Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE, la SCT y la Sedatu a difundir las acciones por emprender para generar fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera en Campeche y Tabasco, suscrita por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del estado de Campeche, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Georgina Trujillo Zentella, del estado de Tabasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a dar a conocer e implementar de manera inmediata las acciones instruidas por el Ejecutivo federal, a fin de generar nuevas fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera, para contener y disminuir los elevados y crecientes índices de desempleo en los estados de Campeche y Tabasco, suscrita por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En los últimos años, el petróleo mexicano ha sufrido depreciaciones constantes que han repercutido en los sectores económicos relacionados directamente con las actividades de la industria petrolera, lo que ha significado un reto tanto para el gobierno federal como para los gobiernos de las entidades federativas para hacer frente a las crisis por la que atraviesa la industria petrolera.

De acuerdo con cifras oficiales, al principio del presente sexenio, el gobierno de nuestro país dependía en un 40 por ciento de las exportaciones petroleras, es decir, era dependiente casi en la mitad de su presupuesto total.

Los cambios estructurales impulsados con la reforma energética han tenido una injerencia positiva para reducir el impacto de la dependencia de los ingresos petroleros, lo que ha permitido a México ir disminuyendo esa dependencia que ahora es del 18 por ciento.

No obstante lo anterior, estamos conscientes de que hoy por hoy, la caída de los precios del petróleo está afectando seriamente a nuestro país, especialmente a las entidades con alta vinculación y dependencia de los ingresos petroleros, por lo que coincidimos en la necesidad de emprender acciones alternativas que permitan dar actividad y oportunidad a la población de dedicarse a otras actividades productivas que les depare un ingreso y en otras acciones que mitiguen lo que hoy está ocurriendo ante este efecto.

En el transcurso del año 2015 y durante el primer mes de este año, la crisis petrolera ha acelerado el desempleo en las entidades federativas con mayor actividad en el rubro, tal es el caso de la zona sur-sureste del país, y en específico de los estados de Campeche y Tabasco. De acuerdo con las cifras que reporta Petróleos Mexicanos (Pemex) indican que en 2011 el volumen de las exportaciones de petróleo crudo nacional era de 1,338 miles de barriles diarios.1 En enero de 2016, esta cantidad ha disminuido a 1,120 miles de barriles diarios presentándose en mayor medida en esta región que en la actualidad exporta 797 miles de barriles diarios –equivalente a dos terceras partes del total de exportación- contra 1,036 que realizaba en 2011. Aunado al panorama internacional, el precio promedio del crudo mexicano ha disminuido en esa misma temporalidad de 101.13 a 23.48 dólares por barril.2

Por ello, es menester lograr el trabajo conjunto refrendado por el Ejecutivo Federal, a fin de establecer las medidas, acciones y programas pertinentes para la mitigación de la problemática del desempleo que ha afectado a las entidades con mayor dependencia de la actividad petrolera, como es el caso de Campeche y Tabasco, no obstante que siguen siendo las dos entidades que más aportan al PIB nacional en esta materia.

Justificación

En el estado de Campeche, el año pasado se perdieron 8 mil 846 empleos, en su totalidad de la industria petrolera, al pasar de 148 mil 822 en enero de 2015, a 139 mil 976 en enero de este año, lo cual implica una disminución del 5.9 por ciento.

Además de que, como estrategia encaminada a solventar el problema económico que actualmente tiene Pemex, la paraestatal ha anunciado el posible recorte de 10 mil empleados para este año.

Escenario en el cual se agravaría la situación económica que se vive en municipios como Carmen, pues el flujo de efectivo de la ciudad disminuiría aún más, afectando a los demás sectores como: hotelero, comercio, servicios, inmobiliario, entre otros.

El desplome de la actividad petrolera en Campeche tiene al borde del colapso al 40 por ciento de las 865 empresas que brindaban servicios y suministraban materiales a la industria petrolera, lo que ha afectado durante el 2015 de manera directa a pequeños y medianos proveedores, empresas de soporte de ingeniería, de outsourcing y de asesoría ligadas a Pemex, siendo el sector de la construcción el más afectado debido a la cancelación de obras.

El año pasado, la paraestatal tuvo recortes por unos 65 millones de pesos. De acuerdo con registros del Consejo Coordinador Empresarial, entre 2005 y 2006 había 865 firmas vinculadas a las operaciones de Pemex, de las cuales, a la fecha, alrededor de 346 están en riesgo.

De acuerdo con datos del mismo organismo, sustentados con cifras del Inegi, fueron liquidados 25 mil trabajadores petroleros de octubre de 2014 al mismo mes de 2015.

En el caso particular de Campeche, entre las afectaciones que se han tenido en las actividades económicas aunadas al problema de desempleo, se encuentran aquellas que recaen sobre las empresas y proveedores ligados a Pemex por la cancelación anticipada de contratos, las restricciones de licitaciones y el retraso en los pagos a trabajadores.

Además de las afectaciones directas a contratistas y prestadores de servicios de Pemex, la crisis ha afectado de manera indirecta a los sectores de las industrias hoteleras, turísticas y de restaurantes.

De 2010 a 2013, el PIB de la entidad registró una caída anual promedio de 2 por ciento, y si bien para 2013 logró por primera vez un crecimiento marginal de apenas 0.7 por ciento, el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) que elabora el Inegi, reportó un descenso anual de 4.7 por ciento en 2014, de manera que la crisis se ha venido agudizando desde el año 2014.

Todo lo anterior derivado de la gran dependencia que tiene la economía estatal de la extracción del hidrocarburo, que por sí sola representa el 80 por ciento de su PIB.

Es indudable que la crisis por la que atraviesa la economía campechana ha incrementado el número de desempleados. Del primer trimestre de 2010 al cuarto trimestre de 2015, el número de personas desocupadas en la entidad pasó de 9 mil 600 a 12 mil 422 trabajadores, lo que significó un incremento de 29 por ciento.

En la gráfica que a continuación se muestra, se advierte la tendencia de la tasa de desocupación en el año 2015 para Campeche.

En Tabasco, además de las actividades económicas como la ganadería, agroindustria y servicios, el motor de desarrollo del que depende el sustento de decenas de miles de familias lo ha sido por muchos años la industria energética. El petróleo sigue siendo la que genera mayor riqueza para el estado.

Al no tener contratos con Pemex directamente o con las grandes compañías que trabajan para la empresa productiva del Estado, están obligando a las Pyme con actividad petrolera a cerrar, y con ello el despido de sus trabajadores.

De acuerdo con el reporte del IMSS, en enero del 2015 Tabasco tenía un registro de 197 mil 107 trabajadores, cifra que disminuyó 6.2 por ciento al mes de enero de este año, cuando sólo tenía 184 mil 849 empleos, entre permanentes y eventuales urbanos y del campo. Esto indica que en un año se perdieron 12 mil 258 empleos oficiales, mientras que en enero de 2016 perdieron su trabajo 2 mil 335 personas radicadas en el estado.

En el cuarto trimestre de 2015, la distribución económica de la población se expresa de la siguiente manera:

La entidad se ha visto seriamente impactada por los problemas que está enfrentando el sector petrolero y que han generado que la tasa de desocupación se incremente aún más. De acuerdo con cifras del Inegi, desde el año 2015, Tabasco se ha mantenido en el primer lugar de desempleo, con una tasa de desocupación entre el 7.5 y 7.7 por ciento, porcentaje que representa casi el doble de la cifra nacional.

En la gráfica que a continuación se muestra, se puede advertir la tendencia al incremento de la tasa de desocupación en 2015:

La situación por la que están atravesando ambas entidades federativas ha sido planteada en reiteradas ocasiones por los gobernadores Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Arturo Núñez Jiménez, de Campeche y Tabasco, respectivamente. El 29 de enero de 2016, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó gira de trabajo por el estado de Tabasco; en su visita el Gobernador de esa entidad señaló “...tenemos un problema severo de desempleo... y como lo he planteado junto con el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, hemos hablado de la posibilidad de tener su mano amiga, para ayudarnos con programas temporales de empleo, con el impulso a la micro y pequeña industria...”.

Por su parte, el Presidente de la República señaló “Al inicio de esta administración, el gobierno dependía en un 40 por ciento, casi la mitad de su presupuesto de nuestras exportaciones petroleras. Imagínense lo que hubiese sido de no haber hecho varios cambios estructurales que nos hacen ser menos dependientes de ingresos petroleros, pero hoy siguen teniendo un impacto del 18 por ciento.” También señaló que “... a través de las Secretarías de Economía, Comunicaciones y Transporte y Sedatu se implementarán acciones para generar nuevas fuentes de trabajo en sectores de la economía no ligados al petróleo...”

En este sentido, el Poder Ejecutivo ha refrendado el respaldo a favor de la población de las entidades federativas con alta dependencia y vinculación a la actividad petrolera, que se ha visto afectada por la situación que en el mundo ocurre en torno al precio del petróleo.

En este orden de ideas, coincidimos en la necesidad de exhortar con carácter de urgente a las dependencias de la administración pública federal antes señaladas, a dar cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo Federal para que se den a conocer, con prontitud, las acciones que se estarán implementando en los Estados de Campeche y Tabasco, para generar nuevas fuentes de empleo y de esta manera, las entidades afectadas se vean en la posibilidad de hacer frente a la problemática que se ha registrado.

Cabe mencionar otros factores que nos urgen a exhortar la emisión e implementación de medidas para solucionar esta problemática. Uno de ellos relativo al pronóstico de la volatilidad-estabilidad de los precios del petróleo.

En las últimas semanas, la Secretaría de Energía se ha pronunciado respecto al pronóstico de los precios del petróleo, los cuales no se recuperarán sino, en el mejor de los casos, hasta el segundo semestre de 2017.

Por lo que debemos estar conscientes de que el escenario que se está presentando en estas entidades federativas no variará al menos hasta 2017, cuando comience la exploración o explotación de pozos a cargo de Pemex o compañías ganadoras de los contratos ya licitados.

Otro de los factores que nos apremia, es el relativo al tema de inseguridad. Es fundamental señalar y subrayar que la inseguridad es otro de los daños colaterales que una crisis de desempleo puede generar como impacto en la sociedad.

No podemos soslayar que existe una correlación directa entre la falta de oportunidades de empleo y el incremento de los índices delictivos.

En abril de 2015, se publicaron resultados de índices delictivos en las entidades federativas a nivel nacional, en el marco de un estudio realizado para el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En el estudio antes mencionado, el estado de Campeche ocupa el cuarto lugar entre los estados con menor tasa de índices delictivos con una puntuación de 1.81 por ciento. Este análisis estadístico sitúa a Campeche dentro de las entidades federativas con los niveles más altos de paz del país.

Por el contrario, en el caso particular de Tabasco, los índices de delincuencia se han incrementado durante los últimos años, por lo que, con un puntaje de 2.35 por ciento, Tabasco ocupa el lugar número 11 a nivel nacional.

Las estadísticas en materia de inseguridad nos permiten advertir la necesidad de prevenir una crisis de inseguridad derivada de una crisis económica y de desempleo.

(Índice de Paz México 2015, UNAM)

No obstante el contraste entre Campeche y Tabasco en materia de inseguridad, existe una preocupación y un objetivo en común: la contención de la crisis económica y de desempleo que se está presentando en ambos estados; así como la prevención de consecuencias secundarias, a través de la implementación de medidas, acciones y programas pertinentes encaminados a la resolución de la problemática principal.

Es indubitable que una mejor situación económica y de oportunidades contribuye de manera importante a reducir los índices de delincuencia. Es fundamental prevenir y evitar que el impacto de una crisis económica se extienda hacia otras áreas de la vida en sociedad en los estados de Campeche y Tabasco.

En tanto se restablezca la recuperación económica en las actividades petroleras de los estados de Campeche y Tabasco, los gobiernos de dichos estados, con el apoyo del Poder Ejecutivo federal a través de las respectivas secretarías, deberán instrumentar e implementar las medidas, acciones, programas y demás políticas públicas pertinentes y necesarias para impulsar una mayor diversificación de las actividades productivas, en aras de combatir el desempleo generado por la crisis petrolera y de la pronta reactivación económica de los estados.

En ese tenor, la presente proposición con punto de acuerdo, tiene como finalidad exhortar a los titulares de las respectivas Secretarías, en sus distintos ámbitos de competencia y en cumplimiento del mandato del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que den a conocer, con carácter de urgente, las acciones que se estarán implementando en los Estados de Campeche y Tabasco, para generar nuevas fuentes de empleo en sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera, ante la problemática de los altos índices de desempleo que se han presentado.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de dar a conocer e implementar de manera inmediata las acciones instruidas por el Ejecutivo Federal, a fin de generar nuevas fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera, para contener y disminuir los elevados y crecientes índices de desempleo en los estados de Campeche y Tabasco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputadas: Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Georgina Trujillo Zentella (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres Poderes de la Unión y organismos constitucionales autónomos a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos, a que como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El fortalecimiento de un Estado democrático se sustenta en la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y sobre todo en la subordinación ante ella, por parte de quienes ejercemos funciones públicas. Cotidianamente el Estado de Derecho se nutre de la confianza social, cuando la sociedad percibe un déficit de credibilidad en las instituciones públicas se debilita la democracia, no sólo un gobierno en particular.

La democracia constituye un medio para que las personas en un esquema inclusivo, de libertades y de igualdad de derechos desarrollen sus fines personales y colectivos, por ello, cuando el ciudadano percibe que las instituciones y quienes debieran de ser sus servidores públicos, sus facilitadores, actúan discrecionalmente ya sea por interés, por dinero o por indebida subordinación, se atenta no contra una persona sino, contra la democracia misma.

El problema de la corrupción debemos dimensionarlo, no como un asunto “cultural”, sino como un asunto de Estado y salud democrática.

A manera de diagnóstico, recordemos que México ocupa la posición 79 de 102 países en el Índice de Estado de Derecho de la OCDE, la posición 103 de 175 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, mismo en el que nuestro país ha caído 31 posiciones en los últimos seis años, y el penúltimo lugar mundial en el Índice de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas Puebla.

La corrupción incide de manera directa en los niveles de impunidad en todos los ámbitos, incluidos los de violencia e inseguridad, según lo revela el Instituto para la Economía y la Paz; incide en la disminución de la inversión privada, que es más de 5 por ciento menor en los países corruptos, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, e incide de manera drástica en la confianza de los ciudadanos que cada día son testigos de que los hechos de corrupción que más los indignan quedan en la impunidad.

Un fenómeno que resulta preocupante, como ha revelado un estudio reciente del IMCO y del CIDE, es que a pesar de que cada vez invertimos más recursos para combatir la corrupción, seguimos cayendo en la calificación de los índices de esta materia. Es decir, en los últimos diez años hemos duplicado el monto de recursos económicos invertidos para combatir este fenómeno, alcanzando más de 4,400 millones de pesos anuales, y sin embargo en el mismo periodo hemos pasado de la posición 64 al sótano de la posición 103 en el Índice de Percepción de la Corrupción.

II. Ante este problema, y gracias a la presión y participación social, legislativamente se planteó y aprobó una Reforma Constitucional que en su artículo 113 mandata la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción, reforma, en la que actualmente se trabaja la legislación secundaría que deberá estar aprobada antes del próximo 28 de mayo.

Si bien, legislativamente estamos atendiendo, como representantes ciudadanos, el reclamo social por garantizar un sector público confiable, es imperativo, además de legislar, dotar de credibilidad al Sistema Anticorrupción en ciernes.

En ese sentido, las voces e iniciativas ciudadanas que se inscriben en el contexto de proyectos anticorrupción como la iniciativa que plantea la obligación de presentar y hacer públicas las declaraciones de tipo: Patrimonial; de Conflicto de Interés; y Fiscal, conocida y promovida como Ley Tres de Tres, constituye una oportunidad para que los servidores públicos del más alto nivel, demos muestra de nuestra convicción por impulsar el fortalecimiento de nuestras instituciones a través del transparente y debido ejercicio de funciones.

Actualmente, en el portal tresdetres.mx no se registra ninguna actualización por parte de los titulares de las Secretarías de Gobierno, ni del Presidente de la República, mientras que por parte de los legisladores federales sólo 92 diputados y 16 senadores han hecho públicas sus declaraciones.

Ante la dimensión del problema de la corrupción en nuestro país, la clase política debemos asumirnos de manera unánime y contundente como parte de la solución, constituyéndonos en ejemplo ante la sociedad y los servidores públicos, abonando con hechos, a restituir la confianza ciudadana en sus instituciones y nuestro régimen de convivencia demostrando que no es el de la discrecionalidad, sino el de la democracia, que no es el del monologo sino el del dialogo, que escucha, propone y acata el mandato de sus gobernados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos, a que como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), María Elena Orantes López, Jorge Álvarez Máynez, Daniel Sosa Carpio (rúbrica), René Cervera García (rúbrica), Claudia Sofía Corichi García, Verónica Delgadillo García (rúbrica), Manuel de Jesús Espino Barrientos, Cynthia Gissel García Soberanes, Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Mirza Flores Gómez (rúbrica), Moisés Guerra Mota (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Jonadab Martínez García (rúbrica), María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Adán Pérez Utrera (rúbrica), Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis, Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra, Salvador Zamora Zamora.


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a dar seguimiento a los programas actuales de prevención e implantar nuevos instrumentos de protección y actualización de las estadísticas a escala nacional en materia de adicciones entre jóvenes, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, por el estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

La juventud de hoy en día se enfrenta a diversos riesgos, entre ellos el abuso de drogas. El uso de cualquier droga ilícita o el uso inapropiado de las drogas lícitas se considera abuso de drogas y tiene consecuencias serias en nuestros hogares, escuelas y comunidades; la ciencia de la prevención ha progresado en los últimos años, ya que ha identificado intervenciones eficaces con poblaciones más jóvenes para ayudar a prevenir las conductas de riesgo antes de llegar al abuso de drogas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. A partir de este concepto, se han clasifico en tres grupos:

1. Estimulantes

2. depresores y

3. alucinógenos

Donde se subclasifican en: alcohol y barbitúricos, anfetaminas, cannabis, cocaína, alucinógenos, disolventes volátiles y tabaco.

Podríamos ocupar varías líneas en la descripción de cada droga y sus efectos, sin embargo el espíritu de esta Proposición va más allá, estamos hablando de la prevención.

La prevención es la meta fundamental y más deseable para todas las enfermedades, pero en el caso de las adicciones representa un reto complejo, por el número y variedad de sustancias, sus efectos en los individuos y el contexto social y legal en que se encuentran.

Las adicciones son problemas de salud, y así son consideradas por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), las instituciones académicas y las asociaciones de profesionales de la salud de todo el mundo. Como tales, pueden y deben ser prevenidos, desarrollando además todas las acciones que permitan disminuir los daños a la salud que puedan ocasionar las sustancias adictivas.

Al respecto, la Secretaría de Salud ha implementado el Programa de Prevención y Control de Adicciones, cuyas acciones se dirigen hacia el consumo de las siguientes sustancias, que representan retos particulares por los distintos problemas de salud y sociales que causan, así como por los diferentes grupos de la población que son afectados.

• El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y el alcoholismo.

• El tabaquismo.

• El uso no terapéutico de medicamentos psicoactivos, como los analgésicos, tranquilizantes y sedantes.

• La inhalación con fines de intoxicación de ciertos productos de uso industrial, como tíneres, pegamentos y otros disolventes.

• El uso y abuso de drogas ilegales, que incluye una variedad de sustancias con diversos grados de peligrosidad, como la mariguana, la cocaína, los alucinógenos y la heroína.

• Las nuevas drogas sintéticas como metanfetaminas.

• Las que aumentan el rendimiento deportivo como los anabólicos.

El Programa de Prevención y Control de Adicciones (PPCA) concibe al abuso de sustancias adictivas como conductas que tienen efectos negativos en la salud física, psicológica y en las relaciones interpersonales de los individuos, así como en la salud pública, resultando en considerables pérdidas humanas y materiales para México. De este modo, el Programa es la expresión de la política en salud del gobierno hacia este problema.

La prevención es una estrategia prioritaria dentro de las políticas de salud y su propósito es comunicar mensajes y desarrollar acciones que no sólo provean de conocimientos objetivos y adecuados acerca de las drogas y los efectos de su consumo, sino que faciliten el desarrollo de actitudes y conductas que tiendan hacia la salud, generando estilos de vida saludables. Las poblaciones prioritarias para la prevención de adicciones son los niños y jóvenes, que están en mayor riesgo de iniciar el consumo.

Para lograr resultados favorables y modificar las tendencias observadas en los últimos años, la prevención debe ser coherente en los distintos ámbitos, como el familiar y comunitario, el escolar y laboral en un ejercicio dinámico y permanente de participación constante, coordinada y evaluada. Aunque la meta de la prevención es desalentar el inicio en el uso de drogas, también incluye acciones que se dirigen a detectar en forma temprana el uso, abuso y adicción, así como ciertas intervenciones que pretenden disminuir los daños a la salud relacionados con el consumo.

La eficacia de la acción preventiva no sólo depende de la definición de objetivos alcanzables, y de la población a la que se dirige y su realidad sociocultural, sino también de la coherencia, integración y coordinación entre las actividades desarrolladas. De no cumplir con estos requisitos, se desorienta a la población, además de duplicarse y desperdiciarse esfuerzos.

Por otra parte, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, “Nos Mueve la Paz” contribuye al logro de cuatro metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Dicho Programa dentro del apartado de Prevención de Adicciones tiene como objetivo abordar el problema del consumo de drogas y sustancias adictivas desde la perspectiva de la salud pública y no desde una perspectiva de seguridad. Donde las acciones preventivas son las siguientes:

• Proveer información especializada, plural y precisa sobre el consumo y abuso de drogas, particularmente dirigida a adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia y docentes para la orientación en los procesos de toma de decisiones ante las adicciones.

• Vigilar el cumplimiento de la Ley General del Control del Tabaco; fortalecer las acciones inherentes a combatir la venta de cigarros sueltos y a menores de edad, además de analizar otras medidas regulatorias.

• Coordinar una cruzada de información y concientización social sobre los efectos negativos y consecuencias del consumo de alcohol.

• Promover la aplicación de medidas regulatorias en el consumo-abuso de alcohol.

• Impulsar modelos preventivos integrales que incorporen intervenciones en el ámbito comunitario.

• Diseñar estrategias creativas que integren en sus componentes: medios de vida alternativos, el desarrollo de competencias y capacidades, programas de atención integral, enfoques formativos y políticas de empleo, entre otras.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, emitida por la Secretaría de Salud a nivel Nacional, continua la tendencia del 2008 para el consumo de cualquier droga ilegal (Grafica 1); mientras que el consumo de alcohol aumento de un 35.6% a 42.9% (Cuadro 2). Y por otro lado, el consumo de tabaco se mantuvo durante el periodo 2008 a 2011 con un porcentaje de 12.3% siendo 1.7 millones de adolescentes fumadores (Cuadro 3)

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2002,2008 y 2011


Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2002,2008 y 2011


Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2002,2008 y 2011

La información anterior nos da luz a la falta de actualización de las cifras y circunstancias para poder estar en condiciones de mejorar las políticas públicas, reforzar los mecanismos de protección y estar en posibilidades de priorizar la prevención de adicciones eficientando costos y logrando así el mejoramiento en la calidad de vida de nuestros jóvenes.

Es preciso señalar que la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones, tiene entre sus objetivos promover y proteger la salud de los mexicanos, mediante la definición y conducción de la política nacional, en materias de investigación, prevención, tratamiento, formación y desarrollo de recursos humanos para el control de las adicciones, con el propósito de mejorar la calidad de vida individual, familiar y social

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que den seguimiento a los programas actuales de prevención, implementen nuevos mecanismos de protección y actualicen las estadísticas a nivel nacional en materia de adicciones en jóvenes.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones, para que dé seguimiento al Programa Nacional para la Prevención de Adicciones, revise su efectividad y haga del conocimiento de la opinión pública, las actualizaciones correspondientes a las estadísticas nacionales en la materia que le compete.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, revise la regulación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia e informe a la opinión pública, sobre las acciones ejercidas.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, actualice las estrategias del Programa de Prevención y Control de Adicciones para fortalecer los mecanismos de prevención de adicciones en jóvenes principalmente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputada Yarith Tannos Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Morelos a garantizar la libertad religiosa, y la seguridad y paz públicas en la entidad, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada, Emma Margarita Alemán Olvera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La inseguridad en el Estado de Morelos es insostenible y ha rebasado a las autoridades estatales al grado que ni las iglesias están a salvo de la delincuencia o de instigadores agresivos y violentos que atentan contra estos lugares y los profanan sin el más mínimo remordimiento y con total impunidad.

Como lo que ha sucedido hace unas semanas en el poblado de Quebrantadero, cuya población asciende a 2 mil 100 habitantes y está ubicado en el municipio de Axochiapan, de aquella entidad, en donde un grupo de pobladores, identificados por su cercanía con el gobernador Graco Ramírez, golpearon a feligreses, a tres sacerdotes y robaron el equipo de cómputo de la parroquia, sin que nadie, ninguna autoridad haya hecho nada.

La inseguridad en este pequeño poblado no ha disminuido. Apenas en octubre pasado, los delincuentes robaron las limosnas y el equipo de sonido de la capilla de San José, sin que la autoridad tomara cartas en el asunto.

El gobernador Graco Ramírez se ufana al declarar que la seguridad volvió a Morelos, gracias a las acciones adoptadas por su administración, pero los hechos ocurridos en Quebrantadero demuestran lo contrario.

Y no es el único caso. En la parroquia de Tepalcingo, el pasado domingo 28 de febrero, un grupo de agitadores presumiblemente bajo las órdenes del gobernador Graco Ramírez tomaron por asalto la iglesia y golpearon a feligreses y a tres sacerdotes, además de que robaron el equipo de cómputo.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas de ese domingo, cuando más de 700 habitantes marcharon para respaldar al padre José de Jesús Martínez, quien podría ser removido debido a manifestaciones en su contra por parte de un grupo de personas que se encargan, al parecer, de controlar las limosnas.

Sin embargo, al llegar a la parroquia los dos grupos iniciaron un enfrentamiento a golpes con palos y piedras, lo que dejó un saldo de veinte personas lesionadas, dos de ellas de gravedad, además de que durante los disturbios que duraron aproximadamente 20 minutos, el grupo de personas que controlan las limosnas de la parroquia ocasionaron daños en la iglesia y quemaron una motocicleta, con la intención de sacar al cura, el cual con el fin de no ser agredido físicamente se encerró en una de las oficinas de la parroquia.

