Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Puebla a difundir el estado de las investigaciones o, en su caso, las acciones iniciadas contra César Yáñez Centeno, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por la probable comisión del delito de tráfico de influencias para liberar a Dulce María Silva Hernández, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de ocultamiento de bienes producto de un delito, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución

Exposición de Motivos

A finales de octubre, El Universal 1 publicó seis grabaciones en las que se puede escuchar a César Yáñez Centeno, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, intentando negociar, con servidores públicos de la Fiscalía General y de la Secretaría General de Gobierno, ambas del estado de Puebla, la liberación de su pareja sentimental, Dulce María Silva Hernández, detenida el pasado 10 de marzo de 2016.

Dulce María Silva Hernández, ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Huamantla, Tlaxcala, enfrenta un proceso penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de ocultamiento de bienes producto de un delito, tras haber aportado 30 millones de pesos a la empresa Grupo Inmobiliario Verhome, SA de CV, propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, quien defraudó a más de 2 mil 700 personas para adquirir un terreno de cuatro millones de dólares.2

Conviene recordar algunos casos en los que servidores públicos, militantes o simpatizantes de Morena se han visto involucrados en escándalos por manejo ilícito de grandes cantidades de dinero en efectivo:

1. En junio de 2015, después de las elecciones que se celebraron en Chiapas, fueron detenidas, en el aeropuerto internacional de Tapachula, Chiapas, tres mujeres, quienes señalaron ser colaboradoras de Ricardo Monreal Ávila, e intentaban abordar un vuelo privado con una maleta que transportaba más de un millón de pesos en efectivo. Los medios de comunicación dieron cuenta de que en las maletas se encontraba propaganda del partido político Morena.3

2. A 12 días de que Ricardo Monreal Ávila tomara el cargo como jefe delegacional de la Cuauhtémoc, una maleta con un millón 579 mil pesos en efectivo fue entregada en su oficina. Al hacerse pública dicha entrega, lo depositó en las arcas de la delegación.4

3. El 15 de septiembre del año en curso, Pedro Pablo de Antuñano, director general Jurídico y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, fue encontrado con 600 mil pesos en efectivo, cuyo origen no pudo acreditar, por lo que fue remitido al Ministerio Público, abriéndose la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B-3-C/D/1761/09-2016.5

Las grabaciones difundidas, que involucran también al senador petista Manuel Bartlett Díaz, operador político de Andrés Manuel López Obrador, dan cuenta de la clara configuración del delito de tráfico de influencia. En las conversaciones se revela como César Yáñez Centeno pretendió utilizar sus influencias con el fiscal Víctor Antonio Carrancá Bourget por medio de su secretario técnico, Rodolfo Alejandro Alducín Flores; queda acreditada la insistencia de César Yáñez Centeno para negociar, cínicamente, la liberación de su pareja sentimental, quien debe hacer frente a la justicia mexicana.

Al respecto, el Código Penal Federal establece, en su artículo 221, que comete el delito de tráfico de influencia:

I. El servidor público que por si? o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II. Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.

III. El servidor público que por si?, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para si? o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código.

IV. Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para si? o para otro.

Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión y de treinta a cien días multa.

Las conversaciones dadas a conocer demuestran que César Yáñez Centeno, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y el senador Manuel Bartlett Díaz, intervinieron ante la Fiscalía General y la Secretaría General de Gobierno, ambas del estado de Puebla, con el propósito de liberar a Dulce María Silva Hernández, aprovechando sus relaciones políticas para negociar por encima de la ley y las instituciones.

El tráfico de influencia es un hecho ilícito que lastima enormemente a las instituciones democráticas y a todos los mexicanos. Combatir este tipo de prácticas que fomentan la corrupción y la impunidad, es una tarea de todos. En el Grupo Parlamentario del PRI impulsamos un estado de derecho en el que la ley se aplique a todos por igual, empezando por las autoridades. Nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Fiscalía General de Puebla dé a conocer el estado que guardan las investigaciones, o en su caso, las acciones iniciadas en contra de César Yáñez Centeno, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por la probable comisión del delito de tráfico de influencia para liberar a Dulce María Silva Hernández, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de ocultamiento de bienes producto de un delito.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/10/24/voce ro-de-amlo-busco-negociar-liberar-novia.

2 http://noticieros.televisa.com/programas-despierta-carlos-loret-mola/20 16-10-25/fiscal-puebla-explica-caso-dulce-maria-silva/

3 http://www.unotv.com/noticias/nacional/detalle/caen-tres-asistentes-de-monreal-con-1-mdp-en-tapachula
-579562/?fb_comment_id=310387839084963_310424345747979#f8eaac0f116038;

http://www.milenio.com/df/investigacion_asistentes_Ricar do_Monreal-asistentes_Monreal_0_559744042.html;

4 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2 016/09/17/polemica-por-dinero-marca-monreal

5 http://lopezdoriga.com/nacional/detienen-a-director-juridico-de-monreal -portando-600-mil-pesos-en-efectivo/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.

Diputados: Jorge Estefan Chidiac, Víctor Giorgana Jiménez, Hersila Córdova Morán, Xitlalic Ceja García, Alejandro Armenta Mier, Edith Villa Trujillo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar la conducta presumiblemente constitutiva de delitos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, contra la administración de la justicia y los que resulten del magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco; y a éste, a presentar su renuncia con carácter de irrevocable, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, mediante el cual se exhorta al magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a que presente su renuncia con carácter de irrevocable por contar con antecedentes criminales e igualmente, se exhorta a la Procuraduría General de la República a utilizar sus facultades de atracción por conexidad de delitos para investigar la conducta presumiblemente constitutiva de delitos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencia, contra la administración de la justicia y los que resulten por el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El 12 de octubre del presente año, a través de medios de comunicación nacional y de circulación en el estado de Jalisco, se dio a conocer una comunicación en la que el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, indebidamente, a solicitud de un tercero, intercede ante una autoridad de Seguridad Pública Municipal, para solicitar evitar el cumplimiento y aplicación de la Ley a personas detenidas en flagrante delito.

Reforma exhibe audio del presidente del TSJ en Jalisco pidiendo liberar a delincuentes

Un audio filtrado al medio de comunicación, muestra la presunta una conversación vía radio del titular de la SSP con el magistrado, en donde, éste último pide ayuda a nombre de el “patrón” de los detenidos, de quien -dijo- sólo se dedica a la compra venta de autos.

Lo que pasa es que yo conozco al señor. El señor ese es muy amigo de un grupo empresarial aquí”, dijo el también presidente del Consejo de la Judicatura de Jalisco, quien no identifica por nombre a la persona a la que alude1

A continuación se transcribe la llamada telefónica que hizo el magistrado Vega Pámanes al Comisario de Seguridad Pública de Guadalajara:

Salvador Caro Cabrera = SC

Luis Carlos Vega Pámanes = LCVP

SC: Si, ya sé quiénes son eh, ya sé quiénes son.

LCVP: Órale.

SC: ¿Qué pasó presidente? Bueno...

LCVP: Bueno... los llevan a la Calle 14, ya ves que es por posesión. Los llevan a la 14 y ahí nomás van a entorpecer el trámite.

SC: ¿Si son los mismos que estamos hablando?

LCVP: ¿Tienes los nombres? ¿En cuál era? ¿En el banco de Rubén Darío?

SC: Ajá. ¿Son los de armas de fuego y un vehículo de tipo Grand Marquís blanco con torretas?

LCVP: Esos son.

SC: Lo que pasa es que los pidieron en la calle 14, porque están relacionados con robos.

LCVP: ¿Pero ellos?

SC: A ti ¿quién te los recomendó?

LCVP: Lo que pasa es que conozco al señor que es muy amigo de un grupo de empresarial aquí.

SC: ¿El señor cuál? ¿El patrón de ellos?

LCVP: Ajá el patrón de ellos. Él estaba en otro rollo pues.

SC: Oye pero... a lo mejor él no sabe que son asaltantes.

LCVP: Ah bueno, es otro rollo

SC: ¿O si sabe? ¿De qué giro es?

LCVP: Él se dedica a la compra y venta de autos.

SC: Ah. No mi presidente, es que así con los elementos que tenemos está difícil el poderte ayudar

LCVP: Tons yo lo veo acá.

El Comisario de Seguridad Pública de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera y la Síndico Municipal, Anna Bárbara Casillas, presentaron formal denuncia en contra del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, ante la Procuraduría General de la República, no obstante:

La Procuraduría General de la República se declaró incompetente para investigar a Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia... La dependencia federal argumentó que no es del ámbito de su competencia porque el imputado goza de fuero...

La investigación fue turnada el pasado 4 de octubre a la Fiscalía General del Estado y quedo registrada bajo la carpeta FED/JAL/GDL/000819/2016. Al día siguiente, el fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, giró instrucciones para que el caso fuera turnado al área de Visitaduría.3

Sin embargo, esto contrasta con otros casos similares. El pasado 21 de septiembre del presente año, medios de comunicación nacional dieron cuenta del mensaje del Subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, José Guadalupe Medina Romero, en el que informó el ejercicio de la facultad de atracción por conexidad de las investigaciones iniciadas en contra de Javier Duarte de Ochoa y otros, realizadas, hasta ese momento, por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz.

Atrae PGR investigación contra Javier Duarte por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de Justicia de Veracruz entregó a la PGR dos carpetas de investigación que involucran al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en los delitos de enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber legal, anunció José Guadalupe Medina Romero, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR.3

Atrae PGR investigación contra Javier Duarte

El subprocurador de la PGR anunció que fue notificado el ejercicio de la facultad de atracción del caso.

El subprocurador de la PGR comentó que en la última diligencia desarrollada en Xalapa, Veracruz, el 19 de septiembre “Luis Ángel Bravo Contreras, responsable de la Fiscalía General, recibió los oficios en los cuales se le notificó el ejercicio de la facultad de atracción por conexidad que ejerció la Procuraduría General de la República respecto de las investigaciones iniciadas en contra de Vicente Guillermo Benítez González, Javier Duarte de Ochoa y otros.4

Observamos, de tal manera, que por un lado la PGR atrae, del ámbito del fuero común del estado de Veracruz, una investigación en la que se involucra a diversos servidores públicos, entre ellos, en ese momento, al Gobernador del Estado de Veracruz, y por otro lado se declara incompetente para investigar posibles delitos del fuero federal y estatal presumiblemente cometidos por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

II. Las dos personas detenidas por portación de armas de fuego en el municipio de Guadalajara, Jalisco y por quienes procuró interceder el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, fueron puestos a disposición de la PGR, con base a declaraciones públicas del fiscal general del estado de Jalisco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez:

Es la propia policía de Guadalajara quien pone a disposición de la Procuraduría General de la República a estos detenidos, que también quisiera precisar, de acuerdo a lo que informa la propia Procuraduría General de la República, fueron puestos a disposición de un Juez, el cual los vinculó por el delito de portación de arma de fuego.5

Con base en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que establece las sanciones por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, los detenidos se pusieron a disposición del Ministerio Público de la Federación, como institución competente para la investigación de delitos federales. En este tenor, cabe la conexidad para la investigación de los delitos por portación de armas de fuego y por presuntos delitos de hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencia y contra la administración de la justicia presumiblemente cometidos para evitar el cumplimiento de una Ley Federal como lo es, la de Armas de Fuego y Explosivos.

Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su Capítulo III, Acumulación y Separación de Procesos, artículo 30, en su fracción II, establece como causa de acumulación precisamente la investigación de delitos conexos, entendida cuando se hayan cometido simultáneamente, para consumarlo o para asegurar la impunidad:

Artículo 30. Causas de acumulación y conexidad

Para los efectos de este Código, habrá acumulación de procesos cuando:

I. Se trate de concurso de delitos;

II. Se investiguen delitos conexos;

III. En aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito, o

IV. Se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas.

Se entenderá que existe conexidad de delitos cuando se hayan cometido simultáneamente por varias personas reunidas, o por varias personas en diversos tiempos y lugares en virtud de concierto entre ellas, o para procurarse los medios para cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad.

[...]

Con base en lo anterior, la Procuraduría General de la República debe ejercer su facultad de atracción pues hay pluralidad de sujetos en diversos tiempos y lugares, con lo que se actualiza la hipótesis de conexidad.

Vale la pena señalar algunos de los posibles delitos cometidos por el magistrado Vega Pámanes, tipificados en el Código Penal Federal:

• Provocación y apología del delito por incitar a que se cometa un ilícito (artículo 208).

• Delitos por hechos de corrupción (art. 212).

• Abuso de autoridad para impedir la ejecución de la ley (artículo 215 I y IV).

• Coalición de servidores públicos en grado de tentativa, por buscar coaligarse con otros servidores públicos para violentar la ley (artículo 216).

• Intimidación para evitar que se cumpla una querella (artículo 219 I).

• Tráfico de influencia por gestionar la resolución ilícita de un asunto público ajeno a sus responsabilidades (artículo 221, I y II).

• Delitos cometidos contra la administración de justicia por ejecutar actos que produzcan daños o concedan ventaja a alguien (art artículo 225 VII y VIII).

III. En diciembre del 2014 el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados publicó el estudio: Tráfico de Armas, entorno, propuestas legislativas y opinión pública , investigación que documenta la relación directa entre la portación de armas y la comisión de delitos, así como el hecho de que ocho de cada diez armas, que existen en nuestro país, son ilegales:

El 70 por ciento de las armas incautadas en México provienen de EU, según un estudio

El estudio “Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública” concluye que los homicidios violentos ocurridos en México están relacionados con las armas ilegales que llegan desde EU.

El estudio concluye que el costo en vidas humanas y los daños a la salud derivados de los ilícitos cometidos con armas de fuego, “debe ser un indicador que determine la naturaleza y la dirección de las políticas públicas a implementarse en materia de control de armamento”, pues el hecho de que a nivel nacional en más del 50 por ciento de los ilícitos haya de por medio un arma, confirma la gravedad de una situación que “paulatinamente va dejando ver toda su crudeza”.

El documento agrega que hasta 2012, de las 15 millones de armas circulantes en México, 85% es ilegal, es decir, 12 millones 750 mil son del mercado negro.6

Lo anterior evidencia la gravedad del delito de portación ilegal de armas como instrumento de violencia utilizado para cometer, otros delitos como el robo, la extorsión, el secuestro, el homicidio. Por ello, en ningún sentido es justificable la intervención de un representante del poder local encargado de la administración de justicia del estado de Jalisco para intervenir, por encargo de un tercero, en favor de la liberación de personas detenidas con armas exclusivas del ejercito sin contar con permiso o licencia emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

La impunidad alimenta la corrupción e ineficacia de las instituciones y, en este caso, las relacionadas con el sistema de procuración y administración de justicia penal, pues por una parte las autoridades piden a la ciudadanía denunciar y confiar en las instituciones, y por otro lado, aun denunciando, como en el actual caso del magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, parece que en lugar de investigar con diligencia y de acuerdo al principio de exhaustividad, lo urgente es evitar hacerlo, abonando a la percepción de desconfianza e impunidad que existe y prevalece en nuestro país.

En México, 95% de los delitos, en la impunidad

Si se considera la cifra negra de delitos, la impunidad -delito sin castigo- sube a 99 por ciento, es decir, menos de 1 por ciento de los delitos son castigados.

La impunidad es un problema generalizado en México, un país en donde sólo siete de cada 100 delitos cometidos son denunciados.

Las estadísticas exhiben que del total de delitos consumados, solamente existe 4.46% de sentencias condenatorias; lo que arroja una impunidad cercana a 95 por ciento.

Los mexicanos dicen que las dos principales razones por las que no denuncian son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.

El trabajo concluye que la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia.7

Con base a la encuesta nacional en viviendas, realizada por Parametría para preguntar a las y los mexicanos el nivel de confianza que las instituciones le inspiran, resultó que:

...las instituciones que se ubican en los últimos puestos de la escala de confianza ante la sociedad son los agentes de tránsito, las policías estatales, los jueces, los partidos políticos y los ministerios públicos.

Entre los encuestados, las siguientes instituciones reciben los menores porcentajes de confianza: los sindicatos (22 por ciento), el Ministerio Público (20 por ciento), los partidos políticos y jueces (19 por ciento respectivamente), la policía estatal (17 por ciento) y los agentes de tránsito (16 por ciento).8

Tampoco debemos dejar de señalar que la corrupción y desconfianza de las instituciones no se puede desvincular de quienes participan en ellas en todos los niveles y en este sentido la politización en los nombramientos de los funcionarios públicos de las instancias de procuración y administración de justicia, sin duda, han demeritado las funciones de equilibrio, de contrapesos y de no intervención que constitucionalmente se establecen para los Poderes públicos y órganos con autonomía técnica.

Al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, públicamente lo une una amistad con el Gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval y el padre de éste: Jorge Leonel Sandoval Figueroa, que en el caso de éste, además de relación amistosa es laboral, pues como magistrado del también Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, apoyó la elección de Vega Pámanes como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en 2012.

La designación de Vega como presidente del STJ el viernes 14 se dio al amparo del magistrado Leonel Sandoval, coinciden magistrados cercanos a Rodríguez González, al senador Arturo Zamora Jiménez y al exdirigente del PRI Javier Guízar y su compadre, el exdiputado local Javier Galván.

– ¿Llega a la sombra de Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador electo de Jalisco?

–No. A él sólo me une una amistad y respeto que a partir de hoy será una relación institucional.9

A pregunta expresa del reportero de la revista Proceso , el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes reconoció la amistad que lo une con el Gobernador de Jalisco, por lo anterior, resulta pertinente asegurar que se realice una investigación autónoma e independiente, libre de subordinación política en torno a las conductas señaladas del magistrado Vega Pámanes, por ello, además del sustento jurídico ya planteado en la presente exposición de motivos, la relevancia del interés público para que esta investigación resulte atraída por la PGR. Además de lo anterior, debe destacarse que el actual fiscal general del estado de Jalisco, hace cuatro años era presidente estatal del PRI y hace 7 años era regidor por el PRI en el Ayuntamiento de Guadalajara con el entonces Alcalde Jorge Aristóteles Sandoval, actual gobernador del Estado.

