Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del GDF un informe sobre las licitaciones realizadas, los contratos suscritos, y los recursos presupuestales y humanos asignados para instaurar el programa de fotomultas y el sistema de control de tráfico con Autotraffic, SA de CV, durante el periodo 2005-2015, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el 2005, el Gobierno del Distrito Federal y la empresa Autotraffic, SA de CV, suscribieron un contrato por 10 millones 299 mil pesos por 12 sistemas móviles de control de velocidad multiradar, los cuales se instalaron en diversas vialidades primarias de la ciudad.

El objetivo era detectar, fotografiar y notificar a través de una fotomulta a conductores que no respeten el Reglamento de Tránsito y cometan faltas como vuelta prohibida, conducir en sentido contrario o en carriles confinados al Metrobús.

Durante la administración de Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Autotraffic, SA de CV, vendió en el año 2007, 8 radares de velocidad para instalarlos en el segundo piso del Periférico y en el 2009 se adquirieron otros 4 para la Avenida Zaragoza, las cuales son vialidades de vital importancia para la ciudad.

No obstante, lejos de contribuir a una mejor cultura vial y a la disminución de los índices de accidentes, el comportamiento que le dio origen continuó observándose, prueba de ello, es que durante el 2013, la Secretaría de Seguridad Pública levantó 1 millón 419 mil 056 multas, de las cuales 554 mil 493 fueron por rebasar el límite de velocidad.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México en el Distrito Federal, los accidentes viales están dentro de las primeras causas de muerte entre los 5 y 29 años de edad. Para dimensionar la problemática, basta mencionar que en la capital ocurre el 8% de los accidentes viales registrados en el país.

Los informes arrojan que la frecuencia de responsabilidad civil es de 6.8% para automóviles particulares y 17.5% en taxis; le sigue los vehículos comerciales con 12.1%, los camiones (clase 4 a 8) con 21.6%, las motocicletas con 10.4% y los autobuses con el 37.1%. Sólo en el año 2014 fallecieron más de 225 personas y se registraron al menos 14 mil 166 accidentes viales.

Lo anterior deja claro que esta estrategia no ha dado los resultados esperados en términos de prevención, este programa que inició en la administración de Andrés Manuel López Obrador, siguió en la gestión de Marcelo Luis Ebrard Casaubón y se ha intensificado en la de Miguel Ángel Mancera al entrar en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal al instalar cámaras y radares en vialidades como Circuito Bicentenario, Viaducto Miguel Alemán, Anillo Periférico, Viaducto Río de la Piedad, Insurgentes Sur y Ciudad Universitaria, ha sido utilizado más como un mecanismo de recaudación y un negocio para los particulares.

Lamentablemente, desde que comenzó a operar, el sistema de fotomultas ha presentado diversas irregularidades, entre ellas se encuentran que la empresa Autotraffic, SA de CV utiliza vehículos particulares desde los cuales generan infracciones a los automovilistas sin que vayan a exceso de velocidad y el sistema de notificación no es eficiente y oportuno.

Aunado a estas anomalías, recientemente diversos medios de comunicación dieron a conocer que el contrato multianual SSP/BE/S/312/2015, establece levantar una cuota mínima de 5 mil fotomultas al día, es decir, al menos 150 mil cada mes, lo anterior, obliga a la empresa a imponer durante el 1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017, un mínimo de 4 millones 200 mil multas, con un valor superior a los 149 millones 876 mil pesos, más 16% del IVA correspondiente.

De acuerdo con el contrato, la empresa operadora será acreedora del 45% de cada una de las infracciones. Esto se debe, según el Jefe de Gobierno, a que es la propietaria del equipo para infraccionar, ya que la Administración Capitalina no realizó ninguna inversión para adquirir la tecnología.

Lo anteriormente descrito, demuestra un trato distinto con el de otras entidades en el que se aplica el programa, ya que en el Distrito Federal la empresa cobrará hasta cinco veces más de lo que recibe en estados como Puebla y Jalisco, donde se estableció una ganancia de 100 pesos por cada fotomulta.

Autotraffic ha sido denunciada en diversas ocasiones por presuntos abusos como la manipulación de los equipos de radar y el nulo servicio de mantenimiento preventivo a sus equipos y es que la empresa no es vigilada por ninguna entidad fiscalizadora para prevenir anomalías de esta naturaleza.

Frente a este diagnóstico, los senadores del PRI estamos convencidos de la necesidad de solicitar al Gobierno del Distrito Federal un informe para que dé a conocer las licitaciones realizadas y los contratos suscritos, así como los recursos presupuestales y humanos asignados para la instrumentación del programa durante el periodo 2005-2015, debido diversas irregularidades en su designación, instrumentación, emisión, cobranza y notificación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe pormenorizado en relación a las licitaciones realizadas y los contratos suscritos, así como los recursos presupuestales y humanos asignados para la instrumentación del programa de Fotomultas y el Sistemas de Control de Tráfico con la empresa Autotraffic, SA de CV, durante el periodo 2005-2015, debido diversas irregularidades en su designación, instrumentación, emisión, cobranza y notificación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 27 días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento de la implantación de la reforma energética, a cargo del diputado César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, el artículo 205 y el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento en la implementación de la reforma energética, bajo las siguientes

Consideraciones

Durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, el Constituyente Permanente aprobó la Reforma Constitucional en materia de energía que representó una profunda transformación y modernización del sector energético nacional, al permitir la participación de empresas privadas nacionales e internacionales en actividades antes consideradas como exclusivas del Estado mexicano.

A partir de la reforma constitucional se creó un nuevo andamiaje legal para regular las distintas actividades de los sectores hidrocarburos, eléctrico y de energías limpias, a través de 9 leyes nuevas, 12 leyes modificadas, 12 reglamentos nuevos y 14 reglamentos modificados, dentro de los que se encuentran los siguientes ordenamientos:

– Ley de Petróleos Mexicanos.

– Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

– Ley de Hidrocarburos.

– Ley de la Industria Eléctrica.

– Ley de Energía Geotérmica.

– Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

– Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

– Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

– Ley General de Deuda Pública.

– Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

– Ley del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo.

– Ley de Transición Energética.

La reforma energética abarca todas las facetas del sector, lo que no solamente se traduce en grandes oportunidades de negocio a través de nuevas, modalidades de contratos y permisos, sino en un enorme reto para su implementación.

Con las instrumentación de estas disposiciones se deberán alcanzar los objetivos de transformación del sector, a través de la detonación de las inversiones nacionales y extranjeras, mayores ingresos, la creación de empleos y el mejoramiento de la cadena de valor de la industria, así como garantizar el abasto de la demanda nacional de energéticos con mejores condiciones de calidad y precio.

Asimismo la Reforma estableció un nuevo arreglo institucional mediante la creación de nuevos organismos reguladores, tales como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenagas), que inició operaciones el 23 de febrero de 2015, como encargado de la gestión, administración y operación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que inició operaciones el 2 de marzo de 2015, con la responsabilidad de regular y supervisar la seguridad industrial y los riesgos ambientales de toda la cadena de valor del sector hidrocarburos.

De igual manera, la Reforma dispuso que el diseño de la política energética del país corresponde a la Secretaría de Energía (Sener), y para asegurar la operación adecuada y eficiente del sector amplió y fortaleció las facultades de las Comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Sin embargo, la consolidación de esta estructura instituciones requiere de cuantiosos recursos presupuesta les y la puesta en marcha de diversos mecanismos de coordinación entre ellas, con el fin de que el país cuente con la capacidad suficiente para supervisar las instalaciones y actividades del sector y lograr los beneficios esperados.

A continuación se describen solamente algunas de las más importantes acciones planeadas para el corto, mediano y largo plazo en los diferentes ámbitos del sector energético, las que se considera fundamental estudiar y analizar, a través de un estrecho seguimiento, con el fin de coadyuvar dentro del ámbito del Poder Legislativo para llevarlas a buen puerto.

Hidrocarburos

La reforma abre a la participación del sector privado la en todas las actividades de la cadena de valor de la industria de hidrocarburos (upstream, midstream y downstream), algunas de ellas antes reservadas exclusivamente al Estado mexicano.

Actividades en el sector upstream

En relación con la exploración y extracción de petrolíferos, Pemex unirá esfuerzos e incluso competirá con compañías petroleras a través de diferentes modalidades de contratación.

En 2014 la Sener publicó los resultados de la Ronda Cero, a través de la cual asignó directamente a Pemex el 83 por ciento del total de las reservas probadas y probables de hidrocarburos (2P) y el 21 por ciento de los recursos prospectivos del país. Los que corresponden en su mayoría a cuencas convencionales y otros en aguas profundas y en formaciones no convencionales.1

Asimismo, se establecieron rondas de asignación a través de licitaciones públicas con participación de empresas privada, a realizarse en el periodo 2015–2019, que comprenden un volumen remanente de 65 mil 944.5 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (Mmbpce) y un volumen de recursos prospectivos de 38 mil 844.1 MMbpce que suman 104 mil 788.6 MMbpce, en una superficie de 235 mil 70.0 kilómetros cuadrados.2

Durante este periodo, se consideró la licitación de 237 campos petroleros: 169 se ubican en áreas terrestres, 12 en Chicontepec, 13 son campos de aceite extrapesado, 39 son de aguas someras y 4 en aguas profundas. A través de la adjudicación de estos contratos se espera aumentar la producción de petróleo en 500 mil barriles para 2018 y en 1 millón para el 2025.

No obstante, se advierte que el cumplimiento de estas metas dependerá tanto de factores endógenos, como exógenos que pueden afectar las perspectivas de participación de capitales privados. Principalmente el desplome de los precios internacionales del petróleo que ha impactado fuertemente la rentabilidad de los negocios en el sector upstream de la industria, situación que prevalecerá al menos en el mediano plazo.

Otros factores a considerar son los costos de producción y transportación de petrolíferos; la desaceleración económica en los principales consumidores de hidrocarburos como China; la política nacional de precios de las gasolinas y el mercado cambia río. Estas circunstancias, a todas luces tendrán un impacto en los resultados de la reforma y se reflejarán en diversos aspectos del desarrollo económico nacional.

Ante este panorama, en Acción Nacional consideramos fundamental que el Poder Legislativo cuente con información oportuna sobre los resultados obtenidos en la asignación de campos de exploración y producción, para que en su caso, se impulsen acciones que permitan garantizar la renta petrolera esperada para el país.

Actividades en los sectores midstream y downstream

En contra parte a la situación actual para las actividades exploración y producción, para la inversión en los sectores midstream y downstream, el panorama es mucho más atractivo, ya que sus actividades dependen en mayor medida del crecimiento del mercado interno, con independencia de las tendencias en los niveles de producción nacional.

Es decir que, aun cuando la inversión en exploración y producción pueda verse inhibida; durante los próximos años será necesario asegurar el abasto de combustibles y construir la infraestructura necesaria para transportarlos y almacenarlos, aunque esto implique elevar las importaciones principalmente de gas natural y de gasolinas.

Para la mayoría de las actividades de transformación industrial y logística, la nueva legislación contempla un esquema de permisos otorgados por la Sener y la CRE, de acuerdo a lo siguiente:

– Para el tratamiento y refinación de petróleo; así como el procesamiento del gas natural,

– Para transporte y almacenamiento de hidrocarburos o petrolíferos,

– Para transporte y almacenamiento vinculado a ductos,

– Para distribución de gas natural o petrolíferos,

– Expendio al público de gas natural o petrolíferos.

Para la comercialización de hidrocarburos, Gas Lp., petrolíferos y petroquímicos, no se requerirá de un permiso, las empresas comercializadoras solamente tendrán que registrarse ante la CRE. En cuanto a la exportación e importación de hidrocarburos, petróleo y petrolíferos, a partir de 2017, la Sener será la encargada del otorgamiento de permisos.

Expendio al público de gasolinas y diésel

En este contexto, será esencial consolidar el proceso de liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel, para detonar nuevas inversiones en el negocio de ventas de primera mano y una libre competencia que garantice las mejores condiciones de abasto de energéticos para los consumidores.

La Comisión Reguladora de Energía ahora es la autoridad competente para otorgar los permisos de carácter federal para realizar las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gasolinas y diésel, entre otros petrolíferos, de conformidad con la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de la Ley de Hidrocarburos.

Por consiguiente, la CRE tiene la facultad de otorgar los permisos para la venta de gasolinas y diésel de las estaciones de servicios que operan bajo la franquicia Pemex. Sin embargo, a partir de este año se expedirán permisos para el establecimiento de estaciones de servicio con marcas distintas a la franquicia Pemex, las que podrán suministrar los petrolíferos de la fuente que mejor les convenga; ya sea a través de la refinación o de la importación de productos.

Por lo anterior, es imperativo que estemos atentos a la apertura de este mercado, que se lleve a cabo de manera ordenada y transparente, ya que se espera que grandes corporaciones soliciten permisos para la venta de combustibles en el territorio nacional.

Transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y otros petrolíferos

Durante las últimas décadas Petróleos Mexicanos ha enfocado sus esfuerzos en la producción de petróleo y en mucha menor medida en la refinación y procesamiento de gas y petroquímica.

No obstante, el gas natural ha cobrado gran relevancia como insumo de diversos sectores de la industria, principalmente para la generación de electricidad y en la búsqueda de fuentes de energía sustentables.

No obstante que con la reformas legislativas del año 1992, se abrieron a la participación del sector privado actividades de transporte, almacenamiento y distribución, con la nueva reforma se amplían estas posibilidades a las actividades de extracción, transporte, distribución y comercialización como se explica a continuación.

En este sentido, la creación del el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), organismo sectorizado en la Sener, cobrará vital importancia al recibir de parte de Pemex y la CFE la responsabilidad la gestión, administración y operación del sistema nacional de ductos de transporte y el almacenamiento de gas natural en el año 2018.

Desde hace tiempo, la red de transporte por ducto presenta varios puntos de saturación que restringen el abasto de petrolíferos, principalmente el del gas y las gasolinas.

En los últimos años se ha impulsado fuertemente la construcción de gasoductos en el norte y centro del país y es indudable que continuará la fiebre de construcción de todo tipo de ductos (poliductos, oleoductos y gasolinoductos), con el fin de satisfacer las exigencias del mercado interno, como se puede apreciar en el mapa siguiente en el que se localizan los nuevos proyectos que se encuentran ya en marcha en todo el territorio nacional.

Por otra parte, en relación al mercado del Gas LP, cabe señalar que a partir del 2016 los particulares podrán importar el petrolífero ya partir de 2017 su precio será determinado por el mercado. Por lo anterior, es prioritario que Gobierno Federal instrumente el programa de apoyos focalizados de Gas LP, a más tardar en el mes de diciembre de 2016, a fin de garantizar el abasto de este combustible utilizado principalmente por los segmentos más vulnerables de la población.

Sector Eléctrico

La reforma reafirma el carácter estratégico de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como de las actividades de transmisión y distribución. Asimismo, establece las reglas para que los particulares participen en su generación y comercialización, con el propósito de incrementar la producción a menores costos, y que estos beneficios se trasladen a los ciudadanos mediante un suministro continuó y eficiente con mejores tarifas del servicio.

En enero de 2016, se prevé que inicien modificaciones de gran trascendencia, a través del inicio de operaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con lo cual las empresas generadoras de energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrán ofrecer y negociar la compra y venta de electricidad.3

Lo anterior, deberá crear las condiciones necesarias para que todas las empresas generadoras de electricidad en todas sus modalidades (ciclo combinado) generación hidráulica, solar y eólica), puedan comercializarla en un mercado abierto y en condiciones de competencia.

El MEM se compone de los siguientes elementos:

i. Un mercado de energía de corto plazo: se realizarán transacciones de compraventa de energía y servicios conexos basadas en precios marginales locales de energía y precios zonales de servicios conexos.

ii. Un mercado para el balance de potencia: operará anualmente para el año inmediato anterior con el propósito de realizar transacciones de compraventa de potencia no cubierta o comprometida por medio de contratos de cobertura eléctrica. A través de las entidades responsables de carga cuyos contratos no cubran los requisitos reales de Potencia y los Generadores cuya operación no satisfizo sus compromisos contractuales. Asimismo, podrán realizar transacciones con los generadores y entidades responsables de carga que tengan excedentes relativos a sus compromisos de potencia.

iii. Un mercado de certificados de energías limpias: permitirá que las entidades responsables de carga cumplan con las obligaciones de adquisición de dichos certificados.

iv . Subastas de derechos financieros de transmisión: otorgará a su titular el derecho a cobrar o la obligación de pagar la diferencia de los componentes de congestión marginal de los precios marginales locales del mercado del día en adelanto, entre un nodo de destino y un nodo de origen.

v. Subastas de mediano y largo plazo y contratos de cobertura eléctrica:

a. Subastas de mediano plazo que se llevarán a cabo con el objeto de asignar contratos para potencia y energía con una duración de 3 años.

b. Subastas de largo plazo que se llevarán a cabo con el objeto de asignar contratos con una duración de 15 años para potencia y energías limpias, y de 20 años para Certificados de Energías Limpias.

Durante el período del año 2015 al 2018, se llevarán a cabo actividades y pruebas de mercado, para poner en operación los instrumentos del MEM arriba descritos. Debido a la magnitud de estas acciones es de vital importancia el puntual seguimiento a la implementación de estos elementos críticos del nuevo modelo para el mercado eléctrico nacional, a fin de garantizar el inicio y eficiencia de sus operaciones.

Derivado de lo anterior, estimamos que es esencial darle especial atención al mercado de los Certificados de Energías Limpias (CEL), que son títulos que acreditan la producción de electricidad a partir de fuentes renovables o tecnologías limpias, ya que a partir de 2018 las empresas que suministren energía eléctrica a la red nacional tendrán tres opciones:

1. Adecuar su producción para producir al menos el porcentaje de energía limpia que se establezca cada año;

2. Comprar CEL para cubrir dicha obligación en el caso de que no puedan configurar sus plantas; o

3. Pagar una multa entre 6 y 50 salarios mínimos (438.24 a 3 mil 652 pesos), de acuerdo con el artículo 165, fracción IV, inciso c), de la Ley de la Industria Eléctrica, en el caso de que no lleven a cabo ninguna de las dos acciones anteriores.

De esta manera, las empresas que no cubran la cuota de MWh generada por medio de metodologías limpias podrán prevenir el pago de multas adquiriendo estos certificados alcanzando así la meta (1CEL=1MWh).

A fin de no afectar a las empresas, en la Ley de Transición Energética, que aprobamos en diciembre pasado, se estableció un Mecanismo de Flexibilidad de 2018 a 2021 para que puedan postergar hasta el 50 por ciento de sus obligaciones en cada año4 cuando se presenten cualquiera de las siguientes situaciones:

1. La CRE determine que el número total de CEL registrados no cubra al menos el 70 por ciento del monto total de la obligación para cada uno de los dos primeros años, o

2. Cuando el precio implícito de los CEL, resultado de las subastas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 sea mayor a 60 Unidades de Inversión (UDI), esto es equivalente a $322.07.

Ambos casos están relacionados con una baja oferta de CEL en el mercado.

Esto es relevante, ya que la capacidad instalada en el país para la generación de energías limpias aún no es suficiente, aunado a que las energías limpias tienden a ser más caras que las energías fósiles, y los actuales precios bajos de los hidrocarburos, no generan los incentivos económicos a las empresas generadoras de energía para invertir en este tipo de proyectos.

En tal virtud, en Acción Nacional creemos imprescindible dar seguimiento al desarrollo del mercado de los Certificados de Energías Limpias y, en el caso de que sea necesario, propongamos los cambios legales o los incentivos, a fin de alcanzar las metas nacionales que se establezcan cada año para cumplir con los porcentajes de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias.

Por todo lo anteriormente expuesto, los diputados de Acción Nacional solicitamos la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a la implementación de la Reforma Energética que fue aprobada durante la pasada Legislatura, y que en su integración se reconozca la puridad y proporcionalidad del pleno de esta Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se crea la Comisión Especial para el seguimiento en la implementación de la reforma energética.

Notas

1 Pemex. Mini boletín número 3 “Resolución Ronda Cero y Ronda Uno”, del mes de septiembre de 2014. 2 Sener. 2 Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015–2019. http://goo.gl/8YHQpJ

3 Sener. Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico. http://goo.gl/UVfYXv

4 Sener. Ley de Transición Energética. Véase el artículo vigésimo segundo transitorio. http://goo.gl/nmI410

Sala de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Diputado César Augusto Rendón García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Ejecutivo federal que se revoquen por la Semarnat las autorizaciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo relativas al proyecto Malecón Cancún Tajamar, en Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Araceli Saucedo Reyes, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una nota del diario español El País titulada La seducción del efecto “mariachi”, del martes 5 de junio de 2007 se refería a las operaciones inmobiliarias en México de empresas españolas. Conforme a la información proporcionada por el entonces director general del Fondo Nacional de Turismo, Fonatur, Miguel Gómez Mont, sólo en el primer trimestre de 2007 sus inversiones rebasaban los 291 millones de euros –más de 5 mil 800 millones de pesos de este año–, con ello se superaba la inversión total alcanzada en 2006, de 234.9 millones de euros –4 mil 680 millones de pesos.

La cita señala, que el director de Fonatur auguraba, que al cierre de 2007 se duplicaría la cifra del año anterior y declara “Fruto de esa colaboración entre el gobierno mexicano y las empresas españolas han surgido proyectos importantes y desarrollos de zonas como Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco y Loreto”.

En contrapartida, en un boletín de Greenpeace México del 11 de abril de 2007, que lleva el título “Remata Fonatur costas del país” se acusaba a Fonatur de malbaratar las zonas costeras privilegiadas de México como son las de Baja California Sur y Quintana Roo. En especial, de generar un esquema financiero donde los únicos favorecidos eran y son los empresarios del sector turístico y las grandes constructoras, todo esto a costa de la destrucción de ecosistemas, despojos e incluso privatización de espacios públicos como las playas.

Ha casi nueve años de estas comunicaciones del “efecto mariachi”, se presenta en medios de comunicación nacional, como internacional, una denuncia pública más en contra de Fonatur, tanto de grupos ambientalistas, como de ciudadanos afectados por este tipo de negocios inmobiliarios. Se trata del denominado proyecto “Malecón Cancún Tajamar” que, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental autorizó a Fonatur en julio de 2005 para realizar obras y actividades turísticas en un predio de la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

La autorización permite remover 49.10 hectáreas de vegetación, principalmente manglar (37.61 hectáreas) en un predio que abarca una superficie total de 58.76 hectáreas. Es decir, se autoriza eliminar el 83.6 por ciento de la superficie cubierta por vegetación para construir oficinas, comercios, así como hospedaje hotelero y habitacional.

Igualmente, en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Semarnat, a través de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, autorizó este proyecto en febrero de 2006. Tanto la autorización en materia de impacto ambiental, como de cambio de uso de suelo tiene validez hasta febrero de este año.

Con dichas resoluciones se autorizó afectar ecosistemas excepcionales de manera directa de manglar y vegetación hidrófila, así como contiguos, como el sistema lagunar Nichupté. Se puede señalar, enfáticamente que la evaluación del impacto ambiental realizado fue inadecuada, ya que ignoró los impactos adversos, muchos de ellos seguramente irreversibles sobre ecosistemas en riesgo como son los manglares a afectar. De manera aberrante, para justificar la eliminación de la vegetación en la autorización de la resolución se señala: “La zona donde se desarrollará el proyecto, forma parte del área de crecimiento de la ciudad de Cancún; por lo tanto la pérdida de espacios naturales es una tendencia irreversible por el momento; ...” (Página 23 de la resolución de la evaluación del impacto ambiental). Así se olvida, por quienes resolvieron, que la manifestación de impacto ambiental y su evaluación, son un instrumento de la política ambiental, que tiene por ley y desarrollo técnico, un carácter preventivo y no justificativo, para así cumplir meramente con un trámite burocrático.

De la importancia sobre los manglares, señala la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, lo siguiente: “Los humedales costeros, en particular los manglares, brindan una gran variedad de servicios ambientales: son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines, por lo que sostienen gran parte de la producción pesquera, son utilizados como combustible (leña), poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna silvestre, entre otros.1

Es importante comunicar, que el 1 de febrero de 2007, posterior a dicha autorización, entró en vigor la adición al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar. Lo anterior, fue producto de una preocupación colectiva del legislativo con relación a la destrucción irracional de los ecosistemas de manglar a lo largo de las zonas costeras del país, precisamente debido a cambios de uso de suelo para actividades turísticas o agropecuarias.

Por todo ello, diversas y reconocidas organizaciones de la sociedad civil han presentado de hace tiempo denuncias solicitando la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y de otras autoridades para que dichas autorizaciones sean revocadas. Lamentablemente, en los pasados días de este mes de enero se han estado llevando a cabo graves acciones de desmonte de vegetación de manglar algunos de los lotes del malecón Tajamar, ocasionando un daño ambiental irreparable en la zona. Sumado a esto, existen denuncias de que, durante la remoción del manglar murieron diversas especies –como cocodrilos, aves costeras, entre otras, algunas de ellas en alguna categoría de riesgo–, y muchas otras han sido afectadas de forma irreparable al haber perdido su espacio de vida.

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil han reiterado su solicitud a la Profepa, para llevar a cabo a la brevedad un peritaje en el predio, actuar de manera rápida y con un sentido de urgencia para proceder con las sanciones correspondientes una vez acreditadas las irregularidades antes mencionadas y, de ser el caso, dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos ambientales y en contra la gestión ambiental. De tal manera que, de acreditarse la afectación a la fauna y su ecosistema, se dé cumplimiento efectivo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Preocupa todo lo anterior, ante el mensaje evidente de que sean servidores públicos en instituciones como Fonatur, quienes consideren que se puede no dar marcha atrás a proyectos turísticos, que conllevan estos serios costos de daño ambiental, que los defiendan con argumentos meramente legales, carentes de toda legitimidad. Si es desde las instituciones públicas donde servidores públicos promueven este tipo de acciones, actuando en contra de los intereses y derechos de la colectividad, entonces que se puede esperar con dicho ejemplo de particulares.

No se omite el señalar, que la percepción pública es que hay corrupción en este caso, por ello es necesario que las autoridades correspondientes investiguen a profundidad lo sucedido. Se percibe tráfico de influencias, colusión de servidores públicos con dueños de lotes vendidos por Fonatur para este ecocidio, tales complicidades, que son esquemas prácticamente de delincuencia organizada.

Finalizamos señalando, que lo que está ocurriendo en Cancún no es tanto el desarrollo sustentable programado de las comunidades locales, se trata una vez más del saqueo de nuestro patrimonio natural, el avance del concreto sobre el litoral, la destrucción de ecosistemas, fauna y flora frágiles; la privatización de las ganancias masivas de una pequeña minoría a expensas de la mayoría.

Por lo expuesto se somete a la consideración de ésta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la coadyuvancia de su organismo desconcentrado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda a revocar las autorizaciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo relacionadas al proyecto “Malecón Cancún Tajamar”, de la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo.

Segundo. La Comisión Permanente solicita respetuosamente al Ejecutivo federal, a través a la Secretaría de la Función Pública, así como a través de la Procuraduría General de la República, realice en el ámbito de sus atribuciones a la brevedad posible, las acciones necesarias para investigar a servidores públicos del Fondo Nacional de Turismo y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por los daños ambientales ocasionados, así como su reparación, a través del desarrollo del proyecto “Malecón Cancún Tajamar”, de la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

Diputada Araceli Saucedo Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a promover en todos los niveles la educación con responsabilidad ambiental, suscrita por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Javier Octavio Herrera Borunda, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos años, el término desarrollo sustentable ha sido profusamente referido en distintas formas. Organismos Internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, han mantenido un alto perfil en el tema, muestra de ello es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA1 .

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Río de Janeiro, Brasil, del 20 a 22 de junio de 2012 (Río+20) adoptó el documento “El Futuro que Queremos” , dando gran relevancia a la educación ambiental, en su texto puede leerse lo siguiente:

Párrafo 229. Reafirmamos nuestro compromiso con el derecho a la educación... Reafirmamos también que en el acceso pleno a una educación de calidad a todos los niveles es una condición esencial para lograr el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la igualdad entre los géneros, el adelanto de la mujer y el desarrollo humano y los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la plena participación de las mujeres y los hombres, en particular los jóvenes2 .

Es igualmente importante mencionar el trabajo que se realizó a nivel global y regional en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), aprobado por la Resolución 57/254 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2003. En dicha Resolución, se subrayaba el papel crucial de la educación para hacer realidad el desarrollo sostenible, y se designó a la UNESCO como organismo principal de coordinación del decenio.

El PNUMA también remarca la importancia de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en su publicación más reciente sobre las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO 5) publicado en 2012, donde reconoce que la educación ambiental desarrolla en las personas un mayor sentido de responsabilidad y aumenta la conciencia sobre las consecuencias de sus acciones al tiempo que promueve una cultura que contribuye a superar la falta generalizada de conciencia ambiental, una de las principales causas de los cambios ambientales adversos3 .

La Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible organizada por la UNESCO en Aichi-Nagoya, Japón, del 10 al 12 de noviembre de 2014 aprobó el Plan de Acción Mundial (GAP) sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible4 , que buscó promover políticas para integrar a las comunidades locales y las autoridades municipales a que elaboren programas de EDS de base comunitaria entre otros.

En ese orden de ideas, quiero destacar que hace unos meses, en septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda post 2015 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ODS. Los ODS propuestos son 17 y todos están relacionados a la educación ambiental, resulta importante destacar el número 4, el cual se refiere a garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

No es el propósito de este punto de acuerdo el realizar la historiografía de la educación ambiental, pero sí es importante recordar que la Carta de Belgrado, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en un seminario celebrado en la entonces Yugoslavia en 1975, definió el propósito principal de la educación ambiental: Desarrollar una población mundial consciente y preocupada acerca del ambiente y sus problemas asociados y que posea los conocimientos, las aptitudes, las actitudes, las motivaciones y el compromiso de un mundo mejor en términos ambientales.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, considera que el cuidado del medio ambiente, así como trabajar dentro del ciclo educativo es el fundamento de la creación de soluciones a problemas sociales de alta envergadura y complejidad, ya que en éste los saberes y tradiciones de diferentes actores se ponen en común y aportan al incremento del conocimiento del medio natural y su interacción con lo socioeconómico.

Para las legisladoras y los legisladores de nuestro partido, desde que tenemos presencia en el Congreso mexicano, ha sido uno de nuestros principios políticos, promover la educación ambiental, y es conocido que promovimos que el derecho a un ambiente sano, fuera reconocido como garantía individual en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en su artículo 4o..

Quiero traer a la memoria de esta asamblea que en 2011, reformamos la Ley General de Educación, con el objetivo de que la educación que imparta el Estado, contemple en sus contenidos la educación ambiental y el cambio climático.

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales 5 ;

Es importante señalar que en congruencia con nuestro accionar en el ámbito federal, propusimos, en el plano local, reformar la Constitución Política del Estado de Chiapas, la cual actualmente reconoce, en su artículo 3o., párrafo segundo, fracción XXVI, inciso a), que toda persona en el estado gozará de derechos humanos, tales como la educación; y establecer que ésta tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (que el Estado está obligado a incluir dentro de los planes de educación básica y media superior, la enseñanza teórica y práctica de tales derechos, tal como lo dispone el párrafo primero del artículo 4o.); y que favorecerá el aprovechamiento de nuestros recursos; no alude de manera expresa la cuestión ambiental y tampoco dispone de qué manera debe llevarse a cabo el aprovechamiento de los recursos, por lo que cobra relevancia el término sustentable, de tal suerte que el aprovechamiento aducido debe permitir satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.

De la misma manera, es importante señalar los mecanismos legales regulados dentro de la LGEEPA, así como en otras legislaciones de carácter administrativo, penal, civil y procesal, que si bien se utilizan de manera constante por las personas u organizaciones que se han visto afectadas en su ambiente y recursos naturales, presentan una búsqueda de la educación ambiental, muestra de ello es la integración del Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad responde a dos propósitos:

1) La primera, ocurrida en 2005, cuando se firma el Compromiso Nacional de la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable, en el que se prevé conformar un Consejo Técnico con el propósito de dar seguimiento al presente instrumento y a las alianzas, convenios o acuerdos particulares que de éste se deriven, y;

2) Por otra parte, la publicación en 2006 de la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México documento de política en educación para la Sustentabilidad.

Si bien en México se tienen contenidos de Educación Ambiental en libros de texto de educación básica, e inclusive un Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, consideramos que no ha permeado al ámbito estatal y menos al ámbito municipal en la mayoría de los estados de la federación y sus respectivos municipios.

Para ello, debemos reconocer la importancia de promover la formación de personas y grupos sociales. Los individuos formados entienden cómo las actividades humanas causan impactos diversos sobre el medio ambiente.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la pedagogía de la esperanza y la utopía del futuro sustentable requieren un tiempo y espacio para practicarse, y dado que el día 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, proponemos que se impulse a todos los niveles, la educación con responsabilidad ambiental.

Lo anterior remarca la importancia de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en nuestro país, que desarrolle en las personas un mayor sentido de responsabilidad y aumente la conciencia sobre las consecuencias de nuestras acciones al tiempo que promueva una mayor conciencia ambiental.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a fin de que promueva en todos los niveles educativos, la educación con responsabilidad ambiental, cuyo objetivo sea construir una cultura saludable y sustentable, propiciando la formación del alumno responsable consigo mismo, su medio ambiente y su entorno social creando así, una cultura ambiental y de salud en la sociedad mexicana.

Notas

1 Establecido en 1972, es la voz del medio ambiente en el sistema de las Naciones Unidas. El PNUMA actúa como catalizador, defensor, educador y facilitador para promover el uso sensato y el desarrollo sostenible del medio ambiente global.

2 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 66/288 del 11/09/2012: “El futuro que queremos”, página 49. Para mayor información ver: http://www.un.org/es/sustainablefuture/

3 PNUMA, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial-GEO 5, 2012, página 322. Para mayor información ver: http://www.unep.org/spanish/geo/geo5.asp

4 El GAP tiene dos objetivos: 1) reorientar la enseñanza y el aprendizaje, de modo que todo el mundo tenga la oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y actitudes que les permitan contribuir al desarrollo sostenible –y cambiar las cosas; y 2) fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en todos los programas y actividades que promueven el desarrollo sostenible.

5 Fracción reformada Diario Oficial de la Federación, 28-01-2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2016.

Diputado Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al otorgamiento de la Orden del Águila Azteca, en grado de Collar, al rey de Arabia Saudita, suscrita por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración proposición con punto de acuerdo mediante el cual se extiende al Ejecutivo federal un grave extrañamiento por el otorgamiento de la Orden del Águila Azteca, en grado de collar, al rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al-Saud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. En 2010 comenzaron fuertes protestas que recorrieron el mundo árabe en el marco de una serie de demandas populares para la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, exigiendo garantías para el ejercicio de las libertades democráticas, y para el fortalecimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales.

Las protestas, que alcanzaron a más de una quincena de países de Medio Oriente, fueron principalmente encabezadas y nutridas por la juventud, que utilizaron las nuevas tecnologías de la información, especialmente las redes sociales, para organizarse y generar convocatoria.

Comenzada en Túnez la desde entonces llamada “Primavera Árabe” llevó a la caída del presidente Zine El Abidine Ben Ali el 14 de enero de 2011, gobernante de aquel país desde 1987. Igualmente llevó al derrocamiento de Hosni Mubarak, entonces presidente de la República Árabe de Egipto, el 11 de febrero de 2011, luego de una fuerte represión que dejó como saldo entre 800 y mil personas muertas.1

Asimismo, inspirada en las revoluciones de Túnez y Egipto, la población de Libia comenzó a exigir cambios gubernamentales en el mismo sentido, siendo la inmediata reacción del gobierno la represión y la violencia, a raíz de ello, las protestas se radicalizaron hasta alcanzar una auténtica guerra civil que dio como resultado el derrocamiento y asesinato de Muamar el Gadafi, entonces gobernante de Libia, en octubre de 2011.

Las protestas se extendieron hacia Yemen, Argelia, Mauritania, el Sáhara Occidental, Líbano, Kuwait, Mauritania, Omán, Sudán, Jordania, Siria, Irak, Irán, Marruecos, Palestina, Bahréin y el Reino de Arabia Saudita, donde oficiales de policía abrieron fuego contra la población civil.2

II. El 23 de enero de 2015 asumió el trono del Reino de Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz Al-Saud, quien ha caracterizado su reinado por el incremento generalizado de las ejecuciones públicas, alcanzando 188 ejecuciones3 aprobadas por él desde la fecha en que asumió el poder, lo que significa un incremento de casi el doble respecto del año anterior.

El 2 de enero de 2016 fue ordenada la ejecución pública del jeque Nimr Baqer al Nimr, junto con otras 46 personas, un connotado clérigo chií que encabezó en 2011 las protestas antigubernamentales que entonces tuvieron lugar en el marco de la “Primavera Árabe”. Dicha ejecución no sólo detonó una serie de enconadas protestas en el mundo árabe y una ola de condenas internacionales, sino que llevó incluso a la ruptura de relaciones diplomáticas entre la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita, luego de que manifestantes iraníes atacaran la Embajada de Arabia Saudita en Teherán.

Junto con el clérigo chií, fueron ejecutados otros tres presos políticos, los estudiantes universitarios Mohammed Faisal Al-Shuyoukh, Muhammed Al-Suwamil y Alí Sayd Al-Rubh, también debido a su participación en las protestas de la “Primavera Árabe”. Todos fueron decapitados y luego sus cuerpos crucificados públicamente el mismo 2 de enero; el rey Abdulaziz Al-Saud firmó la ratificación de semejantes condenas.4

El Reino de Arabia Saudita no ha firmado ni ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, entre los que se cuentan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

III. El pasado 17 de enero, Enrique Peña Nieto, en su calidad de titular del Ejecutivo federal, decidió otorgar a Salman bin Abdulaziz Al-Saud, rey de Arabia Saudita, la orden mexicana del Águila Azteca en grado de collar, máximo reconocimiento que otorga el Estado mexicano, “por su valioso interés y notable voluntad para fortalecer las buenas relaciones entre México y Arabia Saudita”, y “con objeto de reconocer servicios prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad”.5

Lo anterior ha generado una legítima inconformidad entre el pueblo de México, ante lo que se considera el otorgamiento inmerecido del máximo reconocimiento nacional a un gobernante que además de llevar menos de un año en el poder, no se ha caracterizado por ningún mérito humanitario en sus relaciones con México y el mundo.

El otorgamiento de la Orden del Águila Azteca en grado de collar al actual rey de Arabia Saudita contrasta además seriamente con los nombres de personajes ilustres a quienes antes les fue otorgado dicho reconocimiento, como Nelson Mandela, José Mújica, Rigoberta Menchú, Gabriel García Márquez, Amartya Sen, Plácido Domingo o Mario Vargas Llosa.

La Orden del Águila Azteca es el máximo reconocimiento del Estado Mexicano, y en tal sentido debería representar los ideales que el pueblo de México tiene respecto de la política, las artes o la defensa de los derechos humanos, y que se encarnan en aquellas personalidades a quienes se otorga.

Sin embargo, el otorgamiento de la Orden del Águila Azteca al rey de Arabia Saudita contrasta radicalmente con dichos ideales, y el pueblo de México merece en tal sentido una explicación pormenorizada sobre las razones que llevaron al consejo de dicha orden, presidido por la secretaria de Relaciones Exteriores, a proponer al citado monarca como merecedor de dicha orden, así como los argumentos del titular del Ejecutivo federal que le llevaron a aceptar dicha propuesta.

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión extiende al titular del Ejecutivo federal un grave extrañamiento debido al otorgamiento de la Orden del Águila Azteca, en grado de collar, al rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al-Saud, en la medida en que considera que no encarna los ideales debidos para merecer el máximo reconocimiento del Estado mexicano.

Notas

1 “Hosni Mubarak ingresa en la prisión de Tora tras ser condenado a cadena perpetua”, Diario ABC , 2 de junio de 2012,
http://www.abc.es/20120602/internacional/abci-cadena-per petua-mubarak-201206021028.html

2 “Saudi police open fire to break up a protest”, The New York Times , 10 de marzo de 2011,
http://www.nytimes.com/2011/03/11/world/middleeast/11sau di.html

3 “Rompen Arabia Saudita e Irán”, El Universal , 4 de enero de 2016,
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/01/4/r ompen-arabia-saudita-e-iran

4 “Rey saudí, condecorado por Peña, decapita y crucifica a cuatro opositores”, Animal Político , 18 de enero de 2016,
http://www.animalpolitico.com/2016/01/epn-condecora-a-rey-saudi-15-dias-despues-de-que-decapito-y-crucifico-a-cuatro-opositores/

5 Diario Oficial de la Federación: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422788&fecha=15/01/2016

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2016.

Diputad Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a replicar por la Secretaría de Salud el programa de cirugía reconstructiva mamaria poscáncer llevado a cabo por el GDF, suscrita por el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se respetuosamente al Ejecutivo federal a replicar por la Secretaría de Salud el Programa de Cirugía Reconstructiva Mamaria Poscáncer, a cargo del gobierno del Distrito Federal, para considerar la puesta en marcha de unidades médicas que se encarguen de la reconstrucción mamaria como parte de la rehabilitación posmastectomía, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Para los diputados del Partido Encuentro Social, resulta prioritario promover la mejora integral de los servicios médicos que el Estado mexicano proporciona; en este sentido, nos hemos propuesto trabajar en propuestas legislativas que establezcan la atención médica integral de enfermedades con alto índice de morbilidad y letalidad.

El cáncer es una enfermedad con alta incidencia en nuestro país; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ocupa la tercera causa de muerte, sólo después de la diabetes y de las enfermedades cardiovasculares. Desde finales del siglo pasado, las autoridades sanitarias declararon el cáncer como un problema de salud pública, debido a los índices de morbilidad y mortalidad que ya desde entonces presentaba. De acuerdo con el Inegi, en 2013 fallecieron 78 mil 582 personas a causa del cáncer; de ellas, 22.9 por ciento fue por cáncer de mama.

El tipo de cáncer que más afecta a las mujeres a escala mundial es el de mama, lo padecen por igual mujeres de países desarrollados y en desarrollo; sin embargo, que la mayoría de las que mueren como consecuencia de esta penosa enfermedad se da en los países no desarrollados.

Lo anterior obedece a cuatro factores: la falta de acceso a servicios de salud, lo cual trae como consecuencia un diagnóstico tardío de la enfermedad; la falta de capacitación médica para su detección temprana; la ausencia de información didáctica que favorezca la autoexploración; y la rehabilitación integral de la paciente que ha sufrido una mastectomía, y que a consecuencia de ella sufre una gran depresión, lo cual poco ayuda en su recuperación.

En los países desarrollados se da un puntual atención a estas cuatro medidas, de ahí el éxito que han tenido en reducir la mortalidad del cáncer de mama entre su población.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud la tasa de supervivencia en la etapa inicial (fase I) del cáncer de mama, en los países desarrollados, ha aumentado drásticamente alcanzando porcentajes de entre 80 y 90 por ciento; igualmente, se señala que en 2012 se diagnosticaron 1.7 millones de casos de cáncer de mama en mujeres; medio millón de ellas murieron a causa de esta enfermedad. La tasa de supervivencia en países no desarrollados es apenas 20 por ciento.1

Como se observa, el porcentaje de incidencia de la enfermedad es similar en casi todas las regiones del orbe, sin embargo, el de mortalidad se ve disparado en los países no desarrollados donde los servicios de prevención, detección, tratamiento y rehabilitación son sumamente deficientes.

El sistema nacional de salud debe redoblar esfuerzos tendentes a la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno e integral del cáncer de mama. Los servicios médicos para la detección y el tratamiento del cáncer se encuentran centralizados en el país. Según cifras del Inegi, en 2013 el Distrito Federal fue la entidad donde se realizó el mayor número de mastografías, 30 de cada 100 que se hicieron a nivel nacional; en contraste, en Quintana Roo, Tlaxcala y Campeche se practicó la menor cantidad. Igualmente, se indica que de 2007 a 2014, la incidencia de cáncer de mama (número de casos nuevos por cada 100 mil personas de cada sexo) fue el siguiente: para los hombres de 20 años y más se mantiene muy baja y relativamente estable, fluctuando entre 0.39 y 0.64 casos nuevos por año; no así para las mujeres, quienes presentan una tendencia al alza: 2014 presentó la mayor incidencia, con 28.75 casos nuevos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más. Así, por cada caso nuevo en los varones se detectan 29 en ellas.2

Ahora bien, el déficit de infraestructura médica pública –del sistema nacional de salud– impide que se preste una atención médica óptima y oportuna que contribuya a restablecer la salud de las mujeres que padecen tan penosa enfermedad. Por lo que toca a la rehabilitación posmastectomía, ésta no existe, nuestras autoridades no han sido lo suficientemente sensibles al trauma que para una mujer representa la pérdida de sus senos.

El golpe psicológico que recibe una mujer que sufrió una mastectomía es mayúsculo, su estado de ánimo se ve afectado de manera muy sensible, lo que se refleja en un estado de depresión aguda; situación que en nada ayuda a su recuperación.

Consciente de esta situación, el gobierno del Distrito Federal puso en marcha en noviembre pasado el Programa de Cirugía Reconstructiva Mamaria Poscáncer, cuyas beneficiadas recibirán atención integral, que comprende el servicio psicológico y la rehabilitación, a través de la reconstrucción mamaria.

Los legisladores federales del Partido Encuentro Social somos sensibles de la necesidad que tienen las pacientes que han sufrido una mastectomía de poder acceder a una reconstrucción mamaria como apoyo para recuperar su autoestima.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a replicar por la Secretaría de Salud el Programa de Cirugía Reconstructiva Mamaria Poscáncer, a cargo del gobierno del Distrito Federal, para considerar la puesta en marcha de unidades médicas que se encarguen de la reconstrucción mamaria como parte de la rehabilitación posmastectomía.

Notas

1 http://www.who.int/mediacentre/commentaries/breast-cancer-awareness/es/

2 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/mama0.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2016.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a solicitar a la CIDH una investigación sobre la violación de los derechos humanos de migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, suscrita por diputados de la Comisión de Asuntos Migratorios

Quienes suscribimos, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás aplicables, proponemos a esta Comisión Permanente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que solicite a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ejerza sus facultades para investigar violaciones graves a derechos humanos de migrantes mexicanos en Estados Unidos de América.

La migración es un fenómeno mundial de la movilidad humana, cuya atención exige acciones de corresponsabilidad entre países de origen, de tránsito, receptores y de retorno, para diseñar e implementar políticas que tengan como principal eje el respeto a los derechos humanos de personas en situaciones de migración, que deciden hacerlo por circunstancias ajenas a su voluntad, siendo la principal, la búsqueda de mejore condiciones de vida para ellos y sus familias, y aún de mera sobrevivencia, sin importar los riesgos que representa.

Millones de mexicanos han emigrado, sobre todo al vecino país del norte, dejando el hogar, a la familia, sus costumbres y tradiciones para ir en busca de un mejor destino. Connacionales que sin duda han contribuido al desarrollo de los Estados Unidos de América con su trabajo, creatividad y dedicación sin importar su situación migratoria. Contribución que ha reconocido el propio gobierno de ésta nación, al señalar, que un sistema migratorio del siglo XXI es parte de la solución para la recuperación económica de este país.

La migración es un hecho que los mercados laborales de los países receptores requieren. Desafortunadamente no está exenta de prejuicios, como los que hoy se manifiestan en Estados Unidos con posturas, declaraciones y acciones de políticos que buscan el poder enarbolando como propuesta la violación de los derechos humanos de los migrantes, sobre todo de nuestros connacionales, con expresiones discriminatorias y racistas para exigir su deportación.

Las deportaciones sumarias y masivas han estado ocurriendo en los últimos años. De acuerdo a estadísticas del Colegio de la Frontera Norte, en los últimos cinco años ésta autoridad ha deportado a más de cinco millones de migrantes a México, situación que ha ido en aumento. En estas acciones destaca por parte de la autoridad migratoria estadounidense, la deportación arbitraria de migrantes mexicanos, violando sus derechos humanos y civiles.

Estos hechos reflejan la dimensión de los prejuicios que genera la migración en autoridades, políticos y algunos sectores sociales en ese país —a pesar de las declaraciones de reconocimiento a la contribución al fortalecimiento y crecimiento de su economía—, que ven equivocadamente a la migración como un problema, sin entender que se trata de un hecho histórico y un fenómeno social que caracteriza al mundo globalizado y es un agente de desarrollo económico, social y cultural de los países receptores.

De acuerdo a experiencias manifestadas por connacionales deportados, se sabe que durante el proceso de repatriación, las esposas y esposos son separados uno del otro, así como de sus hijos con ciudadanía norteamericana; violando el debido proceso, al transgredir el derecho a la información de los detenidos, tanto del procedimiento migratorio que enfrentan, como de las condiciones en la cuales se dará su expulsión. Han narrado que desconocen el contenido de los documentos que firman y la negativa para acceder posteriormente a ellos al no entregárseles copia de la resolución migratoria que dicta su expulsión de ese país. Detenciones, redadas , realizadas en los centros de trabajo, en barrios, en calles violando todo principio del respeto de los derechos humanos de los trabajadores migrantes.

A partir de 2010 autoridades locales de los Estados Unidos de América, han promovido leyes que criminalizan a la migración indocumentada, que sancionan a empleadores, arrendadores y también a transportistas; incluso, negando servicios educativos o de salud a personas no documentadas, las deportaciones masivas de indocumentados, entre otras prácticas excluyentes y violatorias de los derechos humanos. Información proporcionada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, se sabe que “entre 1998 y el 2007 fueron expulsados más de 100 mil padres con hijos nacidos en EEUU, y que sólo entre enero y junio del 2011 esa cifra llegó a más de 46 mil padres, con lo cual en ese año la cifra pudo alcanzar el número total de expulsiones de la década previa”.

En el mes de abril del 2015, de acuerdo a información proporcionada por la Universidad de Siracusa, del estado de Nueva York, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pidió la deportación de 22 mil 538 mexicanos durante los primeros seis meses del año fiscal 2015. Que del total de los inmigrantes contra quienes se iniciaron trámites de deportación durante la primera mitad del año en curso, un treinta y cinco por ciento fueron mexicanos. Diez por ciento más que el año pasado.

A estos actos violatorios de los derechos humanos, se suma el hostigamiento y violencia de la Patrulla Fronteriza contra los migrantes mexicanos, provocando muertes a manos de elementos de dicha corporación, y violación sistemática a los derechos humanos durante la detención de nuestros connacionales.

Ante esas voces y acciones de desprecio a los migrantes mexicanos, debemos sumar voluntades para que en los términos del derecho internacional, en los instrumentos regionales de protección y promoción de derechos humanos, exijamos el respeto irrestricto a los derechos de nuestros connacionales que constantemente le son transgredidos por la autoridad migratoria del país vecino del norte.

Es urgente que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos responsable de la promoción y protección de estos derechos en la región, intervenga con fundamento en los términos de instrumentos como:

• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”;

• La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que establece que “Los Estados partes no sólo se comprometen a castigar severamente a los perpetradores de la tortura sino que además se obligan a adoptar medidas para prevenir y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante dentro de sus respectivas jurisdicciones”.

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos En Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), mediante el cual los Estados partes “...se comprometen a adoptar las medidas necesarias... hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo”

• Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, que establece principios relativos a las personas sometidas a un régimen de “privación de libertad”, en que se indica que privación de libertad es “...cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria”.

Es necesario y urgente que la CIDH actúe en los términos de su facultad conferida en noviembre de 1965 por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria celebrada en Río de Janeiro, Brasil, de “examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible, para que se dirija al gobierno de cualquiera de los estados americanos con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y para que les formule recomendaciones, cuando lo considere apropiado, con el fin de hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales”.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del pleno de ésta Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de la representación permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, se solicite la urgente intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, para que se dirija a las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, con el fin de investigar violaciones de derechos humanos de los mexicanos que están en proceso de deportación y para investigar las condiciones jurídicas en las que fueron deportados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2016.

Diputado Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa y sus homólogos locales a impulsar y ampliar en el marco del Día Mundial contra el Cáncer la difusión de campañas informativas sobre la prevención y detección oportuna de esa enfermedad, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde 2000, el 4 de febrero se conmemora el “Día Mundial contra el Cáncer”, el cual fue instituido con el objetivo de crear conciencia en la población sobre la importancia de combatir esta enfermedad y fomentar acciones de prevención y detección oportuna para reducir los decesos por esta causa.

En este sentido, los integrantes del PRI, consideramos fundamental que la Secretaría de Salud y sus homologas en las entidades federativas, fomenten, impulsen o en su caso refuercen sus campañas informativas relacionadas con la promoción de la prevención y detección oportuna del cáncer.

El cáncer es una de las enfermedades que más muertes causa, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2012 provocó 8.2 millones de decesos a nivel mundial. Es un problema de salud pública, no sólo por los altos costos económicos para los enfermos y sus familias, sino también por los múltiples factores de riesgo a los que está asociada.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud: “El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo”.

El propio organismo internacional expresa que el término “cáncer” es genérico, en virtud de que se refiere a un amplio grupo de enfermedades que puede afectar cualquier parte del cuerpo; no se puede identificar una causa o razón única que desencadene su aparición y desarrollo posterior; y tiene como principal característica que se multiplica a través de células anormales las cuales se extienden rápidamente.

Para dimensionar el impacto y urgencia de prevenir o en su caso, atender oportunamente esta enfermedad, cabe referir que existen más de cien tipos de cáncer –cualquier parte del organismo puede verse afectada; más de 70 por ciento de las muertes producidas por cáncer acontecen en África, Asia, América Central y Sudamérica; y más de 30 por ciento de los casos se podrían prevenir, principalmente evitando el tabaco, tomando alimentos sanos, realizando alguna actividad física y moderando el consumo de alcohol.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial los cánceres más mortales son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama. Por género indica que para los hombres los tipos más comunes son los de: pulmón, hígado, estómago, colon/recto y esófago; mientras que para las mujeres, son los de: mama, pulmón, estómago, colon/recto y cuello del útero.

Por lo que respecta a nuestro país, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cáncer más frecuente para las mujeres, es el de mama (afectando a 35 mujeres de cada cien mil), mientras que para los hombres, es el de próstata (afecta a 27 de cada cien mil).

Para ponderar la gravedad del asunto, basta señalar que sólo en el caso del cáncer de mama, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este tipo de cáncer es la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos en la población de 20 años y más (18.7%) para 2013; y por cada caso nuevo en los hombres, se presentan 29 de mujeres. Además, sólo el 10% de los casos son detectados en su etapa uno, cifra que deja de manifiesto la ausencia o mínima cultura de la prevención en nuestro país.

En relación a la idoneidad del presente punto de acuerdo, es importante mencionar que a la letra, el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos dispone que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...”.

Además, con la presente propuesta se busca garantizar el derecho a la protección a la salud, que entre otras, tiene como finalidades: el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; y la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana (fracciones I y II del artículo 2o. de la Ley General de Salud.

Ante este panorama, es fundamental que las autoridades en materia de salud de los tres órdenes de gobierno concentren esfuerzos en la prevención y detección de esta enfermedad, para hacer asequible que las personas que padecen cáncer en cualquiera de sus manifestaciones, cuenten con una mejor calidad de vida y aumenten su esperanza de vida.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del “Día Mundial contra el Cáncer”, observado el 4 de febrero, impulsen o en su caso amplíen la difusión de campañas informativas sobre la prevención y detección oportuna de esta enfermedad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 27 días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a constituirse como garante solidario de la prestación de servicios de salud de la población afectada por el funcionamiento y la construcción de los túneles emisores central y oriente, respectivamente; y a destinar un fondo para el mantenimiento de la infraestructura afectada en Atotonilco de Tula, Hidalgo, a cargo de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, senadora de la República de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109, numerales 1 y 2, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Breve reseña histórica de la coordinación fiscal

La coordinación fiscal en nuestro país tiene sus antecedentes en el siglo XIX, en el que se implementó un sistema diametralmente opuesto al vigente, que funcionaba a partir de la entrega del 30 por ciento de la recaudación de cada estado a la federación para financiar su operación, y que a la postre fracasó por inoperante.

En la historia reciente, la actual Constitución Política Federal ha establecido facultades impositivas para cada orden de gobierno, señalando expresamente las materias exclusivas de la federación y de los municipios, y creando un régimen de facultades residuales para las entidades federativas. Es así, como surge la figura de la concurrencia impositiva en aquellas materias no exclusivas, ni prohibidas para alguno de los tres órdenes de gobierno, entre las cuales se encuentran fuentes impositivas con un importante potencial recaudatorio (renta, ventas finales, valor agregado, hidrocarburos, producciones servicios, entre otros).

Al efecto, a fin de evitar la doble o triple tributación derivada de la concurrencia impositiva entre dos o más órdenes de gobierno, simplificar el sistema fiscal y hacer más eficiente la recaudación; surge la concepción de un mecanismo de coordinación entre federación, entidades federativas y municipios, en la que mediante la suscripción de convenios, se acordó entre las partes que la primera grave ciertas fuentes impositivas a las que renuncian los estados a cambio de una participación de la recaudación federal, a favor de entidades federativas y sus municipios; sistema que se ha convertido en las últimas décadas en el eje central del federalismo mexicano y las relaciones intergubernamentales.

El sistema nacional de coordinación fiscal, como lo conocemos hoy en día, tiene sus bases en la expedición de las Leyes de Coordinación Fiscal y del Impuesto al Valor Agregado en el año 1978, lo que dio lugar a una coordinación fiscal a partir de 1980 sustentada en la celebración de convenios de adhesión al sistema entre la federación y las entidades federativas. Las condiciones políticas de la época posibilitaron que todas las entidades se adhirieran al “convenio-ley” sin chistar.

Como se sabe, la Ley de Coordinación Fiscal ha tenido importantes modificaciones desde entonces, destacando cuatro etapas relevantes:

1) De 1978 a 1989, cuando se lleva a cabo un proceso de consolidación de la ley y el sistema que implementaba: Prevalece un criterio resarcitorio, se centralizan en la federación las facultades de política fiscal y los gobiernos locales comienzan a recibir importantes recursos fiscales. Los municipios inicialmente no forman parte directa sino que sus respectivas entidades federativas, mediante fórmulas de distribución, debían transferirles un porcentaje mínimo de las participaciones recibidas.

2) De 1990 a 1996, cuando se presentan cambios en la estructura y fórmula del Fondo General de Participaciones: Este fondo incrementa su monto respecto a la recaudación participable y su fórmula de distribución se modifica para incluir un criterio distributivo basado en el tamaño de la población, y otro criterio de naturaleza compensatoria inverso al resarcitorio y el distributivo. Se elimina la garantía que tenían las entidades federativas de recibir el mismo monto de participaciones obtenidas en año anterior. Se crea el fondo de fomento municipal para estimular la recaudación de predial y derechos de agua potable, y nacen participaciones directas por colaboración administrativa a municipios, por ejemplo, los derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), o el cobro de multas federales no fiscales.

3) Reforma de 1997, de particular relevancia toda vez que cambia la naturaleza de la coordinación intergubernamental de una meramente de tipo fiscal (coordinación de ingresos), a una de tipo hacendario (puesto que además incluye gasto descentralizado). Es decir, de versar sólo sobre ingresos fiscales y sus componentes (política fiscal, participaciones y colaboración administrativa y crédito público), se incluye en el sistema el gasto público federalizado que se ejercía previamente mediante convenios en forma de subsidios. El eje central de esta importante modificación fue el fortalecimiento de las finanzas locales, destacándose al efecto la creación de los fondos de “aportaciones federales” (ramo 33) con la naturaleza de transferencias fiscales condicionadas (a diferencia de las participaciones) constituido inicialmente por 7 fondos de gasto dedicados a temas como educación, salud, infraestructura social, gastos del sistemas DIF, desayunos escolares, INEA y Conalep, así como fortalecimiento municipal y seguridad pública. Es de destacarse que de los 7 fondos, sólo dos son municipales.

4) Reforma de 2007, la denominada reforma hacendaria que entró en vigor al año siguiente (2008), se sustentó en la elevada dependencia financiera de los gobiernos estatales y municipales respecto a las transferencias federales. Se hicieron cambios en los mecanismos de distribución de las participaciones con un criterio resarcitorio para mejorar y simplificar los incentivos y estimular así la recaudación de ingresos locales e impulsar el desarrollo económico en los estados y municipios. Se facultó a los Estados a crear fuentes de recaudación como impuestos a ventas finales y/o conservar el impuesto a la tenencia, que se abrogó como tasa federal. En relación a las aportaciones, se clarifica su naturaleza compensatoria, y se pasa al Ramo 33 el Programa de Fortalecimiento a las Entidades Federativas (PAFEF) que se ubicaba hasta 2006 en el Ramo 39. Queda así, el Ramo 33 con 8 fondos. También se hicieron modificaciones a la fórmula de distribución del fondo general de participaciones para incluir una variable relativa al PIB de cada entidad federativa, con propósito de reintroducir un elemento que reconozca el desempeño económico de las entidades federativas.

II. Situación actual de las relaciones fiscales intergubernamentales

En este contexto, desde la teoría y la doctrina hacendaria, se concibieron e implementaron en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal las tres fuentes de transferencia federal para Entidades Federativas y sus Municipios: las participaciones (ramo 28 del PEF), las aportaciones (ramo 33 del PEF), y las que se conocen como “reasignaciones” del gasto mediante convenios y/o reglas de operación que nacen presupuestalmente en el ramo de alguna dependencia o entidad federal, y se reasigna a los municipios mediante los instrumentos jurídicos antes referidos, es decir, subsidios.

Las participaciones (ramo 28) y aportaciones (ramo 33), son transferencias que la Federación hace a los Estados y Municipios partiendo de una fuente distinta, en el caso de las participaciones éstas representan un porcentaje de la recaudación federal participable (ingresos tributarios, derechos por petróleo y minería, entre otros), mientras que las aportaciones tienen su origen gasto federal que se transfería por convenio. Las aportaciones se encuentran sujetas al destino específico para el que fueron creadas, son fiscalizados por los estados y posteriormente por autoridades federales, y los montos correspondientes a municipios se determinan expresamente; mientras que las participaciones, como recursos que se entregan en función de convenios de adhesión y forman parte de la libre hacienda de los estados y municipios respectivamente , su fiscalización es llevada a cabo por órganos de auditoría estatales y municipales, se rinden cuentas ante cada congreso local, y su destino a los Municipios no puede ser menor al 20% del total otorgado a la entidades federativas (con excepción del Fondo de Fomento Municipal que se destina 100% a los Municipios).

Estas transferencias federales (participaciones ramo -28- y aportaciones ramo -33) se encuentran debidamente reguladas mediante criterios y fórmulas de distribución e integración expresamente determinadas en la Ley de Coordinación Fiscal.

En nuestro sistema federal, las referidas transferencias fiscales constituyen un importante instrumento de gestión pública para la función redistributiva del ingreso y de la equidad hacendaria, es en estos principios en los que descansa su justificación y razón de ser. Es así que, en su diseño e implementación, deben ser coherentes con la lógica federalista.

En este contexto, bajo una óptica federalista, si tomamos en consideración que a la luz de la literatura y doctrina sobre el desarrollo local, para el crecimiento y desarrollo de un país resulta indispensable el fortalecimiento de los territorios regionales; se hace indispensable promover un sistema de coordinación fiscal que contemple instrumentos hacendarios intergubernamentales cuya instrumentación contribuya verdaderamente al fortalecimiento de las haciendas públicas estatales y municipales; así como al fomento del desarrollo regional de nuestro país. Es por ello, que la instrumentación del andamiaje normativo que se propone, intenta fijar reglas claras que regulen la forma en la que los recursos federales relativos a la reasignación de gasto por convenio (subsidios) en favor de estados y municipios, se haga bajo los principios de certeza jurídica, equidad, eficiencia, justicia redistributiva, y transparencia, al tiempo que prohíba actos que generen corrupción cambio de asignar recursos, sea en el ámbito presupuestal o ya en el periodo administrativo de ejecución del gasto.

En este contexto, los desafíos actuales para el manejo eficiente de los recursos gubernamentales imponen la necesidad de contar con mecanismos fiscales que permitan dotar de una mayor equidad, transparencia y justicia redistributiva a la asignación de los recursos federales que se transfieren a los municipios en el contexto de la coordinación fiscal.

Lo anterior repercute de tal manera que las demandas ciudadanas hacia los alcaldes son las más sentidas y los alcaldes cada día tienen proporcionalmente menos recursos para atender esas denuncias, pasando por su viacrucis al solicitar cada año a los diputados que les etiqueten recursos.

Además de esta problemática los municipios enfrentan otras problemáticas que reflejan la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, es el caso del municipio de Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo Ubicado Zona Metropolitana del Valle de México, que no recibe ningún beneficio de ser conurbado, pero sirve de mucho a los colindantes.

Es un municipio que, por su ubicación geográfica, está recibiendo las descargas de toda el agua de desecho de esa inmensa zona metropolitana a través del Túnel Emisor Central actualmente y que en aproximadamente un año quedara concluido paralelamente el nuevo y moderno Túnel Emisor Oriente (TEO), que según información, se estará inaugurando por completo en el año que transcurre.

Se construye ahí, desde el año 2010, la planta de tratamiento en un terreno de 160 hectáreas, con una inversión de alrededor de 10,000 millones de pesos, de los cuales, la o las empresas concesionarias no han pagado al municipio licencia regular alguna. Es decir solo han pagado menos del 5% que les correspondería de acuerdo a la ley de ingresos vigente., Esto significa que, sin recibir beneficios de urbanización de la gran urbe, sí recibirá sus desechos. Por si fuera poco, en el ayuntamiento no hay conocimiento ni licencia ante protección civil municipal, ni estatal, y ni manejo de seguridad de los residuos gases peligrosos en cantidades industriales y con riesgo de explosiones que manejan, tampoco hay inspecciones de impacto ambiental sobre la tala de árboles que se ha realizado, ni de manejos de los aceites y residuos peligrosos, así mismo generando incertidumbre y peligro por el riesgo que el almacenamiento de grandes cantidades biogás tiene, agregando que la población se encuentra muy cercana y en franco peligro.

En esa planta tratadora, como se mencionó hace unos momentos, hay enormes tanques de almacenamiento de biogás, que se producen de diversos procesos químicos que se realizan en la planta; los tanques no están revisados por protección civil municipal, ni estatal, ni se tiene ninguna licencia autorizando el tipo y su funcionamiento de la seguridad, no existe supervisión alguna.

Además, la empresa que construye perforó hace 4 años un pozo sin consultar al ayuntamiento., sin tener ningún contrato a pesar de que la concesión del pozo de agua potable es propiedad del municipio, para uso público urbano, y a la fecha no se ha realizado pago alguno al municipio por el concepto de extracción de agua potable.

Así mismo se manifiesta que obtuvo el terreno del ejido y no hay hasta hoy una obra de infraestructura que en reciprocidad debiera dejarse en el ejido a cambio de las 160 hectáreas entregadas para la construcción de tal planta de tratamiento.

Con la construcción de la planta tratadora además, las carreteras están destrozadas por el continuo paso de vehículos pesados y no hay cómo reconstruirlas, debido a que el municipio no cuenta con recursos para ello.

Atotonilco, Hidalgo es un municipio del que sacan grandes beneficios grandes empresas, como lo son las cementeras, pues que de ahí obtienen la materia prima para elaborar cemento desde hace varios años y tampoco hay reciprocidad alguna para contrarrestar los perjuicios a la salud que la cementera misma deja en la población.