Lo anterior es sumamente grave, porque refleja la descomposición de cierto tejido social en Morelos con la complacencia de las autoridades al no intervenir oportunamente, al ser negligentes y no dar las garantías para resolver conflictos ni permitir el ejercicio pleno de la libertad religiosa.

Hacemos un enérgico llamado al gobernador Graco Ramírez para que se ponga a trabajar por la seguridad de los morelenses. ¡Que recorra el estado para resolver las demandas de la gente! y garantice la seguridad y la protección de todos los derechos y todas libertades de todos morelenses como lo es el ejercicio de la libertad religiosa.

Por lo expuesto, es que se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu para que, en el marco de sus atribuciones, garantice el ejercicio de la libertad religiosa en la entidad y asimismo garantice la seguridad y paz pública para resolver conflictos en el marco de la ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputada Emma Margarita Alemán Olvera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a dictaminar las Cuentas Públicas pendientes, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Julio Saldaña Morán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La rendición de cuentas es considerada como, uno de los instrumentos de la democracia representativa, su objetivo primordial es evitar y contrarrestar el abuso del poder, garantizando que todos los servidores públicos cumplan sus funciones de manera transparente y honesta, es “la obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandantes o principales de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento”.

El artículo 74 de la Carta Magna, mandata para que la Cámara de Diputados revise la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Lo hace a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Si del examen que ésta realice aparecen discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Y la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública concluirá la revisión de dicha Cuenta a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, lo anterior en base al análisis de su contenido y conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior se realice, acción realizada por la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

2. La importancia de lo enunciado en el párrafo anterior y su relevancia radica en que la Cuenta Pública es uno de los principales instrumentos de rendición de cuentas y transparencia, y principal insumo para la presupuestación para el próximo ejercicio fiscal.

Es necesario realizar la siguiente pregunta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: ¿Cómo considera la Cuenta Pública, sí es que se considera en la asignación de prepuesto, si la misma no se dictamina, y el Informe de su Resultados se concluye casi dos años después del cierre del ejercicio fiscal?

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados (Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública), por falta de interés o de responsabilidad, desde hace cinco legislaturas (15 años) no ha cumplido con el análisis y dictaminación de la Cuenta Pública, incumplimiento con dictaminar las Cuentas Públicas, no evaluando:

a) Los resultados de la gestión financiera;

b) Aplicación correcta de los criterios señalados en Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación; y

c) Cumplimiento de objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Cuentas Públicas sin dictamen:

• Presidencia de Vicente Fox: 2003, 2004, 2005, 2006.

• Presidencia Felipe Calderón: 2010, 2011, 2012.

• Presidencia Enrique Peña Nieto: 2013.

Si la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta LXIII Legislatura no dictamina la “CP 2014” este año, serían nueve las Cuentas Públicas pendientes de dictamen y sin evaluación.

3. La siguiente tabla muestra la aprobación en los PEF de 2000 a 2016, claro queda, que no se ha concluido la evaluación respecto a la eficacia y eficiencia o ineficacia e ineficiencia en el gasto. Lo que sí está claro, son las críticas por los gastos excesivos de los gobiernos, en el uso y abuso de los recursos.

Los presupuestos son los siguientes:

De los presupuestos aprobados de 2000 a 2016, sin considerar el ejercido, es de 46.43 billones de pesos ; mientras lo que no ha sido dictaminado asciende a 22.88 billones de pesos, es decir desconocemos la aprobación o no de la Cuenta Pública. Es fácil notar que cada año el presupuesto aprobado se incrementó en promedio 10.82 por ciento al del año anterior. Sin embargo, del año 2000 al año 2016 tuvo un incremento del 303.87 por ciento; o, dicho de otra manera, el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2016 representa 4 veces el presupuesto aprobado para el año 2000; mientras que el presupuesto ejercido en 2014 se incrementó 267.15 por ciento al ejercido en el 2000.

Consideraciones

I. La fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

II. La fracción VI párrafo tercero del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente, pudiendo ampliarse el plazo de presentación cuando medié solicitud del ejecutivo suficientemente justificada, misma que no podrá exceder de 30 días naturales.

III. La fiscalización de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación.

En ese sentido, la fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el presupuesto, la ley de ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditoría sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales.

IV. Los artículos 79 fracción II párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, establecen que la Auditoría Superior de la Federación tiene la obligación de entregar a esta Soberanía, a más tardar el último día hábiles de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero, del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría, así como el informe general Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública1 respectivamente.

V. Que la Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado de expresión plural en esta Soberanía, en él se impulsan los entendimientos y convergencias políticas, teniendo como finalidad generar acuerdos en la toma de decisiones, asimismo a la Junta de Coordinación Política le corresponden entre otras tantas atribuciones las siguientes:

a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

b) Presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado;

VI. El artículo 40 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del cual emana la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, le confiere a esta, realizar todas las tareas señaladas en nuestra Carta Magna y en la Ley Reglamentaria de los artículos 74 fracciones II y VI y 79 Constitucionales.

VII. Los artículos 34 y 77 fracción III de la Ley de Fiscalización Rendición de Cuentas de la Federación, enuncian que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en caso de haberlas, recabará las opiniones de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados y las tomará en cuenta para las conclusiones del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública2, mismo que enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

VIII. De conformidad con los artículos 74 fracción VI párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 227 y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, estudiará el informe del resultado, el análisis de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y el contenido de la Cuenta Pública, para elaborar el proyecto de dictamen de la Cuenta Pública y someterlo a votación del Pleno a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que la Cámara de Diputados acuerda que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública lleve a cabo la dictaminación de las Cuentas Públicas pendientes; asimismo esta Soberanía acuerda incluir los dictámenes en el segundo periodo del primer año y en primer periodo del segundo año legislativo respectivamente.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a manifestar por la SRE a la República Islámica de Pakistán su rechazo por la pena corporal que pretende aplicarse al cineasta Keywan Karimi, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, diputado a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El 13 de diciembre de 2013 el cineasta Keywan Karimi fue arrestado y llevado a la cárcel por miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, donde pasó dos semanas en solitario y siendo interrogado. Esto en razón de la exhibición de un adelanto o tráiler de su más reciente película Escribiendo sobre la ciudad (Writing on the City ) en la plataforma de youtube.

Fue liberado bajo fianza entre marzo de 2014 y en septiembre de 2015 fue sometido a proceso, en el cual ha tenido que presentarse ante el tribunal cuando menos ocho veces a fin de poder defenderse. El cineasta ha manifestado en medios que le pregunto al “juez si había visto la película” y le dijo que “no”. Que “solo se basa en los papeles que le ha entregado la Guardia Revolucionaria”. Por lo que se pregunta “¿Cómo puede decir si mi película es contra el gobierno y el Islam si no la ha visto?”

El 22 de septiembre de 2015, Keywan Karimi, cineasta iraní, fue condenado en primera instancia a dos años de cárcel y a 90 latigazos por ofensas al Islam y al gobierno de Teherán.

Después de una apelación, el 11 de octubre de 2015, la sentencia del Tribunal Revolucionario fue aún peor, pues fue incrementada a seis años de cárcel y 233 latigazos.

El pasado 23 de diciembre de 2015, apeló nuevamente y esperaba, aún en libertad, la ratificación modificación de la sentencia.

Finalmente un tribunal aligeró la pena de seis años de prisión de cárcel que pesaban en su contra y le fue informado que “cinco de los seis años de pena están ahora suspendidos pero tiene que estar un año en prisión y recibir 223 latigazos y pagar una multa de 20 millones de riales (570 dólares)”1 .

Al momento de su arresto la película Escribiendo sobre la ciudad (Writing on the City ) no había tenido tiempo de ser exhibida en público. El propósito de la cinta según lo narra el propio creador es “reflejar más de 100 años de historia a través de los grafitis de Tehéran, pasando por la Revolución de 1979, la revolución verde, tras las elecciones presidenciales de 2009, hasta la actualidad. “Es la historia de las pintas en Teherán, de cómo reflejan lo que ha pasado en la sociedad en ese tiempo”2 , donde se documenta la realidad.

Segunda. A manera de rechazo más de 600 personas, entre las cuales numerosos cineastas y profesionales de este medio, franceses, belgas y del mundo entero, firmaron una carta en apoyo al director iraní Keywan Karimi. En esta carta dirigida al jefe de la autoridad judicial iraní, el ayatolá Sadegh Larijani, y firmada por “la comunidad internacional de cineastas”, los realizadores demandan “la anulación inmediata de todas las penas decretadas contra Keywan Karimi, con el objetivo de que pueda continuar trabajando sin temor”.

Entre los firmantes de esta solicitud se encuentran, en particular, el director mauritano Abderrahman Sissako, laureado con siete premios César en Francia por su filme Timbuktu , el camboyano Rithy Panh, la belga Delphine Noels, así como sus colegas franceses Claude Lanzmann, Dominik Moll, Jean-Jacques Beineix, Julie Bertucelli, Nicolas Philibert, Michel Ocelot y Pascale Ferran, entre otros.

A comienzos del mes de diciembre pasado, unos 130 cineastas iraníes ya habían lanzado una carta de apoyo a Keywan Karimi.

En febrero de 2016, la película se presentó en el festival de cine de Navarra, Punto de Vista, que además lanzó el video 223 palabras, que reúne a otros tantos cineastas en una campaña contra la condena de Keywan Karimi. Este documental tiene mucho más historia que la que tenía inicialmente. Al principio era la historia de las paredes de Teherán y sus graffitis. De repente, con todo lo que ha pasado, hay a su alrededor otra historia: el arresto, la pérdida de material, la sentencia”.

También en el festival de San Sebastián se presentó una carta de rechazo a la condena de Karimi, pidiendo que otros profesionales siguieran su ejemplo. A inicios de mes, 130 cineastas iraníes escribieron una carta de apoyo, enviada a la Agencia de Noticias de Francia (AFP). Los cineastas, entre los cuales se encuentra Jafar Panahi que tiene prohibido rodar películas desde 2010, se declaran “conmocionados por la condena”.

En octubre pasado, un informe del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ahmed Shaheed, hacía hincapié en las detenciones arbitrarias que “violan los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación pública. Hasta el mes de abril de 2015 más de 40 periodistas y activistas fueron detenidos o condenados por actividades pacíficas”.

Tercera. Cabe destacar el que el uso de la “Tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes” es una práctica internacionalmente rechazada, y están absolutamente prohibidos por tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos, entre ellos, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de la ONU contra la Tortura y tratados regionales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), tratados de derecho internacional humanitario (entre ellos los convenios de Ginebra) y el derecho internacional consuetudinario.

Se trata de una prohibición absoluta: no se permite ninguna limitación o falta de aplicación en ninguna circunstancia, ni siquiera en tiempos de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública.

Los estados no pueden anular la prohibición ni siquiera mediante la firma de acuerdos con otros estados que permiten la tortura. La tortura constituye un delito de derecho internacional en todas las circunstancias.

Algunas otras formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante son también delitos de derecho internacional, especialmente en el contexto de un conflicto armado o como elemento en un crimen contra la humanidad.

Según la definición más habitual y más utilizada –la de la Convención de la ONU contra la Tortura–, tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

El derecho internacional no contiene una definición general de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pero las normas internacionales establecen que debe proporcionarse la mayor protección posible frente a ellos.

A partir de la práctica de los órganos de tratados de derechos humanos internacionales y regionales, los actos que constituyen malos tratos pueden describirse a grandes rasgos como malos tratos que no incluyen todos los elementos clave de la definición de tortura descrita más arriba. Por ejemplo, se considerarían como actos crueles, inhumanos o degradantes, y no como tortura, los actos que causen un dolor que no sea grave, o los actos que no tengan una de las finalidades enumeradas en la definición de tortura.

La tortura es una grave violación a los derechos humanos, cuya prohibición es absoluta e inderogable, considerada por algunos tribunales internacionales como una norma de IUS COGENS, es decir como normas imperativas que no admiten acuerdo en contrario, ya que protegen los intereses fundamentales o esenciales que la comunidad internacional precisa para su supervivencia3 y, en consecuencia, imposibilitan a los sujetos el sustraerse de las mismas.

Dicho de otro modo, las normas contra la tortura en su carácter de IUS COGENS están por encima de las voluntades estatales en tanto que no pueden ser derogadas mediante acuerdos de voluntades4 entre los estados5 .

Por tanto, el derecho internacional no se reduce solamente a ser un producto resultante de la voluntad de los estados, sobre la base del principio de la soberanía estatal, sino que la autonomía de la voluntad de los estados es limitada, pues, los conceptos abstractos de libertad y de soberanía absoluta de los estados son incompatibles con la existencia misma de una sociedad internacional.

Cuarta. Además de lo señalado, esta forma de castigo, por un “crimen contra los valores sagrados” habría sido condenado por escenas de una película documental consagrada a los graffitis políticos en las paredes y muros de Teherán, es un ataque a la libertad de expresión, ya que implica una forma de censura.

El Código Penal Islámico de Irán, aprobado en mayo de 2013, tipifica como “delitos” actos imprecisos, como “difundir propaganda contra el sistema”, “provocar inquietud en la opinión pública”, “insultar a santidades islámicas” y “difamar a funcionarios del estado”. Estos “delitos” tan mal definidos se utilizan a menudo para restringir el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y van en contra de las obligaciones internacionales contraídas por Irán.

Tanto la detención de Karimi como su juicio estuvieron llenos de irregularidades y no cumplió las normas internacionales sobre juicios justos . Finalmente Amnistía Internacional ha declarado a Keywan Karimi como preso de conciencia.

Keywan Karimi ha dirigido 12 películas documentales y de ficción. Su documental La Frontera rota fue galardonado con el premio al mejor cortometraje documental en el Festival Internacional de Cine de Beirut de 2013. Otra película suya, La aventura de una pareja casada , se ha proyectado en los festivales de cine de Friburgo, San Sebastián y Zúrich.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio se propone, como de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar a la República Islámica de Pakistán su rechazo por la pena corporal de 223 latigazos que se le pretende aplicar al director de cine Keywan Karimi y conmine a ese estado para que en el marco de su legislación interna le sea aplicada una pena que no incluya tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Notas

1 La Jornada , miércoles 24 de febrero de 2016, Pág 9a.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwiciJ6lwJbLAhVKLSYKHVAyBSIQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jornada.unam.mx
%2F2016%2F02%2F24%2Fespectaculos%2Fa09n2esp&usg=AFQjCNGlJG2s8Xz7_zPHpt32hZKjM0dNGg&bvm=bv.115339255,d.eW

2 El Español, Seis años de prisión y 223 latigazos por rodar una película.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiylu3ws5bLAhWB7CYKHfFTCaAQFggaMAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fcultura%2F20151229%2F90490972_0.html
&usg=AFQjCNEIOJtNyh6MR7EMPrk8qa9jRcw-Nw

3 Para algunos autores, las normas de ius cogens responden al mínimo jurídico esencial del “orden público internacional” (Schwarzenberger, G.: International ius cogens, en Texas Law Review, 1965, vol. 43, pág. 456; y De Visscher, Ch: Positivisme et ius cogens, en RGDIP, 1971, págs. 8 y 9).

4 La existencia en el Derecho internacional de normas no derogables por la voluntad de los Estados viene avalada por la jurisprudencia internacional. Así, la jurisprudencia internacional se ha referido tanto de forma directa como indirecta a la noción de norma imperativa. En el Asunto Osear Chinn, el juez Schucking señalaba en su opinión individual que no podía “imaginar que la Sociedad de Naciones hubiera comenzado los trabajos de codificación del Derecho internacional si... no fuera posible crear en este campo un IUS COGENS de tal modo que... todo acto efectuado en contravención con dicha obligación es nulo de pleno derecho...” (CPJT, Serie A/B, núm. 63, págs. 149 y 150); en el Asunto sobre las reservas a la Convención para la prevención y represión del crimen de genocidio, el TU admitió que los principios que sirven de base a la citada Convención son principios reconocidos por todas las naciones civilizadas, incluso “fuera de todo vínculo convencional”, careciendo los Estados contratantes de intereses propios en dicho Convenio, pues “tienen solamente todos y cada uno un interés común, el de preservar los fines superiores que son la razón de ser del Convenio...” (CU, Recueil, 1951, pág. 23); en el Asunto del derecho de paso por territorio de la India, el juez Fernández indicó que “el Derecho general COGENS prima sobre todo derecho particular” (CIJ, Recueil, 1960, págs. 34); en el Asunto del Sudoeste africano segunda fase, en la opinión disidente del juez TANAKA se recoge la distinción entre IUS COGENS y derecho dispositivo (CIJ, Recueil, 1966, pág. 258 y ss.); y en los Asuntos relativos a la plataforma continental del Mar del Norte, los jueces Sorensen, Lachs, Tanaka y Padilla Ñervo aludieron a la existencia de normas de IUS COGENS en el Derecho internacional (ICJ, Reports, 1969, págs. 24-46). Por otra parte, en los Asuntos relativos al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán (CIJ, Recueil, 1980, págs. 42 y 43) y al de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (CIJ, Recueil, 1986, págs. 100 y 101) el TU sostiene el carácter imperativo de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y consulares y de sus agentes y la prohibición del uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, respectivamente; si bien, el TIJ en ningún momento calificó de IUS COGENS tales reglas.

5 Carrillo Salcedo, J.: Soberanía del Estado y Derecho internacional, Madrid, 1976, pág. 253 y 258.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la STPS y la SHCP a realizar una campaña de difusión sobre los incentivos fiscales a que tienen derecho los empleadores de adultos mayores y personas con discapacidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los que suscribimos, integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten presentar a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás, lo que entraña el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y a trabajar en un entorno laboral accesible e inclusivo.i

II. Que es del conocimiento público que tanto los adultos mayores como las personas con alguna discapacidad les resulta más difícil encontrar algún empleo por falta de oportunidades laborales pese a que cuentan con educación, facilidad de transportación, capacidad intelectual y responsabilidad.

III. En México, ya contamos con legislación que promueva y proteja los derechos laborales de las personas con discapacidad o adultos mayores, sin embargo muchos empleadores no conocen los incentivos que son en beneficio de estos grupos vulnerables así como también para las patronales.

IV. Así pues, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce como derecho humano en el artículo 1º, que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y en materia de empleo, en su artículo 5º, establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; vinculado directamente con el artículo 123 del mismo cuerpo legal en cita que señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

V. Que en el Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del 2014, destacan los siguientes datos que evidencian la importancia de ejecutar acciones inmediatas que ayuden a resolver esta desigualdad social:

“Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), realizadas con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2012), la población con discapacidad en situación de pobreza extrema se redujo de 13.9 por ciento (2010) a 12.7 por ciento (2012), cerca de 0.9 millones de personas; y la población con discapacidad en situación de pobreza moderada aumentó de 36.3 por ciento (2010) a 38.5% (2012), alrededor de 2.9 millones de personas...

Las estimaciones de Coneval, indican que 5.7 millones de personas con discapacidad presentan al menos una carencia social, 2.1 millones presentan al menos tres carencias sociales, 3.8 millones presentan rezago educativo, 1.3 millones presentan carencia por acceso a los servicios de salud, 3.1 millones carencia por acceso a la seguridad social, 0.8 millones carencia por calidad y espacios en la vivienda, 1.7 millones carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 2.2 millones carencia por acceso a la alimentación. 1.7 millones de personas con discapacidad viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 3.9 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar.”ii

VI. De igual manera, como dato a resaltar del Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad en cita, es que “La ENIGH-2012, señala que los adultos mayores no sólo conforman el grueso de las personas con discapacidad, también son el grupo de edad en el que a su interior, se concentra el mayor porcentaje de personas con discapacidad. De cada 100 adultos mayores, 31 reporta discapacidad, mientras que del total de adultos sólo 6 de cada 100, de jóvenes y niños sólo 2 de cada 100 tiene discapacidad, respectivamente. Las mujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad ligeramente más alto que los hombres (52.3 por ciento frente a 47.7 por ciento, respectivamente); aunque ello varía según el grupo de edad. En los niños y jóvenes la presencia de discapacidad es más alta en varones, mientras en los adultos y adultos mayores lo es en las mujeres.”.

VII. Es de reconocerse que los objetivos que persigue el Plan Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad son muy loables y de alto contenido derechos humanos, sin embargo, falta darle cumplimiento para poder ver los resultados.

VIII. Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su artículo 6 señala que son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal ...: “V. Conceder, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad , adecuen sus instalaciones en términos de accesibilidad, o de cualquier otra forma se adhieran a las políticas públicas en la materia, en términos de la legislación aplicable;...”. Asimismo en su artículo 11 establece que “La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral.”

IX. Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores señala en su artículo 5o. que “De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: ... V. Del trabajo: A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.”

X. Así pues, y con la finalidad de incentivar la contratación de adultos mayores y personas con alguna discapacidad, el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 1.7 del Decreto del 30 de marzo de 2012 establecen estímulos fiscales para los empleadores que contraten a personas pertenecientes a los grupos vulnerables objeto de esta iniciativa, así como a los que realicen las adecuaciones necesarias a sus instalaciones para facilitar el acceso y uso de las instalaciones a personas con capacidades diferentes.

XI. En este orden de ideas, la iniciativa que ahora se propone es solicitar a diversas autoridades la promoción, difusión y aplicación real de las normas que regulan los incentivos fiscales para las personas que contraten personas con alguna discapacidad o adultos mayores, así como las que realicen adecuaciones a sus instalaciones para el mismo desenvolvimiento de este grupo de personas a que hago referencia.

XII. No obstante, las disposiciones fiscales por sí solas, no incentivan a los patrones a contratar personas adultas mayores y discapacitados, razón por la cual se siguen presentando iniciativas de Decreto con propuestas de redacciones análogas, sin proponer estímulos o reconocimiento de derechos nuevos, con lo que se demuestra que no es el derecho positivo lo que se requiere modificar para apoyar la inclusión laboral de personas adultas mayores o con alguna discapacidad, sino que falta que desde el gobierno se realicen campañas continuas e ininterrumpidas de promoción, difusión, facilitación y aplicación de las normas que incentivan la contratación de personas con discapacidad.

XIII. Que pese al principio general del Derecho que reza que “el cumplimiento de la ley no exime de su cumplimiento”, la legislación en materia de inclusión laboral en su mayoría no trae sanciones sino estímulos, y que no son otra cosa más que beneficios económicos para quienes contraten personas con alguna discapacidad o adultos mayores, y por tanto, es evidente que falta conocimiento de los empleadores y cultura a la aceptación de estos grupos vulnerables, que podría cambiar si todos conocieran los incentivos en comento.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a los titulares de las Secretarías de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público para que realicen una campaña de difusión continua de los incentivos fiscales a que tiene derecho los empleadores que contraten adultos mayores y personas con capacidades diferentes, y a los que inviertan en adaptaciones a sus instalaciones para facilitar el acceso y uso de las instalaciones a personas con capacidades diferentes.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de cada Entidad Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, para que en el ámbito de su competencia consideren crear incentivos fiscales sobre impuestos de su competencia a favor de empleadores que contraten adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

Notas

i Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

ii Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343100&fecha=30/04/2014

México, Distrito Federal, a 3 marzo de 2016.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Diputados Víctor Manuel Sánchez Orozco, María Victoria Mercado Sánchez, Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y las autoridades educativas locales a fortalecer tanto la formación inicial como los programas de formación continua y de desarrollo profesional de los docentes, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reforma educativa de 2012 estableció en el artículo tercero de la Constitución, en su fracción novena, un Sistema Nacional de Evaluación, con el fin de crear una cultura que diera sentido y orientación a las mejoras a implementarse en el Sistema Educativo Nacional y que resultaran en verdaderos avances a la calidad educativa a la que aspiramos los mexicanos.

De entre sus normas secundarias, la Ley General del Servicio Profesional Docente estableció en sus propósitos fortalecer las prácticas de enseñanza del personal docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión, tomando como base las evaluaciones realizadas, así como la idoneidad de sus conocimientos y capacidades, con el fin de asegurar en ellos un nivel suficiente de desempeño.

Asimismo, se contempló otorgarles los apoyos necesarios para que puedan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades1 , y así asegurar a la sociedad mexicana que sólo darán clases quienes estén mejor preparados para ello.

De esta manera, cumpliendo con lo mandatado en los artículos 52, 53, y octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente y sus procesos reglamentarios, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades educativas de los gobiernos estatales, realizó la evaluación docente correspondiente al Ciclo Escolar 2015-2016, aplicando alguno de los diversos 75 instrumentos de evaluación diseñados para este proceso, según correspondía, a los más de 132 mil maestros participantes de Educación Básica y Media Superior, además de directores y supervisores convocados oportunamente.

Los resultados globales fueron dados a conocer el día 29 de febrero del año en curso por el Titular de la Secretaría de Educación Pública y ampliamente difundidos en los principales medios de comunicación del país.

Bajo este enfoque, es de destacarse el alto porcentaje de participación de los docentes, con un total de 98 por ciento de cumplimiento por parte de los trabajadores de la educación convocados. Asimismo, es preciso señalar que 85 por ciento de estos obtuvieron una calificación destacada, buena o suficiente, resultando cerca de 12 mil maestros y maestras con una evaluación destacada, lo que los hace merecedores a los estímulos señalados por la Ley General de Servicio Profesional Docente.

Si bien las evaluaciones realizadas a los docentes de educación Básica y Media Superior permiten obtener un acercamiento a las fortalezas y debilidades de las y los maestros de México, también nos ofrece un panorama en el que se presentan áreas de mejora para la eficiencia y organización de las evaluaciones, con el fin de garantizar un clima apropiado para su realización.

De igual manera, una adecuada y pertinente oferta de formación, profesionalización y capacitación para los docentes, que brinde información focalizada y especializada acerca de las fortalezas, debilidades y trayectos formativos de los docentes en servicio, es un aspecto que demanda la más importante de las atenciones. Es necesario que las y los maestros cuenten con el acompañamiento necesario por parte de las autoridades para dotarlos de las herramientas que los impulsen a brindar la educación de excelencia que merecemos los mexicanos.