IV. La conducta del magistrado Vega Pámanes y la posible comisión de delitos para intervenir en la liberación de detenidos por portación de armas resulta grave y debe ser investigada a profundidad y de manera autónoma para deslindar responsabilidad y garantizar la salud de las instituciones públicas de procuración de justicia en Jalisco. Dejar este caso en la impunidad podría sentar un pésimo precedente en el combate a la corrupción y la impunidad, que hoy son prioridades centrales en la vida pública nacional.

Por ello, consideramos que resulta pertinente y necesario que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación por los posibles delitos cometidos por el magistrado Vega Pámanes, y esclarezca de manera puntual los hechos, deslindando responsabilidades y garantizando la máxima certidumbre.

La PGR puede atraer esta investigación por dos razones: 1) hay una probable conexidad de delitos, porque los sujetos que el magistrado buscaba liberar portaban armas, lo que constituye un delito federal, y 2) hay presuntos delitos federales cometidos por el magistrado, adicionales a los delitos del fuero común.

V. El 27 de octubre del 2016 el diario Reforma, en su portada, expone a la luz pública los antecedentes penales de quien hoy preside el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, quien:

En 1984 fue detenido por robar un auto, matar a una persona y resistir a la policía su captura, según recortes periodísticos de la época.

... Ahora, gracias una búsqueda hemerográfica, pudo conocerse que, hace tres décadas, Vega Pámanes, entonces estudiante, robó un carro con el que mato a una persona por atropellamiento y resistió a balazos el arresto. Ya detenido, confesó varios asaltos a transeúntes, según consta en las notas periodísticas consultadas.

... Finalmente, fueron detenidos. Se les decomisaron 11 mil pesos, 3 relojes y 2 anillos de oro, producto de varios asaltos. No se conoce el proceso al que fue sujeto el ahora presidente del tribunal.10

La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 59, fracción IV, entre los requisitos que establece para ser magistrado, dispone:

Artículo 59. Para ser electo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se requiere: ...

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena ;

Por lo que los antecedentes del hoy magistrado, no sólo desvirtúan la honorabilidad del poder responsable de la impartición de justicia en el estado de Jalisco, sino además sus antecedentes constituyen una causal de inelegibilidad, por lo que por la salud de las instituciones, Luis Carlos Vega Pámanes, debe, inmediatamente, renunciar con carácter de irrevocable a su investidura de magistrado y de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a que presente su renuncia con carácter de irrevocable por contar con antecedentes criminales y violar el artículo 59 fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a utilizar sus facultades de atracción por conexidad de delitos para investigar la conducta presumiblemente constitutiva de delitos por hechos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencia, contra la administración de la justicia y los que resulten por el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Lo anterior, derivado de su intervención indebida para buscar la liberación de dos personas detenidas por portación de armas en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Notas

1 Sin embargo, 12 de octubre de 2016.
http://www.sinembargo.mx/12-10-2016/3103045

2 “La PGR se declara incompetente para investigar a Vega Pámanes”, Milenio, 13 de octubre de 2016.
http://www.milenio.com/region/PGR-incompetente-investigar-Vega-Pamanes_0_828517164.html

3 “Atrae PGR investigación contra Javier Duarte por enriquecimiento ilícito”, Aristegui Noticias. 21 de septiembre de 2016. http://aristeguinoticias.com/2109/mexico/atrae-pgr-investigacion-contra -javier-duarte-por-enriquecimiento-ilicito/

4 “Atrae PGR investigación contra Javier Duarte”, El Economista. 21 de septiembre de 2016. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/21/atae-pgr-investigacion-c ontra-javier-duarte

5 “La PGR se declara incompetente para investigar a Vega Pámanes” Milenio, 13 de octubre de 2016. http://www.milenio.com/region/PGR-incompetente-investigar-Vega-Pamanes_ 0_828517164.html

6 “El 70% de las armas incautadas en México provienen de EU, según un estudio” Animal Político, 05 de enero de 2016. http://www.animalpolitico.com/2015/01/el-trafico-de-armas-un-detonante- de-la-violencia-en-mexico-estudio/

7 “En México, 95% de los delitos, en la impunidad” El Economista. 03 de febrero de 2016. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/02/03/mexico-95-delitos-impuni dad

8 “Policías, jueces y partidos políticos, los de menor credibilidad” Animal Político, 21 de febrero de 2014. http://www.animalpolitico.com/2014/02/policias-jueces-y-partidos-politi cos-los-de-menor-credibilidad/

9 “La pieza de Leonel Sandoval” Proceso. 22 de diciembre de 2012. http://www.proceso.com.mx/328570/la-pieza-de-leonel-sandoval

10 Reforma. Robó, mató, huyó; hoy dirige tribunal. 27 de octubre de 2016.
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=971684&v=3&
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.

Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich, María Elena Orantes López, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, René Cervera García, Verónica Delgadillo García, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Jorge Álvarez Maynez, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Mirza Flores Gómez, Moisés Guerra Mota, Angie Dennisse Hauffen Torres, Carlos Lomelí Bolaños, Jonadab Martínez García, María Victoria Mercado Sánchez, Luis Ernesto Munguía González, María Candelaria Ochoa Ávalos, Adán Pérez Utrera, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Rosa Alba Ramírez Nachis, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Marbella Toledo Ibarra, Salvador Zamora Zamora (rúbricas).


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de salud de los diferentes niveles de gobierno a implantar acciones en materia de infraestructura hospitalaria para la atención de cáncer infantil, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cáncer es sin duda un tema de alta importancia que debe llamar la atención del Estado para diseñar e implementar las mejores estrategias que permitan su tratamiento; más aun tratándose de niños, pues aquí deberán redoblarse los esfuerzos para lograr la atención integral de los mismos.

Los antecedentes indican que desde 1922 se dieron las primeras defunciones infantiles a causas de tumoraciones, sin embargo, fue hasta 1940 que se inaugura el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), siendo el primero de los institutos nacionales de salud creados en nuestro país para brindar atención especializada a niños con cáncer en México.

A partir de ello, se fueron implementando diversas acciones y programas para la atención de niños con cáncer, se creó el Servicio de Tumores dentro del área quirúrgica, inició el tratamiento de las leucemias agudas con antagonistas del ácido fólico, y se introdujo el uso de rayos X al manejo de los tumores sólidos; asimismo, se firmó un convenio con The Children’s Cancer Research Foundation (CCRF) y con el Hospital de Niños de Boston, y se creó el Servicio de Quimioterapia del Cáncer, siendo el primero de los centros hospitalarios pediátricos de América Latina.

Fue hasta 1990 que se logra consolidar el concepto de terapia integral para el manejo del niño con cáncer; la implementación de un servicio de quimioterapias ambulatorias, el servicio de cirugía oncológica, la creación de una clínica del dolor y la unidad de trasplante de médula ósea, así como la Integración del Curso de Oncología Pediátrica a los programas de Especialidades Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México son avances significativos en el tratamiento de una enfermedad que desde entonces y hasta la fecha va en aumento.

Si bien existen cifras que nos pueden dar luz respecto el número de niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer, lo cierto es que las mismas son Inciertas, pues no existe a la fecha un registro nacional de cáncer infantil, lo que lleva al desconocimiento de los enfermos y de las necesidades requeridas para su atención.

Por otra parte, un elemento esencial para la atención de dichas necesidades es la Infraestructura requerida para el tratamiento específico al cáncer infantil, si bien hoy podemos asegurar que tenemos mejores condiciones para dar tratamiento a los niños enfermos de cáncer, lo cierto es que no podemos garantizar que se esté brindando cobertura total en su atención.

Según datos de la Secretaría de Salud, actualmente México cuenta con 54 Unidades Médicas Acreditadas (UMA) para la atención de pacientes menores de 18 años con cáncer. A estas UMA acuden los niños con cáncer cuyo tratamiento es financiado por el Seguro Popular.

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta 25 unidades médicas de alta especialidad (UMAE) y 11 unidades médicas complementarias de tercer nivel, en donde se ofrecen servicios para la atención de patologías de alta complejidad diagnóstica y terapéutica. En cuanto a la Infraestructura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con 15 instalaciones médicas de atención de tercer nivel, en las cuales se brinda tratamiento especializado contra el cáncer.

Lo anterior, evidencia el interés de las principales instituciones de servicios de salud por brindar mejores condiciones en la atención y tratamiento del cáncer infantil, no obstante, las cifras existentes y las diversas manifestaciones de grupos y asociaciones dedicados al tema señalan que las mismas son insuficientes e incluso no cuentan con infraestructura especializada, es decir, que dichas unidades médicas no cuentan con un pabellón específico para el tratamiento de niños con cáncer.

Ello sin duda refleja un problema urgente de atender, ya que el tratamiento a los diferentes tipos de cáncer en niños no puede ser atendido de la misma forma ni con la misma infraestructura con la que se brinda tratamiento a los adultos.

Si queremos que la tasa de supervivencia aumente y que cada día sean menos los casos de defunción en niños a causa del cáncer, tenemos que implementar acciones que garanticen la atención oportuna, de calidad y especializada en oncología pediátrica. Especialmente porque los niños y adolescentes requieren un trato especial por ser un grupo especialmente vulnerable pues definitivamente viven la enfermedad de modo distinto al cual lo hacen los adultos.

Es recomendable entonces que el tratamiento del cáncer para los niños se ejecute en hospitales especializados en oncología pediátrica, por las adecuadas instalaciones y personal especialmente preparado. Además del especialista en oncología infantil y del personal de apoyo, en muchos casos, los pabellones para el tratamiento especializado en cáncer, suelen contar con el acompañamiento al niño de un psicólogo y, en casos especiales, un fisioterapeuta. Gracias a ello los menores pueden sentirse apoyados y asistidos en todos los sentidos, lo cual le dará más fuerza para superar cualquier problema.

Por todo ello, consideramos oportuno someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instituciones de salud de los diferentes niveles de gobierno, para que en el marco de sus atribuciones, diseñen y ejecuten un programa de mejoramiento y adecuación de su infraestructura hospitalaria, cuya finalidad sea la construcción de pabellones, unidades o espacios dedicados específicamente para la atención de niños enfermos de cáncer.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a garantizar suficiencia financiera al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados; así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tiene por objeto:

El instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) tiene como premisa, dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, lo que implica realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias nucleares, así como promover sus usos pacíficos y difundir los avances alcanzados para su vinculación al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país

Normatividad

Artículo 43. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tendrá las siguientes atribuciones:

I. Realizar e impulsar las actividades que conduzcan al desarrollo científico y tecnológico en el campo de las ciencias y tecnologías nucleares, así como promover la transferencia, adaptación y asimilación de tecnología en esta materia;

II. Prestar asistencia técnica a las dependencias y entidades públicas y privadas que lo requieran, en el diseño, construcción y operación de instalaciones radiactivas y, en su caso, en la contratación de dichos servicios; asimismo, los prestará a los organismos autorizados en materia de instalaciones nucleares;

III. Promover el desarrollo nacional de la tecnología en la industria nuclear realizando y fomentando la innovación, transferencia y adaptación de tecnologías para el diseño, la fabricación y la construcción de componentes y equipos;

IV. Realizar actividades de investigación y desarrollo relativas a las aplicaciones y aprovechamiento de sistemas nucleares y materiales radiactivos para usos no energéticos requeridos por el desarrollo nacional. Además, promoverá las aplicaciones de las radiaciones y los radioisótopos en sus diversos campos;

V. Impulsar las actividades divulgación y proyectos del propio Instituto;

VI. Realizar programas de capacitación y actualización sobre usos y aplicación de técnicas nucleares que el desarrollo del país requiera; así como convenir con las instituciones nacionales de educación superior la impartición de cursos especializados en ciencias y tecnología nucleares;

VII. Proponer y convenir con instituciones afines del país y del extranjero o con organismos internacionales, proyectos de investigación conjunta e intercambio de información, previa autorización de la Secretaría de Energía;

VIII. Mantener un centro de documentación, cuyos objetivos sean captar, analizar y difundir la información y desarrollo en la materia nuclear;

IX. Emitir opinión en los convenios que sobre investigación y desarrollo tecnológico en la materia celebre la Secretaría de Energía y en general, asesorar al gobierno federal, en todas las consultas referidas a su objeto,

X. Realizar las demás actividades conexas con las anteriores; las que se determinen en las leyes o en disposiciones aplicables, sus reglamentos internos y las que resuelva, conforme a su objeto, su Consejo Directivo

Contribuciones del ININ-SUTIN al desarrollo nacional en las ciencias nucleares en México

El ININ tiene como propósito realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país.

Entendiendo a la investigación por proyectos que desprendan la generación de conocimiento que responda a preguntas que se ubican en la frontera del conocimiento y a la solución de problemas reales que se presentan en la industria, además de innovar en el desarrollo tecnológico mediante la generación de nuevos productos, procesos y/o servicios, atendiendo a las necesidades sociales específicas.

La producción científica histórica del ININ, en términos de publicaciones en revistas indizadas de circulación internacional. Cabe mencionar que las publicaciones son la evidencia documental de que se ha generado conocimiento original, avalado por los comités editoriales de las revistas formados por expertos a nivel internacional. Se observa que a partir del año 1980 hay una tendencia ascendente, misma que actualmente sigue en aumento, aunque es de esperarse que de mantenerse las condiciones actuales del ININ, la tendencia llegue a un máximo, se mantendrá constante y eventualmente se irá reduciendo. Esto será debido a una serie de factores, como lo son el bajo presupuesto asignado a la operación de los proyectos, la no contratación y formación de recursos humanos, dentro de un plan de desarrollo a largo plazo para responder a las necesidades energéticas y no energéticas para el desarrollo nacional.

Es importante comentar que el flujo de conocimiento en general va de la investigación básica o aplicada hacia el desarrollo tecnológico y de éste a la aplicación por los sectores salud, social, industrial, etc. Esto con las salvedades que suelen ocurrir de que a partir del desarrollo tecnológico se genere nuevo conocimiento o tecnologías a través de la innovación. Ocurre incluso que su aplicación genere más conocimiento y nuevas aplicaciones.

Los proyectos tienen dos finalidades fortalecer las capacidades tecnológicas y de infraestructura de investigación del ININ; y cubrir las necesidades o demandas de investigación científica y tecnológica en materia nuclear de los sectores productivos.

El ININ cuenta con infraestructura única y con proyectos de impacto social y económico dentro de su ámbito de acción, entre otros como:

I. El Laboratorio Nacional de Investigaciones en Forense Nuclear (LANAFONU).

II. Reactor Nuclear de Investigación TRIGA Mark III.

III. Irradiador GAMMA.

IV. Planta de producción de radiofármacos

V. Investigación aplicada: Banco de tejidos radioesterilizados y gestión de desechos radioactivos.

VI. Otros.

Efectúan varias de las etapas de la gestión de desechos radiactivos producidos en el país, procedentes de la industria, la medicina y la investigación que tiene por objeto aislarlos y confinarlos y tratarlos para limitar su dispersión al ambiente. Las etapas de la gestión de desechos radiactivos aceptadas a nivel internacional. Se realizan los Programas anuales de Vigilancia Radiológica Ambiental del Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo”, del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos en La Piedrera y Peña Blanca Chihuahua.

Laboratorio de detectores de radiación

Este laboratorio es único en su tipo, Centro regional de Capacitación para América Latina y otros países, OIEA, mantenimiento, calibración y reparación de detectores de radiación; a la Planta Nuclear de Laguna Verde, Secretaría de Salud, Universidades, y mantiene relación estrecha con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.

Acelerador de partículas Tandem Van de Graaff

Departamento de automatización e instrumentación

Ha sido el responsable del mantenimiento y mejora del Reactor Nuclear TRIGA MARK III. Con gran experiencia en el diseño, prueba, verificación y validación de los sistemas y componentes que conforman el control; lográndose el diseño y construcción de su consola de control totalmente digitalizada y ganador para la elaboración de una consola automatizada en Colombia concursando contra General Electric.

Aplicaciones industriales de las Radiaciones Ionizantes

Calificación de equipo

Desde 1988 proveedor calificado para la Central Nuclear Laguna Verde en

Pruebas y/o análisis del diseño y fabricación de equipos, estructuras y componentes de seguridad: envejecimiento, análisis de fallas verificación y funcionamiento.

Centro de información y documentación nuclear

Proceso y envío de registros bibliográficos de documentos publicados en México sobre ciencia y tecnología nucleares al Sistema Internacional de Información Nuclear (INIS) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Objetivos para la aplicación de la ampliación presupuestal

1. El Fortalecimiento del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

2. Mantener la materia de trabajo y

3. Conservar los derechos de los trabajadores

Para continuar realizando las funciones relacionadas en beneficio social y económico para el país es necesario un programa de permanencia y renovación generacional.

Las perspectivas de desarrollo de nuestra institución deben de estar sustentadas en sus recursos humanos. Siendo una institución única en el país, que tiene por objeto promover y difundir las aplicaciones pacíficas de la Energía Nuclear contribuyendo a la investigación científica y tecnológica así como la vinculación con las empresas productivas del Gobierno Federal y con la iniciativa privada.

Los trabajadores prevemos nichos de oportunidad dentro del desarrollo de las ciencias nucleares.

En los últimos años el desarrollo de la industria nuclear mexicana se ha visto limitada por cuestiones de falta de información sobre los beneficios de las aplicaciones nucleares energéticas y no energéticas en campos como la generación de electricidad, la industria de la irradiación, la salud, las aplicaciones industriales, etcétera...

Cada vez la importancia de este tipo de energía base será mayor por el consecuente agotamiento de los recursos energéticos de origen fósil.

La Agencia Internacional de Energía prevé que la demanda de energía aumentara en un 40 por cierto de aquí a 2035. Por lo tanto habrá una mayor demanda de fuentes de energía. La revolución tecnológica y la creación de nuevos reactores hacen de la industria de la generación de electricidad un foco de desarrollo para la industria nacional y al consumo doméstico de energía para el beneficio nacional.

Las aplicaciones no energéticas día a día se convierten en una gama de posibilidades en beneficio de la sociedad mexicana y que representan alternativas de beneficio social que han revolucionado las aplicaciones pacificas de la energía.

La capacidad uranífera del país en sus reservas de uranio natural es una riqueza que el pueblo de México debe aprovechar en su favor.

Y creemos que es necesario prepararnos hacia el futuro, que permita al ININ crecer y continuar siendo una institución de excelencia en el área de las ciencias nucleares dentro de las directrices del interés de la nación en el ámbito nacional e internacional.

Donde podamos satisfacer las necesidades que el país requiera del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, pero siempre previendo escenarios futuros en el ámbito de la investigación, desarrollo y aplicaciones nucleares.

Siempre cuidaremos que el impacto de la actividad humana sobre un ecosistema, no sea mayor a la capacidad natural que tiene este de recuperarse, promoviendo que estas actividades sean rentables en el largo plazo mediante el uso razonable de los recursos humanos y naturales, siempre cuidando que las actividades productivas estén en armonía no solo con su entorno natural sino también beneficiando a la gente al desarrollar proyectos y servicios de alto impacto social y económico para el desarrollo de nuestra nación.

El objetivo primordial del SUTIN consiste en promover la materia de trabajo y que esta contribuya en beneficio de un proyecto nacionalista que solucione problemas de impacto social y técnico que fortalezcan a la industria mexicana para lograr la tan anhelada independencia tecnológica nacional e internacional.

Ámbito nacional

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Plan para expandir la capacidad de generación eléctrica con nuevos reactores nucleares.

Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano de alto nivel.

Extensión de vida de la CNLV

Fuente de servicios especializados.

Política Nacional de Gestión de Desechos Radiactivos.

Fomentar la colaboración con la Comisión Europea. ININ y SUTIN deben impulsarla.

Contribuir en la formación de estudiantes especializados en ciencia y tecnología nuclear que renueve la capacidad científica en el ININ.

Integrarse a programas de apoyo con el Conacyt, Comecyt, etcétera.

Programa de integración de Laboratorios Nacionales de Conacyt.

Participar de manera decidida en las convocatorias de Conacyt.

Ámbito internacional

Participar en las convocatorias de proyectos del OIEA

Asesoría para elaborar las propuestas de proyectos.

Requerimientos de capacitación y especialización en ciencias y tecnologías nucleares.

Mayor prestigio y recursos adicionales mediante las estancias académicas y de intercambio científico, que integren al ININ en la escena internacional.

Los proyectos OIEA han proporcionado, entrenamientos, estancias de capacitación, visitas científicas, asesorías de expertos internacionales y equipamiento.

Ámbito institucional

Comercialización y patentes de conocimientos y productos de la investigación y desarrollo institucional.

Contar con una oficina de vinculación ININ-IMPI con experiencia en registro de patentes.

Plan de Gestión de Desechos Radiactivos del ININ y su aplicación a nivel nacional.

Renovación de la licencia de operación del reactor Triga Mark III

Modernización y adaptación del reactor Triga Mark III para producir Molibdeno-99 y Yodo-131.

Acreditación de laboratorios relacionados con el Laboratorio Nacional de Investigaciones en Forense Nuclear.

Servicios a diferentes áreas e industria.

Convenios de intercambio de información especializada mediante el Centro de Información y Documentación con el Sistema Internacional de Información Nuclear (INIS), Red Regional de Información en el Área Nuclear (RRIAN), Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt).

Financiamiento obtenido por proyectos con instituciones como Conacyt y OIEA

En el período 2004-2014 Conacyt, aprobó 36 proyectos al ININ. Este año al menos tres proyectos han sido beneficiados con los fondos sectoriales de la Sener gestionados por la administración, misma que en el 2014 logró un importante apoyo para la creación de un laboratorio nacional forense nuclear.

Recursos humanos

El ININ, ha tenido en el transcurso de los últimos 10 años la incorporación y el retiro de trabajadores. Los trabajadores que se han mantenido han demostrado de su capacidad de trabajo, en el sentido que han mantenido el nivel de funcionamiento de la institución y han contribuido en la transición al esquema de los servicios al sector público o privado la cual se refleja en Ingresos Propios, dando muestras de un crecimiento sostenido.

Las aspiraciones de lograr el despegue de un país moderno basado en el conocimiento, con la intención del gobierno de aplicar el 1.0 del PIB en Ciencia y Tecnología (PND 2013-2018) como lo manda la Ley de Ciencia y Tecnología, nos da la perspectiva de fortalecer la investigación Básica y Aplicada.

En el ININ hay más de 75 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). De los 80 investigadores más productivos 60 pertenecen al SNI.

Es inminente que en México se tendrá que proponer una política energética en materia nuclear, los hidrocarburos se agotan y se tiene que pensar a largo plazo en la transición a una opción energética como la Nuclear, que reúne las características, no sólo de ser limpia, sino cuya generación puede ser permanente y capaz de mantener la carga base eléctrica que necesitan las urbes y poblaciones de nuestra nación, para tener la energía que requiere el desarrollo productivo y social que el país necesita sin dejar de lado las energías renovables (por ejemplo las derivadas de la energía eólica, la solar, la de biomasas, etc.) son opciones complementarias y no excluyentes de generación de energía.

Las oportunidades y fortalezas del ININ jugarán un papel importante en el fortalecimiento y desarrollo tecnológico del país.

Condiciones de desarrollo potencial para los recursos humanos ININ

La principal fortaleza del ININ es el conocimiento de sus recursos humanos especializados y experimentados, y las actividades que estos realizan.

La energía nuclear tiene un futuro ineludible en el progreso de México, el uranio en nuestro país es una opción viable con reservas comprobadas en el territorio nacional, de forma que la innovación y la diferenciación tecnológicas se están haciendo cada vez más esenciales para que la industria lleve a cabo sus operaciones de forma segura y fiable. Un cambio de política con respecto de la industria nuclear, pude derivar en la generación de miles de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. La inversión en capital humano es fundamental para que la industria utilice tecnologías avanzadas y siga siendo productiva y competitiva.

Sin embargo hay que fomentar el desarrollo de un amplio abanico de capacidades profesionales, técnicas, habilidades sociales y en materia de gestión, carencia que acentúa especialmente cuando se trata de profesionales y técnicos en el área de las ciencias nucleares.

La edad de los profesionales en el ININ es un factor que también ha sido determinante en el fortalecimiento y desarrollo de nuestra institución ante la disyuntiva que representa el no actuar a tiempo y se pueda perder toda la experiencia y capacidades de investigadores con conocimientos y valores insustituibles para el país, esto es una causa fundamental de carácter demográfico: un buen número de trabajadores en poco tiempo se estarán jubilando y/o falleciendo, y un número menor de trabajadores jóvenes calificados se están incorporando al Instituto.

Si el ININ no comienza a remediar estas carencias, puede verse confrontado con una crisis de capacidades en el próximo decenio, en el que más de la mitad de la base abandonará su puesto de trabajo. El Instituto debe adoptar un enfoque anticipativo y adaptarse a estas transiciones en la fuerza de trabajo para sustentar futuras demandas de profesionales y mano de obra calificada.

Para tal fin el gobierno, los administradores y los trabajadores tenemos que colaborar en la formulación en una estrategia sectorial de formación para el ININ. Dicha estrategia debe incluir el respeto de los derechos laborales, así como la normativa contractual, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres (incluidos jóvenes), la buena dirección, la transparencia y la rendición de cuentas.

También podremos contribuir a un crecimiento generador de empleo a otras dependencias mediante la transferencia de tecnología. La aplicación de dicha estrategia dependerá de la voluntad y compromiso de las partes: gobierno, administración y trabajadores. Por tanto la relación con nuestra cabeza de sector en un dialogo tripartito desempeñará una función importante al respecto.

El ININ cuenta con 67 mandos medios y superiores incluidos 8 homologados, 52 operativos de confianza, 22 empleados por honorarios trabajadores de confianza.

605 Trabajadores de Base sindicalizados, de estos 108 investigadores, 191 profesionistas y 70 técnicos especializados y aproximadamente 26 técnicos de las áreas sustantivas. Casi 200 Investigadores y profesionistas con posgrado, hay aproximadamente 108 doctores entre investigadores y profesionistas, y aproximadamente 87 maestros en ciencias.

En el presupuesto del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 2015, da cuenta de 727 trabajadores de los cuales el 84.33% es personal de base (613) y el 15.67 % el restante es personal de confianza, 63 Mandos medios y superiores que representan el 8.66% y 51 de personal operativo confianza que representan el 7.01%.

Se tendrán que elaborar políticas de desarrollo institucional más eficaces y coherentes para atraer a trabajadores jóvenes; varios factores contribuyen a atraer a candidatos; uno de ellos es fundamental: comprender las necesidades de la próxima generación. Cada una de las características influye en la percepción que tienen los candidatos de su propia adecuación a la organización o un empleo estable, lo a su vez repercute en el atractivo de la Institución.

Para dotarse de trabajadores competentes, las partes (ININ-SUTIN) también necesitarán recurrir a diversas fuentes de suministro, se tiene que crear un clima de diversidad mediante la promoción de políticas favorables a la vida familiar para mujeres y hombres, la igualdad de remuneración por trabajos iguales a salarios iguales, la igualdad de oportunidades y una evaluación dinámica, con un presupuesto suficiente.

Es importante que el ININ ofrezca para todos sus trabajadores planes de desarrollo profesional diferenciados en función de sus puestos y perspectivas de sus campos de trabajo y proyectos institucionales, la coordinación y cooperación también son necesarios para la elaboración de políticas de posible migración o intercambio de trabajadores calificados a proyectos multidisciplinarios de manera temporal o definitiva.

Es evidente que el fortalecimiento de nuestra materia de trabajo y de nuestra institución requiere que pensemos en el presente y el futuro.

Lo que implica tener que analizar:

• El papel que desempeñará el ININ en el ámbito nacional en el desarrollo nacional como una institución dedicada a la investigación y su participación con la industria nacional.

• La participación que el ININ desempeñará en la tecnología nuclear, de acuerdo a las necesidades plasmadas en el plan nacional de desarrollo y los proyectos de impacto social en beneficio de pueblo de México.

• La especialización integral del personal del ININ en sus áreas de trabajo, así como la formación y consolidación de investigadores que sean referentes nacionales e internacionales en la ciencias nucleares y que estos se encuentren a la altura de la nueva infraestructura y capacidades tecnológicas del ININ como una institución de excelencia.

El SUTIN es consciente de los cambios y entiende de que se debe avanzar de manera decidida en el incremento de la productividad y como un sindicato de vanguardia; adelantándose a su tiempo visualizó la necesidad de incentivar y concretar un sistema de evaluación de trabajo que cubriera aspectos de formación académica y el desempeño de los trabajadores en sus funciones de trabajo mediante un tabulador de méritos en el trabajo, que fue firmado entre las partes el 9 de noviembre de 1990.

El tabulador de méritos es la referencia para evaluar el desempeño, la formación técnica o académica, experiencia o los reconocimientos, tanto como para el ingreso al ININ como para la promoción teniendo como base la realización técnica y científica obtenida, así como la antigüedad, según los valores establecidos en el Reglamento de Evaluación del Trabajo (RET).

En este convenio registrado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Convenio ININ-SUTIN 14/90), STPS; las partes convinieron en que las disposiciones contenidas en el presente convenio y RET serán los únicos aplicables para promoción de los trabajadores y a su vez acordaron expresamente en que las funciones contenidas en la cláusula 53 del Contrato Colectivo de Trabajo aplicable en ese momento para la Comisión Mixta de Escalafón, son absorbidas por el Comité de Evaluación del Trabajo; en función de este acuerdo quedando sin efecto el sistema de escalafón a partir de ese momento y quedando rebasado este por una evaluación dinámica que evalúa las capacidades y la productividad de los trabajadores nucleares, hoy el gobierno federal aplica al magisterio nacional lo que el SUTIN firmó hace más de 25 años, con sus aplicaciones legales y operativas surtiendo efectos hasta la fecha.

Hoy la decisión tomada por las partes ININ-SUTIN es referente en las disposiciones plasmadas en la “Reforma Educativa” promovida por el ejecutivo federal y en su momento los trabajadores nucleares crearon y forjaron por su libre albedrío y beneficio colectivo.

Hoy el en la Relación ININ-SUTIN se pretende desconocer este procedimiento de reconocimiento del desarrollo profesional y laboral de los trabajadores, creemos por una falta de aplicación en los tiempos para tal efecto y por un planteamiento incorrecto ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Problemática por la conversión de plazas ya evaluadas y dictaminadas

El ININ comunicó al SUTIN, en el oficio GRH-096/2015 con fecha 29 de junio, que realizó la solicitud de cambio de categorías y niveles salariales, de 14 plazas que fueron evaluadas y dictaminadas favorablemente en cumplimiento a las clausulas 38 “Evaluación del Trabajo”, 67 “Acreditación de Méritos y demás relativas consignados y firmadas por las partes en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), proceso que realiza según el ININ a través del Módulo de Servicios Personales, del Portal Aplicativo de la SHCP, y que al solicitarlo la Unidad de Control Presupuestario y la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la dependencia le pide al ININ que éste debe cumplir con los numerales 13 y 15 de las Disposiciones Específicas para la operación del Módulo de Servicios Personales. Las que especifican lo siguiente: “Se procederá a la conversión de plazas si se cancela el número de plazas equivalentes al 30% de ahorro en recursos, con motivo de las 14 plazas sindicalizadas o en su defecto, se utilizarán las plazas actualmente vacantes, para ubicar en ellas al personal promovido.”

Situación, que en la relación laboral pactada entre el ININ y el SUTIN dentro del apartado “A”, no está contemplada en ninguna parte en el CCT, no tenemos pactado las promociones derivadas del Reglamento de Evaluación de Trabajo (RET). El ININ y el SUTIN firmaron un convenio en el cual los movimientos escalafonarios fueron sustituidos por un RET; por lo tanto resulta fuera de CCT tal pretensión, que las promociones y ahorros sean sujetas a tales condiciones.

El aceptar tal hecho, de ubicar a los trabajadores ya promovidos que han ejercido sus derechos de puesto de trabajo y salarios al nivel otorgado desde el año fiscal pasado, constituiría una violación al CCT y se crearía un precedente adverso para la realización de los trabajos de la Comisión de Evaluación del Trabajo y su Reglamento.

Además el CCT en su Cláusula 68 “Promociones” establece que el Organismo gestionará los recursos económicos suficientes para las evaluaciones de los trabajadores, en cuanto a los resultados de las gestiones realizadas por el ININ ante la SHCP. Resulta inexplicable para el SUTIN, cómo los salarios de las evaluaciones han sido aplicados desde el 2014 y la SHCP no dé la autorización correspondiente de la conversión de estas plazas, que ahora se nos proponga una solución en la cual el sindicato no puede sustituirse en lo que es una responsabilidad de los servidores públicos (Mandos Medios y Superiores del Instituto). Por lo que estamos convencidos que el organismo y en particular la SHCP, son quienes deben dar una solución adecuada sin afectar la relación laboral ININ-SUTIN pasmada en el CCT.

Es importante señalar que para los efectos de factibilidad de los efectos de la reconversión de las plazas beneficiadas del proceso de Evaluación del Trabajo las partes acordaron en el convenio firmado entre las partes ante la STPS y que dio fin a la Revisión Contractual el día 31 de marzo 2014.

Quedando plasmado en su cláusula NOVENA que a la letra dice “...El organismo asignara la suma de 1´500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) a la Comisión de Evaluación del Trabajo para que efectué en el presente ejercicio fiscal, las evaluaciones de acuerdo al Reglamento de Evaluación del Trabajo.”

De los cuales solo fueron ejercidos 1´200,000.00 pesos en las evaluaciones referenciadas en el presente caso y derivadas del ejercicio fiscal de 2014.

Por tal exposición de motivos resulta improcedente lo que el ININ trata en el oficio de referencia y con su consecuente interpretación por la SHCP.

Exigimos por parte del ININ el respeto a nuestro proceso de evaluación vigente por más de 25 años y registrado legalmente ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social que es uno de los mecanismos que los trabajadores nucleares podemos ser reconocidos económicamente y profesionalmente, nuestro proceso de evaluación es uno de los más exigentes a nivel nacional.

Actualmente un 40% de los trabajadores sindicalizados están en espera de que les sea aplicado el RET para poder acceder a puestos superiores, si el resultado de esta es positivo, tomando en consideración que si el promedio es de 14 evaluaciones positiva al año, estaríamos en condiciones de dar repuesta a los últimos turnos en aproximadamente 17 años, esto sumado a que muchos de ellos han esperado más de 7 años su turno para ser evaluados a pesar que el reglamento establece que tal proceso no debe dilatar más de tres meses después de ser recibidos sus documentos para tal efecto, los trabajadores han optado por esperar conscientes de los efectos presupuestales que afectan al país y al ININ.

Es evidente lo que el ININ plantea en su oficio es inaceptable y que si este opta por la decisión unilateral de reducir el número de plazas o de utilizar las plazas vacantes, el Sindicato se reservará lo que a su derecho le corresponda.

Programa de retiro por consentimiento de mutuo.

El incremento de las fuentes alternativas de producción de energía planteadas por la SENER en los planes de desarrollo, deberán de ser abordados con la anticipación y formulación necesaria para prever su instrumentación desde hoy, debemos estar listos para un futuro cercano.

