Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que, conforme a las Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los gobiernos municipales puedan destinar hasta 30 por ciento de éste a obras complementarias, a cargo del diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Alex Le Barón González, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción, II; numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, el sector público ha comenzado a transitar hacia un proceso de descentralización en cuanto a la planeación y ejecución del presupuesto y las políticas de desarrollo social; para ello, se ha enfocado en aumentar la eficiencia distributiva en la prestación de servicios públicos.

Esta política tiene su antecedente en el gobierno de Miguel de la Madrid; en 1982 se creó el ramo 26 “Promoción Regional” al interior del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta partida representó un gran avance, ya que con la creación del ramo se establecía el monto de los recursos que serían orientados a las acciones de descentralización.

En 1993 se crea la Secretaría de Desarrollo Social y es esta dependencia la que en lo sucesivo se encargaría del ramo en cuestión. En 1996 cambia de nombre a “Superación de la Pobreza” y al año siguiente se divide en dos fondos: el Fondo para la Promoción del Empleo y la Educación (35 por ciento del financiamiento), y el Fondo de Infraestructura Social Municipal (65 por ciento), éste último es el antecedente directo del actual Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Otro de los cambios más significativos fue la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal que reformaba diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal que adicionó el capítulo denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales”; gracias a esta reforma, las entidades pudieron mejorar sus propios procesos presupuestarios y darle mayor solidez en el largo plazo a los fondos de descentralización.

Las aportaciones federales son recursos que transfiere la federación en virtud de la descentralización de las funciones para ofrecer los servicios de educación básica y para adultos; de salud; construcción de infraestructura social en zonas marginadas; y para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública.

Como se desprende actualmente de la Ley de Coordinación Fiscal, el FAIS tiene las siguientes características:

“Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinara? anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.3066 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades y el 2.2228 por ciento al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Este fondo se enterara? mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y demarcaciones territoriales a través de las entidades, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley.”

Desde su creación, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se orientó a la provisión de infraestructura básica para la población en pobreza extrema mediante dos fondos: el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) destinado a los municipios; y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para los Estados, los cuales, bajo este nuevo enfoque, tendrían mayor capacidad para llevar a cabo obras de beneficio regional y fungir como catalizadores de desarrollo. Actualmente el propósito del FAIS es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema o localidades con alto rezago social.

En el caso del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE), los recursos equivalentes al 0.30 por ciento de la RFP se destinan a obras y acciones que beneficien a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten los mayores niveles de rezago social y pobreza en la entidad. En cuanto al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, destina el 2.22 por ciento de la RFP a la provisión de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como el mantenimiento de infraestructura.

Con el propósito de hacer más eficiente la aplicación de dichos recursos, estos son administrados y ejercidos por los gobiernos de las entidades federativas y municipales, según sea el caso. Los recursos del FAIS se distribuyen entre las entidades federativas de acuerdo con tres componentes:

a) Para 2015, la cantidad distribuida fue el monto total del FAIS que haya recibido en el 2013;

b) La participación relativa de cada entidad federativa en la magnitud y profundidad de la pobreza extrema a nivel nacional; y

c) La disminución de la pobreza que hayan logrado en comparación con las demás entidades federativas.

De acuerdo con la distribución que establece la Ley de Coordinación Fiscal, en 2016, y en términos de la Recaudación Federal Participable que contempla la Ley de Ingresos de la Federación, correspondería a los gobiernos locales ejercer 61 mil 419.6 millones de pesos por concepto del FAIS. De ese total, 7 mil 445 millones serían ejercidos por los gobiernos estatales (FISE), mientras que 53 mil 974.6 millones de pesos los ejercerán los gobiernos municipales (FISM).

Sin embargo, cabe recordar que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es la dependencia coordinadora de las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, así como promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores social y privado, según se establece en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

En ese sentido, corresponde a la Sedesol coordinar la operación del FAIS, según lo marcan los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013.

Por ello, en el direccionamiento de los recursos al menos el 50 por ciento de los recursos de este Fondo deben planearse y ejecutarse en las Zonas de Atención Prioritaria; al menos el 70 por ciento de los recursos deben destinarse a proyectos de contribución directa y hasta un máximo del 30 por ciento en proyectos de tipo complementario.

Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el informe anual de la Sedesol, el cual a su vez, sirve de referencia para que los gobiernos locales conozcan los principales indicadores sociodemográficos en términos de rezago social conforme a lo que publique el Coneval, así como la información sobre los programas federales que llevan a cabo proyectos y acciones vinculados con el FAIS con el objeto de potenciar los alcances de éste en la disminución de la pobreza.

De acuerdo a su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza y rezago social y con base en lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FAIS se orientan a la realización de cuatro tipos de proyectos conforme a la siguiente clasificación:

Directa: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el Informe Anual.

Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales.

Especiales: Acciones y obras que no estén señaladas en el Catálogo del FAIS, pero que se podrán realizar con los recursos provenientes de este Fondo ya que corresponden a los destinos a que se refiere el artículo 33 de la LCF, contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica el Coneval y se encuentren plenamente justificados con base en las necesidades de los gobiernos locales.

Para la realización de los proyectos por tipo de incidencia, los gobiernos locales deben destinar por lo menos el 70 por ciento de los recursos en los proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS y podrán destinar como máximo hasta un 30 por ciento en proyectos clasificados como de incidencia complementaria y/o en proyectos especiales.

La insuficiencia de infraestructura urbana se refiere tanto a redes y elementos de carácter nodal, con gran influencia en el funcionamiento general del municipio, como a segmentos y zonas específicas que presentan graves carencias. Asimismo, las necesidades abarcan desde la creación de elementos detonadores de desarrollo hasta la reposición o el mantenimiento de elementos ya existentes.

En el caso de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo podrá destinarse hasta un 15 por ciento de los recursos FISE O FISMDF y hasta un 15 por ciento adicional para dicha infraestructura, en el caso de que haya sido dañada por un desastre natural en el ejercicio fiscal actual o en el inmediato anterior, con motivo del cual se cuente con una declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación o con un dictamen de protección civil de la entidad que avale dicha situación.

La infraestructura representa el soporte que permite el desarrollo de las actividades sociales. De su correcta disposición depende, en gran medida, el bienestar de las personas, así como su capacidad para desempeñar sus actividades cotidianas. Su calidad no puede ser medida, por tanto, a partir de indicadores alejados de los requerimientos que la población establece con sus demandas.

Ahora bien, debe considerarse que la pavimentación de calles coadyuva al mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Su realización dinamiza la vida económica y social de las localidades del Estado.

Asimismo, disminuye la contaminación generada por el polvo y lodo, con lo que se reducen las enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Por otra parte, incide en la mejora de la seguridad al facilitar el acceso a los cuerpos de emergencia y la movilidad vial de vehículos y personas.

La pavimentación de calles trae consigo el mejoramiento del entorno y en su fase de construcción permite la generación de empleos temporales en beneficio de las familias de la comunidad y para los beneficiarios directos, incrementando el valor de sus inmuebles.

La red vial de un municipio representa mucho más que el conjunto de arterias que permiten la comunicación entre las zonas y localidades que lo integran. Una de sus funciones más trascendentales es la de orientar la expansión de la mancha urbana hacia las zonas que resultan más adecuadas, de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial vigentes en la localidad.

Aunque existe un consenso generalizado respecto de la importancia de las obras de infraestructura, persisten la poca claridad en relación con el acceso, la calidad y las necesidades de financiamiento para estos servicios.

Los niveles de prosperidad en México muestran grandes contrastes a lo largo y ancho del territorio nacional. Ello está ligado a las diferentes capacidades productivas que se observan en las entidades federativas del país y por tanto, repercute en el bienestar de los habitantes.

Nuestro país cuenta con una red troncal e intertroncal de 24 mil 308 kilómetros que se considera estratégica, ya que conecta al 70 por ciento de las poblaciones del país. Sin embargo, la calidad en la infraestructura en algunas zonas del país sigue siendo baja, principalmente aquellas que se encuentran enclavadas en las zonas más rurales y olvidadas de la República, pues de acuerdo con el Foro Económico Mundial, por la calidad de su infraestructura actualmente México se encuentra en el lugar 65 de una muestra de 144 países, debajo de naciones con desarrollo similar, como Uruguay y Chile, pero también de Barbados, Panamá y Trinidad y Tobago.

Por ello, es necesario reconocer que el combate a la pobreza debe aparejarse de la creación suficiente de infraestructura que redunde en beneficios para la sociedad, y que derivado del análisis anterior, los gobiernos locales tienen un margen muy limitado para la creación de vías de comunicación útiles y dignas, ya que de los 7 mil 445 millones del Fondo que pueden ejercer los gobiernos estatales (FISE), solamente mil 117 millones de pesos pueden ser utilizados para pavimentación, lo que genera un rezago enorme en la provisión de mejores vialidades para todo el país. En tanto que de los 53 mil 974.6 millones que ejercerán los municipios, éstos podrán destinar 8 mil 96.2 millones de pesos a obras de esta categoría

En la estructura gubernamental, tanto las entidades federativas como los municipios disponen de una gran ventaja frente al gobierno federal: en la solución de problemas y en la mejora de las condiciones de vida de su población estas demarcaciones conocen de primera mano las necesidades más apremiantes que las aquejan; sus servidores públicos tienen un contacto muy estrecho con los agentes que intervienen en la vida regional de cada día. En el caso de las localidades, el municipio es la forma de gobierno más básica y de la cual emanan directamente sus representantes, que en la mayoría de los casos, tienen una visión más concreta y exacta de los obstáculos que enfrenta la población para poder lograr un desarrollo sostenido.

La política del gobierno federal ha emprendido un esfuerzo por fortalecer la toma de decisiones a nivel regional, plasmándose en la distribución de recursos y en la autonomía para ejercerlos en función de las decisiones que se tomen al interior de los gobiernos estatales y municipales; sin embargo, este proceso de desvinculación centralista aún enfrenta muchos retos: los recursos que se distribuyen tanto en el FAIS como en el FISE son insuficientes; la proporción que representan estos fondos frente al cúmulo de necesidades, escasez y privaciones de las zonas más marginadas aún es muy minúscula.

En México la pobreza es uno de los problemas más graves, crónicos y difíciles de combatir dadas las condiciones actuales de la economía nacional; no obstante, la consolidación de las finanzas regionales resulta una fortaleza que permite mejorar situaciones muy puntuales en áreas geográficas específicas con capacidad de producir un efecto multiplicador en la economía local. En la medida en que se impulse tanto la autonomía financiera, como el incremento de los fondos hacia los gobiernos estatales y municipales en el marco de esta nueva visión de descentralización y desarrollo regional, se obtendrán mejores resultados en la lucha contra la pobreza en este país.

Derivado de lo anterior, resulta necesario incrementar la disponibilidad de recursos con que cuentan los gobiernos municipales para hacer frente a las necesidades de pavimentación, para que puedan destinar cuando menos, el 30 por ciento de los recursos de que hoy pueden hacer uso provenientes del FISE; es decir, que en lugar de que sólo puedan disponer de 15 por ciento de los recursos del FISE, la Secretaría de Desarrollo Social modifique los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a efecto de que los gobiernos municipales puedan destinar hasta el 30 por ciento de los recursos del FISE en el caso de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas.

Con lo anterior, se podrá hacer frente al rezago en la materia con mejores resultados, para fomentar la productividad en las comunidades menos favorecidas de nuestros municipios, que además promueva el acceso de la población a una infraestructura que incida en menores costos para la actividad económica y el mejoramiento de sus condiciones de vida, ampliando y conservando la infraestructura de transporte para mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos, de eficiencia y, por último, la promoción del sector privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Lo anterior es de mayor relevancia en aquellas entidades federativas y municipios que por su amplia extensión territorial, implica esfuerzos igual de amplios para construir nueva infraestructura y mantener en buenas condiciones la existente.

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, se modifiquen los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013, a efecto de que los gobiernos municipales puedan destinar hasta el 30 por ciento del FISM a proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, atendiendo al criterio de la extensión territorial de la entidad federativa en que se ubiquen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputado Álex Le Barón González (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a la vigilancia del cumplimiento del marco normativo en las áreas naturales protegidas federales y de Nuevo León, suscrita por los diputados Ximena Tamariz García y Pedro Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Ximena Tamariz García y Pedro Garza Treviño, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I y III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según la Real Academia Española, las canteras, o mejor conocidas como pedreras son las empresas que explotan y procesan piedra desde los cerros, con la finalidad de utilizar esto como materia prima para la elaboración de cemento o algunos otros materiales de construcción. Actualmente en el estado de Nuevo León existen poco más de 60 sitios en donde ocurre esta actividad. Teniendo especial enfoque a los distritos que representamos, en el municipio de Santa Catarina, en la sierra de las Mitras que es área natural protegida, existen un total de 6 pedreras, que sin duda son las que más contribuyen contundentemente al problema de contaminación que se tiene en la zona metropolitana de Monterrey.

Los habitantes de este municipio conviven en su vida diaria junto con las substancias arrojadas al ambiente por estas industrias extractoras. Esto provoca la acumulación de partículas suspendidas en el aire, las cuales resultan dañinas para la salud.

De acuerdo a la Agencia de Protección del Medio Ambiente en Nuevo León, el exceso de polvo en el aire, al ser respirado, provoca que se acumule en las vías respiratorias, trayendo como consecuencia diversas enfermedades, tales como; la rinofaringitis alérgica, conjuntivitis alérgica y ciertas enfermedades de la piel.

Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente en Nuevo León, en 2008, las pedreras son una de las principales fuentes de contaminación en el aire, ya que el polvo desechado de las pedreras contribuye con un aproximado de 30 por ciento del total de las partículas suspendidas en el ambiente de la ciudad de Monterrey.

Mediante Decreto del presidente Lázaro Cárdenas y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre 1939, se declaró como Área Natural Protegida, con el carácter de Parque Nacional, a la región conocida como “Cumbres de Monterrey”, en los municipios de Garza García, Monterrey, Santa Catarina, porciones de García, Escobedo, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, Santiago y Allende. En junio 24 de 1942, Manuel Ávila Camacho, emitió un decreto con relación al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, al considerar que había perjuicio a la economía de la región, toda vez que el ordenamiento anterior prohibía el cultivo de terrenos agrícolas aún enmontados.

En noviembre de 2000 se publicó el decreto por el que se redelimitó el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, basándose en la propuesta de ordenamiento ecológico realizada por el ITESM, con lo cual se derogaron los decretos de 1939 y 1942.

En el Programa de Conservación y Manejo del “Parque Nacional Cumbres de Monterrey”,1 publicado en diciembre del 2006, se establece que esta ANP tiene la necesidad de “considerarla como región terrestre prioritaria y como una isla biogeográfica, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) considera el área como de alto valor para la conservación, ya que se presentan zonas alternadas de bosques de pino y chaparral en buen estado de conservación”.

Además se establece que “sus funciones en la producción de servicios ambientales son fundamentales, ya que el 50 por ciento del agua que abastece a los más de 4 millones de habitantes de Monterrey y su área metropolitana es captada en el Parque”.2

En el Parque Nacional Cumbres de Monterrey se encuentran las comunidades vegetales de mayor valor ecológico del Estado de Nuevo León, como lo son el bosque de coníferas y latifoliadas, los chaparrales, el matorral desértico rosetófilo, el matorral submontano y el bosque de galería, reportándose a la fecha 1368 especies de flora y fauna, de las cuales 73 son consideradas en peligro de extinción, amenazadas, endémicas, raras, vulnerables o de protección especial;

Que además cuenta con una gran diversidad de especies de fauna silvestre como son el coyote, el puma, el tejón, el mapache, el venado cola blanca, el tlacuache, el armadillo, el jabalí, la zorra gris, la liebre, la ardilla gris y roja, la cotorra serrana oriental, el carpintero arlequín, el pato arcoíris, el cardenal, el halcón pálido, el halcón peregrino y el jilguero americano;

Que por los ecosistemas existentes, así como por su extensión y ubicación geográfica, es indispensable mantener el régimen de protección en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y modificar su poligonal para continuar cumpliendo con los objetivos de conservación al mantener el equilibrio hídrico de la región a través de la cubierta de vegetación, al evitar la erosión en los terrenos de declive, al controlar los riesgos de inundaciones del río Santa Catarina por los derrumbes en las laderas de las montañas circunvecinas, así como al conservar los recursos naturales del área.

Las llamadas pedreras se ubican principalmente en el Cerro de Mitras que abarca parte de los Municipios de Monterrey, Santa Catarina y García; esta elevación forma parte de la Sierra Madre Oriental y que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ubicó en la región de la Huasteca con objeto de hacer una descripción que responda a zonas con características similares.

En cuanto al diagnóstico ambiental se apunta que la Región La Huasteca. Se caracteriza por tener presión ecoturística, cambios de uso de suelo, pasivos ambientales, contaminación de suelos, sobrepastoreo y minas activas, entre otros problemas.3

Es así que la actividad minera de las “pedreras”, está afectando la vocación principal y alterando el equilibrio medioambiental de área Natural Protegida y en específicamente de un Parque Nacional, al realizarse actividades económicas que dañan los ecosistemas, la salud de los habitantes dentro y colindantes a la zona y disminuyen los servicios ambientales que esta zona provee.

Los efectos que las pedreras han provocado en el medio ambiente, violan lo que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece en su artículo 50: Los parques nacionales se constituirán, tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general.

En los parques nacionales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos.

De igual manera, la extracción de material pétreo, infringe la regla número 58, de las Reglas Administrativas incluidas en el Programa de Conservación y Manejo del “Parque Nacional Cumbres de Monterrey”, donde establecen las actividades prohibidas, precisando en la fracción XI, que está prohibido: “La extracción o introducción de tierra, rocas o cualquier tipo de material inerte”.4

Algunas de las consecuencias directas a la ciudad, como consecuencia de la explotación de caliza por las pedreras, son las siguientes:

1) La zona destinada a la explotación de caliza y sus áreas colindantes, otorgan a la ciudad una imagen urbana completamente deteriorada.

2) Invasión a la sierra de las Mitras, Área Natural Estatal Protegida, por la actividad de explotación de las empresas pedreras.

3) El sistema de control en la trasportación del municipio de Santa Catarina, detectó entre 2013 y 2014 más de 700 incumplimientos al respecto en el tema de recubrimiento en vehículos de carga, para de esta forma evitar que material a granel caiga sobre vialidades o disperse en el aire.

4) En época de lluvia, las avenidas colindantes a las empresas pedreras, son afectadas por escurrimiento pluvial, que impide la circulación de vehículos, y en donde no se ha contado con el apoyo de estas empresas.

Por las consideraciones anteriores, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Artículo primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Ejecutivo estatal de Nuevo León a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a que vigilen el cumplimiento de las leyes, programas, planes de conservación y manejo, así como las normas oficiales federales y estatales en las Áreas Naturales Protegidas Federales y de Nuevo León que se han visto afectadas por actividades industriales, mineras u otras, esto con la finalidad de salvaguardar el equilibrio de los ecosistemas naturales y preservar las condiciones adecuadas de vida en los entornos urbanos, rurales y forestales.

Artículo segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a través de las instancias correspondientes a que vigile y cumpla con los programas de conservación ecológica, reglamentos y de uso de suelo para evitar el deterioro del suelo y la contaminación del aire en la zona del “Parque Nacional Cumbres de Monterrey” y los municipios afectados por la operación y funcionamiento de las industrias extractoras y procesadoras de materiales pétreos llamadas “pedreras”, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población afectada por esta actividad.

Artículo tercero. Exhortamos respetuosamente al honorable Congreso del estado de Nuevo León, a que se considere la problemática que enfrenta el municipio de Santa Catarina, y se le otorguen las facultades jurídicas para poder estar en posición de controlar el desorden que las empresas extractoras generan.

Notas

1 http://www.conanp.gob.mx/anp/consulta/PCM-20DIC06.pdf, p.8

2 Ibid. Página 10.

3 Ibid. Página 43.

4 Ibid. Página 155.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputados: Ximena Tamariz García, Pedro Garza Treviño (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer una estrategia para acelerar la creación de la Red Nacional de Bancos de Leche Materna y la instalación de lactarios en los centros laborales de los sectores público, privado y social, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Eva Florinda Cruz Molina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia materna es una forma de proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes; también es parte importante del proceso reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres. Asimismo, con base en datos científicos, se ha revelado que a nivel poblacional, la lactancia materna exclusiva durante 6 meses es la forma de alimentación óptima para los lactantes.

La leche materna es la primera comida natural para los lactantes ya que aporta toda la energía que las y los niños necesitan en sus primeros meses de vida, y sigue cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales del niño durante el segundo semestre de vida y hasta un tercio del segundo año y, es considerada como la primera vacuna natural con que los niños y las niñas pueden hacer frente a las enfermedades infecciosas y crónicas, además de fomentar su desarrollo sensorial y cognitivo.

No obstante lo anterior, la lactancia materna en México registra a nivel nacional una caída desde 2006 de 7.9 puntos porcentuales, al pasar de 22.3 por ciento a 14.4 por ciento, principalmente por la introducción temprana de fórmulas lácteas y el consumo de agua. En el medio rural, el porcentaje bajó de 36.9 a 18.5 de acuerdo con datos arrojados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). En las zonas urbanas, se redujo considerablemente el tiempo en que las madres amamantan a sus hijos: mientras que en la Ensanut 2006 el promedio era de 8.5 meses ahora es de 4.9.

Lo anterior muestra la importancia de promover el fortalecimiento de políticas preventivas a favor de las niñas y niños en edades tempranas, así como incrementar la alimentación de las y los niños, a través de la lactancia materna.

Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, la OMS y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) recomiendan que

• La lactancia se inicie en la primera hora de vida;

• El lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquiera agua;

• La lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el niño, tanto de día como de noche;

• No se utilicen biberones, tetinas ni chupetes.

Pero el estudio elaborado conjuntamente por el Inegi y el Instituto Nacional de las Mujeres, denominado Mujeres y hombres en México 2013, señala que de acuerdo con datos de 2009, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, revela que prácticamente todas las mujeres que viven en pareja realizan trabajo doméstico para los integrantes de su hogar, 37.4 por ciento de ellas trabajan para el mercado y cubren una jornada laboral de 41 horas y 42 minutos.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, 61 por ciento de los hijos menores de seis años de madres trabajadoras son cuidados por sus abuelas, 85 por ciento son cuidados por un familiar y 15 por ciento acude a una guardería. Por lo que el fomento de prácticas alimentarias adecuadas no resulta fácil para las mujeres en México.

Por ello, la necesidad de promover prácticas que permitan a las mujeres compatibilizar su vida laboral con el de ser madres y atender la práctica de la lactancia.

Numerosas investigaciones han demostrado que las madres y otros cuidadores necesitan apoyo activo para iniciar y mantener prácticas apropiadas de lactancia materna. La OMS y el Unicef lanzaron en 1992 la iniciativa Hospitales Amigos de los Niños a fin de fortalecer las prácticas de las maternidades en apoyo de la lactancia materna. La base de la iniciativa son los Diez pasos hacia una feliz lactancia natural, que se describen en la declaración conjunta de la OMS y el Unicef Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding. Las pruebas de la eficacia de los Diez pasos se han resumido en una revisión científica.

En el Senado de la República se aprobó el 22 de abril de 2014 un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud, cuyo objetivo fundamental se refiere a impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado, con el objeto de facilitar a las madres el alimentar a sus hijos en la medida de lo posible hasta la edad mínima recomendada por la OMS de 0 a 6 meses.

De acuerdo con el Unicef, el servicio de lactario es particularmente importante porque permite ejercer el derecho y la responsabilidad de la lactancia materna dentro del ámbito laboral, en condiciones de calidad y calidez para las usuarias.

A escala mundial, menos de 40 por ciento de los lactantes menores de 6 meses reciben leche materna como alimentación exclusiva.

La OMS señala entre los beneficios de la leche materna los siguientes:

• La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos y los lactantes, pues les aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano. Es inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la neumonía.

• La lactancia materna también es beneficiosa para las madres. La lactancia materna exclusiva funciona como un método natural (aunque no totalmente seguro) de control de la natalidad (98 por ciento de protección durante los primeros seis meses de vida). Reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario en el futuro, ayuda a las mujeres a recuperar más rápidamente su peso anterior al embarazo y reduce las tasas de obesidad.

• La lactancia materna propicia una buena salud durante toda la vida. Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de niños tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso u obesidad. Son también menos propensos a sufrir diabetes de tipo 2 y obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia.

Actualmente toma forma en los países desarrollados la formación de bancos de leche materna, que no es otra cosa que lugares en donde se recolecta, analiza y conserva la leche sobrante de madres en lactancia y que estas donan, con objeto de brindar los beneficios de este alimento único a los recién nacidos que más lo necesitan (particularmente prematuros, nacidos con bajo peso o con infecciones o deficiencias inmunológicas), y que por alguna causa, no pueden ser amamantados por sus madres.

Estos bancos de leche humana sirven como centros de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.

En el país hay, según el Seguro Popular, bancos de leche materna, en la Ciudad de México, en el estado de México, Querétaro, Zacatecas, Tabasco, Veracruz, Jalisco y Baja California. Uno de los más importantes es el banco del Hospital General de la Ciudad de México puesto en marcha el 29 de agosto de 2012. Este banco trabaja con todos los protocolos de la Red Iberoamericana de los Bancos de Leche tanto para seleccionar a la donante como al receptor del alimento y, particularmente, con el tratamiento al que se debe someter la leche.

Pero la marcha de la instalación de bancos de leche materna es lenta, muy lenta, y se requiere de la implementación de una política pública que acelere su instalación porque de esta depende en gran medida el fomento de la lactancia materna, así como también, de la instalación de los lactarios a que se refiere la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud.

Crear y completar con la mayor brevedad una red nacional de bancos de leche materna y, la instalación de lactarios en los centros de trabajo públicos y privados así como los del sector social, a los que se refiere la reciente reforma de la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud, son condiciones materiales urgentes que sumadas a una intensa campaña de comunicación que informe a la sociedad sobre los beneficios de la lactancia materna, coadyuvarán a formar una nueva forma de pensar en este tema y a concebir a la lactancia materna como obligatoria para el crecimiento sano de las nuevas generaciones.

Es preciso recordar a este propósito, que de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las leyes y autoridades federales y de las entidades federativas y de la Ciudad de México, deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos y, un elemento central para este logro, es el suministro de la leche materna exclusiva hasta los seis meses de edad y complementaria hasta los dos años.

Por todo lo expuesto, y mientras se perfecciona el marco legal indispensable para que la lactancia materna en el país sea obligatoria y que la práctica del ejercicio del derecho materno a ejercerla cuente con las condiciones materiales idóneas, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de la Ciudad de México y los gobiernos municipales y, en concertación con el sector privado y el social, implante una estrategia de política pública que acelere la creación con la mayor brevedad de la red nacional de bancos de leche materna en todo el país.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que de conformidad con la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud, instruya a la Secretaría de Salud a acelerar la instalación con la mayor brevedad de lactarios en los centros de trabajo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y en coordinación, en los de los gobiernos de las entidades federativas, de los del gobierno de la Ciudad de México y de los de los gobiernos municipales, y, en concertación, en los del sector privado y el social a fin de que las madres trabajadoras cuenten con espacios privados, específicos, exclusivos e higiénicos que les permitan la lactancia materna o la extracción manual de leche.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulse la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores privado y social, y promueva los incentivos necesarios con el objetivo de facilitar y apoyar la lactancia materna exclusiva y la complementaria, sí como la extracción manual de leche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial del cacao, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción I, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a crear la Comisión Especial del Cacao, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cacao es un fruto de origen tropical que proviene del árbol del mismo nombre, la extracción de esta semilla da como resultado el componente básico para la elaboración del chocolate, así como de productos derivados que son: la pasta de cacao, que es de materia sólida, y la manteca de cacao, materia grasa.

Antecedentes

La historia narra que el cacao fue un regalo dado a los hombres, en especial para los gobernantes y los guerreros de elite de la antigua Mesoamérica, dicho regalo fue hecho por el dios Quetzalcóatl. Cabe mencionar que los Olmecas fueron los primeros seres humanos en saborear el cacao, cuyo consumo fue extendiéndose entre otras civilizaciones, más tarde. A la llegada de Cristóbal Colón a América, el cacao ya estaba esparcido por toda la zona templada y caliente de lo que hoy conforma el territorio nacional, por lo cual su uso no sólo se limitó a la comida o bebida, sino que también se abrió la puerta al uso medicinal, y aún más allá, de la mano con el auge del comercio, fue incluso utilizado como moneda.

Los antiguos pobladores de América dieron a los conquistadores a su llegada a las costas de Centroamérica unas nueces ovaladas de color marrón con la que se elaboraba una bebida fuerte llamada xocolatl, la cual producía gran energía y vitalidad.

La palabra maya con que se designaba al grano cacau derivaba de la voz antigua chacahuaa. Actualmente, los descendientes mayas lo nombran chucua.

En México, el cultivo del cacao tenía lugar desde la provincia de Tabasco, hasta Michoacán, Colima, Chiapas y Campeche. Se producía de manera espontánea, pero también se cultivaban cuatro variedades principales de la planta: Quauhcahuatl, Xochicahuatl y Tlacacahuatl.

Producción nacional

A pesar de su valor cultural, económico y de desarrollo regional, México únicamente aporta 0.5 por ciento de la producción mundial total con un registro aproximado de 22 mil toneladas anuales, lo que representa una disminución de 47 por ciento al ser comparada con el año 2001. Esta situación ha derivado en un alza en la importación de este producto, y por ende, se está afectando directamente a la economía de los productores locales.

México ocupa el décimo primer lugar en producción a nivel mundial. Datos preliminares estiman que la producción correspondiente al ciclo 2011-2012 fue de aproximadamente 22 mil toneladas anuales.

A pesar de que México es de los pocos países con las condiciones propicias para el cultivo del cacao, se registran bajos niveles de consumo per cápita, así como de producción.

Cifras de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Pecuarios (Aserca) señalan que existen alrededor de 30 mil personas dedicadas a la producción de cacao en nuestro país.