En el informe “Los docentes en México”, realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se detalla que en 2013 se destinaron al Sistema Nacional de Formación Continua, tan sólo 366.12 millones de pesos para atender a más de un millón de docentes de escuelas públicas de educación básica2 , suma que nos da un promedio de 363.91 pesos por maestro para sus actividades de formación continua y superación profesional3 .

El análisis de los resultados alcanzados en las recientes evaluaciones, reafirman que el camino para la conformación de un aparato docente de excelencia es la formación y capacitación continua, por lo que es importante seguir canalizando recursos en este rubro.

Esta primera evaluación nos muestra algunas áreas de mejora que de atender de manera oportuna por parte de las autoridades correspondientes, pueden propiciar mejores resultados a los ya obtenidos. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación detalló algunas situaciones que nos hablan de problemas logísticos en la implementación de la evaluación: fallas en la entrega de las claves para los maestros, falta de asesoría en el uso de la plataforma y problemas de traslado hacia las sedes donde los maestros serían evaluados.

Bajo este contexto, es importante subsanar estas fallas y mejorar el clima bajo el cual los maestros realizan la evaluación. Nueva Alianza, como millones de mexicanos, aspira a la consolidación de esta ambiciosa reforma educativa, lograda a través de procesos, instancias y ofertas formativas pertinentes y de calidad; que permitan una evaluación integral y contextualizada a las condiciones de cada uno de los docentes y directivos en servicio; que fortalezca las capacidades de más de un millón 200 mil maestros, cuyos avances, e incluso sus debilidades, queden registrados en un imperioso Sistema Nacional de formación, actualización y desarrollo profesional, aún pendiente por parte del Estado.

Las y los docentes del país han demostrado su compromiso con la reforma educativa; es momento de acompañarlos adecuadamente en la mejora de su desempeño.

Por lo expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas locales a que fortalezcan la formación inicial, programas de formación continua y de desarrollo profesional de los docentes, así como para que se subsanen las deficiencias e inconsistencias registradas en este primer período de evaluación del desempeño docente y a implementar una logística más eficiente que mejore las condiciones para futuras evaluaciones.

Notas

1 Artículo 13, fracciones III, V y VI.

2 En 2015 la suma era de 203 millones de pesos, reconocidos por el Titular de la SEP al presentar los resultados del reciente proceso de evaluación profesional docente.

3 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). “Los docentes en México, Informe 2015”, México, Primera edición, 2015, página 119. Disponible en

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/240/P1 I240.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce al clavadista mexicano Rommel Pacheco Marrufo por su triunfo en la Copa Mundial de Clavados de 2016, realizada en Río de Janeiro, Brasil, suscrita por integrantes de la Comisión de Deporte

Los suscritos, integrantes de la Comisión del Deporte diputados federales de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1) La Copa Mundial de Clavados, celebrada en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, del 19 al 24 de febrero del presente año, es un evento deportivo de la mayor relevancia para los clavadistas de todo el mundo, ya que es considerada como la última competencia de carácter internacional, que les proporciona a los atletas la oportunidad de obtener las calificaciones reglamentarias para competir en los Juegos Olímpicos de 2016.

2) En esta importante competencia, el clavadista mexicano Rommel Pacheco Marrufo, obtuvo el primer puesto de la modalidad de trampolín de 3 metros individual, este triunfo lo posiciona, junto con otros 10 clavadistas, para conformar la delegación de clavados que asistirá por parte de México a los Juegos Olímpicos.

3) Pese a las discrepancias que actualmente se viven dentro de la Federación Internacional de Natación, con respecto a la situación de los atletas que representan a México en estas disciplinas, es importante reconocer el arduo trabajo y la disciplina que los deportistas han mostrado en las competencias, lo que coloca a nuestro país como una nación que ha puesto especial empeño en la preparación de quienes estarán compitiendo próximamente en Río de Janeiro.

4) En este orden de ideas, es menester que el trabajo de los atletas mexicanos, que es fruto de la constancia, de la disciplina y del profundo compromiso que tienen con nuestro país, sea reconocido como un ejemplo a seguir para presentes y futuras generaciones de jóvenes, ya que constituye un testimonio de que México posee la determinación, la experiencia y la preparación necesaria para intervenir de forma destacada en todo tipo de competencias deportivas.

5) Mención especial merece el caso de Rommel Pacheco, quien a la corta edad de once años decidió venir a la Ciudad de México para convertirse en un clavadista profesional; entre sus logros más destacados podemos mencionar, que fue Campeón Panamericano en República Dominicana 2003, medallista de plata panamericano en Río de Janeiro 2007, Premio Nacional de Deportes 2005, Campeón Mundial Universitario, medallista de bronce en el Campeonato Mundial 2013, medallista de Oro en la modalidad de trampolín de 3 metros en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y además del triunfo adjudicado en esta Copa Mundial de Clavados y además; posee la Licenciatura en Administración de Negocios, su experiencia y trayectoria deportiva, lo colocan como una de las grandes promesas del deporte olímpico mexicano y se perfila como uno de los favoritos para obtener una importante posición por nuestro país, en Río de Janeiro.

Por lo expuesto, las diputadas y los diputados sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados reconoce y felicita al clavadista Rommel Pacheco Marrufo, por haber obtenido la medalla de oro en la modalidad de trampolín de tres metros individual, en la Copa Mundial de Clavados, realizada en el mes de febrero, en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputados: Pablo Gamboa Miner (rúbrica), Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro (rúbrica), Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Míriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias, Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas, Beatriz Vélez Núñez, Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), José Santiago López (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior a pagar en tiempo y forma las asignadas a los universitarios mexicanos de posgrado en el extranjero, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del PRI

Edith Anabel Alvarado Varela, diputada integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción VI; 82, numeral 2, fracción I; 100, numeral 2; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La sociedad contemporánea atraviesa una transición sin precedentes en la historia de la humanidad. Los sistemas educativos y de investigación científica y técnica, los mercados laborales, los modos de organización de las empresas y el entramado de relaciones socio-culturales, hoy se caracterizan por una enorme intensidad de innovación.1

La transformación progresiva de las sociedades industriales en otras basadas en el saber, es producto de las inversiones elevadas en educación, formación, investigación y desarrollo orientadas a la creación de conocimiento.

Sin embargo, el avance hacia la sociedad del conocimiento plantea enormes desafíos, sobre todo para los países periféricos, como el caso de México. Las brechas entre naciones en el avance hacia la sociedad del conocimiento están ensanchándose: son unas cuantas las que avanzan rápido y muchas las que se rezagan.2

El núcleo de la sociedad del conocimiento se encuentra en los sectores educativo y científico, en especial en las universidades, instituciones donde se crean y se difunden los saberes, y la herramienta central la proporcionan las tecnologías de la información.3

Uno de los compromisos fundamentales del gobierno federal es el rubro educativo, el cual está consignado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, donde se señala que las metas nacionales son: un México en Paz, un México Incluyente, un México Próspero, un México con Responsabilidad Global y un México con Educación de Calidad. Precisamente en este último rubro, una de las líneas de acción de la estrategia 3.5.2., llamada contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel, es “incrementar el número de becas de posgrado por el Gobierno Federal, mediante la consolidación de los programas vigentes y la incorporación de nuevas modalidades educativas”.

Esto es así porque sólo con educación de alto nivel, con cultura, con ciencia y con tecnología, el país se insertará con éxito en una economía global, pero también podremos tener una convivencia social más igualitaria, mayores niveles de cultura democrática y posibilidades de desarrollo.

La educación en nuestro país es un bien público invaluable para el pueblo de México, al grado de ser un derecho constitucional y humano consagrado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 18, numeral 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por mencionar algunos instrumentos internacionales de Derechos Humanos que son vinculatorios para el Estado mexicano.

Por eso es importante y urgente atender las observaciones hechas en días pasados por universitarios mexicanos que estudian posgrados, de maestría o de doctorado, en el extranjero –principalmente en las áreas de ingeniería y tecnología, ciencias agropecuarias y del mar, ciencias exactas o ciencias naturales-, debido al recorte presupuestal que afecta las becas que mensualmente reciben a través del Programa de Movilidad Internacional de Posgrados, que opera la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES).4

A decir de los estudiantes, en el ciclo 2013-2014 las becas consistían en la transferencia de 17 mil 600 pesos mensuales, para el ciclo 2014-2015 la beca se redujo a 14 mil pesos, y en días pasados, se les notificó que no habrá recursos para renovar las becas del ciclo 2015-2016, a través de comunicados electrónicos o telefónicos por parte de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior.5

En el Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara, siempre hemos respaldado el compromiso del Gobierno de la República para lograr una Educación de Calidad. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, en el anexo 16 denominado “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes”, en el Ramo 11 referente a Educación Pública, en el apartado de “Posgrado”, en lo que corresponde al “Programa Nacional de Becas”, se aprobaron 174 millones 537 mil 788 pesos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, en el anexo 17 denominado: “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes”, en el Ramo 11 referente a Educación Pública, en el apartado de “Posgrado”, en lo que corresponde al “Programa Nacional de Becas”, se aprobaron 66 millones 972 mil 709 pesos.

Y para el Presupuesto de Egresos de 2016, en el Anexo 17 denominado: “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes”, en el Ramo 11 referente a Educación Pública, en el apartado de “Posgrado”, en lo que corresponde al “Programa Nacional de Becas”, esta Cámara de Diputados, el pasado 13 de noviembre de 2015, aprobó 230 millones 162 mil 876 pesos.

En virtud de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, disponga lo necesario a fin de cubrir en tiempo y forma el pago de las becas asignadas a los universitarios mexicanos que cursan algún posgrado en el extranjero, hasta la conclusión de sus estudios.

Notas

1 Ver: “Universidad y sociedad del conocimiento”, en seminario internacional México en los escenarios internacionales. Una visión prospectiva. Disponible en:

http://www.escenarios.unam.mx/_21.html (Última consulta: 22 de noviembre de 2015)

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Espinosa, Verónica. “Candela la SEP becas y deja varados a estudiantes de posgrado en el extranjero”, Proceso, 18 de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=421069 (última consulta: 22 de noviembre de 2015).

5 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputada Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a atender y resolver la problemática del sistema de bombeo y restablecer el servicio de suministro a las unidades habitacionales Los Culhuacanes, en Coyoacán, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Héctor Barrera Marmolejo, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15 sobre el Derecho al Agua, donde en su artículo I.1. establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida digna”; también define el derecho al agua como “el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”.

Para el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 64/292, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento y reafirmando que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.” Así mismo, la Resolución exhorta a los Estados y Organizaciones Internacionales a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

En nuestro país, el 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma en la que el Congreso de la Unión adicionó el sexto párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua, conferido en el capítulo I, De los derechos humanos y sus garantías, estableciendo:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

En concordancia, la fracción XXII del artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales establece como principio que sustenta la política hídrica nacional, que “el uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso”; por ende, las disposiciones federales están acorde a los compromisos reconocidos, signados y ratificados por nuestro país en el entramado internacional, y en ello implica la concurrencia que el Orden Jurídico Nacional determina para los Estados y Municipios, así como lo concerniente a la Ciudad de México y sus delegaciones o demarcaciones.

En consecuencia, en las disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se establece en la fracción II del artículo 17 que:

Artículo 17. Los habitantes del Distrito Federal, en los términos y condiciones que las leyes establezcan, tienen derecho a:

I. ...

II. La prestación de los servicios públicos;

Aunado a lo anterior, en el mismo Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su Capítulo III, De las Bases para la Distribución de Atribuciones entre Órganos Centrales y Desconcentrados de la Administración pública del Distrito Federal, en la fracción X del artículo 115, establece:

Artículo 115. Corresponden a los órganos centrales de la administración pública del Distrito Federal, de acuerdo a la asignación que determine la ley, las atribuciones de planeación, organización, normatividad, control, evaluación y operación, referidas a:

I. a IX. ...

X. Determinación de los sistemas de participación y coordinación de las Delegaciones respecto a la prestación de servicios públicos de carácter general como suministro de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas, recolección de desechos en vías primarias, transporte público de pasajeros, protección civil, seguridad pública, educación, salud y abasto;”

La Ley de Aguas del Distrito Federal establece en su Título Primero, De las Disposiciones Generales, en su artículo 3o.:

Artículo 3o. Se declara de utilidad pública el mantenimiento, rehabilitación, construcción, operación y ampliación de las obras de abastecimiento de agua potable...

Asimismo, en las fracciones IV y IX del artículo 6o. establece como principios:

Artículo 6o. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de gestión integral de los recursos hídricos, las autoridades competentes observarán los siguientes principios:

I. a III. ...

IV. La infraestructura y los servicios hidráulicos deben ser accesibles para toda persona sin discriminación, incluyendo a la población expuesta o marginada...

V. a VIII. ...

IX. Las autoridades tienen la obligación apoyar a aquellas personas que tienen dificultades para acceder al suministro de agua;”

En cuanto al órgano que corresponde la operación de la infraestructura y la prestación del servicio público de agua potable, acorde a la normatividad, es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que del cual, la propia Ley de Aguas del Distrito Federal le determina su competencia, así como lo concerniente para las Delegaciones, y en ello se detalla:

Artículo 7. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado...

...

Capítulo II
Del servicio de agua potable

Artículo 52. El Sistema de Aguas y, en su caso las delegaciones, proporcionarán los servicios de agua potable considerando los siguientes usos prioritarios:

I. Doméstico y unidades hospitalarias;

...

Artículo 53. El Sistema de Aguas tiene a su cargo, entre otros, la prestación directa del servicio público de abasto y distribución de agua para uso y consumo humano en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de la población. Para tal efecto, deberá realizar obras de captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, tratamiento o potabilización para el abastecimiento de agua.

...

Respecto al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a partir del 1 de enero de 2003 entró en funcionamiento por decreto del jefe del gobierno del Distrito Federal, al fusionar la entonces Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y la Comisión de Aguas del Distrito Federal, con el fin de crear los mecanismos más adecuados que permitan proporcionar los medios para lograr una eficiente distribución de los servicios hidráulicos en la Ciudad de México así como la modernización de los sistemas para su operación, soslayando la duplicidad de funciones al momento de ejercer las acciones en esta materia.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México está sectorizado en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, y tiene por objetivo, con base en el Decreto por el cual se creó, prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reutilización; operar, mantener y construir la infraestructura hidráulica; explotar, usar, aprovechar las aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y la calidad para contribuir al desarrollo integral sustentable de la Ciudad.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objetivo suministrar y distribuir los servicios de agua potable y drenaje a los habitantes del Distrito Federal con la cantidad, calidad y eficiencia necesarios, a través de acciones que contribuyan a la adecuada utilización de la infraestructura existente, y fomentar una cultura moderna de utilización que garantice el abasto razonable del recurso.

Entre sus funciones más importantes destacan las de formular, actualizar y controlar el desarrollo del programa de operación hidráulica del Distrito Federal, así como los estudios y proyectos de abastecimiento de agua potable y reaprovechamiento de aguas residuales, construyendo y conservando las obras de infraestructura hidráulica y de drenaje que requiere la ciudad, en coordinación con las autoridades competentes; además opera y conserva los sistemas de aprovechamiento y distribución de agua potable y alcantarillado del Distrito Federal, así como supervisar y vigilar su funcionamiento.

No obstante todo lo anterior, alrededor de 62 mil 247 personas que habitan en las unidades habitacionales de: CTM Infonavit Culhuacán Zona I y Zona II; CTM Culhuacán Secciones VI, VIII y IX; CTM Culhuacán Zona III, Zona VIII A y Zona X; CTM Infonavit Culhuacán Sección VII y la Unidad Habitacional Piloto Culhuacán; todas en la zona conocida comúnmente como los Culhuacanes, en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México; y siendo unidades habitacionales con una media de 35 años de antigüedad, y con una muy alta densidad de habitantes, no cuentan con el servicio del suministro de agua por las constantes fallas en los sistemas de bombeo.

Los sistemas hidráulicos de bombeo por el que reciben el suministro de agua las familias de las unidades habitacionales referidas, se encuentran en una etapa crítica por la falta de revisión y mantenimiento para rehabilitar su correcto funcionamiento.

Ante esta urgente situación, los vecinos afectados decidieron manifestarse en la vía pública con la legítima petición de ser atendidos para la inmediata solución de recibir el servicio público de suministro de agua para sus domicilios; la respuesta de las autoridades a ésta denuncia vecinal, fue el envío de 200 elementos del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para desalojarlos de forma violenta, y con abuso de la fuerza, desalojaron a mujeres, niños y personas que en su mayoría son adultos mayores.

El violento hecho, fue denunciado por personas que resultaron lesionadas ante la Fiscalía Servidores Públicos con averiguación previa número FSP/B/T1/454/16-02, precisamente por el delito de abuso de autoridad; los lesionados fueron canalizados al hospital Xoco, para su valoración.

Aun no siendo suficiente, de la oficina del suscrito diputado fueron emitidos oficios dirigidos al ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, solicitando su atención e intervención para solucionar la problemática del suministro de agua en las unidades habitacionales de los Culhuacanes en la delegación Coyoacán, oficios enviados con fechas del 30 de octubre y 4 de noviembre de 2015, así como del 1 y 15 de febrero de 2016, sin mediar respuesta alguna o atención hacia las familias afectadas.

No obstante lo anterior, el acercamiento de autoridades de la jefatura delegacional de Coyoacán ha sido nulo para ofrecer alguna alternativa para que las familias de las unidades habitacionales de los Culhuacanes reciban el suministro de agua para uso doméstico.

Ante todo lo anterior, es muy lamentable la notoria negligencia, insensibilidad e indiferencia de las autoridades de la Ciudad de México y de la delegación Coyoacán al ser omisos ante una problemática que está afectando a las familias de las unidades habitacionales de los Culhuacanes; aunado a condenar de manera imperante el abuso de la fuerza pública por los actos violentos suscitados por granaderos contra los vecinos que demandaban legítimamente la atención de sus autoridades al no cumplir con los ordenamientos por lo que deben intervenir para solucionar problemáticas elementales y básicas como el suministro de agua para uso doméstico.

El agua es esencial para la vida. El acceso de las personas al agua potable y servicios de saneamiento son indispensables para la vida y la salud, fundamentales para la dignidad de las personas, lo que hace imperante y urgente acudir a esta Soberanía para emitir el presente exhorto

Por lo expuesto someto a consideración de ésta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Ésta soberanía exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que en ejercicio pleno de sus atribuciones, competencias y obligaciones, realice las gestiones necesarias para atender y resolver de manera inmediata la problemática del sistema de bombeo y restablecer a la brevedad el servicio de suministro de agua a las unidades habitacionales de los Culhuacanes en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México.

Segundo. Se exhorta al jefe delegacional de Coyoacán en la Ciudad de México para que emprenda acciones inmediatas con el objeto de ofrecer alternativas de solución efectivas para el suministro de agua para uso doméstico a las familias de las Unidades Habitacionales de los Culhuacanes en esa demarcación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo del 2016

Diputado Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita realizar sesión solemne el lunes 21 de marzo de 2016 para conmemorar los 210 años del natalicio de Benito Juárez García, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, David Jiménez Rumbo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y, con fundamento en los artículos 38, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo.

Antecedentes

Benito Juárez es, sin duda, uno de los personajes más importantes y recordados en la historia de México. Cada 21 de marzo se recuerda el aniversario de su nacimiento y en cada escuela primaria del país se conmemora a este hombre que consolidó el país en una República.

De origen indígena, Benito Pablo Juárez García, nació en 1806 en un pueblo de Oaxaca llamado San Pablo Guelatao, en medio de la zona serrana de Ixtlán. Sus padres, humildes campesinos zapotecas, murieron cuando él apenas tenía tres años, por lo que sus abuelos cuidaron de él gran parte de su niñez.

Desde pequeño supo que para sobresalir debía aprender el castellano y luego ingresar a la escuela, por lo que aprendió a leer y escribir hasta los 12 años. En 1818 emigró por medios propios a la ciudad de Oaxaca en busca de fortuna. Ingresó a la escuela, pero sufrió de una constante discriminación debido a su condición indígena, además de que su poco castellano no ayudó mucho.

Fue un gran estudiante del derecho civil y el derecho canónico y tuvo gran reconocimiento por parte de sus profesores y compañeros, a tal grado que fue nombrado rector del Instituto en1831, profesando ideas liberales y defendiendo abiertamente las comunidades indígenas de la región.

Debido a su brillante trayectoria como estudiante, fue nombrado regidor del ayuntamiento de Oaxaca en 1832, ministro suplente de la Corte de Justicia del estado y un año más tarde diputado local. A lo largo de los siguientes años, su carrera política ascendió constantemente desempeñando diversos cargos como juez de lo civil, secretario general de gobierno y fiscal del Tribunal de Justicia entre otros más, hasta que finalmente llegó a ser gobernador interino del estado de Oaxaca en 1847.

Durante su mandato duplicó el número de escuelas en la entidad, equilibró económicamente las finanzas del estado, realizó importantes obras públicas como caminos locales y la reconstrucción del Palacio de Gobierno, fundó escuelas normales (escuelas para capacitar a maestros), levantó cartas geográficas y planos de la ciudad de Oaxaca y fundó el puerto de Huatulco para facilitar el transporte de mercancías desde el puerto de Acapulco.

Tras un problema político con el dictador Antonio López de Santa Anna, presidente de México por undécima ocasión, fue encerrado en la cárcel de San Juan de Ulúa, y más tarde desterrado a la isla de Cuba para después ser llevado a Nueva Orleans en Estados Unidos. Allí conoció a varios personajes (Ocampo, Mata, Arriaga y Montenegro) que también sufrían del destierro y persecución de Santa Anna, con quienes planeó regresar a México y conquistar el poder público.

Gracias al triunfo de la Revolución de Ayutla en la cual Juárez participó activamente, logró derrocar al dictador Santa Anna y regresó a México a seguir con su carrera política. En 1858 fue nombrado presidente, convirtiéndose en el primer mandatario de origen indígena , en un país lleno de desigualdades y luchas internas por el poder.

El Benemérito de la Patria y de las Américas como fue declarado al morir, promulgó varias leyes que eliminaban los privilegios desmedidos que gozaban al clero y el ejército, mismos que desconocieron su gobierno y trataron de eliminarlo. Por esta razón fue obligado a mover su gobierno por varios estados del país en una especie de presidencia itinerante para evitar ser capturado.

En 1861, debido a la situación precaria del país y a su alto endeudamiento, Juárez anunció la suspensión de pagos de la deuda externa, por lo que España, Francia y Reino Unido, principales gobiernos afectados, decidieron invadir el territorio mexicano como defensa de sus intereses. Tras varias negociaciones, finalmente Juárez derogó la Ley de Suspensión de Pagos y los ejércitos español e inglés regresaron a su país. Pero los franceses interesados en instaurar una monarquía, continuaron con su invasión. Las tropas galas ingresaron a Veracruz con relativa facilidad, pero fueron recibidos en Puebla por las tropas de Juárez en la célebre Batalla del 5 de Mayo, donde fue vencido el que era considerado el más poderoso ejército del mundo.

Este tipo de logros le dio mucha popularidad a Juárez en todo el mundo, sin embargo, los conservadores junto con la Iglesia, siempre en desacuerdo con las reformas liberales, ofrecieron en 1863 la corona del Segundo Imperio Mexicano, al austriaco Maximiliano de Habsburgo, iniciándose así otro episodio de disputas por el poder. Tras varias batallas en el norte y centro del país, finalmente Juárez derrota a Maximiliano y lo manda fusilar, poniendo fin al intento por establecer un imperio patrocinado, principalmente, por Francia y el Vaticano.

Los cambios que hizo Juárez en México a lo largo de su paso por la presidencia, fueron primordiales para fomentar la igualdad y restar poder a la iglesia que dominó por muchos años la economía, la educación y la vida social de México. Con las reformas promulgadas durante el gobierno de Juárez se logró: suprimir el fuero al clero y al ejército; declarar a todos los individuos iguales ante la ley; prohibir el cobro y derecho de obligaciones parroquiales como el diezmo; que los bienes, propiedad de las iglesias, pasaran a manos del estado; declarar la libertad de cultos; prohibir la existencia de claustros y conventos; y que el registro de los nacimientos, matrimonios y defunciones pasara a manos del estado (Registro Civil).

Benito Juárez muere el 18 de julio de 1872, víctima de angina de pecho, en la Ciudad de México, dejando un gran legado que sobrevive hasta nuestros días.

Así como Juárez, tenemos a los héroes a los que la historia reconoce, como al cura Hidalgo, Padre de la Patria; Morelos, Siervo de la Nación; los generales Mariano Riva Palacio, Mariano Escobedo y Porfirio Díaz, entre otros; Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia; Venustiano Carranza, el Promotor del Constitucionalismo; a Emiliano Zapata, Francisco Villa, Ricardo Flores Magón y Lázaro Cárdenas, con un pensamiento genuinamente social y revolucionario.

Con la figura de uno de nuestros mayores próceres históricos con identidad indígena, se pretende reafirmar y dar vigencia a la figura y los principios sustanciales de nuestra vida republicana, así como a los enarbolados por el grupo de liberales del que formaba parte Juárez y que son el sustento de buena parte de nuestras garantías individuales.

Toda vez que el próximo 21 de marzo de 2016 se cumplirán doscientos diez años del natalicio del Presidente Licenciado Don Benito Juárez, por lo que considero muy justo que esta honorable Cámara de Diputados rinda un homenaje a este insigne personaje, realizando una sesión solemne el 21 de marzo de 2016; por lo que, con artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración del pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo.

Por otra parte, es compromiso de los tres Poderes de la Unión realizar las acciones encaminadas a impulsar la cultura cívica de todos los sectores sociales; por ello, la conmemoración de estos doscientos diez años de sus natalicio y además de ser un acto de justicia, es un acto de vocación libertaria, sobre todo porque a Juárez se le reconoce como el consumador de la segunda Independencia y el restaurador de la República, defensor de la legalidad republicana, promotor incansable de un México de justicia, reivindicador de la dignidad de los mexicanos y el místico del deber, con una vida austera, proba y sin condiciones al servicio de la República, al arquitecto de la construcción formidable que es la República, a la que se entregó y se consagró de principio a fin.

Puntos de Acuerdo

Artículo Primero. La Cámara de Diputados acuerda la realización de una sesión solemne el día 21 de marzo de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para conmemorar los 210 años del natalicio del licenciado Benito Juárez García.

Artículo Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados definirá el orden del día y el protocolo de la sesión solemne referida en el artículo anterior, e invitará de manera oficial a los integrantes de la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores; al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputado David Jiménez Rumbo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a proteger los humedales de Xochimilco y Tláhuac, y los suelos de conservación de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Xóchitl Hernández Colín, diputada federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El problema de la disposición ilegal de los desechos sólidos de construcción y demolición en la ciudad de México no es de poca importancia, el cascajo, como coloquialmente se le llama a estos desechos si no se maneja adecuadamente tiene un enorme potencial contaminante. Residuos de concretos, cementos, azulejos, arcillas y otros materiales, tienen la capacidad de deteriorar y empobrecer a los suelos fértiles, cambiando radicalmente su alcalinidad, su porosidad o su capacidad para retener humedad y nutrientes.

Por ejemplo, los residuos provenientes de la carpeta asfáltica son un importante vector para la contaminación de los mantos acuíferos, debido al arrastre de hidrocarburos contenidos en ellos, que llegan hasta los cuerpos de agua subterránea de los que nos abastecemos para diversas actividades, como son el uso doméstico, el agropecuario e industrial, entre otras.

De acuerdo con cifras del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios Sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, se estima que en las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México se están produciendo diariamente alrededor de 7 mil toneladas de cascajo, lo suficiente como para llenar el Estadio Azteca en seis meses. Pero, en contraparte, el Programa de Trituración de Residuos de la Construcción, de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno capitalino, sólo tuvo la capacidad de reciclar un total de 68 mil 600 toneladas de cascajo en un período de dos años y dos meses; esto es, un volumen equivalente al cascajo generado en sólo diez días.

Ante la falta de capacidad de los sistemas adecuados para la disposición ambientalmente segura de estos desechos, la disposición ilegal de los mismos ha ido en aumento, el depósito inadecuado de los residuos del cascajo se da a diario y en grandes cantidades en los suelos agrícolas, en los de conservación, en las barrancas, los bosques e incluso en los humedales de la Ciudad de México.

El que se deposite cascajo en los humedales de la Cd. de México no es reciente, ni desconocido para la autoridad de esta ciudad, ya desde el 2013 la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) tenía conocimiento del mismo y había recibido denuncias, como se puede constatar en “Estudio de zonas impactadas por tiraderos clandestinos de residuos de la construcción”, presentado por dicha procuraduría.

Es de señalarse que el artículo 344 del Código Penal para el Distrito Federal (CPDF) ya contempla como una conducta delictuosa la disposición en lugares no autorizados del cascajo, el mencionado artículo a la letra señala:

“Artículo 344. Se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 300 a 1,500 días multa, a quien descargue o deposite hasta un metro cúbico de residuos sólidos de la industria de la construcción en algún lugar no autorizado.

Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien descargue o deposite más de un metro cúbico de residuos sólidos de la industria de la construcción en algún lugar no autorizado.

Las mismas penas señaladas en el presente artículo se aplicarán a quien transporte residuos de la industria de la construcción, sin contar con el pago de derechos respectivo o sin la documentación comprobatoria que acredite su disposición final o reciclaje en un lugar autorizado por las autoridades competentes.

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por quinientos días multa, debiendo reparar el daño que en su caso se hubiere provocado, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido.”

Pese a lo anterior, el problema persiste y se ha agudizado, son más de 36 sitios que se tienen bien detectados en los que el cascajo es depositado de forma ilegal, afectando una superficie de más de 349 mil metros cuadrados.

Pero, más grave aún es el que por falta de vigilancia y capacidad del gobierno para hacer cumplir la ley, los sitios donde preferentemente se está depositando el cascajo sean los suelos de conservación y de recarga de nuestros acuíferos, como son los humedales de Xochimilco y de Tláhuac.

En cuanto al suelo de conservación de nuestra capital, de acuerdo con el Atlas Geográfico del Suelo de Conservación, éste representa 59% del territorio de la ciudad y comprende áreas de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan, siendo de destacar que estos ecosistemas son uno de los espacios más importantes para los habitantes del Valle de México, ya que entre otras cosas captan 70% del agua utilizada para diversas actividades en la cuenca.

En lo referente a los humedales de Xochimilco y Tláhuac, además de ser de importancia para la recarga de los mantos acuíferos, suministran otros servicios ambientales a la Ciudad de México, y en el caso de Tláhuac también al municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. Entre estos servicios tenemos que estos sitios son de importancia para la prevención de Inundaciones, disminuyen la presión sobre la infraestructura hidráulica en el centro y norte de la cuenca, provén agua para los cultivos que se dan en la zona, son vitales para la existencia de flora y fauna de la región seriamente amenazada, impacta positivamente en la regulación del clima al mantener dos grados centígrados por debajo la temperatura promedio con relación a otras demarcaciones sin humedales y en general son considerados ecosistemas de importancia por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos ocurren.

El humedal de Xochimilco por decreto del 7 de mayo de 1992 es zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico y está declarado como área natural protegida, con categoría de zona sujeta a conservación ecológica, bajo el nombre de “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, DF”, siendo publicado su programa de manejo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 11 de enero de 2006, y si bien esta área natural no es de carácter federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto con instancias de la Ciudad de México, tiene atribuciones en cuanto a la inspección y vigilancia para la prevención y control de ilícitos ambientales, como puede constatarse en dicho programa de manejo.

Abundando en lo anterior, para la preservación de la naturaleza, los humedales de Xochimilco y Tláhuac son reconocida relevancia, el primero es sitio inscrito en la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar), siendo el sistema lacustre “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, en cuanto al segundo, Tláhuac, si bien este todavía no es beneficiario de esta designación, en la presente legislatura la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en sesión del 15 de diciembre de 2015, de manera acertada aprobó una Proposición con punto de acuerdo, por medio de la cual, se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que realicen las gestiones necesarias a fin de que la Ciénega de Tláhuac sea incluida en la lista de sitios Ramsar.

Simplemente, el que estos humedales sean sitios de recarga de nuestros acuíferos y presten una serie de servicios ambientales para la Ciudad de México y Municipios del Oriente del Estado de México, que integran la zona sur oriente de la Cuenca del Valle de México, sería razón más que suficiente para que se tomarán de inmediato acciones permanentes para protegerlos. Pero, además de la vital función ya señalada, el sistema de chinampas de Xochimilco y Tláhuac, por el valor que conservan sus canales y chinampas, similares a los que existían en el Islote que albergaba México Tenochtitlán y que conformaban el sistema que permitía el desarrollo sustentable de una comunidad densamente poblada, desde diciembre de 1987 fueron declarados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad.

El que los humedales de Xochimilco y Tláhuac estén en la lista de del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad de la UNESCO no queda en una simple declaración retorica sin importancia, ya que tiene la implicación de que dicho lugar jurídicamente está tutelado por la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (CPPMCN) de 1972, de la cual nuestro país es Estado signante, como consta en el Diario Oficial de la Federación del día 2 de mayo de 1984.

El que México se orgulloso poseedor de 31 sitios considerados patrimonio de la humanidad, entre los que se encuentra los que dan motivo a este escrito, crea un compromiso en el sentido de conservar en el mejor estado posible estos bienes, así vemos que la CPPMCN mandata que se adopten las medidas necesarias para su preservación. El artículo 5 de la mencionada Convención en sus incisos b) y d) a la letra señala:

“Articulo 5 Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible:

b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban ;

d) Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar , revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y”

En cuanto al humedal de Tláhuac, éste forma parte del antiguo sistema de lagos de la cuenca de México, y más específicamente, es un remanente del lago de Chalco. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad incluye al humedal de Tláhuac dentro de su programa de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, con el nombre de Ciénega de Tláhuac. Además este humedal tiene la particularidad de estar situado en la línea divisoria entre la Ciudad de México y el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, por lo cual, desde nuestro punto de vista y por efectos del párrafo quinto del artículo 27 constitucional, es un cuerpo de agua de competencia federal y por lo mismo la PROFEPA debe de tener jurisdicción en el mismo.

Nos obstante lo anterior, para poder llegar por este municipio al humedal de Tláhuac se requiere transitar por vías pertenecientes al mencionado municipio del Estado de México, por lo cual, no vemos de más pedir la intervención del gobierno del mismo para que coadyuve en las acciones para evitar que dicho humedal siga siendo sitio para el desecho ilegal de los residuos de construcción y demolición.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, a que de acuerdo con las atribuciones y facultades que le son conferidas a las instituciones a su cargo por la normatividad aplicable, implementen las acciones necesarias para que de manera permanente se evite la disposición ilegal de los desechos sólidos de construcción y demolición en la ciudad de México, en especial en los humedales de Tláhuac.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado Libre y Soberano de México y al Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, a que de acuerdo con las atribuciones y facultades que le son conferidas a las instituciones a su cargo por la normatividad aplicable, implementen las acciones necesarias para que de manera permanente se evite la disposición ilegal de los desechos sólidos de construcción y demolición en el humedal de Tláhuac, ubicado en Avenida Chalco, canal de Acapol hasta río Ameca.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que de acuerdo con las atribuciones y facultades que le son conferidas a la institución a su cargo por la normatividad aplicable, implementen las acciones necesarias para que de manera permanente se evite la disposición ilegal de los desechos sólidos de construcción y demolición en los humedales de Xochimilco y Tláhuac. Especialmente en los sitios conocidos como Tabla 29 y 30, junto al canal Acapol, y la Tabla 26, conocida como la Tabla del Tequesquite, ubicados en el ejido de San Pedro Tláhuac, justo atrás del Hospital Materno Infantil.

Palacio Legislativo, a 3 de marzo de 2016.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade a revisar con las federaciones y confederaciones deportivas las condiciones de seguridad de los atletas en las competencias, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que se coordine con las federaciones y confederaciones deportivas para revisar las condiciones de seguridad de los deportistas en las competencias con base en las siguientes

Consideraciones

Los deportes de alto riesgo se caracterizan por la cantidad de variables que no pueden ser controladas como alta velocidad, grandes alturas y condiciones climáticas extremas.

En la mayoría de los deportes tradicionales los competidores se enfrentan a otros competidores. En los deportes de riesgo los participantes compiten contra sí mismos o contra las condiciones del ambiente.

La característica que llama más la atención de las personas hacia estas actividades es la capacidad de producir adrenalina y sacarlas de su zona de confort.

Algo que debes tener en cuenta si quieres practicar alguna de las actividades catalogadas como deportes de riesgo, es que debes instruirte y educarte al respecto para dominar las técnicas y no poner en riesgo tu vida. La mayoría de las personas involucradas en estas actividades, no las practican irresponsablemente. Se deben tomar lecciones al respecto y comprar el equipo adecuado, de ser necesario.

Muchos de los deportes de alto riesgo han ido tomando popularidad entre la población mexicana, y cada vez es más común ver que se realicen competencias, oficiales o de aficionados de distintas modalidades de este tipo de deportes. Basta encender la televisión y una gran cantidad de programas de deportes extremos estarán en la pantalla.

La definición de deporte extremo tiene relación con el exponerse a los dictámenes del terreno. Por lo tanto, lo extremo está determinado por el lugar y los jóvenes ponen sus equipos y habilidades para vencer esos límites naturales.

Sin embargo, hay que tener muy claro que la valentía no reemplaza la habilidad. Los jóvenes que sólo se manejan en el plano de “ser audaces”, corren gran peligro. Es muy probable que se lesionen y se les acabe su oportunidad. Los mejores y grandes deportistas extremos, algunos les llaman “locos serios”. Ellos tienen mucho de arrojo y “locura” pero no hay que equivocarse, tienen también una seguridad que se respalda en un entrenamiento riguroso y en el desarrollo progresivo de sus habilidades.

Varios de los deportes extremos se realizan de manera organizada, algunos de ellos se encuentran agrupados mediante federaciones y/o confederaciones que regulan sus actividades básicas, también organizan competencias deportivas, debiendo cumplir con cierta normatividad.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tiene entre sus facultades la de fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de cultura física, recreación, rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas, pero los accidentes cada vez son más frecuentes en las competencias en deportes de alto riesgo, y aunque no existen cifras oficiales que den un número determinado, es común ver notas periodísticas en el sentido de los accidentes que se presentan, como fue el caso del Campeonato Nacional Racing Bike México de Velocidad, celebrado el pasado fin de semana en Puebla y en donde uno de los competidores murió a causa de un accidente y no contar con ambulancias y equipo suficiente para atender oportunamente al competidor.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que se coordine con las federaciones y confederaciones deportivas para revisar las condiciones de seguridad de los deportistas de alto riesgo dentro de los campeonatos, y de los servicios médicos que realizan la primera atención.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para mejorar los mecanismos de difusión de información sobre accidentes y mortandad de deportistas durante las competencias.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a revisar el cumplimiento de los criterios a los que se refiere la fracción XX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con respecto al motociclismo, automovilismo y otros deportes que integren velocidad y alto riesgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los Poderes Judiciales locales y de la Ciudad de México a sumarse al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del PRI

Edith Anabel Alvarado Varela, diputada integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

“Las personas con discapacidad son un grupo de población que tradicionalmente ha sido estigmatizado, rechazado por la sociedad y objeto de múltiples discriminaciones. Tales circunstancias las han colocado en situaciones de desventaja y exclusión social, debido, en gran parte, a que su condición de discapacidad, a juicio de la mayoría, se aleja de los estándares considerados “normales”, que califican como diferentes a las personas con algún tipo de diversidad funcional, y las condena a una existencia vinculada a la institucionalización, medicación y sometimiento, propiciando un desconocimiento de sus derechos, el ejercicio de los mismos en desigualdad de condiciones, y violación o vulneración constante de ellos”.1

Esto a pesar de que el último párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En este orden de ideas, reviste especial importancia el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, el cual fue presentado el 31 de marzo de 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se trata de un documento que sirve de guía para las y los jueces del Poder Judicial de la Federación, en su tarea de impartición de justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, pero que también constituye una oportunidad para reconocer que “todos los seres humanos podemos estar en una situación de discapacidad”, eliminando con ello las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, independientemente del contexto social, cultural, político y económico en el que se encuentren.

A continuación, se enlistan una serie de acciones afirmativas que se han adoptado desde el Poder Judicial de la Federación, y que dan cuenta de las bondades e importancia de dicho Protocolo:2

• Propicia un acercamiento directo con las personas con discapacidad que intervienen con cualquier carácter en un juicio para conocer de primera fuente sus necesidades o requerimientos personales;

• Considera el apoyo de personal multidisciplinario que auxilie a las y los juzgadores en la resolución de conflictos, cuando la ciencia del Derecho considerada en su individualidad no sea suficiente para abordar una situación concreta bajo el tamiz de los derechos humanos;

• Vislumbra las condiciones particulares de la persona con discapacidad para la resolución del conflicto, a fin de que la sentencia que concluye con el proceso no presente una imposibilidad de cumplimiento;

• Implementa las medidas necesarias para garantizar que de manera progresiva los centros de impartición de justicia cuenten con personal capacitado en el tema de discapacidad, así como con instalaciones y servicios accesibles para todo tipo de discapacidad;

• Obliga a los centros de impartición de justicia a generar estadística acerca de esta materia, sobre todo para estar en posibilidad de cumplir con los requerimientos de capacitación y accesibilidad; y

• Pone en el centro de discusión la importancia del reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos ante la ley, generando un debate argumentativo y propositivo, que culmina en un ejercicio seguro de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Por eso, es importante que los Poderes Judiciales de los Estados y de la Ciudad de México, se adhieran a este Protocolo y así coadyuven en la modificación de una cultura jurídica que tradicionalmente ha desconocido a las personas con discapacidad y les ha negado el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Se trata de hacer valer el mandato constitucional del tercer párrafo del artículo 1º de la Carta Magna, que obliga expresamente a todas las autoridades del país, sin distinción de competencia, nivel jerárquico o jurisdicción, a proteger los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, buscando en todo momento la protección más amplia de la persona bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

A su vez, a dar pleno cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano en materia de respeto y protección a los derechos humanos de las personas con discapacidad, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 2, párrafo 1); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2, párrafo 1); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2, párrafo 2); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1, párrafo 1); y, particularmente, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 1 primer párrafo señala que: “El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

Es por ello que resulta necesario la implementación de mecanismos, en los diferentes niveles de gobierno, para que las personas con discapacidad puedan mejorar sus condiciones de vida y, lo más importante, sean reconocidas como personas titulares de derechos humanos y como partícipes de la sociedad.

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los Poderes Judiciales de los Estados y de la Ciudad de México, a que se adhieran al “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”.

Notas

1 “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2014, p. 7. Disponible en: http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/pagin as/Protocolo%20DiscapacidadISBN.pdf (Última consulta: 16 de febrero de 2016)

2 Ibídem, p. 123.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 3 de marzo de 2016.

Diputada Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a pagar por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios los adeudos con los productores, transparentar el padrón de beneficiarios, y exponer los montos ejercidos y los gastos de la agencia en los últimos tres ejercicios fiscales, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita Elva Lidia Valles Olvera, Diputada Federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo el artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) se paguen los adeudos que aún se tienen con los productores, se transparente el padrón de beneficiarios y se expongan los montos ejercidos y los gastos realizados por la agencia durante los últimos tres ejercicios fiscales.

Antecedentes

Ante la era de la liberación de mercados, la globalización y el desarrollo de la agroindustria los agricultores en pequeña escala se encuentran en dificultades para participar de forma equitativa en el proceso de producción al carecer de insumos confiables en cuanto a costos así como servicios de mecanización, semillas, fertilizantes, crédito de mercados rentables y garantizados para su producción.

En este contexto, la agricultura por contrato surge como una importante alternativa para que los pequeños productores puedan cultivar de forma comercial. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la agricultura por contrato se define como un acuerdo entre agricultores y empresas de elaboración y/o comercialización para la producción y abastecimiento de productos agrícolas para entrega futura, frecuentemente a precios predeterminados.1

En México, se constituyó la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) en 1991; con el propósito de contar con un organismo para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura internacional y la liberación de los mercados. Posteriormente en 1996 su busca a través de esta Agencia fortalecer programas para la comercialización de productos agropecuarios.

El 18 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se da a conocer las reglas de operación del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados (PCDM), cuyo objetivo es contribuir a mantener o mejorar el ingreso de los productores agropecuarios y pesqueros a través de brindar certidumbre en la comercialización. Dicho programa es operado por Aserca a partir del año 2014 y coordinado por la Sagarpa.

Actualmente, una de los grandes problemas que enfrenta el PCDM-Aserca es el adeudo por varios miles de millones de pesos con los agricultores participantes en el Programa. Lo anterior es del conocimiento a través de diversas fuentes oficiales, notas de investigación periodísticas así como los mismos productores que se acercan a quejarse e informar de su problemática y que exponen la situación de adeudo por la que atraviesa Aserca con los sujetos productores de granos como maíz, frijol, sorgo, trigo y maíz de los estados de Chihuahua, Zacatecas, Durango, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco entre otros.

En este orden de ideas, podemos considerar como referente las proposiciones con punto de acuerdo que se han presentado ante el Pleno de la Cámara de Diputados, para los Estado de Sinaloa y Jalisco que en términos generales exhortan a Sagarpa y Aserca cumplan con los términos de los contratos y se finiquiten las deudas correspondientes.2 De ahí que esta será la cuarta ocasión en que esta LXIII legislatura realiza un exhorto con este propósito.

El estado de Tamaulipas no es la excepción ante estas irregularidades. La situación actual entre los sujetos productivos beneficiarios del PCDM con Aserca es bastante cuestionable toda vez que existen dos condiciones: (1) La opacidad en el padrón de beneficiarios, los montos asignados así como en el manejo del presupuesto destinado y (2) La disparidad en la información que proporcionan los sujetos responsables de las dependencias involucradas en la operación del programa donde se aprecia una clara discrepancia en las cifras presentadas correspondientes a los adeudos.

Dichas condiciones contradicen a las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable y de Transparencia, en donde se establece que el Gobierno Federal, en coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas y municipales elaborarán un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, y que tal padrón deberá actualizarse cada año y será necesario estar inscrito en él para tener acceso a la operación de los programas e instrumentos de fomento3 y que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona así como que el Estado debe garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.4

Las inconsistencias en las declaraciones de las autoridades y la disparidad en las cifras que se adeudan se acentúan con las evaluaciones al PCDM a cargo del Consejo Nacional de la Evaluación del Desarrollo de la Política Social (CONEVAL) que indica lo siguiente: (1) no se acredita cómo se integra la población objetivo;(2) no especifica si se trata de personas físicas y/o morales que producen y/o comercializan productos con problemas de mercado; (3) tampoco cuantifica la población por grupo específico, región, entidad federativa y municipio del país, como consecuencia se tiene incertidumbre en los mercados; (4) existe reducción de los márgenes de operación de los productores agropecuarios y pesqueros; y (5) no se define con claridad un problema o necesidad prioritaria que justifique su creación y diseño.5

En el contexto de retraso al cumplimiento de sus obligaciones con los productores beneficiarios del programa, lo último que se garantiza es la certidumbre de los sujetos productivos para la comercialización que evidentemente contradicen el objetivo principal del PCDM el cual cita como “...contribuir a mantener o mejorar el ingreso de los productores agropecuarios y pesqueros a través de brindar certidumbre en la comercialización” y se pone en tela de juicio la efectividad del programa así como la pureza en el ejercicio de la ejecución de los recursos.

Consideraciones

En Acción Nacional, adoptar las medidas necesarias que proporcionen elementos técnicos y materiales a los campesinos mexicanos que siempre han carecido de ellos es una de las tareas en la que estamos comprometidos para procurar a los agricultores un precio justo por los productos de su esfuerzo y consolidar, incrementar y mejorar la producción agrícola para que la población rural deje de ser víctima de la explotación económica y política.

Uno de los principios que reconoce el partido para el campo mexicano establece que: “el gobierno y la iniciativa de los particulares promuevan una organización competitiva de la producción agroalimentaria, agropecuaria y forestal, para enfrentar con éxito la creciente integración económica de las naciones. Esta política integral debe incluir un sistema de financiamiento social acorde con las necesidades y circunstancias del campo, la creación de infraestructura, la gestión de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las cadenas productivas, la comercialización, el aprovechamiento de los productos y ventajas comparativas de cada región y la plena seguridad jurídica de la propiedad de la tierra.6

La FAO en diversos estudios indica que los problemas potenciales para los agricultores asociados con la agricultura por contrato, incluyen: mayores riesgos; tecnología inapropiada e incompatibilidad de cultivos; manipulación de cuotas y de especificaciones de calidad; corrupción; dominio de los monopolios; y endeudamiento excesivo y dependencia excesiva de los anticipos. La mayoría de estas condiciones han sido recurrentes en la operación de este programa.7

Las autoridades de Aserca han argumentado que debido al recorte del gasto público anunciado por el ejecutivo federal en el mes de enero del 2015 y a la insuficiencia presupuestal no se ha logrado finiquitar en tiempo y forma a la totalidad del padrón de beneficiarios.

Con lo antes expuesto, se observa un ambiente de incertidumbre entre los sujetos productivos dado que los mecanismos de operación del programa se muestran insuficientes, no hay transparencia en las acciones de las autoridades, y existe una mala administración de los recursos asignados al mismo.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al ciudadano José Eduardo Calzada Rovirosa en su carácter de titular de la Sagarpa para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios pague definitivamente los adeudos que aún se tienen con los productores del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, transparente el padrón de beneficiarios de dicho programa y publique los montos ejercidos y los gastos realizados por la Agencia durante los últimos tres ejercicios fiscales.

Referencias

1 FAO, Departamento de Agricultura, Agricultura por contrato - alianzas para el crecimiento, disponible en
http://www.fao.org/docrep/004/y0937s/y0937s01c.htm#TopOfPage

2 Gaceta Parlamentaria, número 4431-III, martes 22 de diciembre de 2015 y número 4377-III, martes 6 de octubre de 2015.

3 Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Diario Oficial de la Federación, México, 12 de Enero de 2012.

4 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Diario Oficial de la Federación, México 04 de Mayo de 2015.

5 Coneval, PCDM, Evaluación de diseño 2015, disponible en http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Documents

6 DOF-IFE, Proyección de Principios de Doctrina del PAN 2002, numeral 12 Campo y Ciudad, 23 de octubre de 2002.

7 Ibídem, ref. 1.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputada Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar acciones para contrarrestar el gran desabasto de agua potable de los habitantes de Nezahualcóyotl, México, suscrita por las diputadas Sandra Luz Falcón Venegas y Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, diputadas federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Antecedentes

El municipio de Nezahualcóyotl comenzó a poblarse desde 1945, producto de la inmigración de personas que buscaban un lugar barato para vivir cerca de la capital del país, que les diera la posibilidad de obtener mejores oportunidades de empleo y por consecuencia, elevar sus condiciones de vida.

El antecedente más lejano de la formación del municipio se da en el barrio de Juárez Pantitlán, en las que se establecen familias que vendían patos y chichicaxtle y que dieron origen a las primeras colonias del ex vaso de Texcoco: Juárez Pantitlán, México, El Sol, Porvenir, estado de México, Evolución y Tamaulipas.

Después de que se declarara como nuevo municipio a Nezahualcóyotl, en los primeros años los habitantes que provenían de diversos estados de la república comenzaron a organizarse para exigir servicios públicos: drenaje, agua potable, energía eléctrica entre otros.

En esos años de lucha y organización, los primeros servicios públicos se consiguieron con las propias aportaciones económicas o distintos esfuerzos de los pobladores como la colocación de postes de madera y cables para la instalación de luz; construcción de zanjas para la introducción del drenaje, por mencionar algunos.

De 1969 a 1975, el gobierno del estado de México dotó de agua potable y alcantarillado, luz, pavimento de calles a los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl, en materia de tenencia de la tierra creó Plantécnica, el Programa de Regeneración Integral 136 de la Zona Oriente, PRIZO, y el Instituto de Acción Urbana e Integración Social, Auris, con el objeto de regularizar los asentamientos urbanos. En 1973, se creó el Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio sobre Bienes de Nezahualcóyotl para evitar el indiscriminado tráfico de lotes.

Se establecieron 26 pozos y un gran tanque de agua potable. Durante la década de los setentas e inicios de los ochentas, se continuó atendiendo la regularización de la tierra en Nezahualcóyotl, con la entrega de títulos de propiedad y la creación del Plan Sagitario para seguir promoviendo el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio.

Después del sismo de 1985 en el Distrito Federal, en Nezahualcóyotl la participación de los colonos se incrementó, agrupados en organizaciones independientes, los habitantes se convirtieron en gestores en la urbanización y la dotación de servicios públicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Así mismo a consecuencia del sismo, la red de agua potable sufrió severos daños, lo que provocó escasez en las colonias por varias semanas.

En el lapso de 1982-1994 se contó con un caudal proveniente de 18 pozos profundos y el tanque de almacenamiento La Caldera, el gran tanque regulador de agua que abastece a 90 por ciento del municipio. Como se puede ver, los habitantes han estados involucrados directamente en el desarrollo del municipio y en el establecimiento de los servicios públicos.

La profundidad de los pozos varía de 50 a 250 metros y aportan un caudal que va de 70 a 118 litros por segundo. En lo que respecta a la zona II, la profundidad de los pozos varía de 200 a 400 metros y se obtienen caudales variables de 70 a 100 litros por segundo.

El sistema de abastecimiento de agua potable en el Municipio, se realiza a través de pozos profundos. De estos, 8 son operados por el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Odapas, 16 por la Comisión del Agua del estado de México, CAEM, y los del ramal Peñón Texcoco son operados por la Comisión Nacional del Agua, Conagua.

Actualmente la fuente más importante es el tanque La caldera, que aporta un volumen de 530 litros por segundo y se encuentra ubicado en el oriente del municipio, el volumen restante está distribuido entre los pozos, de los cuales los que están bajo manejo del CAEM son los principales, el pozo 308 es el que da un aporte mayor, que es de 70 litros por segundo. Y Cuando existe una contingencia, pipas del municipio abastecen a las colonias que lo soliciten.

Esto se debe a que el agua que proviene de fuentes estatales es insuficiente para abastecer por si misma al municipio, depende de gran medida del sistema Cutzamala, por lo que la falta de este volumen representa problemas operativos para el Organismo Operador.

La problemática del agua en Nezahualcóyotl es uno de los municipios del país con mayor densidad de población a nivel nacional, por lo consiguiente el volumen de abastecimiento es bajo en comparativa con las delegaciones en el Distrito Federal o con otros municipios conurbados del estado de México.

El desabasto de agua en el municipio, se da debido a la insuficiente agua en bloque que se compra directamente a la Comisión Nacional del Agua y cualquier contingencia en la distribución afecta el volumen que se requiere para distribuirse en las colonias. Otra afectación tiene que ver con la presión con la que se administra desde las fuentes de origen, ya que esta no es suficiente para poder llegar a las colonias más alejadas.

La infraestructura presenta los mismos problemas que se presentan en la Ciudad de México, es decir, ya resulta obsoleta para la demanda que se presenta en el municipio y la detección de fugas es difícil en algunos de los casos, lo que implica que se desperdicie agua. Las colonias más afectadas por el desabasto se localizan en la zona oriente y en la zona norte, entre las afectadas están Bosques de Aragón, Aragón, Loma Bonita, Reforma, Campestre Guadalupe, El Sol entre otras.

La falta de infraestructura es lo esencial ya que es en donde radica el problema del desabasto del agua.

Factores que se relacionan a la infraestructura son:

Disponibilidad del agua, la disponibilidad se refiere a la capacidad de poder obtener agua de las diferentes fuentes de manera constante y que no requiera de esfuerzos extraordinarios, la disponibilidad se puede ver comprometida cuando las fuentes disminuyen su caudal y la lejanía de estos (los sistemas Lerma y Cutzamala son ejemplos de estos puntos), la disminución de precipitación pluvial en los lugares de origen de las fuentes también disminuyen el volumen aprovechable, la extracción excesiva es otro problema que afecta la disponibilidad ya que los mantos acuíferos están sobreexplotados como es el caso del acuífero Chalco – Amecameca que tiene un promedio de extracción de 128.4 milímetros cúbicos anuales y uno de recarga de 74 milímetros cúbicos por año que da un déficit de 73.5 por ciento de sobreexplotación (Burns 2006: 46)., por otra parte y con relación directa tenemos la demanda excesiva por parte de los habitantes ya que el volumen disponible es insuficiente para lo que requiere la población que habita en el municipio.

Existe una Infraestructura deficiente, debido al hundimiento de la ciudad, que se presenta en la zona donde se localizaban los lagos, la infraestructura se ve dañada, es el caso de las tuberías que se revientan debido a estos hundimientos. El desarrollo de los servicios se dio en la década de los sesenta del siglo pasado, desde entonces no se han hecho modificaciones y solo se da mantenimiento correctivo a la red cuando existe un desperfecto.

También obsoleta, la falta de mantenimiento a la red de distribución, es una de las causas que la hacen obsoleta, otro factor es la existencia de fugas las cuales pueden ser difíciles de detectar y por consecuencia no se reparan. Resulta importante mencionar que la red es insuficiente para la demanda de agua por parte de la población, en este caso se debe también a la falta de presión de parte de las plantas de bombeo.

Política de distribución

El modelo actual de gestión del agua, se basa en la importación de agua potable y la exportación de las aguas de desecho de una cuenca a otra. El municipio de Nezahualcóyotl repite este modelo ya que obtiene agua del subsuelo por medio de los pozos de extracción sumada a la que se adquiere por la compra de agua en bloque proveniente del sistema Cutzamala; posteriormente las aguas negras se integran al sistema de evacuación que lleva las agua negras hacia el océano atlántico.

En la distribución se emplean mecanismos de supervisión que evita que el volumen baje o sea excesivo, sin embargo en periodos de escasez, se tiene que recurrir a la repartición de agua por medio de pipas pertenecientes al municipio. En este modelo también existe un desaprovechamiento del agua de ríos que confluyen en la zona central de la ciudad, los ríos son utilizados para la descarga de las aguas negras y el caudal es contaminado sin que se le de algún uso productivo al agua.

Los criterios de distribución no son eficaces, ya que si bien en el organismo operador tienen obligación de proveer el agua, la distribución por medio de pipas solo se hace por solicitud formal; por otra parte los pobladores no realizan la solicitud ya que el servicio está sujeto a propinas, al pago puntual del servicio en el ayuntamiento y en tiempos políticos al apoyo del grupo interesado. Además se encuentra la distribución por medio de pipas particulares, en este caso la calidad del agua no es verificada por ninguna instancia, no se regula su procedencia y tampoco las tarifas que cobran a sus usuarios.

No existe difusión de políticas gestión adecuada del agua, de parte de las instancias municipales hacia las acciones para el uso adecuado del agua por parte de la población, a nivel municipal no existen programas para la captación y reutilización de las aguas pluviales; y tampoco se fomenta la reutilización de aguas grises.

No hay continuidad en planes para mejorar la gestión, cada trienio se concibe un nuevo plan hídrico y no se le da continuidad al anterior. Es común que con cada cambio de administración, se comiencen labores como el mapeo y que no se actualicen procesos como el diagnóstico actual de la red de distribución.

Los impactos originados por el desabasto del agua, repercuten en la calidad de vida de los habitantes en diferentes aspectos, sus efectos están relacionados con el tipo de causa que origina uno o más problemas dentro del desabasto del agua como fenómeno. Los impactos tienen diferente magnitud y no todos son percibidos directamente por los habitantes, estos se agrupan de la siguiente manera:

Impactos físicos (son los percibidos directamente por la disponibilidad de un volumen de agua, inciden directamente en las actividades y la productividad, pueden llegar a afectar la salud indirectamente afectan el medio donde se localiza la colonia).

Impactos sociales (alteran la calidad de vida de los habitantes, ya que ante la falta de agua necesitan cambiar sus costumbres, sus tiempos necesitan ajustarse a la búsqueda de agua para complementar su dotación, a mayor escala impide el desarrollo urbano y puede dar pie a conflictos políticos y sociales.).

Impactos económicos (En la búsqueda de la mitigación del desabasto del agua, los habitantes tienen que usar más recursos económicos para tener el agua que cubra sus necesidades).

Gastos innecesarios, ante la falta de agua para poder satisfacer sus necesidades, tienen que recurrir a la compra de agua embotellada o de bebidas industrializadas, por otra parte también deben comprar agua a pipas particulares o bien realizar gastos extraordinarios para poder comprar o construir elementos que les permita almacenar un mayor volumen de agua.

Aumento en el precio del agua (especulación), el aumento de los precios es una consecuencia del aumento de la demanda por el líquido, esto se da principalmente en las tarifas de la distribución de agua potable.

Asimismo la compra de agua a pipas particulares, depende de la capacidad económica de las familias; por otra parte no existe alguna regulación con respecto a las tarifas, tampoco sobre la calidad del agua que van a proveer ni tampoco existe la obligación para que notifiquen la fuente de donde procede esta agua.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, Comisión del Agua del estado de México y al Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Nezahualcóyotl para que en coordinación verifiquen y realice las acciones pertinentes para contrarrestar el gran desabasto de agua potable que sufren los ciudadanos del municipio de Nezahualcóyotl y asimismo hagan públicas las acciones realizadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputadas: Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos locales a hacer eficiente el funcionamiento de los centros penitenciarios a su cargo y delinear políticas integrales de reinserción social, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis y Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los que suscriben, diputada federal, Rosa Alba Ramírez Nachis y diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrantes a la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II y, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, existe una desatención a la sociedad carcelaria y sus personajes en cautiverio, surge aquí por una parte, la demanda social y por otra, la necesidad en los ámbitos estatal y federal de instrumentar políticas que en armonía, con los principios fundamentales penitenciarios coadyuven a garantizar los Derechos Humanos de los reclusos, para ofertar las instituciones penitenciarias necesarias que en forma concatenada, contribuirán al exitoso proceso de reinserción social de los reclusos.

El sistema penitenciario en México padece de sobrepoblación, falta de personal técnico capacitado, jueces amen de una sistemática violación a los derechos humanos de los presos; Topo Chico y Ciudad Victoria, pasaron de la riña a la tragedia, dejando ver los problemas que existen en las cárceles mexicanas. En el primero, ubicado en Nuevo León, murieron 49 reos; en el segundo, en Tamaulipas, la riña dejó a 8 internos heridos, situación que tiene entre otras causales a la sobrepoblación, si bien es una de las más importantes no la más seria.

Según las cifras de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a Junio del 2015 refieren que más de la mitad de los penales en el país tienen un problema de sobrepoblación, donde las 420 cárceles cuentan con una capacidad de 195,278 mil personas, pero el total sobrepasa por 46 mil 722 internos este cupo, es decir, existen 242 mil reclusos en estos centros penitenciarios.

La problemática actual en los estados de Nayarit, Hidalgo, Jalisco, el Estado de México, Sonora, mismo Nuevo León y Tamaulipas, en donde se presentan la mayor sobrepoblación penitenciaria, y en apenas el 50 % de los reos tiene una sentencia. Pero no obstante la gravedad de las cifras, el problema es más serio, se reportaron en el 2014, dos mil 436 incidentes al interior de todas las cárceles en el país, teniendo un registro de mil 218 peleas, 48 huelgas de hambre, 25 homicidios y 20 fugas, mientras que en periodo de febrero a junio de 2015 se tiene conocimiento de 93 riñas, 28 decesos y 1 fuga.

En los penales estatales el 22 % de los reclusos tienen una sentencia, El Sistema Penitenciario argumenta, la falta de jueces, el tiempo que tardan los trámites judiciales y la falta de personal en el ámbito penal para hacer frente a la carga de trabajo,

De todas las condenas que se dictan por parte de los jueces solo el 3.6 % no tiene como destino la cárcel y la reinserción no parece ser la solución a esa problemática. Cabe señalar que más del 88% de los internos fueron involucrados en actividades de reinserción social, pero hasta 2014, el 45 % de esos reclusos ya había reincidido en cometer uno o más delitos tras ser liberados.

En los 15 años recientes la población penitenciaria en el país se ha incrementado en un 39 %, mientras que en el 2000 había 154 mil reos, el año pasado eran 251 mil, hace 15 años en el país existían 433 centros de reclusión, mientras que actualmente existen 420.

Ante este panorama, el país necesita implementar reformas al sistema penitenciario que permitan modificar las tendencias de crecimiento actuales de la población carcelaria y así controlar también las consecuencias asociadas. Entre otras cosas, se propone replantear el sistema de sanciones y hacer un uso responsable de la prisión como medida extrema.

La readaptación social en México, tiene por objetivo que las personas que han delinquido y cumplieron una sentencia se reincorporen a la sociedad ya rehabilitadas y puedan reintegrarse a la vida en libertad con respeto a la ley, premisa que se encuentra lejos de cumplirse en la realidad y ha llevado al fracaso al sistema penitenciario del país.

Entre las principales causas que propicia el bajo porcentaje de readaptación de quienes transgreden la ley y pagan a través de la privación de la libertad su deuda con la sociedad, se encuentran la crisis interna de los penales, la insuficiente preparación del personal técnico y especializado, la falta de leyes o reglamentos actualizados, que permitan aplicar eficientemente los programas y pocos recursos económicos.

A juicio de criminólogos y expertos, esta situación provoca que la readaptación a la fecha, se haya convertido en una simulación, ya que no logra que la gran mayoría de quienes quebrantaron la ley y causaron un daño social sea rehabilitada para llevar una vida útil y productiva.

Peor aún, afirman los especialistas, el hacinamiento y al ambiente enviciado a los que son expuestos en las cárceles al convivir primo delincuentes con re incidentes o quienes llevan una vida delictiva, propicia el efecto contrario del que se pretende: convierten a las cárceles en escuelas para criminales.

A las condiciones materiales y un ambiente desfavorable para la recuperación de quienes han quebrantado la ley, debe sumarse el rechazo por parte de la sociedad, por lo que deben enfrentar duros obstáculos para volver a ser admitidos en su comunidad.

De ahí que en las desastrosas circunstancias en las que funciona el sistema penitenciario mexicano, la readaptación social como política y programa de rehabilitación se ha convertido en un mito, con graves consecuencias: quienes cumplieron una sentencia de cárcel regresan a libertad no solo estigmatizados si no en la mayoría de los casos portando un alto potencial criminal.

El costo del fracaso de la readaptación social está a la vista: alta reincidencia, mayor criminalidad y aumento de la inseguridad.

¿Readaptar o reinsertar?

En el artículo 18 de la Constitución se establece que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”.

En el país y a nivel internacional se ha dado un intenso debate entre criminólogos y expertos penitenciarios, respecto de los conceptos de readaptación social o reinserción que deben permitir a los sentenciados reintegrarse socialmente, después de una serie de métodos, programas y protocolos creados ex profeso para buscar su reincorporación a la sociedad una vez cumplida una pena carcelaria.

Con la reforma al Sistema de Justicia Penal del 2008, en el texto constitucional se cambió el concepto de “readaptación social” por “reinserción” y se aumentaron otras condiciones para la rehabilitación del interno, como el respeto a los derechos humanos y el acceso al deporte, además de la capacitación, la educación y la salud previstos anteriormente en la ley.

“Por otro lado, el Investigador Guillermo Zepeda, refiere que la readaptación social es inadecuada ya que al momento que los sentenciados terminan con sus condenas y se insertan nuevamente en su entorno social, estos vuelven a delinquir, por lo que no es posible que los sentenciados logren durante su estancia logren su reinserción a la sociedad.

Destacan que entre los factores que inciden de manera determinante para no alcanzar ese propósito se encuentran sobrepoblación, hacinamiento, ambiente criminal en las cárceles, no obligación del trabajo durante la reclusión, no separación de procesados y sentenciados, así como insuficiencia de recursos humanos, materiales y técnicos para aplicar programas que permitan una adecuada rehabilitación de los internos.

Esta situación queda confirmada en el estudio La Reinserción Social como fin de la pena privativa de la libertad en México, realizado por los investigadores Eduardo Barajas Languren, Guadalupe José Torres y Martha Belén Palma Ramírez, quienes resaltan que lejos de ser un castigo exclusivo para quienes realmente han cometido un delito y deben purgar una sentencia, la cárcel “se ha convertido en gran medida en el lugar para alojar a individuos acusados por delitos graves o que se encuentran en espera del desahogo de un proceso judicial, quienes aguardan que se les dicte una sentencia (prisión preventiva)”.

Aseveran que en lugar de ser un espacio para promover la reinserción a la sociedad de quienes violan la ley, las prisiones mexicanas son lugares de hacinamiento donde los derechos humanos no se respetan y la violencia prevalece.

Hay que recordar que el Artículo 18 Constitucional establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

Los investigadores se preguntan respecto a los internos, “¿Prevenir y disuadir futuros criminales?”, cuestionan y recuerdan que a nivel nacional el indicador de reincidencia es de 15.5 % y hay estados donde más de 20% de los internos es reincidente lo cual indica que los centros penitenciarios no están siendo exitosos en su labor de reinserción social.

Concluyen que la privacidad de libertad utilizada como pena para castigar a quien comete un delito está muy alejada del fin que pretende el artículo 18 Constitucional, que es la reinserción social de los sentenciados y procurar que no vuelvan a delinquir, ya que es evidente que las autoridades responsables no han sabido cumplir las obligaciones que impone la Constitución, además de que no se utilizan los tratamientos adecuados para cada sentenciado.

“Las condiciones actuales de la prisión en México no permiten llevar a cabo satisfactoriamente la reinserción social y, por el contrario, las habilidades que ahí se aprenden más fácilmente son aquellas asociadas con más conductas delictivas o violentas”.

Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, afirma que está demostrado que en México no funcionan la readaptación social y la resocialización de quienes trasgredieron las normas, ya que no se aplican los principios establecidos en el artículo 18 Constitucional.

Después del acontecimiento en el penal de Topochico en Monterrey, Nuevo León, se expuso la crisis que se vive en algunos penales de la República Mexicana.

Detallo enseguida los centros penitenciarios a nivel nacional.

Tipo de delitos

Con relación al total de los internos que son 242 mil, según el Consejo de Seguridad Nacional, cifra que con el 78% de los delitos, son del fuero común y el 22% del fuero federal.

Actualmente se tiene una sobre población global en los penales, siendo estos, en el 2006 del 27.4%, en el 2010, del 20.4% y en el 2011 del 22.7%, respectivamente.

Por su parte el director del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y La Justicia Penal, José Antonio Ortega, considera que no hay readaptación social por que en los penales del país prevalecen el autogobierno, la sobrepoblación y las actividades criminales, como se acaba de constatar en el penal de Topochico, Monterrey, Nuevo León, donde hace un par de semanas murieron 49 internos durante un enfrentamiento entre grupos rivales.

Ortega reconoció que a quienes han recibido una pena carcelaria y buscan reintegrarse a la sociedad les es difícil integrarse al mundo laboral.

Así, la experiencia en México en las últimas décadas demuestra el fracaso de la readaptación social que cumplió una sentencia de cárcel.

Las leyes, normas y protocolos que se aplican a los internos de los penales para rehabilitarlos y se adapten a la sociedad una vez que obtengan su libertad no funcionan en un ambiente carcelario en el que prevalecen graves problemas de hacinamiento, violencia, violación de derechos humanos y otros males que carcomen y hacen inútil cualquier esfuerzo por brindar una nueva oportunidad social a quienes han delinquido.

Se propone instrumentar un nuevo modelo de reinserción social, mediante la capacitación laboral, en cual el recluso pueda recibir atención psicológica, conjuntamente con los miembros de su familia, así como capacitación que les permita la creación de incubadoras sociales, en el proceso de estar purgando su condena, apoyándoles con vinculación institucional en el ámbito educativo, donde se cuente con la cadena de valor desde la prospectiva de la idea, hasta la materialización del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a los gobernadores de las entidades federativas a que en el ámbito de sus competencias diseñen e implementen acciones para eficientar el funcionamiento de los centros penitenciarios a su cargo y delinear políticas integrales de reinserción social.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputados: Rosa Alba Ramírez Nachis, Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Saltillo, Coahuila, a aceptar y cumplir la recomendación número 103/2015, de la CDH estatal, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Armando Luna Canales, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que reconsidere su negativa de aceptar la Recomendación No. 103/2015, que le fue girada por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, y en consecuencia acepte y de cumplimiento a la misma en todos sus términos, con base en las siguientes:

Consideraciones

Desde el 1 de abril de 2015, el ayuntamiento de Saltillo, capital de Coahuila de Zaragoza, implantó el “Programa de Soporte Técnico de Medición de Tráfico y Multas Electrónicas”, o “foto multas” como es conocido por la ciudadanía, consistente en la aplicación y emisión de multas derivadas de la comisión de infracciones de tránsito a través del sistema vial equipado con cámaras de circuito cerrado, que permiten al ayuntamiento de Saltillo la identificación vehicular electrónica y la aplicación de sanciones por la misma vía.

Para la consecución de lo anterior, el programa se auxilia en cámaras especiales que detectan a los automóviles que circulan a exceso de velocidad, y aquellos que no respetan la reglamentación de tránsito. Para ello, las cámaras especiales pueden captar múltiples fotografías por segundo, mismas que cuentan con una definición que permite capturar el número de las placas del vehículo, las cuales, posteriormente, son relacionadas al domicilio en el que está registrada la unidad. Lo anterior sin importar, que quien cometa tales conductas sea o no el propietario del vehículo automotor.

Previo a la fundamentación de la presente proposición, deseo externar mi respaldo por el cumplimiento irrestricto y el respeto cabal de los reglamentos de tránsito, así como mi apoyo total en pro de una adecuada cultura vial de la población. Sin embargo, al igual que la ciudadanía de Saltillo, el suscrito reprueba que para la consecución de tales fines, se empleen mecanismos y acciones que vulneren los derechos fundamentales de la población, así como medidas desproporcionadas y contrarias a lo establecido por el propio texto constitucional, como es el caso de las acciones derivadas del programa de multas electrónicas que ha sido implementado en el municipio de Saltillo por el alcalde Isidro López Villarreal.

Desde el inicio del programa citado, la ciudadanía saltillense ha manifestado su inconformidad a través de diversos medios e inclusive, se ha visto en la necesidad de tener que interponer juicios de amparos para poder acceder a la protección y justicia frente a los actos conculcatorios de sus derechos, y que derivan de la implementación de tal programa.

Como consecuencia de lo anterior, juzgados federales han concedido diversos amparos a favor de habitantes de Saltillo, en cuyos fallos declaran la inconstitucionalidad de disposiciones del Reglamento de Tránsito y Transporte del municipio, como lo es el artículo 121 de dicho ordenamiento.+1

A la par de lo anterior, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, CDHEC, emitió, recientemente, su Recomendación No.103/2015, dirigida al Presidente Municipal de Saltillo. Por medio de la misma, este órgano de protección se pronuncia respecto al sistema de multas electrónicas y señala que con motivo de su implementación: “el personal del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, es responsable de la violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública en perjuicio de conductores y propietarios de vehículos que circulan en esta ciudad.”2

En tal recomendación, el órgano de protección estatal señala que con la implementación del Programa de Soporte Tecnológico de Medición de Tráfico y Multas Electrónicas de Tránsito “la aplicación de sanciones por las infracciones del Reglamento de Tránsito y Transporte para el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, desde que se detecta la infracción, se entregan las boletas respectivas y se realizan acciones para su cobro, es decir, su detección, notificación y ejecución, no es realizada por una autoridad administrativa tal y como lo establecen los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino por una empresa particular; de igual forma, por haber proporcionado la autoridad municipal a una empresa particular, información relativa a la Base de Datos del Padrón Vehicular del estado de Coahuila de Zaragoza, no obstante tener la prohibición de revelar datos así como información al respecto, todo ello constituye ejercicio indebido de la función pública.”3

En ese sentido, la CDHEC especifica diversas razones por las que el “Programa de Soporte Tecnológico de Medición de Tráfico y Multas Electrónicas de Tránsito” no se ajusta a las disposiciones constitucionales, legales y demás normatividad aplicable, entre las que se encuentran las siguientes:

• Los actos de molestia en la esfera jurídica de los gobernados, como lo son la impresión de la boletas de infracción y la aplicación de sanciones por la comisión de infracciones al reglamento de policía, no son realizados por la autoridad, lo cual es un requisito para su legal y legítima aplicación, por lo que en consecuencia no se actualizan los requisitos previstos en los artículos 16 y 21 de la Constitución;

• Al permitir que un particular realice la actividad de detección de infracciones, la notificación de la sanción administrativa e incluso su ejecución, se violentan la legalidad y la seguridad jurídica que deben ser observadas por toda autoridad;

• La aplicación de las infracciones fue a cargo de un particular como consecuencia de una autorización indebida de la autoridad municipal;

• La autoridad municipal, al delegar la facultad para aplicar sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, se extralimitó en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas legalmente, lo que redundó en la violación de los derechos humanos de la ciudadanía;

• Al permitir que un particular pueda realizar actos de molestia en la esfera jurídica de los gobernados, ello conlleva colocar en un estado de indefensión a la población, ya que la emisión, notificación y ejecución del acto administrativo, en este caso la imposición de multas, forzosamente debe llevarse a cabo por una autoridad. Asimismo, ante tal situación, el ciudadano se encuentra en estado de indefensión para impugnar, en la vía administrativa, un acto que formal y materialmente fue realizado por un particular y que invariablemente debe realizarlo la autoridad.

• De acuerdo con el contrato de prestación de servicios, celebrado entre el ayuntamiento de Saltillo y la empresa particular, se acredita fehacientemente que la aplicación, notificación y ejecución de las multas se lleva a cabo por dicha compañía y no por la autoridad, lo cual constituye un ejercicio indebido de la función pública. Asimismo, dicho contrato concede facultades a la empresa, que sólo pueden ser realizadas por la autoridad, como es el caso de la relativa a la ejecución de las sanciones;

• La infracción atribuida al ciudadano se encuentra viciada de origen, en virtud de que no fue impuesta por la autoridad administrativa competente, en consecuencia, todos los actos posteriores que se lleguen a efectuar con motivo de la misma, deben de considerarse ilegales;

• Los servidores públicos del ayuntamiento de Saltillo no realizaron su función en estricto apego a derecho, por lo que no ajustaron su actuación a los lineamientos constitucionales y legales;

Con la actuación del ayuntamiento, fueron vulnerados los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política, toda vez que con la celebración del multicitado contrato de prestación de servicios, se advierte que la autoridad municipal delegó, de manera indebida a una empresa, la facultad de captar las infracciones, aplicar las sanciones y, además, establecer los mecanismos para su notificación y ejecución en la esfera administrativa, lo cual es contrario a la normativa constitucional, ya que tales actos deben ser realizados por la autoridad administrativa competente.

Asimismo, tanto la CDHEC, como diversos medios de comunicación locales, han documentado la comisión de diversos actos arbitrarios derivados de la aplicación del programa de “foto multas”, entre los que se encuentran: ingresos a domicilios y cocheras para entregar las infracciones; realización de operativos en vialidades y búsquedas de las unidades vehiculares; desproporcionalidad de las multas impuestas; entre otros.

Adicionalmente, diversos medios de comunicación han documentado otras anomalías en torno a la implantación del programa, entre las que se encuentran: falta de licitación del contrato con la compañía responsable del sistema de las foto multas; dilación en la publicación del tabulador que indica los incrementos en las multas según el nivel de exceso de velocidad; opacidad en la información relativa al destino de los recursos obtenidos por concepto de las multas electrónicas; cuestionamientos sobre los fines recaudatorios del programa.

Por otra parte, ha quedado evidenciada la extralimitación e incumplimiento, en la que incurrió el ayuntamiento de Saltillo respecto al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Municipal, para la Administración de la Base de Datos del Padrón Vehicular del estado de Coahuila, de 19 de marzo de 2015, celebrado con el gobierno de esa entidad federativa.

En dicho convenio, se estableció la prohibición expresa, para el ayuntamiento, de transmitir a terceras personas los datos que se contienen en el padrón vehicular del estado de Coahuila. Sin embargo, pese a ello, la autoridad municipal incumplió tal prohibición.

Derivado de lo anterior, la CDHEC hizo evidentes la comisión de violaciones a la protección de datos personales e información confidencial de las personas que obraban en la base de datos que le fue conferida al Ayuntamiento, no obstante de tener la obligación de no revelar datos ni información al respecto.

En esa tesitura, el órgano de protección estatal concluye que tal actuar se encuadra dentro del ejercicio indebido de la función pública, contraviniendo lo establecido en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política, así como lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el estado de Coahuila de Zaragoza; la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales de la misma entidad; y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como lo son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Como consecuencia de lo anterior, la CDHEC emitió un total de seis resolutivos a través de los cuales recomienda al presidente municipal de Saltillo, la realización de diversas acciones tendentes a eliminar las violaciones a los derechos humanos derivadas de la operación del programa de multas electrónicas. Entre las acciones que el órgano estatal de protección recomienda al ayuntamiento citado, se encuentran las siguientes:

• Instruir un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que autorizaron a la empresa particular para que realizará funciones de detección, notificación y ejecución de infracción por faltas al Reglamento de Tránsito y Transporte, y a los que transmitieron a dicha empresa, los datos contenidos en el padrón vehicular del estado de Coahuila, pese a tener prohibición legal para hacerlo;

• Operar, de manera directa, las funciones referentes a la detección, notificación y ejecución de infracciones, mismas que transfirió, de manera indebida, a la empresa particular;

• Proceder, de manera urgente, al análisis y estudio del contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa particular, a efecto de que al mismo se ajuste a las disposiciones constitucionales, legales y normativas que inciden en el control y tráfico de peatones y vehículos en la vía pública del municipio;

• Imponer, por medio de la autoridad administrativa municipal competente, las sanciones por infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte, y observar, en los procedimientos y recursos administrativos incoados con motivo del programa de multas electrónicas, el principio de legalidad y seguridad pública;

• Abstenerse de realizar operativos para la entrega de infracciones derivadas del programa de multas electrónicas que fueron impuestas por una empresa particular;

• Ejercitar las acciones legales a que haya lugar, por haber transferido a un tercero los datos contenidos en el Padrón Vehicular del Estado de Coahuila de Zaragoza;

• Reparar el daño causado a los agraviados con motivo de la implementación del Programa de multas electrónicas, en aquellos casos donde la imposición de multas no haya observado el principio de legalidad y de seguridad jurídica en los actos de autoridad.

Lamentablemente, el Ayuntamiento de Saltillo, en una actitud de total indiferencia a los derechos humanos de sus habitantes, rechazó la Recomendación 103/2015, formulada por el ombudsman local, argumentando que con el programa de multas electrónicas se defiende la vida, además de añadir que no permitirá la impunidad de quienes conducen a exceso de velocidad. Por si lo anterior fuera poco, el presidente municipal descalificó la validez de dicha recomendación equiparándola con un llamado a misa, y calificó como mentiras las observaciones contenidas en la recomendación 103/2015.4 Asimismo, el edil declaró lo siguiente: “si es una recomendación ellos tendrán sus razones, pero es una recomendación, o sea, yo también puedo recomendar muchas cosas, pero tenemos que ser maduros y la tomaremos como recomendación y le agradecemos”. Con declaraciones como las anteriores, se evidencia un amplio desconocimiento de los contenidos introducidos a nuestra Ley Suprema con la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, así como del sistema no jurisdiccional de protección de estos derechos.

Adicionalmente, pese a la especialización y el principio de buena fe que guían el actuar de la CDHEC –y de todo órgano de protección de los derechos humanos–, el subsecretario del ayuntamiento de Saltillo, José Guadalupe Martínez Valero, acusó a dicho organismo estatal de querer politizar el tema de las multas electrónicas y de emitir una recomendación mal fundamentada y motivada5 . Lo anterior, pese a la solidez de la valoración realizada en la recomendación 103/2015, la cual se apoya con criterios de la SCJN y con lo establecido por distintos ordenamientos jurídicos.

No se pasa por alto señalar, la siguiente declaración del servidor público recién citado: “me parece que es una cosa de canallas, porque además no están haciendo las cosas bien, desde este organismo defensor de los derechos humanos se está politizando el tema...”

Conductas como las anteriores no pueden tener cabida en cualquier estado constitucional y democrático de derecho, máxime cuando nuestro país ha colocado a la persona humana como el fundamento y sentido de toda actividad gubernamental. Por lo anterior, mediante esta proposición se solicita, que desde esta soberanía, se haga un respetuoso exhorto al presidente municipal de Saltillo, para que reconsideré su negativa y, en consecuencia, acepte y cumpla la Recomendación número 103/2015, que le fue dirigida por la CDHEC.

Si bien es cierto, el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos tiene como sustento el principio de buena fe de las autoridades y, consecuentemente, las recomendaciones emitidas no son vinculantes para las instancias públicas a quienes van dirigidas; también es cierto el hecho de que los esfuerzos de nuestro país apuntan a la promoción y respeto de dicho sistema. Prueba de ello es la apertura que, en años recientes, el Gobierno Mexicano ha mantenido al invitar a diversos relatores de los Sistemas Universal e Interamericano, las evaluaciones a las que México ha acudido ante los Mecanismos y Comités de los mismos, la eliminación de distintas reservas a diversos instrumentos internacionales, y la implementación de acciones como consecuencia del seguimiento a las recomendaciones y observaciones formuladas por la comunidad internacional de Estados.

A lo anterior, cabe citar diversos argumentos del Poder Judicial de la federación, tal es el caso de la tesis de jurisprudencia identificada por los datos siguientes: Novena Época, Registro: 191486, Segunda Sala, Tesis de Jurisprudencia, número 2a./J. 61/2000, que indica:

Actos administrativos. Para cumplir con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, deben contener el lugar y la fecha de su emisión. De conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, todo acto de molestia debe ser emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, entendiéndose por ello que han de expresarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En tal virtud, a efecto de satisfacer estos requisitos, es menester que la autoridad señale con exactitud el lugar y la fecha de la expedición del acto administrativo, a fin de que el particular esté en posibilidad de conocer el carácter de la autoridad que lo emitió, si actuó dentro de su circunscripción territorial y en condiciones de conocer los motivos que originaron el acto, los fundamentos legales que se citen y si existe adecuación entre estos elementos, así como la aplicación y vigencia de los preceptos que en todo caso se contengan en el acto administrativo para preparar adecuadamente su defensa, pues la falta de tales elementos en un acto autoritario implica dejar al gobernado en estado de indefensión, ante el desconocimiento de los elementos destacados. (el subrayado es propio).

Asimismo, es aplicable la tesis que se cita a continuación, identificada con los datos siguientes: Novena Época, Registro: 18867, Segunda Sala, Aislada, número 2a. CXCVI/2001.

Autoridades incompetentes. Sus actos no producen efecto alguno. La garantía que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra íntimamente adminiculado a la garantía de fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido.

Y, de igual modo, la disposición constitucional señala:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”

Ciertamente, en el caso concreto, no se reúne el requisito constitucional de la fundamentación y motivación realizada por una Autoridad pues, en el tema que nos trae a colación, se trata de una empresa particular, la cual, no se ha subsumido en las funciones de autoridad y, en consecuencia no puede en modo alguno ostentarse con tal carácter, e infringiendo la esfera jurídica de los particulares. A todas luces, ello constituye una flagrante violación a los derechos fundamentales de los gobernados y debe de ser terminantemente censurada y, procederse en atención a las obligaciones básicas que corresponden al Estado tratándose de su violación: respetar, proteger, prevenir, garantizar, y, como derivado de esta última obligación, investigar, sancionar y castigar.

Aunado a lo dicho y, como se reafirma en la tesis antes citada, el acto realizado en el caso concreto carece completamente de fundamentación jurídica alguna y, por tanto de competencia. En consecuencia, debería de ser completamente nulo y no tener ningún poder vinculante, más sin embargo, en el caso que nos ocupa, se aprecia que lejos de hacérsele nulo, se le brindan las facilidades municipales para hacer efectiva la consecuencia jurídica de un acto que, como hemos visto, no debería de surtir efecto alguno.

Por lo anterior, y en consonancia con esa línea de acción, el ayuntamiento de Saltillo no puede ni debe ser irrespetuoso de la Recomendación número 103/2015 que le fue girada por la CDHEC, máxime cuando dicho gobierno municipal, al igual que todas las autoridades públicas, forma parte del Estado Mexicano y tiene el deber de velar por la protección, respeto y garantía de los derechos fundamentales de sus gobernados. Pero además y, por sobre todo, el gobierno municipal no puede en forma alguna desconocer los postulados constitucionales que le obligan a conducirse conforme a la Constitución y las leyes.

Por lo expuesto, tengo a bien proponer, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que reconsidere su negativa de aceptar la Recomendación número 103/2015, que le fue girada por la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Coahuila de Zaragoza y, en consecuencia, acepte y de cumplimiento a la misma en todos sus términos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputado Armando Luna Canales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la generación de protocolos para garantizar los derechos humanos de los internos en el sistema penitenciario mexicano, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El principal referente normativo del sistema penitenciario es el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su segundo párrafo establece: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respecto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.”

A su vez, el artículo primero de la Constitución señala que la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, se hará de “...conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. En este sentido, las personas privadas de su libertad, que son de los grupos más vulnerables frente al abuso del poder y la violación de derechos humanos, podrán disponer de una esfera más amplia de derechos y garantías.

El marco de los instrumentos internacionales también contempla la supremacía de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Recursos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad y todas las resoluciones de instancias multilaterales de protección a los derechos humanos, son el telón de fondo de un conjunto básico de garantías que se deben cumplir por todos los estados.

Existe sobrepoblación cuando el número de internos excede los espacios disponibles en el sistema penitenciario. México tiene sobrepoblación en la mayoría de sus cárceles equivalente a 25 por ciento, cifra que creció en los últimos 10 años y es la Ciudad de México la que registra mayores problemas de hacinamiento, de acuerdo con un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Uno de cada tres internos del país sobrevive en el Distrito Federal, estado de México o Jalisco. Concentraciones de entre tres mil y trece mil personas son bombas de tiempo esperando detonación en los centros penitenciarios.

En la siguiente tabla se muestran los centros penitenciarios en México y su capacidad operativa:

Reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estudios de organismos ciudadanos del país y del extranjero, cada vez llaman más la atención sobre la bomba de tiempo en que se ha constituido el sistema carcelario mexicano donde persisten las condiciones inhumanas. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que las deficiencias en la clasificación criminológica de los internos, así como la falta de separación entre procesados y sentenciados en áreas comunes son factores que reducen la eficacia de la reinserción social del interno, uno de los cinco rubros que evalúa dicho diagnóstico.

Ruth Villanueva, visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que las cárceles en México tienen una grave crisis y resaltó que 28 de los 388 centros penales del país se registra una sobrepoblación de más de 40 por ciento, calificada por las autoridades penitenciarias como un riesgo crítico. Sin embargo existen prisiones donde el sobrecupo es de cien por ciento.

En el mismo reporte se detalla que 20 centros penitenciarios registran una sobrepoblación de más de 20 por ciento de su capacidad y particularmente en la Ciudad de México hay tres reclusorios diseñados para mil 200 reos y con una capacidad para 6 mil personas, sin embargo en la actualidad albergan a 13 mil internos.

Además se menciona que 1 de cada 4 reos no cuenta con un espacio óptimo de habitabilidad, es decir no tienen camas, el derecho a la salud se encuentra mermado, hacen falta medicamentos, médicos generales, hace falta personal y el personal que está no está capacitado. El autogobierno se registra en 76 centros penales y este problema conlleva a la ingobernabilidad.

En octubre de 2014 el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Juan E. Méndez constató la flexibilidad en la que se encuentran los penales debido a la sobrepoblación que rebasa 35 por ciento y por otro lado el acceso a privilegios con los que contaban algunos reos como celdas de lujo equipadas, lo que refleja la verdadera imagen de corrupción de las cárceles en México.

Por lo que respecta al evento trágico ocurrido en el penal de Topo Chico, en el municipio de Monterrey, referente al motín ocurrido, la ONU exigió en febrero de este año, a través de su relator, se establezcan las responsabilidades legales de las autoridades penitenciarias y que se garanticen los derechos de las familias, que dejaron como resultado 49 muertos y 12 heridos.

Por otro lado, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, señaló que durante la visita realizada los días 22 y 24 de septiembre de 2015, observó que en las cárceles existe una problemática similar, hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato e imposibilidad para presentar quejas1 .

Destacó que durante su visita al reclusorio Oriente, se encontró con una sobrepoblación de más de 12 mil personas, siendo la capacidad del penal de 5 mil 604 reos.

Por su parte, en una investigación realizada por el jurista y expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Sergio García Ramírez y la revista Proceso , se señala que las prisiones en México son mercados de la miseria humana, donde todo tiene precio. Se ha puesto bajo tarifa todo: la vida, la integridad, el alimento, el sexo, y la esperanza de un futuro mejor.

De acuerdo con el jurista los verdaderos problemas en las cárceles en México son la corrupción, la impunidad y la falta de preparación en el personal que las guía. “hace falta mejorar la capacitación de los encargados de las prisiones. Desde los más modestos hasta los más encumbrados, se necesita que tengan la personalidad adecuada para un cargo tan duro como un custodio o director; no pueden ser analfabetos, deben tener una formación especializada en materia carcelaria, someterse a exámenes y a una supervisión constante y eficaz que permita acreditar que sigue siendo confiable para una tarea tan delicada”. “Tenemos muchas leyes. Hasta la saturación. Hasta la náusea. Tenemos leyes desde el plano constitucional hasta los protocolos. Si no tenemos una verdadera profesión de penitenciaristas, debidamente calificados y supervisados, de poco sirven las normas y las leyes de que disponemos”.

Otra variante por analizar es la victimización de las familias de los presos. La especialista Catalina Pérez Correa2 concluye que los sistemas penales modernos, especialmente los sistemas deficientes y corruptos como el mexicano, no castigan a individuos, castigan a familias. Las familias de los presos deben pagar diversas cuotas, las relacionadas directamente con las visitas como las que se cobran para ingresar las cosas que llevan, para tener una mesa en el área de visitas, para llamar al interno o para ingresas con una prenda de color no permitido. Estas cuotas suelen costar entre 5 y 50 pesos y deben ser pagadas en cada visita. Por otro lado, las que tienen que ver con la vida del interno dentro del centro son: el cobro para obtener una cama donde dormir y no tenga que hacerlo en el piso o amarrado a la reja de la celda, algo que sucede cuando la sobrepoblación de la celda es tal que no caben los internos acostados uno al lado del otro en el piso; para que no sean castigados o golpeados o para no ser trasladados a una peor área.

Los sistemas penitenciarios revelan mucho sobre una sociedad; muestran las dinámicas sociales y el sistema de valores predominantes y premiados. David Garland escribe que los sistemas penitenciarios son instituciones sociales complejas con una variedad de funciones penales y sociales que van desde la expresión de sentimientos punitivos, el deseo de control social, hasta la retribución y exclusión de ciertos individuos o grupos sociales. Ciertamente, en México usamos las cárceles de forma irracional generando daños graves e ilegales, pero invisibles a un importante sector de la sociedad.

La enorme desigualdad de las clases sociales en México se reproduce con increíble ostentación en las prisiones. Botón de muestra, el penal de Topo Chico: un mall con facilidades hoteleras de cinco estrellas para los capos y sus camarillas, en cuyo sótano la pobreza y el terror trituran las vidas de miles de reos.

Por lo expuesto anteriormente, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los gobiernos locales y al gobierno federal a que en el ámbito de sus atribuciones, generen los protocolos pertinentes para garantizar los derechos humanos de los internos.

Notas

1 Obtenido de: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/17/politica/008n3pol

2 Véase: “Mujeres invisibles: los verdaderos costos de la prisión”, en Nexos número 456 diciembre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la SHCP, la Secretaría de Economía y la Administración General de Aduanas a cumplir los términos, acuerdos y anexos del TLCAN sobre la importación de vehículos usados, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Daniel Adrián Sosa Carpio, Diputado Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 fracción I y 79 párrafos primero fracción II y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El 17 de diciembre de 1992, fue firmado el Tratado de Libre Comercio, TLCAN, mismo que entró en vigor el 1 de enero de 1994, permitiendo beneficiar a diversos sectores de la economía nacional, específicamente y en gran medida la industria automotriz.

Actualmente, nuestro país es el principal exportador de vehículos ligeros a Estados Unidos de América, representando 77.4 por ciento del total de las exportaciones, teniendo como segundo destino a Canadá con el 10.7 por ciento y Alemania como tercer lugar con el 1.6 por ciento, lo que permite visualizar a la nación fronteriza del norte como el principal puntos de venta en lo que refiere al mercado automotriz.

El tiempo en que ha estado en vigor el TLCAN, nuestro país se ha consolidado como uno de los principales productores de autos y autopartes a nivel mundial, generando que la producción se haya cuadruplicado y la exportación quintuplicado. Así durante el mes de enero del presente año se exportaron a Estados Unidos de América 165 mil 119 vehículos, lo que representó 14.5 por ciento del total de vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos.

Con el incremento en la producción y la buena calidad de los vehículos fabricados, así como de autopartes en México, la industria automotriz es actualmente trasnacional, permitiendo con ello que se instalen en territorio nacional nuevas empresas ensambladoras, tales como Fiat, Honda, Toyota, Mazda y Kia, entre otras.

Con la implantación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir de 2009 se permitió la importación de automóviles usados modelo 1994, provenientes de Estados Unidos de América y Canadá, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 300-A.2 del convenio mencionado

Una de las principales ventajas que han podido alcanzar con el TLCAN, es el impacto económico para México, toda vez que ante la cercanía con Estados Unidos, se han podido implementar acciones que generan Pyme y estas a su vez, un considerable número de empleos para beneficio de miles de familias.

Con la finalidad de fortalecer la economía y promover la inversión, nuestro país se comprometió a no adoptar ni mantener alguna prohibición o restricción al Anexo 300-A-2 del Convenio celebrado con América del Norte protegiendo así al sector de la industria automotriz.

Sin embargo, el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 1 de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, ha provocado diversos conflictos y afectaciones al sector automotriz de la frontera norte.

El decreto en comento, fija ordenamientos que alteran el espíritu del TLCAN, además, viola el artículo 133 de la Constitución mexicana, que concede el trato de ley suprema a la los tratados internacionales a los que México sea parte, tal como lo establece:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Es importante mencionar que entre los afectados se encuentran todas aquellas familias con ingresos menores a los 15 mil pesos mensuales, y que no cuentan con la oportunidad de obtener el crédito necesario para la compra de un auto nuevo. Adicional a lo anterior, debemos considerar las deficiencias en el transporte público y sus problemas de seguridad obligan a las familias a obtener un vehículo por los medios que estén a su alcance, siendo el vehículo extranjero el más común de ellos.

La prontitud con la que mucho de los vehículos podrían llegar a convertirse en chatarra es uno de los argumentos que se contemplan para la importación de vehículos usados, sin embargo, la protección a la Industria Automotriz ya está contenido en los términos acordados y plasmados en el TLCAN desde 1993 y su entrada en vigor el 1 de enero de 1994 y sus anexos 300-A, donde se le da un plazo de protección de 1994 hasta 2019, cuando queda totalmente liberado.

La estricta regulación del ingreso de vehículos usados, se ha propiciado que más de 80 por ciento de las actividades relacionada con el ramo se vean afectadas; perjudicando principalmente a personas que laboran en lotes de autos, refaccionarias, talleres mecánicos, de hojalatería y pintora, entre otros.

Dado lo anterior, con el presente punto de acuerdo se propone solicitar al Ejecutivo federal la publicación de un nuevo decreto que facilite y simplifique la importación de vehículos en el espíritu de los términos tratados en el TLCAN en 2016 para autos usados con una antigüedad por lo menos de 4 años.

Así como también a solicitar a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, al de Economía y al administrador general de Aduanas, la sujeción al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se considera ley suprema de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna

Por lo expuesto, se propone ante esta honorable asamblea que se apruebe como urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Economía, a que den cumplimiento a los términos, acuerdos y anexos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, específicamente al Anexo 300-A.2 relativo a la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos de América y Canadá

Segundo. Se exhorta al y al titular de la Administración General de Aduanas, para que lleve a cabo las acciones necesarias, a fin de que no establezcan restricciones en los horarios de importación, además de restricciones mecánicas o ambientales para la importación de vehículos usados, debiendo cumplir esta obligación el comprador final ante las entidades federativas, una vez que se cuente con los documentos necesarios para poder circular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.

Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar la creación de un programa nacional de búsqueda de personas con un protocolo de acción inmediata, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

En México existe una epidemia de desapariciones alimentada por la incompetencia del gobierno, según un informe de Amnistía Internacional, las autoridades no tienen voluntad para investigar los casos.

El citado informe, presentado el 14 de enero de este año, revela que existen más de 27 mil personas desaparecidas en el país y muchos de los casos derivan de detenciones por parte de elementos de la Policía o del Ejército, además de que en nuestro país no existe un registro de detenciones, lo cual facilita a las autoridades el poder evadir toda responsabilidad.

En los últimos años, en nuestro país, alerta la desaparición de mujeres jóvenes, pues siete de cada diez personas desaparecidas son niñas-adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, desapariciones que en su gran mayoría concluyen en feminicidio.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertó que hay 6 mil 625 niñas, niños y adolescentes desaparecidos.1

Aunado a lo anterior, en la Ciudad de México desaparecieron mil 872 niñas entre 10 y 17 años, quienes tienen características físicas similares como son: complexión delgada y miden menos de 160 centímetros, lo que las convierte en víctimas fáciles en el supuesto de una desaparición forzada.

Cuando hay desaparecidos con las mismas características físicas se piensa en fenómenos como la trata de personas, cualquier tipo de explotación sexual, pornografía infantil, prostitución e incluso el tráfico de órganos.

Éste patrón aumenta en las delegaciones fronterizas con el Estado de México, sobre todo en colonias con alta vulnerabilidad, en donde factores como la droga y la violencia hacen que los expedientes aumenten.

Entre los años 2012 y 2014 los casos de desaparición de menores aumentaron en 191.8%, mientras que las de los varones aumentaron 14.7%, por lo que se concluye que 7 de cada 10 desaparecidos es una mujer.

A nivel nacional, las desapariciones se han concentrado en los municipios de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Victoria.

Para combatir la desaparición y/o el secuestro de menores, se ha implementado la Alerta AMBER, que es una asociación voluntaria entre las agencias policíacas, las emisoras de radio y televisión, y las agencias de transportación. Durante una Alerta AMBER, se emite un boletín urgente informativo a través de las ondas radiales y televisivas, así como a través de los rótulos electrónicos de alerta en las carreteras, a fin de obtener la ayuda del público para encontrar a un niño secuestrado y detener a la persona responsable del acto.

La Alerta AMBER tiene como objetivo general establecer los mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extraví­o, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional, misma que ha tenido una funcionalidad del 62% a nivel Nacional.2

El porcentaje de la efectividad de la alerta en mención, hace ver a todas luces que existen irregularidades en el servicio, familiares de menores desaparecidos han denunciado que las instancias de justicia han aplicado prácticas dilatorias en cuanto a la emisión de la alerta AMBER, pese a que el objetivo de ésta es localizar a la brevedad posible a los niños y adolescentes desaparecidos, esto en razón de que en ocasiones se ordena la localización de los menores por medio de Locatel.3

Por otra parte, la desaparición de mujeres tiene mayor prevalencia en los estados de Baja California, Tamaulipas, Guanajuato y Puebla.

La desaparición forzada es un evento que ocurre en nuestro país desde finales de los años 70, hoy en día las desapariciones continúan, lo que configura un problema grave para la sociedad ante la negativa existente por parte de las autoridades, pues la pesadilla comienza cuando el Estado no quiere responder con una búsqueda inmediata, considerando que se encuentran implícitos delitos como trata de personas y el secuestro.

Son preocupantes las dificultades que la estructura federal crea; la distribución de competencias, la ausencia de una ley general que regule todos los aspectos de la desaparición forzada, la existencia de fuerzas de seguridad a nivel federal, estatal y municipal, y la posibilidad de que los delitos sean investigados a nivel federal o municipal dependiendo de quién haya sido el autor imputado, diluyen la responsabilidad de las autoridades federales y locales.

En el Informe de Misión a México. Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, se propone, entre otras cosas, la creación de un Programa Nacional de Búsqueda de Personas que cuente con un protocolo de acción inmediata, mismo que debe incluir parámetros como la búsqueda ex oficio en los casos de desapariciones, coordinar esfuerzos con diversas agencias de seguridad, eliminar cualquier obstáculo legal, asignar recursos de cualquier tipo para que la búsqueda sea exitosa, contar con personal altamente capacitado en exhumación e identificación de restos mortales y garantizar que el programa se ejecute con la independencia presupuestaria.

Según la recomendación de la ONU, el programa debe implementar una base de datos actualizada permanentemente, misma que debe contar con la información genética de los desaparecidos (ADN y muestras de tejido obtenidas de restos mortales y de familiares de víctimas, con su previo consentimiento).

Derivado de lo anterior, debe considerarse la idea de garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas de desaparición forzada, siendo ésta proporcional a la gravedad de la violación y al sufrimiento de la víctima y su familia, garantizando también atención médica y psicosocial, la satisfacción, la indemnización y las garantías de no repetición.

En cuanto a los grupos de especial vulnerabilidad se hacen tres recomendaciones: 1) garantizar condiciones de seguridad para defensores de los derechos humanos, incluyendo a quienes combaten las desapariciones forzadas de personas y defienden los derechos de las víctimas; 2) establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas, implementado por funcionarios de alto nivel y un comité interinstitucional con recursos propios, que garantice la participación de los periodistas y de la sociedad civil en su diseño, operación y evaluación y 3) garantizar que las medidas diseñadas para erradicar la violencia contra la mujer, incluyendo la desaparición forzada, sean plenamente implementadas.

Sin duda alguna lo que más hace falta es la creación de un marco legislativo adecuado, pues la desaparición forzada es un delito autónomo, el Código Penal Federal y la legislación de las entidades federativas que han tipificado la desaparición forzada, no utilizan la misma definición, la mayoría se refiere a sólo actos cometidos por funcionarios públicos, sin incluir la posibilidad de que éstas desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, la ausencia de tipificación autónoma contribuye a la impunidad.

Debido a la impunidad, muchos casos que deberían investigarse como desaparición forzada, son investigados bajo una figura diferente, o peor aún, ni siquiera son investigados.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República para que a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas para que agilice la activación de la alerta AMBER.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que impulse la creación de un Programa Nacional de Búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata.

Notas

1 Cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped)

2 Cfr. http://www.alertaamber.gob.mx/Alerta/ObjetivoGeneral

3 http://elpopular.mx/local/baja-efectividad-de-alerta-amber/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo del 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana, Miguel Alva y Alva (rúbrica), Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja, Alfredo Basurto Román (rúbrica), Sergio René Cancino Barffuson (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica), Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Araceli Damián González, Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Ernestina Godoy Ramos (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Irma Rebeca López López, Vidal Llerenas Morales, Renato Josafat Molina Arias, Montiel Reyes Ariadna, Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Juan Romero Tenorio (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Jorge Tello López (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a difundir los resultados de las acciones emprendidas en el Programa de Salud Bucal de 2015 y la estrategia por implantar para 2016, suscrita por las diputadas Mirza Flores Gómez, Rosa Alba Ramírez Nachis y María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las que suscriben, Mirza Flores Gómez, Rosa Alba Ramírez Nachis y María Victoria Mercado Sánchez, diputadas federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“La Salud no lo es todo; pero sin ella, todo lo demás es nada”

Schopenhauer, filósofo alemán.

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, la Salud Bucal se define como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, úlceras bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes, así como otras enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal.

Las enfermedades bucales, son consideradas como uno de los principales problemas de salud pública debido a su alta prevalencia e incidencia en todas las regiones del mundo.

Representan una carga económica para la población, afectando sobre todo a los más desfavorecidos y marginados socialmente.

En México, los principales problemas bucales en nuestra población son la caries dental y la enfermedad periodontal. Ambas tienen un alto impacto en la calidad de vida de las personas y se pueden prevenir y controlar con medidas sencillas y económicas así como, el apoyo de los profesionistas con formación odontológica, en conjunto con la comunidad.

A fin de atender y reducir el impacto de las enfermedades bucales en la población, el Gobierno Federal ha establecido el Programa de Salud Bucal (PSB) que tiene como misión : “disminuir la carga de morbilidad bucal en la población a través de medidas para establecer, fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y programas estatales e institucionales, así como evaluar las condiciones de la salud bucal y ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad de vida de la población”.

Según los últimos resultados del Programa de Prevención, Detección y Control de los Problemas de Salud Bucal que emitió el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, al cierre del 2014 se atendieron en dos Semanas Nacionales de Salud Bucal a 11.8 millones de mexicanos, esto es al 10% de la población, señalando que se atendió el control de la placa bacteriana a 6.6 millones de mexicanos, el 5.59% de los mexicanos.

Esas acciones emprendidas no han atacado de raíz problemáticas destacadas en el Perfil Epidemiológico de la Salud Bucal en México 2010 donde se resaltaba la falta de recursos humanos, precisando que del total de consultas otorgadas por el Sector Salud en el 2009 (112,852,415 consultas) el 7.7% fueron odontológicas; cifras bajas considerando que existe un menor número de dentistas en comparación con el número de médicos generales, situación que era aún más grave al considerar la distribución de los consultorios dentales que según del año 2000 al 2007, el 50% de ellos se ubicaban en las unidades médicas, un 42 al 43% en consulta externa, de un 5% a un 6% en las de hospitalización general y solo el 2% en las de hospitalización especializada.

Desde ese entonces, la falta de recursos humanos, se precisaba ya como un factor para revertir las cifras que se reportaron en ese momento:

• Entre la población de 6 a 19 años el Promedio del índice de caries dental en dentición permanente (índice CPOD) promedio fue de 3.8 piezas, cifras que muestran un incremento en la experiencia de caries dental con la edad, encontrándose el más alto a los 19 años con un promedio de 7.3 dientes y concluyendo que aproximadamente la mitad de los niños de 2 años de edad tienen caries.

• En los adultos, los hombres mostraron un valor promedio más elevado de dientes permanentes presentes que las mujeres (28.1 y 27.4 respectivamente) siendo 32 el total de diente que todo ser humano debe tener.

• Lo anterior, refleja que México tiene un problema de salud bucal grave del cual poco se habla pero que repercutirá en el bienestar de los más vulnerables.

Por lo anterior, consideramos que es fundamental que el Gobierno Federal garantice la salud pública en la población a través de actividades curativas, preventivas y evite mutilaciones, fundamentalmente vía la ampliación de la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad de vida de la población, asegurándose que los planificadores de salud y los tomadores de decisiones contemplen y cuenten con el número indicado de personas, con las habilidades necesarias, en el lugar correcto y en el momento oportuno para ofrecer los servicios conforme a las necesidades de salud, a un costo asequible.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y su titular, doctor José Narro Robles para que haga públicas las cifras con los resultados de las acciones emprendidas por el programa de prevención, detección y control de los problemas de salud bucal 2015, así como la estrategia que se implementará para asegurar en el año 2016 la suficiencia de los recursos humanos y materiales necesarios para atender la salud bucal de los mexicanos, que al día de hoy es deficitaria según el perfil epidemiológico de la salud bucal en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 3 de marzo de 2016.

Diputadas: Mirza Flores Gómez, Rosa Alba Ramírez Nachis, María Victoria Mercado Sánchez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta el jefe del gobierno de la Ciudad de México a respetar el estado de derecho por sus servidores públicos, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados federales a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 numeral 1, fracción XIX, 79 numeral 2, fracción III del Reglamento para la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente punto de acuerdo, según los sucesivos:

Hechos

I. Que el artículo 1o. de la Norma Suprema dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano , las consistentes en respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos , de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Que dentro de los derechos humanos, nuestra Norma Suprema contempla el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como derecho fundamental y garantía individual consagra el artículo 4o., párrafo quinto, de la ley de leyes, se desarrolla en dos aspectos: a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales ); y b) en la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical). 1

Que por otra parte, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado pacto, se impone al Estado mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado.2

Luego entonces, todas las autoridades en el ámbito de su competencia deberán actuar para prevenir y en su caso corregir cualquiera de las violaciones de derechos humanos contempladas en el Código Político de 1917 o bien, en pactos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

La corrupción ha llevado a la descomposición del régimen político que padecemos y como legisladores asumimos el compromiso de luchar contra esta lacra que afecta a los mexicanos y a las instituciones públicas y entre otros aspectos que no se vulneren los derechos humanos.

La Ciudad de México no escapa a tales prácticas, pues en la colonia Unidad Habitacional El Rosario, en Avenida de las Culturas con número de predio catastral 050_717_01, entre las calles de Oxígeno e Hidrógeno en la delegación Azcapotzalco, pretendían instalar un Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares, más conocido como verificentro, el cual se encuentra a un costado de dos escuelas de educación pública: la escuela primaria “Salvador Varela Reséndiz” y el jardín de niños “Rudyard Kipling”. Además dicho predio se encuentra dentro de una zona habitacional donde se encuentran niños, niñas y personas de la tercera edad viviendo actualmente.

II. El 11 de junio del 2015, al manifestarse los habitantes de la unidad habitacional el Rosario Sector 2F y vecinos de la zona, se hizo un cierre de la circulación en la avenida de las Culturas en ambos sentidos como resultado de las protestas y cierre de la circulación. Derivado de ello, se presentó un representante de la delegación Azcapotzalco para conocer la problemática y se acordó hacer una investigación a fondo.

Se hizo una clausura ciudadana y se convocó a platicas conciliatorias por parte de la delegación que en ese momento era dirigida por el PRD.

Derivado de lo anterior, se realizaron reuniones en el centro de negocios de Azcapotzalco. El 25 de junio de 2015, acudió el responsable de proyectos de los verificentro, el cual no aportó documentación alguna que respaldara el funcionamiento del citado Centro de verificación y sin llegar a ningún acuerdo, se continuó con la clausura ciudadana.

III. Posteriormente se realiza otra reunión a la que acudieron los representantes de Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda “Seduvi” y de la Secretaría del Medio Ambiente para que acreditaran las razones de hecho y de derecho, argumentando las razones por las que se habían otorgado los permisos, quebrantando toda disposición jurídica y normativa al respecto.

En dicha reunión, los presuntos propietarios del verificentro acudieron con el responsable de proyectos, ingeniero Alejandro Rangel y dos abogados, por parte de ellos.

De la Secretaría del Medio Ambiente acudió como representante el licenciado Carlos Solares, y por parte de la Secretaría de Gobierno, la licenciada Nayeli Burgos del área de patrimonio. Dichos representantes en ningún momento acreditaron con documentos fehacientes el cumplimiento de requisitos y disposiciones normativas que sustentaran los permisos respectivos, agregando el representante de la Secretaría del Medio Ambiente, que el permiso ya lo tenían los supuestos dueños y que solo se solicitaba un cambio de domicilio, el cual ya se había otorgado.

En la misma reunión se exhibió una escritura de la compraventa del bien inmueble con número de predio 050_717_01, y con número de escritura: 3756 volumen número CXVI de la Notaria 3 del Distrito Judicial de Cuautitlán de Romero Rubio con el Notario, el licenciado Axel García Aguilera, de la cual en ningún momento se les permitió revisar o proporcionar copias simples.

Cabe destacar que el citado predio, en los archivos de la Seduvi aparece en la calle Oxígeno S/N con un uso de suelo inexistente , sin propietario , con uso cultural y giro de educación .

IV. Desde entonces, los habitantes han exigido que se respeten los derechos humanos de las niñas y niños, así como de los adultos mayores, a la protección de la salud y a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Sin embargo, como respuesta fueron agredidos por quienes en su momento estaban en la Delegación Azcapotzalco, manifestándoles que “no podían hacer nada ya que todo estaba en regla”, desalojándolos de manera violenta.

Una semana después, se presentaron los presuntos propietarios del verificentro con elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal y personas físicas- guarda espaldas- , haciendo uso de violencia física y moral, así como amenazando a los habitantes de la Colonia de la Unidad Habitacional El Rosario, con armas de uso exclusivo del ejército y tomando posesión del inmueble; varios habitantes acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y específicamente en la representación social número 40, en donde se negaron a tomar su declaración a pesar de que los habían agredido, remitiéndolos a la Procuraduría General de la Republica (PGR), la cual también fue omisa.

La prepotencia, violencia y amenazas de los presuntos propietarios continuó e iniciaron la construcción en el predio, levantando bardas e introduciendo maquinaria para el funcionamiento del verificentro. Gracias a la intervención y sensibilidad del delegado de Azcapotzalco actual, el citado verificentro fue clausurado el 26 de febrero del presente año.

El Grupo Parlamentario de Morena, tiene como compromiso combatir y denunciar la corrupción, las injusticias, el autoritarismo, los abusos del poder donde quiera y contra quien sea que se presenten.

Es nuestro deber hacer frente a la adversidad, fortalecer nuestros principios y convocar al pueblo de México a un nuevo episodio de la lucha por su dignidad.

Por lo anteriormente expuesto y por los actos de corrupción en que han incurrido servidores públicos de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, con pleno respeto de sus atribuciones, solicita al jefe de gobierno del Distrito Federal para que por su conducto requiera a las Secretarías de Medio Ambiente, para que revise el permiso expedido para el funcionamiento del verificentro que vulnera los derechos humanos de las niñas y niños, así como de los adultos mayores, a la protección de la salud y a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar; de Desarrollo Urbano y Vivienda para que difunda y haga públicos los usos de suelo; de Educación Pública del Distrito Federal, para que publique los razonamientos que tuvo a bien para permitir y autorizar el funcionamiento y de Seguridad Pública del Distrito Federal para que publique las consideraciones de hecho y de derecho por las que autorizo a los elementos de seguridad pública a reprimir a las habitantes de la Unidad Habitacional el Rosario, socavando los derechos fundamentales de asociación, expresión y libertad de tránsito.

Asimismo, requiera al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal “INVEA” para que publique los certificados de zonificación del inmueble, para establecer los usos y giros del inmueble y al Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal para que exhiba y haga públicas los antecedentes de las escrituras del predio.

Que además, se realicen las investigaciones pertinentes a efecto de establecer las responsabilidades administrativas por los actos u omisiones en que hayan incurrido los servidores públicos del Distrito Federal de las secretarias antes mencionadas.

Segundo. Esta Representación Nacional, con pleno respeto de sus atribuciones requiere a las Procuradurías General de la República y del Distrito Federal, para que Investigue los delitos del orden federal y común, cometidos por servidores públicos y personas físicas en contra de los habitantes de la unidad habitacional El Rosario.

Notas

1 Jurisprudencia: I.4o.A. J/2 (10a.),de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, consultable en la página 1627.

2 Tesis 2a. CVIII/2014 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la SCJN, Libro XII, Noviembre de 2014, Tomo I, consultable en la página 1192.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a reforzar la seguridad interna de los penales bajo su jurisdicción, respetando los estándares y tratados internacionales, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Daniel Adrián Sosa Carpio, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, párrafo primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Al presentarse dos motines en menos de un mes en penales del estado de Nuevo León y Tamaulipas, es necesario que las autoridades federales lleven a cabo acciones que permitan reforzar los parámetros y lineamientos de seguridad establecidos al interior de los centros de rehabilitación tanto estatales como federales.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que en el año 2012 fueron procesadas por delitos del fuero federal 39 mil 253 personas, de las cuales 36 mil 192 son hombres y 3 mil 61 mujeres. Además, 146 mil 981 hombres y 16 mil 465 mujeres fueron procesados por delitos del fuero común, dando un total de 163 mil 446 personas a nivel nacional.

Cabe señalar que en el fuero común se sentenció a 108 mil 216 personas, de las cuales 23 mil 5 tenían de 20 a 24 años de edad y 20 mil 931 contaban entre 25 a 29 años, cifras que señalan que personas no mayores de 30 años, ya tenían una sentencia.

Estados como Jalisco, México, Ciudad de México, Tamaulipas, entre otros, son las principales entidades donde se cometen el mayor número de delitos a nivel nacional, lo que obliga a las autoridades de dichos estados, a implementar medidas inmediatas para poder reducir la comisión de más conductas delictivas.

Tal como lo menciona la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, las autoridades pueden llevar a cabo acciones que permitan vigilar a los internos, específicamente a los que requieran medidas especiales de seguridad, misma que debería de ser constante.

Con base en lo anterior, revisiones minuciosas de celdas, cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama, así como monitoreo constante con cámaras de vigilancia, entre otras, son medidas que se deben implementar al interior de los centros de rehabilitación social de nuestro país de manera permanente.

Cabe resaltar que estas medidas deben ser de manera imprevista y sorpresiva por parte de las autoridades, ya que de esta manera se podrá tener conocimiento de las fallas o delitos flagrantes que se cometen al interior de los centros, sin que los internos puedan esconder las evidencias y evadir responsabilidades.

Las visitas que realizan las autoridades penitenciarias con el fin de corroborar las condiciones en las que viven los internos no han sido efectivas, en algunos casos no son realizadas por personal independiente de la administración de la prisión o por inspectores calificados y experimentados. Lo anterior da lugar a que se pasan por alto condiciones potencialmente adversas.

Una de las principales herramientas para la readaptación de los sentenciados es el trabajo y la capacitación para el mismo; sin embargo, no todos los internos llevan a cabo estas acciones para su readaptación por lo que muchas ocasiones suelen cometer delitos dentro de los centros.

Es importante mencionar que el trato que debe recibir cada interno tiene que ser el adecuado con el fin de que el incorporarse a la sociedad, lo haga de una manera que le permita convivir de la mejor forma posible en el lugar donde se desarrolle; sin embargo, los tratos que se dan en los centros de rehabilitación no suelen ser los adecuados, por lo que al quedar en libertad, las personas suelen cometer nuevamente delitos.

La sobrepoblación dentro de los centros dada en algunos casos por la mala distribución de los internos es un factor más que afecta las condiciones de vida y entorpecen el funcionamiento del sistema penitenciario en todo el territorio nacional.

Un ejemplo es el estado de Tamaulipas, donde los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) ubicados en Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo y Tula, actualmente se encuentran sobrepoblados, esto de acuerdo a cifras del Sistema Penitenciario Nacional, lo que en porcentaje se traduce que más de 50 por ciento de los centros están rebasados en su capacidad.

México, siendo parte de la comunidad internacional, está obligado a respetar y aplicar las normas internacionales, mismas que entre otras cosas dictan que cada interno debe disponer de una cama individual, alimentación de buena calidad y en cantidad suficiente, la posibilidad de proveerse de agua potable cuando lo necesite, cualquier tratamiento médico necesario que debe ofrecerse de forma gratuita, locales con suficiente volumen cubico de aire, calefacción y ventilación.

Estas normas también señalan que el uso de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego sólo debe permitirse cuando las medidas menos extremas no sean suficientes para impedir la evasión o en defensa propia o de otras personas por la eminente amenaza de muerte.

Es necesario que se refuercen los sistemas de seguridad al interior de los penales que se encuentran en el territorio nacional, permitiendo con ello reducir los motivos que dan origen a las riñas o motines en los centros de rehabilitación social.

Por ello someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que por medio de Comisión Nacional de Seguridad lleve a cabo las acciones necesarias para reforzar la seguridad interna de los penales que se encuentran bajo su jurisdicción. Respetando los estándares y tratados internacionales en la materia, a fin de asegurar el bienestar y respeto a los derechos de sus internos, generando una apropiada rehabilitación que permita una exitosa reinserción social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y la PGJ de Chiapas a resolver el conflicto laboral suscitado en la Unidad Académica de Las Margaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las y los que suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción primera, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Situada en uno de los polos de la región tojolabal de Chiapas, la Unidad Académica de Las Margaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas, Unich, se ha mantenido en un proceso de defensa de los ideales y fundamentos de ésta, enmarcados en la obligación del Estado mexicano de garantizar que las y los jóvenes de origen indígena accedan a una educación profesional con pertinencia cultural y contextual. Sin embargo, las autoridades universitarias, empeñadas en contradecir sus principios fundacionales, han protegido a docentes denunciados por prácticas de discriminación contra miembros de comunidades indígenas y han roto sistemáticamente los acuerdos suscritos por ellas con miembros de la comunidad universitaria.

Desde que tomó posesión en agosto de 2015, el rector Miguel Ángel Yáñez Mijangos ha ordenado acciones para desmoronar los ideales y fundamentos de la Unich, y ejercer un control casi incontestable sobre la universidad. Para lograrlo, despide a docentes que no se alinean a su mandato y acosa laboralmente a quienes que se oponen a sus prácticas autoritarias. Además, ha desinformado a la comunidad universitaria sobre el presupuesto real asignado a la UNICH, tanto federal como estatal, para manejar discrecionalmente los recursos disponibles para las unidades.

La comunidad universitaria de la Unidad Académica de Las Margaritas, uno de los cinco planteles de la Unich (la sede central se encuentra en San Cristóbal de Las Casas y otras cuatro unidades académicas están en Oxchuc, Yajalón y Salto de Agua), ha rechazado prácticas y tratos que violentan tanto los principios rectores de la Unich como los derechos de los pueblos indígenas. Bajo tal premisa, por ejemplo, se demandó y acordó con el ex rector Oswaldo Chacón Rojas (2 de agosto de 2014) el despido inmediato de un grupo de profesores encabezados por Antonio de Jesús Nájera Castellanos, por haber incurrido en prácticas discriminatorias contra miembros de la comunidad universitaria de Las Margaritas y el pueblo tojolabal en su conjunto. Sin embargo, los acuerdos han sido incumplidos por la pasada y actual administración. Por el contrario, a varios de ellos se les mantiene en la nómina de la Unich en calidad de “aviadores”, percibiendo ingresos mensuales sin laborar en la universidad. Ante estos hechos, la comunidad universitaria de Las Margaritas ha denunciado y se ha opuesto a las imposiciones y arbitrariedades del rector Miguel Ángel Yáñez.

Conscientes de que las universidades interculturales son un espacio en donde debe primar el respeto y reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de Chiapas y México, maestros y estudiantes de la unidad académica de Las Margaritas juzgaron inaceptable que se mantuviera en el seno del campus universitario a docentes y administrativos que en sus actos cotidianos contradecían el espíritu y el sentido que debe regir sobre la Universidad Intercultural de Chiapas.

Pese a estos loables esfuerzos, el martes 23 de febrero de 2016, la Rectoría llamó a la coordinadora académica de Las Margaritas, Yaneth del Rosario Cruz Gómez, a presentarse en el plantel de San Cristóbal de Las Casas para firmar su renuncia. Les acompañaron en calidad de testigos representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Secretaría de la Función Pública estatal. Ella no aceptó ni firmó la renuncia, pues sabía que no existían razones objetivas para exigir su deposición del cargo en el plantel situado en la región tojolabal de la que ella es originaria.

Posteriormente, el miércoles 24 de febrero, Karen Ballinas –funcionaria del gobierno del estado– acudió a las instalaciones de la Unich en compañía de Lorenzo López Méndez –ex presidente del entonces Consejo Estatal de Derechos Humanos–, para presentarlo como el nuevo coordinador académico. Cabe mencionar que Lorenzo es tzeltal. La comunidad universitaria no lo aceptó, pues observó que no existía justificación alguna para la remoción de la coordinadora y que más bien se trataba de una imposición del rector. A Lorenzo se le recriminó por respaldar los intereses opacos del rector.

Durante el intento de imposición del nuevo coordinador académico, estudiantes y docentes presentes en la sede de Las Margaritas exigieron a la funcionaria de gobierno y a Lorenzo el apersonamiento del rector, a fin de que constatara y resolviera personalmente las muchas situaciones anómalas que habían estado perjudicando a la comunidad universitaria de la UNICH, y en particular, a la Unidad Académica de Las Margaritas. Por acuerdo del Consejo Ciudadano Universitario, CCU, se indicó a tales autoridades que habrían de permanecer en la sede universitaria hasta que el rector hiciera acto de presencia. En respuesta, Karen Ballinas expresó a estudiantes y docentes que ella no se iría del lugar hasta que se llegase a una resolución. Sin embargo, no hubo respuesta alguna por parte del rector a las llamadas hechas por la funcionaria.

Docentes y estudiantes de la Unich acordaron trasladarse la tarde del jueves 25 de febrero, junto con autoridades de comunidades tojolabales que integran el CCU, a una reunión con autoridades de la Unich en las oficinas de la Subsecretaría de Gobierno Región XV Meseta Comiteca-Tojolabal, a fin de consensar un acuerdo que diera solución al conflicto provocado por el rector. De dicho diálogo emanó la firma de una Minuta de Acuerdos tomados entre ambas partes. En la cláusula Vigésima Segunda de dicha minuta se acordó que “la rectoría, secretaría académica, apoderado legal y/o quien resulte interesado con derecho alguno de acción por ejercitar dependientes de la UNICH, se desisten de cualquier acción penal, civil, administrativa o de cualquier índole que pudiera ejercitarse en contra de la Coordinadora, cuerpo docente, cuerpo administrativo, alumnado y/o quien más resulte involucrado en la presente controversia”.

Sin embargo, el viernes 26 de febrero, el CCU tuvo conocimiento de fuentes confiables que contraviniendo la minuta de acuerdos que esa tarde había sido suscrita, Karen Ballinas presentó querella contra Yaneth del Rosario Cruz Gómez, Edith Vázquez Hernández, Alejandra Monette Álvarez Castillo, Agustín Ávila Romero, Valentín Argüello Rodríguez, José Luna Jiménez y Oliber Rodríguez Gómez. De forma inmediata se integraron carpetas de investigación que fueron remitidas al juzgado penal en Comitán. La tarde de ese mismo viernes, el CCU convocó a asamblea y acordó dar protección y resguardo en comunidades tojolabales del municipio de Las Margaritas a las profesoras y profesores que en ese momento corrían el riesgo de perder su libertad ante acusaciones falsas fabricadas por el rector Miguel Ángel Yáñez.

Todos estos hechos suman a una campaña emprendida desde hace años por desantropologizar el proyecto original sobre el que la Unich fue fundada, fracturando la actividad académica al interior de la universidad a costa del empoderamiento de una cúpula de trabajadores vinculados al rector. Estas acciones han propiciado la dimisión y despido masivo de profesores, la inmensa mayoría con estudios de posgrado, comprometidos con la investigación y la generación de conocimiento al servicio de una educación de calidad. La migración forzada de talentos docentes y la priorización de criterios personales o familiares por sobre los logros académicos no sólo representa una afrenta contra los derechos de los trabajadores, sino que constituye un perjuicio directo contra el derecho que poseen los jóvenes estudiantes de la Unich a recibir una educación de la más alta calidad.

Destacan casos como el de la maestra Claudia Mosqueda, especialista en temas de vinculación comunitaria, despedida durante el verano de 2012 y quien ahora coordina el programa regional de la Fundación Kellog´s en los Altos de Chiapas, coadyuvando a la consolidación de comités municipales para el desarrollo rural y procesos de soberanía alimentaria. O el del doctor Héctor Ulises Bernardino, autor de múltiples artículos científicos y actualmente profesor investigador adscrito a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. O el maestro David Andrade, quien fuera despedido en 2012 junto con otros doce profesores de la unidad de Yajalón, especialista en patrimonio cultural y miembro del círculo de escritores de Chiapas. O el destacado cuentista y poeta chiapaneco Alejandro Aldana, quien dimitiera del cargo de director de la unidad Yajalón a causa de las constantes trabas que recibía por parte de la administración central. A esta lista de notables académicos se suma el doctor Óscar Sánchez Carrillo, profesor investigador actualmente desempeñándose en la UNAM, la maestra Edith Cervantes, fundadora de la cooperativa de café orgánico Majomut y experta en temas de economía social, el doctor Jorge Magaña y la doctora Sophia Pîncemin, investigadores y miembros de la red de estudios indígenas de América Latina, la doctora Ivonne Sánchez, ganadora de la cátedra Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, entre muchos más. La presión contra académicos de notorio prestigio ha afectado incluso a docentes chiapanecos de origen indígena. Tal es el caso del doctor Juan Jesús Álvarez Vázquez, de origen chol, quien pese a contar con un doctorado por parte de la Universidad de Texas, le fueron negadas horas clase el año pasado.

Lejos de ser un espacio abierto, comprometido con el máximo desarrollo intelectual y académico de las y los jóvenes indígenas de Chiapas, la Unich se ha convertido en el feudo de una pandilla de corruptos, en donde domina el acoso laboral, estigmatización, discriminación y afectación de los derechos humanos de docentes que, lejos de consentir la avaricia de una cúpula mafiosa, se dedican día con día al desarrollo de los talentos y capacidades de sus estudiantes, alentando el pensamiento crítico y la reivindicación del modelo de educación intercultural.

Cabe destacar que la fracción VII del artículo 3o. de la Carta Magna, versa en lo siguiente:

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía... realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas... Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.

Por tanto, como garantes de la Carta Magna, los legisladores estamos obligados a condenar con contundencia estos hechos, pues de lo contrario estaremos avalando la perpetuación de la infección del amiguismo, las canonjías a sindicatos al servicio de intereses políticos y económicos, la malversación y desfalco de recursos públicos destinados a la formación estudiantil, el despido arbitrario de académicos de amplia trayectoria, la política del “aviadurismo”, la intolerable discriminación étnica en una institución que en principio debiera pugnar por lo contrario y en última instancia, el ocaso de la otrora considerada mejor universidad intercultural de México, la Unich.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, para que garantice el cumplimiento de la minuta de acuerdos firmada en reunión celebrada el 25 de febrero de 2015, con presencia de representantes de la Secretaría del Gobierno del estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a que se adopten medidas precautorias para salvaguardar la vida, integridad y libertad de docentes, estudiantes y miembros del Consejo Ciudadano Universitario, así como de las comunidades de la región tojolabal que resguardan a los profesores y profesoras denunciados.

Segundo. Se exhorta al rector de la Universidad Intercultural de Chiapas a que cese de inmediato el hostigamiento laboral y la criminalización contra docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria responsables sólo de defender los principios sobre los que está cimentado proyecto intercultural de la Unich.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General Judicial del estado de Chiapas para que en el marco de sus facultades revise con base en el nuevo marco de justicia procesal las carpetas de investigación relativas a las querellas en contra de Yaneth del Rosario Cruz Gómez, Edith Vázquez Hernández, Alejandra Monette Álvarez Castillo, Agustín Ávila Romero, Valentín Argüello Rodríguez, José Luna Jiménez y Oliber Rodríguez Gómez y dictaminen, en su caso, el no ejercicio de la procedencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputados: Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Roberto Alejandro Cañedo Jiménez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la PGR a salvaguardar la vida, integridad y libertad de la defensora de los derechos humanos Aleida Quintana, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero . Que el 18 de junio de 2015 la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) conformada por 180 defensoras de derechos humanos, integrantes de 97 diversas organizaciones de la sociedad civil, hicieron un llamado urgente al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, en el que exigían garantías de seguridad para la defensora de derechos humanos Aleida Quintana, activista dedicada a difundir casos de desapariciones, trata de personas y feminicidios e integrante del Grupo Interdisciplinario Tékéi, colectivo que documenta y da acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en el estado de Querétaro.

En este llamado se hacía del conocimiento del gobernador del Estado que durante los meses de mayo y junio de 2015, la defensora ha registrado diversos incidentes de seguridad que pueden estar vinculados a la labor que realiza, principalmente para visibilizar la desaparición de personas en Querétaro.

El 14 de junio de 2015 hombres desconocidos arribaron a su casa a las 3:30 de la mañana preguntando por una persona que no habita en dicho lugar, al día siguiente, familiares de Aleida Quintana recibieron a las 7:13 de la mañana, la llamada de un hombre que se identificó con el nombre de la persona que había sido buscada el día anterior.

Dicho acto intimidatorio se suma a otros incidentes de seguridad que han sido documentados desde 2013 por la propia defensora y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México RNDDHM. Entre los que se encuentran la agresión por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado, quienes a través de actos de hostigamiento han intentado violar su derecho a la libertad de expresión, así como su derecho a socializar, documentar y comunicar la situación que prevalece en el estado en relación al elevado número de casos de personas desaparecidas documentadas a partir de solicitudes de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (antes IFAI); así como las violaciones a los derechos humanos y omisiones por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia en los casos desaparición.

Segundo . En el marco de su trabajo de denuncia en medios de comunicación sobre la desaparición de personas y feminicidio, el pasado 8 de enero de 2016 la activista recibió mensajes de texto en su teléfono celular en los que le advirtieron: “Hija de puta a sí vas terminar” “Hija de la chingada has de querer una cogida”.

Una semana después, el escolta que le asignó el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la secretaria de Gobernación fue detenido por policías estatales por portar una arma y remitido a la agencia del Ministerio Público, lo que de por si agrava su situación, pues en varias ocasiones ha sido asediada por un hombre vestido con una playera de la Procuraduría estatal que la videograbó y la fotografió.

El 23 de enero de 2016, recibió otra llamada en la que le advirtieron: “Mira no cuelgues... pinche puta la paciencia se acaba”, Aleida colgó e intento llamar al número desde el que recibió la llamada pero el número se reportaba como “no existente”; El 24 de enero de 2016, Aleida recibió un mensaje de texto que decía “Puta valora tu vida y cuidado y digas algo puta que no es difícil ubicarte” a la vez que un integrante de su organización también recibió un mensaje que decía: “Hijo de la chingada dile a la puta que la tenemos bien checadita, que le baje de huevos y que deje de mentir sino le vamos a partir su madre y a dar una buena cogida a ver si muy cabrona. Con cuidado pendejo”.

La situación de riego ha venido agravándose, dado que la madrugada del 14 de febrero de 2016, Aleida Quintana recibió una llamada telefónica en la cual le dijeron: Date por muerta .

A pesar de que la activista cuenta con las medidas de protección del Mecanismo Federal, estas han sido poco efectivas pues los agresores no han sido detenidos y la impunidad en que se encuentran las agresiones han puesto en riesgo su vida:

Tercero. En el entorno de violencia que afecta la labor que desempeñan las personas defensoras y periodistas para la construcción de la democracia, es vital el compromiso político para la implementación integral, con estricto apego a la ley, del Mecanismo de Protección Federal.

Sin las necesarias medidas de prevención, de la mano con la investigación y presentación de las personas responsables de los ataques ante la justicia, la protección que ofrece el Mecanismo resulta insuficiente, pues no revierte el contexto actual de abusos contra quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y la libre expresión, ni rompe el círculo vicioso de repetición que facilita la impunidad.

A tres años de la publicación de la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el 25 de junio de 2012,1 por la que se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los resultados demuestran que éste no ha logrado conseguir un cambio significativo en la situación de las personas defensoras y periodistas y pone en evidencia las problemáticas que requieren atención inmediata para garantizar la seguridad de ambos colectivos.

Se ha ubicado la ausencia de respaldo político, financiero y de recursos humanos del Mecanismo, seguido de la falta de reconocimiento de la labor de las personas defensoras y periodistas; la descoordinación y falta de voluntad de las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno –a pesar de la firma de los convenios de colaboración–; las limitaciones en la investigación, y el desinterés en activar las herramientas que por ley se definieron para prevenir los abusos y ataques contra esta población. Todo ello es una muestra de los retos que enfrenta el Mecanismo para reducir el riesgo y tomar medidas efectivas para su correcta implementación.

A pesar de que el mecanismo de protección fue resultado de las exigencias de organizaciones de la sociedad civil para impulsar una política pública integral de prevención y protección de la labor de personas defensoras y periodistas, éste no podrá ser eficaz mientras la colusión de autoridades y la impunidad registrada, en la mayoría de los casos de agresión denunciados, siga siendo la norma, pues rara vez los ataques contra personas defensoras y periodistas son investigados de forma efectiva por las autoridades federales y estatales

La correcta implementación y ejecución del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas requiere, además, estrategias que garanticen de forma integral la defensa de los derechos humanos en México.

En este sentido, es fundamental que el Estado y sus instituciones visibilicen y respalden la legítima actividad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, reconociendo públicamente su valía para la vida democrática del país.

Cabe mencionar que en las Observaciones sobre el informe presentado por México al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, dicho Comité refirió: que el Estado Mexicano:

“31. El Estado parte debería:

a) Redoblar sus esfuerzos para asegurar la implementación rápida y eficaz de las medidas de protección previstas en la legislación con miras a garantizar la efectiva protección de todas las personas a las que se refiere el artículo 12, párrafo 1, de la Convención contra todo maltrato o intimidación de los que pudieran ser objeto;

b) Incrementar sus esfuerzos con miras a prevenir y sancionar los actos de intimidación y/o malos tratos de los que pudieran ser objeto los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas;

c) Documentar hechos de agresiones, amenazas e intimidaciones a fin de elaborar políticas de prevención y protección y facilitar una investigación eficaz de los hechos;

d) Asegurar muy especialmente que todos los agentes estatales se abstengan de realizar declaraciones públicas que pudieran descalificar, estigmatizar o poner en riesgo a los allegados de personas desaparecidas o a los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas”.2

Cuarto. La Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señala las obligaciones del estado para la protección de las militantes defensores de derechos humanos y comunicadores y señala:

“Artículo 30. Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas . En ningún caso dichas medidas restringirán las actividades de los beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales”.

Y en su artículo 32 indica:

“Artículo 32. Las Medidas Urgentes de Protección incluyen : I) Evacuación; II) Reubicación Temporal; III) Escoltas de cuerpos especializados; IV) Protección de inmuebles y V) Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios”.

En este orden de ideas, es claro que dentro del Estado Democrático de Derecho, es una responsabilidad primordial del Estado Mexicano brindar seguridad a sus ciudadanos y el marco de libertades para desarrollar sus actividades, lo que por supuesto incluye prevenir y sancionar los actos de intimidación y/o malos tratos de los que pudieran ser objeto los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas, hipótesis en la que se encuentra la defensora y activista de derechos humanos Aleida Quintana, por lo que se torna imprescindible e impostergable adoptar las medidas urgentes de protección para salvaguardar su vida, integridad y libertad .

Por las razones arriba expuestas, pongo a consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Secretario de Gobernación para que en el marco de sus atribuciones tome las medidas necesarias para reducir al máximo la exposición al riesgo, salvaguardar la vida, integridad y libertad de la defensora de derechos humanos, Aleida Quintana,

Segundo. Se exhorta la Procuraduría General de la República para en el marco de sus facultades identifiquen, detenga y consigne ante los tribunales a los autores materiales e intelectuales de las agresiones y actos de intimidación en contra de Aleida Quintana.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación 25 de junio de 2012.

2 Comité contra la Desaparición Forzada; Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. Capitulo: Protección de las personas que denuncian y/o participan en la investigación de una desaparición forzada.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmkfu4mZ_LAhVkvYMKHW2bACcQFggbMAA&
url=http%3A%2F%2Ftbinternet.ohchr.org%2FTreaties%2FCED%2FShared%2520Documents
%2FMEX%2FINT_CED_COB_MEX_19564_S.pdf&usg=AFQjCNGlQEA0qioRi-XZKB9ynpYhctfAxA

Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de marzo de 2016

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a encabezar y coordinar por la SFP esfuerzos en la elaboración e implantación de un código de ética y austeridad sobre el uso de los viáticos y pasajes del funcionariado de la administración pública federal, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de la Función Pública encabece y coordine esfuerzos en la elaboración e implementación de un Código de Ética y Austeridad sobre el uso de los viáticos y pasajes del funcionariado de la administración pública federal en el desempeño de sus labores durante viajes nacionales e internacionales, y considere la reducción de montos autorizados en la normatividad vigente en la materia, al tenor de las siguientes:

Antecedentes

I. Los constantes y recientes recortes al presupuesto federal producto de la reducción de ingresos por concepto de rentas petroleras, y la desaceleración de los mercados internacionales, han orillado hacia la implementación de nuevas medidas fiscales que buscan corregir el latente déficit.

En este contexto, las medidas de austeridad y transparencia han sido una exigencia ciudadana en todos los niveles y poderes de la nación. La ciudadanía exige -tal como lo ha señalado el Ejecutivo Federal-, sea el gobierno quien se apriete el cinturón.

Sin embargo, los reportajes periodísticos –principalmente provenientes de diarios internacionales- han dado cuenta de los excesos del Poder Ejecutivo federal en el marco de viajes oficiales y de trabajo al extranjero, por los que se comprueba han existido onerosos gastos con cargo al erario público por viáticos que indican además que mientras en México hay personas sin acceso a comida, los funcionarios llegan a gastar en comidas con caviar miles de dólares.

II. El pasado 19 de febrero la agencia internacional de noticias Reuters, en un reportaje escrito por Elinor Comlay, daba detalle sobre la incapacidad de la propia Secretaría de la Función Pública –deontológicamente dedicada a combatir de manera interna la corrupción y los excesos– para vigilar que la austeridad sea principio rector en el actuar de sus propios funcionarios.

El reportaje señalaba que Hilda García, funcionaria de esa secretaría, había gastado parte de sus viáticos en Londres por un monto de 450 dólares diarios, en una cena con champán, caviar y salmón ahumado en la exclusiva tienda departamental Harrods. Jorge Pulido, Jefe de asuntos legales de la SFP, desembolsó más de 500 dólares en dos taxis y dos comidas en Fráncfort de camino a una conferencia contra la corrupción en Kuala Lumpur, cifra que ascendía a más de lo que gastó en toda su estancia de seis días en un hotel de Malasia.

El reportaje también detalla, sobre los claroscuros de las acciones de los funcionarios, pues otros como Jaime Cerdio, había podido devolver más de mil dólares por concepto de viáticos, producto de un viaje a Washington, en el que se alimentó de emparedados de 10 dólares y refrescos que compró en el local Safeway.

Sobre este caso, según el reportaje de Reuters, el departamento de finanzas de la Secretaría se vio imposibilitado a contestar las preguntas de la agencia internacional de noticias sobre cuántos empleados viajaron el año pasado, por cuánto tiempo y cuánto gastaron, entregando únicamente alrededor de 1,000 páginas de archivos en cajas de cartón para revisar. Este argumento no sólo da cuenta de la incapacidad de la SFP, para dar cuentas, sino de la falta de ética de algunos funcionarios de alto nivel en esa dependencia.

III. El pasado 1 de marzo, el diario nacional El Universal, señaló la opacidad de algunas Secretarías del Ejecutivo Federal con respecto a sus viajes al extranjero. El reportaje escrito por Lilia Saúl, detalló que “el nivel de compromiso con la transparencia y el acceso a la información es dispar entre las dependencias de gobierno. Mientras hubo funcionarios que entregaron tickets para comprobar sus gastos de viaje en el extranjero, otros testaron (tachonearon) la información del hotel en el que se hospedaron o negaron entregar documentación relacionada con gastos ejercidos en sus viajes”.

Dentro de éste último supuesto, se sitúa justamente el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray quien no otorgó información completa sobre el hotel donde se hospedó en Estados Unidos hace algún tiempo. En una acción controvertida e incongruente con el compromiso federal por la transparencia, la entidad se reservó la información por 12 años “en virtud de que al difundir la los datos acerca de los lugares en los que el secretario se hospeda cuando se encuentra de viaje por motivos de una comisión oficial que le fue encomendada, se considera podría poner en riesgo su vida o integridad” detalla la pesquisa.

Otro escandaloso caso, es el del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien en dos viajes a China en 2014, informó que Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia gastó por viáticos para atender comisiones oficiales consideradas de alta prioridad más de 513 mil pesos.

IV. El año pasado en el marco de una visita de Estado a Reino Unido, The Huffington Post publicó en un texto firmado por Omar Porcayo, que el Presidente Enrique Peña Nieto, había viajado a Londres con 200 invitados, lo que generó un gasto de 7.1 millones de pesos confirmado por el INAI.

Igualmente el marco de la visita de Estado a Francia, el titular el Ejecutivo federal y jefe de Estado, viajó con una comitiva de casi 400 invitados, viaje por el que aún no existen cifras concretas del gasto.

La cifra estimada a octubre de 2015, sobre las 34 giras internacionales de Peña Nieto asciende casi a los 100 millones de dólares, lo que no sólo representa un gasto oneroso, sino que en términos de política exterior ha rendido efímeros frutos.

Consideraciones

I. Que el artículo segundo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual está adherido México señala que: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga , para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos...”

Que al ejercer gastos tan onerosos por concepto de viajes y viáticos, el Ejecutivo a través de diversas Secretarías, incumple con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que contraviene e imposibilita al Estado en cumplir un irrestricto apego a los derechos humanos, y a los objetivos propios del Plan Nacional de Desarrollo.

II. Que el 28 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las NORMAS que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal. En ellas se destaca que es necesario establecer normas claras que permitan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal administrar los recursos públicos federales destinados a viáticos y pasajes con base a criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas; y que los gastos para la realización de comisiones deberán ser los estrictamente necesarios para contribuir al eficaz y eficiente cumplimiento de los objetivos de los programas o funciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

El objeto de estas normas es que los gastos por concepto de viáticos y pasajes para las comisiones se ejerzan bajo criterios de austeridad, racionalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia, para dar cumplimiento a los objetivos de los programas y a las funciones conferidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

III. Que el 10 de diciembre de 2012 se estableció un Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. En este documento se integró mediante su Artículo Séptimo, Fracción XII, que se reduciría el presupuesto destinado a viáticos, convenciones y gastos de representación; mientras que en su artículo Décimo Primero, Fracción VIII, se señala que se promoverá la celebración de conferencias remotas a través de Internet y medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación.

IV. Que el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deben tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Que dentro de las estrategias y líneas de acción que considera el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, se encuentra la Estrategia 3.2 Fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales y gastos de operación, la cual establece, entre otras, las líneas de acción.

V. Que el pasado 22 de febrero de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por el que se abrogan a su vez los “Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores públicos de mando de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2007; los “Lineamientos que regulan las cuotas de telefonía celular en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007, y las “Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2007.

En estos nuevos lineamientos se establece que es objeto del decreto establecer las disposiciones que regulan la asignación de viáticos nacionales e internacionales, pasajes, gastos de alimentación, telefonía celular, congresos, convenciones y otros eventos, aplicables a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Así mismo se indica que, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las disposiciones que derivan de la misma, las Oficialías Mayores o sus equivalentes, deberán instrumentar acciones que aseguren al Estado las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, que permitan acceder a opciones de viaje con precios competitivos o de mercado, a efecto de fortalecer la contención al gasto y la generación de ahorros.

Sin embargo, estos lineamientos señalan que las cuotas diarias de viáticos, de acuerdo con la moneda que se indica, que se asignen a los servidores públicos en el desempeño de comisiones en el extranjero, es de 450 dólares o euros por día, lo equivaldría en una media entre ambos tipos cambiarios a 8532 pesos diarios, es decir, cuatro veces el salario mínimo vigente, solo por concepto de viáticos, no incluyendo pasajes o alojamiento.

Los excesivos gastos del funcionariado de la Administración Pública Federal por concepto de viajes se han convertido en verdaderas ofensas a la ciudadanía, por lo que en un ejercicio republicano y demócrata, es urgente que esta soberanía ejerza una función de contra peso en razón de los excesos del Ejecutivo. Por todo lo anteriormente expuesto, es que presento a esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor del siguiente:

Resolutivo

Único. La honorable Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de la Función Pública encabece y coordine esfuerzos en la elaboración e implementación de un código de ética y austeridad sobre el uso de los viáticos y pasajes del funcionariado de la administración pública federal en el desempeño de sus labores durante viajes nacionales e internacionales, y considere la reducción de montos autorizados en la normatividad vigente en la materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

Los mexicanos celebramos con gran alegría dos fechas trascendentales de nuestro calendario cívico, el día 16 de septiembre en que conmemoramos la Independencia de nuestro país y el día 20 de noviembre cuando celebramos el inicio de la Revolución Mexicana, sin embargo, es importante recordar otro movimiento que fue un parteaguas en nuestra historia común, la primera gran revolución de la nación naciente, la Revolución de Ayutla.

Y es que un día como hoy, pero hace 162 años, se proclamó el Plan de Ayutla, dicho plan fue elaborado y hecho público en la Hacienda de la Providencia, propiedad de Juan N. Álvarez, un destacado mexicano de la primera mitad del siglo XIX.

Juan N. Álvarez era un criollo y su familia poseía propiedades agrícolas en la región de la Costa Chica del actual estado de Guerrero, sin embargo, a edad muy temprana quedó huérfano y fue maltratado, estigmatizado y estafado por su tutor, por tal motivo perdió todas sus propiedades y quedó en la pobreza.

Con el tiempo se convirtió en enemigo de la corona española, y esto lo hizo luchar a favor del proceso independentista bajo las órdenes de Vicente Guerrero.

La historia común entre Juan N. Álvarez y Vicente Guerrero posibilitó que el primero se convirtiera en el hombre de confianza del segundo, para posteriormente convertirse en su sucesor en términos políticos, militares y de control regional.

Con el tiempo fue el líder de la División del Sur y luego fue Gobernador del estado de Guerrero, y fue exactamente como Gobernador y jefe de la División del Sur cuando entró en conflicto con Antonio López de Santa Anna.

Con las acciones implementadas por el gobierno de Santa Anna, durante la última ocasión en que gobernó el país, el descontento se transformó en irritación y para hacer frente a este enojo colectivo el gobierno publicó un bando contra los que murmurasen en contra de la autoridad, se canceló con ello la libertad de imprenta y se impuso la pena de destierro a todo aquel sospechoso de conspiración, misma que se aplicó sin miramientos tanto a hombres como mujeres, lo cual tuvo como resultado la expulsión del país de varios opositores.

Para colmar el descontento, Su Alteza Serenísima, firmó con los Estados Unidos de América un tratado por el cual México cedía el territorio de la Mesilla a cambio de 10 millones de pesos, en total se perdieron 77 mil kilómetros cuadrados pertenecientes a los estados de Sonora y Coahuila.

Asimismo, el dictador manifestaba periódicamente gestos tiránicos, por ejemplo, se declaró gobernante vitalicio y con derecho de elegir a su sucesor, también impuso impuestos exorbitantes con la única finalidad de sostener su ostentoso nivel de vida, lo anterior provocó un generalizado descontento social.

El Plan de Ayutla fue producto de una junta convocada por Juan N. Álvarez, en la que participaron Ignacio Comonfort y Florencio Villareal, con dicho plan se buscaba en primer lugar desconocer al gobierno de Santa Anna, cuyo gobierno tenía claros tintes centralistas.

Y es que el centralismo implantado por Santa Anna chocaba con los intereses tanto de Ignacio Comonfort, encargado de la aduana en Acapulco, como con los de Juan N. Álvarez, cacique del estado de Guerrero, es por eso que se comprende su inclusión en la sublevación.

El Plan de Ayutla constaba de nueve artículos, pero los más importantes eran tres: en el primero, se cesaba a Santa Anna y a sus funcionarios en el ejercicio del poder; en el segundo, se mencionaba que una vez terminada la revolución, los representantes de los estados partidarios designarían un presidente interino que sería Juan N. Álvarez; y el quinto, donde se convocaba a un congreso extraordinario constituyente, el cual debería producir una nueva constitución republicana, representativa y popular.

Según Emilio Rabasa, a la Revolución de Ayutla no puede llamársele democrática, pero, en cambio, si fue popular, pues tuvo a su favor la simpatía y la voluntad del pueblo.

Se adhirieron al Plan de Ayutla moderados, liberales puros e incluso hombres que posteriormente engrosaron las filas del ala conservadora, todo porque simplemente deseaban el fin de la dictadura santanista, que les había demostrado cuan lacerante es para el ciudadano vivir bajo un régimen donde sus derechos fundamentales son continuamente atropellados.

Si bien es cierto que el Plan de Ayutla no prometía una transformación radical, lo cierto es que sí pedía, de manera simple y llana, la conformación de instituciones liberales.

Encontramos entonces que dicho plan fue trascendental en el devenir histórico de nuestro país, en primer lugar, porque significó el fin del santanismo; en segundo lugar, porque permitió la elaboración de la Constitución de 1857 que podríamos considerar como predecesora de nuestra actual Carta Magna; y en tercer lugar, porque dicho plan moldeó y forjó a importantes líderes, los cuales continuaron la lucha liberal por muchos años más.

En síntesis, el Plan de Ayutla fue un suceso histórico que cambio las estructuras existentes. Con su victoria, accedió al poder una tercera generación de liberales que terminó con la etapa santanista y con los remanentes coloniales del estado estamental y confesional.

Por todo lo anterior, el día de hoy recordamos y honramos a héroes como Juan N. Álvarez, Florencio Villareal, Diego Álvarez, Tomas Moreno, Trinidad Gómez, Rafael Benavides e Ignacio Comonfort y a miles de soldados desconocidos, quienes impulsados por la entrega, valentía y amor a la patria, fueron capaces de derrocar definitivamente al dictador Antonio López de Santa Anna.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a tres de marzo de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz De León Villard, Daniela De los Santos Torres, Andrés Fernández Del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.