Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4491-VI, jueves 17 de marzo de 2016

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Derivados de las diversas Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la de Estocolmo en 1972, la de Río de Janeiro en 1992, la de Johannesburgo en 2002 y nuevamente la de Río de Janeiro 2012, se asume, que un compromiso de todo país y sus gobiernos es que se haga efectiva la planeación del desarrollo con una política ambiental de largo plazo. Debe existir, por tanto, un requerimiento de sustentabilidad en la definición de los planes y programas en todas las áreas de la administración pública, que garanticen la atención de los grandes retos ambientales del país.

Lamentablemente con el actual modelo de desarrollo del país este concepto sigue siendo un simple buen deseo. Los datos oficiales señalan que ya se tienen comprometidas la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, esto debido al agotamiento y la degradación de los recursos naturales en México.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica (Inegi), que en el año 2012, los costos totales de agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental equivalen a 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), del país (PIB del 2012 fue igual a 15 billones 561 mil 472 millones de pesos).1

Este valor es equivalente a los costos totales por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, que equivalen a un monto de 985 mil 064 millones de pesos.

De citado 6.3 por ciento del PIB en costos ambientales, el agotamiento de los recursos naturales equivale a un 1.7 por ciento y el deterioro ambiental a 4.6 por ciento del PIB.

El agotamiento de los recursos naturales abarca el agotamiento de los hidrocarburos (1.4 por ciento del PIB), del agua subterránea (0.2 por ciento del PIB), y de los recursos forestales (0.1 por ciento del PIB). Respecto a los costos del deterioro ambiental comprende la contaminación del aire (3.4 por ciento del PIB), la degradación del suelo (0.5 por ciento del PIB), la contaminación del agua (0.4 por ciento del PIB), y la generación de residuos sólidos (0.3 por ciento del PIB).

De la información del Inegi sobre el agotamiento de los recursos naturales debe resaltarse, que en el tema de los hidrocarburos se señala lo siguiente: “Referente al agotamiento de los hidrocarburos (petróleo y gas natural), se observó que el total de las reservas probadas, probables y posibles registraron una disminución de 0.8 por ciento en promedio anual, considerando el periodo 2003-2012. Lo anterior permite observar que de persistir el mismo ritmo de explotación del recurso 1,495 millones de barriles de petróleo crudo equivalente anuales en promedio) su vida útil será de poco más de 30 años. Por otro lado, si se consideran solamente las reservas probadas de hidrocarburos, de acuerdo con los presentes niveles de explotación, se puede estimar una vida útil de alrededor de 10 años.”

Es decir, más temprano, que tarde se agotaran los hidrocarburos en México, y es de enorme responsabilidad con las generaciones futuras, hacer bien la tarea y prepararse para la transición energética con base en una economía baja en carbono, que libere al país de la adicción irresponsable de los hidrocarburos. Se ratifica, que los hidrocarburos son cada día menos, y cada vez más caros el obtenerlos, por lo que deben valorarse y cuidarse, aprovechándolos con inteligencia y razón.

Es importante resaltar, que los gastos relacionados a la protección ambiental equivalen al 14.5 por ciento de los costos por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, o a solo el 1 por ciento del PIB (143 mil 066 millones de pesos). Es decir, la inversión requerida para reducir el daño ecológico en el 2012 debería haber sido de por lo menos 5.9 veces más que la registrada en dicho año.

La información anterior señala con claridad, que la carrera en contra del deterioro ambiental del país está perdida de antemano si solo se apostara a aumentar la inversión en protección ambiental.

Es evidente, que en las políticas públicas no se ha integrado la dimensión ambiental, junta a la social y la económica. Al contrario, diversas políticas públicas en distintos sectores han favorecido la destrucción de los ecosistemas y los recursos naturales, y no su conservación. No solo en el sector primario se observan esos ejemplos, prácticamente en todos los sectores de la economía como la energía, el transporte, los asentamientos humanos, entre otros, se conocen la gran desvinculación de programas con la variable ambiental.

El reto necesariamente es que las dependencias e instituciones de la administración pública en los tres órdenes de gobierno –no solo el federal- sean verdaderamente responsables, más allá de la retórica, de promover el desarrollo sustentable a través de sus diversos programas. El desafío es que estas dependencias e instituciones asuman un compromiso, que incorpore la dimensión ambiental en sus programas y acciones específicas, además de lograr que este nuevo desempeño ambiental sea posible medirlo con un sistema de indicadores.

Lo que se requiere es modificar el modelo de desarrollo, que privilegia solamente el crecimiento económico en detrimento del medio ambiente y los recursos naturales del país, el objetivo sería disminuir o eliminar los actuales costos ambientales, tanto por el agotamiento de los recursos naturales, como por la degradación ambiental.

Una causa importante de lo anterior, es que en las políticas públicas no se ha integrado la dimensión ambiental junto a la dimensión social y la dimensión económica. Al contrario, diversas políticas públicas en distintos sectores han favorecido la destrucción de los ecosistemas y los recursos naturales, y no su conservación. Por ejemplo, en el medio rural diversos programas gubernamentales, propiciaron durante muchos años el avance de la frontera agropecuaria sobre tierras forestales.2 En general, no solo en el sector primario se observan esos ejemplos, prácticamente en todos los sectores de la economía como la energía, el transporte, los asentamientos humanos, entre otros, se conocen la gran desvinculación de planes y programas con la variable ambiental.

Por todo lo anterior, se requiere incluir de manera urgente y prioritaria la dimensión ambiental del desarrollo del país, otorgarles en los programas de la administración pública un valor de importancia similar al que se le ha concedido a los aspectos económicos y sociales del mismo. De no ser así se seguirán dejando crecer los problemas ambientales con escenarios probables de reducción del potencial de desarrollo de México en el mediano y largo plazo.

Para realizar lo anterior, es necesario impulsar instrumentos de política ambiental no contemplados en la actual legislación ambiental del país. Uno de esos instrumentos es la llamada Evaluación Ambiental Estratégica, que es el proceso que permite la integración de los aspectos ambientales en las políticas, planes y programas de las dependencias e instituciones de la administración pública. Si se entiende que en la jerarquía de niveles las políticas, planes y programas son más “estratégicos”, debido a que definen la orientación o enfoque general que deben seguirse para alcanzar objetivos amplios, se entenderá que su evaluación se enfrenta a propuestas más flexibles y con un abanico más amplio de escenarios y alternativas de sus consecuencias ambientales, que es posible, en una etapa temprana de la toma de decisiones, modificar en favor de la inclusión de la dimensión ambiental. Haciendo a la Evaluación Ambiental Estratégica un instrumento preventivo de gran relevancia.

Por lo anterior, la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes, programas, es una forma diferente a la tradicional evaluación del impacto ambiental exclusivamente ligada a proyectos. Al descender en dicha jerarquía hasta proyectos, normalmente se enfrenta a especificaciones muy acotadas y determinadas por lo que su evaluación no va a permitir internalizar en suficiencia dicha dimensión ambiental. Por ello, las limitaciones de la evaluación de impacto ambiental de proyectos son evidentes, ya que es una herramienta que no logra orientar el desarrollo económico, sino que reacciona frente a él; además de que por el carácter puntual y parcial de un proyecto, se rebasa la capacidad de respuesta ante la evaluación ambiental de usos múltiples de grandes áreas de desarrollo, estrategias de planeación territorial o de desarrollo económico, social e interinstitucional.

Es conveniente señalar, que con frecuencia es difícil distinguir entre política, plan y programa. En ocasiones se puede hacer con claridad, pero a menudo, cuando uno se enfrenta al tema real, se encuentra con que la política, el plan y el programa pueden hallarse dentro del mismo procedimiento, o en el mismo documento, o sucede que un plan llega a contener elementos de un programa. Por lo anterior, y con el objeto de simplificar en el presente texto, a la denominación de Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y programas, se le denominara indistintamente Evaluación Ambiental Estratégica de programas.

Al respecto, la primera legislación mundialmente importante que trata de la evaluación ambiental en general es la Ley Nacional de Protección del Medio Ambiente (NEPA), del año 1969 de los Estados Unidos de Norteamérica. La NEPA, por sus siglas en inglés, exigía la preparación de una declaración o informe ambiental para cualquier acto que pudiera dar lugar a cualquier efecto ambiental significativo. Esta palabra es mucho más amplia que la palabra proyecto. Es decir un acto en el sentido de la NEPA puede significar una política, un plan o programa.

Por ello, es importante señalar, que para los dos países socios de México, en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica y el Canadá –desde 1990-, la Evaluación Ambiental Estratégica de programas es un requisito legal. Nueva Zelandia, establece en 1991, en su legislación una estrategia de desarrollo sustentable nacional que exige que las autoridades locales hagan una evaluación ambiental de los planes y programas.

Otros países, tales como Inglaterra (1971), Australia y Colombia (1974), Alemania (1975), Francia y Venezuela (1976), Filipinas (1977), Corea (1980), Holanda y Brasil (1981) y Japón (1984) definieron también como un requisito legal la evaluación de impacto ambiental, muchos de ellos en su más amplia acepción, que incluye que incluye al plan y programa. Sin embargo, la atención principal de la mayoría de países, como es el caso de México (1988), en la evaluación ambiental ha sido otorgada originalmente a los proyectos.

Lo anterior puede comprenderse debido a que la evaluación de impacto ambiental de proyectos se aplica principalmente a proyectos de obras y actividades. Mientras que la evaluación ambiental de programas se trabaja en el ámbito de las políticas públicas, por lo que tiende a ser percibida como una intromisión en aspectos tradicionalmente reservados a la discrecionalidad de los gobiernos. Por ello, se demanda una voluntad democrática indiscutible en los países donde se implementa.

Debido a razones políticas y organizativas en el caso de la Unión Europea se avanzo en dos etapas. En la primera se le dio prioridad a la evaluación ambiental para proyectos, y en una segunda fase la evaluación ambiental de políticas, planes y programas. Por ello, la entrada en vigencia de la Directiva 85/337/CEE, que fue acordada y aprobada en el año 1985, solo afecta la evaluación ambiental de los proyectos públicos y privados. La segunda fase se establece hasta el año 2001, cuando entra en vigor la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Teniendo el año 2004 como fecha limite los Estados miembros para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva. Se sabe, que los países europeos han dado cumplimiento a esta Directiva, incorporándola en sus legislaciones nacionales.3

En particular España tiene su legislación al respecto, que es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.4 Esta ley sustituye a la 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, con la que la legislación española incorporó en su derecho interno la mencionada Directiva 2001/42/CE.5

La Evaluación Ambiental Estratégica es ampliamente recomendada por organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ por su acrónimo en alemán), entre otros organismos internacionales reconocidos.

De estos antecedentes y consideraciones se concluye, que es una realidad la necesidad de armonizar la legislación ambiental mexicana con la de otros países del mundo y organismos internacionales en materia de Evaluación Ambiental Estratégica de programas.

En México, el sector ambiental del Gobierno Federal, ha señalado en distintas etapas de su desarrollo, como Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (INE-SEMARNAP 2000),6 así como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat 2006),7 la necesidad de implementar la Evaluación Ambiental Estratégica de programas. Incluso, el programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 de la Semarnat, establecía en el objetivo 7.2.3 el compromiso de desarrollar la metodología de Evaluación Ambiental Estratégica. De tal forma que Semarnat señala, que: “En 2009 se desarrolló la Guía Metodológica, a partir de una prueba piloto en la que se aplicó la Evaluación Ambiental Estratégica para la selección de sitios y trayectorias en la región noreste del país (Coahuila y Nuevo León), en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. Además...En 2010 se elaboró el “Documento Político Técnico que define la Evaluación Ambiental Estratégica como una nueva Herramienta de Gestión Ambiental en México”. Se elaboró el estudio denominado “Definición de pautas de Sustentabilidad, con base en la Evaluación Ambiental Estratégica del Programa de Obras e Inversiones de la Comisión Federal de Electricidad en los Estados de Nuevo León y Coahuila” (página89).8

No obstante la propia Semarnat (2006a) señala respecto a la Evaluación Ambiental Estratégica, que: “La Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento valioso pero difícil de utilizar debido a los factores sectoriales e intersectoriales que involucra. Para poderla aplicar es necesario modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Reglamento respectivo” (página 95).9

Es importante señalar, la urgencia de esta reforma legal en materia de Evaluación Ambiental Estratégica, ya que por ejemplo en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), que es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se le otorga en su fracción I del artículo 5o., la atribución de participar de manera conjunta con la propia Semarnat y la Secretaría de Energía en el desarrollo de la Evaluación Estratégica del Sector Hidrocarburos, y dice:

Artículo 5o. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aportar los elementos técnicos sobre Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, a las autoridades competentes, para las políticas energética y ambiental del país, así como para la formulación de los programas sectoriales en esas materias. Para ello, participará con la Secretaría y con la Secretaría de Energía en el desarrollo de la Evaluación Estratégica del Sector;

En la fracción del artículo 3o., de la citada Ley se define a la Evaluación Estratégica de la forma siguiente:

Artículo 3o. Además de las definiciones contempladas en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de esta Ley se entenderá, en singular o plural, por:

I. a IV. ...

V. Evaluación estratégica: Proceso sistemático de análisis que realiza la Agencia para emitir observaciones y recomendaciones en las materias de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección ambiental en las iniciativas de políticas públicas, planes o programas de gobierno relacionadas con las actividades del Sector Hidrocarburos;

Asimismo en el dictamen de la actual Minuta de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales10 en su artículo 9 y17 “se plantea la realización de un estudio informativo de impacto social y ambiental respecto de la Zona Económica Especial y su Área de Influencia como elemento del Dictamen de viabilidad de la Zona, y que éste se pondrá a disposición de los solicitantes del Permiso o del asignatario. No obstante, en primer lugar, es necesario que se conceptualice el mencionado estudio informativo como una evaluación estratégica sobre la situación general e impactos particulares sociales y ambientales que se generen en la Zona y su Área de Influencia (es decir, un proceso sistemático de análisis, y no un simple estudio informativo), y que en ella participen expertos independientes, con el propósito de contar con mayor objetividad en su realización, que se sumarían a la capacidad y recursos institucionales de las dependencias y entidades paraestatales. Asimismo, se considera conveniente el fortalecimiento de los efectos jurídicos de esta evaluación estratégica y su vinculación con la operación de la Zona y el Área de Influencia, pues en la Iniciativa ello parece un tanto impreciso, por lo cual se modifica dicha disposición para señalar que los resultados de esta evaluación deberán tomarse en consideración en la elaboración del Plan Maestro de la Zona y del Programa de Desarrollo, que son los instrumentos de planeación que rigen la organización y funcionamiento de la Zona y su Área de Influencia, respectivamente” (página 24)

Incluso en la citada Minuta se presenta una definición en la fracción IX de su artículo 3o. de Evaluación Estratégica.