En la actualidad, la producción de cacao se concentra principalmente en Tabasco (67 por ciento) y Chiapas (31 por ciento), entidades que aportan 98 por ciento de la producción total, el resto se produce en Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Asimismo, es importante mencionar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, impulsa por medio de programas sociales, proyectos de inversión con la finalidad de incrementar la productividad del cacao.

A continuación se muestra una serie de datos a través de los cuales se puede observar la producción del cacao en los estados de Chiapas y Tabasco; así como los totales de producción desde el año 1999 a 2014.

En conclusión, es de suma importancia considerar que la Cámara de Diputados, con el ánimo de promover el desarrollo regional y económico del país, tenga en cuenta al cacao como un eje fundamental para dicho propósito, trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo para que, por medio de una comisión especial, que tendrá presencia durante esta LXIII Legislatura, se coadyuve en el establecimiento de políticas públicas e impulso de reformas legales enfocadas a incrementar la producción nacional de este importante fruto.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados para que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine y someta a consideración del pleno la creación de la Comisión Especial del Cacao.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del SAT a cancelar de manera provisional cualquier acción relacionada con el proceso de licitación pública nacional electrónica de servicios LA-006E00001-N93-2015, relativa al Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, a cargo de la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Irma Rebeca López López, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El gran problema de las llamadas reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión y promovidas por el Ejecutivo Federal plantea empatar lo expuesto en el papel con la realidad. En este contexto el pasado 27 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de anticorrupción. Dentro de la exposición de motivos de dicha reforma se plantea lo siguiente: “Es así como la Constitución establecerá de forma expresa la obligación de que el poder público, sin importar el orden de gobierno o la naturaleza de la autoridad, esté sujeto a la prevención, corrección, investigación y sanción de órganos especializados e inmediatos al ejercicio público”.

En un ambiente verdaderamente complejo en materia económica el ejercicio del gobierno apegado invariablemente a la ley es fundamental para mantener la confianza de los diferentes actores. Si bien el elemento de la confianza es un concepto abstracto es esencial para el funcionamiento de las relaciones entre el interés público y privado. De acuerdo con especialistas la confianza se define como: “La suspensión de la incertidumbre respecto de las acciones de los demás”.

Si bien, como hemos expuesto, la confianza es un ingrediente básico en cualquier relación de trabajo, empresarial o personal en el ámbito de las licitaciones públicas es transcendental. La licitación pública es básicamente el esquema mediante el cual el gobierno promueve la competencia entre privados. Los principios de este proceso, de acuerdo con el estudio “Aspectos Jurídicos de la Licitación Pública en México”, publicado por la UNAM, son la publicidad, la igualdad y la competencia.

Con base en las definiciones del comentado estudio, la publicidad se constituye como un “principio rector de todo procedimiento administrativo, pues implica el leal conocimiento de las actuaciones administrativas”. La igualdad, en el caso de la existencia de varias alternativas, manifiesta que “sólo es posible una real confrontación entre los oferentes, cuando estos se encuentran colocados en igualdad de condiciones, sin que existan discriminaciones o tolerancias que favorezcan a unos en perjuicio de otros”. La competencia busca que el gobierno obtenga “las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

En este marco el desarrollo de un proceso licitatorio óptimo fortalece la confianza de los pequeños, medianos y grandes empresarios hacia el gobierno e impulsa condiciones favorables para el incremento de la inversión, el aumento de la productividad, la generación de empleos y el fortalecimiento de las condiciones sociales favorables para el bienestar de las comunidades.

El cumplimiento cabal de los principios referidos en todos los procesos de licitación es inexcusable, no obstante, en aquellos en donde están implicados contratos de miles de millones de pesos el estricto apego a la norma por parte de los convocantes es imperativo. Es inadmisible que se generen sospechas de malos manejos o preferencias por algún proveedor y en el caso de que estas sucedan deben ser obligatoriamente subsanadas no solo por la dependencia a cargo del proceso sino por las instituciones y las leyes que los mexicanos nos hemos dado para prevenir y corregir potenciales situación de corrupción y malos manejos.

Este es el caso de la licitación pública nacional electrónica de servicios La-006E00001-N93-2015, relativa al “proyecto de integración tecnológica aduanera, PITA”, encabezada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que implica un presupuesto de casi 10 mil millones de pesos y que por su monto es uno de los más importantes de la actual administración.

Paralelamente sus implicaciones en materia de seguridad aduanera representarían, con un proyecto bien estructurado, un gran avance para el sector ya que se busca integrar una sola plataforma de seguridad de aduanas.

En este sentido, después de la publicación de la convocatoria, el 20 de octubre de 2015, el evidente desconocimiento del tema por parte de los nuevos funcionarios evidenciado en la falta de integración de las referencias necesarias para un proyecto de tal magnitud generó que en las juntas de aclaraciones se produjeran más de 5000 dudas formales por parte de los licitantes, lo cual, en un proceso de esta índole es desmedido y cuestiona severamente, como lo hemos señalado, la planeación y conocimiento del convocante.

Después del accidentado proceso aclaratorio se llevó a cabo, el 22 de enero de 2016, la presentación y apertura de proposiciones en la que de un total de 4 consorcios y dos empresas solo una cumplió con los requisitos planteados en la convocatoria. Debemos resaltar que la única empresa que cubrió al 100% los requerimientos de la convocatoria quedó, inexplicablemente, fuera de la misma. En este contexto la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Públicos precisa en sus artículos 36 y 36 bis lo siguiente:

Artículo 36. Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación.

...

Artículo 36 Bis. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En un tema verdaderamente grave y sujeto a sospechas fundadas, está documentado que el consorcio ganador incumplió con requisitos que claramente las bases y la propia Ley establecían como imprescindibles. Si la autoridad hubiera cumplido con su obligación de apegarse estrictamente a la norma este consorcio no debería haber tenido siquiera la posibilidad de que su propuesta fuera evaluada.

No presentó elementos forzosos, elementales y evidentes para el desarrollo de un proyecto de esta magnitud como los estudios de ancho de banda, un plan de trabajo con la ruta crítica, diversas y necesarias fichas y documentación técnicas y hasta la constancia de antecedentes no penales del representante legal, del director del proyecto y del administrador del proyecto, entre otros. Como se ha reiterado todos estos requisitos se establecían como obligados en las bases y en la Ley y extrañamente, por alguna razón, claramente ilegal, la autoridad decidió omitirlos.

Cabe destacar que por menos irregularidades han sido canceladas licitaciones con montos menores. Por ejemplo hace unos días el nuevo director general de Pemex echo abajo un proceso de casi mil 300 millones de pesos para la adquisición de 51 mil computadoras en razón de que su adquisición se hacía al doble de su precio normal.

En este contexto, esta soberanía con interés público en un tema público, que claramente afecta la credibilidad del actual gobierno y se presta inevitablemente a interpretaciones de tráfico de influencias y actos de corrupción, que implicaría la ganancia ilícita e inmoral de dinero público para funcionarios y empresarios, debe exigir, al titular del Sistema de Administración Tributaria, ante la cantidad de evidencia, comparecer ante las Comisiones de Hacienda, de Transparencia y Anticorrupción y Competitividad para informar de manera puntual sobre el proceso licitatorio comentado y hasta que ello suceda cancelar provisionalmente cualquier acción inherente al referido proceso a efecto de determinar si existen elementos para presentar cargos contra los funcionarios responsables e incluso contra los licitantes que sabiendo de las irregularidades existentes aceptaron el contrato.

Asimismo, demandamos que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación realicen una investigación exhaustiva para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Es por ello que por lo antes expuesto someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta al titular del Sistema de Administración Tributaria a cancelar de manera provisional cualquier acción relacionada con el proceso de la Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios La-006E00001-N93-2015, relativa al “Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, PITA”.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una investigación exhaustiva sobre el referido proceso a efecto de deslindar responsabilidades, en caso de que estas existan, de servidores públicos y licitantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada Irma Rebeca López López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a reforzar los instrumentos de coordinación con autoridades estatales y municipales para proteger el hábitat de las especies en riesgo, y reubicar los ejemplares mamíferos silvestres en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la República, a reforzar los mecanismos de coordinación con autoridades estatales y municipales para proteger el hábitat de las especies en riesgo, ante el crecimiento de las ciudades y a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno para que faciliten la reubicación de los ejemplares mamíferos silvestres, catalogados como especies en riesgo, a los que el desarrollo urbano del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, ha dejado cercados y cuyo hábitat corre el peligro de desaparecer, con base en las siguientes

Consideraciones

La riqueza de los recursos naturales que abundan en el territorio nacional, ha permitido el desarrollo de una gran cantidad de especies de animales y plantas que constituyen un patrimonio con el que se ubica a México como el quinto espacio megadiverso más importante del mundo.

No obstante ese privilegio que la naturaleza ha generado en el territorio que hoy ocupa nuestro país, no hemos podido desarrollar la responsabilidad de crecer respetando esa riqueza y hemos permitido que el manejo de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente sigan siendo insuficientes.

Esta situación continúa multiplicando los casos en que la naturaleza es desalojada por el desorden, la corrupción o la mala planeación urbana; es hostilizada por la pesca, caza y tala inmoderada, furtiva y/o ilegal, y es afectada por la antipatía de ciudadanos, empresarios y autoridades, complacientes ante la contaminación de ríos, mares, desiertos, bosques y selvas.

Uno de los casos más recientes de estas situaciones, ha sido denunciado por la sociedad y los medios de comunicación de Coatzacoalcos, Veracruz. En esta ocasión, la mancha urbana, desde hace varios años, literalmente encapsuló dentro de los terrenos de una propiedad privada, a mitad de la ciudad, a unos metros de la playa a una jauría de coyotes, especie clasificada como en riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010 para protección ambiental de especies nativas de México de flora y fauna silvestres. Este ejemplo de confinamiento no controlado, propiciado por el desorden ambiental del desarrollo urbano, hoy presenta un riesgo real a la sobrevivencia de este grupo de animales silvestres ante la construcción de un centro comercial.

La evolución de estos acontecimientos hoy plantea como solución, a corto plazo, la urgente reubicación de la jauría. No obstante, en el mediano y largo plazo, debemos redoblar los esfuerzos de coordinación en los tres ámbitos de gobierno, en todo el país, para propiciar un desarrollo sostenible que implique el respeto y reconocimiento del patrimonio natural del mundo que le ha tocado a nuestro país el privilegio de proteger.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la República a reforzar los mecanismos de coordinación con autoridades estatales y municipales para proteger el hábitat de las especies en riesgo, ante el crecimiento de las ciudades.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la República, a las autoridades ambientales del gobierno del estado de Veracruz y al ayuntamiento de Coatzacoalcos para facilitar la reubicación los ejemplares mamíferos silvestres, catalogados como especies en riesgo, a los que el desarrollo urbano de Coatzacoalcos ha dejado cercados y cuyo hábitat corre el peligro de desaparecer.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inegi a implantar medidas para definir la población de adultos mayores recluida y actualizar las cifras existentes, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el propósito fundamental de los censos poblacionales es contar a la población residente del país y sus viviendas, así como actualizar la información sobre las principales características demográficas y socioeconómicas de los habitantes del país, ubicar su distribución en el territorio nacional y captar datos sobre las características básicas de las viviendas y de su calidad de vida.

En específico enfocándonos en el tema de las personas adultas mayores, el objetivo de estos censos es establecer a partir de la información estadística disponible, un entorno de referencia que permita ubicar el contexto y las dimensiones del proceso de envejecimiento demográfico en el país.

El resultado de los grandes cambios demográficos experimentados en nuestro País durante el siglo XXI, principalmente en la estructura por edad y sexo de la población está sufriendo cambios significativos; entre éstos destaca el inicio del proceso de envejecimiento demográfico que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas.

La calidad de vida y el respeto a los derechos de las personas adultas mayores en México, constituyen un tema de gran importancia, que ha sido utilizado como objeto de estudio de distintas instancias y organismos, los cuales elaboran análisis de las principales problemáticas que enfrentan las personas adultas mayores, sus familias e instituciones que se encuentran vinculados a este grupo de la población.

Reconozco todo el esfuerzo que se realiza para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, sin embargo actualmente no contamos con un registro específico de las personas de la tercera edad que se encuentran en estado de reclusión, que nos permita conocer la situación en que viven los adultos mayores en penitenciarias, para fomentar y coordinar mejores políticas públicas que garanticen mejores condiciones de vida, así como prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellos.

Es relevante señalar que los derechos humanos de los adultos mayores son los mismos de cualquier ciudadano, sin importar que se encuentren en estado de reclusión, tenemos que proteger y respetar el derecho que tiene a acceder a una óptima calidad de vida.

Por lo anteriormente argumentado, es indispensable conocer las características de la inserción de las personas de 60 años o más al sistema penitenciario y todas las consecuencias que esto conlleva, desde una óptica más general, es necesario revisar la participación de este grupo de personas en el sistema de readaptación social.

En razón de lo anterior, considero necesaria la actualización de datos y cifras oficiales que emite el Inegi, para que se incluyan indicadores de personas de la tercera edad que se encuentran en estado de reclusión. Lo que se busca con esto es darle seguimiento al tema de protección de los derechos de las personas adultas mayores para impulsar un proyecto de censo real de población.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a implementar las medidas necesarias para que se obtengan datos que definan a la población de adultos mayores en estado de reclusión y se actualicen las cifras existentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a difundir el avance del proyecto Ingeniería, Procura y Construcción del Nuevo Puente Vehicular La Unidad, de Ciudad del Carmen a Isla Aguada, en Campeche, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Rocío Matesanz Santamaría, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informe sobre el estado de avance de edificación del Proyecto Ingeniería, Procura y Construcción del nuevo puente vehicular “La Unidad”, de Ciudad del Carmen a Isla Aguada, en el Municipio de Carmen, Estado de Campeche; así como efectuar un dictamen técnico de estabilidad y seguridad estructural del actual puente “La Unidad” para garantizar la protección de los transeúntes que circulan por el mismo y las acciones a realizar por parte de dicha dependencia en ambas vialidades, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano, el crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las Naciones están claramente correlacionados con el grado de desarrollo de su infraestructura. El Programa Nacional de Infraestructura, establece los objetivos, las metas y las acciones que tomará el gobierno federal, para aumentar la cobertura, calidad y competitividad en el sector estratégico para el desarrollo nacional, asumiendo el reto y el compromiso de construir una infraestructura sólida, actualizada y extendida en beneficio de las generaciones de hoy y del mañana, este plan es uno de los principales medios que utiliza y seguirá utilizando el Plan Nacional de Desarrollo.

La infraestructura es un factor esencial para elevar la competitividad de las regiones porque reduce los gastos y tiempo en el sistema de transportación, facilitando el acceso a mercados distantes, creando fuentes de empleo, además de que es un recurso poderoso para igualar las oportunidades de superación de las familias más pobres, ya que rompe el aislamiento y marginación de las comunidades, promoviendo la educación, introduciendo y dotando de servicios básicos a estos. Dicho Plan se construye en base a tres escenarios, el básico, el inercial y el sobresaliente en los que se busca proveer de recursos a los que menos tienen y el mejorar los sistemas de comunicación vía terrestre en territorio nacional.

El Plan Estatal de Desarrollo de Campeche, representa la conjugación de las más altas aspiraciones ciudadanas, los criterios técnicos y los propósitos institucionales del gobierno del estado; este propone la consolidación de un desarrollo sustentable que promueva la equidad social, fortalezca la economía, proteja el ambiente y enaltezca la convivencia política. Tiene, entre otras finalidades primordiales: las de, crear, impulsar, fomentar, preservar y conservar, todas y cada una de las reformas o normas, que tengan mayor impacto en los ámbitos social, político, económico y cultural; consolidando a través de dichas acciones, el desarrollo de diversos proyectos como aperturas de caminos y la propia construcción de corredores troncales transversales y longitudinales que servirán en primera instancia para contemplarse dentro de la infraestructura carretera del país, para la comunicación e integración de las demás ciudades de la República Mexicana, con Campeche.

En este contexto, tenemos que el puente de La Unidad siendo el segundo más largo de Campeche y que comunica a la población de Isla Aguada con la Ciudad del Carmen fue construido en el año de 1982 bajo el mandato de José López Portillo (presidente de México), gracias a la intervención del gobernador de Campeche, Eugenio Echeverría Castellot, poniéndose en funcionamiento el 26 de noviembre de 1984, actualmente forma parte del corredor Puebla-Progreso y se localiza al sur-suroeste del Estado y su capital, zona clasificada de gran producción pesquera, así como la de mayor actividad de exploración y producción de petróleo y gas natural, dicho puente cuenta con una longitud de 3 mil 227 metros, 10 metros de ancho total, está constituido por 108 tramos de concreto presforzado, apoyados en un estrato firme mediante pilotes de concreto reforzado en 89 caballetes, y pilotes de concreto presforzado en 20 caballetes. Tanto la superestructura, como los cabezales de concreto reforzado y los pilotes de concreto presforzado, se encuentran en condición satisfactoria, con varias décadas adicionales de vida útil.

Sin embargo, durante cierto tiempo los pilotes de concreto reforzado han presentado serias deficiencias, originadas por una construcción defectuosa, que no son susceptibles de rehabilitación. Consecuentemente, ante esta situación se contempló la necesidad de relevar a los pilotes de concreto reforzado de todas las cargas muertas, vivas, sísmicas y de viento, mediante obras que no impliquen interrupciones del tránsito sobre el puente, para lograr dicho objetivo la empresa Petróleos Mexicanos asignó el contrato para construir el nuevo Puente de la Unidad, que unirá a la isla con el macizo continental, a la empresa Tradeco, propiedad del ex funcionario de la ex paraestatal, Federico Martínez Urmeneta y se le otorgó un anticipo de casi 200 millones de pesos, el contrato fue signado el 12 de septiembre de 2012, por un monto de 838 millones 503 mil 400 pesos, para ser ejecutado durante 600 días naturales, que vencieron el 16 de mayo de 2014, pero hasta octubre de 2014, aún estaba en construcción el puente vehicular, y en los últimos meses del año pasado y los que van de 2016, la obra lucía abandonada, sin ningún avance, siendo que el contrato ya fue rescindido a dicha empresa.

El citado proyecto asignado del nuevo puente consiste en la rehabilitación y reforzamiento de la superestructura existente y de su ampliación de 2 a 4 carriles del puente La Unidad ubicado en la carretera Ciudad del Carmen-Campeche, tramo Isla Aguada-Campeche en el kilómetro 38+200. Dicha subestructura será constituida por caballetes, cabezales de concreto reforzado sobre pilotes reforzados de 45 centímetros por 45 centímetros en 89 caballetes y pilotes de concreto presforzado de 50 centímetros por 50 centímetros en 20 caballetes; cada caballete consta de un promedio de 14 pilotes.1

Sin embargo a raíz de las altas y fuerte olas que trajo consigo el frente frío número 35 ocasionaron graves daños, esta vez por las fallas que presenta la estructura de concreto armado del puente La Unidad a lo largo de los 3 mil 280 metros, si no existiera el mismo, los vehículos rodearían Campeche por Escárcega, lo que significaría pérdida de tiempo vital en caso de contingencia en Quintana Roo, sitio que cada año sufre los estragos de los huracanes.

La señalización indica una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora; muchos se apegan intuitivamente a la Ley que reglamenta el funcionamiento del Puente Isla Aguada-Puerto Real, en el Municipio de Carmen, Campeche, decretada en 1982, cuyo artículo 5o. señala que la velocidad permitida será de 30 kilómetros por hora.

Sin embargo, debajo de la estructura, donde la tierra cercana a los aproches tiembla con el paso de los tráileres más pesados. Para ver el estado del puente es preciso realizar un recorrido en lancha. A lo largo de La Unidad resaltan a simple vista cuarteaduras en el concreto y corrosión en los armados de acero, que a falta de mantenimiento adecuado quedaron expuestos en algunas áreas. Los pilotes son las piezas más afectadas: hay presencia de óxido, humedad y varillas a la intemperie, incluso en áreas previamente reparadas. Pero esto pierde importancia al compararlo con otros –los menos– que están desgajados. Entre 40 por ciento y 50 por ciento de los pilotes están en mal estado, señalan especialistas en estructuras. El problema es que la estructura tiene más de cinco años así.

El veredicto sobre el nivel de riesgo que emite el Centro Campeche de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sostiene que: “... la revisión estructural considera que en el caso de los pilotes aun cuando el área de acero tiene un porcentaje menor al original, las cargas vivas de diseño actuales no son críticas para el trabajo de estos elementos, ya que el factor de seguridad fue muy alto, por lo tanto se cuenta con 14 pilotes por caballete”.

De acuerdo con el informe de la auditoría por inversiones físicas, realizad por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, al proyecto del organismo subsidiario Pemex Exploración y Producción, denominado “Ingeniería, Procura y Construcción del Nuevo Puente Vehicular “La Unidad”, de Isla del Carmen a Isla Aguada, en Campeche”, el gobierno de Campeche solicitó en 2010, el apoyo de Pemex para la construcción de un nuevo puente vehicular, en virtud de que el puente existente ya resulta obsoleto, su mantenimiento y conservación costoso y pone en riesgo la seguridad de los usuarios

Por tal motivo, el 12 de septiembre de 2012, PEP celebró el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número 420832825, con las empresas Tradeco Infraestructura, SA de CV, y Tradeco Industrial, SA de CV, el cual fue adjudicado directamente con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma y su reglamento, debido a que se declaró desierta la Licitación Pública Internacional núm. LO-018T4L999-T1-2011”, expresa la ASF.

Dicho contrato tuvo por objeto la Ingeniería, procura y construcción del nuevo puente vehicular “La Unidad”, de Isla del Carmen a Isla Aguada, en el estado de Campeche, con un monto de 838 millones 503 mil 400 pesos y un plazo de ejecución de 600 días naturales, del 24 de septiembre de 2012 al 16 de mayo de 2014.En el 2013, se ejercieron para dicho contrato recursos por 186 millones 447 mil 100 pesos y a la fecha de la revisión (octubre de 2014), la obra seguía en ejecución, puntualiza.

En su informe, la auditoría revela que “la entidad fiscalizada otorgó un anticipo de 197 millones 977 mil pesos y hasta la estimación número 14, correspondiente al mes de diciembre de 2013, se había amortizado únicamente un monto de 55 millones 934 mil 100 pesos, por lo que existía un saldo pendiente de amortizar de 142 millones 42 mil 900 pesos, sin que se acreditara su devolución al finalizar el ejercicio”. Mediante oficio número PEP-SAF-GCG-2215-2014, del siete de noviembre de 2014, la Gerencia de Control de Gestión de PEP remitió un disco compacto que contiene la siguiente información: los oficios números PEP-SSAP-GSAPRM-GMSDCOBM-RC01-P-235-2014, del 27 de febrero de 2014, y PEP-SSAP-GSAPRM-GMSDCOBM-306-2014, del 28 de octubre de 2014, en los cuales la residencia solicitó a la contratista la devolución del monto del anticipo no amortizado del ejercicio 2013, de acuerdo con el programa de erogaciones mensuales, sin que a la fecha la contratista haya efectuado dicha devolución, resaltando que PEP cuenta con la fianza de anticipo del ejercicio 2013, la cual está vigente y en su caso, podrá hacerla efectiva; e indicó que el tercer anticipo correspondiente al ejercicio 2014 no fue otorgado.

Asimismo, el informe señala que se celebró el convenio número 3, donde se pactó como nueva fecha de terminación el 30 de septiembre de 2014 y que actualmente se analizan argumentos de la contratista para una nueva ampliación del contrato, privilegiando la conclusión de la obra en el menor tiempo posible; y de continuar la contratista con los trabajos, se pudiera considerar una fecha probable de terminación del nuevo puente vehicular “La Unidad” para el primer semestre de 2015, por lo que PEP continuó amortizando el anticipo en el ejercicio 2014, y anexó copia de las estimaciones generadas de enero a septiembre de 2014, donde se observa una amortización adicional de 19 millones 491 mil 500 pesos”, destaca.

Posteriormente, mediante el oficio número PEP-SAF-GCG-2316-2014, del 26 de noviembre de 2014, el subgerente de Atención de Auditorías de PEP informó que la Gerencia de Servicios a Proyectos Regiones Marinas de PEP emitió el Oficio Unido núm. PEP-SSAP-GSAPRM-2206-2014, del 24 de noviembre de 2014, con el cual se instruyó a los Grupos Multidisciplinarios de Servicios a Distribución, Comercialización y OBM, para vigilar que los anticipos otorgados sean debidamente amortizados, o en su caso, se apliquen las pólizas de garantía correspondientes, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; además, que en futuros contratos, donde se otorguen anticipos, se vigile la aplicación de la normatividad vigente, con el fin de evitar la recurrencia de situaciones como la presente.

En este contexto se considera de suma importancia y relevancia para los habitantes del Estado de Campeche que los trabajos de construcción del nuevo puente de La Unidad se agilicen y se reinicien lo más pronto posible.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Acuerdos

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que informe sobre el estado de avance de edificación del Proyecto Ingeniería, Procura y Construcción del nuevo puente vehicular “La Unidad”, de Ciudad del Carmen a Isla Aguada, en el municipio de Carmen, estado de Campeche y las acciones a realizar por parte de dicha dependencia para este proyecto.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que efectué un dictamen técnico de estabilidad y seguridad estructural del actual puente “La Unidad” para garantizar la protección de los transeúntes que circulan por el mismo y las acciones a realizar por parte de dicha dependencia para certificar el estado de dicho puente.

Nota

1 Proyecto Rehabilitación, Reforzamiento y Ampliación a cuatro carriles del Puente “La Unidad”, con una longitud de 3.227 kilómetros. En el estado de Campeche”. Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Biología Integral en Impacto Ambiental.

Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 29 de marzo de 2016.

Diputada Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CDH de la Ciudad de México a asesorar a los servidores públicos respecto al uso de Periscope y otras redes sociales o aplicaciones tecnológicas, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal por la Ciudad de México en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para que ejerza su facultad de promoción, estudio, educación y difusión de los Derechos Humanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El Estado Mexicano logro un avance importante en materia de Derechos Humanos mediante la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de Junio del año 2011, Miguel Carbonell destacado jurista Nacional nos dice al respecto: “El artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora simplemente los “reconoce”. A partir de la reforma se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable.”1

2. Como consecuencia de lo anterior, toda autoridad debe ejercer ex oficio un control de constitucionalidad y convencionalidad para que sean respetados los derechos humanos de todo gobernado, ahí surge la interpretación sistemática y teleológica de los principios pro persona establecido precisamente en el numeral 1 de nuestra carta fundamental que dispone que las normas relativas de derechos humanos se interpretaran de conformidad a esta y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a la protección más amplia, hermenéutico en materia convencional, previsto en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como sustento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos

3. En nuestro país el uso de redes sociales es amplio, inclusive su uso supera el promedio de América Latina, o países desarrollados como la Federación Rusa, según datos de la Revista Forbes; “México se encuentra por encima del promedio de América Latina en el uso de social media, con un alcance del 98.2 de los usuarios de Internet, mientras que el promedio de la región es de 95.8. Estos datos, lo colocan por encima de Rusia, Turquía, Perú y Chile.” 2 como puede verse en el siguiente cuadro:

4. De aquí surge la importancia de tomar medidas preventivas a fin de no violentar ningún tipo de Derecho, sobre todo los relativos a Derechos Humanos, tal y como se plantea de manera hipotética en el reportaje de CNN3 donde se plantea lo siguiente: “Las aplicaciones de transmisión en vivo como Periscope son los nuevos Google Glas, una temible y desconocida nueva frontera de problemas éticos y legales.” “y los problemas con derechos no son el único problema legal y ético al que se enfrentan las aplicaciones de transmisión en vivo. ¿Qué sucede si un informante decide transmitir secretamente una junta de directivos, por ejemplo? O en un nivel más básico, ¿puedes meterte en problemas por usar Periscope mientras caminas por la calle? Paul Lewis, el periodista que usó Periscope desde Baltimore, se metió en problemas en un momento cuando los transeúntes no estaban contentos con que él estuviera haciendo livestream. Cuando se desconectó de repente, los espectadores se empezaron a preocupar por su seguridad. Más tarde él tuiteó: “Todo terminó bien. A la gente no le gustó que los estuviera filmando, me fui, rápidamente y estoy bien.” Son situaciones de hecho y de derecho que no pueden pasar por desapercibidos para las autoridades competentes.

Por cuanto a su uso contamos con la siguiente estadística;

5. En razón a lo indicado por el artículo 11 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Mexicano está obligado a proteger la honra y dignidad de las personas y les otorga las siguientes garantías:

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Por lo tanto queda claro que las autoridades vigilaran en todo momento de manera irrestricta el apego al debido proceso y en concordancia de los Derechos Humanos que son inherentes a toda persona, aun aquellas que no pertenecen al país y los encargados de recibir las quejas suscitada por violaciones a los mismos, son en sus respectivos ámbitos de competencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones de Derechos Humanos de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México.

6. En la página electrónica de la Comisión de Derechos Humanos de la hoy Ciudad de México, se define a sí misma como;4 “Es el más joven de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos que existen en México, los cuales tienen fundamento en el Artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagró en la Ley Suprema de nuestro país la institución del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo surgió en Suecia a principios del Siglo XIX. Hoy existe, con diversas variantes, en muchos países del mundo. Se trata de un mediador —de gran prestigio y gran calidad moral— entre la autoridad y los gobernados, que busca fórmulas conciliatorias de resolución de conflictos entre unas y otros. El Defensor del Pueblo es absolutamente autónomo no sólo respecto de las autoridades gubernamentales sino también de partidos, empresas, grupos de presión y asociaciones religiosas. La autonomía es una característica esencial del defensor público de los derechos humanos.”

8. Precisamente por esa definición como mediador, es que se considera necesario exhortar a su Titular, para que dentro de sus funciones otorgue una capacitación y orientación a los funcionarios de la Ciudad de México en el correcto uso de las redes sociales en el desempeño de sus funciones o con motivo de ellas como son; de manera ejemplificativa mas no limitativa Periscope, Facebook, Instragram, Youtube, Whatsapp, Twitter, para efecto de no vulnerar ningún Derecho Humano de los ciudadanos que aparezcan en las mismas, ya que han demostrado su utilidad al ser reconocidos por la población como una medida eficaz de rendición de cuentas y combate a la corrupción, y así evitar prejuzgar o contrariar el principio de presunción de inocencia que tanto se ha impulsado en el país, fortaleciendo el sistema jurídico procesal, ya que en la mayoría de la legislación adjetiva de las Entidades Federativas, por no decir que en todas, se reconoce como medio de prueba el uso de tecnologías y avances de la ciencia que permitan al juzgador conocer la verdad histórica de un hecho sometido a su arbitrio.

9. Por las razones expuestas es que me permito someter a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para que proporcione capacitación y orientación a los Servidores Públicos de la Ciudad de México y población en general a fin de evitar cualquier tipo de violación a los Derechos Humanos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, derivado del uso de Redes Sociales o aplicaciones tecnológicas.

Notas

1 http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml

2 http://www.forbes.com.mx/mexico-primer-lugar-en-penetracion-social-medi a/

3 http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/05/26/la-manera-en-que-peri scope-esta-cambiando-los-medios

4 http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/nosotros-2/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de marzo del año 2016.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y el Congreso de Jalisco a considerar el establecimiento de un galardón anual destinado a quienes contribuyan a mejorar las condiciones para el desarrollo pleno e integral de los niños y los adolescentes en esa entidad, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Antonia Cárdenas Mariscal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

Un galardón es un premio, generalmente honorífico que se concede a alguien por sus méritos o por haber prestado determinados servicios.

Las niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos más vulnerables de la sociedad ya que por su condición, madurez, edad, desarrollo evolutivo y cognoscitivo están expuestos con mayor susceptibilidad a los factores que los rodean, es por esto que son de gran valor las acciones que diferentes sectores de la sociedad toman para preservar sus derechos y fomentar su desarrollo de manera integral.

Existen muchas personas que a través de sus empresas, fundaciones o simplemente por iniciativa propia, buscan la manera de apoyar a este sector y otros, que en muchas ocasiones, no cuentan ni con los programas gubernamentales suficientes o carece de recursos para abarcar todos los aspectos de la formación integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que con sus propios recursos económicos, dedicando esfuerzo así como también tiempo que podrían compartirlo con sus familias, lo utilizan para estas nobles causas. En Jalisco hasta el 2014 suman 66 empresas socialmente responsables1 ocupando el cuarto lugar a nivel nacional, esto nos habla del compromiso que existe de las empresas con la comunidad a nivel estatal.

El hecho de que exista un galardón específicamente para apoyar a todas esas personas que contribuyen y ayudan a que las Niñas, Niños y Adolescentes se desarrollen en un ambiente apto, o que tomen acciones para que en esa etapa tan importante tengan las condiciones necesarias para que su formación sea de una manera integral, nos habla que todo eso no pasa desapercibido y que la importancia de sus acciones son agradecidas y no quedan en el olvido, además que es una forma de seguir incentivando a que continúen con esa labor tan loable.

Es por todo lo anterior expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de ésta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco y al congreso local a que consideren dentro sus iniciativas la creación de un galardón anual en el que se reconozcan a los personajes que hayan contribuido de manera activa y enérgica en mejorar las condiciones para el desarrollo pleno e integral de las niñas, niños y adolescentes de Jalisco.

Nota

1 http://www.milenio.com/negocios/
Empresas_socialmente_responsables-Expo_Guadalajara-Mercedes_Aragones_0_341366167.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a armonizar el tipo penal de feminicidio con base en la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, integrante de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita realizar un exhorto a los Congresos de los 32 estados de la República para armonizar el tipo penal de feminicidio, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con datos publicados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en 2015, que se sustenta en diversas fuentes formales y hemerográficas, se conoce que entre 2012 a 2013 se cometieron 3 mil 892 asesinatos de mujeres en toda la República, de los cuales se define que sólo 15.75 por ciento, es decir 613 casos, se investigaron como feminicidios.

La muerte de las mujeres como consecuencia de violencia de género, discriminación y desigualdad, ha contado con manifestaciones de indiferencia hasta incomprensión, ante el aumento de los feminicidios el sistema de justicia poco a poco ha entendido la magnitud del problema, esta lentitud es consecuencia de los patrones culturales patriarcales y misóginos prevalecientes en la sociedad, la carencia de perspectiva de género en las investigaciones y en la comprensión del caso, las dificultades para investigar las complejas y crueles modalidades de esta violencia, hasta la imposibilidad de establecer una caracterización de los responsables y acreditar probatoriamente las hipótesis de violencia de género que contienen algunos tipos penales.

En América Latina, se conoce que ocho países han aprobado hasta 2012, leyes que tipifican este delito: Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Nicaragua. Los primeros estados de México que tipificaron el feminicidio en sus códigos penales fueron Guerrero, México, Guanajuato y Tamaulipas; los últimos entre 2013 y 2014 fueron Aguascalientes, Michoacán, Baja California Sur y Sonora.

Los feminicidios constituyen delitos de alto impacto social, a diferencia de los homicidios, involucran una serie de bienes jurídicos en riesgo, no sólo la privación de la vida de la persona, sino la dignidad de las mujeres, su libertad, integridad, autonomía y su derecho a vivir sin violencia, por eso es que se debe tipificar adecuadamente y sancionar como un tipo penal autónomo grave. De ahí la importancia de su adecuada tipificación, que elimine los requisitos subjetivos de difícil acreditación y que pueden ocasionar impunidad en la persecución del delito.

La violencia contra las mujeres se traduce en delitos recurrentes porque ante la ineficacia del sistema de justicia esta violencia se reproduce y parece propagarse en varios puntos de la República. Representa una gran afrenta para la sociedad al tratarse de un tipo de violencia extrema que al implicar odio y discriminación por género impacta el núcleo de los derechos humanos de las personas que es la dignidad.

En nuestro país, a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, conocida como del Campo Algodonero, tenemos la obligación de cumplir con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y feminicidios, con base en una perspectiva de género1 . Este marco de referencia incluye la obligación del Estado mexicano por conseguir la estandarización no sólo de las investigaciones sino de la descripción de los actos que conforman el feminicidio y las sanciones penales que definen los códigos penales.

Sin embargo, en las 32 legislaciones penales estatales y el Código federal existe una variedad de conceptualizaciones, descripciones, hipótesis normativas y sanciones, que no son acordes con la estandarización que condena la sentencia citada y se producen por la falta de comprensión de algunas legislaturas acerca de los elementos dogmáticos del delito de feminicidio, de la razón de ser de la naturaleza autónoma del delito como figura típica principal que permite visibilizar una conducta que tiene una génesis muy diferente al homicidio y cuya objetivación influye en su investigación, acreditación, juzgamiento o judicialización y sanción, de ahí la necesidad de que las legislaciones penales obliguen a los operadores a aplicar protocolos con perspectiva de género. En algunos códigos penales se encuentra, por ejemplo, la inclusión de elementos subjetivos de la conducta del feminicida de difícil acreditación como son los aspectos anímicos del asesino, acreditar que “odiaba” o que era motivado por una “aversión obsesiva” para haber lesionado y asesinado a la mujer, es decir el tipo penal no debe configurar un juicio de valor.

La estandarización de los elementos normativos del tipo penal de feminicidio debe cumplir con la característica de la objetividad, con el principio de legalidad y de seguridad jurídica, que es garante de los derechos de las mujeres víctimas, pero también de los sujetos del proceso penal.

Se encuentra que en siete códigos estatales subsumen el ilícito de feminicidio como homicidio, es decir confunden la naturaleza jurídica y los bienes jurídicos que protege el feminicidio. Chihuahua, en cuyo territorio ocurrieron aquellos feminicidios cuya brutalidad e impunidad fueron causantes de la sentencia del Campo Algodonero, han sido reacios a tipificar el feminicidio, en una ignorancia total a la perspectiva de género de la aplicación y procuración de justicia, el Código Penal del estado no considera feminicidio sino que el homicidio lo agrava cuando la víctima sea mujer. El tipo penal del código de Querétaro no menciona que esta violencia sea por razones de género ni refiere que se trate de feminicidio.

En cuanto a sanciones, en San Luis Potosí la legislación penal es la que tiene el límite más bajo: 16 años y la más alta de 70 años Veracruz y Morelos, sin dejar de resaltar que Quintana Roo incluye la prisión vitalicia; cinco códigos manejan de manera adicional como agravante aumentar penalidad por cercanía, confianza o subordinación entre víctima y victimario; Jalisco aumenta la penalidad sólo en caso de que la víctima sean niñas y presente alguna discapacidad; Campeche se remite a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que a su vez se remite a la sanción que contiene el Código Penal Federal. En cuanto a las hipótesis o supuestos normativos del tipo penal existen aquellos que excluyen la mención de que trata de las llamadas “razones de género”, como Durango, Guerrero y Michoacán. Guerrero determina elementos subjetivos de difícil acreditación, como el “desprecio u odio” y “afecto” y sanciona el ocultar la violación, no propiamente cometer la violación; Puebla menciona en su tipo penal que se comete la privación de la vida de la mujer por “celos extremos” o por “odio o aversión contra las mujeres”; el Código de Jalisco es el que tiene más supuestos con XI hipótesis; en Nayarit el feminicidio se incluye como agravante del homicidio cuando se mata por motivos de misoginia y sujeta la definición de misoginia por discriminación, odio, “aversión obsesiva”; sólo Guerrero, San Luis Potosí y Sonora consideran como supuesto el que el feminicida se aproveche del “estado de indefensión” de la víctima; Coahuila sujeta a que sea el activo el que lesione a la víctima, lo que limita el espectro penal; Zacatecas determina una doble indemnización en vía de reparación del daño cuando la víctima haya tenido hijos.

Esta diversidad de conceptualizaciones y características de los tipos penales responden a una falta de estandarización de la perspectiva de género en el texto legal, en la comprensión de esta violencia feminicida, en la respuesta efectiva de la investigación del ilícito, en la posibilidad de contar con protocolos de investigación, ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el feminicidio, de la acreditación objetiva de los componentes normativos, para cumplir con los fines garantistas que se pretende al tipificar el feminicidio.

En Movimiento Ciudadano tenemos la convicción de que mientras los crímenes de género persistan y las autoridades se mantengan omisas ante la dimensión de la violencia contra las mujeres, el país no podrá avanzar de forma equitativa, solidaria y pacífica, estamos ante un doble discurso oficial cuando incluye la perspectiva de género en su Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (ambos), pero no implementa acciones concretas y efectivas de prevención, atención y erradicación de la violencia feminicida y soslaya las peticiones de declaración de alerta de género, como si las vidas de las niñas y mujeres fueran reemplazables. Hay que llamar a cuentas a aquellas funcionarias y funcionarios que por omisión, negligencia o dolo en las investigaciones de esta violencia, están abonando a la impunidad.

Encontrando que la violencia contra las mujeres evidencia un problema social más profundo, la violencia de género no es ejercida aisladamente o por un grupo criminal. Este tipo de violencia es sistemática porque es integral y permanente, es estructural porque se encuentra arraigada en todos los ámbitos sociales, políticos e institucionales, por lo que las reacciones gubernamentales deben enfocar sus políticas públicas a esos ámbitos, es necesario revisar la legislación y mecanismos de subordinación, sojuzgamiento y opresión que mantienen la violencia de género.

Por todo lo anterior me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las legislaturas de los estados a revisar su códigos penales a fin de considerar, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Campo Algodonero, la estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, con base en la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal.

Nota

1 Párrafos 497 a 502 Sentencia González y Otras contra México 2009, Corte Interamericana de Derechos Humanos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una campaña de difusión permanente contra el dengue, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El dengue es considerado como un virus que puede convertirse en una pandemia rápidamente. Se trata de una infección tipo vírica, transmitida por un mosquito vector, el cual produce, de inicio, un cuadro similar a la gripe, aunque puede derivarse en una enfermedad mortal, a lo cual se le denomina “dengue grave”.

La incidencia de la enfermedad se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años. Actualmente, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), “se estima que se producen entre 50 y 100 millones de infecciones cada año en los más de 100 países en los que el dengue es endémico, lo que supone un riesgo de infección para prácticamente la mitad de la población mundial.”1

Señala la OMS, que más de la mitad de la población del mundo, está en riesgo de contraer enfermedades tales como el dengue, el paludismo, la fiebre amarilla, entre otras. Para ello, sugiere medidas básicas para que puedan ser adoptadas, como lo son el uso de mosquiteros, usar ropa de manga larga y cubrirse las piernas a través de pantalones y emplear repelentes de insectos.

En 2014, como parte de la campaña de la OMS que realiza año con año, en el que se considera al 7 de abril Día Mundial de la Salud, fue enfocado justamente, a la prevención de acciones tendientes a detener la evolución de la enfermedad del dengue.

La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, señala que el dengue, continúa siendo un problema de salud pública en la región de las Américas a pesar de los esfuerzos por parte de los Estados Miembros para contenerlo y mitigar el impacto de las epidemias. Es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica. La infección puede cursar en forma asintomática o expresarse con un espectro clínico amplio que incluye las expresiones graves y las no graves. Después del período de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y pasa por tres fases: febril, crítica y de recuperación, por lo que el dengue requiere abordarse como una única enfermedad con presentaciones clínicas diferentes que van de estados benignos hasta evolución clínica severa y desenlaces que causan la muertes.2

En el siguiente esquema, se pueden apreciar a los países del continente americano, con valores de medición con corte al 4 de marzo de 2016, en donde se puede visualizar el altísimo índice de dengue en México, comparado con países de su misma sub-clasificación (América Central), y de países de América del Sur, encabezados por Brasil, Colombia y Argentina respectivamente.

“2016: Número de casos reportados de dengue y dengue grave en las Américas” 3

Fuente:http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=1&Itemid=40734

Ante estas cifras, lo que podemos concluir, es que es urgente, que se realice una campaña de difusión permanente en México, a fin de que se detenga el crecimiento en la probabilidad de casos de dengue en territorio nacional.

La Secretaría de Salud en México ha iniciado la “Vigilancia Epidemiológica del Dengue 2016” en donde cada semana, se realiza un reporte epidemiológico, a cargo de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, en donde son notificados los casos semanales o de algún sistema especial de vigilancia epidemiológica, según sea el caso.

La información más reciente con la que se cuenta señala que al comparar el comportamiento de los casos con lo ocurrido en la misma fecha pero del 2015 puede observarse un crecimiento del 38% en casos confirmados, un 67% en casos estimados y un 54% en casos probables, refiriéndose a los estados con mayor incidencia de casos confirmados, Guerrero (14.85); Colima (8.29); Nayarit (5.70); Tabasco (5.65) y Campeche (5.53) todas estas cifras, por cada 100mil habitantes.

El 59% de los casos confirmados en el país, se encuentran en: Guerrero (553); Chiapas (224); Veracruz (217); Tabasco (136) y Nuevo León (126).

La siguiente gráfica,4 muestra los casos estimados en 2015, y los casos estimados para el 2016, en donde puede apreciarse que aún falta llegar a los picos más altos de la enfermedad, por lo que si ahora se establecen medidas preventivas podría alcanzar si no a revertirse, al menos a disminuir de forma considerable, la estimación de casos, para lo que resta de 2016 y para los siguientes años.

Fuente:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62730/DENG UE_2016_SE09.pdf

Sin embargo, como se señalaba en la gráfica anterior, el canal endémico del dengue apenas estaría por elevarse a los picos más altos en los meses venideros, como lo son de mayo a noviembre, por lo que esta gráfica puede demostrar el área de oportunidad que se tendría si se iniciara por parte del Gobierno Federal una campaña permanente de difusión para prevenir el dengue.

Ante este panorama, el gobierno federal, a través de su Director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, reconoció, apenas el 3 de marzo del presente año, que el mosco que transmite el dengue entre otras enfermedades transmitidas por el vector, sigue en aumento, a pesar de las campañas de fumigación, de promoción de medios y de capacitación a las poblaciones.

Medios refieren que sus declaraciones textuales han sido: “No hemos incidido en el nivel que quisiéramos, nos hace falta avanzar en el tema de promoción de la salud y de determinantes sociales”, planteó, “ahí es donde está la clave, es un asunto más difícil porque incluye acciones de la comunidad y corresponsabilidades de niveles de Gobierno”,5 en donde se considera que el enemigo, es el mosco.

SI la OMS ha determinado que cerca del 40% de la población mundial está en riesgo de contraer dengue (lo que equivaldría a 3,900 millones de personas) y hay una estimación de contagio promedio por país de 400 millones cada año divididos en 128 países, México, tendría ahora, la oportunidad de no ser parte de estas cifras.

Por todo lo que se ha planteado, es que se busca el hacer un llamado al Gobierno Federal, para que sea incluida una campaña permanente de difusión de la enfermedad, sus síntomas, el saber qué hacer y las medidas preventivas que se deben de adoptar en domicilios, para evitar la propagación de la enfermedad, que como ha quedado debidamente explicado en este apartado de consideraciones, es un problema de salud pública que requiere de la urgencia de ser atendido para poder prevenir en varios sentidos: desde el contagio de más mexicanos, hasta la prevención y el ahorro en gastos de salud, mismos que tendrían que devengarse, en caso de que siguieran en aumento los casos en México, mermando el presupuesto destinado para este fin y teniendo que aumentar, justamente el mismo para atender a los pacientes ya infectados, lo cual representa un costo mucho mayor, al que pudiera representar una campaña permanente de difusión con fines preventivos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que dentro de la estrategia de control del dengue, se incluya una campaña de difusión permanente contra la enfermedad, para evitar la propagación del virus antes de la temporada de lluvias, que es la de mayor transmisión.

Notas

1 Véase la página de OMS en español: http://www.who.int/denguecontrol/es/

2http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=1&Itemid=40734

3 Corte al 04 de marzo de 2016, consultado en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=1&Itemid=40734

4 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62730/DENGUE_2016_SE09.pd f

5http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.as px?id=782940

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el 29 de marzo de 2016.

Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, la Ssa, la CNDH y la Comisión de Salud de esta soberanía a realizar una investigación a fin de verificar que la prestación de servicios en el hospital general 450, de Durango, cumple el marco normativo, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Ricardo del Rivero Martínez, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Que en 2005 en el estado de Durango daba inicio la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), uno de los proyectos más ambiciosos y con gran trascendencia a nivel nacional. Con el HRAE, se lograría beneficiar a más de 3 millones 576 mil personas y se estaría atendiendo a la región norte del país, principalmente a los estados de Durango, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, entidades que demandaban una atención médica especializada y que en esos momentos era inexistente.

El Hospital Regional de Alta Especialidad, fue concebido como un proyecto de tres etapas y con un desarrollo de 20 hasta 50 años (un impacto de corto, mediano y largo plazo). La nueva unidad médica hospitalaria, tendría un crecimiento de hasta 180 camas, con “alta capacidad de atención de padecimientos de mediano y alto nivel de complejidad diagnóstica y terapéutica, con especialidades médico quirúrgicas de alto desarrollo y avanzados recursos tecnológicos”.1

No obstante, fueron diversos los contratiempos que enfrentó la edificación del inmueble desde sus inicios, por un lado, la falta de asignación del terreno, la incertidumbre sobre el esquema de financiamiento, la opacidad en la aplicación de recursos y las constantes irregularidades que se fueron hilando durante la construcción del HRAE, proyecto que originalmente se concluiría en el 2007 y que para el 2008 estaría en pleno funcionamiento.

Para la construcción del hospital en sus tres primeros años, se habían invertido 598 millones de pesos2 y para la inauguración de su deficiente primera etapa, se habían invertido ya 700 millones3 (2010), esto sin contar el equipamiento y el personal que era necesario y para concluir el nosocomio, se requerirían 800 millones adicionales. En el 2013 se tenía un 80% de avance y se informaba que para el 2014 se lograría equipar y concluir finalmente con la construcción.

El proyecto de especialidades como originalmente fue concebido, se convirtió en el Hospital General 450 (HG 450),4 mismo que se inauguró en el 2014 con la capacidad para 238 camas hospitalarias, 25 módulos de consulta externa, 16 camas para atención de urgencias, nueve clínicas de especialidades, terapia intensiva, banco de sangre, auditorio, jardín terapéutico.

Durante la apertura oficial del Hospital General 450, el gobernador Jorge Herrera Caldera, enfatizó que a partir de ese momento, la población duranguense y de entidades de los alrededores, contaría con la mejor infraestructura hospitalaria de todo México, sin embargo, hoy en día el servicio que en el mismo se brinda, dista mucho del hospital que fue considerado en su apertura, como uno de los mejores de Latinoamérica.

Pacientes que se han acercado al Hospital General 450 para recibir atención médica de calidad, han sido testigos de las anomalías que prevalecen al interior de esta institución. Testimonios vertidos, denuncian que no hay el personal en horarios nocturnos o que durante el día sólo checan y se van, de la atención que se brinda es despectiva y de las autoridades del nosocomio destaca prepotencia y opacidad.5

La Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH, ha recibido una suma importante de quejas contra personal del Hospital General 450 por presuntos abusos y negligencias en la prestación del servicio médico. Lo que ha puesto en un primer plano, el carente compromiso del personal que ahí labora, exhibiendo un trato que quebranta cuatro de los principios que rigen el actuar de los médicos: generosidad absoluta, vocación y dedicación, humanismo y compañerismo.

Es preocupante que un hospital que representaba el después en la historia de la atención médica en Durango, siga siendo deficiente y exhiba un oscurantismo en su dirección y funcionamiento y que las autoridades estatales en materia de salud, se mantengan silenciadas, con nula intención de contribuir a esclarecer las diferentes anomalías denunciadas.

Pero qué puede esperarse si la Secretaría de Salud de Durango, ha rechazado las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismas que han sido producto de una violación a los derechos humanos comprobada, sin embargo la dependencia estatal, se ha negado a aceptarlas.

Cierto es que para el Partido Acción Nacional, no queda claro de qué lado está la actual administración estatal, porque con este tipo de acciones comprobadas y no sancionadas, es evidente que no acompaña a los durangueses y a los que asisten al Hospital General 450.

Nos queda claro que no se puede tener un hospital de alta especialidad con tecnología de vanguardia y un servicio de segunda, y son las autoridades estatales las que se contradicen al afirmar que Durango, “ha sido protagonista de un salto cuantitativo y cualitativo en sus capacidades de atención a la población, “somos un sector fuerte, profesional, capacitado, comprometido con la salud de las familias duranguenses”.6

El Hospital General 450 continúa con las anomalías que durante más de una década le fueron inherentes.

En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de la Secretaría de Salud, en el marco de sus atribuciones, realice una investigación objetiva y transparente para verificar si la prestación de servicios que se proporcionan en el “Hospital General 450” de Durango, cumplen con el marco normativo, y en caso de existir irregularidades y anomalías, se proceda conforme a derecho.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el marco de sus atribuciones, se realice una visita de verificación sanitaria y demás acciones de vigilancia sanitaria necesarias para garantizar que el Hospital General 450 de Durango, proporcione la prestación de servicios de atención médica con la calidad idónea y en estricto apego al marco sanitario aplicable y, en su caso, se apliquen las sanciones procedentes conforme a derecho.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que a través de la Comisión de Salud de esta LXIII Legislatura se convoque a crear una comisión de legisladores que acompañe a la Cofepris en la visita referida en el punto anterior, y de esta manera poder constatar la situación por la que atraviesan los servicios de salud del Hospital General 450 de Durango.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar una investigación y que se lleve hasta las últimas consecuencias, sobre la prestación de servicios que se proporcionan en el “Hospital General 450” de Durango, con la finalidad de investigar las anomalías que han sido denunciadas en múltiples ocasiones ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.

Quinto. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, a que rinda un informe detallado a la opinión pública, sobre el estado que guarda el servicio médico en el “Hospital General 450” de Durango.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura, para que en ejercicio de sus facultades invite al Titular, en el “Hospital General 450” de Durango, para que informe a la opinión pública sobre el estado que guarda el referido hospital general.

Notas

1 Hospital Regional de Alta Especialidad de Durango (HRAE). Sifra Grupo Consultor [en línea]. [Fecha de consulta 1 de marzo del 2016]. Disponible en http://www.sifra.com.mx/nuestros-clientes/hospital-regional-de-alta-esp ecialidad-de-durango-(hrae).aspx

2 Editoriales. “Un hospital de alta especialidad y tardía construcción”. El Siglo de Torreón. 26 junio 2009 [en línea]. [Fecha de consulta 1 de marzo del 2016]. Disponible en: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1004586.relegan-a-region-en -inversion-hospitalaria.html

3 Heredia, Carolina. “Corrigen Hospital Regional del estado de Durango”. Ibídem. 20 de octubre del 2010 [en línea]. [Fecha de consulta 2 de marzo del 2016]. Disponible en https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/568273.corrigen-hospital-re gional-del-estado-de-durango.html

4 De haber sido un hospital de especialidades, solo se atenderían pacientes de cualquiera de las áreas especializadas; al convertirlo en hospital general con algunas especialidades, se extendieron los beneficios para la población en general.

5 Redacción. “Hospital General Durango 450: El hospital de la muerte” .Raza Cero. 30 de marzo 2015 [en línea]. [Fecha de consulta 1 de marzo del 2016]. Disponible en:

http://razacero.com/?tag=hospital-general-durango

6 “Cinco años de un gobierno de la salud: Díaz Juárez” Ahora Diario AD. 05 de Septiembre 2015 [en línea]. [Fecha de consulta 1 de marzo del 2016]. Disponible en http://ahoradiario.mx/desarrollopolitico/cinco-anos-de-un-gobierno-de-l a-salud-diaz-juarez/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputado Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud campañas de toma de conciencia dirigidos a la población en general para evitar el desecho de colillas de cigarro en la vía pública, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal por la Ciudad de México en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de Cámara de Diputados me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaria de Salud, para que ejerza su facultad de control sanitario de los productos del tabaco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El derecho a la protección a la Salud es reconocido internacionalmente gracias a los diferentes Tratados en la materia signados por nuestro País y de manera interna tutelado en el artículo 4 de la Constitución Política Federal.

2. En concordancia con lo anterior se debe procurar un ambiente sano, libre de cualquier sustancia o elemento toxico que altere el normal equilibrio de la naturaleza o que pueda representar un peligro para la salud de las personas o los animales, solo de esta forma se lograra alcanzar un nivel adecuado de vida para ellos o sus familias, siendo el Estado el principal interesado en que esto se dé.

3. Las colillas de cigarros representan un problema de salud importante, ya que contienen altas concentraciones de cadmio, “cualquier nivel de cadmio en el organismo es dañino para la salud, por lo cual las colillas de cigarrillos deberían ser tratadas como residuos peligrosos”1 y tenemos que más de 4.5 trillones de colillas se generan por año y estas tardan hasta 25 años en degradarse.

Eso solo es parte del problema, si tomamos en cuenta que la función de la colilla es filtrar los componentes del tabaco, entre los cuales encontramos:2

• Acetona
• Naftilamina (Cancerígeno)
• Metano
• Metanol
• Pireno (Cancerígeno)
• Dibenzocridina (Cancerígeno)
• Naftalina
• Cadmio
• Dimetilnitrosamina
• Benzopireno (Cancerígeno)
• Vinilo
• DDT
• Tolueno
• Cianamida
• Toulidina (Cancerígeno)
• Amoniaco
• Uretano
• Arsénico
• Nicotina
• Fenol
• Butano
• Monóxico de Carbono
• Polinio-210 (radioactivo y da cáncer)

Todas estas sustancias que quedan impregnadas en la colilla, en la mayoría de los casos terminan en la vía pública o en las coladeras por lo que hay un riesgo importante hacia la población si se toma en cuenta que una sola colilla de cigarro es capaz per se de contaminar hasta 50 litros de agua por su contenido de nicotina y alquitrán, no puede pasar desapercibido por igual que el 25% de la basura que se localiza en las playas son precisamente colillas de cigarro, por lo cual el Estado Mexicano no debe permanecer impasible ya que como se ha mencionado, existen sustancias que por su toxicidad (Cadmio y Polinio -210) se consideran residuos peligrosos.

4. La Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT/2008 , Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos, define en su punto número 4.20 como substancia peligrosa a todo aquel elemento, compuesto, material o mezcla de ellos que independientemente de su estado físico, represente un riesgo potencial para la salud, el ambiente, la seguridad de los usuarios y la propiedad de terceros; también se consideran bajo esta definición los agentes biológicos causantes de enfermedades, y como ya se ha señalado en líneas precedentes, existen varias substancias consideradas como peligrosas impregnadas en las Colillas.

5. Es por ello que al representar un grave problema de salud y una fuente importante de contaminación del medio ambiente, poniendo en riesgo la integridad física de personas y animales, permito someter a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita al titular del Ejecutivo para que a través de la Secretaria de Salud en ejercicio de sus facultades de control sanitario, realice campañas de difusión a la Población en general de los peligros que representa el arrojar colillas de cigarro en vía pública.

Notas

1 http://www.capital21.df.gob.mx/160-mexicanos-mueren-al-dia-por-causas-a sociadas-al-cigarro/

2 http://www.capital21.df.gob.mx/160-mexicanos-mueren-al-dia-por-causas-a sociadas-al-cigarro/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo del año 2016.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario general de Gobierno de Chiapas a establecer medidas para garantizar la seguridad de los habitantes de San Cristóbal de las Casas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Morena ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por décadas, San Cristóbal de las Casas se ha convertido en un núcleo de resistencia social contra el autoritarismo, las distintas formas de exclusión y los abusos del poder cometidos desde el Estado. Quizá es por esta razón que frente a las constantes violaciones a la ley en que ha incurrido el ayuntamiento de la ciudad y el insistente desdén con que la presidencia municipal ha tratado a la ciudadanía sancristobalense, la sociedad haya respondido con tanto ímpetu y notable organización para denunciar ante medios, autoridades estatales y federales y tribunas ciudadanas las agresiones cometidas en su contra, al tiempo que han exigido el respeto irrestricto a sus derechos más fundamentales.

Uno de los acontecimientos que despertaron mayor indignación entre la sociedad sancristobalense tuvo lugar desde comienzos de noviembre de 2015, fecha en la cual el presidente municipal Marco Cancino González aprobó, en contubernio con un grupo numeroso de regidores afines, la suspensión de las sesiones de cabildo abierto que mandata en su artículo 34 la Ley Orgánica Municipal del estado de Chiapas, alegando que no existían condiciones de seguridad suficientes para garantizar el sano desarrollo de las sesiones.

La ciudadanía, furibunda ante las falacias e injurias con que el alcalde insistía en señalarlos, comenzó a organizarse de manera independiente, primero en la forma de un gran movimiento social que captaba muchas de las quejas y denuncias en contra de la administración de Marco Cancino y luego, a través de un cabildo ciudadano cuya principal función consistiría en presionar a las autoridades municipales para que reabrieran a la participación y expresión ciudadana las sesiones de cabildo, vigilando que en San Cristóbal de las Casas imperara en todo momento un auténtico sistema democrático enmarcado en los dictados del estado de derecho.

Hace apenas unas semanas, gracias a los constantes exhortos con que miembros e impulsores del cabildo ciudadano exigían a la presidencia municipal restablecer el diálogo con la ciudadanía, el ayuntamiento resolvió reanudar las sesiones públicas de cabildo. Si bien en un primer momento dicha decisión bien pudo considerarse como un triunfo ciudadano, este fue rápidamente opacado por la aprobación de un nuevo Reglamento para el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas que impone a la sociedad sancristobalense un nuevo marco normativo para el funcionamiento del cabildo basado en el despotismo, la coacción de la libertad de expresión y el erosión de los derechos de acceso a la información, petición y audiencia.

No obstante lo anterior, la ciudadanía se mantenía expectante de la reanudación de las sesiones públicas pues se pensaba que pese a las nuevas restricciones, estas continuarían sirviendo como una importante plataforma para pronunciarse en contra del quebranto sistemático de la ley que ha distinguido la administración del Presidente Marco Cancino y sus allegados. Así entonces, el día de ayer, 16 de marzo de 2016, se tenía prevista la realización de la primera sesión pública de cabildo en lo que va del año, a efectuarse en las instalaciones de la recientemente inaugurada Unidad Administrativa Municipal de San Cristóbal de las Casas.

Para sorpresa de la ciudadanía, a su llegada personal de protección civil trató de impedirles el paso al recinto pues aparentemente la sesión había dado comienzo y se habían superado los tiempos para el registro de asistentes; sin embargo, luego de algunos minutos de convencimiento, se consintió el acceso a la Sala de Cabildo de quienes se habían dado cita en el lugar. En el momento en que la ciudadanía ingresó al salón el alcalde Marco Cancino, fiel a su conducta de menosprecio contra quienes representa, optó por retirarse con celeridad del lugar, encerrándose en una oficina anexa. Solo dos de los regidores, Jerónima Toledo y Carlos Herrera, así como la sindica municipal, Linda Higuera Gutiérrez, se mantuvieron en contacto directo con la ciudadanía.

En vista de la negativa del resto de las autoridades municipales de cumplir con el mandato legal que les obliga a hacer pública la sesión, los ciudadanos presentes instauraron de manera simbólica un Cabildo Ciudadano, en donde participaron los tres miembros de Ayuntamiento antes mencionados, en diálogo franco y abierto con los presentes. La reunión, que duró poco más de una hora, se desarrolló sin mayores contratiempos y trató temas tan diversos como el reglamento para la protección de los animales, la falta de agua entubada que padecen áreas extensas de la ciudad, la contaminación de los ríos, el reciente atentado sufrido por periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y ciudadanía en general en la Sala de Bellas Artes, que fuera orquestado por el presiente municipal y perpetrado por el secretario técnico del ayuntamiento y miembros de la unión de trabajadores Almetrach e incluso se presentó la moción de promover la destitución del secretario técnico de ayuntamiento, Sergio Nataren, entre otros temas de interés para la sociedad sancristobalense. Cabe destacar que de todos estos hechos existe constancia gracias a grabaciones, videos y fotografías en manos de los periodistas que cubrían la reunión.

Por si no hubiera bastado la cancelación injustificada de la sesión ordinaria de cabildo y la evasiva del presidente municipal de encarar a la ciudadanía inconforme, poco antes de terminar la sesión de cabildo ciudadano los asistentes tuvieron que tolerar también un corte anticipado de la luz, obligándolos a clausurar la sesión a oscuras y poniendo en grave riesgo la integridad física de la ciudadanía, temerosa todavía de sufrir agresiones por parte de agentes policiacos o grupos de choque vinculados al alcalde.

Al término de la de sesión ciudadana, una parte de los presentes decidió dirigirse a la Sala de Bellas Artes, situada a casi un kilómetro y medio de Unidad Administrativa, pues ahí se desarrollaría un taller sobre organización ciudadana, mientras que muchos otros optaron por volver a sus hogares. Sin embargo, pese a la acreditada ausencia de gente en los alrededores de las oficinas del ayuntamiento durante las horas posteriores a la reunión de cabildo, se comenzó a difundir el rumor acerca de un “atentado” contra el inmueble del ayuntamiento perpetrado por supuestos integrantes y simpatizantes del cabildo ciudadano.

Ante los acontecimientos recientes, muchos atribuyen la difusión del rumor a una estrategia empleada por el edil Marco Cancino que, consciente de que el pretexto de una clima de ingobernabilidad le devolvería la capacidad parar cerrar una vez más al pueblo la participación en las sesiones de cabildo, habría ordenado un “autoatentado” contra las oficinas municipales apenas unas horas después de que sus principales detractores se hubiesen reunido en el lugar. Sin embargo, lo más alarmante del asunto radica en que al día de hoy diversas autoridades del gobierno municipal y estatal, entre ellas incluida el propio presidente municipal Marco Cancino y el subsecretario de Gobierno para la Región V, Édgar Rosales Acuña, ya se han pronunciado al respecto, asegurando, por una parte, que se procederá con firmeza contra los responsables, pero por otra, se insinúa que los responsables, si no materiales por lo menos intelectuales, habrían sido quienes promovieron y participaron de la conformación del cabildo ciudadano.

Estas acusaciones adelantan una persecución política que, en nuestra calidad de garantes del estado de Derecho y salvaguardas de los derechos humanos, no podemos consentir. En este sentido, el rechazo de la Cámara de Diputados debe ser categórico, pues de lo contrario estaremos sentando un peligroso antecedente en favor de autoridades municipales que, en explícita desobediencia a la Ley y marginando la voluntad del pueblo al que representan, se empecinan en mentir, agredir y delinquir en aras de sus intereses personales.

Por lo expuesto y fundando, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario general de Gobierno del estado de Chiapas, licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, a implementar con la mayor brevedad todas las medidas necesarias para garantizar la máxima seguridad de los habitantes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, especialmente de quienes asistiendo al cabildo ciudadano se han vuelto objeto de amenazas, agresiones y persecución política.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues, Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Ernestina Godoy Ramos (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín, Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Irma Rebeca López López (rúbrica), Renato Josefat Molina Arias (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Juan Romero Tenorio (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Miguel Alva y Alva (rúbrica), Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Alfredo Basurto Román (rúbrica), Sergio René Cancino Barffuson (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica), Araceli Damián González, Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Sandra Luz Falcón Vanegas (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Jorge Tello López (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Presupuesto y Cuenta Pública a revisar las Cuentas Públicas de la Federación correspondientes a los ejercicios fiscales de 2003-2006 y 2010-2013, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Presupuesto y Cuenta Pública, a revisar las Cuentas Públicas de la Federación correspondiente a los ejercicios fiscales de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013 al tenor del siguiente

I. Marco Jurídico

Que en materia de la revisión de la Cuenta Pública de la Federación les son aplicables los siguientes ordenamientos jurídicos:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, la revisión de la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Asimismo, establece que la revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. La Cámara de Diputados concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación.

b) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

El artículo 3 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, señala que la revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual se apoya para tal efecto en la Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene a su cargo la fiscalización de dicha cuenta.

Por su parte, el artículo 36 de este ordenamiento, dispone que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública estudiará el informe del resultado, el análisis de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y el contenido de la Cuenta Pública. Asimismo, someterá a votación del pleno el dictamen correspondiente a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

c) Reglamento de la Cámara de Diputados

El artículo 227, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, dispone que es facultad exclusiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la elaboración del dictamen de la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal.

Por su parte, el artículo 224, numerales 1 y 2 de este ordenamiento, dispone que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, a más tardar dos días contados a partir a su recepción.

A su vez, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública un análisis sobre dicho informe, a más tardar el 30 de mayo del año en que se haya recibido el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente.

La revisión de la Cuenta Pública deberá de concluir a más tardar el 31 de octubre del año siguiente a su presentación, por lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá aprobar el proyecto de dictamen y presentarlo al pleno, para su votación y a probación, a más tardar en esta fecha.

II. Consideraciones

1. Que el pasado 14 de octubre de 2015, los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobamos El Programa Anual de Trabajo de la Comisión, para el periodo septiembre 2015-agosto 2016 , del cual se desprende una serie de tareas a realizar por los miembros de esta comisión, relacionados con la elaboración de los dictámenes de las Cuentas Públicas de la Hacienda Pública Federal de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013, que se encuentran pendientes de dictamen.

Del apartado III. 1.3. del programa, se desprende que se llevarán a cabo las siguientes actividades:

• Analizar el contenido de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios fiscales 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013;

• Revisar, analizar y discutir los Informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013 emitidos por la Auditoría Superior de la Federación;

• Estudiar el análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013 que haya realizado la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Analizar las opiniones que en su caso emitan las comisiones ordinarias, respecto a los informes que hubieren rendido los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo y las demás entidades fiscalizadas;

• Elaborar dictámenes de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013, y presentarlos al pleno de la Cámara para su votación.

Sin embargo, a más de cinco meses de la aprobación de este programa, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no se ha reunido para efectos de iniciar los trabajos para el análisis de la revisión de estas Cuentas Públicas federales y así dar cumplimiento de estas tareas.

2. Que de acuerdo con la página electrónica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, le han sido turnados dos asuntos en relación al dictamen de estas Cuentas Públicas:

a) Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a emitir el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de 2013, suscrito por los diputados Norma Rocío Nahle y Vidal Llerenas Morales, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presentado el 1 de febrero de 2016.

b) Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a dictaminar las cuentas públicas pendientes, suscrito por el diputado Julio Saldaña Morán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido la Revolución Democrática, presentado el 3 de marzo de 2016.

3 . Que el artículo 228, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece que la revisión de la Cuenta Pública deberá concluir a más tardar el 31 de octubre del año siguiente a su presentación, por lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá aprobar el proyecto de dictamen y presentarlo al pleno para su votación y aprobación, a más tardar en esta fecha.

Cabe señalar que desde el ámbito constitucional y reglamentario, no se establece ninguna sanción por falta de cumplimiento de los plazos establecidos para revisión de la Cuenta Pública.

No obstante, de acuerdo con estas normas, ya venció el plazo para la revisión y dictamen de las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Sin embargo, en la actualidad la Auditoría Superior de la Federación ha enviado los Informes de los Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013, por lo que ya no partimos de cero en esta legislatura y estamos en condiciones para analizar cada una de ellas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a iniciar a la brevedad, las tareas contenidas en el apartado III. 1.3. del programa anual de trabajo de la comisión para el periodo de septiembre 2015-agosto 2016, con la finalidad de llevar a cabo la revisión y el dictamen de las Cuentas Públicas 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a enviar a la brevedad, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los análisis de los Informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar seguimiento por la Segob, la PGR, la SRE y demás dependencias competentes a las recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe Situación de derechos humanos en México, publicado el 2 de marzo de 2015, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Concepción Valdés Ramírez, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Unión, para que a través de la Secretaría de Gobernación; la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Relaciones Exteriores; y demás dependencias competentes, se dé seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe denominado “Situación de derechos humanos en México” publicado el pasado 2 de marzo de 2015, tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos, publicó el informe denominado “Situación de Derechos Humanos en México”. El documento en mención, se deriva de la visita in loco del órgano y de sus observaciones, la cual, tuvo realización del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 en nuestro país, a fin de monitorear el estado que guarda en materia de derechos humanos México, particularmente, en los rubros de: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.

En una declaración preliminar al fin de la visita in loco , Rose Marie Bell Antoine, entonces aun Presidenta de la CIDH, constato el panorama aciago y grave que en materia de derechos humanos guarda nuestro país, por lo que de manera preliminar en el contexto de extrema inseguridad y violencia, esta comisión puntualizó que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, son temas que deben abordarse de manera inmediata en el marco de reformas legislativas como en la implementación de políticas públicas en los diversos niveles de gobierno.

Posteriormente, la CIDH formuló respecto a los rubros citados 21 recomendaciones preliminares al Estado mexicano en materia, que van desde la revisión y reforma al marco jurídico como la necesidad de implantar políticas públicas y acciones de gobierno, de las cual, se destacan: primera, revisar la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal, en consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas para una efectiva implementación; segunda, adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura, adoptando todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia; tercera, eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano; y cuarta, atender las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ayotzinapa, entre otras 17 recomendaciones más.

De ese momento a la fecha, las reacciones y posturas han sido muchas como diversas, tanto en el ámbito de los diversos niveles de gobierno como desde la propia óptica de la sociedad civil, particularmente opiniones encontradas.

El informe que nos ocupa, analiza detalladamente la innegable crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, reafirmando temáticas mencionadas en un primer momento como la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, inseguridad ciudadana, inseguridad como el acceso a la justicia. Asimismo, aborda la situación en materia para con algunos grupos poblaciones afectados como defensores de los derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas, niños, adolescentes, migrantes, y la comunidad de lesbianas, gays, bi y transexuales. De igual manera, el informe examina situación de asesinatos, violencia y amenazas contra periodistas, que ha hecho que México sea considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

No obstante, la CIDH en su informe también valora como reconoce los aciertos del Estado mexicano en la materia, los cuales van: desde las reformas de carácter constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el avance de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reconocer la obligación de realizar el control de convencionalidad por parte de las diversas instancias judiciales en el país, la decisión de la Corte de la restringir la jurisdicción castrense en los casos que miembros de las fuerzas armadas vulneren derechos humanos contra la sociedad civil, así como la adopción de una nueva Ley de Amparo en el año de 2013.

Asimismo, la CIDH reconoce la implementación de otras acciones gubernamentales como de política pública como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobado en 2012, e invita al Estado mexicano a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento. Otro avance puntualizado por la Comisión es lo relativo a la implementación del implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la aprobación de los Protocolos de Investigación en Materia de Desaparición Forzada y de Tortura en agosto de 2015, la creación de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), y la creación de una Unidad Especializada del Delito de Tortura en la misma PGR.

En suma, la CIDH reconoce los avances constitucionales, legislativos como institucionales de los últimos años en nuestro país, elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos; no obstante, para la Comisión considera como insuficiente la respuesta del Estado mexicano para afrontar la grave situación.

La Comisión Interamericana ha hecho un especial énfasis en el informe sobre temáticas como la desaparición forzada, la cual actualmente el país, representa según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de 26, 798 personas no localizadas.

En lo que respecta a la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, la CIDH conmina al Estado mexicano a coadyuvar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el fin de ofrecer asistencia técnica en la búsqueda, investigación y no repetición de los hechos. En este sentido, la CIDH insta al Estado mexicano a brindar acceso a los expertos del GIEI a entrevistar a todos los testigos, incluyendo los integrantes del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en los hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, tal como ha sido solicitado por dicho Grupo.

En lo que respecta a los índices de homicidios y ejecuciones extrajudiciales, la Comisión enfatiza sobre casos tales como los ocurridos en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014; Apatzingán y Tanhuato, el 6 de enero y el 22 de mayo de 2015, respectivamente. Respecto a ello, las cifras oficiales de homicidios apuntan a más de 94 mil muertes de 2012 a la fecha.

En relación a la práctica de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la CIDH encontró que esto suele ocurrir durante las primeras horas de detención de una persona y antes de que sea presentada ante una instancia judicial. La PGR ha informado, que a mediados de 2015 se contaba con 2, 420 averiguaciones previas relativas a la tortura, y que sólo existen 15 sentencias condenatorias por este ilícito a nivel federal. En este sentido, respuesta ante los casos de tortura, al igual que respecto de las desapariciones, los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales, es débil e insuficiente, concluye la Comisión.

En suma, las recomendaciones de la CIDH vienen a sumarse desde la visión de diversos organismos internacionales gubernamentales como no gubernamentales a una larga lista de observaciones hacia nuestro país y sus instituciones para con la violación de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano, tal y como lo han señalado Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros.

No obstante, que la crisis de derechos humanos que nos aqueja en nuestro país, no solo es una percepción de los organismos en mención, sino de igual manera, de una clara percepción ciudadana como lo puntualizan algunos índices al señalar que: solamente 9 de cada 100 habitantes consideran que los derechos humanos se respetan suficientemente en el país. Son más, 15 de cada 100, los que opinan que no se respetan en absoluto. Entre esos dos extremos hay una amplia franja que estima que se respetan poco (30.4%), o algo (44.4%). Esto es, 74.8% de los mexicanos, una amplia mayoría, piensa que los derechos humanos se respetan en el país aunque no de manera suficiente. Y de esa mayoría, los que estiman que se respetan algo son claramente más, 14% más, que los que dicen que se respetan poco.

En este sentido, James Cavallaro, actual presidente de la CIDH, señala para el caso mexicano y el informe, lo siguiente: “la espiral de violencia e impunidad trae consigo graves consecuencias para el Estado de Derecho en el país. El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”.

Por lo anterior, la respuesta oficial del Gobierno de la República no se hizo esperar y el mismo 2 de marzo en que la CIDH anuncia el informe, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República emiten un comunicado conjunto, en el cual, habla de la serie de acciones en las que el Estado mexicano y sus instituciones trabajan diariamente para garantizar el Estado de derecho y el respeto como preservación de los derechos humanos en el país. No obstante, el comunicado señala en uno de sus apartados respecto al informe que este desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”; asimismo, se arguye que la metodología utilizada por la CIDH es errónea como desestima y minimiza los contenidos del mismo informe.

Llama la atención que el Gobierno Federal responda que todo este trabajo es “erróneo”, y que no refleja la situación de México. Sin embargo, obvia reconocer que es insuficiente argüir un marco legal, que en muchos casos, como lo han señalado repetidamente las organizaciones civiles de derechos humanos, ni siquiera se apega a los estándares internacionales, y que el principal “parámetro” son las víctimas, vale decir cientos de miles de personas o comunidades que ven menoscabados sus derechos. Por ello la CIDH vuelve a invitar al Estado mexicano a que efectivamente cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, y a que cierre la discrepancia que se observa entre su marco normativo y la realidad que vive el país. Si no fuera así, entonces el cuestionamiento sobre metodologías o premisas sí sería en realidad lo erróneo.

Al momento, es al interior de las Cámaras de Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión, que se han presentado 21 Proposiciones con Punto de Acuerdo relativas a las recomendaciones preliminares que hiciera la CIDH después de su visita en el país, sin que a lo largo de 5 meses los mismos no hayan incidido a fondo tanto en la agenda parlamentaria y las políticas de las instituciones gubernamentales.

Finalmente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo pretende ser un llamada responsable para no desestimar ni minimizar los contenidos del informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en México”, publicado en días pasados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que esto, se traduzca en un punto de partida que determine en los diversos niveles de gobierno una agenda común en la materia, tanto desde la perspectiva de las reformas legislativas armonizadas con los instrumentos internacionales donde México sea Estado parte, como las necesarias y pertinentes acciones y políticas a concretar en beneficio de nuestra sociedad y los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Gobernación; la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Relaciones Exteriores; y demás dependencias competentes, se dé seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe denominado “Situación de Derechos Humanos en México” publicado el pasado 2 de marzo de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a ampliar el Programa Social de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada federal, Norma Xóchitl Hernández Colín integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la Cámara de Diputados de la XLIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo. Lo anterior, en atención de las siguientes

Consideraciones

El Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se destina a entidades federativas en términos de las disposiciones aplicables, y exclusivamente a la población en condiciones de pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios oficiales dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; programas asistenciales; el desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la economía.

De conformidad con el artículo 14, fracción II de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas. Los recursos de dichos programas se ejercerán conforme a las reglas de operación emitidas y las demás disposiciones aplicables.

A la luz de lo anterior debido al incremento de la participación de la población femenina en el mercado laboral, surge la necesidad de desarrollar servicios, con enfoque de género, que permitan la conciliación entre la vida laboral y familiar para mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus hijos.

En este marco, el servicio de estancias infantiles es un instrumento para dar respuesta oportuna y efectiva a la población femenina trabajadora, estudiante o que busca emplearse, y que demanda opciones para el cuidado de sus hijos, así como a otros hogares que presentan la misma vulnerabilidad laboral, tal como aquellos hogares con un hombre jefe de familia solo, quien es responsable del cuidado de sus hijos.

Apoyar a aquellas madres que trabajan, estudian o desean trabajar, así como a los padres solos, facilita además el que los hogares puedan contar con ingresos adicionales, mejorando su nivel de vida. Para la población objetivo del Programa dicho ingreso adicional puede ayudar a abandonar las condiciones de pobreza o evitar caer en ella.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, existen poco más de tres y medio millones de hogares con un ingreso de hasta seis salarios mínimos, los cuales tienen presencia de niños entre uno y cuatro años de edad, y no cuentan con servicio de guarderías a través de la seguridad social, o bien no tienen acceso a éstas.

En este contexto, surge el reto de apoyar a las madres trabajadoras a fin de reducir los costos del cuidado y atención infantil, así como generar una Red de Estancias Infantiles que atienda la demanda de las madres trabajadoras.

Por lo que es menester señalar que de conformidad con lo expuesto con antelación, impera la necesidad de crear más estancias infantiles, y con ello se estará incrementado de forma paritaria nuevas fuentes de trabajo, así como se garantizara un lugar seguro para los niños y niñas, cuyas mamás laboran, para poder ofrecerles una vida digna y con estabilidad.

Debido a que en la actualidad las estancias infantiles que existen, no se dan abasto, y generando una red más amplia de las mismas, se ayudaría a que brinden un mejor servicio para los niños, pues ya no se verían saturadas, y tendrían mejores cuidados y sobre todo medidas de seguridad, hacia los niños.

Esto con el fin de contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social ampliar el Programa Social de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, para efecto de generar una red de estancias que atienda la demanda de las madres trabajadoras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe Situación de derechos humanos en México, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada María Concepción Valdés Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en relación con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Entre el pasado 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, se llevó a cabo en nuestro país una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la cual, se pretendió observar con énfasis diversos rubros para el estado que guardan los derechos humanos en México, entre los cuales, destacaron: las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.

Como resultado de la visita en comento, Rose Marie Bell Antoine, en ese entonces presidenta de la CIDH, constató el panorama aciago y grave que en materia de derechos humanos guarda nuestro país, por lo que de manera preliminar en el contexto de extrema inseguridad y violencia, esta comisión puntualizó que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, son temas que deben abordarse de manera inmediata en el marco de reformas legislativas como en la implementación de políticas públicas en los diversos niveles de gobierno.

Posteriormente, la CIDH formuló respecto a los rubros citados 21 recomendaciones preliminares al Estado mexicano en la materia, que van desde la revisión y reforma al marco jurídico como la necesidad de implantar políticas públicas y acciones de gobierno, de las cuales se destacan: primero, revisar la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal, en consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas para una efectiva implementación; segundo, adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura, adoptando todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia; tercera, eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano; y cuarta, atender las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ayotzinapa, entre otras 17 recomendaciones más.

En suma, las recomendaciones de la CIDH vienen a sumarse desde la visión de diversos organismos internacionales gubernamentales como no gubernamentales a una larga lista de observaciones hacia nuestro país y sus instituciones para con la violación de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano, tal y como lo han señalado Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros.

Es en el caso particular de las Cámaras del Poder Legislativo, que se han presentado un poco más de 15 proposiciones con punto de acuerdo, a fin, de fijar diversas posturas en particular sobre las recomendaciones en comento; que como resultado a una de las recomendaciones de la CIDH se creó atingentemente al seno de esta asamblea la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento de los resultados del grupo interdisciplinario de expertos independientes, designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

No obstante, el pasado 2 de marzo del que transcurre, la CIDH formalizó la serie de recomendaciones, publicando el informe denominado Situación de derechos humanos en México . Informe que viene a reconocer los avances en materia de derechos humanos en nuestro país, pero que no obstante, hace una responsable observación para con la serie de medidas legislativas y políticas públicas que hace falta impulsar.

Las recomendaciones en comento deben traducirse en acciones legislativas responsables y de armonización de nuestra legislación con los derechos humanos en el contexto internacional, pero de igual manera, ser observadores para con la serie de políticas públicas implementadas y a implementarse en todos y cada uno de los diversos niveles de gobierno.

Como representante popular y como parte de la conformación de esta honorable soberanía, plural y responsable, es pertinente contemplar la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentadas en el informe denominado Situación de derechos humanos en México .

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados acuerda de conformidad la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentadas en el informe denominado Situación de derechos humanos en México .

Segundo . La comisión especial creada por el presente acuerdo tendrá el objeto de su denominación, ejerciendo sus atribuciones y facultades en la forma más amplia que en derecho proceda, y su duración será por toda la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Tercero. La comisión especial que por el presente acuerdo se crea se integrará por los diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros que para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. Para cumplir su objeto, de manera enunciativa y no limitativa, la comisión especial podrá requerir y allegarse la información que estime pertinente. Así como reunirse con autoridades competentes de cualquier orden de gobierno u organismos descentralizados, órganos autónomos y cualquier ente público. Así como llevar a cabo cualquier otra acción concerniente a su objeto y en el ámbito de su competencia.

Quinto. En el ejercicio de sus atribuciones, la comisión especial respetará en todo tiempo el principio de máxima publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad, poder o ente público, en consecuencia, publicará, periódicamente y en tiempo real, la información atinente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a implantar un programa permanente que permita regularizar vehículos usados de procedencia extranjera internados en el territorio mexicano, a cargo del diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena

Alfredo Basurto Román en mi calidad de Diputado Federal de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. El 12 de marzo de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto firmado por el presidente Vicente Fox Quesada por el que se creó la Ley de para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera.

Segundo. Que con esa ley pudieron regularizarse vehículos de procedencia extranjera que habían sido internado al territorio nacional durante un lapso de 23 años, de 1970 a 1994, lo que beneficio a miles de connacionales, principalmente migrantes que durante décadas habían transitado con vehículos que no estaban regularizados y que eran tratados como si no tuviesen derecho alguno bajo el argumento de que no pagaban impuestos, pero que lo que realmente ocurría es que eran extorsionados, discriminados, sometidos a incautaciones o decomisos de sus unidades fuera de todo procedimiento y en casos extremos incluso detenidos y sometidos a procesos penales bajo cargos inventados, todo bajo la complacencia de autoridades hacendarias, policiacas, ministeriales o jurisdiccionales, e incluso con la abierta por la complicidad de ellas. Los programas de apoyo al migrante son un abierto reconocimiento de estos lamentables hechos.

Tercero. Que el Tratado de libre Comercio para América del Norte (TLCAN), el cual entro en vigencia el primero de enero de 1994, en su Anexo 300-A, Apéndice 300-A.2, párrafo 24, establece que a partir del 1o. de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes del territorio de Canadá o de los Estados Unidos de América, en función del año modelo de antigüedad de los vehículos y, a su vez, el Artículo 302, párrafo 2, en relación con el Anexo 302.2 del propio tratado, prevé una desgravación progresiva de aranceles a bienes originarios, incluidos los vehículos usados;

Que las obligaciones de México contenidas en el Apéndice 300-A-2, párrafo 24, son aplicables exclusivamente a vehículos usados originarios, provenientes del territorio de Canadá o de los Estados Unidos de América; y que la desgravación progresiva de aranceles a bienes originarios está condicionada a que se trate de vehículos que cumplan con la regla de origen específica y que dicha circunstancia se acredite con un certificado de origen válido;

Que la regla de origen específica aplicable a los vehículos automotores usados contenida en el Anexo 401, Sección B, Sección XVII denominada ”Material de Transporte” y en el artículo 403, párrafo 5, del TLCAN, en relación con el Capítulo IV de dicho Tratado relativo a las Reglas de Origen, indica que los vehículos debieron ser producidos totalmente en el territorio de una o más de las Partes del TLCAN, y que adicionalmente es necesario acreditar un determinado porcentaje de contenido regional, el cual de conformidad con los artículos 401, 402, párrafos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11, y 403 del propio Tratado, se calculará utilizando el método de costo neto, que implica conocer el valor de los materiales utilizados en la producción del vehículo y su origen, y que una vez calculado el porcentaje del valor de contenido regional se estará en posibilidad de determinar si el bien califica como originario y proceder a su certificación;

Que para determinar si un vehículo es originario del territorio de una o más de las Partes del TLCAN, de conformidad con la regla de origen específica referida en el párrafo anterior, resulta indispensable contar con la información sobre la producción del vehículo, y derivado de que es necesario que el importador cuente con un certificado de origen basado en información fehaciente de que dicho vehículo cumple con la regla de origen, es necesario allegarse de información del productor del mismo;

Que de conformidad con las disposiciones aplicables en certificación de origen del TLCAN, en correspondencia con lo señalado en los párrafos anteriores, además de certificar que un vehículo que se exporte directamente del territorio de una Parte al territorio de otra Parte califica como originario, el certificado de origen válido sirve para acreditar que todos sus componentes reparados y refacciones adicionadas no modificaron el carácter de originario que tenía el vehículo cuando fue fabricado;

Que en atención a las características para acreditar el origen de los vehículos automotores usados en términos del TLCAN, se considera que existe el riesgo de que a los importadores de buena fe les sean expedidos certificados falsos, alterados o con información inexacta y que estas prácticas pueden ocasionar graves daños al patrimonio de los propietarios de dichos vehículos;

Que con base en los párrafos que anteceden, a fin de otorgar seguridad jurídica a los importadores o propietarios de vehículos automotores usados, y evitar que éstos puedan incurrir en responsabilidad al hacer uso indebido de los beneficios previstos en el TLCAN, resulta indispensable precisar que el certificado de origen sea expedido por el productor del vehículo de que se trate o se emita por el exportador con base en información directamente proporcionada por el productor, con el objeto de garantizar la autenticidad de la información contenida en el certificado relacionada con el origen del bien.