Por lo tanto la Industria Nuclear en nuestro país necesitara una inversión de infraestructura en el ININ y la consolidación de grupos de investigación que el país requerirá para hacer frente a los retos que el país tendrá que enfrentar.

En los últimos años ININ ha adoptado una actitud de supervivencia es tiempo de pugnar y trabajar para pensar en el crecimiento sostenido de la materia de trabajo y hacer del instituto una institución que tenga presencia nacional e internacional.

Con investigadores y grupos de investigación con reconocimiento nacional e internacional, que sean referentes dentro del campo de las Ciencias Nucleares.

La falta de formación de capacidades y profesionales en el área nuclear en México es un problema de alcance Nacional.

El SUTIN consciente de la necesidad de sumar a los mejores trabajadores y reconocer la trayectoria de aquellos que han hecho del ININ su proyecto de vida, en beneficio del pueblo de México.

Actualmente se hace necesario un programa que permita la salida de trabajadores y la incorporación de personal de reconocida capacidad técnica y tecnológica para los futuros escenarios que el país requerirá respecto a los retos futuros, motivo por el cual presentamos un programa de retiro por consentimiento de mutuo:

1. Exposición de motivos

Actualmente cuenta con una plantilla de personal sindicalizado de 613, con una edad promedio de 55 años. Muchos de estos trabajadores en el corto plazo estarán buscando su jubilación o pensión (50%); los casos de enfermedad pueden marcar otras condiciones, por lo que es previsible una disminución en la productividad institucional, pérdida del conocimiento en los temas nucleares y no alcanzar las metas de ingresos propios como contribución con el presupuesto asignado al ININ.

El desarrollo de una tradición científica es un requisito indispensable para la modernización de un país. El apoyo institucional a la creación de esa tradición científica, se logra mediante el crecimiento sostenido de sus recursos humanos. Para esto, el ININ requiere aprovechar sus recursos humanos con mayor experiencia, en los cuales la misma institución ha hecho una importante inversión; requiere preservar los grupos de investigación productivos y promover la creación de otros en las áreas de oportunidad, así como formar nuevos investigadores, profesionistas y técnicos.

Como se observa, la mayoría de los trabajadores sindicalizados actualmente cuentan con una edad promedio mayor de 55 años y por naturaleza intrínseca, muchos de estos trabajadores en el corto plazo estarán buscando su jubilación o pensión, haciéndolo con una toma de decisión mediata en el mejor de los casos, pero los casos de enfermedad pueden marcar otras condiciones, lo que conlleva a una disminución en la productividad institucional y a no cumplir con las metas de ingresos propios para contribuir con el presupuesto que asigna el Gobierno Federal al ININ. (Anexo I)

Debido a la ausencia de un programa de retiro voluntario permanente, en condiciones dignas para el trabajador, el personal opta por continuar laborando y no considera la opción del retiro o la pensión, lo cual tiene las implicaciones siguientes:

• Personal de mayor edad con enfermedades crónico-degenerativas en servicio.

• Ausentismo, derivado por incapacidades médicas.

• Incremento de trámites administrativos.

La contratación de personal joven de nuevo ingreso con perfiles acordes a las necesidades del Instituto, es una de las alternativas de solución a esta problemática, en conjunto con un Retiro Programado por Consentimiento Mutuo del personal de edad avanzada o por enfermedad crónico-degenerativa prioritariamente y en condiciones de retiro (por años de servicio). Por lo que resulta necesario trabajar en una alternativa de solución, pero todo resultaría inútil si no pensamos en un recambio generacional, que fortalezca al ININ, por ende la materia de trabajo y para cumplir con las funciones consagradas en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria.

2. Objetivo

2.1. Obtener un retiro digno, sin pérdida de plazas, con la indemnización justa para solventar una buena calidad de vida para la vejez.

2.2. Fortalecer la materia de trabajo mediante la cobertura de estas plazas con personal joven de nuevo ingreso.

3. Alcance

Este programa aplicará solamente al personal siguiente:

• Trabajadores con 60 años o más de edad o en etapa de jubilación.

• Trabajadores con enfermedades crónico-degenerativas

4. Propuesta

Para darle viabilidad al proyecto de Propuesta de Retiro Programado por Consentimiento de Mutuo se cuenten con los recursos económicos para poder llevarlo a cabo. Este deberá contener los beneficios propios de las prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo (CCT) con el propósito de ir dando las facilidades de retiro a los trabajadores en etapa de jubilación o pensión que por propia voluntad o situación de salud, tengan a bien tomar el esquema de retiro programado, aclarando que este programa sólo será aplicado a un número de 25 trabajadores aproximadamente por año, con lo que se garantiza la no salida masiva de trabajadores de base.

La idea de este retiro programado tiene las siguientes ventajas desde el punto de vista del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear:

a) Contar con personal joven de nuevo ingreso, que pueda apoyar en las tareas de los trabajos de servicios institucionales para los ingresos propios y actividades de investigación.

b) Al momento del retiro de un trabajador con una antigüedad de 30 años, el costo laboral del trabajador de nuevo ingreso tendrá una antigüedad de 0 años, lo cual representa un ahorro sustantivo (de hasta un 32 por ciento) para la institución. Este argumento sería uno de los más importantes a considerar en la propuesta del programa de retiro- aunado a esto colocaría al ININ en mejores condiciones en el portafolio de servicios al abatir gastos y colocarnos en una condición más competitiva.

c) Todos los trabajadores de nuevo ingreso empezarían a formar nuevos cuadros de trabajo en las áreas donde más se requiera su participación, considerando que con medidas como esta se evitaría perder el conocimiento del personal en retiro, al transmitir sus conocimiento al personal de nuevo ingreso, mediante un programa de transmisión de conocimientos antes de su retiro.

d) Las plazas de los trabajadores liquidados serían cubiertas en el nivel inferior de la misma categoría de la plaza registrada ante SHCP, lo que representaría un ahorro adicional por la diferencia del nivel salarial desde un 25% hasta un 66% aprox.

5. Esquema de liquidación

El organismo considerará y reservará en cada ejercicio fiscal el costo de las 20 plazas de base vacantes en el año fiscal, para cubrir las liquidaciones de los trabajadores que se encuentren en etapa de jubilación o en situación crítica de enfermedad o invalidez y que deseen separarse del Organismo.

Las plazas de los trabajadores liquidados serán cubiertas (contratación) con Personal de Nuevo Ingreso, con el nivel inferior de la misma categoría de la plaza de acuerdo con el Catálogo de Puestos, con lo que se generará un ahorro de costos por la diferencia del nivel salarial ya que el trabajador de nuevo ingreso no genera aún quinquenio (antigüedad) lo que algunos le han mal llamado “pasivo laboral” vs “inversión laboral”.

El organismo utilizará y presupuestará durante 5 años la plaza a liquidada (que es cuando empieza a aumentar el costo de la plaza por quinquenios) el diferencial de costos mencionado en el párrafo anterior, para cubrir también las liquidaciones ya mencionadas.

El organismo entregará al trabajador liquidado bajo estas condiciones (C.C.T.), el importe correspondiente a los siguientes rubros:

• 150 (ciento cincuenta) días de salario integrado,

• 50 (cincuenta) días de salario integrado por cada año de servicios cumplidos,

• 12 (doce) días de salario integrado por cada año de servicios cumplidos, para los trabajadores que cuenten con más de 15 años de servicio.

En promedio bajo el esquema referido aproximadamente dependiendo de los niveles y antigüedades de los trabajadores se solicitará una partida presupuestal etiquetada para tal fin un importe aproximado de 75.0 millones de pesos presupuesto y etiquetado para tal fin .

Si los recursos para estas liquidaciones son insuficientes, el Sindicato propondrá el orden y la prioridad en que los trabajadores interesados serán liquidados cada año de manera progresiva.

Y la propuesta será evaluada entre las partes ININ-SUTIN.

Aplicación colectiva y universal del contrato colectivo de trabajo

En el ININ, las relaciones laborales se encuentran regidas por el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que se encuentra depositado y registrado ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y surtiendo sus efectos legales, en éste se especifica que tiene por objeto, en adición a las disposiciones legales, el establecimiento de las condiciones laborales específicas que deberán regir para la prestación del trabajo en el ININ y cuando estas disposiciones sean más favorables para los trabajadores, deberán sustituir a las de la ley.

Tal documento es de aplicación general para todos los trabajadores de planta y temporales, por lo que se aplicará en todos los establecimientos, dependencias o instalaciones actuales o aquellas que se incorporen en el futuro al Organismo o que eventualmente sean formadas como subsidiarias del mismo, entendiéndose como tales, a las dependencias o instalaciones en donde se ejecuten obras o servicios para el Organismo, en forma exclusiva o principal, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley.

La administración de este CCT corresponde al Sindicato. Podrán celebrarse convenios de aplicación del Contrato que serán ratificados y depositados por las Partes en los términos de la Ley, mismos que forman parte de este Contrato. Todo documento unilateral que afecte o cambie la relación laboral, emitido por cualquiera de las Partes, se considerará nulo.

Ante estas disposiciones la administración del Instituto unilateralmente ha aplicado de manera diferenciada entre los trabajadores el pago de la prestación social como lo es el Aguinaldo a la que tienen derecho los trabajadores del ININ anualmente, en los términos del CCT.

Cito:

“Cláusula 106

Aguinaldo

El Organismo pagará anualmente a sus trabajadores, la cantidad equivalente a 45.11 (cuarenta y cinco punto once) días de salario integral, libres de todo descuento, por concepto de aguinaldo.”

En el año de 2010, el ININ solicitó al SUTIN que se realizara el procedimiento para la contratación de personal de planta para ocupar puestos de trabajo vacantes del tabulador registrado dentro de la normativa establecida en el CCT, a partir de esta fecha a la actual, se han incorporado al ININ 51 compañeros de planta a los cuales en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 dependiendo de su fecha de incorporación, les fue pagado el aguinaldo como a todos los trabajadores que ha hecho de esta manera desde su incorporación de la cláusula “Aguinaldo” al CCT.

Pero, para los efectos de pago en el año 2014, el ININ de manera diferenciada y discriminatoria aplicó a los 51 compañeros el descuento del I.S.R., contraviniendo lo estipulado en la cláusula 106 del CCT en la que se establece “libres de todo descuento, por concepto de aguinaldo”.

En tal cláusula, el ININ ha aplicado la leyenda de libre de todo descuento al absorber de manera solidaria la contribución del ISR a nombre de los trabajadores para apoyarlos en su poder adquisitivo; tal es el caso, que para el mismo año 2014 la prestación social fue pagada a todos los trabajadores, exceptuando a los 51 compañeros, en los mismos términos desde la incorporación al CCT y en la base legal plasmada en el catálogo del complemento de nómina (CCN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria y el catálogo de percepciones y deducciones(CPD) en el ININ.

Lo plasmado en los Recibos de Nómina de la mayoría de los trabajadores especifican una deducción con tipo 002 (ISR del CCN) y clave 003 (ISR del CPD) por concepto de I.S.R. y asumido de manera solidaria en los conceptos de Percepciones bajo los preceptos, tipo 009 (Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón del CCN) y clave 059 (CPD).Con estos conceptos se da respeto al CCT vigente para la mayoría de los trabajadores; pero, para aplicación de los 51 casos de los compañeros de recién ingreso se desconoce por el ININ el derecho adquirido. Esto a pesar de que el ININ lo había realizado para los años anteriores al 2014, para todos los casos sin descuento, respetando los derechos que por diversos conceptos se adquieren por la Ley o en el CCT, los cuales no son renunciables y en ningún momento las partes fijaron mediante convenios complementarios o suplementarios, otras condiciones de trabajo, las que en ningún caso implicarán disminución de las prestaciones o desconocimiento de los derechos consagrados.

Nota

Por disposición expresa del Art. 42 Bis de la LFTSE que establece que el aguinaldo se debe otorgar sin deducción alguna , el Gobierno absorbe el impuesto y lo entrega libre de dicho gravamen.(antecedente relativo con el actual CCT)

Tal acción constituye por parte del ININ una violación al CCT, es necesario revertir tal afectación a los 51 trabajadores con aplicación distinta de las disposiciones del Contrato, que significa una reducción al su importe y un agravio del poder adquisitivo de los compañeros y que rompe la unidad al CCT, tal afectación en términos económicos para el ejercicio fiscal del 2014 tuvo un impacto aproximado de $ 450.000.00; solicitamos el resarcimiento de tal percepción para cada uno de los 51 casos afectados y la no aplicación irregular y discriminatoria para éstos a partir del 2015, así como sus aplicaciones futuras de conformidad al CCT vigente.

Justificación de solicitud presupuestal para gestión de desechos radiactivos, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

La industria nuclear y sus aplicaciones en la industria y en la medicina generan desechos, que por ser radiactivos deben ser aislados y confinados a fin de limitar su dispersión en la biósfera. Este tipo de desechos son generados en hospitales, industrias, centros de investigación, centrales nucleares y durante el ciclo del combustible nuclear.

Los desechos radiactivos requieren de un manejo y resguardo no convencional que debe estar a cargo de personal capacitado y acorde con los reglamentos y normas dictadas por organismos nacional (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias), así como recomendaciones de otros internacionales (Organismo Internacional de Energía Atómica).

En particular, en nuestro país, los principales generadores de desechos radiactivos son: la Central Nuclear de Laguna Verde en Veracruz, los hospitales del sector público (Siglo XXI, Juárez de México, etc.) y privado; los centros de investigación del sector salud como los institutos nacionales de Cancerología, Epidemiología o Nutrición, además del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y algunos institutos y facultades de la UNAM (Medicina, Química, Veterinaria, Fisiología, etc.); así también empresas como PEMEX y Altos Hornos de México.

El Departamento de Desechos Radiactivos (DDR) del ININ está capacitado y autorizado para gestionar los desechos radiactivos de origen no nuclear generados por los sectores antes mencionados. En promedio, el ININ recibe anual mente 15 metros cúbicos de desechos sólidos y 4.5 metros cúbicos de desechos líquidos de diversas composiciones químicas. El DDR recibe desechos de origen inorgánico contaminados con diversos radionúclidos cuyas vidas medias varían desde unos cuantos días hasta miles de años.

Las tecnologías aplicadas por el DDR a la gestión de desechos radiactivos se clasifican en cuatro categorías:

1. Compactación

2. Precipitación

3. Decaimiento

4. Inmovilización

Es de vital importancia para nuestra institución, aplicar nuevas técnicas de gestión de desechos radiactivos que permitan su tratamiento, para disminuir su volumen y poder ser aislados y confinados en un lugar adecuado que evite su dispersión incontrolada hacia la biósfera. Desde el punto de vista de la reducción de volumen de los desechos, una de las opciones más viables es su incineración, dado que disminuye hasta un 95% o más de su volumen total de estos. Por lo mismo es necesario contar con un equipo exclusivo para este fin. En particular el ININ tiene interés por montar un equipo de degradación térmica que permita resolver el problema de tratamiento de desechos radiactivos de bajo nivel e intermedio a corto plazo, motivando a las instituciones responsables de su gestión (ININ y Sener) y las generadoras de estos desechos, como es el caso de Laguna Verde, a invertir en la construcción de una planta de tratamiento a escala industrial que permita solucionar de manera definitiva el problema de la gestión y almacenamiento de estos desechos.

Por lo anterior, y para continuar con la investigación del tratamiento de los desechos radiactivos y nucleares y tener un almacenamiento definitivo de ellos, solicitamos la cantidad de $98´000,000.00 (Noventa y ocho millones de pesos00/100 M. N.) con lo que podemos en un corto plazo disponer los desechos de manera segura bajo políticas firmes.

Consideraciones finales

No apoyar los objetivos fundamentales que por Ley tiene el ININ, sería muy lamentable para el país; se perdería la posibilidad de dar continuidad al trabajo de investigación y desarrollo en los usos pacíficos de la energía nuclear. El país ha invertido, a lo largo de varias generaciones, grandes cantidades de dinero en la formación de recursos humanos de alto nivel en el ININ: investigadores, profesionistas y técnicos especializados, muchos con estudios de posgrado y pertenecientes al SNI. Además, el equipamiento de instalaciones y laboratorios del ININ, ha requerido de una fuerte inversión del gobierno federal. Su cierre representaría un fracaso para el pueblo de México, porque todo lo invertido tiene su origen en sus contribuciones vía los impuestos. Por el contrario, se debería incentivar la transferencia de conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones porque más temprano que tarde las aplicaciones nucleares en la producción de electricidad por el uso de reactores de potencia será necesaria para que se sostenga la capacidad de carga de las grandes ciudades y de la industria que está en crecimiento constante. La investigación básica y el desarrollo tecnológico en temas del área nuclear en diferentes disciplinas como física, química, biología, es fundamental para el desarrollo nacional y su desarrollo en nuestro instituto es evidente y cuantificable por la producción científica que desde 1980 muestra una tendencia ascendente y por beneficios los tangibles a la sociedad como la investigación, desarrollo y producción de radiofármacos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades, el Banco de Tejidos Radioesterilizados (BTR) que procesa y distribuye tejidos para aplicaciones clínicas, El Reactor Nuclear de Investigación TRIGA Mark III que produce radionúclidos empleados en medicina nuclear y brinda entrenamiento en la operación de reactores y técnicas nucleares a personal de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, de la Central Nuclear de Laguna Verde, y a estudiantes en formación de las ciencias afines. La medición precisa de la dosis de radiaciones ionizantes en áreas de investigación, salud, ambiente e industria. Fabricación de prototipos, para apoyar los proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico e infraestructura del ININ.

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es una institución multidisciplinaria que abarca la investigación científica, el desarrollo tecnológico, servicios tecnológicos y los servicios de apoyo, en aspectos energéticos y no energéticos, lo que refleja el impacto que la energía nuclear puede tener en innumerables aspectos de la vida cotidiana en salud, industria, generación de energía, y en el medio ambiente. En todas esas actividades el personal del ININ tiene gran experiencia y representa un mayor beneficio para la nación desarrollar programas de apoyo a esta institución más que considerar su abandono o desaparición.

Considerando los antecedentes citados y que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados dictaminará el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, es necesario que se fortalezca al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares con una ampliación presupuestal de $193,854,868.00 millones de pesos.

Por las consideraciones vertidas, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a garantizar suficiencia financiera al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) , ya que es la institución responsable del impulso a las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, cuenta con instalaciones y recursos únicos en el país y ha logrado importantes resultados para el beneficio de México en áreas como: investigación básica aplicada, producción de radiofármacos; estudios del ambiente y técnicas para su mejoramiento; manejo y disposición de desechos radiactivos; mejoramiento genético de plantas y alimentos. Así como en aplicaciones energéticas en aspectos relacionados con la seguridad, funcionamiento y mejora de reactores nucleares. En la actualidad cuenta con el reconocimiento de organismos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a tomar medidas para corregir el alto nivel de endeudamiento y sus consecuencias, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar las medidas necesarias para corregir el alto nivel de endeudamiento y sus consecuencias, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El actual gobierno ha advertido constantemente, dentro y fuera del país, acerca de los peligros que trae consigo el populismo. El presidente Peña Nieto ha señalado que “la responsabilidad de gobernar es algo más que dar respuestas sencillas”1 . Sin embargo, la irresponsabilidad con la que se ha incrementado la deuda pública, puede calificarse como una actitud demagógica y populista.

El paquete económico propuesto ante esta Cámara de Diputados para 2017 mantiene la desigualdad, ya que privilegia el pago de intereses de la deuda pública por encima de programas estratégicos en educación, salud y cultura.

Al inicio de la gestión de esta administración, en 2012, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público representaba 36.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que para el cierre de este año se podría ubicar en 50.5 por ciento, de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público2 . Es decir, en cuatro años de gobierno de Peña Nieto, la deuda ha crecido 14.1 puntos porcentuales. Además, el Gasto Público creció en promedio 3.6 por ciento al año, mientras que la economía sólo 2.1 por ciento.

Dicho incremento en la deuda sería el más alto desde el año 20003 . En los primeros cuatro años de gobierno de Vicente Fox, la deuda se incrementó tan sólo 0.7 puntos porcentuales, pasando de 30.5 por ciento a 31.2 por ciento. Por su parte, de 2006 a 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, la deuda se elevó de 28.8 por ciento del PIB al 34.4 por ciento. A pesar de que el país sufría las consecuencias de la crisis financiera internacional, la deuda se incrementó 5.6 puntos porcentuales.

Por su parte, la organización México ¿cómo vamos?, señaló que la deuda pública, en el segundo trimestre de 2016, fue de 8.7 billones de pesos, lo que equivale a 45.7 por ciento del PIB. Se trató del nivel máximo en términos del PIB, desde 19904 .

Un elemento que se suma a esta preocupación es lo que representará el costo financiero de haber adquirido la deuda. De acuerdo con el análisis sobre el Paquete Económico de 2017 realizado por el Centro de Investigación Económica Presupuestaria, por primera vez desde 2010, el servicio de la deuda será mayor al propio financiamiento que el gobierno federal requerirá para 2017. Mientras el primero representará 2.8 por ciento del PIB, el segundo será de 2.4 por ciento del PIB5 .

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala que “mientras la deuda del sector público ha registrado tasas de crecimiento superiores a 8.5 por ciento en promedio, en el periodo 2010-2016, los ingresos del sector público y el PIB lo han hecho a tasas reales de 3.8 y 3.1 por ciento en promedio, en ese orden, lo cual nos da un panorama más amplio de las implicaciones que tiene este nivel de deuda y su ritmo de crecimiento, vinculado al crecimiento del PIB y los ingresos del sector público, situación que evidencia que de continuar dicha tendencia, se pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.”6

El riesgo de este incremento tan acelerado en la deuda pública es que el sector público no está generando crecimiento económico y no se está aumentando la recaudación fiscal por lo que estos niveles de deuda podrían volverse inmanejables.

La situación empeora cuando se analiza cómo se ha venido ejerciendo el Gasto Público. Entre 1990 y el 2015 el Gasto Público aumentó 2 mil 296 por ciento en términos nominales, un crecimiento promedio de 13.8 por ciento por año. Es decir, el gasto total pasó de 204 mil millones de pesos a 4.9 billones7 . La inversión pública mantuvo una evolución positiva, sin embargo, el problema es que no produjo crecimiento. En principio como señala el economista José Luis de la Cruz, “el gasto de gobierno debería representar un factor de crecimiento y de estabilidad económica y social, algo que sólo se logra si el gasto es ejercido con un criterio de eficacia.”8

El mal ejercicio del gasto público se debe a la falta de vinculación con las necesidades reales del sector productivo privado, proyectos mal evaluados y que no tienen el impacto esperado, la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos y falta de un blindaje ante el desvío en el uso de los mismos. Un ejemplo es lo que ha dado a conocer la Auditoría Superior de la Federación el pasado 12 de septiembre, donde señala: “la auditoría practicada a los rubros de gastos y equipamiento de 2014, en vez de invertirse los recursos en el mantenimiento y operación de los penales se gastaron más de 17 millones de pesos en la adquisición de 7 camionetas tipo suburban blindadas; en promedio cada vehículo superó los dos millones de pesos.”9

En ese contexto, el pasado 31 de agosto, durante la presentación del informe de inflación del tercer trimestre de 2016, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, alertó sobre el deterioro de la cuenta corriente causado por el aumento de la deuda pública.+ 10 Asimismo, consideró prudente que las autoridades hacendarias mantengan las medidas para controlar las finanzas públicas, a través de ajustes presupuestales.

El llamado de atención de Carstens no debe ser ignorado por las autoridades federales. Desde que asumió el poder Enrique Peña Nieto, la deuda pública ha incrementado de forma acelerada y dicho incremento no se ha traducido en crecimiento económico.

Si no se toman medidas contundentes y con la debida prudencia, la economía del país corre el grave peligro de entrar en una crisis que afectaría a millones de mexicanos. La irresponsabilidad y el mal manejo económico deben terminar cuanto antes.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de esta Cámara acuerda exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a tomar las medidas necesarias para corregir el alto nivel de endeudamiento y sus consecuencias.

Notas

1 Ímaz Gispert, Carlos, Un maestro, un populista y un presidente sin teleprompter , disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/03/opinion/007a1pol

2 Peña Nieto, con el endeudamiento más alto del siglo XXI , El Economista, disponible en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/08/31/pena-nieto-ende udamiento-mas-alto-siglo-xxi

2 Ibíd.

3 El nivel de deuda pública está en rojo, y no se ha traducido en crecimiento: #SemáforoEconómico , Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2016/09/el-nivel-de-deuda-publica-esta-en -rojo-y-no-se-ha-traducido-en-crecimiento-semaforoeconomico/

4 Con dólar a 20 pesos servicio de deuda sube $30,891 millones , El Economista, disponible en: http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2016/09/20/dolar-20-pe sos-servicio-deuda-sube-30891-millones

5 Análisis del Paquete Económico 2017 Finanzas Públicas , Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, disponible en: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/septiembre/cefp0242 016.pdf

6 Gasto público creciente pero improductivo . Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Consultado 01 de Noviembre 2016, disponible en: http://idic.mx/2016/09/19/gasto-publico-creciente-pero-improductivo/

7 Ibíd.

8 Gobernación gasta en vuelos y camionetas de lujo los recursos para mantenimiento de penales , Animal Político, Consultado 01 de Noviembre 2016, disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2016/10/gobernacion-penales-camionetas-lujos-auditoria/

9 Alerta Banxico de los altos niveles de deuda pública , El Financiero, disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alerta-banxico-de-los-altos-niveles

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública a llevar a cabo con las autoridades de seguridad pública en las entidades federativas y los municipios acciones que refuercen la vigilancia y la prevención de delitos contra automovilistas en vías primarias y secundarias de la zona centro del país, a cargo del diputado Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, desde hace ya algunas décadas, el robo de automóviles y la violencia asociada con este delito han sido un lastre para la sociedad; resulta lamentable tener que aceptar que cada vez son más los ciudadanos que perciben a la delincuencia como cercana. La inseguridad aumenta de forma indiscriminada, y ya no es de relevancia de quién se trate, la hora o el lugar, sino que cualquiera puede ser víctima, lo que se traduce en una sensación de vulnerabilidad.

Pese a que en los últimos 6 años en nuestro país ha habido una clara disminución del robo de automóviles con violencia, la proporción de estos hechos muestra un repunte durante este último año.

De acuerdo con las cifras que nos brinda el recientemente publicado estudio “Robo y recuperación de automóviles asegurados”, realizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el robo de vehículos y los casos de violencia relacionados al mismo creció en 8 por ciento, proporción que se ha ido agravando en algunas entidades.

El reporte en comento destaca que en el periodo septiembre 2015-agosto 2016 fueron robados 66 mil 780 automóviles, aproximadamente 4 mil 900 vehículos más en relación al periodo anterior. Asimismo, el estudio identifica que el 70 por ciento de los reportes de autos robados se realizaron en siete entidades federativas principalmente:

• Estado de México, con 20 mil 844 casos;

• Ciudad de México, con ocho mil 341 autos;

• Jalisco, con siete mil 626 unidades;

• Veracruz, con tres mil 530 robos;

• Nuevo León, con dos mil 556 casos;

• Puebla, con dos mil 418 hurtos y

• Michoacán, con dos mil 319.

Cabe destacar que tan sólo en el estado de México y la Ciudad de México durante el periodo analizado se robaron 29 mil 185 vehículos, lo que representa el 43.7 por ciento de los robos totales.

Aunado al incremento de este fenómeno social se observa un mayor uso de violencia en la sustracción de las unidades. Por lo que también se destaca que de los casos reportados, el 57 por ciento fueron realizados con violencia, tres puntos porcentuales más que un año antes, cuando se ubicaba en 54 por ciento.

Somos parte de un entorno cada vez más violento, lo que genera un profundo proceso de malestar social. Los avances, si bien son significativos, no son suficientes para disminuir y, mucho menos, erradicar la incidencia delictiva. Necesitamos centrarnos en el beneficio de nuestra sociedad, partiendo de un desarrollo integral encaminado a lograr una convivencia armónica.

Para ello, es necesario atender los focos rojos con los que nuestro medio da aviso de la ruptura del tejido social, con el firme objetivo de erradicar los actos delictivos y, en general, toda amenaza que lacere la vida en sociedad. No olvidemos que la seguridad pública es una función básica del Estado, derivada del contrato social que existe entre éste y sus ciudadanos, lo que lo convierte en un compromiso ineludible.

En razón de lo anterior, la seguridad pública se constituye como uno de los deberes de mayor relevancia dadas las condiciones actuales de nuestro país.

En Nueva Alianza resaltamos el compromiso de las autoridades por garantizar la tranquilidad de los mexicanos, lo que consiste en brindar seguridad en la lucha contra la delincuencia y la búsqueda de condiciones adecuadas que tengan como base la impartición de una educación de calidad para que los miembros de la sociedad puedan desarrollarse en un ambiente que les permita ejercer planamente sus derechos y garantías.

No debemos perder de vista que aún queda mucho por hacer. Por ello, exhortamos a las autoridades encargadas de establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública, a que encaminen los recursos posibles y necesarios para desactivar la inseguridad en todas sus modalidades.

Lo anterior, con base en el sustento legal que nos hereda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., que a la letra indica que: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece... ”.

Asimismo, en el artículo 21, donde define a la seguridad pública como “...una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva...”.

Además, es de resaltar que una de las atribuciones que le confiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional, es la de proponer políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública.

Por lo expuesto y fundado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 fracciones III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que en coordinación con las autoridades responsables de la seguridad pública en las entidades federativas y municipios, se lleven a cabo acciones que refuercen la vigilancia y la prevención en la comisión de delitos que afectan a automovilistas en vías primarias y secundarias de la zona centro del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a garantizar suficiencia financiera al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en su calidad de diputado a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados; así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) se creó por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 22 de septiembre de 1981 y se constituyó como una empresa de participación estatal mayoritaria mediante acta constitutiva de fecha 16 de marzo de 1982. El 31 de marzo del año 2000 la asamblea de asociados autorizó la constitución del CIAD como centro público de investigación con nuevos estatutos, al amparo de la Ley para la Promoción de la Investigación Científica y Tecnológica.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC (CIAD), desde su fundación el 16 de marzo de 1982 ha contribuido a la generación de conocimientos útiles para el avance científico, formación de recursos humanos de alto nivel, así como el desarrollo económico, social y político del estado de Sonora, de la región noroeste y de otras regiones de la República Mexicana donde tiene sus coordinaciones. Junto con los demás centros públicos de investigación dependientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), son después de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes más aportan a la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

Segunda. El CIAD contribuye al desarrollo sustentable y al bienestar de la sociedad en las áreas de alimentación, nutrición, salud, desarrollo regional y recursos naturales mediante la generación, aplicación y difusión de conocimiento científico-tecnológico, la innovación y la formación de recursos humanos de alto nivel.

Su visión es ser un centro público de investigación con reconocimiento internacional por su calidad científica, sus programas de posgrado, sus aportes a la innovación tecnológica y social, su contribución a la transición hacia la sociedad del conocimiento y por estar altamente vinculado a las necesidades de la sociedad y ser punto de referencia en el diseño y evaluación de políticas públicas en las áreas de alimentación, nutrición, salud, desarrollo regional y recursos naturales.

Tercera. Los objetivos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo se engloban en los siguientes rubros:

1. Investigación. Elevar la productividad y calidad en la generación de conocimiento científico mediante la investigación transdisciplinaria en grupos y redes. Docencia y formación de recursos humanos. Posicionar internacionalmente los programas de posgrado y mejorar la calidad y eficiencia de sus procesos. Desarrollo tecnológico. Incrementar la participación del CIAD en proyectos transdisciplinarios de desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad. Vinculación. Conectar el quehacer científico y tecnológico con las demandas y oportunidades para lograr un alto impacto en los sectores privado, social, gubernamental y educativo. Innovación. Lograr que los resultados de las investigaciones sean transferidos y generen valor para los sectores privado, social y gubernamental. Difusión. Consolidar la difusión de los logros y el quehacer institucional para proyectar la imagen del CIAD y fortalecer su reconocimiento social. Cultura organizacional. Promover valores, tradiciones y conceptos que fortalezcan la identidad institucional para brindar resultados eficientes a la sociedad.

2. Estructura Académica: El CIAD está constituido por doce coordinaciones de área: 1) Coordinación de Nutrición; 2) Coordinación de Ciencia de los Alimentos; 3) Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal; 4) Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal; 5) Coordinación de Desarrollo Regional; 6) Coordinación de Acuicultura y Manejo Ambiental (Mazatlán, Sinaloa); 7) Coordinación de Ciencia y Tecnología de Productos Agrícolas para Zonas Tropicales y Subtropicales (Culiacán, Sinaloa); 8) Coordinación de Aseguramiento de Calidad y Aprovechamiento Sustentable de Recursos Naturales (Guaymas, Sonora); 9) Coordinación de Fisiología y Tecnología de Alimentos de la Zona Templada (Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua); 10) Coordinación de Tecnología de Alimentos y Productos Lácteos (Delicias, Chihuahua); 11) Coordinación de Vinculación Social, y 12) Coordinación de Programas Académicos. De las doce coordinaciones, siete se encuentran en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y cinco están ubicadas en diferentes puntos estratégicos del país. De ahí que los proyectos de investigación que se realizan se puedan agrupar de acuerdo a las siguientes áreas y de investigación: Líneas de Investigación

Nutrición

1: Análisis químico de materias primas, alimentos y composición de alimentos.

2. Diagnóstico y asesorías sobre el estado de nutrición y salud de comunidades o grupos especiales. Ciencia y Tecnología de Alimentos

3. Análisis Toxicológicos de Alimentos (pesticidas, metales pesados, antibióticos, aflatoxinas, hormonas) en carnes y aves para la emisión de certificados de cumplimiento con los criterios de las normas oficiales mexicanas.

4. Estudios de fisiología vegetal, postcosecha e industrialización de productos de origen vegetal.

5. Envase, empaque y vida de anaquel de alimentos.

6. Estudios y análisis requeridos para enfrentar el Programa de Inocuidad Alimentaria en el sector hortofrutícola.

7. Análisis microbiológicos y parasitológicos de alimentos.

8. Análisis fitopatológicos de cultivos vegetales.

9. Diseño e implementación de procesos y sistemas de calidad en la industria alimentaria.

10. Análisis de las propiedades reológicas de biopolímeros y alimentos.

11. Desarrollo de nuevos productos alimenticios.

12. Estudios de Adulteración de alimentos.

13. Bioquímica y biotecnología de alimentos.

Acuicultura y Manejo Ambiental

14. Patología y Nutrición de organismos acuáticos, especialmente peces y crustáceos.

15. Biotecnología de organismos marinos.

16. Tecnología de cultivo y asesorías para la instalación de granjas acuícolas.

17. Estudios en ecotoxicología, análisis de aguas, sedimentos y efluentes de granjas acuícolas.

18. Estudios sobre manejo y conservación de recursos naturales.

Alimentación y Desarrollo

19. Socio-economía de la alimentación y estudios estratégicos del agro y procesos rurales.

20. Estudios socioeconómicos de gran visión y desarrollo regional sustentable.

21. Estudios sobre salud, educación y cultura.

3. Formación de Recursos Humanos. En el CIAD existen tres subprogramas relacionados con la formación de recursos humanos:

a) Iniciación a la investigación . En este subprograma se atiende a estudiantes de licenciatura para que desarrollen sus trabajos de tesis o disertaciones bajo la tutela de nuestros investigadores.

b) Posgrado institucional . En 1984 nuestra institución inició un Programa de Maestría en Nutrición y Alimentos. En 1995 iniciamos el Programa de Doctorado Institucional al considerar que la institución había logrado consolidar su planta de investigación, así como su infraestructura analítica. Asimismo, en 2004 egresó la primera generación de 14 estudiantes en la maestría en Desarrollo Regional. Programas de posgrado registrados en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) y el Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP) del Conacyt.

