Proposiciones de urgente u obvia resolución
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Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a formular el proyecto de norma oficial mexicana para factores de riesgo psicosocial, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Pedro Alberto Salazar Muciño, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Rafael Yerena Zambrano y Pedro Alberto Salazar Muciño, diputados federales de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con la siguiente

Exposición de Motivos

Un objetivo central que tiene la salud ocupacional es prevenir de manera adecuada las enfermedades o accidentes que se pueden generar en y por el trabajo, todo ello con base en las disciplinas de la seguridad e higiene industrial y bajo el paradigma clásico de la relación de exposición/riesgo y sus efectos en la salud.1

En los últimos 20 años la salud mental en el trabajo es un tema que ha ocupado un lugar importante para la procuración de la seguridad y salud del trabajo. Esta ha sido objeto de estudio de varias investigaciones, pues debido a la dinámica económica mundial y al desarrollo de las tecnologías de la información, se han presentado distintos padecimientos que tienen que ver con la salud mental.

Hace 15 años la experta Phyllis Gabriel, especialista en rehabilitación profesional, y autora de un informe preparado para la OIT titulado Salud Mental en el lugar de trabajo (Mental health in the workplace) indicó que “Los empleados sufren desánimo, cansancio, ansiedad, estrés, pérdida de ingresos e incluso desempleo, con el agravante, en algunos casos, del inevitable estigma que lleva asociado la enfermedad mental. Para los empleadores, los costes se traducen en términos de baja productividad, disminución de los beneficios, altas tasas de rotación de plantilla y mayores costes de selección y formación del personal sustituto. Para los gobiernos, los costes incluyen gastos de atención sanitaria, pagos por seguros y merma de renta a nivel nacional.”2

A pesar que desde hace tiempo los actores involucrados en el mundo del trabajo se ocuparon de la problemática de la salud mental, recientes estudios confirman una tendencia a la alza en la cantidad de trabajadores que presentan estrés.

Según la OIT, esta tendencia puede tener entre sus principales causas las siguientes: exceso de información, intensificación del trabajo y de las presiones temporales, mayores exigencias de movilidad y flexibilidad, estar siempre “disponible” debido a la tecnología de los teléfonos móviles y, por último pero no menos importante, el miedo de perder el trabajo.3

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés laboral como un patrón de reacciones psicológicas, cognitivas y conductuales que se dan cuando los trabajadores enfrentan exigencias ocupacionales que no corresponden a su conocimiento, destrezas o habilidades.4 Es así que las presiones laborales provocan tensiones psicológicas que hacen que el trabajador sufra entre otras cosas pérdida de apetito, lo cual impacta directamente en su nutrición y con ello el deterioro de su salud física.

También dicho sea de paso, dentro del ambiente laboral se han venido a sumar dos nuevas dolencias situadas en la esfera psicológica; el síndrome de burn out o “estar quemados” y al mobbing o acoso psicológico, las cuales son el centro de atención en el tema de la seguridad y salud en el trabajo y que tienen que ver con la manifestación de un estrés negativo.

Pero lo más grave es que el estrés representa una condición o preámbulo de la aparición de otras reacciones fisiológicas tales como aumento del ritmo cardiaco, aumento de la presión sanguínea, aumento de la tensión muscular, sudoración, aumento en la producción de adrenalina, respiración superficial con mayor frecuencia, dolor de cabeza, diarrea o estreñimiento, lo cual se desencadena en la aparición de enfermedades cardiovasculares y gastrointestinales.5

La OIT sostiene que el estrés en el trabajo está estrechamente relacionado con las condiciones de trabajo y la forma en que el trabajo está organizado. La prevención del estrés en el lugar de trabajo debe basarse en políticas claras y estrategias para garantizar el trabajo decente.6

Ciertamente nuestra Constitución Política protege al trabajador para que su labor se realice con las condiciones de seguridad necesarias para prevenir afectaciones a su integridad física, tal y como se establece en las fracciones XIV y XV del apartado A del artículo 123 que a la letra dicen:

“XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.

XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;”

Estas disposiciones constitucionales, marcan la pauta para que el Estado emita las normativas correspondientes para la seguridad y salud en el trabajo, lo cual ha sido atendido históricamente de manera oportuna por las autoridades en la materia.

Ahora bien, observando que nuestro país se encuentra en los primeros lugares de trabajadores que presentan estrés laboral, es imperioso que se tomen medidas para atender el aumento este problema de salud.7 Si bien es cierto que el Gobierno Federal ha emprendido acciones para revertir esta problemática en los centros de trabajo, entre las que destacan la expedición del nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014, en donde por vez primera se contempla como riesgos de trabajo a los factores psicosociales, no menos cierto es que el manejo del estrés laboral requiere de un tratamiento jurídico-operativo especial.

Los riesgos psicosociales son definidos en el citado Reglamento como aquéllos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de Violencia Laboral, por el trabajo desarrollado.

Los diputados que suscribimos esta proposición con punto de acuerdo, saludamos con gran beneplácito estas acciones emprendidas, sin embargo, dada la complejidad del tema consideramos que para seguir en esta línea la autoridad, como es el caso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, debe cerrar la pinza para hacer frente a este problema que no solo amenaza la salud de los trabajadores, sino también de los mismos patrones y a la productividad.

La posibilidad de emitir una Norma Oficial Mexicana para la atención de los Riesgos Psicoemocionales como el estrés laboral, tendrá como fin regular todos los aspectos, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables para que se observen en los centros de trabajo, en las que se atiendan las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud.

Cabe destacar que los integrantes del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo acordaron elaborar una norma con el propósito de establecer en los centros de trabajo las acciones para identificar, prevenir y dar seguimiento a los factores de riesgo psicosocial que puedan afectar la salud de los trabajadores, de acuerdo con el Programa de Normalización 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2015.

Por último es pertinente hacernos la reflexión que al ser este país producto de un proceso social que culminó con un carta magna que contuvo por primera vez en la historia del mundo un capítulo relativo a los derechos sociales, es necesario que ahora en los albores del pleno siglo XXI retomemos los aspectos axiológicos del constituyente original para trasformar la realidad de las y los trabajadores que sufren por este padecimiento o riesgo psicosocial.

Por todo lo anterior los suscritos diputados proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que formule el proyecto de norma oficial mexicana para factores de riesgo psicosocial.

Notas

1 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Introducción al estudio del trabajo. México: Limusa, 1995.

2 Trabajo, Revista de la OIT, número 37, diciembre del 2000, Ginebra, páginas 4 y 5.

3 Consultado en http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_184830/l ang—es/index.htm, 17 de febrero de 2016.

4 http://www.acatlan.unam.mx/medicos/estres/, consultado el 17 de febrero de 2016.

5 Organización Mundial de la Salud, Sensibilizando sobre el estrés laboral en los países en desarrollo. Un riesgo moderno en un ambiente tradicional de trabajo: Consejos para empleadores y representantes de los trabajadores / Irene Houtman, Karin Jettinghoff, Leonor Cedillo, Ginebra, 2008.

6 Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, La prevención del estrés en el trabajo: lista de puntos de comprobación, página 2.

7 México, primer lugar en estrés laboral: OMS, El Universal, Diario, México, 17 de mayo de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputados: Rafael Yerena Zambrano, Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres Poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos, a que como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El fortalecimiento de un Estado Democrático se sustenta en la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y sobre todo en la subordinación ante ella, por parte de quienes ejercemos funciones públicas. Cotidianamente el Estado de Derecho se nutre de la confianza social, cuando la sociedad percibe un déficit de credibilidad en las instituciones públicas se debilita la democracia, no sólo un gobierno en particular.

La democracia constituye un medio para que las personas en un esquema inclusivo, de libertades y de igualdad de derechos desarrollen sus fines personales y colectivos, por ello, cuando el ciudadano percibe que las instituciones y quienes debieran de ser sus servidores públicos, sus facilitadores, actúan discrecionalmente ya sea por interés, por dinero o por indebida subordinación, se atenta no contra una persona sino, contra la democracia misma.

El problema de la corrupción debemos dimensionarlo, no como un asunto “cultural”, sino como un asunto de Estado y salud democrática.

A manera de diagnóstico, recordemos que México ocupa la posición 79 de 102 países en el Índice de Estado de Derecho de la OCDE, la posición 103 de 175 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, mismo en el que nuestro país ha caído 31 posiciones en los últimos seis años, y el penúltimo lugar mundial en el Índice de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas Puebla.

La corrupción incide de manera directa en los niveles de impunidad en todos los ámbitos, incluidos los de violencia e inseguridad, según lo revela el Instituto para la Economía y la Paz; incide en la disminución de la inversión privada, que es más de 5 por ciento menor en los países corruptos, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, e incide de manera drástica en la confianza de los ciudadanos que cada día son testigos de que los hechos de corrupción que más los indignan quedan en la impunidad.

Un fenómeno que resulta preocupante, como ha revelado un estudio reciente del IMCO y del CIDE, es que a pesar de que cada vez invertimos más recursos para combatir la corrupción, seguimos cayendo en la calificación de los índices de esta materia. Es decir, en los últimos diez años hemos duplicado el monto de recursos económicos invertidos para combatir este fenómeno, alcanzando más de 4,400 millones de pesos anuales, y sin embargo en el mismo periodo hemos pasado de la posición 64 al sótano de la posición 103 en el Índice de Percepción de la Corrupción.

II. Ante este problema, y gracias a la presión y participación social, legislativamente se planteó y aprobó una Reforma Constitucional que en su artículo 113 mandata la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción, reforma, en la que actualmente se trabaja la legislación secundaría que deberá estar aprobada antes del próximo 28 de mayo.

Si bien, legislativamente estamos atendiendo, como representantes ciudadanos, el reclamo social por garantizar un sector público confiable, es imperativo, además de legislar, dotar de credibilidad al Sistema Anticorrupción en ciernes.

En ese sentido, las voces e iniciativas ciudadanas que se inscriben en el contexto de proyectos anticorrupción como la iniciativa que plantea la obligación de presentar y hacer públicas las declaraciones de tipo: Patrimonial; de Conflicto de Interés; y Fiscal, conocida y promovida como Ley Tres de Tres, constituye una oportunidad para que los servidores públicos del más alto nivel, demos muestra de nuestra convicción por impulsar el fortalecimiento de nuestras instituciones a través del transparente y debido ejercicio de funciones.

Actualmente, en el portal tresdetres.mx no se registra ninguna actualización por parte de los titulares de las Secretarías de Gobierno, ni del Presidente de la República, mientras que por parte de los legisladores federales sólo 92 diputados y 16 senadores han hecho públicas sus declaraciones.

Ante la dimensión del problema de la corrupción en nuestro país, la clase política debemos asumirnos de manera unánime y contundente como parte de la solución, constituyéndonos en ejemplo ante la sociedad y los servidores públicos, abonando con hechos, a restituir la confianza ciudadana en sus instituciones y nuestro régimen de convivencia demostrando que no es el de la discrecionalidad, sino el de la democracia, que no es el del monologo sino el del dialogo, que escucha, propone y acata el mandato de sus gobernados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los tres poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos, a que como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), María Elena Orantes López, Jorge Álvarez Máynez, Daniel Sosa Carpio (rúbrica), René Cervera García (rúbrica), Claudia Sofía Corichi García, Verónica Delgadillo García (rúbrica), Manuel de Jesús Espino Barrientos, Cynthia Gissel García Soberanes, Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Mirza Flores Gómez (rúbrica), Moisés Guerra Mota (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Jonadab Martínez García (rúbrica), María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Adán Pérez Utrera (rúbrica), Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis, Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra, Salvador Zamora Zamora.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a invitar a un representante de los trabajadores de la educación para participar en los grupos de trabajo por constituir al amparo de la cláusula séptima de los convenios de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples suscritos por las entidades federativas, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el marco del Tercer Informe de Gobierno, el Ejecutivo Federal anunció la colocación de Bonos de Infraestructura Educativa. De acuerdo con el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, estos certificados educativos permitirán tener para los próximos tres años recursos adicionales hasta por 50 mil millones de pesos, que podrán destinarse a la infraestructura de las escuelas.

El 18 de noviembre de 2015, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) emitió la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa del Programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional), aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa.

En este contexto, Nueva Alianza reitera su postura de intensificar que existan escuelas de calidad con mayor y mejor infraestructura en términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que expresamente establece que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”

Cabe destacar que una de las principales metas que tiene el gobierno y que fue recogida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es lograr un México con educación de calidad, la cual no sólo se debe reflejar a través del capital humano, sino también a través de las condiciones de los planteles educativos que permitan a los educandos potencializar sus capacidades.

En este contexto, la normatividad emitida por el Inifed reconoce que una de las causas relevantes de abandono escolar está relacionada con las malas condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento de las escuelas, las cuales son inadecuadas al desarrollo exitoso de sus actividades educativas. Se debe resaltar que el Censo de Maestros, Escuelas y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) 2013 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, permitió identificar el rezago físico de las escuelas, revelando que el 26% de los inmuebles escolares de educación pública en el país no se construyeron con fines educativos, y el 2% de los inmuebles, están construidos con materiales ligeros y precarios.

El Programa escuelas al CIEN tiene como objetivo el mejoramiento de la infraestructura física educativa de planteles educativos de tipo básico, medio superior y superior con cargo a los fondos obtenidos por la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, tiene como principal elemento las participaciones y aportaciones federales, que son la base fundamental de la Ley de Coordinación Fiscal, y al mismo tiempo constituyen el principal recurso que reciben los Estados para realizar sus gestiones administrativas. Dentro de los 8 fondos de aportaciones que prevé la Ley de Coordinación, el Fondo de Aportaciones Múltiples tiene como característica determinarse anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación federal participable, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio.

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán en:

A pesar de que el Fondo de Aportaciones Múltiples prevé la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha reconocido que el componente de infraestructura del fondo ha tenido poco impacto debido a limitantes en la mecánica de su ejercicio, ya que los recursos del componente de infraestructura se transfieren actualmente entre los meses de abril y septiembre de cada ejercicio fiscal.

La mecánica anterior limita la suficiencia presupuestaria con la que deben contar algunos proyectos y restringe el proceso de planeación de su ejercicio. Al entregar los recursos en parcialidades y solo en algunos meses de cada ejercicio presupuestal se incentiva su uso en obras típicamente pequeñas de menor impacto, lo que deja en evidencia que no existe un programa de coordinación que permita priorizar el ejercicio de los recursos en aquellos inmuebles que cuenten con mayores necesidades.

Derivado de lo anterior se decidió modificar el Fondo de Aportaciones Múltiples, para que la asignación de los recursos se formalice a través de la firma de Convenios de Colaboración, instrumento jurídico previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 52. Las aportaciones que con cargo a los Fondos de Aportaciones Múltiples (...) podrán afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de obligaciones que se contraigan en términos de los convenios que celebren las Entidades Federativas con la Federación (...) mediante los cuales se establezcan mecanismos de potenciación, financiamiento o esquemas similares (...)

Las entidades convendrán con la Federación los términos y condiciones de dichos esquemas, incluyendo el reconocimiento de la recepción anticipada de recursos correspondientes (...), así como su compensación a través del tiempo.

Para las obligaciones al amparo de este artículo, no podrán destinarse más del 25% de los recursos que anualmente correspondan (...)

(...) para cada año podrá destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas.

La potenciación a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal consiste en un esquema financiero a través del cual las “Entidades Federativas” que accedan de manera voluntaria a dicho mecanismo, podrán obtener de manera anticipada mayores recursos, a cambio de comprometer una parte de los recursos actuales y futuros que les correspondan con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples.

Mediante el mecanismo señalado, los ingresos y el derecho a percibir los ingresos, se afectarán y transmitirán al Fideicomiso de Certificados Bursátiles Fiduciarios número 2595 constituido por y entre Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, SA de CV, en su carácter de fideicomitente; y Banco Invex, SA, institución de banca múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario.

Se atenderá a los planteles educativos de educación básica que presenten mayores carencias, de acuerdo a los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), y a la información recabada por medio de los diagnósticos del Sistema Nacional de Información, financiado a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

El Programa Escuelas al CIEN considerará ocho componentes:

1. Seguridad estructural y sus condiciones generales de funcionamiento

2. Servicios sanitarios

3. Bebederos y agua potable

4. Mobiliario y equipo

5. Accesibilidad

6. Áreas de servicios administrativos

7. Infraestructura para la conectividad

8. Espacios de usos múltiples

En tal sentido, se creó el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, que se celebrará entre el Gobierno representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de Educación Pública, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, y por otra parte los Gobiernos de los Estados.

El principal objetivo del convenio consiste en establecer el mecanismo por el cual se potenciarán y distribuirán los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, de igual forma se establece el mecanismos de potenciación, las obligaciones de cada una de las partes y el mecanismo de distribución.

En la sección segunda del referido convenio titulado “De la distribución de los recursos derivados de la potenciación del FAM”, se prevé en la cláusula séptima la creación de Grupos de Trabajo.

Séptima. Grupo de Trabajo. Para el cumplimiento del Convenio, en lo relativo a la distribución de los recursos del “FAM” y para el cumplimiento de los fines del “Fideicomiso de Distribución”, así como para contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica, media superior y superior, las “Partes” constituyen el “Grupo de Trabajo”, y éstas manifiestan su conformidad para obligarse a cumplir con los acuerdos que emita el citado “Grupo de Trabajo”.

El “Grupo de Trabajo” estará integrado por:

(i) El servidor público que se desempeñe como titular de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la “SEP”;

(ii) El servidor público que se desempeñe como titular de la Subsecretaría de Educación Básica de la “SEP”;

(iii) El servidor público que se desempeñe como titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la “SEP”;

(iv) El servidor público que se desempeñe como titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la “SEP”; y

(v) El servidor público que se desempeñe como titular de la Oficialía Mayor de la “SEP”.

El convenio de referencia prevé la integración del grupo de trabajo por servidores públicos de la Secretaria de Educación Pública, así como la posibilidad de invitar a representantes que tengan amplios conocimientos relacionados con las acciones de coordinación que plantea el convenio y que permita auxiliar al grupo en la toma de decisiones, tal y como lo refiere el inciso “h” de la cláusula séptima del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.

(h) El “Grupo de Trabajo”, por conducto de cualquiera de sus miembros, podrá invitar a participar en sus sesiones, con voz pero sin derecho de voto, a representantes de otras autoridades de los gobiernos Federal o de las Entidades Federativas, así como a cualquier persona que cuente con reconocido prestigio y amplios conocimientos en cualquier materia relacionada con las acciones de coordinación pactadas en este Convenio, que permitan auxiliar al grupo en la toma de decisiones.

Es por ello que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, considera indispensable la participación de los representantes de los trabajadores al servicio de la educación en México, cuyo compromiso es por una educación de calidad en todos los niveles educativos.

La infraestructura escolar es un tema medular para asegurar un mejor aprovechamiento en los alumnos y se garanticen óptimas condiciones para el trabajo docente. La renovación de infraestructura escolar es el mecanismo para garantizar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación integral de los estudiantes.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se somete a la consideración de este pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a invitar a un representante de los trabajadores al servicio de la educación para participar en los Grupos de Trabajo que se constituyan al amparo de la cláusula séptima de los convenios de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples que fueron suscritos por las entidades federativas,

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y la Dirección General de Aeronáutica Civil a sancionar a las aerolíneas mexicanas por las deficiencias en la prestación de servicio al público, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Pablo Elizondo García, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A lo largo del tiempo, el transporte aéreo ha cobrado gran relevancia siendo considerado un pilar esencial de la sociedad global, tan gravitante en las rutinas de la sociedad como la medicina y las telecomunicaciones, y determinante del progreso social y la prosperidad económica de las naciones.

Se puede afirmar que el acceso al transporte aéreo, ya no constituye un lujo, sino por el contrario se trata de algo esencial para la vida moderna, muchos son los beneficios que nos brinda este servicio, por ejemplo; desde el punto de vista de la facilidad de acceso, el ahorro de tiempo, las ventajas económicas y la seguridad. Este sector no sólo ha contribuido a la creación de riqueza en el mundo desarrollado, sino que también ha aportado enormes ventajas a las economías en vías de desarrollo, al ofrecer un campo abierto a su potencial para el comercio y el turismo.

En el ámbito económico, es esencial para los negocios y el turismo; crea puestos de trabajo y facilita la expansión del comercio a nivel mundial, abriendo nuevas oportunidades de mercados. Además, satisface las necesidades de movilidad de una población creciente, y traslada productos y servicios con una rapidez mayor que cualquier otro modo de transporte.

De igual manera los beneficios sociales del transporte aéreo constituye el enlace que éste proporciona a través de una red mundial, que conecta a personas, culturas y países en forma por demás eficiente, sin embargo, cuando el servicio al público de transporte aéreo se vuelve ineficiente este puede traer diversas consecuencias entre las principales, pérdidas de tiempo y dinero para los usuarios; en la Profeco los principales motivos de reclamación por parte de los consumidores en contra de las aerolíneas se refieren a que el proveedor no da el producto o servicio de acuerdo a lo pactado (esto implica las demoras, incumplimientos o cancelaciones de vuelos) y también se relacionan con la negativa del proveedor a realizar cambios o devoluciones (lo que se relaciona tanto con los vuelos como con el equipaje).

En diciembre de 2015 según información obtenida del periódico La Jornada, “Una de cada dos operaciones aéreas se retrasa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Mientras en 2011 el índice nacional de puntualidad era de 85 por ciento, en julio de este año la cifra bajó a 55 por ciento. El mayor número de retardos ocurren en temporadas vacacionales.1

Relativo a la puntualidad de vuelos resulta necesario señalar que, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre calidad de las aerolíneas mexicanas, en el primer trimestre de este año Interjet tuvo 64 por ciento de puntualidad en sus vuelos, Aeroméxico 69, Magnicharters 67, Aeroméxico Connect 63, Aeromar 61, VivaAerobús 54 y Volaris 71 por ciento.

Como se observa, en los últimos años, la deficiencia en la prestación de servicios por parte de las aerolíneas, especialmente aquellas que constituyen un retraso en los vuelos han incrementado considerablemente.

En atención a ello el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, indica que “Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.”

En este sentido, resulta de suma relevancia sancionar las deficiencias en la prestación del servicio al público de transporte aéreo, así como vigilar el cumplimiento irrestricto de la normatividad aplicable, ello en aras de brindar un mejor servicio a los usuarios.

No olvidemos que el transporte aéreo constituye una industria innovadora que guía el progreso económico y el progreso social. A través de ella se vinculan personas, países y culturas, forjando lazos entre las naciones.

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que en el marco de sus atribuciones sancione a las aerolíneas mexicanas por las deficiencias en la prestación del servicio al público de transporte aéreo, especialmente aquellas que constituyen un retraso en los vuelos.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que en el marco de sus atribuciones tome las medidas necesarias tendientes a mejorar el servicio al público de transporte aéreo, vigilando en todo momento el debido cumplimiento de la Ley de Aviación Civil y su Reglamento, así como de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 1 de marzo de 2016.

Diputado Federal. Pablo Elizondo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a implantar un programa para modernizar el sistema de abasto, resguardo y dispensación de medicamentos, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Eloísa Chavarrías Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El farmacotráfico es la venta ilegal de medicamentos casi siempre provenientes del sector salud (que son las de carácter público a cargo de la Secretaría de Salud), lo cual significa una merma en las finanzas públicas, y lo que es peor, es uno de los orígenes de la carencia de medicinas en clínicas del sistema del sector salud.

La principal queja de los usuarios hacia el sistema de salud es la falta de medicinas, y aunque no se considere al robo de medicamentos como la principal principales causa, sí es significativa la merma ocasionada en el abastecimiento.

Ya en 2010 mencionaba la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, en voz de su titular, que el robo de medicamentos en el país provoca pérdidas anuales por 2 mil millones de pesos.

Esto en el sector privado, donde es verificable el número de robos, sin embargo y considerando numerosas notas aparecidas en diversos diarios podemos afirmar que el robo “hormiga” y en gran escala es una lacra en nuestro sistema de salud.

Los robos se llevan a cabo a lo largo de la cadena de distribución.

En las instituciones de salud, el robo de medicamentos es alarmante y se refleja en el desabasto a las farmacias y botiquines de las unidades médicas, hospitales de zona o centros médicos de especialidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que los delitos de adulteración, falsificación y robo de medicamentos alcanzan 11 mil 500 millones de pesos, y de éstos 1.3 por ciento fue desviado de las cadenas públicas por robo al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Secretaría de Salud. Sin embargo las cifras se refieren al medicamento incautado no del total de lo robado.

La finalidad de los robos es la venta de estos medicamentos en el “mercado negro” o informal.

Podría creerse que los medicamentos robados se refieren a los que tratan enfermedades comunes o de alta peligrosidad sin embargo se han descubierto robos como los del siguiente ejemplo: la toxina botulínica que se utiliza para relajar los músculos en los pacientes con parálisis espásticas.

Su valor en el mercado es de más de 3 mil pesos el vial y un paciente llega a utilizar dos o tres viales cada ocho meses para su tratamiento. Esta toxina es robada, pero no para tratar parálisis en niños, sino porque uno de sus nombres comerciales es Botox. La toxina es vendida a salones de belleza y “cosmiatras” sin entrenamiento médico, quienes la aplican en la clandestinidad. En los peores casos, médicos estéticos la compran aun sabiendo que es del sector salud, ya que el margen que obtendrán al aplicarla a una paciente será mucho mayor que al comprarla directamente al fabricante.”

En la LXII Legislatura se modificó el artículo 464 de la Ley General de Salud y el artículo 309 del Código Penal Federal, para incrementar significativamente las penas a quienes integran bandas que trafican con medicamentos.

Sin embargo, las medidas para erradicar el robo de medicamento en las instituciones públicas aún no se han aplicado.

Otra mala práctica se refiere al hecho de médicos que extiendan receta y utilicen al mismo usuario para su canje en farmacia, pidiendo que le entregue a él los medicamentos, algunas veces condicionando la consulta a la realización de esa acción.

Es urgente aplicar una medida correctiva pues este tipo de ilícito afecta en especial a los sectores populares que demandan medicamentos los cuales además son pagados con las contribuciones obrero-patronales.

Por lo anterior pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados hace un exhorto al titular de la Secretaría de Salud a implantar un programa para modernizar el sistema de abasto, resguardo y dispensación de medicamentos, a fin de erradicar el robo de medicamentos y otras formas de sustracción ilegal que también puedan constituirse en prácticas perjudiciales para la calidad del servicio y contra los usuarios de los servicios de salud en las instituciones a su cargo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF a integrar con sus similares locales y de la Ciudad de México el registro de instituciones de cuidado alternativo, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. México, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, reconoce los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes sin excepción y asume la obligación de promover acciones para su promoción, además de presentar informes periódicos ante el Comité de los Derechos del Niño sobre las medidas que ha adoptado para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho Tratado Internacional.

2. Como parte de las acciones para armonizar lo establecido en dicha Convención, se expidió la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes que contiene el catálogo de obligaciones del Estado Mexicano para garantizar el ejercicio de los derechos de esos sectores de población. En una de esas disposiciones, específicamente en el artículo 112 de citado ordenamiento, establece una coordinación entre las Procuradurías de Protección de las entidades federativas y la Federal, como autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.

3. El Registro aludido, se planteó ante la problemática que planteó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, a través de la publicación en 2013 del estudio denominado La situación de niñas, niños y adolescentes en las instituciones de protección y cuidado de América Latina y el Caribe, donde afirma que toda la región, incluido México, la cantidad de niños en instituciones es muy superior al que se encuentra en formas alternativas.

Por ejemplo, en Granada, mientras 197 niños, niñas y adolescentes se encontraban en instituciones, tan solo 96 estaban en programas de alternativa familiar o sus familias recibían apoyo por parte del estado. En Brasil, 36 mil 929 niños se encontraban en instituciones de protección, mientras que tan solo 932 estaban en programas de familia acogedora. Por lo que hace a México ha habido casos significativos de violencia institucional a infantes en situación de desamparo, por citar dos casos, se mencionan los siguientes:

• En 2008 se dio a conocer en medios de comunicación el caso denominado Casitas del Sur iniciando con la desaparición de Ilse Michel Curiel Martínez y destapó una red de casos de tráfico de infantes con al menos 15 menores desaparecidos. En 2005, Ilse Michel fue ubicada en un albergue temporal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como presunta víctima de violencia intrafamiliar y dos años más tarde fue trasladada a “Casitas del Sur”, albergue administrado por la Sociedad Civil “Reintegración Social A.C.” presidida por la Iglesia Cristiana Restaurada. El año en que desapareció, un juez otorgó la patria potestad de Ilse a su abuela Materna quien inmediatamente acudió por ella al albergue. Sin embargo, desde ese momento le fue negada, argumentando que ya no se encontraba ahí. En enero la Procuraduría General de la República realizó un cateo en dos inmuebles del albergue recuperando a 126 menores. En febrero de ese mismo año, se recibieron denuncias de tráfico de menores en el Centro de Adaptación e Integración Familiar CAIFAC en Monterrey y la Casa Hogar La Casita en Cancún. Hasta abril de 2014, se habían localizado y recuperado 12 menores sustraídos de Casitas del Sur, entre ello Ilse Michel Curiel, que fue localizada en el Estado de México.

• Un caso más reciente se originó en el estado de Sonora en 2015, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó 17 casos de venta de menores por el exfuncionario del DIF Sonora, con la participación confesa de dos elementos de la Policía Federal Investigadora, cuya función era intimidar con supuestas órdenes de aprehensión a familiares y madres biológicas con problemas de adicción, a quienes obligaban a firmar documentos oficiales. Uno de los casos documentados se dio durante el primer trimestre de 2015 en el que se pagaron 180 mil pesos por un menor, cuyos padres se tienen localizados en Utah, Estados Unidos, y donde se desconoce si son mexicanos o estadounidenses. Asimismo se detectaron ramificaciones de esta red en Hermosillo, Nogales, Guaymas, hasta septiembre de ese mismo año, la Procuraduría General de la República atrajo la investigación que sigue en curso.

4. Para atender esta problemática, el Comité de Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas establece que “todos los niños y niñas tienen derecho a vivir en familia, siendo éste el espacio primordial para su crecimiento”; para tal efecto, el Estado debe proporcionar apoyar a las familias, prestar asistencia a los padres y representantes legales para el desempeño de sus responsabilidades y velar porque ningún niño sea separado de su familia, salvo en los casos en que tal separación sea necesaria, porque el niño esté siendo objeto de violencia, abuso, descuido, malos tratos o explotación mientras se encuentre bajo la custodia de los padres, un representante legal o cualquier persona que lo tenga a su cargo.

Por otra parte señala que cuando un niño se encuentre temporal o permanentemente privado de su medio familiar, o cuando por el interés superior del mismo se exija que no permanezca en ese medio, tiene derecho a la protección y asistencia especiales, el Estado debe garantizar el acceso a cuidados alternativos y, sólo de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas para su protección.

5. Por su parte el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas recomienda que al momento de fracasar las medidas de apoyo a la familia de un menor y no existe la posibilidad de apoyo con familiares así como un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, deben considerarse todas las alternativas posibles antes de recurrir a la institucionalización, el menor tiempo posible y promoviendo siempre las medidas para encontrarles acogimiento de tipo familiar a esos menores. Por lo anterior, se recomienda que todas las instituciones de protección y cuidado deben inscribirse en un registro específico y sometidas a un proceso de habilitación para su funcionamiento, sobre la base de criterios técnicos que establezcan estándares de calidad para el cuidado. De esta forma se evitaría la conformación de grandes instituciones, la localización de las mismas lejos de las comunidades, o la internación de niños menores de tres años en las mismas, entre otros aspectos relevantes en el marco de la estrategia de desinstitucionalización.

6. De esa manera es preciso que las autoridades procuren la implementación efectiva de un registro de todos los niños que se encuentran en las instituciones. La información recabada ha dejado en evidencia que el número de niñas, niños y adolescentes en instituciones de protección es muy importante, pero la ausencia de información oficial disponible ha impedido una cuantificación precisa del fenómeno. La determinación de este tipo de medidas debería regirse de forma estricta por procedimientos formales, ajustados a la ley, que permitan un reexamen periódico y que den lugar a resoluciones fundadas, sujetas a revisión judicial, además la revisión periódica es la forma de poder asegurar el carácter excepcional y temporal de la institucionalización.

7. El presente punto de acuerdo busca que se implemente a la brevedad posible el Registro Nacional de Instituciones de Cuidado Alternativo que establece el artículo 112 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para tal efecto debe existir la coordinación necesaria entre la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional y la de las entidades federativas para que proporcionen la información actualizada al respecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF para que, en coordinación con sus similares de las entidades federativas y de la Ciudad de México, lleve a cabo la integración del Registro de Instituciones de Cuidado Alternativo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a considerar en los programas de estudio la inclusión de actividades relacionadas con la educación ambiental, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es un derecho fundamental y un bien público, por lo que las políticas al respecto deben garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a sus beneficios, pues es a través de la educación que las personas pueden mejorar sus condiciones de vida, sus expectativas de inserción laboral productiva y sus ingresos. Así pues, la educación juega un papel esencial en la construcción de un país más justo, más libre y más democrático, así como en el desarrollo integral del ser humano, además de ser la pieza clave que hace posible el ascenso de los individuos en la escala social.

Para acercar oportunidades educativas de calidad a toda la población se tiene que mejorar el sistema educativo en su conjunto y diseñar estrategias centradas en la atención a los grupos de población que enfrentan mayores obstáculos para ejercer plenamente su derecho a la educación, lo cual, sin duda alguna, ha sido el espíritu de la reforma educativa impulsada por el Gobierno de la República que encabeza el Presidente Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la Unión en 2013 con el consenso mayoritario de las fuerzas políticas en este representadas.

Calidad en la educación y ampliación de la jornada escolar son dos ejes de la reforma educativa estrechamente vinculados y que a la luz de los resultados de experiencias internacionales, son también elementos indispensables para la conformación de bases sólidas que garanticen mejores oportunidades para nuestros niños y jóvenes y un mejor futuro para nuestra nación.

Así pues, estamos siendo testigos de importantes y profundas transformaciones cuya finalidad es modificar sustancialmente el modelo educativo en nuestro país a fin de que el Estado cuente con más herramientas para cumplir eficazmente con su tarea de garantizar en la práctica el acceso universal a la educación de calidad.

En este contexto, el de la puesta en marcha de la reforma educativa, recientemente el titular de la Secretaría de Educación Pública, el Maestro Aurelio Nuño Mayer, dio a conocer los nuevos programas y políticas públicas que serán implementadas para alcanzar algunos de los objetivos de dicha reforma estructural.

El nuevo plan Escuela al Centro , pretende impulsar una reorganización interna en el funcionamiento de las escuelas, desde la delegación de las tareas administrativas a una nueva figura para dar preferencia a la ocupación del tiempo de los profesores en la enseñanza, hasta dotar a las escuelas de un presupuesto para la dignificación y mejoramiento de las condiciones en que se encuentran sus instalaciones, así como el fortalecimiento a los Consejos Escolares de Participación Social, como un mecanismo incluyente dirigido a fomentar la colaboración de los padres en las labores de gestión de las escuelas.

Asimismo, resulta importante señalar, como uno de los ejes de acción de mayor trascendencia, el tema de la flexibilización del calendario escolar, pudiendo tener una jornada con el mismo número de horas contempladas en los planes de estudio (800 horas clase al año) pero con opción a desarrollarse en 200 días –como se encuentra actualmente previsto- o bien, en 185 días, dependiendo de las necesidades de cada escuela.

Sumado a los anteriores ejes de acción, se contempla la implementación del programa Escuelas de Verano , el cual consiste en mantener abiertas las escuelas públicas durante el receso vacacional entre ciclos escolares, para que sus alumnos puedan tener acceso a actividades recreativas, culturales, deportivas, e incluso de regularización para quienes así lo requieran.

Las Escuelas de Verano vendrán a complementar el programa Escuelas de Tiempo Completo cuya finalidad es avanzar en el plan del Gobierno de la República de hacer de las escuelas centros de aprendizaje relevante y pertinente para la vida, para el trabajo y para la convivencia a través del impulso de estrategias que buscan ampliar el tiempo que los alumnos pasan en la escuela.

Lo verdaderamente relevante de las Escuelas de Verano es que a través de estas se pretende inculcar en los niños y niñas la práctica cultural y deportiva, fortaleciendo con ello su formación y abonando al combate contra la obesidad infantil, como un problema de salud pública que urge erradicar.

Sabemos que es un proyecto ambicioso, pero necesario para brindar a nuestros niños herramientas suficientes que les permitan ser competitivos en un mundo cada vez más complejo. Este 2016, sin duda, será clave para la consolidación de la transformación del modelo educativo que ya está en marcha.

En este marco, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, además de sumarnos a los esfuerzos y trabajos necesarios para que la reforma educativa rinda los frutos que de ella se esperan, tenemos el firme compromiso de aportar ideas que fortalezcan el aprovechamiento del tiempo, la adquisición de conocimientos y habilidades y eleven la calidad del aprendizaje de nuestros niños y niñas.

Al respecto, consideramos que el anuncio de las Escuelas de Verano es una buena oportunidad para proponer que en dicho programa se contemple la inclusión de actividades encaminadas a inculcar en los alumnos el sentido de responsabilidad y respeto hacia su entorno natural. Desafortunadamente seguimos siendo testigos de la falta de empatía e interés entre la población respecto a estos temas, no obstante las evidencias contundentes de graves afectaciones a nuestro medio ambiente, las cuales se han recrudecido en los últimos años. Por este motivo consideramos necesario generar conciencia entre los mexicanos desde temprana edad de la importancia que reviste cuidar la naturaleza.

Es importante tener presente que la mejor manera de construir una sólida cultura ecológica en nuestro país orientada a valorar y respetar los recursos naturales es implantar la responsabilidad ambiental como uno de los ejes del sistema educativo nacional.

Cabe mencionar que, bajo este orden de ideas y con una gran visión de futuro, el gobierno del estado de Chiapas ha implementado un programa pionero en el país denominado Educar con Responsabilidad Ambiental a través del cual se han venido desarrollando contenidos educativos que estimulan entre la niñez y la juventud chiapaneca la generación de nuevos conocimientos, valores y actitudes, que fomentan prácticas sustentables y amigables con el entorno.

México requiere no sólo estar en armonía con la naturaleza, sino también con la posición jurídica y los objetivos de la educación ambiental a nivel mundial, fijada en la Carta de Belgrado de 1975, la cual establece el compromiso de los firmantes de emprender acciones encaminadas a ayudar a las personas y a los grupos sociales a:

• Adquirir mayor sensibilidad y conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo.

• Así como desarrollar su sentido de responsabilidad y tomar conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.

Además, resulta importante destacar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera que la educación forma parte de la solución de los problemas ambientales mundiales, al estimar que las personas con un nivel de educación más alto suelen preocuparse más por el medioambiente y, por consecuencia, emprenden acciones que promueven y apoyan las decisiones políticas encaminadas a protegerlo.

La educación tiene un poder considerable para cambiar los modos de vida y los comportamientos nocivos para el medio ambiente. La educación, en virtud de su capacidad para crear nuevos valores y modificar actitudes, puede alentar a las personas a hacer un uso más eficaz de la energía y el agua y a reciclar los residuos domésticos.

En virtud de lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados estamos convencidos que la inclusión de asignaturas y actividades en materia de educación ambiental, son la vía más adecuada para lograr la participación activa y conjunta de la sociedad y la autoridad en la tarea de conservar y proteger nuestro medio ambiente, por ello proponemos se incluyan dichas actividades ambientales a los programas de Escuelas de Tiempo Completo y Escuelas de Verano.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública que, en el marco del programa Escuelas de Tiempo Completo y Escuelas de Verano, considere la inclusión de actividades relacionadas con la educación ambiental que inculquen a los alumnos el respeto por la naturaleza.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el primer día del mes de marzo del año 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz De León Villard, Daniela De los Santos Torres, Andrés Fernández Del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, relativo a la promoción indebida con recursos y programas públicos y el uso de la marca CDMX por el jefe del gobierno de la Ciudad de México, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

A lo largo de la historia, la Ciudad de México ha tenido diferentes denominaciones como “La Gran Tenochtitlán”, acuñada por Hernán Cortés en 1522; o “La Ciudad de los Palacios”, atribuida al Barón de Humboldt (Pacheco, José Emilio, Proceso 8/01/2012) designación utilizada por antonomasia no oficial hasta la década de 1970.

Durante los 80 y 90 se recurrió al slogan “México, Ciudad con Ángel”, en consideración a la popularidad de la Victoria Alada de la Columna de la Independencia, plenamente identificada como El Ángel de la Independencia. En 1995 Oscar Espinosa Villareal ajustó el diseño del escudo de armas del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) con el fin de darle identidad a su administración.

En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas, primer jefe de gobierno electo mantuvo la toponimia y el escudo de armas sin hacer una distinción de su gestión aun después de haber cambiado de DDF al Gobierno del Distrito Federal; Andrés Manuel López Obrador (2000) acuñó la marca y logo “La Ciudad de la Esperanza”; Marcelo Ebrard (2006) intentó colocar “Capital en Movimiento” y “Ciudad de Vanguardia”, a fin de vincular la identidad urbana con una frase que fortaleciera la imagen de la ciudad.

Miguel Ángel Mancera, inscribió su leyenda de campaña como eslogan de la ciudad, “Decidiendo juntos”. Ante la falta de consultas públicas, diagnósticos y análisis críticos que permitieran evaluar las necesidades reales de los diferentes sectores de la población, diversos grupos sociales manifiestan su crítica a la frase acuñada, puesto que no se percibe una atención que emane de la ciudadanía, sino que se pone en evidencia la decisión de un poder ejecutivo autoritario que decide con su grupo más cercano qué es lo que requiere la ciudad. No hay respuesta a las necesidades y demandas de diferentes poblaciones y clases sociales. Ante semejante contradicción y su falta de popularidad recientemente adoptó la leyenda “Capital Social”.

Consideraciones

La naciente disciplina de mercadotecnia estratégica de ciudades que tiene por objeto proyectar, promocionar o publicitar una ciudad, puede ser una herramienta útil para integrar e impulsar proyectos urbanos, turísticos con el fin de conceptualizar en una imagen y un eslogan la identidad y la calidad de vida urbana.

La marca CDMX, impulsada por el Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT), fue inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en marzo de 2014, concesionada en agosto del mismo año por 10 años (marzo 2024). CDMX está registrada a título del gobierno del Distrito Federal y como apoderado legal aparece el nombre de David Rosales García, con dirección avenida General Mariano Escobedo #362-5, colonia Anzures, México, DF; perteneciente al Bufete jurídico Rosales.

Llama la atención que el apoderado legal resulte ser el socio del bufete jurídico, “Rosales”, mas no la Consejería Jurídica y de Servicios Legales que, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, es el órgano correspondiente para realizar los trámites jurídicos de la Ciudad de México.

Mancera ha realizado giras de autopromoción por diferentes estados de la República en donde ha llevado programas sociales impulsados en la Ciudad de México tales son: “El Médico en tu Casa” y “Cunas CDMX” en horarios de trabajo como Jefe de Gobierno y presuntamente con recursos públicos.

En la firma de tales convenios y la entrega de cunas, se ha utilizado la marca CDMX, cuyos derechos pertenecen al gobierno del Distrito Federal. Además, en estas giras el jefe de gobierno de la Ciudad de México ha reiterado sus aspiraciones de ser candidato a la presidencia para 2018, hecho que viola flagrantemente la ley electoral debido a la utilización de recursos y programas sociales propios de la Ciudad de México, junto con la denominada marca CDMX, con tintes claros de promoción personal y con fines propagandísticos electorales, por citar un par de actos de campaña:

El martes 23 de febrero Miguel Ángel Mancera entregó paquetes de “Cunas CDMX” en el estado de Chiapas, el dirigente del PRD en la misma entidad César Espinoza Morales señaló: “Tenemos candidato y carta en el PRD y ese se llama Miguel Ángel Mancera”, el gobernador, del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, agradeció el regalo de cunas a madres de dicha entidad.

El 16 de febrero, Mancera hizo lo propio en el estado de Durango, con el programa “El Médico en tu Casa”; el gobernador de filiación priísta, Jorge Herrera Caldera dijo: “Quiero felicitar al Jefe de Gobierno [...]. Él está recorriendo las casas en las colonias llevando este beneficio”. Entre las entidades visitadas por Mancera se encuentran también Michoacán, Chihuahua, Sinaloa y Tlaxcala.

Cabe señalar que las reglas de operación de los citados programas son públicos y pueden ser adoptados por los diferentes gobiernos de los estados, sin que sea el propio jefe de gobierno quien los impulse en otras entidades y menos con recursos públicos que le pertenecen legal y legítimamente a las los habitantes de la Ciudad de México.

Con base en lo anterior se deduce que la marca CDMX, no es utilizada con el objeto de proyectar la identidad turística y urbana de la Ciudad de México, sino como una herramienta para el lucimiento y fines políticos personales mediante el presunto uso de recursos públicos de la entidad ante sus aspiraciones de contender a la presidencia de la República en 2018, aspiraciones anunciadas por el mismo Mancera el 15 de junio de 2015.

El jefe de gobierno estaría incurriendo en hechos violatorios del artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el presunto uso de recursos públicos para su promoción personal con motivo de la difusión de propaganda y publicidad de la toponimia de la Ciudad de México y el uso de programas sociales con fines políticos.

De acuerdo con el artículo 442 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales , que versa sobre los sujetos con responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, así como en sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 1 el jefe de gobierno del Distrito Federal estaría incurriendo en la ilegalidad, máxime cuando ostenta un cargo público.

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, deje de usar la marca CDMX y promocionarse con fines político- electorales mediante el uso de programas sociales y presuntamente con recursos públicos de la Ciudad de México.

Segundo. Esta soberanía exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, haga pública las razones por las que un despacho privado es el apoderado de la marca CDMX.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que investigue y sancione los posibles actos anticipados de campaña, en los que presumiblemente está incurriendo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Nota

1 Sentencia: SUP-RAP-28/2007 versó sobre la propaganda electoral a favor de Roberto Madrazo Pintado en el que se evidenció el uso de propaganda “con la finalidad de obtener apoyo de la ciudadanía generando con ello un posicionamiento anticipado de dicho militante”.

Sentencia: SUP-RAP-39/2007 “relacionada con los supuestos actos anticipados de campaña realizados por Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, candidatos del PRD al jefe de Gobierno del DF y al Presidente de la República respectivamente” (Gilas, Sin fecha: 30-31p)

Bibliografía

GILAS, Karolina (Sin fecha), Propaganda en materia electoral. Criterios relevantes , TEPJF-Centro de Capacitación Judicial Electoral, en colección Líneas jurisprudenciales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a coordinar la realización de un estudio técnico en la zona oriente de Guadalajara para resolver el problema vial por falta de planeación urbana donde convergen la avenida Artesanos y las calles San Pedro y José María Narváez, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Jonadab Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Jalisco para que en ejercicio de sus atribuciones realice las acciones necesarias para coordinar la realización de un estudio técnico en la zona oriente de la ciudad de Guadalajara, concretamente en donde convergen la avenida Artesanos y las calles de San Pedro y José María Narváez, para resolver la grave problemática vial generada ante la falta de planeación urbana en dicho espacio público.

Consideraciones

El aumento de la congestión vial en nuestro país debido al incremento del parque vehicular, tiene como consecuencia el aumento de accidentes viales, peligro para peatones, usuarios del transporte público y automovilistas y no obstante todos los días tenemos que enfrentarnos a esta problemática y coexistir armónicamente en nuestro camino diario por las ciudades.

El derecho a la movilidad necesariamente tiene que tomarse como un eje estratégico para lograr condiciones de progreso urbano, de ahí deriva la importancia de contar con transporte público eficiente y con accesibilidad universal y crear un ambiente adecuado con condiciones mínimas de seguridad para el peatones y ciclistas, los sujetos más vulnerables en la ecuación de nuestra realidad vial.

El tema de una movilidad adecuada es de vital importancia para detonar el desarrollo de las áreas metropolitanas mexicanas, así como para garantizar una calidad de vida adecuada y seguridad de las personas al cuidar de su vida e integridad física. Sin embargo, parece que vamos por el camino equivocado porque invertir todos los días dos o hasta tres horas en movernos en condiciones extremas, peligrosas y ante infraestructura con falta de calidad, redunda en problemas sociales, de salud e incluso económicos.

Si bien actualmente una gran parte de los Estados cuenta con un instrumento jurídico que de alguna manera vela por el derecho a la movilidad de las personas, también hace falta ejercer las atribuciones y facultades que dichos ordenamientos dan a los gobernantes para que nuestras leyes no se conviertan en lo que comúnmente conocemos como letra muerta.

Es obligación de los gobiernos, lograr que las ciudades cuenten con infraestructura vial más segura para todos: peatones, ciclistas y automovilistas. Las necesidades de los usuarios de la vía pública deben ser tomadas en cuenta cuando se adopten decisiones sobre la política pública de seguridad vial, planeación de las ciudades y planificación del transporte. El gobierno debe examinar la forma de integrar todas las formas de desplazamiento para hacerlos más seguros y que no constituyan un peligro en la vida cotidiana de las personas.

De acuerdo con el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, elaborado por ONU Habitat, por un mejor futuro urbano, el crecimiento exponencial de la concentración en torno a los polos de desarrollo como son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en muchos aspectos de forma caótica y desordenada, producto de la necesidad de trabajo y vivienda, han mermado de manera lamentable al medio ambiente provocando que la calidad de vida haya descendido notablemente en las últimas décadas; si una ciudad apuesta exclusivamente al transporte motorizado privado la consecuencia lógica será un grave problema de congestión vial. De acuerdo al citado reporte, ahora la Zona Metropolitana de Guadalajara experimenta problemas de movilidad, toda vez que el 28% de los viajes se realiza en automóvil privado y el resto se distribuye en sistemas de transporte público, lo que se traduce en un congestionamiento vial crónico.

No obstante, el artículo 2o. de la Ley de Movilidad y Transporte del estado de Jalisco establece lo siguiente:

Artículo 2o . Para los efectos de la fracción I del artículo anterior:

I. Son principios rectores de la movilidad:

a) La accesibilidad, como el derecho de las personas a desplazarse por la vía pública sin obstáculos y con seguridad, independientemente de su condición;

b) El respeto al medio ambiente a partir de políticas públicas que incentiven el cambio del uso del transporte particular y combustión interna, por aquellos de carácter colectivo y tecnología sustentable, o de propulsión distinta a aquellos que generan emisión de gases a la atmósfera;

c) El desarrollo económico, a partir del ordenamiento de las vías públicas de comunicación a fin de minimizar los costos y tiempos de traslado de personas y mercancías;

...

Para lograr una política de movilidad acorde a los principios establecidos en la Ley, para su aplicación, deben concurrir el Ejecutivo del Gobierno del Estado y los ayuntamientos en los ámbitos de sus respectivas competencias y conforme a sus propias atribuciones.

Por lo que, de conformidad con el artículo 19 del citado ordenamiento, el Ejecutivo del Estado tiene dentro de sus atribuciones la de formular, aprobar, aplicar, evaluar y modificar las políticas de movilidad, estrategias y acciones relativas a la construcción y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial; celebrar acuerdos y convenios de coordinación con los ayuntamientos, para la realización de acciones en las materias objeto de la ley; y coordinar las actividades en materia de movilidad y transporte, así como de seguridad y prevención de accidentes viales , con las autoridades federales y municipales; preparar y reunir lo necesario para la maximización de la movilidad de los peatones, del uso del transporte público y de los vehículos de propulsión humana, así como la integración eficiente de los distintos modos de transporte posible, con la concurrencia de autoridades municipales, por lo que concierne a las cuestiones de las autoridades municipales y por lo que concierne a las cuestiones de equipamiento vial y tránsito relacionadas.

Por otro lado el Ejecutivo estatal, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley, tiene la facultad de asesorar y apoyar a los ayuntamientos para realizar estudios técnicos y acciones en materia de vialidad y tránsito de vehículos para lograr una mejor utilización de la vías y de los medios de transporte correspondientes, que conduzcan a acciones que protejan la vida, la integridad física de las personas, el medio ambiente y contar con elementos que proporcionen comodidad y fluidez en las vialidades, a través de un esquema que permite por Ley establecer la concurrencia y coordinación de las autoridades involucradas.

En la ciudad de Guadalajara existe un cruce donde converge la Avenida Artesanos con las calles de San Pedro y José María Narváez, en la colonia Oblatos, en el cual un polígono irregular afecta a la Avenida Artesanos, que es una arteria primordial de comunicación en la ciudad, al reducir la capacidad vial de los diversos medios de transporte que diario circulan por ahí, ocasionándose un serio problema de tráfico superior a la capacidad vial para la cual fue diseñada, lo cual contribuye a tránsito desmedido vulnerando la seguridad de los peatones que por ahí transitan, altos niveles de contaminación, mermando la calidad de vida de los vecinos de la zona y de los usuarios de estas vías de comunicación, disminuyendo incluso el valor económico de la zona al impedir el desarrollo comercial del lugar que se encuentra en la zona oriente de esa ciudad.

Por lo anterior es importante que el Estado en ejercicio de sus atribuciones coordine la necesidad de realizar un estudio técnico en la zona en comento para brindar a sus habitantes un espacio público de calidad que garantice el derecho a la movilidad de vecinos y usuarios de dichas vialidades, integrando al entorno diversas modalidades de transporte como puede ser, carriles o espacios de preferencia para los ciclistas, transporte público articulado, planeación en la avenida para el paso de automovilistas e infraestructura necesaria para la protección de la vida y la integridad física de los peatones.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Jalisco, para que en ejercicio de sus atribuciones realice las acciones necesarias para coordinar la realización de un estudio técnico en la zona oriente de la ciudad de Guadalajara, concretamente en donde convergen la avenida Artesanos y las calles de San Pedro y José María Narváez, para resolver el gran problema vial generado ante la falta de planeación urbana en dicho espacio público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a localizar a 22 menores desaparecidos de un albergue de Huitzilac, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

Norma Edith Martínez Guzmán, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se solicita respetuosamente al gobernador del estado de Morelos que tome las medidas que sean necesarias para localizar a los 22 menores desaparecidos de un albergue del municipio de Huitzilac; asimismo, para que a través del Sistema DIF del estado, se implementen las acciones pertinentes para prevenir se repitan estos hechos y para la debida supervisión de las instituciones que resguardan la niñez institucionalizada de esa entidad federativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 23 de agosto del año en curso, diversos medios de comunicación nacionales, dieron a conocer a la opinión pública la desaparición de 22 niños de un albergue privado en el municipio de Huitzilac del Estado de Morelos; señalando que un grupo de 22 niños que estaban bajo la custodia del albergue privado “Amor para Compartir”, están considerados por el Sistema DIF Morelos como “desaparecidos”. Dicha ausencia de los albergados fue constatada según los medios por las autoridades del DIF luego de dos operativos para rescatar a los infantes, aunque en el sitio también había mayores de edad, dijo la presidenta del organismo descentralizado, Elena Cepeda de León, quien puntualizo que el pasado 14 de enero realizaron su primera visita al albergue referido y contabilizaron 75 niños y niñas, así como algunos mayores de edad que, de acuerdo con la ley, su estancia era irregular.

El DIF informo que detectaron anomalías en la operación del albergue por lo que presentaron un escrito ante el Primer Juzgado de Distrito con sede en Cuernavaca para hacer constar esta situación e iniciar un juicio para asumir la custodia del total de los menores, por lo que se abrió el expediente 179/2016-9 con esta causa.

Unos días después el Sistema DIF Morelos justifico su intervención en el albergue luego de que un adolescente identificado como “Juan” denuncio ante la Fiscalía General del Estado, el 25 de enero, maltrato del personal del refugio y de sus compañeros.

Ante la acción del DIF el representante legal del refugio, interpuso un juicio de garantías contra el supuesto cierre o clausura del lugar, recurso que no le fue concedido, por lo que el 15 de febrero el Sistema DIF y la Fiscalía General del Estado realizaron una diligencia para sacar a 19 menores de edad del albergue y llevarlos al Centro de Atención al Menor (CAM) en el municipio de Temixco. El argumento fue que los llevaron a la Fiscalía para conocer su estancia en el refugio.

Luego trascendió que el Primer Juzgado de Distrito al negar el amparo que interpuso la asociación civil “Amor para Compartir” contra el Sistema DIF Morelos, ordeno al órgano desconcentrado estatal tomar medidas cautelares emergentes para la guarda y custodia las niñas, niños y adolescentes albergados. El acuerdo cita que la custodia será temporal hasta en tanto el albergue subsane todas las recomendaciones que se le hicieron durante la supervisión.

Con esta resolución del juzgado federal, el sistema DIF Morelos acudió el pasado 22 de febrero para cumplir con el mandato judicial y retirar 34 personas, 17 hombres y 17 mujeres, de entre 7 y 22 años de edad.

Ante esto la presidenta del Sistema DIF Morelos Elena Cepeda expreso que: “de los 75 niños, niñas y adolescentes que el albergue Amor para Compartir apuntaron tener bajo su custodia, DIF Morelos tiene 53 bajo resguardo”. Por lo que del cruce de las cifras arroja la ausencia de 22 infantes.

Por todo lo anterior esta soberanía no puede permanecer indiferente ni guardar silencio cómplice ante tan lamentables hechos. El Bien Superior de la Niñez protegido desde nuestra Constitución y la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes mandatan que la seguridad jurídica y el cuidado de los menores en especial de los más desprotegidos es un imperativo para una sociedad que respete verdaderamente la dignidad humana.

Para Encuentro Social es uno de los ejes centrales de nuestra agenda legislativa; por lo que consideramos necesario el esclarecimiento total y oportuno de las denuncias antes descritas, para que en el caso de comprobarse la comisión de algún delito por parte de las personas a cargo del multicitado albergue se ejerza acción penal contra todos los involucrados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Morelos, para que a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, realice las investigaciones necesarias para que ejercite acción penal contra quien resulte responsable de la desaparición de 22 menores del albergue “Amor para Compartir” del municipio de Huitzilac.

Segundo. Se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Morelos, para que a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado, implemente las acciones necesarias para prevenir se repitan los hechos materia del presente acuerdo legislativo en los albergues y para la debida supervisión de las instituciones que resguardan la niñez institucionalizada en esa entidad federativa.

Tercero. Se hace un respetuoso exhorto al gobernador del estado de Morelos, licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que tome las medidas que sean necesarias para la inmediata localización y restitución en su caso a sus familias de origen de los 22 menores del multicitado albergue que a la fecha se encuentran en calidad de desaparecidos.

Cuarto. Se pide respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos que en caso de ser procedente abra un expediente de queja sobre estos lamentables hechos y que de ser necesario emita las medidas cautelares o la recomendación necesaria para la protección de los derechos humanos de los niños que viven en albergues en el estado de Morelos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a otorgar facilidades para regularizar la tenencia de la tierra de las colonias agrícolas y ganaderas de San Luis Potosí, a cargo de la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Fabiola Guerrero Aguilar, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, del Comité Técnico de Evaluación y la Comisión Dictaminadora para la Aplicación de Factores Socioeconómicos a los valores comerciales en los dictámenes valuatorios emitidos por el Comité Técnico de Valuación, a efecto de que se otorguen las facilidades necesarias para que se realicen los avalúos correspondientes con el fin de lograr efectivamente la regularización de la tenencia de la tierra de las colonias agrícolas y ganaderas del estado de San Luis Potosí y de todo el país, considerando los factores socioeconómicos, debido al amplio rezago que existe en esta materia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las colonias agrícolas y ganaderas son parte importante en el acontecer histórico de México y cuya regulación normativa se implantó a través del siglo XIX con adecuaciones necesarias en el siglo XX, y procuró una distribución de la población en el territorio nacional.

Nuestro país fue pródigo en la búsqueda de movimientos colonizadores. Como antecedentes se tiene el decreto de 1823 por el que se premia con tierras baldías a los patriotas que prestaron sus servicios para sostener la independencia y la libertad. Destaca también en ese año el decreto de colonización del Istmo de Tehuantepec, otorgando porciones de tierra a los militares en consideración a sus méritos, a su graduación y a la parte de sueldos que hubieran dejado al retirarse1 .

Sin duda esta primera fase colonizadora está impregnada de un deseo de atraer extranjeros al país destacando las enormes facilidades para colonizar establecidas a favor de los militares y extranjeros. Y aunque teóricamente encontramos preceptos de las Leyes de Colonización de magnifico contenido, las soluciones legislativas tendieron a ser más políticas que técnicas2 .

En esta primera fase trató de convertirse a los militares en campesinos, prefiriéndolos incluso sobre los derechos de los vecinos; por otra parte se pretendió subir el nivel cultural del indígena mezclándolo con el extranjero en las nuevas colonias, lo cual no resultó aplicable. Era obvio que con tales medidas no se redistribuyera la tierra ni la población ni se resolviera el problema agrario3 .

En la construcción de las leyes de colonización se apuntó a generar un equilibrio entre la cantidad de tierras baldías y la falta de pobladores, persiguiendo una corriente de inmigración de los puntos donde había exceso de pobladores a aquellos en donde faltaran, buscando así una pretendida la solución del problema agrario. No obstante, en la práctica, las leyes que regulaban la materia fueron ineficaces porque no se tuvieron en cuenta las condiciones especiales de la población rural mexicana ni las que por el momento guardaba el país4 .

Esto es claro ejemplo de que la aplicación normativa de las colonias agrícolas ha sufrido históricamente un retraso amplio; por ejemplo, durante el Porfirismo existió una inadecuada normativa jurídica contenida en el Decreto de Colonización de Compañías Deslindadoras de 1883, completada por la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos expedida en 1894, que posibilitaron el acaparamiento de tierras por las empresas deslindadoras en perjuicio de la gran masa campesina.

La preocupación de los gobernantes de esa época fue la de poblar el inmenso territorio nacional, auspiciando una tenaz política colonizadora con resultados altamente negativos comprobados históricamente, que culminó con el establecimiento de compañías deslindadoras y colonizadoras.

En el siglo XX fueron emitidas dos leyes de colonización: la de 1926 en un primer momento, que sería sustituida veinte años más tarde por la expedida en 1946. Para 1962 se dio fin a la colonización en propiedad privada, quedando sujeta a lo establecido en la legislación agraria a través del régimen ejidal5 .

No obstante la regulación derivada de la incorporación del régimen ejidal al derecho positivo mexicano, durante más de ciento cincuenta años fueron fundadas múltiples colonias al amparo de las leyes de colonización, y si bien han ido desapareciendo, todavía subsisten colonias agrícolas y ganaderas con un régimen jurídico propio.

Es por ello que las colonias agrícolas y pecuarias de nuestro país como figura subsistente, se encuentran entre la propiedad privada y la propiedad social, y sufren a lo largo del país un grave y escandaloso rezago en lo que a la regularización legal de la tenencia de la tierra se refiere.

Es así que los lotes agrícolas en muchas ocasiones no cuentan con un título de lote agrario pese a la implementación del Programa de Regularización de Colonias Agrícolas y Ganaderas, programa de regularización a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La búsqueda de los colonos del título de lote agrícola, el derecho al cerril o uso común, los lleva a buscar la implementación del programa concreto para la regularización de lotes de colonias agrícolas y ganaderas, que es un acto jurídico mediante el cual la Sedatu regulariza la tenencia de la tierra de las colonias agrícolas y expide los títulos de propiedad correspondientes a los colonos o poseedores de lotes. Esto lo hace con fundamento en el artículo 27, tercer párrafo de la Constitución federal, y con base en el Reglamento de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

La Sedatu solicita una serie de requisitos entre los que se encuentra la promoción de la regularización del lote agrícola o ganadero, la manifestación expresa de querer continuar con el trámite de colonia de acuerdo al octavo transitorio de la Ley Agraria, y la constancia de pago del predio en caso de que este se adeude total o parcialmente, en cuyo caso el Comité Técnico de Evaluación de la Sedatu emite un avaluó para proceder a su pago6 .

No obstante las cantidades reguladas y avaladas por el Comité Técnico de Valuación de la Sedatu en el caso de la regulación de gran parte de la colonias agrícolas existentes en el estado de San Luis Potosí, emiten avalúos cuyas cifras exceden por mucho el valor de los terrenos llegando incluso a sobrepasar el ingreso de los poseedores de la tierra, por lo que no se consideran, a través de la comisión dictaminadora, los factores socioeconómicos a los valores comerciales en los dictámenes valuatorios emitidos por el Comité Técnico de Valuación, dejando de lado los pormenores y características de vulnerabilidad en la que se hayan los poseedores de estos lotes.

Esto último debería efectuarse en virtud de lo dispuesto por los artículos 116 y 163, fracción II, del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, el cuarto párrafo de la exposición de motivos del Reglamento de Operaciones del Comité Técnico de Valuación de la Sedatu, y los acuerdos primero, cuarto y sexto del acuerdo que establece la creación de la comisión dictaminadora para la aplicación de factores socioeconómicos a los valores comerciales en los dictámenes valuatorios emitidos por el comité técnico de valuación de la misma secretaría.

Lamentablemente, ya que no puede cubrirse por parte de los poseedores el valor determinado por el comité técnico de valuación para la regularización del lote, no puede realizarse la misma de forma efectiva, y debido a su estado persistente de irregularidad, muchos de los poseedores de estos lotes se quedan fuera de programas del gobierno federal, estatal y municipal; verbigracia, el programa Proagro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) exige la presentación del título del lote agrícola, y al no contar con él, los poseedores de lotes irregulares no pueden tener acceso a este programa incrementando su estado de vulnerabilidad.

Ahora bien, todo lo anterior hace necesaria la implementación de medidas que consideren los factores socioeconómicos de los poseedores que buscan regularizar su predio, y cuya posesión ha sido pacífica y continua durante décadas, debido a que tomar en cuenta estos factores se les permita la efectiva regularización de la tenencia de la tierra ya sean lotes agrícolas, lotes urbanos, tierras ejidales.

Por todo lo expuesto es que someto a la aprobación de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, del Comité Técnico de Evaluación y la Comisión Dictaminadora para la Aplicación de Factores Socioeconómicos a los valores comerciales en los dictámenes valuatorios emitidos por el Comité Técnico de Valuación, a efecto de que se otorguen las facilidades necesarias para que se realicen los avalúos correspondientes y, en su caso, la exención de los mismos, con el fin de lograr efectivamente la regularización de la tenencia de la tierra de las colonias agrícolas y ganaderas del estado de San Luis Potosí, considerando los factores socioeconómicos, debido al amplio rezago que existe en esta materia.

Notas

1 Ruiz Massieu, Mario; Temas de Derecho Agrario Mexicano; Institutito de Investigaciones Jurídicas, UNAM; México, 1988; p. 80.

2 Ibídem. 82.

3 Chávez Padrón, Martha; El derecho agrario en México ; Porrúa, México; 1974; p. 239.

4 Mendienta y Núñez, Lucio; El problema agrario de México ; Porrúa; México; 1977; p. 105.

5 Ruiz Massieu, Mario; óp. Cit.; p. 79

6 Información consultada a través del portal electrónico de la SEDATU en la dirección: http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/tramites/reg-de-lo t-de-col-agr-y-gan/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a revisar el proceso llevado a cabo para definir el precio de la cebada de uso maltero y las nulas condiciones de competencia en el mercado, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Erandi Bermúdez Méndez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La cebada es una planta perteneciente a la familia de las gramíneas, de grano alargado y puntiagudo en los extremos, y de los llamados “vestidos”, es decir, el grano y el germen están protegidos por la cascarilla.

La malta de cebada es la cebada que ha germinado y ha sido posteriormente secada y tostada en un proceso que suele denominarse “malteado”. Tras el tostado, se le quitan las raicillas. El malteado prepara el germinado para la cocción controlada, momento en el que se le añade el amargor del lúpulo. La malta se suele usar como fuente de azúcares para la fermentación de bebidas como cerveza e hidromiel y para producir pan de cerveza.

En México se producen un total de seiscientas mil toneladas de cebada de uso maltero al año1 , siendo toda la región del altiplano que comprende estados como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, estado de México, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, los principales productores. Más de 90 por ciento del total de la producción en México tiene uso industrial particularmente para la industria cervecera, y el resto para uso pecuario y comercial.

México es el sexto productor de cerveza a nivel internacional y en temas de exportación ocupa el primer lugar en el mundo desplazando países históricos en la producción de cerveza como Holanda, Bélgica, Alemania y Estados Unidos, siendo este último el principal destino de las exportaciones mexicanas con 86 por ciento.

La industria cervecera mexicana tiene presencia en 180 países, y sus marcas son las de mayor crecimiento en el mercado internacional. 17.9 por ciento de las cervezas que se venden en el mundo son de origen mexicano, lo que significa que casi una de cada cinco de las que se consumen en el planeta proviene de nuestro país.

Cabe destacar que a partir de 2010 empresas cerveceras transnacionales adquirieron las principales empresas mexicanas, tal es el caso de grupo Cuauhtémoc-Moctezuma adquirido por Heineken y en 2013 la cervecera belga Anheuser-busch InBev haciendo lo propio con grupo modelo.

La industria cervecera en el país demanda un millón doscientas mil toneladas al año de cebada y la producción en México sólo es de seiscientas mil toneladas, este fenómeno puede explicarse por varios factores, uno de ellos es que los grupos cerveceros tienen acaparada la producción de cebada a través de una negociación donde el Sistema Producto Nacional de Cebada acuerda el precio por tonelada con los industriales lo que hace poco rentable la producción, sin dar oportunidad de obtener mayor margen de ganancias.

El monto acordado entre industriales y sistema producto cebada, hay que sumar la cantidad de 270 pesos en promedio que se pueden alcanzar por las bonificaciones que darán las empresas según la calidad que tenga la cebada, el grado de impurezas con que se presente, entre otras características; sin embargo, cabe señalar que en la zona del bajío la mayoría de las cosechas son de temporal, por lo que es más complejo controlar la calidad de la cosecha a cielo abierto, como sí podría ocurrir en el caso de la siembra bajo riego.

Otro sector afectado por este fenómeno de acaparamiento es el de las cerveceras artesanales, ya que el mercado de las maltas es uno de los aspectos con el que los microcerveceros han tenido que aprender a lidiar, pues al no existir oferta de grano éste se busca del exterior, desafortunadamente para el empresario, la Secretaría de Economía establece un cupo de importación lo que eleva los costos de producción de una cerveza artesanal hasta tres veces.

Aunado a lo anterior el 15 de enero de 2016, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), publicó en su portal de internet y en el Diario Oficial de la Federación, el extracto del acuerdo para el inicio de la investigación IEBC-001-2016 para determinar la probable existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia en el mercado de la producción, distribución, y comercialización de semilla y grano de cebada maltera utilizados para la producción de cerveza.

Es importante precisar que la Cofece considera barreras a la competencia y libre concurrencia, cualquier característica estructural del mercado, así como los hechos o actos de agentes económicos que tengan por objeto o efecto impedir el acceso de competidores, que limitan su capacidad para competir o distorsionan el proceso de competencia.

Finalmente, en la cadena de valor de la cerveza, los malteros son quienes llevan la peor parte, pues tienen dependencia económica respecto de los dos únicos jugadores que tenemos en el mercado nacional, junto con los cerveceros artesanales, que adquieren las maltas a un precio superior en el extranjero, lo que les impide competir con los precios de la cerveza estándar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a revisar el proceso llevado a cabo para definir el precio de la cebada de uso maltero y las nulas condiciones de competencia en el mercado de cebada maltera.

Nota

1 Infografía Cebada, SIAP 2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputado Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, a cargo de la diputada Karen Hurtado Aranda, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Karen Hurtado Arana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial de seguimiento a la declaratoria de alerta de género, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según la Secretaría de Gobernación, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, pues a través de éste se implementan en un territorio determinado las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Según datos del Observatorio Nacional del Feminicidio, en México cada día 6 mujeres son asesinadas, y se estima que al menos la mitad fueron victimadas en actos que implicaron un alto grado de violencia y que evidencian el uso excesivo de la fuerza física.

La mayoría de los asesinatos de mujeres corresponde a jóvenes que tenían entre 11 y 30 años de edad (46%); en el 56.72% de los crímenes las autoridades desconocen quién fue el homicida. Sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino) la autoridad conoce la identidad del victimario (35.47%), lo han podido consignar.

El pasado 28 de julio de 2015, por primera vez en la historia, la Secretaria de Gobernación emitió una alerta de género en los municipios de un estado. Un hecho sin precedente. El estado fue México y los municipios son 11: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

En dicha declaratoria, se destacaron las medidas que se aplicarían en los 11 municipios, que serían:

1. La divulgación de la AVGM (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres).

2. Definir una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública.

3. Acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección, y para gestionar la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas.

4. La elaboración de protocolos de actuación y reacción policial.

5. La creación de agrupaciones especializadas en género y de reacción inmediata

6. La recuperación de espacios públicos.

7. La creación de un programa de cultura institucional para la igualdad y de unidades de género.

8. Así como un banco de datos de violencia contra la mujer para la correcta generación de políticas públicas de prevención y atención a mujeres y niñas.

Sin embargo, pese a ser un avance importante para prevenir la violencia feminicida en el Estado de México, a la fecha no se ha puesto en marcha ninguna medida de prevención de las que en su momento se habló, por el contrario, a casi 8 meses de que se decretara la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de México, al menos se tiene registro de 63 feminicidios en la entidad y ninguna de las promesas puesta en marcha.

Asimismo, las y los legisladores, como representantes de la Nación que somos, expongo en esta Soberanía que es de suma importancia fijar nuestro interés y dar el seguimiento necesario al tema; y esto se hace aún más importante cuando sabemos que hay una lista de espera de 9 estados (Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Colima, Baja California, Sonora, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí), en donde también se ha solicitado la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; una medida que ha resultado quedarse solo en el discurso, en el mejor de los casos como buenas intenciones, pero sin que se hayan visto acciones concretas de parte de las instancias correspondientes de gobierno.

P or todo ello, se pone a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita la creación de la Comisión Especial de seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial de seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres es dar seguimiento a los protocolos que la alerta contempla, y dar seguimiento puntual a la petición de los Estados que han solicitado la misma medida.

Tercero. La Comisión Especial de seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se integrará de manera plural con las diputadas y diputados representando a todos los grupos parlamentarios, que designe la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados.

Cuarto. La Comisión Especial de seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como duración el tiempo que el seguimiento de sus temas requiera, o el término de la presente legislatura si sus tareas no hubieren terminado para esa fecha.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2016.

Diputada Karen Hurtado Arana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la realización de foros de consulta, mesas de trabajo y demás labores pertinentes para el rescate y la mejora permanente de las condiciones del lago de Chapala, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El lago de Chapala es el embalse natural más grande de México, el tercero en América Latina y el segundo en tamaño en todo el continente. Nutrida y muy valiosa ha sido la intervención de los tres órdenes de gobierno en la planeación y ejecución de acciones tendientes al cuidado y a la preservación de este vaso lacustre, que hoy por hoy se constituye no sólo como un icono que nos une, espacio de recreación para sus habitantes y elemento significativo para la promoción del turismo social, así como el proveedor del vital líquido para gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara, sino también como una maravilla natural de referencia en Jalisco, y un lugar de importancia internacional para su protección y conservación al ser uno de los sitios para los cuales la convención de Ramsar sobre los Humedales solicita resguardo, a través de la cual se busca mantener las características ecológicas de tales ecosistemas y planificar el uso racional y sostenible de los mismos a fin de preservarlos y evitar su destrucción en beneficio del planeta.

II. Diversas organizaciones sociales y ciudadanas han surgido para la defensa del capital natural de México, y particularmente, frente a lo que consideran el preocupante estado ambiental de uno de los más preciados del país, como el lago de Chapala.

La relevancia y urgencia del trabajo que proponemos en el presente acuerdo radica en que los humedales son esenciales para la vida y representan el sustento de más de mil millones de personas en todo el mundo, incluidos los pueblos indígenas, y en este caso particular para las comunidades aledañas al lago de Chapala.

Este cuerpo lacustre funciona también como fuente de abastecimiento de alimentos, medicinas, transporte, energía y materias primas tanto para el estado de Jalisco como para Michoacán. La gran diversidad de vida que alberga lo posiciona como uno de los ecosistemas más productivos del país, siendo un nicho significativo para la producción pesquera, la industria del turismo que proporciona muchas fuentes de trabajo, la agricultura, además de ser amortiguador natural frente a los efectos del cambio climático, aunado a otros servicios ambientales que provee como el controlar la erosión, mejorar la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, mantener procesos de sedimentación, y fungir como refugio para flora y fauna silvestre.

Éste es un tema que preocupa y ocupa al Partido Verde Ecologista de México, toda vez que en sus postulados se encuentra el respeto, la protección y el cuidado del medio ambiente, promoviendo y realizando acciones legislativas y de concienciación social para fomentar el uso racional y responsable del recurso hídrico y evitar su sobreexplotación y polución, generando medidas coercitivas que prevengan daños al ecosistema del lago de Chapala por descargas de aguas residuales, invasiones o asentamientos humanos irregulares, o bien, proyectos urbanos, entre otras problemáticas que pongan en riesgo el equilibrio y la sostenibilidad de Chapala y de las regiones circunvecinas.

III. El problema del lago de Chapala resulta prioritario ser examinado en su conjunto, es decir, se debe considerar a toda la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, la cual ha venido sufriendo con la degradación ambiental y en consecuencia la desecación y contaminación del lago. El desgaste de este importante recurso natural es entonces fruto de procesos sociales complejos, cuyas consecuencias se han acumulado por décadas y acelerado en los últimos años.

En virtud de lo anterior resulta prioritario establecer acciones definidas y coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, la academia y la ciudadanía en general para la generación de políticas públicas que enfrenten y den solución a las contingencias ambientales, tales como el siguiente periodo de sequía en el cual se podrían perder cerca de mil millones de metros cúbicos de agua por evaporación. Los datos que confirman dicha situación se citan puntualmente en la nota periodística que a continuación se transcribe:

AMG consumirá 6.5 por ciento del Agua del Lerma. Milenio edición Jalisco / Región / Agustín del Castillo / 11 de noviembre de 2015.

Llovió más este último año en relación al previo en la cuenca Lerma-Chapala, pero como el lago de Chapala se mantiene en el rango medio, es decir con una existencia de entre 3 mil y 6 mil millones de metros cúbicos, el reparto será el correspondiente: 3 mil 621 millones de m3 serán entregados en el ciclo 2015-2016 a los usuarios de la región de 50 mil km2, incluida Guadalajara, esta última, con apenas 237 millones de m3 (aproximadamente 6.5 por ciento del volumen total).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del organismo de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, presentó las cifras de la asignación de volúmenes de agua superficial para el ciclo noviembre de 2015-octubre 2016 para un territorio que su ubica en las porciones de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, en la 147 reunión técnica, que por primera ocasión presidió como secretario técnico de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca Lerma Chapala, el nuevo director del organismo, Jorge Malagón Díaz.

Precisó que el volumen es “ligeramente superior” al que se entregó en el ciclo anterior, cuando se asignaron 3 mil 608 millones de m3, de los cuales se utilizó 83 por ciento. Chapala alberga hoy 4,908 millones de m3. “La Asignación se realizó de manera equitativa, beneficiando a todos los usuarios de distritos y unidades de riego, sistemas de pequeña irrigación, abastecimiento para el uso público urbano y de generación de energía eléctrica”.

Entre los datos generales, destaca que la zona acumuló precipitaciones de 861 milímetros (mm), que superaron la media histórica de 711 mm. El volumen asignado a Guadalajara es 6.5 por ciento del distribuido entre todos los usuarios, pero además, equivale a sólo 4.8 por ciento del almacenamiento actual del mayor embalse natural del país, que podría perder durante la sequía siguiente cerca de mil millones de m3 por evaporación.

Las principales asignaciones son las siguientes: en Guanajuato, al distrito de riego 011 se asignaron 940 millones de m3 y al 085, se le entregarán hasta 96 millones de m3; en Michoacán, el distrito 045 recibirá 89 millones de m3; el 087, recibe 173 millones de m3; el 061, tiene derecho a 193 millones de m3, y los módulos de pequeña irrigación de Yurécuaro, 177 millones de m3.

Jalisco, además del uso público urbano en Guadalajara, recibe en el distrito de riego 013, hasta 110 millones de m3; los módulos de pequeña irrigación del río Zula, 69 millones de m3, así como los 123 millones de m3 para la pequeña irrigación del lago de Chapala. En la cuenca Lerma-Chapala se ubican ocho distritos de riego y los sistemas de pequeña irrigación denominados Alzate, Tepatitlán, Angulo, Duero, La Begoña, Pericos, Zula, Ramírez, Tepuxtepec, Solís, Querétaro, Adjuntas, Corrales, Yurécuaro y Chapala, distribuidos en toda la región hidrológica.

IV. La Ley de Aguas Nacionales señala en su articulado como asunto de interés público la participación de los estados y municipios en el mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos, la sustentabilidad ambiental y la prevención de la sobre explotación de los acuíferos.

Actualmente no se cuenta con un diagnóstico integral que ofrezca certeza respecto a esta problemática que sufre hoy en día el lago, ya que la mayoría de estos se realizan en forma aislada. Es necesario un plan sustentable que permita conservar el lago a las futuras generaciones.

Esta asamblea debe considerar primordialmente los temas más sensibles que afectan a la población y sobre todo a la zona metropolitana de Guadalajara, la problemática del lago de Chapala es uno de ellos.

Ante la falta de atención integral y coordinada, de estudios profesionales, de diagnósticos que evidencien la realidad ecológica y necesidades primordiales de toda la cuenca hidrográfica del lago de Chapala, nos resulta necesario convocar a una serie de trabajos que incluyan los siguientes temas: Estructura Jurídica, Perspectiva Social, El Agua en la Cuenca, Salud Pública, Actividades Económicas, Infraestructura y Obra, Turismo, Educación y Cultura; y se lleven a cabo foros de estudio, mesas de trabajo y de debate, entre otras acciones, involucrando a diferentes actores sociales y a los tres niveles de gobierno para que coordinadamente con las diferentes asociaciones dedicadas al estudio y cuidado de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y a otros organismos e instituciones públicas y privadas vinculadas con el tema, se realice inmediatamente un diagnóstico y en consecuencia derive de las acciones necesarias integrales y coordinadas para la atención, recuperación, remediación, sustentabilidad y permanente protección y conservación de toda la cuenca del lago de Chapala.

Por lo aquí expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión invita a todas las dependencias federales, estatales y municipales que por atribuciones de ley y por su ámbito territorial de competencia están involucradas en la problemática del lago de Chapala, así como a organismos, académicos, instituciones públicas y privadas y demás interesados vinculados con el tema, a que lleven a cabo la realización de foros de estudio y de consulta, mesas de trabajo y demás labores pertinentes, a fin de generar y conocer información actualizada sobre las condiciones reales que guarda el lago de Chapala, estadísticas, estudios técnicos y en general todos los datos que propicien un diagnóstico situacional que sirva como herramienta para la formulación de las acciones necesarias coordinadas para el rescate, la remediación, el mejoramiento y permanente conservación de este embalse.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 1 de marzo de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, la Sedesol y la Sagarpa a cumplir los acuerdos firmados con los jornaleros del valle de San Quintín, Baja California, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El Proponente, diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el México de hoy, tan golpeado por la crisis y la inseguridad, en un país tan rico, pero abundante en corrupción que lo empobrece día a día, encontramos que la esclavitud es un factor preponderante en los trabajadores agrícolas, y hablamos de los jornaleros del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California.

Ellos son parte de los dos millones de jornaleros censados en México y reflejo de este país de contrastes: la segunda economía de América Latina, donde más de la mitad de la población vive en la pobreza y unos 5 de sus 118 millones de habitantes son analfabetos, una situación que se extiende al 70% de la población indígena.1

San Quintín no es el único con este problema, solo es uno de los más emblemáticos, ya que esta es una situación prevaleciente en todo el país, porque la figura del jornalero siempre ha estado ahí, pero este es uno de esos casos en los que el gobierno quiere hacer como que no los ven y no los oyen, el precario pago de 100 o 120 pesos que reciben por jornadas de 12 y hasta 15 horas en los campos no es suficiente ni justo.

Las autoridades aducen que ganan más de un salario mínimo, quieren minimizarlos y les dicen que perciben más que en las ciudades, pero ellos no tienen prestaciones, tienen condiciones de trabajo precarias, sin posibilidad de adquirir viviendas dignas, en suma bajos salarios, sin poder mejorar su calidad de vida.

Las condiciones de explotación, inseguridad e insalubridad en las que viven estos trabajadores agrícolas y sus familias, son factores que los golpean día a día y nadie hace nada al respecto, el gobierno hace caso omiso, solo les promete pero no les cumplen.

Los jornaleros en reuniones con el Gobierno Federal y sus Secretarias, y con el Gobierno del Estado, llegaron a acuerdos en mayo del 2015, se les ofreció que la Secretaria de Desarrollo Social y la Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aplicarían sus programas sociales y proyectos productivos de utilidad para los trabajadores del Valle, sin embargo, todo ha sido letra muerta.

Los jornaleros denuncian que en las negociaciones para mejoras salariales se encontraron con factores que impidieron avanzar más en el logro de sus demandas, en contubernio, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, los patrones y los sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México y Confederación Regional Obrera Mexicana durante muchos años han firmado los contratos que favorecen a los patrones y no a los jornaleros.

Los gobiernos federal y local no pudieron o no quisieron sentar a los empresarios en la mesa de negociaciones para discutir la propuesta de los 200 pesos diarios de salario base que han venido reclamando los jornaleros.

Los acuerdos que funcionarios federales firmaron con el movimiento jornalero del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California, no se tradujeron en mejoras laborales para las trabajadoras agrícolas, al contrario, provocaron los despidos de quienes se manifestaron y abusos contra la población más vulnerable.

El caso de los jornaleros de San Quintín, en Baja California, nos remite al “México profundo”, aquel que nunca se ha ido porque en el país se sigue practicando la esclavitud en distintas formas. Esta esclavitud sin cadenas poco refleja del país moderno que se intenta vender en los discursos oficiales; sólo nos muestra que, simple y sencillamente, seguimos siendo una nación subdesarrollada.2

Las negociaciones con el gobierno federal y local sólo quedaron en el papel, porque el salario precario y las malas condiciones se mantienen hasta ahora, y es por ello que presento estos Puntos de Acuerdo, para que las demandas de los jornaleros de México sean escuchadas y visibles ante los ojos del escrutinio público con la convicción de ayudar a los más desfavorecidos en nuestro país.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguientes proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a que coadyuve con el sector patronal a las mejoras salariales del Sector Agrícola en la región del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California.

Segundo. Se exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a que realice inspecciones, aplique y vigile que se cumplan las disposiciones jurídicas en materia laboral para evitar las condiciones de explotación, inseguridad e insalubridad de los jornaleros, en la región del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir con los acuerdos firmados con los Jornaleros del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California, en mayo del 2015, respecto a la aplicación de sus programas sociales y proyectos productivos para mejora de su calidad de vida.

Notas

1 (http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/6674402/04/15/Un-di a-en-la-vida-de-los-jornaleros-de-San-Quintin.html)

2 (http://www.forbes.com.mx/jornaleros-esclavitud-sin-cadenas/)

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a distribuir unidades de aféresis para prevenir el dengue, el zika y el chikungunya, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Refugio Trinidad Garzón Canchola, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero fracción II y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que distribuya dentro del territorio nacional unidades de Aféresis a efecto de atender de manera preventiva, inmediata y eficaz las enfermedades del dengue, zika y chikunguny.

Consideraciones

México es uno de los países que por su clima, problemas de saneamiento y de acceso al agua potable, tiene las condiciones para favorecer la aparición de enfermedades transmitidas por vectores (ETV), es decir, aquellas en las que un animal transfiere patógenos de una persona infectada a otra, como es el caso del zika, dengue y chikungunya.

La Secretaría de Salud (Ssa) considera las ETV como un “importante problema de salud pública en México”, pues estima que cerca del 60 por ciento del territorio nacional presenta condiciones que facilitan su presencia y transmisión. Es un tema de suma importancia pues en esta área residen más de 50 millones de personas y se localizan la mayor parte de los centros agrícolas, ganaderos, industriales, pesqueros, petroleros y turísticos de importancia para el país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) , el dengue entró a México en 1978, mientras que el chikungunya lo hizo en 2014 y el virus zika apenas en el segundo semestre del año pasado, sin embargo, organizaciones sanitarias a nivel mundial alertan ya de este último, que afecta sobre todo a mujeres embarazadas. En nuestro país, la Ssa confirmó dos casos autóctonos, uno en Chiapas y otro en Nuevo León, aunque a la fecha se calculan 18 casos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona las características principales de estas enfermedades:

• El dengue presenta fiebre habitualmente más alta, así como dolores musculares más fuertes. Puede complicarse cuando cae la fiebre y se debe prestar atención a los signos de alarma como el sangrado.

• El zika no presenta rasgos particularmente característicos, pero en la mayoría de los pacientes se observan erupciones en la piel y en algunos de ellos conjuntivitis.

• El chikungunya, además de una fiebre más alta, el dolor de las articulaciones es más intenso y afecta manos, pies, rodillas, espalda y puede llegar a incapacitar (doblar) a las personas para caminar y realizar acciones tan sencillas como abrir una botella de agua.

El virus del zika ha levantado focos rojos algunos países del continente americano. El doctor Cuitláhuac Ruiz Matus, titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, explicó que no hay prueba científica de que este agente infeccioso sea la causa de microcefalia o de tres muertes en Brasil. No obstante, mientras la ciencia arroja respuestas, el experto asegura que México no debe bajar la guardia y cuidar a sus mujeres embarazadas. El funcionario agregó que en el país está contenido el mosco que transmite zika, pues además contagia el chikungunya y dengue.

Los mosquitos portadores de estas enfermedades pueden volar hasta 100 metros en promedio, y no sólo se encuentran en casas, también habitan en sitios no residenciales como escuelas, lotes baldíos, parques, mercados, patios de comercios, y una gran cantidad de sitios urbanos donde no se realizan medidas para controlar a estos insectos voladores.

Se han presentado casos graves de dengue hemorrágico, chikungunya y zika, donde no se aplica el tratamiento adecuado por falta de atención médica y escasez de medicamento en las diferentes dependencias de salud. Existen municipios en toda la República que carecen de unidades de aféresis para tratar dichas enfermedades, y el paciente tiene que trasladarse para conseguir plaquetas o comprarlas en bancos de sangre particulares, presentando un costo extra elevado para el paciente, pues ante dicha problemática la Secretaría de Salud, no cuenta con las herramientas necesarias.

Por tal motivo, solicitamos a las distintas dependencias de salud de nuestro país que intensifiquen las estrategias de prevención con campañas de información para la sociedad, en las que se mencione todo acerca de estas enfermedades, ¿cómo se transmiten?, ¿cuáles son sus síntomas?, ¿dónde se pueden atender?, pero sobre todo cómo evitar su propagación.

En Movimiento Ciudadano externamos nuestra preocupación sobre el tratamiento y prevención de las enfermedades antes mencionadas, por lo cual solicitamos con carácter de urgente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Salud (Ssa) para que a través de su titular, distribuya unidades de aféresis a efecto de atender de manera preventiva, inmediata y eficaz las enfermedades del dengue, zika y chikungunya.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a efecto de que todas las personas de la tercera edad puedan utilizar gratuitamente el Metrobús, a cargo de la diputada Carmen Salinas Lozano, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Carmen Salinas Lozano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracciones I, III y IV; y en el artículo 79, fracción II, del numeral 1 y fracciones I, II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que de manera urgente todas las personas de la tercera edad, a partir de los sesenta años de edad, puedan utilizar de manera gratuita el sistema de transporte Metrobús, tal como lo hacen en el sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y en el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la Ciudad de México, las personas de la tercera edad ya pagaron su cuota productiva en el proceso de construcción y mantenimiento de la gran capital del país y merecen toda clase de consideraciones y respeto.

Sobre todo, la tercera edad requiere el apoyo más amplio de sociedad y gobierno para que la última etapa de la vida le sea digna y fructífera. No hacerlo sería una injusticia y un despropósito.

La tercera edad es un grupo de población vulnerable. Lo es en rubros como la salud, el ingreso, la vivienda, la alimentación y el transporte. Cada uno de estos temas debe ser atendido sin dilación y de manera prioritaria.

Como política pública, en la Ciudad de México la tercera edad no paga en el metro, en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y en los trolebuses. Sin duda eso es un gran apoyo. Se lo merece, se lo ha ganado. Vía subsidio federal al sistema de transporte colectivo, todos los mexicanos apoyamos esa causa.

Sin embargo, en el sistema Metrobús la gratuidad del servicio se brinda hasta que las personas cumplen 70 años de edad. Ello resulta discriminatorio. No se vale. El no pago debe ser a partir de los 60 años que es cuando comienza la tercera edad según establece la propia Organización de las Naciones Unidas.

Tan hay discriminación en los cobros del Metrobús, que incluso en la ruta cuatro, la que va al aeropuerto y que la mayoría de las veces corre semivacía, aquí en esta línea que cobran treinta pesos y hasta los de 70 años pagan. No es justo.

Los adultos mayores reciben en su gran mayoría pensiones miserables. Su transporte debe de ser gratuito. Se trata de un acto de elemental justicia. Un transporte digno y gratuito es hacer valido uno de sus derechos humanos.

Algunos podrán alegar que se trata de concesiones privadas y que por eso no se puede dar la gratuidad a este segmento. Falso. Precisamente porque se hace negocio con el espacio público, que es de todos, con más razón se debe dar el servicio gratuito a la tercera edad.

El Metrobús de la Ciudad de México tiene confinados para su uso exclusivo carriles que suman millones de metros cúbicos de las más importantes avenidas de la ciudad ¿Cuánto les costó a las empresas esa infraestructura urbana? Ni que fueran autobuses eléctricos. Ahí andan algunos como chimeneas...que no se hagan.

Las empresas privadas del sistema Metrobús no son hermanas de la caridad es cierto, pero tienen responsabilidades sociales con los grupos vulnerables al igual que todas las instituciones públicas. Y que no digan que no les salen las cuentas. El Doctor Mancera les autorizó en 2013 un buen incremento.

El segmento de la tercera edad que recibiría la gratuidad del servicio del Metrobús, a partir de los 60 años, es mínimo. Según estudios del propio sistema, efectuados a través de la empresa Creatividad Mercadológica, dicho segmento apenas anda alrededor del dos por ciento.

En 2007, la proporción de adultos mayores en la población mundial era del 10.7 por ciento. Se estima que en 2025 ese porcentaje llegara al 15.1 y hasta 2050 alcanzaría el 21.7. Así que los transportistas bien pueden otorgar ese beneficio para apoyar a las personas de la tercera edad.

En esta Cámara ya autorizamos un Fondo de Capitalidad y otros buenos recursos al Gobierno de la Ciudad de México. Entonces es cuestión de unir voluntades para salir adelante.

Tan se puede hacer gratuito el servicio a la tercera edad, que el gobierno capitalino en algunas estaciones del Metrobús cobra con diez sentadillas el pasaje.

Sin duda el jefe capitalino con su gran sentido humano y compromiso, hará lo conducente en favor de este sector vulnerable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a la consideración de este honorable cuerpo legislativo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que conforme a sus facultades legales y con mucha sensibilidad política intervenga y gestione de manera urgente que todas las personas de la tercera edad, a partir de los 60 años de edad, puedan utilizar de manera gratuita el sistema Metrobús, tal como lo hacen en el metro, en RTP y en los trolebuses.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Carmen Salinas Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores y al jefe del gobierno de la Ciudad de México a diseñar e implantar programas deportivos y recreativos y, en su caso, reforzar los existentes, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Jaqueline Nava Mouett, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La “Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte” adoptada el 21 de noviembre de 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su vigésima reunión en Paris, determina como finalidad la de “poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica”; y en sus 10 Artículos determina claramente que: “La práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos...”; “La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación...”; “Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales...”; “La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado...”; “Para la educación física y el deporte son indispensables instalaciones y materiales adecuados...”; “La investigación y la evaluación son elementos indispensables del desarrollo de la educación física y el deporte...”; “La información y la documentación contribuyen a promover la educación física y el deporte...”; “Los medios de comunicación de masas deberían ejercer una influencia positiva en la educación física y el deporte...”; “Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la educación física y el deporte...”; y “La cooperación internacional es una de las condiciones previas del desarrollo universal y equilibrado de la educación física y el deporte...”

Así entonces, la Carta de las Naciones Unidas proclama la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y por tanto, afirma su resolución de promover el progreso social y elevar el nivel de vida para las personas, con el énfasis en que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte; aunado a que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de la vida en los planos nacional e internacional, por ende la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos subrayando, por consiguiente, que la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humanas, y más aún, integrar la educación física y el deporte en el medio natural equivale a su enriquecimiento, inspira el respeto hacia los recursos del planeta y despierta el deseo de conservarlos y utilizarlos para el mayor provecho de la humanidad entera.

Aunado a lo anterior, el “Informe Final de la V Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte” celebrada en Berlín, Alemania el 29 y 30 de mayo de 2013, en la que se manifiestan Llamamientos a todas las Partes Interesadas, determina Compromisos y Recomendaciones para los Estados, y señalando en concreto: “El acceso al deporte como derecho fundamental para todos”; “La promoción de la inversión en programas de deporte y educación física”; y “La preservación de la integridad del deporte”; por tanto, las partes interesadas, habrían de realizar las adecuaciones necesarias en sus Marcos Normativos, así como de emprender las acciones pertinentes en sus estructuras de Gobierno, además de todo lo referente al ámbito social y privado.

El 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura Física y Deporte (abrogando la anterior del 24 de febrero de 2003) –y que ha sido reformada y adicionada recientemente en diversas disposiciones, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2014– proviniendo acorde a las Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente, el último párrafo del Artículo 4º que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”, y estableciéndose como una Ley de orden público e interés social, así como de observancia general en toda la República, por tanto, corresponde su aplicación bajo el principio de concurrencia previsto en la Fracción XXIX-J del Artículo 73 Constitucional (reformada el 12 de octubre de 2011); y en consecuencia, implica establecer las bases generales para la distribución de competencias, coordinación y colaboración entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), las Autoridades Estatales, de la Ciudad de México y las Municipales, así como los sectores social y privado.

Luego entonces, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, tienen entre sus facultades expedir e iniciar leyes o decretos que establezcan las bases de coordinación con la Federación, Entidades y sus municipios; leyes eficientes que garanticen, en el ámbito de su aplicación, un correcto desempeño, con homologación de criterios, que armonicen y estén acorde al entramado del Orden Jurídico Nacional en la concurrencia entre los tres niveles de Gobierno referida anteriormente, que distribuyan y precisen con claridad las responsabilidades y competencias, así como los mecanismos para una coordinación eficaz con pleno respeto a las atribuciones que a cada autoridad corresponda; y en consecuencia, ello implica la obligación primordial de las legisladoras y legisladores federales para velar por el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos, así como la efectiva aplicación de la ley.

Por consiguiente, con la entrada en vigor de nuestra Ley General de Cultura Física y Deporte se ha estado avanzando en su configuración acorde a los Compromisos Internacionales signados y ratificados por nuestro país; sin embargo, aún hay mucho por hacer, existen aún sensibles pendientes que hay que reforzar e incentivar, y que son primordiales de observancia general para encontrar los mecanismos de aplicación de manera eficaz dirigidos a las personas sin importar su edad, condición social o económica, y en la medida correspondiente, a aquellas personas que deciden dedicar su vida a las actividades deportivas.

Fomentar la cultura física a través de actividades deportivas y recreativas para la población, es elevar el nivel de vida social y cultural de las personas, la preservación de la salud física y mental, así como prevención de enfermedades o rehabilitación, es prevenir el delito y combatir la violencia, es promover la erradicación de uso de sustancias tóxicas y nocivas para el cuerpo, es aprovechar, proteger y conservar nuestro medio ambiente, refuerza la convivencia y la cohesión social, fomenta una vida saludable, entre otros muchos más beneficios que representa para las personas en lo individual y en lo colectivo.

En las disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte se señala la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre los tres Niveles de Gobierno, así como la participación de los sectores social y privado, concretamente en las Disposiciones contenidas en el Capítulo Primero, Del Sector Público; la Sección Segunda, De los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte; así como su Sección Tercera, De la Concurrencia, Coordinación, Colaboración y Concertación, donde se establece claramente la participación de las Instancias Públicas y lo relativo a la interrelación con las de las entidades federativas, sus municipios, y las correspondientes de la Ciudad de México.

No obstante a lo anterior, en la mayoría de los municipios aún no se cuenta con personal contratado, titular o responsable dedicado en específico para desarrollar e implementar programas, planes y proyectos municipales encaminados al fomento y atención para el deporte social, la activación y recreación física, con la finalidad de acrecentar la promoción de la cultura física tal como se establece en la Ley de la materia; y en consecuencia la aplicación de la Ley en sus Disposiciones tanto de concurrencia, así como la operación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, aún no ha alcanzado su potencial pleno.

Luego entonces, se hace necesario propiciar las condiciones para incentivar y motivar principalmente a las autoridades estatales y municipales, así como las correspondientes de la Ciudad de México para diseñar, implementar o reforzar los programas deportivos y recreativos municipales dirigidos para fomentar de manera permanente el deporte social, la activación y recreación física con la finalidad de acrecentar la cultura física para la población de nuestro país, motivo del presente exhorto.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de ésta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los gobernadores de la entidades federativas y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México para diseñar e implementar programas deportivos y recreativos municipales y en su caso reforzar los existentes, dirigidos a los habitantes de los municipios, demarcaciones y localidades del país para fomentar el deporte social, la activación y recreación física con la finalidad de acrecentar la promoción de la cultura física.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Jaqueline Nava Mouett (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP, la PGR y la Secretaría de Salud a difundir las acciones que llevan a cabo para erradicar el comercio ilícito de tabaco y su consumo, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Waldo Fernández González, integrante de la LXIII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 3 de noviembre de 2015 y como parte de las acciones de la Mesa de Combate a la Ilegalidad el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional Contra las Adicciones, se inició la destrucción de 46 millones 56 mil 970 cigarros en la aduana de Pantaco.1

En este evento, el Comisionado Nacional Contra las Adicciones, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, expresó que “esta destrucción de cigarros es trascendente por que el tabaco que entra por algunas fronteras, desafortunadamente se distribuye por todo el territorio nacional y regularmente es consumido por los niños y adolescentes, por su bajo costo”.

Además, estos productos lo que menos tienen es tabaco, están llenos de arcilla, madera, cantidades altas de plomo arsénico, materiales que dañan profundamente cualquier organismo.

Cabe destacar, que el 16.6% de los cigarros consumidos en México son ilícitos, entre los cuales destacan 15 marcas, a saber: Sheriff, Marshal, Jaisalmer, Vifa, LG Premium, Goal, Armada, Soberano, Ruby, 1839, Joe’s, Win, Capital, Euro, GoldMans.

Por otro lado, cerca del 60% de los fumadores ya tienen conocimiento de estos cigarros, asimismo, 9 de cada 10 cigarros ilegales se compran en el comercio organizado, de los cuales el 68.2% se vende en tiendas, 16.1% en tianguis y mercados, 4.1% en calle y 11.6% en otros lugares.

La Cofepris, ha señalado que las características de los productos ilegales del tabaco, son:

1. Carecen de leyendas sanitarias, advertencias y pictogramas que dicta la ley.

2. Pueden estar elaborados con prácticas e ingredientes desconocidos.

3. No cuentan con la Licencia Sanitaria que la Ley General para el Control de Tabaco exige a los productores e importadores de tabaco.

La Cofepris, menciona que ha logrado un aseguramiento de más de 206.3 millones de cigarrillos durante el periodo 2010-2015, lo que representa una tasa de crecimiento de 515 %, en 62 operativos.

Este mismo organismo público menciona que el comercio ilegal de tabaco ocasiona una erosión al fisco por 6 mil millones de pesos en recaudación por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

A nivel internacional, la Comisión Europea calcula que el comercio ilícito de cigarrillos cuesta a la Unión Europea y sus estados miembros más de 10 mil millones de euros cada año en concepto de impuestos e ingresos aduaneros no percibidos.

De acuerdo con datos de la Cofepris en este sexenio se han decomisado grandes cargamentos de tabaco ilegal en 15 estados, como: Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y en la Ciudad de México. Se han emitido 360 suspensiones a establecimientos, donde se detectó la venta de este producto ilegal.

Asimismo, este organismo señala que existen en México más de 251 marcas de productos ilegales de tabaco en el país, conforme a las alertas sanitarias emitidas desde 2012 y la última publicada en septiembre del 2015.

El 17 por ciento del total de cigarrillos que se consumen en el país es ilegal y provienen de China, India y Vietnam. El mercado ilícito alcanzó un tamaño relevante en los últimos años, generando un daño al Gobierno, consumidores, fabricantes y comerciantes legítimos. Esto al evadir impuestos, desestabiliza mercados y engaña a los consumidores.

Reconocemos que han existido esfuerzos, por parte del Gobierno Federal, sin embargo consideramos que no han sido suficientes para detener el tráfico ilegal de tabaco en el País, además y de acuerdo a información periodística quien está controlando este comercio ilegal son los carteles de la droga, por lo que no podemos permitir que estos grupos utilicen este medio fara financiar sus actividades y que esto pueda poner en riesgo la seguridad nacional del país.

Es por ello, que se solicita a la Secretaría de Hacienda para que a través del titular del SAT informe sobre las acciones que se han estado implementando en las aduanas del país; en lo que se refiere a la Procuraduría General de la República se exhorta a conocer la estrategia para combatir la existencia de productos apócrifos; y a la Secretaria de Salud, para que informe a través de la Cofepris sobre las políticas públicas que lleva a cabo para erradicar el comercio ilegal de productos de tabaco.

En virtud de lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud, a que hagan del conocimiento público las acciones que están llevando a cabo cada dependencia para erradicar el comercio ilícito de tabaco y su consumo, ya que dicho problema puede convertirse en un riesgo para la seguridad nacional.

Nota

1 Información obtenida de: http://www.juntoscontralailegalidad.mx/evento_03112015.html Fecha de consulta: 25 de febrero de 2016

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputado Waldo Fernández González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la SEP a abstenerse de realizar recortes presupuestales en los rubros de educación e investigación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de lo siguiente:

Antecedentes y consideraciones

Desde la represión brutal por parte de los gobiernos priistas de Gustavo Días Ordaz en 1968, y de Luis Echeverría Álvarez en 1971, nuestro país no había presenciado tal ebullición juvenil en las calles ante tal descontento social.

El reclamo de los jóvenes es totalmente justificado, derivado de que Felipe Calderón nos heredó calles cubiertas de sangre, una ola de violencia incontenible, falta de oportunidades, espacios insuficientes en las escuelas, desempleo, un tejido social deteriorado y polarizado con su absurda guerra en contra del narcotráfico.

Para ganar puntos el candidato de la otrora Coalición Compromiso por México, ahora titular del ejecutivo federal Enrique Peña Nieto, para desligarse de la fuerte presión que ejercían los jóvenes, prometió aumentar en 45 por ciento la cobertura de educación superior, con la intención de ofrecer 1.5 millones de nuevos lugares, así como la creación de universidades para la educación a distancia.

En términos generales, cerca de 30 mil estudiantes tuvieron la fortuna de ser aceptados; sin embargo dicha cifra no resulta tan alentadora en un país como el nuestro, donde casi 25 por ciento de personas de entre 15 y 29 años, ni estudian ni trabajan, y ocupa el tercer lugar de desempleo entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el número de desempleados subió de 2 millones 303 mil a 2 millones 305 mil de enero a febrero de 2015 y la tasa de desempleo entre los jóvenes mexicanos aumento en 8.9% en febrero del mismo año.

El indicador general de calidad de vida señala que nuestro país fue uno de los últimos lugares en mediciones específicas como vivienda, ingresos, comunidad, educación, medio ambiente, salud y balance de vida-trabajo.

Por su parte el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a recibir educación, así como que el estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Cabe señalar, que apenas en el mes de noviembre pasado el Secretario de Educación licenciado Aurelio Nuño señaló que no habría recortes en educación para el año 2016, cito:

“...No habrá recortes al presupuesto educativo el próximo año, pero se exigirá eficiencia y eficacia a los estados en la aplicación de los fondos, señaló el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, durante una gira por la entidad, donde anunció una inversión de mil 900 millones de pesos para mejorar y equipar más de 5 mil escuelas de educación básica.

En gira por la capital del estado y el municipio fronterizo de Ojinaga, Nuño declaró que es necesario “quitarle la grasa a la Secretaría de Educación y ponerle más músculo para que trabaje mejor y más rápido para las necesidades de las escuelas” y que el gasto educativo rinda lo mejor que se pueda para los mexicanos.

Adelantó que de aprobarse la propuesta planteada por el Presidente Enrique Peña Nieto, el gasto educativo crecerá modestamente el próximo año en 27 mil millones de pesos, al pasar de 680 mil millones a 710 mil millones.

“Es el presupuesto más grande que se haya destinado a la educación, representa un enorme esfuerzo en las condiciones económicas en que nos encontramos, propiciada por factores externos”, indicó Nuño”...1

Por otro lado, también declaró que no habría recortes en los rubros de ciencia, tecnología e innovación, tal y como se puede leer a continuación:

“...La educación superior, el gasto en ciencia, innovación y tecnología no sufrirán recortes ni se verán afectadas por las restricciones presupuestales contempladas para 2016, aseguró el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.

Durante su participación en la toma de posesión de la nueva presidenta del Colegio de México, Silvia Giorguli, Nuño dijo que cuando comenzó la gestión de Enrique Peña Nieto el gasto en ciencia y tecnología era del 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y que a tres años “ya estamos en 0.6% del PIB y nos vamos acercando a estar dentro de la meta final del sexenio de cerrar con un gasto cercano al 1% del PIB“...2

Sin embargo, a menos de cuatro meses de dichas declaraciones, vemos con gran desencanto, que nuevamente se mintió a los mexicanos, ello en razón de que en el proyecto del PEF 2016, el programa de la reforma educativa, para 2015 tuvo fondos por 7 mil 500 millones de pesos, y para 2016 se propusieron recursos por 5 mil 476.4 millones, es decir, ya hubo un recorte de 2 mil millones de pesos.

Pero peor aún, lo es el que el Secretario de Hacienda y Crédito Público Licenciado Luis Videgaray que anuncia un recorte a la Secretaría de Educación y Crédito Publico 3 mil 660.2 millones de pesos y al Conacyt por 900 millones de pesos, esto es, se dejarán de invertir en este año más de 4,500 millones de pesos, lo que se traduce en educación de menor calidad, menor infraestructura educativa y el rotundo y total fracaso de las reformas estructurales propuestas por el titular del Ejecutivo federal.

Es necesario puntualizar que los recursos públicos, son de todos los mexicanos por lo que tenemos derecho a que se nos informe cuánto se gasta, en qué y para qué. Dado que los ingresos que obtiene el país son limitados y las necesidades son muchas, el adquirir un bien siempre involucra sacrificar otro que sea menos prioritario.

Situación que contradice lo dictado por el artículo 134 de la Constitución que establece que: “los recursos económicos que dispongan la Federación, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para los objetivos a los que estén destinados”.

En razón de lo anterior, no existe justificación alguna para que se recorte el gasto en los rubros de educación e investigación, ya que la administración del ejecutivo federal no ha generado los planes y programas de ahorro eficiente, creemos que ya es tiempo de ponernos a discutir lo que es importante y que se reflejen las prioridades del Estado mexicano en el gasto público, para ver dónde deben estar dirigidos los esfuerzos de ahorro y crecimiento, pero no a costa de la educación.

Bien vale la pena recordar las palabras de Enrique Graue Wiechers, al tomar protesta en su nueva encomienda para el periodo 2015-2019, como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México: “Un país sin educación no tiene futuro; una nación con insuficiente educación tendrá un triste e incierto futuro”.

En consecuencia es de exhortarse al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Secretario de Educación Pública a que se abstengan de realizar recortes presupuestales en los rubros de educación e investigación y den cabal cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para que el primero, entregue a esta soberanía para su conocimiento el plan de modificación y recorte respecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Secretaría de Educación Pública a que se abstengan de realizar recortes presupuestales en los rubros de educación e investigación y den cabal cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo: Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga del conocimiento público el plan de modificación y recorte respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Notas

1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/03/no-habra-recorte-a-la-edu cacion-en-2016-nuno-4684.html

2 http://www.animalpolitico.com/2015/09/no-habra-recortes-en-educacion-su perior-ciencia-innovacion-ni-tecnologia-sep/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su beneplácito respecto a las acciones presentadas por el presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, para materializar el cierre de la prisión de Guantánamo, Cuba, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión expresa su beneplácito a las acciones presentadas por el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Barack Obama, para materializar el cierre de la prisión de Guantánamo en Cuba, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Desde la toma de posesión del mandatario demócrata, e incluso desde su campaña uno de los temas pendientes ha sido el cierre de la prisión de Guantánamo en Cuba, toda vez que no sólo representa erogaciones considerables para los Estados Unidos, sino que en repetidas ocasiones tal prisión ha sido señalada por sus constantes violaciones a los derechos humanos, e incluso al derecho internacional público como un acto unilateral que trasgrede el orden internacional. Una de las acciones más relevantes del segundo mandato del gobierno demócrata del Presidente Barack Obama en materia de política exterior, ha sido sin duda el histórico restablecimiento de relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos, el pasado 17 de diciembre de 2014. La normalización de las relaciones diplomáticas se dio luego de más de 50 años de un injusto bloqueo económico, del que no existen datos precisos.

II. A partir de la Guerra Española-Estadounidense en 1898, el Congreso de EEUU con el argumento de lanzarse a la guerra para liberar a Cuba de España, se apoderó de las colonias españolas Guam y Las Filipinas, en el Pacífico, y Puerto Rico y Cuba, en el Atlántico. Sin embargo la medida no fue tomada realizada en consenso con el pueblo cubano lo que llevó a un acuerdo a cambio de la remoción de esas tropas, lo que llevó a la incorporación de la Enmienda Platt dentro de la Constitución cubana, un tratado permanente que arrenda 117.6 Km2 de la Bahía de la ciudad de Guantánamo a los EEUU.

La Base Naval de Guantánamo, ubicada cerca de la punta oriental de Cuba fue instalada allí, en una posición estratégica en el Caribe. Se trata de un puerto de aguas profundas, con 49 km2 de tierra firme, 38,8 km2 de agua y el resto es de terreno pantanoso. El arrendamiento de la bahía de Guantánamo estipulaba que no expiraría hasta que ambos países acordaran su terminación o hasta que los Estados Unidos no la necesitase. Esta ley del Congreso de Estados Unidos fue impuesta a la primera Constitución cubana bajo la amenaza de que, si no se aceptaba, la isla permanecería ocupada militarmente.

Al respecto, la Convención Internacional sobre Derecho de tratados, celebrada en 1969 en Viena, Austria, en el artículo 52 declara nulo todo tratado cuyo consentimiento se alcance con la amenaza o uso de la fuerza, como ocurrió en este caso. Por otra parte, el arrendamiento de las tierras y aguas cubanas al gobierno de los Estados Unidos para el establecimiento de la base naval en Guantánamo según el Tratado Permanente de 1903 y el de Relaciones de 1934, sustituto del primero, se realizó por el tiempo que necesitaren los norteamericanos. Al no fijarse fecha de devolución y quedar a perpetuidad, se violentó lo establecido legalmente para este tipo de convenio pues resulta un absurdo jurídico que el propietario de algo no se capaz de recuperar en un momento dado su propiedad.

Desde 1959, en que Fidel Castro tomó en el poder en Cuba, comenzó a reclamar la salida de EEUU del territorio pero el tratado de arrendamiento era perpetuo. En 1964, el gobierno de Fidel Castro en Cuba reclamó el fin del tratado alegando que fue implantado bajo coacción, retirando a partir de entonces el suministro de agua y electricidad a la base norteamericana. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos continúa con presencia en la isla, a pesar del bloqueo económico que duró casi 50 años y que éste se terminara el 17 de diciembre de 2014.

En los años 1990 la base operaba como un centro de detención de inmigrantes indocumentados. De 1990 a 1993 estuvieron detenidos allí haitianos contagiados con el sida. En 1993 el uso fue declarado inconstitucional ya que el acuerdo entre los gobiernos de Cuba y EEUU autorizaba a utilizar el territorio solamente como base naval o carbonera.

En 1994 alojó inmigrantes chinos prisioneros, luego a inmigrantes procedentes de Guyana y finalmente a cubanos que escapaban de la isla pero eran capturados antes de tocar tierra estadounidense, lo que les hubiese dado derecho a legalizar su estatus migratorio en el país norteamericano.

Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en los primeros meses de 2002, la base comenzó a usarse para retener a prisioneros del Medio Oriente, quienes fueron despojados del estatus de prisioneros de guerra, el cual está protegido por convenciones internacionales. En 2003 había en Guantánamo 680 detenidos, según fuentes gubernamentales.

En 2004 se desató un escándalo internacional cuando los detenidos se acercaron a los organismos de derechos humanos para denunciar que eran sujetos a torturas. Esto se demostró a través de documentos militares. La mayoría de los detenidos estaban acusados de asociación terrorista y no de haber cometido actos directamente.

Para febrero de 2013 100 de los 166 presos hasta entonces se encontraban en huelga de hambre. Algunos testimonios dados a conocer por la prensa internacional, a través de la publicación de cartas desde la prisión, denunciaban que eran obligados a alimentarse por medio de sondas forzadas. Para entonces el presidente Barack Obama trataba de convencer al Congreso de cerrar la prisión de Guantánamo, aunque no ha tenido éxito hasta la fecha.

III. Han pasado casi 14 años después de que el primer detenido fue trasladado por el Gobierno de Estados Unidos a la Base Naval en Guantánamo. Las acciones promovidas por el Ejecutivo de los Estados Unidos han sido detenidas principalmente por la oposición republicana que ve en el cierre de la prisión un acto de debilidad, y una acción contraria a la política exterior de Washington en materia de terrorismo. Desde el comienzo de la administración demócrata que sucedió al gobierno de George W. Bush –que llegó a albergar hasta 800 presos en la base naval-, el número de personas recluidas en Guantánamo pasó de 242, a 91 a febrero de 2016.

IV. El pasado 23 de febrero el gobierno de Barack Obama presentó un programa para materializar el cierre de esta prisión catalogándolo como el fin de un capítulo de la historia de los Estados Unidos que a nadie enorgullece. El Departamento de Defensa estima que este plan, comparado con mantener abierto Guantánamo, rebajaría los costes en 85 millones cada año, por lo que en los próximos diez años, se ahorrarían 300 millones. Al cabo de 20 años, el ahorro habría ascendido a 1.700 millones de dólares.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Paul Ryan, señaló en conferencia de prensa el 24 de febrero que los republicanos tomarán medidas legales para impedir que el presidente Barack Obama cierre la cárcel de Guantánamo, ya que sus partidarios tienen suficientes votos para rechazar la iniciativa de Obama en el Congreso e incluso suficientes para vencer cualquier intento de veto presidencial.

Consideraciones

I. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que se aplica en caso de conflicto armado y que se encuentra contenido esencialmente en los cuatro Convenios de Ginebra de 194917 y en los Protocolos adicionales de 1977. Según si el conflicto tiene carácter internacional o no, se aplicarán unas normas u otras. A modo indicativo, el DIH protege, por un lado, a personas que no han participado o que ya no participan en las hostilidades, y, por el otro, establece una serie de limitaciones a los medios y métodos de combate. Por esta razón, La existencia del centro de detención de Guantánamo y el limbo legal al que la Administración norteamericana lo somete constituye una clara vulneración del DIH.

II. A pesar de la obligación que tienen los Estados de clasificar a sus detenidos siguiendo los criterios establecidos por los Convenios de Ginebra, en el caso de los presos de Guantánamo, los Estados Unidos decidieron no aplicar los Convenios de Ginebra. En concreto, la decisión de la administración norteamericana fue la siguiente: en primer lugar, se aplicarían los Convenios de Ginebra a los detenidos talibanes, pero no así a los miembros de Al Qaeda; en segundo lugar, a ninguno de los detenidos, ni los talibanes ni los de Al Qaeda, se les concedería el estatuto de prisionero de guerra; y por último, tanto los detenidos talibanes como los de Al Qaeda serían tratados acorde con los principios de humanidad.

Para tratar de resolver esta situación, los Estados Unidos decidieron establecer una nueva categoría en las que incluir a los detenidos, tanto talibanes como miembros de Al Qaeda, a los que no querían otorgarle la condición de prisioneros de guerra. Esta decisión es claramente contraria al DIH, ya que ésta establece que no hay lugar para la creación de nuevas categorías. Es decir, no existe estatuto intermedio, ningún vacío entre la Tercera y la Cuarta Convención de Ginebra. Si un individuo no tiene derecho a la protección de la Tercera Convención como prisionero de guerra o a la de la Primera o Segunda Convención, necesariamente entrará dentro del ámbito de la Cuarta Convención.

La nueva categoría creada por la administración norteamericana fue la que consideraba a muchos de los detenidos de Guantánamo como combatientes enemigos. Bajo este concepto se incluía a todo individuo que formaba parte o que apoyaba a las fuerzas talibanes o de Al Qaeda, o con fuerzas asociadas que participaban en hostilidades contra Estados Unidos o sus socios de coalición. Esto incluye cualquier persona que haya cometido un acto “beligerante” o que haya apoyado directamente las hostilidades en ayuda de fuerzas armadas enemigas.

III. El 12 de diciembre de 2001, la Comisión Interamericana emitió una Resolución sobre terrorismo y derechos humanos condenando los ataques del 11 de septiembre de 20011. La resolución afirmó que “los Estados tienen el derecho y aún el deber de defenderse contra este crimen internacional [de terrorismo] en el marco de las normas internacionales que requieren la adecuación de sus normas internas a los compromisos internacionales ”. La CIDH se refirió además al debate sobre la adopción de normas antiterroristas que incluyen, entre otros, comisiones militares y otras medidas.

IV. Así mismo, en respuesta a los ataques terroristas, el 3 de junio de 2002, la Asamblea General de la OEA adoptó la Convención Inter-Americana Contra el Terrorismo, en el marco de la cual los Estados Miembros de la OEA reafirmaron “la necesidad de adoptar en el sistema interamericano medidas eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia cooperación ”. La Convención reconoció explícitamente que las iniciativas contra el terrorismo deben realizarse con pleno respeto de las obligaciones de los Estados de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos.

V. México como actor internacional, y Estado firmante de diversos instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, debe reconocer los esfuerzos del Presidente Barack Obama por cerrar una de las instalaciones que más ha violentado los derechos humanos en el mundo, y que a la luz de los tratados internacionales se encuentra fuera de la ley y el orden internacionales.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que presento a esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por la que esta Soberanía expresa su beneplácito a las acciones presentadas por el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Barack Obama, para materializar el cierre de la prisión de Guantánamo en Cuba, al tenor de los siguientes:

Resolutivos

Único. La honorable Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, expresa su beneplácito a las acciones presentadas por el presidente de Estados Unidos de América Barack Obama, para materializar el cierre de la prisión de Guantánamo en Cuba.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de la delegación Cuauhtémoc y al titular de la Agencia de Gestión Urbana en la Ciudad de México a instalar, reparar o dar mantenimiento a las luminarias del perímetro del Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62 numeral 2; 65; 76, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al jefe delegacional en la demarcación territorial Cuauhtémoc, y al titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia instalen, reparen y, en el caso, den mantenimiento a las luminarias del perímetro del Hospital General de México doctor Eduardo Liceaga, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El jefe del gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo el 16 de junio de 2014 en el laboratorio de alumbrado de la Ciudad de México, que en el último censo realizado por la Comisión Federal de Electricidad de los 78 mil puntos de iluminación de las vías primarias de la ciudad, entre 13 y 15 por ciento no funcionan “como deberían”; mientras que de las 405 mil luminarias de avenidas secundarias, 18 por ciento fallan.

2. En diciembre de 2013 el jefe del gobierno de la Ciudad de México anunció que se invertirían más de 123 millones de pesos para la instalación de 16 mil 488 luminarias en la calles de las 16 delegaciones, así como en las 11 principales avenidas de la Ciudad de México.

3. Mediante las solicitudes de información realizadas vía Infomex con folios: 0107000101114 y 0107000105414, se pudo obtener el convenio de colaboración que firmaron el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa y los jefes y jefas delegaciones de la Ciudad de México, para poner en marcha el programa Ilumina tu Ciudad, en el cual se menciona que el gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Obras y Servicios obtendría la totalidad de los bienes lumínicos de alta eficiencia y que serían entregados a las delegaciones.

4. El Convenio de colaboración que firmaron el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa y los jefes y jefas delegaciones, para poner en marcha el programa Ilumina tu Ciudad, menciona en las declaraciones , fracción 1.11 lo siguiente:

“Que con fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará en su caso, por los subsecretarios, directores generales, directores de área, subdirectores y jefes de unidad departamental, así como por los demás servidores públicos que se establezcan en el reglamento interior y los manuales administrativos, por lo que el presente instrumento será operado en el ámbito de su competencia y atribuciones por la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios en conjunto con su Dirección de Alumbrado Público.”

5. Por su parte, el portal electrónico del Gobierno del Distrito Federal publicó el 25 de junio de 2014 el Boletín Id: 1389/14, que menciona entre otras cosas:

“... el jefe del gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y los jefes y jefas delegaciones de la Distrito Federal, firmaron este miércoles un convenio de colaboración para poner en marcha el programa Ilumina tu Ciudad, que con una inversión conjunta superior a los 2 mil 600 millones de pesos, modernizará más de 340 mil luminarias de las vías primarias y secundarias de la capital, a la vez que contribuirá en la disminución de la contaminación por dióxido de carbono, gracias a la implementación de tecnología sustentable...”

“...esta iniciativa es una “cruzada por la iluminación de la CDMX” y aseguró que la sustitución de las luminarias se concluirá en el plazo de un año...”

6. el 12 de febrero de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se crea el órgano desconcentrado denominado Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México considerando que, en los términos de la normatividad vigente, es obligación del gobierno local realizar la obra y prestar los servicios públicos que se requieren para el desarrollo armónico y sustentable del Distrito Federal, estando esta obligación distribuida entre las distintas dependencias y entidades que conforman la administración pública del Distrito Federal.

7. La Agencia de Gestión Urbana es un órgano desconcentrado de apoyo a las actividades del jefe del gobierno del Distrito Federal, y tiene por objeto garantizar la coordinación y colaboración eficiente entre las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la administración pública del Distrito Federal, que tengan a su cargo el diseño y ejecución de políticas, programas y acciones en materia de servicios públicos urbanos, la movilidad y la funcionalidad de la vía pública, así como el uso y, en el caso, aprovechamiento del subsuelo y/o el espacio aéreo.

8. La citada Agencia de Gestión Urbana, se constituye también como un enlace entre los ciudadanos y la administración pública, no sólo para garantizar los servicios fundamentales a través de dar atención y seguimiento a los reportes de los ciudadanos relacionados con servicios públicos urbanos, movilidad y funcionalidad de la vía pública, así como el uso y/o aprovechamiento de bienes públicos; si no como una instancia que promueve y facilita la interacción entre los sectores público, social, privado, civil, académico y el gobierno con la finalidad de solucionar problemáticas urbanas en el Distrito Federal.

9. De conformidad con el sitio web de la Agencia de Gestión Urbana, este órgano desconcentrado tiene como objetivos fundamentales:

• Diseñar los mecanismos de coordinación y colaboración eficiente y eficaz con instituciones gubernamentales del ámbito estatal y federal en materia urbana de conformidad con las políticas establecidas por el jefe del gobierno; con el objeto de atender los cumplimientos y compromisos con la ciudadanía en las colonias de la Ciudad de México en forma permanente.

• Intervenir oportunamente en los proyectos estratégicos urbanos que demandan alta coordinación institucional y participar en la programación de los calendarios anuales de ejecución de servicios públicos urbanos, obra pública y acciones institucionales a cargo de los entes públicos del Distrito Federal, con objeto de favorecer la prestación de los mismos, así como la funcionalidad de la vía pública y la movilidad.

• Ampliar el sistema captación de demandas urbanas y sistemas de información geográfica de la ejecución de las obras en la vía pública, en materia de servicios públicos urbanos, para que sea único con mecanismos definidos, con nuevas tecnologías y análisis inteligentes, brindando la atención y seguimiento de calidad y eficiencia que la ciudadanía demanda, creando un modelo de atención ciudadana eficiente y eficaz, oportuno y confiable.

10. Para la realización de sus fines, el órgano desconcentrado Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México tiene entre otras las siguientes atribuciones:

• Ser la instancia de coordinación intergubernamental para la ejecución de las políticas, programas y acciones públicas que incidan en la prestación de los servicios públicos urbanos y en la funcionalidad de la vía pública incluyendo el uso y aprovechamiento del subsuelo.

• Fungir como enlace entre las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la administración pública local cuyas atribuciones y actividades institucionales incidan en la realización de obra pública, la prestación de servicios públicos urbanos, la funcionalidad de la vía pública y el uso y/o aprovechamiento del subsuelo.

• Recabar, sistematizar y estandarizar la información que se genere en las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades con motivo del ejercicio de sus atribuciones en las materias de prestación de servicios públicos urbanos, la funcionalidad de la vía pública y el uso y aprovechamiento del subsuelo.

• Captar, dar atención y seguimiento a los reportes de los habitantes de la Ciudad de México, realizados vía telefónica, correo electrónico, redes sociales, medios de comunicación o por cualquier otra vía, relacionados con los servicios urbanos y las obras públicas tales como baches, deterioro del pavimento, poda en camellones, limpieza de vialidades, tiraderos clandestinos, banquetas en mal estado, luminarias descompuestas y daños en puentes vehiculares y peatonales ubicados en las vialidades primarias, así como proporcionar información sobre la movilidad de la Ciudad de México.

• Conocer, analizar, sistematizar y autorizar la realización de obra pública y el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones que tengan impacto en la funcionalidad de la vía pública que lleven a cabo las dependencias, órganos desconcentrados, unidades administrativas y entidades de la administración pública del Distrito Federal, haciendo en su caso las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes.

• Emitir lineamientos, manuales y demás instrumentos jurídico administrativos que considere convenientes para la programación de la obra pública y la realización de acciones institucionales a cargo de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la administración pública que puedan incidir o tener un impacto en la prestación de los servicios públicos urbanos o en la funcionalidad y movilidad urbana.

• Realizar diagnósticos sobre los programas de planificación urbana que inciden en la movilidad de la población de la Ciudad, y coordinar e instrumentar las estrategias para la implementación de programas y acciones encaminados a la solución de la problemática inherente a la movilidad urbana, así como convenir y acordar con dependencias, órganos desconcentrados, unidades administrativas y órganos político-administrativos del Distrito Federal, la ejecución de los programas integrales de movilidad urbana que instrumenten para resolver la problemática en el Distrito Federal.

11. El Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga, es un hospital regional de la zona centro del país, mismo que proporciona servicios de salud de alta especialidad en diversas especialidades médicas, quirúrgicas, de apoyo al diagnóstico y tratamiento. En este hospital se forman recursos humanos de excelencia y calidez humana para la salud del país; en esta institución existe una constante preocupación por capacitar los recursos humanos y brindarles las condiciones adecuadas para el desempeño de sus actividades.

12. El pasado 6 de enero en el marco de la inauguración de la nueva torre quirúrgica del Hospital General de México, se dieron a conocer los siguientes datos por parte de la Presidencia de la República.

• Actualmente existen 57.3 millones de afiliados al Seguro Popular, mismos que cuentan con acceso a estas instalaciones con servicios de la más alta calidad.

• Este complejo estará al servicio de 15 millones de usuarios.

• Anualmente brinda más de un millón de consultas y alrededor de 140 mil cirugías y trasplantes.

• Se realizan 3 mil 300 consultas y procedimientos quirúrgicos diariamente en estas instalaciones.

13. En un recorrido realizado por el suscrito en las inmediaciones del hospital general en cita, me percaté de que no obstante existen algunas luminarias en las calles de: doctor Pasteur, doctor Balmis, doctor Jiménez, doctor Márquez, doctor Ignacio Morones Prieto y avenida Cuauhtémoc; hay algunas que se encuentran en mal estado o bien no funcionan, lo que ocasiona inseguridad, al ser la obscuridad propicia de delincuencia en contra de los usuarios y trabajadores de la zona, principalmente del hospital general multicitado.

14. Toda vez que la Agencia de Gestión Urbana da atención y seguimiento a los reportes de los habitantes de la Ciudad de México, relacionados con los servicios urbanos y las obras públicas tales como baches, deterioro del pavimento, poda en camellones, limpieza de vialidades, tiraderos clandestinos, banquetas en mal estado, luminarias descompuestas y daños en puentes vehiculares y peatonales ubicados en las vialidades primarias, que sean realizados vía telefónica, correo electrónico, redes sociales, medios de comunicación o por cualquier otra vía; resulta importante señalarla como autoridad responsable, además del jefe delegacional en la demarcación territorial Cuauhtémoc, de conformidad con el presente punto de acuerdo.

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Segundo. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6o., numeral 1, fracción I; mismo que señala:

“Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...”

Tercero. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79, numeral 1, fracción II, lo siguiente:

“Artículo 79.

1. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I. ...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los Poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2. a 3. ...”

Cuarto. Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.

1. ...

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de grupo, pasarán a comisión;

III. a IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3, de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3. ...”

Quinto. Que el convenio de colaboración que firmaron el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa y los jefes y jefas delegaciones del Distrito Federal, para poner en marcha el programa Ilumina tu Ciudad, menciona en las cláusulas, Segunda. Compromiso de “las partes”, fracción 1.2.:

“... “EL GDF” por conducto de “la SOBSE” obtendrá la totalidad de los bienes de las empresas que resulten ganadoras del proceso licitatorio, consistentes en sistemas lumínicos de alta eficiencia, mismos que serán entregados progresivamente a “las delegaciones” por conducto de “la SOBSE”.

Para lo cual “las partes” acuerdan que “la SOBSE” entregará los bienes en cada uno de los almacenes centrales de “las delegaciones”...”

Sexto. Que Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe del gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8o., fracción II y 67, fracción V del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5o. y 14, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y 6o., 14 y 16, fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, expidió el decreto por el que se crea el órgano desconcentrado denominado Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México.

Séptimo. Que la Agencia de Gestión Urbana tiene como finalidad hacer efectivo el derecho de los habitantes del Distrito Federal de contar con servicios de calidad y condiciones físicas de su entorno dignas, modernas, sustentables y accesibles.

Octavo. Que para la realización de sus fines y de conformidad con su decreto de creación, la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, tiene como atribuciones:

“I. Ser la instancia de coordinación intergubernamental para la ejecución de las políticas, programas y acciones públicas que incidan en la prestación de los servicios públicos urbanos y en la funcionalidad de la vía pública incluyendo el uso y aprovechamiento del subsuelo.

II. Fungir como enlace entre las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública local cuyas atribuciones y actividades institucionales incidan en la realización de obra pública, la prestación de servicios públicos urbanos, la funcionalidad de la vía pública y el uso y/o aprovechamiento del subsuelo.

III. Recabar, sistematizar y estandarizar la información que se genere en las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades con motivo del ejercicio de sus atribuciones en las materias de prestación de servicios públicos urbanos, la funcionalidad de la vía pública y el uso y aprovechamiento del subsuelo.

IV. Captar, dar atención y seguimiento a los reportes de los habitantes de la Ciudad de México, realizados vía telefónica, correo electrónico, redes sociales, medios de comunicación o por cualquier otra vía, relacionados con los servicios urbanos y las obras públicas tales como baches, deterioro del pavimento, poda en camellones, limpieza de vialidades, tiraderos clandestinos, banquetas en mal estado, luminarias descompuestas y daños en puentes vehiculares y peatonales ubicados en las vialidades primarias, así como proporcionar información sobre la movilidad de la Ciudad de México.

V. Conocer, analizar, sistematizar y autorizar la realización de obra pública y el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones que tengan impacto en la funcionalidad de la vía pública que lleven a cabo las dependencias, órganos desconcentrados, unidades administrativas y entidades de la administración pública del Distrito Federal, haciendo en su caso las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes...”

Noveno. Que la falta de luminarias en el perímetro referido en el antecedente 13 de la presente proposición, genera incertidumbre en los habitantes, usuarios y trabajadores de la zona, principalmente del hospital general, ya que esta condición propicia inseguridad y delincuencia en las calles de:

• Doctor Pasteur.

• Doctor Balmis

• Doctor Jiménez.

• Doctor Márquez

• Doctor Ignacio Morones Prieto, y

• Avenida Cuauhtémoc.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al jefe delegacional en la demarcación territorial Cuauhtémoc, y al titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia instalen, reparen y, en el caso, den mantenimiento a las luminarias del perímetro del Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga, específicamente en las calles que a continuación se enlistan:

• Doctor Pasteur.

• Doctor Balmis

• Doctor Jiménez.

• Doctor Márquez

• Doctor Ignacio Morones Prieto, y

• Avenida Cuauhtémoc.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Cultura a promover políticas que garanticen la plena difusión, preservación, protección y fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial de la nación, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Arlette Muñoz Cervantes, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que en la programación del ejercicio de sus atribuciones promueva políticas que garanticen la plena difusión, preservación, protección y fortalecimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Exposición de Motivos

La Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, organizada por la UNESCO en 1982, declaró que la cultura “puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo”1 .

De la anterior definición se desprende el hecho de que la cultura no sólo son sitios o elementos materiales o tangibles, sino también elementos inmateriales como son las tradiciones, los valores y las creencias.

La importancia de dichos elementos inmateriales reside en que son transmitidos de generación en generación, son recreados constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. En resumen, los elementos inmateriales son aquellos que le dan sentido a la existencia de cada comunidad.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la (UNESCO por sus siglas en inglés) patrimonio cultural inmaterial es:

Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales.

Integrador: Cuando se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general.

Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.

Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio.

A raíz de los anteriores elementos, la UNESCO se ha dado a la tarea de elaborar instrumentos internacionales para la salvaguarda de los patrimonios culturales inmateriales.

En este sentido, en 2003, se adoptó la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial Cultural” celebrada en París, la cual estableció que: se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

Cabe destacar que está Convención fue firmada por México en 2005 y entró en vigor en el año 2006.

A partir del año 2008, la UNESCO elaboró la lista Representativa del Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad. Dentro de esta lista que actualmente está compuesta por 350 elementos, México se encuentra presente con 8 declaratorias.

El objetivo principal de la Convención se centra en incitar a los Estados parte a tomar las medidas jurídicas, financieras y técnicas; tales como establecer órganos nacionales de gestión, registros de inventarios, informes, y, programas de educación y sensibilización del público.

En el caso de México, la instancia gubernamental encargada de realizar las medidas anteriores era la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Para tales efectos, la Dirección General de Culturas Populares, se encargaba específicamente de elaborar la Lista de Identificación de Prácticas Culturales de México. Misma que hasta noviembre de 2012 contaba con 933 prácticas culturales registradas.2

Cabe destacar que si bien existe este inventario general, la Federación no emite un reconocimiento como tal de Patrimonio Nacional Inmaterial que permita una plena proyección de las prácticas culturales registradas. De hecho, existen algunas prácticas culturales que localmente han sido declaradas como patrimonio cultural inmaterial.

Un ejemplo de lo anterior es la Feria de San Marcos, que si bien, fue elevada a nacional en 1958 por el presidente Adolfo López Mateos, como la feria viva más antigua de México, aún mantiene un potencial de difusión que puede ser explotado dentro del propio territorio nacional, lo que no sólo la fortalecería sino que además contribuiría al intercambio cultural con otras comunidades y prácticas culturales.

Con la cooperación y asistencia de las instituciones de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada, se pueden lograr sinergias positivas para una mejor difusión y salvaguarda de las prácticas culturales inmateriales como lo es la “Feria Nacional de San Marcos”; lo que además coadyuvaría a generar una serie de beneficios tangibles para la sociedad como:

• Turismo cultural tanto nacional e internacional;

• Deseo de las comunidades de conservar y proteger sus propias prácticas culturales inmateriales

• Fortalecimiento de la identidad cultural en cada comunidad

• Vinculación con otras prácticas culturales y comunidades;

Para la consagración de los beneficios anteriores, es menester de cada comunidad promover y fortalecer sus propias prácticas culturales, sin embargo corresponde a las instituciones apoyar y dar cauce a los esfuerzos que realicen.

Con la publicación del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, se sentaron las bases para el despacho de los asuntos del orden administrativo en lo relativo a la materia cultural y artística.

La Secretaría de Cultura es ahora la encargada de desarrollar, promover y conducir la política nacional de cultura con la participación que corresponda a otras dependencias de la administración pública federal.

Ante la restructuración operacional, surgen oportunidades y retos en materia cultural, es por ello que la coyuntura demanda un verdadero fortalecimiento institucional que promueva la cultura dentro del territorio nacional.

Es entonces un deber de las instituciones, la promoción de aquellos elementos y prácticas culturales que conforman las identidades de cada comunidad.

Derivado de este cambio en la administración pública federal, varias atribuciones que tenía su cargo la Secretaría de Educación Pública aún se encuentran en transferencia. Lo cual es una razón fundamental para promover políticas de difusión, preservación, protección y fortalecimiento de las prácticas culturales que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Soberanía el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que en la programación del ejercicio de sus atribuciones promueva políticas que garanticen la plena difusión, preservación, protección y fortalecimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Notas:

1 Ver la Declaración completa en: http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pd f/mexico_sp.pdf

2 LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS CULTURALS DE MÉXICO,
disponible en:http://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/cp/pdf/00%20INFORMACION%20GENERAL.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de febrero del 2016.

Diputada Arlette Muñoz Cervantes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y la SRE a revisar y fortalecer las acciones y los instrumentos para la credencialización de mexicanos residentes en el extranjero, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Concepción Valdés Ramírez, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 8 de febrero, se dio inicio al proceso de credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero, esto, como parte de los resultados de la reforma electoral de 2014 con la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la serie de acciones derivadas que ha emprendido el Instituto Nacional Electoral en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el proceso de credencialización referido, se contempla que el ciudadano deberá llevar a cabo los siguientes pasos: primero, el interesado deberá hacer una cita a través de Mexitel, sistema de administración de la Cancillería, para que le sea agendada una cita a la Embajada o Consulado más cercano para efectos del trámite en comento; segundo, una vez en ventanilla, se llevará a cabo la captura de los datos biométricos, así como documentales del ciudadano, se procederá a imprimir la solicitud misma que el ciudadano deberá firmar, así como se digitalizará y anexará a su expediente; tercero, la Secretaría de Relaciones Exteriores enviará la solicitud y datos al Instituto Nacional Electoral, quien cotejará la información asentada, y, en su efecto, expedirá en México la credencial solicitada; y cuarto, una vez elaborada la mica, se enviará al ciudadano residente en el extranjero.

Previo al inicio del proceso referido y como parte de las acciones preparatorias, el Instituto Nacional Electoral signó con la Cancillería un convenio de colaboración en el que establece las bases para dar inicio a la credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero, y con ello, hacer partícipe a la red consular mexicana para efectos de hacer llegar a cada representación diplomática este servicio y facilitar el mismo para con nuestros connacionales.

Cabe mencionar, que este proceso de credencialización se está llevando a cabo de manera gradual, por lo que el servicio ha comenzado a darse en los Consulados de Atlanta, Austin, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Little Rock, Los Ángeles, Nueva York, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Antonio, San Francisco, Santa Ana y San José. Posteriormente, se ha contemplado que para los próximos 8 de marzo y el 8 de abril del que transcurre, se esté dando el servicio en todos y cada uno de los consulados de México en los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras que en otro momento, a partir de principios de junio, este proceso se extenderá a países como España, Francia, Japón, Inglaterra, Canadá, Alemania y Colombia, hasta poner a partir del 8 de agosto el servicio a disposición de las 147 oficinas consulares que tiene México distribuidas en el mundo.

Este hecho, se traduce sin duda en un gran logro más para con la lucha social y política como de reconocimiento de nuestros connacionales radicados allende la frontera y su participación política en su país de origen, apenas contemplada en nuestra Carta Magna en la reforma electoral de 1996, y posteriormente en la ley secundaria correspondiente hasta el 2005.

El proceso de credencialización de mexicanos residentes en el extranjero, se dilucida como una gran apertura para un universo potencial de migrantes tan solo en los Estados Unidos de Norteamérica, país en el que radican un poco más de 35.8 millones de mexicanos, según las últimas estadísticas del Consejo Nacional de Población; y de los cuales, según cifras oficiales, potencialmente unos 9 millones tendrían la posibilidad de credencializarse y participar tanto en los comicios federales como locales, en este último caso, es para lo referente a las entidades federativas que contemplan el voto de sus ciudadanos en el extranjero como: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Oaxaca, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán.

No obstante, para algunas organizaciones de migrantes mexicanos radicados en el extranjero, particularmente en Chicago, Illinois, como Casa Aztlán y Concilio Hispano, externaron el pasado 8 de febrero a las afueras del Consulado de México en aquella ciudad, algunas fallas y deficiencias en el proceso de apertura de la credencialización.

Por lo referido, líderes y activistas de diversas organizaciones de migrantes mexicanos hicieron del conocimiento público lo siguiente:

Primero. Que el mecanismo de citas de Mexitel de la Cancillería ha dado fallas, esto, en virtud de no poder concretar las citas en tiempo y forma;

Segundo, no existe una estrategia amplia de promoción y difusión del proceso de credencialización, más lo referido en redes sociales del Instituto Nacional Electoral;

Tercero, el acercamiento con las organizaciones de migrantes mexicanos radicados allende la frontera es limitado a fin de dar a conocer este proceso por parte del Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores; y

Cuarto, existe cierta desconfianza respecto a los mecanismos para el envío de la credencial de elector de México a Estados Unidos, y otras partes del mundo.

De igual manera, a este llamado se adhirió la organización denominada Credencialízate y vota es tu derecho, Yo decido aquí y allá, quienes expusieron la falta de una campaña informativa y los pocos recursos destinados a esta tarea, al señalar para con el presupuesto asignado en este proceso, el Instituto Nacional Electoral destinó 199 millones, cifra que equivale al 0.02 por ciento de remesas enviadas tan sólo en 2015 por los migrantes mexicanos a su país y comunidades de origen.

Por lo referido, la presente proposición con punto de acuerdo no pretende ser una declaratoria más al seno de esta honorable soberanía, sino de hacer una llamado respetuoso y responsable tanto al Instituto Nacional Electoral como a la propia Cancillería respecto a las inquietudes externadas por estas y otras organizaciones de mexicanos residentes en el extranjero.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que revisen y fortalezcan las estrategias, acciones, difusión y mecanismos para el iniciado proceso de credencialización de mexicanos residentes en el extranjero.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo para revisar y mejorar el servicio de Mexitel. Esto para efectos de agenda de cita para los mexicanos residentes en el extranjero en el proceso de credencialización referido. Como asimismo, se contemple la posibilidad de que el servicio pueda ser extensivo a través de los consulados móviles, esto, a efectos de beneficiar a otros y diversos puntos de alta población de mexicanos residentes en el extranjero que no cuenten con un consulado cercano.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo, para efectos de revisar y fortalecer los alcances en el marco de sus facultades y/o atribuciones el convenio de colaboración en el que establece las bases para dar inicio a la credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de febrero de 2016.

Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, la Semarnat y la SCT a incluir como beneficiarios del Programa de Empleo Temporal a los pescadores afectados por las vedas, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Blandina Ramos Ramírez, diputada federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

El correcto manejo de una pesquería generalmente conlleva a restricciones en cuanto a la forma y los tiempos de pesca, de tal forma que la utilización de métodos de captura selectivos, el uso adecuado de los artes, el respeto a las tallas de captura y las vedas, son herramientas que utiliza la administración pesquera para poder aprovechar y conservar de mejor manera los recursos, asegurando que estos no disminuya al grado de que se colapse la pesquería.

En cuanto a las vedas, estas son restricciones temporales o permanentes a la pesca en una determinada zona, que puede abarcar desde una pequeña porción del mar o una presa, hasta la totalidad de la zonas económica exclusiva, con la finalidad de proteger a una población biológica y permitir que se pueda recuperar, de tal forma que la cantidad de adultos reproductores llegue a ser tal que permita la reposición de los individuos capturados durante la pasada temporada de pesca, es decir, al suspenderse las actividades pesqueras se da oportunidad a las poblaciones explotadas para que crezcan y se reproduzca una cantidad suficiente de peces o mariscos, según sea el caso, que posibiliten el que se vuelva a tener una población lo suficientemente sana para ser aprovechada de forma sustentable.

En otros casos, las vedas pesqueras tienen la función de proteger a especies que si bien no son objetivo de captura para la flota pesquera, si son afectadas por las actividades de la misma, por ejemplo, la vaquita marina (Phocoena sinus), especie de endémica de cetáceo que habita en el Alto Golfo de California y se encuentra en peligro de extinción, al grado de que la pesca incidental de un solo individuo aumenta considerablemente las probabilidades de la extinción de toda la especie, lo que ha motivado la suspensión (veda) a las actividades pesqueras con redes de enmalle, cimbras y/o palangres, con embarcaciones menores, por un periodo de dos años, para la zona donde este cetáceo habita.1

A nivel mundial se reconoce que las vedas pesqueras pueden ser vitales para el manejo de las pesquerías, el Código de Conducta para la Pesca Responsable en su numeral 6.3 del artículo 6, enuncia el siguiente principio general: “Los Estados deberían evitar la sobre explotación, y el exceso de capacidad de pesca y deberían aplicar medidas de ordenación con el fin de asegurar que el esfuerzo de pesca sea proporcionado a la capacidad de producción de los recursos pesqueros y al aprovechamiento sostenible de los mismos”. Para esto, las restricciones espaciales y temporales, como son las vedas, pueden ayudar al administrador pesquero a lograr estos objetivos.2

En el caso particular de nuestro país, derivado de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y otras Leyes, se ha adoptado una política encaminada al ordenamiento pesquero, de manera que la administración de las pesquerías se lleve a cabo bajo sistemas de control como permisos, concesiones y autorizaciones, mismas que son complementadas con regulaciones específicas por recurso o región a través de diversos documentos de carácter obligatorio como son las: Normas Oficiales Mexicanas; cuotas de captura; límites de esfuerzo pesquero; especificaciones de artes de pesca; épocas y zonas de veda.

Con respecto a las vedas y la LGPAS, este recurso se encuentra definido en la fracción XLVII del artículo 4o. la que la define en los siguientes términos:

“XLVII. Veda: Es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie;”.

Siendo por efectos de la misma LGPAS la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) el órgano de la administración pública federal que en la mayoría de los casos en aguas de jurisdicción federal cuenta con la facultad para establecer; modificar; suprimir y fijar las épocas y zonas de veda, encargo que ejerce a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). En el caso de quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas sujetas a un estado especial de protección, la misma ley faculta a la Semarnat a imponer la veda.

En cuanto al número de vedas y las especies que estas protegen, a decir de la Conapesca: “Actualmente los Acuerdos o avisos de veda incluyen 16 organismos y sus diversas especies, en veda permanente durante todo el año, así como vedas temporales para 7 de aguas continentales, todas las especies de 2 embalses; 9 de aguas marinas del Océano Pacífico y 6 del Golfo de México y Mar Caribe también están incluidas en los Acuerdos de veda temporales, así como las vedas temporales de camarón en ambas vertientes que varían anualmente. En total los Acuerdos permiten proteger aproximadamente 140 especies de peces, crustáceos o moluscos.”3

Cabe señalar que las vedas no son el resultado de un capricho o imposición arbitraria por parte de la autoridad, sino que, son consecuencia de estudios científicos que demuestran la necesidad de implementarlas, pero, si bien son medidas necesarias, conllevan un serio problema social, al afectar severamente el nivel de vida de los pescadores, ya que durante el tiempo que esta medida está vigente no se les permite buscar el sustento de sus familias, lo cual representa una merma considerable en su nivel de vida, además, en varias comunidades donde la pesca es una actividad económica importante, el efecto de la veda afecta a toda la sociedad.

Pese al efecto social negativo que acarrean las vedas pesqueras, sería un serio error de nuestra parte el pedir que no se establezcan estas vedas o se levanten antes del tiempo que se requiere para que se recuperen las poblaciones de las especies, lo que si podemos y debemos hacer, es el solicitar a las dependencias del ejecutivo federal pertinentes, el que contemplen como beneficiarios del programa de empleo temporal a los pescadores que son afectados por las vedas.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretarías de Desarrollo Social, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que con base en las facultades y atribuciones conferidas por la normatividad aplicable a las dependencias a su cargo, incluyan como beneficiarios del Programa de Empleo Temporal de sus respectivas dependencias a los pescadores que se ven afectados las vedas.

Notas:

1 Al respecto consultar: Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores, en el Norte del Golfo de California. Diario Oficial de la Federación del día 10 de abril de 2015.

2 El Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es el instrumento guía por excelencia para el correcto manejo de las pesquerías, de hecho, por medio de la correcta aplicación del Código de Conducta, cabe esperar que se disponga de pescado y productos pesqueros para el consumo de las generaciones actuales y futuras, es decir, su aplicación nos debe de llevar a tener pesquería sustentables.

3 Conapesca, 2010. Políticas de Ordenamiento para la Pesca y Acuacultura Sustentables, en el marco de Programa Rector de Pesca y Acuacultura. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. México, 56 p.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de febrero de 2016.

Diputada Blandina Ramos Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, la Comisión Reguladora de Energía y la CFE a revisar y ajustar la tarifa de electricidad aplicada a ayuntamientos y operadores de agua potable, alcantarillado y bombeo, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Rebollo Mendoza, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción XIX del artículo 3, así como en la fracción I del apartado 1 del artículo 6, y del numeral 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica, señala que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico.

Por su parte, el párrafo segundo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica establece que el Ejecutivo federal podrá determinar un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico.

Conforme lo establece la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el despacho de los asuntos relacionados con el de establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal.

Ahora bien, el párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible al establecer lo siguiente:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

En concordancia con lo señalado en los párrafos anteriores, el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico es un derecho consagrado en nuestra Carta magna, como garantía individual y aspiración, lo cual obliga al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, a ser partícipe de las acciones precisas y que estén dentro de su jurisdicción para garantizar dicho derecho.

Sin duda que uno de los actuales y urgentes problemas del régimen de servicio público a nivel mundial se refiere, a las actividades relacionadas con el abastecimiento de agua potable por parte del Estado, ya que la ineficacia de su gestión incide directamente en la población y en el medio ambiente.

Ahora bien, la disposición constitucional del artículo 115 fracción III a) establece que el “suministro, o abastecimiento de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento o disposición de las aguas residuales” son asuntos sobre los que el municipio ejerce sus competencias de manera exclusiva con su ámbito de libertad, de decisión, organización, normatividad y ejecución.

A partir de lo anterior surge lo que se denomina el servicio público municipal de abastecimiento de agua potable, cuya titularidad está atribuida directamente por la Constitución federal a los municipios, que deben ejercerla en un régimen de exclusividad conforme al principio de distribución de competencias de las esferas de gobierno.

Ahora bien, las tarifas específicas fijadas por la Comisión Reguladora de Energía y que aplica la Comisión Federal de Electricidad, se dividen en tarifas para servicio doméstico, doméstico de alto consumo, servicio público, agrícola, acuícola y temporal, mientras que dentro de las tarifas generales están las tarifas para baja, media y alta tensión, y de servicio de respaldo e interrumpible.

En efecto, las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica se clasifican de acuerdo con su uso y nivel de tensión en:

a) Domésticas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y Doméstica de Alto Consumo (DAC)

b) Servicios públicos: 5, 5-A y 6 cuotas mensuales autorizadas

c) Agrícola: 9, 9M, 9-CU y 9-N cuotas mensuales autorizadas

d) Temporal: 7 cuotas mensuales autorizadas

e) Acuícola: EA

f) Generales en baja tensión: 2 y 3 cuotas mensuales autorizadas

g) Generales en media tensión: O-M, H-M Y H-MC cuotas mensuales autorizadas

h) Media tensión con cargos fijos: OMF, H-MF Y H-MCF cuotas mensuales autorizadas

i) Generales en alta tensión: HS, HS-L, HT y HT-L cuotas mensuales autorizadas

j) Alta tensión con cargos fijos: HSF, HS·LF, HTF y HT·LF

k) Respaldo: HM-R, HM-RF, HM-RM, HS-R, HS-RF, HS-HM, HT-R, HT-RM cuotas mensuales autorizadas

l) Servicio interrumpible: 1-15 e 1-30 cuotas mensuales autorizadas

La tarifa para el consumo del servicio público (tarifas 5, 5A y 6) incluye cuotas por conceptos como alumbrado en las calles, así como la energía empleada para sus oficinas y otras actividades a desarrollar con motivo de su gestión. Mientras que la tarifa 6, se aplica al servicio para bombeo de aguas potables y negras, del servicio público.

Sin embargo, la operación de los equipos de bombeo y rebombeo de agua para uso público urbano, por los habitantes de cada municipio, requiere necesariamente el consumo de energía eléctrica por parte del Ayuntamiento o bien de los organismos descentralizados de la administración municipal.

Ese consumo de energía eléctrica para la extracción y conducción de agua de uso doméstico efectuado por los Ayuntamientos u organismos públicos operadores de agua potable y alcantarillado, tiene una tarifa más costosa que dos de las tarifas que se aplican para uso agrícola a saber la 9CU y la 9N, no obstante que ésta última persigue un fin de especulación comercial y por ende, la obtención de una ganancia económica, mientras que el servicio público de suministro, o abastecimiento de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento o disposición de las aguas residuales, se encuentra elevado a derecho constitucional conforme ya se manifestó, lo cual constituye una grave limitación para los entes municipales encargados de operar dicho servicio público, pues sus costos de operación se elevan considerablemente.

Las tarifas 9CU, 9N y 6 vigentes al año de dos mil quince, se encuentran publicadas en el portal de la Comisión Federal de Electricidad siguiendo el siguiente link http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/Tarifas_industr ia.asp?Tarifa=CMAA&Anio=2015 y se ilustran en las siguientes tablas:

Para el caso de la tarifa 6, los costos de energía son los siguientes:

La tarifa agrícola es catalogada como de estímulo y se aplicará para la energía eléctrica utilizada en la operación de los equipos de bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola por los sujetos productivos inscritos en el padrón de beneficiarios de energéticos agropecuarios, hasta por la Cuota Energética determinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ahora bien, se pueden observar en las tablas anteriores dos aspectos sumamente importantes; en primer lugar que la tarifa 6 es superior a la tarifa especificada para el riego agrícola; y en segundo lugar, que su costo se incrementa a través del tiempo, lo cual provoca que, tanto en los ayuntamientos o bien en los Organismos Operadores de Agua de los Municipios, cada mes se vea incrementado el costo de sus operaciones, no obstante que el consumo del vital líquido permanezca inmutable.

Ante tal anomalía, los ayuntamientos como los Organismos Operadores de Agua en los municipios, se han visto en la necesidad de hacer sus contrataciones de servicio de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad, con tarifas de tipo H-M, ya que éstas aunque son para uso general en media tensión, son menores que la tarifa 6.

Las tarifas H-M, son utilizadas por lo general por comercios e industria, cuya principal característica es obtener un lucro, ya que estos buscan una utilidad monetaria, a diferencia de los ayuntamientos y Organismos Operadores de agua, que además de que estatutariamente no pretenden la obtención de ganancia alguna, es un servicio público que está obligado a realizar el municipio de acuerdo a lo señalado en la Carta Magna, lo cual eleva excesivamente el costo de operación, y constituye un grave obstáculo para garantizar la realización de la tutela constitucional del derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico.

Efectivamente, la tarifa aplicada a la mayoría de los organismos operadores públicos, es la relativa a las actividades mercantiles del sector privado, ubicadas dentro del grupo de tarifas generales en media tensión denominada H-M que se aplicará a los servicios que destinen la energía a cualquier uso, suministrados en media tensión, con una demanda de 100 kilowatts o más.

Esta tarifa H-M vigente al año dos mil quince, se encuentra publicada en el portal de la Comisión Federal de Electricidad siguiendo el siguiente link:

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/Tarifas_indu stria.asp?Tarifa=HM&Anio=2015&mes=11 y se ilustra en la siguiente tabla:

De lo anterior se advierte que, a manera de ejemplo, en la región de la Comarca Lagunera, se aplique la tarifa H-M de la región norte, con tres tipos de zona horaria, la de punta para el horario comprendido de las dieciséis horas a la medianoche (tiene un costo de $1.6897 por kilowatt); la intermedia, para el horario comprendido de las seis de la mañana a las dieciséis horas (tiene un costo de $0.7691por kilowatt); y la básica, para el horario comprendido de la media noche a las seis de la mañana (tiene un costo de $0.6253 por kilowatt).

Efectivamente, lo anterior representa una complicación adicional para aquellos municipios cuya ubicación geográfica sea de aquellos con escasez de abastecimiento del vital líquido y además con clima extremoso, por el tipo de región o zona territorial en que se ubican, ya que las tarifas de cobro de energía eléctrica se elevan cuantiosamente, provocando que muchos de esos entes, trabajen con números rojos en sus finanzas, no obstante que la prestación de ese servicio público se encuentre elevado a tutela constitucional.

Consecuentemente, el pago de energía eléctrica representa un porcentaje que va del 35% al 50% del total de los egresos que deben efectuar los ayuntamientos u organismos municipales operadores de agua y alcantarillado, y ello representa un importante porcentaje, ya que es necesario cubrir en primera instancia, los costos de operación, de mantenimiento, reduciendo las metas en la construcción o rehabilitación de nueva infraestructura para realizar el suministro de agua potable a la ciudadanía, así como la recolección y tratamiento de las aguas residuales que se generan por los usuarios, así como el pago por los derechos de extracción de agua, contemplada dentro de la Ley de Aguas Naciones, entre otros gastos.

De lo anterior se advierte que dichos entes públicos, tienen que destinar más recursos para el pago de energía eléctrica, que para el equipamiento de infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de agua por sus habitantes, máxime que, por tratarse de un derecho constitucional, se ha determinado como criterio obligatorio en algunas de las resoluciones de amparo, que es inconstitucional el corte del servicio de suministro de agua, conforme al criterio que señala el Derecho al Agua, el cual está contemplado dentro de los acuerdos firmados por el gobierno federal ante instituciones como la ONU.

En ese sentido, la fijación de tarifas para el cobro de energía eléctrica debe de ser justa y equitativa, considerando en todo momento la apremiante necesidad de prestar ese servicio público por encontrarse elevado a derecho constitucional, máxime que en algunas regiones que presentan climas extremosos y con escasez de agua, el costo del suministro de energía eléctrica resulta demasiado oneroso.

Es trascendental, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del párrafo segundo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica determine un mecanismo de fijación de la tarifa 6 distinto al de la tarifa final que ha sido determinada por la Comisión Reguladora de Energía, y que sea similar al costo promedio de las tarifas 9CU y 9N que se aplican al riego agrícola, única y exclusivamente a los ayuntamientos y/o sus organismos descentralizados operadores de agua. O en su defecto, que el costo de la tarifa sea en todo caso el similar al costo de la tarifa base H-M, durante las 24 horas de servicio, sin clasificación por cargos de energía punta y energía intermedia.

También resulta pertinente exhortar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como a la Comisión Federal de Electricidad para que en términos de lo dispuesto por el artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica, al aplicar las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico, tome en cuenta que el suministro de agua potable es una obligación constitucional y el consumo de energía eléctrica para ese fin deberá regirse conforme a las mismas reglas empleadas para el riego agrícola en sus tarifas 9CU y 9N. O en su defecto, que el costo de la tarifa sea en todo caso el similar al costo de la tarifa base H-M, durante las 24 horas de servicio, sin clasificación por cargos de energía punta y energía intermedia.

Con este apoyo a los ayuntamientos y a los organismos públicos operadores de agua, podrán garantizar un mejor servicio a la ciudadanía de nuestro país, tomando en cuenta que es una obligación el suministro por parte de los municipios, así como un derecho plasmado en la Constitución.

Por lo que, en vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo establecido por las fracciones I y II apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en términos del párrafo segundo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica determine un mecanismo de fijación de la tarifa 6 distinto al de la tarifa final que ha sido determinada por la Comisión Reguladora de Energía, y que sea similar al costo promedio de las tarifas 9CU y 9N que se aplican al riego agrícola, única y exclusivamente a los Ayuntamientos y/o sus organismos descentralizados operadores de agua para bombeo y rebombeo de agua potable, o en su defecto, que el costo de la tarifa sea en todo caso el similar al costo de la tarifa base H-M, durante las 24 horas de servicio, sin clasificación por cargos de energía punta y energía intermedia.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como a la Comisión Federal de Electricidad para que en términos de lo dispuesto por el artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica, al aplicar las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico, tome en cuenta que el suministro de agua potable es una obligación constitucional y el consumo de energía eléctrica para ese fin deberá regirse conforme a las mismas reglas empleadas para el riego agrícola en sus tarifas 9CU y 9N, o en su defecto, que el costo de la tarifa sea en todo caso el similar al costo de la tarifa base H-M, durante las 24 horas de servicio, sin clasificación por cargos de energía punta y energía intermedia.

Palacio legislativo a 29 de febrero del 2016.

Diputada María del Rocío Rebollo Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a regularizar con señalizaciones horizontales y verticales las carreteras para orientar la circulación y evitar daños en los automóviles, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; y 79, numeral 1 fracción II y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes.

Consideraciones

El acelerado desarrollo del sistema vial de nuestro país y el uso creciente del autotransporte ha producido un importante incremento de los viajes por carreteras y vialidades urbanas, al grado de que los conductores, motociclistas, ciclistas, pasajeros y peatones, que coexisten en la infraestructura vial, dependen cada día más de la señalización vial y de los dispositivos de seguridad, para su protección e información. Para satisfacer esta necesidad es indispensable uniformizar, la señalización vial, que minimicen la severidad de los daños causados en los accidentes.

Las órdenes, advertencias, indicaciones y orientaciones ofrecidas por las señales viales deben ser una expresión homogénea, es decir, que a cada situación o evento corresponde un símbolo o un código. Por otra parte, el mensaje debe ser conciso con el fin de que el usuario pueda captar anticipada y correctamente el aviso emitido para una respuesta apropiada.

Todos los proyectos de señalización vial deben cumplir con los lineamientos establecidos de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2013. Por tratarse de elementos que indican al usuario de las carreteras y vialidades urbanas la forma correcta y segura de transitar por ellas, es responsabilidad de las autoridades encargadas del señalamiento, que estas se mantengan en su sitio y bajo condiciones óptimas de visibilidad y conservación.

Lamentablemente, estas señalizaciones viales, muchas veces no se encuentran en buen estado, y la mayor problemática que se vive hoy en día son los “topes”, que en su gran mayoría se encuentran sin pintar, y sin ningún señalamiento que indique su aproximación, provocando con ello accidentes viales y una gran afectación y daños severos en la salud de los pasajeros y no obstante en los automóviles. Todo esto a causa de la mala señalización en las vialidades transitadas.

Cabe mencionar que el señalamiento horizontal es el conjunto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras con el propósito de delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades urbanas. Sirve también para denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía, para regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como proporcionar información a los usuarios.

Estas marcas y dispositivos son: rayas, símbolos, leyendas, botones, botones reflejantes, boyas y delimitadores.

Por otro lado, el señalamiento vertical es el conjunto de señales en tableros fijados en postes, marcos u otras estructuras, integradas por leyendas y pictogramas, que tienen por objeto prevenir la existencia y naturaleza de algún peligro potencial en la vialidad, regular el uso de las carreteras y vialidades urbanas, señalando la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen su uso, guiar con oportunidad a los usuarios a lo largo de sus itinerarios, indicándoles los nombres de las principales poblaciones, números de rutas y sitios de interés turístico o de servicio, así como transmitir indicaciones relacionadas con su seguridad.

Siendo que el señalamiento horizontal, vertical y los dispositivos de seguridad en zonas de obras viales, deberían ser colocadas para guiar al tránsito y resguardar la integridad física de los usuarios de las vialidades, así como del personal que trabaja en las obras de construcción o conservación.

La señalización en carreteras y vialidades urbanas debe cumplir con ciertas características en cuanto a diseño, colores, dimensiones, pictogramas, símbolos y de reflexión, por lo que se recomienda seguir una normalización de las mismas para unificar su criterio de elaboración y tener un sistema homogéneo de las diferentes señales del sistema vial.

Así mismo y bajo el argumento de evitar que cada vez que un automóvil atraviese un tope se corran riesgos, si es en el caso de que no se encuentre ninguna señalización o no se encuentre pintado el tope, pues si lo pasa de manera rápida o sin precaución se dañan las llantas, los amortiguadores, la suspensión, los soportes del motor e incluso se han realizado estudios que llega afectar la columna vertebral de las personas a bordo.

Es necesario pintar los topes para evitar que el conductor no se sorprenda de “saltar” un tope por no estar pintado y se confunda con la carpeta asfáltica y de esta manera, evitar accidentes y daños patrimoniales, ya que un tope que no se encuentre señalizado o tenga señalamiento horizontal, puede generar daños a los vehículos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice sus carreteras con señalizaciones horizontales y verticales primordialmente en topes a fin de orientar la circulación de los vehículos con el objetivo de evitar daños en los automóviles.

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, a los 29 días del mes de febrero de 2016.

Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por las autoridades correspondientes una tarifa especial en la Autopista del Sol para incrementar el turismo nacional en Guerrero, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo estipulado en lo establecido por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT), con un aumento de 20.5 por ciento, México registró 29.1 millones de turistas y una derrama económica de 16 mil 257.9 millones de dólares. El número de turistas permitió al país ubicarse en el lugar 10 de las naciones más visitadas, pero se colocó entre los lugares 20 y 25 en cuanto a gasto por turistas internacionales.

Es evidente que la industria del turismo junto con las divisas y los ingresos petroleros, representan los mayores ingresos para el país, por ello es de suma importancia que se siga fortaleciendo esta actividad para efecto de que haya mejores condiciones de bienestar para las y los mexicanos.

El Estado de Guerrero se destaca principalmente por su triangulo del Sol, conformado por Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón, los cuales representan la palanca de desarrollo para la entidad.

De acuerdo a información de la Secretaría de Turismo guerrerense el denominado triángulo del sol lograron durante la pasada temporada vacacional decembrina una derrama económica de 2, 785 millones de pesos, una ocupación general hotelera del 80% y la captación de más de 900 mil turistas, lo que representa un incremento del 13% en cuanto a ocupación hotelera.

Es importante destacar que con la presencia del virus del zika la actividad turística para el estado de Guerrero tiende a disminuir considerablemente, lo anterior también fomentado por las alertas de países extranjeros de no visitar los destinos turísticos con presencia de este padecimiento.

Además cabe señalar que Guerrero se destaca desafortunadamente por altos índices de inseguridad, resaltando negativamente el puerto de Acapulco por ocupar el cuarto lugar mundial de ciudades más violentas, siendo el primer lugar a nivel nacional.

Todos estos factores sin lugar a dudas merman la actividad turística de Guerrero, la cual es la principal fuente de ingreso no sólo para los tres municipios que conforman el triángulo del Sol sino para los 81 municipios que lo integran.

Cabe resaltar que la temporada vacacional de “semana santa” se encuentra próxima, por ello, es de suma importancia que con el objetivo de que la actividad turística de Guerrero pueda sostenerse o incrementarse pese a los factores negativos que se han señalado, el gobierno federal implemente diversas acciones gubernamentales para efecto de atraer a más turistas, para el caso particular de mi estado, una acción contundente sería la disminución de la cuota hasta de un 60 por ciento de la denominada autopista del sol, misma que deberá estar aparejada con acciones como son la de una mayor seguridad pública y medidas tendientes a inhibir la propagación del mosquito que transmite el virus del zika, sobre todo si tomamos en cuenta que en el puerto de Acapulco ya se han registrado casos de zika.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos; presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, para que instruya al Secretario de Comunicaciones y Transportes, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, y al Director de Caminos y Puentes Federales (Capufe), para que consideren una tarifa especial del 60 por ciento de descuento en la autopista del Sol y con ello se incremente el mayor número de turistas nacionales a los destinos turísticos de Guerrero, en la próxima temporada vacacional de “semana santa”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Blandina Ramos Ramírez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El decreto por el que se expide la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, entrando en vigor dicha ley el 22 de octubre del mismo año. Este ordenamiento deroga la Ley de Pesca de 1992, que escuetamente contaba con 30 artículos y bajo los nuevos criterios de sustentabilidad había quedado por mucho rezagada.

Aunado a lo anterior, el 27 de septiembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adiciona la fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha fracción confiere al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en materia de pesca y acuacultura, de tal forma que estas actividades requería un ley general como la que ahora tenemos.

Además se tuvieron otras razones de peso que demandaban la actualización y modernización de nuestra legislación pesquera, entre estas, la emergencia de nuevos derechos, como los indígenas y la necesidad de por medio de estas actividades fomentar el desarrollo rural.

La LGPAS fue el resultado de un intenso trabajo en que se involucró a todos los actores de estos importantes sectores de la economía, por medio de reuniones de trabajo con pescadores, acuicultores, armadores, cooperativistas, académico; científicos, ambientalistas de organizaciones no gubernamentales y funcionarios de las dependencias del Ejecutivo federal relacionadas con la pesca y acuacultura, se llegó a tener un dictamen en que confluyeron las opiniones de los conocedores de estas materias.

De tal forma, todas las fuerzas políticas que en ese momento confluían en esta Cámara apoyaron el dictamen, siendo su votación en el pleno de 363 a favor, 1 abstención y 0 votos en contra, de hecho, por varios años la ley en comento no tuvo reformas ni adiciones y las pocas que se han dado desde su promulgación a la fecha en su mayoría son de forma y no de fondo.

La LGPAS busca el sano equilibrio entre los que piensan que el cuidado del ambiente solo puede darse por medio de un conservacionismo que impida cualquier actividad productiva, y los que en el otro extremo, todavía creen que los recursos pesqueros por ser renovables son inagotables, es decir, la LGPAS busca propiciar el marco jurídico para la nada fácil tarea de crear un modelo productivo que tenga como principio “pescar preservando y preservar pescando”.

De lo anterior resulta que la ley en comento instituye una serie de instrumentos que no se encontraban en la Ley de Pesca de 1992, como son, por citar algunos:

• El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, cuya finalidad es fomentar las actividades que dan origen a su nombre, de forma integral, desde la captura o cosecha hasta la el consumo.

• El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, Promar, pensado por el Legislativo como instrumento para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento encaminados a la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología.

• La LGPAS incorpora un título específico en materia de acuacultura, en el cual se incluyen entre otros los siguientes instrumentos: la Carta Nacional Acuícola, los programas estatales de acuacultura y los planes de ordenamiento acuícola. Asimismo, se prevé la creación de las unidades de manejo acuícola y el procedimiento de aprobación para la introducir de especies no nativos en aguas continentales, este último tema ante la amenaza que representan las especies invasoras es de vital importancia.

• Se crea el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, donde participarán las autoridades competentes en la materia de los tres órdenes de gobierno y los productores.

• La LGPAS contiene sanciones más severas para los que infrinjan las normas jurídicas que rigen la actividad. Se posibilita la incorporación de los avances científicos y tecnológicos para la vigilancia, se transparentan los procesos interinstitucionales y, en el caso de las embarcaciones mayores, el capitán o patrón es sancionado por las violaciones que cometa contra los preceptos de la propia ley.

• La LGPAS manda que las decisiones de las autoridades relativas a la conservación, la protección, la restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas sean tomadas con base a la investigación científica, motivo por cual la Carta Nacional Pesquera pasa a ser vinculante en la toma de decisiones de la autoridad y se crea la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, coordinada por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.

• Por medio del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, se empodera a los productores, investigadores y académicos, al propiciar su participación en la toma de decisiones que afectan las actividades normadas en la propia ley.

• Por ser una ley general distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, confiriendo facultades a estados y municipios en temas de importancia, como los referentes a la inspección y vigilancia, el diseño y aplicación de las políticas públicas en la materia normada en la ley, los instrumentos y los programas para la pesca y la acuacultura estatal.

En cuanto al reglamento de la LGPAS, el artículo sexto transitorio de la misma manda al Ejecutivo federal a expedirlo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la propia ley:

Artículo Sexto. El reglamento de la presente ley deberá ser expedido por el presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento legal. Mientras se expide dicho reglamento, seguirá vigente el Reglamento de la Ley de Pesca publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999, en lo que no contravenga las disposiciones de esta ley.

De tal forma, el Ejecutivo federal debió haber expedido el referido reglamento a más tardar el 24 de abril de 2008, es decir, hace casi 8 años, y si bien el ciudadano que en dicha fecha ocupaba la titularidad de Poder Ejecutivo de la Unión ya ha concluido su encargo, esto no anula o minimiza la obligación que todavía existe respecto a la expedición del reglamento, siendo el actual titular del Poder Ejecutivo federal el que ahora se encuentra en incumplimiento.

Este vacío normativo se traduce en la aplicación parcial, incompleta o nula de preceptos contenidos en la propia ley que tiene por finalidad el fomento y apoyo de las actividades acuícolas y pesqueras desde sus fases de producción hasta las de comercialización, con el consiguiente menoscabo del nivel de vida de los productores y sus familias, además de crear incertidumbre jurídica que desalienta la inversión, ya que los productores e inversionistas necesitan tener en claro cómo se instaurarán los programas considerados en la ley.

Lo mismo podríamos mencionar en cuanto a la conservación de los recursos pesqueros: por no tenerse el multicitado reglamento, no se tiene en claro cómo en la práctica se implantarán las medidas para cumplir este importante objetivo.

En otro orden de ideas y abonando a lo anterior, si bien tenemos claro que por sus atribuciones la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca es el órgano de la administración pública federal que elaborará el reglamento que motiva el presente punto de acuerdo, también es de tenerse en cuenta que en los términos de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el titular del Poder Ejecutivo federal el obligado a expedirlo.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a que de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y el artículos 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputados: Blandina Ramos Ramírez, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a incorporar el principio de paridad en sus constituciones y leyes comiciales para todos los encargos de elección popular, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La obligatoriedad para los partidos políticos de respetar los lineamientos sobre paridad de género al integrar sus listas de candidatos a elección popular ha sido un avance notable en la integración de las mujeres en la vida política del país, es un hecho histórico que el acceso de las mujeres a un puesto de elección popular esté regulado en un ordenamiento de carácter obligatorio.

De esta forma pasamos de la “cuota de género” a la LXIII Legislatura bien puede ser llamada la “legislatura de la paridad”, ya que hoy contamos con 212 diputadas, quienes representan 42.4 por ciento del total de legisladoras y legisladores en la Cámara de Diputados.1

La instauración de esta medida responde a la necesidad de proveer al marco jurídico electoral mexicano de acción afirmativa encaminada a acotar la discriminación que sufren las mujeres al intentar acceder a un cargo de elección popular, a puestos de toma de decisiones o para ser incluidas activamente en la vida política de la nación, es de recalcar que esta disposición nace de los tratados internacionales de que México es parte y que lo obligan a tomar disposiciones tendentes a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos y esferas sociales, con objeto de eliminar la brecha de género que por cuestión cultural coloca a la una mujer en una posición de inferioridad y discriminación. Como queda establecido en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer:

Artículo 1

A los efectos de la presente convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 2

De igual manera, esta convención provee la facultad de poner en funcionamiento medidas extraordinarias y temporales, que otorguen un empoderamiento real a la mujer que tiene por objeto erradicar de facto las diferencias entre mujeres y hombres, es de esta manera que la convención señalada menciona en el artículo 4:

Articulo 4

1. La adopción por los Estados parte de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente convención , pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2. ...3

Es perceptible que la “cuota de género” mencionada corresponde a una media excepcional tendente en toda su magnitud a eliminar la discriminación en contra de la mujer en un ámbito que, tradicionalmente pertenecía al género masculino en México como lo es la política y la oportunidad de aspirar a un cargo de elección popular.

Del enunciado anterior resulta la obligación de crear ordenamientos y tomar medidas especiales que tengan como finalidad empoderar a la mujer en el ejercicio y respeto de sus derechos, así como lograr su plena incorporación a cargos de poder dentro de la esfera pública y en los ámbitos de toma de decisiones.

Ahora bien, parecería que este derecho, antaño reconocido a la mujer, fuera una invención sin mucha trascendencia, sin embargo; desde la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer vigente desde el 21 de junio de 1981, se reconocía expresamente la igualdad de oportunidades y condiciones con que la mujer podía votar o ser votada en las elecciones.

De tal manera se denota la larga historia del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en México, que se remonta al 17 de octubre de 1953, fecha en que se promulgaron las reformas constitucionales que permitían a la mujer mexicana votar y ser votada, como se menciona de forma expresa en los artículos 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 34. Son ciudadanos de la república los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años; y

II. Tener un modo honesto de vivir.

Artículo 35. Son derechos del ciudadano

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley ...

III. a VIII. ...

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. a 7o. ...4

Este reconocimiento a la igualdad entre mujeres y hombres se considera no sólo en la Carta Magna: además, diversos cuerpos normativos integran los principios de igualdad y paridad en temas políticos y de elecciones, como se señala en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que consagra en sus artículos 7 numeral 1, 14 numerales 4 y 5, 232 numeral 2 y 3, 233, 234, 364 la obligatoriedad de los partidos políticos a integrar sus listas de acuerdo al principio de paridad, así como promover y garantizar este principio en las postulaciones correspondientes.

Asimismo, la Ley General de Partidos Políticos, en los artículos 232, numeral 4, y 241, faculta a los partidos políticos, organismo locales electorales y al Instituto Nacional Electoral para invalidar las postulaciones o candidaturas que incumplan este principio.

Artículo 233.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en esta ley. 5

Más aún, el 8 de febrero del año en curso, el Instituto Nacional Electoral en uso de sus facultades de atracción emitió el acuerdo número INE/CG63/2016, por tratarse de un asunto de competencia de los órganos electorales, en atención a su trascendencia y para sentar un criterio de interpretación. Estos lineamientos establecen de forma obligatoria para todas las entidades integrantes de la federación, el respeto y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante el principio de paridad, que establece que las candidaturas a cargos de elección popular deberán ser integradas por mujeres y hombres en igual número, aún más empezando estas mismas siempre por una mujer como medida temporal de empoderamiento y fomento a la no discriminación contra la mujer.

Como acción afirmativa, los lineamientos expedidos por acuerdo del Consejo General del INE establecen vertientes que pretenden eliminar las lagunas legales que contienen los ordenamientos vigentes y que al momento de ser aplicados presenten normas discriminatorias o que puedan ser omisas y den como resultado una discriminación en contra de mujer, como se señala en los considerandos 7 y 8 de los lineamientos:

7. Que el artículo 3, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 7

Este considerando nació a raíz de una situación en la que determinados distritos electorales fueron designados para mujeres en atención de la poca fuerza del partido político que proponía a la candidata, lo cual se realizaba con el objetivo de dar cumplimiento al principio de paridad pero de forma viciada y totalmente ilegal, a sabiendas de que ese distrito se consideraba perdido por el partido político en turno.

10. Que el artículo 232, párrafo 4, en relación con el numeral 235, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales , establece el procedimiento que deberá seguir el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en caso de que los partidos políticos o las coaliciones no cumplan con lo dispuesto en los artículos señalados en los dos considerandos inmediatos anteriores. Sin embargo, dichos artículos son omisos en señalar los mecanismos para determinar las candidaturas cuya solicitud de registro deberá negarse en caso de reincidencia ; por lo que es necesario establecer de antemano dichos procedimientos a efecto de dar certeza y objetividad a los partidos políticos o coaliciones sobre las consecuencias de su incumplimiento reincidente.7

De igual forma, durante los comicios de 2015 se buscó de todas las formas posibles violentar el principio de paridad en la integración de las candidaturas en diferentes estados. Ante esa situación, el INE buscó subsanar y resolver la problemática que se presentó, estableciendo los criterios suficientes para que en caso de reincidencia los partidos políticos subsanen de forma obligatoria estas deficiencias, en cuyo caso contrario se harán acreedores a las sanciones que los mismos estipulan.

Es de reconocer la labor de las entidades federativas para integrar y salva guardar el principio de paridad dentro de sus constituciones o leyes electorales, sin embargo, estos presentan deficiencias como las que se ejemplificaron anteriormente. Por ello, la presente proposición pretende exhortar a todos los congresos de los estados para el caso de que sus respectivas constituciones o legislaciones electorales que no cumplan debidamente con el principio de paridad, integren los medios suficientes para hacerlo efectivo y realicen las reformas necesarias para poder solucionar esta problemática que afecta negativamente el libre ejercicio de los derechos humanos y políticos de la mujer.

Como epílogo a esta exposición, pondré a la letra el numeral 13 del acuerdo segundo de los lineamientos emitidos por el INE:

13. En el caso de que las constituciones o legislaciones locales establezcan disposiciones que resulten en una mejor garantía para el cumplimiento del principio de paridad de género, dichas disposiciones prevalecerán sobre el presente acuerdo. Por el contrario, este acuerdo prevalecerá sobre las disposiciones que se opongan a lo establecido en los presentes criterios. En caso de que, a pesar de lo anterior, no haya claridad respecto de la norma aplicable, los organismos públicos locales deberán formular una consulta al consejo general de este instituto.8

Queda expresamente consagrado la obligatoriedad del acuerdo, así como la jerarquía normativa que éste prevé, lo cual presenta una razón de peso para que los congresos locales armonicen sus respectivas constituciones y leyes electorales de concordancia con el mencionado acuerdo, toda vez que de no hacerlo estarán incurriendo en una irresponsabilidad y clara violación a los derechos humanos de las mujeres.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los congresos locales a incorporar de manera urgente el principio de paridad en sus constituciones y leyes electorales para todos los cargos de elección popular, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral en su acuerdo INE/CG63/2016.

Notas

1 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_genero.php

2 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention .htm

3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention .htm

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf

5 http://norma.ine.mx/documents/27912/310245/2014_LGIPE.pdf

6 http://www.iepcdgo.org.mx/img/documentos/acuerdo2016/4_ ACUERDO%20INE-CG63-2016.pdf

7 http://www.iepcdgo.org.mx/img/documentos/acuerdo2016/4_ ACUERDO%20INE-CG63-2016.pdf

8 http://www.iepcdgo.org.mx/img/documentos/acuerdo2016/4_ ACUERDO%20INE-CG63-2016.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora, el ayuntamiento de Hermosillo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos a observar los criterios elementales de derechos humanos en la aplicación de la fuerza pública en la entidad, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62 numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, IV y VI y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Sonora y al Ayuntamiento de Hermosillo y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, a que observen los criterios elementales de derechos humanos en la aplicación de la fuerza pública en la Entidad, con la siguiente

Considerando

Primero. El pasado día lunes 22 de febrero por la tarde noche, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, fueron despedidos sin seguir un adecuado procedimiento un grupo de trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora por lo que estos se manifestaron pacíficamente el día 25 de Febrero.

Segundo. Esta manifestación se dio en señal de protesta por las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de ISSSTESON, en primer lugar por considerar que se estaba presentando un despido injustificado y en segundo lugar por el procedimiento llevado a cabo en el cual en el mismo momento en el que se les notificaba el despido se les ordenaba abandonar de manera inmediata sus puestos de trabajo y retirarse de la institución. Del mismo modo, en su manifestación expresaron que el hospital “Centro Médico Dr. Ignacio Chávez” de dicha institución, quedaría desatendido por ese despido masivo, ocasionando que los pacientes quedaran en riesgo de ser mal atendidos y en otros casos no se les prestara atención por la falta de personal. Al respecto, la secretaria general del Sindicato del ISSSTESON, Xóchitl Preciado Ramírez, manifestó su apoyo a los trabajadores despedidos “Ya que las formas en que fueron despedidos no son las más correctas ya que hay reportes de que fueron tratados como delincuentes”.1

Tercero. En las diversas versiones dadas en medios de información y redes sociales se da cuenta de esta manifestación y de lo que sucedió a continuación: Se presentó un nutrido grupo de policías estatales y municipales con instrucción de retirarlos, lo que lograron en medio de golpes y un uso excesivo de la fuerza e intimidación. Así los desalojaron de manera violenta, afectando a enfermeras, enfermeros y trabajadores administrativos que se manifestaban en la vía pública. Cabe destacar que la manifestación era pacífica y ninguno de los participantes estaba armado, ni incitaba a la violencia y mucho menos significaban un peligro para el resto de los ciudadanos hermosillenses.

Cuarto. Manifestarse públicamente es un derecho humano. En el texto constitucional hay dos derechos humanos que están expresados en los que está incluido el derecho a manifestarse públicamente, por lo que son su fundamento y a ellos hay que hacer referencia.

Uno de estos derechos humanos es el derecho a la libertad de expresión en el que se encuentra la manifestación de las ideas. Este derecho está reconocido en el artículo 6o. constitucional, que expresa: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.”2

El otro de los derechos humanos es el derecho de reunión previsto en el artículo 9o. del texto constitucional, en el que se dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito...No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad...”.3

La convención Interamericana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente:

“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.

Artículo 15. Derecho de Reunión Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.” 4

Es claro que tanto el Gobierno del Estado de Sonora, como el Ayuntamiento de Hermosillo inobservaron estos preceptos básicos de los derechos humanos de los afectados por la separación laboral del ISSSTESON que se manifestaban, mostrando intolerancia y ejercicio abusivo de la fuerza pública. Un Estado intolerante, incapaz de dialogar, insuficiente para agotar caminos diversos a la represión conllevan a una inconformidad social, además con cada práctica de esta naturaleza, se van disminuyendo las garantías de los ciudadanos.

En una sociedad democrática como la nuestra, en la que se busca que todos participemos en la toma de decisiones, las manifestaciones públicas son producto del ejercicio de nuestros derechos de libertad de expresión y de reunión.5 Así es como la gente puede crear una opinión y hacer saber lo que está pasando. Permitir que la sociedad realice manifestaciones públicas es reconocer que estamos en un país libre, sin ataduras, en donde temas de trascendencia se discuten y en los que queda claro el interés social, como se actualiza en el caso.

Quinto. Hemos observado como en otros estados intolerantes, como Veracruz, el gobierno ha utilizado la fuerza pública para desalojar a adultos mayores que exigían el pago de su pensión.

Es inadmisible el uso de la fuerza pública desproporcionada en un Estado democrático, pero todavía es más grotesco su ejercicio cuando se aplica a personas desarmadas que se inconforman con una justa razón, al ser víctimas de una injusticia provocada por un procedimiento mal realizado por el propio gobierno.

En Sonora, las enfermeras, enfermeros y personal administrativo, sufrieron violación de sus derechos humanos de forma pública por parte del gobierno municipal y estatal por la represión sufrida al manifestar su inconformidad ante el despido notificado.

Por lo expuesto, presentamos a esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Sonora y al ayuntamiento de Hermosillo, a que observen los criterios elementales de derechos humanos en la aplicación de la fuerza pública, particularmente cuando se aplica a ciudadanos en el libre ejercicio de su derecho a manifestarse.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora para que atienda y emita las recomendaciones pertinentes sobre el caso de los trabajadores despedidos de ISSSTESON, que fueron agredidos el pasado jueves 25 de febrero del corriente, mientras se manifestaban en contra del proceso con el que los separaron de su empleo.

Notas

1http://www.uniradioinforma.com/noticias/hermosillo/394860/
los-despiden-sin-explicacion-dicen-ex-trabajadores-de-hospital-chavez.html

2 1. Para Hugo Saúl Ramírez y Pedro de Jesús Pallares el objeto de la libertad de expresión es la capacidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos e informaciones sin censura previa, poniendo énfasis en la característica de “comunicar”. Véase su obra Derechos Humanos, México, Oxford University Press, 2011, p. 249.

3 2. En España la libertad de reunión va unida a las manifestaciones públicas, ya que se regulan en un mismo artículo constitucional y son puestas en relación. El artículo 21.2 que lo regula dice textualmente: “En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

4 http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Der echos_Humanos.htm

5 4. En opinión de Hugo Saúl Ramírez y Pedro de Jesús Pallares estos derechos son pilares de las sociedades democráticas, toda vez que en ellos se pone de manifiesto la capacidad humana de interpretar el mundo y de construirlo junto con otros, convirtiéndose así en los principales constructores de la vida de una comunidad. Véase su obra Derechos Humanos, ob. cit., p. 248.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu, el gobierno de Quintana Roo y el ayuntamiento de Benito Juárez a concluir el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginalidad en ese municipio, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe; diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), al gobierno del estado de Quintana Roo, y al gobierno municipal de Benito Juárez, concluyan el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginalidad en el citado municipio, a través de la realización de las acciones necesarias para tal efecto, lo anterior en virtud de las siguientes:

Consideraciones

1. El Ejecutivo Federal a través de la Sedatu, el gobierno del estado de Quintana Roo y el municipio de Benito Juárez han difundido entre la población y la mayoría de los medios de comunicación, la exitosa coordinación de estos tres niveles de gobierno, respecto a la regularización de la tenencia de la tierra.

2. Lo cierto es que a la fecha, no se ha dado cumplimiento al proyecto de regularización y reordenamiento territorial de los asentamientos del ejido Alfredo V. Bonfil, que se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo Urbano local.

3. A lo anterior se suma que en esta Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, en el periodo ordinario anterior omitió la elaboración del dictamen que correspondía a este asunto, en ejercicio de sus atribuciones.

Cabe señalar que tal omisión se justificó con el artículo 184 numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, al atenerse a la figura jurídica de la preclusión, la cual se entiende, en general, como la pérdida o extinción de una facultad procesal, por el simple transcurso del tiempo.

Sin embargo, esta interpretación no puede ser utilizada en contra, sino a favor, del actor al que le asiste un derecho; por ello de nueva cuenta y a nombre de los ciudadanos del municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, solicito se atienda este importante asunto.

4. La preocupación por tener una mejor calidad de vida de los habitantes del municipio, puesto que la regularización les permitiría acceder a la infraestructura y a los servicios básicos que requieren, les ha generado inconformidad e incertidumbre, en virtud de que los datos reales contradicen los reportes y anuncios públicos.

5. En 2014 se suscribió un convenio de colaboración para la regularización de predios; y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu) ha señalado que existen grandes avances.

Contrario a ello, el número exacto y porcentaje relacionado con levantamiento de mediciones, que es el primer paso para la regularización, no se conoce, pues dicha información no existe publicada en ningún sitio oficial.

En ese orden de ideas, cuando no se han dado los primeros pasos por parte de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORETT sobre la medición de predios, mucho menos coincide la información y el festejo del supuesto otorgamiento de subsidios en el pago de derechos e impuestos.

Si es escaso el levantamiento tan solo de las mediciones correspondientes, presumiblemente a las familias más pobres se les ha utilizado con fines políticos en este tipo de anuncios.

6. El interés primordial del presente exhorto, es lograr en el menor tiempo posible, dotar de servicios públicos y generar empleo, para los quintanarroenses de esta zona del Estado; esto como una obligación que tienen los gobiernos y las administraciones públicas, para mejorar el bienestar de los ciudadanos y no utilizarlos mediáticamente con propósitos electorales, como pudiera ser que esté ocurriendo en este caso concreto.

7. A partir de la identificación de la importancia y valoración que desde el Partido de la Revolución Democrática se ha otorgado al bienestar social, así como la importancia que tiene la construcción de políticas públicas desde este poder legislativo; surge la necesidad impostergable, urgente y primordialmente responsable; de trabajar al lado de los ciudadanos que han sido marginados en el estado de Quintana Roo.

Los tres niveles de gobierno, debemos asumir nuestra obligación no sólo de otorgar una escritura pública que proporcione certeza jurídica de propiedad; es imprescindible tener claro que, el Estado tiene la obligación de asegurar el cumplimiento y acceso a los derechos humanos consagrados por nuestra Constitución Política de los que hasta ahora este sector de la población está siendo excluida.

Por lo tanto, de lo que se trata es de integrar a nuestra sociedad, al pueblo de México, garantizándoles sus derechos, su dignidad, y una mejor calidad de vida con el acceso a servicios y al desarrollo social.

8. En cualquier foro, es fácil hablar de Políticas Públicas Sociales, lo cierto es que estaremos fracasando sino se demuestra el cumplimiento del compromiso y las metas, que fueron asumidas por los responsables de llevar acabo en este caso, la regularización de la tenencia de la tierra.

De lo contrario, existen indicios relacionados con interesen particulares mediáticos, con la administración de la pobreza, con la que los gobiernos podrían estar lucrando, a partir de la miseria y la necesidad.

9. El abandono de este ejido, impide que la gente tenga acceso a la salud, educación y trabajo, entre otros derechos, además como he señalado, su precariedad respecto a la infraestructura y servicios públicos es verdaderamente lamentable, por ello el significado de agilizar esta regularización que comprende la estación foránea, en el cruce de las avenidas Nichupté con López Portillo hasta el puente que entronca con la carretera federal a Mérida no permite mayor retraso.

El censo a 40, 900 predios donde se ubican más de 58 mil familias de 109 polígonos, apenas reporta un proceso de medición incompleto de 15 de ellos, es decir; sólo se está midiendo cerca del 10% de un plan en el que, el Ejecutivo Federal anuncio como un gran logro, la entrega de escrituras para el primer trimestre de 2015.

Por lo tanto parece que se trata sólo de propósitos, o bien de propaganda en la que con bombo y platillo se dice que se brinda certeza jurídica, a los mexicanos, y lo que se les proporciona en realidad es hambre y falta de oportunidades.

10. Hago un exhorto a la Sedatu y a los gobiernos municipal y estatal, por el respeto a la dignidad y a la propiedad de los lotes que habitan las familias en el Ayuntamiento de Benito Juárez, a efecto de que se les entregue de inmediato su escritura.

Pero al mismo tiempo elevo mi denuncia de lo que se promueve como avance, y que de ningún modo lo es y mucho menos resuelve la situación de pobreza de los Quintanarroenses.

Con el afán de ayudar a la realización de las gestiones necesarias e incidir en la pronta atención de las necesidades de los habitantes de esta zona marginada del país, ubicada en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, y desde las atribuciones que me son conferidas por poder legislativo; solicito urgentemente la aceleración de este proceso, y por consiguiente

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, concluya el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginación en el ejido Alfredo V. Bonfil, del Municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa gobierno del estado de Quintana Roo, y al gobierno municipal de Benito Juárez, intervengan para dar continuidad y conclusión el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginación en el ejido Alfredo V. Bonfil, del Municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo, a efecto de que progresivamente puedan ser beneficiados con la infraestructura y los servicio públicos que requieren.

Tercero. Se exhorta de manera respetuosa, a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, al gobierno del estado de Quintana Roo, y al gobierno municipal de Benito Juárez, para que publiquen en sus sitios oficiales, la información relacionada con los avances de este proceso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a autorizar la creación de la universidad politécnica Coatzacoalcos, suscrita por las diputadas Patricia Elena Aceves Pastrana y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Patricia Elena Aceves Pastrana y Norma Rocío Nahle García, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. A principios de noviembre de 2014 la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) somete a consideración de la Secretaría de Educación Pública (SEP) la posibilidad de autorizar una universidad politécnica en la localidad de Guillermo Prieto, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, en respuesta a la necesidad de elevar la matrícula de Educación Superior Tecnológica y en cumplimiento del Programa Sectorial de Educación (2013-2018) que establece dentro de sus ejes rectores: Impartir Educación con Calidad y en su objetivo 3.2 Garantizar la Inclusión y equidad en el sistema educativo. En la Estrategia 3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población con una línea de acción encaminada a impulsar el desarrollo de los servicios educativos destinados a la población en riesgo de exclusión. Así como las estrategias 3.2.2 y 3.5.3. A partir de ese momento el Dr. Francisco Rangel Cáceres, Director de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz, comenzó los trámites administrativos correspondientes para que el proyecto de la Universidad Politécnica Coatzacoalcos (UPC) llegara a buen puerto.

2. El primer paso consistió en cubrir requisitos de orden académico, es decir, valorar la pertinencia, consistencia y viabilidad de los tres programas de educación superior propuestos: Licenciatura en Administración y Gestión de Pymes, Ingeniería en Tecnología Ambiental, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. A finales de noviembre 2014 la SEV envío a la SEP el estudio de factibilidad a partir del cual la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), junto con la revisión técnico-pedagógica de los programas académicos a cargo del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE), consideró Procedente la creación de la Universidad Politécnica Coatzacoalcos en la localidad Guillermo Prieto, Coatzacoalcos, Veracruz. Lo anterior en virtud de que se cumplía con los criterios e indicadores establecidos en los Procedimientos para la Conciliación de Oferta y Demanda de Educación Superior. Esto consta en los oficios Coepes/0135/2014 y opinión número 058/A4/2014, fechados el 24 de noviembre de 2014.

3. En febrero del 2015 la factibilidad de la UPC se ratificó en una reunión para dar seguimiento a la petición realizada por la SEV entre el Comité Pro-Fundación Universidad Politécnica de Coatzacoalcos con el Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyUP) y su equipo. En este momento se estableció una mesa de trabajo para aclarar algunos temas sobre la solicitud de la UPC y el estudio de factibilidad. Al finalizar la reunión se concluyó que la creación de la UPC era factible el CGUTyUP solicitó un oficio-compromiso expedido por el Gobernador del Estado.

4. En respuesta a lo anterior, a mediados de febrero de 2015 el gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, hacía del conocimiento del entonces Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, que había girado instrucciones al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación para que el recurso federal que se recibiera etiquetado para la mencionada universidad se aplicara exclusivamente para el funcionamiento de la misma. Este documento evidencia que el gobierno estatal se comprometía a llevar las acciones de su competencia para que la Universidad Politécnica Coatzacoalcos se instalara.

5. El 24 de junio de 2015, la CGUTyUP, adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, ratificaba que el Estudio de Factibilidad para la Creación de la Universidad Politécnica Coatzacoalcos cumplía con los criterios e indicadores establecidos en los “Procedimientos para la Conciliación de Oferta y Demanda de Educación Superior de las Entidades de la Federación” y, por lo tanto, se podía continuar con las siguientes etapas para su creación: designar una persona responsable del proceso de gestión, solicitud de nombre oficial de la institución, establecimiento de instalaciones provisionales, programas educativos de acuerdo a los estudios de factibilidad y compromiso del gobierno estatal de aportar el 50% del financiamiento.

6. Todos estos requisitos fueron cubiertos en el transcurso del año 2015: en abril se designó a la licenciada Yolanda Sagrero Vargas como gestora de trámites entre la SEV y la SEP, en julio se consiguieron instalaciones provisionales en la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 155 y el CBTIS 85, en septiembre un supervisor de la CGUTyUP visitó el terreno de 15 hectáreas donado por los ejidatarios para la construcción de la UPC, en octubre dicho terreno fue considerado factible para ser utilizado como sede definitiva de la UPC, y en noviembre de 2015 se remitían los estudios técnicos del terreno y los documentos legales que avalaban el compromiso de donación del mismo.

7. En cuanto al compromiso de financiamiento estatal, el 14 de julio de 2015, el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrín, hacía del conocimiento del Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas que el gobierno de Veracruz se comprometía a proporcionar el 50% de financiamiento para la creación de la Universidad Politécnica Coatzacoalcos y suscribir los documentos jurídicos necesarios . Esto consta en el oficio SFP/675-419/2015.

8. Como puede apreciarse, la Universidad Politécnica Coatzacoalcos ha cumplido a cabalidad con cada uno de los requisitos que se le han presentado. Así las cosas, parecería que la instalación definitiva de la Universidad Politécnica Coatzacoalcos estaba asegurada. Sin embargo, el 27 de noviembre de 2015 el CGUTyUP, mediante el oficio 514.1.3139/2015 dirigido a la Secretaria de Educación del Estado de Veracruz, comunica que después de haber analizado los requisitos para la creación de la UPC, sólo resta que el Gobierno de Veracruz presente evidencias del ejercicio de los recursos que la Federación ha otorgado para la construcción en los Fondos de Aportaciones Múltiples de los años 2006, 2008, 2009, 2010, y 2012.

9. Lo anterior resulta inaceptable por dos motivos. En primer lugar, la evidencia del ejercicio de los recursos no es uno de los requisitos para la creación de universidades tecnológicas y politécnicas establecidos en el “Manual para ampliar la cobertura de Educación Superior Tecnológica: Subsistema de Universidades Tecnológica y Politécnicas”.

10. En segundo lugar, y más importante aún, ésta es una cuestión que escapa a la responsabilidad, competencia y posibilidad de injerencia del Comité Pro-Fundación UPC, pero que está frenando la posibilidad de que se extienda la constancia de cumplimiento de los requisitos legales para que, posteriormente, la Subsecretaría de Educación Superior emita el oficio de autorización de la UPC. Esto afecta a una gran cantidad de jóvenes de los municipios Agua Dulce, Moloacán, Ixhuatlán del Sureste, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Las Choapas, Coatzacoalcos y sus zonas rurales. Si bien la transparencia y rendición de cuentas debe ser un principio fundamental en la pública, resulta inaceptable que las y los jóvenes se vean privados de una opción educativa por las faltas de gestión de los gobernadores, máxime cuando en esta administración existe un impulso decidido a las universidades tecnológicas y politécnicas.

Por lo anteriormente expuesto, y en favor del mejoramiento de la educación de las y los jóvenes de nuestro país, presentamos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que gire las instrucciones pertinentes con objeto de que se autorice la creación de la Universidad Politécnica Coatzacoalcos y se permitan así las condiciones financieras y administrativas para el inicio de sus actividades.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de marzo de 2016.

Diputados: Patricia Elena Aceves Pastrana, Norma Rocío Nahle García, Sergio René Cancino Barffuson (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito Próspero Manuel Ibarra Otero, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que, dentro de los 60 días naturales posteriores a la aprobación de este acuerdo, emita el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que entró en vigor el 22 de octubre de 2007, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es de conocimiento público, en lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, ha destacado el incremento en el consumo per cápita de pescados y mariscos, pues la meta sexenal de 12 kilogramos prevista para 2018, se encuentra a 600 gramos de alcanzarse, como resultado de las políticas adoptadas para la promoción y consumo de pescados y mariscos producto de las actividades pesqueras y acuícolas en México.

Sin embargo, no podemos afirmar que los resultados positivos que refleja el consumo, sean, también, resultados favorables para quienes se involucran en la cadena productiva y comercial del sector pesquero y acuícola, tales como pescadores, acuicultores, armadores, procesadores, distribuidores y comercializadores de los productos.

Considerando, que durante los últimos 8 años ha sido una constante manifestación del sector al Titular de Ejecutivo Federal, que para concretar acciones de desarrollo y beneficio para los productores pesqueros y acuícolas en el país, se debe contar con un marco legal sólido, que garantice la correcta ejecución de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Es preciso recordar que con fecha 24 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, ordenamiento legal que cobró vigencia el 22 de octubre de ese mismo año, y que abrogó la Ley de Pesca de 1992.

Como lo señala la fracción I del Artículo 89 de la Carta Magna, el Titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad de “Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.”. En el tema que nos ocupa, el Presidente de la República tiene la facultad para emitir el Reglamento de la Ley.

De conformidad con lo que establece el Sexto Transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, “El Reglamento de la presente Ley deberá ser expedido por el Presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento legal.”

A más de 8 años de la entrada en vigor de la ley, existe una nula emisión de su regulación, por lo que, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio, “mientras no se expida dicho reglamento, continuaría vigente el de la Ley de Pesca publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999”, en lo que no contravenga las disposiciones de la Ley General, vigente a partir de octubre de 2007.

En consecuencia, la aplicación de la ley ha sido inadecuada, ante la ausencia de un nuevo reglamento, que enmarque las disposiciones actuales, pues las precisiones que debe normar el reglamento que el Ejecutivo Federal emita, impactarán al sector pesquero y acuícola del país.

Entre los principales temas que se afectan por la falta de un marco reglamentario sólido, se encuentran los siguientes:

• La ley vigente obliga a contar con un Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, ya que el artículo 122 prevé, que la organización y funcionamiento de dicho Registro se determinarán en las disposiciones reglamentarias que deriven de la propia ley, e indica que el Inapesca, el Senasica y los gobiernos de las entidades federativas contribuirán a la integración, actualización y funcionamiento del Registro, en la forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables.

• El Reglamento de la Ley de Pesca vigente, refiere un registro nacional de pesca, señalando la opción, con el término podrá, más no la obligación, de la Secretaría a inscribir en el Registro Nacional a los acuacultores que no requieran de una concesión, permiso o autorización.

• En la actualidad, es de pleno conocimiento que, para acceder a algún tipo de apoyo de programas en concurrencia, se requiere de la inscripción de los productores en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, tal y como lo señalan las reglas de operación de los programas vigentes.

• El Capítulo II de la Ley, indica el funcionamiento e integración del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, Promar, sin embargo, es preciso que en el Reglamento de la Ley se describan las funciones, formalidades para acceder a sus recursos, términos para su funcionamiento, rotación de los integrantes del “Comité Mixto” que lo operará, entre otras regulaciones.

• La nueva ley incorpora un título específico en materia de acuacultura, además de que prevé la creación de las unidades de manejo acuícola y el procedimiento de aprobación para la introducción de especies no nativas en aguas continentales, mecanismos que deben ser totalmente incorporados en el nuevo reglamento.

Los puntos anteriormente expuestos, son solo algunos en los que la ley remite al reglamento, para conocer su adecuada regulación, que no se puede concebir en el que actualmente se encuentra en ejecución.

El nuevo reglamento que se debe expedir, contribuirá significativamente en los programas en materia de ordenamiento pesquero y acuícola e inspección y vigilancia, además de que permitirá a las autoridades estatales con atribuciones concurrentes atender con precisión cada aspecto que la ley aborda y, a los productores a quienes se dirige, dar cumplimiento en tiempo y forma con sus obligaciones.

En conclusión, la urgencia de contar con el nuevo reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, radica en, que la ley en comento instituye preceptos legales no contenidos para su regulación en el reglamento de 1999, y responde a la urgente manifestación del sector por contar con un reglamento pesquero y acuícola incluyente, con la finalidad de beneficiar a los productores, pese al panorama económico nacional e internacional en el que nos encontramos actualmente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que, dentro de los 60 días naturales posteriores a la aprobación de este acuerdo, emita el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que entró en vigor el 22 de octubre de 2007.

Diputado Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca, la Fiscalía General de ese estado y la PGR a agilizar las investigaciones y castigar a los responsables del asesinato de tres militantes del Partido de la Revolución Democrática en Santiago Juxtlahuaca, el 17 de febrero de 2015, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe; diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea; proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca; así como al titular de la fiscalía general del estado de Oaxaca; a agilizar las investigaciones y castigar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de tres militantes del partido de la revolución democrática, cometido en la comunidad de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, el 17 de febrero del año 2015, asimismo se pide la intervención de la Procuraduría General de la República para que en uso de su facultad de atracción y de acuerdo a la naturaleza del caso, se agilicen las investigaciones y el esclarecimiento de estos lamentables hechos, lo anterior en virtud de las siguientes:

Consideraciones

1. El día 17 de febrero del año 2015, tres militantes del Partido de la Revolución Democrática:

• Carlos Martínez Villavicencio, quien en aquel momento fuera precandidato a diputado federal;

• Fidel López Nelio, quien ocupaba el cargo de secretario de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal del PRD; y

• Bernardo Bautista.

Fueron emboscados y desafortunadamente asesinados por un grupo de personas con armas AK-47 mientras se trasladaban de Juxtlahuaca, a la ciudad de Oaxaca, según lo reveló el resultado de la necropsia realizada por la Dirección de Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno de Oaxaca.

2. Con indignación, el Senado de la República el 19 de febrero de 2015 hizo una enérgica condena ante tal asesinato y exhortó tanto a las autoridades estatal y federal a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables con celeridad y diligencia, sin que al día de hoy haya resultados.

3. Ante la posible violación a los principios de legalidad y justicia expedita en perjuicio de las víctimas, se requiere que la Procuraduría General de la República haga uso de su facultad de atracción, a efecto de que se agilicen las investigaciones, en razón a la naturaleza de este caso.

Cabe hacer mención que está pendiente de dictamen un Punto de Acuerdo que se presentó en la Cámara de Senadores el 18 de febrero del año en curso, respecto a este mismo tema, por lo que me sumo al apoyo que necesitan los familiares de las víctimas, en espera de que se atienda con mayor diligencia el esclarecimiento de los hechos antes descritos.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente punto de acuerdo por el cual la Cámara de Senadores:

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa, al Gobernador de Oaxaca; así como al titular de la Fiscalía general del estado de Oaxaca; a agilizar las investigaciones y castigar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de tres militantes del partido de la revolución democrática, cometido en la comunidad de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, el 17 de febrero del año 2015, en virtud de que desde entonces no ha habido avances en la investigación, así como la intervención de la Procuraduría General de la República para que en uso de su facultad de atracción y de acuerdo a la naturaleza del caso, se agilicen las investigaciones y el esclarecimiento de estos lamentables hechos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a transparentar el contrato multianual administrativo número SSP/ BG/ S/ 255/ 2014, relativo al “servicio subrogado de grúas equipadas para detección, levantamiento y retiro de vehículos que infrinjan el Reglamento de Tránsito Metropolitano”, celebrado con la sociedad mercantil Grupo Oro Páez, SA de CV, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 31 de octubre de 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la convocatoria a la licitación pública nacional para la “Contratación multianual del servicio subrogado de grúas equipadas para la detención, levantamiento y retiro de vehículos abandonados en vía pública, que infrinjan el Reglamento de Tránsito y atención de emergencias viales en la red vial de las 16 demarcaciones políticas, incluyendo su mantenimiento preventivo y correctivo, combustible, así como seguro de cobertura amplia, por el periodo comprendido del 01 de enero del 2014 al 30 de abril de 2016”.

El 15 de noviembre del mismo año, se emitió el dictamen, donde se menciona que compraron las bases siete empresas. En dicho documento se acordó que ninguna de las empresas cumplía con todos los requisitos establecidos en el anexo de la convocatoria.

El 3 de diciembre de 2013, se volvió a publicar una nueva convocatoria a una “Licitación pública nacional número 30001066-010-13.- Convocatoria 010.- Contratación multianual del servicio subrogado de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de vehículos que infrinjan el Reglamento de Tránsito Metropolitano y atención de emergencias viales en la red vial de las 16 demarcaciones políticas, incluyendo su mantenimiento preventivo y correctivo, combustible, así como seguro de cobertura amplia, por el periodo comprendido del 01 de abril del 2014 al 30 de abril de 2016”.

El 13 de diciembre de ese año, se presentó el dictamen técnico y presentación de precios más bajos, correspondiente a dicha licitación, en el que se menciona la participación de dos empresas. Resolviendo que la empresa licitante Comercializadora Versirg, SA de CV, cumple cualitativamente con la propuesta técnica solicitada, adjudicándole la prestación del servicio y el contrato correspondiente; dicho contrato, estipula que el arrastre tendría un precio unitario de 96.05 pesos, y de 480.25 pesos por el ingreso al depósito; asimismo, se fijaba un costo total máximo de 588,110,776 pesos. Sin embargo, la empresa no cumplió en tiempo y forma, cancelándose dicho contrato.

Posteriormente, y de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, el 06 de agosto de 2014, se le asignó, vía adjudicación directa, a la empresa Grupo Oro Páez, SA de CV, por un monto máximo de 458, 026,020 pesos.

Cabe destacar que ante la opacidad de las autoridades, ciudadanos solicitaron al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infodf), información sobre dicho contrato. Asignando el expediente RR.SIP.0352/2015.

Cabe mencionar que ante la negativa de proporcionar la información solicitada, el 10 de junio se emite resolución, y el Pleno del Infodf, resuelve: con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y se le ordena que respecto a los documentos que se encuentren en sus archivos emita un pronunciamiento categórico con respecto a:

• Lo relativo a las normas de operación del agrupamiento de grúas. En caso de contar con las mismas, las remita en el formato elegido por el particular. Y para el caso contrario, de no contar con ellas, responda en forma fundada y motivada dicha circunstancia al recurrente, punto 1 de la solicitud. Qué presupuesto se ha destinado al servicio desde que este empezó a operar por medio de grúas subrogadas, punto 5 de la solicitud.

• Comunique qué normatividad siguen los oficiales a cargo para decidir que vehículo se infracción o se remolca cuando en una zona de estacionamiento prohibido hay más de un automóvil o vehículo estacionado, punto 8 de la solicitud.

• Entregue todos los documentos relativos a la fijación de metas concretas para el programa de grúas viales, punto 9 de la solicitud. En caso de contar con los mismos, los remita en el medio requerido por el particular, en caso contrario, funde y motive dicha circunstancia.

Proporcione al particular los documentos referentes a la evaluación de la efectividad de las grúas, punto 11 de la solicitud. En caso de contar con los mismos, los remita en el medio requerido por el particular, en caso contrario, funde y motive dicha circunstancia. Informe el detalle de cuántas vialidades se han recuperado por medio de estas [evaluación de la efectividad de las grúas], punto 12 de la solicitud.

• Señale por cuánto tiempo quedaron las vialidades en cuestión “recuperadas”, punto 13 de la solicitud. Comunique cuál exactamente es la medida del éxito logrado por el programa, punto 14 de la solicitud.

Ante dicha solicitud, la Dirección de Adquisiciones Almacenes y Aseguramiento, de la SSP, reconoce la existencia de dicho contrato, y emite la siguiente respuesta:

“Al respecto, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y dentro del ámbito de la competencia de esta Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, se informa que tenemos registrado el Contrato Multianual Administrativo Número SSP/BG/S/255/2014, para el “ Servicio Subrogado de Grúas equipadas para la Detección, Levantamiento y Retiro de vehículos que infrinjan el Reglamento de Tránsito Metropolitano y la Atención de Emergencias Viales en la Red Vial de las 16 Demarcaciones Políticas, incluyendo su mantenimiento preventivo y correctivo, combustible, así como el seguro de cobertura amplia, por el periodo del 01 de septiembre del 2014 al 30 de abril de 2016, celebrado con la Sociedad Mercantil denominada “Grupo Oro Páez, SA de CV”.

Asimismo, la Subsecretaría de Control de Tránsito, a través de la Dirección de Control de Estacionamiento en Vía Pública informa que:

“Actualmente están laborando 141 grúas de las cuales 110 son concesionadas y 31 pertenecen y están al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal mismas que se distribuyen cada día por zona en toda la Ciudad de México de acuerdo a las necesidades del servicio para vigilar (que) los vehículos no infrinjan el Reglamento de Tránsito Metropolitano.”

Al no quedar satisfecha la solicitud ciudadana, el Infodf resuelve:

“Se modifica la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos...”

No obstante las acciones de opacidad manifiesta, lo más grave del asunto es que la asignación se hizo a una empresa que en nada se relaciona con el servicio solicitado, de acuerdo a la información que aparece en internet, y ante la falta de información por parte de las autoridades, encontramos que la empresa “Grupo Oro Páez, SA DE CV, actualmente se anuncia como:

Grupo Oro Páez, SA de CV, es una empresa privada dentro de empresas de comestibles en Ciudad de México, DF. Con 5 empleados, la empresa es más grande que el promedio de empresas de comestibles.1

Anteriormente, se le asignaron a dicha empresa, los servicios, para vender materiales y útiles de oficina; por utensilios para el servicio de alimentación; por material eléctrico y por ayudas culturales y sociales.

Asimismo, la empresa se incluía en el padrón de proveedores y contratistas del gobierno, para la adquisición de materiales para construcción. También proporcionaba el servicio de compra, venta, renta, importación, exportación y en general la comercialización de toda clase de bienes muebles, inmuebles, así como la prestación de toda clase de servicios, susceptibles de ser comercializados.

Destaca que para el ejercicio 2014 la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, lo tiene en su padrón de proveedores para prestar el arrendamiento, transportación, administración y logística de flotillas de autotransporte de carga, para la prestación del servicio de grúas de arrastre para toda clase de vehículos particulares y de transporte, ya sean públicos o privados.

Como se puede apreciar, y de acuerdo con los datos oficiales descritos, este último servicio no se menciona con anterioridad, la empresa en cuestión no refleja que su actividad sea el servicio de grúas, esto lo registra hasta 2014. Lo anterior ha generado interrogantes entre la ciudadanía; e incluso, varios legisladores han presentado puntos de acuerdo con la finalidad de solicitar la transparencia del mencionado contrato, entre otros, recordemos los más recientes referidos a la aplicación de las fotomultas, y que las mismas autoridades se vieron obligados a transparentar.

De ahí pues, que el presente punto de acuerdo, tenga la finalidad de que la ciudadanía conozca el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato Multianual Administrativo Número SSP/BG/S/255/2014, tal y como se hizo con el contrato de las fotomultas asignado a la empresa Autotraffic, SA de CV.

Asimismo, y ante la justificada duda, aclarar y fundamentar si la empresa asignada cumplió con las especificaciones y los requisitos establecidos para proporcionar el servicio de grúas. Ya que como se puede ver, durante los años que ha sido proveedor, no se hace referencia a este servicio. Además que sólo se anuncia como una empresa dedicada a la comercialización de comestibles.

Reconocemos que falta muy poco para que el plazo establecido en el contrato termine; sin embargo, no es tarde para que, con ello, contribuir a transparentar los procesos, tal y como lo establece la norma.

Recordemos que en 2015, el Jefe de Gobierno firmó una carta intención en la ciudad de Nueva York, para ubicar al gobierno local como el primero del mundo en establecer medidas de protocolo y transparencia para el otorgamiento de contratos; afirmó “que se trabaja por una ciudad dedicada al combate a la corrupción y para desterrar las prácticas que afectan a los habitantes.”

Esperemos que el gobierno cumpla; hacerlo, evitaría la creencia generalizada de que atrás de dicho contrato existe fraude y posible conflicto de interés.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de este pleno, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que instruya a transparentar el contrato multianual administrativo número SSP/BG/S/255/2014, para el “servicio subrogado de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de vehículos que infrinjan el reglamento de tránsito metropolitano, celebrado con la sociedad mercantil denominada Grupo Oro Páez, SA de CV.

Segundo. Asimismo, para que haga público de manera pormenorizada, si la empresa concesionaria cumplió de manera integral con los requisitos para su asignación.

Tercero. Igualmente, para que difunda los ingresos captados, por concepto de arrastre de vehículos, durante la vigencia de dicho contrato.

Nota

1 http://fichas.findthecompany.com.mx/l/127501363/Grupo-Oro-PaEZ-S-A-de-C -V-en-Ciudad-de-Mexico-D-F

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, la SCT y la Sedatu a implantar acciones para generar fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera en Campeche y Tabasco, suscrita por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, diputada federal Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del estado de Campeche, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputada federal Georgina Trujillo Zentella, del estado de Tabasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a dar a conocer e implementar de manera inmediata las acciones instruidas por el Ejecutivo federal, a fin de generar nuevas fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera, para contener y disminuir los elevados y crecientes índices de desempleo en los estados de Campeche y Tabasco, suscrita por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, el petróleo mexicano ha sufrido depreciaciones constantes que han repercutido en los sectores económicos relacionados directamente con las actividades de la industria petrolera, lo que ha significado un reto tanto para el gobierno federal como para los gobiernos de las entidades federativas para hacer frente a las crisis por la que atraviesa la industria petrolera.

De acuerdo con cifras oficiales, al principio del presente sexenio, el gobierno de nuestro país dependía en un 40 por ciento de las exportaciones petroleras, es decir, era dependiente casi en la mitad de su presupuesto total.

Los cambios estructurales impulsados con la Reforma Energética han tenido una injerencia positiva para reducir el impacto de la dependencia de los ingresos petroleros, lo que ha permitido a México ir disminuyendo esa dependencia que ahora es del 18 por ciento.

No obstante lo anterior, estamos conscientes de que hoy por hoy, la caída de los precios del petróleo está afectando seriamente a nuestro país, especialmente a las entidades con alta vinculación y dependencia de los ingresos petroleros, por lo que coincidimos en la necesidad de emprender acciones alternativas que permitan dar actividad y oportunidad a la población de dedicarse a otras actividades productivas que les depare un ingreso y en otras acciones que mitiguen lo que hoy está ocurriendo ante este efecto.

En el transcurso del año 2015 y durante el primer mes de este año, la crisis petrolera ha acelerado el desempleo en las entidades federativas con mayor actividad en el rubro, tal es el caso de la zona sur-sureste del país, y en específico de los estados de Campeche y Tabasco. De acuerdo con las cifras que reporta Petróleos Mexicanos (Pemex) indican que en 2011 el volumen de las exportaciones de petróleo crudo nacional era de 1,338 miles de barriles diarios.1 En enero de 2016, esta cantidad ha disminuido a 1,120 miles de barriles diarios presentándose en mayor medida en esta región que en la actualidad exporta 797 miles de barriles diarios –equivalente a dos terceras partes del total de exportación- contra 1,036 que realizaba en 2011. Aunado al panorama internacional, el precio promedio del crudo mexicano ha disminuido en esa misma temporalidad de 101.13 a 23.48 dólares por barril.2

Por ello, es menester lograr el trabajo conjunto refrendado por el Ejecutivo Federal, a fin de establecer las medidas, acciones y programas pertinentes para la mitigación de la problemática del desempleo que ha afectado a las entidades con mayor dependencia de la actividad petrolera, como es el caso de Campeche y Tabasco, no obstante que siguen siendo las dos entidades que más aportan al PIB nacional en esta materia.

Justificación

En el estado de Campeche, el año pasado se perdieron 8 mil 846 empleos, en su totalidad de la industria petrolera, al pasar de 148 mil 822 en enero de 2015, a 139 mil 976 en enero de este año, lo cual implica una disminución del 5.9 por ciento.

Además de que, como estrategia encaminada a solventar el problema económico que actualmente tiene Pemex, la paraestatal ha anunciado el posible recorte de 10 mil empleados para este año.

Escenario en el cual se agravaría la situación económica que se vive en municipios como Carmen, pues el flujo de efectivo de la ciudad disminuiría aún más, afectando a los demás sectores como: hotelero, comercio, servicios, inmobiliario, entre otros.

El desplome de la actividad petrolera en Campeche tiene al borde del colapso al 40 por ciento de las 865 empresas que brindaban servicios y suministraban materiales a la industria petrolera, lo que ha afectado durante el 2015 de manera directa a pequeños y medianos proveedores, empresas de soporte de ingeniería, de outsourcing y de asesoría ligadas a Pemex, siendo el sector de la construcción el más afectado debido a la cancelación de obras.

El año pasado, la paraestatal tuvo recortes por unos 65 millones de pesos. De acuerdo con registros del Consejo Coordinador Empresarial, entre 2005 y 2006 había 865 firmas vinculadas a las operaciones de Pemex, de las cuales, a la fecha, alrededor de 346 están en riesgo.

De acuerdo con datos del mismo organismo, sustentados con cifras del INEGI, fueron liquidados 25 mil trabajadores petroleros de octubre de 2014 al mismo mes de 2015.

En el caso particular de Campeche, entre las afectaciones que se han tenido en las actividades económicas aunadas al problema de desempleo, se encuentran aquellas que recaen sobre las empresas y proveedores ligados a Pemex por la cancelación anticipada de contratos, las restricciones de licitaciones y el retraso en los pagos a trabajadores.

Además de las afectaciones directas a contratistas y prestadores de servicios de Pemex, la crisis ha afectado de manera indirecta a los sectores de las industrias hoteleras, turísticas y de restaurantes.

De 2010 a 2013, el PIB de la entidad registró una caída anual promedio de 2%, y si bien para 2013 logró por primera vez un crecimiento marginal de apenas 0.7%, el indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) que elabora el Inegi, reportó un descenso anual de 4.7% en 2014, de manera que la crisis se ha venido agudizando desde el año 2014.

Todo lo anterior derivado de la gran dependencia que tiene la economía estatal de la extracción del hidrocarburo, que por sí sola representa el 80% de su PIB.

Es indudable que la crisis por la que atraviesa la economía campechana ha incrementado el número de desempleados. Del primer trimestre de 2010 al cuarto trimestre de 2015, el número de personas desocupadas en la entidad pasó de 9 mil 600 a 12 mil 422 trabajadores, lo que significó un incremento de 29%.

En la gráfica que a continuación se muestra, se advierte la tendencia de la tasa de desocupación en el año 2015 para Campeche.

En Tabasco, además de las actividades económicas como la ganadería, agroindustria y servicios, el motor de desarrollo del que depende el sustento de decenas de miles de familias lo ha sido por muchos años la industria energética. El petróleo sigue siendo la que genera mayor riqueza para el estado.

Al no tener contratos con Pemex directamente o con las grandes compañías que trabajan para la empresa productiva del Estado, están obligando a las Pymes con actividad petrolera a cerrar, y con ello el despido de sus trabajadores.

De acuerdo con el reporte del IMSS, en enero del 2015 Tabasco tenía un registro de 197 mil 107 trabajadores, cifra que disminuyó 6.2 por ciento al mes de enero de este año, cuando sólo tenía 184 mil 849 empleos, entre permanentes y eventuales urbanos y del campo. Esto indica que en un año se perdieron 12 mil 258 empleos oficiales, mientras que en enero de 2016 perdieron su trabajo 2 mil 335 personas radicadas en el estado.

En el cuarto trimestre de 2015, la distribución económica de la población se expresa de la siguiente manera:

La entidad se ha visto seriamente impactada por los problemas que está enfrentando el sector petrolero y que han generado que la Tasa de Desocupación se incremente aún más. De acuerdo con cifras del INEGI, desde el año 2015, Tabasco se ha mantenido en el primer lugar de desempleo, con una tasa de desocupación entre el 7.5 y 7.7 por ciento, porcentaje que representa casi el doble de la cifra nacional.

En la gráfica que a continuación se muestra, se puede advertir la tendencia al incremento de la tasa de desocupación en el año 2015:

La situación por la que están atravesando ambas entidades federativas ha sido planteada en reiteradas ocasiones por los gobernadores Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Arturo Núñez Jiménez, de Campeche y Tabasco, respectivamente. El 29 de enero de 2016, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó gira de trabajo por el estado de Tabasco; en su visita el Gobernador de esa entidad señaló “...tenemos un problema severo de desempleo... y como lo he planteado junto con el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, hemos hablado de la posibilidad de tener su mano amiga, para ayudarnos con programas temporales de empleo, con el impulso a la micro y pequeña industria...”.

Por su parte, el Presidente de la República señaló “Al inicio de esta administración, el gobierno dependía en un 40 por ciento, casi la mitad de su presupuesto de nuestras exportaciones petroleras. Imagínense lo que hubiese sido de no haber hecho varios cambios estructurales que nos hacen ser menos dependientes de ingresos petroleros, pero hoy siguen teniendo un impacto del 18 por ciento.” También señaló que “... a través de las Secretarías de Economía, Comunicaciones y Transporte y Sedatu se implementarán acciones para generar nuevas fuentes de trabajo en sectores de la economía no ligados al petróleo...”

En este sentido, el Poder Ejecutivo ha refrendado el respaldo a favor de la población de las entidades federativas con alta dependencia y vinculación a la actividad petrolera, que se ha visto afectada por la situación que en el mundo ocurre en torno al precio del petróleo.

En este orden de ideas, coincidimos en la necesidad de exhortar con carácter de urgente a las dependencias de la administración pública federal antes señaladas, a dar cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo Federal para que se den a conocer, con prontitud, las acciones que se estarán implementando en los Estados de Campeche y Tabasco, para generar nuevas fuentes de empleo y de esta manera, las entidades afectadas se vean en la posibilidad de hacer frente a la problemática que se ha registrado.

Cabe mencionar otros factores que nos urgen a exhortar la emisión e implementación de medidas para solucionar esta problemática. Uno de ellos relativo al pronóstico de la volatilidad-estabilidad de los precios del petróleo.

En las últimas semanas, la Secretaría de Energía se ha pronunciado respecto al pronóstico de los precios del petróleo, los cuales no se recuperarán sino, en el mejor de los casos, hasta el segundo semestre del año 2017.

Por lo que debemos estar conscientes de que el escenario que se está presentando en estas entidades federativas no variará al menos hasta el año 2017, cuando comience la exploración o explotación de pozos a cargo de Pemex o compañías ganadoras de los contratos ya licitados.

Otro de los factores que nos apremia, es el relativo al tema de inseguridad. Es fundamental señalar y subrayar que la inseguridad es otro de los daños colaterales que una crisis de desempleo puede generar como impacto en la sociedad.

No podemos soslayar que existe una correlación directa entre la falta de oportunidades de empleo y el incremento de los índices delictivos.

En abril de 2015, se publicaron resultados de índices delictivos en las entidades federativas a nivel nacional, en el marco de un estudio realizado para el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En el estudio antes mencionado, el estado de Campeche ocupa el cuarto lugar entre los estados con menor tasa de índices delictivos con una puntuación de 1.81%. Este análisis estadístico sitúa a Campeche dentro de las entidades federativas con los niveles más altos de paz del país.

Por el contrario, en el caso particular de Tabasco, los índices de delincuencia se han incrementado durante los últimos años, por lo que, con un puntaje de 2.35%, Tabasco ocupa el lugar número 11 a nivel nacional.

Las estadísticas en materia de inseguridad nos permiten advertir la necesidad de prevenir una crisis de inseguridad derivada de una crisis económica y de desempleo.

(Índice de Paz México 2015, UNAM)

No obstante el contraste entre Campeche y Tabasco en materia de inseguridad, existe una preocupación y un objetivo en común: la contención de la crisis económica y de desempleo que se está presentando en ambos estados; así como la prevención de consecuencias secundarias, a través de la implementación de medidas, acciones y programas pertinentes encaminados a la resolución de la problemática principal.

Es indubitable que una mejor situación económica y de oportunidades contribuye de manera importante a reducir los índices de delincuencia. Es fundamental prevenir y evitar que el impacto de una crisis económica se extienda hacia otras áreas de la vida en sociedad en los estados de Campeche y Tabasco.

En tanto se restablezca la recuperación económica en las actividades petroleras de los estados de Campeche y Tabasco, los gobiernos de dichos estados, con el apoyo del Poder Ejecutivo Federal a través de las respectivas Secretarías, deberán instrumentar e implementar las medidas, acciones, programas y demás políticas públicas pertinentes y necesarias para impulsar una mayor diversificación de las actividades productivas, en aras de combatir el desempleo generado por la crisis petrolera y de la pronta reactivación económica de los estados.

En ese tenor, la presente proposición con punto de acuerdo, tiene como finalidad exhortar a los titulares de las respectivas Secretarías, en sus distintos ámbitos de competencia y en cumplimiento del mandato del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que den a conocer, con carácter de urgente, las acciones que se estarán implementando en los Estados de Campeche y Tabasco, para generar nuevas fuentes de empleo en sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera, ante la problemática de los altos índices de desempleo que se han presentado.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente Proposición con

Punto De Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de dar a conocer e implementar de manera inmediata las acciones instruidas por el Ejecutivo Federal, a fin de generar nuevas fuentes de empleo en los sectores económicos no vinculados a la actividad petrolera, para contener y disminuir los elevados y crecientes índices de desempleo en los estados de Campeche y Tabasco.

Notas

1 Volumen de las exportaciones de petróleo crudo. Pemex. http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/evolexpo rta_esp.pdf

2 Precio promedio de exportación de petróleo crudo. Pemex. http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/epreciop romedio_esp.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputadas: Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a justificar por la Sedatu y el Registro Agrario Nacional la licitud de la adjudicación de más de 154 hectáreas cedidas en donación a título gratuito a un particular, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, así como el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), así como el Registro Agrario Nacional, en términos de transparencia y rendición de cuentas justifiquen la licitud de la adjudicación de más de 154 hectáreas cedidas en donación a título gratuito a un particular; lo anterior en virtud de las siguientes:

Consideraciones

1. Se han conocido recientemente diversos indicios relacionados con lavado de dinero, por las numerosas propiedades en diversos municipios de Yucatán que, de forma sorprendente, se adjudican a particulares.

En el caso concreto de Manuel Alberto Guillermo Molina, todas a título gratuito y con una sospechosa relación con el gobierno del estado, pues de acuerdo a los documentos que publicó el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se da cuenta de más de 630 predios, que en total serían más de 154 hectáreas, obtenidas en los últimos años por este joven comerciante.

En los múltiples archivos de la Dirección de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán, figura el nombre de Manuel Alberto Guillermo Molina, quien presuntamente recibió la adjudicación a título gratuito para adquirir la propiedad plena, a pesar de que como propietario anterior aparecen los Estados Unidos Mexicanos, representados por el ciudadano Enrique Peña Nieto. Es decir, terrenos que eran propiedad del gobierno federal terminaron en manos privadas.

La posesión de estos terrenos no es cosa menor, pues se trata de más de 1 millón 544 mil 869 metros cuadrados, es decir, más de 154 hectáreas, la gran mayoría ubicados en la localidad de Ulila, municipio de Ucú, así como en la localidad de Komchen, municipio de Mérida. Para dimensionar la magnitud de las tierras, basta decir que Ucú cuenta con una superficie de 192.89 kilómetros cuadrados.

2. Antes de estas adjudicaciones, Manuel Alberto en enero de 2013 celebró un acuerdo de compra-venta con la particular Adriana Evangelina Cámara Bolio por los predios ubicados en la localidad Tixcuytun, con folio electrónico 1057776, 1091135, 1091136, 1091137, 1091138, con un valor catastral de 316 mil 260 pesos cada uno.

Asimismo, existen otras operaciones como la división del “tablaje catastral” ubicado en Komchen con número 29550 y folio 966655, en veintiuna propiedades, la cuales comparte con Pedro Enrique Góngora Urcelay.

Lo anterior en cualquier otro país es razón suficiente para iniciar una investigación por la actividad agraria sospechosa que se presume en este caso, puesto que no se conocen los motivos por los cuales el gobierno federal adjudica en donación los terrenos a un joven comerciante.

En el caso de que se trate de una adjudicación o cualquier otra forma de adquisición de la propiedad de estos terrenos, debe existir una forma de comprobar la licitud de la misma, ya que Manuel Alberto Guillermo Molina no tiene empresas, o negocios directos con el gobierno de Yucatán.

3. Por otro lado Manuel Alberto Guillermo Molina es hermano de Juan Pablo Guillermo Molina, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Quintana Roo, quien el pasado 4 de marzo renunció a su cargo para apoyar como candidato suplente al actual diputado federal por Quintana Roo, José Luis Toledo Medina, durante su campaña, y en agosto regresó de nuevo a su puesto.­

De lo anterior se desprende que resulta necesario antes de que se pretenda politizar este asunto, y en términos de trasparencia y rendición de cuentas, que se aclare la forma en la que se han adjudicado estos terrenos, sin que se deje lugar a dudas sobre el combate a la corrupción, el conflicto de intereses, el tráfico de influencias o el enriquecimiento ilícito.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), así como el Registro Agrario Nacional, en términos de transparencia y rendición de cuentas justifiquen la licitud de la adjudicación de más de 154 hectáreas cedidas en donación a título gratuito a favor de Manuel Alberto Guillermo Molina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2016.

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 1 de marzo, aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

Los mexicanos celebramos con gran alegría dos fechas trascendentales de nuestro calendario cívico, el día 16 de septiembre en que conmemoramos la Independencia de nuestro país y el día 20 de noviembre cuando celebramos el inicio de la Revolución Mexicana, sin embargo, es importante recordar otro movimiento que fue un parteaguas en nuestra historia común, la primera gran revolución de la nación naciente, la Revolución de Ayutla.

Y es que un día como hoy, pero hace 162 años, se proclamó el Plan de Ayutla, dicho plan fue elaborado y hecho público en la Hacienda de la Providencia, propiedad de Juan N. Álvarez, un destacado mexicano de la primera mitad del siglo XIX.

Juan N. Álvarez era un criollo y su familia poseía propiedades agrícolas en la región de la Costa Chica del actual estado de Guerrero, sin embargo, a edad muy temprana quedó huérfano y fue maltratado, estigmatizado y estafado por su tutor, por tal motivo perdió todas sus propiedades y quedó en la pobreza.

Con el tiempo se convirtió en enemigo de la corona española, y esto lo hizo luchar a favor del proceso independentista bajo las órdenes de Vicente Guerrero.

La historia común entre Juan N. Álvarez y Vicente Guerrero posibilitó que el primero se convirtiera en el hombre de confianza del segundo, para posteriormente convertirse en su sucesor en términos políticos, militares y de control regional.

Con el tiempo fue el líder de la División del Sur y luego fue Gobernador del estado de Guerrero, y fue exactamente como Gobernador y jefe de la División del Sur cuando entró en conflicto con Antonio López de Santa Anna.

Con las acciones implementadas por el gobierno de Santa Anna, durante la última ocasión en que gobernó el país, el descontento se transformó en irritación y para hacer frente a este enojo colectivo el gobierno publicó un bando contra los que murmurasen en contra de la autoridad, se canceló con ello la libertad de imprenta y se impuso la pena de destierro a todo aquel sospechoso de conspiración, misma que se aplicó sin miramientos tanto a hombres como mujeres, lo cual tuvo como resultado la expulsión del país de varios opositores.

Para colmar el descontento, Su Alteza Serenísima, firmó con los Estados Unidos de América un tratado por el cual México cedía el territorio de la Mesilla a cambio de 10 millones de pesos, en total se perdieron 77 mil kilómetros cuadrados pertenecientes a los estados de Sonora y Coahuila.

Asimismo, el dictador manifestaba periódicamente gestos tiránicos, por ejemplo, se declaró gobernante vitalicio y con derecho de elegir a su sucesor, también impuso impuestos exorbitantes con la única finalidad de sostener su ostentoso nivel de vida, lo anterior provocó un generalizado descontento social.

El Plan de Ayutla fue producto de una junta convocada por Juan N. Álvarez, en la que participaron Ignacio Comonfort y Florencio Villareal, con dicho plan se buscaba en primer lugar desconocer al gobierno de Santa Anna, cuyo gobierno tenía claros tintes centralistas.

Y es que el centralismo implantado por Santa Anna chocaba con los intereses tanto de Ignacio Comonfort, encargado de la aduana en Acapulco, como con los de Juan N. Álvarez, cacique del estado de Guerrero, es por eso que se comprende su inclusión en la sublevación.

El Plan de Ayutla constaba de nueve artículos, pero los más importantes eran tres: en el primero, se cesaba a Santa Anna y a sus funcionarios en el ejercicio del poder; en el segundo, se mencionaba que una vez terminada la revolución, los representantes de los estados partidarios designarían un presidente interino que sería Juan N. Álvarez; y el quinto, donde se convocaba a un congreso extraordinario constituyente, el cual debería producir una nueva constitución republicana, representativa y popular.

Según Emilio Rabasa, a la Revolución de Ayutla no puede llamársele democrática, pero, en cambio, si fue popular, pues tuvo a su favor la simpatía y la voluntad del pueblo.

Se adhirieron al Plan de Ayutla moderados, liberales puros e incluso hombres que posteriormente engrosaron las filas del ala conservadora, todo porque simplemente deseaban el fin de la dictadura santanista, que les había demostrado cuan lacerante es para el ciudadano vivir bajo un régimen donde sus derechos fundamentales son continuamente atropellados.

Si bien es cierto que el Plan de Ayutla no prometía una transformación radical, lo cierto es que sí pedía, de manera simple y llana, la conformación de instituciones liberales.

Encontramos entonces que dicho plan fue trascendental en el devenir histórico de nuestro país, en primer lugar, porque significó el fin del santanismo; en segundo lugar, porque permitió la elaboración de la Constitución de 1857 que podríamos considerar como predecesora de nuestra actual Carta Magna; y en tercer lugar, porque dicho plan moldeó y forjó a importantes líderes, los cuales continuaron la lucha liberal por muchos años más.

En síntesis, el Plan de Ayutla fue un suceso histórico que cambio las estructuras existentes. Con su victoria, accedió al poder una tercera generación de liberales que terminó con la etapa santanista y con los remanentes coloniales del estado estamental y confesional.

Por todo lo anterior, el día de hoy recordamos y honramos a héroes como Juan N. Álvarez, Florencio Villareal, Diego Álvarez, Tomas Moreno, Trinidad Gómez, Rafael Benavides e Ignacio Comonfort y a miles de soldados desconocidos, quienes impulsados por la entrega, valentía y amor a la patria, fueron capaces de derrocar definitivamente al dictador Antonio López de Santa Anna.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a primero de marzo de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz De León Villard, Daniela De los Santos Torres, Andrés Fernández Del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez.

Con motivo del 29 de febrero, Día de las Enfermedades Raras, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Las personas más felices no siempre tienen lo mejor de todo. Sólo sacan lo mejor de todo lo que encuentran en su camino. La felicidad espera por aquéllos que lloran, aquéllos que han sido lastimados, aquéllos que buscan, aquéllos que tratan”.

Madre Teresa de Calcuta

Muchas leyendas y tradiciones alrededor de este día 29 de febrero, un día cada cuatro años, un día “raro” de conmemorarse.

Un día “raro”, motivo por el cual lo nombraron el día de las enfermedades raras, tales como: Progeria, la padecen uno de cada 7 millones de personas; síndrome de Costello que no supera 5 casos por cada 10 mil habitantes; Síndrome de Treacher Collins, que afecta a 1 de cada 50 mil nacimientos; esclerosis lateral amiotrófica, se producen unos 2 casos cada 100 mil habitantes, padeciéndola Stephen Hawking, físico creador de la Teoría del Todo, por citar sólo algunas. En año no bisiesto, el día de las enfermedades raras se conmemora el 28 de febrero.

Sea una enfermedad física, psicológica, una enfermedad común, todas y cada una de ellas afectan a todos los integrantes de la familia, amigos, compañeros de trabajo, en general a todo su entorno. Estas enfermedades no conocen fronteras, color, religión, estatus sociales y aún no estamos preparados para ellas como seres humanos, pues carecemos del respeto y tolerancia para el dolor ajeno.

Una enfermedad es considerada rara cuando afecta a un número limitado de la población total, definido en Europa como menos de 1 por cada 2 mil ciudadanos. Le puede ocurrir a cualquiera, en cualquier etapa de la vida. Es más, no es extraño padecer una de estas enfermedades.

Se estima que existen hoy entre 5 mil y 7 mil enfermedades raras distintas, que afectan a los pacientes en sus capacidades físicas motoras, habilidades mentales y en sus cualidades sensoriales y de comportamiento. Las enfermedades raras son, en su mayor parte, crónicas y degenerativas.

En un país como el nuestro, que no está preparado para atender a la mayoría de las enfermedades raras, deberíamos encaminar nuestro trabajo a configurar un sistema de salud que garantice la movilidad de los pacientes y que puedan acceder a los recursos y prestaciones especializados existentes, en su búsqueda por mejorar su calidad de vida.

Para lograrlo, es imprescindible la coordinación entre la administración nacional, autonómica, profesionales, pacientes y asociaciones garantizando el acceso a los recursos por medio de la prestación de servicios.

Sin duda alguna, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas con enfermedades raras, desde el primer momento, es el diagnóstico; la dificultad de acceso a la información necesaria y la localización de profesionales o centros especializados.

Todo esto provoca una serie de consecuencias que afectan tanto al paciente como a su familia. De hecho, en gran parte de los casos, esta demora conlleva a un agravamiento de la enfermedad. De la mano también van los altos costos de medicamentos, que no se ven cubiertos por un seguro.

Debemos de percibir a las personas con enfermedades raras como personas con las que tenemos más similitudes que diferencias, que pueden desarrollar sus capacidades y que merecen el mismo respeto que los demás, no estamos exentos de padecerlas.

También debemos prestar especial atención al ámbito laboral y promover la inclusión.

Por otro lado, convivir con una enfermedad rara significa enfrentarse a una serie de características propias que suelen conllevar secuelas físicas, psicológicas, neurológicas, estéticas y afectivas, lo que atenta contra las relaciones familiares y sociales, contribuyendo a la aparición de problemas de gran impacto.

Por razones diversas, la familia con un paciente con una enfermedad rara, corre un grave riesgo de aislarse socialmente. Dejan de participar en la vida social y los amigos no saben muy bien cómo reaccionar ante el enfermo, a veces ocurre que les resulta incómoda la relación y disminuyen los contactos. El resultado es que cuando la familia necesita más contacto, tiende al aislamiento social.

Aprovechemos este día para prestar atención a las enfermedades raras e invertir nuestro tiempo y recursos para concientizar a la sociedad respecto a las características, tratamientos y a cómo sobrellevarlas, si no es para erradicar estas enfermedades, sí dar apoyo al paciente y sus familias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica)

Con motivo del 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó el 3 de marzo, como el Día Mundial de la Vida Silvestre, esto con el objetivo de llevar a cabo algo que ya deberíamos hacer, lo cual es celebrar y proteger la flora y fauna silvestre de nuestro planeta1.

Para lograr este objetivo es importante la participación de varios actores; desde los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismos no gubernamentales, y sociedad civil participen de este día internacional de la naturaleza, pero no participar con palabras, sino con reglamentaciones más duras y acciones concretas, ya que algo que debería ser tan natural y tan lógico como lo es la protección de nuestro medio ambiente, lo hemos pasado de largo.

Actualmente vivimos un problema de comercio ilegal de flora y fauna de gran magnitud. El mercado negro en sus diferentes ámbitos, nacional e internacional, se extiende cada vez más en todo el mundo, traficando con una extensa variedad de familias silvestres y sus derivados, causando graves consecuencias para el balance del ecosistema.

México, gracias a su rica biodiversidad, ocupa un importante lugar como comprador y distribuidor en el comercio de la vida silvestre; como consecuencia somos un comerciante de la flora y fauna y de todos los recursos que de ellos derivan.

En México existen 7 de las 8 especies de tortugas marinas, las cuales anidan en sus costas y todas se encuentran en peligro de extinción; de la misma manera existen 6 especies de felinos, los cuales se encuentran en peligro de desaparecer, asimismo 22 especies de aves, de las cuales 20 están en riesgo debido a la caza clandestina para servir al comercio ilícito de la biodiversidad de productos derivados2 .

A pesar de las sanciones que existen y los esfuerzos por regular y proteger la vida silvestre, el contrabando ocupa el tercer lugar como delito a nivel mundial, sólo antes del tráfico de drogas y armas, y por la misma carencia de control no se ha hecho posible una estimación de cuántos animales se han extraído de su hábitat.

En nuestro país existen leyes y normas que protegen y conservan la flora y fauna silvestre conforme a lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal, sin embargo estos esfuerzos no han sido suficientes. Las multas por esta clase de delitos varían de 50 a 50 mil días de salario mínimo, arresto administrativo hasta por 36 horas, o prisión de 1 a 9 años3 . En la práctica el tráfico de animales y el cuidado del medio ambiente en general, no es algo que interese al estado, carece de real importancia para plasmarlo de manera seria en la agenda y perseguirlo con mano firme.

Recordemos tan sólo lo ocurrido en el manglar de Tajamar en Cancún, para darnos cuenta de que la protección al medio ambiente no se toma en serio en México. La devastación ocurrida con anuencia de las propias autoridades estatales y federales no es más que un acto cínico y de vergüenza nacional.

Resulta imperioso que desde esta Cámara se tome la importancia real a este tema, de tal forma que se construya una agenda a su alrededor y se castiguen los crímenes ambientales. Debemos tener respeto y un uso racional en el consumo de todos los productos derivados de la naturaleza. Detengamos este abuso excesivo que no ha logrado otra cosa que cambiar nuestro ecosistema y que ha dejado como resultado varias especies en peligro de extinción.

En este cinismo cabe mencionar que de hecho está entre nosotros toda una bancada cuya bandera es la protección y resguardo del medio ambiente, pero que su desempeño ha resultado insatisfactorio a los problemas de índole ecológica que tiene nuestro país y que incluso ha sido acusada de ser cómplice en delitos de esta naturaleza.

Compañeros diputados, México hoy está siendo transgredido por la desvalorización ambiental, evaluemos pues la gran biodiversidad silvestre con la que cuenta nuestro país y seamos principales generadores del cuidado de nuestro hábitat, pues de ello dependen nuestras futuras generaciones.

Notas

1 https://cites.org/esp/news/pr/2013/20131223_world-wildlife-day.php

2 idemhttp://administracion2014-2015.guerrero.gob.mx/articulos/el-trafico -ilegal-de-especies-de-flora-y-fauna-silvestre/

3 http://administracion2014-2015.guerrero.gob.mx/articulos/el-trafico-ile gal-de-especies-de-flora-y-fauna-silvestre/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con motivo del 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre. Mejor conocido como el Día Mundial de la Naturaleza1 .

El Día Mundial de la Vida Silvestre nace con la intención de generar conciencia sobre la variedad y belleza de los distintos ecosistemas (con sus respectivas flora y fauna) con las que cuenta nuestro planeta, las amenazas a las que se enfrentan por el calentamiento global provocado por la desmedida actividad industrial que hemos realizado los seres humanos, la cacería y el crecimiento desmedido, así como las formas en las cuales podemos contribuir a preservarlas.

De acuerdo al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, este día debe servirnos para exhortar a “todos los ciudadanos, las empresas y los gobiernos a desempeñar el papel que les corresponde en la protección de los animales y plantas silvestres”2 .

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que debemos conmemorar este día y unirnos al exhorto realizado por el secretario general de las Naciones Unidas a través de nuestro compromiso para reforzar la legislación en torno a los delitos contra la naturaleza, reconociéndola como la parte fundamental y necesaria para la preservación de nuestra propia especie y del planeta.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, Día Mundial de la Vida Silvestre. URL: http://www.un.org/es/events/wildlifeday/ Consultada en línea el 29 de febrero de 2016.

2 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con motivo del 27 de febrero, aniversario del natalicio de José Vasconcelos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El sábado 27 de febrero se cumplieron 134 años del nacimiento del gran político, escritor y filósofo mexicano José Vasconcelos, quien naciera en la ciudad de Oaxaca en 1882. José Vasconcelos realizó sus estudios elementales en el Instituto Campechano, después en la Escuela Nacional Preparatoria y la licenciatura en derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia.1

En 1908 se unió al movimiento revolucionario para luchar por Francisco I. Madero y fundó y presidió el Ateneo de la Juventud. Durante 1920 y 1921 fue rector de la Universidad Nacional que, hasta la fecha, lleva en su lema una propuesta hecha por José Vasconcelos: Por mi raza hablará el espíritu.2

En el periodo de la presidencia de Álvaro Obregón fue creado el cargo de secretario de Educación Pública, que ocuparía el mismo José Vasconcelos de 1921 a 1925. En este periodo se inició una intensa difusión cultural, se crearon bibliotecas, impulsó la educación rural, la alfabetización y dio pie a que el movimiento conocido como muralismo entrara en los edificios públicos.3

En Movimiento Ciudadano consideramos necesario conmemorar el natalicio del llamado “apóstol de la educación” porque tomando como referencia sus ideas y acciones concretas en pro de una mejor educación pública, debemos trabajar en conjunto para mejorar la que actualmente tenemos y pugnar porque ésta sea incluyente y de calidad.

Notas

1 Universidad Nacional Autónoma de México, Historia: José Vasconcelos Calderón . URL: http://biblio.unam.mx:8050/index.php/la-biblioteca/7-historia-de-la-bib lioteca Consultado en línea el 26 de febrero de 2016.

2 Universidad Nacional Autónoma de México, lema . URL: https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/identidad-unam/lema Consultada en línea el 26 de febrero de 2016.

3 Universidad Nacional Autónoma de México, Historia: José Vasconcelos Calderón . URL: http://biblio.unam.mx:8050/index.php/la-biblioteca/7-historia-de-la-bib lioteca Consultado en línea el 26 de febrero de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.

Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)