Cuarto. Que el 24 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados” con el objeto de continuar con las acciones que el Gobierno Federal ha implementado para el ordenamiento del mercado de vehículos usados importados al país, el 24 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ”decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados”, cuya vigencia fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2011 mediante el ”decreto que modifica el diverso por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados”, publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 28 de diciembre de 2010;

Que a catorce años de a haberse implementado dicha norma resulta a todas luces insuficiente toda vez que continuamos teniendo a todo lo largo y ancho del territorio nacional problemas de regularización con la internación e importación de vehículos usados de procedencia extranjera. Problema que es de fácil solución mediante medidas administrativas de carácter general y permanente que permitan la inscripción de dichos vehículos al padrón vehicular correspondiente mediante el pago de impuestos y derechos que corresponda.

Quinto. Que ha fin de proteger a las personas y la seguridad jurídica de sus bienes, así como la infraestructura carretera y el medio ambiente, resulta evidente que no podrán internarse ni importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características técnicas o por cuestiones técnicas , este restringida o prohibida su circulación; no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente de conformidad con las disposiciones aplicables , o cuando el vehículo haya sido reportado como robado. Para estos efectos, la autoridad aduanera podrá coordinarse con las autoridades extranjeras competentes, así como requerir a los propietarios, poseedores e importadores información y documentación, incluso si se encuentra disponible en el país de procedencia del vehículo, de conformidad con lo que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. No podrán importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehículos usados que en el país de procedencia,

Sexto. Que actualmente se desconoce el número de unidades de procedencia extranjera que se encuentran internados en el país dado que cada entidad federativa tiene sus propias estimaciones y no se cuenta con mecanismos de colaboración institucional de intercambio de información, dado que este problema, el de los llamados “autos chocolates”, es tomado como un asunto de recaudación impositiva por los estados de la república y no como un asunto de derechos de los ciudadanos mexicanos.

Certeza jurídica sobre la propiedad de bienes muebles y e inmuebles es uno de los requisitos sine qua non de todo estado democrático de derecho. Sin embargo bajo argumentos únicamente administrativos o disfrazados de seguridad pública se encubre una flagrante violación a los de derechos humanos, principalmente de migrantes , quienes son privados del derecho de propiedad y posesión sin ser sometidos a proceso administrativo o jurisdiccional alguno, lo que en los hechos representa una incautación de bienes, práctica ilegal, prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tal como lo establece el primer párrafo su artículo 22, donde se establece, entre otras cosas, que queda prohibida “la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. Igualmente es una violación flagrante del principio de legalidad establecido en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna donde se señala que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Séptimo. Actualmente, a pesar de las disposiciones constitucionales, en diversas entidades del país, como los estados de Zacatecas, Michoacán, Coahuila e Hidalgo por mencionar algunos, los vehículos de procedencia extranjera internados en el país y que circulan en su territorio, son incautados sin juicio previo ni mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive tal decisión. Incluso se pretende criminalizar el uso de estos vehículos de procedencia extranjera.

No se pretende solucionar un problema, lo que existe es la improvisación de medidas desproporcionadas, sin fundamento, que simulen y justifiquen las acciones de gobierno en lugar de aplicar políticas públicas de largo alcance que resuelvan hechos específicos y que afectan a decenas de miles de mexicanos.

Tan solo el gobierno del estado de Hidalgo señala que su padrón vehicular es de casi 900 mil unidades y que de estas 285 mil no tiene placas regularizadas. Es claro que existe un problema que es de fácil solución a través de medidas administrativas y no mediante acciones recaudatorias, confiscando ilegalmente bienes privados y mucho menos criminalizando esta conducta.

En Zacatecas el 20 por ciento del total de los vehículos que circulan en la entidad tienen placas d procedencia extranjera, es decir, 90 mil vehículos están en estas condiciones, sin embargo, la mayoría de esos vehículos, casi 38 mil vehículos se encuentran empadronados a nivel estatal1 ante la Secretaría de Finanzas del estado, con el fin de obtener un permiso de circulación y no ser molestados por las autoridades.

Los propietarios, poseedores o usuarios de vehículos de procedencia extranjera que circulan en territorio nacional son en su gran mayoría mexicanos migrantes, connacionales trabajadores, campesinos, jornaleros y emprendedores que han buscado ganarse su sustento allende el Bravo, debido a la falta de oportunidades de empleo y crecimiento económico en nuestro país, pero que al regresar a nuestra nación se les aplican una suerte de discriminación inversa, un revanchismo institucional que lejos de acoger a nuestros compatriotas, es decir ciudadanos con plenos derechos, se les maltrata, extorsiona, confiscan bienes o se les criminaliza. Esto ha sucedido año con año y es una práctica que debe terminar de inmediato.

Por las razones antes expuestas y fundadas, vengo a someter ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se implemente un programa permanente que permita la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera internados en el territorio mexicano.

Nota

1 http://ntrzacatecas.com/2016/01/18/buscan-regular-vehículos-chocolate/c ommet-page-1/

México, Distrito Federal.- Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputado Alfredo Basurto Román (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a establecer lineamientos relativos a la operación de las empresas de seguridad privada para el adecuado control de sus actividades y elementos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Durante los meses de octubre y noviembre de 2015, se reportó la desaparición de seis jóvenes en la entidad de Puebla. Sin embargo, la fiscalía general del estado informó que en relación con diversas averiguaciones previas, los seis jóvenes que fueron privados de su libertad, habían sido asesinados, descuartizados y calcinados. El motivo del crimen, de acuerdo con información del mismo órgano, fue la venganza del empresario poblano Jorge Aduna Villavicencio, en torno a un supuesto robo en el que habían participado los jóvenes y por el que ordenó a sus escoltas, entre los que se encontraban un ex policía ministerial y un ex agente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), localizarlos. No obstante, la investigación señala que dos de los jóvenes asesinados no habían participado en dicho robo.

Otro caso alarmante en este mismo sentido nos remonta a diciembre de 2015, cuando organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante medios de comunicación que empresas de seguridad privada, en colusión con autoridades locales y federales, torturan y asesinan a personas migrantes, a la par de hostigar a las personas defensoras de este sector.

En el tenor de lo expuesto, en marzo del año en curso, en los medios de comunicación, el caso de los escoltas del empresario Alberto Santíes Palacios, el conductor de un automóvil Ferrari, que agredieron físicamente a otro automovilista, regresó la atención a esta problemática que se hace cada vez más visible: En México, miles de escoltas y guardias de seguridad privada trabajan en el país al margen de la ley, sin entrenamiento especializado alguno, sin un padrón confiable que regule cuántos elementos hay y quiénes son, y sin reglas que delimiten claramente su labor.

Esta discusión tampoco puede olvidar lo que trajo consigo la pasada reforma energética cuando en casos como las explosiones en la Torre de Pemex y la ordeña de ductos para el robo de combustibles en donde las instancias internas de seguridad así como las instituciones federales se vieron rebasadas por la criminalidad: La presencia de compañías militares privadas, que han sido catalogadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como mercenarios, que compiten con el crimen organizado y el Estado en el monopolio del ejercicio de la violencia1 .

Dichas “empresas contratistas privadas constituyen verdaderos ejércitos mercenarios que se encuentran totalmente fuera de cualquier regulación legal, civil o militar en territorio nacional o incluso norteamericano y han constituido la gran salvación para el gobierno de los Estados Unidos dado que las violaciones a los derechos humanos realizadas por estos subcontratistas no pueden ser reclamadas ante ellos”2 .

La problemática se ha expandido, el crecimiento exponencial de la violencia no ha podido ser controlado por el Estado mexicano ni a través de sus propuestas y esfuerzos de centralización del poder, ni inyectando millones de pesos de nuestros recursos públicos a su cruzada. Al respecto, tan sólo de 2006 a 2012, el presupuesto destinado por el gobierno federal para la seguridad pública creció en 50 por ciento3 .

Pese a todo ello, lo que sí ha permitido esta situación es el desarrollo de empresas privadas dedicadas a la “seguridad” y el crecimiento de la violencia que de éstas derivan, tanto para la ciudadanía como para las personas que trabajan en este sector y que se encuentran desprotegidas por la ley. En el país, existen aproximadamente 10 mil empresas de seguridad privada, de las cuales solamente mil 50 cuentan un registro oficial ante Secretaría de Gobernación (Segob) y autorización federal para ofrecer servicios en dos o más entidades, alrededor de tres mil más poseen autorizaciones expedidas por los gobiernos de las entidades federativas, bajo sus propios estándares y sin ninguna regulación real y, alrededor de 75 por ciento brinda sus servicios de manera irregular y con personal sin certificación.

De acuerdo con investigaciones hemerográficas, “en una década, la cantidad de elementos privados registrados ante Segob se ha multiplicado más de 17 mil por ciento, y de acuerdo con especialistas, hay que sumar a los guardias sin registro (informales) que han crecido al doble o triple de esa proporción. De hecho, estimaciones de la Confederación Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Similares de los Servicios de Ramo indican que el número total de elementos de seguridad privada, entre regulados e informales, duplica a todos los policías de seguridad pública estatales y federales en México.”4

Esta situación deja desprotegida tanto a la población como a los elementos de seguridad, como lo ha ejemplificado la muerte de uno de los escoltas de Alberto Sentíes, quien, al ser encontrado sin vida, llevaba entre sus pertenencias una carta presuntamente escrita por él en la que responsabiliza de la golpiza que propinó a un conductor, a su entonces jefe, el conductor del Ferrari.

La problemática es enorme, no sólo por números sino por los estragos en el tejido social que genera y que pareciera que el gobierno federal no pretende atender.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación haga pública la información actualizada relativa al número de empresas, el número de empleados que poseen, el armamento y equipo que les ha sido autorizado, tanto a nivel federal como de las entidades federativas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para establecer lineamientos comunes relativos a la reglamentación de la operación de las empresas de seguridad privada en territorio nacional, que permitan un adecuado control de sus actividades y de sus efectivos.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que, en el uso de sus atribuciones, investiguen de manera objetiva, expedita y bajo una perspectiva de derechos humanos, las agresiones de las que ha sido objeto la ciudadanía, bajo la presunta responsabilidad directa de efectivos y la responsabilidad indirecta de dueños, directivos y contratantes de empresas de seguridad privada.

Notas

1 Unzueta, V. “Reforma energética y seguridad nacional, binomio cuadrado ¿Imperfecto?”, pp. 1.

2 Ibídem

3 Forbes. “¿Por qué más gasto y más policías no frenan los asesinatos?” Consultado en línea el 15 de marzo de 2016: http://www.forbes.com.mx/por-que-mas-gasto-y-mas-policias-no-frenan-los -asesinatos/

4 Ángel, A. “Miles de escoltas en México trabajan sin ley nacional y sin respetar convenios” Consultado en línea el 15 de marzo de 2016 en http://www.animalpolitico.com/2016/02/miles-de-escoltas-en-mexico-traba jan-sin-ley-nacional-y-sin-respetar-convenios/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Conagua y la Profepa a establecer medidas para sanear el río Atoyac, en Veracruz, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a la Comisión Nacional del Agua, Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, a implantar medidas para el saneamiento del río Atoyac, en Veracruz, y se cumpla con la normatividad ambiental a fin de que se evite el que continúe siendo contaminado, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Los suscritos, diputados a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En la zona centro del estado de Veracruz, enclavado en las montañas se encuentra la Congregación de Ojo de Agua Grande, perteneciente al municipio Amantlá de Los Reyes, lugar de gran belleza natural y sitio del cual surge el río Atoyac, el cual se prolonga hasta la desembocadura de la vía fluvial en el municipio de Boca del Río, en el litoral del Golfo de México, cruzando a su paso por los municipios de Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla y Medellín.

El río Atoyac se considera de los más importantes de Veracruz, ya que surte de agua a más de 10 mil familias y a la industria azucarera de la región que es de los principales motores de la economía de la zona y de la entidad federativa, sin olvidar las actividades agropecuarias, especialmente cultivos como la caña de azúcar, el limón persa de exportación, la ganadería, a las que se suman el ecoturismo y la pesca, que también dependen de los caudales de este río, de hecho, todas estas actividades económicas hacen que la cuenca del río Atoyac sea es parte de la zona que se conoce como “El corredor de oro”.

Pero, pese a la importancia que este río tiene para el abasto de agua potable y las actividades productivas de la región, el mismo sufre serios problemas, a lo largo de su cauce, tanto el río Atoyac como sus afluentes padecen todo tipo de agresiones, como la sobreexplotación de sus aguas, la deforestación de los alrededores de su cuenca alta, los desechos y las descargas de aguas residuales sin tratamiento que arrojan a su afluente alrededor de 200 industrias, entre las que se encuentran, ingenios azucareros, alcoholeras, plantas automotrices, actividades mineras y fábricas de galleteras.

Aunados a los anteriores y también de importancia para la degradación del río, son los lixiviados provenientes de la utilización intensiva de agroquímicos empleados en los cultivos de la caña de azúcar y el y limón persa, entre otros, aunados a los contaminantes generada por granjas porcinas y avícolas, basureros a cielo abierto que queman de noche los desperdicios y aguas residuales municipales sin tratar.

De tal forma que el río Atoyac al día de hoy se considera uno de los más contaminados de nuestro país, de hecho, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México ha señalado que los desechos químicos y contaminantes vertidos al río, pueden provocar un aceleramiento en el desgaste de la piedra caliza, y por ello en la zona se han generado diversas grietas y sótanos a lo largo del afluente que también han disminuido el cauce, como podrían ser las que hace unos cuantos días drenaron buena parte de su caudal.

La degradación de este afluente tiene barias aristas, es tanto un problema de salud públicas, como ambiental y económico, en lo referente a la salud, a lo largo de su cauce, entre la población que aprovecha sus aguas para uso doméstico y urbano, son cada vez son más frecuentes los casos de dermatitis y otras enfermedades de la piel vinculadas con la pésima calidad del agua, padecimientos estomacales aquejan a la población de forma recurrente.

Otro de los temas de salud pública de gran importancia que amenazan a las comunidades de la cuenca del río Atoyac es la constante aparición de enfermedades y muertes ocasionadas por la insuficiencia renal crónica, vemos que por ejemplo en la localidad de Ameyeles del municipio de Carrillo Puerto jóvenes y niños han padecido esta enfermedad y se presentan 30 casos de cáncer en una población de aproximadamente 300 habitantes.

En cuanto a los afectos económicos y ambientales, se evidencian abortos en el ganado y otras enfermedades que atacan al mismo, al igual que peces muertos y pérdida de animales silvestres son atribuibles a las pésimas condiciones que hoy presentan estas aguas, que en su momento estaban llenas de vida, donde se pescaban mojarras, juiles, anguilas, camarones y langostas, hoy los lugareños lo piensan dos veces antes de consumir estas especies acuáticas que por otra parte, ya poco se encuentran en sus aguas.

En otro orden de ideas, es indignante el ver que los instrumentos jurídicos para protegen a los cuerpos de agua y los ríos de la contaminación existen desde hace varios años, de hecho, entre estos se tiene a la “norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.”, que como su nombre lo indica data de 1996, pero en el caso del río Atoyac, como en muchos otros también vemos que esta norma y las demás disposiciones son letra muerta.

Por lo expuesto los suscritos creemos que es urgente la pronta intervención de la autoridad federal y las mismas tomen medidas en el asunto, tanto la Semarnat, la Profepa como Conagua, con base a sus facultades se aboquen a evitar que se siga contaminando este río y se proceda al saneamiento del mismo.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, para que en el marco de las atribuciones y facultades conferidas respectivamente a las instituciones a su cargo, se aboquen a la brevedad a llevar a cabo el saneamiento del río Atoyac, Veracruz, y se evite el que se continúen llevando a cabo acciones fuera de las normas jurídicas que lo sigan contaminando.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave, para que en el marco de las atribuciones y facultades conferidas por la normatividad aplicable coadyuve en el saneamiento del río Atoyac, Veracruz, y se continúen llevando a cabo acciones fuera de las normas jurídicas que lo sigan contaminando.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues, Sergio René Cancino Barffuson, María Chávez García (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Juan Romero Tenorio (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a la difusión de las medidas tomadas para mitigar la contingencia ambiental en el valle de México, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cecilia Guadalupe Soto González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha informado desde hace cinco días que debido a la situación de extrema estabilidad atmosférica asociada a un sistema de alta presión que ha afectado a la región central del país, junto con la intensa radiación solar que ha prevalecido durante la mayor parte de estos días se ha observado un incremento extraordinario en la concentración de ozono.

Por esta circunstancia y con fundamento en el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de México, se ha informado que las autoridades competentes de la Ciudad de México y el estado de México han activado desde el lunes 14 de marzo del presente año la fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono.

Los riesgos asociados a las altas concentraciones de ozono son

• Irritación de vías respiratorias.

• Molestias graves en personas con problemas respiratorios y cardiovasculares.

• Riesgo de activación de ataques en personas asmáticas.

Se ha exhortado a la población a contribuir activamente en la reducción de emisiones de contaminantes a la atmósfera a través de acciones como

• Utilizar el transporte público y medios de movilidad no motorizados, como caminar o la bicicleta.

• Reducir al mínimo el uso del automóvil. Para ello han dejado de circular al día de hoy vehículos con determinado número de placa y los que incluso cuentan con holograma tipo cero y doble cero que, en otras condiciones, los liberan del Hoy no Circula. Esta disposición permite aplicar a un estimado de 20 por ciento del parque vehicular, 1.9 millones de vehículos en la Ciudad de México, más 3 millones de vehículos en los municipios conurbados del estado de México.

Lo anterior representa la crisis ambiental más grave que ha tenido el valle de México en más de una década. Por ello necesitamos trabajar en cooperación y de manera coordinada quienes formamos parte de las instituciones públicas para que esto no vuelva a suceder, atacando sus causas.

Por lo expuesto y fundado, la suscrita somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal y a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y el estado de México, así como al coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a efecto de que hagan públicas las medidas tomadas para la actual contingencia ambiental en el valle de México, igual que las medidas de mitigación de largo plazo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de México a implantar medios para solucionar y reivindicar la propiedad en garantía en favor de los trabajadores de Grupo Industrial Casa, SA de CV, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Ariel Juárez Rodríguez y Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular del Poder Judicial del estado de México y a otras autoridades del mismo, para que se busquen los medios necesarias para dar solución a fin de reivindicar la propiedad en garantía a favor de los trabajadores de Grupo Industrial Casa, SA de CV, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El viernes 23 de octubre de 2015, siendo las 10:45 aproximadamente, los 441 trabajadores del Grupo Industrial Casa fueron desalojados por la fuerza pública del Estado de México de un inmueble ubicado en Prolongación Avenida Ceylán número seis, San Pablo Xalpa, Tlalnepantla, Estado de México, junto con los muebles considerados como garantía derivada de una medida precautoria dictada por el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el diez de noviembre de dos mil cinco, para garantizar el importe de los créditos laborales a favor de los trabajadores al servicio de esa empresa con motivo de la huelga existente y justificada, estallada el 21 de enero de 1998, en las instalaciones de esa fábrica, tal como consta en el expediente III-7792/1997 de la Secretaría Auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Junta Especial Quince de esa Federal de Conciliación y Arbitraje).

El monto de los créditos laborales que estaban garantizando ese embargo, ascienden a más de $200, 000, 000.00 (doscientos millones de pesos m.n.). Los bienes muebles e inmuebles eran propiedad de Grupo Industrial Casa, S.A. DE C.V.

Con este desalojo ilegal se interrumpe una resolución judicial sobre la posesión de dichos bienes, donde se les despojó de los bienes muebles que tenían bajo resguardo, así como de sus objetos personales que se encontraban en el interior del mismo y causaron daño a otros bienes que tenían en custodia que se encontraban en el domicilio antes mencionado.

Al realizarse este acto con autorización de Juez Tercero Civil de Primera instancia, los trabajadores se quedan sin garantía alguna pues el embargo citado, cubría el pago de sus créditos laborales y por consecuencia el pago de estos créditos; debido a la resolución donde se pronuncia la autoridad que el patrón tenía la obligación de pagar las respectivas liquidaciones al no reanudarse las actividades laborales.

Es así como después de dieciocho años de haber estallado esta huelga, no se ha ejecutado el laudo favorable para los trabajadores y no han recibido el pago de sus salarios devengados durante todo ese tiempo, aunado a lo anterior cuarenta cinco de los trabajadores involucrados fallecieron antes de ver reivindicados sus derechos laborales.

El desalojo violento de los trabajadores, que se encontraba de guardia en el inmueble en comento se realizó sin la seguridad y certeza jurídica con las que se debe llevar todo proceso judicial; en ningún momento la autoridad competente que realizó el desalojo mostró orden judicial fundada y motivada, indicando las razones por las que se realizaba dicho acto, al mismo tiempo que no se acreditaron como funcionarios públicos o como actuarios autorizados para llevar a cabo dichas diligencias, cabe decir que fueron apoyados por la fuerza pública, policías y granaderos del Estado de México.

El Juez Tercero de lo Civil de primera instancia, del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, emplazó a juicio al Sindicato Radical de los Trabajadores del Metal y Similares, demandándole entre más acreedores crediticios, la entrega del bien inmueble en comento y que se encontraba bajo el resguardo de los 441 trabajadores al servicio de Grupo Industrial Casa, S.A.

Los 441 trabajadores no fueron emplazados a juicio, estos tenían a su cargo el vigilar y custodiar el bien inmueble, no el sindicato emplazado que no tenía crédito alguno a su favor, por parte de Grupo Industrial Casa, SA de CV; lo cual quedó confirmado por el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuando le hizo saber que el bien inmueble motivo de la reivindicación, estaba embargado por esa autoridad y que cualquier planteamiento sobre la propiedad del mismo y su embargo, debía tramitarse ante dicha autoridad laboral, con exclusión de cualquier otra, con base en el artículo 966 de la Ley Federal de Trabajo, determinación que ha ignorado dicho Juez Tercero Civil de Primera instancia, hasta la fecha, tal como consta en el expediente formado con motivo de la demanda civil, que se tramita bajo el número 854/2008 en dicho juzgado y en el expediente laboral III-7792/1997 de la Secretaria Auxiliar de Huelgas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Cabe mencionar que a los 441 trabajadores nunca fueron notificados legalmente por esta autoridad civil, además de no estar facultada para dejar sin efecto el embargo mencionado con todas sus consecuencias legales ya que al momento en que se realizó el embargo precautorio de los mismos, no había constancia alguna de que fueran propiedad de una persona distinta al Grupo Industrial Casa, empresa para la cual prestaban sus servicios dichos trabajadores.

Estamos seguros que esta arbitrariedad será corregida a la brevedad posible, ordenando se restituya a los 441 trabajadores de Grupo Industrial Casa la posesión que tenían sobre los bienes muebles e inmuebles embargados hasta en tanto se defina, en forma definitiva la situación legal de los mismos con base en la Ley Federal del Trabajo, Art. 966 que a la letra dice:

Artículo 966.- Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se observarán las normas siguientes:

I. Si se practican en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en el orden sucesivo de los embargos, salvo el caso de preferencia de derechos;

II. El embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando sea posterior, es preferente sobre los practicados por autoridades distintas de la Junta de Conciliación y Arbitraje siempre que dicho embargo se practique antes que quede fincado el remate.

Y de acuerdo a los artículos 1, 5, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de México pues se han violado directamente en perjuicio de estos trabajadores, sus garantías de audiencia, de legalidad y sus derechos humanos relativos al debido proceso y al acceso real en la administración de justicia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Judicial del Estado de México para que realice lo conducente a fin de reivindicar la propiedad en garantía a favor de los trabajadores de Grupo Industrial Casa, SA de CV.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Judicial del Estado de México para que indique al Juez Tercero de lo Civil del Estado de México, se declare incompetente por materia, para resolver sobre un bien inmueble que se encontraba previamente como garantía en una resolución en materia laboral.

Tercero. Se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que al realizarse nuevamente la adjudicación de los bienes en garantía se realice de manera expedita la liquidación de los créditos laborales a favor de los trabajadores de Grupo Industrial Casa, SA de CV, teniendo restituidos sus derechos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día 29 de marzo de 2016.

Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la Ssa a evaluar el cumplimiento del acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para expender y distribuir en las escuelas del sistema educativo nacional alimentos y bebidas preparados y procesados, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. La alimentación sana y adecuada forma parte de uno de los derechos reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en el marco jurídico de nuestro país; sin embargo, el problema del sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud pública, donde diversas autoridades de distintos nivel de gobierno han emprendido acciones para atender las consecuencias derivadas de esta epidemia.

2. Entre los principales obstáculos para que se pueda acceder a este derecho se encuentran las limitantes económicas para adquirir los insumos mínimos para una buena alimentación, los malos hábitos alimenticios y la creciente oferta de determinados productos con escaso valor nutricional y alto contenido calórico, conocida comúnmente como comida chatarra. Las consecuencias son variadas, sin embargo, uno de los problemas en los que se ha centrado la atención por su alarmante progreso es el relativo al sobrepeso y la obesidad, sobre todo en niños y niñas por el aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes mellitas, cardiopatías y cáncer que son las tres principales causas de mortalidad en el país.

3. Datos de la Encuesta Nacional de Salud en los Escolares, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública, indican que un niño tiene cuatro veces más posibilidades de encontrar en la cooperativa de su escuela un dulce que un vaso de leche o verdura. Afirma también que esos establecimientos priorizan en su oferta productos altamente calóricos, ya que 81 por ciento de las cooperativas de las primarias en el país ofrece dulces, 78.8 botanas industrializadas, 71.8 refrescos y 48 pastelitos industrializados. En contraste con estos datos, sólo 50 por ciento vende agua pura embotellada, 29 yogur, otro 20 verdura fresca y sólo 19 por ciento leche.

En el caso de las secundarias, la encuesta citada arrojó datos de que en 9 de cada 10 planteles venden dulces, botanas industrializadas, tortas y refrescos; mientras que una de cada cinco vende leche. Señala también que sólo 52 por ciento de las primarias y 58 de las secundarias disponen de agua gratuita para sus estudiantes. Los resultados mostrados en esa encuesta, al entrevistar a 73 mil 560 niños de 644 escuelas primarias y secundarias, indican que 30 por ciento de los estudiantes de primarias y 31.7 de secundaria presentaban sobrepeso y obesidad. De manera paradójica, también se encontró que un sector presentas serias deficiencias nutricionales, ya que 20 por ciento de los niños de primaria padece anemia, mientras que en secundaria esta cifra se eleva a 32.5.

4. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 precisa que de 1999 a 2012, la obesidad en los niños en edad escolar creció de 26.9 a 34.4 por ciento, mientras que entre los adolescentes y jóvenes, el exceso de peso pasó de 11.1 en 1988 a 35.8 por ciento en 2012. Por lo que hace a la población adulta, México tuvo 35.2 por ciento de personas mayores de 20 años con obesidad, mientras que en 1988 sólo había 9.5 por ciento de personas en esa condición; con estos datos se evidencia que estamos frente a un problema de salud pública.

5. A través de diversas acciones, distintas autoridades han buscado dar soluciones a la epidemia del sobrepeso y la obesidad, de manera particular en el ámbito escolar, pues es en la población infantil donde se encuentran las cifras con números rojos que alertan sobre la salud de ese sector. Entre esas acciones, destacan las siguientes:

• El Programa Sectorial de Salud 2013-2018) plantea en el objetivo 3 “reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida”, y en la estrategia 3.7 “instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, dispone entre sus líneas de acción la relativa a vincular acciones con la Secretaría de Educación Pública para la regulación de las cooperativas escolares.

• La reforma del artículo 3o. constitucional, quinto transitorio III, Apartado C, publicado el 26 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, que señala la prohibición en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

• El 11 de septiembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del artículo 24 Bis a la Ley General de Educación, que tiene como objetivo principal establecer los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de todas las escuelas, estas disposiciones de carácter general comprenden las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten los de carácter nutrimental.

• La Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes cuyo objetivo en mejorar los niveles de bienestar de la población al frenar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, y revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus, utilizando intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.

• La publicación de los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional el 16 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, que son aplicables a todas las escuelas públicas y particulares del sistema educativo nacional en las cuales se expendan y distribuyan alimentos y bebidas preparados y procesados, además de establecer los criterios nutrimentales para la preparación o expendio de los alimentos y bebidas que forman el desayuno, refrigerio y comida escolar.

6. Con diversas acciones, se ha buscado dar cumplimiento pleno a los Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional; sin embargo, la Organización El Poder del Consumidor ha señalado que, a pesar del lanzamiento de esa estrategia, muchas escuelas que no tienen conocimiento de esta regulación, por lo que no la aplican. Además precisan que el propio gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, dio a conocer en su último reporte de seguimiento de los lineamientos en 2014, cuyos resultados arrojan que de 110 escuelas primarias públicas revisadas, en 80 por ciento aún se vendían bebidas azucaradas, y solo una tercera parte contaba con bebederos de agua, como marca la estrategia; además hasta un 80 por ciento de los directores, profesores, vendedores de alimentos y padres desconocía que existiera la prohibición de vender comida chatarra.

7. Adicionalmente a esos datos, el 18 de febrero de 2016 se dio a conocer el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, el cual es una herramienta que permite identificar los alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados con altos contenidos de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio, debido a que son los nutrimentos identificados que se han asociado con daños a la salud y que es necesario limitar su consumo. El documento hace referencia a cinco puntos que requieren el uso de este modelo, los cuales son la restricción de la comercialización y promoción de alimentos y bebidas poco saludables a niños; la regulación de los alimentos en el entorno escolar; el etiquetado de advertencia en el frente del envase; políticas fiscales para desincentivar el consumo de alimentos no saludables y subsidios agropecuarios y los programas sociales alimentarios dirigidos a poblaciones vulnerables.

8. Como se aprecia, hay diversas políticas, instrumentos y legislación para combatir el sobrepeso y la obesidad infantil, principalmente en el entorno escolar; sin embargo, también los datos alertan sobre la eficacia que han tenido los mismos, por lo cual es preciso que se dé seguimiento de ellos a través de una evaluación que realicen las instancias encargadas de la materia y tener los elementos que permitan fortalecer las estrategias y así poder cumplir los objeticos que se han planteado.

Po lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública, y de Salud del gobierno federal a realizar una evaluación sobre el cumplimiento del acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional, y hagan de conocimiento público sus resultados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 29 de marzo de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef y la CNBV a investigar sobre el origen de los recursos utilizados por diversas empresas para financiar la campaña presidencial del PRI en 2012, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Al cumplirse el primer año de la salida del aire de la primera emisión de Noticias MVS, cuya titular, la periodista Carmen Aristegui, denunció desde entonces un golpe de censura contra ella y su equipo, después de hacer pública la investigación de la “Casa Blanca”, surgen nuevas revelaciones sobre el uso de recursos de procedencia ilícita utilizados por empresas ligadas al Cártel de Juárez para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Diversos medios de comunicación se pronunciaron sobre lo sucedido a la periodista y su equipo de colaboradores:

Jenaro Villamil en Homozapping

A mediados de 2015, tras una entrevista en un noticiero matutino de Radio Fórmula, el conductor Ciro Gómez Leiva se lamentó porque la ausencia de Carmen Aristegui no se había traducido en mayor rating para él o para otros programas radiofónicos. Al aire, Gómez comentó que “Aristegui animaba la radio en las mañanas”.

¿Animaba?, me pregunté. Como si se tratara de un circo. No tuve tiempo de decirle, pero Aristegui no “animaba” la radio. Su programa de todas las mañanas en MVS marcaba agenda informativa y representaba para millones de radioescuchas el único espacio de contrapunto frente a decenas de noticieros en medios electrónicos dominados por la uniformidad de la agenda gubernamental.

“Así es, Ciro, perdimos todos: perdió la industria, perdió la audiencia, perdieron ustedes mismos porque es un panorama de uniformidad terrible y de poca credibilidad”, le comenté al salir de su estación en Radio Fórmula.

A un año de la abrupta expulsión de Carmen Aristegui y de su equipo de MVS el panorama sigue siendo desolador para la radio informativa, y una confirmación de que la censura –aún disfrazada de “conflicto entre particulares”- nunca genera “ganadores”, mucho menos en el caso de una periodista con una audiencia creciente y leal, que se ha distinguido en estos cinco lustros por remar contra corriente en el mundo de los concesionarios privados sometidos al gobierno.

A un año, es claro que perdimos todos y perdieron “ellos”. ¿Quiénes son ellos? Los que fraguaron de manera burda, ridícula, anacrónica y suicida esta forma de encubrir la venganza del peñismo por el reportaje de La Casa Blanca de EPN , quizá la mejor pieza periodística en muchos años en los medios electrónicos que tuvo el efecto de un iceberg en el Titanic del gobierno federal.

Perdió MVS al enfrascarse en un pleito rudo, distinta y distinto a aquellas maneras que simulaban apertura por parte de la familia Vargas. Quizá ganaron en otro terreno de sus negocios, pero la credibilidad perdida difícilmente se recupera.

Perdió el gobierno federal porque quedará marcado por este recurso del método de “matar al mensajero” como si así se maquillara el mensaje. El vocero presidencial Eduardo Sánchez, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el ex jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, la primera dama Angélica Rivera y el mismo mandatario Enrique Peña Nieto podrán simular que no tuvieron nada qué ver. Hasta podrán lamentarse en público y en privado, pero nadie les cree. Ni ellos mismos.

Nadie les cree porque la expulsión de Aristegui del cuadrante radiofónico privado responde a su método, a su estilo y a sus huellas. Durante tres años el peñismo se ha “vengado” de sus detractores y de sus críticos , creyendo que así resolvían su severa crisis de legitimidad (...).

Julio Hernández en La Jornada

Un año atrás, en la cabina de MVS, lo último que se difundió en el programa periodístico dirigido y conducido por Carmen Aristegui fue Often a bird, una pieza musical del compositor, ejecutante, cantante y musicólogo belga Wim Mertens (https://goo.gl/PRUuR4 ). Ser con frecuencia un ave, o tender a serlo, fue la selección escogida para finalizar un ciclo de información y análisis que con profesionalismo, profundidad y valentía realizó un equipo que fue sentenciado al despido de las frecuencias radiofónicas acostumbradas y a un ejemplificante veto laboral en nuevos proyectos conjuntos cuando menos por lo que resta del sexenio presidencial en curso.

El periodismo como ave de libertad ha empeorado desde entonces. El mensaje intencionalmente establecido desde aquella mañana del viernes 13 de marzo de 2015 quedó registrado en la mayoría de los mandos empresariales y directivos del periodismo mexicano y en muchas de las figuras relevantes que emiten comentarios y modulan el flujo informativo. Aristegui, su equipo, ese periodismo atrevido y crítico, eran castigados desde el poder público por (entre otros casos, pero esta gota, auténtico charco, derramó el vaso de la tolerancia pinolera) la develación de las maniobras financieras privilegiadas y con absoluto conflicto de intereses que llevaron a Angélica Rivera de Peña a hacerse de una mansión en las Lomas de Chapultepec gracias a la ayuda de un contratista (Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa) inequívocamente beneficiado por Enrique Peña Nieto como gobernador y luego como ocupante de Los Pinos.

La Casa Blanca se convirtió en la mansión de la oscuridad y la impunidad . Merced a esa develación de las maniobras inmobiliarias en la cúspide del poder, el abanico radiofónico sufrió el cercenamiento de una de sus partes más activas en el suministro de datos y opiniones para el entendimiento de lo que va sucediendo en el país. Aristegui y su equipo (por dar ejemplos: Kirén Miret en la producción; Lorenzo Meyer, Denise Dresser y Sergio Aguayo en una mesa de análisis; Enrique Galván Ochoa, entre otros comentaristas; Salvador Camarena como jefe de información en el último tramo) ofrecían diversidad en una planicie de periodismo electrónico en su mayoría entendido con los poderes o, en algunos valiosos casos, ejercitante cuidadoso de la crítica no tan penetrante, ante el riesgo de las reacciones de los comisarios mediáticos.

El golpe a Aristegui y su equipo implicó un mensaje de amedrentamiento sexenal al periodismo que osare adentrarse en temas y terrenos prohibidos, una supresión del derecho de las audiencias a estar informadas de manera integral y profesional y un montaje gubernamental para eludir castigo a las maniobras relacionadas con la Casa Blanca , habilitando a un bufón sin camuflaje, Virgilio Andrade, para emitir falsos certificados de inocencia a la esposa del jefe que lo nombró secretario de la Función Pública y caviares (SeFunPuCa) y al propio jefe al que otros asuntos le han saltado.

Un año sin Carmen Aristegui y su equipo y sin un noticiero radiofónico con ellos es un año más de minusvalía ciudadana, de bofetada al público crítico y ávido de otra manera de informar en la radio, de consolidación del cinismo y la impunidad en las alturas del poder mexicano (aquí, el Astillero de un año atrás, referido a El bosque periodístico; Lo de MVS, un ejemplo; ¿Y las reglas para publicidad? http://goo.gl/LKNfxn). Often a bird, la pieza final del programa de aquel viernes 13 de marzo de 2015, sigue en espera de inaugurar la reanudación del trabajo periodístico de Carmen y su equipo. Como un ave.

Enrique Galván Ochoa en La Jornada

(...) ¿Qué ha sucedido desde entonces? Ella se encuentra bien; continúa, como todos sabemos, con su programa en CNN México y en Reforma. Obvio: ha tenido que sortear momentos difíciles. La demanda de amparo que presentó contra MVS para su reinstalación hasta el término de su contrato no prosperó –como tampoco los diferentes recursos de sus colaboradores y centenares de ciudadanos. Es innegable, aunque no lo acepten, que el tema de la residencia presidencial desató la decisión del gobierno de sacarla del aire . El papel que jugó la Suprema Corte de Justicia fue lamentable: se negó a atraer el expediente. Ningún ministro votó a favor, ni siquiera Olga Sánchez Cordero, la ministra dizque menos conservadora, en quien se cifraron esperanzas. Por otro lado, las puertas de la radio y televisión privados se cerraron, inclusive Radio UNAM, cuando todavía era rector José Narro. ¿Qué sigue entonces en la carrera profesional de Carmen Aristegui? Sólo una parte de la respuesta la tiene la periodista, la otra le corresponde al público. Si hay una buena disposición de la gente –y no dudo que sucederá así– pronto veremos su regreso al radio, vía Internet.

¿Qué ha sucedido desde entonces?, así inició la postura de Enrique Galván Ochoa frente a lo que ha sucedido desde entonces con Aristegui. El pasado 18 de marzo, Carmen Aristegui apareció en diversos medios de comunicación haciendo pública una nueva investigación especial reiteradamente sobre los vínculos del primer mandatario para financiar su campaña presidencial en 2012, ahora con uno de los operadores de la delincuencia organizada -el Cártel de Juárez-.

En diario Reforma ofreció a sus lectores un artículo escrito por Aristegui, con el título: ¿Cómo llegó EPN a los Pinos?

En la columna de Carmen publicada el 18 de marzo pasado, se detallan los siguientes hallazgos:

“(...) Un operador financiero del Cártel de Juárez -procesado por ello y preso sólo cinco años- se convirtió en proveedor del programa estrella de este sexenio, la Cruzada contra el Hambre. El personaje fue identificado por la PGR, hace algunos años, como el contacto con proveedores de droga en Colombia y responsable de las negociaciones financieras del Cártel de Juáre z.

Libre ya, consiguió, en este sexenio, contratos por casi 400 millones de pesos, para dotar de millones de afiches, botones, papelería y cuanta cosa usted imagine de una larga lista de materiales que nunca fueron entregados. Una licitación que hizo, vaya usted a saber por qué, la Universidad Autónoma de Morelos, a través de un funcionario suyo ligado al partido Nueva Alianza. Ese mismo personaje, operador del narco , y sus empresas aparecen en la misma investigación en transacciones comerciales en el futbol internacional.

En la última parte de esta espléndida investigación, que omite los nombres de los periodistas que participaron en ella por razones de seguridad, se entra a la parte más peligrosa del asunto: la campaña presidencial de Peña Nieto.

El Grupo Comercializador Cónclave , operado por Rodolfo David Dávila Córdova , alias El Cónsul, además de participar en licitaciones tramposas y operaciones del futbol internacional también aportó dinero para las tarjetas usadas por el PRI durante la campaña presidencial de 2012. El reportaje aporta una hebra más en esa trama político, electoral, financiera conocida como el “Monexgate”. La historia que, finalmente, los opositores dejaron morir bajo la lápida del “Pacto por México”. ¿No es tiempo de que la investigación inconclusa y fallida sobre el “Monexgate” se retome, con estas nuevas evidencias aportadas por una investigación periodística? ¿No es eso lo que se esperaría de una democracia?

Hay indicios de que quienes tomaron el poder en su más alto nivel lo hicieron -no sólo con la ayuda directa de la principal televisora- sino abriendo la puerta a financiamientos ilícitos . La sociedad tiene derecho a saber y los políticos y la justicia tienen la obligación de actuar”.

Ante estos hechos, Morena se dio a la tarea de indagar sobre la información publicada al cumplir el primer año de la salida del aire del programa de MVS. El portal Aristegui Noticias, publicó un reportaje especial, como el de la “Casa Blanca” mismo que se dio a conocer el 9 de noviembre de 2014, razón principal del despido de la reportera y su equipo de colaboradores.

La investigación fue publicada en cuatro reportajes especiales, los tres primeros se dieron a conocer del 14 al 16 y el último el 24 de Marzo. A continuación se transcriben fragmentos considerados de mayor relevancia.

En el primer reportaje, se detalla el vínculo de Ricardo García Urquiza, “El Doctor”, quien había asumido el mando de la organización delictiva, tras la ejecución, en 2004, de Rodolfo Carrillo Fuentes, en Culiacán. Tras su detención en la Ciudad de México y los documentos que le fueron decomisados se evidenció la estructura empresarial que había logrado crear para la operación del Cártel de Juárez.

“Rodolfo David Dávila Córdova tenía un apodo que lo describía a la perfección: ‘El Cónsul’. Lo llamaban así, porque el presunto intermediario del Cártel de Juárez tenía contactos con autoridades federales.

De 1988 a 1990, El Cónsul había trabajado para el Banco de México como Subgerente de Cambios Nacionales. Entre sus tareas estaba el fijar la política de compra-venta de divisas, además de vigilar las transacciones realizadas en los mercados cambiarios. Luego trabajó como Subdirector de inmuebles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Permaneció en el gobierno federal hasta 2003.

Según el proceso que se siguió en su contra, Dávila Córdova fue reclutado por el Cártel de Juárez para ejecutar operaciones de lavado de dinero, a través del centro cambiario ‘Envíos del Ahorro’, en el que era socio con el 32% de las acciones.

Ocho años después de haber sido encarcelado, acusado de ser el intermediario financiero de cárteles de la droga de México y Colombia, El Cónsul se incorporó como contratista de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En dos transacciones realizadas entre octubre y diciembre de 2013, dos empresas en las que Rodolfo David Dávila Córdova aparece como socio y apoderado legal recibieron más de 396 millones de pesos (equivalentes a 25 millones de dólares, conforme al tipo de cambio de ese momento) del programa federal.

Las empresas se denominan Grupo Comercializador Cónclave, SA de CV, y Prodasa, SA de CV.

(...) El jueves 26 de septiembre de 2013, a las tres de la tarde, el supuesto operador financiero del Cártel de Juárez acudió con Wistano Luis Orozco García, ex dirigente del Partido Nueva Alianza en el Distrito Federal, a quien le entregó un sobre cerrado que contenía su propuesta para integrarse como proveedor de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Así quedó consignado en un acta.

Wistano era una especie de intermediario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Morelos, estado donde reside Rodolfo David Dávila Córdova, El Cónsul.

Tras renunciar a principios de 2013 a la Presidencia de Nueva Alianza en la capital de México, Wistano se incorporó como coordinador de proyectos especiales de la Universidad Autónoma de Morelos. Entre sus tareas estaba buscar proveedores para equipar a los brigadistas de la ruta ‘Sin Hambre’, del programa estelar del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Sedesol comisionó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que se encargara de equipar a los brigadistas de la Cruzada contra el Hambre; el centro de estudios, a su vez, subcontrató a las empresas fantasmas de El Cónsul.

Y uno de los aspirantes que se anotó para convertirse en proveedor de la Sedesol era precisamente El Cónsul, quien aquel 26 de septiembre de 2013 se presentó en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, para formalizar su petición.

Al encuentro, realizado en Avenida Universidad 1001, en Cuernavaca, llegaron los representantes de otras tres empresas, que también buscaban obtener el contrato. De un plumazo, dos de los postulantes fueron eliminados. Sólo quedaron como candidatos Grupo Comercializadora Cónclave (representado por David Dávila Córdova) y su contendiente Bombasa SA de CV.

Al día siguiente, a las dos de la tarde, Wistano Luis Orozco firmó en el sexto piso de torre de rectoría el documento mediante el cual se asignó un contrato por 207 millones 779 mil 715 pesos a Grupo Cónclave. Fue una asignación exprés.

Dos meses después, la historia se repitió con Prodasa SA de CV, empresa en la que ‘El Cónsul’ es socio. El 29 de noviembre de 2013 su hermano acudió a una reunión realizada junto a la Sala de Rectores de la Universidad morelense, y en sobre cerrado entregó su propuesta. A los once días le asignaron un contrato por 188 millones 662 mil 900 pesos.

Grupo Comercializador Cónclave está identificado por el SAT como presunto evasor fiscal . En 2011 y 2012 la empresa no presentó su declaración de impuestos, pese a que en esos años tuvo contratos con el PRI nacional para la elaboración de miles de “reportes especiales” del instituto político, y actuó como intermediario en operaciones de comercio exterior.

En su declaración anual de 2013 declaró al SAT ingresos acumulables de 25 millones 661 mil 574 pesos, aunque tan sólo en el contrato que obtuvo en la Universidad de Morelos cobró más de 207 millones”.

El contenido de la investigación evidenció cómo el Grupo Comercializador Cónclave , manejado por Rodolfo David Dávila Córdoba, alias “El Cónsul”, uno de los operadores del Cartel de Juárez , se convirtió en proveedor del programa oficial Cruzada contra el Hambre a través de contratos amañados por la Universidad Autónoma de Morelos, ese mismo personaje como se evidencia en la investigación también logró involucrarse en las operaciones del futbol internacional. Pero eso no es todo, la investigación especial desagrega el modus operandi muy planeado y sofisticado que se utilizó para que a través de empresas fantasmas como las de Rodolfo Dávila por medio de la triangulación de recursos y posible lavado de dinero, se inyectó dinero a las tarjetas bancarias utilizadas por el PRI durante la campaña presidencial en la que resultó ganador Enrique Peña Nieto en el año 2012 , en un caso que públicamente se conoció como Monexgate.

A continuación se incorpora parte del tercer reportaje especial, en función de que este detalla las maniobras del operador del Cártel de Juárez para financiar la campaña de EPN, información que de alguna manera se dio a conocer con la primera investigación de la PGR sobre le Monexgate y en la que se le exoneró al afirmar que las pruebas presentadas por sus opositores, no eran contundentes para acreditar el delito que la Procuraduría podría perseguir. De las investigaciones se supo que empresas como Grupo Comercializador Inizzio, Grupo Efra, Gap y Banco Monex entre otras, habían aportado recursos para las tarjetas utilizadas por el PRI para los comicios en 2012.

“Grupo Comercializador Cónclave tenía un cliente de mucho peso: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En junio de 2011, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional le encargó a esta empresa elaborar 67 mil 900 “reportes especiales” que serían entregados a los gobiernos estatales y municipales priístas para instruirlos sobre cómo realizar “una gestión gubernamental más eficiente”, según detalla el contrato localizado en los registros del ahora Instituto Nacional Electoral (INE), antes conocido como IFE.

En aquellos días, el líder nacional del PRI era Humberto Moreira Valdez, quien el pasado viernes 15 de enero de 2016 fue arrestado en Madrid. La Fiscalía Anticorrupción había ordenado cárcel para el ex gobernador de Coahuila por presuntamente formar parte de una red criminal y haber blanqueado en España 200,000 euros.

Sin embargo, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional -la principal instancia judicial española que se encarga de temas complejos como terrorismo y corrupción-, dejó en libertad sin fianza a Moreria al no hallar delitos en su contra.

En 2012, ya con Pedro Joaquín Coldwell al frente de la dirigencia, el PRI nacional refrendó los servicios de Cónclave con el contrato CP-118-0115/2012, con vigencia del 20 de enero al 31 de diciembre. Además de elaborar impresos, les surtía mobiliario, según consta en sus registros de proveedores.

Al revisar las cuentas del PRI, los auditores del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) pusieron en duda el contrato asignado a Cónclave para la elaboración de miles de reportes.

“Respecto a las facturas señaladas, no se localizaron las respectivas muestras de los trabajos realizados”, advirtieron los auditores del IFE en un oficio enviado al PRI el 20 de junio de 2012.

Para tratar de comprobar que no se trataba de servicios simulados, la dirigencia del PRI envió al IFE muestras físicas de los llamados ‘reportes especiales’, así como carpetas que contenían las notas de entrada y salida de almacén.

No conformes con esas pruebas, los auditores solicitaron la documentación en la cual constara la forma en que el partido distribuyó ese material.

Según la respuesta enviada al IFE, los reportes se repartieron en forma masiva en los comités directivos nacionales y estatales; con los sectores adherentes al PRI (CTM, CNOP, CNC), en los congresos, en universidades, bibliotecas, embajadas, con gobernadores, secretarías de Estado y periodistas afines al partido.

Grupo Comercializador Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, “El Cónsul”, identificado por la PGR como operador financiero del Cartel de Juárez, participó en la triangulación de dinero en el caso llamado Monexgate.

Al calor de la campaña presidencial del año 2012, el Partido Acción Nacional (PAN) entonces en el poder con el Presidente Felipe Calderón al frente y la coalición de izquierda formada el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano acusaron al PRI de tener una estructura de financiamiento ilegal por medio de tarjetas de débito bancarias emitidas por el Grupo Financiero Monex.

Las pruebas de este caso fueron entonces exhibidas por los coordinadores de las campañas. Por la izquierda, Ricardo Monreal y por la derecha, Roberto Gil durante uno de los debates que sostenían semanalmente, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui. Sobre la mesa pusieron dos tarjetas bancarias y 19 facturas. Tanto unas como otras expedidas por el banco Monex.

El representante del PRI, Luis Videgaray -ahora convertido en secretario de Hacienda- negó entonces que usaran las tarjetas. “No”, dijo a botepronto en pleno debate. Meses más tarde, Jesús Murillo Karman –tiempo después nombrado Procurador General de la República- salió a dar la cara por los tricolores. Dijo que siempre sí emplearon las tarjetas pero no para los fines que sus opositores acusaban y tampoco habían rebasado con ello el tope financiero.

A partir de las pruebas de este caso, el equipo de Investigaciones Especiales del noticiero conducido por Aristegui reveló los nexos entre compañías con el PRI; Grupo Comercializador Inizzio y Grupo Efra. Otros medios de comunicación, por separado, aportaron nombres de más empresas, en una compleja operación en el centro de la cual estaba el banco Monex.

El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hizo una investigación a partir de las denuncias presentadas por la derecha y el bloque de izquierda

El resultado fue que exoneraron al PRI. Para la mayoría de los consejeros era creíble la versión del equipo encabezado por Enrique Peña Nieto en el sentido de que esas tarjetas fueron sólo para cubrir el costo operativo de su estructura – es decir para pagar alimentos o transportes de los representantes de casillas- y no propiamente para gastos de campaña como pudieran ser espectaculares o mítines.

En el dictamen de la auditoría hecha las finanzas del PRI, a lo largo de 228 páginas, apareció el nombre del Grupo Comercializador Cónclave. El mismo que, acuerdo con los documentos y pruebas oficiales mostradas en esta investigación periodística, ha sido un brazo del Cartel de Juárez.

De acuerdo con el expediente del caso, los representantes del PRI explicaron –en su defensa- que durante la campaña electoral no tenían suficiente dinero en efectivo para movilizar a sus representantes de casillas y deberían pagar a los enlaces estatales, a los distritales y a los coordinadores territoriales.

Para disponer de esos recursos, de manera rápida, contrataron a la empresa Alkino Servicios de Calidad. El contrato fue firmado el 1 de marzo del 2012 por un monto de 1 millón 682 mil 528 pesos.

En el expediente, no hay una explicación por qué eligieron a esa empresa. No obstante, el entonces vocero del PRI, Eduardo Sánchez, dijo al diario El Universal que buscaron a esa firma “por su seriedad y solidez”. Esta declaración fue publicada el 26 de julio del 2012, es decir, cuatro meses después de firmado el contrato y 25 días más tarde la elección presidencial.

Alkino es una empresa dedicada a servicios financieros. Sin embargo, -de acuerdo en el expediente integrado por el IFE- para cumplir con el contrato con el PRI, no abrió sus cuentas. Sus directivos buscaron a otra empresa que pudieran conseguir dinero rápido y disponible en tarjetas bancarias. Para ello, subcontrataron a la firma Atama.

Este subcontrato fue por 66 millones 326 mil 300 pesos. Alkino obtuvo el financiamiento necesario pagando una tasa de interés de 1.5 por ciento mensual, pero sólo a partir de que se actualizara la última entrega de las tarjetas bancarias.

En total, consiguieron 7 mil 851 tarjetas de las cuales regresaron 1 mil 373 por estar dañadas, según la versión del PRI validada por el IFE.

Quién estuvo encargado de estas transacciones fue Héctor Macías Díaz, subsecretario de Enlace Territorial del mismo PRI.

Pero al igual que las empresas anteriores, Atama también buscó el dinero en otro lado.

Ramón Morales, su representante legal, dijo que a su vez utilizaron a la firma Inizzio, la cual pertenece a su mismo grupo.

En su testimonio por escrito ante el IFE explicó que ésta última contaba con mayor experiencia en servicios bancarios y contratación de productos financieros además de tener una cuenta en Monex.

El Grupo Comercial Inizzio tiene un funcionamiento peculiar. Una de sus características ha sido que opera con prestanombres y maneja negocios tan disímbolos que van desde la compra de materiales eléctricos como la renta de departamentos y la venta de equipo de cómputo a través de empresas satélites más pequeñas.

En el año 2012, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui, se mostró cómo operaban para proteger la identidad de su dueño, José Luis Lozana Neyra, quien usa el nombre de Alejandro J. Pérez Lizárraga.

Entre los prestanombres figura Juan Oscar Fragoso Monroy, un joven quien se dedicaba a la albañilería y murió en un accidente de motocicleta. De hecho, su nombre también apareció entre los supuestos accionistas de Atama, la empresa contratada por Alikino para la compra de tarjetas en Monex.

Para atraer el dinero necesario, Atama pidió a ocho de sus clientes liquidar sus deudas mediante depósitos en una cuenta bancaria a nombre de Inizzio abierta en Monex, de acuerdo con la investigación del IFE.

Uno de esos clientes fue Grupo Comercial Cónclave, la empresa encabezada por Rodolfo David Dávila Córdova, “El Cónsul”, operador del Cartel de Juárez. El 25 de mayo del 2012 aportaron 699 mil 500 pesos por “comisiones de venta”. El propio IFE lo inscribió así en el dictamen de su auditoría.

Como se mostró en la primera parte de esta investigación, Dávila Córdova “El Cónsul”, aparece como apoderado de esa firma, la misma que junto con Prodasa defraudó por 25 millones de dólares a la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los programas más importantes del Gobierno Federal.

Grupo Comercial Cónclave –de acuerdo en el expediente hecho por el IFE-, a diferencia de las otras ocho empresas deudoras de Atama depositó el dinero en una cuenta en Monex a nombre de Efra, otra de las firmas vinculadas a la compra directa de las tarjetas de débito y, a su vez, a la familia Fraga vinculada al PRI.

En esa misma lista de empresas con supuestas deudas con Atama –utilizadas para inyectar dinero en cuentas de Monex- también apareció Akrópolis. Uno de sus socios mayoritarios ha sido César González Rodríguez, nacido en Pachuca Hidalgo.

El nombre de esta persona también figura como socio de Grupo Comercial Cónclave. El 21 de mayo de 2012, Akrópolis abonó 1 millón 409 mil pesos –en dos pagos- en las cuentas bancarias utilizadas para las tarjetas de débito utilizadas por el PRI.

De acuerdo con el resultado de la auditoría al PRI, Inizzio entregó a Atama 9 mil 924 tarjetas bancarias de banca Monex, de las cuales 7 mil 851 estaban destinadas al PRI. Del resto no hay datos de su paradero.

La Unidad de Fiscalización del IFE notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que unas 1 mil 500 tarjetas pagadas finalmente por el Grupo Comercial Inizzio tuvieron operaciones realizadas en el extranjero. Esto sucedió el 23 de enero del 2013”.

El Monexgate, trajo consigo una serie de acciones de diferentes dependencias provocadas por las denuncias que en su momento se presentaron, con el principal objetivo: evidenciar que el PRI había utilizado recursos de procedencia ilícita, rebasado los topes de campaña y comprado votos a través de monederos electrónicos; sin embargo, como todos lo sabemos, las denuncias de los partidos políticos de oposición fueron desechadas.

De la revisión de la Auditoría Superior de la Federación respecto de los recursos canalizados a través de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el número de empresas fantasma que se habían utilizado para recibir y triangular los recursos, en el informe de la cuenta pública 2013, se encontraron nuevos hallazgos. Al auditar los contratos que le fueron otorgados a las dos empresas vinculadas con Rodolfo Dávila, principal operador del Cártel de Juárez, Grupo Comercializador Cónclave y Prodasa, se precisaron las siguientes observaciones:

La ASF ha reportado irregularidades durante 3 años consecutivos en este tipo de operaciones y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y otras acciones promovidas, persiste la recurrencia de anomalías en las adjudicaciones directas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con universidades públicas , otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, obra pública, consultorías y prestación de servicios, al amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4 de sus respectivos reglamentos.

Estos esquemas permiten en muchos casos eludir las licitaciones públicas , y propician que se puedan simular los servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos, y que éstos a su vez, subcontraten a otras empresas y personas físicas; incluso, se ha dado el caso de la subcontratación de empresas inexistentes o vinculadas.

Cabe mencionar que el convenio de colaboración no fue proporcionado por la Sedesol cuando se le requirió, por lo que dados los antecedentes y la reincidencia en las contrataciones bajo este esquema, se determinó llevar a cabo esta auditoría por la presunción de actos y omisiones que pudieran implicar irregularidades y, en su caso, conductas ilícitas que pudieran desprenderse por el ocultamiento de la información.

Resultados

1. El 6 de mayo de 2013, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaemor) suscribió con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) un convenio de colaboración, por un importe de 697,767.7 miles de pesos, para desarrollar proyectos y acciones de interés y beneficio mutuo directamente relacionados con el cumplimiento de sus fines institucionales, con las especificaciones y costos establecidos en dos anexos técnicos, el número 1, por 435,997.5 miles de pesos, y el número 2, por 261,770.2 miles de pesos. Ambos fueron suscritos el 27 de mayo de 2013.

Aun cuando en la cláusula tercera de las obligaciones estipuladas en el convenio de colaboración, se estableció que la Uaemor no podría ceder, transmitir o transferir bajo ningún título a ninguna persona física o moral los derechos y obligaciones adquiridos con la Sedesol, se constató que la universidad no cumplió con lo establecido, ya que subcontrató mediante licitaciones públicas a 5 empresas para ejecutar el 100.0% de los servicios pactados por 662,879.5 miles de pesos, lo que contravino lo establecido en los artículos 1, párrafo quinto, de la LAASSP, y 4 de su reglamento, ya que las adjudicaciones representaron el 95.0% del monto total convenido, conforme al siguiente cuadro:

Las observaciones de la ASF fueron las siguientes:

1. Las convocatorias de las licitaciones públicas números LP20/2013 y LP21/2013 no son legibles ya que los anuncios publicados fueron de tamaño 2 módulos x 2 (menos de un octavo de plana), lo cual no permite visualizar con claridad la información contenida en la publicación; además, no se especificó la cantidad de bienes. Igual sucedió con la LP12/2013.

Los plazos que se establecieron para la adquisición de las bases se limitaron a 3.5 días.

2. En los expedientes revisados no se encontró la documentación mínima requerida establecida en la normativa; tampoco los documentos que avalen la capacidad técnica y humana de las empresas que permitan garantizar el cumplimiento adecuado de los servicios. Además, se observó que el objeto social de las empresas era inconsistente con los bienes o servicios licitados.

3. Existieron irregularidades en los procesos de licitación, adjudicación y contratación de los proveedores, desde el fallo hasta el pago, como se explica de manera detallada en cada una de las observaciones subsecuentes. Lo anterior en contravención de la CPEUM y la LAASSP.

4. En las licitaciones LP12/2013 y LP20/2013, se fraccionó la cantidad de bienes por adquirir y se adjudicaron a dos empresas cuyos representantes legales tienen los mismos apellidos, lo que se acreditó con las actas constitutivas, por lo que se presume que son hermanos.

Por lo anterior, se confirma la subcontratación de todos los servicios por parte de la universidad, sin que la Sedesol supervisara ni verificara que éstos fueran efectuados conforme a lo estipulado en la normativa y en el convenio de colaboración suscrito.

Derivado de la reunión de presentación de resultados, la Uaemor remitió respuesta a las observaciones finales, mediante el oficio número CA/021/2015 del 23 de enero de 2015, y de su análisis se determinó que no presenta los elementos necesarios para su solventación.1

De la auditoría realizada a las empresas Grupo Comercializados Cónclave y Prodasa, vinculadas con “El Cónsul”, operador del “Cartel de Juárez”, la ASF identificó cómo la Sedesol a través de la Universidad Autónoma de Morelos (Uaemor) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), por medio de licitaciones a modo y amañadas entregaron recursos federales a empresas fantasma, que estas a su vez transferían los recursos a otras empresas que presuntamente estuvieron involucradas en las transferencias de los recursos para las tarjetas Monex.

Como se puede observar, los contratos que otorgó la Sedesol a la UAEM y a la Uaemor, presumen un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de más de 396 millones de pesos, sólo respecto de las dos empresas vinculadas al principal operador del Cártel de Juárez.

Estamos, así, frente a evidencias de la manera en que Enrique Peña Nieto se hizo de la Presidencia de la República, utilizando recursos provenientes de personajes ligados al Cártel de Juárez que financiaron la operación Monex para comprar votos, por lo que el caso debe abrirse nuevamente con una verdadera participación activa y decidida de la Cámara de Diputados. Más aún cuando existen evidencias de corrupción y daño patrimonial cometido contra la Hacienda Pública, como lo reportó la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría realizada a la Cruzada Nacional contra el Hambre, caso en el que hasta la fecha no se ha castigado a los responsables.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con objeto de que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realice la investigación correspondiente, o en su caso haga público el resultado de las acciones que ha llevado a cabo sobre los recursos presuntamente de origen ilícito ligados a la organización criminal del “Cartel de Juárez”, que por medio de acciones de triangulación fueron utilizados por las empresas Grupo Comercializador Cónclave y Prodasa entre otras, para financiar los monederos electrónicos Monex, con los que el PRI operó la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia, haga públicas las acciones tomadas hasta la fecha respecto a la auditoria Forense: 13-4-99025-12-1426, específicamente de las empresas Grupo Comercializador Cónclave y Prodasa y las relacionadas con esta auditoria presentada en el informe de la Cuenta Pública 2013, que involucran más de 396 millones de pesos que no se comprobaron y su probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a que en apego a los artículos 5,108 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, haga público el expediente Q-UFROO-58/2012, el cual fue clasificado como información temporalmente reservada, en virtud de que esta, no se encuentra en ninguno de los supuestos para tener el carácter de reservada.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República a que en el ámbito de sus atribuciones, y ante las nuevas evidencias que se han hecho públicas, inicie las investigaciones correspondientes respecto de las empresas Grupo Comercializador Cónclave y Prodasa, vinculadas al Cartel de Juárez, con la finalidad de conocer el origen de los recursos que fueron utilizados para la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012, presuntamente de procedencia ilícita.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que reabra las investigaciones que inició el IFE en torno al caso Monex, en especial sobre las implicaciones de Grupo Comercializador Cónclave en la compra de tarjetas para el PRI durante la pasada campaña presidencial y el posible uso de recursos de procedencia ilícita.

Nota

1 ASF, Informe de la Cuenta Pública 2013, Auditori?a Forense: 13-4-99025-12-1426, Contratos y/o Convenios Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a fin de cumplir con los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH). http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013 _1426_a.pdf

Links

http://m.aristeguinoticias.com/1403/mexico/contrata-el-g obierno-federal-a-operador-del-cartel-de-juarez/

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.asp x?id=157002&v=13&po=4

http://compramex.edomex.gob.mx

http://compramex.edomex.gob.mx/proveedor/listado/

http://aristeguinoticias.com/2901/mexico/en-mexico-hemos -vivido-retrocesos-en-materia-de-libertad-aristegui/

https://mexicoleaks.mx/#publicaciones

http://aristeguinoticias.com/0203/mexico/cidh-sobre-el-c aso-aristegui-mvs-en-mexico-es-complejo-el-ejercicio-periodistico/

http://aristeguinoticias.com/0203/mexico/en-mexico-nivel es-criticos-de-impunidad-informe-de-la-cidh/

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf

http://www.ine.mx/archivos2/app/busqueda/?b=unidad+de+fi scalización+de+los+recursos+delos+partidos+politicos

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_pu blica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0005-2013.pdf

http://www.proceso.com.mx/398706/investigan-en-espana-a- exjefe-de-campana-de-pena-vinculado-al-caso-monex

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs. aspx

http://www.milenio.com/politica/
PRI_tarjetas_Monex-gastos_campana_Pena-TEPJF_impugnaciones_Monexgate-INE_0_467353312.html

http://aristeguinoticias.com/1603/mexico/cartel-de-juare z-proveedor-del-pri-y-financiador-en-la-campana-de-pena-nieto/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales a implantar políticas públicas para prevenir el acoso callejero, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. En el Día Internacional de la Mujer, la periodista independiente Andrea Noel a plena luz del día sufrió un ataque sexual en la colonia Condesa de la Ciudad de México, luego de que ella misma diera a conocer el vídeo en donde un hombre le levanta la falda para bajarle su ropa interior, miles de usuarios compartieron comentarios de apoyo en sus redes sociales; sin embargo también recibió ataques y amenazas por esa vía, lo que dejó al descubierto lo interiorizada y arraigada que se encuentra la violencia hacia las mujeres en nuestra sociedad.

2. En nuestro país se culpa a las mujeres por el acoso que sufren, ya que en el imaginario colectivo se ha enquistado la idea de que son violadas o acosadas por la manera en la que se visten, por andar solas en la calle, o por hacerlo a altas horas de la noche.

3. Un alto número de mujeres que vive en la Ciudad de México denuncia haber sufrido algún tipo de violencia sexual, un 72%, según las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística, este tipo de violencia es más que la media nacional y supera a los Estados más violentos del país, como Guerrero o Chihuahua; y para las mujeres jóvenes aún es peor, ya que la cifra de abusos aumenta hasta 78 de cada 100 mujeres entre 20 y 29 años.

4. Otra joven en la Colonia Roma fue a denunciar la semana pasada que un hombre le había estado tomando fotos a su trasero mientras caminaba por las calles de esa colonia, en la Agencia del Ministerio Público, ante su denuncia de víctima casi pasa a victimaria, pues relató para un periódico que no le quisieron tomar la denuncia en un principio, que la amenazaron con que si estaba dando falso testimonio le podían dar de 2 a 6 años de cárcel, señaló que dos mujeres en la Agencia se solidarizaron con ella y que le recomendaron mostrarse vulnerable, que de nada servía parecer segura y valiente. Así no les interesa. “tienes que mostrar miedo, le dijeron”.

5. Las altos números de violencia sexual se explican por esa normalización de la violencia que hemos asumido; de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en México las mujeres víctimas de violación sexual suman más de 14 mil al año –más de la mitad niñas y adolescentes–, que viven sin acceso a la justicia y sin atención específica a su salud para evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual; no existe una atención integral a las víctimas porque no se da seguimiento efectivo a los casos, además hay una cifra negra de estos delitos que no son denunciados por las mujeres por miedo o vergüenza, y por la discriminación y maltrato que sufren en las agencias del Ministerio Público. A esto, hay que agregar que en los casos en que denuncian, las mujeres terminan desistiéndose por ser juzgadas, culpabilizadas por la falta de atención adecuada.

6. Uno de los lugares donde se hace más evidente que las mujeres han aprendido a convivir con la violencia de género es en el transporte público. El Metro de la Ciudad de México mantiene la separación de hombres y mujeres en horas pico para evitar “tocamientos”, lo mismo sucede con el metrobús y algunos autobuses, además de esta medida de separación física de hombres y mujeres no hay ninguna otra medida preventiva ni Programa gubernamental para prevenir y evitar la violencia de género.

7. Como podemos observar aún existen grandes brechas al respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres, por lo que es tarea del Estado Mexicano impulsar la protección de los derechos de las mujeres desde los principios de universalidad, progresividad, integralidad y progresividad. La violencia contra las mujeres, es una de las peores trabas que impide el goce pleno de sus de derechos y de la igualdad que legalmente si se tiene garantizada, es una problemática que se generaliza en el ámbito mundial y que enfrentan todas las mujeres, no distingue nivel de educación, condición social, etnia, opción política o sexual.

8. Según la Convención de Belém do Pará, la violencia contra las mujeres se manifiesta como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado; esta definición nos permite visibilizar las diversas formas de agresiones que afrontan las mujeres a diario. Desde ese punto de partida podemos establecer que el acoso callejero es un fenómeno cotidiano en la vida de las mujeres y que, al igual que las otras, vulnera una larga lista de derechos. El acoso callejero, representa el conjunto de prácticas, gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos, masturbación pública, exhibicionismo, persecuciones (a pie o en auto), entre otras, con un manifiesto de carácter sexual. Estas prácticas revelan relaciones de poder entre géneros, pues son realizadas sobre todo por hombres y recaen fundamentalmente sobre mujeres. Las realizan hombres solos o en grupo, no se trata de una relación consentida, sino de la imposición de los deseos de las personas que los cometen contra quienes quieren someter, se realizan en la vía pública, en el transporte público o privado, de manera rápida e intempestiva.

9. Pese a tener impactos en la libertad sexual y el derecho al libre tránsito, estas prácticas han sido normalizadas y hasta justificadas en nuestra sociedad, a pesar de que se presenta en el espacio público y afecta a muchas personas, mujeres en mayoría, se esconde en la cotidianeidad y en el encubrimiento de la sociedad por lo que suele pasar desapercibido. A pesar del avance de las mujeres en los niveles, educativos, ingreso al mercado laboral y participación política, el tema de la violencia está presente en ámbitos, como la familia, la escuela, el trabajo y por supuesto en las calles.

10. El acoso sexual es una práctica cotidiana y naturalizada de hombres hacia mujeres, que se normaliza por ambos, al punto que existen mujeres que temen recorrer algunas calles; desde ese punto de vista los hombres son los privilegiados en el espacio público, mientras las mujeres siguen siendo ajenas, lo que resulta en su vida cotidiana en un impedimento de tránsito libre por las calles, por lo tanto no existe un disfrute pleno del espacio público. Lo anterior ha obligado a que las mujeres desarrollen estrategias individuales o colectivas que les permiten superar los obstáculos para transitar por las calles y participar de la vida social y laboral.

11. La invasión del espacio personal, se da se da cuando el hombre invade, mediante un acción física o verbal, el espacio personal de las mujeres, lo que la lleva a sentirse víctima y no necesariamente a manifestar su inconformidad. Por ello, resulta indispensable que en nuestro país se inicie con una campaña de difusión en contra del acoso callejero, ya que es un terrible problema poco explorado y poco abordado con políticas públicas para erradicarlo, pues como hemos visto en el caso de la periodista, es un problema que se minimiza; sin embargo la violencia siempre va en escala y es una obligación del Estado realizar acciones para prevenir que continúe manifestándose.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los gobiernos de las entidades federativas a implementar políticas públicas en contra del acoso callejero, las cuales incluyan campañas de difusión para prevenirlo y contribuya a la transformación de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, basadas en el respeto de sus derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 29 días del mes de marzo de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la integración del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A lo largo de la historia de nuestra nación, el Poder Legislativo, ha realizado una serie de reformas al marco legal vigente para responder a las constantes transformaciones del país y del mundo a fin de enfrentar los grandes retos que los cambios nos imponen; fue así, que, en 1999, durante la LVII Legislatura, se creó el Centro de Estudios de la Opinión Pública, CESOP, con el fin de fortalecer el trabajo legislativo.

El CESOP, fue concebido con el objetivo de desarrollar información empírica, estadística, analítica, cualitativa, filosófica y de apoyo técnico, para cubrir las necesidades de las comisiones y los órganos de gobierno en materia social y de opinión pública; mediante investigaciones especializadas, así como de opinión pública; al mismo tiempo, se le facultó para establecer relaciones con las instituciones académicas y organismos afines al CESOP para promover su vinculación e enriquecimiento académico.

La primera reunión para la integración del CESOP se realizó en 2001, con la presencia de todos los representantes de los partidos de ese entonces en la Cámara de Diputados, rectores de diversas universidades, investigadores, profesores y académicos de alto nivel.

Posteriormente en abril de 2002, se dio inicio al proceso de selección de su personal, mediante el concurso de oposición en el que ingresaron por primera vez seis investigadores, posteriormente al CESOP se integraron tres directores de proyecto y nueve investigadores a quienes se sumó el personal administrativo y de apoyo para su adecuado funcionamiento.

En éste sentido, desde su origen, ha trabajado en concordancia con la Agenda Legislativa, en los siguientes temas:

Área Social: política social, educación, salud, seguridad social, grupos indígenas, desarrollo social, pobreza, competitividad, Pymes, ciencia y tecnología, desarrollo sustentable, sector energético, libre competencia, desarrollo regional, federalismo, planeación urbana y regional, economía social, turismo e infraestructura entre otros.

Política interior: gobernabilidad, democracia, reforma electoral, reforma del Distrito Federal, transparencia y rendición de cuentas; seguridad pública y procuración de justicia, delincuencia organizada, régimen penitenciario, proceso judicial y derechos humanos.

Política exterior: migración y remesas, libre comercio, terrorismo y crimen organizado, entre otros.

Opinión pública: encuestas y estudios de opinión sobre los temas abordados en las líneas de investigación y otros asuntos de interés para el trabajo parlamentario.

De acuerdo a lo anterior, es importante que el CESOP, se le brinde la certeza necesaria al conformar e instalar el comité respectivo que permita seguir prestando los siguientes servicios:

• La atención de las solicitudes de información e investigaciones en materia social y de opinión pública para la Cámara de Diputados.

• La publicación y difusión de las investigaciones que realiza.

• La vinculación de los Diputados con académicos e investigadores de otras instituciones.

• La promoción y realización de cursos, seminarios y foros.

En este sentido, al instalar el Comité del CESOP, se estaría cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como órgano adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, en el ámbito de la Secretaría General. El Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, en su sección tercera, artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 44, en donde se establece el objeto, las características de la información generada, la estructura y las funciones del CESOP y el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados en donde se delimitan las funciones y se precisan las responsabilidades del centro.

Finalmente, es importante mencionar que la Junta de Coordinación Política al estructurar e instalar el Comité Plural de Diputados al CESOP, se fortalecerá el cumplimiento de los principios de objetividad e imparcialidad que establece el marco legal en el que se inscribe el CESOP, como hasta la fecha lo ha venido realizando en beneficio del trabajo legislativo en su conjunto y, de ninguna manera, para el desempeño específico de un diputado o grupo parlamentario.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del Centro de Estudios de la Opinión Pública con el fin de que a la brevedad sea instalado y se fortalezca el trabajo legislativo de ésta LXIII Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a realizar acciones para generar datos actualizados y desagregados sobre el trabajo infantil en México, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno la presente Proposición con Punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. El trabajo infantil se ha considerado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como todo trabajo que priva a los niños de su infancia, además de su potencial y su dignidad, y que resulta perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Dicho trabajo se manifiesta cuando resulta peligroso y perjudica el bienestar físico, mental o moral del niño; interfiere con su escolarización al privarlo de la posibilidad de asistir a clases o bien le obliga a abandonar la escuela de forma prematura y les exige combinar el estudio con un trabajo pesado.

2. La propia OIT ha manifestado que no todas las tareas realizadas por niñas o niños deben clasificarse como trabajo infantil que les perjudique, ya que la participación de ellos en labores que no represente un daño a la salud y desarrollo personal, además que interfieran con su educación escolarizada se considera positiva. Entre esas actividades menciona el apoyo que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones, pues se trata se actividades que resultan de provecho para su desarrollo al dotarles de experiencia productiva dentro de la sociedad a la que pertenecen.

3. Sin embargo, existen conductas que han sido catalogadas como las peores formas de trabajo infantil, las cuales según el artículo 3 del Convenio 182 de la OIT debe ser una prioridad eliminarlas y entre ellas se encuentran las siguientes:

a) “Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y;

d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.”

4. Sobre el inciso d) del artículo 3 del Convenio 182 de la OIT citado, se define como trabajo peligroso y se cataloga como el trabajo infantil que se realiza en un entorno laboral peligroso o insalubre cuyas deficiencias en cuanto al nivel de seguridad y salud podrían causar la muerte, una lesión o una enfermedad de las niñas o niños. Datos de dicha organización indican que este tipo de trabajo constituye la categoría más importante de las peores formas de trabajo infantil, pues se estima que contempla a 115 millones de niños en edades comprendidas entre los 5 y los 17 años de edad que trabajan en condiciones de peligro en sectores como la agricultura, la minería, la construcción, la manufactura, la industria de servicios, la hotelería, los bares, la restauración, los establecimientos de comida rápida y el servicio doméstico. La OIT estima que unos 22 mil niños mueren en el trabajo cada año y se desconoce el número de niños lesionados o que caen enfermos debido a su trabajo.

5. Cabe mencionar que se consideran peligrosos porque se presentan en entornos como una mina, donde los niños corren el riesgo de morir o lesionarse por el colapso de galerías, explosiones accidentales o desprendimientos de piedras. En la industria, los niños pueden estar expuestos a productos y sustancias químicas peligrosas, de modo que son comunes las quemaduras y heridas graves. De igual forma pueden verse afectados por sustancias tóxicas como el mercurio y el plomo, y pueden desarrollar deficiencias crónicas como la silicosis, una enfermedad de los pulmones. Las tareas agrícolas también presentan riesgos graves, especialmente cuando los niños tienen que manipular herramientas y equipos peligrosos o sustancias químicas, como herbicidas, para los cultivos, pues en la mayoría de los casos, los niños no disponen de equipos de seguridad, o utilizan equipos de adultos que no se ajustan a sus dimensiones y no les garantizan una protección adecuada.

6. Por lo que hace a México, en el 2013 se publicaron los Resultados del Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, arrojando el dato de que un aproximado de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizan alguna actividad económica, de los cuales el 67 por ciento son hombres y 33 por ciento son mujeres. Otros datos son los siguientes:

• De acuerdo al nivel de ingresos, entre las niñas, niños y adolescentes de entre 5 a 17 años que trabajan el 46 por ciento no recibieron ingresos, 28 por ciento no tenían un salario mínimo, el 17 46 por ciento entre 1 y 2 salarios mínimos, 5 por ciento entre 2 y 3 salarios mínimos, 1 por ciento más de 3 salarios mínimos y el 2 por ciento no se especifica.

• Las niñas y los niños que trabajan, lo hacen principalmente en el campo, en los servicios y en el comercio del cual se refleja de la siguiente manera: 30 por ciento agropecuario, 26 por ciento comercio, 25 por ciento servicios, 13 por ciento industria manufacturera, 4 por ciento en construcciones y el 2 por ciento no se especifica.

• El 29 por ciento de las y los niños que trabajan lo hacen 35 horas y más a la semana.

7. Por otra parte, de los principales motivos por los cuales las y los niños realizan algún trabajo económico son por la necesidad de aportar un ingreso en su hogar, para pagar su escuela o bien para aprender un oficio, destacando que el 23 por ciento pagan sus estudios o sus propios gastos, el 22 por ciento aportan de ingresos para su hogar, el 13 por ciento para aprender un oficio y el 10 por ciento no especifica. Un dato que resalta también es que el 5 por ciento de la población infantil de 5 a 17 años trabaja en un crucero vial, calle o avenida.

8. Sobre las acciones para atender la problemática del trabajo infantil, en mayo del 2015, México presentó ante el Comité de los Derechos del Niño sus informes periódicos cuarto y quinto en relación a la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, del que se analizaron las medidas y acciones que se han llevan a cabo en México y emitió sus Observaciones Finales (CRC/C/MEX/CO/4-5) con el objeto de que éstas sean implementadas con las disposiciones y principios de la Convención, para cumplir con el respeto y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

9. El Comité de los Derechos del Niño en sus observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México en el apartado Explotación económica, incluido el trabajo infantil, numeral 63, toma nota de la reforma constitucional que eleva la edad mínima de empleo a 15 años. Sin embargo, sigue profundamente preocupado porque cientos de miles de niñas y niños, que con tan sólo cinco años de edad, continúan trabajando. DE igual forma, en el numeral 64, el Comité recomienda que el Estado Mexicano lo siguiente:

• “Revise su legislación para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales, incluido el Convenio 182 de la OIT y asegurar que el trabajo doméstico y el trabajo en la agricultura y las fábricas de ladrillos, entre otros, se incluyan explícitamente como formas peligrosas de trabajo, y se prohíban para niñas y niños menores de 18 años de edad, debiendo tomar medidas para eliminarlos;

• Fortalezca su sistema de inspección y aplique de forma efectiva en la práctica las sanciones para aquellos que explotan económicamente y abusan de niñas y niños, incluidos los que trabajan como mendigos, en el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, y en la agricultura;

• Proporcione recursos adecuados para la aplicación efectiva del Programa Nacional para la Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, y adopte medidas concretas para hacer frente a la situación de niñas y niños trabajadores domésticos, en minas y fábricas de ladrillos y niñas y niños migrantes que trabajan en la agricultura;

• Asegure que los datos recopilados sobre trabajo infantil están desagregados e incluyen información sobre niñas y niños que trabajan como mendigos, en el sector agrícola temporal y como trabajadores domésticos en sus casas.

• Acelere el proceso de ratificación del Convenio No. 138 de la OIT (1973) sobre la edad mínima de admisión al empleo;

• Continúe la búsqueda de asistencia técnica del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT.”

10. Con la problemática expuesta y de la información recopilada se desprende que no existen datos desagregados del trabajo infantil como mendigos, en el sector agrícola temporal y como trabajadores domésticos en sus casas, además que persisten estas actividades que son una flagrante violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, la presente Proposición busca dar cumplimiento a nuestro marco constitucional que prohíbe el trabajo infantil, además de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la propia Ley Federal de Trabajo en este rubro para que el trabajo infantil considerado como peligroso pueda erradicarse, a partir de un diagnóstico certero de su problemática.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal para que realice las acciones necesarias a efecto de generar datos actualizados y desagregados sobre el trabajo infantil en México, en específico con información sobre niñas y niños que trabajan como mendigos, en el sector agrícola temporal y como trabajadores domésticos en sus casas; además realice las acciones para la erradicación de las formas de trabajo infantil peligroso, aplicando las sanciones respectivas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 29 días de marzo de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Conagua y la Profepa a llevar a cabo con los gobiernos de Puebla y Tlaxcala acciones para sanear el río Atoyac, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones

El río Atoyac nace del deshielo de los glaciares en la Sierra Nevada, en el estado de Puebla. El río penetra en el territorio de Tlaxcala, de donde vuelve al territorio poblano para regar el extenso valle de Puebla-Tlaxcala, es embalsado en la presa Manuel Ávila Camacho, conocida como presa de Valsequillo. El río prosigue su curso hacia el suroeste, atravesando los valles de Atlixco y Matamoros. Los tres valles constituyen la zona más poblada de Puebla, y concentran buena parte de la actividad agrícola e industrial del estado.

Con la introducción de productos químicos industriales para teñir las telas; el río rompió su equilibrio, y el proceso natural de mantenimiento ya no fue suficiente, a esto hay que agregarle el aumento poblacional y el uso del río como lugar de desechos domésticos. Las primeras señales de que este equilibrio se estaba rompiendo se hizo notar a inicios del siglo XX cuando el río perdió su frescura natural, las aguas se tornaron turbias y se comenzaban a ver desechos circulando por el río, desembocando todos ellos en el río Atoyac, de ahí al lago de Valsequillo, para terminar en el río Balsas que conduce toda esta contaminación al océano Pacífico.

El río Atoyac es contaminado por 50 municipios de Tlaxcala y Puebla, que descargan sus aguas residuales al aire libre y por al menos mil industrias que no cuentan con plantas de tratamiento o no funcionan adecuadamente, y ello ha ocasionado que este afluente tenga al menos 25 sustancias nocivas y sea un foco de infección para las enfermedades como hepatitis, cáncer y cólera. Entre las causas de contaminación encontramos las descargas de compañías textiles, alimenticias, químicas y petroquímicas, de bebidas, metalmecánicas, automotrices y de autopartes y productoras de papel; en dichas descargas se encuentran componentes químicos, tales como plastificantes del tipo de los ftalatos, pesticidas como el Aldrin, y compuestos policíclicos aromáticos como el trifenilo y el crisano, y su aroma a azufre indica un alto contenido de sustancias reductoras, entre muchos otros desechos inorgánicos. Esta situación ha generado una creciente contaminación, tanto en cantidad como en calidad de los vertidos agropecuarios, industriales y domésticos en los cuerpos de agua superficiales, a tal grado, que sus aguas no se consideran aptas para recreación, pesca, vida acuática y consumo de agua; sin embargo, a pesar de la contaminación esta agua es utilizada para la irrigación de productos de consumo humano.

En audiencias del Tribunal Latinoamericano del Agua celebradas en la ciudad de México del 13 al 20 de marzo de 2006, se ventilo el caso Contaminación industrial en los ríos Atoyac y Xochiac. Estados de Tlaxcala y Puebla. República Mexicana.

Ese tribunal, en su calidad de instancia internacional, autónoma e independiente, de justicia ambiental, creada a fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos

Resolvió

1. Reconocer la responsabilidad de las industrias asentadas en el corredor industrial Quetzalcóatl en la cuenca del río Atoyac, que descargan sus aguas servidas del proceso industrial, por la contaminación del río y apoyar las gestiones orientadas a establecer un monitoreo independiente que permita establecer la existencia o no del nexo causal entre la contaminación aludida y la empresa Textiles KN de Oriente, respecto a la cual, no se ha comprobado la existencia de este nexo.

2. Reconocer la omisión y negligencia de las instituciones gubernamentales locales, estatales y federales al no efectuar los controles debidos a los vertimientos de estas industrias, violando así la legislación mexicana.

3. Exhortar al grupo de empresas que están contaminando el río Atoyac, que se comprometan, conjuntamente con la autoridad ambiental y las organizaciones civiles, en el diseño y puesta en marcha de un plan de rehabilitación de la cuenca del río Atoyac.

Al mismo tiempo, el tribunal formuló las siguientes

Recomendaciones

1. Exhortar a todas las autoridades locales, estatales y federales a tratar el caso de la contaminación de la cuenca del río Atoyac con la importancia y seriedad de un grave desastre ambiental y social.

2. Profundizar en los análisis correspondientes a la grave contaminación que ocurre en el río Atoyac para establecer el nexo causal que permita determinar las responsabilidades concretas de las diferentes industrias ubicadas en el corredor industrial Quetzalcóatl.

Esto significa que la mayor parte del río Atoyac es altamente tóxico y representa un peligro severo para los 1.2 millones de personas expuestas en las proximidades del río. Además de la intoxicación causada por el uso de agua para el riego de cultivos en la zona, este río suministra agua potable para la región lo que aumenta el riesgo de afectaciones a la salud. Se han reportado niveles elevados de leucemia o daño renal en las zonas fuertemente contaminadas como Villalta, San Baltazar y Santa María; habitantes de la zona sufren de un nivel elevado de daño genotóxico y con ello el riesgo de padecer cáncer.

De las industrias que descargan sustancias directamente al río Atoyac y que fueron evaluadas por el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, 78 por ciento no cumplió lo establecido en la norma NOM-001 para algunos de los parámetros básicos como son metales pesados; 74 por ciento de las industrias presentaron niveles de toxicidad altos. Esos datos indican que las industrias no limpiaron sus cargas contaminantes e intoxican el río, el cual es propiedad nacional.

En sesión celebrada el 1 de diciembre de 2009, la Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo federal a emprender que con los gobiernos de Puebla y Tlaxcala acciones para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan.

El 17 de febrero de 2010 se sometió a discusión ante el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen en el que se solicitaba a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente un informe respecto de

1. Cuántos permisos de descarga de aguas residuales tenía dentro del Registro Federal de Derechos del Agua y las condiciones particulares de descarga.

2. Las visitas de inspección realizadas a las empresas que descargan aguas residuales en la cuenca del río Atoyac-Zahuapan y el cumplimiento de los parámetros y límites máximos permisibles en las NOM-001-SEMARNAT-1996.

3. El cumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, las metas de calidad del agua derivadas de las declaratorias de clasificación de cuerpos receptores.

4. Los resultados del estudio de clasificación del río Zahuapan, Puebla-Tlaxcala, realizado por el Instituto Politécnico Nacional.

5. Estrategia de monitoreo integral para la zona.

6. Las acciones realizadas para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, así como de los estudios y proyectos realizados para la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales, a través de la Comisión de Cuenca de los Ríos Atoyac y Zahuapan, como órgano auxiliar del Consejo de Cuenca del Río Balsas.

7. Se contemple en la revisión de la NOM-001-SEMARNAT-1996 y la NOM-002-SEMARNAT-1997, la posible inclusión de los fluoruros, cloruros de metileno, tolueno y cloroformo.

8. Informe sobre las empresas ubicadas en la zona de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, que han sido incorporadas al Programa Nacional de Auditoría Ambiental y que hayan obtenido su certificado de industria limpia, así como las que estuviesen en trámite.

Así también, se solicitaba al gobierno del estado de Tlaxcala un informe sobre las acciones, obras y proyectos realizados, en el marco de la estrategia de saneamiento del Alto Atoyac 2008-2010 y de los resultados del diagnóstico integral para el saneamiento de la cuenca del alto Atoyac (Zahuapan-Atoyac).

En 2011, la Semarnat publicó una declaración de clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac Hueyapan, y sus afluentes, la cual define metas de calidad en tres etapas cuya fecha de conclusión es el 2030. La declaración incluye límites para químicos no incluidos en la NOM-001 que establece límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

En 2013, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales denuncio la contaminación del río Atoyac que sufre las consecuencias de recibir los desechos de empresas como ingenio El Potrero, la alcoholera de Zapoapan, así como de un sinnúmero de ayuntamientos que tienen sus drenajes a cielo abierto, sumado a la problemática de que este afluente sea el proveedor para el municipio de Córdoba. Otra problemática no menos importante, es la afectación por la contaminación a la actividad productiva, que va en perjuicio de los productores de caña de azúcar, maíz, frijol y limón.

Las investigaciones realizadas por académicos como Ernesto Mangas Ramírez, coordinador de Ecología y Restauración de Sistemas Acuáticos de la BUAP, demuestran la gravedad del problema, tal como lo revela el monitoreo hecho por este investigador en 2013, indica que el río arrastra 55 millones 351 mil 965 metros cúbicos de descargas contaminantes al año. Esto equivale a casi una cuarta parte de su volumen total. También transporta 69 toneladas diarias de materia orgánica en descomposición y con altos índices de amoniaco.

El 25 de febrero de 2015, el gobierno federal anunció la contratación del Instituto de Ingeniería de la UNAM para realizar un estudio con el fin de crear un nuevo plan rector de rescate del río Atoyac y en donde la Conagua señaló que se encontraba en la mejor disposición de seguir lo que dictaran los resultados y hacer las inversiones correspondientes.

En misma fecha, el Ejecutivo federal anunció que después de la revisión de 3 mil 675 empresas asociadas al río Atoyac, se habían clausurado sólo 11 por contaminación, acción administrativa llevada a cabo por la Profepa, la Conagua y la Cofepris, esto derivado de un programa puesto en marcha para revisar las condiciones ambientales de los principales afluentes en todo el país. El titular de la Profepa sostuvo: “No habrá cuenca de ningún río en nuestro que no haya sido revisada en materia de aguas residuales, en materia de residuos peligrosos y también en materia de riesgos contra la salud” (dixit).

En la nota del Diario Milenio del 15 de marzo de 2016, denominada ‘Matan’ al río Atoyac 3 mil 500 industrias, señala que el tema de la contaminación del río Atoyac ha sido retomado por organizaciones como “Dale la cara al Atoyac” , quien recientemente realizó un estudio con apoyo de técnicos ambientales para dimensionar la gravedad del problema; de dicho estudio se advirtió lo siguiente:

• Los residuos provienen principalmente de las empresas textiles de Puebla y Tlaxcala, así como de procesadoras de carnes y embutidos; de la industria de la construcción y doméstico.

• Se calcula que diariamente se lanzan 146 toneladas de materia orgánica, 62.8 toneladas de sólidos suspendidos y 14 kilogramos de metales pesados.

• Se detectó presencia elevada de hidrocarburos y metales tales como el zinc, aluminio y manganeso.

La contaminación del río Atoyac afecta a más de 2 millones 300 mil pobladores de 22 municipio de puebla, es decir, aproximadamente 40 por ciento de su población; los lugareños señalan que las aguas del río se tiñen de colores por las noches y fines de semana, cuando no hay inspecciones de las autoridades a desagües y plantas de tratamiento.

Por lo expuesto, y por considerarse de urgente u obvia resolución, nos permitimos presentar ante el pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría de Protección al Ambiente a que realice todas las acciones tendentes al saneamiento del río Atoyac. Asimismo, haga públicos los resultados de todas las acciones llevadas a cabo para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac (Zahuapan-Atoyac) de 2010 a 2015.

Segundo. El Poder Legislativo federal exhorta de manera respetuosa a los titulares de los gobiernos de Puebla y Tlaxcala para que coordinadamente con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría de Protección al Ambiente, se lleven a cabo todas las acciones tendentes al saneamiento del río Atoyac.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputados: Rodrigo Abdala Dartigues, Sergio René Cancino Barffuson, María Chávez García (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Juan Romero Tenorio (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Veracruz a realizar la búsqueda e investigación de cuatro personas desaparecidas en el ejido Nacimiento Arrollo Grande, de Las Choapas, ocurrido el 20 de febrero de 2016, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, María Cristina García Bravo, diputada federal en la LXIII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. El sábado 20 de febrero en Las Choapas, Veracruz, cuatro campesinos cuyos nombres son: Felipe Contreras Torres de 46 años y sus dos hijos Jesús y Gustavo Contreras Torres, de 22 y 23 años de edad, respectivamente, así como Venancio Contreras González, de 35 años, salieron al campo y no regresaron a sus casas.

El testimonio de los familiares —retomado por la prensa local— es que las personas pertenecientes al ejido Nacimiento de Arroyo Grande, del municipio Las Choapas, se fueron “a trabajar en el campo y después irían a cazar armadillos y conejos”, pero al día siguiente los perros regresaron solos.

Los mismos familiares informaron que vecinos de un ejido cercano les indicaron que presuntamente sujetos armados se los habrían llevado. Los pobladores del lugar se organizaron en grupos para recorrer los ejidos cercanos en la búsqueda, como Lázaro Cárdenas, Mañanitas, Plan de Iguala y la colonia Ricardo Flores Magón, en la búsqueda sin éxito.

Por su parte, el día 26 la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que mantenía un operativo de exploración en zonas rurales de localidades aledañas; que desde temprana hora efectivos de la Policía Estatal y Fuerza Civil hacían recorridos, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con la finalidad de ampliar la búsqueda hacia los municipios de Moloacán, Minatitlán y Uxpanapa en cada rincón del área para localizar a las personas que ocho días después no aparecían.

Los familiares solicitaron agilizar la intervención de la policía federal como se hizo en Tierra Blanca con los cinco jóvenes desaparecidos, amenazando con tomar carreteras del sur del estado si no procedían a la búsqueda.

2. El municipio más grande del estado, Las Choapas, junto a otros es un “foco rojo” donde han ocurrido múltiples actos violentos en los últimos meses. Septiembre de 2015 fue escenario de asesinatos múltiples, aparecieron cuerpos baleados con narcomensajes incluso a pleno día y en el centro de la ciudad, que provocaron el desplazamiento de muchas familias hacia otros lugares.

Y en las últimas semanas, la violencia desatada en Las Choapas, ha sido adjudicada a un grupo criminal que amenaza seguir “limpiando” la zona. La población padece otros problemas de inseguridad como: robos con violencia al sector comercio, al gremio de los médicos y a los ganaderos de la región. La policía local no se da abasto por su tamaño: 130 son elementos para dos guardias, falta de equipo motorizado y armamento; patrullas y los bajos salarios de los policías impiden una adecuada estrategia de seguridad, informó el director de la policía Alfonso Lázaro García.1

Por la violencia que padecen, el Colegio Médico de Las Choapas, pide “al gobierno federal, estatal y municipal atender la cuestión de inseguridad que se vive en nuestro municipio, la cual afecta a todos”,2 y solicita a las autoridades municipales que la Marina no se marche del lugar. En tanto comunidades rurales denuncian robo de ganado, al menos 100 cabezas al mes son sustraídos de las comunidades del municipio, según informó el delegado de seguridad pública estatal, Esteban Gerónimo Márquez,3 tras reunirse con el Consejo Municipal de Seguridad Pública.

Es por el clima de inseguridad que el presidente municipal de Las Choapas, Marco Antonio Estrada Montiel, está solicitando una base permanente de la Marina. Por su parte, el comandante de la Tercera Zona Naval, Carlos Manuel Fernández Monforte Brito, aclaró el pasado 5 de febrero que la Marina sí tiene bases militares en Isla, Acayucan, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, y está en pláticas con el municipio choapense para definir la ubicación del terreno que albergaría las instalaciones de las fuerzas armadas. “El mando naval seguirá apoyando a los municipios veracruzanos en materia de seguridad que así lo requieran, dijo el comandante, pues hay localidades como Agua Dulce —a pocos kilómetros de Las Choapas— donde también falta apoyo”.4 Tales apoyos deben ser proporcionados por los municipios en todos los casos; es por ello que apenas el día 4 de marzo los marinos habrían salido de Las Choapas.

Aún coadyuvante en tareas de seguridad pública en el país, en Veracruz la Marina coordina acciones con el Ejército, la Gendarmería, policías estatales y municipales, o cualquiera de ellos. El Ejército realiza recorridos en Las Choapas en las colonias, y la Gendarmería Nacional analiza la posibilidad de ingresar al municipio a realizar tareas de seguridad, así como a otras comunidades del estado, según ha informado el comisionado nacional Enrique Galindo Ceballos,5 tras las desapariciones de los cuatro campesinos.

Entretanto, cabe aclarar también en funciones de combatir al crimen organizado, como dijo el alcalde Daniel Martínez González del municipio Agua Dulce —el fin de semana del 5/6 de marzo—, se presentó ante el cabildo en nuevo capitán de fragata que estará con sus 32 elementos de la Marina, resguardando la seguridad y patrullando las calles junto a elementos del Ejército mexicano. Pero para su estancia —reveló el síndico del ayuntamiento Antonio de la Cruz Balcázar—, la Marina requiere apoyos: que el municipio le proporcione gasolina, comida e instalaciones con los servicios básicos, así como áreas verdes para realzar ejercicios; abastecimiento que se les está proporcionando. Por lo mismo, cabe la cuestión si Las Choapas igualmente colaboró en este sentido con la Marina, para el mejor desempeño de sus tareas.

No obstante, la autoridad del estado de Veracruz es la responsable de garantizar la seguridad pública de la población, en las ciudades y el campo. Por lo mismo, la urgencia de emprender acciones para encontrar a los cuatro campesinos desaparecidos.

Considerando

Que es atribución de la Fiscalía General del estado de Veracruz, como Ministerio Público de la entidad, en los términos del inciso h), fracción I. del Artículo 4. Principios Rectores, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave , que a la letra dice: “Legalidad. La Fiscalía General realizará sus actos con estricta sujeción a la ley; siempre que tenga conocimiento de la posible comisión de un delito que se persiga de oficio o por denuncia, estará obligada a investigarlo. La misma obligación tendrá respecto de los delitos que sólo se persigan por querella, a partir de que la misma le sea formulada”. Así como el artículo 22.

“Artículo 22. Atribuciones en Materia de Política Criminal:

“III. En colaboración con el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Pública, investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos, precisando los lugares en que se cometen...”

Por lo anterior se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Exhorto a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a la búsqueda e investigación para localizar a las cuatro personas desaparecidas del ejido Nacimiento Arrollo Grande, municipio de Las Choapas, ocurrido el 20 de febrero de 2016, presuntamente víctimas de la delincuencia organizada.

Notas

1 Nota del 9 de marzo, consulta electrónica: http://bit.ly/1Tv18sX.

2 Declaración del presidente de la agrupación, Dagoberto Ortiz Camacho. Consulta en: http://bit.ly/1QFMZHe.

3 “Tenemos el reporte, dijo el delegado de seguridad estatal, sobre un camión Torton que transporta animales clandestinos y que van escoltados por cuatro camionetas particulares con hombres armados, lo cual suponemos vengan a robar de otro lado”. Por ello anunció patrullajes en el Cerro Nanchital, “con la finalidad de atrapar a los posibles ladrones, toda vez que se han registrado robos frecuentes en la zona rural”. En: http://bit.ly/1p6RT5s.

4 Entrevista en: http://bit.ly/1QIRGjk.

5 El pasado 3 de marzo, ver: http://bit.ly/22m840I.

Diputada María Cristina García Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar el ingreso en el país del relator especial de Naciones Unidas Juan E. Méndez para que dé fe de los avances, la apertura y el escrutinio del trabajo efectuado por el gobierno mexicano a fin de combatir la tortura, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Alicia Barrientos Pantoja, Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez, Ariadna Reyes Montiel y Mario Ariel Juárez Rodríguez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a las siguientes

Consideraciones

Durante 2015, el Relator Especial de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, dio su informe sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes en México, del 21 de abril al 2 de mayo de 2014.

En el mencionado informe, en la parte introductoria, tercer punto precisa: “El relator especial agradece al Gobierno por invitarlo a visitar México, lo que constituye un signo de apertura a un escrutinio independiente y objetivo, y agradece a las autoridades su plena cooperación durante la visita. Pese a situaciones de excesiva preparación, el Relator Especial tuco acceso generalmente irrestricto a los centros de detención, conforme con sus términos de referencia. El relator especial de la mente que se le impidiera acceder a la agencia estatal de investigaciones de la procuraduría General de justicia de nuevo León, especialmente porque si no varias denuncias de torturas concurridas allí.”

México ratificó los pactos y estatutos internacionales concernientes a los temas de tortura y desaparición forzada y temas afines y dicho informe especial de Juan Méndez se encuentra dentro del Marco Jurídico Internacional.

El informe reconoce los avances que en materia legislativa a nivel federal y estatal se han llevado a cabo, sin dejar de observar aquellos puntos que no siguen quedando pendientes o que las modificaciones realizadas no fueron realizadas conforme a las convenciones de las que México forma parte, mencionando un punto referente al Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a que se mantenga la autorización al Ministerio Publico para detener sin autorización judicial en casos urgentes de delitos graves, definidos ampliamente como los que llevan a prisión preventiva oficiosa o una pena promedio mayor de cinco años de prisión.

El Documento en comento no señala a la presente a la Administración Federal, hace referencia al Estado Mexicano, desde 2006 a 2014, lo que nos lleva a precisar de una mejor manera la situación de tortura que aún se vive. Desde 2007 y hasta 2011 se denunciaron 2020 denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De diciembre de 2012 a julio de 2014 se registraron 1148 quejas atribuibles solo a las fuerzas armadas.1

Sin embargo la misma Procuradora General de la Republica ha reportado que del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014 se habían recibido un total de 4 mil 155 denuncias de tortura, y mil 273 atribuibles a las fuerzas armadas.2 El informe dado por el Relator Especial y la información entregada por la misma PGR tiene diferencias mínimas en los datos. No es información inventada, son datos oficiales.

Es preocupante que el papel del Estado como único capaz de usar la fuerza legítima se ejerza con tantas fallas. No es solo un problema del Poder Ejecutivo, también del Poder Judicial. A las Instituciones en su conjunto no les está siendo fácil adaptarse a los cambios vertiginosos del siglo XXI. Si bien es cierto que el aumento de denuncias se dio a partir de 2006 con la nombrada “Guerra contra el narcotráfico”, las cifras no han disminuido a los índices anteriores a 2006.

Las fallas estructurales no solo son del gobierno federal, también de los estados y municipios.

El papel de los jueces y ministerios públicos es la pieza fundamental para que pueda llevarse a cabo un verdadero combate a la práctica de la tortura y malos tratos.

La innegable corrupción es parte de todo este complejo entramado que es la tortura.

Hoy más que nunca no podemos temer ante el escrutinio público internacional. Si el gobierno mexicano confía en los avances que ha llevado a cabo, seguramente serán focos de atención en el siguiente informe, cerrarnos solo nos habrá de exhibir como un país que se sigue hundiendo, sin rumbo y con una severa crisis institucional.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, reconsidere la entrada al país del Relator Especial Juan E. Méndez, para que en el mismo animo en que fue invitado en 2014, dé fe de los avances, apertura y escrutinio independiente del trabajo que el Gobierno Mexicano ha llevado a cabo para combatir a la tortura.

Notas

1 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez. pp. 6

2 Revista Nexos número 459, marzo 2016. pp. 18

Diputada Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 26 de marzo, Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino, a cargo de la diputada Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRI

El 26 marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, con el propósito de que gobiernos y ciudadanía establezcan acciones de concienciación e información sobre la importancia de generar controles ginecológicos para evitar esta neoplasia.

El cáncer cervicouterino es un problema de salud pública, la enfermedad neoplásica más frecuente y mortal en la población femenina, que a escala mundial ocupa el cuarto lugar en tasas de incidencia, con 528 mil nuevos casos diagnosticados por año.

En México, este tipo de cáncer se reconoce como la primera causa de muerte por neoplasias malignas entre las mujeres de 25 a 64 años de edad, la cual ocupa el segundo lugar de incidencia con 13 mil 960 nuevos casos, con una tasa ajustada de 23.3 casos por cada 100 mil mujeres al año, mientras que la tasa de mortalidad es de 8.1 por cada 100 mil;1 y como la segunda causa de muerte en la mujer por tipo de cáncer, lo que se traduce en 4 mil 500 decesos de mujeres al año.

El cáncer cervicouterino afecta a las mujeres que tienen mayores desventajas, ya sea en el plano económico, social o cultural. La muerte prematura por cáncer cervicouterino se presenta principalmente en mujeres vulnerables, con bajo nivel de escolaridad, personas de origen indígena y que residen en zonas rurales o marginadas del país.

Una mujer que sufre de cáncer cervicouterino refleja una enorme inequidad social, debido a que es mayormente vulnerable derivado a la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, a la escasa infraestructura de los programas de prevención y control y, a la escasa atención y ausencia de perspectiva para ofrecer una respuesta social a este problema.2

En la actualidad, México se encuentra en una coyuntura favorable para enfrentar el problema de salud pública que representa el cáncer cervicouterino, puesto que desde un enfoque integral de la salud, esta coyuntura la marca el cumplimiento de las metas nacionales, principalmente con la meta México Incluyente, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; con la realización de sus estrategias trasversales, y por el cumplimento de los seis objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, que se orientan a incrementar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, asegurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad y cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país.

Este 26 de marzo representa una oportunidad para reflexionar en torno a lo que aún nos falta por hacer, para saldar la deuda pendiente que se tiene con las mexicanas, con las luchadoras incansables que día a día se enfrentan con un enemigo mortal y, para recordar que la prevención de este mal requiere la corresponsabilidad de las mujeres en lo particular, de los miembros del equipo de salud, y ciudadanía en general.

Resulta prioritario aumentar tanto en los tomadores de decisiones como en la población la concienciación sobre la importancia de prevenir la aparición del cáncer cervicouterino, a través de estrategias básicas como la realización periódica del papanicolaou y la vacunación contra el virus del papiloma humano.

En esta fecha de especial relevancia es necesario tener presente que, a diferencia de otros tipos de neoplasias, el cervicouterino puede ser prevenible mediante la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano; y curable si las lesiones pre malignas son detectadas y tratadas a tiempo.

Conmemorar este día nos ofrece la ocasión de examinar las acciones que se han llevado a cabo respecto a la prevención, atención y respuesta de este padecimiento y, de ser necesario, replantear las estrategias para establecer las medidas que permitan reducir el índice de incidencia y mortalidad de esta enfermedad.

Resulta urgente establecer líneas de acción para brindar cuidados de alta calidad a las mujeres que son diagnosticadas en etapas avanzadas, pues ha sido un tema al que no se le ha brindado la atención necesaria. Las mujeres que son diagnosticadas con cáncer cervicouterino en etapas avanzadas representan el grupo más vulnerable debido a la falta de tratamiento, dentro de éstas, las mujeres indígenas son las más afectadas, pues muchas veces se enfrentan a restricciones en el acceso a los servicios de salud.

Es necesario impulsar contar con políticas públicas integrales, la conformación de lineamientos en materia de prevención, diagnóstico oportuno, atención, tratamientos, vigilancia epidemiológica e investigación, con la finalidad de reducir los índices de mortalidad y morbilidad del cáncer cervicouterino en México.

La LXIII Legislatura que es emblemáticamente representada por 43 por ciento de mujeres, el mayor número de legisladoras a lo largo de la historia del país, no puede dejar de lado la responsabilidad de legislar en beneficio del género femenino y de aquellas situaciones que la vulneran.

Como legisladora del Partido Revolucionario Institucional, partido atento y preocupado por las necesidades apremiantes de la sociedad mexicana, hace propicia la fecha para hacer un llamado a los sectores involucrados, así como a las diputadas y los diputados de la LXIII Legislatura para constituir los elementos normativos y presupuestales requeridos para el avance de esta línea de acción contra una de las enfermedades que más apremian a la mujer del siglo XXI.

Notas

1 Globocan, 2012.

2 GinecolObstetMex 2011; 79(12): 788-793.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada Lucely Alpízar Carrillo (rúbrica)

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. En 2014, 9.6 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1.5 millones murieron por esta enfermedad.

Por ello la Organización Mundial de la Salud una vez alcanzado el plazo para el cumplimiento de los retos de los compromisos del nuevo milenio, verificada en el pasado año 2015; lleva a cabo su campaña anual de lucha contra la tuberculosis bajo el lema “Unidos para poner fin a la tuberculosis”, la cual se celebrara el próximo 24 de marzo, llamando a los gobiernos, las comunidades, la sociedad civil y el sector privado a que sumen esfuerzos para erradicar esta epidemia.

La tuberculosis fue identificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de emergencia global, pues es la segunda causa de mortalidad generada por un solo agente patógeno.

En México, la presencia y persistencia de la tuberculosis sigue siendo un problema importante de salud pública, pues cada año se reportan miles de casos de contagio, así como miles de fallecimientos, los cuales, según los datos oficiales, siguen sin lograr disminuir, a pesar de los alcances de la vacunación contra esta enfermedad, así como de la evolución en los métodos de detección y tratamiento.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud, la tuberculosis puede atacar a cualquier persona, a cualquier edad, aunque se presenta en mayor proporción entre las personas en edad productiva (de 14 a 65 años).

Según los datos oficiales, la tuberculosis es un padecimiento sobre el cual existe un importante subregistro, el cual, a pesar de que no ha logrado ser cuantificado con precisión, debe alertar sobre el número real de personas que cada año contraen esta enfermedad.

Adicionalmente, se advierte sobre el hecho de que en nuestro país la tuberculosis tiene importantes asociaciones con la diabetes mellitus, la desnutrición y las adicciones, fundamentalmente el alcohol, el cual genera un promedio de 36 decesos diarios por enfermedad hepática alcohólica.

De acuerdo con el documento Panorama epidemiológico de la tuberculosis en México, 2000-2010 , el número anual de casos identificados creció en ese periodo alrededor de 15 por ciento, pasando de 16 mil 995 casos nuevos en el año 2000 a un total de 20 mil 88 casos en 2010.

Los registros del Centro Nacional para la Vigilancia Epidemiológica muestran que a lo largo de la última década se han presentado muchos más casos de tuberculosis, tanto pulmonar como de los otros tipos, en la población masculina, respecto de la población femenina. De hecho, la diferencia entre el número de contagios y decesos anuales se ha ido incrementando con el paso del tiempo.

En efecto, mientras que en el año 2000 el número de casos nuevos detectados de tuberculosis para los hombres representó alrededor de 61 por ciento del total de los contabilizados, en el año 2010 el porcentaje de hombres que enfermaron de tuberculosis, del total de quienes contrajeron el padecimiento representó 71 por ciento.

Esta tendencia se refleja en los datos de mortalidad, pues mientras que en el año 2002 el porcentaje de hombres fallecidos por tuberculosis representó 65.5 por ciento del total de los decesos contabilizados en ese año, para el año 2011 el porcentaje creció a 70 por ciento del total.

Al revisar los registros de la Secretaría de Salud por grupos de edad, lo que se encuentra es que las personas en mayor condición de vulnerabilidad ante la tuberculosis son, las personas en edad productiva. En efecto, entre los años de 2000 a 2010 el grupo en que se concentró el mayor número de casos nuevos es el que va de los 20 a 29 años de edad, pues en el periodo considerado suman 18.12 por ciento del total.

En segundo lugar se encuentra el grupo de 31 a 40 años de edad, entre quienes se concentra 16.85 por ciento del total de los casos contabilizados en el periodo señalado. Casi en el mismo nivel se ubican quienes tienen entre 41 y 50 años de edad, grupo en el cual se registra 16.6 por ciento del total de los casos de la década pasada.

En cuarto lugar se encuentran las personas mayores de 65 años. En efecto, de los 197 mil 212 casos identificados entre 2000 y 2010, en este grupo de edad se concentra una suma de 32 mil 082, es decir, 16 por ciento del total.

Este comportamiento epidemiológico está relacionado con la ya mencionada asociación entre la tuberculosis, la diabetes mellitus y el VIH-sida, pues es precisamente en los grupos de edad señalados en los que mayor impacto en la salud está teniendo estos padecimientos.

Desde la perspectiva territorial es importante destacar que, según los datos de la Secretaría de Salud, la mayoría de los casos de tuberculosis se presentan en municipios que combinan tres características fundamentales:

Tienen niveles altos o muy altos de marginación; tienen una alta o muy importante presencia de población hablante de lengua indígena y presentan altos niveles de migración, tanto nacional como internacionalmente.

Ante este panorama y dentro de las acciones que lleva acabo la Organización Mundial de la Salud, aprobó una ambiciosa estrategia que abarca un periodo de 20 años (2016-2035) para poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis.

La estrategia de la OMS para poner fin a la tuberculosis aspira a un mundo sin tuberculosis en el que esta enfermedad no sea causa de mortalidad, morbilidad y sufrimiento. Se busca la prestación de atención a la tuberculosis y su prevención, e impulsen la investigación y la innovación necesarias para acabar con la epidemia y eliminar esta enfermedad.

Al conmemorarse esta fecha, hacemos un llamado a las autoridades sanitarias en los ámbitos federales y estatales, a no bajar la guardia y redoblar esfuerzos para seguir combatiendo de manera decidida a esta epidemia, sumando acciones para alcanzar la total erradicación de la tuberculosis en el territorio nacional, de acuerdo a los compromisos contraídos por el estado mexicano con la Organización de la Naciones Unidas mediante la firma de los objetivos de desarrollo del milenio, en la lucha contra este tipo de epidemias que flagelan a la humanidad.

¡El Día Mundial de la Tuberculosis es una oportunidad para que enfermos de tuberculosis, gobiernos y sociedad civil, unidos todos, pongamos fin a la tuberculosis!

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Atentamente

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo del Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Miles de personas han sobrevivido sin amor; pero ninguna sin agua” W.H. Auden

“El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente” [Organización de las Naciones Unidas, 2016]

El agua es un recurso finito indispensable para la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico, principalmente. Por ello se le considera un factor estratégico de seguridad nacional así como de estabilidad social y política de nuestra nación.

“La extensión territorial continental de México es de 1 millón 959 mil 248 kilómetros cuadrados. Parte del país se ubica en la misma latitud que el desierto del Sáhara y por ello la parte centro norte es semiárida y árida. La precipitación pluvial es escasa en el norte y noroeste del país y la península de Baja California, y abundante en el sureste y en las vertientes del Golfo de México y del Pacífico, al sur del Trópico de Cáncer. La precipitación media anual es de 760 mm equivalente a mil 489 kilómetros cúbicos por año: 331 kilómetros cúbicos escurren a través de los ríos, mil 65 kilómetros cúbicos corresponden a la evapotranspiración y 93 kilómetros cúbicos recargan los acuíferos. En la mayor parte del territorio la precipitación ocurre, predominantemente, entre junio y septiembre, con excepción de la península de Baja California, donde se presenta en invierno. México tenía 25.8 millones de habitantes en 1950 y en 2015 122.4 (Proyección del Consejo Nacional de Población, Conapo)”.

En el ámbito nacional, en 2012 la falta de drenaje y de agua afectó a poco más de diez millones de personas. Las entidades federativas con mayor carencia de drenaje fueron Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Chiapas. La falta de agua en Guerrero afectó a poco más de la tercera parte de su población, en Veracruz a una de cada cuatro personas, y en Tabasco, Chiapas y Oaxaca a uno de cada cinco habitantes.

Según datos de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) la gran mayoría de las cuencas en nuestro país se encuentran en una situación no sustentable en donde la demanda crece día con día conforme crece la población y sus necesidades. Hasta el año 2012, la demanda total de aguas nacionales el país era del orden de los 78 mil 400 millones de metros cúbicos, misma que se cubría con un volumen sustentable de 66 mil 900 millones de metros cúbicos de fuentes superficiales.

Para el desarrollo de cualquier especie, el agua es un recurso básico: sin agua, no habría vida. Cobra mayor importancia cuando hablamos de sociedades desarrolladas, ya que se requiere de ella tanto para su uso doméstico como industrial, sobre todo en grandes ciudades. Por lo tanto, resulta primordial para cualquier cultura tener un adecuado manejo de este recurso, tanto para su abastecimiento, como para evitar desastres.

Tomar agua es necesario para que todas las funciones de nuestro organismo marchen adecuadamente. El agua ayuda a desintoxicar el cuerpo y a hidratarlo.

Contar con una buena calidad de recursos hídrico es esencial para la reducción de la pobreza y el crecimiento económico. El agua y los servicios relacionados a la misma, favorecen el bienestar de las sociedades, pues influyen directamente en la seguridad alimentaria, en la industria energética, la salud humana y en el medio ambiente.

El 22 de marzo de cada año hacemos una pausa para resaltar la importancia del vital líquido, es un día para destacar la función esencial del agua y propiciar mejoras para la población mundial que sufre de problemas relacionados con el agua. Es un día para debatir ¿cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro?

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)