4. Vinculación . A través de los años, el CIAD ha trabajado conjuntamente con diversas empresas involucradas en la producción de alimentos, logrando un reconocimiento por parte de los diferentes sectores productivos, mejorando sus procesos de producción y sus expectativas de comercialización.

Cuarta. A 34 años de su fundación, en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo mantiene un problema laboral que afecta a 460 empleadas, empleados y a sus dependientes, como lo es la carencia de acceso a los servicios de seguridad social pública, afectando con ello no sólo su derecho a la salud y a una jubilación digna, sino también el futuro de sus familias. A la fecha el CIAD tiene un déficit 339,000,000.00 millones de pesos para salud. Así también en la medida que la plantilla del personal del CIAD va adquiriendo antigüedad y edad para poder jubilarse y pensionarse por la falta de seguridad social institucional tienen una necesidad de contar con un fondo de pensiones y jubilaciones el cual asciende a 300,000,000.00 millones de pesos.

Como consecuencia de este rezago en prestaciones laborales, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo tal es el caso de la retabulación de plazas de su personal administrativo, recurso humano importante para su operación. Por lo que es importante se considere un corrimiento y retabulación de plazas, con el fin de que tengan una remuneración acorde a la realidad actual, pues mucho de ese personal tiene décadas con la misma plaza y para este caso se requiere de un monto de 269,952,581.00 millones de pesos.

Por las consideraciones vertidas, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar suficiencia financiera al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) , esto debido a que el Centro se dedica a la ciencia y tecnología de los alimentos tanto de origen animal como vegetal, nutrición humana y animal, desarrollo regional y sustentable quien ha logrado importantes resultados y actualmente cuenta con reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, actividades que inciden en el progreso y soberanía alimentaria del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a implantar por la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur acciones a fin de brindar a los menores de edad en condición de migrantes no acompañados la debida protección de sus derechos humanos y libertades, en el marco del Programa Integral Frontera Sur, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado Mariano Lara Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El fenómeno migratorio ilegal desde Centroamérica hacia los Estados Unidos resulta una problemática transnacional que ha experimentado cuantiosos cambios en cuanto al volumen y características socioeconómicas de quienes participan en los flujos migratorios. Lo que ha derivado en profundas implicaciones en la esfera demográfica, económica y social de diversos estados del país; en específico, los que conforman la frontera sur y sus colindantes.

En los últimos quince años los desplazamientos migratorios irregulares en nuestro país se llevan a cabo en un contexto de incremento de la inseguridad, de control fronterizo extremo en la región contigua a los Estados Unidos y de continuidad de las acciones de retención de migrantes indocumentados por nuestro gobierno a lo largo del territorio nacional, situación que ha propiciado un mayor grado de vulnerabilidad de los migrantes frente a amenazas como la trata de personas, la extorsión, el robo, la violación sexual, el secuestro e, incluso, la privación de sus vidas.

En este orden de ideas, las niñas, niños y adolescentes migrantes son los más asequibles a estas problemáticas, dada su condición, además de que en la mayoría de los casos viajan solos ya sea para huir de la violencia que amenaza su vida y seguridad o, en busca de mejores oportunidades para acceder a una vida digna; en otros casos simplemente en aras de reencontrarse con sus seres queridos.

De acuerdo al Informe sobre la Problemática de Niñas, Niños y Adolescentes Centroamericanos en contexto de Migración Internacional no Acompañados en su Tránsito por México, y con Necesidades de Protección Internacional, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las niñas, niños y adolescentes centroamericanos en situación de migración no acompañada se duplicaron entre 2014 y 2015, al pasar de 10 mil 943 a 20 mil 368.1

Se trata de un total 40 mil 637 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados hasta julio del presente año, si tomamos como base el año 2014, como lo demuestra la siguiente tabla.2

Información obtenida de las estadísticas consultadas en el Informe sobre la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México, y con necesidades de protección internacional.

México ofrece protección a niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados, así lo establece de manera general nuestra Constitución Política en su artículo primero y, en específico, en la Ley de Migración, marco regulatorio complementario que señala la obligación del Estado mexicano a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en nuestra Carta Magna, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.3

Sin embargo, son muchos los menores de edad en esta situación que no reciben algún tipo de protección formal en nuestro país. La actuación de las autoridades encargadas de garantizar la aplicación de la ley discrepa con lo establecido en la misma, los migrantes no acompañados afrontan múltiples obstáculos.

Solo por mencionar uno de los tantos problemas, encontramos que los agentes del Instituto Nacional de Migración no informan a los niños migrantes de su derecho a solicitar el reconocimiento como refugiados, ni de la posibilidad de pedir la expedición de visas humanitarias. Con ello se contraviene lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Migración, que a la letra advierte:

Artículo 13. Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione información acerca de:

I. Sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente;

II. Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión, permanencia y salida, y

III. La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones.

[...]

Los niños nunca deberían ser detenidos como medida de control migratorio; las normas internacionales urgen a los Estados a “poner fin rápida y completamente a la detención de los niños a causa de su situación migratoria”. El cumplimiento de esta norma no significa que México deba permitir que los niños no acompañados y separados deambulen libremente por el país; por el contrario, México tiene la obligación de proporcionarles protección y cuidados adecuados.

En este tenor, resulta evidente que las autoridades actúan sin determinar ni considerar un protocolo para la protección del interés superior de la niñez, lo cual representa en sí misma una violación a sus derechos humanos y libertades, contraviniendo lo consagrado en nuestra Carta Magna.

Son diversos los esfuerzos que el gobierno federal hace para atender esta problemática. Durante la presente administración se creó la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación para la coordinación interinstitucional en materia migratoria a que se refiere el artículo 27, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; asimismo dará seguimiento a la implementación de las distintas políticas públicas en materia migratoria para esta región.4

Del mismo modo, este año se puso en marcha el Programa Integral Frontera Sur, que tiene por objetivo atender este asunto bajo los siguientes lineamientos:

• Mantener la seguridad en vías e instalaciones ferroviarias con mayor patrullaje y presencia del Estado para evitar la comisión de delitos

• Recuperar y rehabilitar los espacios públicos e instalaciones

• Llevar a cabo campañas de difusión

• Facilitar la movilidad humana y acercar los servicios de trámites a los países de origen de los migrantes

• Fortalecer las tareas de investigación e inteligencia, para desarticular y castigar a las redes de tráfico y trata de personas

• Promover y fortalecer las fiscalías de atención a delitos en contra de migrantes, para contar con ministerios públicos especializados

• Asegurar el acompañamiento de las comisiones estatales de Derechos Humanos, así como de organizaciones sociales al momento del traslado y retorno asistido de migrantes

• Mantener esfuerzos conjuntos con los albergues operados por la sociedad civil que asisten a los migrantes

• Brindar atención inmediata y cuidado de niñas, niños y adolescentes migrantes

Sin embargo, los esfuerzos emprendidos por el gobierno se han visto superados por la crecida ola de flujo migratorio. Por ello, urge hacer un llamado a las autoridades a quienes se les ha conferido la responsabilidad de desarrollar e implementar los mandatos que establece nuestro marco normativo en lo que respecta a los asuntos migratorios.

México dejó de ser casi exclusivamente expulsor de migrantes, las políticas migratorias del país destino (Estados Unidos) han obligado a nuestro gobierno a retener a las personas en situación de migración ilegal, cuestión que se recrudece día a día derivado del desmedido incremento en la llegada de indocumentados a territorio nacional.

La política de interceptar el flujo de migrantes ilegales procedentes de Centroamérica con destino a Estados Unidos resulta un triunfo para el gobierno estadounidense, pero en el ámbito de nuestra esfera jurisdiccional, la transferencia de responsabilidades de disciplina migratoria a nuestras autoridades ciertamente nos genera un descontrol.

Por tal motivo, urge revisar la política de retención de personas ilegales pero, sobre todo, brindar protección a las y los menores para que no se vean violentados sus derechos y libertades durante su traslado o estadía en nuestro país.

Nuestra constitución, en su artículo cuarto, establece las obligaciones del Estado en cuanto a la defensa y promoción de los derechos de la niñez:

[...] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos [...]

En razón de lo anterior, Nueva Alianza nunca será ajeno a las problemáticas de que nuestra sociedad presenta, por ello tenemos en todo momento la firme convicción de aportar elementos que sirvan de insumo para el diseño e implementación de políticas públicas, programas e iniciativas eficientes y eficaces que estén orientadas a atender los desafíos que de ella se desprenden.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Gobernación a que implemente, a través de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, las acciones conducentes para brindar a las y los menores de edad que se encuentran en condición de migrantes no acompañados, la debida protección a sus derechos humanos y libertades, en el marco del Programa Integral Frontera Sur.

Notas

1 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Informe sobre la Problemática de Niñas, Niños y Adolescentes Centroamericanos en contexto de Migración Internacional no Acompañados en su Tránsito por México, y con Necesidades de Protección Internacional”

2 Ibídem

3 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (25 de mayo de 2011) Artículo 6 (Título II) Ley de Migración, recuperado de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_210416.pdf

4 Presidencia de la República. (8 de julio de 2014) decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351463&fecha=08/07/2 014

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.

Diputado Mariano Lara Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a garantizar suficiencia financiera a la Secretaría de Cultura, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 10 de diciembre de 2015 la Comisión de Cultura y Cinematografía aprobó el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras diecinueve leyes para crear la Secretaría de Cultura.

El tercer considerando de dicho dictamen menciona que:

“En cuanto a Política Nacional en materia de Cultura, expresa su autor, esta iniciativa presidencial confirma que la cultura es una prioridad nacional y subraya que su fortalecimiento institucional es un impulso al bienestar y al desarrollo integral de los mexicanos. Que nada recompensará más a los mexicanos que, con la creación de la Secretaría de Cultura, no sólo se resguarde y conserve para las siguientes generaciones su herencia y patrimonio culturales, sino que se enriquezca en estos años. Con esta decisión se cumplirá un anhelo que ha expresado de manera reiterada la comunidad artística y cultural de México”1

Menciona también que:

Será una institución mejor preparada, en suma para responder al precepto constitucional que en 2009 incorporó el derecho universal de acceso a la Cultura y el ejercicio de los Derechos Culturales como derechos humanos fundamentales. Manifiesta el titular del Ejecutivo Federal, que la Secretaría de Cultura hará suyo el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, que de acuerdo con el proceso de planeación establecido, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014 y quedó articulado con cinco estrategias.2

La primera estrategia del citado Programa es “dar una perspectiva de equidad e inclusiones sociales a la acción cultural en su conjunto. Con nuevos programas para incrementar la aportación de la Cultura a las acciones del gobierno de la República enfocadas al desarrollo, la seguridad y la prevención social” y como tercera estrategia contempla el acceso universal a la cultura y uso d los medios digitales.

Segunda. El 17 de diciembre del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras leyes para crear la Secretaría de Cultura.

Tercera. El 21 de diciembre Rafael Tovar y de Teresa, fue designado como secretario de Cultura.

Cuarta. El 8 de septiembre de 2016 el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico presentó ante el Congreso de la Unión el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal 2017, y en cual se reflejó una disminución presupuestaria de 30 por ciento para el Ramo 48 Cultura.

Este proyecto es contrario a lo expuesto por el Ejecutivo federal para la creación de la Secretaría de Cultura, pues al crearla, éste subrayó que el fortalecimiento institucional es indispensable para el Desarrollo Cultural del país, sin embargo a casi un año de la creación de dicha secretaría no existe Reglamento de la dependencia, ni manuales de organización que reflejen su estructura organizacional, y además de ellos se reduce el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.

Como consecuencia y derivado de esta propuesta en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, escritores, periodistas, dramaturgos y actores mostraron su posicionamiento en una carta pública con fecha del 10 de octubre de 2016 dirigida al Ejecutivo federal y en la cual manifiestan:

Pensamos que la creación de la Secretaría de Cultura era la oportunidad para recortar a la burocracia en las instituciones de arte y cultura que actualmente consume 88 por ciento del presupuesto para su operación dejando sólo 12 por ciento para la función sustantiva del nuevo organismo. De manera optimista creímos que finalmente se comprendía y se reconocía el papel fundamental del arte en la vida social de nuestro país, particularmente en el áspero trance por el que atravesamos.3

Aunado a esto, organizaciones de la sociedad civil se han acercado al Grupo Parlamentario de Morena (un teatro menos) y han solicitado ser escuchados en el tenor de la misma temática: el recorte al sector cultural, haciendo hincapié en la importancia de Programas como PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados) y Foremoba (Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal) que tienen como objetivo “la creación o adaptación de nuevos recintos así como la optimización de la infraestructura cultural existente,”4 por otro lado el Foremoba tiene el fin de apoyar a las comunidades rurales o urbanas en la conservación y mantenimiento de bienes artísticos de propiedad federal.

Y además, el PAICE “constituye el principal mecanismo de la Secretaría de Cultura para destinar recursos económicos, orientados a construir, rehabilitar, remodelar, equipar y dar mantenimiento a inmuebles dedicados al arte y la cultura, bajo un modelo de cofinanciamiento con las entidades federativas”5 Por otro lado la importancia del Foremoba radica en la conservación del patrimonio cultural.

Es importante resaltar que en la Convocatoria 2015 el PAICE contó con un monto global de 300.2 millones de pesos y el Foremoba “que opera a través de la concurrencia de recursos estatales y/o municipales de las comunidades legalmente organizadas y de las fundaciones completados por recursos federales. Dicho fondo, en su convocatoria de 2015, benefició a 77 comunidades de 17 entidades federativas del país que presentaron proyectos de restauración, conservación y mantenimiento de monumentos históricos y bienes artísticos, los recursos transferidos en el mes de diciembre fueron de 23.8 millones de pesos.”6

Sin embargo, con la iniciativa presentada desaparecen los etiquetados para los programas antes mencionados, son aproximadamente 324 millones de pesos que no se sabe a dónde serán destinados, pero que eran fundamentales para las entidades federativas. Es importante mencionar que en la estrategia programática del proyecto de Presupuesto de Egresos se menciona que se impulsarán las acciones del Programa de Apoyos a la Cultura, el cual comprende acciones de apoyo a la infraestructura cultural de los estados, a las culturas municipales y comunitarias, a comunidades para restauración de monumentos y bienes artísticos de propiedad federal, a festivales culturales y artísticos, a ciudades mexicanas patrimonio mundial e instituciones estatales de cultura. Sin embargo en dicho proyecto y contrario a lo que se plantea en la estrategia programática sólo se presupuestan 150 millones únicamente para ciudades patrimonio, dejando sin presupuesto a las demás acciones que contempla el Programa de Apoyos a la Cultura, y a las demás entidades federativas.

La creación de la Secretaría de Cultura implicó cambios en el ámbito administrativo organizacional e institucional, que abrirá una nueva forma de hacer política pública en materia cultural, pero para garantizar de manera efectiva los derechos culturales se deben contemplar las necesidades reales de los creadores y artistas.

Este recorte presupuestal al sector cultural es incongruente con los argumentos que se plantearon cuando surgió la necesidad de crear una Secretaría de Cultura puesto que no beneficia ni toma en cuenta las necesidades de los artistas y creadores y de la ciudadanía en general, aun cuando la satisfacción de sus derechos culturales es la primordial obligación de la secretaría.

Es de vital importancia mencionar que el artículo 4o. constitucional establece que:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de los Derechos Culturales. El Estado promoverá los medios para difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

La regulación del acceso a la cultura y la obligación del Estado para promover y difundir el desarrollo de la cultura son claras en la Constitución, sin olvidar la normatividad internacional que México ha suscrito.

El Estado está haciendo omisiones con su responsabilidad, pues debe dotar de lo necesario a la ciudadanía para que el desarrollo de la cultura en sus diversas manifestaciones se lleve a cabo en nuestro país. Es por todo lo antes expuesto que someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus atribuciones garantice suficiencia financiera al Programa Apoyos a la Cultura que ejecuta la Secretaría de Cultura, para que pueda cumplir con las acciones que marca su estrategia programática para 2017.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Cultura para que en el marco de sus atribuciones escuche a los miembros de la comunidad cultural y la ciudadanía en general y tome en cuenta sus necesidades presupuestales para el ejercicio efectivo de sus derechos culturales.

Notas

1 Gaceta Parlamentaria. 10 de diciembre de 2015 página 6.

2 Gaceta Parlamentaria. 10 de diciembre de 2015 página 8.

3 Artistas piden a Peña Nieto revertir el recorte presupuestal del arte, la educación y la cultura, La Jornada, 5 de octubre 2016.
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/05/cultura/a05n2cul

4 Primer informe de labores. Secretaría de Cultura 2015-2016 página 69.

5 Primer informe de labores. Secretaría de Cultura 2015-2016 página 69.

6 Primer informe de labores. Secretaría de Cultura 2015-2016 página 82.

Palacio legislativo de San Lázaro 4 de noviembre de 2016

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y la SEP a diseñar e implantar programas y estrategias integrales tendentes a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con autismo, y a garantizar sus derechos humanos, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Angélica Reyes Ávila, Diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que comienza en los niños antes de los tres años de edad y que deteriora su comunicación e interacción social, cuya consecuencia se refleja en un comportamiento restringido y repetitivo que se prolonga a lo largo de la vida.

En 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor, reafirmando el principio fundamental de universalidad de los derechos humanos para todos. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.

La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Especiales (CDE), revela que el trastorno del espectro autista, TEA, afecta a los niños con más frecuencia que a las niñas.

En México, en marzo del año pasado el Senado de la República aprobó declarar el 2 de abril como “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”, y el 30 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, con el objeto de impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales, que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos.

Los niños, jóvenes, adolescentes y adultos con la condición del espectro autista alcanzan cifras alarmantes, lo cual se traduce en un problema relevante. La Organización Internacional Autism Speaks revela en su Informe 2014 que, a nivel mundial, el autismo afecta a 1 de cada 68 niños, de los cuales, 1 de cada 42 son niños, por lo que los barones son casi cinco veces más propensos que las mujeres a tener autismo. En promedio, el autismo cuesta a una familia más de 60,000 dólares al año en gastos médicos, pérdida de ingresos, educación especial, atención residencial y otros servicios.1

Dicha organización, con el apoyo de la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo (Clima), financió una encuesta/estudio de prevalencia del autismo en México, el cual revela que 1 de cada 115 niños estaría en esa condición, es decir casi uno por ciento de todos los niños en nuestro país, alrededor de 400,000, tiene autismo.

Si bien el estudio se realizó exclusivamente en León, Guanajuato, entre 2011 y 2013, pone de manifiesto la alta incidencia del autismo. Peor aún, revela que la mayoría de los niños con alguna condición del espectro autista fueron detectados en escuelas regulares y de manera por demás tardía.

De acuerdo con dicho estudio, dado a conocer en mayo, el 57.7 por ciento de los niños detectados estaba en salones de clases, mientras que el otro 42.5 sí había sido diagnosticado y se encontraba ya en programas de educación especial. Sólo poco más de 30 por ciento de los niños con autismo también presentaba alguna discapacidad intelectual.

Los autores del estudio estiman que en el rango de personas de cero a 19 años de edad hay aproximadamente 94 mil 800 individuos con trastorno autista, de entre cero y cuatro años de edad, y 298 mil, de entre cinco y 19 años.2

La identificación a tiempo del niño con Trastornos del Espectro Autista es de enorme importancia, ya que permite el inicio temprano de la terapia y se consiguen resultados mejores.

Por el contrario, una atención tardía del padecimiento genera desajustes psicosociales y problemas de desintegración familiar, además de marginación social.

Otros esfuerzos institucionales realizados en nuestro país no han avanzado con la misma celeridad con la que se ha intensificado el problema. En 2008, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elaboró las Guías Clínica y Práctica para Trastornos Generalizados del Desarrollo. Sin embargo, a la fecha, se desconoce el número de personas que han sido atendidas en esta institución y los programas orientados a la atención temprana y la protección de derechohabientes y familiares afectados.

Por su parte, la Secretaría de Salud elaboró, en 2010, un Catálogo Universal de Servicios de Salud, cuyo contenido ofrece un listado de intervenciones para los Trastornos Generalizados del Desarrollo en hospitales de primer nivel, lo que permitió en el 2012 la redacción de la Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Manejo de los Trastornos del Espectro Autista, y su correspondiente Guía de Referencia Rápida.

Pese a los esfuerzos antes señalados, no se ha logrado un avance sustancial en la detección, tratamiento y manejo de los pacientes con Trastorno del Espectro Autista.

Más allá de ello, es necesario reconocer que dicha problemática no se reduce al nivel salud, sino que se extiende en todos los aspectos de la vida, pues las personas que lo padecen quedan al margen del desarrollo integral, lo que afecta la satisfacción de necesidades fundamentales tal como como la educación, la alimentación, la vivienda y el empleo. Es decir, la enfermedad conduce a la limitación de los derechos humanos.

De igual manera, es generadora de problemas económicos y desintegración familiar. Un número considerable de varones abandona el hogar al conocer la condición del hijo, situación que obliga a las madres a buscar los recursos económicos necesarios para el sostenimiento, o bien se enfrenta a la necesidad de abandonar sus empleos para poder cuidar del niño ante la falta de guarderías, de escuelas de tiempo completo y de centros de cuidado terapéutico, públicos y privados, con personal especializado.

En México no existe una institución que realice investigación científica sobre los trastornos del espectro autista, por lo que prácticamente no hay personal igualmente especializado en este rubro.

Los esfuerzos principales han venido de organizaciones de padres que intentan apoyarse para salir adelante y ayudar de la mejor manera posible a sus hijos con autismo, tal es el caso de la AUTI Fundación, en Baja California, donde se contabiliza el mayor número de niños con este padecimiento.

Lo cierto es que las políticas públicas y programas para la atención de personas en la condición autística no cubre las necesidades del problema actual en México, como la carencia de centros encargados de orientar y apoyar a padres con información suficiente para detectar señales tempranas de alerta, que faciliten un oportuno y eficaz tratamiento terapéutico.

Ello, aunado a la escasez de maestros capacitados en el adecuado manejo, integración e inclusión de niños y jóvenes con esta condición en planteles escolares públicos y privados.

Por ello, es necesario contar con la voluntad del Estado mexicano para atender y garantizar los derechos individualizados a este importante núcleo social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que formule estrategias integrales tendientes a la detección y tratamiento de los niños y jóvenes que presentan el Trastorno del Espectro Autista, garantizando la atención y prestación de los servicios de salud con personal especializado y capacitado, respetando los derechos fundamentales de los pacientes.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e implementar programas y estrategias integrales para dar atención a los niños que presenten Trastorno del Espectro Autista; además de promover la capacitación del personal en el tratamiento de este padecimiento.

Notas

1 https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/annual_report_9-1 1.pdf

2 Promoción de la salud. “Autismo, padecimiento en 1 de cada 115 niños en México”. Disponible en:

http://www.promocion.salud.gob.mx/cdn/?p=19970

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre de 2016.

Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, la Sedesol y el Instituto Nacional de Geriatría a formular políticas públicas, programas y estrategias tendentes a brindar atención integral a los adultos mayores, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país vive actualmente el fenómeno conocido como “bono demográfico”, reconocido por la enorme fuerza de trabajo de la población económicamente activa, representado por un periodo donde la estructura de la población ha experi­mentado cambios muy significativos como son la reducción de la población infantil y el aumento de la población adulta y de las personas en edades avanzadas, generalmente de 65 años y más. Al hablar de fenómeno debemos tener en cuenta que el “bono” es resultado de un proceso de cambio, vinculado a la propia transición demográfica.1

El Consejo Nacional de Población (Conapo) señaló que en 1990 la población de 65 años en adelante era de 3.6 millones de habitantes, lo que representaba al 4.2 por ciento de la población total, mientras que para el año 2015 el número de adultos mayores en México ascendía a 8.2 millones de habitantes, lo cual representa el 6.8 por ciento de la población.

Estos datos nos muestran que en un lapso de 25 años, la población de adultos mayores aumentó en 4.6 millones. De acuerdo con la información de Conapo, la población de adultos mayores crecerá los mismos 4 millones pero lo hará en la mitad de tiempo, es decir, en los próximos 12 años sumarán 9.5 por ciento de la población total.2

Patricia Chemor Ruiz, Secretaria General del Conapo, señaló que “cada día 2 mil 332 personas alcanzan los 65 años de edad, con lo que se ubican en el segmento poblacional de adultos mayores y, en breve, nuestro país tendrá la tasa más elevada de este crecimiento poblacional. Se estima que para el año 2050, 21.5 por ciento de la población mexicana, es decir 32 millones, tendrá 60 años o más; y que, este envejecimiento a la par del descenso de la fecundidad, será uno de los principales retos en las políticas públicas que se implementen.”

También puntualizó que “Hoy es necesario trabajar en una cultura de prevención, especialmente en los temas referentes de salud y en el fortalecimiento de los planes y programas de protección social para los adultos mayores”.3

La Secretaría de Desarrollo Social en el año 2014 reconoció que en México vivían 7 millones de personas mayores de 60 años; por su parte, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) registró para el mismo año la existencia de 3 millones de adultos mayores entre la población económicamente activa, con un 68 por ciento de ellos desempeñándose en actividades en el sector informal, sin sueldo fijo ni prestaciones de seguridad social.4

A su vez, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señaló que en el año 2012 había 800 mil adultos mayores de 65 años en situación de pobreza extrema y que casi el 90 por ciento de esta población carecía de espacios para vivienda, mientras que 4.5 millones solo percibía ingresos inferiores a la línea de bienestar.5

En general, la población mexicana en el 2015 sumó 121 millones y casi el 10 por ciento del total de esta población, es decir, 12.7 millones, correspondió a adultos mayores. Para el 2050, se prevé que seamos 151 millones de habitantes, de los cuales 21.5 por ciento serán mayores de 60 años.6

En este contexto, es urgente que las instituciones y autoridades trabajen en conjunto para delinear una estrategia integral no sólo con el llamado bono demográfico de jóvenes, sino también de manera paralela, sobre el gran reto que representa la cultura del cambio demográfico de envejecimiento y atención de las personas de la tercera edad, en cuanto a los temas de salud, alimentación, ocupación, vivienda y trabajo.

En su momento, el Programa Nacional de Población 2014-2018 señaló, ante el latente proceso de envejecimiento, algunas líneas de acción, tales como: difundir datos demográficos, enfocar las políticas de desarrollo y contribuir al diseño de estrategias para atender las demandas de los adultos mayores, así como apoyar las medidas de ahorro en edades activas.

Pese a que se ha comenzado a trabajar sobre el tema, estos esfuerzos aún son insuficientes para atender el reto que significa la situación actual del país en materia de crecimiento demográfico -previsto para los próximos años-. Hoy más que nunca, es necesario implementar acciones que respondan a las necesidades que el envejecimiento poblacional representa.

Por lo anterior, y ante una mayor presencia en el país de población de personas de 60 años y más, resulta inaplazable la elaboración e implementación de políticas públicas que atiendan las necesidades más básicas de este grupo en situación de vulnerabilidad, previendo que en las próximas tres décadas más del 20 por ciento de los habitantes de México se encontrará en este rango de edad.

Es relevante señalar que se requieren políticas que permitan mejorar su calidad de vida, garantizándoles la percepción de ingresos suficientes para sobrevivir; que no carezcan de alimentación y que puedan recibir los cuidados idóneos de salud para vivir con calidad la vejez.

Seamos sensatos, si esta situación no es atendida a través del desarrollo de una política integral, los beneficios del incremento de la esperanza de vida no podrán ser aprovechados de manera plena en favor del bienestar social y económico de la población.

Muchos académicos y especialistas en estos temas advierten la necesidad de actuar de manera pronta. Blanca Peelcastre, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló durante el seminario Envejecimiento y Protección Social que: “las necesidades de salud y sociales que este crecimiento poblacional significa se deben enfrentar de manera intersectorial con protección social, pensiones y aseguramiento de buena calidad de vida, además de atender los problemas de discapacidad, aislamiento, abandono y maltrato”.7

En Nueva Alianza reconocemos que existen las bases necesarias para impulsar los cambios que anhela la sociedad y exige la ciudadanía. Sin embargo, debemos aceptar que aún existen factores que deben adecuarse a los requerimientos que la realidad nos demanda.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud, Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Geriatría, a que formulen políticas públicas, programas y estrategias tendientes a brindar una atención integral a los adultos mayores.

Notas

1 La situación demográfica en México.
http://www.conapo.gob.mx/work/models/Conapo/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_Mexico.pdf

2 Programa Nacional de Población 2014-2018
http://www.conapo.gob.mx/es/Conapo/Proyecciones

3 México envejece; para 2050, 32 millones tendrán 60 años o más, advierte Conapo. http://www.jornada.unam.mx/2015/11/22/politica/014n1pol

4 Instituto Nacional de las Personas Adultas mayores (Programa Anual de Trabajo 2015) http://www.inapam.gob.mx/work/models/Inapam/Resource/188/1/images/PAT%2 02015(1).pdf

5 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS2012/Pages-IEPDSMex2012-12nov-VFinal_lowres6.pdf

6 México envejece; para 2050, 32 millones tendrán 60 años o más, Conapo
http://www.jornada.unam.mx/2015/11/22/politica/014n1pol

7 Necesidades de salud para adultos mayores.
https://www.insp.mx/centros/sistemas-de-salud/prensa/1179-necesidades-de-salud-para-adultos-mayores.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre de 2016.

Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conade a implantar con las autoridades encargadas del deporte y la activación física en las entidades federativas una estrategia que refuerce las acciones diseñadas por la política nacional en materia de deporte, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la incorporación del deporte como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela data del siglo XIX; en 1867, al inicio del periodo conocido como la “República Restaurada”, la Ley Orgánica de Instrucción Pública de aquel entonces ya ordenaba que en la educación Primaria y Secundaria se incluyera la “educación física”. En la actualidad, dicha asignatura sigue siendo parte de los planes y programas de educación básica1 .

La práctica del deporte y la activación física deben ser fomentadas especialmente en los niños y jóvenes por sus efectos benéficos en la salud, así como también por lo que aporta al aprendizaje, a través del cumplimiento de reglas y a la convivencia entre iguales; asimismo, el deporte fomenta valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto al otro competidor.

En una comparación internacional entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las cifras indican que entre las actividades recreativas o de ocio, el deporte es, en general, poco practicado. En la mayoría de los países analizados, con excepción de España, las personas de 15 años y más dedican menos de 10 por ciento de su tiempo de ocio al deporte.2

En México, estas cifras se agravan aún más, ya que los jóvenes sólo dedican cuando mucho 5 por ciento del tiempo de ocio a alguna actividad deportiva, mientras que en España le destinan 12 por ciento; lo anterior, en función de que en nuestro país, el ver la televisión, escuchar radio y el uso de internet en casa son las actividades de ocio preferidas.

No debe descuidarse que la recreación y apertura de más espacios destinados a los jóvenes también es una nueva forma de prevenir los delitos, así como de abatir la delincuencia juvenil y las causas que propician que los jóvenes incurran en conductas antisociales, propiciando otras alternativas para que no dediquen su espacio en actividades dañinas. Por ello, para que puedan ocupar su tiempo libre de manera positiva, es preciso crear más espacios culturales y deportivos que los guíen hacia mejores formas de vida en favor de una sociedad comunitaria, que viva en armonía y paz.3

Aunado a ello, la práctica del deporte fomenta en la sociedad la realización de alguna actividad física que pueda contrarrestar los efectos de enfermedades asociadas a la obesidad y el sobrepeso, así como también el trabajo en equipo entre las personas.

Por otra parte, el deporte de alto rendimiento en el país enfrenta desafíos en el ámbito de las competencias internacionales; ejemplo de ello son los resultados alcanzados en cada uno de los certámenes nacionales y en el extranjero en los que ha participado alguna delegación mexicana, basta ver el medallero de las últimas cuatro gestas olímpicas, considerando muy pocas y honrosas excepciones; lo anterior nos debe exhortar con apremio a establecer claras estrategias dirigidas a brindar información a niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren interesados en practicar alguna disciplina deportiva, a fin de acercarlos a este estilo de vida.4

La reciente participación mexicana de 125 atletas, inscritos en 27 disciplinas dentro de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, adquirió tintes de notable decepción en la opinión pública, alcanzando prácticamente 27 sitios en sexto lugar. Asimismo, en los Juegos Paralímpicos de este año se ganaron 15 medallas, seis menos que en Londres 2012, concluyendo dichos Juegos con un total de cuatro oros, dos platas y nueve bronces, para colocarse en el lugar 29 del medallero general; desafortunadamente, obtuvo su lugar más bajo en los últimos años, al comparársele con las 21 medallas obtenidas en Londres 2012, las 20 de Beijing 2008 y las 34 conseguidas en Atenas 2004.5

El acceso a la práctica del deporte en instalaciones adecuadas es un derecho de todos los ciudadanos. La promoción, así como el fomento al deporte y la cultura física, son responsabilidad del gobierno de la República, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), tanto por los beneficios para la salud como los orientados a favorecer la convivencia, la cooperación, la disciplina y otros valores entre la población.6

En México, mediante el decreto publicado el 24 de febrero de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, la cual hasta nuestros días es la rectora de la política nacional en materia de cultura física y deporte.7

Dicho organismo, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), integró el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, previo Dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.8

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia expresa a la cultura física y al deporte en los artículos 4o, último párrafo (Derecho a la Cultura Física y Deporte); 18, segundo párrafo (Deporte y sistema penitenciario); 73, fracción XXIX-J (Facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de cultura física y deporte) y 122, Apartado C y D; asimismo, en materia de planeación, la Constitución toma como base los artículos 25 y 26.

Otras disposiciones de orden público e interés social que regulan esta materia consideran la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley General de Cultura Física y Deporte; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Planeación; el Presupuesto de Egresos de la Federación; el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Sectorial de Educación 2013-2018; el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte; el Acuerdo por medio del cual el organismo descentralizado Conade queda agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública y el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, entre otros.

En todo este andamiaje normativo reside el propósito de otorgar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la suficiente capacidad para que, desde el inicio de sus actividades, tenga las facultades necesarias de coordinación y mando, a fin de que el deporte, en todas sus áreas de influencia se realice, promueva y practique bajo una sólida política general y una sola estrategia concertada, misma que debe estar orienta, como ya se mencionó, a cumplir los objetivos de fomentar y estimular la convivencia, cooperación y disciplina en la población, entre otros.9

No puede objetarse el cumplimiento de sus objetivos, aunque sí reconocer sus limitantes, pues la práctica de alguna disciplina deportiva está disponible en toda la República Mexicana. La Conade mantiene actualizado el Registro Nacional de Infraestructura Deportiva y en todo el país se tienen registradas más de 25 mil instalaciones. Las entidades con mayor cantidad, hasta 2015, son Aguascalientes (4 mil 458); Guanajuato (3 mil 480); la Ciudad de México (3 mil 445); Chiapas (2 mil 845) e Hidalgo (mil 518). En contraste, los estados con menos instalaciones son Coahuila (675); Nuevo León (455); Guerrero (366); Querétaro (347) y Tamaulipas (160).10

No obstante la necesidad de expandir la infraestructura física deportiva, alineada a los objetivos sociales que persigue la Conade, dicho organismo público descentralizado recurrentemente ve disminuido su presupuesto para el deporte y la cultura física, al grado tal que para el 2017, en términos porcentuales, el recorte será de 25 por ciento, respecto del ejercicio presupuestal del año en curso.11

Después de los resultados de los atletas mexicanos en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, quedó clara la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema que dé respuesta a las necesidades básicas en materia deportiva del país, considerando para estos propósitos la implementación de acciones coordinadas y concertadas entre los tres órdenes de gobierno, a fin de tener mayor acceso a la práctica de cualquiera de las disciplinas deportivas; el crear más instalaciones para estas prácticas, así como mejorar las instalaciones actuales, sin dejar de atender las necesidades de apoyo a deportistas de alto rendimiento mediante la eficiente canalización y asignación de los apoyos adecuados. Estas acciones, ya puestas en práctica en países con gran desempeño deportivo, tendrán como consecuencia el mejoramiento de los niveles de desempeño en todas las disciplinas.

La anterior reflexión se hace con base en ejemplos de las circunstancias vividas por los atletas nacionales, como fue el caso de Misael Rodríguez, que no sólo se hizo famoso por ganar el bronce en boxeo; también porque se vio obligado a pedir dinero en el transporte público para poder participar en los recientes Juegos Olímpicos, gracias a la falta de apoyo de las autoridades que tenían la obligación de haberle proporcionado los medios económicos necesarios para poder competir.12

Tiempo después, durante el desarrollo de los Juegos Paraolímpicos, el 9 de septiembre tres atletas paralímpicas perdieron la oportunidad de participar por una medalla debido a que los directivos responsables llegaron tarde a inscribirlas.

Los ejemplos anteriores, así como los muchos dados a conocer por los medios de comunicación nacionales e internacionales, sirven para ilustrar la falta de apoyo que recibió la delegación de atletas mexicanos que participó en las Olimpiadas de Río de Janeiro este año, por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como algunos de los factores que influyeron en la no obtención de los resultados que se esperaban en esta competición deportiva.13

Es entonces que, por la falta de apoyos y becas; de recursos económicos; de personal médico, entrenadores y de los equipos de entrenamiento; uniformes; acreditación oportuna y un exceso de burocracia administrativa, se limitó a los atletas mexicanos, estancándose nuevamente el deporte de alto desempeño en México.14

Lo que sucedió en Río 2016 sólo evidenció las deficiencias del sistema deportivo del país ocurridas durante años, así como las condiciones en que se encuentran y tienen que practicar y entrenarse nuestros atletas. Ante ellos y sus condiciones, nos encontramos en la ineludible responsabilidad de brindar una respuesta adecuada a las necesidades futuras, ante el inicio del nuevo Ciclo Olímpico rumbo a Tokio 2020, dado que el reto será revalorizar el deporte y situarlo como una de las prioridades del país.15

No se trata de buscar culpables, ni señalar qué gobierno lo hizo mejor o peor, sino que a partir de esta lamentable experiencia, aprendamos la lección y contribuyamos en la búsqueda de soluciones, sin dejar de revisar y fortalecer el programa nacional en materia de deporte y cultura física.16

Un país con más de 122 millones de habitantes no ha logrado consolidarse como una potencia en Juegos Olímpicos o competencias deportivas internacionales. Nuestra mejor participación fue en la justa olímpica de 1968, cuando obtuvieron nueve medallas. En Río, México se situó en el lugar 61 del medallero general, con cinco preseas, superado por países con menores recursos, infraestructura y apoyo deportivo como Etiopía, Fiyi o Georgia, sin mencionar que a nivel latinoamericano quedó por debajo de Brasil, Cuba, Colombia y Argentina.17

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera al deporte como una “herramienta muy eficiente para impulsar el desarrollo, fomentar la paz y promover el cambio social”.18

Si bien la actividad física no es propiamente un Objetivo de Desarrollo del Milenio impulsado por la ONU, dicho organismo declaró 2005 como el Año Internacional del Deporte y resaltó la importancia del deporte para superar las diferencias culturales y étnicas, así como un medio para mejorar la vida de las personas.

En este sentido, Nueva Alianza coincide en la importancia de fomentar la práctica del deporte como un medio eficaz en la disminución de los altos índices de sobrepeso y obesidad, a través de la masificación de la actividad física y del correcto aprovechamiento de espacios públicos, generando opciones para el uso adecuado del tiempo libre, tanto en lo individual, como en lo familiar y, así también, disminuir el sedentarismo y las adicciones.19

Por ello, creemos que es urgente asegurar el manejo y destino eficaz de los recursos públicos destinados actualmente al deporte, a fin de lograr un mayor aprovechamiento de estos; garantizar la eficiencia de la inversión en el deporte nacional, mediante estrategias y acciones que, en coordinación con las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, fortalezcan la política nacional en materia de cultura física y deporte. Del mismo modo, se debe de incentivar y apoyar el deporte en todas sus manifestaciones, a efecto de fomentar su práctica de manera masiva, regular y sistemática, contribuyendo a la integración de más niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la iniciación deportiva, lo cual permita identificar a los mejores deportistas del país, quienes contribuyan a mejorar el deporte de alto desempeño en nuestro país, sin descuidar que nuestros atletas reciban el apoyo adecuado.

Por lo expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que, en coordinación con las autoridades responsables del deporte y la activación física de los tres órdenes de gobierno de las entidades federativas, implemente una estrategia que refuerce las acciones encaminadas a asegurar el derecho de acceso a cualquier actividad deportiva en instalaciones adecuada y con los apoyos necesarios; así como promover el mejoramiento de los niveles de desempeño deportivo en todas las disciplinas del deporte federado, a fin de dar una mayor promoción y fomento del deporte y la cultura física que contribuya a mejorar la salud y el desarrollo humano de los habitantes del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que, en coordinación con las autoridades responsables del deporte y la activación física de los tres órdenes de gobierno de las entidades federativas, implemente una estrategia que garantice la eficiencia y eficacia de los recursos públicos invertidos en el deporte nacional; fortalezca la eficiencia de los programas de becas y apoyos destinados al fomento, capacitación, formación, desarrollo y subvención de especialistas, técnicos y entrenadores deportivos del país, y fomente la participación de la población con talentos específicos en el deporte selectivo, a fin de detectar potenciales talentos e impulsar su desarrollo y consolidación en el nivel de alto rendimiento.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que, en coordinación con el Titular de la Secretaría de Educación Pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la difusión, promoción y ejecución del programa nacional de cultura física y deporte, sin estimarse que el desarrollo de las acciones emprendidas representen un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.

Notas

1 Obsérvese el Mapa Curricular del vigente Plan y Programa de Estudio 2011, expedido por la Secretaría de Educación Pública en:
http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/index.php/plan-estudios/plan-estudios/mapa-curricular-info

2 Cálculos de Fundación Este País con base en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009, Microdatos, 2010, www.inegi.gob.mx.

3 Jiménez Ornelas, René Alejandro. La delincuencia juvenil: fenómeno de la sociedad actual, The juvenile delinquency: phenomenon of the current society, Universidad Nacional Autónoma de México, Pap. poblac volumen 11 número 43 Toluca ene./mar. 2005.

4 Aguirre Quezada, Juan Pablo, Práctica Deportiva en México, número 27 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 10 septiembre 2012.

5 Saúl Trujano, México termina 29 en el medallero de Río 2016 y cede posiciones. El deporte paralímpico nacional se va con 15 preseas, seis menos que las obtenidas en Londres 2012, el 18 de septiembre de 2016 en
http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2016/09/18/1117611

6 Presidencia de la República, cuarto Informe de Gobierno, Poder Ejecutivo federal, México, 2016, en
http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/

7 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1988.

8 Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, Secretaría de Educación Pública.

9 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, página oficial del gobierno en http://www.gob.mx/conade

10 http://sistemas.conade.gob.mx/portalCenso/index_2.aspx

11 El recorte es de 716.6 millones, Reducirán presupuesto de Conade 25.3 por ciento de acuerdo con el proyecto de Egresos de la Federación de 2017, lunes 19 de septiembre de 2016 11:29, en
http://eleconomista.com.mx/deportes/2016/09/08/reduciran-presupuesto-conade-253

12 Saúl Trujano, obra citada.

13 Elías Camhaji, Diego Mancera y Dabdoub Alejandro, “¿Qué le pasa al deporte en México?”, México, 2 de septiembre de 2016, ediciones El País SL,
http://deportes.elpais.com/deportes/2016/08/27/actualidad/1472309744_847142.html

14 Álvarez Máynez, Jorge, Firma para exigir la renuncia de Alfredo Castillo de la Conade, Zacatecas, México, 2016, Change.org, Inc.

15 Elías Camhaji, nota citada.

16 Ídem.

17 Ídem.

18 Wilfried Lemke, “ONU destaca papel del deporte en impulso a la paz y el desarrollo”, ONU noticias, 10 de mayo de 2011. Disponible en: www.un.org

19 Presidencia de la República, cuarto Informe de Gobierno, Poder Ejecutivo Federal, México, 2016, en
http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat y la Profepa a realizar acciones contra la utilización de cañones antigranizo y demás sistemas que modifican los ciclos naturales del agua en Colima, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, diputado Francisco Javier Pinto Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Productores agrícolas de los estados de Jalisco, Michoacán y Colima han manifestado sus quejas e inconformidades por las recientes sequías provocadas por la utilización de diversos instrumentos y métodos que a base de químicos inducen cambios en los ciclos naturales de la lluvia.

“La técnica consiste en localizar un tipo de nubes y bombardearlas con yoduro de plata desde una avioneta, desde el suelo, por medio de generadores o con cohetes, para que el agua se cristalice y mude en copos de nieve que crecen hasta llegar al peso necesario para que se precipiten en forma de lluvia a altitudes menores”1 .

Desde 1946 Vincent Shaefer, científico estadounidense y fundador del Centro de Investigación de Ciencias Atmosféricas, en la Universidad del Estado de Nueva York, experimentó y logró lluvia artificial.

“[...] los primeros generadores de ondas ionizantes antigranizo aparecieron al final del siglo XIX en Austria. El profesor Combicci de Bolonia Italia, emitió la primera hipótesis sobre el funcionamiento de los generadores de ondas ionizantes en 1880. Mencionó que las partículas de humo proyectadas por los generadores de ondas ionizantes podrían servir de núcleo de condensación para formar gouttelettes (gotitas). Este dictamen es el que llevó al señor Stiger a desarrollar los primeros generadores de ondas ionizantes.”2

Ya sea con la utilización de chimeneas, aviones o cohetes, el objetivo es emitir a la atmosfera y a la conformación de nubes, yoduro de plata, como partícula aglutinante del agua, para que ésta vea alterado su proceso natural.

Aunado a lo anterior, la técnica de quemado del yoduro de plata con acetona líquida que utilizan los cañones antigranizo implica grandes emisiones de gases contaminantes a la atmosfera. Esto ocasiona que la lluvia se desvíe a regiones donde no se necesita y deje ciertas zonas sin agua pluvial, dando pie a sequías que afectan las cosechas. Es necesario recordar que en el territorio nacional 14.5 de las 21 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura utilizan las lluvias de temporal para sus cultivos3 .

Si bien es cierto que esta práctica es común en diferentes países como Estados Unidos, Chile y China, la técnica de “siembra de nubes”, como es conocida, y la modificación de las lluvias, no están debidamente reguladas por ninguna legislación en México, por lo que debe aplicarse lo prescrito para las emisiones contaminantes a la atmósfera. Ello, atendiendo a lo establecido en el artículo 113 de la Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente, que a la letra señala:

“Artículo 113. No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta ley y de las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, así como las normas oficiales mexicanas expedidas por la secretaría.”

En consecuencia, y según lo que expresa el artículo antes mencionado, las emisiones efectuadas por los cañones antigranizo y la siembra de nubes se encuentran prohibidos y es la autoridad ambiental la encargada de vigilar y regular dichas emisiones.

La siembra de nubes puede ser una tecnología de gran provecho para la agricultura del país si se emplea adecuadamente, sin dañar los intereses y derechos de terceros. Por ende, hasta que no exista una regulación en la materia y la certeza de los efectos a largo plazo, es que la autoridad ambiental debe de salvaguardar el interés legítimo de todos los productores del campo, así como el equilibrio ecológico.

En el estado de Colima la situación por falta de lluvias se ha agravado a tal punto que, el 19 de agosto del presente año, los productores agrícolas encabezados por la Organización de Productores Unidos por Colima se manifestaron ante las delegaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) denunciando la utilización de cañones antigranizo por parte de productores de aguacate y de bayas de invernadero, lo que ha alejado las lluvias, provocando severos daños en los cultivos de maíz y arroz.

Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, presidente de la organización Productores Unidos por Colima “[...] expuso que estas acciones son irregulares, pero los empresarios de berries en invernadero aluden que el exceso de humedad les genera un hongo que afecta sus plantaciones. Lo que provoca es disolver las nubes, no se deja condensar el agua y se precipite, está comprobado en comunidades de El Remate, La Caja y Buenavista [...]. El cultivo del arroz necesita grandes cantidades de agua y a finales de este mes no corre agua en los arroyos que alimentan los cultivos, ante la falta de precipitaciones pluviales”.4

Ante esta situación, las y los diputados tenemos la responsabilidad de intervenir para solicitar la debida atención de las autoridades, y evitar afectaciones a los productores agrícolas del país y sus cosechas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus atribuciones, ejecuten acciones que detengan la utilización de cañones antigranizo y otros sistemas que alteran los ciclos naturales del agua en el estado de Colima.

Notas

1 http://www.ipsnoticias.net/2012/02/siembra-de-nubes-solucion-incierta-p ara-sequia-mexicana/

2 http://www.sistemaantigranizomexico.com/historia.asp

3 Conagua, Subdirección General de Planeación, 2013, elaborado por la Subdirección General de Administración de Agua 2013.

4 10 mil toneladas de arroz en Colima en riesgo por uso de yoduro de plata; Óscar Cervantes; periódico El Financiero ; 19 de agosto de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.

Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 5 de noviembre, Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta soberanía la efeméride del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, 5 de noviembre:

Efeméride

El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a partir de la resolución A/RES/70/203, estableció que el 5 de noviembre de cada año se celebre el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. Esta propuesta surge a solicitud de Japón y el día fue seleccionado a partir de que en un 5 de noviembre de 1854, un campesino japonés decidió quemar su cosecha de arroz para alertar a su comunidad sobre un tsunami, a partir de observar cómo se retiraba el mar de las costas.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los últimos 100 años los tsunamis han cobrado un promedio de 4 mil 600 vidas por suceso y en sólo 58 de los registros, un total de 260 mil muertes, 227 mil de estas se concentran en Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y 11 países más.1

De acuerdo con el “Catálogo de Tsunamis en la Costa Occidental de México”, contamos con un registro de 49 eventos de este tipo entre 1732 y 1985 pero no fue sino hasta 1992 cuando la Secretaría de Marina en colaboración con Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos de América (por sus siglas en inglés NOAA) y el Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico (de la UNESCO) iniciaron el monitoreo de estos fenómenos con la finalidad de establecer un sistema de alerta temprana.2

La justificación de este sistema es la prevención y la incidencia que México ha presentado en su costa del Pacífico, considerando que “Casi la mitad (16) de los tsunamis de origen local anteriores a 1952 causaron destrucción considerable; el de noviembre de 1925, en Zihuatanejo, Guerrero, alcanzó alturas máximas de ola de 11 metros; el de junio 22 de 1932, alcanzó 10 metros en Cuyutlán, Colima. Ambos causaron cuantiosos daños y pérdidas de vidas; de los ocurridos en México son los más destructivos que se conocen. Por lo tanto, para las costas del Pacífico de México, específicamente en los Estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los tsunamis locales son un riesgo mayor.”

Actualmente nuestro país cuenta con Centro de Alerta de Tsunamis (CAT), dependiente de la Secretaría de Marina, sin embargo, no se encuentran establecidos un Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis en Operación adecuada, ni con los procedimientos homologados para establecer acciones de prevención y evacuación de zonas urbanas costeras ante el riesgo de un tsunami. No obstante ello, desde hace varios años se han logrado instalar 12 puntos de monitoreo en la costa del Pacífico3 y dicho CAT emite boletines constantes ante eventos sísmicos intensos ya sean cercanos o distantes.

Los esfuerzos para desarrollar nuestras capacidades en materia de alertamiento de tsunamis son buenos pero aún insuficientes, incluso es necesario reforzar la instrumentación que permita eficientar los sistemas de alerta; no podemos continuar esperando a justificar nuestro desarrollo en materia de prevención a partir de muerte y destrucción, ni seguir poniendo en riesgo a nuestra población limitándonos a estrategias reactivas. En este como en otros temas de prevención de riesgos, debemos mostrar el compromiso con la nación impulsando medidas que puedan prepararnos ante eventualidades originadas en la naturaleza con el objetivo de disminuir los márgenes de muerte y destrucción que actualmente plantean nuestras vulnerabilidades.

Notas

1 Véase ONU, http://www.un.org/es/events/tsunamiday/

2 Cenapred, “Tsunamis”, Segob; serie Fascículos, segunda edición, México, 2005. Página 14

http://www.cenapred.unam.mx/es/DocumentosPublicos/PDF/Se rieFasciculos/fasciculotsunami.pdf

3 Coordinador Modesto Ortiz Figueroa, “Progress in tsunami early detection, forecast and prevention activities for the western coast of México”, Sesión Especial Sistemas de alerta temprana ante riesgos por terremotos, tsunamis y volcanes, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, GEOS, vol. 28, Núm. 2, octubre 2008, México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.

Diputada María Elena Orantes López