De manera textual, los citados artículos 3o., 9 y 17 señalan lo siguiente:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a VIII. ...

IX. Evaluación Estratégica: el proceso sistemático de análisis sobre la situación e impacto sociales y ambientales respecto de la Zona y su Área de Influencia;

Artículo 9. Previamente a la emisión del decreto a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría deberá elaborar un Dictamen, el cual deberá contener lo siguiente:

I. a III . ...

IV. Estudio de prefactibilidad que incluya, entre otra información, los sectores industriales que potencialmente puedan instalarse en la Zona; relación de posibles Inversionistas con interés de ubicarse dentro de la Zona; la Evaluación Estratégica sobre la situación e impacto sociales y ambientales; de uso de suelo y requerimientos de apoyos públicos complementarios;

Artículo 17. Las Zonas atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las Áreas de Influencia.

Para efectos del Dictamen, la Secretaría, con la participación que corresponda a las secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las demás dependencias y entidades paraestatales competentes, las entidades federativas y los municipios correspondientes, y expertos independientes, realizará una Evaluación Estratégica sobre la situación e impacto sociales y ambientales respecto de la Zona y su Área de Influencia. Lo anterior, sin perjuicio de los trámites que se requieran en términos de la legislación en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, así corno las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Los resultados de la Evaluación Estratégica se deberán tornar en consideración para la elaboración del Programa de Desarrollo y del Plan Maestro de la Zona, sin perjuicio de las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

En el orden local, es también importante señalar, que se tiene conocimiento de que cuando menos en las legislaciones ambientales del Baja California, Distrito Federal y Guerrero se considera la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica de programas.

Ante estos precedentes tanto en la legislación federal, como estatal, es importante iniciar un proceso de armonizar la Evaluación Ambiental Estratégica de programas, para que se reduzca el riesgo de que proliferen diferentes regulaciones con distintas magnitudes de exigencia ambiental en la materia.

Igualmente ante el creciente deterioro ambiental se considera la pertinencia de que un país como México impulse nuevos instrumentos de política ambiental, fortaleciendo con un enfoque preventivo la capacidad normativa de las autoridades ambientales sobre actividades sustanciales del desarrollo.

Al respecto, en México, la primera iniciativa legislativa referente a la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas fue presentada el 30 de octubre de 2008, por el diputado Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, como diputado en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asimismo fue suscrita por los diputados Roberto Mendoza Flores y Diego Cobo Terrazas. La iniciativa se denomina “Ley General de Evaluación Ambiental de los Efectos de Planes y Programas de la Administración Pública”, asimismo se consideró pertinente proponer reformas a diversas disposiciones de la Ley de Planeación.11

La citada iniciativa de Ley tuvo como base fundamental tanto la Directiva 2001/42/CE, como la propia Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente de España. Se trata de transferir en principio, tanto sus objetivos, fundamentos, conceptos técnicos y un método para la evaluación ambiental de planes y programas, ya validado en el ámbito internacional a la legislación mexicana, buscando además adecuar y armonizar esto a los propios requerimientos del país.

Con el fin de establecer la necesidad de la aprobación de la Iniciativa se mencionaba lo siguiente en la misma:

1. La Ley General de Evaluación Ambiental de los Efectos de Planes y Programas de la Administración Pública permitirá impulsar un proceso de evaluación de planes y programas, que asegura que las consecuencias ambientales de dichos instrumentos sean consideradas en el proceso de toma de decisiones, en conjunto con las consideraciones de orden económico y social.

2. Con la Ley General de Evaluación Ambiental de los Efectos de Planes y Programas de la Administración Pública aplicada a planes y programas se entiende una evaluación ambiental en las etapas preliminares a los proyectos en el procedimiento planificador. A través de la evaluación ambiental de planes y programas, se pretende lograr políticas públicas ambientalmente sustentables, armonizando las políticas ambientales con las políticas económicas y sociales.

3). Se intenta con ello, fortalecer la institucionalidad ambiental: por un lado, de las diversas autoridades ambientales en sus distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, como ejes coordinadores de las políticas y estrategias ambientales, así como el de la responsabilidad que le toque a las distintas dependencias e instituciones de la administración pública, de modo que los principios ambientales y de sustentabilidad se incorporen en sus planes y programas, por ejemplo, en los de la agricultura, transporte, energía, industria o turismo, por citar solo algunos casos.

4. Otro aspecto sobresaliente de la Ley General de Evaluación Ambiental de los Efectos de Planes y Programas de la Administración Pública, es que puede ser un proceso altamente participativo, dotando de mayor transparencia al proceso de decisión a través de la consulta pública. Por ello, es posible con la evaluación ambiental de determinados planes y programas establecer un nuevo límite al poder político, en particular si se respetan el carácter participativo que debe tener la gestión ambiental y las exigencias de eficiencia y transparencia de las instituciones públicas implicadas.

5. El instrumento jurídico que se propone, cuenta con las características necesarias para lograr el propósito de contribuir a detener y revertir el deterioro ambiental y de los recursos naturales del país.

Infortunadamente, la iniciativa no logró ser dictaminada por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Publico a las que fue turnada. Lo anterior debido a que en agosto del 2009, concluyó sus trabajos la LX Legislatura del Congreso de la Unión.

La citada iniciativa de Ley fue presentada nuevamente el 13 de octubre de 2011 por los diputados Armando Ríos Piter, César Francisco Burelo Burelo, Ma. Dina Herrera Soto y María Araceli Vázquez Camacho. Todos integrantes del Grupo Parlamentario en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.12

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Las Comisiones realizaron su dictamen, que fue presentado para su publicidad en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el 26 de abril de 2012, es decir, en los últimos días del 2º. Periodo Ordinario del 3er. Año de la Legislatura. Esto significó, que aunque ya estaba por ser votado dicho dictamen, no fue sujeto a votación y resolución ante el Pleno de la Cámara de Diputados, ya que concluyeron prácticamente los trabajos de la LXI Legislatura en el último día de abril.13

Dicho Dictamen quedó en poder de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sin que fuera presentado al Pleno de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura.

A continuación se citan algunas partes de los contenidos del citado dictamen:

“Estas Comisiones Dictaminadoras consideran improcedente expedir una ley general en la materia propuesta, ya que la estructura normativa del sistema jurídico europeo es diferente a la establecida en México, siendo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la ley marco en nuestro país, la cual es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Atendiendo a lo anterior, en el Capítulo III de la Política Ambiental se establecen los principios que el Ejecutivo Federal, así como las entidades federativas y municipios, observarán para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en la LGEEPA, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Es así que en el capítulo subsecuente denominado Instrumentos de la Política Ambiental establece el deber de incorporar en la planeación nacional del desarrollo la política ambiental que se establezca de conformidad con la LGEEPA y las demás disposiciones en la materia. Se considerarán como instrumentos de la política ambiental, los contemplados en las secciones que integran dicho Capítulo, ordenamiento ecológico del territorio, instrumentos económicos, regulación ambiental de los asentamientos humanos, evaluación de impacto ambiental, normas oficiales mexicanas en materia ambiental, autorregulación y auditorías ambientales e investigación y educación ecológica.

Ahora bien, es importante destacar lo dicho por el promovente de la Evaluación Ambiental Estratégica, en relación a que es un nuevo instrumento de política ambiental, y agregar que dicho instrumento tendrá como objetivo el fortalecimiento de la gestión ambiental, mediante la aplicación integral de todos los instrumentos de la política ambiental.

Por lo anterior y atendiendo a la propuesta del legislador, estas Comisiones Dictaminadoras consideran procedente establecer las disposiciones en materia de Evaluación Ambiental Estratégica en el Capítulo de Instrumentos de Política Ambiental de la Ley marco.

Finalmente, es de señalar que existen disposiciones propuestas por el legislador que al ser adjetivas se encuentran contempladas por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ordenamiento supletorio a la LGEEPA y al Reglamento que para el caso se expida.” (página 30).

Es decir, en la discusión de la iniciativa se resolvió impulsar un nuevo apartado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente referente a la Evaluación Ambiental Estratégica, que es pertinente revisar y analizar. No fue posible impulsar por el momento una Ley, que a nuestro juicio dejaría claramente regulado el proceso de la evaluación ambiental de los planes y programas de la administración pública, no permitiendo márgenes para la discrecionalidad. Muchos asuntos de la evaluación ambiental quedan por ello, sujetos a la expedición del reglamento. Sin embargo, en el ánimo de impulsar la legislación en la materia se realizó esta propuesta de dictamen, que fue de consenso. A continuación se presenta el proyecto de decreto contenido en el dictamen respectivo:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Evaluación Ambiental Estratégica

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXII al artículo 5, recorriéndose la subsecuente, un párrafo tercero al artículo 17 y se adiciona una sección X, “Evaluación Ambiental Estratégica”, que comprende los artículos 43 Bis, 43 Bis 1, 43 Bis 2, 43 Bis 3, 43 Bis 4 y 43 Bis 5, al capítulo IV del título primero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

I a XX. ...

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático;

XXII. La Evaluación Ambiental Estratégica de los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las modificaciones de dichos programas, y

XXIII. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.

Artículo 17. ...

(...)

Asimismo, en la formulación de los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se hará efectiva la transversalidad de las políticas públicas para la sustentabilidad ambiental, a través de la Evaluación Ambiental Estratégica.

Sección XEvaluación ambiental estratégica

Artículo 43 Bis. La Evaluación Ambiental Estratégica es el proceso mediante el cual se incorpora el análisis y la evaluación de la dimensión ambiental, en la formulación de los programas de la Administración Pública Federal, así como de sus modificaciones.

El análisis consistirá en la evaluación de los requerimientos de aprovechamiento, uso o explotación de los recursos naturales y sus servicios ambientales asociados, que se estimen necesarios para la ejecución de los programas. Asimismo, se analizarán los impactos sinérgicos y acumulativos que se generarían sobre los ecosistemas, para establecer las medidas eficaces que impidan o limiten la degradación del ambiente.

El procedimiento que la Secretaría establezca para la Evaluación Ambiental Estratégica de los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se sustentará en los siguientes principios:

I. La transversalidad de las políticas públicas de la Administración Pública Federal, para la sustentabilidad ambiental;

II. La coordinación de la Secretaría con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y

III. El fortalecimiento de la gestión ambiental, mediante la aplicación integral de los instrumentos de la política ambiental.

La Secretaría expedirá, mediante Reglamento, los lineamientos generales que contengan los requisitos y el procedimiento aplicable a la Evaluación Ambiental Estratégica.

Artículo 43 Bis 1. Se someterán a la Evaluación Ambiental Estratégica los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, que contemplen, promuevan o induzcan obras o actividades de las señaladas en el artículo 28 de esta ley y aquellos que señale el Reglamento. Asimismo, se sujetarán a las formalidades previstas en este Capítulo, las modificaciones que se realicen a dichos programas.

Se exceptúa de la Evaluación Ambiental Estratégica a los programas en materia de seguridad nacional, defensa nacional, protección civil y los presupuestarios.

La Secretaría expedirá, mediante Reglamento, los lineamientos generales que contengan los requisitos y el procedimiento aplicable a la Evaluación Ambiental Estratégica.

Artículo 43 Bis 2. El procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica deberá incorporar, por lo menos, lo siguiente:

I. La conformación de un Comité Técnico, integrado por especialistas de la Secretaría y de la dependencia o entidad de la administración pública federal, que asesorará en el diseño, formulación y seguimiento del programa que sea materia de análisis y dictaminación;

II. La participación de diversos sectores y de la sociedad, a través de la consulta pública, y

III. El proyecto del programa y el análisis ambiental que realice la dependencia o entidad de la administración pública federal responsable del mismo, que incluya los requerimientos de aprovechamiento, uso o explotación de los recursos naturales y sus servicios ambientales asociados, que se estimen necesarios para la ejecución de dicho programa, así como el análisis de los impactos sinérgicos y acumulativos, que se generarían sobre los ecosistemas.

Para los efectos de la fracción II del presente artículo, las dependencias y entidades de la administración pública federal, remitirán a la Secretaría los comentarios y observaciones que en materia ambiental reciban durante los procesos de consulta pública a los que sean sometidos sus programas, conforme al ordenamiento aplicable en la materia.

La secretaría emitirá un dictamen que evalúe la incorporación del análisis y la evaluación de la dimensión ambiental en los programas o en sus modificaciones, que realice la dependencia o entidad de la administración pública federal responsable de su formulación. El dictamen establecerá las condiciones a los que se sujetarán los programas para su implementación.

Artículo 43 Bis 3. La Secretaría, durante la Evaluación Ambiental Estratégica, podrá solicitar opinión a dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, instituciones académicas, así como a organizaciones sociales y empresariales, en los términos señalados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 43 Bis 4. La dependencia o entidad de la administración pública federal, con la asesoría de la Secretaría, realizará el seguimiento al programa evaluado.

Artículo 43 Bis 5. Los estados y el Distrito Federal podrán establecer procedimientos de Evaluación Ambiental Estratégica, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá expedir, en un plazo no mayor a un año, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Evaluación Ambiental Estratégica.

Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta en tanto no se cuenta con el Reglamento respectivo expedirá, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el acuerdo mediante el cual se definan los lineamientos para el cumplimiento de lo establecido en el presente decreto.

De estos antecedentes y consideraciones se concluye, que es una realidad la necesidad de armonizar la legislación ambiental mexicana con la de otros países del mundo en materia de Evaluación Ambiental Estratégica de programas, igualmente ante el creciente deterioro ambiental se considera la pertinencia de que un país como México impulse nuevos instrumentos de política ambiental, fortaleciendo con un enfoque preventivo la capacidad normativa de las autoridades ambientales sobre actividades sustanciales del desarrollo.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La presente iniciativa retoma en esencia lo planteado tanto en las consideraciones de la iniciativa de Ley del 2009, nuevamente presentada en el 2011, como en el antes citado dictamen de esta última iniciativa. De la misma forma busca atender las propuestas de diversas organizaciones de la sociedad civil con relación a la Evaluación Ambiental Estratégica.14 En especial, se busca garantizar que el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica sea participativo, de tal forma que informe e involucre a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas a lo largo de su proceso de toma de decisiones. Cuidando que en todo momento se tenga acceso a la información relevante y que esta sea clara, precisa y comprensible.

Asimismo, es pertinente señalar, que esta iniciativa basa como modelo de procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, el que en España actualmente se realiza en forma ordinaria, tratando de internalizar a través del informe preventivo estratégico su procedimiento simplificado. Lo anterior, se fundamenta en la antes citada Ley 21/2013, de evaluación ambiental de dicho país. Es decir, se busca con este procedimiento acercarse en términos de alcance y metodología de manera indirecta a la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Junio de 2001 relativa a la Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente; ya que con la Ley 21/2013, España da cumplimiento y transpone la mencionada Directiva.

1. Primeramente se adiciona una fracción XXII al artículo 5o. de la LGEEPA, a efecto de que la Federación tenga la facultad expresa para realizar la Evaluación Ambiental Estratégica de los programas de su competencia, en los siguientes términos:

Artículo 5o. ...

I a XX. ...

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático;

XXII. La Evaluación Ambiental Estratégica de los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las modificaciones de dichos programas, y

XXIII. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la federación.

2. En el mismo sentido, se retoma una de las propuestas de las antes citadas organizaciones de la sociedad civil con relación a la Evaluación Ambiental Estratégica para que atendiendo la naturaleza concurrente de la LGEEPA se adicione una fracción XXII en el artículo 7º. y una fracción XVII al artículo 8º., con el objeto de que tanto los Estados, como los Municipios, respectivamente, tengan la facultad expresa para realizar la Evaluación Ambiental Estratégica de los programas de su competencia, en los siguientes términos:

Artículo 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a. XX. ...

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático;

XXII. La Evaluación Ambiental Estratégica de los programas de su competencia, así como de las modificaciones de los mismos, y

XXIII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación.

Artículo 8o. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XV. ...

XVI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático;

XVII. La Evaluación Ambiental Estratégica de los programas de su competencia, así como de las modificaciones de los mismos, y

XVIII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados.

3. Se mandata mediante la adición de un párrafo tercero en el artículo 17 de la LGEEPA, referente a la planeación ambiental, que en la formulación los programas de la administración pública federal, se hará efectiva la transversalidad de las políticas públicas para la sustentabilidad ambiental, mediante la incorporación de la dimensión ambiental a través de la Evaluación Ambiental Estratégica, quedando de la siguiente forma:

Artículo 17. ...

(...)

Asimismo, en la formulación de los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se hará efectiva la transversalidad de las políticas públicas para la sustentabilidad ambiental, a través de la Evaluación Ambiental Estratégica.

4. En el Capítulo IV de los “Instrumentos de Política Ambiental” de la LGEEPA se adiciona una Sección X de la “Evaluación Ambiental Estratégica”, con un total de 13 nuevos artículos (artículos 43 Bis, 43 Bis 1, 43 Bis 2, 43 Bis 3, 43 Bis 4, 43 Bis 5, 43 Bis 6, 43 Bis 7, 43 Bis 8, 43 Bis 9, 43 Bis 10, 43 Bis 11 y 43 Bis 12), que orientan el procedimiento de dicha evaluación, siguiendo un orden cronológico, que facilite su aplicación. Se estima un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de programas, que tenga un plazo máximo de realización de 12 meses.

5. Con la adición del artículo 43 Bis se define el concepto de Evaluación Ambiental Estratégica así como los principios en los que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sustentara el procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica. Asimismo, se señala que en todo momento la Secretaría podrá solicitar opinión durante el procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica al más amplio espectro de organismos e instituciones públicas y privadas, esto en los términos señalados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se declara el mandato de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sea quien mediante Reglamento expida los lineamientos generales que contengan los requisitos y el procedimiento aplicable a la Evaluación Ambiental Estratégica.

Artículo 43 Bis. La Evaluación Ambiental Estratégica es el proceso mediante el cual se incorpora el análisis y la evaluación de la dimensión ambiental, en la formulación de los programas de la administración pública federal, así como de sus modificaciones.

El análisis y evaluación consistirá en la estimación de los requerimientos de aprovechamiento, uso o explotación de los recursos naturales y sus servicios ambientales asociados, que se estimen necesarios para la ejecución de los programas. Asimismo, se analizarán y evaluarán los impactos sinérgicos y acumulativos que se generarían sobre los ecosistemas, para establecer las medidas eficaces que impidan o limiten la degradación del ambiente.

I. La transversalidad de las políticas públicas de la administración pública federal, para la sustentabilidad ambiental;

II. La coordinación de la Secretaría con las dependencias y entidades de la administración pública federal, y

III. El fortalecimiento de la gestión ambiental, mediante la aplicación integral de los instrumentos de la política ambiental.

La Secretaría, durante el procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica, podrá solicitar en todo momento opinión a las autoridades de las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal afectadas, instituciones académicas, así como a organizaciones sociales y empresariales, entre otros organismos, en los términos señalados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Secretaría expedirá, mediante Reglamento, los lineamientos generales que contengan los requisitos y el procedimiento aplicable a la Evaluación Ambiental Estratégica.

6. En relación a la adición del artículo 43 Bis 1 se establece que los programas de la administración pública federal sujetos al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica son aquellos que contemplen, promuevan o induzcan obras o actividades de las señaladas en el artículo 28 de la LGEEPA, referente a la evaluación del impacto ambiental. Así, aquellos programas que comprenden este tipo de obras o actividades al someterse de manera inicial a la Evaluación Ambiental Estratégica posibilitarán la reducción significativa de impactos ambientales adversos en los proyectos individuales sujetos al procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Para no incurrir en una omisión en la lista de los programas sujetos a la Evaluación Ambiental Estratégica se agrega que en el Reglamento será posible incluir otros programas con impactos significativos en el medio ambiente que no sean considerados conforme al citado artículo 28, dando así la posibilidad al Ejecutivo federal, de hacer más amplio el listado de programas en evaluación.

