Proposiciones


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo, la Sedatu, la Sedesol y la SEP a conferir prioridad en sus políticas y programas a la atención de las familias con vivienda carente de baño o excusado, así como a las escuelas, estancias infantiles y comedores comunitarios en igual situación, suscrita por los diputados Miguel Ángel Sulub Caamal y Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Javier Guerrero García y Miguel Ángel Sulub Caamal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por los estados de Coahuila y Campeche respectivamente, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor siguiente:

Exposición de Motivos

El acceso a una vida digna para las personas equivale a contar con los servicios básicos en el lugar donde habita. Así, la vivienda no sólo debe contar con agua, electricidad y drenaje, sino también ser construida con materiales firmes en sus paredes, pisos y techos.

Particularmente, la dignidad de las personas se refleja en la seguridad de contar con un espacio adecuado para realizar sus necesidades fisiológicas, especialmente para el caso de niñas, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que en el mundo todavía existen 2 mil 400 millones de personas que no tienen acceso a un saneamiento adecuado, y cerca de mil millones de personas aún defecan al aire libre, lo cual es “una de las manifestaciones más claras de la pobreza extrema”.

En el mundo, cada dos minutos y medio muere un niño a causa de enfermedades derivadas de la defecación al aire libre. Debido a esta situación, las niñas y mujeres quedan expuestas también a más atentados al pudor y a sufrir violencia sexual. La falta de baños en las escuelas, también es causa de deserción escolar de las niñas una vez que llegan a la pubertad.

Asimismo, es de todos conocidos las consecuencias para el medio ambiente derivadas de la defecación al aire libre, principalmente al contaminarse los mantos freáticos, lo cual afecta las fuentes de abastecimiento de agua potable para la población, representando riesgos para la salud pública.

Como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, suscrito por 189 países, entre ellos México, durante la Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2000, se planteó como meta “Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”.

El acceso universal al agua y saneamiento fue reiterado en uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible suscrito el pasado mes de septiembre de 2015.

Esto porque la mitad de la población de regiones en vías desarrollo aún carece de servicios sanitarios; son abismales las diferencias de coberturas de instalaciones sanitarias entre áreas urbanas y rurales, y a que “las mejoras en los servicios sanitarios no están llegando a los más pobres”.

El acceso a un retrete, letrina, inodoro, baño o servicio sanitario adecuado no sólo es una cuestión de dignidad para las personas, sino también para la protección de la salud pública, la seguridad de niñas y mujeres, el cuidado del medio ambiente; y ante todo es un asunto fundamental para el combate a la pobreza, la materialización de la igualdad, y el desarrollo social de las personas.

En México, nuestra Carta Magna establece en el párrafo séptimo del artículo cuarto que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Además el propio artículo cuarto, fracción cuarta, de la Ley de Vivienda reconoce como espacios habitables el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, que deben contar, entre otras cosas, “como mínimo con un baño”, de conformidad con las características y condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas.

En México en 2010, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), había un millón 759 mil 402 viviendas particulares habitadas que no contaban con excusado, lo cual representaba 6.15 por ciento del total de las viviendas.

Al mismo tiempo el Consejo Nacional de Población (Conapo) considera como un indicador de marginación las viviendas que no disponen de excusado. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) incluye el mismo dato como indicador de rezago social y propone la disposición de sanitario en la vivienda como un indicador complementario a los utilizados en la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, a fin de ofrecer un panorama más amplio sobre la situación de la pobreza en México (Coneval, 2010: 119, 124).

En ese orden de ideas, estimamos conveniente que esta representación popular propicie realizar un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales con competencia en la materia, a actores privados y a la sociedad civil, para contribuir a reducir este rezago de manera significativa, y así mejorar las condiciones de vida de las personas.

Como lo expresa Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas: “Tenemos la obligación moral de acabar con la defecación al aire libre y tenemos el deber de velar porque mujeres y niñas no corran peligro de ser víctimas de agresiones o violaciones simplemente porque carecen de acceso a servicios de saneamiento”.

El México de nuestros días requiere que las personas cuenten con los elementos básicos para desarrollar su potencial sin limitaciones, sobre todo en los espacios más elementales donde a diario se desenvuelve e interactúa, como la vivienda, porque esa es la traducción de la igualdad de oportunidades.

La Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 20131 del Inegi, por ejemplo, indica que se han realizado importantes esfuerzos interinstitucionales para disminuir el número de viviendas, sin embargo existen 759 mil 715 hogares sin excusado, retrete, letrina, sanitario u hoyo negro.

Con base en lo anteriormente expuesto, se someten a consideración de esta representación nacional los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Desarrollo Social; y de Educación Pública, a tomar las previsiones necesarias para que en sus políticas y programas, particularmente los enfocados a la vivienda e infraestructura educativa, se otorgue prioridad en la atención a las familias cuyas viviendas carecen de baño o excusado, así como a las escuelas, estancias infantiles y comedores comunitarios que carecen del mismo, se encuentran en malas condiciones, o se carezcan de baños separados para niñas y niños.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 31 entidades federativas, al jefe del gobierno del Distrito Federal, y las presidentas y presidentes de los honorables ayuntamientos de los municipios del país, para que por conducto de sus dependencias competentes tomen las previsiones necesarias para que en sus políticas y programas, particularmente los enfocados a la vivienda e infraestructura educativa, se otorgue prioridad en la atención a las familias cuyas viviendas carecen de baño o excusado, así como a las escuelas, estancias infantiles y comedores comunitarios que carecen del mismo, se encuentran en malas condiciones, o se carezcan de baños separados para niñas y niños.

Nota

1 La Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) 2013, que se levantó del 31 de diciembre de 2012 al 3 de enero de 2014, tiene como propósito proporcionar información continua sobre el comportamiento de los gastos de consumo en bienes y servicios de la población, así como sobre diversas características relativas a las condiciones de vida de los hogares.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, febrero de 2016.

Diputados: Javier Guerrero García, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a elaborar por el SAT un programa fiscal de exención del pago del IVA de las empresas editoriales de la franja fronteriza norte, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La crisis económica que atraviesan los periódicos de la frontera norte de México por causa de la devaluación del peso mexicano en 22 por ciento durante los últimos 12 meses, una depreciación del 13 por ciento durante el 2016 y el incremento en el impuesto al valor agregado, IVA, al 16 por ciento por causa de la reforma fiscal aprobada por el PRI y sus aliados, ha ocasionado no sólo la descapitalización de esas empresas de la frontera norte de nuestro país, sino recortes de personal, disminución del número de páginas de los diarios impresos, cierre de periódicos y amenaza la libertad de expresión al limitar los espacios.

De acuerdo a informes proporcionados por los mismos diarios, no solo ha impactado la economía de los periódicos el incremento del IVA al 16 por ciento, sino que la continua la devaluación del peso mexicano frente al dólar, que ha ocasionado que la economía de las empresas se deteriore en más de un 30 por ciento al tener que adquirir en Estados Unidos sus principales insumos.

Los periódicos de la frontera norte de México compran en los Estados Unidos el papel para la impresión, tintas, placas, cámaras fotográficas y de video, equipo electrónico así como todos los insumos para la elaboración de diarios y semanarios cuyos precios son cotizados y pagados en dólares.

La situación se complica demasiado ya que por ley los bancos imponen un tope de 14 mil dólares mensuales en las operaciones, situación que impacta directamente al sector editorial, así como a otros sectores como el hotelero y turístico que operan con dólares.

El problema de los periódicos es que no pueden reflejar estos incrementos en sus costos en el precio final del producto, pues dicho incremento los haría menos competitivos en el mercado lo que podría ocasionar su salida del mismo y de aumentarse el precio de los periódicos daría por resultado que hubiera menos ventas, menor circulación y en consecuencia una mayor descapitalización de las empresas.

Otro problema que enfrentan es la auditoría fiscal de la federación que no considera la situación por la que están atravesando las empresas editoriales de la empresas fronterizas y ejerce una rígida política que los lleva incluso a cancelarles los sellos de su facturación, que representa que las empresas no puedan cobrar facturas, condenándolas a la quiebra y al cierre, con el consiguiente desempleo de los trabajadores.

Ante esta situación, los periódicos de la frontera norte del país se han visto obligados a efectuar recortes de personal, a disminuir el número de páginas, de suplementos y secciones especiales de sus medios, a retrasar sus pagos de impuestos (2015, 2014 y hasta 2013) condenando a éstas en el corto y mediano plazo, a continuar con la reducir costos a través de despidos masivos o incluso su cierre definitivo de no aplicarse medidas urgentes de rescate por parte de la Federación.

Por lo anterior y para evitar que la libre expresión se continúe limitando en la frontera norte de México con el cierre de espacios mediáticos impresos, deben aplicarse medidas que les puedan dar las condiciones de supervivencia que necesitan.

Es por ello que el presente punto de acuerdo exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a explorar de forma inmediata las siguientes posibilidades que podrían ayudar al citado sector:

1. Elaborar y aplicar un programa fiscal que exente del pago del IVA a las empresas editoriales de la franja fronteriza con Estados Unidos por un periodo de tiempo que permita la recuperación de su equilibrio económico y;

2. Elaborar y aplicar un programa fiscal que permita reducir de forma temporal en lo que el peso mexicano se estabiliza, la tasa del IVA del 16 al 12 por ciento aplicable exclusivamente a las empresas periodísticas impresas de la frontera norte del país.

Es importante señalar que al cerrarse espacios en los medios impresos se pone en riesgo la Libertad de Expresión que debe prevalecer en nuestro país, por lo que es de vital importancia mantener estos espacios abiertos a la información y se necesita la solidaridad del gobierno federal a través de la Secretaria de Hacienda rescatando a la industria editorial de la frontera norte de México. En adición, no debemos olvidar que la industria editorial genera una cantidad importante de empleos que son el sustento de miles de familias en la región.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria para que elaboren un programa fiscal que permita exentar del pago del impuesto al valor agregado a las empresas editoriales de la franja fronteriza con Estados Unidos por un periodo de tiempo que permita la recuperación de su equilibrio económico.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria para que elaboren un programa fiscal que reduzca la tasa del impuesto al valor agregado del 16 al 12 por ciento que pagan las empresas periodísticas impresas de la frontera norte del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de febrero de 2016.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, la Sedesol y la Sedatu a instaurar de acuerdo con el PND políticas para instalar retretes en las zonas de mayores carencias sanitarias, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

1. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de la Nación.

2. En 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevó a cabo el Censo de Población y Vivienda arrojando los siguientes resultados: Los estados con mayor porcentaje de viviendas sin drenaje ni sanitario son Guerrero con 27.2 %; seguido de Yucatán con 18 %; Zacatecas con 10.5 %. En contraposición, el menor porcentaje de viviendas sin drenaje ni sanitario está concentrado en el Distrito Federal con 0.2 %; Nuevo León con 0.5 %; y Colima que tiene 0.8 % del total de viviendas sin drenaje ni sanitarios.

3. La Organización de las Naciones Unidas estima que alrededor de 2 mil 400 millones de personas en el mundo no cuentan con letrinas en buenas condiciones y mil millones aún defecan al aire libre. Los retretes deficientes aumentan el riesgo de enfermedades y desnutrición, especialmente de las mujeres y los niños. Las mujeres y las niñas se colocan en un estado vulnerable, porque al defecar al aire libre se arriesgan a ser objeto de abusos sexuales al no contar con el retrete que ofrece privacidad. “Las mujeres y las niñas que viven en estos asentamientos informales se ven específicamente afectadas por la falta a un acceso adecuado a instalaciones. Muchas mujeres tienen que caminar más de 300 metros desde sus casas para llegar a una letrina. Eso resulta peligroso para ellas, especialmente de noche.”1

4. Un acceso universal al agua limpia es un derecho humano reconocido constitucionalmente. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este objetivo. Pero debido a una mala economía o a infraestructuras deficientes, cada año millones de personas, la mayoría de ellos niñas y niños, mueren por enfermedades asociadas con un inadecuado suministro de agua, saneamiento e higiene.

5. El derecho al saneamiento y al agua, derivan del derecho fundamental de un nivel de vida adecuado, y por tanto, está implícitamente contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales. Lo anterior significa contar con instalaciones seguras y de calidad para el manejo de desechos humanos. “El acceso a instalaciones y servicios de saneamiento debe ser asequible, garantizar la intimidad, la dignidad, y ser social y culturalmente aceptable”2 Este derecho requiere especial atención a las necesidades de seguridad de los niños, niñas y de personas con discapacidad. Las mujeres, particularmente, deben contar con elementos para la higiene durante la menstruación.

6. El saneamiento, más que muchas otras cuestiones de derechos humanos, evoca el concepto de la dignidad humana. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas apuntó que “las deficiencias en el saneamiento y la higiene son un elemento crucial de la enfermedad y la malnutrición e indicó que 800.000 niños mueren cada año de diarrea, además de que la mitad de los decesos de menores de 5 años se deben a la desnutrición”.

7. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, por su parte ha comentado que unos 159 millones de menores de 5 años sufren retraso de crecimiento y que 50 millones más se encuentran muy por debajo del peso adecuado para su edad. La agencia de la ONU explicó que la falta de saneamiento y la defecación al aire libre elevan la incidencia de la diarrea y facilitan la diseminación de parásitos intestinales, lo que conduce a la desnutrición.

8. El 19 de noviembre, la ONU instituyó el día como el día internacional del retrete, a fin de materializar los compromisos para la Agenda en 2030 de brindar acceso a servicios de saneamiento adecuados en todo el mundo, seguir educando y protegiendo a las comunidades en situación de riesgo, y cambiar las percepciones culturales y las prácticas de larga data que obstaculizan la búsqueda de la dignidad.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . El Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud; de Desarrollo Social; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal para que, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo en el Capítulo correspondiente a sanidad y manejo de residuos sólidos, instrumente políticas para la instalación de retretes en las zonas de mayores carencias sanitarias.

Notas

1 Amnistía Internacional. Derechos humanos para la dignidad humana. Artes Gráficas ENCO, Madrid, España. 2014. Pág. 55-56

2 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 1 de febrero de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elevar el importe mensual otorgado por el Programa de Pensión Universal de Adultos Mayores, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Renato Josafat Molina Arias de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 numeral 1, fracción XIX, 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

• El 1 de octubre se celebra Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada, designado por la Asamblea General de la ONU.

• En México hay 11.7 millones de personas mayores de 60 años, quienes representan 9.7por ciento de la población total, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población en 2014.

• De este conjunto el 31.5 por ciento están en una etapa de prevejez (60 A 64 años); 41.1 por ciento se encuentran en una vejez funcional (65 a 74 años); 12.3 por ciento en vejez plena (75 a 79 años), y 15 por ciento transita por una vejez avanzada (80 años y más).

• El número de adultos mayores se duplicó en menos de un cuarto de siglo, pues en 1990 este grupo de edad sólo incluía a 5 millones.

• Para 2025 y 2050, se estima que la cantidad de adultos mayores en el país aumentará de 17.2 a 32.4 millones de personas.

• La mayoría de los adultos mayores labora por cuenta propia (50.5 por ciento), mientras que 4.9 por ciento son trabajadores sin pago. Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos (35.5 por ciento) es subordinada y remunerada; la mitad de estos no reciben prestaciones que equivale a 49.2 por ciento.

• Tres de cada cuatro adultos mayores trabajan para el sector informal, es decir 74.3 por ciento; de estos un tercio gana hasta un salario mínimo diario.

• Por otro lado, una cuarta parte de los adultos mayores cuenta con una pensión (es decir 26 por ciento). Los hombres por su parte cuentan con una mayor cobertura que las mujeres, 35 por ciento frente a 18.5 por ciento, respectivamente.

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha difundido un panorama sobre la población mayor de 60 años, en el que se precisa que el 72 por ciento de los mexicanos y mexicanas que tienen 60 años o más padece vulnerabilidad social, es decir, presenta por lo menos alguna de las siguientes carencias sociales: rezago educativo, no tiene acceso a los servicios de salud ni tampoco a la seguridad social, presenta deficiencias en la calidad y los espacios de la vivienda, así como en los servicios básicos en ella y carece de acceso a la alimentación.

• En función del estado en que se encuentran los adultos mayores, se ha catalogado que viven en un contexto de pobreza multidimensional. El 17.7 por ciento de los adultos mayores habita en viviendas con hacinamiento mayor a 2.5 personas por cuarto, 3.4 por ciento en lugares que carecen de piso, 1.8 por ciento en casas con techos de cartón o desechos y 1.4 por ciento con muros de láminas.

• Para la organización internacional del trabajo OIT, en un estudio en 178 países, cerca de la mitad de las personas en edad de jubilación no reciben ningún tipo de pensión y no les alcanza para cubrir sus necesidades.

• El reporte también destaca que la mayoría de las personas mayores no tienen ingresos garantizados y se ven obligadas a seguir trabajando, a menudo en condiciones de precariedad y con bajos salarios.

• La edad avanzada propicia en este sector diversos deterioros, oculares, auditivos, de movilidad, etcétera, estos problemas y otros relacionados con enfermedades crónico-degenerativas, causan aislamiento, soledad y angustia entre nuestros adultos mayores.

• También están presentes los problemas psicológicos y emocionales, que conllevan a nuestros adultos a padecer serios trastornos mentales y de comportamiento relacionados con la depresión y ansiedad.

• Julio Boltvinik Kalinka, investigador del Colegio de México, señala que los apoyos que reciben los beneficiarios del programa social para los adultos mayores, son muy marginales e insuficientes y no alcanzan para satisfacer y comprar la canasta básica.

• Esta pensión que se les otorga a los adultos mayores señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, no es congruente con sus necesidades, en virtud que el precio mínimo o de canasta básica oscila en los mil 295 pesos para el área urbana y en 910 pesos para el área rural, en comparación con los 580 pesos mensuales que contempla este programa.

• Para Joseph Stiglitz, Premio Nobel de economía en 2001, en México dos de cada tres adultos no cuentan con ahorros suficientes para llegar a una jubilación digna, es decir 8.6 millones de personas. Además señala el Premio Nobel que “el país está entre los que tienen uno de los mayores niveles de pobreza de adultos mayores”.

La protección económica de los adultos mayores es una pieza básica del Estado de bienestar y en su marco, la pensión digna debe ser un derecho universal y exigible. por ello, es menester que seamos sensibles y tomemos en cuenta la desfavorable situación en la que se encuentran nuestros adultos mayores que no pueden cubrir sus necesidades básicas.

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal a tomar en cuenta los indicadores publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en 2015, respecto del programa de pensión universal de adultos mayores y se pueda ajustar la cantidad otorgada para que se cubran y satisfagan cabalmente las necesidades básicas de este sector.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2016

Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer las acciones de prevención del cáncer para reducir los índices de mortalidad, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud del gobierno de la República a fortalecer distintas acciones de prevención, a fin de reducir los índices de mortalidad de cáncer en México destinar mayores recursos para su detección oportuna, así como para su optimo tratamiento, con base en las siguientes

Consideraciones

El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial. Es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana.

La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de los casos se concentran en África, Asia, América Central y del Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos.

El cáncer comienza en una célula. La transformación de una célula normal en tumoral es un proceso multifásico y suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Estas alteraciones son el resultado de la interacción entre los factores genéticos del paciente y tres categorías de agentes externos,

En México el cáncer es la tercera causa de muerte y según estimaciones de la Unión Internacional contra el Cáncer, cada año se suman más de 128,000 casos de mexicanos.

En 2009 la tasa de mortalidad por cáncer en México fue de 65 por cada 100,000 habitantes, según las cifras más recientes, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En nuestro país durante 2013, el porcentaje de defunciones que ocurrieron a causa de algún tumor fue del 12.8%, de esta cifre, 93.4% se debió a tumores malignos. Del total de las defunciones en ese año.

Las cifras sobre el incremento exponencial de esta enfermedad también se refleja en las finanzas de México, por ejemplo, el impacto en la productividad por mortalidad del padecimiento se calculó en 36 mil 500 millones de pesos en 2010, con una proyección de aumento a 50 mil 500 millones hacia 2020, de acuerdo a las cifras de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud. Lo anterior sin considerar el impacto que representa en las economías de las familias con algún integrante que padece la enfermedad, en ese caso es incalculable la cifra.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, en México el diagnóstico de cáncer es tardío y en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que conlleva un tratamiento de alto costo, no sólo económico sino también personal y familiar.

Con las anteriores cifras, podemos coincidir en que la mejor respuesta es un esfuerzo multisectorial para que la prevención y la detección oportuna de cáncer sean los pilares para abatir la mortalidad por este padecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, a implementar campañas que involucren a todas las instancias de salud en los tres niveles de gobierno para prevenir el Cáncer, en sus distintos tipos, a través de la concientización y el fomento de actividades tendientes a la prevención de esta enfermedad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Gobierno de la República a intensificar las campañas tendentes a reducir los factores de riesgo de esta enfermedad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, a intensificar las acciones tendentes a detectar tempranamente el cáncer, así como a brindar el tratamiento oportuno y necesario a quienes padecen de la enfermedad a fin de disminuir el índice de mortalidad a causa de esta enfermedad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Ssa un programa de protocolo sanitario para enfrentar la posible epidemia del virus del Zika, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Lluvia Flores Sonduk, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Un grave problema de salud pública amenaza a varios estados de la República, se trata del virus del zica, también conocido como zikav o zikv.

Los primeros casos se dieron en Brasil, pero se han reportado brotes en varios países como Barbados, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, la Guyana Francesa, Haití, Honduras, Martinica, Panamá, Puerto Rico, Isla San Martín, Surinam y Venezuela.

Según reportes de la Organización Panamericana de la Salud, el recuento crece día con día que acabará llegando a todos los países de América Latina.

Este virus es causado por la picadura de un mosquito y está catalogado como arbovirus que pertenece al género flavivirus, que son aquellos animales invertebrados como zancudos que le transmiten al ser humano. Se dice que es similar al dengue, la fiebre amarilla, al virus del Nilo Occidental y la encefalitis japonesa.

Tiene su origen en Uganda por el año 1947, en los bosques de zica, cuando se hacían investigaciones para conocer la transmisión de la fiebre amarilla.

Los pacientes del zica, desarrollan complicaciones neurológicas, como meningocefalitis y leucopenia, que tiene que ver con la reducción del nivel normal de leucocitos en la sangre. Se incuba entre tres y doce días, cuando aparecen los síntomas, sin embargo, la infección puede presentarse de forma asintomática.

De acuerdo con información, una de cuatro personas desarrolla síntomas, pero puede confundirse con los del dengue. Este nuevo virus produce fiebre, salpullidos, dolor de cabeza, artritis, debilidad, dolor muscular y en las articulaciones, inflamación en las manos y pies, conjuntivitis no purulenta, dolores en la parte posterior a los ojos, edema en los miembros inferiores y erupción en la piel, que comienza en el rostro y luego se extiende por todo el cuerpo.

En algunas ocasiones se presentan vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito.

Lo más grave que se ha reportado es que en Brasil, recientemente se ha descubierto que el zika afecta el tejido fetal y neonatal en bebés afectados con microcefalia que es un desorden neurológico que resulta en bebés que nacen con cabezas anormalmente pequeñas lo que causa problemas en su salud y su desarrollo y, a veces la muerte.

Este problema de salud, ha ido en aumento en Brasil, donde ha ido en aumento los abortos espontáneos o que nacieron con microcefalia, lo que permite suponer el problema entre la relación entre el zika y la microcefalia. En este país se descubrieron más de 2 mil 400 casos en 20 estados en 2015, comparados con 147 casos en 2014, relacionados con el virus y la microcefalia, además que se reportaron 29 muertes infantiles.

Lo más alarmante es que últimamente en Brasil se han detectado hasta 3 mil 893 casos de microcefalia de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Salud de ese país.

En este contexto, es urgente tomar las máximas precauciones para evitar que la pandemia tenga un efecto demoledor en nuestro país donde existen las condiciones objetivas para desarrollarse en virtud de tener zonas tropicales en amplia magnitud. Necesitamos aumentar nuestra capacidad de prevención, contención y erradicación, y examinar el zika para distinguirlo de otras enfermedades como el dengue, la malaria y la chikungunya.

Para el caso del zika, todo es nuevo, está en desarrollo constante y cambiará con el tiempo.

Tomemos en cuenta que no hay vacuna para prevenirlo y no hay medicina para tratar una infección, tampoco un tratamiento específico de virus de zika, sólo un manejo sintomático que consiste en descansar y en controlar la fiebre.

Consideramos necesario de forma urgente implementar planes de contingencia necesarios para prevenir, controlar y erradicar este virus que amenaza a toda la población viven en las costas del país. No esperemos que se vuelva una epidemia en México, y apelamos para que las autoridades sanitarias tomen medidas inmediatas.

Una respuesta pronta y expedita es desplegar estrategias de prevención, a través de la coordinación eficaz de todas las instituciones educativas, sanitarias y ecológicas en todos los niveles de gobierno.

Tenemos en México confirmados 15 casos de noviembre de 2015 al 8 de enero del presente año, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. Los infectados se reportan en los estados de Querétaro, Jalisco, Nuevo León y Chiapas.

Asimismo es urgente implementar estrategias de comunicación pertinentes culturalmente, toda vez que en varios estados propensos a éste terrible virus, se hablan diversos idiomas nacionales por lo que habría que tomarlas en cuenta para lograr una comunicación eficaz para que la gente tome conciencia y las medidas pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos; presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud en coordinación con las instituciones educativas, medio ambiente y sanitarias de las 32 entidades federativas; para implementar protocolos de salud urgentes y tomar las máximas precauciones para prevenir, controlar y erradicar el virus del zika en nuestro país. Así como dar atención adecuada a los pacientes, particularmente a mujeres en situación de embarazo, además impulsar una comunicación culturalmente pertinente en las lenguas nacionales que se hablan en nuestro país, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para que la población indígena y rural tome conciencia y las medidas pertinentes que contribuyan a frenar esta posible epidemia en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2016.

Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a recuperar los espacios deportivos propiedad de los capitalinos, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Renato Josafat Molina Arias, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En 1965 el Departamento del Distrito Federal expropio el Ejido de Tamatlán con una superficie de 165 hectáreas con el propósito de crear un núcleo de población con habitaciones populares, escuelas, mercados y campos deportivos , entre otros.

La expropiación se justificó por ser de utilidad pública, y desde esa fecha, las niñas y niños han realizado algún deporte.

El predio se encuentra ubicado en el Canal Nacional y Calzada de la Virgen, en la colonia CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán, con una superficie aproximada de 6,300 metros cuadrados y desde la expropiación a la fecha ha sido una cancha de futbol infantil.

Es el caso, que el 22 de junio del año en curso, la ciudadana Rosa Carrillo Dagda se introdujo al terreno descrito y cercó con malla ciclónica el mismo.

Que efectivamente la señora mencionada, cuenta con un título de propiedad producto de un juicio de Prescripción positiva el cual se tramitó ante el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal, bajo el expediente número 59/12 en el que ella fue la parte actora y los demandados fueron el Gobierno del Distrito Federal, la Dirección General de Regularización Territorial, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, así como cuatro particulares.

Las autoridades del Distrito Federal hicieron una defensa inadecuada o existió confabulación con la actual propietaria, toda vez que nunca ha tenido la posesión del bien inmueble, lo que podía demostrarse con una fe de hechos, pues como reiteramos, el terreno, siempre ha sido una cancha de futbol soccer. La Consejería Jurídica así como la Dirección General de Servicios Legales no ofrecieron las pruebas necesarias para demostrar que el predio ya mencionado era ocupado como una cancha de futbol soccer pública, desvirtuando así que la ciudadana Rosa Carrillo Dagda tenía la posesión, y como consecuencia de lo anterior no pudiera prescribir dicho inmueble.

Aunado a lo anterior, en la sentencia se ubica al predio en la colonia San Francisco Culhuacán y no en la colonia CTM Culhuacán.

De todo lo anterior se presume que existió una simulación jurídica, pues debió existir un acuerdo entre dos o más personas para fingir jurídicamente la existencia de la posesión del inmueble con el objeto de crear ante terceros la apariencia de cierto o defensa no adecuada o coalición de servidores públicos.

Consideramos, que lo descrito, es apenas una muestra de lo que acontece en la ciudad.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Esta representación nacional, con pleno respeto de las atribuciones constitucionales y legales, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instruya al Consejero Jurídico del Gobierno del Distrito Federal e inicie las acciones legales para la recuperación del predio y salvaguardar el al derecho al deporte de las y los niños, así como de sus habitantes.

Asimismo, tenga a bien, solicitar a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal inicie un procedimiento administrativo de ser el caso, en contra de los servidores públicos que por acción u omisión o coalición realizaron una defensa inadecuada del bien inmueble que forma parte del patrimonio del GDF y que de existir presuntamente actos constitutivos de delitos lo haga del conocimiento de la autoridad competente.

De igual forma instruya al Procurador de Justicia del Distrito Federal a fin de que inicie una investigación a los servidores públicos que realizaron una defensa inadecuada del inmueble ya referido. Así como también y de manera paralela se inicie una investigación a la ciudadana Rosa Carrillo Dagda por fraude procesal y delitos que resulten.

Además que instruya al Director General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del DF, a la no inscripción de la sentencia del juicio de prescripción positiva dictada por el Juez Décimo Sexto de la Civil del Distrito Federal, bajo el expediente 52/2012, por no coincidir el domicilio de la sentencia con el domicilio real de la cancha de fútbol soccer infantil. Lo anterior en virtud de que no existe identidad entre el predio en mención.

También, que difunda las medidas y acciones que su gobierno tomará para la defensa del predio antes indicado y proporcionar un padrón de los predios que son propiedad del Gobierno del Distrito Federal y que actualmente están destinados para canchas deportivas, expresando el estado que guardan los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2016.

Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados a perfeccionar su marco legal en materia de movilidad para proteger la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Jonadab Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6. Numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal de su competencia en materia de movilidad, y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Consideraciones

El año pasado llamo la atención, por lo atendido en los medios de comunicación, la muerte de Montserrat Paredes Alva, joven de 21 años de edad, quien perdió la vida el 17 de noviembre, tras circular en bicicleta y ser atropellada por una unidad de transporte público sobre la Avenida Paseo de la Reforma. (1) (2)

Sin embargo, esta joven no ha sido la única víctima del enfrentamiento irracional de las personas por el uso del espacio público, ya que de acuerdo al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en México mueren 200 ciclistas al año, y durante 2015, al menos 8 perdieron la vida en el Distrito Federal. (1)

Lamentamos estos terribles hechos que cortaron de tajo las esperanzas y sueños de estas personas, y por ello consideramos que este Poder de Estado, no puede ser solo reactivo, es decir, preocuparse y ocuparse de los temas que sean noticia, en el entendido de que si no son primera plana, no son importantes y mucho menos prioritarios.

Desgraciadamente, ha sido la muerte de una joven, atendida mediáticamente a través de la sección de nota roja, la que ha sacudido las consciencias, y ha hecho que desviemos la mirada hacia la importancia del tema de la movilidad.

La Ciudad de México, es la cuarta ciudad más poblada del mundo, donde se realizan un total de traslados de alrededor de 6.3 millones diarios, y en donde solo el 0.9% del total de la red vial tiene ciclovías o carriles confinados para ciclistas, es decir 96.6 kilómetros, la mayoría en el centro de la ciudad, donde se realizan 433,981 viajes por día, pero es en las vías primarias (sin carril confinado a estos usuarios) dónde ocurren los accidentes mortales. (a)

Sin embargo, en el orden nacional, cerca de 2.3% de los viajes en todo el país, se llevan a cabo en bicicleta. (c)

De acuerdo con estadísticas de defunciones, en 2013 fallecieron 34,509 jóvenes en México, siendo entre los hombre el 17.2% de estas muertes por accidentes de tránsito, y entre mujeres el 10.3% . (b)

De acuerdo con datos proporcionados a través del Programa de Acción Especifico- Seguridad Vial 2013-2018, de la Secretaria de Salud Federal, las lesiones por accidentes viales toman relevancia entre los jóvenes ya que son la segunda causa de muerte en el grupo de edad comprendida entre los 20 y los 29 años, en este grupo de edad se concentra el 24% de las muertes por lesiones ocasionadas por accidentes viales. De estas, el 17.9% son peatones, el 9.7% motociclistas y el 0.4% ciclistas. Es decir, que los peatones, ciclistas y motociclistas, concentran el 28% de la totalidad de las muertes. (e)

En el mismo orden de ideas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones causadas por el tránsito, son la octava causa mundial de muerte y la primera entre los jóvenes de 15 a 29 años, por lo que si no se toman medidas urgentes, los accidentes de tránsito se convertirán en el año 2030 en la quinta causa de muerte. La mitad de las muertes mundiales por accidentes de tránsito corresponden a peatones (22%), ciclistas (5%) y motociclistas (23%). Estos datos constituyen una seria advertencia a los gobiernos de todos los órdenes de gobierno, respecto de la necesidad de tener en cuenta a los usuarios no motorizados de la vía pública. (3)

Así entonces, México está muy lejos de implementar políticas públicas eficientes en materia de movilidad si nos comparamos con ciudades como Bogotá, Colombia; Buenos Aires, Argentina; Rosario, Argentina; Santiago, Chile; Ámsterdam, Holanda; Burdeos, Francia; Copenhague, Dinamarca; Berlín, Alemania; Dublín, Irlanda; Amberes, Bélgica; Ferrara, Italia; Estocolmo, Suecia; Trondheim, Noruega; y Sevilla, España.

Todas estas ciudades utilizan la bicicleta no sólo como una opción sería de transporte de los jóvenes que se desplazan a trabajar o a la escuela, sino como un detonante del turismo en beneficio de millones de jóvenes, que recorren y conocen estas ciudades pedaleando de manera segura.

Estas ciudades estuvieron en algún momento en el punto en el cual nosotros nos encontramos hoy día, pero asumieron la actitud de proponer soluciones en materia de movilidad y corrieron el riesgo de que fueran equivocadas, pero sobre eso actuaron.

Nosotros podemos permanecer sentados, y solo contemplar los problemas; o decir que no son prioritarios; o podemos actuar y hacer que las cosas sucedan, pero como Poder de Estado considero que debemos hacer lo segundo.

El mejorar la movilidad en los tres órdenes de gobierno no es un asunto transitorio, o de tránsito, es una tarea permanente en beneficio de los 121 millones 783 mil 280 mexicanos, población total en nuestro país, (4) porque en uno u otro transporte, y de una u otra manera todos nos trasladamos.

Al analizar algunas legislaciones locales en materia de movilidad existente en el país, refiriéndonos a:

La Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León

La Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro

La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

La Ley de Movilidad del Distrito Federal y

La Ley de Movilidad del Estado de México.

Observamos que en estos ordenamientos se les da una jerarquía de movilidad, orden de responsabilidad y uso preferencial del espacio público a los ciclistas, por encima de otro tipo de vehículo.

Así entonces, los datos y el hecho lamentable al cual nos referimos en párrafo precedente, nos indica que la legislación existente en materia de movilidad necesita urgentemente perfeccionarse, para con ello proteger lo más valioso que posee una persona: la vida, y más aún cuando se es joven.

Una persona que elige caminar o utilizar la bicicleta para transportarse, aporta bienestar a las ciudades, a sus habitantes y al medio ambiente; ya que contribuye a que disminuya el tráfico y no contamina; sin embargo se le castiga con poca inversión en infraestructura ciclista, y un marco legal que los beneficia y protege mínimamente.

Los cambios culturales en el tema de la movilidad, como de otros varios, deben pasar por sanciones, ya que sin ellas, estos son muy lentos, ya que desgraciadamente en las sociedades modernas, incluida la nuestra, todo es en singular: mi derecho, mi bienestar, mi espacio, mi tiempo; incluso por encima de los demás.

El Estado tiene la obligación de generar las condiciones para la libre y segura movilidad, pasando del yo, al nosotros , al ustedes ; en donde el usuario independientemente del vehículo en el cual se quiera trasportar, tenga ante todo la seguridad de que su integridad física, e incluso su vida no corre riesgo.

La movilidad implica la recuperación del espacio público, pero hoy día no existe Comisión Extraordinaria y menos aún Ordinaria en esta Cámara de Diputados que impulse como grupo colegiado perfeccionar la legislación en la materia existente, y mejorando con ello la convivencia social, el medio ambiente, así como la salud e integridad física de millones de personas, así como impulsar la asignación de gasto gubernamental a fin de recuperar el espacio público, dictaminar de manera especializada los asuntos en la materia, y contar con registros certeros en materia de movilidad, no solo por tener una estadística más que sirva como dato, sino para darnos cuenta de la magnitud de la situación, ya que lo que no se mide, no puede evaluarse.

Mientras este legislador habla ante ustedes, en México alguna persona es atropellada en este momento o es víctima de un percance vial por elegir caminar o utilizar a la bicicleta como medio de transportarse.

Ya que según datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en México, 24 mil personas mueren al año a causa de accidentes de tránsito, de las cuales 7, 269 son por atropellamiento . Es decir 20 personas mueren al día atropelladas. (d)

¿Cómo podemos pedir a las personas que asuman una nueva consciencia de movilidad, cuando en los hechos el Estado no les garantiza su seguridad e integridad física?

Tomando en cuenta que la movilidad a pesar de su importancia, hoy día en lo que a la competencia de la Cámara de Diputados corresponde, no tiene cabida desde un punto de vista integral en alguna de las Comisiones Ordinarias ya existentes, solicito de manera respetuosa a la Presidencia de la Mesa Directiva, que el presente punto de acuerdo sea turnado a la Comisión de Protección Civil para su estudio y dictaminación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artículos 6. Numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; los artículos 34, numeral 1 incisos a) y c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal de su competencia en materia de movilidad y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Por último, quisiera pedir un minuto de silencio, en respeto a las personas que han muerto en México, principalmente peatones y ciclistas, por ejercer su derecho a la movilidad y utilizar el medio de transporte que en su momento eligieron.

Referencias

(1) http://noticieros.televisa.com/mexico-df/1511/rinden-homenaje-montserrat-paredes-muerta-ser-atropellada-refor/

(2) ww.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2015/11/18/
localizan-a-presunto-responsable-de-la-muerte-de-ciclista-en-reforma

(3)http://who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/summary_es.pdf?ua=1

(4) http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/10/1033934
(a) http://www.onuhabitat.org/
Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf

(b) Plan de Trabajo de la Comisión de Juventud, Primer Año legislativo 2015-2016.Cámara de Diputados, H. congreso de la Unión.

(c)Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte, Manuel Suárez Lastra, Ed. UNAM, pp. 215.

(d) http://www.proyectodiez.mx/dia-del-peaton-y-en-mexico-muren-atropelladas-mas-de-7200-al-ano/

(e)http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/PAE_SV.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2016.

Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, la Conamed, la CNDH y la CDH de Sinaloa a investigar la presunta negligencia médica en el hospital general regional número 1 del IMSS en Culiacán, por la falta de aplicación de la NOM-003-SSA3-2010, para la práctica de la hemodiálisis, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución bajo las siguientes

Consideraciones

En México existen entre 8 y 9 millones de personas con insuficiencia renal, de acuerdo con el Censo 2012 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). En 2015 se registraron 12 mil fallecimientos derivados de complicaciones por insuficiencia renal.

La insuficiencia renal en sus dos variedades, aguda y crónica, puede ser tratada con la modalidad de terapia substitutiva conocida como hemodiálisis . Dicho procedimiento, junto con medidas médicas y nutricionales modifican, para bien, el panorama de los enfermos con insuficiencia renal.

La hemodiálisis es una manera de limpiar desechos y el exceso de líquidos en su sangre por medio de una máquina.

En la hemodiálisis la sangre pasa por unos tubos del cuerpo al dializador. El dializador es el filtro de la máquina. Dentro del dializador los desechos y el exceso de líquidos son limpiados de la sangre. Después la sangre, ya limpia, pasa por otro tubo de regreso a su cuerpo.

Para la hemodiálisis, la sangre tiene que salir del cuerpo, ser limpiada, y después regresar ya limpia al cuerpo. El acceso vascular es el lugar del cuerpo donde esto pasa, el cual puede ser una fístula (unión de una arteria con una vena), un injerto (tubo especial que conecta una arteria con una vena) o un catéter (tubo que se conecta directamente de la vena en el cuello o pierna).

El procedimiento de hemodiálisis requiere de mucha higiene para su realización, ya que la falta de ésta puede ocasionar múltiples infecciones que inician con la contaminación del acceso vascular, lo que implicaría la contaminación de la sangre, misma que puede causar la muerte del paciente, lo cual conlleva un protocolo de limpieza, mismo que debe iniciar con el uso de guantes, que si no se utilizan correctamente (cambiándolos entre pacientes) pueden actuar como vehículos de transmisión de microorganismos.

El lavado de manos está considerado universalmente como la práctica más importante en cuanto al control de la infección. Aunque la evidencia es grande, desgraciadamente la práctica de la desinfección de manos de los profesionales de la salud está todavía por debajo del nivel óptimo. Las Unidades de hemodiálisis se consideran como áreas de alto riesgo en relación al control y prevención de la infección. Esto es debido al riesgo potencial que suponen los virus transmitidos por sangre, el problema continuo de los organismos resistentes a los antibióticos, la utilización frecuente de técnicas invasivas y de uso de catéteres y el estado inmuno-comprometido de la mayoría de los pacientes.

En México la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, para la práctica de la hemodiálisis, establece los requisitos mínimos que deberá reunir el personal de salud y los establecimientos médicos, para la aplicación de la hemodiálisis, así como los criterios científicos y tecnológicos obligatorios a que deberá sujetarse dicha aplicación.

El pasado 15 de enero del año en curso, diversos pacientes del Hospital General Regional 1 de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, Sinaloa, dieron a conocer que en dicho hospital no se están tomando en cuenta las medidas de higiene necesarias para la realización de hemodiálisis, misma que debe ser realizada por médicos especialistas en nefrología con título profesional y certificado de especialidad, legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, según establece la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, para la práctica de la hemodiálisis.

Los pacientes denunciaron que en 2015 murieron ocho personas a causa de que las sesiones no se están aplicando de manera correcta, ya que las personas sometidas a este tratamiento caen en estado de gravidez al tener acumulación de agua en los pulmones.

Este no es el único caso de negligencia en la realización de hemodiálisis, ya que se han presentado diversas quejas ante las comisiones estatales de derechos humanos con el fin de denunciar la falta de higiene, material y personal capacitado en los centros de diálisis, sólo por mencionar algunos casos, en 2010, derechohabientes del IMSS con insuficiencia renal crónica acudieron ante autoridades del organismo para denunciar negligencia médica en la hemodiálisis que se les practicó en el subrogado Centro de Diagnóstico Ángeles pues se encontraron con que el personal médico no contaba con experiencia en la materia, la infraestructura no era la adecuada ni cumplía con los requisitos de higiene, además de que no se contaba con servicio de ambulancia y se produjeron varios casos de negligencia que pusieron en riesgo la vida de los pacientes.

En noviembre de 2015, derechohabientes del IMSS presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, donde denunciaron un mal servicio en tratamientos de diálisis y hemodiálisis, el cual está subrogado a una nueva empresa, misma que no tiene cuidado en la higiene que requieren este tipo de procedimientos.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución pública del sector salud que tiene un mal historial en su trato hacia los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones solicite un informe al Hospital General Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa, en el que detalle la manera en la que se está realizando el procedimiento de hemodiálisis, y lo haga público.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que garantice la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, para la práctica de la hemodiálisis en todo el territorio nacional.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para que asegure la atención e investigación de la presunta negligencia médica en el Hospital General Regional 1 del IMSS en Culiacán, Sinaloa, a pacientes renales.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa para que investiguen la presunta negligencia médica en el Hospital General Regional 1 del IMSS en Culiacán, Sinaloa, a pacientes renales y, en su caso, emitan la recomendación correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2016.

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a Pemex que difunda las razones de la supresión de puestos de trabajo, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o. y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

Desde el planteamiento mismo de la reforma energética constitucional que la Legislatura pasada aprobó, Morena se manifestó contra la visión desmanteladora y entreguista que animó todo el cuerpo de la llamada reforma energética.

Múltiples son las razones que podemos argüir en contra de la reestructuración privatizadora que padeció nuestro sector energético nacional, sin embargo, hoy nos toca empezar a revisar sus resultados en términos de productividad y de empleo.

El pasado lunes 25 de enero nos amanecimos con la noticia de que Petróleos Mexicanos (Pemex) suprimirá 10 mil 533 puestos de trabajo. Y desgraciadamente no es sorpresa para muchos críticos de la contra reforma energética mexicana.

La reducción de Pemex a un ente básicamente extractivo, al servicio principalmente de los intereses recaudatorios del gobierno mexicano, ya significa una radical transformación regresiva de la principal empresa mexicana. Y más cuando ahora lo hará compitiendo en desventaja con grandes empresas trasnacionales.

Pemex enfrenta, entre otras, desventajas fiscales, ya que no tiene la posibilidad de descontar en el mismo monto sus costos como sí lo pueden hacer sus competidores, e igualmente la tasa impositiva que debe pagar es casi igual a la que históricamente lo desmanteló financieramente y lo ha venido ahogando en un escenario de endeudamiento cada vez más comprometedor de su futuro. Mientras sus competidores pueden negociar el trato fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cada contrato, generando escenarios inciertos, oscuros, de regateo y hasta de posible corrupción.

Los legisladores que votaron la reforma, igual que el Ejecutivo actual, decidieron que el Estado mexicano debe abandonar su protagonismo y responsabilidad en la transformación del petróleo y el gas, en las industrias de refinación y petroquímica, que son las que pueden realmente inyectar valor agregado a tan valiosa materia prima, con lo cual nuestro país asumió un esquema meramente extractivista, casi “bananero” en su principal industria.

Asumir esta perspectiva cuando las reservas probadas se desploman resulta la peor ecuación para los intereses nacionales.

Morena sabía que era cuestión de meses para que se anunciaran las pérdidas de empleo que hoy ya son de conocimiento de la opinión pública. El principal recorte que se le ha hecho a Pemex es en relación a sus responsabilidades y obligaciones de ser motor del desarrollo industrial de nuestro país. Abandonar la refinación y la petroquímica como responsabilidad constitucional sólo llevará a que en unos pocos años Pemex sea una perforadora más de pozos y pierda la perspectiva que en cambio sí conservan todas las grandes petroleras internacionales, de ser grandes empresas internacionales integrales, que incluyen en su visión desde la investigación hasta la transformación más sofisticada del gas y del petróleo en el mundo petroquímico, incursionando en el mundo de los nuevos y sorprendentes materiales que ahí nacen.

A pesar de ser entonces un resultado natural la pérdida de empleos, a Morena le parece de elemental congruencia el que se informe y transparente a la opinión pública el significado de estas medidas, ya que el discurso oficial ha sido totalmente otro: se ha asegurado que el empleo sería impulsado, que Pemex se fortalecería y que los efectos para el país serían todo bonanza y crecimiento. Igualmente los titulares de la Secretaría de Energía (Sener) y de Pemex, han insistido en todos los foros posibles, que la plataforma de producción se mantendrá e inclusive que se buscará incrementarla.

Independientemente del juicio que nos merece esa decisión, sí es a todas vistas contradictoria con la reducción de personal.

Como siempre, son los trabajadores los que pagan las cuotas más costosas, a pesar también del discurso del sindicato petrolero que nunca aceptó que esta contra reforma cerraba perspectivas de desarrollo a los trabajadores y profesionistas mexicanos. Que perder estatus constitucional en una gran parte de su materia de trabajo (refinación y petroquímica) así como pasar a tener que competir en condiciones desventajosas para sobrevivir, sólo comprometería a la larga o a la corta la integridad de su plantilla de trabajadores.

Morena considera que se debe hablar con claridad a todos los mexicanos respecto a la situación real de su todavía principal empresa patrimonial. Más aún cuando el entorno de baja de precios de petróleo, fuera de todo cálculo y previsión, complica el escenario para cualquier empresa petrolera extractiva. Vale mencionar que, en cambio, para la refinación y la petroquímica son épocas de vacas gordas, con un abasto muy barato de sus principales insumos.

La desaparición hoy de los 10 mil 533 puestos de trabajo deberán llamar cuando menos a la reflexión a los petroleros mexicanos en primer lugar, pero también a esta Cámara para que haga su tarea en la rectificación de la equivocada política energética que contiene el actual cuerpo energético constitucional y legal de nuestro país.

Se nos debe proporcionar toda la información y previsiones que Pemex y Sener tienen respecto al futuro de la ahora empresa productiva del estado, a efecto de poder analizar esos datos y asumir las responsabilidades que frente al país y a los trabajadores tenemos los legisladores. Es por ello que proponemos a esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita que se haga público detalladamente el recorte de puestos de trabajo en Petróleos Mexicanos; las razones, la ubicación de los puestos y las consecuencias que esta medida tendrá para el entorno productivo y laboral de la empresa. Asimismo que explique si en la perspectiva de la dicha empresa hay previsiones de afectaciones mayores a los trabajadores, a la industria y en general a la producción petrolera nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a emitir el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de 2013, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, la diputada Norma Rocío Nahle García y el diputado Vidal Llerenas, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 30 de abril de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó la Cuenta Pública de 2013 a la Cámara de Diputados, acatando lo establecido en la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello se inició la evaluación y fiscalización por parte del Legislativo sobre el desempeño del Ejecutivo federal durante el ejercicio fiscal de 2013.

Esta evaluación que debe realizar la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, comprende la revisión de los ingresos, los egresos, los gastos fiscales y la deuda pública entre otros rubros. Asimismo, le corresponde comprender y analizar el manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática, de todo el Sector Público Federal.

De esta manera, esta soberanía verifica el cumplimiento de los objetivos y las metas físicas y financieras de los programas federales.

El 20 de febrero de 2015, la Auditoría Superior de Fiscalización entregó a esta Cámara de Diputados el Informe General de la Cuenta Pública de 2013. En ella se presentaron mil 413 informes de auditoría individuales que corresponden a 877 auditorías de cumplimiento financiero; 525 auditorías de desempeño; ocho evaluaciones de políticas públicas, y tres estudios.

En mayo de 2015, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Control, acatando lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, preparó para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, el Análisis del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 2013, con la finalidad de apoyarla en el dictamen de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2013.

Hasta el momento, esta soberanía no cuenta con el dictamen en comento, no obstante que por mandato constitucional, el proceso de revisión de la Cuenta Pública del ejercicio de 2013 debió concluir el 31 de octubre pasado.

En el programa anual de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para el periodo comprendido entre septiembre 2015 y agosto 2016, se tiene contemplado en el inciso d) numeral III: “Revisar, discutir, analizar y evaluar las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal que corresponda, así como elaborar y presentar al pleno de la Cámara de Diputados los dictámenes correspondientes”, que comprenden los dictámenes de los ejercicios fiscales 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, incorporando y acumulando el dictamen de la Cuenta Pública de 2013.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. En términos de la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; así como de los artículos 227 y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se acuerda exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que emita el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública Federal de 2013 y el pleno pueda conocerlo, discutirlo y, en su caso, aprobarlo, para coadyuvar al cumplimiento de las atribuciones constitucionales de esta honorable Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2016.

Diputados: Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Vidal Llerenas Morales.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAI a asesorar y apoyar la pronta implantación del sistema Infomex, a cargo del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Rogerio Castro Vázquez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el sistema Infomex es una plataforma que posibilita la expansión y consolidación del derecho de acceso a la información y transparencia dentro de nuestro país, y permite la formulación de solicitudes de información y recursos de revisión.

Que Infomex permite cumplir lo estipulado en el artículo 6to Constitucional referente a que “Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”

Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en su carácter de Organismo garante, debe implementar la plataforma electrónica para poder cumplir con las obligaciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal como lo establece el artículo 49 de la misma:

“Artículo 49.- Los organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios”

Que los artículos 49, 50, 51 y 52 del Título Tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen la Plataforma Nacional de Transparencia, así como los sistemas por los que estará conformada la misma:

“Artículo 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por al menos, los siguientes sistemas:

I. Sistema de solicitudes de acceso a la información;

II. Sistema de gestión de medios de impugnación;

III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y

IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados.”

Que Infomex, en su carácter de sistema informático es una adecuación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para facilitar el acceso a la información pública, ya que promueve solicitudes de acceso a la información pública, acceso y corrección de datos personales, sus respuestas, así como la presentación y resolución en su caso de los procedimientos de revisión.

Que tras la ausencia de una plataforma como Infomex, el derecho de acceso a la información establecido en el artículo 6to constitucional se dificulta por carecer de las herramientas necesarias para cumplirlo, así como el principio de máxima publicidad establecido en la Constitución.

Ya son 26 de las 32 entidades del país que cuentan con la plataforma que permite formular solicitudes de información, sin embargo Yucatán, Baja california Sur, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y Oaxaca aún no se integran a Infomex, tal como lo señala el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al figurar los anteriores en la lista de entidades en proceso de integración al sistema.1

Que desde 2008 el entonces IFAI (ahora INAI) comenzó a firmar con cada una de las entidades del país convenios de colaboración, a fin de implementar Infomex y permitir el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información en todo México. Los citados Convenios también fueron firmados por los estados que aún no cuentan con la plataforma, entre el IFAI y los siguientes organismos garantes:

• Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán;2

• Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur;3

• Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas;

• Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán;4

• Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios;5

• Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca.6

Los estados anteriormente señalados actualmente cuentan con su propio sistema de acceso a la información, es decir, cada Poder, tanto el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, entre otros sujetos obligados, tiene su propio diversas unidades de acceso a la información, en lugar de que los estados tengan Infomex, que homologue todas las solicitudes de información. Esta heterogeneidad de funciones complica el acceso a la información por la propia dispersión de la misma.

Dentro del documento “Proyecto Infomex”, realizado por el IFAI (actualmente INAI), señala que “a partir de la firma del convenio, en 20 semanas Infomex inicia su operación”,7 es decir, que en el momento que los estados firmaron convenio con el entonces IFAI, en un lapso de 20 semanas el sistema iniciaría operaciones, tiempo que los 6 estados señalados se encuentran excedidos.

Que la ausencia de Infomex en los estados, recae en un “riesgo alto” de la fase de construcción, según lo estipulado en el Plan de Desarrollo Infomex versión 2.0, dentro del punto 4.3.5, Riesgos de fase. En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a asesorar y apoyar la implementación del sistema Infomex, a fin de permitir el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información en los estados de Yucatán, Baja California Sur, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y Oaxaca.

Notas

1 INAI (en línea) “Información de Proyectos Infomex”, consultado el 14 de enero de 2016. Disponible en: http://www.proyectoinfomex.org.mx/index.php?estado=30

2“Convenio General de Colaboración que celebran el IFAI y el INAIP”. 26 de noviembre de 2010.disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Convenio_Infomex_Yucat%C3%A1n%20(1). pdf

3 “Convenio General de Colaboración que celebran el IFAI y el ITAIBCS”, Noviembre 4 de 2013. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Convenio%20Infomex%20Baja%20Californ ia%20Sur%2004Nov2013.pdf

4 “Convenio General de Colaboración que celebran el IFAI y el ITAIMICH” Noviembre 21 de 2008. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Convenio%20Michoacan.pdf

5 “Convenio General de Colaboración que celebran el IFAI y el ITAIPEM” Mayo 15 de 2008. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Convenio%20Infomex%20IFAI%20ITAIPEM. pdf

6 “Convenio General de Colaboración que celebran el IFAI y el IAIP”. Mayo 30 de 2008. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Convenio%20Infomex%20OAXACA.pdf

7 IFAI “Proyecto Infomex”, México 2012, p5. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Presentaci%C3%B3n%20General%20Infome x%20(1).pdf

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 1 de febrero de dos mil dieciséis.

Diputado Rogerio Castro Vázquez (rúbrica)