Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, el Imjuve y la CDI a continuar promoviendo, y revisar y fortalecer las políticas públicas instauradas para implantar de manera conjunta las becas de transporte escolar en las entidades federativas, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Yarith Tannos Cruz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Oaxaca en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y IV; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país concede una gran importancia a la educación de sus niños y jóvenes como un medio esencial para su formación integral, para lograrlo, el Estado mexicano ha establecido derechos y responsabilidades en los distintos niveles de gobierno así como de los ciudadanos. Por un lado, exhorta a los padres a mandar a sus hijos a las escuelas y, a su vez, se compromete a dotar a la sociedad de los medios para que los alumnos puedan llegar a sus centros escolares, de modo que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de recibir y completar su educación, sin distingos de origen étnico, lugar de residencia, condición social o cultural.

Recordemos que recientemente, se han modificado la Constitución y la ley reglamentaria en educación para señalar con claridad la aspiración social de asegurar la educación de calidad como un derecho para todos los habitantes del país. Para poder ejercerlo, el Estado debe asegurar el acceso universal de los niños y jóvenes a escuelas bien equipadas en términos de sus condiciones materiales y recursos humanos; asimismo, debe garantizar que los alumnos permanezcan en las aulas, transiten oportunamente entre grados y niveles educativos, y adquieran una formación integral y aprendizajes significativos.1

Por lo que, es importante que entre estas medidas y acciones antes citadas se considere e incluya los traslados de los estudiantes para llegar a sus escuelas o a sus planteles escolares, siendo el Estado una de las partes que deben ayudar con una aportación económica a través de becas de transporte en apoyo a los jóvenes estudiantes dando prioridad a los que viven en zonas rurales o que de acuerdo con el Censo Nacional de Población se encuentran en pobreza extrema.

Es entonces, que la educación es un derecho humano fundamental así reconocido desde 1948, año en el que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluyóen su artículo 26. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo ampara señalando: “Toda persona tiene derecho a recibir educación”. La reciente reforma educativa, en nuestra Carta Magna le impone a la educación obligatoria que imparta el Estado la característica de ser de calidad, entendiendo por ello “...que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen a la educación, al menos la obligatoria,que deberá ser gratuita.

La juventud mexicana es de gran importancia, ellos representan un factor determinante para el cambio social, los jóvenes son imprescindibles para el desarrollo económico y progreso del país, por lo que como legisladores debemos velar por ellos y por salvaguardar sus derechos.

Cuando se compara la asistencia de los niños, niñasy jóvenes, de distinta condiciónsocioeconómica, se observan desigualdades muy importantes, mismas que aumentan con la edad. En el año 2012, como ejemplo:2

• Entre los jóvenes de 15 a 17 años que residen en hogares indígenas, el 62 por ciento asiste a la escuela; en hogares no indígenas lo hace 72.1 por ciento

• Solo el 85 por ciento de los niños de 12 a 14 años cuyo hogar está clasificado como de pobreza alimentariaasiste a la escuela, cifra que contrasta con la asistencia de 95 por ciento de quienes habitan en hogares “no pobres”.

• Poco más de la mitad del 55 por ciento de los jóvenes de 15 a 17 años de hogares ubicados en el quintil de menores ingresos asiste a la escuela, porcentaje muy inferior al que se registra para sus pares cuyos hogares se clasifican en el quintil más rico (83 por ciento).

• Entre los jóvenes de 15 a 17 años cuyos jefes de familia tienen educación superior, 96 por ciento asiste a la escuela; esto solo lo hace el 52 por ciento de los jóvenes con jefes de hogar sin instrucción.

De lo anterior, se pude observar que merece mayor atención la inasistencia a la escuela de tres subpoblaciones de niños y jóvenes en situación especialmente vulnerable: los indígenas; los que trabajan jornadas extensas; y quienes residen en áreas rurales, particularmente en localidades apartadas.

Asimismo, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 muestran que a partir de los 18 y hasta los 24 años, una quinta parte de los jóvenes —equivalente a casi 3 millones— había alcanzado, cuando más, segundo grado de secundaria. El rezago se agudiza entre los jóvenes que habitan en zonas rurales: casi la tercera parte de quienes tienen 18 años 31.5 por ciento y 43 por ciento de quienes tienen 24, solo han podido finalizar la educación primaria. Entre sus pares urbanos, esto mismo ocurre en proporciones considerablemente menores: 16.1 por ciento para los jóvenes de 18 años y 18.3 por ciento para los de 24.3

Entre una de las causas que motivan la deserción escolar en los jóvenes, está el no contar con el recurso tan elemental para trasladarse de sus hogares a los planteles educativos.

Lo anterior, debido a que desafortunadamente la pobreza y la marginación van de la mano; en las entidades donde hay mayores carencias educativas, de acceso a servicios, calidad de la vivienda e ingresos, son también en donde se registra mayor incidencia de la pobreza. En las entidades más marginadas, y con elevados niveles de pobreza, la desigualdad se mantiene en elevados niveles; destacando los casos de Oaxaca, Chiapas y Puebla.4

Estas entidades constituyen espacios geográficos muy contrastantes ya que conviven ciudades con acceso a múltiples servicios, contra municipios en donde se carece de todo. Así, en Oaxaca, hay 135 municipios en muy alto grado de marginación; 291 en alto grado; 86 en grado medio; 45 en bajo grado y solo 13 en muy bajo grado de marginación.

Estos datos son contundentes, y con base en los datos aportados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), que en el año 2014, concluyeron que aproximadamente el 76.2 por ciento de los chiapanecos eran pobres; en Oaxaca lo era el 66.8 por ciento de la población; en Guerrero el 65.2 por ciento; en Puebla el 64.5 por ciento, y en Veracruz el 58 por ciento; y por ende, las regiones de mayor marginación son también regiones de alta pobreza y desigualdad.5

La pobreza trae como una de sus consecuencias el rezago escolar en los jóvenes estudiantes ya que esta dificulta su permanencia y el avance posterior en la educación, al no contar con el recurso tan básico para trasladarse de sus hogares a la escuela. Por el contrario, completar los niveles educativos oportunamente aumenta la probabilidad de continuar los estudios y de concluir la educación obligatoria. La continuidad en el avance escolar también se correlaciona con el lugar en el que se nace (rural o urbano, con alta o baja marginación), y como se menciona con las carencias socioeconómicas.6

Entre más pequeña y alejada sea la localidad más tempranamente se reporta el rezago escolar porque los jóvenes se alejan muy pronto de su trayectoria escolar regular. El rezago, además, es acumulativo, ya que los alumnos que están en desfase entre la edad y el grado y tienen dos o tres años más, por encima de la edad promedio corren mayor riesgo de reprobar o desertar; lo que se incrementa en escuelas rurales e indígenas.

El objetivo de este punto de acuerdo es brindar apoyo a los jóvenes estudiantes principalmente de comunidades rurales que se ven obligados a trasladarse a otras comunidades o caminar largas distancias para acceder a la enseñanza, brindando una mayor cobertura en el ofrecimiento de becas de transporte para incentivar a los jóvenes que son el futuro del país principalmente a los que viven en comunidades rurales que se encuentran apartadas y en donde el transporte público es escaso, esto a fin de ayudar a solventar esta carga económica y en muchas ocasiones hasta física de trasladarse de su casa a la institución educativa.

Es por esta razón, que con las becas de transporte con que actualmentecuentael gobierno a través de las Secretarías de EducaciónPública (SEP) y los Institutos Mexicanos de la Juventud (Imjuve), es importante que trabajen de manera conjunta y coordinada en la implementación de los programas de becas de transporte en cada una de las entidades federativas, becas con las que actualmente se cuentan en los programas, sin embargo, el punto de acuerdo lo que pretende es lograr una mayor cobertura de los jóvenes estudiantes en situación de desventaja que no cuentan con el recurso básico para poder trasladarse de sus hogares a la escuela, impulsando que los jóvenes mexicanos accedan a estas becas de manera más pronta y eficiente.

Esta beca debe acercarse a la mayor parte de jóvenes estudiantes para apoyarlos de alguna manera con este programa, ya que en cifras aproximadas al rededor del 47 por ciento de la población total del país vive en pobreza extrema, y para el estado de Oaxaca esta cifra excede el 50 por ciento de los casos.

Es necesario apoyar a los jóvenes estudiantes más necesitados de nuestros estados que viven alejados de lasinstituciones educativas a las que asisten y que el uso de transporte público les representa una fuerte inversión económicay que en muchos casos pone en peligro su seguridad al tener que caminar tan largas distancias entre su lugar de residencia y su escuela.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especialque se llevó acabo del 26 de septiembre al 13 de diciembre del año 2013. Dicha consulta tuvo como objetivo recabar la opinión de la sociedad sobre el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular para la elaboración de los planes y programas de estudio.

Dicho Censo y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se concluyo que aproximadamente 6 de cada 10 jóvenes estudiantes llegan a la escuela caminando, para ir a la escuela la mayoría de los niños, niñas yjóvenes estudiantes tanto de preescolar, primaria y secundaria, caminan.Asimismo, de los más de 23 millones de estudiantes, más de 14 millones caminan para ir a la escuela, a la mayoría le toma más de 30 minutos llegar al colegio, es decir, 1 de cada 10 estudiantes le toma entre 30 minutos y hasta dos horas trasladarse a su colegio.7

Otro dato adicional, es que el 10.86 por ciento llega a la escuela en transporte público, mientras que el 2.8 por ciento lo hace en transporte escolar, el 2.2 por ciento de los estudiantes utiliza la bicicleta para llegar al colegio y el 1.2 por ciento la motocicleta, además hay 19 mil 692 alumnos que utilizan una lancha para transportarse, y 26 mil 493 se suben al caballo, burro o mula, para poder llegar a su escuela.

Es entonces, que resulta realmente necesario contribuir para asegurar a un mayor número de jóvenes estudiantes, a través de una correcta coordinación entre las instituciones correspondientes, y lograr que las becas de transporte tenganuna mayor cobertura para las localidades rurales más alejadas y desprotegidas, a fin de lograr una mayor inclusión y equidad educativa para la construcción de una sociedad más justa, disminuyendo además la preocupante tasa de deserción escolar en los jóvenes estudiantes que se encuentran en estas condiciones de vulnerabilidad.

En este sentido, la distribución de estos recursos financieros, materiales y humanos destinados a los servicios educativos como son las becas de transporte, deberán priorizar a las poblaciones que se encuentran en mayor dificultad para lograr mayores resultados de permanencia escolar esperados, es decir, a todos los jóvenes con mayores limitantes, es decir, los más pobres, los indígenas, las minorías, con algún tipo discapacidad, y a todos los que se encuentran en condiciones especialmente difíciles.

Esta priorización implica diagnosticar la coordinación y las intervenciones de las instituciones correspondientes, para que atiendan de manera focalizaday sea posible acelerar el progreso de las poblaciones de jóvenes en mayor desventaja. Idealmente, toda meta de desarrollo educativo tendría que estar acompañada de una meta de equidad que permitiera monitorear el proceso de cierre de brechas entre los diferentes sectores de la población joven.

Asimismo y de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, indican la necesidad de ampliar las oportunidades a los jóvenes estudiantes de todas las regiones y sectores del país con mayor necesidad económica, mediante mecanismos que garanticen la inclusión, la igualdad y la equidad en el sistema educativo nacional, favoreciendo así el acceso a la educación para todos los jóvenes mexicanos, así como la permanencia y avance en sus estudios.

Del mismo modoen fecha 19 de marzo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presidencial que ordena la reorganización del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), reitera que el eje principal de acción es llevar la educación inicial y básica en su modalidad comunitaria a las poblaciones de mayor marginación del país, en apoyo al sistema tradicional educativo.

Es por estas consideraciones, que es de vital importancia la coordinación entre las instituciones que coadyuven a ampliar la cobertura de las becas de transporte escolar, a través del otorgamiento de estas becas para los jóvenes estudiantes especialmente a los que se encuentran en zonas rurales alejados de sus centros escolares, a fin de favorecer el acceso y disminuir el abandono escolar por falta de este recurso económico básico o en situaciones de vulnerabilidad.

Hoy en día el tema de la educación en nuestro país es considerado como un fenómeno social que ha tenido una evolución trascendental tanto en los ámbitos político, económico y, por su puesto, cultural.8 En México, se han alcanzado logros en las últimas décadas. La cobertura en Educación Básica en México ha llegado a ser casi universal, (por medio de los Programas de Educación), estas becas educativasen este caso en particular las becas de transporte representa un indudable beneficio de la política pública nacional en los últimos años.

El estado de Oaxaca que dignamente represento, cuentacon una vasta composición étnicade aproximadamente más de dos millones de hablantes de lengua indígena, es la entidad con mayor diversidad étnica y lingüística de México, ya que el estado representa el 4.8 por ciento de la superficie total nacional, ubicándose en el 5o. lugar del país; y se compone de 570 municipios, es decir, casi tres cuartas partes del total de municipios de todas las entidades federativas de la República Mexicana, y en el actual territorio oaxaqueño conviven 18 grupos étnicos de los 65 que hay en México yque en conjunto superan el millón de habitantes –alrededor del 34.2 por ciento total- distribuidos en 2.563 localidades.

Sin embargo, los jóvenes estudiantes oaxaqueños, como muchos otros al interior del país, que viven en pequeñas y lejanas zonas rurales no ven reflejado los propósitos y beneficios de las becas escolares de transporte; por el contrario, las desigualdades aumentan en perjuicio de sus condiciones de vida, lo cual se agudiza profundamente por los bajos niveles de escolaridad, que es un elemento imprescindible para su pleno desarrollo en la búsqueda de mejores condiciones de vida.9

De lo anterior, podemos observar que urge disponer de los elementos mínimos indispensables para comenzar a diseñar un plan inteligente e integral de coordinación entre las instituciones encargadas de bajar los planes y programas de becas educativas de transporte escolar que ayuden a mejorar el acceso y por consiguiente la permanencia en la educación que reciben los jóvenes estudiantes.

Para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación en el estado de Oaxaca y en el resto del país se debe considerar la situación desigual de los niños, jóvenes y sus familias y comunidades, a fin de diseñar modelos y servicios educativos incluyentes y pertinentes que hagan posible que la educación sea alcanzada por el mayor número de jóvenes estudiantes. Generar acciones adecuadas y oportunas que mejoren las condiciones educativas y de vida de los jóvenes a través de la elaboración de planes estratégicos de coordinación entre instituciones para brindar mayor cobertura de las becas y servicios educativos en su favor.

Debemos ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población más vulnerable, al favorecer con becas de transporte a la población joven de estudiantes de menores ingresos, se reducen las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, factor que abona a erradicar las formas de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual, y se amplía la educación y las oportunidades para nuestros jóvenes.

El gobierno federal tiene el compromiso de fortalecer los ejes de la “Educación de Calidad” e “Inclusión y Equidad” promoviendo su inclusión al Sistema Educativo, de niñas, niños y jóvenes estudiantes que se encuentren en contextos de diversidad social, cultural y lingüística, por lo que construye y diseña acciones que favorecen la reducción y eliminación de los obstáculos y barreras diarias para llegar de su hogar la escuela y viceversa, para el aprendizaje de la población en condiciones de vulnerabilidad, priorizando la atención de las poblaciones con mayores riesgos de exclusión educativa y facilitar su permanencia y egreso de la educación.

Es por ello, que los programas de becas de transporte en nuestro país, operan en coordinación con otras instituciones públicas, privadas o de la sociedad civil, a fin de llegar a un mayor número de localidades de jóvenes estudiantes en zonas de desventaja y contar con una oferta bien definida y flexible para atender a diversos grupos de población joven con mayor situación de vulnerabilidad.

Por lo que, del análisis del presente exhorto, se desprende la necesidad urgente de enfocar los esfuerzos en una acción gubernamental mejor coordinada, que provea de un plan de acción que mejore e integre la participación de más jóvenes que viven en comunidades alejadas y establecer los mecanismos para lograr una mejor coordinación de acciones y evaluación de las mismas con el objetivo común de favorecer la permanencia de los jóvenes en la educación que tiene que recorrer largas distancias todos los días.

En este exhorto se hace énfasis ante la gravedad de este problema, siendo necesario contar con acciones tantojurídicas y políticamente bien elaboradas, con un objetivo definido y que estén adecuadamente coordinados entre sí para lograr que las acciones que se diseñen eviten en un gran porcentaje que los jóvenes estudiantes sigan caminando largas distancias en la mayoría de las ocasiones por más de dos horas para poder llegar a sus escuelas, las becas de transporteson más efectivas si se encuentran bien instrumentadas en cualquiera de los ámbitos de aplicación, federal, estatal y municipal, que coadyuve a lograr mayor permanencia de los jóvenes en la escuela y evitar los gastos, el desgaste, el peligro y la deserción escolar derivada de estas circunstancias que enfrentan los jóvenes estudiantes para acudir diariamente a su centro escolar en nuestro país.

Es así que el Instituto Mexicano de la Juventud, responde a las demandas de millones de jóvenes estudiantes, cuenta con diversos instrumentos de investigación que dan cuenta de los cambios demográficos, socioeconómicos, políticos para crear programas que respondan a las demandas y necesidades de los jóvenes, el Instituto manifestó su respaldo con la población joven del país, y la necesidad de consolidar una política pública que fortalezca la protección, seguridad y defensa de los derechos con los que ellos cuentan.

De la misma forma la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha efectuado, entre otros programas, un significativo trabajo de sensibilización sobre el carácter multicultural de México. Todo esto, sin embargo, no ha sido suficiente. Para lograr mejorar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y jóvenes indígenas se necesita el compromiso y la coordinación interinstitucional de estos sectores de la sociedad mexicana.

Esto implica reconocer que, debido a las condiciones de vida de los jóvenes, los puntos de partida para educarse son distintos. Entonces el Estado, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de este derecho, debe considerar la situación desigual de los jóvenes, sus familias y comunidades, para diseñar modelos educativos incluyentes y pertinentes, de tal forma que los objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número de jóvenes estudiantes.

Porque para los jóvenes estudiantes el dejar la escuela antes del tiempo establecido en la mayoría de los casos significa el riesgo de que las capacidades y oportunidades de los jóvenes se vean disminuidas de manera drástica, ya que la mayoría de ellos vive y estará condenado a vivir en situación de pobreza.

Del mismo modo el informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (INEE-UNICEF) 2016, ofrece una mirada macro al sistema educativo de un país de casi 120 millones de habitantes, de los cuales 10 por ciento son indígenas. De estos, 3.9 millones son niñas, niños y jóvenes que deberían cursar los niveles de educación obligatoria y desarrollar al máximo sus capacidades y aptitudes. De ese tamaño es el reto que tiene el Estado como garante del derecho a la educación y con calidad, ya que actualmente nueve de cadadiez alumnos hablantes de lengua indígena asisten a escuelas en localidades de alta y muy alta marginación.9

• La reforma que se realizó al artículo 3o. de la Constitución en el año 2013 centra la atención en la educación obligatoria, como derecho humano, estableciendo que ésta será de calidad y procurará el máximo logro académico de los educandos.

• En el artículo 2o. de la Constitución se reconoce la composición pluricultural de la Nación y a los Pueblos Indígenas, así como sus derechos y obligaciones. En materia educativa el Estado tiene la obligación de favorecer la educación intercultural bilingüe, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, media superior y superior, entre otras.

Sin embargo, el mayor porcentaje de alumnos hablantes de una sola lengua indígena se encuentra en escuelas ubicadas en localidades de menos de 2,500 habitantes; el 90 por ciento se registró en preescolar, el 87 por ciento en primaria y el 66 por ciento en secundaria.

Es entonces, que para los jóvenes de comunidades indígenas que viven en localidades alejadas, es aúnmás apremiante el eliminar las barreras que limitan su asistencia y su trayectoria regular de los jóvenes a sus escuelas, y asegurar las suficientes becas de transporte en los programas educativos, ya que son tanto pertinentes como significativos para estos jóvenes alumnos.

Es verdad que existen muchas razones por las que los jóvenes dejan de ir a la escuela, entre ellas se encuentra las largas distancias que tienen que recorrer todos los días de ida y de regreso de su casa a la escuela y viceversa, más de tres millones de jóvenes debido a estas dificultades y la baja solvencia económica de su familia a esa edad trabajan y que además por la falta de oportunidades y su bajo nivel de educación en muchos casos los obliga a aceptar trabajos mal pagados, peligrosos e incluso en condiciones de explotación.

Losjóvenes indígenas en México constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales. Según la información más reciente del Consejo Nacional de Población (Conapo), existen aproximadamente alrededor de más de13 millones de personas indígenas en el país, pertenecientes a 62 diferentes grupos étnicos, las agrupaciones mayores son los náhuatl y los mayas, y el 76.1 por ciento de la población de habla indígena vive en pobreza.

Siendo los estados con mayor número de indígenas los del sur y sureste del país, es decir, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, con un total de más de siete millones. La mayoría de las casi veinticinco mil comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en su trayecto para llegar a la escuela y en el cumplimiento de otros derechos de los jóvenes estudiantes indígenas.

Nuestro país requiere que los niños y jóvenespuedan acceder a una educación a su alcance,una educación que les permita ser personas más libres, autónomas, responsables, competitivas, y para que puedan, con el apoyo de los conocimientos, habilidades y valores que les proporcione la escuela, tener una perspectiva más amplia de la vida y construirse un futuro al tamaño de sus expectativas y capacidades, de sus esfuerzos y aspiraciones.

De acuerdo a los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de la Encuesta Intercensal 2015, los datos de la encuesta nos permiten conocer diferentes realidades y principales aspectos demográficos y sociales de México, pero sobre todo nos permite tener elementos para crear o reenfocar las políticas públicas que busquen mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes del país.

Según la Encuesta Intercensal 2015, el 8.1 por ciento de la población de 3 años y más que va a la escuela se desplaza a otro municipio distinto al que reside pero ubicado en su misma entidad federativa. Actualmente 55 por ciento de las personas de 3 años y más que van a la escuela, invierten hasta 15 minutos, 26.5 por ciento hacen de 16 a 30 minutos; 9.7 por ciento tardan de 31 minutos a una hora para llegar; 3 por ciento consume más de una y hasta dos horas y con un valor de menor a un punto porcentual se identifica a la población que realiza más de dos horas para desplazarse.10

Las personas pueden emplear más de una forma de traslado para llegar al lugar de estudio. Según la Encuesta Intercensal 2015, depende de la distancia en la que se ubica la escuela, del medio empleado para hacerlo y de las condiciones de las vías de comunicación entre el lugar de residencia y la escuela. El 75.9 por ciento de las personas se trasladan a pie a la escuela y de cada 100 personas que se van a la escuela en transporte escolar 61 invierten de 16 minutos a una hora; 35 consumen hasta 15 minutos y a 4 le toma más de una hora para llegar a la escuela.11

Es por ello que de acuerdo a dicha Encuesta se debe “garantizar la movilidad de la población con el fin de que pueda desarrollar sus actividades cotidianas, lo cual es una acción gubernamental básica en una sociedad”.

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió la noche del jueves 01 de septiembre de este 2016, con al menos 300 jóvenes no mayores de 35 años, para hablar sobre su Cuarto Informe de Gobierno, en el que se comprometió que los principales ejes de su gobierno para los próximos dos años son los siguientes:12

– Educación de niños y jóvenes.

– Lucha contra la pobreza.

– Combate a la corrupción.

– Respaldo a la economía familiar.

Peña Nieto también destacó que durante su administración “se están otorgando más becas para que puedan estudiar en México y fuera de México”.

Es entonces que se debe hacer un plan estratégico para ampliar la cobertura del transporte escolar en nuestro país, reconociendo la importancia de mayor cobertura de becas de transporte en la educación de los jóvenes en nuestro país, garantizar mayor accesibilidad y disponibilidad de estos servicios educativos; esto es, el aseguramiento de la provisión de la educación obligatoria sin discriminación de ningún tipo (como por etnia, color, sexo, lengua, religión, opinión política y situación económica, entre otros).

Al elaborar estas políticas públicas en general y con mayor énfasis en aquellas que pretendan aplicarse para promover y elaborar un plan estratégico para dar mayor cobertura a los jóvenes estudiantes de comunidades indígenas alejadas y más vulnerables para que puedan asistir a la escuela y completar sus estudios, estas acciones son instrumentos muy valiosos que pueden ser usadas tanto en el ámbito federal como en el estatal para coadyuvar a evitar la deserción escolar y los obstáculos y largas distancias que nuestros jóvenes enfrentan día a día en nuestro país.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaria de Educación Pública (SEP), del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para continuar promoviendo que se revisen y fortalezcan las políticas públicas que hasta el momento se han instaurado para implementar de manera conjunta las becas de transporte escolar en las entidades federativas a fin de combatir la deserción escolar, y elevar la eficiencia terminal de sus estudios por un menor ausentismo.

Segundo. Se exhorta a los titulares de las Secretarias de Educación, de los Institutos de la Juventud así como de los Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de los municipios y estados de la república en donde se cuente con ellos, para que respectivamente en el ámbito de sus competencias, refuercen la difusión, promoción y ejecución de los programas de becas de transporte existentes, en particular para los jóvenes que viven en comunidades rurales apartadas y alejadas de los centros educativos, sin estimarse que los mismos representen un impacto presupuestario adicional para el cumplimiento y seguimiento de este exhorto que se está efectuando a estos organismos.

Fuentes consultadas

1 Héctor V. Robles Vásquez, Mónica G. Pérez Miranda y Gerardo H. Terrazas González. Con la colaboración de Rosa Elvira Cedillo, Oscar Chapital, Cristina Mexicano, Miguel A. Morales, José A. Muñoz, Edgar Valencia y Graciela Vázquez. ¿SE ESTÁ GARANTIZANDO EL DERECHO DE TODOS LOS NIÑOS Y JÓVENES A ASISTIR A LA ESCUELA Y COMPLETAR SU ESCOLARIDAD OBLIGATORIA?

2 Justiciabilidad es la posiblidad de que los particulares lleven a juicio, ante tribunales, una violación de algún derecho por parte del Estado, y que haya sanciones establecidas por su no cumplimiento.

3 INEE, cálculos con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, Módulo de Condiciones Socioeconómicas, Inegi, para las variables población, tamaño de localidad, tipo de hogar, marginación y nivel de escolaridad del jefe de hogar; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, Tradicional, Inegi, para las variables condición de pobreza y quintil de ingreso; y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2° trimestre de 2012, Inegi (2012), para la variable condición de actividad.

4 Anexo Estadístico de la Medición Multidimensional de la Pobreza, www.coneval.org.mx y de los Índices de Marginación, 2015, www.conapo.Gob.mx

5 Anexo Estadístico de la Medición Multidimensional de la Pobreza, INEE, cálculos con base en la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, Inegi, www.coneval.org.mx

6 INEE, cálculos con base en las Estadísticas continúas del formato 911 (inicio del ciclo escolar 2012-2013), SEP-DGPEE.

7 Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, de la Secretaria de Educación Pública, México, D.F, 2013, consultado última vez el 09 de agosto del 2016, en http://www.censo.sep.gob.mx/

8 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Enciclopedia Jurídica Mexicana. Letras D-E. UNAM. Editorial Porrúa. México, 2002. Pág. 656. 2 Saavedra R, Manuel S. Diccionario de Pedagogía, 500 términos especializados. Editorial Pax México. Pág. 57.

9 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama Educativo de la Población Indígena 2015, Primera edición, 2016, México, 2016, Fecha de publicación: 8 de agosto de 2016, en http://www.unicef.org/mexico/spanish/PEPI_web(1).pdf

10Reporte con los Principales Resultados Encuesta Intercensal 2015, (http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/esp eciales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf)).

11Presentación principales resultados Encuesta Intercensal 2015 (VER PDF (http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/esp eciales/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf))

12 El Economista, Enrique Peña Nieto llama a los jóvenes a ser críticos con el gobierno, lunes 05 de septiembre de 2016, en

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/09/01/enrique-p ena-nieto-llama-jovenes-ser-criticos-gobierno.

13 M. en E. Reyes Tépach M., Investigador Parlamentario, El Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN EDUCACIÓN, 2015-2016, Cámara de Diputados LXIII Legislatura, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, Subdirección de Análisis Económico, México, D.F.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.

Diputada Yarith Tannos Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes a realizar la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género a la Secretaría Ejecutiva a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes a que, de conformidad con la facultad que le confiere el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, realice la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género a la Secretaría Ejecutiva a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de que ésta forme un grupo de trabajo a efecto de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala, existe violación de los derechos humanos de las mujeres.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia es un fenómeno que se ha venido presentando dentro de toda la historia de la humanidad, actualmente ésta problemática cobra mayor relevancia debido a que se manifiesta de forma permanente en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, siendo la familia el principal foco de transmisión, constituyéndose como el primer agente socializador de los menores, donde se les posibilita los elementos básicos como las creencias, valores y normas donde la violencia es una conducta aprendida y va moldeando la forma de pensar y actuar.

Para entender la violencia de género, es importante comprender su significado. Para diversos especialistas en la materia, ésta ha sido definida como “los patrones de comportamiento violento y coercitivos que incluyen ataques físicos y psicológicos, así como la coerción económica, que es característica permanente de las relaciones de pareja.1

La Organización Mundial de la Salud define violencia como el “uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

Para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim),2 la violencia de género tiene que ver con dinámicas de violencia, inmersas en relaciones de poder, a través de situaciones de opresión, discriminación, exclusión, desigualdad, convirtiendo “todo acto en una vulneración a los derechos y a las libertades fundamentales de las personas y en una ofensa a la dignidad”.3

La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-20054 refiere que la violencia es un problema de salud pública que representa un obstáculo fundamental para la consolidación efectiva de formas de convivencia social, democrática y con pleno ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, afirma que, si bien cualquier persona puede ser susceptible de sufrir agresiones por parte del otro, las estadísticas apuntan hacia niños, niñas. En el caso de las mujeres, el trasfondo está en la inequidad y el abuso de poder en las relaciones de género. La violencia contra la mujer, tanto la familiar como la ejercida por extraños, está basada en el valor inferior que la cultura otorga al género femenino en relación con el masculino y la consecuente subordinación de la mujer al hombre.

El Instituto Nacional de las Mujeres ha referido que las modalidades donde se ejerce la violencia contra ellas son las siguientes:

Violencia institucional: Son actos u omisiones que ejercen las personas con calidad de servidores públicos que abusan discriminando, obstaculizando o impidiendo el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos; puede ocurrir dentro o fuera de tu domicilio. En este caso, la persona que agrede, es aquella con quien se tiene o ha tenido un parentesco por consanguinidad o por afinidad derivada de concubinato, matrimonio o sociedad en convivencia (padre, esposo, pareja, tío, abuelo, hermano, etcétera.5

Violencia laboral: Ocurre en el ámbito laboral. Generalmente, se ejerce por medio de la negativa de contratar a la mujer, respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, descalificar el trabajo que realiza, amenazas de despido o suspensión, intimidación, humillación, explotación y todo tipo de discriminación por su condición de género. Las personas agresoras generalmente suelen ser jefas, jefes o compañeros de trabajo.6

Violencia docente: Es la que se ejerce en los ámbitos escolares, docentes. Este tipo ocurre cuando se daña la autoestima de las alumnas o maestras con actos de discriminación. Las personas agresoras generalmente son maestros, directores, profesores, prefectos y alumnos.7

Violencia en la comunidad: Es la cometida de forma individual o colectiva, que atenta contra la seguridad e integridad de la mujer. Puede ocurrir en el barrio, en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o en inmuebles públicos; ésta propicia la discriminación, marginación o exclusión social. Las personas agresoras suelen ser vecinos, transeúntes y otras.

Violencia familiar: Los insultos, menosprecios, indiferencias, prohibiciones, golpes, abusos físicos, sexuales y psicológicos, así como los sometimientos que se realizan hacia las mujeres al interior de la familia por alguna persona cercana, comúnmente su pareja o ex pareja, es lo que se conoce como violencia familiar, aunque también pueden vivirla las niñas y niños, adultos mayores o cualquier otro integrante de la familia.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2006, “26 por ciento de las mujeres solteras y 35 por ciento de las casadas o unidas son víctimas de violencia de pareja. En tanto, 4 de cada 5 de las separadas o divorciadas reportaron situaciones de violencia durante su unión, y 30 por ciento continuó padeciéndola, por parte de ex parejas, después de haber terminado su relación”.8

Para 2011, los resultados de la misma encuesta mostraron que en México 46.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por su pareja (esposo o pareja, ex esposo o ex pareja, o novio) durante su última relación.9

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2011.

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2011.

En cuanto a la entidad federativa con mayor prevalencia de violencia de pareja a lo largo de la relación es el estado de México, con 56.9 por ciento. Le siguen Nayarit (53.7), Sonora (53.7), Ciudad de México (51.9) y Colima (50.2). La entidad federativa con menor prevalencia de violencia de pareja es Chiapas, con 29.8.

Ahora bien, referente a Aguascalientes la violencia de género se refleja con desapariciones, feminicidio y reclusión de mujeres por delitos que no cometieron y a quienes les siguen violentando sus derechos, de acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género de la entidad.10

El reporte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 2012-2013 señala que de acuerdo con ONU Mujeres en su informe Violencia feminicida en México, la entidad registró un crecimiento de 77.3 por ciento en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio de 2007 a 2009, lo que la ubicó como una de las entidades que sobrepasó la media nacional.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011 (Endireh) reportó que 189 mil 922 mujeres (45.04 por ciento) de 15 años y más, sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de su relación con su última pareja, ya sea emocional, económica, física o sexual.

Respecto a la violencia sexual, en Aguascalientes, en 2012 y 2013 se cometieron 274 violaciones sexuales y 83 homicidios dolosos, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, citados en el mismo informe del OCNF.

Aguascalientes publicó la tipificación del feminicidio el 18 de febrero de 2013 en el Periódico Oficial del Estado, aunque el delito no es autónomo, sino una modalidad del homicidio calificado, lo sostienen las organizaciones, hace difícil de acreditarlo.11

Todos los datos expuestos muestran una clara tendencia al alza en cuanto a algún tipo de violencia de género. Lamentablemente las autoridades responsables por velar por que este tipo de conductas no se comentan, tienden a esperar a que la problemática ya es muy grave para tomar medidas al respecto.

Ahora bien, la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, pues a través de éste se implantan en un territorio determinado las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a un vida libre de violencia.

La AVGM es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo. De acuerdo con el artículo 21 de la ley de acceso, consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existencia de un agravio comparado.

Su objetivo consiste en garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.

La solicitud de la AVGM puede ser presentada por organismos de derechos humanos internacionales, nacionales o de las entidades federativas, así como por organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

La solicitud se presenta ante el Inmujeres (Secretaría Ejecutiva del Sistema), la cual verifica los criterios de admisibilidad y, en caso de que éstos se cumplan, admite la solicitud.

Una vez admitida la solicitud, se conforma un grupo de trabajo que cuenta con 30 días naturales para analizar la situación de violencia contra las mujeres que existe en un territorio determinado y elaborar un informe con sus conclusiones y propuestas para enfrentar la problemática.

Todo lo anterior cobra especial relevancia ya que como quedó expuesto, el índice de violencia de género en Aguascalientes va al alza. Por tanto se considera sumamente necesario que se lleve a cabo una solicitud al Inmujeres para que elabore un informe sobre la situación de violencia de género en dicho estado. Como se mencionó en párrafos que anteceden al presente, no se debe esperar a que la entidad se encuentre en números rojos sobre violencia de género para que se decida implementar acciones para contrarrestar dicha situación. El informe servirá para detectar las causas del incremento en los casos de violencia de género y a través de él se decidirá si se emite un dictamen de alerta de violencia contra la mujer.

Por último, se considera que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes es la institución idónea, además de facultada, para hacer la multicitada solicitud al Inmujeres. Por ello, a través de este instrumento legislativo se le realiza un respetuoso exhorto para que cumpla dicha petición.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de este órgano legislativo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes a que, de conformidad con la facultad que le confiere el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, realice la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género a la Secretaría Ejecutiva a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de que ésta forme un grupo de trabajo a efecto de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala, existe violación de los derechos humanos de las mujeres.

Notas

1 Ospina, D. Jaramillo, D. Uribe, T. y Cabarcas, G. (2006). “Escala de identificación de las etapas de cambio conductual en mujeres en una relación conyugal violenta”, en Revista Latinoamericana de Psicología, volumen 28, número 3, 523-534.

2 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2010.

3 Henao, J. “La prevención temprana de la violencia: una revisión de programas y modalidades de intervención”, en Universitas Psychologica, 4 (2). Bogotá, 2005 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-92 672005000200005&lang=pt

4 Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/689/1/images/V IOLE1B.PDF

5 Instituto Nacional de las Mujeres (2010). http://www.gob.mx/inmujeres

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Instituto Nacional de las Mujeres. Gobierno federal. Violencia en las relaciones de pareja. Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006.

9 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2011.

10 http://www.cimacnoticias.com.mx/node/73245

11 Gema Villela Valenzuela, “En Aguascalientes, mujeres enfrentan 5 tipos de violencia”, en Cimacnoticias, Ciudad de México. 2016.

Presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados, a 13 de diciembre de 2016.

Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a emitir un documento oficial donde pronuncie una respuesta respecto a la participación de México en la exposición internacional especializada Expo 2017 Astana, por realizarse en la República de Kazajstán del 10 de junio al 10 de septiembre de 2017, suscrita por los integrantes del Grupo de Amistad México-Kazajstán

Los diputados que integramos el Grupo de Amistad México-Kazajstán, José Refugio Sandoval Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Salomón Majul González, Mariana Benítez Tiburcio y Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; María Verónica Agundis Estrada, Ulises Ramírez Núñez y Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, todos de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El exsecretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, recibió en el mes de septiembre del año pasado al ministro de Asuntos Exteriores de la República de Kazajstán, Erlan Idrissov en el marco de una visita oficial a México. En esa reunión, suscribieron diversos instrumentos que fortalecen el marco jurídico bilateral entre ambos países.

Asimismo el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Kazajstán le entrego al Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país una invitación para participar en el marco de la “Exposición Internacional especializada Expo-2017 Astana” a realizarse en la nación Kazaja durante el 10 de junio al 10 de septiembre de año 2017.

Dicha exposición consiste en una feria de muestra internacional que trata temas para el desarrollo y la evolución mundial y que para ese año tendrá como tema a tratar, la “Energía del Futuro”.

Durante los meses que durará la Expo-2017 participarán más de 100 países de Europa, Asia, Cercano Oriente, de la región Asia-Pacífico, África, América Latina, y más de diecisiete organizaciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre otras.

Según los pronósticos del comité de Expo-2017, mientras la exposición se está llevando a cabo, unos tres o cuatro millones de visitantes estarán en la capital kazaja.

Durante la Expo-2017 se desarrollarán los programas de importancia mundial para la promoción del estilo de vida de energía efectiva y la introducción activa de las energías renovables, además se verán temas como reducción de las emisiones de dióxido de carbono; el objetivo ambiental será: la protección del medio ambiente y la incentivación de las tendencias que ayudan a mejorar el medio ambiente; ahorro de energía; el objetivo económico: el desarrollo de la eficiencia energética y el uso racional de la energía y energía para todos; el objetivo social: el acceso a la energía como uno de los elementos básicos de las necesidades y los derechos humanos.

En virtud de la relevancia de la Expo 2017, y de los temas que serán abordados en ella, los integrantes del grupo de amistad México-Kazajstán de la Cámara de Diputados estimamos pertinente solicitar a la Secretaria de Relaciones Exteriores que en la medida de sus facultades se exprese de manera oficial en torno a la asistencia de nuestro país a dicho evento, ello por considerar de especial relevancia la participación de nuestro país en el tema del sector energético.

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en la medida de sus facultades emita documento oficial en el que pronuncie una respuesta respecto de la participación oficial de México en la exposición internacional especializada Expo-2017 Astana, por realizarse en la República de Kazajstán durante el 10 de junio al 10 de septiembre de año 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.

Diputado: José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Salomón Majul González, Mariana Benítez Tiburcio, Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica), María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a nombrar al titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Modesta Fuentes Alonso, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), inició sus operaciones en 2004 a partir de la expedición de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en marzo de 2003. Dentro de sus objetivos están:

• Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación los pueblos y comunidades indígenas.

• Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas nacionales.

• Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento.

• Estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los espacios públicos y los medios de comunicación.

• Certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües.

• Realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo.

• Promover investigación básica y aplicada para mayor conocimiento de las lenguas.

• Realizar investigaciones para conocer la diversidad de las lenguas indígenas nacionales.

• Actuar como órgano de consulta y asesoría de dependencias federales, de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y de los municipios.

• Expedir a los tres órdenes de gobierno las recomendaciones y medidas pertinentes para garantizar su preservación y desarrollo.

• Celebrar convenios de todo tipo para cumplir con sus objetivos

De acuerdo con el artículo 16 de la propia ley, el director general del Inali es designado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos a partir de una propuesta de una terna proveniente del Consejo Nacional, órgano colectivo de gobierno y administrador del Inali.

En la propia ley se establecen los plazos y el perfil del titular del instituto.

A partir del 31 de julio del año en curso culminó el periodo de la dirección a cargo del doctor Javier López Sánchez, según lo establecido en su normativa; en este contexto, el Instituto tiene ya cuatro meses sin director lo cual afecta el funcionamiento por las siguientes razones:

• El Inali es un organismo público descentralizado de la administración pública federal; tiene funciones que requieren la conducción de un director para rendir cuentas puntualmente al órgano de gobierno.

• Si bien es cierto con la creación de la Secretaría de Cultura el Inali se enmarca en el ámbito cultural y por tanto parecía salir fortalecido, en realidad no ha tenido mayor incidencia para establecer la transversalidad en la política intercultural del lenguaje en México, nación pluricultural y plurilingüe. Por el contrario, la falta de normas y definiciones en la nueva Secretaría ha generado confusión e incertidumbre.

Además de lo anterior, el Inali es una institución reconocida en los ámbitos nacional, internacional y comunitario; referente de la preservación, fortalecimiento y revitalización de lenguas indígenas en distintos espacios públicos y comunitarios. Para ello, ha firmado diversos convenios de colaboración con instituciones gubernamentales, no gubernamentales, académicas, comunitarias e incluso a nivel internacional con países como Chile y Perú, colaboraciones que se enfocan en generar las condiciones que garanticen los derechos lingüísticos como derechos humanos. Un ejemplo de esto es la formación y reconocimiento oficial de intérpretes y traductores de lenguas nacionales, la capacitación de operadores de justicia en diversidad lingüística, cultural y pluralismo jurídico, y la difusión de derechos lingüísticos, condiciones fundamentales para fortalecer la pertinencia en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la población indígena sujeta a algún procesos jurisdiccional, que el Inali ha venido desarrollando de manera ininterrumpida de nueve años a la fecha con organizaciones sociales e instituciones del poder ejecutivo y judicial en los órdenes federal y estatal.

En este sentido, su labor es elemental para contribuir a generar las condiciones de respeto a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, entre ellos, los derechos lingüísticos, pues este es su mandato constitucional, convencional y legal.

Al crearse la nueva Secretaría de Cultura, el Inali, como órgano descentralizado de la administración pública federal dejó de estar sectorizado a la SEP, para ubicarse en el sector cultura, pero al no haber ley en la materia no se ha incluido al Inali en el marco de una política cultural nacional, ya que la Secretaría de Cultura no ha presentado un Programa Nacional de Cultura, y sigue trabajando con el Plan Especial de Cultura y Arte diseñado para el otrora Conaculta, en donde la visión y concepción indígena es superficial; con una visión de cultura popular para la comprensión de los legos en la materia o los turistas, que en un momento dado lo aprecian como parte del folklor de nuestro país.

El Inali, en este contexto, debió de salir fortalecido, sin embargo, su situación es preocupante. Primero, por lo manifestado anteriormente, derivado de una inexistente visión de Estado pluricultural y plurilingüe que busque garantizar los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Constitución, en los convenios y tratados internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado, claramente expuestos en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Además de ello, su situación operativa y financiera es preocupante, al ser una institución que debe asegurar la preservación, revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales de todos los pueblos indígenas del país, desde Baja California, hasta la península de Yucatán, debería de contar con estructura y presupuesto que garantice las condiciones para generar un trabajo de asesoría y coordinación con las instituciones públicas, académicas y sociales del Estado, sin embargo, anualmente su situación presupuestal se ve afectada, con ello, su situación operativa.

De acuerdo a la publicación emitida en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre pasado, establece que el instituto recibirá en el ejercicio fiscal de 2017 únicamente 70 millones de pesos, 56 millones menos que en el ejercicio fiscal de 2015, esto puede conducir al Inali a la debacle, en virtud de la considerable disminución que implica en el trabajo necesario para el ejercicio de los derechos lingüísticos, condición fundamental para el ejercicio de otros derechos humanos, de las poblaciones indígenas que el Inali ha venido desarrollando en el país en materia de justicia, salud, educación, cultura, género, difusión y otros servicios públicos.

Esta determinación sólo contribuye a confirmar lo que expertos en el tema han manifestado: “en estas condiciones, la diversidad lingüística del país está condenada a su desaparición, por el poco o nulo esfuerzo del Estado mexicano en generar una política pública acorde a las necesidades de las comunidades lingüísticas del país”.

Determinaciones como la de reducir el presupuesto tan drásticamente, lo único que generan es un aceleramiento en la pérdida de la diversidad lingüística, al no contar con los mecanismos necesarios y suficientes para atender la lenguas indígenas. Es preciso señalar que los propios expertos en el tema han manifestado que todas las lenguas indígenas habladas en el país corren el riesgo de desaparición, unas en mayor o menor medida, lo cual se confirma con los registros con los que cuenta el Inegi cada 5 años.

Si bien es cierto que la situación que atraviesa del país no es la óptima en materia económica, no se debe afectar a instituciones que contribuyen a la generación de condiciones elementales para garantizar los derechos humanos como el Inali, que atiende a 25 millones de personas indígenas, de las cuales 7 millones hablan lenguas indígenas nacionales.

La desatención a lo expuesto, es una muestra del doble discurso del Estado mexicano, por un lado, reconocer derechos y por otro, desconocer las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los mismos en la vida cotidiana de los pueblos indígenas.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al Ejecutivo federal para que considere los siguientes resolutivos:

Primero. Que se dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 16 de la Ley de Derechos Lingüísticos a fin de que se nombre al titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. En caso de que la terna enviada por el Consejo Nacional no contemple a una persona que el presidente considere para el puesto, solicitar el envío de otra terna.

Segundo. Que instruya a la Secretaría de Cultura a que elabore un programa nacional de cultura en cumplimento con lo que dispone la fracción I del artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y que considere explícitamente la participación fundamental del INALI como responsable de coordinar la política intercultural del lenguaje en México, en tanto que las lenguas nacionales son las lenguas indígenas y el español.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.

Diputada Modesta Fuentes Alonso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría y al Órgano Superior de Fiscalización del estado de México a practicar una auditoría en el ayuntamiento de Amecameca respecto a la aplicación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a cargo de la diputada Angie Denisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Angie Dennisse Hauffen Torres, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1 fracción I, articulo 59, 76, fracción IV y articulo 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; así como en los artículos 58 y 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, que establecen la competencia de diputados para presentar puntos de acuerdo, someto a consideración el exhorto a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para que en base a lo establecido en los artículos 104 párrafo segundo; 109 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; artículo 38 bis fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y en lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, para que realicen una auditoria completa, detallada y exhaustiva en el municipio de Amecameca, de la aplicación de los 57 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 en su anexo 20.2 página 71, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los recursos públicos, es bien sabido que son generados por toda la recaudación que obtiene el estado de cualquier forma o naturaleza, y son destinados para solventar gastos de cuestión y orden público a través de los diferentes órdenes de gobierno, dependencias y organismos; recursos que corresponden a los ciudadanos mexicanos.

Los estados y los municipios generan su propia recaudación, pero también son participes de los recursos que la federación destina para la inversión en diferentes rubros, con la intensión de satisfacer necesidades propias de los estados, municipios, o sector de la población, para la buena aplicación las entidades deben generar un plan de trabajo en donde se mencione las acciones a ejecutar así como especificaciones técnicas de la obra o proyecto, el número de personas beneficiadas, y apego al plan de desarrollo de la nación, pero además los encargados de ejecutar ese recurso independientemente del origen, debe informar a las autoridades correspondientes la cuenta de su administración y estado que guarda los proyectos en ejecución

Desde sus orígenes fue un lugar muy interesante y atrayente; su cercanía con la Ciudad de México, sus destacados centros políticos, su importancia como paso para los viajeros y sus múltiples comercios; le valieron la colonización a muy poco tiempo después de la llegada de los españoles. Este lugar que en náhuatl significa “Que tiene vestido de amate”, es de los pocos que vivió el desarrollo industrial en la zona, aquí se instalaron fábricas de telas de algodón, cervecerías, aserraderos, molinos de trigo, pequeños talleres de alfarería, cerería y talabartería; así como lugares para acuñar monedas de oro, plata y cobre;1

Amecameca es un municipio situado en la región oriente del estado de México bajo las imponentes figuras de los volcanes más representativos no solo del estado, sino de todo México, Amecameca con el paso del tiempo ha sufrido varios cambios, desde época colonial a la fecha la población ha aumentado y con ella el acercamiento de la llamada modernidad, pero no solo eso, también han crecido las necesidades, hoy carecemos de infraestructura carretera, escuelas de calidad, infraestructura hospitalaria, red de drenaje y agua potable. El pasado noviembre 2015 en sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados se aprobó el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016, viéndose beneficiados si no todos, varios de los estados y municipios, entre ellos Amecameca Estado de México, a quien se le asignó un presupuesto histórico de 57 millones de pesos del ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal,2 si bien es cierto que para satisfacer todas las necesidades de esta población en temas de infraestructura, es un recurso insuficiente, también es cierto que nunca en la historia de esta localidad se había contado con tal presupuesto, pero eso no es lo grave por el contrario es de gran importancia y satisfacción para los habitantes, el verdadero problema es que hoy vemos con tristeza que en el municipio la realidad sigue siendo la misma ya que no se ve avance ni mejora en la infraestructura municipal seguimos caminando por la mismas calles de tierra, las escuelas con muchas necesidades, infraestructura turística nula, solo se ve construcciones tradicionales sin considerar el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento y la utilización de las energías renovables o verdes, no hay el avance que requiere el municipio y las pocas obras que se están construyendo se notan carentes de las mínimas especificaciones técnicas, poniendo en duda la calidad y duración de dichas acciones.

Por lo antes expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Mediante el cual se exhorta a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para que con base en lo establecido en los artículos 104 párrafo segundo; 109 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; artículo 38 bis fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y en lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, para que realicen una auditoria completa, detallada y exhaustiva en el municipio de Amecameca de la aplicación de los 57 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 en su anexo 20.2 página 71, presentado por la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Notas

1 https://www.mexicodesconocido.com.mx/amecameca.html

2http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/PEF_ 2016.pdf Página 71.

Dado en Palacio legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.

Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a difundir los resultados de la revisión sobre la Cuenta Pública 2013-2014 respecto a las concesiones en materia de puertos, aeropuertos, helipuertos, carreteras y ferrocarriles; y a la SCT, a difundir la información de contratos y montos firmados de las concesiones otorgadas y los proyectos de mayor importancia en el periodo 2013-2016, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Claudia Sánchez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, esta proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:

Consideraciones

Para una nación en proceso de consolidar su democracia es vital crear las condiciones propicias que generen la confianza necesaria en sus autoridades y para lograr ello se necesitan acciones concretas que abonen a la consecución de tal cometido.

La confianza de la sociedad en su gobierno es fundamental para alcanzar una gobernabilidad democrática con total legitimidad, es posible tener un gobierno ético, que prevenga, evite y combata los actos de corrupción ya que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares de una cultura de la honestidad que exige mecanismos de participación ciudadana en la planeación, el seguimiento, el control, la evaluación y retroalimentación de las decisiones públicas.

De tal suerte, hoy en México contamos, aún en ciernes, con un sistema nacional de transparencia y acceso a la información pública que se fundamenta en el derecho a la información que a su vez está reconocido y garantizado en nuestra Constitución y que tanto las autoridades como la sociedad en su conjunto debemos hacerlo valer.

Un motor que da impulso al desarrollo económico y social del país es, sin duda, el sector de las vías de comunicación y del transporte y que es importante conocer el estado que guarda actualmente.

La posición que obtiene México a nivel mundial en calidad de infraestructura, como se manifiesta en el Reporte Global de Competitividad que emite el Foro Económico Mundial, en el que más de 140 países son evaluados incluyendo el nuestro, no presenta avances significativos como todos esperamos que suceda.

En dicho reporte se puede observar, de manera preocupante, que nuestro país no presenta avances significativos en calidad de la infraestructura. Sólo hemos avanzado un lugar en 4 años, ocupando el puesto número 65.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha recibido más de 436 mil millones de pesos y sin embargo, nos encontramos mal posicionados a nivel mundial y eso se refleja en la calidad de los servicios y en la infraestructura nacional.

Por poner un ejemplo: el caso del autotransporte federal, que mueve 81 por ciento de la carga terrestre y 56 por ciento de la carga nacional y moviliza 97 por ciento del total nacional de pasajeros.

A pesar de ello, la calidad de la infraestructura carretera no se encuentra en las condiciones que requiere el sector productivo y la sociedad en su conjunto, como lo revela el reporte referido al señalar que hemos descendido 4 lugares de 2013 a 2015 ocupando el lugar 54. Es una de las razones por las que día con día vemos un sinnúmero de accidentes que cobran la vida y afectan a muchos mexicanos.

También es de destacar la mala calidad de la infraestructura ferroviaria, ya que en el mismo periodo hemos descendido un lugar, lo que nos deja como conclusión que estamos estancados o retrocedemos a nivel internacional.

Nos preocupan los resultados emitidos por el Foro Económico Mundial; son una evidencia de temas que el gobierno federal no ha logrado atender y no obstante ello se anuncian proyectos bajo la etiqueta de ser de gran envergadura y constituirse como prioritarios para posteriormente cancelarlos.

Es el caso del Tren Rápido de Querétaro y el Tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo que fueron cancelados sin tener en cuenta lo valioso de dichos proyectos como detonadores de la economía, del empleo y de la atracción de inversiones.

En el caso del Tren Rápido México-Querétaro, que fue licitado y posteriormente se anunció su cancelación, además se tuvo que pagar una indemnización a la empresa ganadora de la licitación.

Otro punto de preocupación son los atrasos en la construcción de la infraestructura carretera como lo es en el sureste de México, donde encontramos atrasos en las obras, tal es el caso de la Carretera Federal Mex 180 tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y Cosoleacaque-Jáltipan Acayucan, siendo esta una importante vía para las zonas económicas especiales, ya que proporciona conectividad al recinto portuario de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz.

Esta obra presenta un avance físico de 57 por ciento con base en el Informe al tercer trimestre de 2016 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La obra muestra retrasos en su construcción, carece de señalización, y en algunos tramos donde se tienen 4 carriles, se presentan baches evidenciando la mala calidad de su construcción, además tiene severos problemas de delincuencia, sobre todo en la noche.

Otro caso es el de la carretera Acayucan-La Ventosa a la que en el Presupuesto de Egresos de 2017 se le aprobaron 400 millones de pesos. Hoy presenta un avance de 70 por ciento y su retraso ha impactado de forma negativa a la región del istmo.

De igual forma, con relación a los proyectos aprobados en el Presupuesto para 2017 no se consideraron prospectos que se requieren para agilizar el proceso de desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, tal es el caso de Lázaro Cárdenas donde se requiere consolidar el aeropuerto y modernizar varias carreteras entre ellas: Costera Coahuayana-Lázaro Cárdenas, ya que a dichos proyectos no se les asignó presupuesto.

También en Puerto Chiapas se necesitan una serie de recursos para impulsar varias obras como la prolongación escollera oriente; el dragado de construcción; la habilitación de áreas de almacenamiento y obras complementarias de contenedores entre otras.

En el caso de Salina Cruz no se le da impulso al aeropuerto de Ixtepec así como su equipamiento, falta el dragado de construcción en el canal de navegación, no se consideraron recursos para el área de ciaboga y frentes de muelle en el puerto de Salina Cruz, así como la construcción de un muelle de usos múltiples.

En el recinto de Coatzacoalcos también observamos que requiere de accesos a la Administración Portuaria Integral, así como el desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, entre otras.

Como se puede observar, hay temas que aún están pendientes y que son de tal relevancia que requieren que el Gobierno Federal agilice los procesos para que se puedan ver los beneficios que la ciudadanía espera e informe sobre su situación jurídica y su estado de ejecución.

Por lo expuesto se presenta la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que informe a la opinión pública sobre los resultados de la cuenta pública 2013 a 2014, sobre las concesiones en materia de puertos, aeropuertos, helipuertos, carreteras y ferrocarriles.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que haga públicos, de manera clara y precisa, en el portal de internet de la dependencia, los contratos y montos que la secretaría ha otorgado de 2013 a la fecha, en concordancia con el artículo sexto inciso a numeral I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 70, fracción 27, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en aras de que cualquier ciudadano pueda consultarla, velando por el principio de máxima publicidad.

Tercero. Se exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que, con fundamento en el principio de máxima publicidad, contenido en el artículo sexto, inciso a) numeral I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haga públicos en el portal de internet de la dependencia, los proyectos de mayor importancia en materia de infraestructura ejecutados, así como los que se esten llevando a cabo, y los que se encuentren programados, durante el periodo 2013-2016 a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 13 de diciembre de 2016.

Diputada Claudia Sánchez Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a establecer en sus respectivas jurisdicciones fiscalías especializadas en la investigación y persecución del delito de secuestro, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pensador y filósofo ingles Thomas Hobbes postuló hace aproximadamente cuatro siglos que “el Estado es el protector de la vida de sus súbditos, el último fundamento racional de su seguridad colectiva. Es decir, “frente a la inminencia colectiva de la propia muerte, allí donde reina la guerra de todos contra todos, la fundación del Estado instaura la paz y la seguridad física de la sociedad civil.

En este contexto, para el autor de “Leviatán”, el Estado crea la seguridad de la sociedad civil. Por lo tanto, desde el mismo momento en que aparece el Estado, el gobierno se convierte en una institución concentradora del poder con la finalidad de dotar de paz, estabilidad, seguridad, certeza y justicia a sus gobernados. Paralelamente, atrocidades tipificadas como delitos existen desde que el ser humano se concentró para fundar la civilización.

En síntesis, la principal función del Estado es protegernos tanto de los peligros externos como de los peligros internos, dentro de estos últimos encontramos al crimen organizado.

El crimen organizado es un fenómeno muy antiguo y el cual se constituye como una amenaza difusa, insidiosa y más difícil de combatir que las tradicionales amenazas delincuenciales.

Para Cristina Lozano Meraz, investigadora de la Universidad de Guadalajara, el crimen organizado se puede definir como “la delincuencia colectiva que instrumentaliza racionalmente la violencia institucional de la vida privada y pública, al servicio de ganancias empresariales con rapidez y que normalmente vincula jerarquías de la burocracia política y judicial mediante la corrupción y la impunidad.

Dentro de las actividades del Crimen Organizado podemos encontrar la provisión de bienes y servicios ilegales, ya sea la producción y el tráfico de drogas, armas, niños, órganos, inmigrantes ilegales, materiales nucleares; el juego, la usura, la falsificación, el asesinato a sueldo o la prostitución; la comercialización de bienes ilícitos obtenidos por medio de la malversación, el robo o el fraude, en especial vehículos de lujo, animales u obras de arte; la ayuda a las empresas legítimas con materias ilegales, como la vulneración de normativas ambientales o laborales, y la depredación como sistema, tal como es el caso de la piratería, la extorsión y los secuestros.

Este último, constituye uno de los delitos que más lastiman y laceran a la sociedad y que más daño ocasionan a las personas y familiares que lo sufren y padecen.

El secuestro es un problema creciente y de ámbito mundial, miles de personas son secuestradas cada año en todo el mundo, a menudo con consecuencias fatales y devastadoras.

Cada caso de secuestro, no solo constituye un delito grave; es también un incidente de carácter crítico y una amenaza para la vida. Es una violación de la libertad individual que mina los derechos humanos. Hay pruebas suficientes de que el secuestro genera traumas de por vida a las víctimas, asimismo, dicho delito también genera consecuencias devastadoras sobre los familiares, los amigos y los compañeros, paralelamente, crea temores y dudas en las comunidades y puede tener consecuencias adversas para la economía y la seguridad de los Estados.

El secuestro adopta diferentes formas y entraña diferentes tipos de delincuencia, existen pruebas de una tendencia creciente de los grupos de delincuentes organizados a recurrir al secuestro, específicamente con fines de extorsión, como un medio de acumular capital para consolidar sus operaciones delictivas.

Tenemos por lo tanto, que el secuestro consiste en detener ilícitamente a una persona o personas en contra de su voluntad con la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material.

Los tipos más comunes de secuestro son:

• Secuestros con fines de extorsión, para exigir una suma de dinero, influir en las decisiones empresariales u obtener una ventaja comercial;

• Secuestro con fines políticos o ideológicos, cuyo objetivo puede ser destacar una reivindicación particular, crear una atmósfera de inseguridad, obtener publicidad o influir en decisiones de gobiernos;

• Secuestro vinculado a disputas familiares y domésticas, que en algunas partes se conoce como “rapto”.

• Secuestro con fines de explotación sexual, que puede incluir el contrabando posterior de las mujeres y los niños a través de las fronteras nacionales.

Asimismo, los delincuentes son innovadores y sus métodos son dinámicos, por lo tanto y a medida que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley mejoran y desarrollan nuevas estrategias de prevención e investigación, los delincuentes buscan nuevas y mejores formas de superarlos. Recientemente, ha habido cada vez más ejemplos de:

• Secuestros Express, en que la víctima es secuestrada durante un periodo corto pero suficiente para obtener alguna concesión o ganancia financiera;

• Secuestro virtual, en donde inicialmente no hay ningún secuestro pero se exige un pago con el pretexto de que una persona ha sido secuestrada; una variante consiste en que, en el momento del pago, la persona que lo efectúa es secuestrada para asegurar un segundo rescate;

• La venta de la víctima de un secuestro a otro grupo, igualmente motivado, que luego negocia el pago de un rescate.

Por lo anteriormente expuesto, es vital comprender la naturaleza del fenómeno del secuestro en el plano nacional, con el fin de formular una respuesta apropiada en materia de prevención, formulación de legislación, investigación y sanción del delito.

En este sentido, tenemos dos cifras, una dada por el gobierno y la otra dada por una de las organizaciones no gubernamentales con mejor reputación respecto al tema.

Con relación a la primera y derivado de la denuncias ciudadanas presentadas antes las Unidades Especializadas contra el Secuestro en el país, en el periodo de enero a septiembre de 2016 se han contabilizado mil 102 carpetas de investigación en el ámbito federal y estatal, lo que representa un disminución del 2.13 por ciento con relación a los mil 126 asuntos registrados en el mismo periodo de 2015.

Por otro lado, según la organización Alto al Secuestro, el secuestro en México continúa al alza y el Nuevo Sistema de Justicia Penal ha favorecido más a los victimarios que a las víctimas; de enero a octubre del 2016 se registraron 1,512 secuestros, lo cual representa un incremento de 1% respecto de 2015 cuando se cometieron 1,497, señaló la organización Alto al Secuestro.

Sabemos, que el gobierno ha hecho un esfuerzo considerable para combatir este delito, lo anterior lo podemos observar con el establecimiento en los 32 estados de Unidades Especializadas contra el Secuestro.

Paralelamente, el poder legislativo aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el artículo 25 del Código Penal Federal.

La reforma, impulsada por nuestro partido en legislaturas anteriores, plantea el objetivo de duplicar las sanciones vigentes para quienes cometan este ilícito y que la pena mínima para el tipo básico sea de 40 años y aplicarles hasta 140 años de prisión en caso de que se prive de la vida al secuestrado.

Asimismo, se adiciona el Código Penal Federal, un tercer párrafo al artículo 25 para establecer que el límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por 60 años, no aplicará para los delitos que sancione la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro.

Dicha legislación es un avance cualitativo, sin embargo, en la parte operativa necesitamos que las Unidades Especializada contra el Secuestro se dediquen únicamente a combatir dicho delito, del mismo modo que resulta necesario establecer fiscalía especializadas en la investigación y persecución de estos delitos a fin de avanzar más rápidamente en su erradicación.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades federativas a establecer en sus respectivas jurisdicciones fiscalías especializadas en la investigación y persecución del delito de secuestro, a fin de combatir más eficazmente este delito.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos municipales a expedir o fortalecer su reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia o de combate, atención y erradicación de la violencia de género o sus equivalentes, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las problemáticas sociales, económicas y de violencia que tienen las sociedades se manifiestan siempre en tiempo y espacio concreto. En este sentido, combatir y erradicar dichas problemáticas requiere de la acción local y regional, así como de sus agentes. En el caso de la administración pública se requiere de la participación y acción de los gobiernos estatales, pero principalmente los municipales.

Esto se hace más necesario en la medida en que los municipios son el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, los que tienen mayores elementos de análisis y diagnóstico a partir de las particularidades locales y los que realizan la primera acción/reacción ante las problemáticas manifestadas por la comunidad.

Si bien cada orden de gobierno tiene alcances y atribuciones distintos, la aspiración de cualquier sociedad democrática justa y eficiente es que todos los órdenes tengan alineación en sus objetivos y trabajen en coordinación. Así, en el ámbito federal hay leyes generales y federales que buscan dar derechos y proteger a los ciudadanos del país, pero se requiere que los ámbitos estatales y municipales tengan su correlativa para poder hacer realmente efectivos los derechos y protección que en ellas se consagran. Esto adquiere mayor importancia en el caso del combate a la violencia contra las mujeres y la igualdad de género.

En el ámbito federal el tema ha tenido avances importantes. Actualmente se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y como uno de los compromisos adquiridos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres –llevada a cabo en Pekín, China en 1994– fue la creación de una instancia que trabajara a favor de la igualdad entre mujeres y hombres en el poder ejecutivo. Por ello, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres.

En particular, dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se ha establecido el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, y en el artículo 35 de la citada ley se establece:

Artículo 35. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En el capítulo 3 de la misma ley se establece la distribución de competencias, correspondiendo en la sección décima segunda a los municipios las referidas en el artículo 50, siendo las siguientes:

Artículo 50. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones:

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;

II. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema;

III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;

V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores;

VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres;

VII. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;

VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres;

IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres;

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y;

XI. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.

En cuanto a los recursos presupuestarios necesarios, en el transitorio artículo sexto de la misma ley se establece que estos saldrán de los presupuestos autorizados para cada ente y orden de gobierno que corresponda.

Ahora bien, para poder cumplir con lo establecido en la ley de manera eficiente y sistemática, los municipios requieren generar sus instrumentos legales que lo establezcan, siendo estos los reglamentos contra la violencia de género y/o de igualdad de género. Sin embargo, a pesar de lo anterior, la mayor parte de los municipios del país aún no cuentan con estos instrumentos.

Esto es grave en la medida en que los municipios no cumplen con lo establecido en la ley, pero se incrementa la urgencia debido a la situación que hay en torno a grandes problemáticas sensibles respecto al tema.

La falta de reglamentos e instrumentos no permite a las autoridades y funcionarios públicos municipales identificar, prevenir y actuar en consecuencia cuando se presente algún caso de violencia de género, o que pueda devenir en ella, pues no existe un piso concreto al cual atenerse y desde ahí dar solución y seguimiento a dichas problemáticas.

En este mismo sentido, la falta de reglamento dificulta la capacitación de los funcionarios, no favorece la creación de protocolos ni lineamientos de actuación ante casos de violencia ni permite avanzar en la creación de bases de datos que den una real dimensión de esta problemática.

Sin duda esto es un tema que requiere atención urgente, pues la problemática de violencia de género sigue siendo muy sensible en nuestro país. En 2014 se estimó que por lo menos el 80 por ciento de las mujeres en el país han sufrido violencia familiar, laboral, de comunidad o institucional1 .

Estos tipos de violencia, de no ser atendidas oportunamente, pueden culminar en el delito de feminicidio. En este sentido se considera que el periodo 2013-2014 al día murieron asesinadas 7 mujeres y las cifras no han dejado de crecer desde hace 15 años2 .

Actualmente existen emitidas alertas de violencia de género en 11 estados del país, las cuales se concentran en los municipios donde la violencia y el delito de feminicidio tienen mayor incidencia con respecto al total de los municipios de los estados. Sin embargo, eso no indica que en los demás municipios no haya violencia de género, sólo indica que en los que están fuera de la alerta hay menor incidencia.

Estos informes dan algo de luz sobre la situación que se vive en los municipios respecto al tema. Así, en el informe presentado por el Grupo de trabajo conformado para atender las solicitudes de alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de Baja California, en la décima primera conclusión se refiere que:

“...la policía municipal y estatal incurren en omisiones graves y prácticas discriminatorias hacia las mujeres...”

Y recomienda:

“...realizar programas de capacitación permanente para el personal operativo de la policía municipal y estatal en materia de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.”

Por su parte el informe de Michoacán indica que:

“Si bien el estado cuenta con un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banesvim), el grupo observó que este no es alimentado y actualizado por la dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal...” y recomienda que las instancias municipales deben coadyuvar recopilando y proporcionando la información y datos de los casos de violencia que atienden. También recomiendan que “es necesario realizar un mapeo estatal de todas las instancias locales y municipales que, por sus funciones, deberían alimentar el banco.”

En el caso del Informe Morelos, la cuarta conclusión establece que:

“... las instancias encargadas de brindar atención a las mujeres víctimas de violencia (...policía estatal y municipal, entre otras) no cuentan con protocolos de atención y rutas criticas claras que les permitan identificar, por una parte, sus propias funciones con respecto a este tipo de casos, y por otra, que instancias son las competentes para la canalización adecuada de las víctimas...”

Y recomienda “institucionalizar los procesos de atención a las mujeres víctimas de violencia...”.

Estos son solo una pequeña muestra representativa de los informes presentados por los grupos interinstitucionales para atender las solicitudes de violencia de género, pero nos da una visión panorámica de la imperante necesidad respecto a la institucionalización del combate a la violencia de género contra las mujeres a nivel municipal.

La falta de reglamentos municipales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, o de combate y erradicación de la violencia de género y de igualdad de género no permite la coordinación institucional entre los distintos órdenes de gobierno; crea vacíos institucionales y retrasa el avance que hasta la fecha se ha tenido a nivel federal.

Por lo expuesto, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos municipales de la República Mexicana a expedir y o fortalecer su reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia o de combate, atención y erradicación a la violencia de género o sus equivalentes.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a trabajar con los gobiernos municipales en capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de combate a la violencia contra las mujeres y de género a fin de que estos órdenes de gobierno tengan los elementos necesarios para expedir sus reglamentos en la materia.

Notas

1 “Muere una mujer cada 9 días por violencia doméstica”, Milenio Diario, 14 de septiembre de 2014.

http://www.milenio.com/df/mujeres-mueren-nueve_dias-viol encia_domestica-violencia_de_genero-DF_0_372562840.html

2 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/25/actualidad/144 8461835_727752.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Servicio Postal Mexicano a emitir un timbre postal para conmemorar en 2017 los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y a la Lotería Nacional, a hacer lo propio con un billete conmemorativo, a cargo del diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Enrique Cambranis Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2 y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio Postal Mexicano a emitir un timbre postal para conmemorar los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2017, así mismo, se exhorta a la Lotería Nacional haga lo propio con un billete conmemorativo.

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es invaluable para los mexicanos, de su letra nacieron las instituciones y las leyes que nos han dado ciudadanía y que buscan el bien común.

En 1917 reunido el Congreso Constituyente en la ciudad de Santiago de Querétaro, tras dos meses de debates en los que participaron algunas de las mentes más brillantes de aquella época, el 5 de febrero se promulgó la nueva Constitución, con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857, con lo que inicio una nueva etapa en la vida de nuestro país.

Han pasado casi 100 años de ese acontecimiento, la realidad del país se ha transformado y se ha modificado el texto constitucional, sin embargo, el espíritu de nuestra Constitución sigue vigente, pues los anhelos de justicia y prosperidad que impulsaba siguen motivando a millones de mexicanos cada día.

Debemos sumarnos a la conmemoración de los 100 años de nuestra Constitución y honrar su vigencia, la Constitución mexicana es una de las más longevas del mundo, la fecha no debe pasar desapercibida, no solamente para recordar un día histórico, sino para reflexionar sobre el presente y encontrar juntos las soluciones a los grandes problemas nacionales.

En el marco de la conmemoración del centenario de nuestra Constitución, para que nuestra ley suprema tenga fortaleza en el presente y vigencia en el futuro, debemos respetarla juntos, gobierno y ciudadanía, estado y sociedad.

Para la construcción del México de leyes y de instituciones, el camino no ha sido fácil, los costos han sido elevados, y aún quedan retos que debemos seguir enfrentando. Debemos reflexionar y pensar en nuestra Constitución actual, proponer nuevas ideas y abrir el debate, para que su texto sea garantía de unidad nacional, y se acorten así las brechas que aún persisten entre nuestra realidad y el país de instituciones que tanto necesitamos.

Sintámonos orgullosos de nuestra Carta Magna, pues ella nos ha dado un estado de derecho, ha sentado el marco para que podamos aspirar a una vida más justa, más equitativa y en donde todos tengamos oportunidades para salir adelante.

El centenario de la promulgación de nuestra Constitución es un momento de celebración, pero también de alta responsabilidad, de reflexión y de accionar, para seguir dotando al pueblo de México de mejores leyes acordes a nuestros tiempos y con una visión de cara al país que queremos.

Por lo anterior, se exhorta al Servicio Postal Mexicano a emitir un timbre postal para conmemorar el acontecimiento en 2017, asimismo, se propone que la Lotería Nacional haga lo propio con un billete conmemorativo, de esta manera, quedará constancia en la historia del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en dos de las instituciones más representativas del Estado mexicano.

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta honorable soberanía hace un respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo federal a que como parte de las actividades conmemorativas por los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero 1917, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el organismo público descentralizado Servicio Postal Mexicano, emita un timbre postal para 2017 conmemorativo de dicho suceso.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que a través del organismo descentralizado de la administración pública federal, Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se gestione la emisión, para 2017, de un billete conmemorativo de los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero 1917.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.

Diputado Enrique Cambranis Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los organismos operadores de agua en el país a fortalecer sus programas y acciones para garantizar el derecho constitucional de todos al acceso, la disposición y el saneamiento del vital líquido para consumo personal y doméstico, especialmente en las comunidades donde no llega en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua potable es indispensable para la vida digna y la salud de toda persona. Se trata de uno de los elementos más esenciales para la conservación de la vida de todos los seres humanos y animales del planeta.

En julio de 2010, la Organización Mundial de la Naciones Unidas a través de su Asamblea General emitió la Resolución 64/292, por medio de la cual reconoció explícitamente el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano, reafirmando que el agua potable es fundamental para la realización de todos los derechos humanos y para una vida humana digna; en dicha resolución se exhortó a todos los Estados y organizaciones internacionales a facilitar los recursos financieros, humanos y tecnológicos para colaborar con los países, especialmente aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, con el objetivo de garantizar el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

Derivado de lo anterior, se desprende que los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento deben ser continuos y suficientes, con el fin de garantizar que las personas cubran sus necesidades básicas; el agua que requiere cada persona tanto para su uso personal como doméstico debe estar libre de micro organismos, sustancias químicas y amenazas radiológicas que constituyan un peligro para la salud; por otro lado, el agua debe presentar un color, olor y sabor aceptable para su uso, todas las instalaciones y servicios de agua deben ser adecuados y sensibles a las necesidades, sobre todo garantizar la no discriminación e incluir a los grupos más vulnerables y marginados; es menester que todas las personas cuenten con servicios de agua físicamente accesibles, que se encuentren dentro de las inmediaciones de su hogar, instituciones educativas o de salud y centros de trabajo; atendiendo dichas recomendaciones emitidas por la ONU, se puede garantizar a las personas el acceso al agua potable y de calidad.

El reconocimiento de este derecho en nuestro país representa un gran avance, especialmente para aquellas comunidades que se encuentran en un alto grado de marginación. Bajo este orden de ideas, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hemos trabajado contantemente para garantizar a todos los mexicanos el acceso de este vital liquido, por ello en el 2012 impulsamos los mecanismos legislativos necesarios con el objetivo fundamental de elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, estableciendo que toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre y accesible para la satisfacción de sus necesidades.

Con lo anterior, el Estado asume la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar el suministro de una cantidad mínima de agua que sea suficiente y apta para el uso personal, doméstico y para la prevención de enfermedades; asegurado el acceso a instalaciones y servicios sobre una base no discriminatoria, en particular prestando atención a las comunidades con un alto grado de marginación y vulnerabilidad, garantizando el acceso físico a las instalaciones y servicios de agua en la cercanía de su hogar, lo anterior con el objeto de elevar la calidad de vida digna de todos los mexicanos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en la materia la situación actual que se vive en el país es preocupante; en México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población, existen diferencias sustanciales entre el Sureste y el Norte del territorio nacional, en los últimos años se han podido observar áreas con gran escasez de agua y regiones con frecuentes eventos meteorológicos como lluvias torrenciales, que dejan a su paso costosos daños y graves inundaciones, afectando seriamente asentamientos humanos e infraestructura.

La cobertura nacional de agua potable en zonas urbanas es de 95.4%, sin embargo, el panorama cambia al tratarse de zonas rurales, las cuales presentan un porcentaje de cobertura de 78.8%, debido a la ubicación de su población que encuentra en zonas geográficamente complejas y con dificultad para desarrollar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, para el año 2015 aproximadamente 4.4 millones de hogares mexicanos reciben agua cada tercer día; 1.6 dos veces por semana y 1.08 millones de familias reciben el vital líquido únicamente una vez por semana.

En este orden de ideas, se estima que entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla son las que presentan el menor porcentaje de acceso al agua entubada, es decir las viviendas particulares no disponen de tuberías o mangueras de donde los ocupantes puedan obtener el recurso; por su parte, estados como Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán y Veracruz, son las entidades con menor porcentaje de cobertura de servicios de drenaje que les permitan desalojar las aguas utilizadas en el excusado, fregadero o regadera.

Es menester trabajar conjuntamente todos los niveles de gobierno para garantizar la cobertura de agua potable en todas las regiones del país, no se puede tolerar que en la actualidad existan familias mexicanas que no cuenten en su totalidad con este derecho fundamental para el adecuado desarrollo de sus actividades cotidianas, debemos garantizar el acceso total, cobertura y calidad en el servicio.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los organismos operadores de agua en el país a fortalecer sus programas y acciones para garantizar el derecho constitucional de todas las personas al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico especialmente en aquellas comunidades en donde el vital líquido no llega en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de diciembre del año 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno local a remitir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la Ley de Vivienda, aprobada por ésta, con objeto de revocar el artículo 94, en materia de plusvalía de vivienda, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Barrera Marmolejo, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero fracción II y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, a que abrogue la propuesta del numeral 7, Apartado C del artículo 21 de la propuesta de Constitución Política para la Ciudad de México.

Antecedentes

1. El viernes 29 de enero de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la iniciativa con proyecto de Constitución Política para la Ciudad de México que remite el titular del Poder Ejecutivo de la ciudad, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El jueves 15 de septiembre firman los integrantes del Consejo Asesor Externo y los integrantes del Grupo de Trabajo que redactaron, participaron y apoyaron al jefe del gobierno en la elaboración del proyecto de Constitución Política para la Ciudad de México.

El miércoles 7 de diciembre la Asamblea Legislativa aprueba la Ley de Vivienda.

Casi simultáneamente, el jefe del gobierno retira la propuesta del numeral 7 Apartado C del artículo 21 de la propuesta de Constitución Política para la Ciudad de México.

Consideraciones

La vivienda es el bien inmueble por excelencia en el derecho civil, representa la seguridad patrimonial de los ciudadanos y para sus familias; de igual forma representa un bien que con el tiempo no se deprecia, al contrario, aumenta su valor y con ello incrementa el patrimonio de nuestros ciudadanos.

Este aumento patrimonial es significativo de una mejora en la calidad de vida, misma que promueve mejores opciones de venta en caso de desearlo y una seguridad financiera para poder obtener accesos a instrumentos bancarios. En otras palabras, es un bien que facilita la vida de las personas por su capacidad de obtener una apreciación dentro del mercado.

Al contrario de otros bienes, la vivienda no se deprecia en primer momento, y por el contrario, las mejoras que se le hagan se ven reflejadas de igual forma en su valor. Por lo tanto, el acceder a promulgar un impuesto a esa riqueza resulta un buen negocio para el gobierno local. De esta forma se obtienen recursos para la administración local si el ciudadano pretende mejorar su inmueble o si el mismo aumenta el valor por cualquier motivo. Ese razonamiento atenta contra el mejoramiento de la calidad de vida pues desincentiva a tener un mejor inmueble o a realizarle mejoras al mismo por tener que pagar más por esos esfuerzos.

El jefe del gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha dejado clara la visión que tiene bajo esta temática y materia, hasta hace unos días decidió retirar el numeral 7 del Apartado C del artículo 21 de la propuesta de Constitución Política de la Ciudad de México. En el que se proponía un impuesto casi indiferenciable del que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en días pasados.

No se puede ver de otra forma lo que representa el artículo 94 de la nueva Ley de Vivienda para la Ciudad de México que al tenor dice: “que el gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas”1 .

La ganancia del plusvalía de la vivienda debe verse reflejada en el capital y activos del patrimonio de los ciudadanos, no en el de las arcas de la Ciudad de México; de otra forma es un impuesto a la riqueza que cada vez más se ve afectada por el gobierno capitalino. Por lo tanto, no se permite que el activo de los ciudadanos pueda crecer, pues a cada incremento que puedan obtener se les amenaza con un mayor o nuevo impuesto.

Si bien es cierto, que la ciudad requiere de activos para su funcionamiento y mejoramiento, los mismos no pueden recaer en los ciudadanos únicamente. Hay muchas otras formas en las que el gobierno de la ciudad puede ajustar sus gastos para generar ese bienestar social del que hace alarde.

La nueva ley, en su artículo antes referido, enuncia la facultad para cobrar “plusvalías generadas por las acciones urbanísticas”2 . Y en esa redacción ya se encuentran fallas legislativas al no enunciar correctamente a qué se refiere el término de acción urbanística, se deja al arbitrio de la autoridad su interpretación, mientras que el ciudadano ve disminuido su patrimonio.

Ese artículo propone que los derechos de edificación sean administrados por el gobierno de la ciudad, para distribuir las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, “incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas”, que deberán aplicarse en pro de los sectores de bajos ingresos; Mismos sectores que no podrán ver aumentado su patrimonio por ese nuevo impuesto. La incongruencia se encuentra en la redacción de la nueva ley.

Lo analizado puede observarse en el texto íntegro del artículo en cuestión y que se expone a continuación:

Artículo 94. El gobierno de la Ciudad de México, deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías, generadas por las acciones urbanísticas. Esta captación se destinará a la defensa y fomento del interés común, a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y, en general, del entorno urbano del territorio de la Ciudad de México. La Secretaría de Finanzas deberá asignar al Instituto un porcentaje de los recursos obtenidos por captación de plusvalías, para la adquisición de reservas territoriales para la construcción de vivienda de interés social y popular y la producción social del hábitat y vivienda.

Ante las situaciones expuestas y tomando en cuenta que cada habitante tiene, por mandato constitucional, derecho a una vivienda digna y decorosa, es que se propone el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, a que remita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Ley de Vivienda aprobada por la misma, con el objetivo de revocar el artículo 94 en materia de plusvalía de vivienda, en ejercicio de las facultades que le proporciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Nota

1 Periódico Excélsior, sección Comunidad. El 8 de diciembre de 2016. Disponible en:

http://www.excelsior.com.mx.comunidad/2016/12/07/1132679

2 Nota citada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.

Diputado Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades ambientales correspondientes a realizar acciones para dar a conocer a la opinión pública el destino y las condiciones en las cuales se encuentran los animales utilizados en espectáculos circenses a partir de la entrada en vigor de la prohibición expresa señalada en el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las condiciones en las cuales se mantiene a especies animales no humanas ha sido un tema que interesa a la sociedad, ello derivado de la atención que sociedad y gobierno le han conferido al cuidado del medio ambiente, sin importar si se trata de espacios silvestres o ambientes que han sido acondicionados por el hombre a fin de aprovechar especímenes domesticados.

Uno de los espacios donde se utilizaban animales silvestres para su entrenamiento e inclusión como objetos de entretenimiento eran los circos, en los cuales se hacía uso de diversas especies con fines de explotación, exposición, exhibición y participación en actos propios de la actividad circense, pero siempre con fines de entretenimiento.

Las actividades antes descritas requerían necesariamente del apresamiento de animales como leones, osos, jirafas y elefantes, entre otras especies, que eran sujetos a vivir en jaulas reducidas, insalubres, a la intemperie y en condiciones de salubridad precarias, sin contar con los constantes traslados y el consiguiente estrés que ello provocaba a los animales, como lo señalaron diversas organizaciones protectoras de animales y que podrían resumirse en los siguientes puntos:1

1. Privación de la libertad. Todos los animales obligados a vivir en los circos, los tigres, leones, oso, elefantes, etc. viven privados de libertad durante toda su vida y la mayoría de las veces solo salen de sus jaulas, cajas o son liberados de sus cadenas para ser obligados a realizar ridículos trucos. Estos animales son individuos que recorrerían cientos de kilómetros si pudiesen para buscar cobijo o comida, y para los cuales no poder disfrutar de grandes espacios abiertos donde correr, caminar, explorar o jugar les ocasiona un sufrimiento inimaginable. [...]

2. Los trucos. Aquellos números o trucos que tanto gustan al público se obtienen tras horas de entrenamiento durísimo que causa una gran cantidad de angustia y sufrimiento a los animales sometidos. Al padecimiento físico provocado por la repetición incesante de ejercicios que les resultan muy incómodos y los golpes que demasiadas veces reciben por parte de sus “adiestradores” para que aprendan de manera rápida y sean “obedientes”, se une el dolor psicológico ocasionado por la confusión de no entender muy bien por qué son obligados a llevar acabo dichos trucos. Los elefantes, los tigres, los leones u otros animales nunca andarían en bicicleta, ni atravesarían bolas de fuego, ni sostendrían pelotas por sí mismos, estos trucos en realidad son incómodos para ellos, lo hacen en contra de su voluntad y porque tienen miedo de las consecuencias que tendría no hacerlo.

3. El transporte de una ciudad a otra. Los circos viajan miles de kilómetros para poder llevar su espectáculo a diversas ciudades, pueblos y países. Los animales obligados a formar parte de estos circos padecen enormemente durante estos largos viajes y muchos mueren en el camino. En estos viajes, lo único que conocen los animales son las cadenas que les impiden moverse y las jaulas donde viven en las que comen y duermen. [...]

4. Las enfermedades y la muerte. Debido a la falta de ejercicio, socialización, actividad o entretenimiento los animales utilizados por los circos son víctimas a menudo de graves enfermedades mentales. Comportamiento estereotipado, es decir moverse de lado a lado de manera repetitiva, golpes en la cabeza, morder los barrotes y automutilizarse son solo algunos de los síntomas más comunes de desórdenes psicológicos que manifiestan debido al encierro y el trato que reciben en los circos. [...]

Por razones como las anteriores la prohibición del uso de animales en espectáculos circenses ya se ha discutido a nivel internacional, lo cual dio origen a que países como Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay ya no se permitan animales en dichos espectáculos.

En México, antes de la prohibición definitiva ya se contaba con antecedentes en ese sentido en cuanto a legislaciones estatales desde 2013 cuando Querétaro se convirtió en la primera entidad federativa en avalar la prohibición, seguido por Morelos, Colima, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y la Ciudad de México 2014.2

Siguiendo esta tendencia que favorece las condiciones de vida de los animales silvestres que fueron domesticados para su uso en los circos, el 9 de diciembre de 2014 se votó en el Senado de la República una serie de modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al medio ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre en el sentido de prohibir el uso de ejemplares de vida silvestre en circos, en donde los legisladores expresaron las afectaciones causadas a los animales por medio del entrenamiento que provoca comportamientos estereotípicos, las condiciones de confinamiento, el deterioro de la salud de los especímenes y la explotación que sufren a causa de intereses económicos3

Siguiendo este esfuerzo legislativo, la propuesta transitó a la Cámara de Diputados para su discusión y posterior aprobación, quedando prohibido el uso de animales en los circos a partir de 2015 de acuerdo con la reforma hecha al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 78. Las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento, y para el caso de ejemplares vivos, contar con un plan de manejo autorizado por la Secretaría. [...]

Queda prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos

La iniciativa fue presentada con la intención de salvaguardar la vida de especímenes animales utilizados en circos, y cuyas condiciones de cautividad causaron gran indignación, como los casos de cuatro monos araña, un león sin garras ni colmillos, un tigre de bengala lacerado y un oso negro llamado “Ballerina Nait”, al que le habían mutilado el setenta por ciento de la quijada, trozándole el hocico con unas pinzas de electricista4 atendidos en 2014 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

A partir de la prohibición a nivel nacional se comenzó a exigir a la autoridad resultados en cuanto a la implementación de la norma. En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportó que contaba con un inventario oficial de mil 091 ejemplares, de los cuales se reportó, mediante una tarjeta informativa,5 la muerte de cuatro en 2015 y siete de ellos en 2016.

En seguimiento a lo anterior, se cuenta con los siguientes datos para 2016:

Los resultados arrojados por la aplicación de la ley no han sido contundentes, debido a varios factores que han entorpecido la labor de las autoridades, entre las que se cuentan:6

• 280 ejemplares exóticos y 76 nacionales que se vendieron a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA);

• 29 fueron entregados en donación a la Profepa;

• 695 animales se encuentran aún en circos (aunque sin precisar si continúan como elementos del espectáculo).

Sin embargo, el inventario en el cual se basó la tarjeta informativa es el mismo de 2015, cuando en junio de ese año (después de la declaratoria de prohibición) se emitió un comunicado7 a los circos solicitando que en la presentación de sus informes anuales hicieran referencia a los ejemplares autorizados para su aprovechamiento, y un mes después de un registro de 199 circos sólo 55 habían presentado ese reporte, lo cual dificulta el llegar a un censo real de la cantidad de especímenes que aún se encuentran en riesgo.

Es discutible el beneficio que hasta el momento haya traído la prohibición, pero ello debe realizarse si se cuenta con los elementos estadísticos necesarios para tal efecto, lo cual hasta el momento no ha sido posible obtener debido a la falta de un registro u informe público detallado, lo cual, es necesario decirlo, ha causado diversos señalamientos negativos basados en la supuesta muerte del 80% de especímenes rescatados de los circos.

En estas condiciones, resulta deleznable que se acuse al Partido Verde Ecologista de México de utilizar esta iniciativa como parte de una campaña político electoral, cuando la prohibición fue resultado del trabajo en conjunto de diversas fuerzas políticas, incluyendo al Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, pues varios de sus miembros votaron en la Cámara de Diputados a favor de la reforma, por tanto, también se debe señalar que existió convencimiento para aquellos que la apoyaron, y si bien de esas dos bancadas en específico la negativa fue mayor, los votos a favor ayudaron a la aprobación definitiva, por lo cual es irresponsable señalar a una fracción parlamentaria del justo tránsito legislativo que originó la prohibición del uso de animales en circos como medio de proteger la vida y dignidad de las especies no humanas.

Por tanto, es urgente que la autoridad competente exprese en términos cualitativos y cuantitativos las condiciones el avance y problemáticas que se han originado a partir de la implementación de la norma en comento, a fin de dar certeza a la sociedad del destino y condiciones de los animales involucrados en espectáculos circenses, antes y después de la prohibición.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales correspondientes a realizar las acciones conducentes para dar a conocer a la opinión pública el destino y las condiciones en las cuales se encuentran los animales utilizados en espectáculos circenses a partir de la entrada en vigor de la prohibición expresa señalada en el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre.

Notas

1 Igualdad Animal. Circos . Obtenido de: http://www.igualdadanimal.org/entretenimiento/circos

2 Coronado, Raúl. Prohíben uso de animales en circos. Milenio, 20 de agosto de 2014. Obtenido de: http://www.milenio.com/region/Congreso_del_Estado_de_Coahuila-Ler-circo s-prohiben_animales_0_357564550.html y

Rodea, Felipe. Circos sin animales; concluye una tradición centenaria en México . El Financiero, 7 de julio de 2015. Obtenido de: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/circos-sin-animales-concluye-un a-tradicion-centenaria-en-mexico.html

3 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/dic/20141211-IV.pdf

4 Buitre, Alberto. Tortura en los circos de México: El brutal caso del oso Invictus . Obtenido de: http://www.huffingtonpost.com/alberto-buitre/tortura-circos-mexico_b_56 09277.html

5 Méndez, Ernesto. Sólo 11 animales murieron tras prohibición de utilizarlos en circos: Semarnat. Excélsior, 8 de agosto de 2016. Obtenido de:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/15/1111100

6 Ibídem.

7 Profepa. Informan Semarnat y Profepa acciones para dar cumplimiento al decreto que prohíbe animales silvestres en espectáculos . Profepa, 8 de julio de 2015. Obtenido de:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/7359/1/mx/informan_semarnat_y_profepa_acciones_para_dar_
cumplimiento_al_decreto_que_prohibe_animales_silvestres_en_espectaculos.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de diciembre del 2016.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y el Instituto para los Mexicanos en el Exterior a emitir los lineamientos correspondientes a la evaluación de los programas de las dependencias mediante los cuales se apoya y protege a esos connacionales como parte de las labores de conducción de la política exterior del país, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Marisol Vargas Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 62, numeral 3, 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Atendiendo al cuarto Informe de Gobierno presentado por el presidente de la República ante el honorable Congreso de la Unión, en el apartado correspondiente a la quinta meta nacional denominada “México con Responsabilidad Global”; como parte de las acciones, resultados y logros de la gestión, se señala que México es un país con la voluntad y cada vez mayor capacidad para apoyar de forma eficaz a los mexicanos que viven más allá de nuestras fronteras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, como parte del reforzamiento de las labores de atención a las comunidades mexicanas en los Estados Unidos de América, y a fin de promover su bienestar y la observancia plena de sus derechos; reporta el desarrollo de una serie de acciones.

Se informa que, mediante el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), se vela por los intereses de los mexicanos en el extranjero y se protegen los derechos de los extranjeros en el territorio nacional, se empodera a los mexicanos que radican en el extranjero, se fortalecen sus capacidades de influencia, se facilita su integración y se busca potenciar sus contribuciones en las sociedades en que habitan.

En el informe se reporta que más de 1.5 millones de connacionales en Estados Unidos y el resto del mundo fueron apoyados en materia de salud; educación primaria, secundaria y alfabetización, y en educación financiera.

Se afirma que para la promoción de la vinculación de los migrantes con sus comunidades de origen, se fortalecieron diversos programas, entre los que se destacan: Programa 3x1 para Migrantes, con el objetivo de beneficiar obras de impacto social, proyectos educativos y micronegocios patrimoniales; el Programa Tu Vivienda en México , con la participación de diversas instituciones financieras; y la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior que permite vincular a mexicanos que trabajan en la incubación de proyectos.

Asimismo, otras acciones que se destacan son: el Programa Somos Mexicanos y el Programa de Repatriación Humana, enfocados al apoyo de los mexicanos que retornan al país y en su reintegración a sus comunidades de origen.

De igual forma, en el informe se destaca que, con el fin de desarrollar a nivel comunitario, se emprendieron una serie de acciones en las áreas de educación, salud, cultura y negocios.

Se informa que en el área de educación, mediante el programa IMEBecas fueron asignados 40 millones de pesos, 19 millones ejercidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores y 21 millones a cargo de instituciones mexicanas y de los Estados Unidos. Por otra parte, se ofreció la aplicación de exámenes de admisión para el ingreso del Programa de Bachillerato a Distancia en el Extranjero B@UNAM (430 aplicaciones, 263 admisiones).

En el área de salud, se reporta el Programa de Ventanillas de Salud en las salas de espera de la Red Consular de México en los Estados Unidos de América con el apoyo de la Secretaría de Salud y agencias locales norteamericanas dedicadas a la salud. Por este programa se estima que se brindaron servicios a un poco más de 1 millón de personas.

En relación con el área de finanzas, en el informe se describe que por medio de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior (Red Global MX), programa que permite vincular a un notable número de mexicanos que trabajan en la incubación de proyectos en beneficio de México, cuenta con 52 capítulos en 23 países y cuatro continentes.

Asimismo, se informa que, con el Programa 3x1 para Migrantes, los migrantes tienen la posibilidad de aportar una suma de dinero y los gobiernos federal, estatal y municipal aportan otra de manera complementaria, para beneficiar obras de impacto social, proyectos educativos, iniciativas comunitarias y micronegocios patrimoniales que favorecen directamente a las comunidades de origen. Programa que es implementado de manera conjunta entre la Secretarías de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social.

Todas estas acciones se realizan con independencia de la asistencia y protección consular requerida por los mexicanos que se encuentran alrededor del mundo y que es atendida por programas de asistencia gratuita y el Programa de Gobierno Cercano y Moderno.

Asimismo, una de las características en el desarrollo del Servicio Exterior de esta administración, consiste en que ha sido omiso en materia de rendición de cuentas, hecho que ha colocado a los ojos de la opinión pública el ejercicio de la política exterior, como un gato ominoso en lugar de una inversión diseñada con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

De lo anterior, sólo se desprende que se informa de una serie de acciones tendientes a un objetivo, pero no se rinde cuentas sobre la efectividad de estas acciones ¿qué impacto tienen en proporción al número de connacionales que habitan en otras partes del mundo? ¿Cómo saber si la implementación de las acciones que se reportan en favor de los mexicanos en el exterior son eficientes? ¿Hasta dónde tienen impacto? ¿Cómo saber si los recursos que se están ejerciendo en el despliegue de esa serie de acciones están bien gastados? ¿Se está gastando de forma eficiente? ¿Se obtienen los resultados más óptimos?

En el cuarto Informe de Gobierno presentado por el titular del Ejecutivo ante esta soberanía, no se reporta un ejercicio de evaluación sobre la aplicación de estos programas y recursos implementados. No se refieren evaluaciones de desempeño o de impacto de los programas que se encuentran a cargo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, como sí sucede en la política pública en materia migratoria.

No obstante, en el tema migratorio se presentan serias deficiencias en materia de combate a la corrupción, hecho que ha vulnerado de manera considerable los derechos humanos de la comunidad migrante muchas veces a consecuencia de las acciones u omisiones de las propias autoridades migratorias. Lo que supone una problemática estructural de la institución que requiere de atención urgente.

Por lo que, no hay una manera clara de conocer si se están aplicando con oportunidad, eficacia y eficiencia, los recursos destinados a los mexicanos en el exterior. Ello resulta preocupante sobre todo para aquellos mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, considerando que es en ese país en donde radica el mayor número de connacionales, 34.6 millones de hispanos de origen mexicano y 11.5 millones de mexicanos que viven en nuestro vecino país del norte.

No debe escapar el dato en el que se estima que el 10% de la población de los Estados Unidos es de ascendencia y/o nacionalidad mexicana, y que la migración de México a Estados Unidos en las últimas décadas es el desplazamiento demográfico considerado como el más grande durante un corto periodo de tiempo.

En el cuarto Informe de Gobierno se señala que hay un propósito de “empoderar a los mexicanos que radican en el extranjero” a través del fortalecimiento de sus capacidades de influencia, facilitar su integración y potenciar sus contribuciones a las sociedades en que habitan, y que es mediante el Instituto de los Mexicanos en el Exterior que se ha proporcionado a más de 1.5 millones de connacionales en los Estados Unidos de América y el resto del mundo, apoyos en materia de salud; educación primaria, secundaria y alfabetización, y en educación financiera.

Si bien es cierto que hay una meta fijada para el 2018 en términos del número de connacionales beneficiarios, y que la actual cifra de apoyos que se reportan son próximas; no es posible determinar si se cumple con el objetivo de proporcionar un empoderamiento, considerando que más de 10 millones de mexicanos viven en los Estados Unidos.

Lo anterior recobra relevancia en el contexto actual que están viviendo los mexicanos radicados en el extranjero, concretamente en los Estados Unidos de América, donde está proliferando un discurso de xenofobia que en prospectiva puede deteriorar la calidad de vida de los mexicanos que radican en el vecino país de norte.

El Instituto para los Mexicanos en el Exterior (IME) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, creado por decreto en 2003, que trabaja con vinculación de la Subsecretaría para América del Norte, atendiendo las iniciativas y necesidades comunitarias de los mexicanos que viven y trabajan fuera de nuestro país.

El Instituto tiene por objeto promover las estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus miembros, sus organizaciones y órganos consultivos, tendientes a fortalecer sus vínculos con México y fomentar su integración en las sociedades en las que residen y se desenvuelven, así como ejecutar las directrices que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior.

El IME ofrece programas y servicios en materia de salud, educación básica y universitaria, educación financiera, estadísticas y publicaciones sobre la denominada diáspora mexicana, remesas productivas, organización comunitaria, vinculación con clubes, federaciones, redes de mexicanos y amigos de México en el exterior, iniciativas y convocatorias culturales, eventos deportivos, entre otras actividades.

De entre sus facultades destaca la de diseñar y promover mecanismos para la ejecución de los programas y proyectos propios de las labores del Instituto de los Mexicanos en el Exterior; ello, atendiendo a su objeto de creación “...México requiere de estrategias e instancias administrativas modernas, eficaces y con mayor capacidad de coordinación interinstitucional para atender adecuadamente las demandas de los mexicanos y las comunidades en el exterior y que la forma de desconcentración administrativa contribuye a lograr tales objetivos sin que ello impacte en el presupuesto autorizado...”

Asimismo, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores se establece que su titular se auxiliará de las unidades administrativas para el desahogo de los asuntos de su competencia, entre los que está considerado el IME como órgano administrativo desconcentrado.

No obstante de la estructura y atribuciones del Instituto para los Mexicanos en el Exterior, no se tiene considerado un ejercicio de evaluación de los programas que ejecuta, salvo aquellos en que participan otras dependencias, como es la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud.

Para conocer el desempeño de los programas que ejecuta el IME es necesario comparar su contribución al logro de los objetivos en beneficio de la población a los cuales están dirigidos, Para ello no se cuenta con lineamientos sobre algún sistema de evaluación de desempeño o el conjunto de elementos metodológicos que permitan realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas con base a indicadores.

En el cuarto Informe de Gobierno, no se rinde cuenta sobre el alcance de objetivos, o bien, sus avances. No se tiene considerada una gestión de resultados por medio de la evaluación de objetivos de los programas y su vinculación con planes de desarrollo o programas de acción.

Lo anterior, sin demérito de los esfuerzos del IME por realizar una programación de sus trabajos conforme las atribuciones y capacidades institucionales con las que cuenta; pero con lineamientos y mecanismos de evaluación de desempeño y resultados, permitiría una planeación estratégica, operativa y participativa de mayores alcances, más asertiva y eficiente considerando las nuevas condiciones que viven los mexicanos radicados en el exterior, principalmente aquellos que radican en los Estados Unidos de América.

El objetivo de la presente proposición es el Instituto para los Mexicanos en el Exterior eleve la calidad del gasto público en el que tiene incidencia, además de promover la rendición de cuentas.

Por lo expuesto, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ciudadana Claudia Ruiz Massieu Salinas y a la directora del Instituto para los Mexicanos en el Exterior ciudadana Eunice Rendón Cárdenas, a emitir los lineamientos correspondientes a la evaluación de los programas que ejecutan las dependencias por los que se brinda apoyo y protección a los mexicanos en el exterior como parte de las labores de conducción de la política exterior del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de diciembre de 2016.

Diputada Marisol Vargas Bárcena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y de Nuevo León a tomar medidas urgentes a efecto de evitar la pérdida de inversiones extranjeras y empleos derivada de las negociaciones anunciadas por Donald J. Trump en el sentido de trasladar inversiones de su país fuera de México, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Ximena Tamariz García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto a los gobiernos federal y del estado de Nuevo León, para que tomen medidas urgentes a efecto de evitar la pérdida de inversiones extranjeras y empleos, derivado de las negociaciones anunciadas por Donald John Trump en el sentido de trasladar inversiones de su país fuera de México, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Según la Norma Oficial Mexicana NMX-R-046-SCFI-2011, “la función de los parques industriales en la industrialización del país ha sido fundamental, ya que éstos contribuyen al desarrollo de la infraestructura del país, incrementan la competitividad de la planta industrial, fomentan la modernización, crean fuentes de empleo, propician la desconcentración industrial, contribuyen a la preservación ecológica, al consumo racional de energía eléctrica y agua, fomentan la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico; además, constituyen una solución integral al problema de ordenamiento industrial, incrementan la recaudación fiscal y sobre todo, elevan el nivel de vida de la comunidad en la que se establecen.”1

El Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI), califica a Nuevo León con el segundo lugar con un mayor número de parques industriales en funcionamiento en toda la República Mexicana, sumando un total de 64, casi el triple de la media nacional. De igual forma, es importante mencionar que existen cerca de 2 mil empresas estadounidenses con inversiones en el estado de Nuevo León, que desde 1999 han tenido un flujo de inversión de más de 17 mil 020 millones de dólares, representando un total de 40 por ciento de las inversiones del estado, poniendo a Estados Unidos como el principal inversionista extranjero de Nuevo León.

Es de conocimiento general que Nuevo León suele caracterizarse por los beneficios que tiene para inversionistas extranjeros. En su gran mayoría, los parques industriales del estado cuentan con grandes beneficios como mayor infraestructura y modernidad, sin contar la privilegiada ubicación geográfica de la entidad, montos atractivos en el costo de tierra y profesionistas y mano de obra calificada, así como muchos otros.

En las últimas semanas, la industria de los parques industriales en Nuevo León se ha visto amenazada a causa de los resultados de las elecciones en los Estados Unidos de América (EE.UU), que convierten a Donald John Trump en el virtual ganador de la presidencia del país vecino. Sus políticas han hecho que las empresas estadounidenses con planes de inversión en el estado de Nuevo León, hayan decido esperar e incluso retirar sus inversiones, a causa de la incertidumbre que existe en las políticas económicas que implementará Donald John Trump una vez llegando a la presidencia.

En febrero del presente año, la empresa estadounidense Carrier, dio a conocer el traslado de 2 mil 300 empleos de su planta principal en Indiana, Estado Unidos a Nuevo León, proyectando una inversión de 200 millones de dólares de la empresa. Pero el martes 29 de noviembre, Carrier comunicó que no trasladaría cerca de 2 mil empleos en la nueva planta de producción ubicada en Santa Catarina, Nuevo León.

Otro caso similar a Carrier, es la empresa Mondelez, con base en Illinois, la cual produce galletas en gran cantidad. En julio cerró la planta de Chicago, para trasladarla a Salinas Victoria en el Interpuerto Monterrey, invirtiendo una cantidad de 130 millones de dólares sumando a los 600 que ya habían aplicado el año pasado en la construcción de la planta.

Rexnord, empresa americana especializada en productos de minería con sede en Indiana, trasladó en abril del presente año una de sus plantas a Apodaca, generando un total de 300 empleos y en noviembre anunció que cerraría otra planta en Estados Unidos para trasladarse definitivamente a México.

Las acciones que ha realizado directamente Donald John Trump, le están empezando a costar empleos e inversión al estado de Nuevo León. Es de vital importancia tomar los anteriores casos como ejemplos de lo que puede suceder en los próximos años, y adelantarnos para encontrar una solución.

Conscientes del cambio de dinámica que se avecina como consecuencia del nuevo panorama político en Estados Unidos, debemos reforzar la confianza que ya existe de invertir en Nuevo León, haciendo patentes las bondades de inversión, el mayor ejemplo que tenemos son las inversiones actuales y en proceso del estado.

Nuevo León no está en posibilidad de perder grandes inversiones ni empleos, por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente Ejecutivo del gobierno del estado de Nuevo León, a tomar medidas de manera urgente para evitar la pérdida de inversiones extranjeras y empleos en el estado de Nuevo León, ante las negociaciones de Donald John Trump en contra del crecimiento económico mexicano, con compañías estadounidenses que deseen invertir en México.

Segundo . Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, a tomar medidas de manera urgente para evitar la pérdida de inversiones extranjeras y empleos en el estado de Nuevo León, ante las negociaciones de Donald John Trump en contra del crecimiento económico mexicano, con compañías estadounidenses que deseen invertir en México.

Nota

1 Parques Industriales – Especificaciones. Norma Oficial Mexicana NMX-R-046-SCFI-2011. Secretaría de Economía. http://ampip.org.mx/wp-content/uploads/2014/10/NMX-R-046-SCFI-2011.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.

Diputada Ximena Tamariz García (rúbrica)