Como únicas excepciones de programas no sujetos al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica se identifican a los programas en materia de seguridad nacional.

Artículo 43 Bis 1. Se someterán a la Evaluación Ambiental Estratégica los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, que contemplen, promuevan o induzcan obras o actividades de las señaladas en el artículo 28 de esta Ley y aquellos programas con impactos significativos en el medio ambiente de las dependencias y entidades de la administración pública federal que señale el Reglamento que al efecto se expida. Asimismo, se sujetarán a las formalidades previstas en esta Sección, las modificaciones que se realicen a dichos programas.

Se exceptúa de la Evaluación Ambiental Estratégica a los programas en materia de seguridad nacional.

7. En el artículo 43 Bis 2, en forma similar al artículo 17 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental de España, se presentan en su primer párrafo las etapas para la realización del procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica, desde su inicio hasta la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica. Con el objeto de mantener análoga la terminología de evaluación ambiental de la legislación mexicana, se propone que el documento inicial estratégico en la Ley 21/2013 de España se llame en la iniciativa informe preventivo estratégico ; asimismo el informe medioambiental de la Directiva 2001/42/CE, Ley 21/2013, denominado estudio ambiental estratégico en la Ley 21/2013 de España, se nombre en la iniciativa manifestación ambiental estratégica ; de la misma forma la llamada declaración de la Directiva 2001/42/CE, denominada declaración ambiental estratégica en la Ley 21/2013 de España, se nombre en la iniciativa resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica .

Se adiciona un segundo párrafo para que se garantice que quienes realicen los trabajos del documento inicial estratégico, la manifestación ambiental estratégica y la resolución en materia de evaluación ambiental estratégico sean personas con la debida cualificación profesional.

Artículo 43 Bis 2. La Evaluación Ambiental Estratégica constará de las siguientes etapas:

a) Solicitud de inicio mediante presentación de informe preventivo estratégico y consultas previas.

b) Determinación del alcance y contenido de la manifestación ambiental estratégica, así como consultas a las instituciones públicas y/o privadas y personas interesadas para tal fin.

c) Elaboración de la manifestación ambiental estratégica.

Información y consultas públicas a las instituciones públicas afectadas y personas interesadas.

e) Solicitud de resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica y análisis técnico del expediente.

f) Resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica.

El informe preventivo estratégico, la manifestación ambiental estratégica y la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica deberán ser realizados por personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, y tendrán la calidad necesaria para cumplir las exigencias de este procedimiento. Para ello, la Secretaría definirá en el Reglamente que al efecto se expida, los criterios mínimos de calidad.

8. La etapa de solicitud de inicio se establece en el artículo 43 Bis 3, que es parcialmente similar a los artículos 18 y 29 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental de España. En este artículo se señala los requerimientos, incluyendo la consulta pública, para dar inicio al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, que se dan a través de la presentación ante la Secretaría por la dependencia o entidad de la administración pública federal correspondiente, en su carácter de promovente, de un proyecto preliminar del programa, así como un informe preventivo estratégico, que describe la información mínima en relación a los aspectos ambientales de dicho programa. Asimismo, se identifican las causas para no admitir un programa al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. En especial, se busca que aquellos programas que no tengan efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el artículo 43 Bis 1, se resuelva de manera simple, que no son sujetos al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica; para así, de acuerdo con lo previsto en la legislación que corresponda sean implementados.

Artículo 43 Bis 3. El procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica se apertura con la presentación de una solicitud de inicio ante la Secretaría de la misma por la dependencia o entidad de la administración pública federal, que será acompañada de un proyecto preliminar del programa y de un informe preventivo estratégico, que contendrá, al menos la siguiente información:

a) Los objetivos del programa propuesto;

b) El alcance y contenido del programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables;

c) El desarrollo previsible del programa;

d) Una caracterización del estado del medio ambiente antes del desarrollo del programa en el ámbito territorial afectado;

e) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático;

f) Identificación y valoración de los riesgos ambientales asociados al programa, sean naturales o de origen antrópico;

g) Las medidas previstas, en su caso, para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto adverso relevante en el medio ambiente de la aplicación del programa, tomando en consideración el cambio climático, y

Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del programa.

En un plazo no mayor a cinco días después de ingresada la solicitud de inicio, así como el proyecto preliminar del programa y el informe preventivo estratégico, la Secretaría pondrá éstos a disposición del público en su página electrónica, durante un periodo de veinte días, con el fin de que puedan ser consultados por cualquier persona e institución público o privado, y en su caso se pronuncien mediante opinión escrita sobre su admisión o inadmisión al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.

Transcurrido el plazo de consulta, la Secretaría tomando en cuenta las opiniones recibidas elaborará y resolverá en un plazo no mayor a quince días después de finalizada esta primera consulta pública y una vez analizada la solicitud de inicio, así como el proyecto preliminar del programa y el informe preventivo estratégico determinará su admisión o inadmisión al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. La inadmisión se podrá determinar cuándo:

a) El programa propuesto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el artículo 43 Bis 1, para así, de acuerdo con lo previsto en la legislación que corresponda sea realizado;

b) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables;

c) Se estime de manera inequívoca que el programa es manifiestamente inviable por razones ambientales;

d) Se estime que el informe preventivo estratégico no reúne las condiciones de calidad suficientes; o

e) Se hubiese inadmitido o ya hubiese resuelto una resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica negativa en un programa sustancialmente similar al presentado.

9. En el artículo 43 Bis 4 se desarrolla la etapa de la determinación del alcance y contenido de la manifestación ambiental estratégica. Para ello, se mandata consultar a las instituciones públicas afectadas y personas interesadas para tal fin. Estas se podrán pronunciar mediante opinión escrita en un plazo no mayor a veinte días desde la admisión al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. Posterior a dicha consulta la Secretaría resolverá sobre el alcance y contenido de la manifestación ambiental estratégica.

Artículo 43 Bis 4. Una vez que la Secretaría admita al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica el proyecto preliminar del programa y el informe preventivo estratégico, continuarán éstos a disposición del público en medios electrónicos, con el fin de que puedan ser consultados por cualquier institución público afectada y persona interesada, y se pronuncien mediante opinión escrita en un plazo no mayor a veinte días desde dicha admisión sobre el documento de alcance y contenido de la manifestación ambiental estratégica.

Transcurrido el plazo de consulta, la Secretaría tomando en cuenta las opiniones recibidas elaborará y resolverá en un plazo de diez días, a la dependencia o entidad de la administración pública federal promovente, el documento de alcance y contenido de la manifestación ambiental estratégica, remitiendo anexo las opiniones recibidas de la consulta realizada.

10. En el artículo 45 Bis 5, retomando en forma parcial al artículo 20 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental de España, se presentan los contenidos mínimos que deberá tener la manifestación ambiental estratégica.

Artículo 43 Bis 5. La manifestación ambiental estratégica deberá contener, por lo menos, la identificación, descripción, análisis y evaluación de los posibles impactos significativos en el medio ambiente de la aplicación del programa, así como las alternativas razonables técnica y ambientalmente, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfica del programa sujeto a evaluación. Para ello, deberá considerarse los requerimientos de aprovechamiento, uso o explotación de los recursos naturales y sus servicios ambientales asociados, que se estimen necesarios para la ejecución de dicho programa, así como el análisis y evaluación de los impactos sinérgicos y acumulativos, que se generarían sobre los ecosistemas, tomando en consideración el cambio climático. Asimismo, las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos adversos del programa sobre el ambiente.

Estos y otros contenidos de la manifestación ambiental estratégica serán establecidos de manera puntual y en detalle en el Reglamento que al efecto se expida.

11. En el artículo 43 Bis 6 se establece el plazo de elaboración y entrega de la manifestación ambiental estratégica y la versión inicial del programa, que deberá tomar en cuenta dicho manifestación ambiental estratégica realizado para tal fin. Ambos documentos deberán ser ingresados ante la Secretaría.

Posteriormente la Secretaría deberá someter en un plazo no mayor a cinco días de ingresados, la versión inicial del programa y la manifestación ambiental estratégica a consulta pública durante un plazo no menor a diez días ni superior a treinta días bajo el principio de máxima difusión de dicha información. Para ello se mandata también a la dependencia o entidad de la administración pública federal promovente a utilizar en su caso los foros de consulta popular previstos en la Ley de Planeación, así como que en el caso de programas regionales, de manera particular se difunda en las zonas donde serán aplicados. Ambas son propuestas de las antes citadas organizaciones de la sociedad civil con relación a la Evaluación Ambiental Estratégica, así como los medios de comunicación, preferentemente los medios electrónicos.

Artículo 43 Bis 6. La dependencia o entidad de la administración pública federal promovente elaborará en un plazo no mayor a treinta días, una versión inicial del programa teniendo en cuenta la manifestación ambiental estratégica, e ingresará ambos documentos ante la Secretaría.

La Secretaría hará público en medios electrónicos en un plazo no mayor a cinco días de ingresados, la versión inicial del programa y la manifestación ambiental estratégica presentados por la dependencia o entidad de la administración pública federal promovente, a efecto de que cualquier institución pública afectada o persona interesada, pueda consultarlos y, en su caso, emitir las opiniones escritas, que considere pertinentes en un plazo no inferior a diez días ni superior a treinta días a partir de su sometimiento a consulta pública. La Secretaría adoptará las medidas necesarias para garantizar que dichas opiniones sean conocidas en forma inmediata por la dependencia o entidad de la administración pública federal correspondiente, para su consideración.

De manera coordinada con la Secretaría, la dependencia o entidad de la administración pública federal promovente deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar, que tanto la versión inicial del programa, como la manifestación ambiental estratégica sometidos a consulta pública tengan la máxima difusión entre el público, utilizando en su caso los foros de consulta popular previstos en la Ley de Planeación, así como los medios de comunicación, preferentemente los medios electrónicos. En especial, se deberá informar los posibles impactos adversos sobre el ambiente y las medidas que se adoptarán para prevenirlos, mitigarlos o, en su caso, restaurarlos o compensarlos. En el caso de programas regionales, de manera particular se les difundirá en las zonas donde serán aplicados.

12. En el artículo 43 Bis 7, retomando en forma parcial al artículo 24 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental de España, se establece que para solicitar ante la Secretaría la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica y análisis técnico del expediente de la Evaluación Ambiental Estratégica -que contiene la propuesta final del programa, la manifestación ambiental estratégica, el informe de resultados de la consulta pública, y un documento resumen- se deberá elaborar una propuesta final del programa, tomando en cuenta las opiniones recibidas, modificando de ser necesario la manifestación ambiental estratégica.

Artículo 43 Bis 7. Tomando en consideración las opiniones recibidas, la dependencia o entidad de la administración pública federal promovente, modificará de ser preciso, la manifestación ambiental estratégica, y elaborará la propuesta final del programa, presentando ante la Secretaría en un plazo no mayor de treinta días finalizada la consulta pública señalada en el artículo 43 Bis 6, el siguiente expediente de la Evaluación Ambiental Estratégica:

a) La propuesta final del programa;

b) La manifestación ambiental estratégica;

c) El informe de resultados de la consulta pública, y

d) Un documento resumen en el que se describa la integración en la propuesta final del programa de los aspectos ambientales; de la manifestación ambiental estratégica y su caso de su adecuación; así como de los resultados de la consulta pública realizada y cómo sus opiniones se han tomado en consideración.

13. En el artículo 43 Bis 8 se determina que la Secretaría realizara un análisis técnico del expediente de la Evaluación Ambiental Estratégica. Se establece que si durante dicho análisis técnico del expediente, la Secretaría considera, que el mismo presenta insuficiencias, podrá solicitarse dentro de los diez días siguientes a que se reciba dicho expediente, a que se realicen las ampliaciones o correcciones a que haya lugar en el plazo máximo de treinta días.

En este artículo se considera en dos párrafos, que en caso de no poder atender las observaciones realizados al expediente técnico, la dependencia o entidad de la administración pública federal promovente pueda solicitar formalmente a la Secretaría la instalación de un Comité de Evaluación Ambiental Estratégica. Esta es una de las propuestas que se adicionan del documento del 2011 presentado por las diversas organizaciones de la sociedad civil con relación a la Evaluación Ambiental Estratégica. Dicho Comité se mandata sea integrado por representantes de ambas instituciones, otras dependencias públicas, así como de la sociedad civil. Con base en la opinión de dicho Comité de Evaluación Ambiental Estratégica, la Secretaría emitirá la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica.

Artículo 43 Bis 8. La Secretaría con los documentos del expediente de la Evaluación Ambiental Estratégica realizará un análisis técnico de los mismos, en especial un análisis de los impactos significativos de la aplicación del programa en el medio ambiente, que tomará en cuenta el cambio climático.

Si durante el análisis técnico del expediente de Evaluación Ambiental Estratégica la Secretaría considera, que el mismo presenta insuficiencias, podrá solicitar a la dependencia o entidad de la administración pública federal correspondiente, dentro de los diez días siguientes a que reciba dicho expediente, que realice las ampliaciones o correcciones a que haya lugar en el plazo máximo de treinta días.

Si la Secretaría al recibir nuevamente el expediente notificara que las ampliaciones o correcciones son insuficientes, la dependencia o entidad de la administración pública federal promovente deberá comunicar a la Secretaría por escrito en los diez días siguientes a dicha notificación las causas de esto, solicitando que el asunto sea sometido a un Comité de Evaluación Ambiental Estratégica. De no realizarse dicha solicitud o de no presentarse nuevamente el expediente subsanado, la Secretaría dará por concluida la Evaluación Ambiental Estratégica, notificando a su promovente la resolución de conclusión.

El Comité de Evaluación Ambiental Estratégica se instalará en un plazo no mayor a treinta días a la recepción de la solicitud antes citada, y estará integrado por un representante de la Secretaría, que actuará como presidente del Comité en ausencia del representante de la Oficina de la Presidencia de la República, un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un representante de la dependencia o entidad promotora del proyecto de programa, un representante de una institución académica o científica, un representante de organizaciones sociales y un representante del sector empresarial. El Comité estudiará el expediente de Evaluación Ambiental Estratégica, su análisis técnico y toda aquella información relacionada al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en comento, y con base en dicha información emitirá una opinión consensuada en un plazo máximo de treinta días a partir de su instalación. Con base en las opiniones, en su caso, de los Comités de Evaluación Ambiental Estratégica, la Secretaría emitirá la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica. El Reglamento de la presente Ley establecerá los requisitos y mecanismos para la designación de los representantes gubernamentales y no gubernamentales de los comités, así como los procedimientos para sus discusiones y la emisión de las opiniones correspondientes.

14. En el artículo 43 Bis 9 se establece el procedimiento para realizar la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica. En la resolución la Secretaría precisará la incorporación de la dimensión ambiental en el programa sujeto a evaluación; tendrá la naturaleza de resolución, vinculante y contendrá una exposición de los hechos que resuma los principales aspectos del procedimiento. Se mandata también, que la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica una vez resuelta, se publicará en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Ecológica y en el sitio electrónico de la Secretaría. Asimismo, se establece que la Secretaría supervisará el seguimiento del programa respecto a la Evaluación Ambiental Estratégica, para lo cual, además de recabar la información necesaria, podrá dictar instrucciones o requerir a la dependencia o entidad de la administración pública federal promovente la adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica.

Artículo 43 Bis 9. La Secretaría una vez finalizado el análisis técnico del expediente de Evaluación Ambiental Estratégica enunciará mediante la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica, en un plazo de sesenta días contados desde la recepción del expediente completo, prorrogables por otros treinta días adicionales por razones justificadas debidamente fundadas motivadas y comunicadas a la dependencia o entidad de la administración pública federal correspondiente.

En la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica, la Secretaría precisará la incorporación de la dimensión ambiental en el programa sujeto a evaluación; tendrá la naturaleza de resolución, vinculante y contendrá una exposición de los hechos que resuma los principales aspectos del procedimiento, considerando la manifestación ambiental estratégica, incluyendo las opiniones de autoridades, como los resultados de las consultas públicas, así como las resoluciones, medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el programa que finalmente se apruebe. En su contra, no procederá recurso alguno.

La resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica una vez resuelta, se publicará en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Ecológica y en el sitio electrónico de la Secretaría.

La Secretaría supervisará el seguimiento del programa respecto a la Evaluación Ambiental Estratégica, para lo cual, además de recabar la información necesaria, podrá dictar instrucciones o requerir a la dependencia o entidad de la administración pública federal promovente la adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica.

15. En forma similar al artículo 26 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental de España, en el artículo 43 Bis 10 se establece que la dependencia o entidad de la administración pública federal promovente incorporará el contenido de la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica en el programa y de acuerdo con lo previsto en la legislación que corresponda lo someterá a consideración y aprobación. La consecuencia jurídica de no darse cumplimiento a esta obligación, es que carecerían de validez los actos de aprobación o autorización de los programas sujetos al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. Igualmente, se dispone se publique en el Diario Oficial de la Federación el programa aprobado, así como un resumen del proceso realizado de la Evaluación Ambiental Estratégica del programa aprobado, en especial con relación a la integración en dicho programa de la dimensión ambiental.

Artículo 43 Bis 10. La dependencia o entidad de la administración pública federal promovente incorporará el contenido de la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica en el programa y de acuerdo con lo previsto en la legislación que corresponda lo someterá a consideración y aprobación.

En un plazo de diez días desde la aprobación del programa la dependencia o entidad de la administración pública federal promovente, remitirá para su publicación en el Diario Oficial de la Federación la siguiente documentación:

a) La resolución por la que se aprueba el programa, y una referencia a la dirección electrónica en la que se pondrá a disposición del público el contenido íntegro de dicho programa;

b) Un resumen del proceso realizado de la Evaluación Ambiental Estratégica del programa, en especial con relación a la integración en el programa de la dimensión ambiental, y

c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del programa.

16. En el artículo 43 Bis 11, se establece en forma similar al artículo 27 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental de España, un periodo de vigencia de la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica, en este caso será de un plazo máximo de un año de no procederse a la aprobación del programa, salvo se acuerde prórroga conforme al Reglamento.

Artículo 43 Bis 11. La resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, no se hubiera procedido a la aprobación del programa en el plazo máximo de un año desde su publicación. En tales casos, la dependencia o entidad de la administración pública federal promovente deberá iniciar nuevamente el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica del programa, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia de la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica en los términos previstos en el Reglamento.

17. En el artículo 43 Bis 11, se establece en forma similar al artículo 28 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental de España, que la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica de un programa aprobado podrá modificarse. El procedimiento de modificación de la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica será establecido de manera puntual y en detalle en el Reglamento en la materia.

Artículo 43 Bis 12. La resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica de un programa aprobado podrá modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la incorrección de la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento, no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración. El procedimiento de modificación de la resolución en materia de Evaluación Ambiental Estratégica será establecido de manera puntual y en detalle en el Reglamento en la materia.

Con lo anterior, se trata de transferir en principio, tanto sus objetivos, fundamentos, conceptos técnicos y un método para la Evaluación Ambiental Estratégica de programas, ya validado en el ámbito internacional a la legislación mexicana, buscando además adecuar y armonizar esto a los propios requerimientos del país.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, la aprobación de esta iniciativa con proyecto de decreto.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 Fracción 1, Numeral I., 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de este pleno.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación ambiental estratégica

Artículo Único. Se adicionan una fracción XXII al artículo 5o., recorriéndose la subsecuente; una fracción XXII al artículo 7o.., recorriéndose la subsecuente; una fracción XVII al artículo 8o., recorriéndose la subsecuente; un párrafo tercero al artículo 17 y se adiciona una sección X, “Evaluación Ambiental Estratégica”, que comprende los artículos 43 Bis, 43 Bis 1, 43 Bis 2, 43 Bis 3, 43 Bis 4, 43 Bis 5, 43 Bis 6, 43 Bis 7, 43 Bis 8, 43 Bis 9, 43 Bis 10, 43 Bis 11 y 43 Bis 12 al capítulo IV del título primero; y se reforman la fracción XXI del artículo 5º., la fracción XXI del artículo 7o.., y la fracción XVI del artículo 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Son facultades de la Federación:

I a XX. ...

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático;

XXII. La Evaluación Ambiental Estratégica de los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las modificaciones de dichos programas, y

XXIII. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.

Artículo 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a. XX. ... La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;