Aunado a lo anterior una de las cementeras quema basura para generar combustible, y eso hace que pululen metales pesados, lo que estadísticamente se ha registrado en la población con múltiples casos de cáncer documentados en las instituciones públicas de salud localizadas en el municipio.

Debe también evidenciarse que el consorcio que construye dicha planta ha evadido los requerimientos de las autoridades municipales para regularizar su situación fiscal y como consecuencia cumplir la normatividad que debe observar en dicho proceso, exponiendo con ello la dificultad para resolver un problema que afecta a la colectividad humana del municipio así como a la hacienda municipal y por ende al interés público.

Asimismo dicho consorcio no ha acatado la normatividad emanada de las disposiciones municipales en materia de construcción y desarrollo urbano. Cabe mencionar que como consecuencia ha solicitado que no se le inspeccione, no se le visite, no se le obligue a cumplir la normatividad y menos se le sancione, lo que evidencia un deseo de constituir un ente sui generis en la realidad mexicana al que no se le aplique la ley.

Ante todos estos hechos, es presumible que sus habitantes digan que Atotonilco es un paraíso industrial, pues cualquier empresa puede plantarse sin pasar por una colaboración con el ayuntamiento, sin cuidar no contaminar, sin pagar permisos, sin pagar por el agua, sin cuidar las carreteras que destruyen constantemente con el paso de los camiones pesados.

Es un municipio que recibió en el bicentenario de la independencia la construcción de un gran proyecto de residencia: 70,000 viviendas, de las cuales están habitadas aproximadamente 35,000 y ninguna de las cuales cuenta con la posibilidad de almacenar agua, ni tinaco ni aljibe, lo que hace que el ayuntamiento tenga que bombear el agua las 24 horas de todos los días del año, para que al abrir la llave, los habitantes de esa gran mancha habitacional cuenten con agua al abrir sus llaves, generando con ello un enorme incremento en el pago de luz para el municipio, que limita aún más sus finanzas.

Atotonilco en 2006 contaba con una población de 28,000 habitantes y tenía un presupuesto de $48’000,000.00 (cuarenta y ocho millones de pesos 00/100 moneda nacional), y 9 años después, en 2015, su población creció a 70,000 habitantes y su presupuesto disminuyó a $45’000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional), Ello en vista de que en los últimos años, el municipio fue excluido de la clasificación de los municipios de alta marginación, lo que ocasionó que no se gozara del apoyo de la cruzada nacional contra el hambre; situación que fue completamente desatinada, pues evidentemente el municipio se encuentra en acentuadas carencias que no permiten su correcto desarrollo, aun ante la evidente actividad industrial.

Como observamos, la indefensión del ayuntamiento es grave. Las empresas son concesionarias del gobierno federal, y cuando termine la construcción, que va al 95%, comenzará a cobrar lo que le toca, se empiece a operar o no la planta. Los efectos de la planta tratadora recaerán en la población, a quien nadie ha asegurado con estudios de impacto ambiental y de protección civil que todo está cumpliendo los requisitos y protocolo que una obra de tal magnitud exige para seguridad de la población en la que está asentada tal planta.

El municipio no recibe a cambio ni siquiera el pago completo de licencia de obra, ni demás pagos municipales que por ley le corresponden por parte de la constructora. Las cementeras tampoco se hacen cargo de sus daños a la población y ninguna absorbe costos de rehabilitación ni de infraestructura médica, ni de calles o carreteras que se dañan en externo a partir del trabajo de estas empresas.

Este es un ejemplo claro de que al municipio se le ha descuidado, y que lejos de fortalecer su autonomía financiera y su participación en toma de decisiones, la centralización de decisiones y la concentración de facultades impositivas en las instancias federales, lo hemos convertido en un ente indefenso, incapaz de cumplir sus responsabilidades para con las poblaciones.

Es urgente que el Gobierno Federal atento a sus obligaciones y atribuciones constitucionales, vigile estrictamente el debido cumplimiento de la legalidad pro parte de los concesionarios de obras y servicios públicos que ese orden de gobierno otorga.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que se constituya como garante solidario de la prestación de servicios de salud de la población afectada a través del túnel emisor central y por el túnel emisor oriente, así como a destinar un fondo para el mantenimiento de la infraestructura afectada en el municipio de Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que investigue e informe a esta soberanía las medidas a adoptar que contribuyan a la mejor atención de la problemática expuesta en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.

Senadora Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los daños del ecosistema y las afectaciones del ambiente y especies en peligro de extinción causados por la implantación del programa parcial de desarrollo urbano del malecón Cancún Tajamar, en Quintana Roo, suscrita por los senadores Angélica de la Peña Gómez, Luis Humberto Fernández Fuentes y Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben Angélica de la Peña Gómez, Luis Humberto Fernández Fuentes, Luis Sánchez Jiménez, Senadores de la República a la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, pongo su distinguida consideración y del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución relativo a los daños al ecosistema, afectaciones al medio ambiente y a especies en peligro de extinción causadas por la implementación del programa parcial de desarrollo urbano del Malecón Cancún, Tajamar, en Quintana Roo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Los manglares son bosques pantanosos que viven donde se mezcla el agua dulce del río con la salada del mar. En estos lugares de encuentro relativamente tranquilos: estuarios, bahías, lagunas, canales y ensenadas viven estos árboles que muestran a quien quiera ver sus raíces aéreas. Todo un espectáculo para amantes de la naturaleza y fotógrafos diestros, pero mucho más que esto: los manglares son fuente de vida y de alimento. Estos ecosistemas autosuficientes reciben el nombre de manglar porque así se llama el árbol que es la especie vegetal dominante. Los manglares son capaces de adaptarse a distintos grados de salinidad según el estado de las mareas.

En marea alta por ejemplo, las raíces aéreas de estos árboles captan el oxígeno y lo transportan a las raíces que se encuentran bajo el agua, las encargadas de anclar cada árbol a la tierra inundada. A su vez, estas captan los nutrientes del agua del mar para que circulen por la planta y se conviertan en alimento al mezclarse con el oxígeno, expulsando por sus hojas lo que no sirve: la sal. A través de este asombroso mecanismo los manglares pueden vivir con una parte de sus raíces bajo el agua, en un suelo sin oxígeno, con altas concentraciones de sal y al mismo tiempo aprovechar los sedimentos de los ríos que también le brindan nutrición.

De acuerdo a la FAO el papel de los manglares es muy importante, económica y ecológicamente, como recurso natural y como protección del ambiente, y ambos aspectos no pueden separarse sin perjuicio para la zona. La madera del mangle es una fuente de leña, postes y material para techar. La formación boscosa del manglar contribuye a la cadena alimentaria marina porque produce detritos, y varias especies de animales marinos de importancia comercial pasan al menos parte de su ciclo vital en ellos. Por eso los manglares no deben considerarse solamente como bosques, sino también como productores de alimentos en forma de cangrejos, peces y camarones, muchos de los cuales terminan por ser capturados lejos de los manglares, lo que plantea problemas especiales de ordenación de tierras.

No siempre se reconoce todo el valor de los manglares, y con frecuencia se descuida su ordenación. La tala indiscriminada para obtener leña puede reducir la vegetación a un matorral abierto, que con el tiempo dará lugar a otras formas de uso de la tierra. Al principio esto puede parecer ventajoso desde el punto de vista económico, pero cuando se toman en consideración todos los aspectos socioeconómicos y ambientales, el panorama varía.

2. Quintana Roo ocupa la lamentable segunda posición con la pérdida de 2 mil 161 hectáreas de manglar, después de Nayarit con 2 mil 864, esta información de acuerdo con el documento denominado Manglares de México “Extensión, distribución y monitoreo”, elaborado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Entre 1970 y 1980, Quintana Roo disponía de 137 mil 910 hectáreas de mangle rojo, amarillo, negro y botoncillo, sin embargo con la urbanización y el desarrollo turístico, para el 2005 esta cantidad se redujo a 130 mil 210 hectáreas, pero para el 2010 que es el año en el cual hicieron el monitoreo del estudio presente, descendió hasta 128 mil 49 hectáreas.

Esta situación se agrava con la implementación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Malecón Cancún (hoy Tajamar). Se trata de un proyecto turístico e inmobiliario para la construcción de oficinas, comercios, apartamentos y un hotel Business, que se impulsa desde el año de 2006, que cuenta con cerca de 69 hectáreas, para proyectos de uso mixto que están distribuidas en 12 manzanas que tienen como ventana la laguna Nichupté. Aunque el predio tiene una superficie de 78 hectáreas.

El proyecto es uno de los más ambiciosos, ya que además contará con un centro comercial, el cual contará con 25 locales y una catedral la cual pretende ser la más alta de América Latina, hoteles, departamentos y oficinas, además de una rampa náutica, la cual ya está lista y funciona de emergencia para las lanchas que se ubican en la laguna.

De acuerdo con información del portal de Fonatur, más de 50 hectáreas ya están urbanizadas, con servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, alumbrado público, la canalización telefónica y jardinería, dejando habilitados los “megalotes”. Para realizar este proyecto, el presupuesto destinado es de 518 millones de pesos y la afluencia esperada es de cerca de 4.4 millones de personas, tres veces más la población de la entidad que es de 1.5 millones de habitantes.

3. El pasado 16 de enero de 2016 fueron destruidas 57 hectáreas del manglar de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, pese a las protestas de la ciudadanía y organizaciones sociales. Los daños causados al ecosistema del manglar son irreparables ya que en Malecón Tajamar habitaban especies en peligro de extinción, las cuales están incluidas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre ellas hay aves migratorias, cangrejo azul, rana leopardo, iguana rayada, cocodrilo Moreletti, garza tigre, pelícano café, entre otras, añadió el ambientalista. Además, las cerca de 60 hectáreas estaban compuestas por diversas especies de Mangle (Rojo, Blanco, Negro y Botoncillo), así como por Palma Nakax y Palma Chit, mismas que se encuentran amenazadas.

4. En virtud de estos hechos el pasado miércoles 20 de enero, juez segundo de Distrito de Quintana Roo, concedió la suspensión provisional para que se detenga cualquier tipo de acto que implique la ejecución de remoción de cualquier tipo de vegetación, así como el relleno con material pétreo en la zona denominada Malecón Tajamar. El Juzgado Segundo de Distrito reconoció que se debe conceder la suspensión provisional en virtud de la naturaleza del acto reclamado –el desmonte y relleno del manglar–, estando en juego el derecho de las personas en lo individual así como de una colectividad. La resolución en su parte medular señala:

“Con la medida suspensional no se afecta el interés público, al contrario se beneficia; pues como se ha hecho referencia, en el caso se involucran derechos de una colectividad, íntimamente vinculadas a su vez con el impacto ambiental, el cual prevalece sobre el interés particular de la persona física o moral que ejecute las obras relacionadas”.

Cabe señalar que la suspensión provisional fue concedida para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que se suspenda cualquier tipo de acto que implique la ejecución de remoción de cualquier tipo de vegetación así como el relleno con material pétreo en la zona denominada Malecón Tajamar.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición –de urgente resolución– con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, hace un respetuoso exhorto al ciudadano Roberto Borge Angulo, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, a valorar la posibilidad de implementar las medidas que permitan suspender el desmonte a la zona del manglar en el Malecón Tajamar, en tanto se resuelve en definitiva el juicio de amparo interpuesto en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia de Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, ante las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Derechos Humanos del Senado de la República, para que presente un informe detallado de los daños al ecosistema del manglar, las afectaciones al medio ambiente y a las especies en peligro de extinción causadas por la remoción de las 57 hectáreas de manglar de dicha zona.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita del ciudadano Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del gobierno federal, un informe detallado de la participación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) relativo a la comercialización de los terrenos donde se construye el proyecto denominado Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Malecón Cancún, Tajamar.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita del ciudadano Humberto Roque Villanueva, titular de la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos del gobierno federal, que informe a las Comisiones de Gobernación, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, si existe la Declaratoria de Procedencia establecida en los artículos 17 y 18 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y los permisos correspondientes para la construcción de la denominada Basílica Santa María del Mar que prevé construirse en el proyecto denominado Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Malecón Cancún, Tajamar.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Senadores: Humberto Fernández Fuentes, Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez, Luz María Beristáin Navarrete (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Acapulco a transparentar la elección del secretario de Seguridad Pública local, suscrita por el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad sabemos, tanto por experiencia histórica como por observación directa, que el desarrollo en ausencia de paz no solamente es complicado, sino básicamente imposible.

Hemos de convenir que la paz es un bien imprescindible para el progreso de los pueblos, una condición sine qua non para el desarrollo de un país o un área geográfica determinada.

Sin embargo, en el estado de Guerrero y específicamente en el Puerto de Acapulco la paz dejó de existir hace décadas; atrás quedaron los días en que personajes célebres de visitaban estas latitudes en busca de paz y tranquilidad, los tiempos en que el turismo internacional abarrotaba la Costera Miguel Alemán y en que los turistas gozaban de la incomparable vida nocturna de la Bahía de Santa Lucía.

Desafortunadamente, hoy en día el municipio de Acapulco es famoso por los descuartizados, las balaceras y el asesinato habitual de taxistas, camioneros, pequeños empresarios, policías y funcionarios municipales.

En medio de todo este caos, las autoridades municipales de extracción perredista son incapaces de elegir un titular de seguridad pública que cumpla con los requisitos de control y confianza indispensables para ocupar dicho cargo.

Y es que el pasado sábado fue destituido de su cargo el ahora ex secretario de Seguridad Publica de Acapulco, Francisco Sandoval Vázquez, lo anterior por no haber presentado su examen de control y confianza.

Según versiones informativas, el pasado 21 de enero el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que Francisco Sandoval se ostentaba como profesionista con un título apócrifo.

Por lo antes mencionado, apoyamos los señalamientos vertidos por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, al mencionar que con la seguridad de los acapulqueños y guerrerenses no se debe jugar en ningún momento, y exhortamos al alcalde de Acapulco a trabajar fuerte por la seguridad y tranquilidad de los acapulqueños.

No podemos ser omisos ante tales situaciones, sobre todo, cuando el 25 de enero de 2016, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal hizo público un estudio en el cual se menciona que Acapulco es la ciudad más violenta del país y la cuarta a nivel mundial.

Es pues con el ánimo de ayudar a nuestros hermanos acapulqueños que hacemos dichos señalamientos, esperando que las autoridades municipales a cargo del presidente municipal, Evodio Velázquez, actúen respetando las leyes y elijan a personas con una reputación intachable para desempeñar las funciones encomendadas de la mejor manera.

Por lo anteriormente mencionado, hacemos un llamado a las autoridades municipales perredistas a dejar la soberbia y los proyectos personales a un lado y trabajen por lo que realmente importa: la seguridad y tranquilidad de las familias acapulqueñas.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pesidente municipal de Acapulco a transparentar la elección del titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, lo anterior con la finalidad de evitar malo manejos en dicha institución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de enero del 2016.

Diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sagarpa a establecer instrumentos para que las organizaciones ganaderas del país fortalezcan los vínculos con universidades y centros de investigación, suscrita por la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer mecanismos para que las organizaciones ganaderas del país fortalezcan los vínculos con universidades y centros de investigación para que en las ferias ganaderas y encuentros de ese tipo se ofrezcan capacitación y resultados sobre investigaciones para mejorar la alimentación del ganado, con base en las siguientes

Consideraciones

Uno de los sectores de la economía mexicana que durante la última década ha mantenido un crecimiento sostenido, pese a los problemas financieros experimentados en el mundo, es la ganadería. Ejemplo de ello lo tuvimos en 2014, cuando la ganadería nacional acumuló un valor que rondó los 531 mil millones de pesos, ubicando a nuestro país en el séptimo lugar mundial en producción de pollo, puerco y res.

Las cifras que reporta el sector en México son consecuencia de la integración y consolidación de cadenas productivas, organizaciones empresariales que han logrado establecer sinergias positivas transexenales, producto del proceso de adaptación a los cambios que el comercio internacional ha planteado en los distintos mercados de la carne.

Derivado del crecimiento en la producción ganadera mexicana, entre 2010 y 2014, así como de las proyecciones en el consumo nacional e internacional, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima mayor expansión de la producción mexicana. En la avicultura se espera un aumento de la producción de 27 por ciento y de 90 en las exportaciones; en la producción porcina de casi 13, con disminuciones de 6.5 en las exportaciones; un incremento de la producción de bovinos, en 9.3 con el aumento de 4 por ciento en exportaciones, y finalmente el incremento de 8.5 en la producción de ovinos, que proyecta mayores exportaciones, en 43 por ciento.

No obstante ello, el gremio ganadero se encuentran sometido a grandes presiones derivadas de los costos de producción, los precios del alimento y la desventaja frente a productores estadounidenses, derivado de la situación legal de la investigación y aprovechamiento de granos transgénicos. Además, México no es autosuficiente en granos y en 2013, únicamente 180 granjas practicaban programas de mejoramiento genético. Si bien es cierto que en 2015 la pasta de soya y el sorgo bajaron de precio, el maíz sigue siendo un elemento determinante para la producción ganadera cuyo costo baja la competitividad de ganaderos mexicanos frente a estadounidenses y canadienses.

Dichos problemas han repercutido en la concentración de la mayor parte de la producción en pocas empresas, en el debilitamiento de los medianos y pequeños propietarios y en la pérdida o estancamiento de empleos en el sector, a escala nacional.

Al revisar algunas de las dinámicas del sector, se encuentra que resultaría importante redoblar esfuerzos para vinculación y difusión de la investigación científica de las universidades y centros especializados con los productores ganaderos en aspectos de alimentación, manejo, genética, salud animal, así como empaque, conservación, distribución y comercialización. Asimismo, se aprecia que aún falta entrelazar con mayor intensidad a las cadenas productivas microrregionales y un esfuerzo por participar en el fomento de determinados tipos de explotación ganadera de acuerdo con las vocaciones regionales y microrregionales.

Fortalecer e incrementar esta acción vinculante con los centros de investigaciones científicas como parte de una política sectorial, podría ayudar a integrar nuevas cadenas productivas, fortalecer el mercado interno, reestablecer regiones productoras e integrar en organizaciones a los pequeños y medianos productores, repercutiendo positivamente, a través de la competencia, en la distribución del mercado.

Por lo expuesto se somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer los mecanismos necesarios para que las organizaciones ganaderas del país fortalezcan los vínculos con universidades y centros de investigación para que en las ferias ganaderas y encuentros de este tipo se ofrezca capacitación y resultados sobre investigaciones para mejorar la alimentación del ganado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al presidente de la Condusef a llevar a cabo medidas para que las instituciones bancarias agilicen la respuesta de las quejas de los usuarios de tarjetas de crédito, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los principales objetivos del Congreso de la Unión es brindar certeza jurídica a la población en el desarrollo de sus distintas actividades.

En el caso de los usuarios de los servicios financieros, durante la LXII Legislatura, tuvimos a bien aprobar la Reforma Financiera, la cual representa un gran avance en la medida que permitirá incrementar la competencia en el sector; fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo; ampliar el crédito por medio de las instituciones financieras privadas; mantener un sistema financiero sólido y prudente; y hacer más eficaces a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en la materia.

Pese a estos importantes esfuerzos, persisten problemáticas como la comisión de fraudes a usuarios de tarjetas de crédito, situación ante la cual no podemos ser indiferentes.

Según cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en 2014, el monto total reclamado por los tarjetahabientes sumó 3 mil 565 millones de pesos1 . Además, en el periodo de enero a octubre de 2015, recibió 58 mil 758 reclamaciones por diversas anomalías relacionadas con las tarjetas de crédito.

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que de acuerdo al reporte Consumidores globales: perdiendo la confianza en la batalla contra el fraude , México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en fraudes por tarjetas de crédito2 .

Para la Condusef, las reclamaciones imputables a un presunto fraude se refieren a hechos como: el robo o extravío del plástico, la clonación de la banda magnética, las compras ilícitas realizadas de manera remotas o ventas por teléfono o internet, las transferencias electrónicas no reconocidas, el robo de identidad o falsificación de datos personales y las prácticas engañosas para obtener datos en cajeros automáticos.

La propia institución ha dado a conocer que los principales medios por los que se llevaron a cabo estos presuntos fraudes son las terminales punto de venta (68 por ciento) y las transacciones realizadas a través de internet, teléfono o banca móvil (31 por ciento).

Las pérdidas económicas por fraudes a tarjetahabientes han aumentado en los últimos años, pues mientras que en 2009 ascendían a 696 millones de pesos, en 2014 fueron de 1 mil 279 millones3 .

Los datos son contundentes y ponen de manifiesto las repercusiones que este tipo de ilícitos tienen sobre el patrimonio de los usuarios de tarjetas de crédito.

Ante esta situación, resulta necesario que la Condusef lleve a cabo las acciones pertinentes para que las instituciones financieras den respuesta puntual y oportuna a esta problemática.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias para que las instituciones bancarias agilicen la respuesta a las quejas que presentan los usuarios de tarjetas de crédito.

Notas

1 Evolución de las reclamaciones imputables a un posible fraude, CONDUSEF, Marzo de 2015,
http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/estadistica/evolucion-reclamaciones-11-14.pdf Consultado 11-01-2016

2 México, quinto lugar en fraudes con tarjetas de crédito, El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-quinto-lugar-en-fraudes-con-tarjetas-de-credito.html Consultado 11-01-2016

3 Evolución de las reclamaciones imputables a un posible fraude, op. cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a reparar por Capufe el tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95; y a la SHCP, a suspender el cobro de peaje ahí en tanto no se reestablezca el estado óptimo que permita ofrecer un servicio de calidad y seguro, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en la siguientes

Consideraciones

Baja California cuenta con una gran variedad de recursos y atractivos turísticos, que hacen que se posicione como una de las entidades del país con mayor potencial turístico, destacando su vocación y las oportunidades para seguir abonando y construyendo un mejor destino turístico en México.

En el año de 1967 se puso en operación la autopista escénica Tijuana-Ensenada, una vía de cuota federal de 95 kilómetros concesionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)1 .

La carretera antes mencionada se construyó con el objetivo de impulsar y hacer crecer el turismo de la región. Sin embargo desde su apertura hasta la fecha ha presentado con afectaciones y deslizamientos importantes en diversos puntos de la carretera, que incluso han llevado al cierre de la autopista, como el de 1997 en el que se tuvo que realizar la reconstrucción total de un tramo debido a un desplazamiento, así como el deslizamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre del 2014 en el kilómetro 93, en donde se presentó un deslizamiento de 30 metros de profundidad por 300 de largo, movimiento que se aceleró debido a varios temblores y a las intensas lluvias registradas en la zona, y que su reparación se estima tuvo un costo de 900 millones de pesos para su reconstrucción.

Lo anterior trajo consigo grandes afectaciones a la ciudadanía y a la economía regional, ya que es una de las principales vías de comunicación primordial entre el norte y sur del estado, además de ser una ruta importante de exportación de productos marítimos.

En días anteriores, con el fenómeno climático conocido como “El niño”, trajo consigo nuevas afectaciones como grietas y deslizamientos a la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95, cuestión que preocupa y pone en peligro la integridad de los usuarios y sus familias considerando el uso continuo y el intenso tránsito que presenta esta vía, así como en caso de un derrumbe provocaría grandes afectaciones a la economía regional.

Investigadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (Cicese), han señalado que el kilómetro 95 es uno de los puntos identificados como activos, expresando que si continuaba con la lluvia durante este invierno, también continuaría el proceso de movimiento y/o de asentamiento de masa, ya que el agua es un promotor del fenómeno1 .

Es por ello que el objeto del siguiente punto de acuerdo es exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Capufe para que tomen las medidas necesarias para reparar de la mejor manera posible la zona afectada del tramo carretero, así como para que los trabajos se realicen en el menor tiempo posible para afectar lo menos posible a los que transitan por esa vía de comunicación. Así para que mientras la autopista no cumpla con el servicio eficiente y oportuno por el cual cobra, sea suspendido el cobro de caseta, en tanto no la reparen y den garantías al usuario de transitar con seguridad. La atención a esta demanda social será un factor fundamental para contribuir al bienestar de los habitantes de la comunidad, lo que nos permitirá mejorar el tránsito y las actividades que realizamos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, repare el tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender el cobro de peaje hasta en tanto no se restablezca el estado óptimo de la carretera que permita ofrecer un servicio de calidad y seguridad al usuario.

Nota

1 https://www.cadenanoticias.mx/nota.php?cont=notas&nota=26425

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales, del DF y de la república a establecer en el marco del Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018 jornadas preventivas de información, promoción y verificación de las acciones en materia de protección civil, suscrita por el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Jesús Valencia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

Como parte del proceso de desarrollo global en el que nos encontramos en México, la situación económica y social ha cambiado en los últimos 40 años, y esto ha traído consigo la transformación de la clase trabajadora, los roles han cambiado y, en la actualidad, la mujer tiene una presencia más activa en el campo laboral, lo que genera que la estructura y la dinámica de las familias en el país sea diferente y, en consecuencia, las necesidades también cambian.

En particular vemos que las necesidades de las niñas y niños cuyos padres trabajan, quienes al no poder atenderlos durante el horario laboral, requieren de un lugar para su cuidado y atención.

Actualmente, un gran número de padres y madres de familia cuentan con prestaciones laborales o sociales, entre las que se encuentran las de guarderías o estancias infantiles, donde las niñas y niños reciben cuidados mientras ellos laboran.

Ante el aumento de usuarios y de lugares que prestan estos servicios, aunado a los riesgos y especial atención que requieren, es que resulta necesario conocer las condiciones en que operan los centros de atención (CA) públicos, mixtos y privados que prestan estos servicios para asegurar su buen funcionamiento y, sobre todo, garantizar el derecho que tienen niñas y niños a formarse física, psíquica, emocional y socialmente en condiciones de igualdad y seguridad.

A partir del año 2009, la visión que se tiene acerca del cuidado y desarrollo infantil ha dado un giro, y con la promulgación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), se plasman los principios básicos que deben regir tanto las actividades de cuidado infantil como la seguridad en los CA.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 3 se establece como base fundamental el interés superior del niño, especialmente en la prestación de servicios de cuidado o protección de los niños, misma que al respecto señala:

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. ...

3. Los estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”

En este sentido, la función principal de los centros de atención infantil, es prestar servicios de cuidado a las niñas y niños, cuyos padres no pueden atenderlos por motivos laborales, sin dejar de lado que sean prestados con calidad y profesionalismo bajo medidas de seguridad e higiene necesarias para el buen desarrollo físico, psíquico y emocional de las niñas y niños, atendiendo las disposiciones legales aplicables y la Convención sobre los Derechos del Niño.

La primera infancia, de los 0 a los 5 años de edad, representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niña y niño, siendo la etapa más vulnerable del crecimiento. En esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. El amor y la estimulación intelectual permiten a las niñas y niños desarrollar la seguridad y autoestima necesarias. Para ello, su entorno y los lugares en donde se les cuida son fundamentales.

Considerandos

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. establece que el estado en todas las decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos a la educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, principio que deberá guiar el diseño ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

2. El 10 de mayo de 2007 se creó el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, como “... una instancia de coordinación, a través de la cual se dará seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales que permitan la ampliación de la cobertura a la demanda de los servicios de atención y cuidado infantil, acorde al marco de operación de cada programa.”

3. El 24 de octubre de 2011, se publicó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), la cual contiene los principios con los que deberán operar todos los CA del país, sean públicos, privados o mixtos.

4. El 16 de mayo de 2013, se instaló el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, como una instancia normativa, de consulta y coordinación que tiene por objeto promover mecanismos interinstitucionales que permitan establecer políticas públicas y estrategias de atención en la materia.

5. El 30 de abril de 2014 se publica el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018, el cual se encuentra apegado a los objetivos y estrategias de los Programas Sectoriales de Salud y Educación, referente al tema de educación inicial y cuya ejecución corresponderá a la administración pública federal centralizada y paraestatal que tengan a su cargo, operen o intervengan en el funcionamiento de Centros de Atención Infantil públicos, mixtos y privados a nivel nacional.

6. Dentro de los objetivos de dicho plan se encuentra:

• Propiciar la creación de la Red Nacional de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil Integral a fin de fomentar la coparticipación de todos los sectores involucrados.

• Propiciar la homogeneización de normas de protección civil, así como trámites de instalación y operación de los servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil Integral (ACDII).

• Favorecer la generalización de prácticas de salud, educativas y alimentarias de éxito que propicien la mejora en la ACDII.

• Favorecer el diseño de programas de capacitación, formación y profesionalización de prestadores de servicios de ACDII en los centros de atención.

7. Con base en lo anterior, es de vital importancia garantizar lo establecido en el artículo 4o. constitucional relativo al principio del interés superior de la niñez por sobre las decisiones del estado, de ahí la necesidad de generar los mecanismos necesarios en materia presupuestal para el fomento y promoción de las políticas públicas enfocadas a garantizar la seguridad de quienes utilizan los servicios de los centros de atención en cualquiera de sus modalidades públicas o privadas como son: Centros de Desarrollo Integral Infantil (Cendi), Centro de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI), guarderías, estancias para el bienestar y el desarrollo infantil, etcétera, así como también las medidas de protección civil que se deberán implementar en dichos centros en los tres niveles de gobierno, para evitar que se susciten tragedias como las que se han presentado en los últimos años en estos centros de atención.

Más aun, de acuerdo al segundo Informe Semestral de Actividades 2015 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mil 82 guarderías y estancias infantiles en el país carecen de programa interno de protección civil, de los cuales 882 establecimientos son privados y 400 públicos, que en conjunto representan 5 por ciento de los 21, 888 centros que operan en el país.

Además, mil 364 establecimientos privados no disponen de protocolos para la atención de emergencias médicas, mientras que sólo 41 por ciento de los públicos –dependientes de IMSS, ISSSTE, Sedesol, DIF y SEP– ha establecido convenios con alguna institución médica para atender esas emergencias.

El informe también detalla que 3 mil 442 centros no realizaron simulacros de incendio durante los últimos seis meses, pese a que la ley obliga a efectuarlos cada dos meses, lo anterior para evitar que se vuelvan a presentar hechos tan lamentables como los sucedidos de la Guardería ABC hace más de seis años1 .

Por ello, atendiendo lo establecido en el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y dados los datos negativos presentados en el informe, se hace necesario reforzar y fortalecer la implementación de medidas de protección civil y las visitas de verificación por parte de las autoridades en los centros de atención en general, con el objeto de garantizar la seguridad de quienes ahí asisten y evitar tragedias que lamentar.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales, del Distrito Federal y al gobierno de la República para que, en el marco del Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018, puedan establecer jornadas preventivas de información, promoción y verificación de las acciones en materia de protección civil que deben seguir los responsables y/o titulares de los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, atendiendo lo establecido en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Nota

1 Periódico Reforma , Incumplen la Ley Mil 82 guarderías, 17 de enero de 2016, en: www.reforma.com

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Diputado Jesús Valencia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la CNS, la Condusef, la Profeco, la Prodecon y sus homólogas en las entidades federativas a promover y fortalecer las estrategias transversales contra el robo de identidad, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y a sus homólogos en las entidades federativas, a promover, difundir y fortalecer las estrategias transversales contra el robo de identidad derivada de la sustracción de datos personales a través del correo electrónico, redes sociales y banca electrónica, con base en las siguientes

Consideraciones

El 28 de abril de 1981 en la ciudad de Estrasburgo se firmó el Convenio Número 1081 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

El 28 de abril de 2006 el Comité de Ministros del Consejo de Europa conmemorando el Convenio 108 declaró que cada 28 de enero se celebrara el Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

Los objetivos que persigue esta conmemoración es difundir los derechos, el manejo adecuado y uso responsable de los datos particulares de toda persona; también es un llamado para que las autoridades y la sociedad civil trabajen conjuntamente e implementen medidas de protección para abatir este delito, ya sea para evitar que en sector público sufra vulneraciones en sus bases de información y para proteger los datos personales de la ciudadanía.

La sustracción de datos personales fomenta diversos ilícitos como el robo de identidad, el cual tiene consecuencias graves que pueden requerir de tiempo y recursos económicos para resolverse. Por lo general, a las víctimas les lleva mucho tiempo darse cuenta de que su identidad ha sido robada, y una vez que sucede es muy difícil recuperarla y es común tener problemas en el futuro 2.

En este sentido, el robo de identidad es una conducta dolosa que tiene como objetivo obtener datos personales y utilizarlos sin autorización de los titulares, las consecuencias sin duda vulneran los derechos humanos del ciudadano, lo que puede derivar pérdida de tiempo, deterioro de la reputación, daño económico y hechos delictivos.

El robo de datos personales y de identidad se ha agravado por el creciente desarrollo tecnológico donde información personal como: nombre, edad, fecha de nacimiento, fotografía, información de tipo familiar, escolar, laboral 3, expedientes clínicos, entre otras, se encuentran al alcance de la delincuencia en correos electrónicos, las redes sociales, banca electrónica, base de datos del sector público, principalmente.

En 2015

A nivel internacional:

• La firma de seguros y manejo de riesgos Oswald, en su infografía Identity Theft , señaló que “34 por ciento de la información robada es de trámites de gobierno; 17 por ciento de tarjetas de crédito; 14 por ciento de teléfonos y servicios públicos; 8 por ciento del banco; 6 por ciento son datos de trabajo, y 4 por ciento de préstamos”4 .

• Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas explicó que los delitos cibernéticos que se asocian al robo de datos personales y de identidad, “afectan alrededor de 431 millones de víctimas adultas a nivel mundial”5 .

A nivel nacional:

• La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señaló que en el primer semestre fueron reportados más de 28 mil casos de robo de identidad.

• La Comisión Nacional de Seguridad mencionó que los ciberdelitos asociados al robo de identidad fueron de 68 por ciento.

• El Banco de México dijo que México ocupa el 8 lugar a nivel mundial en el delito de robo de identidad, abundó que el “67 por ciento de los casos, el robo de identidad se da por la pérdida de documentos, en 63 por ciento, por el robo de carteras y portafolios, y 53 por ciento por información tomada directamente de una tarjeta bancaria6 .

Los avances para abatir este ilícito del cual se detonan otros más se ha puesto en marcha con la determinación del presidente Enrique Peña Nieto, de las fuerzas políticas, académicos y la de sociedad civil al consolidar la reforma constitucional en materia de transparencia; la expedición de la Ley General de Transparencia; la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Con esta base legal e institucional es necesario difundir, fomentar y fortalecer las estrategias transversales en contra del robo de datos personales y de identidad con la finalidad de salvaguardar los derechos de las personas y su patrimonio.

Es por ello que el Partido Verde Ecologista de México está a favor de que tanto el sector público como el privado cuide y maneje adecuadamente los datos personales de toda persona atendiendo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad7 .

Estamos a favor de innovar la legislación en materia de protección de datos personales, por lo que estamos muy atentos de los trabajos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sobre esta materia.

Por tal motivo, vemos con oportunidad que la colaboración entre los poderes y órdenes de gobierno hagan un esfuerzo para promover, difundir y fortalecer las estrategias transversales para abatir este delito.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y a sus homólogos en las entidades federativas, a promover, difundir y fortalecer las estrategias transversales contra el robo de identidad derivada de la sustracción de datos personales a través del correo electrónico, redes sociales y banca electrónica.

Notas

1 http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/B.28-cp—CONVENIO-N-1o—108-DEL-CONSEJ O-DE-EUROPA.pdf

2 Boletín INAI/011/16

3 Ibídem

4 Boletín INAI/015/16

5 Decimotercer Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, adoptado la Declaración de Doha

6 Op. cit

7 Artículo 6, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Profepa que investigue los hechos suscitados en el malecón Tajamar, Quintana Roo, para fincar responsabilidades a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno implicados en la devastación de humedales, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Macedonio Tamez Guajardo, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución mediante el cual se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a dar puntual seguimiento de los hechos suscitados en el Malecón Tajamar, así como realizar investigaciones para fincar responsabilidades a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno implicados en la devastación de humedales del Malecón Tajamar, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Un manglar proporciona al ser humano y cada ser viviente del planeta una infinidad de beneficios, pues albergan una gran cantidad de especies que son ocupados para el medio pesquero, así como reducir los impactos de los fenómenos naturales como los huracanes, la erosión de la tierra, zonas costeras y preservando una gran variedad de animales, fauna y flora entre otros.

En México contamos con una gran diversidad de extensiones en manglares, estos árboles y arbustos son quienes dan paso a causales de agua para consumo humano, pues soportan la salinidad del agua entre los límites del agua dulce y salada, independientemente de los beneficios al medio ambiente por la gran cantidad de animales, flora y fauna que ahí albergan, así como la distribución del manglar en México esta? regida principalmente por la temperatura, pues esta comunidad sólo prospera en zonas cálidas.

Por otra parte, es importante mencionar que vivimos en una época de cambio climático. De acuerdo con la FAO en los últimos años más del 35% de manglares se han perdido por la tala inmoderada, siendo éste un factor para que siga en crecimiento el cambio climático, y de acuerdo a datos de esta institución en México la destrucción dolosa de manglares ha sido causa de la extinción de muchas especies de animales, así como la causa de inundaciones en las zonas afectadas.

En días pasados fueron destruidas 57 hectáreas de manglar en el estado de Quintana Roo, en el sitio conocido como Malecón Tajamar. Esto generará un daño ambiental y al ecosistema, a, tiempo que se inscribe en un atropello que ha indignado a los mexicanos, dado que la devastación de este ecosistema fue avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para permitir la construcción de un desarrollo inmobiliario.

Estos hechos se suscitaron a pesar de las protestas de ciudadanos y habitantes de la región, que fueron replegados por elementos de seguridad pública municipal y estatal.

El Malecón Tajamar es un proyecto turístico inmobiliario de 70 hectáreas, de las cuales 58 ya fueron urbanizadas, lotificadas y vendidas, según el Plan Maestro del Fonatur. En los terrenos que colindan con la laguna Nichupté y la zona de manglares del mismo nombre, se pretende edificar 22 proyectos como la basílica católica de Cancún, un centro comercial, estacionamientos y oficinas, así como una zona residencial con tres mil 600 viviendas y torres de condominios. En el proyecto inmobiliario Tajamar se han invertido más de 600 millones de pesos por parte de los gobiernos federal y estatal. El tráfico de influencias y la corrupción rodean a este proyecto, pues se ha acusado a Fonatur de falsear información al punto de negar incluso la existencia del manglar mismo.

II. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, quinto párrafo, establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizara? el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generara? responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 2º fracción III define al daño ambiental como:

“III. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así? como de los servicios ambientales que proporcionan. Para esta definición se estará? a lo dispuesto por el artículo 6o. de esta Ley;”

III. El día miércoles 20 de enero de 2016 el Juez segundo de Distrito, Gerardo Vázquez Morales ordenó detener las obras en la zona, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Esta medida cautelar determinó que el proyecto atenta contra los derechos individuales y colectivos de los mexicanos, vinculados con el daño e impacto ambiental, determinado lo siguiente:

“que se suspenda cualquier acto que implique la remoción de cualquier tipo de vegetación, así como el relleno de cualquier tipo de material pétreo en la zona denominada Malecón Tajamar, y en caso de ya estar concluidas, se suspenda el inicio de diversas actividades vinculadas con obras civiles; ello, hasta que las autoridades responsables reciban notificación sobre lo que resuelva la suspensión definitiva”

Dicha suspensión provisional fue concedida una vez que ambientalistas y ciudadanos se movilizaron cuando los desarrolladores inmobiliarios, con protección policiaca del Ayuntamiento de Benito Juárez y del Gobierno de Quintana Roo, ingresaron a los predios con maquinaria pesada para talar todo a su paso.

Los ambientalistas se movilizaron en rechazo a la destrucción del mangle y mantienen guardias permanentes las 24 horas del día en todos los accesos al Malecón Tajamar para documentar y tratar de impedir que el predio, aunque devastado, sea rellenado, como pretenden los desarrolladores. Asimismo, Greenpeace México condenó la destrucción de 57 hectáreas del manglar de Tajamar, y exigió a las autoridades federales y estatales detener estas obras que atentan contra el ecosistema hasta que no se resuelvan y transparenten los procesos y recursos legales interpuestos por la sociedad civil.

De acuerdo con organizaciones ciudadanas, si las obras iniciadas por las autoridades contra el manglar son suspendidas, es posible que el manglar se recupere de forma natural.

Cabe destacar que los permisos otorgados para llevar acabo la destrucción del “Malecón Tajamar” fueron otorgados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a pesar de que la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 60 TER prohíbe estrictamente lo anterior.

Artículo 60 Ter. Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.

Además, el doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, declaró que con la destrucción del manglar Tajamar se transgrede la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

En Movimiento Ciudadano consideramos que resulta fundamental combatir la destrucción del medio ambiente en nuestro país y proteger los derechos de los mexicanos a tener un medio ambiente sano. Por ello, la devastación del Malecón Tajamar en el Estado de Quintana Roo, no puede quedar en la impunidad. Debe sancionarse a los servidores públicos responsables de estos hechos, que indignan a miles de mexicanos y que violan nuestro marco jurídico.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una puntual investigación de los hechos relacionados con la destrucción del Malecón Tajamar en el Estado de Quintana Roo, e iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para fincar responsabilidades a los servidores públicos que resulten implicados en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2016

Diputados: Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Macedonio Tamez Guajardo.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del GDF un informe detallado sobre las licitaciones realizadas y los recursos destinados a la primera etapa de remodelación del centro cultural Ollin Yoliztli, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Centro Cultural Ollin Yoliztli fue inaugurado por Carmen Romano de López Portillo el 27 de noviembre de 1979. Es sede de la Orquesta Filarmónica y el Coro de la Ciudad de México, además coordina el programa de Orquestas Juveniles y Coros de la Ciudad, integrado por 12 orquestas y 9 coros distribuidos en distintas delegaciones de la capital del país.

Dicho espacio cultural tiene como objetivo fundamental la promoción, difusión y educación artística y cultural, así como el estímulo de la educación artística en música y danza entre las niñas, niños y jóvenes del Distrito Federal, para que su desarrollo personal y profesional se desenvuelva en espacios adecuados.

En sus instalaciones son comunes los conciertos de música, recitales, presentaciones dancísticas, teatro y exposiciones de pintura. Solo durante el 2015, se superaron los 500 eventos a los que asistieron más de 66 mil personas de la Ciudad de México, del interior de la República e, incluso, del extranjero.

Lamentablemente, a pesar de su importancia para la cultura del Distrito Federal, las instalaciones del Centro Cultural Ollin Yoliztli, presentan diversos daños estructurales, que vulneran la seguridad y ponen en peligro la integridad de directivos, estudiantes, padres de familia y público en general.

Para dimensionar la problemática, basta mencionar que el Centro Cultural, ha sufrido severos daños que ocasionan filtraciones de agua en los techos y en las instalaciones eléctricas, debido a estas averías, uno de los integrantes de la orquesta sufrió heridas en una mano después de que una lámpara le explotara en la mano, además una lámpara se desprendió en la zona de chelistas durante un concierto al que asistieron un centenar de personas.

Desde 2014, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, afirmó a través de un dictamen que era necesario reparar plafones, arreglar duelas de salones, establecer medidas de seguridad en áreas con instalaciones eléctricas e impermeabilizar el estacionamiento.

Otra irregularidad es que el restaurante “La Escala”, que en el 2008 se propuso convertirlo en un Museo de la Música, hoy es ocupado como un salón de danza a pesar de lo inapropiado por sus dimensiones, lo cual dificulta el buen desarrollo de las sesiones y el aprovechamiento de las instalaciones.

Se encuentra documentado que la cafetería es utilizada como salón de ensayos de coros y obras de teatro, dicho espacio, no tiene lámparas y material acústico apropiado para estas sesiones.

Ante esta situación, la administración capitalina, llevó a cabo en una primera fase, diversos trabajos de sustitución de luminarias, cambio de cableado eléctrico y mantenimiento en los circuitos de la subestación eléctrica; además se reemplazaron los tableros y las consolas de la cabina principal, por un monto aproximado de 2.5 millones de pesos, durante este proceso fue constante la falta de trasparencia en el gasto de los recursos públicos y opacos los procesos de licitación, en la designación de diversos contratos de obra.

Incluso con esta opacidad, se tiene programado una segunda etapa que contempla el retiro de la losa y los plafones con grietas que han perpetuado la humedad, para después impermeabilizar el recinto y cambio de sanitarios. Ante este contexto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI consideramos fundamental que exista un proceso de rendición de cuentas, en el que se dé a conocer las licitaciones, los recursos esperados y los beneficiarios programados.

Este proceso de apertura, que tiene como finalidad dar especial seguimiento al destino de los recursos públicos y debe darse antes de que se lleve a cabo lo que el secretario de Cultura del Distrito Federal denominó “cirugía mayor”.

Ante este panorama poco alentador, resulta indispensable que el Gobierno del Distrito Federal, informe sobre los recursos ejercidos, las licitaciones realizadas y las empresas ejecutoras, destinadas a la remodelación del Centro Cultural Ollin Yoliztli, debido a presuntas irregularidades en su ejecución y designación.

Aunado e ello, es de vital importancia que la administración central, presente el proyecto ejecutivo de lo que se denominó “Cirugía Mayor”, haciendo énfasis, en los tiempos de ejecución, los presupuestos requeridos y las licitaciones a realizar. Lo anterior para que la administración de los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al gobierno del Distrito Federal un informe detallado en relación con las licitaciones realizadas y recursos destinados a la primera etapa de la remodelación del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Asimismo, presente el proyecto ejecutivo con montos y tiempos de construcción de lo que el secretario de Turismo de la entidad denominó como “cirugía mayor”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de dos mil dieciséis.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a ordenar la remoción del delegado en Veracruz, a cargo del senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Fernando Yunes Márquez, senador de la República de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que en el ámbito de sus atribuciones ordene la remoción de Marco Antonio Torres Hernández, delegado de la Sagarpa en Veracruz.

Consideraciones

El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública. Para la Constitución la garantía más importante del adecuado funcionamiento del régimen constitucional está en la plena publicidad y transparencia, de modo tal, que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, con la finalidad de cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

En un Estado de derecho como México, la relación entre transparencia, elecciones y legitimidad democrática resulta fundamental. La confianza en las instituciones y en los procedimientos electorales son elementos necesarios para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, que a su vez se rige por componentes indispensables como la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

Si bien nuestra Constitución establece en el artículo 128, que será obligación de todo funcionario público antes de tomar su cargo, prestar protesta de guardar la Constitución Y las leyes que de ella emanen, como forma de contraer una obligación fundamental y necesaria con la nación, existen funcionarios que sin importar su compromiso quebrantan la ley.

El pasado 22 de enero, el actual delegado de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Veracruz, Marco Antonio Torres Hernández, organizó un evento en el municipio de Córdoba, cuya finalidad sería la entrega de paquetes tecnológicos del Programa de Apoyo Emergente a 2500 cafeticultores de 13 municipios de la zona centro del Estado, sin embargo lejos de representar un evento meramente institucional, se convirtió en un evidente mitin político, al cual asistieron diversos funcionarios como el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Córdoba, Sergio de la Llave Mígoni, y el subsecretario de Finanzas de Veracruz, Juan Manuel del Castillo González, quien claramente ha demostrado sus aspiraciones para ser el próximo candidato del PRI a diputado local.

Ante los hechos mencionados, resulta evidente que el actual delegado de la Sagarpa en Veracruz, Marco Antonio Torres Hernández realizó actividades proselitistas en favor del próximo candidato del PRI a diputado local, toda vez que mediante el argumento de entrega de .paquetes tecnológicos. Y aprovechándose Indebidamente de los recursos de la Secretaría antes mencionada, dio oportunidad para que Juan Manuel del Castillo González, hiciera uso del espacio para hacerse publicidad en el municipio de Córdoba, cuando nada tiene que hacer el referido subsecretario en un evento relacionado con la entrega de paquetes en apoyo de cafeticultores.

Además, debe señalarse que las entregas ya referidas, fueron requeridas desde hace más de un año por cafeticultores que debido a las afectaciones por el hongo de la roya, el abandono de fincas y la falta de apoyos al campo por parte de las autoridades gubernamentales, sufrieron pérdidas del 50 por ciento de su producción, así como de 42 mil hectáreas, lo que se traduce también en pérdidas millonarias en sus cultivos. No obstante, y a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó el .programa Emergente del Café 2014u, cuyo fondo ascendió a 238 millones de pesos, el Delegado Marco Antonio Torres Hernández, mostró poco interés por apoyar a este sector cafetalero, retrasando la entrega de este fondo, sin importar la necesidad que tienen los productores cafetaleros de Veracruz, muchos de los cuales ven en la cosecha del café su única fuente de empleo e ingresos para sus familias.

Los procesos electorales han iniciado, y coincidentemente el Delegado ha decidido poner en marcha las acciones del Programa Emergente del Café, mediante eventos sociales que constituyen actos proselitistas a favor del Partido Revolucionario

Resulta indignante, que un funcionario del gobierno federal específicamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se preste para emplear recursos de la dependencia que representa, a favor de un partido y concretamente a favor de próximos candidatos del Partido Revolucionario Institucional. De igual manera, es inaceptable la falta de interés que este funcionario ha mostrado en el desempeño de sus funciones, pues no es la primera vez que el delegado se ha involucrado en diversos escándalos que incluso han llevado a que legisladores de su propio partido, soliciten su remoción, argumentando que el funcionario federal no coordina eficientemente las diferentes áreas que tiene en su dependencia, y precisando que esa deficiencia refleja pésimos resultados para los productores de Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el ámbito de sus atribuciones ordene la remoción del Marco Antonio Torres Hernández, delegado de la Sagarpa en Veracruz.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 27 días del mes de enero de 2016.

Senador Fernando Yunes Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Quintana Roo a informar a esta soberanía del grado de cumplimiento de la recomendación emitida por la CDH del estado el 14 de octubre de 2015, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, senadores Angélica de la Peña Gómez y Luis Humberto Fernández Fuentes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La tortura ha sido reconocida por el derecho y la comunidad internacional como una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Se ha llegado a reconocer que todos los derechos humanos requieren tanto de moderación y medidas positivas por parte del estado. Por ejemplo, el derecho de protección en contra de la tortura, frecuentemente se planteaba como el clásico derecho negativo que sólo requería que el estado se abstuviera de invadir la libertad personal e integridad corporal. En la actualidad, se ha reconocido que la garantía eficaz de este derecho, como una cuestión práctica, requiere prácticamente en todos los casos, de importantes iniciativas, tales como el entrenamiento, la supervisión y el control apropiado de la policía y las fuerzas de seguridad.

Por diversas notas periodísticas y a través de la denuncia de múltiples organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, hemos conocido del terrible caso de Héctor Manuel Cacique Fernández y Maximiliano Ezequiel Millán González, quienes, desde el momento de su detención en marzo de 2013, han sido víctimas de las peores formas de tortura infligidas en su contra por diversos funcionarios públicos del gobierno del estado de Quintana Roo, con el propósito de que se declararan culpables de un delito.

La tortura de la que han sido objeto ha sido tan grave que ha dejado marcas permanentes e irreversibles, tanto físicas como emocionales, en Héctor Cacique y Maximiliano Millán. Esto ha sido certificado en diversas constancias y documentales emitidas tanto por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la aplicación de los exámenes pertinentes de conformidad con el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul).

Derivado de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió, con fecha 30 de septiembre de 2014, la Recomendación CDHEQROO/021/2014/VG-II, sin embargo, ante el deficiente cumplimiento de la misma por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, con fecha tres de junio de 2015, el organismo autónomo de protección de los derechos humanos de esta entidad federativa, dictó el acuerdo de reapertura del expediente a fin de profundizar las investigaciones en relación a los hechos materia de las quejas interpuestas por la tortura a que fueron sujetos Héctor y Maximiliano.

Es así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con base en el cúmulo probatorio obtenido, con fecha 14 de octubre de 2014, emitió una nueva recomendación con número CDHEQROO/017/2015/II, dirigida al procurador general de Justicia del estado de Quintana Roo con los siguientes puntos:

Primero . Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de iniciar hasta su conclusión el procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR19, AR20, AR21, AR22, AR23, AR24, AR25, AR26, AR27, AR28, AR29, AR30, AR31, AR32, AR33, AR34, AR35, AR36, AR37, AR38, AR39 y AR40; y por último, AR41, AR42 y AR43, por los actos y omisiones relacionados con la tortura cometida en agravio de V1 y V2 descritos en la presente recomendación, para determinar el grado de responsabilidad en que incurrieron al violentar los derechos humanos de los referidos agraviados y, consecuentemente imponerles las sanciones que legal y administrativamente les sean aplicables.

Segundo . Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que como medida de rehabilitación, en su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos se les proporcione a los agraviados V1 y V2, atención médica, psicológica y psiquiátrica, los medicamentos que requieran hasta su recuperación total y en el caso específico de V1, interno del Centro de Reinserción Social en Benito Juárez, Quintana Roo, en su oportunidad, se le reubique en un lugar donde se garantice su integridad personal y su vida.

Tercero . Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que como medida de compensación, se repare el daño ocasionado a V1 y V2, en los términos que establecen los estándares internacionales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

Cuarto . Gire instrucciones a quien corresponda para que como medida de satisfacción, se pida una disculpa pública a los agraviados V1 y V2, en la que se establezca la verdad de lo sucedido y se restablezca la dignidad de los mismos.

Quinto . Gire instrucciones a quien corresponda para que como medida de no repetición, se otorgue un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos, dirigido a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en el que se les brinde capacitación en materia de derechos humanos en general, así como en relación a la observancia de las normas éticas que deben regir su actuación.

Sexto . Como medida de no repetición, instruya a los agentes de la policía judicial del estado, agentes del Ministerio Público del fuero común y sus oficiales secretarios que se abstengan de instigar, cometer o autorizar a un tercero o se sirvan de él, para infligir a los agraviados V1 y V2 o a cualquier persona actos de tortura, o no eviten que se cometan dichos actos sobre una persona que esté bajo su custodia.

Séptimo . Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que de manera perentoria se emita la determinación correspondiente en la averiguación previa AP3, instruida por el delito de tortura, cometido en agravio de V1 y V2 y en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR19, AR20, AR21, AR22, AR23, AR24, AR25, AR26, AR27, AR28, AR29, AR30, AR31, AR32, AR33, AR34, AR35, AR36, AR37, AR38 y AR39; y por último, AR41 , AR42 y AR43, tal y como ha quedado descrito en la presente recomendación.

Asimismo, de manera inmediata se inicie la averiguación previa en contra de AR6, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR22 y AR40, a efecto de investigar y sancionar su responsabilidad penal por el delito de tortura, tal y como ha quedado descrito en la presente recomendación y se emita la determinación como legalmente corresponda.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta al procurador general de Justicia del estado de Quintana Roo, para que informe a esta soberanía, el grado de cumplimiento de la recomendación número CDHEQROO/017/2015/II, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en fecha 14 de octubre de 2015, especificando los puntos que han sido cumplidos y las acciones que ha realizado para tal fin, así como aquellas acciones que están pendientes por realizar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Senadores: Angélica de la Peña Gómez, Luis Humberto Fernández Fuentes (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Morelos a agilizar la publicación de la convocatoria para integrar el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, suscrita por el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las obligaciones que deben cumplir los funcionarios públicos es el de proveer de seguridad a los habitantes de la demarcación en donde ejercen sus funciones, lo cual implica una mayor responsabilidad cuando se trata de cargos a los que un individuo accede por medio del voto ciudadano.

La responsabilidad es compartida, puesto que en los procesos electorales sin importar el contexto (federal o local) los partidos políticos deben presentar a los candidatos que representen de mejor manera la plataforma de campaña que ofrecen las diversas fuerzas políticas, a fin de dar a conocer a los ciudadanos las propuestas para resolver los problemas derivados de la convivencia social.

Hablamos de responsabilidad compartida, dado que partido y candidato representan una forma de apreciar el quehacer político, el cual se verá materializado a través de las políticas públicas que sean impulsadas desde el cargo al cual se acceda por decisión de la mayoría en las urnas, como es el caso de los presidentes municipales en México, quienes deben pasar por el escrutinio de su partido en calidad de candidatos, como lo establece el artículo 35 constitucional que otorga a los partidos políticos el derecho de registrarlos ante la autoridad electoral.

Hacemos referencia a la figura del alcalde dado que se trata de la posición más cercana a la sociedad, y a la cual corresponde solucionar de manera más directa los problemas de la comunidad en donde ejerza sus atribuciones, lo cual se magnifica en el contexto de gran inseguridad que atraviesan diversos estados y municipios de nuestro país, siendo Morelos uno de los más afectado de acuerdo con los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, donde se indica que dicha entidad se ubica en el cuarto lugar en cuanto a homicidios dolosos y secuestro, y en tercero en extorsiones. Asimismo, un estudio publicado en 2015 por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal indicó que Cuernavaca desplazó a Acapulco como el municipio más violento de México, y ubicando a Morelos como la entidad con el más alto índice de violencia a nivel nacional.

Para contrarrestar esta situación, el gobierno federal ha promovido la implementación del modelo de Mando Único, cuya propuesta nodal es concentrar a las corporaciones policiales municipales en un solo organismo estatal, a fin de modificar la función como fuerza preventiva de aproximación que cumplen los policías de los ayuntamientos hacia un cuerpo capaz de enfrentar el problema que representa la delincuencia organizada.

El modelo de mando único permitiría subsanar las deficiencias que se presentan en más de 1,700 municipios de México que no cuentan con recursos suficientes para sostener cuerpos policiacos mínimamente profesionales, mucho menos que tengan capacidad para prevenir y enfrentar delitos del fuero común, sin contar al crimen organizado. Si bien la propuesta beneficia en primera instancia a los habitantes del ámbito municipal, la propuesta ha sido rechazada por un importante número de alcaldes, siendo uno de ellos el alcalde perredista de Tlaquiltenango, Morelos, el cual fue elegido por los ciudadanos que depositaron en él las atribuciones legales que le obligan, entre otras funciones, a enfrentar los problemas de inseguridad, y en su caso, solicitar la ayuda de la federación o del gobernador si sus recursos resultan insuficientes para tal objetivo.

Lejos de aceptar la situación precaria en materia de seguridad, el presidente de municipal del municipio referido, Enrique Alonso Plascencia, se negó a aplicar el Mando Único, argumentando que la población de su municipio no aceptaba la implementación del modelo debido a supuestos atropellos y daños causados por autoridades policiales.

Alonso Plascencia mantuvo un discurso pusilánime, en donde intenta sustentar su falta de pericia política apoyándose en los ciudadanos, sin presentar pruebas documentales que demuestren la supuesta inoperancia del Mando Único, y evadiendo su responsabilidad como servidor público obligado a tomar la mejor decisión posible para la población a quien debe proteger.

La beligerancia en contra de un modelo policial que permite mejorar las condiciones de seguridad del municipio de Tlaquiltenango levan suspicacia ante los antecedentes penales con los que cuenta este personaje, en concreto por su detención en 2009 por la Procuraduría General de la República, que el 23 de abril emitió el boletín informativo DPE/1851/09, en donde se informó de la detención de Alonso Plascencia cuando circulaba por el kilómetro 145+000, de la carretera Las Choapas-Ocozocoutla, junto con tres mexicanos más, quienes lo ayudaban a transportar a nueve centroamericanos indocumentados, mismos que fueron rescatados y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.

En 2009 a Alonso Plascencia, quien también es conocido como el Cero Cero, le fue dictado auto de formal prisión por los cargos de tráfico de personas, operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, a partir de los cuales fue ingresado al reclusorio de El Amate.

Para 2016, el aludido ganó la presidencia municipal de Tlaquiltenango, siendo presentado como candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Si bien no representa un impedimento legal para presentar como candidato a una persona que haya sido objeto de un proceso penal, la supuesta prueba de su exoneración no fue explicada ni difundida sino hasta después del registro del entonces candidato, lo cual indica una omisión ante lo que se indica en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que en su artículo 6 establece el derecho de los ciudadanos morelenses a ser votados, siempre y cuando no haya sido condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida de sus derechos políticos, hasta en tanto no sea rehabilitado en ellos.

Esto último debió ser verificado antes del registro de Alonso Plascencia, y no después de haber sido ratificado como candidato del PRD a la presidencia municipal de Tlaquiltenango, lo cual nos preocupa dada la proclividad del instituto político mencionado para nombrar candidatos obviando las actividades ilícitas a las cuales se ha vinculado a personajes tan señalados como el presidente municipal de Iguala, Guerrero, apoyado nuevamente por el PRD.

José Luis Abarca está casado con María de los Ángeles Pineda Villa, a quien se le señala como familiar de miembros del Cártel de los Beltrán Leyva, lo cual no fue impedimento para que el candidato también por el PRD por la gubernatura de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aceptara el respaldo financiero de la pareja. Asimismo, se acusa a Abarca de ser el autor intelectual del asesinato de Justino Carvajal Salgado, opositor y también perredista.

Igualmente, mencionamos el caso del medio hermano de Leonel Godoy, exgobernador perredista de Michoacán, de nombre Julio César Godoy, quien después de permanecer prófugo por un año, logró tomar protesta como diputado electo por el PRD en septiembre de 2010 tras haber burlado a las autoridades que lo esperaban para detenerlo, lo cual no impidió que para el 14 de diciembre de ese mismo año, la Cámara de Diputados votara por su desafuero para que pudiera enfrentar los cargos que se le imputaban. Al día de hoy, el perredista continua prófugo.

Lo anterior se suma a la actitud mentirosa mostrada por Alonso Plascencia, a quien se le vincula con Laura Elena Guzmán Sánchez, detenida por los delitos de secuestro y homicidio calificado y actualmente purga su condena en la cárcel distrital de Jojutla, y con quien negó tener relación alguna.

Ante estos hechos, el gobierno del estado de Morelos publicó documentos que indican que Enrique Alonso Plascencia, pudo haber incurrido delito de bigamia, al haber contraído matrimonio con dos distintas personas al mismo tiempo, hecho que quedó acreditado por el departamento de Trabajo Social del penal de Atlacholoaya a través de un informe que se elaboró el 21 de agosto del 2013.

Los casos anteriores nos llevan a pensar en la reiteración de PRD para postular a personajes vinculados con la delincuencia organizada, generando incertidumbre para los ciudadanos dada la proclividad a delinquir que han demostrado los personajes mencionados.

El caso del municipio de Tlaquiltenango nos debe preocupar tanto como funcionarios públicos, como ciudadanos, dado que es responsabilidad de los partidos políticos el establecer mecanismos de selección de candidatos a puestos de elección popular, dado que el ejercicio del poder repercutirá directamente en la vida de los ciudadanos, y de forma directa en el ámbito local.

El tema de la seguridad en el estado de Morelos no debe ser objeto de prebendas entre políticos, como se ha evidenciado recientemente con las diferencias que ha habido entre los presidentes municipales de Cuernavaca y Tlaquiltenango con el gobernador de Morelos, quienes han protagonizado una serie de acusaciones que lejos de abonar en la solución del problema, distraen energía y atención de los funcionarios que deberían resolver la situación de inseguridad que se presenta en esa entidad. En el caso del rechazo al Mando Único en Tlaquiltenango, el gobierno estatal de Graco Ramírez emitió un comunicado en el cual se adelantó que habrá acciones jurídicas en contra del munícipe y su cabildo, dado que todos los integrantes firmaron la medida de Alonso Plascencia.

Ante los hechos presentados, no se puede obviar el hecho de que una persona que cuanta con antecedentes penales, que demuestra una clara intención de impedir la implementación del modelo de Mando Único para combatir la delincuencia utilizando argumentos vagos y a quien se le puede abrir un proceso por bigamia castigado con prisión, conforme al Código Penal de Morelos, ejerce como servidor público elegido mediante el voto, a pesar de que no se le exigió aclarar su situación jurídica antes de ser declarado como candidato y que ante la presente situación, debe serle revocado el mandato, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 prevé la suspensión de ayuntamientos, así como la revocación o suspensión del mandato de alguno de sus miembros, previo proceso de rendición de cuentas ante la correspondiente legislatura local.

Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos también prevé la revocación de mandato por medio del Consejo Estatal de Participación ciudadana en el artículo 19bis, para lo cual se requiere completar el proceso de integración de dicho organismo, a fin de que sea revisada la actuación del presidente municipal de Tlaquiltenango en el contexto de inseguridad que se vive en el estado de Morelos.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos para que agilicen los trabajos encaminados a la publicación de la convocatoria para integrar el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, a fin de que los ciudadanos puedan sancionar los hechos que vulneran la seguridad de los ciudadanos morelenses del municipio de Tlaquiltenango, dada la irregularidad presentada en la candidatura del titular.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos para que intervenga y coadyuve en la aclaración de la situación jurídica del presidente municipal de Tlaquiltenango, en cuanto a la imputación que se le hace por el delito de bigamia y en su caso, promueva un proceso de suspensión o revocación de mandato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de enero de 2016.

Diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la SEP a difundir la información de los docentes comisionados a funciones sindicales en México y explicar la estrategia por establecer para respetar las condiciones generales de trabajo que la dependencia y sus organismos descentralizados mantienen con los sindicatos, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 11 de septiembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el que se señala con precisión y claridad “las disposiciones de la presente ley son del orden público e interés social, y de observancia general y obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos”.

En ese sentido, fue del conocimiento público que la Secretaría de Educación Pública a principios del 2014 estableció una fecha límite para que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entre otros Sindicatos del sector educativo entregaran una lista completa y actualizada del número de docentes que se mantenían en comisión sindical, sin que existiera un pronunciamiento claro de los resultados obtenidos de ese ejercicio y que reflejarán la voluntad de la SEP a hacer valer la ley en comento.

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2013 emitió el documento denominado marco de referencia del FAEB en el que indicó que 30 mil 695 servidores públicos comisionados o con licencia recibieron por sus servicios paga con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), y remarcó que la práctica de realizar pagos a trabajadores comisionados al sindicato se había presentado en 26 entidades federativas, por mil 273.7 millones de pesos, lo que derivó en recuperaciones, mismas que a la fecha de ese informe (20 de febrero de 2015) totalizaban el 13.8 por ciento del total recuperado por ese Órgano de Fiscalización Superior. Por lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, la ASF no precisa observaciones sobre el personal comisionado.

Cifras las anteriores alarmantes, pero lo son más debido a que las causas que las originaron se deben en mucho a faltas administrativas y de apego a la normatividad vigente, donde se destaca que “Las entidades no cuentan con registros específicos del personal comisionado al sindicato o a otras dependencias o áreas no vinculadas con la educación básica, a pesar de que ha sido un concepto recurrente en las revisiones practicadas por la ASF”.

En el entorno a este tema, el 15 de enero de 2016, el Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer declaró y confirmó que a partir de la segunda quincena de enero del año en curso, no se pagarían sueldos a dos mil 200 maestros comisionados a funciones sindicales, de acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, dando fin a una práctica de por lo menos cuatro décadas.

En un estricto apego a Derecho, los Sindicatos ligados a la educación cuentan con Contratos Colectivos Vigentes que con precisión señalan en sus articulados que el personal docente-académico gozará de licencia con goce de sueldo en el que se le respetarán sus derechos como trabajador, por lo que es necesario se conozcan las acciones que emprenderá la SEP para apegarse a lo dispuesto en el artículo 78 de la ley en comento, que señala que “las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del Servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.

Es relevante señalar que la ASF en el documento en comento recomendó a la SEP emitir lineamientos donde se establecieran los criterios a cumplir para que un trabajador pudiera irse comisionado al Sindicato, pero no sugirió la revisión de la Ley General del Servicio Profesional Docente ni determinar posibles riesgos e implicaciones para el Gobierno Federal de continuar la práctica de incumplimientos como los antes señalados.

Por ello para Movimiento Ciudadano es importante que el Secretario de Educación Pública nos explique a detalle la manera que el gobierno federal dará cumplimiento al artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

En resumen, en México la educación debe ser el eje de transformación de la realidad de sus individuos y no podemos dejar a la ligera una decisión como la que externó el Secretario de Educación, la cual de no valorarse correctamente podría tener afectaciones en la continuidad del ciclo escolar 2015-2016, y muy posiblemente en el rendimiento escolar y de los docentes en aulas. Ante estas decisiones, no podemos dejar de recordar que tan importante es la protección jurídica y material del estado como la de sus servidores públicos.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a hacer pública la información del personal docente comisionado a funciones sindicales en México que señaló incumplen lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, según sus declaraciones del pasado 15 de enero 2016.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a que haga pública la estrategia que se implementará para respetar las Condiciones Generales de Trabajo que la SEP y sus Organismos Descentralizados mantienen con los sindicatos, a fin de conocer con objetividad y oportunidad la atención que se dará al cumplimiento del artículo 78 la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 27 de enero de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a emitir la declaratoria de desastre natural en Nayarit por las lluvias atípicas registradas en diciembre de 2015 y las heladas de este mes, a fin de apoyar a los pequeños productores, suscrita por los senadores Mely Romero Celis y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores Manuel Cota Jiménez y Mely Romero Celis, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a emitir la declaratoria de desastre natural en Nayarit por lluvias atípicas registradas en la segunda semana de diciembre de 2015 y heladas en la primera semana de enero 2016, con objeto de liberar los recursos del componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A consecuencia de las lluvias atípicas registradas en diciembre pasado y las bajas temperaturas en el presente mes, se han ocasionado diversas afectaciones a los cultivos agrícolas de Nayarit.

Como información preliminar a nivel estatal, se tiene que se han visto afectadas por los eventos meteorológicos antes señalados, superficies cultivadas en el municipio de Compostela. En la zona de Las Varas 2 mil 373 hectáreas de cultivos como el frijol, sandía, sorgo, jícama, tabaco y maíz; principalmente. En la zona de Ixtapa de la Concepción, 837 hectáreas de cultivo dañadas de sorgo y frijol, principalmente; con una afectación de mil 140 productores.

Asimismo, las condiciones meteorológicas atípicas que se presentaron en diciembre de 2015 y enero de 2016 están ocasionando importantes pérdidas para los productores de café, ciclo 2015-2016. Se estimaba en un principio cosechar 70 mil quintales de café en el estado. Sin embargo, dada esta contingencia se prevé una pérdida en 85 por ciento de la producción, por lo cual se estima que la producción a cosechar será de sólo 10 mil quintales.

En Nayarit se tienen registrados aproximadamente 5 mil 300 productores de café, distribuidos en los municipios de Tepic, Xalisco, Acaponeta, Ahuacatlán, Compostela y Santiago Ixcuintla, los cuales perciben ingresos estimados anuales per cápita, entre 100 mil y 150 mil pesos, sin embargo, este año debido a estas afectaciones, reducirán significativamente estos ingresos.

Ante este tipo de contingencias, la Sagarpa implanta el Programa Integral de Desarrollo Rural en su componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores con una orientación hacia la utilización de esquemas de transferencia de riesgos a los agentes financieros especializados (aseguradoras), a efecto de potenciar los presupuestos federal y estatal.

Las acciones de la Sagarpa, en el marco del PEC, tienen como prioridad contribuir a mitigar y a adaptar las actividades agropecuarias y pesqueras al fenómeno del cambio climático; prevenir y administrar los riesgos climáticos, sísmicos, sanitarios y de mercado; y contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias y pesqueras en lo referente al aprovechamiento responsable del agua y la tierra, entre otras.

En este sentido, la Sagarpa cuenta con una serie de programas sujetos a reglas de operación, entre el que se encuentra en el Programa Integral de Desarrollo Rural, dentro del que se enmarca componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores, cuyo objetivo es que los productores del medio rural cuenten con apoyos para la prevención y manejo de riesgos derivados de desastres naturales perturbadores, relevantes, y fortalecer la cultura de la prevención de riesgos y mejoren su capacidad adaptativa ante desastres naturales.

El componente está orientado a apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas para prevenir o mitigar los efectos negativos provocados por contingencias climáticas, sanitarias o de mercado, a fin de contribuir a mantener su patrimonio y permitirles continuar con su actividad productiva. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 se tienen etiquetados 4 mil 122 millones de pesos, para la su implantación.

El objetivo específico del componente es que el sector rural cuente con apoyos ante afectaciones por desastres naturales perturbadores y relevantes en las actividades agropecuarias, acuícola y pesquera.

La mecánica de operación establecida en las reglas de operación de 2016 señala: “Cuando una entidad federativa se encuentre en desastre natural, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o su equivalente en la entidad federativa y el delegado de la Sagarpa, elaborarán el correspondiente dictamen técnico de corroboración de la ocurrencia del desastre natural para la actividad agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, definiendo su ocurrencia y cobertura municipal, con el soporte técnico del INIFAP o de alguna institución educativa o de investigación en la entidad”.

Reconocemos que una medida acertada del gobierno federal a través de la Sagarpa ha sido la implantación del seguro catastrófico, que permite atender daños por desastres naturales, como las afectaciones climáticas. Este aseguramiento está particularmente dirigido a beneficiar a productores de escasos recursos.

En ese sentido alzamos la voz para solicitar al gobierno federal a través de la Sagarpa para que en coordinación con el gobierno de Nayarit, agilicen el dictamen técnico de ocurrencia de desastre natural para que se les pueda brindar atención oportuna a los productores agrícolas del estado que resultaron afectados.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir la declaratoria de desastre natural en Nayarit por lluvias atípicas registradas en la segunda semana de diciembre de 2015 y heladas en la primera semana de enero 2016, con objeto de liberar los recursos del componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores.

Sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Senadores: Manuel Cota Jiménez, Mely Romero Celis (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT, la SHCP y Capufe a exentar del pago en la caseta de cobro en Playas de Tijuana, Baja California, a los residentes de los fraccionamientos afectados por la falta de vías de comunicación alternas libres de peaje, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Luisa Sánchez Meza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal establece en el artículo 30 que “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una caseta libre de peaje”. Cabe destacar que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos y puentes, y corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construirlos y conservarlos.

En Baja California se tiene una problemática arraigada en el que se está afectando a los residentes de 16 fraccionamientos que se sitúan después de la plaza de cobro de playas de Tijuana, al no poder acceder a una vía de comunicación libre de peaje.

La afectación estimada es de 12 mil residentes que tienen que pagar el peaje al entrar y salir de sus hogares y vincularse en la única vía que les proporciona conectividad y es la Autopista Traspeninsular que está perjudicando su economía familiar.

Por su ubicación la Autopista Traspeninsular es la única salida y entrada para los residentes de los fraccionamientos al transitar a los municipios aledaños, siendo el caso concreto de playas de Rosarito con el que se tiene una alta interacción económica, social y de esparcimiento.

Aproximadamente son mil 200 residentes de 12 mil repartidos en un total de 16 fraccionamientos suscribieron un convenio con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el Fideicomiso y el concesionario, para obtener un 50 por ciento de descuento respecto a la tarifa normal de 31 pesos pero aún con dicho descuento para acceder y salir de su domicilio gastan hasta 400 pesos a la semana por vehículo.

El hecho del cobro del peaje en la caseta de Playas de Tijuana ha representado un gasto excesivo para los habitantes desde hace más de 40 años, donde las familias afectadas usan la autopista para ir y venir de Tijuana a Playas de Rosarito como si fueran usuarios viales.

Ante este escenario es preciso que el gobierno federal garantice la existencia de vías alternas libres de peaje a las vías concesionadas, con el objetivo de facilitar el traslado y beneficiar la economía de las familias de esta región.

Los ciudadanos exigen que se les otorgue pronta solución al problema, ya que se les están violando sus derechos de igualdad, y libertad de tránsito.

Un dato importante es el hecho de que la jurisprudencia el Poder Judicial de la federación, estableció que la autoridad en todos sus niveles y funciones debe mantener el goce de los derechos humanos y garantizar su respeto.

Los residentes de los fraccionamientos afectados exigen que se les deba otorgar un trato igualitario como se presenta en otras entidades donde existen vías alternas de comunicación libres de peaje.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se exente del pago en la caseta de cobro en Playas de Tijuana, a los residentes de 16 fraccionamientos que se han vistos afectados al no haber vías de comunicación alternas de libre de peaje que comuniquen Playas de Tijuana con el municipio de Rosarito en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2016.

Diputada María Luisa Sánchez Meza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua la reprogramación del corte de suministro de agua potable con motivo del primer operativo de mantenimiento del sistema Cutzamala, suscrita por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. El pasado 22 de enero del año en curso, Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunció el corte en el servicio de suministro de agua potable, a verificarse del 28 de enero al 1 de febrero, esto significa un paro total del servicio por 48 horas, y dos parciales de 24 horas.

Segundo. El corte de suministro afectara a 13 delegaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza, esto equivale a 410 colonias, es decir, 4.5 millones de habitantes en la Ciudad de México y aproximadamente 800 mil personas de 13 municipios del Estado de México, dando un total de 5.3 millones de personas, las cuales se verán afectadas por dicho corte.

Tercero. Esta decisión representa un grave error de programación y operación en el corte del suministro de agua proveniente del Sistema Cutzamala, ya que simplemente la Ciudad de México se colapsaría, sin descartarse fuertes conflictos sociales como ya ha sucedido en diversas delegaciones.

Previo a un corte de esta naturaleza, la Conagua, debe informar ampliamente a la población sobre la necesidad de los trabajos de mantenimiento, y no asumir actitudes autoritarias que sólo generan malestar entre la gente.

No basta con dar una conferencia de prensa para que la gente se entere de que habrá un corte de agua tan radical, sino que se necesita una amplia campaña de información, no sólo para que la población se prepare y en la medida de lo posible almacene lo más que pueda el vital líquido, sino para que tome conciencia de la problemática del por qué la necesidad del mantenimiento.

Desde el mes de octubre se han registrado movilizaciones y cierre de vialidades en delegaciones como Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco, Iztacalco, Tláhuac, Venustiano Carranza e Iztapalapa.

El problema de falta del líquido se agudizó en las últimas tres semana a tal grado que prácticamente todos los días se han registrado cierres en la Calzada General Ignacio Zaragoza, avenida Tláhuac, Javier Rojo Gómez, Eje 5 Sur, Popocatépetl, Ermita Iztapalapa, Eje 1 Norte, entre otras.

La experiencia demuestra que en el caso de las delegaciones del oriente, especialmente Iztapalapa, un corte de esta naturaleza es insuficiente el abasto con pipas, porque después de tres días habrá que esperar varios días más para recuperar el servicio “normal”, pero en el caso de Iztapalapa puede pasar una semana y media para recuperar la “normalidad”.

Sostuvo que hay antecedente de una reprogramación del mantenimiento del Sistema Cutzamala, el año pasado, cuando en Semana Santa la sobredemanda de agua con motivo de la representación de la Pasión de Cristo, obligó el Sistema de Agua de la Ciudad de México a solicitar a la Conagua la reprogramación del corte.

Por lo expuesto y fundado, solicito de esta soberanía, la aprobación del presente

Punto de Acuerdo

Como de urgente y obvia resolución, para ser discutido y en su caso aprobado en esta misma sesión, el cual resuelve:

Único. La Comisión Permanente solicita a la Conagua la reprogramación del corte de suministro de agua potable, con motivo del primer operativo de mantenimiento del sistema Cutzamala.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 27 días del mes de enero del año dos mil dieciséis

Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a los titulares del Fonatur, la Semarnat, la Profepa y el gobierno de Quintana Roo que se cancelen de manera definitiva los permisos de construcción otorgados por el Fonatur en 2005 en la zona del manglar de Tajamar y reparar el daño causado a éste, suscrita por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Los manglares son bosques costeros que crecen en estuarios protegidos y en riberas de ríos y lagunas de zonas tropicales y subtropicales. Con el término de «manglares» se describe tanto el ecosistema como las familias de plantas que se han adaptado mediante mecanismos especializados a vivir en este ambiente marismeño. Los manglares desempeñan importantes funciones socioeconómicas y medioambientales: proporcionan madera y productos forestales no madereros, ofrecen protección a los litorales contra la acción de los vientos, olas y corrientes; conservan la diversidad biológica; protegen los arrecifes de coral, las praderas submarinas y los carriles marítimos contra la sedimentación; y proporcionan hábitat, lugares de desove y nutrientes a diferentes peces y crustáceos, incluyendo muchas especies comerciales.”1

Gracias a su alto valor ecológico y económico, los manglares actúan como criaderos para muchos peces y mariscos. Muchas de estas especies nacen en ecosistemas cercanos como praderas de yerbas marinas o arrecifes de corales y sus larvas y juveniles se desarrollan bajo sus raíces, por lo que son fundamentales para el hombre ya que aseguran la sustentabilidad de la industria pesquera. Albergan y proveen áreas de anidaje a un número considerable de especies de aves residentes y migratorias, vulnerables o en peligro de extinción.

Uno de los principales usos que tenemos para los manglares es que protegen las costas contra la erosión y las marejadas ocasionadas por los huracanes, atrapan sedimento y hojarasca entre sus raíces y ayudan a rellenar y recobrar terreno.

La educación e investigación científica, también se ve beneficiada con los manglares, ya que son usados para la recreación pasiva y actividades turísticas.

Los beneficios que nos brindan los manglares son extensos. Sin embargo, 75 por ciento de los mangles a nivel mundial ha sido destruido y los que quedan están en peligro de desaparecer.2

Los bosques de manglares están en peligro ya que existen diferentes amenazas para su subsistencia, como son la destrucción del habitad y la remoción de las áreas de manglares para conversión a la agricultura, acuicultura, desarrollo urbano.

La sobreexplotación de actividades pesqueras, tala indiscriminada de madera para fabricar carbón vegetal, construir verjas y nasas para la pesca. El corte y relleno manglares para usos en ganadería, agricultura, desarrollos urbanos e industriales variados, desde carreteras, construcción de áreas residenciales y turísticas. En muchas de estas ocasiones se alteran los cauces de los ríos, los cuales utilizan aparte para realizar descargas industriales, uso de abono y plaguicidas en lugares cercanos, contaminado y alterado los patrones de flujo y reciclaje de nutrientes.

Al destruir y degradar los ecosistemas, estamos poniendo en peligro otros ecosistemas como los arrecifes de coral y praderas submarinas. Los efectos dañinos en la vida acuática, cambios en la diversidad de las especies y la reducción en la productividad son solo algunas de las secuelas y el resultado directo será catastrófico.

Los manglares son reservas naturales que debemos preservar para poder seguir disfrutando de todos los beneficios que nos da y dará a futuras generaciones.

A nivel mundial los manglares ocupan aproximadamente 16 millones 530 mil hectáreas de los cuales 5 millones 831 mil hectáreas son en América Latina y el Caribe, o sea 35.3 por ciento del área total. Las mayores extensiones se encuentran en Brasil y México.

Los manglares ayudan a mitigar el efecto del cambio climático y sirven de barrera contra los huracanes, los cuales a nuestro país no le son indiferentes ya que hemos sido testigo de sus consecuencias, los hemos vivido y hemos visto su fuerza, razón demás por la cual sería tonto destruir esta barrera natural que nos protege, basta tan solo recordar alguno de estos eventos:

• 1997: Huracán Paulina que dejó decenas de miles de personas sin hogar en Oaxaca y Guerrero, cientos de muertos.

• 2002: Huracán Kenna se convirtió en el tercero más intenso que ha golpeado el Pacífico mexicano cuando llegó a Nayarit, provocó olas de casi 5 metros, así como sus fuertes vientos que devastaron la costa y causaron cientos de millones de dólares en daños.

• 2005: Huracán Stan el cual desbordó 3 ríos, destrozó miles de casas y provocó enormes daños en Oaxaca y Chiapas.

• 2005: Huracán Wilma, el cual golpeó Cozumel, Cancún y Playa del Carmen, y es considerado el huracán más destructivo en la historia de México, ocasionó el cierre del aeropuerto, corte del suministro eléctrico y demás daños, que en conjunto sumaron casi 10 mil millones de dólares en pérdidas.

• 2007: Huracán Dean, el cual asoló la Riviera Maya y Veracruz, destruyó cientos de edificios, dañó instalaciones petroleras y provocó el cierre del puerto de Mahahual por más de un año. Los daños ascendieron a 200 millones de dólares.3

Problema

En la madrugada del 16 de enero, una brigada de maquinaria pesada, con el apoyo de policías municipales y estales, devastaron 57 hectáreas del manglar de Tamajar en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

El manglar de Tamajar equivale a 58.76 hectáreas de mangle. La intención de acabar con él es porque se pretende construir alrededor de 30 proyectos que van desde centros comerciales, hasta una catedral.

El manglar de miles de años fue destruido con autorización de Fonatur, quien en 2005, entregó permisos federales validos por 10 años para la construcción del proyecto.

En 2007 la Ley General de Vida Silvestre incluye en el artículo 60 la prohibición de cualquier obra que afecte a los manglares, que sirven como barrera de huracanes e inundaciones.

Los empresarios en 2015, inician las obras para sus proyectos, comenzando así con la devastación del manglar.

El 7 de agosto de 2015, el grupo de ciudadanos “Salvemos Manglar Tamajar”, y defensores del medio ambiente como son el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC, Cemda, y el Grupo Ecologista del Mayab, AC, y el vicepresidente de la Defensoría de Internacional Derechos Humanos, AC, licenciado Gerardo Solís Barreto, y otros, interpusieron alrededor de 4 mil 448 denuncias ciudadanas (4 mil 333 agrupadas como una sola denuncia popular ), un amparo presentado por el Cemda y diversas denuncias a cargo de diversos ciudadanos ante la PGR, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, la Dirección de Ecología municipal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo, con la finalidad de denunciar delitos ambientales y solicitar inmediata intervención para que se clausuren de manera definitiva las obras, lo anterior por el eminente riesgo que se está provocando al medio ambiente.4

La Profepa en agosto de 2015, suspende temporalmente los trabajos, sin embargo a pesar de los esfuerzos de los ciudadanos y activistas, durante la madrugada del 16 de enero de 2016, utilizando maquinaria pesada y sin ninguna consideración por la flora y fauna que habita en el manglar, destruyeron 90 por ciento de los terrenos del manglar de Tamajar, enterrando especies vivas.

El manglar de Tamajar, cuenta con especies comprometidas, es decir en peligro de extinción, como la rana leopardo, el cocodrilo moreleti y distintas clases de aves.

Un grupo de 113 niños pidieron ante el juez la suspensión definitiva de las obras y el juez consideró la cancelación sólo si los niños pagaban una fianza de 20 millones de pesos.

La Semarnat como el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, han manifestado que los trabajos de construcción se realizan con sujeción a la ley, sin embargo, esto es completamente falso, ya que la ley prohíbe la destrucción de los manglares, protege la flora y fauna y sobre todo la conservación de las especies comprometidas.

La pregunta sobre ¿cómo es que se autorizan permisos de construcción contrarios a la ley y se hace uso de personal de la policía municipal, estatal para llevar a cabo este tipo de actos? se puede responder de manera simple, ya que dentro del grupo de las 22 empresas que adquirieron los terrenos, se encuentran personas ligadas a la clase política.

El 20 de enero un juez de Quintana Roo concedió la suspensión provisional para que se detengan los trabajos en el malecón Tamajar.

México es el quinto país con mayor extensión de manglares en el mundo, pierde cada día 4.5 hectáreas de manglar, lo que es equivalente a 6 campos de futbol.5

El neologismo ecocidio hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado de tal magnitud que ponga en peligro la supervivencia de los habitantes de dicho territorio.

Considerandos

El pasado 16 de enero fueron destruidas cerca de 57 hectáreas del manglar Tajamar, situado en ese mismo lugar. Al respecto el gobierno federal no ha hecho nada para proteger ese ecosistema, ni tampoco por intentar reparar el daño; por el contrario, dicha obra contó con su autorización, por conducto de Semarnat.

Al destruir la flora del manglar y enterrar fauna viva, se cometió un ecocidio, sin embargo ante estos hechos, ni el gobierno de Quintana Roo, ni el gobierno federal han hecho nada para cancelar estos permisos que son contrarios a la ley.

La ley es muy precisa en esta prohibición:

La Ley General de Vida Silvestre

Título VI
Conservación de la Vida Silvestre

Capítulo I
Especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación

Artículo 60 Ter. Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.

Código Penal Federal

Artículo 420 Bis. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días de multa, a quien ilícitamente:

Fracción I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Fonatur, para que cancele los contratos en los que autorizó la realización de obras para construir el desarrollo en los terrenos donde se ubica el manglar de Tamajar.

Segundo. Se exhorta al titular del gobierno del estado de Quintana Roo, para que verifique todos los contratos de desarrollos turísticos, cumplan con la Ley General de Vida Silvestre, y en la medida de sus atribuciones repare el daño ocasionado a la flora y fauna del manglar.

Tercero. Se hace un llamado al titular de la Semarnat, para que realice una evaluación y estudio del daño provocado al manglar de Tamajar, y se genere un plan de rescate, para la reparación del daño.

Cuarto. Se solicita al titular de la Profepa, para que revise que los contratos otorgados por Fonatur cuenten con los estudios requeridos para su aprobación, como lo es el de impacto ambiental, haga público los resultados y evite que sigan ocasionando daños a los ecosistemas y al medio ambiente. Y en la medida de sus atribuciones se sancione a los responsables.

Notas

1 FAO The world’s mangroves 1980-2005. FAO, Foresty Paper 153. Roma, Italia.

2 Doctora Jennie Ramírez Mella. Catedrática asociada de biología, BS, MS, PH.D y MS; Biología marina, Universidad de Puerto Rico.

3 Los huracanes más fuertes que han llegado a México. http://www.viajabonitomax.com/2013/top-10-Los huracanes más catastróficos.HTLM.De10.com.mx El Universal

4 http://www.facebook.com/salvemosmanglartajamar/Objetivos.

5 Sinembargotv/sin embargo, enero 22, 2016-00:05h.

Dado en el Palacio Legislativo sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2015.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 31 estados y al Distrito Federal a impulsar acciones en favor del uso de bicicleta en las zonas metropolitanas del país, a cargo de la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Cristina Díaz Salazar, senadora de la República de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 31 estados de la República y al distrito federal a impulsar acciones a favor del uso de la bicicleta en las zonas metropolitanas del país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el 78% de la población vive en zonas urbanas, y la tendencia apunta a que en el mediano plazo sea alrededor del 90%. De lo anterior que la movilidad urbana sustentable deba tomar un papel relevante en la elaboración de políticas públicas y de seguridad en las principales zonas urbanas y metropolitanas del país.

La deficiente planeación en el crecimiento de zonas metropolitanas ha repercutido en la calidad de vida de millones de mexicanos, principalmente porque muchas de ellas han respondido al crecimiento poblacional y de servicios más que a las necesidades de sus habitantes. Además el uso excesivo del automóvil ha generado efectos negativos en la salud, el medio ambiente y en la economía de los mexicanos.

En algunas ciudades del mundo, la planeación urbana incorpora diversos elementos para el desarrollo integral de quienes las habitan; éstas incluyen: infraestructura para la recreación, el deporte y la convivencia. A la par de políticas públicas que se ocupen de resolver los problemas actuales y futuros en las ciudades.

En materia de políticas de movilidad, podemos destacar casos como: la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con el programa “CitiBike”,1 que tiene como propósito fomentar el uso de la bicicleta para desplazarse en tramos cortos dentro de la ciudad, lo cual reduce el tráfico; Donostia-San Sebastián, una de las 27 ciudades españolas que se han comprometido con estrategias de transporte urbano limpio, y derivado de esto las autoridades han registrado un impresionante aumento sostenido del uso del autobús, en buena medida gracias a las mejoras del servicio y a una exhaustiva campaña de compromiso ciudadano; la capital de Macedonia, Skopie, en donde las autoridades se están centrando en campañas educativas para inhibir el uso del automóvil;2 Bogotá, Colombia, en donde desde hace más de una década existe una medida que regula el número de vehículos que pueden circular según el último número de la placa con el programa “Pico y Placa”;3 y muchas más ciudades en todos los continentes que tienen la preocupación de brindarles una mayor calidad de vida a sus ciudadanos.

En nuestras ciudades el transporte público se ha convertido en insuficiente e ineficiente, y las autoridades encargadas de la elaboración de dichas políticas siguen privilegiando el uso del automóvil sobre el transporte público, generando lo que se conoce como tráfico inducido.4

Puentes, deprimidos, distribuidores viales y conversión de calles en vías rápidas han ocasionado que el ciudadano ocupe de manera excesiva el automóvil, y que las medidas tomadas por los gobiernos resulten en soluciones de corto plazo que no resuelven el problema de fondo.

Actualmente, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en todo el territorio nacional existe un parque vehicular de cerca de 35 millones de automóviles, destacando las siguientes entidades: Distrito Federal con 4.6; Estado de México 4.1; Jalisco 2.9; Nuevo León 2.1; Michoacán 1.7; Veracruz 1.6; Guanajuato 1.4; Chihuahua 1.2; y Puebla 1.3 millones de automóviles.5

Específicamente, en referencia al uso de la bicicleta, en ciudades de Canadá, Holanda, Alemania y China se considera como medio de transporte con igual prioridad en la planeación y el desarrollo de la infraestructura vial que los autobuses y los automóviles.6 A pesar de que se trata de un medio de transporte eficiente, económico, rápido, no contaminante y saludable, en México la bicicleta no ha sido vista como tal.

Las razones por las que se utiliza escasamente la bicicleta como medio de transporte en nuestro país son varias. Sin duda la distancia que una persona debe recorrer en sus actividades cotidianas, así como el clima de algunas regiones, influyen. Pero es la ausencia de una infraestructura adecuada para los ciclistas la que, de manera primordial, impide su uso masivo.

Según un estudio elaborado en Suiza, un automóvil que viaja a 40 kilómetros por hora requiere tres veces más espacio que uno que viaja a 10 kilómetros por hora; mientras que en un carril reservado para autos particulares utilizado al máximo (con cuatro ocupantes por auto) no se transportan más de 3 mil personas por hora, las bicicletas que circularían en ese mismo espacio podrían movilizar a más de 30 mil ciclistas.7

Aunado a esto, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las emisiones de contaminantes en las principales zonas metropolitas de la República Mexicana no han bajado desde el año 2000.8

Esto aun cuando se han implementado programas y acciones, tales como programas de mejoramiento ambiental de combustibles con los que se ha eliminado el contenido de plomo y reducido el de azufre e hidrocarburos reactivos en las gasolinas; e impulsado la distribución de gasolina oxigenada con éter metil éter-butílico (MTBE); programas para la instalación de sistemas de recuperación de vapores en terminales de almacenamiento, transporte y distribución de combustibles; programas de verificación vehicular para la inspección y vigilancia de los vehículos automotores; programas para el mejoramiento e incorporación de nuevas tecnologías de control de emisiones industriales; programas para la sustitución de combustóleo por gasóleo industrial y gas natural; y la introducción de tecnologías vehiculares para el control de emisiones, con el conjunto de normas que las regulan en cuanto a la reducción de emisiones a la atmósfera.

Datos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal señalan que tan sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México, casi 84 por ciento de las cerca de 2.5 millones de toneladas de descargas contaminantes a la atmósfera que se producen al año, provienen del transporte. Lo anterior se traduce en los crecientes problemas de salud que enfrenta la población.

Conforme a lo publicado por la Semarnat en su “Cuarto almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas” de 2011, en nuestro país se estima que 38 mil personas murieron entre 2001 y 2005 por cáncer de pulmón, enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias relacionados con la exposición a la contaminación atmosférica.

Aunado a lo anterior, datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revelaron que nuestro país tiene entre su población un 32.8% de personas obesas, ubicándolo como la nación con mayor número de personas con obesidad en el mundo.9 Lo anterior puede ser directamente atribuible a la creciente urbanización, la cual produce cambios en las condiciones y estilos de vida, modificando la dieta, con una malnutrición por exceso, y los patrones de actividad física de la población, y con ello, aumentando el riesgo de obesidad.

Algunas de las complicaciones directas de la obesidad son las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus tipo II, que representan la primera y tercera causas de muertes en nuestro país. Entre el 15 y 20 por ciento del total de los fallecimientos son causados por algún tipo de enfermedad cardiovascular y 10 por ciento es resultado de la diabetes.

Aun cuando en un plazo inmediato no provoque la muerte, la obesidad ocasiona una deficiente calidad de vida, ya que sus complicaciones son múltiples y afectan en la cotidianeidad de la salud física y psicológica de quienes la padecen. Por ello, debemos impulsar la realización de actividad física como parte inherente de la vida cotidiana de los habitantes, la cual disminuye significativamente la obesidad y sus consecuencias.

Es por lo anterior que se propone que las entidades federativas y el Distrito Federal desarrollen políticas públicas que impulsen el uso de la bicicleta como elemento esencial en la movilidad urbana sustentable, reductor de contaminación y tráfico, además de coadyuvante en la buena salud de los habitantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal a expedir las normas jurídicas necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para la instalación de infraestructura para la circulación cotidiana de bicicletas y la protección vial de sus conductores en las zonas urbanas y metropolitanas de la República Mexicana.

Segundo. Se exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal a determinar en sus planes y programas las metas y temporalidad específicas para la instalación de ciclovías en vías generales de comunicación terrestre, así como en la red primaria de transporte de las zonas urbanas y metropolitanas.

Notas

1 https://www.citibikenyc.com/

2 GEO, “Movilidad sostenible. Por un transporte más limpio en Europa” http://www.mundo-geo.es/green-living/por-un-transporte-urbano-mas-limpi o-en-europa

3 http://www.picoyplaca.info/

4 Instituto de políticas para el transporte y el desarrollo (ITDP México), “Transformando la Movilidad Urbana en México, Hacia ciudades accesibles con menor uso del automóvil.” 2012, pág. 19. http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Transformando-la-movilidad-ur bana-en-Mexico2.pdf

5 Inegi, vehículos de motor registrados en circulación, datos del 2012.
http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p= adm&c=8

6 http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/2003/086_01.2003/086_Opinio n_JavierHinojosa.php3

7 http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/2003/086_01.2003/086_Opinio n_JavierHinojosa.php3

8 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cuarto almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas (2000-2009). http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub= 652

9 http://www.fao.org/docrep/018/i3300e/i3300e.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 27 días de enero de 2016.

Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer medidas cuantificables de austeridad en las secretarías y demás dependencias de la administración pública federal, a cargo de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Luisa María Calderón Hinojosa, senadora a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la administración pública federal a recortar el gasto corriente mediante el establecimiento de un protocolo de austeridad gubernamental, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. “El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó (...) sus previsiones de crecimiento mundial por segunda vez este año, citando la debilidad de los precios de las materias primas y una desaceleración en China, que afectan principalmente a las economías emergentes.”1

2. “La caída en el precio de la mezcla mexicana ha reducido los ingresos del gobierno, que financiaba 35 por ciento del gasto con éste, y ahora podrá financiar 12 por ciento; ése es un excelente motivo para una reforma fiscal profunda en un país que debería beneficiarse de los mínimos precios del petróleo, siendo ya importadores netos, pero cuyas finanzas públicas permanecen torpemente petrolizadas.2

3. “En lo económico, preocupa que el endeudamiento/PIB haya crecido en 10.15 puntos porcentuales este sexenio, alcanzando 44.9 por ciento (...) México se ha endeudado para gasto corriente. En vez de ajustarse el cinturón y eliminar gasto superfluo, han reducido el gasto en inversión a niveles preocupantes: 3.1 por ciento del PIB (lo razonable sería, cuando menos, 5.0 por ciento).”3

4. “Las autoridades mexicanas ya han indicado su compromiso a través de una política fiscal apropiada y con el endurecimiento de la política monetaria para mantener la estabilidad macroeconómica”.4

Consideraciones

1. Aumentar la capacidad de la nación para atraer, retener y multiplicar inversiones directas se traduce en mayor competitividad para nuestro país; México, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2014 – 2015 del Foro Económico Mundial, ocupa el lugar 61 con una calificación de 6.1 (entre 144 países a partir de 11 variables que determinan la competitividad de las naciones).

Por lo tanto, ante el mencionado panorama de una desaceleración de la economía mundial, y el bajo precio del crudo a nivel internacional, (que dicen los expertos no cambiará en el mediano plazo). A partir de la importante dependencia que tenemos aún de nuestras exportaciones de petróleo y ante la fuerte devaluación que ha tenido el peso con respecto al dólar en los últimos meses, es necesario que la administración pública federal, se apriete el cinturón y elimine gastos superfluos. El gobierno federal no puede simplemente decirle a las y los mexicanos que el contexto internacional nos tiene en esta situación, pedirle a la ciudadanía que se apriete el cinturón y no hacer lo propio.5 Por ningún motivo el gobierno federal debe seguir contratando más deuda, mucho menos si esa preocupante deuda ha sido utilizada en gasto corriente y no en inversión. Es por lo anteriormente expuesto y fundado que se somete a la consideración de esta Comisión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Con las siguientes resoluciones:

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de la Federación a establecer medidas cuantificables de austeridad en todas las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Federal recortando las prestaciones inherentes a los puestos de los servidores públicos medios y altos, usando los ahorros que se logren de este ejercicio en inversión pública.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de la federación a establecer y publicar en un plazo de 30 días naturales el protocolo con dichas medidas en el órgano oficial.

Notas

1 CNN Expansión, China frena el crecimiento de la economía mundial, CNN Expansión. http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/10/06/china-y-emergentes-opac an-el-crecimiento-mundial

2 Jorge Suarez Vélez, ¿Por qué se deprecia el peso?, El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/por-que-se-deprecia-el-peso.html?utm_campaign=opinion&utm_source=facebook&utm_medium=jorge-suarez-velez

3 Ídem

4 Banco Mundial. México: panorama general. Banco Mundial. http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview

5 “Ante la caída de los precios del petróleo a mínimos históricos, el gobierno mexicano necesita hacer un verdadero recorte presupuestal en el que no se afecte la inversión en infraestructura y se reduzca el gasto superfluo” Francisco Muciño. México necesita verdadero recorte al gasto ante caída de crudo. Forbes. http://www.forbes.com.mx/mexico-necesita-verdadero-recorte-al-gasto-ant e-caida-de-crudo/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Senadora Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la PGJ de Coahuila, la SFP, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y el Congreso de la Unión a investigar los hechos constitutivos de delito presuntamente realizados por Humberto Moreira Valdez, suscrita por el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador de la república Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 15 de enero, Humberto Moreira Valdés fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Barajas, en Madrid, España, por blanqueo de capitales, organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho. Delitos que se suman a los investigados en Estados Unidos por una red de desfalco de fondos públicos y por lavado de dinero que supuestamente operó en el estado de Coahuila.

Los principales periódicos del mundo cubrieron esta noticia, cabe destacar la amplia cobertura de los diarios españoles La Vanguardia y el País. En el Reino Unido destacan el periódico The Daily Mail y la BBC, y en Estados Unidos sobresalen The Washington Post y el New York Times, entre otros.

No es la primera vez que estos temas salen a la luz pública. En 2011 la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación por créditos irregulares obtenidos durante su gestión como gobernador de Coahuila, por un monto de más de 30 mil millones de pesos. Un año después la PGR lo absolvió del endeudamiento por no contar con las evidencias suficientes para acusado formalmente. Sin embargo, los procesos contra Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila durante el gobierno de Moreira, y Jorge Juan Torres López, ex gobernador interino y actualmente fugitivo de la justicia de Estados Unidos, muestran la incapacidad del gobierno mexicano de atraer y sancionar delitos de corrupción de estos niveles.

Frente a la falta de interés de las autoridades mexicanas, hoy las autoridades de Estados Unidos acusan a Javier Villarreal Hernández y Jorge Juan Torres López de abrir y utilizar cuentas bancarias en Texas para enviar a las Bermudas fondos sustraídos de la tesorería de Coahuila, mientras que la oficina del Procurador Federal para el Sureste de Texas los acusa de conspirar para lavar dinero y defraudar al banco JP Morgan Chase Bank.

Lo mismo sucede con Humberto Moreira, el 30 de junio de 2015 una corte de Texas lo involucró en operaciones de lavado de dinero, a través de un prestanombres y ahora el gobierno español hace lo mismo.

La respuesta del gobierno mexicano ante estos hechos ha sido tibia, lo cual debilita el Sistema de Justicia en México y no abona al fortalecimiento de las instituciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único : Se exhorta a

1. Que la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y la Secretaría de la Función Pública investiguen los hechos constituyentes de delito, presuntamente realizados por Humberto Moreira Valdés y que están bajo investigación de las autoridades españolas.

2. Que la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y la Secretaría de la Función Pública indaguen las omisiones o complicidades que pudieron haberse realizado ya que estos hechos siendo públicos y conocidos no fueron investigados ni atendidos, y establezcan responsabilidades y acciones legales contra quienes resulten responsables por la omisión de la investigación.

3. Que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue la red de manejo de recursos de Humberto Moreira, sus alcances, cómplices y la ubicación actual de dichos recursos.

4. Al Congreso de la Unión para que legisle lo faltante, y dé potencia al Sistema Nacional Anticorrupción y fortalezca las medidas para prevenir la corrupción, el endeudamiento excesivo y la operación con recursos de procedencia ilícita, por parte de gobernadores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, el 27 de enero de 2016.

Senador Luis Humberto Fernández Fuentes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a incluir en el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol los municipios rurales productores de Nuevo León, suscrita por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora Ivonne Liliana Álvarez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas de las cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria, este sector contribuye con 4 por ciento del producto interno bruto (PIB), proporciona empleo a alrededor de 13 por ciento de la fuerza de trabajo, lo que representa unos 3.3 millones de agricultores y 4.6 millones de trabajadores asalariados y familiares no remunerados.1

En los últimos años se transformó la política de apoyos al sector agropecuario al pasar de un modelo asistencialista, que se basaba en subsidios a productores a otro esquema que incentiva la producción, con lo cual se ha incrementado la productividad en el sector agroalimentario.

La producción nacional de maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo y soya, como proporción de la oferta total, subió de 62 por ciento, en el año 2012, a casi 70 por ciento, al cierre del año 2014, lo que significa mayor seguridad alimentaria.

Sin embargo, a pesar de estos indicadores positivos, aún quedan muchas cuestiones por atender, uno de estos pendientes es la problemática por la que atraviesan los productores de maíz y frijol en nuestro país. El maíz es el principal cultivo y se produce prácticamente en todas las entidades federativas.

La producción de maíz blanco y amarillo en 2013 fue de 22.66 millones de toneladas, con un valor de 76 mil 281.6 millones de pesos, lo que equivale a un tercio de la producción agrícola nacional; el maíz blanco representa 90 por ciento y el amarillo 10 por ciento.

Para apoyar a los productores de maíz la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) instrumentó el Programa de Incentivos para productores de Maíz y Frijol (Pimaf), el cual tiene el objetivo de apoyar a los pequeños productores de maíz y frijol con incentivos económicos integrales para aumentar su productividad.

El pasado 30 de diciembre de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las reglas de operación para el año 2016 de los diferentes programas que opera la Sagarpa, entre ellos el Pimaf.

El calendario definido por la Sagarpa para la recepción de solicitudes de este programa, inició el pasado 18 de enero y concluye el próximo 26 de febrero de 2016.

El programa incluye un apoyo de hasta 2 mil 200 pesos por hectárea de maíz sin rebasar los 11 mil pesos por persona física para la adquisición de semilla certificada, insumos de nutrición vegetal e insumos de control fitosanitario.

En el caso del frijol, se ofrecen apoyos para los mismos tres conceptos que para el maíz (adquisición de semilla certificada, insumos de nutrición vegetal e insumos de control fitosanitario), pero con recursos de hasta 1 mil 200 pesos por hectárea sin rebasar los 6 mil pesos por persona física.

En el artículo 343 de dichas reglas referente a este programa (Pimaf) establece que:

Artículo 343. Los criterios de dictamen están determinados por:

I. Se dará prioridad a personas físicas ubicadas en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y en los polos de desarrollo, que se ubiquen en regiones con vocación y potencial productivo, de acuerdo a listado anexo en los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así también aquellos productores ubicados en los 1012 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Este componente es excluyente del Componente Agroproducción;

II. Los productores podrán decidir la adquisición con el incentivo autorizado de materiales e insumos enunciados en las presentes reglas, considerando su necesidad, calidad y precio con el o los proveedores de su preferencia, certificados por la instancia que la unidad responsable designe.

A la fecha, no se encuentra incluido ningún municipio del estado de Nuevo León, a pesar de que en la misma Cruzada Nacional contra el Hambre se tienen contemplados seis municipios neoleonenses los cuales son Monterrey, Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe y Anáhuac.

En Nuevo León existen municipios productores de maíz que dependen en gran medida de la producción de la gramínea entre los cuales podemos destacar: Aramberri, Montemorelos, General Terán, Hualahuises, Doctor Arroyo, Galeana, Iturbide, Mier y Noriega, Zaragoza, Anáhuac, Los Ramones, Los Aldamas, Mina, Marín, El Carmen, Doctor Coss y Sabinas Hidalgo.

Esta situación coloca en gran desventaja a los productores de maíz del estado de Nuevo León, que en 2014 cerraron con una producción superior a las 82 mil toneladas de maíz grano, en una superficie de casi 60 mil hectáreas sembradas y un valor de la producción superior a los 288 millones de pesos.

En cuanto al frijol el estado de Nuevo León produjo 2 mil 509 toneladas en una superficie de poco más de las 2 mil 600 hectáreas y un valor de la producción de 24 millones de pesos.

Es con base en estas consideraciones que el presente punto de acuerdo solicita a la Sagarpa modificar el artículo 343 de sus Reglas de Operación e incluir a los municipios del estado de Nuevo León en la lista de prioridad de los municipios a atender por el Pimaf.

Debido a que el calendario de apertura de ventanillas ya está en marcha y concluye en aproximadamente 30 días, el presente punto de acuerdo es solicitado con carácter de urgente resolución.

Por lo cual someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se incluya a los municipios rurales productores de maíz y frijol del estado de Nuevo León, en las reglas de operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol para el año 2016.

Nota

1 http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/
EXTENSIONISMO/ESTUDI_por_ciento20OCDE_por_ciento2EXTENSIONISMO.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de Baja California a implantar un programa coordinado de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera internados en la entidad, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las zonas fronterizas del país, se caracterizan por tener una ubicación geográfica estratégica, y de conformidad con el INEGI, la región norte del país se ha consolidado como uno de los motores de desarrollo de todo el país. Genera un producto interno bruto (PIB) de 3.2 billones de pesos, (27.2% del PIB nacional). Su PIB per cápita es 15% superior al promedio nacional, impulsado principalmente por Nuevo León (80% superior al nacional).

No obstante, el desempeño de este indicador en los últimos años ha sido inferior al de todo el país, debido al crecimiento poblacional en la región y a la contracción económica en Norteamérica, que tuvo sus efectos desde 2008 en varias entidades, afectando principalmente a Baja California, Tamaulipas y Chihuahua, es por ello que él desde el Ejecutivo a través del ejercicio de sus atribuciones ha implementado Tratados, Acuerdos y Decretos cuyo objetivo han sido el establecimiento de estímulos y otros incentivos de orden económico y administrativo, a favor de la Región Fronteriza del Norte, pues de manera adecuada se ha retomado la experiencia internacional que indica que estas Zonas incrementan la competitividad regional, generan economías de aglomeración, atraen inversión productiva, crean empleos directos e indirectos, y aceleran el crecimiento de las exportaciones y la diversificación de la producción, entre otros beneficios.

Datos proporcionados por el Inegi, señalan que de cada 100 establecimientos registrados en México, 15 están en la Región Norte, y de cada 100 de los establecimientos más grandes del país, 45 se ubican ahí. Desde la óptica sectorial, la Zona de la Frontera Norte participa de forma relevante en el sector primario y secundario, principalmente.

Dentro del sector secundario sobresale, el Estado de Baja California que cuenta con la principal región vinícola (40,000 hectáreas plantadas). Es además, importante productor de electrónicos, junto con los estado de Nuevo León, Importante productor de acero, cemento, vidrio, fibras sintéticas, Coahuila que destaca en la producción de acero y transporte automotriz; y la primera cuenca lechera (La Laguna), Sonora cuenta con el clúster aeroespacial, Tamaulipas. Entidad productora y refinadora de petróleo, y Chihuahua, uno de los principales maquiladores, aporta el 12.9% de las exportaciones de maquila mexicanas.

En el caso de Baja California dicha situación puede verse opacada por las limitaciones de los habitantes, consumidores, comerciantes e inversionistas; pues la Región Norte establecida en el Pacífico, que une a Mexicali y Tijuana con San Diego es uno de los 6 corredores carreteros transfronterizos troncales del país, lo que determina de forma importante la vocación y actividades del Estado de Baja California. Sin embargo una gran parte de la población realiza sus actividades de consumo, así como las comerciales en vehículos usados que han logrado comprar y que en su mayoría han sido adquiridos de Estados Unidos de Norte América y Canadá. Vehículos que están a un precio accesible al alcance de la economía familiar, y la realidad es que este hecho seguirá sucediendo, ya que poseer un auto, no es un lujo, sino una necesidad para muchas familias.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Tratado que se considera ley suprema de conformidad con el artículo 133 de Constitución Política de los Estados Unidos de México, entro en vigor en México el 1 de enero del 1994 y trajo consigo grandes beneficios a la industria automotriz, dentro de estos beneficios, se estableció la apertura a la importación de autos nuevos desde 1994 y a partir del 2009 la importación de vehículos provenientes de EUA y Canadá con 10 años de antigüedad y reducción de la misma en los siguientes años hasta la liberación total en el año 2019. Periodo que constituye el marco de referencia para la planeación de la producción y de las inversiones por parte de las empresas de la industria automotriz nacional.

Se calcula que hay cerca de casi 750 mil unidades irregulares que circulan en las calles de Baja California, por lo que se requiere tomar cartas en el asunto y dar protección al patrimonio familiar de muchos bajacalifornianos, es por ello que se debe de brindar de una certeza jurídica a los propietarios de dichas unidades, para sus bienes, porque al brindarles está, podrán tener acceso a seguros de responsabilidad civil para sus unidades, así como cumplir con lo ordenado en la ley.

Desde agosto del 2005, el gobierno federal ha implementado acciones para el ordenamiento del mercado de vehículos usados importados al país, con el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 22 del mismo mes y año, Decreto por el que se establecieron las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, el cual permitía a las personas físicas o morales la importación definitiva de vehículos automotores usados cuyo año-modelo fuera de entre diez y quince años anteriores al año en que se realice la importación. Y con ello propiciar su adquisición por personas de escasa capacidad económica, por lo cual redujo la protección arancelaria y se eliminaron parcialmente las restricciones no arancelarias para la importación de automóviles usados. Pero lo cierto es que a la fecha de haberse implementadas dichas acciones no han sido suficientes para solucionar el problema, ya que la problemática continúa en todo el territorio nacional, siendo Baja California uno de los estados más afectados, teniendo serios problemas de regularización con la internación de vehículos usados de procedencia extranjera.

Derivado de lo anterior es necesario que el Ejecutivo federal y del estado de Baja California, lleven a cabo acciones, tangibles y concretas, en el corto plazo que tengan efectos inmediatos en el sector automotriz a beneficio de los ciudadanos del Estado de Baja California. Acciones a fin de proteger a las personas y la seguridad jurídica de sus bienes, acciones que permitan la inscripción de dichos vehículos al padrón vehicular correspondiente mediante el pago de impuestos y derechos que corresponda y respetándose el TLCAN, acciones que protejan la infraestructura carretera y el medio ambiente.

Uno de los pilares del desarrollo de un país y de la seguridad de los ciudadanos es la protección a los derechos de propiedad. Se debe garantizar a las personas, familias, comunidades y empresas que las posesiones que han obtenido legítimamente no habrán de perderse, sino que podrán ser aprovechadas en su propio beneficio, sin que puedan ser confiscadas como en muchos casos sucede principalmente a migrantes a quienes, se les priva de su propiedad lo cual va en contra del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se señala que está prohibida “la confiscación de bienes”.

El gobierno federal ya ha implementado medidas que permiten el desarrollo de las regiones de la Frontera, de acuerdo con el Programa Regional para el Desarrollo del Norte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril de 2014; el Gobierno Federal desde una perspectiva regional estableció como proyectos estratégicos para impulsar en la Región Norte impulsar proyectos que fortalezcan el equipamiento e infraestructura, para consolidar la vocación comercial y turística, entre otras, ampliaciones y extensiones de la redes de autopistas y transportes terrestres y con ello de manera estratégica dicho programa busca responden de mejor forma a las potencialidades y necesidades específicas del Corredor Pacífico.

Es por ello que con el objeto de darle certeza jurídica a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera internados en el Estado de Baja California, así como el propósito de cumplir con el objeto del Programa Regional para el Desarrollo del Norte 2014-2018, así como el de impulsar la productividad en la región de la frontera norte es indispensable el Ejecutivo federal y de Baja California, a través de sus respectivas secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Finanzas a través, implementen beneficios fiscales para la regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera internados en el estado de Baja California, como parte de la estrategia de desarrollo regional que fortalezca el transporte terrestre legal en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. la Comisión Permanente del honorable congreso de la unión, en el ámbito de colaboración de poderes exhorta al Ejecutivo federal y al de Baja California para que a través de sus respectivas Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Finanzas, a implementar de manera coordinada un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera, internados en el estado de Baja California, presentado por la diputada federal María Eloísa Talavera Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días de enero de 2016.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Ssa protocolos sanitarios para enfrentar la posible epidemia del virus del Zika, suscrita por la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Lluvia Flores Sonduk, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los Artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un grave problema de salud pública amenaza a varios estados de la República, se trata del virus del zica, también conocido como zikav o zikv.

Los primeros casos se dieron en Brasil, pero se han reportado brotes en varios países como Barbados, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, la Guyana Francesa, Haití, Honduras, Martinica, Panamá, Puerto Rico, Isla San Martín, Surinam y Venezuela.

Según reportes de la Organización Panamericana de la Salud, el recuento crece día con día que acabará llegando a todos los países de América Latina.

Este virus es causado por la picadura de un mosquito y está catalogado como arbovirus que pertenece al género flavivirus, que son aquellos animales invertebrados como zancudos que le transmiten al ser humano. Se dice que es similar al dengue, la fiebre amarilla, al virus del Nilo Occidental y la encefalitis japonesa.

Tiene su origen en Uganda por el año 1947, en los bosques de zica, cuando se hacían investigaciones para conocer la transmisión de la fiebre amarilla.

Los pacientes del zica, desarrollan complicaciones neurológicas, como meningocefalitis y leucopenia, que tiene que ver con la reducción del nivel normal de leucocitos en la sangre. Se incuba entre tres y doce días, cuando aparecen los síntomas, sin embargo, la infección puede presentarse de forma asintomática.

De acuerdo con información, una de cuatro personas desarrolla síntomas, pero puede confundirse con los del dengue. Este nuevo virus produce fiebre, salpullidos, dolor de cabeza, artritis, debilidad, dolor muscular y en las articulaciones, inflamación en las manos y pies, conjuntivitis no purulenta, dolores en la parte posterior a los ojos, edema en los miembros inferiores y erupción en la piel, que comienza en el rostro y luego se extiende por todo el cuerpo.

En algunas ocasiones se presentan vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito.

Lo más grave que se ha reportado es que en Brasil, recientemente se ha descubierto que el zika afecta el tejido fetal y neonatal en bebés afectados con microcefalia que es un desorden neurológico que resulta en bebés que nacen con cabezas anormalmente pequeñas lo que causa problemas en su salud y su desarrollo y, a veces la muerte.

Este problema de salud, ha ido en aumento en Brasil, donde ha ido en aumento los abortos espontáneos o que nacieron con microcefalia, lo que permite suponer el problema entre la relación entre el zika y la microcefalia. En este país se descubrieron más de 2 mil 400 casos en 20 estados en 2015, comparados con 147 casos en 2014, relacionados con el virus y la microcefalia, además que se reportaron 29 muertes infantiles.

Lo más alarmante es que últimamente en Brasil se han detectado hasta 3 mil 893 casos de microcefalia de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Salud de ese país.

En este contexto, es urgente tomar las máximas precauciones para evitar que la pandemia tenga un efecto demoledor en nuestro país donde existen las condiciones objetivas para desarrollarse en virtud de tener zonas tropicales en amplia magnitud. Necesitamos aumentar nuestra capacidad de prevención, contención y erradicación, y examinar el zika para distinguirlo de otras enfermedades como el dengue, la malaria y la chikungunya.

Para el caso del zika, todo es nuevo, está en desarrollo constante y cambiará con el tiempo.

Tomemos en cuenta que no hay vacuna para prevenirlo y no hay medicina para tratar una infección, tampoco un tratamiento específico de virus de zika, sólo un manejo sintomático que consiste en descansar y en controlar la fiebre.

Consideramos necesario de forma urgente implementar planes de contingencia necesarios para prevenir, controlar y erradicar este virus que amenaza a toda la población viven en las costas del país. No esperemos que se vuelva una epidemia en México, y apelamos para que las autoridades sanitarias tomen medidas inmediatas.

Una respuesta pronta y expedita es desplegar estrategias de prevención, a través de la coordinación eficaz de todas las instituciones educativas, sanitarias y ecológicas en todos los niveles de gobierno.

Tenemos en México confirmados 15 casos de noviembre de 2015 al 8 de enero del presente año, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. Los infectados se reportan en los estados de Querétaro, Jalisco, Nuevo León y Chiapas.

Asimismo es urgente implementar estrategias de comunicación pertinentes culturalmente, toda vez que en varios estados propensos a este terrible virus, se hablan diversos idiomas nacionales por lo que habría que tomarlas en cuenta para lograr una comunicación eficaz para que la gente tome conciencia y las medidas pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos; presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta:

Único. A la Secretaría de Salud en coordinación con las instituciones educativas, medio ambiente y sanitarias de las 32 entidades federativas; para implementar protocolos de salud urgentes y tomar las máximas precauciones para prevenir, controlar y erradicar el virus del zika en nuestro país. Así como dar atención adecuada a los pacientes, particularmente a mujeres en situación de embarazo, además impulsar una comunicación culturalmente pertinente en las lenguas nacionales que se hablan en nuestro país, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que la población indígena y rural tome conciencia y las medidas pertinentes que contribuyan a frenar esta posible epidemia en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero del 2016.

Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ampliar en el marco de las investigaciones contra la diputada Lucero Sánchez López las indagatorias sobre el ex coordinador del PAN en el Congreso de Sinaloa, acusado de promover la candidatura en su partido de la hoy legisladora indiciada, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presunta relación de diversos actores políticos del Partido Acción Nacional con el crimen organizado en Sinaloa, ha conducido a una serie de investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República, con el objetivo de sancionar por acción u omisión diversas conductas tipificadas como delito en nuestro marco jurídico.

Entre estos hechos, destaca la presunta visita de Lucero Guadalupe Sánchez López a Joaquín Guzmán Loera al Centro Federal de Readaptación Social número 1, con una identificación oficial y un acta de nacimiento falsas, lo cual es una violación al Código Penal Federal que en su artículo 243 establece para este delito una sanción de prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa.

Por si estos actos no fueran suficientes, recientemente diversos medios han documentado que el delincuente Joaquín Guzmán habría sostenido una reunión con la diputada local del distrito 16 de Cósala, el 31 de diciembre de 2015, en el que también asistió Iván Gastélum, quien fungía como jefe de sicarios.

Frente a este escenario, el Partido Acción Nacional destituyó a Guadalupe Carrizoza Chaidez coordinador de su Grupo Parlamentario en el Congreso local, por haber defendido y presuntamente solapado los presuntos vínculos de legisladores con el crimen organizado.

El dirigente nacional del PAN manifestó que a través de la Comisión de Orden Nacional de su instituto político llegarían a las últimas consecuencias, situación que deja de manifiesto que lejos de buscar llegar al verdadero esclarecimiento de los hechos, sólo se trata de tergiversar el sentido y avance de las investigaciones sobre presuntos vínculos entre militantes del PAN e integrantes del crimen organizado.

En 2006, la Secretaría de la Función Pública sancionó con una amonestación al actual diputado Guadalupe Carrizoza por negligencia administrativa. En 2012, diversos medios de comunicación hicieron de conocimiento público que Chaidez fue inhabilitado debido a que violó la normatividad presupuestal como delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

El asunto que nos ocupa no puede ni deber ser investigado por las propias instancias u organismos del instituto político en conflicto, sino qué más bien, las autoridades que por imperio de ley tienen la responsabilidad de prevenir, investigar y perseguir los delitos, deben ser las que lleven a cabo las indagatorias que permitan conocer la verdad histórica.

Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías; el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público; y la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que los hechos sean esclarecidos, es decir, que sean investigados de forma integral. Se trata de un asunto de suma importancia en virtud de que más allá de los errores o inconsistencias para postular a candidatos de elección popular por parte del Partido. Acción Nacional, podrían versar sobre vínculos con miembros de la delincuencia organizada.

Por las consideraciones antes expuestas, es que acudimos a esta honorable asamblea a proponer el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del a Función Pública, para que envíe a esta soberanía un informe detallado sobre la situación administrativa, sanciones e investigaciones que se han realizado en contra del ciudadano Carrizoza Chaidez, actual diputado del Partido Acción al Congreso de Sinaloa.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el marco de las investigaciones realizadas en contra de la diputada Lucero Sánchez López, se amplíen las indagatorias al ex coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso de Sinaloa, Guadalupe Carrizoza Chaidez, acusado de promover la candidatura en el interior de su partido de la hoy diputada indiciada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de enero de 2016.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del Conacyt a reforzar las acciones centradas en los posgrados de alta calidad a efecto de incrementar el número de personas que inicien y culminen estudios de posgrado en áreas prioritarias para el país, a cargo del senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a reforzar las acciones centradas en los posgrados de alta calidad, a efecto de incrementar el número de personas que inicien y culminen estudios de posgrado en áreas prioritarias para el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los estudios de posgrado se constituyen como la ruta hacia la formación de recursos humanos altamente especializados, necesarios para atender los requerimientos de las instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos de gobierno y empresas.

De acuerdo con el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, México sigue enfrentando el reto de impulsar el posgrado de alta calidad para su desarrollo, por lo que un instrumento importante diseñado para promover la mejora continua del posgrado del país es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), coordinado por la SEP y el Conacyt.

En la planeación nacional se considera que los estudios de posgrado deben tener una contribución directa al avance del conocimiento, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, elementos indispensables para elevar el nivel de vida en el país.

El sector educativo debe contribuir a la formación de esas capacidades mediante el crecimiento de la oferta de posgrados, particularmente de los pertenecientes al PNPC, que hasta 2012 tenía registrados mil 583 programas, lo que representa 24.9 por ciento respecto del total nacional.

Igualmente, resulta necesario fortalecer las capacidades de investigación en las instituciones de educación superior en áreas prioritarias del país y asegurar que las inversiones se concentren en donde existan condiciones más favorables para el desarrollo científico y tecnológico.

Al respecto, es necesario un mayor esfuerzo, pues de acuerdo con investigaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad, en el país no hay una interrelación entre la inversión en investigación y desarrollo, la educación de alto nivel y la creación de una comunidad científica, a manera de ejemplo se puede mencionar el caso de Estados Unidos que cuenta con 13 por ciento de estudiantes cursando la maestría y gasta 2.77 por ciento de su PIB, mientras que México sólo dedica alrededor de 0.5 por ciento del PIB.

Lo anterior se refleja en bajos resultados en las evaluaciones internacionales. Por ejemplo, de acuerdo con el reporte Panorama de la educación 2015 elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo 4 por ciento de los jóvenes mexicanos obtendrá un posgrado en su vida. Dicho porcentaje se encuentra muy por debajo del promedio de los países miembros que es de 22 por ciento.

En cuanto al doctorado, el cálculo es de menos de 1 por ciento, mientras que el promedio de la OCDE es de 2. Al respecto, José Aguirre, director general de Planeación y Desarrollo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, comenta que la baja expectativa de mexicanos con posgrado tiene que ver además, con un rezago en general en la educación superior, pues nuestro país cuenta con una tasa bruta de escolarización en licenciatura de 31.4 por ciento, con una meta sectorial para 2018 de 40 por ciento, lo que repercute directamente en los estudios posteriores.

Otro factor que influye en el bajo porcentaje de estudiantes de posgrado radica en la falta de oportunidades laborales ya que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 20 por ciento de los jóvenes con licenciatura terminan trabajando en la informalidad, cuestión que desincentiva a los jóvenes a seguir con estudios de posgrado.

En atención de lo expuesto hasta el momento, se considera necesario el fortalecimiento o en su caso replanteamiento de las acciones plasmadas en el PSE 2013-2018 en el rubro de estudios de posgrado, a fin de lograr un crecimiento de la oferta de posgrado para la formación de personas sumamente calificadas en las áreas que el país requiere.

Por todo lo expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a reforzar o, en su caso, replantear las acciones centradas en los posgrados de alta calidad, a efecto de incrementar el número de personas que inicien y culminen los estudios de posgrado en áreas prioritarias para el país.

Sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el CNSP a informar a esta soberanía sobre el ejercicio de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La situación de inseguridad prevaleciente en gran parte del territorio nacional se ha gestado por la indolencia de autoridades municipales, estatales y federales ante el avance de grupos criminales que han ido tejiendo una fina red de complicidades a fin de ganar espacios que les permitan actuar al amparo de una total y desmesurada impunidad manteniendo cada vez más en vilo a la sociedad mexicana.

Los esfuerzos de la actual administración federal por presentar en el ámbito internacional la imagen de un gobierno eficaz a través de las reformas de gran calado han quedado en el escenario de un entramado endeble, formado a través del reconocimiento exterior como un gobierno que dirige los rumbos del país hacia los grandes cambios estructurales que estuvieron rezagados por años por la falta de voluntad política y la incapacidad de la clase política de generar consensos.

Pero la realidad del país es muy diferente de la quieren crear en el gobierno federal. La gran escalada de violencia deja de manifiesto de forma contundente que los esfuerzos, por así llamarlos, del Poder Ejecutivo en lo que va su mandato no son más que una suma de intentos fallidos, carentes de sentido y, sobre todo, alejados del objetivo primordial por el que se debería estar trabajando: el bienestar de la sociedad mexicana.

El Partido de la Revolución Democrática con representación en esta soberanía no puede ser –y nunca lo será– partícipe de esta gran simulación. Ciertas voces quieren silenciar este deber imperativo de señalar lo que realmente pasa en el país esgrimiendo argumentos que tratan de encontrar culpables en el pasado cuando no han entendido que en la historia no encontrarán las soluciones de los graves problemas de inseguridad que afectan el país, sino en la firme decisión de cumplir sus responsabilidades en el presente. Se tiene que trabajar con la mirada fija en el presente inmediato; ésa es precisamente la postura del Partido de la Revolución Democrática.

En virtud de lo anterior, queremos hacer hincapié en un hecho que al parecer ha estado pasando inadvertido o que la autoridad se ha encargado de minimizar dada su delicada naturaleza: qué ha estado pasando con todo el recurso federal asignado a los estados en materia de seguridad pública.

El artículo 21 de la Carta Magna establece entre otras disposiciones:

El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

...

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en el artículo 7:

Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las instituciones de seguridad pública de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta ley, deberán coordinarse para

...

XIV. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;

La ley de mérito dispone en el artículo 18 las competencias del secretario ejecutivo del Sistema Ejecutivo, entre las que destacamos las siguientes:

• Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables (fracción XVI);

• Gestionar ante las autoridades competentes la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el consejo y las demás disposiciones aplicables (fracción XVII);

• Someter a consideración del Consejo Nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, municipios (fracción XVIII);

• Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta ley (fracción XIX);

• Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios (fracción XX);

En el título décimo, “De los fondos de ayuda federal”, capítulo I, “Disposiciones preliminares”, de la ley general advertimos en el artículo 143 que es competencia del secretario ejecutivo

Requerir, indistintamente, a las autoridades hacendarias y de seguridad pública, entre otras, de las entidades federativas y de los municipios, informes relativos a

• El ejercicio de los recursos de los fondos y el avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados con ellos;

• La ejecución de los programas de seguridad pública de las entidades federativas derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública;

Así como efectuar en cualquier momento visitas de verificación y revisiones de gabinete de los documentos, instrumentos y mecanismos inherentes o relativos al ejercicio de los recursos en las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y los municipios, a fin de comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones a su cargo; de igual forma, podrá requerir la información que considere necesaria indistintamente a las autoridades hacendarias o de seguridad pública locales correspondientes.

El artículo 142 del capítulo referido señala en la parte conducente:

Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal.

Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación serán distribuidos con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional a las entidades federativas y los municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Las autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios deberán concentrar los recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública.

Asimismo, dichas autoridades deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema sobre los movimientos que presenten las cuentas específicas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino así como los recursos comprometidos, devengados y pagados.

Sin perjuicio de lo que establece el artículo 143, los convenios generales o específicos establecerán obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aporten, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

Para pronta referencia, el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal establece en lo conducente los siguientes fondos:

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; y

• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Todo lo anterior, en virtud de la grave y crítica situación por la que atraviesa el país en materia de seguridad pública a fin de que se del conocimiento de esta soberanía sobre el ejercicio de estas participaciones.

En el Grupo Parlamentario del PRD nos pronunciamos ante la necesidad apremiante derivada de tales vicisitudes de inseguridad y gran violencia en México, de saber el destino y uso de los recursos federales. En qué programas fueron implantados; en qué ejes y estrategias se ejercieron. Debemos conocer si las autoridades estatales encargadas de la seguridad pública han cumplido con informar de la aplicación de las contribuciones; cuáles son los montos devengados por programa, si hay rendimientos financieros y para qué fueron destinados correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015; que se informe si se han cumplido las metas establecidas en cada programa.

En qué medida el ejercicio del fondo aportado ha contribuido para disminuir la incidencia delictiva con relación a los delitos de alto impacto y los resultados obtenidos en los programas para el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública de los estados y los municipios, así como del Distrito Federal.

Es necesario que la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía sobre todos los datos con los que cuenta el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública acerca de las participaciones federales destinadas a fortalecer la seguridad pública del país en los términos de las leyes aplicables.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al secretario de Gobernación y al Consejo Nacional de Seguridad Pública a informar a esta soberanía sobre el ejercicio de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Nafinsa a acatar la resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje respecto al despido injustificado del ciudadano Virgilio Torres Torres, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

El ciudadano Virgilio Torres Torres fue despedido injustificadamente por Nacional Financiera (Nafinsa), según consta en la resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (número de expediente (origen): 1767/02. número de expediente por acumulación : 78/05 Segunda Sala del Tribunal) en septiembre de 2001, después de haber laborado ahí desde 1997. Su contrato era por tiempo indeterminado, teniendo una jornada de trabajo de 9:00 a 20:00, de lunes a sábado. La demanda laboral se presentó en octubre del 2001.

