Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la intervención de los titulares de la Sedesol, la Sagarpa, la SE y la SHCP para establecer medios que den certidumbre a los productores de leche del país y fortalezcan la comercialización de ésta, a cargo del diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del Grupo Parlamentario del PRI, y suscrita por integrantes de la Comisión de Ganadería

La Comisión de Ganadería representada en este acto por su presidente, diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo invocando respetuosamente el carácter de urgente u obvia resolución, por el cual se solicita la intervención de los titulares de las secretarías enunciadas en el proemio de la citada proposición, al tenor de los siguientes

Antecedentes

De fecha 29 de enero de 2016, la Unión Ganadera Regional de Jalisco publicó un manifiesto en periódicos locales del Estado, ante una problemática derivada de la sobreoferta del producto lácteo, que reconocemos afecta a los principales estados productores: Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

De fecha 3 de febrero de 2016, la Comisión de Ganadería celebró su cuarta reunión ordinaria, a la cual asistieron en calidad de invitados funcionarios federales y estatales, representantes no gubernamentales y presidentes de las Uniones Ganaderas Regionales que se hicieron presentes, a quienes compete el estado actual que guarda la comercialización de leche fluida en el país.

En representación del gobierno federal, asistieron el doctor José Francisco Gurría Treviño, coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, y por parte de Liconsa, el licenciado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, director general. Asimismo, en representación del gobierno del estado de Guanajuato asistió el licenciado José Francisco Gutiérrez Michel, director general de Ganadería.

Con el carácter de representantes no gubernamentales, se contó con la presencia del médico veterinario zootecnista Salvador Álvarez Morán, vocal ejecutivo de la Comisión para la Productividad Bovinos Leche y presidente del gremio lechero de la República Mexicana; así como también asistieron el licenciado Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lecherías; señor Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche de la República Mexicana; licenciado Juan Arizmendi Hernández, presidente de la Unión Nacional de Productores Pecuarios; y el licenciado Juan Carlos Pardo Bejarano, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche.

De manera muy particular, la Comisión de Ganadería de esta Cámara escuchó a los portavoces de las Uniones Ganaderas Regionales que han resultado seriamente afectadas, por un lado, el Ing. Andrés Ramos Cano, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco; y por el otro, el médico veterinario zootecnista José Luis González Enríquez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes.

En razón de los antecedentes expuestos, se hace del conocimiento de esta honorable asamblea la postura que acordó la comisión en relación a este tema de interés para la ganadería de México, con base en la responsabilidad que ejercemos como legisladores comprometidos con la protección de productores mexicanos que se sienten olvidados y con miras a reactivar este importante subsector productivo del país que se encuentra enfrentando una crisis, contexto a partir del cual se procede a someter al elevado juicio de esta Cámara, las siguientes:

Consideraciones

El mandato del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, ha sido implementado en el sector con sensibilidad social y una cercanía vinculante con los productores pecuarios, mediante la aplicación de políticas públicas impulsadas por la Dirección General de Liconsa, que han garantizado el abasto de leche a las clases sociales más vulnerables del país, de una producción anual de 12 mil millones de litros de leche proveniente de organizaciones ganaderas de todas las escalas productivas, que atiende a la industria nacional y al gobierno federal a través de la citada Empresa Paraestatal. En esta tesitura progresista que demuestra la voluntad política del presidente de la República hacia fomentar altos índices de productividad lechera desde inicios del sexenio, de 2015 a la fecha se han documentado situaciones derivadas de la sobreproducción mundial y el flujo de precios en el marco de una competencia inequitativa en el mercado internacional, lo que ha dificultado la comercialización de la leche fluida en México.

Esta dificultad provocada por el declive de precios, definitivamente ha debilitado la producción nacional y su comercialización en el país, problemática que nos debe concientizar hacia emprender acciones específicas en la búsqueda de mecanismos que brinden certidumbre a los productores mexicanos, solución que exponemos sobre el sustento de datos duros que indican que hoy día se han dejado de comercializar alrededor de 315 mil litros diarios, a raíz de una tendencia que favorece al exterior y que de persistir esta crisis corremos el riesgo de ser testigos del colapso del mercado interno, ya que se está privilegiando la comercialización de leche importada en detrimento de la producción nacional, y en términos llanos, esta competencia desleal de precios está provocando que las vacas productoras terminen en el sacrificio para consumo humano.

En perspectiva, convalidamos que la problemática que aflige a los productores lecheros se ha magnificado y que el importante papel que juega el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, es fundamental hacia la búsqueda de una solución integral e intersecretarial, que brinde certidumbre y garantías a los productores de leche fluida del país. Del total de leche producida en el 2015, Liconsa adquirió bajo el Programa B004 “Adquisición de Leche Nacional” un volumen de 878 millones de litros, dato que representa el 7.25% de la leche fluida nacional. Asimismo, está documentado que Liconsa en ciertas regiones lecheras del país adquiere alrededor del 30 por ciento de la producción, lo que claramente ilustra que la paraestatal es pieza fundamental en la generación de precios de referencia para la compra del producto lácteo en el mercado nacional.

Para el Ejercicio Fiscal de 2016, el Presupuesto de Egresos de la Federación autoriza a dicha paraestatal con un monto cercano a los 1,642 millones de pesos, una reducción de alrededor de 541 millones en contraste con lo autorizado para el Ejercicio Fiscal de 2015. Es oportuno señalar, que esta variación está mellando el ánimo de miles de familias que tienen como único sostén económico la producción de leche, ante la incertidumbre y falta de garantías de que su producto tendrá acceso en el mercado, contexto a partir del cual solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenga a bien valorar esta problemática y resolver la suficiencia presupuestal de Liconsa hacia la adquisición del mismo volumen que en 2015, y de forma paralela, determinar mecanismos de nueva creación que confronten esta crisis, consistentes en el desarrollo de estrategias de retiro de leche fluida del mercado para evitar la actual distorsión en el precio, y aunado a ello, fomentar el aumento de la productividad mediante la aplicación de normas oficiales mexicanas para la venta de productos finales y colocación de producción de Liconsa en programas sociales de los gobiernos estatales, solución integral que proponemos a través de acuerdos intersecretariales con la industria, productores y entidades federativas.

Es relevante puntualizar, que el fortalecimiento del subsector lácteo que plantea la Comisión de Ganadería de esta Cámara, va dirigido a toda la cadena productiva y no sólo a la problemática que incide en la comercialización, de tal suerte que será necesario diseñar un Plan Maestro que incluya Asistencia Técnica a productores, Desarrollo de microempresas de lácteos, así como una promoción al consumo de este alimento, con el respaldo intersecretarial mediante estímulos fiscales que fortalezcan el mercado interno y de forma proactiva fomenten las exportaciones, escenario próspero viable de materializar sobre los cimientos de la suficiencia económica de Liconsa, que permita la adquisición de leche fluida a pequeños productores y que otorgue una clara certidumbre, tanto en la compra de leche fluida como en el precio de referencia.

La leche es un bien altamente perecedero, ya que tiene que ser procesada antes de las 48 horas de haberse producido; este es un alimento básico en los hogares de los mexicanos, por lo cual resulta prioritario atender de inmediato esta problemática relacionada con la productividad nacional, la exportación de un producto de alta calidad que consolida la economía de México, la calidad de vida de los productores pecuarios y la alimentación saludable de los consumidores en el mercado nacional; perspectiva integral desde la cual solicitamos a los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su intervención de manera corresponsable en el marco de sus competencias con el objetivo de que se adhieran al contenido de esta Proposición, a efecto de trascender con la instalación de mesas de trabajo en las cuales encontremos puntos de coincidencia, en el sentido de encauzar políticas públicas y nuevos mecanismos de comercialización, que hasta cierta manera rescaten a los productores pecuarios afectados. Asimismo, se insta respetuosamente a las Secretarías en la materia para revisar, y en su caso, matizar la definición de calidad de productos lácteos en el mercado interno y que esta medida permita a los productores mexicanos reposicionarse, lo que coadyuvaría a colocar sus productos de alta calidad que están siendo desplazados por las importaciones en la actualidad.

Ante este precedente histórico alarmante, esta soberanía alza la voz sobre la motivación de actuar con responsabilidad compartida entre Poderes de la Unión, en el sentido de fungir como un acompañante activo en esta tarea conjunta que le compete a las Secretarías a las cuales se les solicita su intervención, hacia resolver una problemática social que nos concierne como legisladores que velamos por el interés nacional, planteando en esta Proposición una ruta viable y resolutiva que proyecta bases claras a los productores pecuarios ante la dolorosa crisis que enfrentan, para que a la brevedad posible se supere esta situación adversa que atenta contra la producción y el mercado interno de nuestro país.

Con sustento en las consideraciones expuestas, la Comisión de Ganadería por conducto de su presidente somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la honorable LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, solicita la intervención de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dichas dependencias del Poder Ejecutivo federal, establezcan mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, con el objeto de fortalecer la comercialización de su producto y que dicha acción intersecretarial garantice su acceso a los mercados, y para ello, específicamente se le restituya la suficiencia económica a la empresa paraestatal de Liconsa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputados: Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (PRI) (rúbrica), presidente; Luis Agustín Rodríguez Torres (PAN) (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (PRI) (rúbrica), Antonio Amaro Cancino (PRI), Hernán de Jesús Orantes López (PRI) (rúbrica), Rafael Valenzuela Armas (PAN) (rúbrica), Óscar García Barrón (PRI) (rúbrica), Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM) (rúbrica), Rogerio Castro Vázquez (Morena), Elio Bocanegra Ruiz (PRD) (rúbrica), Gerardo Federico Salas Díaz (PAN) (rúbrica), secretarios; Iveth Bernal Casique (PRI) (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (PAN), Fabiola Guerrero Aguilar (PRI) (rúbrica), Édgar Castillo Martínez (PRI) (rúbrica), David Mercado Ruiz (PRI) (rúbrica), Julián Nazar Morales (PRI) (rúbrica), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (PRI) (rúbrica), Leonel Gerardo Cordero Lerma (PAN), Elías Octavio Íñiguez Mejía (PAN) (rúbrica), Ramón Villagómez Guerrero (PRI) (rúbrica), Cynthia Gissel García Soberanes (Movimiento Ciudadano), Omar Noé Bernardino Vargas (PVEM), Cándido Ochoa Rojas (PVEM) (rúbrica), Héctor Peralta Grappin (PRD) (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal y la SCT a efecto de que se cumplan los términos de los transitorios de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción VI, 82, numeral 2, fracción I, 100, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para que se exhorte al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se cumplan los términos de los transitorios de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, fue creada gracias a la reforma del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de regular la intervención del sector social y privado en la explotación y administración de las vías férreas, para salvaguardar la propiedad de las vías al Estado por ser bienes de la nación.

De igual forma, dicha Ley fue creada gracias a la necesidad de contar con un transporte eficiente y de bajo costo, así como para atender la necesidad de mejorar la competitividad en la economía interna y beneficiar a la sociedad en materia de movilidad.

El transporte en términos generales, es una herramienta indispensable para la rectoría económica del Estado, en donde el propio Estado es el encargado de promover, inducir y orientar la acción hacia el objetivo del desarrollo mediante instrumentos y políticas públicas, como acciones tributarias, de gasto público, la arancelaria, financiera y de precios oficiales.

Hoy día el sistema ferroviario retoma una gran importancia, como uno de los medios de transporte más económicos. Actualmente al tener mayor auge este sistema ferroviario, en esta etapa de crecimiento económico del país, es necesario ajustar las condiciones legales, a fin de que los concesionarios, usuarios y beneficiarios de este medio de transporte de carga y pasajeros vean en el ferrocarril una plataforma importante de crecimiento frente al mercado internacional.

La importancia que el tren tomará en los próximos años como pieza fundamental del desarrollo económico, obliga a reforzar la supervisión del estado físico de las vías férreas que existen y de las que habrán de construirse, con el objetivo de evitar al máximo accidentes e incidentes.

En el sexto informe de labores del Ejecutivo federal que abarca del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se señala que en el año 2011 se registraron un total de 14 accidentes ferroviarios, mientras que al primer semestre del año 2012 ocurrieron 9 accidentes en el servicio de transporte de carga, de igual forma en el periodo de enero-junio de 2012 se registraron 255 incidentes.

En ese contexto, es de gran importancia establecer medidas de seguridad y un buen funcionamiento en las vías férreas, pues con la tendencia que sigue el país en temas de movilidad, urbanismo y ecología, en los siguientes años será el tren de pasajeros un tema obligado a desarrollar.

Es por ello que existe la necesidad primordial de utilizar todas las herramientas que se encuentran a nuestro alcance, con la finalidad de asegurar que las vías férreas se encuentren en óptimas condiciones.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ferrocarriles son un área prioritaria para el desarrollo nacional, por esta razón es fundamental considerar este tema como un punto relevante.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su meta nacional México Próspero, establece como una de sus estrategias el modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su actividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, y como línea de acción en el sector ferroviario, vigilar los programas de conservación y modernización de vías férreas y puentes para mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura sobre la que circulan los trenes.

De igual forma el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 prevé como objetivo, contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social.

En base a lo antes expuesto y con la finalidad de darle la importancia considerada en el Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Infraestructura, en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, se señala en su Transitorio Segundo, que se creará una agencia, la cual deberá ser creada por el Ejecutivo federal en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto, de la misma manera en el cuarto transitorio, se establece que el Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 días naturales para emitir las modificaciones correspondientes al Reglamento del Servicio Ferroviario, y en el quinto transitorio se habla de que la Agencia deberá emitir las reglas de operación del Fondo Nacional de Seguridad para cruces viales ferroviarios, con previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de su constitución.

Lamentablemente vemos que únicamente han sido palabras sin fundamento, ya que a la fecha y en relación a los tiempos considerados en los transitorios antes mencionados, vemos que ya se tardaron más de los 180 días estipulados.

A la fecha existe un gran retraso en la creación de la agencia y por lógica al no existir la agencia, no se puede crear el Fondo Nacional de Cruces viales ferroviarios y como consecuencia de no contar con la agencia bien establecida ni el fondo, existe un gran desaprovechamiento de las vías en donde se necesitan cubrir diversos aspectos de seguridad, los cuales se manejarían si el fondo estuviera asignado.

En la legislatura pasada hubo un gran esfuerzo para realizar una reforma de fondo a la Ley Ferroviaria, la cual en esta misma Cámara de Diputados fue aprobada, pero a la fecha adquiere una dimensión muy distinta y con diferentes alcances a los que realmente estaba enfocada.

Necesitamos hacer valer lo que la reforma ferroviaria implica y las obligaciones que en ella están implícitas.

En base a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se cumplan los términos establecidos en los transitorios, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.

Diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Conagua que respete el monto aprobado por esta soberanía en el PEF de 2016 para los programas de agua potable y saneamiento ejecutados por las entidades federativas, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez, Francisco Xavier Nava Palacios, Óscar Ferrer Abalos y Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Felipe Reyes Álvarez, Xavier Nava Palacios, Óscar Ferrer Ábalos y Francisco Martínez Neri, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, numeral 1, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, cuyo resolutivo se propone de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

Hechos

1. Que con fecha de viernes 13 noviembre de 2015 la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2016 y como parte de las modificaciones realizadas en ejercicio de su facultad exclusiva los diputados modificaron el Anexo correspondiente a los subsidios o programas federalizados de agua potable y saneamiento y de infraestructura hidoagrícola que ejecutan en forma directa las entidades federativas.

2. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 aprobado por la Cámara de Diputados contempla un monto de 40 mil 977 millones 824, mil 008 pesos para el gasto corriente y de inversión de la Conagua cuyas partidas y destinos de gasto están claramente establecidas en el Tomo III Anexo 16 del Presupuesto de Egresos.

(http://pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/1 6/r16_aae.pdf).

3. Que a su vez y con fecha de 27 noviembre de 2015 la Secretaria de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y en él se distingue en forma clara, precisa e incontrovertible los recursos a ejercer por parte de las entidades federativas en materia de agua a través del Anexo 31 denominado “Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas”.

4. Que como consta en el acta de las discusiones y en el propio Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la opinión presupuestal que formuló el Pleno de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento y en el posicionamiento de aprobación del Decreto de Presupuesto que expuso el Grupo Parlamentario del PRD modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al Anexo 31 del PEF consistieron fundamentalmente en precisar la nomenclatura del anterior concepto “Subsidios Administración del Agua y Agua Potable” para transformarlo al vigente “Subsidios Agua Potable y Saneamiento”, lo anterior para evitar que la Conagua dispusiera de recursos que solo le corresponden como subsidios a las entidades federativas.

5. Que el Pleno de la Cámara de Diputados determinó aprobar en ese Anexo 31 la cantidad de 988 millones 922 mil 568 pesos para acciones de agua potable al Distrito Federal, sin embargo y a pesar de que la cifra aprobada es clara e incontrovertible, en forma indebida la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México a cargo del Ing. José Luis Jardines Moreno informó mediante Oficio BOO.801.06.17.0043 un techo presupuestal para la ejecución de programas federalizados al Sistema de Aguas del Distrito Federal por un monto menor en 146 millones 442 mil 759 pesos al aprobado por la Cámara de Diputados. En dicho oficio se señala que estos techos han sido determinados y enterados en forma electrónica por el Gerente de Programas Federales de Agua y Saneamiento de la Conagua M. en C. José Antonio Rodríguez Tirado.

6. Que el pleno de la Cámara de Diputados determinó aprobar el anexo 31 la cantidad de 488 millones 110 mil 080 pesos para acciones de agua potable y saneamiento en el estado de Oaxaca , sin embargo el enteramiento del techo presupuestal es apenas superior a los 293 millones de pesos, lo que implica un monto menor cercano a los 194 millones al aprobado por la Cámara de Diputados. De igual modo en el caso del estado de Tabasco, el Pleno de la Cámara de Diputados determinó aprobar en ese Anexo 31 la cantidad de 509 millones 138 mil 309 pesos para acciones de agua potable , sin embargo el enteramiento del techo presupuestal es apenas superior a los 365 millones de pesos, lo que implica un monto menor cercano a los 144 millones al aprobado por la Cámara de Diputados.

7. Que con fecha 29 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación quedaron publicadas las “Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016” y en ellas se establece en el Artículo 10 que la Conagua podrá disponer de un monto no mayor a 4.69% del presupuesto aprobado en los programas para las entidades federativas para acciones de “seguimiento normativo, control, supervisión, verificación de acciones y evaluación interna de los apoyos otorgados”.

8. A los casos documentados de la Ciudad de México, Oaxaca y Tabasco se suman los de al menos 9 entidades federativas cuya reducción de ningún modo corresponde al porcentaje previsto en las Reglas de Operación y del cual puede disponer Conagua para acciones de supervisión normativa. Esos casos son los del Estado de México cuyo monto de reducción 229 millones 60 mil 824 pesos; Chihuahu a 167 millones 668 mil 107 pesos; Sonora 96 millones 457 mil 786 pesos; Chiapas 86 millones 348 mil 843 pesos; Tamaulipas 85 millones 687 mil 838 pesos; Veracruz 58 millones 986 mil 68 pesos; Puebla 45 millones 317 mil 95 pesos; Sinaloa 29 millones 671 mil 223 pesos y Aguascalientes 29 millones 904 mil 207 pesos.

Consideraciones

I. Que dentro de las facultades y atribuciones establecidas por Ley a la Conagua están el programar y enterar al ejecutor del presupuesto, pero de ningún modo se establece facultad alguna para autorizar el Presupuesto Federal a ejercer por las entidades federativas. La autorización está ligada al proceso de aprobación y/o modificación del Presupuesto, que es facultad exclusiva de los Diputados Federales.

III. Que mediante estos indebidos actos de autoridad Gerente de Programas Federales de Agua y Saneamiento de la Conagua M. en C. José Antonio Rodríguez Tirado, se arroga una facultad exclusiva para modificar el Proyecto de Presupuesto y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación que solo le corresponde a la Cámara de Diputados conferida en la fracción IV del artículo 74 Constitucional.

IV. Que modificar el monto de recursos de un programa descentralizado considerado como un subsidio para el ejercicio directo de entidades federativas como los Programas del componente Agua Potable y Saneamiento para disminuirlo sin mayor justificación y sin contar con la aprobación de la Secretaria de Hacienda se constituye en una amplia serie de violaciones a los siguientes artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

• Artículo 44: Referente a los procedimientos que deberán observarse después de que el Presupuesto de Egresos de la Federación ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

• Artículo 58: Referente a la obligación de contar con justificación y autorización para realizar adecuaciones y reducciones liquidas al Presupuesto de Egresos aprobado.

• Artículo 59: Referente a la obligación de contar con autorización para realizar modificaciones a los subsidios.

• Artículo 74: Referente a los casos en que se justifica la reducción de un subsidio.

• Artículo 79: Referente a la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen a las entidades federativas.

• Se violan además las disposiciones de establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016 y en el Decreto por el que se expiden las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016.

V. Que con estos ilegales recortes el Gerente de Programas Federales de Agua y Saneamiento de la Conagua M. en C. José Antonio Rodríguez Tirado pero también el propio Director General de la Conagua M. Roberto Rodríguez de la Parra incurren en las responsabilidades descritas en los Artículos 112 y 114 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y sancionadas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por lo anteriormente expuesto y motivado someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua a respetar en forma íntegra los montos aprobados por la Cámara de Diputados para los programas federalizados de agua potable y saneamiento que ejecutan en forma directa las entidades federativas y que están establecidos en el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 mismo que fue publicado con fecha de 27 noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 11 días del mes de febrero de 2016.

Diputados: Felipe Reyes Álvarez, Xavier Nava Palacios, Óscar Ferrer Ábalos (rúbricas).


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incluir en el catálogo universal de servicios de salud los síndromes de Prader-Willi, Parkinson y alzhéimer, y ampliar en el catálogo el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cancerosas, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; así como 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, en el rubro “Derecho a la salud. Forma de cumplir con la observación general número 14 del comité de los derechos sociales y culturales de la Organización de las Naciones Unidas, para garantizar su disfrute,1 señala que el Estado mexicano suscribió convenios internacionales que demuestran un consenso para garantizar el más alto nivel de derecho a la salud, tal y como se establece en la siguiente cita textual:

“...consagra la obligación de proteger, respetar y cumplir progresivamente el derecho a la salud y no admitir medidas regresivas en su perjuicio, absteniéndose de denegar su acceso, garantizándolo en igualdad de condiciones y sin condicionamiento alguno, debiendo reconocer en sus ordenamientos jurídicos, políticos y planes detallados para su ejercicio, tomando al mismo tiempo, medidas que faciliten el acceso de la población a los servicios de salud, es decir, este ordenamiento incluye no solamente la obligación estatal de respetar, sino también la de proteger y cumplir o favorecer este derecho...”

La salud es un tema prioritario en todo el mundo, lo cual se refleja en la iniciativa acordada en septiembre del año 2000 en la reunión Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde 189 países, entre ellos México, se comprometieron a cumplir las “Metas de Desarrollo del Milenio”,2 donde tres de los ocho objetivos planteados tienen que ver con el tema de salud como son: reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

El pasado mes de septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto acudió a la Asamblea General de la ONU, donde México adoptó la Agenda 2030 en la cual se establecieron 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. En la agenda se afirma que uno de los mayores desafíos del mundo actual es el garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las edades. Lo anterior implica muchas iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud.

Estos acontecimientos y compromisos nos proporcionan un diagnóstico claro sobre las demandas de la sociedad internacional y nos alerta de los pendientes que tenemos como nación.

El gobierno mexicano entendiendo el compromiso que representa la salud, ha hecho un importante esfuerzo en el sector de la políticas públicas, con el objetivo de velar por el correcto funcionamiento de sus instituciones y otorgar mejores servicios a la población, de acuerdo con la disponibilidad, accesibilidad y capacidades presupuestales de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada.

Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dadas a conocer a través de la Cuenta Satélite del Sector Salud de México 2013, cada año en promedio se pagan cerca de 403 mil millones de pesos por bienes y servicios del sector salud en nuestro país. Esta cifra refleja el gran presupuesto público y privado que se destina para cubrir las necesidades individuales y conjuntas de los mexicanos en la materia.

La salud es un derecho humano reconocido por nuestra Carta Magna en su artículo 4o, el cual se amplía por medio de las convenciones internacionales firmadas por México, tal como se puede contemplar en las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En estos instrumentos jurídicos se reconoce que el derecho a la salud debe otorgarse en términos de disponibilidad y accesibilidad, así también obligan a llevarlo a cabo bajo los principios de no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud.

Los tratados internacionales han hecho hincapié en la obligación que los poderes públicos constituidos deben respetar, proteger y hacer cumplir el acceso a la salud pública en la medida de sus competencias y facultades.

Para fortalecer los términos en que se encuentra dispuesto el derecho a la salud en el marco jurídico nacional e internacional, el Gobierno Federal implementa una serie de políticas públicas a través de los órganos de la Administración Pública, tal como el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), Seguro Médico Siglo XXI y el Programa Prospera, siendo mecanismo por los cuales el Estado mexicano amplía el acceso afectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. Sin olvidar todas aquellas instituciones que proporcionan servicios de seguridad social en nuestro país.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, el Inegi (2013) dio a conocer que en México, el 5.7% del Producto Interno Bruto equivale al sector salud, del cual el 40.7% es aportado por los organismos públicos y el 38.8% por las unidades económicas privadas; el resto corresponde al valor económico del trabajo no remunerado de los hogares en el cuidado de la salud. Sin embargo, para el caso del Seguro Popular, la situación es distinta, pues los recursos que se destinan son financiados tanto por el sector público federal como los estatales.

El Seguro Popular es un programa destinado a la población que no se encuentra inscrita en las instituciones de seguridad social, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM); es decir, se destinan a dar servicios médicos a las familias mexicanas que no cuentan con un patrón ni son derechohabientes.

Si bien es cierto que nuestro país tiene un amplio Sistema Nacional de Salud, en el 2012 aproximadamente 1 de cada 4 mexicanos no contaba con acceso en algún esquema de salud,3 y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) elaborada por el Inegi en 2013, alrededor de 26 millones 960 mil personas no estaban afiliadas a ninguna institución de seguridad social, lo que se traduce en que la lucha por garantizar un sistema universal de salud debe hacerse en todos los sectores del gobierno.

De ahí que sea de gran trascendencia realizar un análisis en torno a los beneficios a los que pueden acceder aquellas familias mexicanas que se encuentran afiliadas al Seguro Popular, así como extender el catálogo de las enfermedades catastróficas contempladas dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud 2015 (Causes), el cual es elaborado por la Comisión Nacional de Protección Social de Salud.

En primer lugar, las enfermedades crónico degenerativas como el cáncer, son cada vez más comunes entre la población. Por ello, no sólo deben ser prevenidas y diagnosticadas por los programas y recursos médicos, sino también atendidas oportunamente a través de tratamientos, terapias y rehabilitación. Por ser un problema social que cuenta con un inesperado proceso evolutivo, nuestro sistema de salud debe incrementar en la medida de las posibilidades presupuestarias, el diagnóstico y tratamiento de los diversos tipos de enfermedades cancerosas.

Cuando las enfermedades atacan, los costos económicos exceden y las capacidades económicas de las mexicanas y mexicanos que no cuentan con un empleo estable, se encuentran ante un grave panorama de vulnerabilidad.

En el Causes ya se contemplan diagnósticos y tratamientos de algunos tipos de cáncer, para los menores de 18 años por ejemplo se tienen: Tumores del sistema nervioso central como astrocitoma, meduloblastoma, neuroblastoma y ependimoma; en tumores renales se tiene: tumor de wilms; en las leucemias destacan la linfoblástica aguda, la mieloblástica aguda, leucemias crónicas y síndromes preleucémicos; también contemplas tumores hepáticos como la hepatoblastoma y la hepatocarcinoma; en los tumor óseos se encuentran osteosarcoma y sarcoma de Edwin; en linfomas se encuentra la enfermedad de Hodgkin; en los tumores del ojo esta la retinoblastoma; también se tiene el sarcoma de partes blandas; en los tumores germinales están gonadales y extragonadales; por otra parte se contemplan los carcinomas y la histiocitosis maligna.

Para mayores de 18 años, el causes contempla el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de mama, el cáncer testicular, linfoma no Hodgkin, cáncer de próstata, tumor maligno de ovario, así como el tumor maligno de colón y de recto.

Por la importancia que implica la salud en nuestro país, debiera ampliarse este catálogo de enfermedades, ya que las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud indican que entre 2005 y 2015, en el mundo fallecieron 84 millones de personas por algún tipo de cáncer. Por lo que respecta a México, cada año el cáncer genera 130 mil nuevos casos y 90 mil fallecidos.

Según datos nacionales e internacionales, entre los más de 100 tipos de cáncer conocidos hasta ahora, los más frecuentes son los de próstata, de mama, cérvico-uterino, de estómago y de pulmones. Por lo tanto, es importante que la Secretaría de Salud Federal a través de un análisis técnico y presupuestal, considere el diagnóstico y tratamiento en el Causes del Cáncer de Pulmón y de Estomago (el 7.2 por ciento y el 6.2 por ciento respectivamente lo padecen en México), así como el cáncer de Páncreas e Hígado, con el fin de garantizar en el más alto nivel el acceso a la salud pública y así lograr una mayor inclusión en el diagnóstico y tratamiento de este padecimiento.

En segundo lugar, el síndrome de Prader-Willi (PW) es un complejo trastorno neurogenético causado por la ausencia de expresión de determinados genes en el brazo largo del cromosoma 15.4 En el 70 por ciento de los casos esta falta de expresión se debe a una deleción del brazo largo del cromosoma 15 paterno, un 28 por ciento se le atribuye a una disomia uniparetal materna y el 2 por ciento restante a una alteración de la impronta o imprinting.

Esta irregularidad genética afecta el funcionamiento del hipotálamo que, entre otras cosas, está involucrado en el control del apetito y del sueño. Los pacientes presentan hipotonía neonatal, que mejora en los primeros años de vida; hiperfagia, que les genera obesidad mórbida a partir de los 2 años; hipogonadismo, baja talla, comportamiento obsesivo-compulsivo, rasgos autistas, retraso en el neurodesarrollo, falta de saciedad y trastornos del sueño.

Los pacientes con PW reportan somnolencia excesiva diurna, misma que se atribuye a los trastornos respiratorios durante el sueño, frecuentes en pacientes con obesidad; sin embargo, esta no es la única alteración de sueño que manifiestan.

Actualmente se estima que una persona cada 12 o 15 mil nace con síndrome de Prader-Willi. En algunos casos también puede ser causado por una lesión o cirugía que dañe el hipotálamo después del nacimiento. Este extraño síndrome que podría llevar a la muerte por comer sin lograr la saciedad, es importante que se incluya su tratamiento en el Causes, dirigido principalmente a las niñas y niños, velando por el principio constitucional del interés superior de la infancia en relación con el derecho humano a la salud.

Por otra parte y con relación al Síndrome de Parkinson, de acuerdo con especialistas del IMSS, hasta 50 mil mexicanos podrían padecerlo, en ocasiones puede ser asintomático, pero usualmente entre los síntomas que los pacientes pueden presentar se encuentran el temblor, la rigidez y lentitud en los movimientos, además de alteraciones en la postura y la marcha.

El Parkinson es la segunda enfermedad neurogenerativa más común en el mundo, por lo que es indispensable tener mayor cuidado con las personas mayores de 60 años, aunque se presentan también de manera repentina en personas jóvenes. La enfermedad no tiene cura y de no ser detectada y tratada con prontitud puede representar el fin de la vida laboral aunado al costo económico que eso representa y la dificultad del paciente y de toda su familia para ir adaptándose a dicho padecimiento.

Por otro lado, el Alzhéimer es la enfermedad neurogenerativa más común en el mundo, sobre todo en personas mayores de 60 años; aunque ello no implica que la población joven esté exenta de padecerla. Los síntomas de esta enfermedad van apareciendo de manera gradual y en ocasiones son imperceptibles. Como consecuencia existe una pérdida de la memoria, prevalecen fallas motrices y existe una pérdida del lenguaje, lo que representa un grave riesgo para quien lo padece. Según estadísticas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaria de Salud, alrededor de 350 mil personas padecen Alzhéimer en México y son más de 2 mil pacientes que mueren debido a este problema neurogenerativo al año. Además, el Alzhéimer puede llevar a la demencia senil, la cual se presenta en adultos mayores.

Con la finalidad de atender este tipo de enfermedades e incluir cada vez a más sectores de la sociedad que padecen alguna enfermedad degenerativa, se considera impostergable establecer acciones concretas que beneficien a la población dentro de un corto, mediano y largo plazo, pues ninguno está exento de padecer una enfermedad de esta naturaleza.

Bajo estas consideraciones, se somete a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que se incluyan dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud el diagnóstico y tratamiento de los síndromes de Prader Willi, Parkinson y Alzhéimer, así también se amplíe en dicho catálogo el diagnóstico y tratamiento de un mayor número de enfermedades cancerosas.

Notas

1 Décima época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3, p. 1759.

2 González García, Juan (2011), La pobreza en México y China, política de combate y resultados, Miguel Ángel Porrúa, México.

3 Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, Gobierno de la República.

4 Arana D. y otros (2013), Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, julio-diciembre 2013, Vol.13, Nº2, pp.141-152 141.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 8 días del mes de febrero de 2016.

Diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Veracruz a garantizar la gobernabilidad, la seguridad pública, el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos en el estado en el proceso electoral de 2016, a cargo del diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Enrique Cambranis Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En algunos estados de la república la violencia se ha recrudecido por la incapacidad, la corrupción, la complicidad y la indolencia de las autoridades locales.

La delincuencia organizada, en sus diversas manifestaciones, como lo son el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el robo, la extorsión, el cobro por “derecho de piso”, el tráfico de armas etcétera, así como también la desaparición forzada de personas, cometida por agentes del Estado y el ataque sistemático a los periodistas, comunicadores, reporteros, camarógrafos y reporteros gráficos representan un riesgo y una amenaza muy seria para la seguridad de las y los mexicanos así como también para la seguridad nacional del país.

Tal es el caso del estado de Veracruz, donde ser periodista o comunicador es una profesión de altísimo riesgo y peligro de muerte pero también, trágicamente, en Veracruz, ser estudiante, ser buen ciudadano, ser joven y divertirse o ser de la tercera edad y jubilado, ser padres de familia o ser opositor al actual gobierno estatal y manifestarse pacíficamente, son oficios de alto riesgo que ponen en peligro la gobernabilidad en el estado.

Los medios de comunicación, a principios de enero del presente año, daban a conocer la noticia de la desaparición forzada de cinco jóvenes de Tierra Blanca en manos de la policía estatal veracruzana.

Ellos son José Benítez de la O, de 24 años de edad, egresado de Ingeniería Mecánica Industrial, soltero y trabaja en la tortillería de sus padres, era el conductor al momento de la detención; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27 años, es propietario de un negocio de autopartes en playa, padre de una niña de tres años, es el dueño del auto Jetta en el que viajaban Alfredo González Díaz, de 25 años, se dedica al ganado como empleado de un rancho y es soltero; Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años, estudió administración de empresas en Xalapa, trabaja con sus papás en Playa Vicente quienes tienen la concesión de la cerveza Sol y Superior y la joven Susana Tapia, de 16 años, estudia en la secundaria técnica de Playa Vicente.

Hasta la fecha no se sabe qué suerte han corrido estos jóvenes.

También hay que destacar el artero asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa, en la madrugada del 1 de agosto del 2015, quien perdiera la vida junto con otras cuatro personas en un departamento situado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, si bien es cierto que el homicidio se cometió en la capital del país, este joven reportero, Rubén Espinosa, que colaboraba en diversos medios, se había autoexiliado del estado de Veracruz, porque, por su trabajo, se vivía acosado y amenazado tanto por el gobierno local de esa entidad como por la delincuencia organizada y nadie le garantizaba ni su vida, ni su bienestar. Este crimen sigue impune.

¿Qué decir también del asesinato de Regina Martínez Pérez, la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz? Regina Martínez, la periodista asesinada el 28 de abril de 2012 en Veracruz, también es invisible en el discurso gubernamental.

En el día en que se cumplieron tres años de su asesinato, mayo de 2015, no hubo anuncios de algún nuevo avance del caso, no hubo conferencias para dar un balance, ni siquiera algún recordatorio o promesa de alguien del gobierno o del mismo Javier Duarte.

A Regina Martínez, la mataron a golpes en el baño de su casa y hasta el momento este crimen sigue impune también.

Por otra parte, en Veracruz las fuerzas del orden reprimen las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos como sucedió con jubilados y pensionados el pasado 23 de diciembre de 2015, donde armados con escudos, toletes y bastones eléctricos, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, del estado desalojaron a un grupo de pensionados y jubilados que se manifestaban pacíficamente en el centro de Xalapa, en protesta porque el gobierno de Veracruz incumplió su compromiso de pagar las pensiones de noviembre y diciembre, el aguinaldo y un incremento de 3.4 por ciento, retroactivo del primero de enero hasta octubre. Seis personas resultaron lesionadas, entre ellas dos maestras.

La seguridad pública así como el respeto y protección de los derechos humanos en el estado de Veracruz son temas que se han dejado de lado, de los que sólo se esconden las cifras para no enfrentar que la violencia sigue en todo el estado y que las autoridades se han visto rebasadas, y no obstante lo anterior, el gobernador Javier Duarte expresa con todo lujo de cinismo que en Veracruz no pasa nada.

El gobierno de Javier Duarte se ha distinguido por su incompetencia, su incapacidad, su corrupción y también por ser profundamente autoritario y represivo.

Lo anterior, es una muestra de que en México hay quienes ejercen el poder de forma dictatorial, contrario a los principios democráticos más esenciales y ello representa un muy peligroso riesgo de regresión a prácticas que creíamos ya superadas en el país, lo que nos debe poner en alerta máxima para evitar que esto tipo de gobiernos tengan cabida en nuestra democracia que debe ir evolucionando y consolidándose para el pleno reconocimiento de libertades y derechos.

Por lo expuesto, se presenta la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un enérgico llamado al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte a garantizar la gobernabilidad, la seguridad pública, el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos veracruzanos durante el proceso electoral de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.

Diputado Enrique Cambranis Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de México a conducirse conforme a derecho y visión de derechos humanos en torno a la demanda de amparo interpuesta por el defensor de los bosques Ildefonso Zamora, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Nuestro país es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, la cual, en gran parte, depende de los bosques y selvas. Desafortunadamente, la deforestación que enfrentan estas zonas “rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario, lo cual exacerba la amenaza que representa el cambio climático global.”1 La deforestación causada por la tala inmoderada afecta la capacidad de los bosques para recargar los acuíferos de la zona, incrementa la erosión del suelo y pone en riesgo la riqueza biológica que albergan.

En México, una de las principales causas de deforestación es la tala ilegal. Al respecto, la organización Greenpeace estima que el 70 por ciento del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal.

En el Estado de México, este problema se ha agudizado, por ello, organizaciones y personas defensoras del medio ambiente han advertido desde hace varios años a las dependencias federales y estatales, de esta problemática, pero la respuesta había sido nula.

En la entidad mexiquense existen varias zonas boscosas afectadas por la tala de árboles, entre las que destacan: Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, cuenca hidrológica Valle de Bravo-Amanalco, corredor biológico Chichinautzin-La Marquesa, Iztaccíhuatl-Popocatépetl y Nevado de Toluca.”2

De igual forma, están siendo talados los bosques de San Juan Atzingo que forman parte del Gran Bosque de Agua, así como zonas del Parque Nacional Lagunas de Zempoala.

Ante la problemática, ha sido señalado que desde 1998, grupos de taladores han deforestado al menos 250 hectáreas y han degradado muchas más dentro de esta área natural protegida (ANP).

De acuerdo a datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) del año 2004, cuatro de las 15 zonas del país en las que se presenta el 60 por ciento de la tala clandestina, se encuentran dentro del Gran Bosque de Agua: Lagunas de Zempoala, Corredor biológico Chichinautzin- Sierra del Ajusco, Desierto de los Leones-La Marquesa y los Dinamos.

Por la importancia del tema, en marzo de 2005 se organizó una expedición conjunta con miembros de la comunidad indígena de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilan en el estado de México, propietarios de las tierras afectadas, y Greenpeace. En esta expedición se recorrieron zonas afectadas por los impactos de la tala ilegal y la sobreexplotación de agua dentro del Parque Nacional Lagunas de Zempoala.

Entre las personas defensoras de los bosques, Ildefonso Zamora ha destacado por encabezar varias denuncias de tala ilegal en su comunidad que es San Juan Atzingo. Él junto a su familia, incluido su hijo Aldo Zamora y otros defensores, denunciaron a los talamontes que operaban en Atzingo y que hasta el 2007 habían ocasionado la deforestación de varias hectáreas de bosques dentro del Parque Nacional Lagunas de Zempoala.

Frente a esta situación, el grupo de defensores escribía a cada gobernador del estado de México para que tomara cartas en el asunto de la tala ilegal, entre ellos, Enrique Peña Nieto, pero nadie atendió las denuncias.

En diciembre de 2005, Ildefonso Zamora, en su carácter de presidente de bienes comunales de la comunidad indígena de San Juan Atzingo, y otros comuneros, presentaron una denuncia penal acompañada de videos y fotos que mostraban a los talamontes en flagrancia. Por esto, en noviembre de 2006 el Ministerio Público solicitó 57 órdenes de aprehensión contra taladores, mismas que fueron denegadas por el juez cuarto de distrito en materia de procesos penales federales del estado de México, Gerardo Eduardo García Anzures, bajo el argumento de que no había elementos constitutivos de delito.

De manera paralela a este proceso, el 26 de abril de 2006, mediante documentación proporcionada por comuneros de San Juan Atzingo, Greenpeace denunció ante la Profepa que bandas de talamontes estaban acabando con los bosques de esa comunidad, exigiendo actuar de manera urgente para detener esta situación.

La lucha de los comuneros no paraba pese a las amenazas, hostigamientos y ataques contra ellos por la denuncia de los talamontes, y el 15 de mayo de 2007 Greenpeace presentó una Averiguación Previa ante la Procuraduría General de la República (PGR) quedando registrada bajo el número de A.P 82/UEIDAPLE/DA/22/2007 por la ilegal tala de recursos forestales maderables en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala y Huitzilac, Morelos.

Desafortunadamente, ese mismo día, Aldo Zamora, hijo de Ildefonso Zamora y campesino defensor de los bosques, fue asesinado por talamontes; su hermano, Misael Zamora, resultó lesionado.

A raíz del crimen, y ante una serie de amenazas de muerte contra Idelfonso Zamora por señalar a los talamontes que operaban en la sierra de Zempoala como responsables del asesinato de su hijo Aldo, las autoridades mexiquenses fueron obligadas a brindarle seguridad personal a él y a su familia día y noche.

Después de dos meses y medio del asesinato de Aldo Zamora Gómez, la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que dos de los homicidas, Fernando y Silvestre Jacinto Medina, habían sido detenidos en las inmediaciones del municipio mexiquense de Ocuilan.

Ante este hecho, las organizaciones Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Greenpeace llamaron a las autoridades locales a garantizar la integridad física de la familia Zamora Baldomero, pues con estas detenciones se incrementaba el nivel de riesgo y la probabilidad de represalias y de hostilidad hacia los comuneros de San Juan Atzingo, en particular hacia Ildefonso y Misael Zamora.

Sin embargo, los hermanos Luis y Alejo Encarnación Neri, plenamente identificados como los asesinos materiales, continúan prófugos desde el mes de mayo de 2007. Lo anterior es sumamente preocupante debido a que también están identificados como miembros de una de las principales bandas de taladores clandestinos que opera en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala y sus linderos.

En su momento, el 12 de julio de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón hizo un compromiso público de que haría justicia en el caso. Meses después, el 7 de enero de 2008, la Presidencia de la República envió una carta a Ildefonso en la que le señala que el caso es competencia del gobierno estatal y que por lo tanto, el presidente de la República no estaba facultado para intervenir de manera alguna en la resolución del mismo.

Pese a todo, la labor de defensa de Ildefonso Zamora y de su familia, no cesó. Sin embargo, a casi nueve años del asesinato de Aldo Zamora, sin notificación alguna, se inició un proceso contra Ildefonso por robo con violencia a casa habitación que se le mantuvo oculto durante más de tres años. Sin orden de aprehensión, Ildefonso fue detenido y encerrado en la misma prisión en la que se encontraban los asesinos de su hijo, por lo que el defensor temía por su vida.

No obstante, se realizó gran presión de denuncia de esta situación y los asesinos de Aldo, fueron transferidos, pero el temor de represalias contra él continúa.

Las condiciones de Ildefonso son delicadas dado que los golpes y malos tratos que sufrió durante su detención agravaron su salud: padece diabetes y tiene una herida en el dedo pulgar derecho que se reabrió y no le ha sanado adecuadamente; además de no recibir una adecuada alimentación y atención médica, junto con la falta de condiciones de higiene. Esto hace indispensable que se garantice su integridad personal, incluyendo su salud física y emocional.

La labor de Ildefonso ha sido ampliamente reconocida en su comunidad, a tal grado que llegó a ser regidor de Ocuilan. Al día de hoy, se encuentra privado injustamente de su libertad en el Penal de Tenancingo, Estado de México. Actualmente sigue un proceso penal que se basa en testimonios inverosímiles, contradictorios y probablemente fabricados. Mismo que está viciado de origen al no haberse garantizado su derecho a una defensa adecuada, por lo que no tuvo oportunidad de demostrar que el día en que ocurrieron los hechos él se encontraba en otro lugar, con testimonios y documentales que lo acreditan.

En este sentido, debe recordarse la implementación del nuevo sistema de justicia penal que implica la observancia de los principios y lineamientos constitucionales desde la primera etapa de investigación, de acuerdo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

Aunado a esta injusticia tampoco podemos obviar los daños que la tala ilegal ha ocasionado a nuestros bosques. Los daños son abrumadores. El Gran Bosque de Agua alberga 2 por ciento de la biodiversidad del mundo, brinda tres cuartas partes del agua que se consume en la Ciudad de México y abastece de este líquido a los ríos Lerma y Balsas. Sin embargo, la tala ilegal y el crecimiento urbano, entre otras actividades, están ocasionando que este bosque desaparezca a un ritmo de nueve campos de fútbol por día, aunque estas cifras no están actualizadas, por lo que la situación podría haberse agravado. Además, de acuerdo con el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, cada año se pierden 2 mil 400 hectáreas de este bosque, lo que puede llevar a su total desaparición en los próximos 50 años.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a través del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con Residencia en Toluca, estado de México, a conducirse conforme a derecho y con visión de derechos humanos, en torno a la demanda de amparo interpuesta por el ciudadano Ildefonso Zamora Baldomero para que siga su proceso en libertad y llegado el momento jurídico oportuno, se determine lo conducente respecto de su inocencia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que en el sentido de sus atribuciones vigile y salvaguarde los bosques del Estado de México y a que sancione a todas aquellas personas dedicadas a la tala ilegal.

Notas

1 Greenpeace. “La deforestación y sus causas”. Consultado el 15 de enero de 2016 en http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Bosques/La-deforestacion-y -sus-causas/

[1]2 Kaleydoscopio. “Lucha contra tala ilegal de árboles en Estado de México”. Consultado el 15 de enero de 2016 en: kaleydoscopio.mx/index.php/archiveros/el-dato/item/3181-lucha-contra-ta la-ilegal-de-arboles-en-estado-de-mexico

Dado en la Cámara de Diputados, a 11 de febrero de 2016.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales a implantar acciones para solucionar el problema de los productores nacionales de leche, a cargo de la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada federal Evelyng Soraya Flores Carranza, integrante del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México y secretaria de la Comisión de Ganadería de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El problema de la sobreproducción de leche en México podría tener un antecedente en el año 2004, fecha en la que se emitió el decreto por el cual se estableció el arancel-cupo para importar leche en polvo, lo cual incidió en los niveles de compra/venta del producto lácteo nacional, dado que esta disposición permite la importación de un monto determinado de un producto o mercancía, con un arancel (un impuesto) menor al que se aplica a las mercancías que se importen sin este beneficio; a pesar que dicha medida fue impulsada para apoyar a industrias que requieren de la materia prima producida por el sector ganadero, es necesario implementar acciones que permitan el procesamiento y distribución de la leche local para fortalecer el mercado interno.

Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el periodo de 2003 a 2011, la producción nacional de leche de bovino contó con una tasa media de crecimiento del 1.3 por ciento. Para el cierre del año 2014 dicha tasa fue del 1.5 por ciento según dicho sistema de información, denotando una producción estable y con clara tendencia a la alza.

En el 2015 México produjo 11,600 miles de toneladas de leche, de las cuales consumió 4,185, generándose un excedente de 7,415 miles de toneladas de leche, esto es, el 64 por ciento de la producción nacional de leche fluida no tiene destino, es decir, existe el problema de colocación y comercialización del producto. La problemática que abordamos se centra en el hecho de que los compradores de leche incrementan el uso de productos lácteos importados en sus procesos, aprovechando los bajos precios internacionales, que llegan por debajo del costo de producción, generando una competencia desleal entre productores nacionales y extranjeros, dado que disminuyen la compra de leche local por medio de la distorsión del mercado de lácteos o comprándola a precios muy bajos, esto a pesar del crecimiento de la producción nacional de leche bovina en los últimos cuatro años, el cual se puede apreciar en la siguiente tabla:

1 Cifra parcial al cierre del cuarto trimestre. Fuente: SIAP

Como complemento, se observa el incremento en la producción de leche de bovino comparando la misma en el mes de diciembre de 2014 y 2015, salvo en el estado de México y estados con producción menor, para quedar como sigue:

De la tabla anterior, destacan cuatro estados que lograron aumentar su producción en más del 3 por ciento: Durango (10.2 por ciento), Jalisco (3.4 por ciento), Guanajuato (3.1 por ciento) e Hidalgo (3.1 por ciento).

Asimismo, desde hace seis años se ha mantenido una tendencia de producción a la alza, pues de los 10 mil 676 millones de litros de leche que se produjeron en 2010, se estima que en 2016 se produzcan 11 mil 475 millones, contra los once mil 394 millones 633 mil registrados en el año de 2015, a razón de 31 millones de litros por día.

En este contexto, la cantidad y calidad de producción de leche nacional permitió que México se colocara como el noveno productor mundial de leche en 2015, superando el decimonoveno lugar que se logró en 2012,

A pesar del panorama positivo en la producción de leche, un renglón relevante en materia de importación corresponde a la leche en polvo, producto que cubre, entre otros rubros, el de Abasto Social de Leche de Liconsa. Según datos preliminares, al mes de diciembre de 2015 México produjo 11 mil 600 de toneladas de leche en polvo y consumió 4 mil 185 toneladas, generándose un excedente de 7 mil 415 toneladas de leche.

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la relación entre producción e importación en 2015 se expresa en términos porcentuales de 47 por ciento y 53 por ciento respectivamente, lo cual indica un aumento del 25.3 por ciento de las importaciones registradas en 2014, y un incremento del 81 por ciento de importación de leche en polvo en los últimos diez años.

Cabe señalar que el gobierno federal ha respondido a la necesidad de inversión en el sector ganadero en cuanto a la compra de leche a los pequeños y medianos productores a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, que para el Ejercicio Fiscal 2015 señala dentro de los principales programas en el rubro de Desarrollo Social el de Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV. Destinando en el anexo 10 –Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas– un total de $26,775,275.00 (veintiséis millones setecientos setenta y cinco mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional); y en el anexo 18 –Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes– un monto de $723,592,268.00 (setecientos veintitrés millones quinientos noventa y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); es decir un gran total dentro del subrubro –Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV– de $750,367,543.00 (setecientos cincuenta millones trescientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional).

Y en el subrubro Programa de adquisición de leche nacional a cargo de Liconsa, SA de CV la cantidad de $1,255,373,198.00 (un billón doscientos cincuenta y cinco millones trescientos setenta y tres mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional).

Este año, 2016, Liconsa tiene un presupuesto asignado en el anexo 10 –Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas– un total de $36,943,612.00 (treinta y seis millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos doce pesos 00/100 moneda nacional); y en el anexo 18 –Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes– un monto de $748,243,326.00 (setecientos cuarenta y ocho millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional). Y en el rubro Programa de adquisición de leche nacional a cargo de Liconsa, SA de CV, un total de $944,849,669.00 (novecientos cuarenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional).

Sin embargo, debido a factores externos que impactan en la planeación del gasto presupuestado y la sobreoferta del producto, en el 2016 se dejara de comparar leche nacional por un monto de $310,523,529.00 (trescientos diez millones quinientos veintitrés mil quinientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional) es decir, se reduce en un aproximado de 25 por ciento menos de demanda por parte de Liconsa, principal comparador de leche producida a nivel nacional.

Si bien reconocemos la gran labor que realiza el gobierno federal para adquirir leche nacional, es necesario fortalecer el tema de transparencia y rendición de cuentas, a fin de dar certidumbre al proceso de compra del producto, tal como se establece en el artículo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, que hace referencia al Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, y que indica la publicación del listado con los nombres de los proveedores de leche, disposición que continua vigente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, según el último párrafo del numeral 32.

Dadas estas circunstancias, los cambios estructurales para incrementar la producción, la productividad, la competitividad y la sustentabilidad en el sector lechero son sumamente importantes, puesto que la producción de leche de vaca es una actividad que proporciona ingresos adicionales al productor, mejora su alimentación y permite el empleo de mano de obra familiar, como la de menores de edad, mujeres y personas de la tercera edad.

Asimismo, la participación de los gobiernos estatales resulta fundamental para apoyar a los ganaderos nacionales, ya que Liconsa no puede absorber por sí solael excedente de la producción de leche, misma que podría ser aprovechada en programas de alimentación estatal en donde se considere integrar a los sistemas de desarrollo infantil locales, escuelas y empresas, ayudando así a dar salida a este problema.

Dadas las condiciones positivas para la producción de leche en México y que las mismas se han dado en gran medida por el apoyo de Liconsa, una propuesta integral de los diversos órdenes de gobiernos resulta vital para atender esta problemática que podría tener respuestas más focalizadas si se contara con una planeación inclusiva que considere las particularidades de cada localidad en donde se localicen productores ganaderos.

En la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados estamos conscientes del impacto económico que tiene la producción de leche, tanto para ganaderos como para consumidores, por lo que resulta necesario sumar esfuerzos entre las distintas instituciones del Estado mexicano para construir soluciones que permitan superar esta coyuntura que afecta principalmente a pequeños y medianos productores que habitan zonas rurales de nuestro país.

En virtud de lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a la Secretaría de Economía, a la Secretaría Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Desarrollo Social, para que se implementen acciones enfocadas a resolver la problemática que afecta a los productores nacionales de leche, a fin de establecer los mecanismos necesarios que aseguren la permanencia y desarrollo de la ganadería lechera nacional.

Segundo. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al área correspondiente de Liconsa para que publique por vía digital y/o física el correspondiente padrón de proveedores, a fin de dar certeza al proceso de compra de leche a productores nacionales.

Tercero. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que establezcan los canales de comunicación necesarios para el acercamiento entre autoridades locales y ganaderos, cuyo propósito sea generar alternativas para apoyar a los productores de leche de cada estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero del 2016.

Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa, la Semarnat y la Cofepris a promover campañas entre los fabricantes de goma de mascar para evitar que los consumidores desechen el producto en la vía pública, a cargo de la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:

Considerandos

En el año 2012, el Departamento de Bioquímica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) determinó mediante un estudio que cada chicle depositado en el espacio público es un gran foco de infección y un riesgo para la salud de los habitantes, ya que puede albergar hasta 10 mil bacterias y hongos recogidos del medio ambiente en que se encuentra.

En este orden de ideas, cada chicle es un foco de contaminación, ya que contiene los microorganismos de la propia persona que lo masticó. Tal es el caso de una persona que padece tuberculosis, salmonelosis o un estafilococo, que al desechar el chicle en el piso, esas bacterias se esparcirán en el aire, y también será un acumulador de polvo, tierra e inmundicia de la ciudad.

Como marco de referencia, podemos citar el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde se estima que el 20 por ciento de la superficie está cubierta por manchas negras de chicles. No obstante los equipos especiales que se utilizan para desintegrarlos y removerlos del suelo, la cantidad que la ciudadanía arroja al piso, representa un costo muy alto, además de que las labores para el retiro de chicles son insuficientes por el exceso de residuos para poder llevar a cabo la limpieza de los espacios.

En alusión a lo anterior, sobre la calle de Francisco I. Madero, calle peatonal de la Ciudad de México, se han llegado a contabilizar hasta 150 mil chicles sellados en el piso. Desde la calle de Monte de Piedad, a un costado de la Plaza de la Constitución, hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas. Estamos hablan tan sólo cinco cuadras.

En las zonas con mayor densidad de chicles pegados en el piso, se han contabilizado hasta 75 por cada metro cuadrado, si estos 75 chicles se unieran en una sola mancha, ocuparían alrededor de un tercio de ese metro cuadrado.

El costo unitario integrado (maquinaria, consumibles, transporte, personal) por el retiro de cada chicle puede significar hasta poco más de 2 pesos. Si consideramos que un chicle al consumidor cuesta en promedio 50 centavos, es evidente el importante gasto que su retiro representa para la población, ya que la erogación es con cargo a los impuestos que paga.

Como se mencionó con anterioridad, todo esto implica un alto riesgo sanitario y ambiental al ser arrojado al piso, aunado al alto costo de su limpieza, en detrimento de la salud de la población y la imagen urbana.

Como fundamento de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, debemos invocar los aspectos que ya están considerados en al menos tres ordenamientos de carácter general.

La Ley General de Salud prevé que cuando se tengan detectados los riesgos para la población, se habrán considerar medidas de seguridad sanitaria. Así lo establece el artículo 402 y las fracciones IX y XIII del artículo 404.

La Ley General de Salud

Artículo 402. Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de esta ley y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud de la población.

Artículo 404. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:

I a VIII...

IX. La emisión de mensajes publicitarios que advierta peligros de daños a la salud;

X a XII...

XIII. Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en los artículos 134, 136 y 141, establece que se tienen que tomar medidas para evitar la contaminación por las implicaciones que hay y los riesgos y problemas para la salud

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:

I. Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo;

II a V...

Artículo 136. Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:

I. La contaminación del suelo;

II a III...

IV. Riesgos y problemas de salud.

Artículo 141. La Secretaría (de Medio Ambiente y Recursos Naturales), en coordinación con las Secretarías de Economía y de Salud, expedirá normas oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos.

Finalmente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, establece en los artículos 1, 2, 3 6 y 7, los conceptos y las competencias de la Federación, estados y municipios para que, en el ámbito de sus atribuciones, se establezcan medidas para el control y manejo de los desechos sólidos

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para:

I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos;

II. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y la protección de la salud humana;

III a V...

VI. Definir las responsabilidades de los productores, importadores, exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como de los prestadores de servicios en el manejo integral de los residuos;

VII...

VIII. Promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales, en las acciones tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como tecnológica, económica y socialmente viable, de conformidad con las disposiciones de esta ley;

IX a XIII...

Artículo 2. En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se observarán los siguientes principios:

I. El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar;

II. Sujetar las actividades relacionadas con la generación y manejo integral de los residuos a las modalidades que dicte el orden e interés público para el logro del desarrollo nacional sustentable;

III. La prevención y minimización de la generación de los residuos, de su liberación al ambiente, y su transferencia de un medio a otro, así como su manejo integral para evitar riesgos a la salud y daños a los ecosistemas;

IV a XII...

Artículo 3. Se consideran de utilidad pública:

I ...

II. La ejecución de obras destinadas a la prevención, conservación, protección del medio ambiente y remediación de sitios contaminados, cuando éstas sean imprescindibles para reducir riesgos a la salud;

III y IV...

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a XXXII...

XXXIII. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole;

XXXIV. Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social;

XXXV...

XXXVI. Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares;

Artículo 6. La Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.

Artículo 7. Son facultades de la Federación:

I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así como elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y municipios, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el cuerpo del presente, pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris, con fundamento en la Ley General de Salud, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, promuevan ante los fabricantes de goma de mascar (chicle), la inserción de una leyenda en el empaque para concientizar al consumidor, para desechar el producto y aprovechar la envoltura para arrojar el producto a la basura, así como la realización de campañas publicitarias alusivas a lo anteriormente expuesto, para evitar riesgos sanitarios y ambientales que representa arrojar el producto al piso, en beneficio de la salud de la población e imagen urbana, aunado al alto costo de su limpieza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CIDH a designar un grupo de trabajo sobre las alarmantes desapariciones y homicidios de periodistas y activistas en Veracruz, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designe un grupo de trabajo sobre las alarmantes desapariciones y homicidios de periodistas y activistas en el estado de Veracruz, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

“Vivimos en un clima de violencia donde informar al respecto se ha vuelto peligroso, difícil; sin embargo, creo que es nuestra obligación no claudicar, no cerrar los ojos, sino seguir tratando de buscar la verdad, solamente a través de la verdad vamos a poder transformar el horizonte que tenemos enfrente”. 1

Juan Villoro

I. La libertad de expresión es uno de los grandes baluartes de la sociedad contemporánea, sin la que ningún sistema democrático podría subsistir, en tal sentido, la violencia física y el asesinato y desaparición de periodistas representa uno de los mayores atentados contra la democracia y uno de los más extremos casos de censura que pueden presentarse en una sociedad. Por ello, el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, ha establecido que:

“Un ataque contra un periodista no solo vulnera su derecho a divulgar información sino que también redunda en desmedro del derecho de las personas y de la sociedad en general a buscar y recibir información, garantizado en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente. De hecho, si no se respeta la libertad de expresión y, en particular, la libertad de prensa, no puede haber una ciudadanía informada, activa y comprometida. Así pues, un ataque contra un periodista es un atentado contra los principios de transparencia y rendición de cuentas, así? como contra el derecho a tener opiniones y participar en debates públicos, que son esenciales en una democracia.”2

Así pues, en un país como el México actual, que presenta altos niveles de corrupción, una debilidad creciente de las instituciones garantes de la democracia, y una resistencia continua de las clases políticas para la rendición de cuentas y la transparencia, los atentados contra periodistas minan profundamente el derecho a la información, a la verdad y a la libertad de expresión consagrados constitucionalmente, y terminan por socavar radicalmente el estado de derecho.

Es por ello que se requiere de un esfuerzo extraordinario, con participación internacional de expertos independientes, para acabar con un fenómeno desgraciadamente creciente en nuestro país, como es el asesinato y desaparición de periodistas y activistas en nuestro país, fenómeno que se presenta de forma alarmante en el estado de Veracruz, cuya actual administración concentra hasta el 62 por ciento de los periodistas asesinados en México3 .

II. Desde el año 2010 hasta la fecha, en el estado de Veracruz se ha presentado una alarmante ola de violencia y atentados contra periodistas y contra la libertad de expresión, con un saldo de 16 periodistas asesinados por el ejercicio de su profesión, durante la actual administración del Gobernador Javier Duarte de Ochoa.4

Desde dicho año, han sido asesinados los siguientes periodistas, lo que ha llevado a la revista Nexos a llamar a Veracruz, “el cementerio de nuestro periodismo”:5

1. Noel López Olguín
2. Miguel Ángel López Velasco

3. Misael López Solana
4. Yolanda Ordaz de la Cruz

5. Regina Martínez Pérez
6. Guillermo Luna Varela

7. Víctor Manuel Báez Chino
8. Miguel Morales Estrada

9. Sergio Landa Rosales
10. Gregorio Jiménez de la Cruz

11. Octavio Rojas Hernández
12. Moisés Sánchez Cerezo

13. Armando Saldaña Morales
14. Juan Mendoza Delgado

15. Rubén Espinosa
16. Anabel Flores Salazar

El caso más reciente, el de la periodista Anabel Flores Salazar, secuestrada la madrugada del 8 de febrero por un comando armado y encontrada muerta con huellas de tortura al día siguiente, vino a colmar los ánimos en una sociedad y en un gremio periodístico ya de por sí presa del temor constante y de la censura.

Cabe señalar además que la periodista fue criminalizada por la Fiscalía General del Estado, que vinculó su desaparición con la delincuencia organizada.6 El secuestro de Anabel Flores, así como su posterior criminalización, tortura y asesinato, ha llevado a que el gremio periodístico local increpe de la siguiente manera a los poderes públicos:

“9. Justo es repartir responsabilidades. Si todos ustedes, gobernantes, cobran por administrar la vida social de todos, lo están haciendo muy mal, están pudiendo muy poco. No entendemos ¿Por qué siguen cobrando por un realizar una pésima función pública? ¿Por qué no renuncian?

10. Exigimos que dejen la opacidad y realmente se pongan a trabajar. Dejen de ser omisos y paren esta masacre en contra de ciudadanos, de los periodistas, de niños y adolescentes y mujeres. Queremos estar en paz, vivir en ambiente sano, si no es demasiado pedir.

11. Exigimos que dejen de criminalizar a los periodistas asesinados y dejen también de transgredir a la libertad de expresión en Veracruz.

Criminalizar a los compañeros asesinados es una estrategia realmente cobarde por parte de quienes están obligados en investigar y no en fabricar pruebas en contra de quienes no pueden rebatir las calumnias de este mal gobierno.”7

A lo anterior debemos sumar el más reciente reporte de la organización internacional Artículo 19 , quien este 8 de febrero dio a conocer que en nuestro país permanecen desaparecidos hasta 23 periodistas por el ejercicio de su profesión, 5 de ellos del estado de Veracruz.8

III. A pesar de que México cuenta con una “Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, que creó una “Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, sin embargo, dicha legislación y su correspondiente Mecanismo han resultado claramente insuficientes para afrontar la grave ola de violencia contra periodistas en nuestro país, como señaló Human Rights Watch en su más reciente informe sobre México: “el otorgamiento de medidas de protección ha sido lento e insuficiente”.9 El fracaso de dicho Mecanismo se ha puesto claramente en evidencia en los recientes asesinatos de periodistas en el estado de Veracruz.

En tal sentido, el presente acuerdo solicita a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designe en coordinación con el Estado mexicano un grupo de trabajo conformado por expertos independientes para que a la brevedad determine las medidas a tomar en el caso de los alarmantes asesinatos y desapariciones de periodistas en el estado de Veracruz, así como para que determine la reparación del daño que en tal sentido debe realizar el Estado mexicano y el grado de responsabilidad de los cuerpos de seguridad del estado de Veracruz en los hechos mencionados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, designe un grupo de trabajo conformado por expertos independientes, para que con carácter de urgente determine las medidas inmediatas a tomar en el caso de las alarmantes desapariciones y homicidios de periodistas y activistas en el estado de Veracruz durante los últimos seis años, así como el grado de responsabilidad de los cuerpos de seguridad del gobierno de dicho estado en los hechos mencionados, y la reparación del daño a las víctimas que en tal sentido deba realizar el Estado mexicano.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca las diligencias necesarias para que a la brevedad sea signado entre el Estado mexicano y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un acuerdo de cooperación para la designación del grupo de trabajo mencionado en el resolutivo anterior, concediendo al mismo todas las garantías que dicha Relatoría considere necesarias para su óptimo funcionamiento.

Notas

1 “El gobierno, enemigo de la libertad de expresión”, Página 24, 8 de diciembre de 2014, http://pagina24jalisco.com.mx/local/2014/12/08/el-gobierno-enemigo-de-l a-libertad-de-expresion/

2 Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, A/HRC/20/17, del 4 de junio de 2012, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/137/90/PDF/G1213790.pdf? OpenElement

3 “Veracruz, estado de alto riesgo para periodistas”, El financiero, 2 de agosto de 2015, http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/veracruz-estado-de-alto-riesgo- para-periodistas.html

4 “México: encuentran muerta a Anabel Flores, la periodista secuestrada en Veracruz”, BBC Mundo, 10 de febrero de 2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160209_mexico_periodista_anab el_flores_encuentran_muerta_jp

5 “El cementerio de nuestro periodismo”, Nexos, 1 de agosto de 2015, http://redaccion.nexos.com.mx/?p=7329

6 “Alarmante que fiscalía vincule a Anabel Flores con criminales: A-19”, Newsweek en español, 9 de febrero de 2016, http://nwnoticias.com/#!/noticias/alarmante-que-fiscalia-vincule-a-anab el-flores-con-criminales-articulo-19

7 “Increpan periodistas a legisladores y autoridades de Puebla y Veracruz: ‘paren esta masacre’”, emeequis, 9 de febrero de 2016, http://www.m-x.com.mx/2016-02-09/increpan-periodistas-a-legisladores-y- a-autoridades-de-puebla-y-veracruz-paren-esta-masacre/

8 “En México, 23 periodistas permanecen desaparecidos: Artículo 19 (informe)”, Aristegui Noticias, 9 de febrero de 2016, http://aristeguinoticias.com/0902/mexico/en-mexico-23-periodistas-perma necen-desaparecidos-articulo-19-informe/

9 “Graves violaciones de derechos humanos, de ‘forma reiterada’ en México: HRW”, Aristegui Noticias, 27 de enero de 2016,
http://aristeguinoticias.com/2701/mexico/graves-violaciones-de-derechos-humanos-de-forma-reiterada-en-mexico-hrw/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), María Elena Orantes López, Jorge Álvarez Máynez, Daniel Sosa Carpio, René Cervera García, Claudia Sofía Coracha García, Verónica Delgadillo García, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Cynthia Gisela García Soberanes, Refugio Trinidad Garzón Canchila, Mirza Flores Gómez , Moisés Guerra Mota, Angie Denisse Afufen Torres , Carlos Lomelí Bolaños, Jomada Martínez García, María Victoria Mercado Sánchez, Luis Ernesto Munguía González , María Candelaria Ochoa Ávalos, Adán Pérez Utrera, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Rosa Alba Ramírez Ñachis, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Marbella Toledo Ibarra, Salvador Zamora Zamora.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al director general de la Conadis, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República a designar de manera urgente al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

EL Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es el organismo que coordina e impulsa acciones para asegurar el ejercicio pleno y goce de cada uno de los derechos de las personas con discapacidad.

El 29 de marzo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de Sectorización que establece que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, dejó de ser parte de la Secretaría de Salud para formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

Dicho Consejo tiene por objeto de acuerdo a la Ley en la materia, el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como el promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la Ley y demás ordenamientos en la materia.

Si bien en los últimos años se han dado diversos cambios en su dirección, actualmente el Consejo se encuentra acéfalo al no contar con el nombramiento del Director General, el cual, por Ley deberá ser designado por el Presidente de la República.

Al mismo tiempo, se han expuesto a la luz pública numerosos vicios en su funcionamiento, ya que diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación por la falta de estructura, liderazgo y consolidación en las tareas de dicho organismo, señalando principalmente la no inclusión de la sociedad civil.

Derivado de lo anterior, de acuerdo a datos periodísticos, diversas organizaciones civiles promovieron un amparo argumentando irregularidades en los trabajos desarrollados en la Junta de Gobierno, por lo que ante esta acción y bajo resolución de un Juez, fue que el Consejo quedo impedido para sesionar mientras se resuelve la problemática.

Con datos informativos de Proceso, señalan que “La sociedad civil acusó que la Junta de Gobierno sesionaba y tomaba decisiones sobre políticas públicas vinculadas a personas con discapacidad, sin la participación de los cinco representantes ciudadanos de organizaciones de y para personas con discapacidad que por ley deben estar incluidos en ese órgano de dirección.”1

Las organizaciones civiles puntualizaron que fueron excluidas en las sesiones de la Junta, y por consecuencia de las decisiones, por tal motivo promovieron dicho recurso con lo que se suspendió la actividad del Consejo.

La Ley señala en su artículo 44, que: “La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.”

Asimismo, en su artículo 55 establece que: La Asamblea Consultiva estará integrada por:

I. Un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas;

II. Cinco personas entre expertos, académicos o investigadores electos por convocatoria pública realizada en los términos previstos en el Estatuto Orgánico, y

III. Cinco representantes de organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad, electos por un comité que tomará en consideración las diferentes discapacidades y el género que estará integrado por el Director General del Consejo, los Presidentes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Bajo esta resolución y como consecuencia es que el Consejo se mantiene paralizado, toda vez que la Junta de gobierno del organismo ha quedado impedida para sesionar, sin poder reunirse en tanto no se enmienden los vicios con que dicen ésta venía operando.

A su vez se conjunta dicha problemática con que a la fecha el organismo se encuentra dirigido por un encargado de despacho y no se ha nombrado al titular, lo cual es evidente retrasa la toma de decisiones, afectando los trabajos que el Consejo debe realizar a favor de las personas con discapacidad.

Conforme a la ley, el artículo 49 mandata que el director general debe ser designado por el Presidente de la República, por tal motivo y en cumplimiento a dicho ordenamiento se pide que se nombre al titular del mismo, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que la ley mandata y a su vez, se integre a las organizaciones de la sociedad civil en los trabajos del Consejo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Presidente de la República, a designar de manera urgente al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que emita la Convocatoria correspondiente de acuerdo a su Estatuto Orgánico, a fin de que se nombre e integre a la brevedad a las sesiones de esa Comisión a los representantes de la sociedad civil.

Palacio Legislativo, a 9 de febrero del 2016

Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales y del DF a actualizar y homologar sus ordenamientos en materia de desarrollo social conforme a la Ley General de Desarrollo Social y los lineamientos y criterios generales para definir, identificar y medir la pobreza, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, así como en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Son muchos los problemas de gran preocupación que enfrenta el Siglo XXI, la pobreza ocupa uno de mayor relevancia. No es un fenómeno social exclusivo de una región del mundo, está presente y afecta tanto a los países desarrollados como a los subdesarrollados, aunque su impacto se refleja en mayor medida en éstos últimos en los cuales se concentra alrededor del 80 por ciento de los pobres (González, 2011).

El historiador Eric Hobsbawm (1995) manifestaría que “la principal causa de tensión internacional de cara al nuevo milenio: [sería] la creciente separación entre las zonas ricas y pobres del mundo” y agregaría que “una economía mundial que se desarrolla gracias a la generación de crecientes desigualdades está acumulando inevitablemente problemas para el futuro”. Está visión nos permite ver que la pobreza además de ser un problema en la actualidad, tiende a ser un gran peligro para el futuro de la humanidad.

Disminuirla no sólo es un tema de interés para los gobiernos, también es de vital importancia para la sociedad, ya que afecta profundamente la dignidad humana, además de ser un factor de desigualdad y desintegración social, política y cultural.

La preocupación de las naciones y organismos internacionales por atender la pobreza en el mundo se manifiesta en diversos hechos. Por ejemplo, el Banco Mundial dedicó su informe del año 1990 al tema de la pobreza. Así también, la ONU a partir del año de 1993, decretó que el día 17 de octubre fuera declarado como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y 1996 fue decretado como el Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Es de resaltarse, que 1995 surgió un acuerdo generalizado de las naciones sobre la definición de la pobreza en donde se incluye tanto el bajo ingreso económico como el bajo nivel de vida. Lo anterior se dio en el seno de la Reunión Cumbre sobre el Desarrollo Social celebrada por la ONU, en donde los gobiernos de 117 países (incluidos todos los de la Unión Europea) convinieron en dos definiciones de pobreza: la absoluta y la total (Boltvinik y Damián [coordinadores]. 2004: 52).

Ahí se definió a la pobreza absoluta como una condición caracterizada por una grave carencia en las necesidades humanas básicas, incluyendo alimentación, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Está definición de pobreza absoluta, es mucho más amplia que la promovida por el Banco Mundial, ya que no sólo depende del ingreso, sino también del acceso a los servicios.

Por lo que respecta a la pobreza total, se consideró que podía adoptar una gran diversidad de formas como: falta de ingreso y de recursos productivos para asegurar una existencia sustentable; hambre y desnutrición; mala salud; acceso limitado o inexistente a la educación y otros servicios básicos; morbilidad y mortalidad crecientes debidas a enfermedades; falta de vivienda y de alojamiento adecuado; entorno inseguro; discriminación y exclusión social. También este tipo de pobreza total se caracteriza por la falta de participación en la toma de decisiones en la vida civil, social y cultural. Así también, no es exclusiva de una región del mundo, sino que tiene lugar en todos los países, en manifestaciones como: pobreza masiva en países en desarrollo, bolsones de pobreza en medio de la riqueza en los países desarrollados, pérdida de los medios de vida a resultas de una recesión económica, pobreza repentina provocada por un desastre o un conflicto, la pobreza de los trabajadores con bajo salario, y la total desnutrición de las personas que quedan al margen de los sistemas de apoyo familiar, de las instituciones sociales y de las redes de protección. En esta definición de pobreza total toma fuerza el hecho de ver a la pobreza no como un fenómeno unidimensional, sino como multidimensional y multicausal.

Por otra lado, la pobreza extrema es una preocupación universal, lo cual se refleja en la iniciativa acordada en septiembre del año 2000 en la reunión Cumbre del Milenio de la ONU donde 189 países, entre ellos México, se comprometieron a cumplir las “Metas de Desarrollo del Milenio”, donde uno de sus principales objetivos a alcanzar en este año 2015, es reducir en un 50 por ciento el número de la población en el mundo que para 1990 vivía en condiciones de pobreza extrema (González, 2011).

El pasado 28 de septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto acudió a la Asamblea General de la ONU, donde México adoptó la Agenda 2030 en la cual se establecieron 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. En la agenda se afirma que el mayor desafío del mundo actual, es la erradicación de la pobreza, ya que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.

El número de personas que ahora viven en la pobreza extrema en el mundo ha disminuido más de la mitad, al pasar de 1,900 millones de personas en pobreza extrema en 1990 a los 836 millones en este 2015. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas en el informe del 2015 de los objetivos de Desarrollo del Milenio menciona: “Gracias a la obtención de logros profundos y continuos, ahora sabemos que la extrema pobreza podría erradicarse en la próxima generación”.

Con respecto a los resultados alcanzados en México, en el año de 1990 la pobreza extrema, medida de acuerdo a la línea internacional de la pobreza (1.25 dólares de ingreso por persona al día) era del 9.3 por ciento, la cual se redujo más de la mitad, al pasar a 3.7 por ciento (datos al 2014). Estas cifras muestran el esfuerzo de México por alcanzar el objetivo planteado en las Metas de Desarrollo del Mileno (PNUD, 2015).

Se tienen importantes avances con respecto al tema de la pobreza en nuestro país, uno de ellos fue la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social en el 2004, la cual contempla lo siguiente:

“Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación;

Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

VII. Acceso a la alimentación;

VIII. Grado de cohesión social, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada”.

Como se puede ver, en la Ley General de Desarrollo Social se sentaron las bases para que en el año 2006 se creara formalmente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al cual se le otorgó autonomía constitucional en el 2013, para permitirle que evaluar de forma independiente los resultados de las políticas públicas destinadas erradicar la pobreza.

Actualmente el Coneval es organismo que ostenta la responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza en México, lo cual marcó una nueva era en la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social.

En los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la pobreza, en su Título Segundo “De la Definición de la Pobreza” que establece:

“Cuarto. La definición de pobreza considera las condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto territorial.

Quinto. El espacio del bienestar económico comprenderá las necesidades asociadas a los bienes y servicios que puede adquirir la población mediante el ingreso.

Sexto. El espacio de los derechos sociales se integrará a partir de las carencias de la población en el ejercicio de sus derechos para el desarrollo social, en específico aquellos asociados a los indicadores mencionados en el artículo 36, fracciones II a la VII, de la Ley.

Séptimo. El espacio del contexto territorial incorporará aspectos que trascienden al ámbito individual (que pueden referirse a características geográficas, sociales y culturales, entre otras); en específico, aquellos asociados al grado de cohesión social, así como otros considerados relevantes para el desarrollo social.

Octavo. La población en situación de pobreza multidimensional será aquella cuyos ingresos sean insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presente carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación”.

Cabe resaltar que el fenómeno social de la pobreza a nivel mundial, está tomando enfoques de definición y medición con gran injerencia en los Derechos Humanos y Sociales. Si bien es cierto que cada nación e incluso a nivel local, cada entidad federativa tiene sus propias leyes, en éstas no pueden faltar los Derechos Humanos. Las cartas magnas parten de un conjunto de derechos exigibles mínimos a los que todo ser humano de cualquier parte del mundo debe tener acceso, los cuales se encuentran contemplados en los tratados, pactos y convenciones internacionales sobre los Derechos Humanos.

El intento por lograrlo y tener un ordenamiento jurídico internacional que habla de los derechos a un nivel de vida adecuado y a la seguridad social, se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948. En su artículo 25 afirma que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar; y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”. Así también el numeral 28 contempla que “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y las libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos” (DUDH, 2004).

La visión sobre la defensa de los Derechos Humanos, toma fuerza en autores como Pogge (2005) quien afirma que los derechos establecidos en el artículo 25 de la DUDH, generan para el Estado y los ciudadanos deberes negativos como el no permitir que existan situaciones de pobreza extrema y a la vez sostiene que “cada miembro de la sociedad, con arreglo a sus medios, debe colaborar en la creación y el mantenimiento de un orden social y económico en el que todos tengan acceso seguro a la satisfacción de las necesidad básicas” (Pogge, 2005).

Ahora bien, toda política social tiene como objetivo central combatir la pobreza (López, 2012) y buscar el bienestar de las personas, sin embargo, la política social como construcción de igualdad es esencialmente un problema de justicia distributiva (Bustelo, 2005), y los resultados de su implementación no siempre han sido favorables, dando como resultado un abismo amplio entre las clases altas, con las clases medias y bajas de la sociedad.

A lo largo de la historia, la política social en México ha estado fragmentada en diversas instituciones públicas, programas y ordenamientos jurídicos, lo que además de duplicar costos financieros y humanos, le resta eficacia a sus servicios. Esto se refleja en los 5,010 programas y acciones de desarrollo social que el Coneval proporciona en su inventario de programas y acciones estatales en la materia. A lo anterior hay que sumarle, que es problemático lograr una eficaz coordinación entre secretarías y organismos del Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, ya que como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo, existe una gran diversidad de criterios de cómo se conceptualiza a la pobreza desde los ordenamientos legales en materia de desarrollo social de las entidades federativas y el Distrito Federal.

Cuadro comparativo de las entidades federativas y del Distrito Federal de cómo conceptualizan y combaten la pobreza desde sus legislaciones locales.

Aguascalientes

Ley de Desarrollo Social

Artículo 25. La Política Estatal de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación;

Baja California

Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social

No lo contempla

Baja California Sur

No cuenta con legislación en la materia

No lo contempla

Campeche

Ley de Desarrollo Social

Artículo 17. La Política Estatal de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación;

Coahuila

Ley de Desarrollo Social

Artículo 22. La Política Estatal de Desarrollo Social debe incluir, las siguientes vertientes:

I. Superar la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación de todos los coahuilenses.

Artículo 29. Los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza en el Estado serán establecidos por la Secretaria y deberán ser aprobados por el Congreso del Estado...

Artículo 30. La Secretaría realizará un diagnostico situacional anual para identificar y medir los niveles de pobreza... debiendo contener cuando menos los siguientes indicadores:

I. Ingreso per cápita; II. Rezago educativo promedio en el hogar; III. Acceso a los servicios de salud; IV. Acceso a la seguridad social; V. Calidad y espacios de la vivienda; VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; VII. Acceso a la alimentación; VIII. Grado de cohesión social; IX. Acceso a la recreación; XI. Medios de Transporte Familiar;

Colima

Ley de Desarrollo Social

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

XII. Pobreza: A la carencia de lo necesario para el sustento de la vida y la satisfacción de las necesidades básicas, como una alimentación adecuada, el mantenimiento de la salud, una vivienda apropiada al tamaño de la familia, educación básica, recreación y cultura, vestido, servicios y tiempo libre, originadas por la baja capacidad de ingreso o condiciones de desigualdad, dependencia, explotación o falta de desarrollo de las capacidades o de bienestar;

Artículo 27. La política de desarrollo social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la alimentación, salud, educación, generación de empleo, ingreso o autoempleo mediante proyectos productivos, infraestructura social básica y capacitación, entre otros;

Chiapas

No cuenta con legislación en la materia.

No lo contempla

Chihuahua

Ley de Desarrollo Social y Humano

Artículo 59. El Sistema de Información deberá generar como mínimo los siguientes indicadores:

III. Los índices o mediciones siguientes:

a. De pobreza, conforme a las definiciones y metodología determinados por el Consejo Nacional de Evaluación, sin perjuicio de otras acepciones y mediciones que se consideren pertinentes para el cumplimiento del objeto del sistema;

Distrito Federal

Ley de Desarrollo Social

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

XV. Pobreza: La incapacidad de un individuo o un hogar de satisfacer de manera digna y suficiente sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, transporte, recreación, servicios y tiempo libre;

Artículo 42 C. El Consejo de Evaluación tiene las siguientes atribuciones:

II. Definir y medir bianualmente la desigualdad y la pobreza en el Distrito Federal, conforme a la metodología que el mismo defina;

Durango

Ley de Desarrollo Social

Artículo 15. La Política Estatal de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de la alimentación, salud, educación, la generación de empleo, del ingreso o el autoempleo mediante proyectos productivos, infraestructura social básica y la capacitación, entre otros;

Estado de México

Ley de Desarrollo Social del Estado México

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

XII. Pobreza: Condición social de las personas en hogares que presentan carencias en sus derechos sociales y baja capacidad de ingreso, que limitan su desarrollo y la mejoría permanente de su calidad de vida.

Guanajuato

Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los municipios

Artículo 11. Las políticas públicas deben incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de organización corresponsable, la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación;

Guerrero

Ley para el Desarrollo Social

Artículo 47. La Comisión Técnica Estatal de Medición de la Pobreza tendrá por funciones:

I. Definir la metodología de análisis y estudio de las condiciones de pobreza en la entidad, a fin de que los programas estatales cuenten con un referente objetivo acerca de la magnitud del problema;

II. Recabar la información más importante y relevante que se haya realizado y realice respecto a las condiciones en que vive la población en pobreza y pobreza extrema;

III. Analizar las causas de las condiciones de la pobreza a fin de determinar los factores que más las mantienen arraigadas en las personas, los grupos vulnerables y zonas prioritarias que las padecen;

IV. Determinar los índices de retroceso de la pobreza en los grupos y zonas que más la padecen, como consecuencia de la aplicación de las políticas públicas;

VII. Establecer un banco de información documental y electrónica para el Desarrollo Social y Superación de la Pobreza en el Estado de Guerrero, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, así como con la colaboración de los Municipios; el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología e Instituciones de Enseñanza Superior Universitaria y Tecnológica

Hidalgo

Ley de Desarrollo Social

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

XV. Pobreza: La carencia de lo necesario para el sustento de la vida por la baja capacidad de ingreso o condiciones de desigualdad, dependencia, explotación o falta de desarrollo de las capacidades o de un patrimonio;

Jalisco

Ley de Desarrollo Social

Artículo 58. El Sistema Estatal de Información para el Desarrollo Social deberá contener como mínimo lo siguiente:

III. Los índices de medición multidimensional de la pobreza tomando en cuenta por lo menos los siguientes factores:

a) Ingreso corriente per cápita; b) Rezago educativo promedio en el hogar; c) Acceso a los servicios de salud; d) Acceso a la seguridad social; e) Calidad y espacios de la vivienda; f) Acceso a los servicios básicos en la vivienda; g) Acceso a la alimentación; h) Grado de cohesión social; y i) Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

Michoacán

Ley de Desarrollo Social

Artículo 27. En consonancia con lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, los estudios, lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza, deberán ser referencia obligatoria, para la medición del desarrollo social..

Morelos

Ley de Desarrollo Social

Artículo 11. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

XI. Grupos o sectores en situación de vulnerabilidad, a los grupos de población que muestran mayor pobreza, marginación y exclusión, de acuerdo a los indicadores de desarrollo humano y social...

Nayarit

No cuenta con legislación en la materia.

No lo contempla

Nuevo León

Ley de Desarrollo Social

Artículo 32. El Gobierno Estatal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán actividades para proteger y ayudar a quienes están en situación de pobreza y vulnerabilidad para que tengan condiciones de vida dignas, promoviendo la igualdad de oportunidades para todas las personas.

Oaxaca

Ley de Desarrollo Social

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

Pobreza: Situación económica de excepción de individuos y familias cuyos ingresos económicos son insuficientes para el ejercicio de sus derechos sociales, quedando en condiciones de desigualdad, dependencia, explotación o falta de desarrollo de las capacidades o de bienestar social como producto de la imposibilidad de acceso a los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas;

Puebla

Ley de Desarrollo Social

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

VI. Grupos sociales en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión de los tres niveles de Gobierno para lograr su bienestar;

Artículo 27. Se consideran zonas de atención prioritaria, las áreas o regiones de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registre índices de pobreza multidimensional, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Querétaro

Ley de Desarrollo Social

Artículo 15. Las políticas públicas, tanto estatales como municipales, deben incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Superación de la pobreza a través de organización corresponsable, la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación;

Quintana Roo

Ley para el Desarrollo Social

Artículo 4. Para la mejor comprensión e interpretación de este ordenamiento se establecen las siguientes definiciones:

VII. Pobreza: A la carencia de lo necesario para el sustento de la vida por la baja capacidad de ingreso o condiciones de desigualdad, dependencia, explotación o falta de desarrollo de las capacidades o de bienestar, existiendo tres tipos de pobreza:

a) Pobreza Alimentaria: Se da en hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación.

b) Pobreza de Capacidades: Se da en hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación.

c) Pobreza Patrimonial: Se da en hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de vestido, calzado, vivienda y transporte público.

San Luis Potosí

Ley de Desarrollo Social para el Estado y municipios

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

XIV. Pobreza: la situación que padecen las personas, familias y comunidades que carecen de lo necesario para su sustento, por su reducida capacidad de ingreso o por la falta de desarrollo de sus capacidades;

XVI. Pobreza multidimensional: situación de las personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades, y presentan carencia en al menos unos de los siguientes seis indicadores: rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; servicios básicos en la vivienda; y acceso a la alimentación;

Sinaloa

No cuenta con legislación en la materia.

No lo contempla

Sonora

Ley de Desarrollo Social

Artículo 63. La Comisión establecerá las definiciones, los criterios y los mecanismos de medición y combate de la pobreza, la marginación y el desarrollo humano y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así como cualquier otro u otros conceptos o parámetros de conocimiento de la situación de desarrollo social en el Estado, para cuyo efecto deberán considerarse la diversidad de las características socioeconómicas y culturales de la Entidad y los lineamientos utilizados por el Gobierno Federal al menos sobre los siguientes indicadores: I. Ingreso corriente per cápita; II. Rezago educativo promedio en el hogar; III. Acceso a los servicios de salud; IV. Acceso a la seguridad social; V. Calidad y espacios de la vivienda; VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; VII. Acceso a la alimentación; VIII. Grado de cohesión social; y IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

Tabasco

Ley de Desarrollo Social

Artículo 35. La Secretaría establecerá los criterios y lineamientos para la definición, identificación y medición de la pobreza y vulnerabilidad social, los cuales serán el instrumento básico para la formulación y ejecución de los programas de desarrollo social, debiendo utilizar los fijados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la información estadística e indicadores que se generen por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Consejo Nacional de Población y de la propia Secretaría, independientemente de otros datos provenientes de Instituciones u organismos de reconocido prestigio y solvencia moral, al menos sobre los siguientes indicadores: I. Ingreso corriente per cápita; II. Rezago educativo promedio en el hogar; III. Acceso a los servicios de salud; IV. Acceso a la seguridad social; V. Calidad y espacios de la vivienda; VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

Tamaulipas

Ley de Desarrollo Social

No lo contempla

Tlaxcala

Ley de Desarrollo Social

No lo contempla

Veracruz

Ley de Desarrollo Social y Humano

Artículo 12. La Política Estatal de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

I. Combate a la pobreza a través de programas de alimentación, salud, educación, generación de empleo, del ingreso o el autoempleo mediante la capacitación y desarrollo de proyectos productivos, mejoramiento de la vivienda, entre otros;

Yucatán

No cuenta con legislación en la materia.

No lo contempla

Zacatecas

Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

XIII. Pobreza: La incapacidad de un individuo o un hogar de satisfacer de manera digna y suficiente sus necesidades Básicas.

Artículo 83. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Estatal para la definición, identificación y medición de la pobreza, son de aplicación obligatoria para las dependencias y entidades de la administración pública que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberán utilizar la información estadística e indicadores que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría, independientemente de otros datos que se estime conveniente y contendrán al menos los siguientes indicadores: I. Ingreso corriente per cápita; II. Rezago educativo promedio en el hogar; III. Acceso a los servicios de salud; IV. Acceso a la seguridad social; V. Calidad y espacios de la vivienda; VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; VII. Acceso a la alimentación, y VIII. Grado de cohesión social.

A pesar de lo anterior, los gobiernos mexicanos, sobre todo en los últimos 7 sexenios, desde López Portillo hasta Peña Nieto, han enfrentado la pobreza con programas focalizados hacia localidades y/o familias necesitadas. Poniendo especial atención en cobertura de salud y educación con programas como el Seguro Popular de Salud y el Progresa-Oportunidades-Prospera, los cuales atienden a amplios sectores de la población.

Al mes de junio del 2015, Prospera tenía una cobertura de atención de 6.1 millones de familias, que habitan en 114,854 localidades de 2,456 municipios y delegaciones políticas de las 32 entidades federativas. Este programa ha entregado buenos resultados, sin embargo, presentan algunos retos y perspectivas.

En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se hacen esfuerzos por erradicar la pobreza. En enero de 2013 se implementó la Cruzada Nacional Contra el Hambre, estrategia de inclusión y bienestar social que pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social. De inicio la CNCH estuvo focalizada a 400 municipios con pobreza extrema y carencia alimentaria, de los cuales 240 municipios eran considerados indígenas; y en marzo del 2014 se anunció la incorporación de más municipios.

Aunque a nivel mundial y nacional se implementan importantes acciones, si no reaccionamos ante el problema de la pobreza, no habrá política social ni recursos económicos suficientes para salir adelante ante un fenómeno social que sigue afectando a millones de personas en todo el mundo.

Como se puede ver, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, más allá de la ampliación de la cobertura de los pobres en los programas sociales, se viene abordando a la pobreza como un fenómeno social de enfoque multidimensional, intercultural y de garantía de los Derechos Humanos.

Sin embargo, para poder obtener mejores resultados es necesario que los gobiernos estatales y municipales, en el ámbito de sus respetivas competencias puedan aplicar políticas públicas, programas y estrategias de combate a la pobreza desde un enfoque integral que vincule la política social con la económica.

Para lograr lo anterior, es indispensable que los gobiernos cuenten ordenamientos en materia de desarrollo social actualizados y que las legislaturas locales homologuen sus leyes de desarrollo social con la federal.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y del Distrito Federal para que actualicen y homologuen sus ordenamientos en materia de Desarrollo Social, tomando como referencia la Ley General de Desarrollo Social y Los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la pobreza, conceptualizando a la pobreza bajo un enfoque integral y multidimensional con pleno respeto al ejercicio de los Derechos Humanos.

Datos

• Bustelo, Eduardo S. (2005), “¿Retornará “lo social”?”, en La pobreza en México y el Mundo, realidades y desafíos, México, Siglo XXI-Gobierno del Estado de Tamaulipas.

• Coneval (2009), Metodología de medición multidimensional de la pobreza en México, 2009.

• Coneval (2012), Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2012, Coneval, México, DF.

• Coneval (2010), La pobreza por ingresos en México, Coneval, México, D.F.

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH (2004), en Fernando Ferrer MacGregor y Miguel Carbonell (eds.) Compendio de derechos humanos, Porrúa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México.

• Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (2015), 3er Informe de Gobierno 2014-2015 (2015), Presidencia de la República, México.

• González García, Juan (2011), La pobreza en México y China, política de combate y resultados, Miguel Ángel Porrúa, México.

• Hobsbawm, Éric (1995), Historia del siglo XX, Grijalbo/Mondadori, Barcelona.

• Levy, Santiago (2009), Pobreza y Transición Democrática en México, Fondo de Cultura Económica, México.

• López Pérez, Sócrates (2012), “Políticas sociales y nueva relación Estado pueblos indígenas”, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

• PNUD (2015), Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de avances 2015, PNUD, México.

• Pogge, Thomas (2005), La pobreza en el mundo y los derechos humanos, Paidós, Barcelona.

• Polak, Paul (2011), Cómo acabar con la Pobreza. Qué es lo que funciona cuando los métodos tradicionales fracasan, España, Océano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al CNSP y al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana a apoyar al ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, para combatir el repunte de homicidios en la localidad, a cargo del diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Antonio Neblina Vega, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Exposición de Motivos

En México la seguridad pública es un deber tanto de los municipios, de los estados y sobre todo de la federación, quienes tienen la obligación de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, tal y como lo señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De tal forma, las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública como lo establece el artículo 21 de nuestra Carta Magna.

Así las cosas, apegados a la distribución de competencias que marca la ley, corresponden a la federación por conducto de las autoridades competentes proponer las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la federación, los estados y los municipios.

Lamentablemente en la ciudad de Hermosillo, no ha dado resultado esta coordinación entre los tres órdenes de gobierno, prueba de ello son los atroces homicidios que han tenido lugar en la capital sonorense en los últimos meses. Por poner un ejemplo en Enero del presente año se registraron un total de 17 homicidios, cifra más alta en los últimos 10 años, lo que representa un aumento descomunal en comparación con el mismo mes del año anterior en el cual se registraron 5 homicidios.

Aunado a lo anterior, apenas iniciando el mes de febrero siete homicidios tuvieron lugar en el poblado Miguel Alemán el cual representa el homicidio multiple más numeroso en casi 20 años.

Con el presente exhorto se pretende que la autoridad federal tenga más presencia en el municipio de Hermosillo, ya que actualmente los esfuerzos realizados por los tres niveles de gobierno no han sido suficientes, y es la población quien se ve directamente afectada.

Por lo anterior, es mi profundo interés que el gobierno federal tome cartas en el asunto, ya que legalmente los tres niveles de gobierno tienen la obligación de contribuir en cuestiones de seguridad pública en los municipios, y dada la situación actual es crucial contar con el apoyo que solicito para crear estrategias de prevención y combate a la violencia, así como con elementos de policía que los organismos de seguridad publica crean convenientes para enfrentar esta lamentable situación.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que tome las medidas necesarias para apoyar al municipio de Hermosillo, Sonora a combatir la violencia desmedida que hay en el municipio.

Segundo. Exhorto al Centro Nacional de prevención del delito y participación ciudadana para que dentro de sus atribuciones emita opiniones y recomendaciones, así como para que evalué los programas implementados por las instituciones de seguridad pública que tienen lugar en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputado Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a integrar un comité de expertos para analizar el proceso de armonización legislativa respecto a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. La promulgación de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento ha marcado un parteaguas para el trabajo respecto a la promoción y reconocimiento de los derechos de las personas tuteladas en esa norma, a través de diversos elementos: considerados como sujetos de derechos, estableciendo mecanismos de protección y defensa, además de su empoderamiento a través de esquemas de participación. Este marco jurídico está basado en el respeto y fomento a la libertad, procura los derechos básicos de acceso a salud, educación, vivienda, familia y a un ambiente sin violencia, a través de un diseño institucional que sean los garantes del ejercicio de esos derechos.

2. Dicha ley mandata a los congresos locales para expedir una ley local acorde a sus disposiciones, tal como lo establece en el artículo 7 donde se obliga a las entidades federativas garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos.

3. Con instalación del Sistema Nacional de Protección Integral el 2 de diciembre de 2015, se dio formal inicio a la etapa de instrumentación de dicha legislación; para tal efecto, se anunciaron cuatro prioridades para su trabajo, a saber:

• Elaborar el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

• La creación del sistema de identificación.

• Establecer la coordinación los sistemas estatales y municipales. En enero los gobiernos de Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Nuevo León y Jalisco han instalado sus sistemas respectivos y se requiere que los demás estados aceleren sus procesos.

• Armonización legislativa.

4. Sobre el tema de armonización, los congresos locales se dieron a la tarea de comenzar con dicho proceso a efecto de cumplir con dicho mandato; el cual no ha sido satisfactorio del todo dejando de lado temas de vital importancia para el reconocimiento y respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Al respecto, en un análisis de la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), se precisan los siguientes datos:

• Sólo la Ciudad de México enuncia lo referente a derechos sexuales y reproductivos y enumeró en una lista sobre la obligación de brindar orientación e información gratuita, prevenir embarazos, garantizar el acceso a servicios sexuales y reproductivos, diseñar estrategias de información y dar servicios gratuitos y profesionales de salud en esta materia.

• En el caso de Guanajuato, el congreso local dejó fuera de la ley el apartado sobre derechos sexuales y reproductivos.

• Michoacán omitió la obligación de implementar medidas tendientes a prevenir embarazos, aunque sí legisló sobre la impartición de conocimiento sobre reproducción humana.

• Querétaro estableció en su legislación sobre infancia, proporcionar asesoría y orientación sobre salud reproductiva, pero no así la sexual.

• El estado de Chihuahua estipuló en el artículo 23 de su ley, garantizar la vida desde la concepción, disposición que no se encuentra en la ley general.

• En las legislaciones de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit no se legisló sobre la obligación de los profesionales de servicios de salud para prevenir y eliminar la violencia obstétrica, así como eliminar la esterilización forzada.

• Otros ejemplos de omisiones y contradicciones entre la ley general y las leyes locales en la materia de resumen en el siguiente cuadro:

5. La armonización legislativa es un mecanismo necesario para que sean eficientes y efectivas las disposiciones de la ley general, si bien no se requiere que sea una copia exacta, sí hay un mínimo de elementos para que funcionen los instrumentos emanados de ella y los derechos se puedan ejercerse y, más aún, sin entrar en contradicción la ley local con dicha norma.

6. Ante las diferencias y omisiones entre las legislaturas locales y la ley general, consideramos indispensable que la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral , en uso de sus atribuciones y para cumplir con su objetivo de armonizar las legislaturas en 2016, pueda convocar a la integración de un comité de expertos en el cual participen miembros de la academia y de la sociedad civil que trabajan en los derechos de niñas, niños y adolescentes, para iniciar los trabajos de revisión sobre el proceso de armonización legislativa que se ha llevado en los estados respecto a la ley general y avanzar en tan importante tarea.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que integre un comité de expertos el cual presente un análisis del proceso de armonización legislativa respecto a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que se ha realizado por parte de los congresos locales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Procuraduría de Justicia de Nuevo León a continuar con los recursos legales a su alcance respecto a posibles errores en el procedimiento de administración de justicia que derivaron en la liberación de cuatro presuntos secuestradores y asesinos de Damián González del Río, suscrita por las diputadas Adriana Sarur Torre y Alma Lucía Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Adriana Sarur Torre y Alma Lucía Arzaluz Alonso, diputadas federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El secuestro es el delito más lacerante de la sociedad que en los últimos años ha adoptado el rostro más perverso de la criminalidad no respetando la vida, la integridad ni la tranquilidad de las personas o la legalidad sobre la cual esta soportado nuestro sistema de justicia, generando así percepciones de impunidad, injusticia y desconfianza hacia las instituciones, las corporaciones policiacas o la fuerza del Estado.

El secuestro exprés, secuestro de migrantes, secuestro de periodistas, secuestro con fines de explotación sexual, secuestro simulado o cualesquiera otra de las modalidades que adopta este delito, lo que daña de raíz el tejido social no solo por el estigma de violencia que se siembra en la sociedad sino por el fenómeno de impunidad que nos obliga como sociedad a debatir sin censura las medidas que tendremos que tomar para defendernos de un mal que amenaza la libertad, la seguridad y el libre desarrollo de las personas, baste decir que el secuestro se ha convertido en un negocio rentable pues en México el 60% de los casos no se denuncian y el otro 40% restante, aunque se denuncie no cuenta con las garantías suficientes para llegar a la fijación del castigo a los responsables.

Desafortunadamente éstas fallas del sistema se traducen en un déficit de gobernabilidad, de confianza en las policías encargadas de perseguirlo sin estar profesionalizadas para el mismo como se evidencio con el caso de la reciente liberación de 4 secuestradores y homicidas del empresario Damián González del Río, por considerar que se violaron sus derechos fundamentales del debido proceso, coalición de derechos que consternó a la sociedad neolonesa pues a su juicio se liberaran peligrosos criminales que ponen en riesgo la paz y la seguridad en ese Estado, a pesar de las justificaciones que diera el Juez Segundo Penal en Monterrey, Raymundo Martínez en su sentencia, como consecuencia se propone el presente punto de acuerdo mediante el cual se exige se revise con lupa la sentencia y actuaciones del Juez que otorgo la liberación de estos criminales,1 y se revoque el sentido apelando a la justicia para la víctima, sus feudos y la sociedad, asimismo se exhorte a las autoridades jurisdiccionales a abstenerse a liberar a criminales encontrados culpables sin causa justificada ya que se inhibe el déficit de justicia frente a los fallos judiciales que terminan por ofrecer una salida fácil a los delincuentes del sistema penitenciario.

Asimismo, recordemos que es en este contexto en el que secuestradores, homicidas buscan los huecos de la ley, “los tecnicismos” para escapar de la justicia lo que motivo que en los últimos tres sexenios se hayan implementado reformas y estrategias para formar un frente común entre los legisladores, la Segob, la Conago, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las organizaciones de la Sociedad Civil Alto al Secuestro, Causa Común, entre otras ONGS para hacer frente a este flagelo y alcanzar una mayor efectividad en la persecución del delito, la justicia, y la equidad hacia las víctimas y sus derechos. Se destacan más sanciones, mayores mecanismos de actuación y la especialización de las unidades de investigación y persecución de este delito en los Estados.

Es público que en 2012 las tasas de secuestro en nuestro país se exponenciaron un 400 por ciento y ello motivo a una generación de legisladores a proponer mayores sanciones para este delito y presentar soluciones más efectivas éste fenómeno delictivo.

En este marco, el Partido Verde promovió la Ley Anti Secuestro con sanciones ejemplares para quien privara de la vida a otro ser humano, para evitar que una mente perversa que se atreve a mutilar, abusar sexualmente e incluso asesinar quedara impune frente a una sociedad que clama justicia y exige Estado de Derecho. Se avanzó con convicción en sancionar hasta con 40 años de prisión, prácticamente prisión vitalicia para los secuestradores que violen, torturen, mutilen o asesinen a sus víctimas.

La propuesta del Partido Verde en materia de secuestro logro avances significativos, logro establecer una mayor coordinación entre autoridades, logro que el gobierno federal focalizara el combate a este delito a través de la Coordinación Nacional Anti secuestro y la creación de Fiscalías especializadas en los Estados para la persecución de este delito, del mismo modo proponer un fondo para las víctimas para la atención de este delito.

En este mismo orden de ideas una segunda generación de reformas y acuerdos de coordinación en el gobierno actual lograron abatir significativamente este delitos, cifras proporcionadas por las autoridades estatales y federales, de enero a noviembre de 2015, precisan que este delito disminuyó en un 27 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2014; lo que evidencia un avance sin embargo hay que continuar con su combate hasta alcanzar el objetivo es reducirlo a tasa cero, en esa misma dirección fortalecer los fallos judiciales que castigan con ejemplaridad a estos peligrosos delincuentes.

Resultados son alentadores sin embargo una realidad lacerante se impone ante este flagelo, los índices bajan pero la credibilidad en el sistema de administración y procuración en este delito también, se denuncia menos, se multiplican las bandas criminales y se cometen errores en los procedimientos que terminan por desplomar la armadura del Estado frente a este delito. En el caso que motiva este punto de acuerdo es por una resolución judicial que todos los esfuerzos para sancionar a 4 secuestradores y homicidas se vienen abajo en claro detrimento de la credibilidad de las instituciones y la confianza en las autoridades.

Es por esto que en el caso de la reciente liberación de 4 sujetos que fueron sentenciados por secuestro y homicidio de su víctima en Nuevo León nos obliga a exhortar a la procuraduría a defender sus procedimientos en vísperas que la sociedad se ha manifestado con preocupación y repudio por la medida jurisdiccional, para evitar que se traicione su confianza en la justicia y en la contundencia del sistema penal en su conjunto.

Estos hechos de liberar culpables claramente merece la condena de la sociedad pues el bien jurídico lesionado es la seguridad de las personas, el orden público y la paz, que exigen de autoridades, policías e impartidores de justicia una mayor responsabilidad al momento de liberar a secuestradores y homicidas que han sido señalados como culpables después de haberse aplicado los procedimientos y las leyes.

En suma el secuestro es un delito de acto impacto que rebasa a jueces, ministerios públicos, policías, e instituciones encargadas de la procuración de justicia, porque la inseguridad que estamos enfrentando compra conciencias, armas, voluntades y hasta resoluciones a favor de sus causas.

Es por esto que el Partido Verde llama a reimplantar para la protección de la vida y seguridad de las personas en la medida que el Estado extreme acciones y esfuerzos para restituir la justicia en el caso de los asesinos del Empresario mexicano.

Las y los mexicanos no merecen vivir con el temor a ser secuestrados, a ser privados de la vida o la integridad por un tecnicismo que termina por liberar a los captores y responsables de la privación de la vida de un miembro respetable de la sociedad.

Son nuestros actos como legisladores, como ciudadanos los que sabrán elegir por vencer al estado de impunidad, de malos hábitos de ministerios públicos o policías que terminan por aumentar la inseguridad.

Es por esto que es oportuno este punto de acuerdo, ya que en los últimos días que se ha sacudido al Estado de Nuevo León por una exoneración que opaca el criterio judicial y que el Partido Verde hace un llamado de vida a la Procuraduría del Estado de Nuevo León para que rectifique a través de la apelación el sentido de la resolución que estableció la libertad de los captores, y así revertir la espiral de impunidad al escudo de una garantía constitucional como el debido proceso para que no se replique este caso y en el largo plazo encuentren la vía mayores grupos de la delincuencia organizada para salir libres o se traduzca en la exoneración de las bandas criminales que imperan en el país.

Consecuentemente alzamos la voz para que la resolución definitiva de este caso sirva para desarticular las bandas criminales, para advertir que no se permitirá avasallar las leyes que sancionan el secuestro ni continuar con la impunidad que subyace de los fallos judiciales que exoneran a estos delincuentes por falta, acción y/o omisión del Estado.

Reiteramos este caso coaliciona varios derechos entre “víctimas y victimarios” a partir de la resolución del Juez Segundo Penal en Monterrey, Raymundo Martínez que debe ser revisada pues no hay razón ética en los defensores o en los jueces que alcance para liberar a los cuatro sentenciados por el plagio y la muerte del ciudadano Damián González del Río, sin explicar cómo y porque se violaron sus derechos fundamentales del debido proceso.

En los hechos para la sociedad neolonesa se evidencia:

a) Que un empresario dedicado a la construcción fue plagiado el 30 de julio del 2012 por hombres que irrumpieron en su negocio en Santa Catarina y se lo llevaron con el objetivo de pedir rescate;

b) Que pese a que su familia pagó en tres ocasiones el rescate, sus captores decidieron quitarle la vida al empresario de 31 años

c) Que el cuerpo del empresario fue hallado el 4 de agosto de 2012, con signos evidentes de violencia previa; y

d) Que el 17 de agosto de 2012 luego de las investigaciones se llevó a cabo la detención de los probables responsables:

Diego Zárate Ibarra, de 30 años, “El Negro”;

José Fidencio Armendáriz Guardiola, de 20, “El Perro” o “El Monstruo”;

José Antonio Porras Ramírez, de 43, “El Hecho Garras”, y

José Ángel Álvarez Lázaro, de 36, “El Gogy” o “El Pelón”.

e) Que los acusados del plagio y homicidio, los 4 fueron sentenciados en dos ocasiones -en el 2013 y en el 2015- y en ambos casos recibieron condenas de hasta 90 años de cárcel.

f) Que no se ha responsabilizado a los policías o a los agentes ministeriales cuyas fallas de actuación han derivado en la liberación de los sentenciados por estos delitos de secuestro, homicidio, entre otros delitos.

Este fallo evidencio la fragilidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que por una parte avanzo en profundizar derechos fundamentales de máxima importancia en tema de derechos humanos, al tiempo de dar mayores responsabilidades a quienes intervienen en la aplicación de las leyes en un proceso penal para fundar sus resoluciones, pero que deja en sospecha el actuar de las autoridades, siendo:

1) Que el Juez asumió la responsabilidad de liberar por tecnicismos a los 4 sujetos y ahora podría enfrentar responsabilidad ante la Judicatura por ese fallo;

2) Que el Ministerio Público, que integro deficientemente la Averiguación Previa dio continuidad a los errores que provenían desde la detención de los inculpados;

3) Que en México aún no cuenta con policías capacitados para aplicar criterios tan estrictos como los establecidos en el nuevo sistema penal; que cientos de criminales pudieran salir libres por errores cometidos por los policías, y como en el caso que no existen procedimientos para sancionarlos por sus errores u omisiones; evidenciando que el mando de policía requiere capacitación y certificación;

4) Que las Víctimas, sus Feudos y la sociedad en general, se encuentra indignada pues se liberan a 4 sujetos cuya culpabilidad fue demostrada no obstante su consternación por la resolución y el criterio de los jueces al liberar a 4 secuestradores y asesinos en detrimento de la paz social.

5) Que la representación del Estado ha sido insuficiente, Que se debe apelar a su intervención pues la sociedad demanda una explicación profunda de porque se están liberando estos asesinos que fueron sentenciados conforme a los procedimientos y las leyes aplicables; y cuestionar si la sentencia del Juez Segundo Penal en Monterrey, Raymundo Martínez González, fue apegada a derecho.

6) La Judicatura que debe revisar que los jueces estén capacitados y sean sujetos en su caso a procedimientos ante un grave desvío de la justicia y en su caso sancionar los errores u omisiones.

Recordemos la impunidad es uno de las más graves amenazas a nuestro sistema de justicia, ya que sólo 7 % de los delitos son denunciados, y de ese 7 % sólo el uno por ciento es castigado, ya sea por deficiencias en el respeto a los derechos fundamentales, por ciertos abusos por parte de las autoridades de investigación o instrucción y en ese sentido hemos opta por un más garantista de protección de los derechos de las víctimas y sus familiares especialmente frente al paradigma de derechos humanos.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría del Estado de Nuevo León continúe con los recursos legales a su alcance para proteger a la sociedad neolonesa de errores en el procedimiento de administración de justicia que derivaron en la liberación de 4 secuestradores y asesinos del ciudadano Damián González del Río, y hagan público el resultado de sus actuaciones.

Nota

1 Las reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 modifican el artículo 21 de nuestra Carta Magna para quedar, en su párrafo tercero, de la siguiente manera: “... La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.”

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados a los 11 días del mes de febrero del año 2016.

Diputados: Adriana Sarur Torre, Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir por la Semarnat y sus homólogas locales la NOM 156 en ciudades con más de 500 mil habitantes, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 16 de julio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-156, que establece la operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Las poblaciones con más de 500 mil habitantes deberán monitorear sistemáticamente la calidad del aire, con el propósito de que la población conozca en forma oportuna qué calidad de aire respira y pueda proteger su salud, ante los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas a la contaminación del aire.

Sólo el valle de México, Guadalajara y Monterrey monitorean de manera consistente su calidad del aire y comunican los resultados a los habitantes a través de sitios web, aunque los sistemas de información son deficientes.

Otras ciudades presentan mayores rezagos, como Puebla, el valle de Toluca y Mexicali.

En Puebla, la población no sabe qué respira, pues el sistema de monitoreo no proporciona información por ningún medio, a pesar de que el programa estatal ProAire 2012-2020 reconoce que la contaminación del aire en las áreas urbanas está relacionada con el aumento de la mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares.

La Red de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca fue evaluada por el Instituto Nacional de Ecología con “un desempeño mínimo aceptable” respecto a la confiabilidad de su información; además, cuenta sólo con 7 estaciones de monitoreo para los 22 municipios que integran la zona metropolitana. La página web oficial muestra vacíos de información, inconsistencia entre las maneras de presentar los registros (por concentraciones y por Imeca) y estancamiento de los datos por varias horas, lo cual impide una reacción rápida de la población que, según el ProAire Valle de Toluca 2012-2017, está expuesta a concentraciones crecientes de ozono y partículas menores a 10 micras (PM10).

Mexicali se encuentra entre las ciudades más contaminadas por partículas menores de 10 micras (PM10) y menores de 2.5 micras (PM2.5), según la Organización Mundial de la Salud. Pese a esto, la Red de Monitoreo Atmosférico de Mexicali comunica los registros de sólo 2 de sus 7 estaciones de monitoreo, y el sitio web de la Secretaría de Protección al Ambiente del estado no proporciona información acerca de los niveles de PM10.

La situación es aún más precaria en Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Celaya, Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Culiacán, Durango, Hermosillo, Irapuato, La Laguna (Torreón), León, Mérida, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Poza Rica, Querétaro, Reynosa-Río Bravo, Saltillo, San Luis Potosí, Tampico, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Xalapa. Estas ciudades no cuentan con suficiente equipo de monitoreo ni con respaldo técnico, presentan vacíos de información, fallas en la validación de los registros, y la comunicación a la ciudadanía es nula. Veracruz es la zona metropolitana con mayor rezago en adoptar medidas para cumplir la nueva norma oficial.

La NOM-156 plantea la importancia de contar con “información confiable y de calidad respecto a los niveles de contaminación del aire”, lo cual implica la urgente necesidad de instaurar y modernizar los sistemas de monitoreo. Contar con estos datos de cada región y sus tendencias provee de una “herramienta para desarrollar estrategias de prevención y control, planes de manejo de la calidad del aire y políticas ambientales integrales”.

Debido a que la exposición crónica a los contaminantes del aire está asociada con un incremento en afecciones cardiovasculares y respiratorias, con diversos tipos de cáncer, problemas nerviosos, problemas prenatales, muerte temprana y mortalidad infantil, contar con esta información relativa a la calidad del aire “es imperativo y fundamental para la toma de decisiones en materia de protección de la salud”.

Los datos con que cuenta la Organización Mundial de la Salud apuntan a que en México la cantidad de muertes prematuras asociadas a la contaminación del aire asciende a 14 mil 700 personas.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga públicas las razones relativas al incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-156 en algunas entidades federativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputada María Chávez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a emitir una evaluación socioeconómica a fin de que los afiliados conozcan cómo se planteó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley del ISSSTE enviada por el Ejecutivo federal, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente resolución, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que emita una evaluación socioeconómica con análisis de rentabilidad social de carácter público, para que los afiliados conozcan la forma cómo se planteó la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que envió el titular del Poder Ejecutivo de la Federación.

Exposición de Motivos

El Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, Pensionissste, fue creado por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ley del ISSSTE, publicada el 31 de marzo de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, como un órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con facultades ejecutivas para la administración de cuentas individuales de servicios públicos para la inversión de los recursos de dichas cuentas individuales. Por tanto, fue sustituido como un vehículo del ahorro para el retiro, con participación de los trabajadores y del gobierno, tal como lo cita en su propuesta de iniciativa que envió el Titular del Poder Ejecutivo de la Federación.

De esta manera la Ley del ISSSTE configuró al Pensionissste como un órgano cuya misión es de carácter social, sin fines de lucro y dada su naturaleza de órgano público con el beneficio adicional de que la utilidad que obtuviera no se destinaria al pago de dividendos, sino se canalizara para fortalecer el ahorro de los trabajadores una vez satisfechos sus costos de administración, necesidades de inversión y constitución de reservas.

Con fecha del 8 de diciembre de 2015, aprobaron, la iniciativa anteriormente expuesta, con 343 votos a favor con la bancada del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza, PES, y con 116 votos en contra de la bancada del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano.

Se dijo que Pensionissste tiene una de las menores coberturas en el mercado a julio de 2015, se tiene una estadística de 1 millón 286 mil 885 trabajadores, incluyendo trabajadores independientes, así como cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 178 mil 832 trabajadores asignados, siendo estos últimos los que no se registraron en alguna administradora de fondos para el retiro y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro les asignó una, de acuerdo con las reglas vigentes, dando un total de 1 millón 465 mil 717 cuentas administradas, estas cifras ubican a Pensionissste como la administradora de fondos para el retito que contribuye con 3 por ciento del número de cuentas del mercado.

Por otro lado la propuesta y hoy iniciativa de decreto que, argumentó, que las restricciones administrativas son las que le impedían avanzar, al Pensionissste, por su naturaleza jurídica, a que pueda utilizar los recursos en forma estratégica en actividades fundamentales, como lo son (1) contratación de las fuerzas de ventas que requiere con el fin de llegar directamente a los trabajadores y ofrecerles las mejores condiciones en el manejo de sus cuentas.

La evidencia en otras instituciones mexicanas demuestra que es posible conjugar de manera exitosa el carácter social, por lo que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que emita una Evaluación Socioeconómica con análisis de rentabilidad social de carácter público, para que los afiliados conozcan la forma cómo se planteó la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que planteo el titular del Poder Ejecutivo de la federación. Además de que en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social argumenten algunos otros beneficios e impactos que no fueron propuestos desde un inicio, e inclusive ver otras opciones y mecanismos, que ayuden, inclusive hasta lograr un fideicomiso público para la administración de los recursos con personas honorificas que verdaderamente contribuyen a mejorar el país.

No se vale equivocarse señores legisladores, con los ahorros de los trabajadores, lo que si se vale retomar nuevos caminos para un mejor crecimiento de las aportaciones del sistema de Pensionissste, donde se logre un verdadero consenso.

Sabemos que los servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado adscritos al Pensionissste forman parte de la fuerza laboral de la nueva sociedad, respetando en todo momento sus derechos laborales conforme a la Ley, pero nunca se les hizo una encuesta a los propios afiliados para ver si desde esa naturaleza veían con buenos términos, no podemos como legisladores tomar el dinero que no es nuestro señores, preguntémosle a ellos cuáles son esas necesidades y como lograremos ayudarles a abatirlas.

Ahora bien, a usted legislador le gustaría que fueran a su casa y tomaran otras personas desconocidas el dinero que no es de ellos, lo ajeno, que eso se traduce en robo y ustedes que aprobaron el hoy iniciativa de decreto, lo siguen demandando los mismos afiliados, por lo que son cómplices de un propio robo que hicieron con el propio ejecutivo de estado.

Se dijo que esta reforma “atendería cabalmente las necesidades de los trabajadores para el cuidado de su patrimonio”, no es posible que estemos trabajando de esta forma, compañeros legisladores, ya que los trabajadores que tributan al Pensionissste, son los más afectados y ellos son los que demandan abrir el caso.

Antecedentes

Tan solo en 2014, el monto acumulado como ganancia por dichas comisiones, fue de más de 27 mil millones de pesos para estas administradoras del fondo de nuestro ahorro llamadas Afore o Siefore, y lo ganaron por el manejo de los fondos de ahorro del trabajador; mientras que el fondo de ahorro ya mencionado se habían perdido 2 mil 455 millones de pesos a enero del mismo año.

Desde toda perspectiva los sistemas de Afore y Siefore están diseñados para que la administradora de los fondos para el retiro se lleve prácticamente todo el beneficio. Si consideramos que el rendimiento neto promedio sobre su saldo para el trabajador es menor a 10 por ciento de las comisiones, mientras que para la administradora su rendimiento es de 33 por ciento, Concluimos con facilidad que estamos dando nuestro dinero a una empresa mediadora, para que nos devuelva menos de una tercera parte de lo que con nuestro dinero se ahorró.

Los invito a que este punto de acuerdo alce la voz en toda su extensión para que se vuelta a analizar lo que demandan los propios afiliados a través de la publicación de una Evaluación socioeconómica de rentabilidad social que deberá emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, se analizaron varios ejemplos, siendo los siguientes:

Con relación a la jubilación, los mexicanos deben ahorrar $100 diarios para su retiro: para poderse jubilar por arriba del promedio establecido, Ahora de dónde sacan más de 3,000 de ahorro en un mes si apenas ganan con un salario mínimo esta misma cantidad.

Sin ahorro voluntario, el mismo trabajador habría acumulado en su cuenta de retiro 152 mil 358 pesos, de los cuales 83 mil 505 corresponderían a las aportaciones obligatorias y 68 mil 854 pesos a los rendimientos obtenidos.

Ahora haciendo otro ejemplo, con un ahorro adicional de 10 pesos diarios un trabajador con un ingreso de tres salarios mínimos y una densidad de cotización de 100 por ciento, es decir, haber cotizado al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ininterrumpidamente durante 18 años, tendría al final del periodo 252 mil 839 pesos;

Haciendo un nuevo ejemplo con 50 pesos por día alcanzaría 654 mil 762 pesos, y el último ejemplo con 100 pesos diarios podría conformar un fondo de retiro de un millón 157 mil 166 pesos.

La base del ahorro es mínima, para un trabajador y aunado a que no tiene ni el mínimo necesario y ni la cultura para hacerlo, considero que es apremiante que se establezcan nuevas políticas públicas para mejorar lineamientos que fortalezcan las demandas, tanto de las áreas administrativas de quienes operaran los recursos y los que forman parte del gremio de jubilación.

Considerando

Si bien las demandas son planteadas por los propios jubilados, cuando vieron una vida de trabajo y ahora solo logran jubilaciones de 3 mil pesos y que si bien es cierto, ya tienen este pago honrosamente ganado, no pueden optar por los subsidios generados por el gobierno federal, como es el 70 y más y en algunos estados desde el 65 y más.

En 2010, sólo 2 de cada 10 adultos mayores tuvieron acceso a una pensión y el 63.7 por ciento de las personas que se encuentran en el mercado laboral no están registrados en el IMSS o en el ISSSTE. Los trabajadores independientes, empleadores, y los trabajadores subordinados no remunerados están excluidos del sistema de seguridad social vinculado al trabajo.

Es obligación del estado dotar de servicios y sobre todo de un sistema de pensiones que contribuye con el salario de los propios trabajadores y que lo único que busca el trabajador es que sus ahorros sean bien administrados y no quitarles un peso a sus contribuciones, como ha pasado dentro del sistema de pensiones de afores, que los trabajadores en vez de ganar por intereses, les restan sus propias comisiones y que en estos últimos años, han tenido pérdidas en vez de ganancias.

Por lo expuesto propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que emita una Evaluación socioeconómica con análisis de rentabilidad social de carácter público, para que los afiliados conozcan la forma cómo se planteó la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y derogan disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que envió el titular del Poder Ejecutivo de la federación.

Segundo. El presente punto de acuerdo se emite, para que se exhorte a las secretarías del Poder Ejecutivo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con los criterios planteados con mecanismos de Evaluación socioeconómica de carácter público, para socializarlo a los pensionados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016

Diputada Rosalba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SRE a implantar en México y el extranjero una campaña informativa entre los connacionales sobre el proceso de credencialización electoral, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, Gonzalo Guízar Valladares, diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta punto de acuerdo con el fin de exhortar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar una campaña de difusión en todo el territorio nacional y en el extranjero que permita informar a nuestros connacionales sobre el proceso de credencialización. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Después de décadas de activismo por parte de los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, finalmente se logró concretar una vieja demanda para que este sector social cuente con las herramientas para participar en los procesos electorales de su país de origen.

Desde hace años los migrantes mexicanos han exigido la posibilidad de poder ejercer todos sus derechos como ciudadanos mexicanos.

En este sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron en diciembre de 2015 un convenio de colaboración en el que se establecen las bases para dar inicio a la credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero.

De ellos, alrededor de 18 millones son mayores de 18 años y podrán votar por presidente de la República en las elecciones generales de 2018 y, antes, en 2016, por algunas gubernaturas.

A partir del mes de febrero se ha dado inicio a un proceso que permitirá que todos los consulados de México en Estados Unidos y varias representaciones en cada continente, puedan expedir credenciales para votar.

El proceso se llevará a cabo de manera gradual incrementando mes con mes, hasta tener en agosto del presente año el servicio a disposición en las 147 oficinas consulares que tiene el Estado mexicano distribuidas en todo el mundo. Dicho procedimiento comenzará con 16 consulados en Estados Unidos, el país con mayor afluencia de migrantes (Atlanta, Austin, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Little Rock, Los Ángeles, New York, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Antonio, San Francisco, Santa Ana y San José).

Los connacionales en el exterior ya no tendrán que venir a México para obtener su credencial para votar, ya que con este proceso se garantiza el derecho de tramitarla en la representación de México en el exterior más cercana a la localidad donde reside.

Este histórico proceso es uno de los grandes logros que trajo consigo la reforma electoral de 2014, que permitirá a los migrantes y sus familias participar en los procesos electorales. Por primera vez las comunidades migrantes que radican más allá de nuestras fronteras, podrán ejercer este derecho.

De acuerdo con datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Center for American Progress, existen 33 millones de mexicanos en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente 11 millones nacieron en México y el resto en este país.

El voto migrante podría contribuir a marcar la diferencia en los procesos electorales para cualquier partido político, es importante porque contribuye a legitimar los procesos electorales, fortaleciendo el estado de derecho con legalidad y el respeto a los derechos políticos de los migrantes.

El proceso de credencialización redefinirá la relación entre nuestros migrantes y el sistema político mexicano, ya que les otorgará un poder político real, otorgándoles una nueva forma de participación ciudadana, ya que la inmensa mayoría de los mexicanos que emigran a los Estados Unidos han retenido su ciudadanía mexicana, por lo tanto, permanece el derecho y la obligación constitucional de votar en los procesos electorales.

Dicho proceso incluye a los migrantes en la actividad política del país y que permitirá accesar a una dinámica diferente del cómo hacer política en México. En este sentido, resulta indispensable reforzar las acciones de difusión implementando una campaña en todo el territorio nacional y en el extranjero que permita mantener informados a los migrantes y sus familias que residen fuera del territorio mexicano y que no cuentan con su credencial para votar con fotografía, para que acudan a los consulados a iniciar con el trámite. Construyamos un México abierto y democrático, garanticemos la participación de todos mexicanos en la vida política de nuestro país.

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar una campaña de difusión masiva en todo el territorio nacional y en el extranjero que permita informar a todos nuestros connacionales sobre el proceso de credencialización.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputado Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo al acondicionamiento de “lactarios” en los edificios de esta soberanía para promover el consumo exclusivo de leche materna, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En fecha 2 de abril de 2014, el Diario Oficial de la Federación1 publicó un decreto por el cual se reformaban diferentes cuerpos normativos, con el objetivo de impulsar y fomentar la lactancia y el acto de amamantar para las madres trabajadoras. Fue una reforma necesaria para proteger la salud y pleno desarrollo de nuestras niñas y niños mexicanos, ya que estudios científicos han demostrado que la leche materna es el único alimento que requieren los recién nacidos hasta los 6 meses de vida y posteriormente como complemento hasta los dos años y medio, por ende es un alimento sumamente importante y valioso para los mismos porque contiene todos los nutrientes y anticuerpos necesarios para que el recién nacido pueda desarrollarse plenamente.2

Un dato importante sobre la leche materna es que “contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la neumonía, que son las dos causas principales de mortalidad en la niñez en todo el mundo.”3

Por lo que es evidente la protección que proporciona a los recién nacidos, es fundamental para que estos puedan crecer sano y plenos, sin que su vida sea truncada por padecimientos que son fácilmente evitables con el simple acto de consumir leche materna durante los primeros seis meses de vida.

Ahora bien, el lactario se conceptualiza como aquella área que garantiza el derecho y el compromiso con la lactancia materna del bebé, donde se acondiciona el ambiente para que las madres puedan realizar la extracción de la leche materna o en su defecto pueda el infante ser alimentado al momento por la madre, en condiciones humanas e higiénicas.

De igual manera, esta acción acarrea múltiples beneficios para la madre lactante: refuerza su sistema disminuyendo las probabilidades de padecer anemia, cáncer, osteoporosis, diabetes, depresión post parto y fortalece el vínculo afectivo entre el recién nacido y la madre, inclusive funciona como control de natalidad con un 98 por ciento de efectividad durante los primeros 6 meses. Asimismo supone un impacto positivo para la economía familiar, al no tener que invertir en formulas lactes, implementos como los biberones e incluso en medicamentos, porque la lactancia reduce visiblemente los padecimientos de un recién nacido al dar todos los anticuerpos que este necesita durante los primeros años de vida.4

Es un acto tan importante, que la Organización Mundial de la Salud considera que “La lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños.”5

Todos estos aspectos influyen de manera directa en varios ámbitos de la vida, tanto familiar como social; se refuerza el desempeño laboral de la madre, se minimizan los casos de recién nacidos enfermos y disminuyen los permisos de maternidad por enfermedad al haber un menor número de menores enfermos.

Aunado a ello la Organización Mundial de la Salud recomienda a “la lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida. A los seis meses deben introducirse alimentos sólidos, como purés de frutas y verduras, a modo de complemento de la lactancia materna durante dos años o más.”6

Habiendo dado como preludio la importancia de la leche materna y el periodo de lactancia para los recién nacidos, la madre e inclusive la sociedad en conjunto, presento un dato preocupante por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) la cual refiere:

“Las prácticas de lactancia están muy por debajo de la recomendación de la OMS . Poco más de un tercio de los niños son puestos al seno en la primera hora de vida, y se observa un porcentaje sumamente bajo de niños de seis meses que reciben lactancia materna exclusiva...”7

Como queda demostrado, la lactancia materna debe ser promovida con mayor ímpetu al seno de la sociedad mexicana y en específico en el ámbito laboral, por lo que toca a este Órgano Legislativo predicar con el ejemplo, dando cumplimiento a las diferentes normatividades que aplican en esta materia prioritaria. Como lo señala claramente el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que a la letra dice:

“Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento , incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.”8

Aún más, el artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece en sus fracciones II y IV establece:

“Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge del Trabajador o del Pensionado o, en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:

I. ...

II. A la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, exista incapacidad física o laboral para amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento, y se entregará a la madre o, a falta de esta, a la persona encargada de alimentarlo;

III. Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia, y

IV. ...”9

De esto se desprende que el Palacio Legislativo de San Lázaro debe contar con locaciones higiénicas y adecuadas para que las madres lactantes puedan amamantar a sus hijos o, en su defecto, poder realizar la extracción de la leche materna para su futuro uso. Sin embargo,

esto no se cumple en su totalidad, ya que la única área designada dentro de la honorable Cámara de Diputados es la que se encuentra dentro del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Antonia Nava de Catalán” ubicado en el estacionamiento 2, lo cual resulta no solo impráctico sino discriminatorio para todas las madres trabajadoras que se encuentran laborando al interior de esta institución, ya que el acceso y servicios que presta, únicamente son para aquellas que se encuentran bajo el régimen de base o confianza, excluyendo a todas las trabajadoras de honorarios que se encuentran en esta situación. Esto constituye un acto contrario a la Ley y que debe ser erradicado.

“ARTÍCULO 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.”10

Ahora bien, a pesar de contar con esta locación, el traslado supone un gran impedimento para el libre ejercicio del derecho a amamantar ya que al optar por cualquiera de los dos supuestos que contempla la ley, la madre debe movilizarse con el recién nacido o los instrumentos necesarios para la extracción de la leche por toda la extensión del Palacio Legislativo, esto cual resulta no solo en un menor tiempo para amamantar dado la extensión y vías de locomoción con que cuenta la Cámara sino en retrasos para volver a las labores.

Ello representa un triple aspecto negativo, para el recién nacido, la madre y para la Cámara de Diputados como patrón. Como informa la OMS, de esta realidad.

“Muchas madres que reanudan su actividad laboral abandonan la lactancia materna parcial o totalmente porque no tienen tiempo suficiente o no disponen de instalaciones adecuadas para dar el pecho o extraerse y recoger la leche. Las madres necesitan tener en su trabajo o cerca de él un lugar seguro, limpio y privado para poder seguir amamantando a sus hijos.”11

La suscrita coincide plenamente con lo estipulado por la ENSANUT 2012 “La alimentación infantil apropiada es uno de los pilares más importantes para la promoción de la salud. Así, la lactancia materna adecuada es considerada una de las medidas más costo-efectivas para evitar enfermedad y muerte en la etapa infantil y preescolar.”12

Considero prioritario el incremento de las facilidades dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro para que las madres en periodo de lactancia puedan llevar a cabo dicho acto dentro de una locación en condiciones humanas, dignas e higiénicas, en favor de ellas y más aún en favor de los recién nacidos, a quienes se beneficia de manera importante al respetárseles este derecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a habilitar en cada uno de sus edificios “lactarios” para las madres trabajadoras en periodo de lactancia, con el fin de promover e incentivar el consumo exclusivo de leche materna durante los primeros 6 meses de vida de los recién nacidos.

Segundo. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a prestar este servicio a cualquier persona dentro del Palacio Legislativo que lo requiera.

Tercero. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a dar mayor difusión a las campañas y promover entre su personal los beneficios que proporciona la lactancia a las madres y a los recién nacidos.

Notas

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339161&fecha=02/04/2 014

2 http://www.unicef.org/peru/spanish/Triptico.pdf

3 http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/es/index1.htm l

4 http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/es/index2.htm l

5 http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/

6 http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/es/

7 http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales2Ed.pdf, página 157.

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE_12n ov15.pdf

10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_17 1215.pdf

11 http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/es/index8.htm l

12 http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales2Ed.pdf, página 161.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco, Ramón Bañales Arámbula, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Laura Valeria Guzmán Vázquez, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Francisco Javier Santillán Oceguera, María Esther de Jesús Sherman Leaño, Rafael Yerena Zambrano, Jesús Zúñiga Mendoza (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar por la SCT y Capufe medidas de prevención e instalación de centros de verificación de peso y dimensiones, así como rampas de frenado en diferentes carreteras del país, suscrita por los diputados Ximena Tamariz García y Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Ximena Tamariz García y Carlos Alberto de la Fuente Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Monterrey, gracias a su buena posición geográfica, es una de las ciudades mexicanas más concurridas por transportes de carga, por su cercanía a la frontera con Estados Unidos de América. Según cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Nuevo León, tan sólo en la carretera Saltillo-Monterrey, 50 por ciento del tráfico vehicular, es transporte de carga; carretera de desborda directamente en el centro de la ciudad de Santa Catarina, trayendo como consecuencias aparatosos accidentes donde los tráileres y camiones son los protagonistas, algunos de ellos con lamentables pérdidas de vidas humanas o patrimonio de ciudadanos que terminan como víctimas.

Tan sólo en los últimos 2 meses de 2015, en Santa Catarina, Nuevo León, que se encuentra en el distrito al que represento, se han tenido dos accidentes mortales donde se ven involucrados este tipo de transporte de carga, gracias a que la condiciones mecánicas, pesos y dimensiones de los tráileres que circulan por estas carreteras no son revisadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Nuevo León, atribución que se establece en el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. Las autoridades atribuyen los accidentes a fallas mecánicas de las unidades o al estado físico y de salud del operador.

Los percances más cercanos son los del 5 de noviembre y 11 de diciembre del presente año, donde las víctimas mortales fueron el operador del tráiler en la primera, y el operador, una mujer embarazada, un padre de familia y 12 personas lesionadas en el último accidente de este viernes 11 diciembre, éstas en la carretera Monterrey-Saltillo.

Estos tráileres venían rumbo a la zona metropolitana de Monterrey, cuando de pronto le fallaron los frenos, el primero de ellos chocando contra otro tráiler, causando la muerte de ambos y el segundo, tráiler de una pipa con una tolva de acero, al fallarle los frenos circuló 4 kilómetros en contra arrollando lo que encontraba a su paso, entre ellos bienes como autos, y negocios, terminando estrellado contra la barda de una casa.

El riesgo de otro percance mortal es inminente y ante ello esta Legislatura no puede quedarse impávida, no puede pecar de omisa.

Por ello es indispensable que el Centro SCT Nuevo León realice operativos para verificar el estado mecánico de las unidades; el cumplimiento de las medidas autorizadas de peso y dimensiones así como el estado físico y de salud de los operadores.

A fin de salvaguardar la integridad física de los automovilistas y peatones, solicito que se apruebe la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a Capufe, a que vigilen el cumplimiento de leyes, programas, normas y reglamentos, especialmente sobre la correcta aplicación de criterios de seguridad y medidas de precaución en las carreteras, conforme a la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte, con la finalidad de evitar percances automovilísticos.

Segundo. De la manera más atenta posible se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Nuevo León, a efecto de que instale un centro de verificación de peso y dimensiones en la entrada de Nuevo León en las carreteras de Saltillo-Monterrey y Monterrey-Nuevo Laredo, con la finalidad de que verifiquen que los vehículos de carga cumplan las medidas preventivas de seguridad, acatando las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008.

Tercero. Se solicita exhortar respetuosamente a las diferentes regiones de Capufe, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a instalar en las diferentes entidades federativas rampas de seguridad para vehículos sin frenos y a dar mantenimiento a las existentes, así como el incremento de ubicaciones y frecuencias de los centros de verificación de peso y dimensiones en entradas y salidas de las diferentes ciudades del país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de febrero de 2016.

Diputados: Ximena Tamariz García, Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat a implantar acciones para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando; y, en su caso, iniciar los procedimientos de sanción correspondientes, a cargo del diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Cándido Ochoa Rojas, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, la contaminación es un problema de salud pública que afecta preponderantemente a los seres humanos y a los recursos naturales que los rodea. Las causas que originan la contaminación del medio ambiente, desafortunadamente en su mayoría se deben a la intervención negativa del hombre, quien ha dañado severamente su entorno natural hasta su desaparición.

Dicha afectación, es decir, la contaminación de los recursos naturales como el aire, el agua o en general del medio ambiente, impactan negativamente contra la flora y fauna, como parte integral de un ecosistema.

La implementación de acciones para su protección debe ser una responsabilidad compartida, por un lado la sociedad que debe ser responsable con acciones sustentables desde el hogar que le permita preservar los recursos naturales que se encuentran a su alcance, y de las autoridades encargadas de garantizar la protección de lo que hoy es un derecho humano a un medio ambiente sano.

El caso que nos ocupa, es la contaminación que la empresa denominada Citrofrut, localizada en el municipio de Huehuetlán, en el estado de San Luis Potosí, quien desde enero de 2015, en el desarrollo de sus actividades, descarga aguas residuales y en ocasiones altamente contaminantes dentro del predio conocido como Dos Arbolitos, con coordenadas geográficas de GPS siguientes: Longitud (dec): -98.984722; Latitud (dec): 21.633333; con una altura aproximada de 90 noventa metros sobre el nivel del mar, y en donde habitan 7 siete personas en una vivienda ubicada en el Municipio de Tancanhuitz, SLP.

No obstante, dicho predio afectado no es el único que sufre las consecuencias de la contaminación provocada por Citrofrut, pues a un perímetro de 10 kilómetros aproximadamente, se encuentran comunidades como San José Pequetzén y La Cuesta, pertenecientes a Tancanhuitz, San Luis Potosí. El Crucero en el municipio de Aquismón, quienes demandan nuestra intervención.

La contaminación a que se hace referencia consiste en el traslado por parte de Citrofrut, de pipas de agua contaminada para ser vertidas directamente a la tierra, en presas, estanques o en cualquier sitio que se posible, afectando inicialmente la calidad del aire y provocando un peligro latente de expansión provocado por la lluvia, lo que genera escurrimientos y desborde de las presas y estanques, terminando en arroyos y propiciando la muerte masiva de peces y la alteración de la salud humana, con presencia de daños en las vías respiratorias, problemas en la piel e infecciones en los ojos, por mencionar algunas.

Esta grave situación puede detectarse a simple vista, y sirve de ejemplo las impresiones fotográficas que a continuación se adjuntan:

Por tal motivo, expongo hoy ante esta Asamblea la necesidad de hacer un exhorto a las autoridades ambientales, a efecto de que intervengan para poner un alto a los impactos ambientales provocados por la empresa Citrofrut.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que en coordinación con las autoridades e instituciones que considere pertinentes, implemente las acciones necesarias para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando, así como de ser el caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.

Dado en el Palacio de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputado Cándido Ochoa Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Chiapas a solucionar con el gobierno del estado y el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez las demandas interpuestas contra el despojo y desconocimiento de la legítima propiedad de que han sido objeto los habitantes de la colonia Sacramento de Jesús, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, en los linderos con el municipio de Chiapa de Corzo, se ubica la .actual colonia de Sacramento de Jesús, un predio rústico de 11.4 hectáreas cuya propiedad original, conocida como el Calabero, correspondiera a la señora María Antonia Coutiño Castillejos. El predio, que por años perteneció a uno de los hijos de la dueña original, el señor Jesús Castillejos Hernández, fue vendido en 2009 al señor Gustavo López Calvo. Esta transacción se convertiría en el comienzo de una sucesión de tratos y negociaciones inmersas en la más opaca ilegalidad que conducirían, entre otras cosas, al despojo y desamparo de cientos de familias chiapanecas.

Este proceso, plagado de irregularidades, comenzaría con la puesta en venta del predio por parte de su nuevo propietario, el señor Gustavo López Calvo, quien luego de fraccionarlo acordaría con más de 390 personas la compra de los lotes, con precios que oscilaban entre los quince mil y veinticinco mil pesos, dependiendo de la extensión. No se requirió mucho tiempo para que cientos de familias decidieran ocupar sus ahorros con la esperanza de ser propietarios de un terreno en donde edificar sus hogares. Sin embargo, pronto sus anhelos se enfrentarían a la complicidad y abuso de poder de las autoridades del gobierno municipal tuxtleco.

Luego de recibir el pago por la compra de los lotes, Gustavo López Calvo exigió a los cientos de compradores un nuevo pago de mil 400 pesos con el pretexto de que este desembolso serviría para concluir con el procedimiento de compraventa, de modo que pudiera entregarles las escrituras que los acreditarían como únicos y legítimos propietarios de la colonia Sacramento de Jesús. Poco después, López Calvo presentaría ante los colonos al notario público Efrén Cal y Mayor Gutiérrez, responsable de la notaría 112 de Tuxtla Gutiérrez, quien sería el encargado de recibir el pago y desahogar el trámite de tales escrituras.

Contrario a los dichos iniciales de Efrén Cal y Mayor, que prometió a los colonos un trámite rápido y expedito, el proceso para la entrega de las escrituras se iría prolongando, a base de artimañas y engaños, por cuatro años más, hasta que en 2013, luego de constantes denuncias por parte de los legítimos propietarios, se decidió convocar nuevamente a una reunión con los dueños de los terrenos. A la junta asistió también un equipo de abogados quienes les hicieron saber que, a propuesta del notario Cal y Mayor, se constituiría una asociación que se ocuparía de los trámites legales de la escrituración, asegurándoles que en sólo un par de meses se les entregarían los documentos. Restableciéndose el contacto con los afectados, Cal y Mayor les solicitó 9 mil 500 pesos por lote como condición para entregarles las escrituras a entregarse en un lapso no mayor a tres meses. Habiendo pagado 170 colonos, se solicitó a autoridades catastrales del municipio de Chiapa de Corzo acudieran al terreno para lotificarlo y dar paso a la elaboración de las escrituras. Sin embargo, antes de que esto sucediera Cal y Mayor anunció que el predio había sido comprado por el señor Ulises Uriel Llaven Gallegos quien no solo contaba con las escrituras, sino que incluso había recibido un préstamo de parte de Cal y Mayor, por más de 140 mil pesos, por supuestos servicios de asesoría legal para el caso de Sacramento de Jesús.

La sorpresa fue inmediata y absoluta. Las declaraciones de Cal y Mayor insinuaban que el esfuerzo, gasto y sacrificios que los legítimos dueños de la colonia Sacramento de Jesús habían hecho durante los últimos cinco años habían sido en vano. En cambio, un nuevo dueño se había apoderado de las escrituras del predio con tal rapidez que hacía despertar las peores sospechas. Lo peor vino después, cuando los colonos se enteraron que había sido el propio Efrén Cal y Mayor quien había extendido las escrituras del predio al nuevo dueño, a sabiendas que éste ya había sido comprado por 390 personas. Ante estos hechos, los colonos se unieron y confrontaron a Llaven Gallegos, quien les aseguró entregaría las escrituras. Sin embargo, esto no fue más que otro timo y en lugar de honrar el acuerdo Llaven Gallegos revendió el terreno, convirtiendo en nuevo propietario al señor Gerardo Zavaleta Cruz. Para colmo, el trámite legal corrió una vez más a cargo del notario Efrén Cal y Mayor, quien realizó la operación con celeridad y sin inconvenientes.

Todos estos eventos obligaron a los pobladores de la colonia Sacramento de Jesús a iniciar en 2014 una lucha por el reconocimiento de su legítima propiedad, que los condujo a interponer más de cien demandas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Sin embargo, de la dependencia judicial del gobierno de Chiapas no recibieron más que actitudes de desdén generalizado y una evidente negativa a dar seguimiento cabal al caso. Frente a estos hechos, los colonos tomaron la decisión de dar a conocer su caso ante la Procuraduría General de la República, en donde fue presentada una demanda el 13 de agosto de ese mismo año. Con motivo de estas acciones, la PGR ordenó a la PGJE a dar pronta apertura a una investigación que diera a conocer los hechos e instruyó se procediera en contra de quien o quienes resultaran responsables.

Sólo hasta 2015 daría inicio la investigación que había ordenado la PGR; sin embargo, cuando algunos de los representantes de la colonia Sacramento de Jesús se hicieron presentes en las oficinas de la PGJE para dar cuenta de los avances en el proceso, algunos responsables de la dependencia les advirtieron que de dar seguimiento a la problemática, se enfrentarían a una mafia en el poder en la cual estaban coludidos el notario Efrén Cal y Mayor, el subsecretario de Gobierno de la zona metropolitana, Serafín Culebro González, su asistente Manuel Chacón, y Fernando Cal y Mayor, primo hermano del notario y actual presidente municipal de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Previniéndoles que una vez que Fernando Cal y Mayor asumiera funciones como alcalde el fraude consistiría en el desvío de fondos municipales para la compra de esos terrenos, les advirtieron que de seguir insistiendo podrían ser objeto de fuertes represalias por parte del gobierno en turno. La advertencia cobró sentido meses después, cuando en una reunión entre los colonos, el notario Efrén Cal y Mayor y un representante legal de Gerardo Zavaleta Cruz, hicieron acto de presencia por primera vez los señores Serafín Culebro y Manuel Chacón, quienes justificaron su presencia arguyendo que fungirían como mediadores entre las partes.

Durante esa reunión, el representante legal de Zavaleta Cruz informó a los colonos que quienes habían erigido una construcción dentro del predio se les cobraría entre 10 mil y 20 mil pesos adicionales para realizar la cesión de las escrituras; sin embargo, aquellos que tuvieran sólo el lote baldío serían despojados del terreno para venderlo a alguien más. No obstante los constantes reclamos de los colonos ante la ilegalidad de tales amenazas, el resto de los participantes en la reunión mantuvieron un mutismo cómplice, haciendo saber que el aval de las escrituras convertía en único dueño del predio al señor Gerardo Zavaleta Cruz. Días más tarde, Manuel Chacón realizó un censo en toda la colonia para registrar el número de casas y lotes baldíos en el predio. Cabe destacar que, procediendo de sectores sociales de escasos recursos, muchos propietarios, presionados por las constantes exigencias de pagos para solventar un proceso de escrituración que al día de hoy no se ha concretado, no han gozado de la solvencia económica para construir sus hogares.

De acuerdo con información de los propietarios legítimos, en adición a los casi dos millones de pesos que Efrén Cal y Mayor les ha solicitado por concepto de escrituras, dinero que por cierto no ha sido objeto ningún tipo de rendición de cuentas; se planea que Gerardo Zavaleta Cruz “done” estos terrenos al municipio, recibiendo a cambio un substancioso pago por sus servicios. En seguida, el nuevo presidente municipal, Fernando Cal y Mayor, reconocería únicamente la legítima propiedad de los colonos con edificaciones al interior del predio, difundiendo la falaz imagen de único mediador en un conflicto que, irónicamente, su propia familia es responsable.

Finalmente, el 22 de enero pasado, el Subsecretario de Gobierno, Armando Cruz, junto con Manuel Chacón, citaron una vez más a los legítimos propietarios de Sacramento de Jesús, presentándose también a la reunión el apoderado del señor Gerardo Zabaleta. De acuerdo con grabaciones en manos de los propios colonos, durante esta reunión, con todo lujo de autoridad sobre ellos, humillándolos y amenazándolos, el apoderado les informó que el valor de los lotes se había incrementado a 85 mil pesos y que si realmente deseaban recibir las escrituras no tendrían más remedio que pagar la diferencia, tomando en cuenta el primer pago hecho de 15 mil pesos. Además, amenazó con que si no aceptaban estas condiciones tomarían cartas en el asunto, haciéndolos expulsar y despojándolos de sus terrenos. Asimismo, exigió a los representantes de los colonos que no difundieron información errónea que podría afectar el “buen juicio” del resto de los propietarios, haciéndoles saber que el trato para el nuevo pago se haría únicamente de cinco en cinco personas, es decir, propiciando la más absoluta opacidad.

Así es como se ha perpetrado el fraude por compraventa de la colonia Sacramento de Jesús en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Una injusticia que afecta a 390 propietarios y que demuestra lo que parece ser una estrategia sistemática de nepotismo y abuso de poder a través de la cual funcionarios estatales y municipales de Chiapas se adueñan mediante engaños y artilugios legales, con la indolencia, el aval o la complicidad del Gobierno del Estado, de terrenos cuya legítima propiedad corresponde a chiapanecas y chiapanecos que han invertido el fruto de años de trabajo y dedicación para adquirir un terreno con la esperanza de construir un patrimonio para ellos y sus familias. Corresponde a esta Cámara de Diputados asumir una postura crítica frente a estos condenables hechos y ser portavoz de las denunciadas ciudadanas contra la impunidad y tráfico de influencias que persisten en Chiapas, en estricto apego al artículo 74º, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados las siguientes:

“Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución.

”Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere al artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.”

Asimismo, esta Cámara está obligada a hacer respetar, en defensa del legítimo patrimonio de las familias que habitan la colonia de Sacramento de Jesús, lo estipulado por el Código Civil del estado de Chiapas, que en su libro cuarto, parte segunda, título segundo, capítulo I, artículo 2223, versa:

“Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho.”

Así como los artículos 2238, 2240 y 2257, ubicados en título segundo del mismo código, que establecen:

“Artículo 2238.- Si una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor, a diferentes personas se observará lo siguiente.”

“Art. 2240.- Si la cosa vendida fuera inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya registrado...”

“Artículo 2257.- El vendedor está obligado a:

i. A entregar al comprador la cosa vendida;

ii. A garantizar las calidades de la cosa;

iii. A prestar la evicción.”

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, en coadyuvancia con el gobierno del estado a través de su Dirección de Registro Público de la Propiedad y el Comercio, a cargo del Lic. Rodrigo Alejandro Cortázar Figueroa, así como con la presidencia municipal de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, encabezada por el Lic. Fernando Castellanos Cal y Mayor, a dar inmediata solución a las demandas interpuestas en contra del despojo y desconocimiento de la legítima propiedad al que han sido sujetos los habitantes de la colonia Sacramento de Jesús, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Segundo: Se instruye al desahogo con carácter de urgente del acta circunstanciada AC/PGR/CHIS/TGZ-I/110/2014, instruida por la delegación de la Procuraduría General de la República en Chiapas, a cargo del Lic. Jaime Porfirio García Belio, con objeto de dar conocer con minuciosidad los detalles acerca de los acuerdos de compraventa al que fue sujeto el predio correspondiente a la colonia Sacramento de Jesús, municipio de Tuxtla Gutiérrez, a fin de que se investiguen supuestos ilícitos cometidos en agravio de los colonos de Sacramento de Jesús y se proceda en contra de quien o quienes resultaran responsables del desconocimiento de su legítima propiedad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a ordenar el retiro de los anuncios espectaculares en su demarcación, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Moisés Guerra Mota, diputado federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro entorno, se encuentra en una constante transformación; día a día, las costas, los valles y las montañas son alterados por la mano del hombre, estos cambios quedan plasmados en la calidad del paisaje: el urbano, el rural e, indudablemente, el de origen natural.

Esta metamorfosis ha alcanzado a Bahía de Banderas en Nayarit.

Ese mágico lugar que hace algunos años se caracterizaba por su paisaje natural, hoy, está siendo conquistado por intereses de inversionistas privados, bajo el cobijo de gobernantes corruptos que les han permitido edificar en suelos ricos para la agricultura o en terrenos no aptos para la construcción, haciendo un mal uso y distribución de la tierra.

Los atropellos cometidos en contra de Bahía de Banderas, han provocado la degradación del suelo, el agua, la atmósfera y, por supuesto, el paisaje.

Pareciera que el actual ayuntamiento de Bahía de Banderas, que se ha olvidado por completo del derecho a todo ser a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna, soslayando además, su propio Reglamento de Anuncios.

Los ideales que se establecen en el Reglamento de Anuncios para el municipio de Bahía de Banderas, en particular en su artículo 17, en el que se reconoce la problemática generada por la contaminación visual a causa de los anuncios espectaculares, entendida como una complicación que afecta, además de la percepción del ambiente, a la expresión de la trayectoria histórica de la región, a su manifestación de la riqueza y diversidad cultural que la caracteriza y al sentimiento de identidad colectiva de sus ciudadanos; han sido vulnerados por su administración municipal, permitiendo la instalación de anuncios espectaculares.

Estos ilegales anuncios publicitarios producen trastornos visuales al alterar el paisaje de la ciudad y deteriorar su imagen; sobre estimulando a quien los percibe; y desconcentrando la atención de los automovilistas, favoreciendo la posibilidad de accidentes de tránsito al prestar mayor atención a su lectura que al manejo.

Un estudio realizado en 2015 por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, reveló que 44.8 por ciento de los percances vehiculares en las ciudades más importantes del país se debe al impacto que tienen los anuncios espectaculares, pues su gran tamaño y contenido suele ser una distracción para el conductor.

Lo anterior equivale a 1.2 millones de accidentes de tránsito en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.

Las afectaciones que causa de este tipo de publicidad, ha provocado que a nivel mundial se asuman acciones contra su proliferación; en países como China (sobre todo en Pekín), Estados Unidos, Venezuela, España, Suiza, Francia, Inglaterra y Costa Rica, se ha emitido normativa que busca regular estos contaminantes, también, en México, particularmente en Nayarit, el gobierno municipal de Bahía de Banderas, se ha preocupado por regular este tema.

De manera paradójica, esa misma administración municipal, se ha caracterizado por el incumplimiento de esta normativa ya que, en la práctica, sus disposiciones son transgredidas sin mayor consecuencia legal.

La degradación del entorno de Bahía de Banderas provocada por esta publicidad ilegal, ha deteriorado la calidad ambiental y, al ser ésta un parámetro fundamental de la calidad de vida, perjudica también a esta última.

Por ello, los diputados ciudadanos no descansaremos en esta lucha contra la polución visual, Nayarit merece conservar la riqueza natural que genera el placer visual y la belleza escénica de Bahía de Banderas, por lo que solicitamos a esta soberanía, apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al honorable ayuntamiento constitucional de Bahía de Banderas, del estado de Nayarit, que en cumplimiento al artículo 17 del Reglamento de Anuncios para dicho municipio, ordene el retiro de los anuncios espectaculares dentro de la demarcación municipal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las instancias e instituciones que tengan como objeto lograr la igualdad entre mujeres y hombres a sustituir sistemáticamente la palabra equidad por igualdad en sus instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, y en el ejercicio cotidiano del lenguaje, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Laura Plascencia Pacheco, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los términos igualdad y equidad han sido empleados históricamente como sinónimos, aunque son semánticamente distintos y, dado que de cada concepto se desprenden implicaciones diferenciadas, no son asimilables el uno al otro.

Igualdad fue el término inicialmente empleado en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, convirtiéndose en la perspectiva y medida prioritaria. Tiempo después y dentro de la construcción de la visión de sociedades justas, fue desplazado por el término equidad. Este último concepto en la actualidad ha provocado que diversas personas, grupos y comunidades justifiquen discriminaciones e incumplimiento de derechos.

Durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, llevada a cabo en Pekín en 1995, hubo una acalorada discusión en torno a los conceptos de igualdad y equidad. Finalmente, la posición del caucus de derechos humanos en dicha conferencia fue la que prevaleció, consiguiendo que en la mayoría de los párrafos de la Plataforma de Acción se mantuviera el término igualdad.1

Sin embargo, en América Latina se apoyó la sustitución del término igualdad por el de equidad ya que pensaron que si se hablaba de equidad en vez de igualdad quedaría claro que lo que se pretendía no era una igualdad formal y androcéntrica, sino una igualdad real ya que la experiencia les había demostrado que la igualdad garantizada en las leyes y constituciones, no había dado los frutos esperados.

No obstante, la sustitución del término igualdad por el de equidad no trajo los beneficios esperados, porque la equidad es a lo sumo una meta social de la cual los gobiernos pueden excusarse aludiendo a toda clase de justificaciones, mientras que la igualdad es un derecho humano y por lo tanto una obligación jurídica de la que no se pueden sustraer los Estados.

Así el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón menciona que:

En tanto la equidad apunta a la igualdad de oportunidades individuales para la satisfacción de un conjunto de necesidades básicas o aspiraciones definidas socialmente, la igualdad apunta a la distancia entre categorías sociales respecto del poder y la riqueza, o si se quiere del acceso de instrumentos que determinan el poder sobre lo personal y el entorno. Una sociedad puede ser a la vez equitativa y desigual.2

Y en sentido inverso, alguna medida puede ser igualitaria, pero no necesariamente equitativa. La equidad entonces significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que merece, según lo asignado socialmente. La igualdad, en cambio, implica recibir el mismo trato sin considerar las diferencias. Igualdad es tener los mismos derechos ante la ley; el derecho humano a la igualdad siempre va aparejado al derecho humano a la no discriminación, tal como se puede apreciar en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y todos los otros instrumentos legales internacionales de derechos humanos, ya que estos garantizan la igualdad y prohíben la discriminación por cualquier causa.

Con la equidad no sucede lo mismo porque la equidad no está aparejada a la no discriminación, de manera que según se entienda lo que es justo para las mujeres, así será la equidad que se les otorgue.

Ahora bien, desde la teoría de los derechos humanos la igualdad exige tratamiento no discriminatorio en todos los sentidos, es decir; exige un tratamiento que redunde en el goce pleno de los derechos humanos por ambos géneros, de todas las edades, de cualquier origen étnico, no importando nacionalidad, etc. Para poder cumplir con esto, el principio de igualdad requiere que a veces se les dé un tratamiento idéntico a mujeres y hombres, y a veces un tratamiento distinto. En virtud de que uno de los principios fundamentales del derecho constitucional y de la teoría de los derechos humanos establece que es discriminatorio tratar a diferentes como si fueran idénticos y en consecuencia, el principio de igualdad exige que el derecho y las políticas públicas no traten a mujeres y hombres como si fueran idénticos.3

De esta forma se hace evidente que la igualdad, desde el marco de los derechos humanos, no promueve la exigencia de trato idéntico, sino que exige la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres a través de las acciones de los Estados.

A esta igualdad se le ha llamado sustantiva, porque se refiere precisamente a la igualdad (de hecho, de facto) en derechos. Para Ferrajoli esta igualdad no es otra cosa que la idéntica titularidad, protección y garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los y las titulares somos entre sí diferentes.4

En síntesis, la igualdad entre mujeres y hombres puede ser definida como trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación contra las mujeres por ser mujeres, en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos humanos.5

La importancia de la garantía de igualdad, radica en que los derechos humanos serían inútiles sin ella, porque habría miles de justificantes para limitarlos en razón del sexo, la etnia, edad, habilidad, orientación sexual, etc.

En virtud de lo anterior es una obligación del Estado reconceptualizar la igualdad de conformidad con lo planteado por la CEDAW y construir una teoría jurídica y social que resulte en una igualdad real entre mujeres y hombres.

Es necesario mencionar que al mismo tiempo estaríamos dando respuesta a las observaciones que el Comité de la CEDAW le realizó a nuestro país en el sentido de emplear el término igualdad en sustitución del término equidad, porque ambos transmiten mensajes distintos y el empleo indiscriminado de ellos, sólo producen confusión conceptual, que no abona al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.6

Al respecto el Instituto Nacional de las Mujeres refiere que:

La igualdad, tal como está establecida en la CEDAW, no se propone hacer iguales a mujeres y hombres, sino garantizar la igualdad en el goce y el ejercicio de los derechos de ambos; en pocas palabras, se trata de que en nuestras sociedades haya igualdad de trato, igualdad en el acceso a las oportunidades e igualdad de resultados.7

Es necesario señalar que nuestro país ha demorado en realizar este cambio en los diversos instrumentos normativos, por ejemplo: en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 6 estados (lo que corresponde al 18.7 por ciento del total) no distinguen entre igualdad y equidad; y 22 estados (lo que corresponde al 68.7 por ciento del total) denominan aún como “Comisión de Equidad de Género” a la comisión encargada de esta temática dentro de su Congreso local. Lo que no coadyuva en el logro de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura para que se exhorte respetuosamente a la gobernadora y a los gobernadores de las entidades federativas del país, a los Congresos estatales, a todas las instancias de mujeres de las entidades federativas, a todas las instancias de mujeres de municipios de los estados, así como a todas las instancias de mujeres de la Ciudad de México, y en general a todas las instancias e instituciones que tengan como uno de sus objetivos lograr la igualdad entre hombres y mujeres, para que en todos los instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad, porque esta última garantiza elacceso hacía la igualdad sustantiva de las mujeres, misma que debe insertarse en el clima social, cultural y jurídico del país.

Notas

1 FACIO Alda, “Superando obstáculos para la transversalidad de Género en América Latina y el Caribe”. Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, AC. Disponible en http://www.cidem-ac.org/

2 GARRETÓN Manuel Antonio, La sociedad en que vivi(re)mos. Introducción sociológica al cambio de siglo, Chile, LOM Ediciones, 2a ed. 2000.

3 FACIO Alda, La igualdad substantiva un paradigma emergente en la ciencia jurídica. Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, A.C. Disponible en http://www.cidem-ac.org/

4 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y Garantías, la ley del más débil, Madrid, Trota, 1999, página 82.

5 FACIO Alda, Op. Cit.

6 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México, CEDAW/C/MEX/CO/6, 7 a 25 de agosto de 2006, párrafos 18 y 19.

7 Instituto Nacional de las Mujeres, Disponible en www.inmujeres.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco, Ramón Bañales Arámbula, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Laura Valeria Guzmán Vázquez, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Francisco Javier Santillán Oceguera, María Esther de Jesús Sherman Leaño, Rafael Yerena Zambrano, Jesús Zúñiga Mendoza (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de Pemex, la Semarnat, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y la Profepa a realizar acciones para evitar que la salud y la seguridad de la población se vean comprometidas por la emisión de contaminantes tóxicos de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor y de los ductos de la paraestatal en Salamanca, Guanajuato, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Karina Padilla Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Las reiteradas emisiones contaminantes y afectaciones a la salud de los habitantes de la zona, generados por la operación de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, ubicada en el municipio de Salamanca, han sido un tema por demás complejo y delicado en los últimos años; cabe hacer hincapié en que, de acuerdo a estadísticas, Pemex no ha rehabilitado ductos en esa región desde el año de 2005, únicamente ha realizado trabajos de mantenimiento menor, lo cual resulta sumamente riesgoso e irresponsable frente a la población.

Cabe señalar que aún cuanto las emisiones han sido evidentes en toda la región, las autoridades ambientales, han justificado su falta de acción con la excusa de que no había denuncias formales al respecto y solo se conocían comentarios o quejas a través de los medios de comunicación.

La evidente falta de voluntad e irresponsabilidad de los directivos de Pemex y autoridades de la propia refinería, han ocasionado frecuentes sucesos en perjuicio de la población; basta recordar el registrado el pasado mes de julio del 2015, cuando una falla en la subestación 41 provocó la formación de una densa nube de gas amarillo; que de acuerdo con autoridades ambientales contenían “gasóleo”, lo que provocó diversos malestares como mareos, náuseas, dolor de cabeza y oídos entre los habitantes del municipio.

Pese a que esta situación generó la activación de protocolos de protección civil, la paraestatal se limitó a minimizar el evento, manifestando que no había riesgo en la calidad del aire pues sólo se había tratado de “desfogues de agua y vapor a la atmósfera”, sin que se iniciara alguna investigación a fondo sobre este hecho.

Otro episodio de este tipo se registró el pasado 30 de noviembre, pues entre 40 y 50 alumnos de una escuela secundaria cercana a la refinería de Salamanca, resultaron afectados por una nube de gas tóxico que presuntamente provino de instalaciones de Petróleos Mexicanos.

En esta ocasión, una vez más se demostró el desinterés para informar detalladamente a la ciudadanía y autoridades municipales sobre dicho acontecimiento, así como respecto de las acciones que deberían emprender para en su caso, remediar los daños y evitar su repetición.

El pasado mes de diciembre, la presencia y concentración de olores fétidos en el ambiente, provocaron que la población sufriera malestares de salud tales como mareos, náuseas, ardor de ojos, entre otras.

Días posteriores, el descontrol de una de las plantas de procesamiento de gasolina que formó humo, sumado a caída de partículas y polvo blanco muy visible por todo el municipio, generaron que el Comité Técnico de Contingencias atmosféricas de Salamanca, declarara cinco pre contingencias ambientales en el municipio.

Tales circunstancias propiciaron que Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato, así representante de Sermarnat, Profepa, entre otras dependencias, iniciaran trabajos de atención a la problemática a través de la recopilación de información, muestras de agua, polvo y partículas en el aire, asignado al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático el estudio necesario para emitir resultados que permitan deslindar o fincar las responsabilidades correspondientes.

Es importante señalar que a la fecha del presente punto de acuerdo, no se ha informado de manera oficial a la ciudadanía de los resultados arrojados en los estudios, menos aún si han derivado en otras acciones hacia dependencia competentes , y sin embargo, la contaminación continua presente.

El más reciente hecho al respecto, es el del 7 de febrero de los corrientes, pues momentos después de haber desactivado la primera pre contingencia del año por partículas menores a 10 micras (PM 10), se decretó pre contingencia ambiental por bióxido de azufre (SO2)2.

Es importante resaltar que el Estado Mexicano está obligado a preservar y garantizar el derecho humano a la salud y también la seguridad, la integridad y la vida de sus habitantes. Este incidente reciente debe prender las alarmas para que en lo futuro se evite una tragedia mayúscula, que lamentaríamos todos.

Pemex ha sido negligente en muchos otros estados de la República Mexicana al contaminar el hábitat de las regiones o zonas donde tiene instalaciones y no ha remediado completamente el daño, ni indemnizado adecuadamente a los pobladores de esos lugares, con lo que también se vulnera o violenta el derecho humano a un medio ambiente sano.

Es indispensable que las autoridades garantes de la protección al ambiente como lo son Semarnat y Profepa, así como autoridades de protección civil, realicen una investigación seria, profunda y detallada que permita a la ASEA, instancia competente en el tema, deslindar o fincar responsabilidades y sanciones correspondientes; de igual manera resulta imperante se informe a la ciudadanía sobre lo que realmente sucedió y así mismo se coordinen para hacer una evaluación objetiva de riesgos en dicha zona.

Pemex está obligado a hacer un diagnóstico oportuno y certero de sus instalaciones en Salamanca y en todo el país, para reducir el riesgo de que ocurra una contingencia mayor. No debemos ser pasivos ante el riesgo latente de eventos de mayor magnitud, debe adoptar una cultura preventiva ante sucesos que pueden derivar en grandes tragedias, como las registradas en San Juanico o en Reynosa.

Alarmante resulta que cualquier persona que habita o transita por Salamanca, pueda percibir los malos olores del ambiente y los residuos de partículas negras en cristales y toldos de automóviles e incluso en patios de inmuebles; la imaginación no alcanza para saber lo aferradas que estarán esas partículas, como cardo, en los pulmones.

Indignación, malestar y preocupación por la comunidad salamantina, principalmente por los sectores más vulnerables como los adultos mayores, niñas y niños, es lo que me motiva a presentar el presente punto de acuerdo.

Pemex está obligado a proporcionar información válida y sustentada técnicamente sobre sus instalaciones y sus ductos, que permita a las autoridades locales y pobladores actuar con mayor certeza ante una posible emergencia derivada de sus actividades y el silencio o pasividad con que hasta ahora se ha mantenido es sumamente indignante, vergonzoso y preocupante.

Por lo expuesto anteriormente, presento esta proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones pertinentes para evitar que la salud y la seguridad de la población se vea comprometida por la emisión de contaminantes tóxicos de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor” y de los ductos de la paraestatal en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Segundo. Se exhorta a los titulares de la de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que conforme a sus atribuciones legales, investiguen, deslinden o finquen responsabilidades y apliquen sanciones correspondientes en su caso, a quien o quienes resulten responsables de la contaminación ambiental en el Municipio de Salamanca y áreas cercanas.

Tercero . Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos informe a la opinión pública, el estado y mantenimiento en las instalaciones de la Refinería de Salamanca, Guanajuato, así como de las medidas y acciones en la prevención de accidentes derivados de su operación, incluyendo los peligros que representan las instalaciones y ductos de la paraestatal en la entidad.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que conforme a lo anunciado el pasado mes de diciembre del 2015, acelere la modernización y reconfiguración de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, instalada en Salamanca, Guanajuato, a fin de reducir la contaminación que se presenta en dicho municipio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de febrero del 2016.

Diputada Karina Padilla Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la Conago a constituir en cada estado un fideicomiso para crear, operar y evaluar un programa social destinado a otorgar tarifas de transporte público preferenciales a estudiantes de educación secundaria, media superior, superior y especial, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Concepción Villa González, diputada a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o., 3o., fracción XIX, 6o., numeral 1, fracciones I, II y IV; 36, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición de puntos de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y de las garantías para su protección; y, de manera explícita establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En el ámbito de la educación, en el artículo 3o. de nuestra Constitución se contiene el derecho de “Todo individuo a recibir educación ”, y concomitantemente la obligación del Estado mexicano a proveer lo necesario para garantizar su goce, en todos los niveles escolares. Es importante precisar que, conforme al artículo 133 de la misma Constitución, y los artículos 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la educación es exigible al Estado mexicano, quien tiene la obligación de hacerlo asequible a las y los mexicanos.

Segunda. De acuerdo con las principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2014-2015 1 , en nuestro país existe una población total de 36 millones 60 mil 653 estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2014-2015, de los cuales 15 millones 480 mil 51 cursan algún grado en la educación secundaria, medio superior, superior y educación especial:

Del subtotal de estudiantes inscritos, en las cifras precisadas se encuentran las relacionadas los alumnos que abandonan sus estudios . Las autoridades conceptúan como abandono escolar como el “número de alumnos que dejan la escuela de un ciclo escolar a otro, por cada cien alumnos que se matricularon al inicio de cursos de un mismo nivel educativo”2 . De acuerdo con la fuente de datos citada, del total de alumnos inscritos en secundaria aproximadamente 10 por ciento no concluirá sus estudios, por abandono escolar o reprobación3 . A su vez, de los inscritos en el nivel medio superior casi 27 por ciento abandonará sus estudios por las mismas causas. Y, de los inscritos en el nivel superior al menos 10 por ciento abandonará sus estudios tan solo en el primer año escolar , lo que aumentará en mayor proporción en los años subsiguientes.

Como puede observarse, a medida que aumenta el grado de estudios el nivel de abandono escolar se incrementa , por lo que es necesario asumir responsabilidades para identificar y superar causas que contribuyen a ese fenómeno, como auténticos representantes de extracción popular.

Habrá que considerar que la absorción 4 en cada uno de los niveles escolares ha sido una aspiración difícil de alcanzar, pese a los esfuerzos realizados por las diversas autoridades5 , debido a la insuficiente estructura que existe en nuestro país para brindar los servicios educativos que la población demanda, entre otras razones; es decir: el conjunto de acciones desplegadas por las diversas autoridades no han sido eficaces para que los estudiantes de esos niveles educativos se inscriban al siguiente ciclo escolar, respectivamente; lo que sin duda viola el derecho a la educación tutelado en la Carta Magna; ello, sin considerar que si todos los egresados de un nivel educativo decidiera inscribirse al ciclo escolar siguiente no habría espacios suficientes para que continuaran sus estudios, respectivamente.

*Las cifras oficiales indican que en el nivel medio superior es de cien por ciento, pero existen dudas fundadas al respecto.

Si a lo anterior se agrega que al inicio de cada periodo lectivo la inmensa mayoría de los aspirantes a cursar la educación media superior o superior no encuentra un lugar de su preferencia para proseguir sus estudios, el impacto negativo en la tasa de terminación 6 escolar en cada nivel educativo y en la vida personal y comunitaria de cada estudiante debe resultar por lo menos preocupante y urgente de atender para los integrantes de esta soberanía.

Tercera. En agosto de 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hizo públicos los principales resultados de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) 2014 7 . Uno de los objetivos de la encuesta fue “identificar la relación y percepción que tienen los jóvenes con respecto a sus contextos más inmediatos”, entre ellos su familia , comunidad, escuela o trabajo . De acuerdo con los propósitos expuestos, una vez analizados los resultados obtenidos, las autoridades podrían “generar medidas y políticas para detectar, corregir y prevenir aquellos elementos y dinámicas que afectan de manera negativa el desarrollo de los jóvenes y jefes de hogar en México ”.

Es relevante mencionar que la encuesta se aplicó en 97 mil 754 viviendas situadas en 47 ciudades del país, distribuidas en las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, lo que sin duda nos muestra un retrato certero, fidedigno y actual de las y los jóvenes de nuestro país . De los hogares visitados se obtuvo que en casi 36 por ciento falta al menos una de las figuras parentales; lo que indica que en esos hogares el peso económico recae en una sola figura parental. Y es todavía más relevante citar que entre los principales motivos de conflictos entre miembros del hogar , casi 30 por ciento se relacionaron con los problemas económicos , lo que afecta de manera negativa la cohesión social buscada.

Además, los resultados de la encuesta muestran que más de 61 por ciento de los jóvenes encuestados estudian (51.3 por ciento) o estudian y trabajan (10.3 por ciento), y que casi 30 por ciento dejaron de estudiar y únicamente trabajan .

Ahora bien, no obstante que casi 56 por ciento de los jóvenes encuestados expresaron su gusto por asistir a la escuela , 41.4 por ciento de quienes abandonaron sus estudios dijeron que la causa principal fue por razones económicas .

Cuarta. Las condiciones de vida que enfrentan los adolescentes y jóvenes en nuestro país son alarmantes y están asociadas con la creciente, extendida y vergonzosa desigualdad social que como país nos caracteriza, si atendemos que casi ochenta por ciento de los mexicanos de la población económicamente activa gana menos de tres exiguos salarios mínimos (actualmente UMA, unidad de medida de actualización):

“...154. Ocho de cada diez entrevistados perciben un ingreso mensual de seis mil pesos o menos ...”.8 (énfasis y cursivas agregados)

“...nueve de cada 100 familias mexicanas tienen ingresos que permiten atender sus necesidades y ahorrar... A cada cuatro de cada 10 familias sus ingresos les son insuficientes... ocho de cada diez familias sufren grandes dificultades por la insuficiencia de sus ingresos ...”.9 (énfasis y cursivas agregados).

Ante tales cifras, la violencia generalizada que sufre nuestro país no debe extrañar a nadie, la exclusión y desigualdad corroen el tejido social resquebrajando los lazos de solidaridad que como país nos debería caracterizar; lo que aumenta preocupantemente “el ámbito de la autonomía individual a la vez que disminuye la protección que brindaban las convenciones y normas sociales”.

En suma: la desigualdad y exclusión social están reduciendo a las personas a espacios preponderantemente privados, rompiendo los principios solidarios que caracterizan a las sociedades democráticas modernas.

Quinta. Las aspiraciones de los mexicanos no han encontrado apoyos suficientes para revertir el contexto social y económico adverso que prevalece en el país.

Los mexicanos jóvenes –mayoritariamente, todavía– identifican al “desempleo, la inseguridad (pública), la corrupción y la pobreza como los principales problemas del país ”10 , al tiempo que expresan como sus mayores aspiraciones : “mejorar económicamente... la educación (entrar a estudiar o terminar los estudios) , la salud... el empleo y la vivienda”.

En el ámbito de la educación, en nuestro país existen diversos programas sociales tendientes a fortalecer la permanencia de los estudiantes en las escuelas , pero ante las cifras de abandono escolar que se han citado, es evidente que los esfuerzos no han sido suficientes ni eficaces.

Precisemos. El programa de becas del sector educativo del gobierno federal incluye becas denominadas Prospera, Acércate a la escuela, Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, Conalep, educación media superior y superior11 , y en los gobiernos de las entidades federativas y municipales se otorgan algunas similares.

De acuerdo con las cifras publicadas por el gobierno federal, del total del universo de estudiantes inscritos (36 millones 60 mil 657), 7 millones 663 mil 109 cuentan con algún apoyo o beca12 , es decir: actualmente la inmensa mayoría de los estudiantes mexicanos (casi 80 por ciento), carecen de cualquier apoyo para permanecer en los centros de educación .

Además, es pertinente precisar que las edades en que se incrementan las cifras de abandono escolar son las edades comprendidas entre los 12 a 19 años ; o sea, la deserción escolar impacta principalmente en las y los adolescentes y jóvenes de nuestro país. Por esta razón se han precisado las cifras de estudiantes inscritos en la educación secundaria, educación media superior y superior .

Se incluye las cifras relacionadas con la población que recibe educación especial por obvias razones: ante los problemas cotidianos que sufren la inmensa mayoría de familias mexicanas, quienes tienen uno o más integrantes con necesidades de educación especial , se ven doble o triplemente afligidos por los gastos de traslado de estas personas; incluso, en algunos casos los costos de transporte son considerablemente mayores .

Por lo anterior, resulta sorprendente e incomprensible que ante la precariedad en la que viven la mayoría de los jóvenes y adolescentes –y sus familias– ningún gobierno haya creado algún programa destinado a apoyar el traslado o gastos de transporte de los estudiantes desde su hogar hacia los centros donde cursan sus estudios, y viceversa ; como una manera de fortalecer la permanencia de los estudiantes en los centros educativos y reducir hasta donde sea posible el abandono escolar.

Lo anterior, no obstante que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014, se estima que la mayoría de las personas destinan hasta 51 por ciento de sus ingresos para alimentos y bebidas y casi 20 por ciento para cubrir los gastos de transporte13 ; de lo cual se sigue que con el 29 por ciento restante deben cubrir todas sus demás necesidades (salud, vivienda, cuidado y limpieza personales, combustibles, vestido y calzado, entre otras) como si eso fuera posible.

En conclusión, es urgente que como genuinos representantes de extracción popular, los integrantes de esta soberanía enviemos mensajes claros a la sociedad, donde no quede duda de que los derechos humanos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (como el derecho a la educación) son para todas las personas, para promover la igualdad social sustantiva y construir la paz social que anhelamos .

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de manera respetuosa exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a que, conforme con sus atribuciones y facultades, en consonancia sustantiva con el derecho a la educación, en cada entidad federativa se constituya un fideicomiso público para la creación, operación y evaluación de un programa social destinado a otorgar tarifas de transporte público preferenciales a los estudiantes de educación secundaria, medio superior, superior y educación especial, para disminuir el abandono escolar, denominado De la Casa a la Escuela y de Regreso.

Notas

1 Principales cifras del sistema educativo nacional 2014-2015 . Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública. México, 2015.

2 Ob. cit., pág. 6

3 Número de alumnos que no lograron adquirir los conocimientos o requisitos establecidos para aprobar un grado escolar, por cada cien matriculados al final del ciclo escolar. Ob. cit. pág. 7

4 Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada cien alumnos egresados del nivel y ciclo inmediatos anteriores. Ob. cit. pág. 6

5 Las cifras oficiales indican que en el nivel medio superior es de 100 por ciento, pero existen dudas fundadas al respecto.

6 Número de alumnos egresados de un nivel educativo, por cada cien de la población en la edad teórica de terminación del nivel. Ob. cit. pág. 8.

7 Principales Resultados de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) 2014 . Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México, 2015.

8 Julia Isabel Flores, “Sentimientos y resentimientos de la nación” en revista Nexos, noviembre, 2015. México. Página 31.

9 Luís de la Barreda Solórzano, “Los mexicanos ante/frente/contra los derechos humanos” , en revista Nexos , noviembre, 2015. México. Página 35.

Los datos citados fueron obtenidos por el doctor De la Barreda del Proyecto de Investigación Los mexicanos vistos por sí mismos , coordinado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de próxima publicación.

10 Julia Isabel Flores. ob. cit. pág. 29.

11 Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2014-2015 . Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. SEP. México, 2015. pág., 28.

12 Ob. cit., pág. 28.

13 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 . Inegi, México, 2014

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura a atender por el INBA la problemática suscitada con los trabajadores de la Comisión Nacional de Danza respecto a sus prestaciones y derechos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, que exhorta al INBA a través de la Secretaría de Cultura con fundamento en la siguiente:

Exposición de motivos

La situación de la danza profesional en la Ciudad de México de acuerdo a un artículo publicado en octubre de 1971 por Sam Askinazy, señala el pobre soporte financiero con el que contaba y la baja remuneración brindada a los bailarines,1 situación que lamentablemente permanece en el tiempo. En su artículo, Sam Askinazy atribuía la causa de ello a la poca promoción y a la falta de un público conocedor que impulsara a los grupos dancísticos, situación que nuevamente parece no ha cambiado.

A 45 años de esta crítica a la danza profesional en la Ciudad de México es triste darse cuenta que seguimos sin otorgar importancia e impulso suficiente a las personas que laboran en ella y que son verdaderos promotores de cultura y sana recreación en nuestro país.

La Compañía Nacional de Danza representa a México desde el año de 1963; ha contribuido al progreso de la cultura nacional, ha propagado y difundo la danza clásica, neoclásica y contemporánea, así como diversas artes escénicas, entre ellas la música, pintura, literatura, arquitectura, ambientación y diseño de vestuario.2

En la primera función se llamó Ballet Clásico de México; en aquella época se contaba con 20 bailarinas, 11 bailarines, 3 maestros y 1 director. En 1974 se consolidaron las bases y se conformó como compañía, cambiando el nombre por Compañía Nacional de Danza, instruido por Decreto Presidencial el día 2 de septiembre de 1977.3

En la actualidad cuenta con 68 integrantes, una comisión de 7 maestros y un presupuesto de 18 millones de pesos. Tiene un repertorio estable, conformado por “El cascanueces” y “El Lago de los cisnes”, un repertorio variable con otros dos títulos, y uno más de gala con fragmento de ballet. Tuvo una participación de 115 funciones en 2015 y su centro es el Palacio de Bellas Artes.4

Las prestaciones de los bailarines son muy parecidas a las de otras compañías como la Nacional de España y el Ballet Estable del Teatro Colón.

Los bailarines están afiliados al ISSSTE y tienen un seguro de gastos médicos mayores con especialistas para tratar lesiones. Sus sueldos van desde los 20 mil pesos mensuales para el cuerpo de baile y 27 mil pesos mensuales para los primeros bailarines.5

Considerandos

35 miembros de la Compañía Nacional de Danza han dejado de trabajar debido al aparente maltrato laboral que sufren por parte de la directora Laura Morelos, tanto personal administrativo, como docente. Muchos de ellos fueron

despedidos sin renovación de contrato, algunos renunciaron por la presión a la que fueron sometidos, otros más pusieron en riesgo su salud por órdenes que tuvieron que asumir y el ambiente que han venido experimentando resulta difícil y sin oportunidades de progresar, acusan.6

Desde marzo de 2013 a diciembre de 2014, cuando Laura Morelos asumió el cargo de directora, fueron realizadas más de 30 solicitudes por parte de los bailarines, específicamente para materiales de fisioterapia y denuncias de hostigamiento laboral por parte del jefe del personal artístico Javier Rizo. Se han generado 10 cartas de quejas, con el mismo concepto, 20 renuncias de bailarines, 7 de personal técnico administrativo, además de 6 bailarines y 2 maestros despedidos. 35 personas en total dejaron de laborar en la compañía, en un lapso de 1 año 10 meses, sin duda una cifra que arroja un foco rojo.7

Además del hostil ambiente de trabajo, los bailarines acusan que sus prestaciones han sido modificadas, ya no se les ve como trabajadores, sino como prestadores de servicio, ahora se basan en un código civil y no en la Ley Federal de Trabajo, y por último los desligan de los grupos artísticos del INBA. Todas estas faltas aunadas a otras más, acusan con los contratos más recientes que han tenido que firmar para poder seguir trabajando.8

En México la danza es una de las disciplinas más vulnerables y la CND no está exenta, por lo tanto para los críticos, la situación que se vive al interior de la Comisión Nacional de Danza es insólita debido a que no se ha podido consolidar un proyecto cultural estable.

Propuesta

Se investigue la situación laboral que se vive al interior de la Compañía Nacional de Danza y de ser necesario substituir a la Directora Laura Morelos y todo personal que resulte dañino para la construcción de un ambiente que motive el desarrollo de la cultura y la danza.

En caso afirmativo, tener firme decisión al asignar a un titular que cuente con seguro criterio artístico para poder dirigirla, el cual logre trabajar en coordinación y armonía con directivos y empleados de todo nivel.

Que se brinde a los artistas tranquilidad y armonía en su lugar de trabajo, atención digna y sin pretextos jurídicos ni presupuestales que afecten las prestaciones que venían gozando.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al INBA a través de la Secretaría de Cultura, cumpla con aplicar atención laboral al problema suscitado con los trabajadores de la Comisión Nacional de Danza, para que estos no pierdan sus prestaciones y derechos y se les otorgue un mejor ambiente de trabajo para que logren ser dignos promotores de cultura.

Notas

1 http://www.uam.mx/difusion/revista/dic02ene03/tortajada.html

2 http://www.jornada.unam.mx/2016/01/24/cultura/a03n1cul

3 http://www.companianacionaldedanza.bellasartes.gob.mx/2014-01-20-19-04- 02/historia.html

4 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/artes-escenicas/2016/01/ 26/los-tropiezos-de-la-nacional-de-danza

5 Ídem http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/artes-escenicas/2016/01/ 26/los-tropiezos-de-la-nacional-de-danza

6 http://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/2015/impreso/
denuncian-acoso-laboral-en-la-companiia-nacional-de-danza-76134.html

7 Ídemhttp://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/2015/impreso/
denuncian-acoso-laboral-en-la-companiia-nacional-de-danza-76134.html

8 http://maplemag.com/news/carta-mexico-los-bailarines-compania-nacional- danza/

Dado en el Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2016.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a implantar acciones para armonizar sus legislaciones en materia de igualdad de género, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Diputada Federal Laura Plascencia Pacheco e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A pesar de los diversos e importantes intentos de incorporar a la perspectiva de género en las legislaciones de las entidades federativas, todavía no es posible ver reflejadas dichas intenciones en la protección de los derechos de las mujeres y niñas, y por consecuencia tampoco ha sido posible lograr el deseable equilibrio entre los géneros. Así las mujeres y niñas siguen sufriendo acciones de discriminación, marginación y subordinación por el hecho de ser mujeres.

Como lo han establecido diversos estudios, las desigualdades de género son producto de un largo proceso histórico de construcción social, que no sólo produce diferencias entre las mujeres y los hombres, sino que a la vez estas diferencias implican desigualdades y jerarquías entre ambos. En virtud de ello, y como consecuencia de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, actualmente contamos con una serie de instrumentos jurídicos donde se plasma la obligatoriedad del reconocimiento de dichos derechos.

Así desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas quedó prohibida la discriminación en función del sexo, y después en la Carta de las Naciones Unidas quedó consagrado el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en junio de 1945.1

En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, se reafirma el principio de igualdad y no discriminación en función del sexo, y establece el derecho de las personas a participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos.2

Mientras que en la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres de 1954, se propone poner en práctica el principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas.3

En 1965 mediante la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, se propone una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas.4

Y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales del mismo año, los Estados partes se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos en su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dichos instrumentos, sin distinción alguna de raza, idioma, sexo, nacionalidad, religión, lengua, opinión política, entre otras.5

Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece una serie de disposiciones que los Estados deben observar a partir de las siguientes obligaciones:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.6

Asimismo en agosto de 2006 el Comité de la CEDAW recomendó a México de manera específica que ponga en marcha mecanismos de coordinación y seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectivas de los programas y políticas relativos a la igualdad de género, así como la aplicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a nivel federal, estatal y municipal.

Además México forma parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belem do Pará).7 Esta Convención plasma el derecho de las mujeres a la igualdad de protección ante la ley y a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, por lo cual el Estado mexicano se comprometió a tomar las medidas necesarias, entre ellas las de carácter legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer o la violación de sus derechos.

Durante las últimas seis décadas, la comunidad internacional ha contraído fuertes compromisos referidos a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, tanto desde una perspectiva global, como en el nivel interno de cada uno de los Estados que la componen, como se constata en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, cuando se señala como uno de estos objetivos, la igualdad entre los géneros.

En agosto del presente año, la referida ONU presentó el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”,8 que busca erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, mediante 169 metas y 17 objetivos. En dicha Agenda se señala como objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, con lo que queda constatado el interés mundial por lograr la igualdad de la mujer y el hombre.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la Constitución será Ley Suprema de la Unión, junto con las Leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y

que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, el Estado mexicano se ha dado a la tarea de incorporar los contenidos de dichos instrumentos internacionales en su legislación nacional,9 sin embargo; es de fundamental importancia y es imperativo que estos contenidos se vean reflejados a su vez en las legislaciones de cada una de las entidades federativas que conforman nuestro país, por esa razón es urgente y prioritario llevar a cabo la armonización de la legislación en materia de igualdad género.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, la armonización legislativa es el “procedimiento que tiende a unificar el marco jurídico vigente de un país, conforme al espíritu y contenido de los instrumentos internacionales de los derechos humanos”.10

A partir del inicio de la vigencia de un tratado internacional de derechos humanos, surgen para los Estados Partes diversos deberes en orden de su aplicación. Los órganos del Estado, ya sea en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial -tanto en el orden federal como de las entidades federativas-, deben abstenerse de determinadas conductas y, por el contrario, en otras ocasiones debe realizar actos positivos de protección, adecuaciones legislativas, modificación de prácticas administrativas o la tutela jurisdiccional de los derechos que el Estado se ha obligado a respetar.

El ejercicio de armonización legislativa en materia de derechos humanos no debe ser considerado como una simple actividad optativa para las autoridades federales y las entidades federativas, pues es un deber jurídico derivado de los propios tratados que han sido incorporados al orden jurídico nacional, por lo que el incumplimiento u omisión de dicha obligación, representa entonces una responsabilidad para dichas autoridades.11

La armonización legislativa es entonces un ejercicio de necesaria aplicación por el Congreso Federal y los Congresos Locales en el ámbito de sus respectivas competencias, y cuya observancia nos evitaría, entre otros efectos negativos, la contradicción normativa; la generación de lagunas legislativas; la falta de certeza en la observancia y aplicación de la norma; el debilitamiento de la fuerza y efectividad de los derechos, así como dificultades para su aplicación y exigibilidad; el fomento a la impunidad al permitir la interpretación de la norma de manera discrecional y personal y, por último, y tal vez el efecto negativo más grave de no atenderse la armonización legislativa, que es generar una responsabilidad por incumplimiento para el Estado mexicano.12

De esta forma la armonización legislativa en el derecho interno respecto de la igualdad de género, consiste en establecer las necesidades y requerimientos de las mujeres y las niñas en la sociedad, de conformidad con los compromisos adquiridos en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el gobierno de México, para integrarlos a la normatividad interna a través de la concordancia de la norma jurídica mexicana en sus tres poderes y en sus órdenes de gobierno.13

La falta de armonización legislativa que nuestro país presenta actualmente, la resumimos en el siguiente cuadro:14

En el cuadro anterior podemos observar que, aunque hemos realizado esfuerzos para armonizar la legislación en materia de igualdad de género, aún tenemos grandes pendientes que son urgentes de atender. En virtud de ello y considerando que dicha armonización nos llevará a vivir en una sociedad más igualitaria, con verdaderas oportunidades de desarrollo humano de las mujeres, libre de discriminación y de violencia, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados a implementar las acciones legislativas necesarias para armonizar su legislación en materia de igualdad de género.

Notas

1 Carta de las Naciones Unida. Disponible en
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html.

2 Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/

3 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rodríguez y Rodríguez Jesús, compilador, Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos. ONU-OEA, Tomo II, pp. 1157.

4 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Disponible en : http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Doc umentos/BDL/2001/0018

5 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Op. Cit.

6 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Disponible en: http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ambito-internacional/cedaw

7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belem do Pará). Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

8 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Organización de las Naciones Unidas. 2015, disponible en http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030-esp.pdf.

9 Especialmente a partir del reconocimiento de la obligatoriedad de los tratados internacionales, con la reforma en derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

10 INMUJERES, Glosario de Género, México, 2007, Disponible en www.inmujeres.gob.mx

11 Centro de Estudio para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, La armonización Legislativa en las entidades federativas. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/documentos/CEAMEG/1.%20La%20armonizacion.pd f

12 Ídem.

13 RANNAURO Melgarejo, Elizardo, Manual para la Armonización Legislativa con Perspectiva de Género a la Legislación Federal Mexicana, Cámara de Diputados/Make Consultors, Mexico, 2009.

14 Estadísticas tomadas del Instituto Nacional de la Mujeres. Disponible en http://www. gob.mx/inmujeres/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco, Ramón Bañales Arámbula, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Laura Valeria Guzmán Vázquez, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Francisco Javier Santillán Oceguera, María Esther de Jesús Sherman Leaño, Rafael Yerena Zambrano, Jesús Zúñiga Mendoza (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la elección extraordinaria en San Andrés Chiautla, México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las diputadas y los diputados que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

• El municipio de San Andrés Chiautla se encuentra ubicado en la parte centro oriente del Estado de México, al éste del Lago de Texcoco; corresponde a la parte central del Valle de México, y está ubicado dentro de la porción lacustre de la cuenca hidrológica de México. Para efectos administrativos y económicos se localiza en la Región 11 de Texcoco, Compuesta por siete municipios (Texcoco, Tezoyuca, Atenco, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc y Chiautla), dentro del Distrito XXIII Local.

• El municipio de San Andrés Chiautla cuenta con 73 700 habitantes. El territorio municipal se compone de catorce localidades, para efectos de su gobierno interno; ocho barrios, de los cuales cuatro conforman la cabecera municipal; cinco pueblos y una colonia de reciente creación.

• El año pasado se celebraron elecciones en todo el Estado de México para renovar alcaldes y diputados locales. En el caso del Municipio de San Andrés Chiautla el proceso electoral se impugnó debido a una serie de irregularidades que marcaron la contienda electoral, donde presumiblemente habría ganado el Candidato del PRI Ángel Melo a la alcaldía.

• El martes 22 de diciembre de 2015 en sesión pública de la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anuló el triunfo del edil del PRI en Chiautla, Estado de México, Ángel Melo, debido a que el candidato del PRI inició su campaña en un acto religiosos el 1 de mayo, contraviniendo el principio histórico de la separación de Iglesia-Estado, contemplado en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:

“El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”.

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y de agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las layes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de ce cualquier forma, los símbolos patrios.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

• El magistrado Flavio Galván expresó que la misa fue un acto público que se utilizó con fines políticos, de proselitismo y de propaganda. Reseñó que el candidato hizo una invitación impresa con el emblema de su partido en la “misa de bendición para nuestro proyecto” razón por la cual la Sala Regional de Toluca ya había anulado la elección.

• Por su parte, el magistrado Manuel González Oropeza coincidió con Galván en que esta invitación abierta al público para bendecir un proyecto político diluye separación entre Estado y la Iglesia que debe haber.

• El Congreso del Estado de México convocó a la celebración de elecciones extraordinarias en el municipio de Chiautla, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los comicios celebrados en este municipio el año pasado, de conformidad con el expediente ST-JRC-338/2015.

• Las elecciones se realizarían el próximo 13 de marzo, y corresponderá al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la organización de este proceso en que podrán participar 19 mil 155 ciudadanos que se encuentran inscritos en la lista nominal de ese municipio.

• De acuerdo con la iniciativa aprobada por el pleno de la Legislatura mexiquense, la planilla que resulte electa en estos comicios entrará en funciones el próximo uno de abril, fecha en que ya debe estar calificada la elección.

• Diferentes medios han denunciado recientemente que en dicho municipio se está llevando a cabo una elección de Estado, debido al grado de intromisión del Gobierno del Estado, a través del dispendio de programas sociales, uso de recursos y obras públicas.

• Asimismo el Diputado Local José Francisco Vázquez Rodríguez, ha sido testigo de diferentes eventos organizados por parte del Gobierno del Estado de México, invirtiendo recursos, obras y programas públicos en favor del abanderado del PRI, hecho que ha denunciado a través distintos medios de comunicación.

• El artículo 261 párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México , señala que “durante los 30 días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social”.

• En otro evento realizado el pasado 4 de Febrero el Gobierno Estatal entregó solo en este municipio 1200 tarjetas bajo el programa “Mujeres Emprendedoras.

• Por otro lado el municipio ha contado con la visita de al menos 5 Secretarios de la Entidad, situación inédita. También se han entregado tarjetas Banorte precargadas con $2,700.00 pesos sólo en ese municipio, con la promesa adicional de realizar tres depósitos más por la misma cantidad, aunque en ningún programa social se habla de este apoyo en efectivo, contraviniendo lo que establece el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales , que a la letra establece:

Artículo 449 . 1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales ;

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

Por su parte, la Ley General en Materia de Delitos Electorales señala en el capítulo II “Delitos en Materia electoral”:

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley;

II. Vote más de una vez en una misma elección;

III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto. La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales;

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a intervenir y a vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, en la contienda extraordinaria del municipio de San Andrés Chiautla, atendiendo los principios referidos a que las elecciones deben ser libres y auténticas.

Segundo. Esta representación nacional requiere al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para que se abstenga de participar en las elecciones extraordinarias de San Andrés Chiautla, municipio del estado de México, a través de programas y recursos públicos.

Tercero. Esta soberanía solicita a la Fepade que investigue los posibles delitos electorales en dicho municipio.

Cuarto. La Cámara de Diputados solicita al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de México, que garanticen un proceso electoral libre y auténtico en el municipio de San Andrés Chiautla, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero del 2016.

Diputados: Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Jesús Serrano Lora (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al secretario ejecutivo del SNSP a aplicar los criterios de selección de los municipios como beneficiarios del programa del Fortaseg y analizar nuevamente el caso Taxco de Alarcón, Guerrero, suscrita por los diputados María de la Paz Quiñones Cornejo y Salomón Majul González, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79, numeral 2, fracción III, 113, y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 20 de enero del 2016, fue publicado en el Diario oficial de la federación los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (Fortaseg) para el ejercicio fiscal 2016.

En dichos lineamientos del Fortaseg, en el anexo I, referente a la Fórmula de Elegibilidad y lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegidos para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 (Fortaseg); en el Apartado “A”, Elegibilidad Principal, Punto 1. Criterios de Elegibilidad; y en el punto 4. Procedimiento de Elegibilidad; señala: Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del Fortaseg, se seleccionan con base en los resultados obtenidos en la aplicación de la fórmula de elegibilidad a través del índice de Elegibilidad (IE), seleccionando por orden de prelación (ranking), los primeros (300) municipios y demarcaciones territoriales con mayor índice de elegibilidad.

Como resultado de la aplicación de la fórmula referida, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer la lista de los trescientos (300) municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio antes señalado, bajo la modalidad de elegibilidad principal.

El referido listado en la Entidad Federativa de Guerrero, únicamente fueron elegidos los Municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, Iguala de la Independencia, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta.

En el Apartado “B”, Elegibilidad Complementaria:

1. Procedimiento de Elegibilidad:

El procedimiento para seleccionar los beneficiarios bajo la modalidad de elegibilidad complementaria, se realizará conforme a lo siguiente:

I. Haber sido beneficiario del Subsemun de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipio y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y la fórmula utilizada para su selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero del 2015.

II. Haber acreditado el cumplimiento de las disposiciones Vigésima Quinta y Vigésima Sexta de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero del 2015, y Como resultado de la aplicación del procedimiento referido el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, da a conocer la lista de los ochenta y cuatro (84) municipios elegibles para el otorgamiento del subsidio antes señalado bajo la modalidad de elegibilidad complementaria:

En el listado por Elegibilidad Complementaria al referirse al Estado de Guerrero, únicamente lista a los Municipios de: Chilpancingo de los Bravo y Tlapa de Comonfort.

Es de llamar la atención de esta Soberanía, en el sentido de que independientemente de las características particulares de cada municipio, el Estado de Guerrero es considerado mundialmente como el Estado que ocupa el cuarto lugar en peligrosidad, en inseguridad, en violencia, en arraigo de grupos de la delincuencia organizada; el Estado de Guerrero son todos sus Municipios los que se encuentran en tal situación, carentes de una policía confiable, preparada técnicamente, equipada en sus elementos y en infraestructura, profesionalizada que dé confianza como seguridad pública.

Referente a los actuales criterios llevados a efecto para seleccionar o elegir a los Municipios para acceder al Programa Fortaseg se resaltan los siguientes:

1. El Municipio de Taxco de Alarcón, en el año fiscal anterior contaban con el apoyo presupuestario del Programa Subsemun.

2. Este Municipio de Taxco de Alarcón, es un destino turístico de clase internacional, además de formar parte del llamado Triángulo del Sol de Guerrero conformado por Acapulco de Juárez, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco de Alarcón.

3. Taxco de Alarcón por su proximidad geográfica se ha visto afectado por la incidencia delictiva existente del Puerto de Acapulco de Juárez y Chilpancingo de los Bravo.

4. El Municipio de Taxco de Alarcón en su Administración actual cuenta con los recursos de la coparticipación a que se refieren los lineamientos del Programa Fortaseg.

A pesar de las características particulares del Municipio señaladas en los cuatro puntos anteriores, es el caso, que el actual Programa del Fortaseg, no contempla como municipio elegible a Taxco de Alarcón, dado que los criterios empleados injustificadamente no le favorecieron para ser considerado como beneficiario de los subsidios que otorga a Municipios que ejerzan de manera

directa o coordinada la función de seguridad pública, con el objeto de profesionalizar, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, y de manera complementaria, para el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, en materia de derechos humanos y de igualdad de género; es de resaltar que la actual organización policial del Municipio de Taxco de Alarcón debe de seguir teniendo sustentabilidad en su ejercicio policial, de acuerdo a los logros que había alcanzado con los anteriores apoyos presupuestales del Programa Subsemun.

Por lo antes expuesto, se presenta este punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, debido a las fechas perentorias contenidas en los Lineamientos de las reglas de operación del Programa Fortaseg que a la letra dice: “Los beneficiarios deberán entregar a mas tardar el 6 de mayo del 2016, el expediente técnico de cada una de las acciones de infraestructura convenidas, de acuerdo a la guía y formato que la Dirección General de Apoyo Técnico publicará en la página de internet del secretariado Ejecutivo a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2016.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación del Gobierno Federal y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que, en coordinación con el titular de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se apliquen íntegramente los criterios de selección de los Municipios para ser elegibles como beneficiarios del Programa del Fortaseg y se reanalice el caso del Municipio de Taxco de Alarcón.

Diputados: María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Salomón Majul González (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a cumplir los compromisos presupuestarios con la Universidad Veracruzana, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Sergio René Cancino Barffuson, del Grupo Parlamentario de Morena

Sergio René Cancino Barffusón y Rocío Nahle García, integrantes de la LXIII Legislatura por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al gobierno de Veracruz a cumplir sus compromisos presupuestales con la Universidad Veracruzana y atender en lo inmediato las necesidades financieras de esa casa de estudios y cubrir los adeudos a que tiene obligación como obligado solidario, y a la Procuraduría General de la República, a que en el ámbito de su competencia, de curso a la denuncia presentada por la Universidad Veracruzana contra autoridades del gobierno de Veracruz por el incumplimiento en la entrega de recursos públicos pendientes por más de 451 millones de pesos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El jueves 4 de febrero de 2016, la Universidad Veracruzana interpuso dos denuncias contra el gobierno del Estado de Veracruz por el incumplimiento en la entrega de recursos públicos pendientes por más de 451 millones de pesos.

Una denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la otra ante la Procuraduría General de la República a la cual le fue asignado el número AP/ PGR/ XAL-IV/ 12/ 2016/ P.P.

Segunda. Ante esta situación, el gobierno de Veracruz, el viernes 5 de febrero de 2016, por conducto del secretario de Gobierno, doctor Flavio Ríos Alvarado, emitió una carta en la que señala:

La Universidad Veracruzana ha sido durante muchos años ejemplo nacional de excelencia académica y orgullo de todos los veracruzanos; por sus aulas han transitado mujeres y hombres que han dado lustre y nombre a nuestra entidad.

Desde que esta casa de estudios logró su autonomía, el gobierno de Veracruz ha dado y seguirá dando todo su respaldo y apoyo a la comunidad universitaria para que la institución continúe en la ruta de la excelencia académica que es hoy el sello que la identifica.

Entendemos su preocupación por la circunstancia financiera que enfrenta que la obliga a recurrir, como medio de presión, a canales legales para que la UV obtenga más recursos.

Usted reclama el pago de 447 millones, 813 mil 983 pesos 32 centavos, sin embargo, el subsidio adicional que el gobierno del estado ha efectuado al Instituto de Pensiones del Estado por concepto del pago de las jubilaciones a sus 2,958 trabajadores universitarios pensionados que la UV no alcanza a cubrir con sus cuotas y aportaciones, ha significado una erogación de 3 mil 481 millones 767 mil 917 de pesos 30 centavos para esta administración. Es decir, existe una diferencia a favor del gobierno de Veracruz de 3 mil 33 millones, 953 mil 933 pesos 98 centavos, frente al monto reclamado.

Adicionalmente a lo anterior, le informo que la Universidad Veracruzana no ha cumplido con su obligación fiscal del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal durante la presente administración, la cual se estima en un monto de 400.6 millones de pesos.

Es justificable que busque tener mayores estipendios en beneficio de la institución que encabeza, pero debo manifestarle que el Gobierno del Estado no está obligado en satisfacer su demanda, toda vez que los recursos destinados a la Universidad y al pago de sus responsabilidades superan el monto reclamado.

No obstante lo anterior, es importante destacar que como un reconocimiento y apoyo a la comunidad universitaria, nunca se ha ejercido acción legal alguna para resolver esta situación, por el contrario seguiremos respaldando en la medida de nuestras posibilidades financieras a nuestra máxima casa de estudios.

Un ejemplo del apoyo brindado a la institución, es la reciente intervención de las autoridades estatales que lograron evitar que estallara la huelga de los trabajadores universitarios.

El gobernador del estado es respetuoso de la autonomía universitaria, y comparte su visión, de que sean instancias legales las que diriman y en su caso, esclarezcan cualquier duda en torno a la responsabilidad de la situación financiera de la UV.

El gobierno del estado refrenda su compromiso con la Universidad Veracruzana para que continúe con su loable tarea de formar a las futuras generaciones que consoliden el Veracruz que todos anhelamos.

Atentamente

Doctor Flavino Ríos Alvarado

Secretario de Gobierno

c.c.p. Dr. Javier Duarte de Ochoa.- Gobernador Constitucional de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Para su superior conocimiento. Presente.

c.c.p. Mtro. Aurelio Nuño Mayer.- Secretario de Educación Pública. Mismo fin.

c.c.p. Mtro. Jaime Valls Esponda.- Secretario General Ejecutivo de la ANUIES. Para su conocimiento. Presente.

c.c.p. Dra. Elena Rustrián Portilla.- Presidenta en turno de la H. Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana.

Tercero. El sábado 6 de febrero de 2016, el área jurídica de la Universidad Veracruzana contestó cada punto de la carta abierta que el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, difundió un día antes, referente al reclamo que la Universidad Veracruzana por el pago de 447 millones 813 mil 983 pesos.

En estos puntos, el abogado general Alberto Islas Reyes puntualiza:

1. Que la cifra de 447 millones, 813 mil 983 pesos 32 centavos es señalada por el gobierno del estado como reclamo es incorrecta, la universidad reclama 2 mil 76 millones 828 mil 726.78 pesos.

2. Que la afirmación del funcionario de que “existe una diferencia en favor del gobierno de 3 mil 33 millones 953 mil pesos frente al monto reclamado (...) por pago de las jubilaciones a sus 2 mil 958 trabajadores pensionados que la Universidad Veracruzana no alcanza a cubrir con sus cuotas y aportaciones”, es errónea, toda vez que es “el gobierno del estado es el que de la aportación financiera estatal destinada a la Universidad Veracruzana y aprobada anualmente por el Congreso local retiene y transfiere los recursos para pagar las obligaciones de esta casa de estudios al Instituto de Pensiones del Estado” y que “la casa de estudios ha cumplido cabal y oportunamente sus obligaciones”.

3. En cuanto a la afirmación de que la Universidad Veracruzana no ha cumplido su obligación fiscal de entregar el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal durante la presente administración, que calcula en 400.6 millones de pesos, la Universidad Veracruzana le sugiere consultar el decreto 596 expedido por el Congreso local el 21 de enero de 2004, que exenta a la Universidad Veracruzana de esta responsabilidad del impuesto a la nómina, por lo que no procede la deuda del pago por 400 millones de pesos por dicho concepto.

4. Que la deuda con la UV es por 2 mil 76 millones de pesos, recursos retenidos desde el año 2013 por concepto de subsidio estatal ordinario y extraordinario, y federal extraordinario.

5. También se aclara que fue el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa quien informó que la máxima casa de estudios de Veracruz no tenía ningún adeudo por concepto de IPE, “ya que la gestión estatal como deudora solidaria, había liquidado la parte de recursos económicos que le correspondían a la casa de estudios para garantizar las pensiones de los trabajadores universitarios jubilados”.

6. “La Universidad Veracruzana rechaza cualquier intento de transferirle un déficit que no le corresponde” refiere la carta de la UV al mencionar el Artículo 98 de la Ley del IPE, donde se señala que si los recursos de la institución no alcanzan para pagar las obligaciones el gobierno estatal será responsable solidario en esta obligación.

7. Por último, la carta del abogado general refiere: “Lamentamos que las respuestas del gobierno tengan como sustento una interpretación equivocada de la ley. La universidad si tiene muy claros sus compromisos con la sociedad, está consciente de los derechos y las obligaciones, y día a día se esfuerza por cumplir con su responsabilidad”.

En otro apartado de la carta, la UV reclama: “Tampoco aceptamos que los recursos aportados por el gobierno estatal y el pago de sus responsabilidades superan el monto reclamado, no buscamos mayores estipendios en beneficio de la institución, reclamamos lo que le corresponde a la universidad, ni más ni menos”.

Finalmente, la UV reitera la exigencia del pago de 2 mil 76 millones de pesos y aclara que este reclamo no es por la preocupación financiera que se enfrenta, sino un reclamo producto de la simple suma de los adeudos del gobierno estatal.

Cuarto. Este enfrentamiento legal y epistolar entre las autoridades de la Universidad Veracruzana, encabezadas por su rectora, Sandra Ladrón de Guevara, y el gobierno de Veracruz, con Javier Duarte Ochoa a la cabeza, refleja el profundo problema por el que atraviesan las finanzas de la Universidad Veracruzana y la desatención por parte de las más altas autoridades del estado para cumplir sus obligaciones presupuestales utilizando como condicionante el pago de un impuesto, máxime cuando ese gravamen no aplica a la universidad.

El estado de incertidumbre financiera a que está sometida actualmente esa institución de educación superior, contraviene todo propósito de crecimiento y desarrollo económico para Veracruz y frena toda aspiración de desarrollo social basado en la educación y el conocimiento, lo que a su vez repercute negativamente en el quehacer nacional fomentando la deserción escolar de cuadros preparados y alienta de manera indirecta las filas del crimen organizado al no dar oportunidades de desarrollo personal ni en el presente ni a futuro.

No puede alegarse un gravamen para una casa de estudios cuando el mismo ya ha sido derogado con anterioridad por considerar que al exceptuar de este pago se buscaba equilibrar la Universidad que depende del erario público para proseguir con sus funciones conforme a la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Veracruz.

La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala en el artículo 10, penúltimo párrafo:

Artículo 10. ...

La Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior. Conforme a la ley: tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación, y nombrar a sus autoridades; realizará sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de investigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinará sus planes y programas; fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrará libremente su patrimonio, que se integrará con las aportaciones federales y estatales, la transmisión de bienes y derechos de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras los recursos generados por los servicios que preste, así como por los demás que señala su ley”.

Asimismo, en el artículo 2 de su Ley Orgánica se indica que “los fines de la Universidad Veracruzana son los de conservar, crear y transmitir la cultura, en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica”.

Por tanto, y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se proponen como de urgente u obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno de Veracruz a cumplir sus compromisos presupuestales con la Universidad Veracruzana y atender en lo inmediato las necesidades financieras de esa casa de estudios y cubrir los adeudos a que tiene obligación como obligado solidario.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia, de curso a la denuncia presentada por la Universidad Veracruzana en contra de autoridades del Gobierno del estado de Veracruz por el incumplimiento en la entrega de recursos públicos pendientes por más de 451 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputados: Sergio René Cancino Barffusón (rúbrica), Rocío Nahle García.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV y la SHCP a difundir un diagnóstico sobre la situación de la deuda de Puebla, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Rodrigo Abdala Dartigues, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Obras fastuosas en una entidad pobre

Uno de las principales preocupaciones de los ciudadanos con respecto a sus gobiernos, es lo referente a la forma en la que administran los bienes públicos, la calidad de los servicios que proporcionan, los compromisos que asumen a nombre de los ciudadanos y, sobre todo, la transparencia con la que actúan.

Esa inquietud también es parte de las preocupaciones de los legisladores de MORENA, que han puesto en el centro de su estrategia legislativa la promoción de la transparencia y la anticorrupción, propósitos que buscan terminar con la cultura de la opacidad que practican funcionarios tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales.

En este proceso, los integrantes de MORENA hemos coincidido con los esfuerzos de millones de ciudadanos que en los estados han emprendido iniciativas para hacer el seguimiento de las acciones de sus gobiernos, ayudando también a la formación de la consciencia ciudadana. En esta experiencia, en el caso particular del gobierno de Rafael Moreno Valle, de Puebla, los medios electrónicos impulsados por esos ciudadanos han sido muy puntuales cuestionando algunas de las obras emprendidas, que han alarmado a la sociedad poblana.

Han sido varias las obras que han llamado la atención de las organizaciones sociales. Por ejemplo, han denunciado la vía rápida de Cholula, trazada encima de sitios históricos; la remodelación ajena a la historia de los heroicos fuertes de Loreto y Guadalupe o la decisión de construir una rueda de la fortuna monumental. Todo ello, en una entidad en la que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014 ocupó el cuarto lugar nacional, detrás de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en porcentaje de su población en condiciones de pobreza, con un 64.5 por ciento o 3.95 millones de personas. En el caso del porcentaje de la población en condiciones de pobreza extrema ocupó el quinto lugar nacional, con 16.2 por ciento.

En ese contexto, la construcción de obras públicas sin una clara orientación a resolver los problemas sociales es motivo de cuestionamientos muy serios a la actividad gubernamental. Las organizaciones sociales demandan información acerca de las fuentes de financiamiento, el costo que tendrán esas obras, el criterio que se utilizó para concesionarlas a tal o cual constructor y, como es de suponer, quienes las administrarían y quienes serían sus beneficiarios directos.

Modificar la Ley para aumentar la discrecionalidad

El gobierno del estado ha sido muy reservado para informar todos esos aspectos de cada uno de los proyectos que impulsa. Incluso se puede decir que ha seguido una estrategia para mantener la información oculta para la sociedad utilizando dos vías:

Primero, mediante el uso de esquemas como los proyectos de prestación de servicios (PPS), que según establece el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, “no constituyen Deuda Pública, los contratos para prestación de servicios de largo plazo”. Eso evita que se registren como deuda inversiones en obras que, en la medida en que generan la obligación de destinar recursos públicos en los próximos sexenios, conceptualmente son deuda, lisa y llanamente.

Paradójicamente, se dice que no son deuda, aunque en los términos en los que se reformó el artículo 18 de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios, se desprende lo contrario. La reforma establece que el “Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas estará facultado para afectar de forma irrevocable los ingresos del estado derivados de contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos u otros conceptos como fuente de pago, garantía o ambas, de todo tipo de obligaciones que contraiga el Estado, a través de las dependencias o aquellas contraídas por entidades públicas o terceros prestadores de bienes o servicios, con motivo de Proyectos para Prestación de Servicios que contrate o celebre alguna de las dependencias o entidades públicas antes mencionadas”.

Y en segundo lugar, se oculta la información mediante el uso de un fideicomiso creado con ese propósito. Por eso, también en la reforma al mismo artículo 18 se establece que “el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas podrá constituir fideicomisos, mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la Administración Pública Paraestatal. Los ingresos derivados de contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos afectos a los fideicomisos señalados en el presente párrafo se considerarán desincorporados temporalmente del patrimonio del Estado”.

Las reformas permiten una administración opaca de los recursos

Así, aprovechando esas reformas, en 2012 se constituyó un fideicomiso y se contrató para su administración a la empresa privada Evercore-Protego, de la que es accionista Pedro Aspe, quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas y activo promotor de las reformas estructurales en el actual gobierno. Por decisión del gobierno de Rafael Moreno Valle, ese fideicomiso será la administradora de los ingresos del Impuesto sobre la Nómina del estado, que es superior a 2 mil millones de pesos anuales.

Esa administración de los recursos del fideicomiso no es gratuita. Además de que se requiere más información sobre el contrato, hace falta aclarar el porcentaje de los Impuestos Sobre Nómina que se dirigirán a su bolsa, el costo y los rendimientos que podrían ofrecer. Además, el 2 de febrero el diario Reforma publicó que Evercore cobrará 100,000 pesos por honorarios anuales más IVA y 260,000 por honorarios de administración y 20,000 pesos por cada modificación al contrato. Todo ello, más remuneración por gastos adicionales que se generen, más el pago de asesores legales, fiscales, auditores y sus viáticos.

Por eso, se dice que poner en manos de Evercore los recursos provenientes del “Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal”* (Impuesto sobre nómina o ISN) es unos de los actos de corrupción más grande de entre todos los actos corruptos en los que ha incurrido Rafael Moreno Valle.

Hay que tener claro que Evercore no es cualquier intermediario financiero, porque hace las veces de Banca de tercer nivel y de Casa de Bolsa. Eso permite le invertir en especulación financiera y en sus propios fondos de inversión en México y Estados Unidos y también, así como en inversiones directas en petróleo y energía a través y para sus propias inversiones, entre las que están las rondas de licitación derivadas de la llamada reforma energética.

Para su posicionamiento como inversionista aprovecha la red de relaciones con altos ex funcionarios salinistas y prominentes funcionarios actual administración del Gobierno de Peña Nieto, como el actual secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien a principios de siglo fue Director del área de Finanzas Públicas de Protego-Evercore.

Gracias a esas oportunidades y a la opacidad de estos contratos, se estima que los más de 2 mil millones de pesos que anualmente aportará el gobierno de Moreno Valle a Evercore-Protego, parte los podrá invertir especulativamente en su beneficio, aprovechando la información privilegiada que obtiene de Hacienda y el Banco de México. Eso explica que sólo cobre 360 mil pesos de honorarios al gobierno de Puebla por administrar el Impuesto sobre nómina.

El esquema genera una diferencia que no se sabe cómo se distribuye. En la administración regular, los gobiernos deben depositar el monto de recursos en instrumentos que les garanticen liquidez inmediata y por eso el monto de los intereses es muy bajo, no mayor al 1.5% y es lo que reporta el gobierno de Puebla, como si entre 2013 y 2015 los hubiera depositado en la banca comercial.

El hecho es que los dio en administración a Overcore-Protego, que tiene esquemas con mayores rendimientos. Parte los cobra esa empresa y la otra parte, requiere una explicación más detallada de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno de Puebla. Es probable que el gobierno de Rafael Moreno Valle esté cometiendo fraude contra las finanzas públicas del estado.

Se debe recordar que desde 2013, apenas un mes después de la constitución del Fideicomiso en el que participa Evercore, el congreso estatal aumentó del 2% al 3% el “Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal”, es decir el impuesto que se cobra a la nómina de las empresas. De esa manera aumentaron los recursos comprometidos en el esquema señalado.

Fideicomiso: opacidad y duplicidad de funciones

El gobierno del estado de Puebla explicó que el fideicomiso no corresponde a un compromiso de pago por alguna obra realizada por el mismo, sino que cumple una función netamente administrativa, pues sólo es el depositario de los recursos estatales que se destinan al pago de contratistas y proveedores.

No obstante, esa función de intermediación no se justifica, porque las oficinas gubernamentales tienen capacidad para llevar a cabo esas funciones.

La decisión de transferir recursos fiscales por medio de un intermediario a objetivos propiamente operativos, mediante un fideicomiso, con las características de opacidad con las hasta el momento funcionan estas entidades, sólo se puede considerar como una demostración de la intención del gobierno de Puebla de evitar la fiscalización social de su administración.

El objetivo y la condicionalidad del fideicomiso se vuelve más confusa cuando el ex secretario de Finanzas de esa entidad explicó que de esa manera se garantiza el pago de Proyectos de Prestación de Servicios y de Proyectos de Inversión.

No se tiene la información suficiente para evaluar la legalidad del fideicomiso creado por el gobierno poblano administrado por Evercore-Protego. Lo que sí preocupa es que ese gobierno haya optado por comprometer los recursos derivados del Impuesto Sobre Nómina, en un porcentaje que se desconoce.

Y los compromisos se disparan

Esa opacidad del gobierno de Rafael Moreno Valle ha llevado a académicos y organizaciones sociales a hacer sus propias investigaciones. Es el caso de Eudoxio Morales, que presenta el siguiente resumen y una estimación del costo que al final del plazo de ejecución tendrán los PPS que se pueden atribuir al gobierno de Rafael Moreno Valle que, se ha descubierto que se contrataron sin licitación.

No obstante, como puede ocurrir en los procesos que no son transparentes, es posible encontrar diversas estimaciones. Por ejemplo, en enero de 2014 e-consulta calculó el costo total de todas las obras necesarias en la Plataforma para Audi y encontró que la inversión total de ese proyecto suma 3 mil 925 millones de pesos. Eso genera incertidumbre y suspicacias.

Por cierto, la construcción de la plataforma Audi, que es una de las obras que podrían considerarse productivas, también implica riesgos. No se sabe en qué términos el gobierno estatal le ofreció esas facilidades y que beneficios proporcionará a las finanzas públicas. Hay que tener presente que una inversión automotriz en Nuevo León, de la coreana Kia, se complicó por no tener suficiente transparencia en las negociaciones con el gobierno.

Por otra parte, se habla de montos de inversión muy altos. Al respecto, Eudoxio Morales señala que el Museo Internacional Barroco (MIB), que apenas se inauguró, tuvo un costo sustancialmente superior al costo de museos como el Guggenheim de Bilbao, que tuvo un costo de 84 millones de euros, unos 1,600 millones de pesos. El costo del MIB sobrepasará 4.55 veces el costo del museo Guggenheim.

A su vez, el senador Manuel Bartlett estimó que el costo del segundo piso de la carretera México Puebla es de 2 mil 500 millones de pesos, pero tiene un sobrecosto de 100 por ciento.

El académico Morales compara que la deuda por PPS representa 1.16 veces el presupuesto del Gobierno del Estado destinado a desarrollo social, 1.72 veces para educación, casi 11 veces el presupuesto en vivienda y servicios y, 15.80 veces el gasto para salud en 2016. También es 14 veces el Presupuesto de Egresos del municipio de Puebla. Si este endeudamiento fuese destinado a las universidades, alcanzaría para financiar casi 12 universidades públicas con el presupuesto que recibe la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En su opinión, las obras faraónicas de infraestructura fueron realizadas no para la mejora de los niveles de vida de la población poblana, cuyas carencias son tan profundas que mantienen a Puebla entre los 5 estados con mayor pobreza oficial.

Con base en la evidencia del manejo presupuestal y de los contratos de PPS a determinados grupos empresariales, puede concluirse que la hipoteca que la Administración Moreno Valle dejará a los poblanos, ha tenido varios objetivos:

1. Negocios al amparo del poder, de grupos económicos y políticos vinculados al Gobernador de Puebla y del exgobernador del Estado de México, que como HIGA, Peninsular (Hank Rohn), OHL y Overcore-Protego operan gracias a sus relaciones con los funcionarios públicos.

2. El Gobernador usa parte de esos recursos para comprar poder político, medios de comunicación y recursos para financiamiento de su campaña a la Presidencia de la República.

3. Su estrategia busca posicionar a la llamada clase media urbana poblana y de los alrededores, con fines de generar bases de apoyo para el futuro político del Gobernador.

Deuda formal más contingente: 30 mil millones de pesos

En un momento en que el gobierno federal advierte que la situación económica obligará a hacer nuevos ajustes, llama la atención que la deuda registrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta septiembre de 2015 ya sumó 515 mil millones de pesos, cuando en 2012 fue de 434 mil millones. El problema está en que, como lo vemos en el caso de Puebla, en realidad el monto de compromisos heredados a las siguientes administraciones serán mucho más altos, debido al uso de los esquemas promovidos por la Secretaría Hacienda y Crédito Público, de Proyectos de Prestación de Servicios (PPSs) o como se hace ahora, con Asociaciones Público Privadas (APPs), en los que se comprometen recursos estatales en el largo plazo o se proporcionan servicios públicos mediante el pago de cuotas, beneficiando a quienes las pueden pagar y muchas veces adicionales a los impuestos pagados, haciendo más graves las diferencias en las condiciones de vida.

En ese sentido, la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indica que al mes de septiembre el saldo de la deuda del gobierno de Puebla es de sólo 8 mil 641 millones de pesos y que incluso es inferior a los 9 mil 318 millones de pesos a diciembre de 2011. También da a conocer que Puebla es el séptimo de los estados en los que el porcentaje de afectación de sus participaciones, por compromisos de pagos, es de las más bajas, de apenas 26%. Y, no obstante que el gobierno del estado reconoce que tiene varios proyectos de prestación de servicios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sólo tiene registrados los del alumbrado de los municipios.

Los 8 mil 641 millones de deuda que reconoce Hacienda, más los 21 mil 524 que estiman los académicos y las redes sociales de Puebla que corresponden a proyectos de prestación de servicios, eleva la deuda de la entidad a casi 30 mil 165 millones de pesos.

Sin duda, para los ciudadanos de Puebla representa una enorme carga, no necesariamente justificada por el tipo de obras.

Por cierto, queda pendiente saber si los siguientes gobiernos honrarán los acuerdos establecidos por el actual con o sin contratos y fideicomisos a largo plazo. Cabe recordar que cuando inició el gobierno de Moreno Valle, una de sus primeras acciones fue consolidar los diferentes fideicomisos creados por el gobierno anterior, para facilitar su administración.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades den a conocer un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la deuda del estado de Puebla, incluyendo los Proyectos de Prestación de Servicios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputado Rodrigo Abdala Dartigues (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Instituto Mexicano de la Radio a modificar su programación a fin de abrir transmisión y espacio de contenidos en frecuencia nacional para la periodista Carmen Aristegui, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Vidal Llerenas Morales, Diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes. Lo anterior bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. El pasado 15 de marzo, MVS Radio, decidió dar por concluida la relación laboral con la periodista Carmen Aristegui Flores y todo su equipo de colaboradores. El conflicto comenzó el 12 de marzo, día en que la empresa cesó a dos de los miembros del equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales de la periodista, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, por supuestamente haber usado el nombre de MVS sin autorización de la empresa en la presentación de la página Méxicoleaks. Cabe resaltar que Lizárraga y Huerta son precisamente quienes llevaron a cabo la investigación periodística en torno a la Casa Blanca y a distintos casos de posible conflicto de interés de funcionarios públicos federales.

Carmen Aristegui exigió al día siguiente la reinstalación de ambos periodistas, ante lo cual, MVS reaccionó publicando nuevos lineamientos para regir la relación entre la empresa y los conductores de todos los espacios informativos. En este marco, decidió que la Unidad de Investigaciones Especiales ya no sería exclusiva de la emisión a cargo de Aristegui, sino que debía prestar servicios a todas las emisiones y sería coordinada por el Director de Noticias MVS. A decir del propio ombudsman de MVS, los nuevos lineamientos modificaban de manera unilateral el contrato laboral de Aristegui.

La postura de MVS ha sido cuestionada por la opinión pública e incluso, por el propio ombudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata quien ha expresado que “Las condiciones impuestas a la periodista eran simplemente inaceptables por dignidad profesional y por cambio unilateral a su contrato”.

Segundo. Desde entonces, diversas voces autorizadas se han sumado a las críticas a estas acciones y han expresado su preocupación debido a que consideran que estos hechos vulneran la libertad de expresión por parte de la empresa; y que, incluso, representan un intento de regresión autoritaria dados los temas que los periodistas cesados dieron a conocer.

Tercero. Lo que aparentemente fue un problema entre particulares, también tiene una dimensión pública de la que, como legisladores, debemos ocuparnos. En primer lugar porque la frecuencia radiofónica es un bien público concesionado con una función social, cuyo funcionamiento no debe escapar al respecto irrestricto de los más altos estándares de protección de la libertad de expresión. Dado que estamos frente al despido de periodistas cuya trayectoria se ha caracterizado por hacer de conocimiento de la opinión pública temas controvertidos, es necesario descartar que se esté frente a una violación del primer párrafo del artículo 6º constitucional: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrative”

En segundo lugar, porque la ciudadanía tiene derecho a medios públicos con pluralidad. La reciente reforma al artículo sexto de la Constitución así lo estableció: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Cuarto. Nuestro papel como representantes de la ciudadanía es garantizar el libre acceso a la información plural y oportuna. El Instituto Mexicano de la Radio (IMER), organismo público descentralizado, es un medio público federal de comunicación radiofónica al alcance de todos.

En otros países, como Estados Unidos y, principalmente, Reino Unido, los medios públicos cumplen una importante función social, al informar bajo los más altos estándares periodísticos. Para muestra, basta conocer el trabajo de la BBC, servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido. En México, la experiencia ha demostrado que la televisión pública puede ofrecer contenidos de calidad y plurales.

Quinto. El artículo 256 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), establece, a la letra:

El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información , además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución. Son derechos de las audiencias:

I. Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación;

II. Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad;

III. Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta;

IV. Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa;

V. Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos parentales;

VI. Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamentaria;

VII. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios;

VIII. En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

IX. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, y

X. Los demás que se establezcan en ésta y otras leyes.

(Énfasis añadido)

La Junta Directiva del Imer podría abrir un espacio informativo, a cargo de los periodistas cesados, acorde con los estándares de libertad de expresión y pluralidad consagrados en la propia Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Con el fin de garantizar el total respeto y protección de los derechos consagrados en el texto constitucional y legal, requerimos a Carlos Lara Sumano, Director General del IMER y a la Junta Directiva de este órgano, a que haga lo necesario para abrir en sus frecuencias nacionales, un espacio desde el cual Carmen Aristegui y su equipo, puedan llevar a cabo su labor periodística y el público pueda acceder a ella.

Todo ello como parte de la obligación derivada del artículo 1o constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos identificados, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que abarca a todas las autoridades del Estado mexicano, incluyendo a esta legisladora, en el ámbito de su competencia, en relación con el artículo 6 constitucional.

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta, respetuosamente, a Carlos Lara Sumano, director general del IMER y a la junta directiva de este órgano desconcentrado, modificar su programación, abrir transmisión y espacio de contenidos para la periodista Carmen Aristegui en frecuencia nacional.

Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2016.

Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 12 de febrero, Día de la Instauración del Derecho a Voto de las Mujeres a escala municipal, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

En diciembre de 1946 la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de ley que instauraba el voto de las mujeres a nivel municipal, entrando en vigor el 12 de febrero de 1947. Este suceso histórico fue resultado de una larga lucha en la que participaron destacadas mujeres intelectuales, profesoras, trabajadoras y revolucionarias.

Algunas de ellas se adhirieron al Partido Liberal Mexicano, realizando una gran labor de agitación y denuncia contra el régimen de Porfirio Díaz, como la denominada organización de obreras textileras “Hijas del Anáhuac”, fundada en 1907 en Tizapán, Distrito Federal. O bien, Carmen Serdán, quien se ocupaba de las labores de propaganda y de la compra y distribución de armas y explosivos entre los seguidores de la causa revolucionaria en el estado de Puebla y que también formó parte de la Liga Femenil de Propaganda Política, constituida en 1910 por Teresa Arteaga, Ma. Luisa Urbina, Joaquina Negrete, María Aguilar y Adela Treviño. Igualmente Margarita Ortega junto a su hija Rosaura Gortari fueron militantes magonistas y combatieron en los estados norteños de Baja California y Sonora.1 En tanto, Elvia Carrillo Puerto fue una de las líderes feministas y socialistas del movimiento sufragista en México, que se convirtió en la primera mexicana diputada electa al congreso local por el V distrito en Yucatán, en 1923.

Herederas de estos principios, las diputadas de MORENA recordamos los aportes fundamentales de la mujer en la vida nacional y para el desarrollo social, político y cultural de México. Desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta Rosario Castellanos; las pintoras María Izquierdo y Frida Kahlo; hasta destacadas periodistas y luchadoras sociales como Anabel Hernández, Rosario Ibarra de Piedra, Carmen Aristegui, Néstora Salgado, Trinidad Ramírez, entre otras

Sin embargo, las mujeres continuamos viviendo en contextos de violencia y desigualdad. De acuerdo al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género del Congreso, casi 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más, reportan haber sufrido violencia en cualquiera de los siguientes contextos: comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja.2

Por ello, es de suma importancia la conmemoración del establecimiento del voto a nivel municipal de la mujer, como un antecedente imprescindible de su instauración a nivel nacional en 1953, pues significa reivindicar la vida y lucha de las mujeres mexicanas en su conjunto, no sólo como parte del pasado sino fundamentalmente como una perspectiva para un futuro donde prevalezca la igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

Notas

1 Martha Eva Rocha Islas. “Presencia de las Mujeres en la Revolución Mexicana: Soldaderas y Revolucionarias”, en Memoria del Congreso Internacional sobre la Revolución Mexicana. Gobierno del Estado de San Luis Potosí / Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de Gobernación. Del 1o. al 5 de octubre de 1991, en el Teatro de la Paz, de la ciudad de San Luis Potosí, SLP, México, 1991, Tomo I – Páginas 182-197.

2 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género H. Congreso de la Unión. Violencia de género en México. Estadísticas, marco jurídico, presupuesto y políticas públicas. México, 2012. Pág. 23

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de febrero de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La ciencia y la tecnología se han convertido, en muchos sentidos, en el paradigma del proceso civilizatorio de occidente; las generaciones de hoy muy difícilmente pueden imaginar un mundo sin internet, sin dispositivos móviles, sin las redes sociales.

En este constante devenir de información, de productos y de servicios solo una cosa es cierta: la mano de obra, como instrumento de riqueza, ha pasado a segundo término en cuanto la conformación del capital de una nación; hoy en día el capital más valioso es la información producida por unas cuántas personas a las que llamamos científicos; sin embargo, en pocas ocasiones leemos en las portadas de las revistas, en las portadas de los periódicos o en los encabezados de los medios digitales la palabra “científica” o “científicas”.

El número de mujeres que están involucradas en el proceso de producción de información es considerablemente menor si la comparamos con el número de hombres de que se encuentran inmersos en las actividades relacionadas con la ciencia; entonces la pregunta parece inevitable, ¿las mujeres no somos capaces de hacer ciencia?

La respuesta es contundente: las mujeres tenemos la misma capacidad que lo hombres para crear conocimiento; remontémonos a Alejandría a la segunda mitad del siglo IV y recordemos a Hipatia, símbolo de la ciencia y mensajera del saber, quien inventó el planisferio y otros instrumentos científicos como el astrolabio plano y el hidroscopio; y que en el año 415 murió golpeada y apedreada en manos de un grupo de cristianos exaltados que la acusaban de hereje; hoy día, Hipatia se ha convertido en el símbolo de la mujer científica.

Otros nombres igual de importantes figuran en los anales de la historia; Marie Curie, la mujer que en 1903 obtuvo el premio Nobel de Física y en 1911 el de Química, siendo hasta ahora, la única persona en recibirlos en dos distintos campos del conocimiento.

Recordemos también a Rita Levi Montalcini, quien recibió el premio Nobel de Medicina en 1986, al descubrir que las células comienzan a reproducirse sólo cuando reciben la orden de hacerlo; y así puedo seguir citando a mentes brillantes en cuerpos de mujeres que han cambiado el rumbo de la historia, que han contribuido a que este mundo sea un mejor lugar para vivir, dejando un legado que el tiempo no puede borrar: el conocimiento.

Entonces, si las mujeres hemos demostrado que somos capaces de hacer ciencia, de crear conocimiento, ¿por qué existe una desproporción en el número de mujeres que se dedican a la ciencia? ¿Qué está pasando?

“Para las mujeres, la ciencia fue un terreno vedado por mucho tiempo. Durante más de dos siglos las academias científicas y las universidades permanecieron renuentes a su admisión. Las primeras mujeres graduadas en física y matemáticas en México no surgieron hasta los años sesenta del siglo XX.

Estas condiciones fueron resultado de una serie de prácticas discursivas de género que se han empeñado en hacer incompatible la naturaleza femenina con el conocimiento científico. Si queremos comprender por qué tan pocas mujeres se dedican a la ciencia es necesario prestar atención a los regímenes de género que tienen lugar en instituciones como la familia y la escuela, pues ambas instituciones participan activamente en la construcción de condiciones materiales y subjetivas que dan lugar a esta situación.

Por una parte, la familia tiende a reproducir muchas de las asignaciones de género respecto a la prioridad del matrimonio y la maternidad sobre la vida profesional, impone mayores responsabilidades domésticas y familiares a las mujeres y tiende a promover una ideología de un mundo femenino incompatible con la práctica de la ciencia.

En el caso de la escuela, el orden de género se expresa en distintas formas de segregación, discriminación, acoso o la falta de estímulo por parte de docentes y compañeros hacia las estudiantes, ellas encuentran más obstáculos para ser reconocidas y viven más prácticas de exclusión mediante el currículum oculto y el formal, en especial en carreras con predominio masculino, además, cuentan con poca información que les señale las implicaciones de dedicarse a la investigación científica y escasos referentes que les permitan desmitificar muchos de los supuestos que las estudiantes tienen respecto a la carrera científica” (Guevara Ruiseñor, Elsa; y otros. Orden de género y trayectoria escolar en mujeres estudiantes de ciencias exactas y naturales).

La asignación de roles es y ha sido desde tiempos remotos el principal obstáculo en el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de las mujeres; inconscientemente “etiquetamos” a las niñas con la bandera rosa, que representa a la mujer que debe dar prioridad a las actividades del hogar, a ser la persona que lave los trastes, limpie los muebles, haga la comida y si le queda tiempo se dedique alguna actividad intelectual, sin embargo, la revolución feminista está rompiendo paradigmas.

La ciencia y la igualdad de género son vitales para realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Desafortunadamente, ellas siguen enfrentándose a barraras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. De acuerdo con un estudio realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es de 18, 8 y 2 por ciento, respectivamente, mientras que la probabilidad para los estudiantes masculinos es de 37, 18 y 6 por ciento.

En México, en el Sistema Nacional de Investigadores hay un registro aproximado de 25 mil investigadores. De ellos, sólo 9 mil (30 por ciento) son mujeres.

A fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

En el contexto nacional, el trabajo se ha ido realizando desde diversas trincheras, por ejemplo, el 7 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de lograr verdaderas condiciones de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

La labor es dura pero paso a paso la mujeres hemos logrado que nuestra voz se escuche, hoy tenemos paridad de género en el Congreso de la Unión, hoy en día tenemos científicas que dedican su vida entera a generar nuevos conocimientos, sin embargo, es imprescindible que desde las leyes se impulsen políticas de estímulo que incluyan acciones afirmativas para fomentar la participación equitativa de las mujeres en todas las áreas y niveles vinculados a la ciencia, la tecnología y a la innovación.

Concluyo con esta reflexión, de Carmen Gallastegui:

Todas las mujeres científicas me producen admiración, las pioneras además me asombran, debían sentirse muy solas. Y sin embargo, contra todo pronóstico, consiguieron grandes resultados. Algo confirmado después, por tantas y tantas mujeres capaces de demostrar que además de sabias, constantes, entregadas, creativas, han conseguido, y siguen consiguiendo, ser innovadoras. Es obligado que le rindamos homenaje, que conozcamos sus logros y que difundamos sus nombres y sus hallazgos. Conocerlas, admirarlas, seguir su estela y aprender de su ejemplo constituyen tares ineludibles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con motivo del 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

En un mundo como el de ahora, lleno de medios y formas muy distintas en las que se puede manifestar la información y la comunicación, es necesario hacer un reconocimiento explícito al medio de comunicación que marcó la primera mitad del siglo XX, y que hasta nuestros días sigue siendo de vital importancia, la radio.

La radio ofreció la oportunidad de escuchar voces provenientes de lugares lejanos, de acercar a personas que ni si quiera se conocían. La Radio borró fronteras de comunicación en su tiempo, y aún ahora sigue rompiéndolas, no se queda atrás inclusive cuando ahora existen muchos más medios de comunicación mucho más sofisticados.

La radio permitió echar a volar la imaginación y aunque parezca increíble la radio salvo vidas, las sigue salvando. La radio ha demostrado su utilidad en caso de catástrofes, ya sea antes o posterior a ellas. Tan solo enunciemos que la radio emite señales de Tsunamis en Japón, o señales de alerta respecto al contagio de virus como el ébola o el zika.

La radio también es un espacio de debate y discusión, donde miles de voces pueden ser escuchadas para transmitir pluralidad de ideas. Es un espacio de difusión cultural, donde coexisten inmensidad de voces y oídos.

En consonancia con esto no es en vano que la UNESCO al instituir el día 13 de febrero como Día Mundial de la Radio destacara su poder como plataforma de educación y promoción de la libertad de expresión y debate público.

Como ya dije antes, aun cuando ahora existe pluralidad de medios de comunicación, la radio se mantiene vigente, y esto no es en vano. Sólo por mencionar algunas características favorables de ella, la radio no implica un costo elevado, por lo cual es un medio apropiado para llegar a las comunidades más alejadas, así como a grupos de personas vulnerables como las analfabetas o con algún tipo de capacidad especial.

La radio nos invita a imaginar, nos permite escuchar y ser escuchados, la radio salva vidas, la radio nos permite compartir y conocer opiniones, nos permite debatir, en todas esas cualidades radica la importancia de este medio de comunicación.

Desafortunadamente en México sufrimos de decadencia comunicativa, si decadencia. Medios de comunicación tan importantes como la radio y la televisión se encuentran monopolizados en manos que más que informar, desinforman a la población, tergiversando la noble función de los medios informativos con contenidos sin sustancia ni valor cultural.

La población tiene derecho a saber lo que pasa en su país en tiempo real, tiene derecho a saber lo que el gobierno hace, no sólo las acciones proselitistas, sino también lo que el mal ejercicio del poder llevado a cabo por las cúpulas ocasiona en todo el territorio. Tiene derecho a que los medios de comunicación cumplan cabalmente su función informadora, educativa y cultural.

En México los medios de comunicación públicos carecen de las herramientas necesarias para llevar a cabo una verdadera difusión de la cultura y la información. Tenemos un país muy rico en cultura, con personal perfectamente capacitado en la radio pública, hagamos que las voces con verdadero contenido social lleguen a los hogares de la ciudadanía.

Esa es la función de los medios de comunicación, ser un espacio abierto a toda la información, ser un espacio de difusión cultural y educativa, que fomente el desarrollo de ciudadanos informados y conscientes, no de simples usuarios o clientes.

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica)