derechos de los vendedores ambulantes en Puebla y demás sectores de la sociedad.

Que a finales de los ochenta Simitrio denunció el hostigamiento y la represión por parte de las autoridades estatales, encabezadas por el entonces gobernador Mariano Piña Olaya, a quien acusó de no seguir los acuerdos derivados del desalojo de los ambulantes del Centro Histórico por la administración gubernamental anterior.

Que en 1989 Simitrio fue acusado por diversos delitos como asociación delictuosa, daño en propiedad ajena, robo, posesión de armas, acumulación de armas, rebelión, incitación a la rebelión y posesión de drogas, por lo que el 4 de julio de 1989 fue detenido en la Ciudad de México y llevado a la ciudad de Puebla el 7 de julio.

Que derivado de ese proceso fue preso desde 1989 a 1993 en el penal de San Miguel, Puebla, de 1993 a 1997 estuvo recluso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande, Jalisco, y de 1997 a 2001 en el Cefereso de Almoloya en el estado de México.

Que para el año 2001, Sarabia Sánchez alcanzó la quinta fase del tratamiento preliberacional por lo cual obtuvo la libertad condicionada por acuerdo del gobernador del estado a través del secretario de Gobernación de Puebla.

Que sin embargo, el 18 de diciembre de 2014 una juez penal de primera instancia revocó el beneficio de preliberación otorgado por el gobernador, dicha revocación, hecha por la juez Quinto de lo Penal, resultó inválida e ilegal, toda vez que quien la dicta es autoridad incompetente para realizar tal acto.

Ahora bien, el 10 de enero de 2015 la pena que Simitrio purgaba en libertad preparatoria tenía que ser declarada totalmente extinta, es decir alcanzaría la libertad total y absoluta dentro del proceso penal 113/89; pero el 19 de diciembre de 2014, “Simitrio” fue detenido, en las escaleras de la Secretaría de Gobernación municipal de la ciudad de Puebla, misma fecha en la que fue reingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel en Puebla, en cumplimiento a la ilegal revocación que un día antes realizó la juez penal.

Que pese a que se ha comprobado vía juicio de amparo indirecto, que Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” no debe estar en la cárcel, esta circunstancia persiste sin fundamento alguno. Las autoridades estatales al intentar dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro de la revisión 20/2016 por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito dentro del Amparo Indirecto 69/2015 de los índices del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales del Sexto Circuito, se contradicen entre sí, veamos, mediante acuerdo de fecha 5 de septiembre del presente año, signado por el secretario general de Gobierno por acuerdo del gobernador constitucional del estado establece que: “...tomando en consideración que no existe resolución de cinco de abril de dos mil uno...”.

Es decir, después que Ministerio Público, juez penal y magistrados federales vieron la resolución del 5 de abril de 2001 y trabajaron con ella; que la “revocación” de esa resolución fue la base creada para dar apariencia legal al encarcelamiento de Simitrio por parte de la juez Quinto de lo Penal, ahora el gobernador y su secretario general de Gobierno, dicen que no existe dicha resolución, lo que nos lleva a preguntar ¿quién está mintiendo? y ¿por qué lo hace? buscan ¿esconder algo así como una responsabilidad por el atropello?

Lo anterior nos presenta ante dos posibles escenarios:

1) En el caso de existir la resolución, ésta no debió ser revocada y, por tanto, nunca existió base legal para encarcelar a Simitrio quien debió obtener su libertad absoluta desde el 10 de enero de 2015 y,

2) Si no existe, se demuestra que se usó de manera arbitraria e ilegal el poder del estado, abusando de la fuerza para encarcelarlo, y poder así desatar la represión y persecución política contra la 28 de octubre, armar desde las instituciones procesos penales que tienen en prisión a sus hijos y a Fernando Alonso; procesadas a la esposa, a la nuera y a dos militantes más; sumando a lo anterior las amenazas de muerte desde el anonimato.

Cabe señalar que la concesión del amparo determina que al juez quinto de lo penal de Puebla le ordena dejar insubsistente el auto de fecha 18 de diciembre de 2014 dentro del proceso 113/89 de su índice, determinando que carecía de competencia legal para pronunciarse sobre la solicitud del Ministerio Público de su adscripción, esto es, de revocar la determinación de cinco de abril de dos mil uno, por la que el secretario de Gobernación, por acuerdo del gobernador del estado de Puebla autorizó a Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” la quinta fase del tratamiento preliberacional y con ello le otorgó la libertad preparatoria, remitiendo a la autoridad competente –el Ejecutivo del estado de Puebla– las constancias conducentes para determinar sobre tal solicitud.

Que resultado de lo anterior, el pasado dos de septiembre el Juez Quinto de lo Penal de Puebla se declaró incompetente y dejó insubsistente la resolución que emitió el 18 de diciembre de 2014 –en la cual revocó el beneficio preliberatorio y ordenó la detención de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”–; una vez hecho esto remitió la petición de revocación del beneficio preliberacional hecha por el Ministerio Público al Ejecutivo del estado de Puebla.

Que lo anterior confirma que Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” lleva cerca de dos años privado de su libertad por motivos políticos, toda vez que las autoridades poblanas tenían pleno conocimiento de cómo proceder respecto de su libertad preparatoria.

Que después de que fue detenido y encarcelado, la Juez Quinto de lo Penal de Puebla remitió los autos del proceso 113/89 a la Juez de Ejecución de Sanciones y Sentencias de Puebla, quien en fecha 9 de enero de 2015, le impuso, sin haberlo oído y vencido en juicio, le impuso una sentencia de 35 años con 6 meses de prisión.

Que según esta sentencia Simitrio debía estar en prisión hasta el 10 de noviembre de 2050, además que de facto desconoció la estancia de Simitrio en prisión de 1989 a 2001.

Que dada la anterior resolución ha quedado rebasada, toda vez, que en la ejecutoria dictada dentro de la Revisión 20/2016 por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito dentro del Amparo Indirecto 69/2015 de los índices del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales del Sexto Circuito, también se declara incompetente a la Juez de Ejecución de Sanciones y Sentencias de Puebla, para conocer sobre la situación jurídica de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”.

Que aunado a lo anterior el gobierno del estado de Puebla, también, se sirvió de armar un proceso penal ex profeso por el delito de narcomenudeo contra “Simitrio” y dos de sus hijos –Atltonatihu Ruben y Xihuel, ambos de apellido Sarabia Reyna–. El proceso penal que fue fabricado desde su averiguación previa en el Centro Operaciones Especiales de Puebla a base de acusaciones anónimas y declaraciones obtenidas bajo tortura y tramitado en el Juzgado Penal de Cholula y que le fuera notificado a “Simitrio” en el Cereso de Puebla el 22 de enero de 2015, es decir, a un mes de estar privado de su libertad con su hijo Atltonatihu Rubén Sarabia Reyna. En este proceso vía amparo indirecto de determino que el Juez Penal de Cholula es incompetente para conocer respecto de la situación jurídica de Simitrio y sus dos hijos, lo cual convierte en ilegal todas las actuaciones del Juez Penal de Cholula para mantenerlos presos.

Ante las circunstancias citadas y en análisis resultado de un proceso político el suscrito presenta ante esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Puebla, doctor Rafael Moreno Valle Rosas, para que en el ámbito de su competencia, retomen el caso del ciudadano Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, garantizándole un proceso con irrestricto apego a derecho y asumiendo todas y cada una de las consecuencias legales que se deriven de éste.

Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el ámbito de su competencia observe el proceso del ciudadano Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, y determine las causas de su aparente proceso político y cese la represión contra la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Puebla, doctor Rafael Moreno Valle Rosas, para que en el ámbito de su competencia, en su caso, otorgue la libertad plena, inmediata e incondicional a Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” y sus hijos Atl Tonatiuh Rubén y Xihuel, ambos de apellidos Sarabia Reyna y Luis Fernando Alonso Rodríguez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal, de Nayarit y de Jalisco a hacer valer de forma íntegra los derechos del pueblo wixárika, y conferir prioridad a los derechos humanos de los pueblos indígenas sobre los intereses políticos y límites territoriales de los estados, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los que suscriben, diputados Víctor Manuel Sánchez Orozco, José Clemente Castañeda Hoeflich y María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por mayoría de la Asamblea General, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2007 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo, determinado libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Asimismo reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos. Reafirmando el derecho a su territorio principalmente en los artículos 8, 10 y 26:

“Artículo 8

1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos;

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;...

Artículo 10

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 26

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate...”

En el mismo sentido se pronuncian diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que refiere:

“Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar Las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos .en el presente Convenio.

Artículo 13 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término tierras en los art/culos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.”

II. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce como derecho humano en su artículo segundo, que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.... Además precisa que se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas, entre otros derechos: “... Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución... Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades...”.

III. El pueblo wirárika es una de las comunidades indígenas más antiguas de México. Su población puede calcularse en la actualidad alrededor de las 44.000 personas, que habitan mayoritariamente en el centro-oeste del país, en algunas zonas de la Sierra Madre Occidental entre los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. Aunque en lengua castellana son conocidos como huicholes, palabra que posiblemente es una derivación del término con que se les nombraba en idioma náhuatl, en su propia lengua se llaman a sí mismos wixárika. Orgullosamente es reconocido por haber conservado su identidad espiritual y continuar practicando su tradición cultural y religiosa desde hace más de miles de años.

IV. Los wixárikas hablan una lengua del grupo corachol con influencias mesoamericanas, lo cual se refleja en el hecho de que el wirárika tiene rasgos típicos del área lingüística mesoamericana. Su espiritualidad tradicional incluye la recolección y el consumo ritual del peyote. Desde el siglo XVI, los wixárika ya habían llegado a la región del norte de Jalisco. A través de esta evidencia histórica es posible postular que los wixárika llegaron a la región de la barranca de Bolaños aproximadamente al mismo tiempo que los españoles.

V. De acuerdo con el Frente en Defensa de Wirikuta que reúne varias organizaciones en pro de esta población, Wirikuta es uno de los sitios sagrados naturales más importantes del pueblo indígena Wixárika, y del mundo. Su territorio abarca la Sierra de Catorce y el Bajío a sus pies. Fue declarado Reserva Ecológica Natural y Cultural, con una superficie de más de 140,000 hectáreas.

VI. En la actualidad, los mayores asentamientos Wixáritari están ubicados en los estados de Jalisco y Nayarit. Los wixárikas habitan una región denominada El Gran Nayar, la cual debe entenderse como un complejo cultural que contempla una parte del estado de Nayarit y las zonas contiguas de Jalisco, Durango y Zacatecas.

VII. Algunas comunidades wixárikas fueron reconocidas por autoridades coloniales en el siglo XVII. Fue en ese siglo que los Wixáritari solicitaron títulos de propiedad, así como títulos virreinales por medio de sus gobernadores. En la primera mitad del siglo XIX, la desamortización liberal provocó la pérdida o recorte de tierras con el argumento de que éstas eran “tierras muertas”. A la fecha muchos de los territorios expropiados se encuentran en disputa y en algunos casos, han sido parcialmente recuperados.

VIII. Para los Wixáritari las peregrinaciones que hacen a los puntos geográficos sagrados que se encuentran fuera de los lugares que habitan contribuyen al equilibrio del mundo; las ofrendas que depositan en puntos específicos, les aseguran desde buenas cosechas hasta el mantenimiento del orden. El territorio ritual supera límites agrarios y delimitaciones étnicas: para los wixárikas la interrupción del ciclo ritual nos afecta a todos, seamos o no Wixáritari.

IX. En 1988, la UNESCO incorporó la zona de Wirikuta a la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales. Diez años después, Wirikuta fue declarada Reserva Ecológica Natural y Cultural del Estado mexicano. Wirikuta fue incorporada en 1988 por la UNESCO a la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales. Wirikuta posee un ecosistema único en el mundo.

X. En la historia del despojo y restitución de tierras a los wixárikas, ha estado presente la intervención de los gobiernos de Nayarit y Jalisco, pues el territorio wirárika se encuentra precisamente en los límites entre ambas entidades federativas. Nayarit fomentó la separación de la comunidad de Guadalupe Ocotán de su entidad madre, San Andrés. También realizó políticas de colonización con las tierras wixárikas, entre las que destacan Puente de Camotlán y Huajimic. El primero fue restituido hace una década.

XI. En los años recientes las autoridades tradicionales y agrarias de las diferentes comunidades wixaritari han buscado de forma pacífica la defensa de sus tierras y el reconocimiento de sus derechos, logrando importantes avances por la vía jurídica, destacando recientemente los fallos del poder judicial que ordenan la restitución de 184 hectáreas ubicadas en Nayarit y que han estado en posesión de ganaderos desde hace décadas. Estos terrenos tienen títulos de propiedad a favor de la comunidad Wixarika de San Sebastián Teponahuaxtlan desde 1718 cuando fueron por la corona española.

XII. El proceso judicial duró casi diez años, en donde los wixárikas presentaron 47 demandas con la finalidad de recuperar tierras ocupadas por ganaderos de Huajimic, Nayarit, obteniendo hasta el momento 13 sentencias favorables, las cuales resolvieron que el territorio en litigio debía ser restituido a esa comunidad indígena.

XIII. La fecha señalada para la devolución de las tierras dentro del juicio agrario 769/2012 fue el pasado jueves 22 de septiembre de 2016, sin embargo tuvo que pedirse la intervención de elementos de seguridad pública por temor a un enfrentamiento violento entre ganaderos y wixárikas, éstos últimos han denunciado que el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, contra el estado de derecho, ha prometido ilegalmente a los ganaderos que mientras dure su administración no entregarían la tierra a los wixárikas, propiciando un clima de incertidumbre, pues aún faltan varias sentencias por dictarse y ejecutarse y se espera que se resuelvan en el mismo sentido de restitución de territorio a los wixaritari.

XIV. Así las cosas, representantes de los wirárikas, han acudido ante diferentes autoridades y ante esta representación legislativas a solicitar entre otras cosas que les garanticen seguridad en la restitución de sus tierras, pues la ejecución de la sentencia del juicio agrario en comento 769/2012 se realizó de la siguiente manera:

“... La Brigada del Tribunal Unitario Agrario Distrito No. 56, arribó a la zona del conflicto en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit., sin resguardo de seguridad de ninguno de los tres niveles de gobierno, en donde el Estado Mexicano no garantizo el estado de derecho poniendo en riesgo el cumplimiento de la ejecución de la sentencia, a la Brigada del Tribunal y a las partes del conflicto.

En el que la Fiscalía General del Estado de Nayarit y la Policía Estatal Preventiva Nayarit ignoraron la petición de seguridad que se les solicitó con antelación por parte del Tribunal Unitario Agrario Distrito 56. Y en los mismos términos, el llamado que la comunidad Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán-Waut+a y Tuxpan-Kuruxi Manuwe hizo a través del Boletín de Prensa, Comunicado Oficial del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, y de viva voz en la rueda de prensa realizado en 09 de septiembre de 2016.

Por su parte, tal como lo habían mencionado aproximadamente mil comuneros Wixaritari de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpán de Bolaños, integrados por niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos, acompañados por las autoridades tradicionales y agrarias hicieron una primera parada a la altura del poblado de Huanacaxtle, tras haber caminado por más de 3 horas desde el paraje denominado Mayeniuwe-San Isidro, para encontrarse con la brigada del Tribunal Agrario procedente de la ciudad de Tepic, Nayarit.

Sin contratiempos, avanzaron hasta el predio en conflicto “Piedra Bola” y “Bola Negra”, para dar inicio con la diligencia.

I. Estando constituido dentro de los predios “Piedra Bola” y “Bola Negra”, la Brigada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 56, expuso los motivos: El motivo de acudir a éste lugar es para el efecto de llevar a cabo la realización de una diligencia, por orden de comisión del Tribunal Unitario Agrario distrito 56 de Tepic, Nayarit, a cargo del magistrado Doctor Aldo Saúl Muñoz López, en el que se nos ordena proceder a llevar a cabo la ejecución de la sentencia dictada con fecha 14 de Junio del 2012, por el Tribunal Unitario Agrario distrito XVI con sede en Guadalajara, Jalisco en los autos del expediente agrario número 769/2012, relativo a la acción agraria de restitución de tierras comunales y otras, promovido por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad Indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, municipios de Mezquitic y Bolaños, Estado de Jalisco, en contra de Enriqueta Montoya Ultreras, manifestó la actuaria de la Brigada del TUA distrito 56

II. Para ello en primer término la actuaria ordenó los trabajos del levantamiento topográfico y recorrido del predio para identificar la superficie de 184-73-10 hectáreas, esto es, a cargo del Ing. Topógrafo adscrito al TUA distrito 56. Mientras se realizaban los trabajos técnicos, los actuarios con la ayuda de las partes se abocaron a la agrupación, conteo e identificación de ganado que se encontrara dentro de la superficie materia de restitución.

III. Posterior a estos trabajos, se levantó el ACTA DE EJECUCIÓN en el que la brigada constató todo lo que pudo distinguir al interior del predio, en el que se pudo conformar 184-73-10 hectáreas en campo cuyas superficie, colindancias, rumbos y distancias se describen en el plano y cuadro de construcción que se anexó al Acta de Ejecución. De igual manera, se verificó la presencia de 87 ganados bovino y vacuno, 45 grandes y 42 chicos en los que se identificaron más de cuatro fierros, es decir, de varios propietarios, entre ellos la Señora Enriqueta Montoya Ultreras.

IV. A raíz de ello el Tribunal exhortó a los propietarios a desalojar el ganado, otorgándoles un término de tres días para el desalojo puesto que en su momento se negaron a sacarlos. Y a pesar de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca fue notificada para llevar a cabo el realeo de ganado, no compareció al lugar para cumplir esta función, motivo por el que se nombró al Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de San Sebastián y Tuxpan como Depositario Judicial para que por conducto de él, los propietarios retiren su ganado.

V. En este mismo término la Sra. Enriqueta Montoya Ultreras además de su ganado deberá de sacar sus pertenencias existentes dentro de la superficie ahora propiedad de la comunidad.

VI. Habiéndose constatado lo anterior la brigada del Tribunal concluyó la diligencia mediante un acta de ejecución, a la que se dio lectura y se firmó por las partes interesadas.

VII. Finalmente, siendo aproximadamente a las 4:30 p.m. del día 22 de septiembre del 2016, la Brigada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 56. Hizo toma de protesta de aceptación solemne a las autoridades agrarias de la comunidad multicitada en la que procedió la entrega, real, material y jurídica de la superficie de 184-73-10 hectáreas, mediante el acta de ejecución antes descrita...

Una vez concluida la diligencia de ejecución, la Brigada del Tribunal, el Equipo Jurídico de la comunidad y el grupo de Medios de Comunicación que asistieron, se retiraron del lugar de los hechos rumbo a sus lugares de origen, sin embargo, en el entronque de la brecha de los predios materia de recuperación que cruza con la carretera que viene de Guadalupe Ocotán hacia el poblado de Huajimic-Tepic, un grupo de ganaderos de Huajimic, habían bloqueado el paso, impidiendo que se retiraran, con el propósito único de reclamarle a la Brigada del Tribunal que la ejecución se había hecho de manera engañosa y sin notificación alguna. Siendo que el pasado 29 de febrero se citó mediante una notificación de ley a todos los demandados sentenciados a una audiencia de ejecución en el TUA distrito 56 de la ciudad de Tepic, Nayarit.

El reclamo de los ganaderos de Huajimic más allá de los actos intimidatorios y gritos despectivos hacia la Brigada, Abogados de la comunidad, Prensa y la comunidad Wixárika, es que el gobierno competente en la materia les sufrague y/o indemnice con buenos avalúos por el tiempo que usufructuaron las tierras, hoy materia de litigio...”.

XV. De la misma forma, el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta ha solicitado a las autoridades y a esta representación:

1. Observancia del estado de derecho, garantía y seguridad en próximas ejecuciones de sentencias a favor del pueblo wirikuta.

2. Que la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, salvaguarde los derechos de los pueblos indígenas.

3. Que los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, otorguen las facilidades necesarias para que se lleven a cabo de forma pacífica y correcta las ejecuciones próximas.

4. Que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) intervenga de manera inmediata en el conflicto que enfrenta la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco con el poblado de Huajimic municipio de La Yesca, Nayarit. Para que a través del programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) opere y resuelva en definitiva en conjunto con el Tribunal Unitario Agrario competente, esto es, para que se garantice la debida ejecución y así evitar que se agrande y agrave el problema social que de por sí ya enfrentan los Wixaritari con los ganaderos de Huajimic.

5. Que el Estado Mexicano y su gobierno en sus instancias, federal, estatales, y municipal vigilen para que esta primera ejecución realizada el 22 de septiembre del año en curso, culmine y cierre en buenos términos. Y de esta forma se garantice en el mismo sentido las futuras ejecuciones.

XVI. El Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, discurre y hace propias las peticiones del pueblo wixarika, por lo que se suscribe el presente punto de acuerdo a favor de los wixárikas de las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y de Bolaños en el Estado de Jalisco, para que se les restituyan en su totalidad sus tierras de manera segura y pacífica. De igual forma para que cesen las campañas de odio y discriminación contra este pueblo indígena que ha conducido sus reclamos por las vías legales y que luego de acreditar su derecho ~se encuentran con la falta de garantías para el cumplimiento de la ley.

Es importante aclarar que de ninguna manera están en disputa los límites territoriales de los estados de Jalisco y Nayarit, las tierras restituidas y las comunidades que ahí se asienten formaran parte de la entidad donde actualmente se encuentran, por lo que es fundamental que los gobiernos tanto municipal de La Yesca y estatal de Nayarit, favorezcan un clima de distención y sana convivencia con los nuevos pobladores a quienes se debe apoyar para que disfruten de los servicios básicos que como mexicanos les corresponden.

Es importante señalar que ante la ausencia de la intervención necesaria de las instituciones, el pasado 10 de octubre la población wixarika y los ganaderos de Huajimic emitieron un comunicado conjunto en el que reiteran la solicitud de apoyo para que se tomen acciones en beneficio del orden público y la paz social ya que consideran que no hay una respuesta que contribuya a una solución justa del conflicto.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y al Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano intervengan de manera inmediata en el conflicto que enfrenta la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco con el poblado de Huajimic municipio de La Yesca, Nayarit, con la finalidad de salvaguardar los derechos del pueblo wixárika.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que en el marco de sus atribuciones, proyecten y asignen presupuesto necesario que apoye programas y convenios que favorezcan la solución de conflictos por la restitución de tierras a los pueblos originarios, en particular al pueblo wixarika.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y al secretario de Desarrollo Social, para que en el marco de sus atribuciones, se apoye a la población wixarika que se asiente en las tierras restituida, con programas sociales y para la construcción de vivienda, y se implementen acciones para que se les garanticen los servicios públicos básicos.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente los titulares de los Poderes Ejecutivo de los estados de Jalisco y Nayarit, para que respeten y hagan valer de forma íntegra e inmediata los derechos del pueblo Wixárika, priorizando los derechos humanos de los pueblos indígenas sobre los intereses políticos y límites territoriales de los Estados.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de los de los estados de Jalisco y Nayarit, otorguen las facilidades necesarias para que se lleven a cabo de forma pacífica y conforme a derecho las ejecuciones de resoluciones jurisdiccionales que se hayan dictado en favor de los wixaritari.

Notas:

- Álvarez Rodríguez, Irene. La lucha territorial de los wixárikas. Reconocimiento político e integridad cultural en un mismo enunciado. http://revistas.uv.mx/index.php/ulua/article/viewFile/1933/pdf_269

- http://consejoregionalwixarika.org/?p=137

- http://www.cencos.org/comunicacion/se-ejecutara-de-manera-forzosa-la-pr imera-sentencia-de-restitucion-de-tierras-a-favor-de-la-comunida

- http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/23/saldo-blanco-en-enfrentam iento-de-comuneros-sandoval

- https://cronicadesociales.org/2016/03/04/huajimic-conflicto-alentado-po r-el-gobierno-nayarita/

- http://www.frenteendefensadewirikuta.org/?p=1814

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.

Diputados: Víctor Manuel Sánchez Orozco, José Clemente Castañeda Hoeflich, María Victoria Mercado Sánchez, Guadalupe Acosta Naranjo, Moisés Guerra Mota (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a llevar a cabo gestiones para que la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte coordine la ejecución del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo en el periodo vacacional diciembre-enero 2016-2017, suscrita por integrantes de ese órgano legislativo

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las prácticas de extorsión contra los paisanos mexicanos por autoridades aduanales han originado que el Poder Legislativo proporcione alternativas de apoyo a nuestros connacionales durante el periodo vacacional de la temporada invernal.

Los principales objetivos en los que se enmarca la labor que habrán de desempeñarse en el programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, son los de combatir estas malas prácticas en contra de los migrantes por parte de las autoridades, apoyar en la supervisión de la protección de sus derechos humanos; velar por el respeto irrestricto de sus garantías individuales; asistir a los cruces fronterizos internacionales y aduanas de la frontera norte del país, terminales de autobuses, y aeropuertos, así como puertos de revisión carreteros para recibir sus denuncias de extorsión, maltrato u hostigamiento, atenderlas y darles seguimiento.

El programa Diputada Amiga, Diputado Amigo está dirigido principalmente a aquellos connacionales que radican en Estados Unidos de América y Canadá, motivado por las denuncias de violaciones a sus derechos humanos y los constantes abusos de autoridad y asaltos que son víctimas, sobre todo en puntos fronterizos al momento de ingresar a México, fundamentalmente durante la temporada vacacional de diciembre-enero de cada año.

Antecedentes

En noviembre del año 2000, el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la LVIII Legislatura, aprobó proposición con punto de acuerdo para implementar la operación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo.

En su LX Legislatura, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó que este programa operara de manera permanente, además de autorizar el presupuesto que permitiera cumplir con su finalidad y contar con recursos materiales necesarios para la elaboración de propaganda para publicitar y explicar su operación, según los objetivos trazados de recibir a los migrantes mexicanos en su llegada a nuestro país.

Para la LXI Legislatura, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados propuso que el programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, se mantuviera vigente durante toda la legislatura, además de participar de forma complementaria con el programa Paisano, implementado por el gobierno federal en el periodo de noviembre a enero de cada año; la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios llevó a cabo las acciones para mantener vigente dicho programa y la elaboración, el diseño y logística que se emplearía en la temporada vacacional; aunado a ello, la Junta de Coordinación Política analizaría la posibilidad de destinar los recursos suficientes para la ejecución eficaz del programa y se solicitó al titular del Poder Ejecutivo federal se diera a la tarea de apoyar a los legisladores que participaron en la ejecución del programa referido.

Durante la LXII Legislatura, la Junta de Coordinación Política refrendó la vigencia y permanencia del programa durante toda la legislatura, autorizó los recursos necesarios e instruyó su implementación a través de las Comisiones de Asuntos Migratorios, Asuntos Frontera Norte y Asuntos Frontera Sur-Sureste en coordinación con el diputado Raúl Gómez Ramírez, quien fue proponente del programa desde el inicio de la LXII Legislatura; aunado a toda la logística de operación, se diseñó un logotipo de identidad para dotar de una imagen al programa, y la contratación de una línea telefónica 01 800 nacional y 1 855 internacional desde Estados Unidos y Canadá como canal de comunicación permanente, de manera que ambas herramientas se instituyeron junto con la inclusión en redes sociales del programa a través de una página en facebook.

En la LXIII Legislatura y para continuar con la operación del programa, el 6 de diciembre de 2015 el diputado Leonel Cordero Lerma, presentó proposición de punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Coordinación Política, a realizar las gestiones pertinentes para que fueran autorizados los recursos para que el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo mantuviera vigente su operación, durante la presente legislatura. Con la implementación del programa, los diputados apoyan a miles de paisanos, instalando módulos portátiles de atención en los diferentes puntos de apoyo, donde se reparten folletos promocionales para difundir sus derechos, se elaboran materiales y son distribuidos entre los paisanos para que sean utilizados en sus vehículos como protección para prevenir las extorsiones abusos o maltratos.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Primero . Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que lleve a cabo las gestiones pertinentes para que la ejecución del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo sea coordinado por la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la LXIII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, durante el periodo vacacional de diciembre-enero 2016-2017.

Segundo. Se exhorta al área de Comunicación Social de la honorable Cámara de Diputados, para que ejecute un plan amplio de difusión en medios nacionales e internacionales principalmente en los Estados Unidos de América para dar a conocer las bondades que ofrece el programa.

Tercero. Que la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados suscriba los acuerdos ante las instancias gubernamentales y determine la coordinación para la aplicación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, así como la aprobación de los recursos económicos y materiales necesarios para su aplicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputados: Leonardo Amador Rodríguez, Fernando Uriarte Zazueta, Adriana Terrazas Porras, Ana Georgina Zapata Lucero, José Máximo García López, Tania Victoria Arguijo Herrera, María Ávila Serna, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Leticia Amparano Gamez, Yahleel Abdala Carmona, Abdies Pineda Morín, Marbella Toledo Ibarra (rúbricas)


Efemérides

Con motivo del 12 de noviembre, natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de la diputada Angie Denisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

¿En perseguirme, mundo, que interesas?

¿En perseguirme, mundo, qué interesas? ¿En qué te ofendo, cuando sólo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?

Sor Juana Inés de la Cruz

Fragmento

La región de los volcanes en el oriente del estado de México es rica por su vegetación y sus majestuosos paisajes, alimentada por su riqueza cultural hoy queremos celebrar desde el recinto legislativo el natalicio del orgullo de esta zona, del orgullo de la literatura mexicana, a la flor de los volcanes Juana Ramírez de Asbaje: “Sor Juana Inés de la Cruz”, a quien también se le conoció como la Décima Musa y Fénix de México.1

Las ciencias, el arte y la literatura son las expresiones más sublimes del ser humano, por eso hoy celebramos a tan importante mujer, a quien en la actualidad sigue siendo símbolo de los mexicanos, mujer de todos los tiempos, es un honor hablar de quien por vocación llevaba consigo la lucha por los derechos de la mujer “Sor Juana Inés de la Cruz”.

A 365 años del nacimiento de la Décima Musa recordamos con ahínco su gran obra, nacida el 12 de noviembre de 1651 en la comunidad de Nepantla, municipio de Tepetlixpa, en el estado de México, desde pequeña mostro grandes cualidades intelectuales y la historia registra que desde los 3 años sabía leer y que a los 8 años escribió su primer loa.2

Es un honor hablar de quien fue llamada, por la esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo Leonor Carreto, “dama muy querida”, a quien cuestionó un mundo y un dogma de dominio masculino en las bellas artes, máxima figura de las letras mexicanas y que hasta estas fechas sin duda se considera una mujer genial.

Ejemplo de vida que nos dejó grandes obras, en cuanto su labor literaria, en 1689 se le encargó hacer el arco triunfal a la llegada a la capital de los marqueses de la Laguna y condes de Paredes, obra que concluyó con éxito y que tituló Neptuno Alegórico. El primer libro publicado por Sor Juana Inés de la Cruz fue Inundación Castálida, que reunió una buena parte de su obra poética y fue publicada en Madrid, antes que en la Nueva España.3

Desde este pleno, exhorto a mis compañeros diputados a continuar reconociendo, enriqueciendo y propagando la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, como ejemplo a seguir de los mexicanos, en escuelas públicas y privadas, en todas la comunidades del país y en las instancias de gobierno, símbolo de los mexicanos orgullo nacional.

Notas

1 Biografía de Sor Juana Inés de la Cruz (S.F.). Recuperado el 3 de noviembre de 2016 de http://elclaustro.edu.mx/.

2 Sor Juana Inés de la Cruz (S.F.) Recuperado el 3 de noviembre de 2016 de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juana_ines.htm.

3 Biografía de Sor Juana Inés de la cruz (S.F.) Recuperado el 3 de noviembre de 2016 de

https://www.mexicodesconocido.com.mx/sor-juana-ines-de-l a-cruz-1648-16951.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2016.

Diputada Denisse Hauffen (rúbrica)