Con fecha 25 de noviembre de 2003, la codemandada Nacional Financiera S.N.C. Fideicomiso Centro Regional para la Competitividad Empresarial en León, Guanajuato (Crece), dio contestación a la demanda instaurada en su contra alegando que fue el actor quien dejó de presentarse a laborar a partir del día tres de septiembre de dos mil uno; el codemandado ofreció al actor el trabajo en los términos y condiciones en que lo venía desempeñando, más los incrementos salariales, reconociendo la existencia de una relación laboral entre las partes, que el actor desempeñaba funciones de base y reconociéndole su antigüedad. El 25 de Noviembre de 2003 se le ofrece al actor la reinstalación dentro de la contestación de demanda.

El trabajador acepta la reinstalación y esta se programa para el 10 de septiembre del año 2004. Sin embargo, el trabajador alega que la patronal no lo reinstalo adecuadamente y que volvió a sufrir el despido injustificado, pues en la fecha que estaba programada su reinstalación no se le permitió volver a sus labores y se le indicó que ya no laboraba en dicha institución.

La patronal alega que el trabajador se presentó a trabajar y que con fecha 14 de septiembre del año 2004 el trabajador presentó su renuncia formal, renuncia que fue aceptada por la patronal.

La parte actora inicia un nuevo proceso laboral, el cual fue signado bajo el número 78/2005; en este alega una falsificación de su firma en la supuesta renuncia en la que se justifica la parte demandada.

Con fecha 7 de abril de 2006 se declara procedente la acumulación de procesos 78/05 y 1767/02, con la finalidad de que no se dictaran resoluciones contradictorias.

Con fecha 11 de septiembre de 2008 fue emitido el laudo para resolver los autos del juicio laboral en dicho laudo La Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió:

• Que en lo que respecta al expediente 1767/2002 el actor acredito parcialmente los extremos de su acción y los codemandados justificaron parcialmente sus excepciones.

• Se condenó al titular de Nacional Financiera S.N.C. Fideicomiso Centro Regional para la Competitividad Empresarial en León, Guanajuato a reinstalar al actor en el puesto de consultor master.

• El pago de los salarios caídos, más las cantidades que se sigan generando hasta la ejecución del laudo.

• Reconocerle al actor su antigüedad a partir del primero de septiembre de 1997 a la fecha en que se cumplimente el laudo; absolviéndole del resto de las prestaciones.

Inconforme con la sentencia de 2008, la demandada Nacional Financiera S.N.C. Fideicomiso Centro Regional para la Competitividad Empresarial en León, Guanajuato (CRECE), promovió juicio de amparo(DT.-231/2009), que se tramito ante el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, otorgando este el amparo.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como consecuencia del juicio de amparo, dicto un nuevo laudo, con fecha 30 de Octubre del año 2009, en el cual resolvieron, entre otras:

• Dejar insubsistente el laudo de fecha 11 de septiembre de 2008,

• El pago de los salarios caídos del periodo de 3 de septiembre de 2001 al 10 de septiembre de 2004.

• Que el demandado otorgue al actor la hoja única de servicios reconociendo su antigüedad del primero de septiembre de 1997 al 10 de septiembre del año 2004.

De conformidad con la resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo de fecha 30 de Octubre de 2009, en el punto resolutivo número sexto de la misma se absolvió a la demandada Nacional Financiera S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el actor C. Virgilio Torres Torres, tanto en el expediente laboral 1767/02, así como en el acumulado 78/05.

Sin embargo, en autos de fecha 24 de enero de 2013 y 06 de Mayo del año 2014, dictados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se estableció que el patrón sustituto del Fideicomiso Centro para el desarrollo de la Competitividad Empresarial y Centro para Competitividad Empresarial de Guanajuato lo es Nacional Financiera S.N.C. conclusión a la que llego el tribunal después de diversos requerimientos que hiciera a esta última para que proporcionara los domicilios de las diversas patronales y que dichos domicilios resultaran falsos, esto con la finalidad de despachar el cumplimiento del laudo a que nos venimos refiriendo.

En conclusión de lo anterior en el expediente laboral antes citado el único responsable y obligado al cumplimiento del laudo que se encuentra firme lo es Nacional Financiera S.N.C. por lo que es quien deberá responder de todas y cada una de la prestaciones laborales a que fue condenado en dicho laudo.

Consideraciones

En un país como México, donde el actuar de las instituciones acusa un serio déficit de legitimidad, donde el Estado de derecho es quebrantado sistemáticamente -tanto por actores estatales como por actores no estatales-, resulta de la mayor importancia alzar la voz cuando la norma es violada por el propio aparato administrativo del Estado.

Los legisladores somos la voz de nuestros ciudadanos, los legítimos titulares del principio de representatividad política, emanando esta de la participación ciudadana y entendidas ambas como elementos consubstanciales de la democracia.

Es por esto, porque como representantes populares debemos abonar siempre al estricto cumplimiento de la ley, que pongo a consideración de esta soberanía el caso del ciudadano Virgilio Torres Torres.

En vista de que este asunto es cosa juzgada, de que el ciudadano afectado lleva más de quince años defendiendo sus derechos laborales ante las instancias pertinentes, dándole estas la razón, y de que la misma institución demandada –institución de la administración pública federal–, llegó incluso al extremo de falsificar firmas del afectado, es que someto a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a Nacional Financiera a acatar la resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, número de expediente (origen): 1767/02. Número de expediente por acumulación : 78/05 Segunda Sala del Tribunal, y cumplir con lo que mandata la ley.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solucionar los efectos ambientales, sociales y económicos adversos derivados de la contaminación en el parque nacional Lagunas de Montebello, Chiapas, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del pleno, la presente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

El parque nacional Lagunas de Montebello cuenta con 6,022 hectáreas de extensión, es un parque compuesto de 59 lagunas y lagos de diferentes características y dimensiones, la zona está cubierta de cavernas, grutas y dolinas, las serranías también forman parte de la postal. Entre las lagunas más reconocidas están la Laguna Encantada, Tinta, Ensueño, Perol, La Cañada, San Lorenzo, Bosque Azul, Esmeralda, Montebello, Pojol, Tzizcao entre otras.

La declaración de protección en la categoría de parque nacional para las Lagunas de Montebello se realizó a través del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1959.

Desde su creación, el parque nacional Lagunas de Montebello representa uno de los escenarios naturales más bellos a nivel nacional, Su ubicación geográfica le confiere especial importancia ya que se encuentra en la zona que comunica la región fisiográfica de la Altiplanicie de Chiapas y la Planicie Costera del Golfo, lo que corresponde al macizo central y las llanuras y declives del Norte del macizo central de las regiones florísticas de Miranda.

Lagunas de Montebello forma parte de sistemas ecológicos, culturales y económicos más amplios. Entre sus valores ecológicos están sus funciones como vaso de captación de agua, regulador climático regional y corredor biológico. Los ecosistemas de bosques de pino, pino-encino, pino-encino-liquidámbar y mesófilo de montaña albergan una importante riqueza biológica, que incluye algunas especies protegidas. Ubicado en la región terrestre prioritaria, en su función como corredor biológico proporciona hábitats para diversas especies de aves migratorias y permite la dispersión de la flora característica del macizo central hacia la región de los Altos de Chiapas. El Parque constituye un área de importancia para la conservación de aves, la riqueza de los vertebrados terrestres la encabeza el grupo de aves, seguido por los grupos de mamíferos, anfibios y reptiles.

El 27 de noviembre de 2003 Lagunas de Montebello obtuvo el reconocimiento como Sitio Ramsar número 1325, esto significa que el Parque se encuentra en la lista de humedales de importancia internacional según los criterios establecidos por la Convención sobre los Humedales (realizada en la ciudad iraní de Ramsar, en 1971), que es el único tratado ambiental mundial acerca de un ecosistema en particular y que entró en vigor a finales de 1975.

Por todo ello, los bienes y servicios ecológicos que producen los ecosistemas del parque nacional Lagunas de Montebello incluyen el resguardo del patrimonio genético, la absorción de gases invernadero, la regulación climática, el mantenimiento de recursos hídricos, la conservación de suelos, la preservación de valores paisajísticos, la producción de recursos forestales maderables y no maderables, y la estructuración de hábitat para una amplia diversidad de flora y fauna.

El régimen de protección que mantiene la región Lagunas de Montebello como Área

Natural Protegida en la categoría de parque nacional constituye el fundamento para la conservación de su diversidad biológica y de un gran número de funciones ambientales vitales.

Sin embargo, en los últimos años, al menos cuatro lagunas, han perdido sus tonos cristalinos azules y turquesa, y adquirieron colores amarillentos, verdosos y llenos de lodo. Diversas autoridades han realizado estudios sin haber determinado la causa precisa, ni el tiempo de afectación.

Por su parte un estudio del Departamento de Geohidrología de la Comisión Federal de Electricidad detectó que el cambio de coloración comenzó en 2008 en el complejo de lagunas conocido como Vuelta de Agua, y en 2010 el deterioro se extendió a las lagunas Bosque Azul y La Encantada.

En cambio, una investigación realizada con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional de Agua (Conagua), que monitorea los ciclos de lluvia y estiaje al interior del área natural, determinó que los cambios de coloración se presentaron desde enero de 2003.

Entre las diferentes dependencias que han realizado muestreos aislados para determinar la calidad del agua han encontrado por lo general sulfatos y sulfuros en concentraciones elevadas en comparación con otras lagunas del sistema que no se encuentran afectadas por este fenómeno.

Esta circunstancia ha fortalecido la hipótesis de la contaminación del Río Grande, en cuya cuenca se ubica el sistema de lagunas, debida a descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado. Los municipios aledaños, que podrían ser responsables de las descargas, son Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La Trinitaria y La Independencia, los cuales podrían contribuir a la entronización (proceso a través del cual repentinamente empieza a llegar más carga de materia orgánica de fósforo y nitrógeno) a través de tres factores principales, la descarga de aguas residuales sin tratamiento adecuado, aportes excesivos de fertilizantes y agroquímicos, y la deforestación y cambio de uso de suelo en la zona.

Asimismo, tratándose de uno de los principales sitios turísticos de la entidad, algunos lugareños han señalado que la contaminación de los lagos ha provocado disminuciones en la afluencia de turistas.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de sus organismos desconcentrados Comisión Nacional del Agua y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección Civil, a solucionar de manera inmediata e integral los efectos ambientales derivados de la contaminación en los lagos del parque nacional Lagunas de Montebello, en el estado de Chiapas.

Segundo. Se declare, en términos de la de la Ley General de Protección Civil, en estado de desastre natural la zona que comprende el parque nacional Lagunas de Montebello.

Tercero. Se genere un fondo de emergencia por parte del Ejecutivo Federal, con la finalidad de atender de la manera más pronta y eficiente el desastre ecológico que está destruyendo el parque nacional Lagunas de Montebello.

Cuarto. Se solicita a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a que considere este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, el día 27 del mes de enero de 2016.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a informar sobre las razones de la entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca al rey de Arabia Saudita, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del pleno, la presente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, establece en su artículo 40 que el gobierno de México entregara la distinción de la Orden Mexicana del Águila Azteca a extranjeros que han prestado servicios prominentes a la Nación Mexicana o bien a la humanidad, así como para corresponder a las distinciones de que sean objeto los servidores públicos mexicanos.

Sin duda, se trata de la máxima distinción a que se hace acreedor un extranjero ante nuestro país, derivado de un contacto significativo con México y se muestran decididos a favorecer la amistad entre naciones o bien a contribuir en la defensa de los intereses mexicanos y valores comunes.

El propio artículo 40 establece que esta condecoración se tramita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de un Consejo presidido por el Secretario de Relaciones Exteriores, teniendo como vocales a los Subsecretarios competentes por razón geográfica o por materia, y como secretario del Consejo, al director general que establezca el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La propia norma establece una serie de grados, siendo el más alto, el de Collar, el cual se entrega a jefes de Estado.

En el acuerdo por el que se otorga la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, al Custodio de las Dos Santas Mezquitas, Rey Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Rey de Arabia Saudita, se explica que se le otorgó la presea, con la finalidad de reconocer su valioso interés y notable voluntad para fortalecer las buenas relaciones entre México y Arabia Saudita; toda vez que bajo su liderazgo, Arabia Saudita es hoy en día el interlocutor privilegiado de México en el Golfo Arábigo, tomando en cuenta su relevancia como potencia regional, su papel como principal productor y exportador de hidrocarburos a nivel mundial y la mutua pertenencia en el G20.

A pesar de los méritos comerciales que refiere el propio acuerdo, no se expone ninguna de las razones previstas en el artículo 40 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para otorgar la distinción de la Orden Mexicana del Águila Azteca. Por el contrario, se refiere a que la visita de Estado del 17 de enero de 2016 al Reino de Arabia Saudita es la primera que un mandatario mexicano realiza en 40 años a ese país, siendo que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones iniciaron el 12 de septiembre de 1952.

Posteriormente, el 25 de enero, en el marco de la “Reunión de las Mujeres en la Economía del Conocimiento y la Innovación”, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz Massieu, aseguró que la condecoración del Águila Azteca, que se otorgada al rey de Arabia Saudita, es por reciprocidad, lo cual es jurídicamente viable según el multicitado artículo 40 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Sin embargo, esto no se argumentó en el Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, al Custodio de las Dos Santas Mezquitas, Rey Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Rey de Arabia Saudita.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su calidad de presidenta del Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, a informar a esta soberanía sobre las razones por las cuales se entregó dicha distinción al rey Salmán bin Abdulaziz Al-Saud de Arabia Saudita, la metodología utilizada por el Consejo y las causas por las cuales el argumento de reciprocidad no figura entre los expuestos en el acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, al Custodio de las Dos Santas Mezquitas, Rey Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Rey de Arabia Saudita.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, el día 27 del mes de enero de 2016.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante el Senado de la República del director general de Pemex y del secretario de Energía para explicar los costos de producción del barril de petróleo y el ingreso de México en la Agencia Internacional de Energía, suscrita por el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Luis Sánchez Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El 22 de enero de 2015, en el marco de su visita a Davos, Suiza, para asistir al Foro Económico Mundial de ese año, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin afirmó que a Pemex le cuesta 23 dólares producir cada barril de petróleo, destacando que dicho monto es de los más competitivos a nivel mundial y permite que el crudo mexicano sea rentable.

El 12 de enero de 2016, Pemex emitió un boletín de prensa titulado “Los costos promedio de producción de Pemex son inferiores a 10 dólares por barril”. En dicho documento se indica que “Petróleos Mexicanos mantiene uno de los costos de producción más bajos a nivel mundial, con un promedio menor a 10 dólares por barril en los campos que actualmente están activos; incluso, en algunos pozos en aguas someras, el costo es inferior a 7 dólares por barril.” Señala el boletín que “Este nivel de costos implica que las actividades de producción de Pemex continúan siendo rentables aun con la disminución reciente en las cotizaciones internacionales de los hidrocarburos”.

También se precisa que “El costo de 23 dólares por barril que ha llegado a reportarse asociado a las actividades de Pemex, es un costo esperado a futuro vinculado con el amplio portafolio de yacimientos de la empresa, y que incorpora tanto la exploración, la delimitación de campos, la perforación de pozos y la instalación de infraestructura, como la producción en nuevos campos”.

La Subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Lourdes Melgar, señalo hace unos días que la caída de los precios del petróleo pone en riesgo proyectos de Pemex que tienen costos de producción por encima de 22 dólares y obliga a reconsiderar la viabilidad de algunos proyectos dado su nivel de competitividad, además de anunciar una posible elevación de los niveles de producción de la mezcla mexicana de exportación.

En 2015, los precios internacionales del petróleo observaron un verdadero colapso y, en particular, los de la mezcla mexicana de exportación, que se redujo desde un promedio de 93 dólares, en los tres años anteriores, a 43 dólares, perdiendo 53 por ciento de su valor.

El colapso se profundizó a partir de julio de 2015, justo después que la Secretaría de Hacienda ordenara adelantar el programa mexicano de coberturas, para asegurar que 220 millones de barriles pudieran alcanzar precios de 49 dólares en abril, durante 2016.

En junio de 2015 la mezcla mexicana de exportación alcanzó un promedio mensual de 53.87 dólares. Sin embargo en julio bajó a 46 dólares y en diciembre se cotizó en 28.86 dólares.

Como todos hemos visto, durante enero de 2016, la depreciación del petróleo mexicano continuó y el pasado 20 de enero se ubicó en 18.90 dólares el barril. Un precio, cuyo antecedente similar se remonta a marzo de 2002. El promedio de este primer mes de 2016 se colocará en los 22 dólares el barril: 56 por ciento menos que la estimación que se tomó como base para planear el presupuesto federal de este año.

Son ya siete meses de disminución constante en los precios del petróleo mexicano y el daño que este fenómeno produce en las finanzas públicas y en los equilibrios macroeconómicos del país es innegable, por más que se quiera soslayar.

Distintas agencias internacionales señalan que los precios internacionales incluso pudieran descender más. En este escenario, Petróleos Mexicanos presenta una situación financiera muy delicada. Se dice que en el primer semestre de 2015, afrontaba ya un déficit financiero de 176 mil 451 millones de pesos, por lo que su situación debe ser puntualmente conocida por el Congreso.

La salud económica e industrial de esta empresa, que es la más grande del Estado mexicano, impacta a un gran número de sectores que van mucho más allá de la actividad petrolera o energética.

Existen informes contradictorios y confusos sobre los costos de extracción de hidrocarburos y, además, hemos visto distintas noticias sobre miles de despidos de trabajadores petroleros, que en conjunto dan una imagen de crisis en este importante sector económico del país.

Por otra parte, el 16 de noviembre de 2015, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, entregó a la Agencia Internacional de Energía, AIE, una solicitud formal para el ingreso de México a esa organización.

La AIE surgió en 1974, como respuesta de los grandes países consumidores a los incrementos de precios y al control de la oferta petrolera que la OPEP logró durante aquella década.

La Agencia Internacional de Energía se formó al interior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y actualmente está integrada por 29 países miembros. Desde que México ingresó a la OCDE en 1994, esa organización había insistido en que nuestro país se afiliara a la AIE, sin embargo, los distintos gobiernos mexicanos no habían accedido debido a que ello significa el sometimiento de la política energética nacional a las decisiones que los grandes consumidores toman al interior de ese organismo, tal y como lo establece el artículo cuarto del Acuerdo que crea la Agencia Internacional de Energía.

En apoyo de la candidatura mexicana para ingresar a la AIE, ya se han manifestado el secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz, y su homólogo de Canadá, James Carr.

El ingreso a la AIE constituye un cambio de estrategia muy importante y trascendente en la política energética de México que necesita ser explicado y detallado al Congreso de la Unión. Sus implicaciones dentro de la geopolítica mundial son relevantes y definen un rumbo que debe ser discutido entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para su mayor compresión y análisis, en beneficio del país.

Por lo expuesto presento la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se cita a comparecer ante el Senado de la República al director general de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para que explique a detalle el costo actual de producción del barril de petróleo, la situación que guarda la producción de petróleo de la empresa y la estrategia a implementar ante el escenario petrolero internacional.

Segundo. Se cita a comparecer ante el Senado de la República al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, para que explique las razones que llevaron al gobierno federal a solicitar el ingreso de México a la Agencia Internacional de Energía y las implicaciones que tal afiliación tendrá para la política energética nacional.

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2016.

Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, la Semarnat, la SFP, la Profepa, el Fonatur y el gobierno de Quintana Roo a explicar los criterios y las razones que justifiquen los permisos para construir el complejo inmobiliario Malecón Tajamar, suscrita por el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Armando Ríos Piter, integrante de la LXIII Legislatura de este honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta representación soberana la siguiente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

México tiene características geográficas que lo sitúan como un país altamente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. Su localización entre dos océanos, su latitud y su relieve lo hacen estar particularmente expuesto a eventos hidrometeorológicos.

En el caso del estado de Quintana Roo, por citar algunos datos publicados por el diario El Economista , el 16 de octubre de 2011, nos dice que: en los últimos 40 años, esta entidad ha sido afectada por 232 fenómenos hidrometeorológicos de un total de 20 mil 64 que han incidido en todo el país.

Uno de los principales protectores naturales contra los fenómenos hidrometeorológicos es indudablemente el bosque de mangle, que precisamente actúa para contrarrestar la erosión de las costas, por lo tanto, su destrucción aumenta la vulnerabilidad ante estos fenómenos.

En los últimos 50 años, México ha experimentado cambios en la temperatura y en las precipitaciones medias. El país se ha vuelto más cálido, con un incremento de temperaturas promedio mayores a los 0.85 grados centígrados (º C).

Asimismo, en nuestro país el cambio climático ha generado un número creciente de afectaciones debido a fenómenos hidrometeorológicos extremos como ciclones tropicales, inundaciones y sequías que han producido pérdidas humanas y altos costos económicos y sociales. Por ejemplo: en el periodo 1980-1999 se perdieron un promedio anual de 48 millones de dólares, para el periodo 2000-2012 se perdieron por estos fenómenos anualmente 1.4 billones de dólares.

Resulta importante recordar que en la pasada Cumbre de París para el Cambio Climático, celebrada en diciembre de 2015, México firmó compromisos para enfrentar el cambio climático, se comprometió entre otros acuerdos: a bajar en 30 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero para 2030, alcanzar una tasa de 0 por ciento de deforestación en 2030, incrementar sustancialmente los programas de acción y conservación de especies para fortalecer la protección de especies prioritarias (manglar) ante los impactos negativos del cambio climático, aumentar la captura de carbono y fortalecer la protección costera con la implementación de un esquema de conservación y recuperación de ecosistemas marinos y costeros como arrecifes, manglar, pastos marinos y dunas.

La madrugada del 16 de enero de 2016, fueron destruidas 22 hectáreas de 78.4, de manglares, selva y sabana en el municipio Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún), sepultando vivos a los animales que habitaban en el lugar, sin importarle a las autoridades los compromisos contraídos para enfrentar el cambio climático y que la destrucción de los ecosistemas nos afecta a todos.

Este acto fue la gota que derramó el vaso porque ante tal ecocidio que se venía realizando de manera silenciosa desde 2006, fecha en que el proyecto Malecón Tajamar fue presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Surgieron varias interrogantes que corresponde a las autoridades esclarecer:

¿Qué autoridades son responsables de dicho acto?

¿Bajo qué criterios las autoridades consideraron viable construir un complejo inmobiliario a costa de un territorio tan rico en flora y fauna?

¿Hay estudios de impacto ambiental que avalen el uso de estas zonas para imponer un complejo inmobiliario?

¿Cuál fue exactamente el análisis costo-beneficio que se realizó para autorizar esto?

¿Qué funcionarios son responsables de dicho acto por acción u omisión?

¿Qué sanción se les impondrá a los responsables?

¿Qué medidas se tomarán para evitar que se siga destruyendo lo que queda de manglar?

Este hecho provocó que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y un colectivo de organizaciones ciudadanas, denominada Red Ciudadana por la Defensa y Restauración del Manglar Tajamar, a través de diferentes acciones y medios, protestaran y exigieran al presidente de la República dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental otorgada al proyecto promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la renuncia de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y fincar responsabilidad al gobernador de Quintana Roo y al presidente municipal de Benito Juárez (Cancún).

Posteriormente, el 25 de enero de 2016, Manuel Mercado Bejar, director jurídico de Fonatur, dio a conocer en conferencia de prensa que la destrucción del Manglar Tajamar, no representa un daño ambiental, sino más bien un impacto ambiental que se llevó a cabo con base en autorizaciones expedidas por las autoridades competentes y que la zona del proyecto turístico e inmobiliario Malecón Tajamar se encuentra fuera del área protegida por la Convención Ramsar –la cual resguarda los humedales–, por lo que el desarrollo de la zona continuará, aseveró.

Nos queda claro, que con la destrucción del manglar de Tajamar en el estado de Quintana Roo, el gobierno mexicano debilita este ecosistema y deja vulnerable esta zona ante los fenómenos naturales cada vez más frecuentes. Ante los mexicanos conscientes y las otras naciones comprometidas, nuestro gobierno una vez mas deja clara la falta de compromiso y responsabilidad para con el medio ambiente.

En este caso, probablemente existan corruptelas y complicidades. Es necesario exhibirlas para remediarlas. Debemos entender que siempre que existe un acto de corrupción hay terceros afectados, el beneficio inmediato que conlleva para unos cuantos, termina perjudicando a muchos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, de obvia y urgente resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y del Poder Ejecutivo del Gobierno de Quintana Roo, que den a conocer nombres y apellidos de los funcionarios del orden federal que otorgaron los permisos de impacto ambiental y cambio de uso de suelo para la construcción del complejo inmobiliario denominado Malecón Tajamar, ubicado en el municipio Benito Juárez, Quintana Roo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, que inicie una investigación exhaustiva que permita conocer la existencia de responsabilidad de algún servidor público de los gobiernos federal, estatal o municipal que haya intervenido en la expedición de alguna autorización de permisos de impacto ambiental y cambio de uso de suelo para la construcción del complejo inmobiliario denominado Malecón Tajamar, ubicado en el municipio Benito Juárez, Quintana Roo; y, en caso de encontrarse alguna acción u omisión que sancionen las leyes penales, den cuenta a la Procuraduría General de la República para que ejercite acción penal en contra del funcionario federal, estatal o municipal que resulte responsable.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que suspenda de manera permanente la construcción del complejo inmobiliario denominado Malecón Tajamar y presente un plan de reparación y sustentabilidad para la región, que evite actos similares en el futuro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2016.

Senador Armando Ríos Piter (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, al Poder Legislativo y a los ayuntamientos de Veracruz a reconocer y no violentar los derechos humanos de las mujeres, suscrita por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez

La suscrita, senadora Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 15 de enero el gobernador Javier Duarte de Ochoa declaraba a la prensa que su gobierno aceptó las recomendaciones hechas por parte de la Secretaría de Gobernación con respecto al informe para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres veracruzanas1 ; en un claro acto de incongruencia, tres días después, el 18 de enero, enviaba al Congreso de Veracruz una iniciativa de reforma que adiciona un párrafo al artículo 4o. constitucional, misma que fue aprobada fast track en primera vuelta en la sesión del Congreso estatal del 21 de enero.

El párrafo a añadir es el siguiente:

“El estado garantizará el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos; salvo las excepciones previstas en las leyes.”

Esta iniciativa no sólo violó el proceso legislativo ya que fue recibida por el Congreso el 18 de enero y se votó en la sesión siguiente, además es improcedente, pues contraviene la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, es inconstitucional pues atenta de manera directa contra el derecho a decidir consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atenta de manera directa contra el derecho a la salud de las mujeres, pues por experiencias previas es sabido que lo que sigue a esas reformas mal llamadas de “protección a la vida” es una persecución y criminalización de mujeres incluso aquéllas que llegan a tener abortos espontáneos. Además de que personal médico, amparándose en ese precepto, incumple con la aplicación de la NOM 46 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, negándose a otorgar la píldora de emergencia.

Resulta absurdo presentar una reforma de esta naturaleza en un estado como Veracruz, en el que lo que menos se respeta es la vida, las cifras son alarmantes en todos los sentidos, según datos oficiales de la procuraduría; Veracruz es un foco rojo en materia de personas desaparecidas entre enero de 2014 y noviembre de 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) tiene un registro de 155 personas desaparecidas relacionadas con averiguaciones previas federales, el reciente caso de 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.

La situación de graves violaciones al derecho a la libertad de expresión y la persecución a periodistas; la violencia generalizada que se vive en el estado, y la violencia de género y feminicida, de acuerdo al informe del grupo de trabajo que estudio la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres2 , se reportaron mil 214 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas, de 2000 a agosto de 2015, 161 casos de feminicidios en el mismo periodo. De 2000 a 2015 hubo un total de 30 mil 898 casos de violencia familiar; 27 mil 221 de violación sexual y mil 670 personas desaparecidas.

Podríamos continuar enumerando un sinfín de situaciones que reflejan la crisis de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado que enfrentan las veracruzanas; pero lo importante es decir que esta situación no puede continuar. El gobierno del Veracruz de Ignacio de la Llave no puede seguir siendo sordo y ciego, tiene que detener la oleada de violencia en la que vive todo el estado.

Particularmente ante esta iniciativa, el Ejecutivo de estado tiene que reconocer que los derechos de las mujeres no son moneda de cambio, y no pueden ser utilizados para desviar la mirada y distraer la atención de otros temas.

Es urgente que los y las legisladores que votaron a favor de la iniciativa recuerden que se deben a la ciudadanía que los eligió –más de la mitad mujeres– y reivindiquen su función que es la de proponer y garantizar marcos normativos que abonen al ejercicio, respeto y promoción de derechos en el sentido más amplio y progresista en un debate objetivo y libre de discusiones parciales e ideológicas; aprovechando todos los avances científicos que se tengan al alcance.

Citando a Marta Lamas agregaríamos que “La lucha de las mujeres reivindica que los gobiernos democráticos diseñen y legitimen un sistema de reglas donde, salvados los derechos fundamentales, la gente decide conforme a una variedad de creencias, pero a partir de su propio discernimiento. Lo que no pueden hacer los funcionarios de un gobierno que se precie de ser democrático es intentar prohibir u obstaculizar leyes que sólo afectan a quienes se acogen a ellas, tal es el caso del aborto y el divorcio”3

El gobernador Javier Duarte tiene que recordar que México ha firmado convenios internacionales de carácter vinculante para garantizar los derechos humanos de las mujeres y una vida libre de violencia, cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros (Fecundación In Vitro) versus Costa Rica, ya ha generado jurisprudencia y consideró que “la concepción” debe ser entendida como “implantación”, además, que el embrión no es persona, supuesto básico necesario para hablar de titularidad de derechos humanos. “La vida prenatal debe ser protegida a través de medidas graduales e incrementables y teniendo como premisa que el derecho a la vida no puede ser absoluto y debe ser ponderado con los derechos de las mujeres”4 .

Acorde a lo que dicta el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz esta reforma deberá ser aprobada por la mayoría de los ayuntamientos y deberá ser aprobada en un segundo periodo ordinario de sesiones, por tanto consideramos que aún existe una oportunidad de detener esa reforma que atenta contra la vida de las mujeres y hacemos un llamado para que tanto los ayuntamientos como el Congreso local voten contra esta iniciativa y por el contrario implementen las acciones necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del informe de trabajo de la alerta de violencia de género contra las mujeres.

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

Puntos de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, doctor Javier Duarte de Ochoa, a que ejerza su derecho de veto en la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución del estado, dado su carácter inconstitucional y violatorio de los derechos humanos de las mujeres; y asuma su compromiso, reconociendo y respetando sus derechos, entre ellos el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, a fin de contribuir a la vida democrática de nuestro país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a legislar bajo el principio de no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres, derogando las disposiciones discriminatorias que violentan los derechos humanos de las mujeres.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a detener la aprobación de la iniciativa de reforma al artículo 4o. constitucional aprobada en primera vuelta por el Congreso del estado, debido a su carácter claramente inconstitucional y violatorio de los derechos humanos de las mujeres.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del gobierno de Veracruz de la Llave, doctor Javier Duarte de Ochoa, a implementar las medias y acciones necesarias contenidas en el informe del grupo de trabajo conformado para estudiar la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado, para poner fin al clima de violencia que priva en la entidad.

Notas

1 Cumplirá Gobierno de Veracruz con recomendaciones de Segob para evitar alerta de género: Duarte, Al calor político. 15 de enero de 2016, en URL:
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/
cumplira-gobierno-de-veracruz-con-recomendaciones-de-segob-para-evitar-alerta-de-genero-duarte-190913.html#.VqeM2_l96M8
Fecha de consulta: 26 de enero de 2016.

2 Informe del grupo de trabajo conformado para estudiar la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Veracruz, documento PDF, en URL:
http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/1 /images/Informe_AVGM_Veracruz.pdf

3 Lamas Marta, Cuerpo, sexo y política. Editorial Océano, 2014. Pag. 114.

4 Todo es un horror en Veracruz, Animal Político, en URL: http://www.animalpolitico.com/blogueros-punto-gire/2016/01/25/todo-es-u n-horror-en-veracruz/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comunicación Permanente, a 27 de enero de 2016.

Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a iniciar una investigación ante la probable omisión de cumplimiento de funciones del titular de la Semarnat, por el ecocidio perpetrado en Malecón Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, suscrita por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez

La suscrita, senadora Martha Tagle Martínez, integrante a la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El descontento y consternación social por diferentes sectores de la población del estado de Quintana Roo se ha evidenciado a través de las redes sociales, denuncias sobre detenciones arbitrarias, represión y amenazas, es la constante en la política implementada por el gobernador de dicho estado.

Basta remembrar lo ocurrido en torno a las amenazas y agresiones sufridas por la periodista Lydia Cacho debido a la publicación de su columna titulada: “El padrotaje del Estado”,1 (que pone en evidencia los lujos del gobernador a costa del erario público, casos de corrupción y desvío de recursos); la detención arbitraria del activista y periodista Pedro Canché Herrera, por realizar una protesta contra el incremento de tarifas y colocación de medidores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que fue encarcelado en la prisión municipal por el delito de sabotaje.

A este, se suma el caso de tortura del que fue objeto Héctor Manuel Casique Fernández y de las constantes agresiones a su familia. Esta acumulación de hechos demuestran un especial desprecio a la vigencia de los derechos humanos y del Estado de derecho por parte del titular del ejecutivo estatal.

Ahora, nuevamente el estado de Quintana Roo es blanco de los reflectores por un hecho que indigna no solo a los habitantes de ese estado, ya que a nivel nacional e internacional ha provocado un fuerte activismo en redes sociales con solicitudes de ayuda urgentes para detener la destrucción del Manglar Tajamar.

No fueron suficientes las acciones emprendidas por habitantes de Quintana Roo y organizaciones de la sociedad civil que entre amparos, quejas, carteles, mantas, dibujos, letreros, cadenas humanas se unieron en un intento desesperado para evitar la devastación y concientizar sobre la protección del Manglar Tajamar.

“A las 2:15 de la madrugada de este sábado 16 de enero de 2016, policías municipales y antimotines irrumpieron en la zona para bloquear con vallas metálicas las tres entradas al predio, mientras decenas de camiones –algunos hablan hasta de 150– entraban para retirar todo el manglar y rellenar las lagunas con tierra y piedras.

Ender Córdova, vocera de Guardianes del Manglar Cancún, cuyos activistas se mantuvieron vigilantes en los predios desde julio pasado cuando iniciaron los primeros trabajos de desmonte, refirió que luego de cortar la luz.

El sitio fue amurallado y media centena de granaderos nos impidieron (a los ecologistas) ingresar a Tajamar. Éramos unos 20, no pudimos hacer nada, refirió. Desde las vallas metálicas colocadas en la entrada se observan terrenos totalmente devastados, algunas animales buscando refugio, y zopilotes, al parecer comiendo animales fallecidos entre las palas mecánicas.

Al parecer la orden era culminar pronto y aparentemente no hubo rescate de flora y fauna, murieron aplastados por los trascabos y otras maquinarias una gran variedad de animales silvestres como ardillas, reptiles (cocodrilos, iguanas) y nidos de aves. En la zona habitaban cocodrilos, que recién habían tenido crías, además de decenas de garzas y aves, pues es temporada de migración y muchas llegaron en semanas recientes.

Fonatur Mantenimiento Turístico (entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal) ingresó maquinaria pesada para efectuar la remoción de vegetación y relleno de mangle en la zona conocida como Malecón Tajamar de Cancún, ante esta acción hectáreas de selva y mangle fueron arrasadas.

El pasado 16 de enero el gobernador Roberto Borge Angulo aseguró que “los trabajos de chapeo y desmonte en el Malecón Tajamar se realizan con apego a la ley”, destacó que “El Poder Judicial de la Federación notificó a la Dirección General de Ecología que, respecto al juicio de amparo interpuesto contra esa autoridad por los permisos de chapeo y desmonte que expidió, se encuentra sin efecto, la Dirección General de Ecología del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) otorgó los permisos de “chapeo y desmonte” luego de que los desarrolladores cumplieron las formalidades exigidas en el Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental del Municipio.”3

Lo anterior pese a todas las irregularidades que se han denunciado en torno a los permisos otorgados desde 2005, Fonatur ha señalado que cuenta con los permisos correspondientes –otorgados durante la administración de Felipe Calderón en 2005 y 2006- para llevar a cabo el proyecto que contempla desarrollar oficinas, comercio, apartamentos y un hotel Business, sin embargo organizaciones civiles como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental han denunciado que Fonatur presentó información en la que se omitió señalar la existencia de manglar en la zona; ya que simplemente se señala que el predio no presenta características naturales relevantes o excepcionales, cuando en la misma se establece que, del total del predio, el 64 % (37.61 hectáreas) comprende vegetación hidrófila, entre ellas manglar primario, manglar secundario y manglar de Conocarpus-Rhizophora”.

El propio Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del estado de Quintana Roo durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto, consideró que “se debería negar la Autorización del proyecto, porque pretende afectar el 65% de la cobertura vegetal, constituida principalmente por manglar, especie que se encuentra catalogada con estatus de protección especial”.

De acuerdo a los establecido en el párrafo tercero del artículo 30 de la Ley General del Equilibrio ecológico y la protección al Ambiente: “Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley. Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el Reglamento de la presente Ley”.

Pese a que posterior a la autorización condicionada otorgada el 28 de julio de 2005, mediante oficio número S.G.P.A./DGIRA.DEI.1855.05, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, se corrigió información sobre el número de hectáreas afectadas, no hay registro de que la Semarnat haya requerido un nuevo estudio de impacto ambiental.

Además de los anterior en agosto de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dictaminó la Suspensión Total Temporal de todas las actividades y obras de cambio de uso de suelo en 10 lotes del proyecto Malecón Cancún-Tajamar, por incumplir términos y condicionantes a las respectivas autorizaciones otorgadas por la Semarnat,4 del 29 de julio al 5 de agosto, la Profepa realizó visitas de inspección, a dicho predio ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en materia de cambio de uso de suelo, toda vez que afectó además diversas especies forestales protegidas por la ley.

“Los permisos para realizar esta obra fueron otorgados en julio de 2005 y la urgencia por desmontar este manglar se debe a que la vigencia de los permisos para urbanizar y lotificar vence el 17 de febrero del presente año. Proyectos como éste son incompatibles e incongruentes tanto con la legislación actual como con la visión del turismo sustentable para la región y la propia sustentabilidad de la península de Yucatán, especialmente en un sitio como Cancún que tiene ya un crecimiento desbordado. Toda la población se beneficia de los servicios ecosistémicos que brinda este manglar, pero su destrucción beneficia económicamente a unos cuantos. Por ello, el argumento esgrimido sobre el apego a la legalidad para la justificación de este ecocidio no exime a los responsables de los graves impactos ambientales, ni de la violación al derecho humano a un ambiente sano”.5

Empero no es la primera vez que Quintana Roo es presa de los consorcios y autoridades del Estado son cómplices de negocios que conllevan impactos ambientales negativos. Tal es el caso del proyecto “La Ensenada” en la Isla Holbox, dentro de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas (2012). Dicho proyecto de desarrollo turístico-inmobiliario era considerado de alteración grave e irreversible del equilibrio ecológico de la zona, y que se detuvo debido a que en junio de 2014, la empresa se desistió de continuar adelante con el trámite para obtener los permisos ambientales federales.

Otro proyecto que llamó la atención fue el megaproyecto comercial Dragon Mart (2012), segundo proyecto de China más grande del mundo después de Dubái, con una inversión inicial de aproximadamente 200 millones de dólares, que contemplaba la construcción y operación de un complejo comercial, turístico y habitacional, que comprendería 3 mil 040 locales, 722 viviendas, una planta desaladora, entre otra infraestructura, en un predio de 561 hectáreas1 ubicado en un ecosistema costero a menos de 3 mil quinientos metros de la costa y del Área Natural Protegida Arrecife de Puerto Morelos.

Después de un largo proceso que incluyó Juicio de amparo indirecto por omisiones de Profepa Expediente 72/2013 en el Juzgado Séptimo de Distrito en Quinta Roo; Denuncia popular ante Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Expediente 0002/2013; Juicio de nulidad por conclusión del procedimiento de denuncia popular de Profepa, Expediente 287/13-20-01-8 de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa; Juicio de nulidad ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo. Expediente número S.C.A./2116/2013; denuncia popular ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Q. Roo.

Convencida y consciente de la importancia de una gestión ambiental que proteja, preserve y conserve al medio ambiente, así como del aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, me uno a las voces de la ciudadanía que aclaman y reclaman consciencia social respecto al ecocidio ocurrido en Malecón Tajamar de Cancún, que es muestra de cómo nuestro país se debate entre una imagen al exterior plagada de compromisos y cuenta con una legislación de gran calado (fruto del acompañamiento y trabajo arduo de las organizaciones de la sociedad civil), y por otro lado al interior sistematiza la violencia produciendo daño y deterioro ambiental.

Un escenario distinto, el medio ambiente, pero la marca de la corrupción es la misma. La evidente ausencia de condiciones del Estado para garantizar el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el total abandono que han sufrido los ciudadanos que se representa con imágenes de diversas especies de flora y fauna que han sido encontradas mutiladas y en estado de putrefacción. Sin que hasta hoy en día haya responsables.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Comisión Permanente la proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a iniciar una investigación ante la probable omisión de cumplimiento de funciones del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el ecocidio llevado a cabo en el la zona conocida como Malecón Tajamar, en Cancún Quintana Roo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de su facultad de atracción, intervenga en la situación jurídica de los hechos ocurridos en la zona conocida como Malecón Tajamar, en Cancún Quintana Roo, a fin de garantizar la adecuada aplicación de la ley.

Notas

1 El Universal. “El padrotaje del Estado” En línea México, 2 de septiembre de 2013, dirección URL
http://m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2013/09/66329.html.

2 La Jornada. “Con resguardo policial talan manglar para complejo turístico en Cancún” En línea México, 17 de enero de 2016, dirección URL http://www.jornada.unam.mx/2016/01/17/estados/023n1est

3 Con apego a la ley, trabajos en Malecón Tajamar: Borge, en URL: http://www.proceso.com.mx/?p=426687, página consultada 19 de enero de 2016.

4 Suspende Profepa actividades y obras de cambio de uso de suelo en 10 lotes del proyecto malecón cancún-tajamar, En URL:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/7450/1/mx/
suspende_profepa_actividades_y_obras_de_cambio_de_uso_de_suelo_en_10_lotes_del_proyecto_malecon_cancun-tajamar.html

Página consultada 19 de enero de 2016.

5 Se deben revocar los permisos del proyecto Malecón Cancún Tajamar, En URL http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2016/01/25/se-deb en-revocar-los-permisos-del-proyecto-malecon-cancun-tajamar/

Página consultada 25 de enero de 2016.

Dado en la honorable Cámara de Diputados, el día 27 de enero de 2016.

Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora a informar a esta soberanía sobre el avance en la implantación de las recomendaciones derivadas de la declaratoria de alerta de violencia de género hacia las mujeres en Cajeme, Sonora, suscrita por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez

La suscrita, senadora Martha Tagle Martínez, integrante a la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

“En Sonora, 68 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia... de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi), en el periodo del año 2000 al 2014, en Sonora se registraron seis mil 131 defunciones por homicidio, de los cuales el 9.0 por ciento fueron contra mujeres”.1

“Según la Encuesta de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh) 2011, Sonora ocupa el primer lugar en violencia en el noviazgo, por lo que son las jóvenes las más vulnerables... en la entidad, 65.3 por ciento de mujeres indicó que ha tenido un incidente de violencia... por tipos de violencia, Sonora se ubica también por arriba de la media nacional en violencia emocional, con 83.5 por ciento, 49 por ciento en violencia económica y un 18.7 por ciento sufre violencia física, ubicándose por encima de la media nacional que es de 10.6 por ciento.2

Las cifras hablan por sí mismas, en ese contexto es que el 25 de mayo de 2015, Alternativa Cultural por la Equidad de Género A.C., sociedad civil de mujeres y feministas que trabajan en la defensa e incidencia de políticas públicas a favor de los derechos humanos de las mujeres en Sonora y en el país, quien tiene un trabajo coordinado con diversas redes nacionales e internacionales, como la Red Feminista Sonorense, la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Red de Defensoras de Mesoamérica, presentó ante la Secretaría de Gobernación, por encabezar ésta el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM); una solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM), misma que fue admitida el 18 de junio del mismo año.

El Instituto Nacional de las Mujeres, como Secretaría Ejecutiva del SNPASEVM, atendiendo a las indicaciones reglamentarias de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, dio curso a la admisión y emitió la convocatoria para la integración del grupo de trabajo, para atender la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el municipio de Cajeme, Sonora.

Dicho Grupo emitió su informe en tiempo y forma y fue entregado a la Secretaría de Gobernación, el 23 de julio del mismo año.

La licenciada Alejandra Negrete Morayta, titular de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar de la Violencia contra las Mujeres (Conavim), entregó el Informe del Grupo de trabajo de la solicitud de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el municipio de Cajeme, ubicado en el sur de Sonora,1 el pasado 9 de noviembre, al Gobierno del Estado de Sonora y a la representación de Alternativa Cultural por la Equidad de Género, AC (ACEG, AC).

Dicho informe resalta cosas importantes entre las que mencionaremos:

– El Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) aportó toda la información que otras instancias le remitieron, sin que le fuera posible enviar información que otras instancias no proporcionaron, destaca la necesidad apremiante de Fortalecer al ISM

– De manera general no se proporcionó información de todos y cada uno de los puntos solicitados, al Supremo Tribunal de Justicia, ni a la Procuraduría de la Defensa de los menores y la familia.

– No se dio a conocer el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 2014 y 2015 dirigido al combate a la violencia de género ni de equidad de género para el estado Sonora.

– El centro de justicia para las mujeres que debió entra en operación desde hace 3 años, aún no está terminado.

En conclusión no se cuenta con información sistematizada que dé cuenta de la situación que guarda la violencia de género hacia las mujeres, por ello el informe termina con 12 conclusiones cada una de ellas con una propuesta/recomendación de manera que se pueda garantizar los derechos humanos de las mujeres en el territorio nacional y sobre todo, en estados como Sonora donde la violencia y la violencia feminicida, mantienen alterada la paz y el bienestar social.

Las recomendaciones se pueden consultar en el documento en línea en la página web de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)4 a manera de resumen presentamos las propuestas/recomendaciones que contiene:

1. Creación y la operación del banco estatal de datos e información sobre casos de violencia en contra de las mujeres, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas que atiendan a mujeres víctimas de violencia y garantizando la protección de datos personales y el acceso de la información pública.

2. Que se elabore, publique y difunda el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, algunas medidas de armonización legislativa.

3. Crear agencias especializadas en los delitos de feminicidios y desaparición de mujeres, que investiguen los delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, y la violencia familiar, garantizando la debida diligencia, con un enfoque de los derechos humanos, género e interculturalidad, haciendo énfasis en la profesionalización del personal ministerial.

4. Fortalecer al ISM.

5. Garantizar la protección de las mujeres víctimas de la violencia y sus familias, mediante la operación del Centro de Justicia para las Mujeres que ofrezca servicios integrales y una atención descentralizada.

6. Se elabore, publique y difunda los protocolos especializados en la investigación del delito de feminicidio, de la desaparición de mujeres y delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas (que incluya acciones específicas para delitos como acoso y hostigamiento sexual).

7. Se realicen Programas de capacitación de la norma NOM 046, con el objetivo de su aplicación para asegurar el trato respetuoso y apegado a los derechos de los pacientes.

8. Impartir de manera continua capacitaciones especializadas en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres, con enfoque de género e interculturalidad, dirigidos a todas las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en la entidad.

9. Generar campañas permanentes, hacia hombres y mujeres con enfoque de género y de derechos humanos, campañas de prevención de violencia contra las mujeres, focalizadas a los grupos en situaciones de mayor vulnerabilidad: niñas, adolescentes, indígenas, migrantes, jornaleras u obreras de la maquila y personas con discapacidad, que les permita conocer a dónde acudir y quehacer.

10. Se sugiere establecer una relación estratégica con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas e instituciones gubernamentales que tienen trabajo en estos temas.

11. Crear programas de re-educación a personas generadoras de distintos tipos y modalidad de violencia, abordar temáticas tales como nuevas masculinidades, paternidad responsable, no discriminación, diversidad sexual, derechos de las mujeres, manejo de las emociones y resolución pacífica de conflictos.

12. Tanto las autoridades estatales y autoridades municipales, generen o adecuen los espacios físicos a fin de que cuenten con un ambiente de privacidad, de confianza y de seguridad para las usuarias de estos servicios, en respeto a su dignidad y sus derechos.

Cabe destacar que el informe recomienda que las propuestas se consideren para la totalidad del territorio del estado de Sonora.

Queremos hacer un alto en la propuesta número cuatro del grupo de trabajo; que a la letra dice: “dotar al Instituto Sonorense de la Mujer de la estructura que se requiere para el desarrollo de sus actividades: presupuesto y recursos humanos, materiales e institucionales para hacer una tarea eficiente. Crear un Instituto o instancias Municipal en Cajeme, con personalidad jurídica y patrimonio propio, asegurando su independencia de la estructura orgánica del sistema DIF estatal y municipal, así como revisar la situación jurídica que guardan las instancias o institutos en el resto de los municipios en Sonora”.

Esta recomendación es de suma importancia, ya que el Instituto Sonorense de las Mujeres en calidad de Secretaría del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es quien deberá coordinar las acciones para dar cumplimiento a las propuestas/recomendaciones derivadas de la AVGM.

Ante tal encomienda, resulta preocupante la debilidad material, presupuestal en que se encuentra el desarrollo institucional de la perspectiva de género y de los derechos humanos en la entidad, particularmente, se agrava con las condiciones del ISM sumamente limitadas para hacerle frente a la responsabilidad de instrumentar y operar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe en comento.

Parte de este contexto en materia presupuestal, por señalar lo más sensible de una política pública; que es contar con recursos necesarios y suficientes, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016, en el tomo 1 “Exposición de motivos” en el numeral X “Clasificación por Equidad de Género, se señala que el porcentaje asignado a las mujeres es de tan solo el 8.9 por ciento.5

Continuando con el análisis del presupuesto del estado, y pese a que la Ley de Acceso de las Mujeres una vida libre de violencia del Estado de Sonora señala en su artículo 2;6 que (el presupuesto) no podrá ser menor que el año anterior , existe confusión respecto al lugar que el ISM ocupa en la administración estatal debido a que, por un lado, en el Tomo I “Exposición de Motivos” del PEF del estado, se identifica al Instituto en el rubro de Administración Descentralizada del Ejecutivo con una asignación de $15,714,939, 7 sin embargo, en los demás tomos se presentan inconsistencias, en el Analítico de Metas de Actividades por Unidad Responsable por ejemplo, esa cantidad ya se encuentra inserta en Eje rector 5 Todos los sonorenses/todas las oportunidades, en el programa estatal “Mujer y sociedad” 8 y al pasar al análisis por Matrices de Indicadores de Resultados (MIR),9 no queda claro quién será la unidad responsable del gasto; ya que el ISM se desdibuja y el Programa mujer y sociedad, aparece consignado a la Secretaría de Desarrollo Social como Unidad Responsable, desapareciendo el ISM del cuerpo presupuestal dentro de los organismos descentralizados, tal y como fue creado.

Si bien es cierto, que en el marco de las recomendaciones internacionales se plantea fortalecer las políticas públicas de igualdad, de empoderamiento de las mujeres, de los derechos humanos y de género desde una visión del desarrollo social; también es cierto, que sin presupuesto, será irrelevante su operación.

El gobierno del estado de Sonora, notificó la aceptación del informe del grupo de trabajo de AVGM, el primero de diciembre del año 2015, cabe resaltar que las recomendaciones son para todo el Estado y a los tres poderes no solo para el municipio de Cajeme. El mismo Informe, alerta de una actitud de las autoridades de minimizar y no reportar la situación de las mujeres en la entidad. Mientras se carece de datos confiables, las autoridades de procurar y administrar la justicia siguen careciendo de los protocolos de investigación sobre los delitos de feminicidios, de desaparición y delitos contra la libertad sexual y la seguridad de las personas.

Grave resulta que la autoridad actual pretenda subestimar toda la problemática y la dimensión de la violencia contra las mujeres en Sonora, porque si bien es cierto que reconoce y admite el informe del Grupo de Trabajo sobre la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, su actuación ante las decisiones en materia de política pública y presupuestal no se corresponden.

Sabemos que de acuerdo al párrafo 7 del artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es facultad de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, “solicitar al titular del Poder Ejecutivo de la entidad de que se trate, en un plazo de seis meses siguientes a la aceptación, la información necesaria sobre las acciones que están llevando a cabo para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo”; no obstante y debido a la relevancia del papel del Instituto Sonorense de la Mujer en su calidad Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; que es y será fundamental para la implementación de las recomendaciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género hacia las Mujeres, proponemos a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Sonora a que informe a esta soberanía sobre el avance en la implementación de las recomendaciones derivadas del informe del grupo de trabajo de la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género hacia las Mujeres en el Municipio de Cajeme Sonora.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular del Ejecutivo del estado de Sonora a que en el marco de sus atribuciones instrumente de manera urgente la recomendación acerca de dotar al Instituto Sonorense de las Mujeres de la estructura requerida para el cumplimiento de sus funciones, incluida en el informe entregado a la titular del Ejecutivo del estado en el marco de la solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género hacia las mujeres.

Notas

1 En Sonora 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, 25 de noviembre de 2015,
http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/Sonora/25112015/1030155-En-Sonora-6-de-cada-10-mujeres-han-sufrido-violencia.html
Fecha de consulta: 23 de enero de 2016.

2 Sonora ocupa el primer lugar en violencia en el noviazgo, Radio Mujer, 18 de agosto de 2015, en URL:
http://www.radiomujer.com.mx/noticias/sonora-ocupa-el-primer-lugar-en-violencia-en-el-noviazgo#sthash.kQOd26lt.dpuf
Fecha deconsulta: 23 de enero de 2016.

3 Sonora gestiona alerta de violencia de género para 5 municipios. sdpnoticias.com, 06 oct 2015, en URL:
http://www.sdpnoticias.com/local/sonora/2015/10/06/sonora-gestiona-alerta-de-violencia-de-genero-para-5-municipios
Fecha de consulta: 23 de enero de 2016.

4 Informe del grupo de trabajo conformado para estudiar la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el municipio de Cajeme Sonora.
http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/314/1/images/Informe%20AVGM%20Sonora.pdf

5 Proyecto de Presupuesto de Egresos Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto Tomo I Para el Ejercicio Fiscal 2016, Documento PDF en URL:
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/C629B26E-AB62-4ED9-AEFD-922F0882192E/157468/4exposicion.pdf Fecha de consulta:
23 de enero de 2016.

6 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, Documento PDF en URL:
http://www.issste.gob.mx/CEAM/Ley%20de%20Acceso%20a%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia%20estatal/SONORA.pdf
Fecha de consulta: 23 de enero de 2016.

7 Proyecto de Presupuesto de Egresos Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto Tomo I Para el Ejercicio Fiscal 2016, en URL:
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/C629B26E-AB62-4ED9-AEFD-922F0882192E/157468/4exposicion.pdf
Página web consultada 23 de enero de 2016

8 Proyecto de Presupuesto De Egresos Analítico de Metas de Actividades por Unidad Responsable Para el Ejercicio Fiscal 2016, en URL:
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/C629B26E-AB62-4ED9-AEFD-922F0882192E/157413/metasaur1.pdf
Página web consultada 23 de enero de 2016

9 Proyecto de Presupuesto De Egresos Matrices de Indicadores de Resultados (MIR´s) por Programa Para el Ejercicio Fiscal, en URL:
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/C629B26E-AB62-4ED9-AEFD-922F0882192E/157470/8mirs.pdf
Página web consultada 23 de enero de 2016

Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 27 de enero de 2016.

Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 78 aniversario luctuoso de Matilde Montoya Lafragua, primera médica mexicana, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del PRI

En el Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el septuagésimo octavo aniversario luctuoso de Matilde Montoya Lafragua, destacada mujer que el 24 de agosto 1887 se convirtió en la primera médica en México. Aunque en la actualidad es común conocer de mujeres que se desempeñan con éxito en el ámbito de la medicina, en aquella época la sociedad reprobaba la participación de las mujeres en actividades que nos estaban relacionadas con el hogar.

Para contextualizar esta historia de éxito, es preciso señalar que nació el 14 de marzo de 1857, en la Ciudad de México y murió el 26 de enero de 1938. La Dra. Montoya se desarrolló en una sociedad conservadora que entre otras cuestiones, se caracterizó por imponer múltiples obstáculos hacia las mujeres que anhelaban incursionar en la academia y en general en todos los ámbitos.

Los legisladores del PRI, reconocemos en Matilde Montoya Lafragua a una precursora del empoderamiento de la mujer en nuestro país. De manera excepcional, enalteció los valores y virtudes que distinguen quienes ejercen la medicina como el profesionalismo, la vocación de servicio, la buena voluntad, la ética y el altruismo.

En el marco de esta conmemoración, es oportuno referirnos a los pasajes más emblemáticos en la vida de esta mujer. En este tenor, lo primero que debemos destacar es que desde sus primeros años demostró su inteligencia nata, basta mencionar que a los cuatro años, ya sabía leer y escribir.

En 1870 ingresó a la Escuela Nacional de Medicina y en mayo de 1873 obtuvo su título de partera, actividad que ejerció de extraordinaria manera en la ciudad de Puebla, sin embargo, fue víctima de calumnias y difamación. Ante este escenario, se trasladó a Veracruz, donde radicó hasta que dichos ataques cesaron.

A su regreso a Puebla, ingresó a la Escuela de Medicina pero debido a constantes e injustificadas críticas por parte de sectores radicales, decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde solicitó su inscripción en la Escuela Nacional de Medicina.

En esta etapa, continuó enfrentando diversos obstáculos, que versaron desde la objeción a su expediente o la revalidación de materias, hasta cuestiones relacionadas a su solicitud, la cual fue rechazada en virtud de que en el reglamento interno de la escuela el texto señalaba “alumnos”, no “alumnas”.

Pero lejos de desistir en su anhelo de convertirse en médico, buscó por todos los medios materializar aquello por lo que había luchado durante toda su vida. Así, dirigió una carta al Presidente de la República, General Porfirio Díaz, quien dio instrucciones al Secretario de Ilustración Pública y Justicia, para que “sugiriera” al Director de San Ildefonso dar facilidades para que cursara las materias en conflicto.

De esta manera, logró concluir sus estudios y preparar su tesis. En esta etapa, nuevamente se enfrentó al obstáculo de los estatus de la Escuela Nacional de Medicina, pues éstos hablaban de “alumnos” y no de “alumnas”, razón por lo cual le fue negado el examen.

Ante este panorama, volvió a dirigir un escrito al Presidente de la República, quien envió una solicitud a la Cámara de Diputados para que actualizaran los estatutos y establecer que se podrían graduar mujeres médicas. Al no estar en sesiones, el titular del Ejecutivo federal emitió un decreto para que el examen de Matilde Montoya Lafragua se realizara sin dilación alguna, el 24 de agosto 1887.

Aunque su capacidad, conocimientos, méritos, aptitudes y actitudes quedaron ampliamente comprobados, hubo quienes insistieron en desestimar aquel gran logro. Incluso el día de su examen profesional, enfrentó la discriminación y oposición de determinado sector, prueba de ello, es que en lugar de disponer el Salón Solemne de Exámenes Profesionales (como ocurría en todos los casos), se le asignó un salón menor.

No obstante, a instantes de llevarse a cabo el magno evento, se dio a conocer que el Presidente de la República Porfirio Díaz, acompañado de su esposa y algunas amistades, se dirigía a presenciar el examen profesional. Evidentemente, la situación cambio y rápidamente se habilitó el salón de actos solemnes, donde se realizó el examen, el cual cumplió con todos los puntos reglamentarios.

Aquel instante, lejos de marcar un final, representó el principio de una carrera exitosa, debido a que posteriormente se dedicó a brindar atención médica hasta una edad avanzada. Además, participó en asociaciones femeninas, como el Ateneo Mexicano de Mujeres y Las Hijas de Anáhuac, y en 1925, junto con la Dra. Aurora Uribe, fundó la Asociación de Médicas Mexicanas.

Así, desde sus primeros años hasta el día de su muerte, construyó un legado que nos demuestra que cuando se cree y se trabaja, se puede. Asimismo, sentó las bases para transitar hacia una sociedad más justa, en la que son las capacidades y méritos los que definen el éxito o fracaso.

Con su legado comenzó una paulatina incursión de la mujer, no sólo en la medicina sino también en otros ámbitos como el político, empresarial y académico, por mencionar algunos. A pesar de estos avances, no podemos omitir que todavía existe un gran camino por recorrer, basta mencionar que mientras la tasa de participación económica de los médicos hombres es de 86.1%, la de mujeres apenas asciende 10.7% puntos, pero el ejemplo de Matilde Montoya Lafragua, acredita que el talento de las mujeres mexicanas.

(Rúbrica)

Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, a cargo de las diputadas Norma Rocío Nahle García y Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente efeméride, relativa al Día Mundial de la Educación Ambiental.

Dentro del universo formado por la educación, el área ambiental es un campo relativamente reciente, cuyos orígenes se remontan a la década de los setentas del pasado siglo, con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada 1972 en la ciudad de Estocolmo, Suecia, para posteriormente comenzar a perfilar sus características en el Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado, Yugoslavia y la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi, URSS, eventos acontecidos en los años de 1975 y 1977, respectivamente.

En sus primeras etapas la educación ambiental se concibe como una educación centrada en la preservación de los espacios naturales y la prevención de la contaminación. Con la incorporación del paradigma de desarrollo sustentable la educación ambiental no abandona como eje fundamental la finalidad de propiciar la conservación del ambiente, ya que esto es piedra angular de dicho paradigma, sino que se incorpora temas concerniente al aprovechamiento racional del ambiente, de los recursos naturales, a la producción de bienes y servicios, al consumo de los mismos y a la solidaridad social.

La educación ambiental no es una educación que busque tan solo transmita conocimientos con el objetivo de tener a personas ambientalmente cultas, sino que va mucho más haya, es una educación en la que se busca que los participantes construyan conocimientos para la acción, para la aplicación práctica, para la participación individual y social en todo lo referente a la preservación y aprovechamiento sustentable del ambiente.

Lo anterior no carece de importancia ya que de manera acertada como parte importante de la normatividad ambiental el legislativo ha incluido en las distintas leyes en la materia la participación social como parte importante de la gestión del ambiente y por lo mismo de los elementos del mismo, pero, la participación por dogma o guiada por una endeble formación no es la ideal, de la educación ambiental esperamos y requerimos la formación de personas comprometidas por convicción procedente del conocimiento solido con la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable.

De lo anterior resulta que vemos que la educación ambiental debe de ser contemplada en los programas escolares he impartida en nuestros centros de enseñanza a todos los niveles educativos como tema transversal, con la calidad suficiente para que sea un proceso por medio del cual se prepare a los alumnos para una vida en sociedad, con énfasis en el vínculo sociedad-naturaleza, que por medio de esta educación se adquieran valores y conductas acordes con la sustentabilidad, que incluya la solidaridad social, el deseo de participar en las decisiones que atañan al medio, el respeto y cuidado de la naturaleza, de tal forma que se recree y cree una nueva cultura proambiente, es decir, una forma de ser y de estar en el mundo afines con los valores ambientales. De tal forma que por medio de la educación ambiental los sujetos participantes construyan el conocimiento y habilidades para asumir su papel de sujetos activos, participativos y comprometidos por convicción con el ambiente y el desarrollo sustentable.

El día de ayer, 26 de enero fue el día mundial de la educación ambiental, en Morena no queremos dejar pasar esta fecha sin reconocer la invaluable labor de los maestros y formadores que participan en la educación ambiental formal, no formal e informal.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 27 días de enero de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con motivo del 28 de enero, Día Internacional de la Protección de Datos Personales, a cargo de la senadora Martha Angélica Tagle Martínez

El 28 de enero de 1981 se llevó a cabo en la ciudad de Estrasburgo una reunión por parte del Comité Europeo para tratar asuntos relacionados al el Convenio 108 para la protección de personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, mismo que fue redactado por expertos de Australia, Canadá, EUA y Japón.

El objetivo del documento consistía en garantizar a cualquier persona física, sean cuales fueren su nacionalidad o su residencia, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada con respecto al tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. En citado Convenio se estableció que cualquier país podría adherirse fuese o no perteneciente al Comité Europeo.

Con este instrumento los países signatarios (Alemania, Francia, Dinamarca, Austria y Luxemburgo), sentaron las bases para la homogenización, organización y vinculación de carácter internacional sobre protección de datos. Cabe mencionar que el Convenio 108 entró en vigor hasta el 1 de octubre de 1985 de manera general.

El 26 de abril de 2006 el Comité de Ministros del Consejo de Europa resolvió declarar el 28 de enero como Día de la Protección de los Datos Personales, con motivo del aniversario de la firma del Convenio 108 sobre la protección de los datos personales.

En México desde el 2000, diversas organizaciones de la sociedad civil han demandado este derecho y tras varias legislaciones se llevó el tema a discusión en el 2007. En mismo año se reconoció la protección de datos personales como derecho fundamental en la reforma constitucional al artículo 6o. Dicho artículo sufrió modificaciones en el 2014 para quedar como sigue en al apartado “A” fracción II:

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

En 2009 se legisló otra reforma importante en nuestro país en materia de protección de datos personales; la adición de un segundo párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando como sigue:

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Es por ello que el objetivo de conmemorar este día es que los servidores públicos y empresas particulares responsables del tratamiento de los datos personales brinden el respaldo que requiere la ciudadanía sobre los mismos. Lo anterior es relevante dado que los datos personales se encuentran en manos tanto de gobiernos como de empresas u organizaciones, y porque con el uso indiscriminado de la tecnología, éstos pueden utilizarse para fines distintos de aquellos para los que fueron recabados.

Recientemente he presentado, en la Comisión Permanente del Congreso, una iniciativa de reforma al Código Penal Federal en materia de suplantación de identidad, para atender la situación en México sobre las reclamaciones por posible robo de identidad que en el primer semestre del 2015 tuvieron un incremento de 40 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258 casos;1 este problema es la forma más común del fraude al consumidor que se comete por internet, u otros medios, y es capaz de causar efectos depresivos en la economía, elevar los costos de crédito y reducir la confianza en el comercio electrónico.

La suplantación de identidad trasgrede la intimidad de las personas y viola la confidencialidad que los usuarios de bienes y servicios depositan en las instituciones encargadas de brindarlos. Es indispensable y de urgente resolución tipificar la suplantación de identidad en el Código Penal Federal, para así ir erradicando este tipo de delito. Pero además generar políticas públicas entre todas las instituciones y dependencias gubernamentales involucradas en la protección de datos personales (INAI, INE, Condusef, CMV, etcétera), a fin de prevenir, atender y sancionar la suplantación de identidad, comenzando por tomar medidas de prevención coordinadas y difundiéndolas entre la ciudadanía, a fin de que haya más cuidado en el uso de los datos personales.

Es por eso que hago un llamado al honorable Congreso de la Unión a que se difunda, sensibilice y se promueva la reflexión en la población sobre los riesgos que existen al compartir información confidencial con terceros, para así construir un Estado progresista que garantice los derechos de las personas, en particular el derecho a la vida privada de forma adecuada.

Nota

1 Condusef emite recomendaciones a la ABM ante incremento de robo de identidad, comunicado 075, 5 de octubre de 2015, en
http://www.condusef.gob.mx/index.php/comunicados-de-prensa/1243-condusef-emite-recomendaciones-a-la-abm-ante-incremento-de-robo-de-identidad
Fecha de consulta: 25 de enero de 2015.

Atentamente

Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica)