Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a instaurar una política pública integral de prevención, detección oportuna y atención del cáncer de pulmón, y coordinar esfuerzos interinstitucionales a fin de difundir los factores de riesgo para la salud, como el tabaquismo y la exposición al humo de leña, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales de Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y Nayarit a atender los casos de intolerancia religiosa; y a la Sedesol, a respetar los acuerdos con las comunidades, a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conagua a difundir la información sobre las condiciones y los avances del proyecto de la presa-acueducto Zapotillo y vigilar el plan de rescate financiero de Abengoa, empresa concesionaria de aquél, para el cumplimiento de sus obligaciones, a cargo del diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Grupo Parlamentario del PAN

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Querétaro a crear el instituto estatal del migrante, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a realizar acciones para cumplir en 2016 los objetivos de la campaña planteada por la OMS La Sangre nos Conecta a Todos, como parte del Día Mundial del Donante de Sangre, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a realizar acciones para satisfacer en su totalidad la demanda de servicios médicos en el hospital civil Doctor Aurelio Valdivieso, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a construir un biciestacionamiento en la estación Buenavista del tren suburbano, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y el IFT a redoblar los esfuerzos orientados a establecer medidas efectivas para proteger al consumidor y garantizar el cumplimiento de la Carta de Derechos de los Usuarios ante los prestadores de servicios de telecomunicaciones e internet, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar acciones tendentes a cumplir las disposiciones de sanidad animal en materia de bienestar de los animales, en específico de los destinados a consumo humano, para que cuenten con transporte y albergue apropiados, conforme a las características de cada especie, y evitar con ello su estrés y asegurar su salud y la de los consumidores finales, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a certificarse por los órganos de la administración pública local en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y sus homólogas locales a instaurar y fortalecer acciones y estrategias dirigidas a vigilar los centros laborales y, en su caso, sancionar a quienes contraten o permitan el trabajo infantil, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez della Vecchia, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a impulsar y fortalecer campañas de desarme voluntario en Guerrero para reducir los índices de violencia, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, relativo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a considerar en su plan de trabajo de 2017 acciones coordinadas a escala nacional para fortalecer la vigilancia efectiva de la implantación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el país y fortalecer la participación de éstas, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a fortalecer por las autoridades competentes las estrategias de programas encaminados a combatir la deserción escolar de niños y de adolescentes indígenas en el nivel básico, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la SHCP, la Sener y la CFE la aplicación de la tarifa eléctrica 1F en los 17 municipios de Tabasco, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar a impedir la disposición final de salmuera residual en el complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a hacer del dominio público la justificación de donaciones de productos y bienes en Veracruz en 2016 en tiempos de proceso electoral, a cargo del diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, relativo a las irregularidades observadas en la situación laboral y el pago de nómina de docentes de educación básica contratados por honorarios, interinos, becarios o con cualquier otra denominación que imparten las asignaturas de inglés, educación física, manejo de tecnologías de la información y educación artística en centros educativos regulares, multigrado, de tiempo completo y de jornada ampliada en el país, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a hacer público el resultado de las acciones emprendidas para cumplir los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con relación al sector de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza, Norma Xóchitl Hernández Colín y Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y la SEP a implantar medidas y campañas mediáticas que favorezcan la prevención de contagios del VIH, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos y las autoridades de transporte y vialidad estatales a promover políticas de emplacamiento expedito de motocicletas, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, relativo a las agresiones cometidas contra la periodista Iris Velázquez, del diario Reforma, mientras cubría un desalojo en Atizapán, México, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que exhorta al ayuntamiento de Bahía de Banderas a cumplir lo establecido en la Ley de Protección a la Fauna para Nayarit en cuanto a la creación de la comisión municipal de protección de la fauna, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a otorgar exenciones a los docentes del país, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí a difundir el seguimiento de las acciones penales realizadas sobre las denuncias presentadas contra la administración del ayuntamiento de Ébano correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Profepa y la Conanp a implantar con el gobierno de Nuevo León una estrategia integral de conservación, protección, restauración y prevención de afectaciones e invasiones del área natural protegida en la categoría de monumento natural El Cerro de la Silla, a fin de asegurar su carácter único y valor histórico, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a incluir en su programa de auditorías el túnel sumergido en Coatzacoalcos, Veracruz; y a la SCT y al gobierno de la entidad, a eliminar la caseta de cobro en el puente Coatzacoalcos 1, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a la elaboración, presentación, publicación y divulgación de los diagnósticos y programas estatales de derechos humanos, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México en el juicio número I-63001/2016, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

Efemérides

• Con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con motivo del 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a instaurar una política pública integral de prevención, detección oportuna y atención del cáncer de pulmón, y coordinar esfuerzos interinstitucionales a fin de difundir los factores de riesgo para la salud, como el tabaquismo y la exposición al humo de leña, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 65, 76, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con Punto de Acuerdo para exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a instrumentar una política pública integral de prevención, detección y atención del cáncer de pulmón, así como a coordinar los esfuerzos interinstitucionales necesarios para difundir los factores de riesgo como el tabaquismo y la exposición al humo de leña en la salud de la población, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. Se le atribuyen 8,2 millones de defunciones ocurridas en todo el mundo en 20121 y se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas.

Las enfermedades no transmisibles (ENT), supone enormes costos a las familias, los hogares, las comunidades y las economías. El costo económico del cáncer supera al del resto de las enfermedades, sin embargo, el riesgo financiero que el cáncer representa para el desarrollo aún no se reconoce. Para las personas y familias afectadas por el cáncer, a menudo hay una gran carga de gastos directos de su bolsillo como resultado de medicamentos y el tratamiento contra el cáncer, así como la pérdida de ingresos debido a la ausencia del trabajo para el paciente o sus cuidadores.

La salud y la discapacidad también tienen un impacto significativo en la reducción de la oferta de trabajo. En general, existe una fuerte relación entre el crecimiento económico y la salud de forma que el aumento de la carga del cáncer en particular en las economías en desarrollo representa una amenaza tangible para la productividad y el desarrollo nacional.2

Se estima que del 30 al 40% de los casos de cáncer se pueden prevenir reduciendo los factores de riesgo. Para ello es necesario realizar políticas de salud pública que faciliten la adopción individual de estilos de vida saludables. Muchos otros tipos de cáncer se pueden detectar temprano y tratar eficazmente mediante la organización de programas de tamizaje y de detección precoz, y facilitando el acceso oportuno al tratamiento de cáncer.3

Factores de riesgo modificables

Los factores de riesgo modificables más comunes para el cáncer, que además también se comparten con muchas otras enfermedades no transmisibles, son:

• El consumo de tabaco

• El bajo consumo de vegetales y frutas

• El uso nocivo del alcohol

• La falta de actividad física

El factor de riesgo más común, el consumo de tabaco, es responsable de cinco millones, o el 12% de todas las defunciones de adultos mayores de 30 a nivel mundial cada año. Se vincula con el 71% de todas las muertes por cáncer de pulmón, y representa al menos el 22% de todos los fallecimientos por cánceres. El alcohol es también un factor de riesgo conocido, con cualquier nivel de consumo aumenta el riesgo de cáncer.4

Es importante reconocer que gran parte del mundo está experimentando tendencias al aumento del peso y la obesidad. El aumento de la obesidad es en gran parte debido a los cambios en el entorno - los cambios en el entorno construido y una transición a ocupaciones que requieren menos actividad física, así como un notable aumento de la disponibilidad, la accesibilidad, la promoción y el consumo de alta densidad energética, los alimentos y bebidas muy procesados y un alejamiento de alimentos mínimamente procesados como los cereales, las legumbres, las frutas y las verduras.

Situación del cáncer América Latina

El cáncer es la segunda causa principal de muerte en la región, donde se estima que 2.8 millones de personas son diagnosticadas cada año y 1.3 millones mueren por neoplasias malignas cada año.

Aproximadamente el 52% de los nuevos casos de cáncer y el 35% de las muertes por esta enfermedad ocurren en personas de 65 o menos años de edad, es decir, en etapas productivas, por lo que de no tomarse ninguna medida para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que para el año 2025 los nuevos casos de cáncer aumentarán a más de 4 millones y las muertes a 1,9 millones.

Los tipos de cáncer en la región más frecuentes son el de pulmón, el de próstata y el colorrectal para los hombres, y el de mama, de pulmón y cáncer de cuello uterino en las mujeres.5

Consideraciones

El cáncer de pulmón debido a su alta incidencia y mortalidad en el mundo, América Latina y México, debe considerarse como un problema de salud pública de carácter prioritario, garantizando su promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos que los pacientes necesiten.

Tal como lo establece el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así? como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse (...) Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” y el Artículo 4º que establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Es deber de la Soberanía atender el padecimiento.

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en México en ambos sexos y la segunda causa de incidencia y mortalidad en hombres. Una de cada seis muertes en el mundo son por cáncer de pulmón, es decir, el 19 por ciento de los casos. El diagnóstico se realiza en 90% de los casos en etapa tardía. La detección se realiza a través de una tomografía computarizada, cuyo costo es de aproximadamente 2,500 pesos, lo que dificulta el tamizaje.

La sobrevida de un paciente con cáncer de pulmón va de los 7 meses a los 2-3 años con el tratamiento adecuado y dependiendo de la etapa en la que se detecte la enfermedad.

El cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) representa el 95.1% de todos los casos de cáncer de pulmón y el 99% de los casos se detectan en etapa III y IV. Los pacientes que están en estas etapas son quienes requieren atención y tratamientos.

El CPCNP se refiere a cualquier tipo de cáncer de pulmón epitelial con excepción del Cáncer de Pulmón de Células Pequeñas (CPCP). Aunque el CPCNP se relaciona con el humo del cigarrillo, los adenocarcinomas se pueden presentar en pacientes que nunca han fumado . Los pacientes con enfermedad resecable se pueden curar con cirugía o cirugía seguidas de quimioterapia. El control local se puede lograr con radioterapia en una gran cantidad de pacientes con enfermedad no resecable, pero solo un pequeño grupo de pacientes logra curarse. Los pacientes con enfermedad local avanzada irresecable pueden alcanzar una supervivencia prolongada con la radioterapia combinada con quimioterapia. Los pacientes con enfermedad metastásica avanzada pueden lograr una mejora en la supervivencia y paliación de los síntomas con quimioterapia, fármacos dirigidos y otras medidas de apoyo.6

Antes de que el paciente empiece su tratamiento de cáncer, un patólogo experimentado sobre el cáncer de pulmón debe revisar el material patológico. Esto es de suma importancia debido a que el CPCP, que responde bien a la quimioterapia y que por lo general no se trata con cirugía, se puede confundir durante el examen microscópico con un CPCNP. La inmunohistoquímica y el uso del microscopio electrónico son técnicas muy valiosas para el diagnóstico y subclasificación, pero la mayoría de los tumores cancerígenos se pueden clasificar mediante criterios microscópicos sencillos.7

Factores de riesgo del cáncer de pulmón

El envejecimiento es el factor de riesgo más importante para la mayoría de cánceres. Otros factores de riesgo del cáncer de pulmón son los siguientes:8

• Antecedentes o consumo actual de tabaco: cigarrillos, pipas y cigarros

• Exposición pasiva a las sustancias causantes de cáncer del humo ambiental de tabaco

• Exposición por humo de leña

• Exposición ocupacional al amianto, arsénico, cromo, berilio, níquel u otras sustancias

• Exposición a cualquiera de las siguientes fuentes de radiación:

– Radioterapia dirigida a la mama o el tórax

– Exposición al radón en el hogar o en el lugar de trabajo

– Pruebas médicas con imágenes, como las exploraciones por tomografía computarizada

– Radiación de una bomba atómica

• Residencia en un área con contaminación ambiental

• Antecedentes familiares de cáncer de pulmón

• Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana

• Complementos de betacaroteno en personas que fuman mucho

Características clínicas

El cáncer de pulmón se puede presentar con síntomas o de manera fortuita en una prueba con imágenes del tórax. Los síntomas y signos pueden ser el efecto de la ubicación de la invasión local primaria o la compresión de estructuras torácicas adyacentes, metástasis a distancia o fenómenos paraneoplásicos. Los síntomas más comunes al momento de la presentación son tos o dolor torácico que tienden a empeorar. Otros síntomas son los siguientes:

• Hemoptisis
• Malestar
• Pérdida de peso
• Disnea
• Ronquera o carraspera

Los síntomas pueden surgir por invasión local o compresión de las estructuras torácicas adyacentes como las que comprometen el esófago y causan disfagia, compresiones que comprometen los nervios de la laringe ocasionando ronquera o las que comprometen la vena cava superior y causan edema facial, y distensión de las venas superficiales de la cabeza y el cuello.

Puede haber síntomas por metástasis a distancia que incluyen defectos neurológicos y cambios en la personalidad debido a metástasis encefálicas o dolor debido a metástasis óseas. Un examen físico puede identificar una linfadenopatía supraclavicular agrandada, derrame pleural o colapso lobar, neumonía no resuelta o signos relacionados con enfermedades tales como enfermedad pulmonar crónica obstructiva o fibrosis pulmonar.

Existe un estigma ligado al cáncer de pulmón puesto que hay quienes creen que los pacientes son responsables de tener la enfermedad debido a hábitos como el tabaquismo. Existe una gran desinformación sobre todos los factores de riesgo que propician el desarrollo del padecimiento. La salud es un derecho constitucional que debe ser protegido sin lugar a discriminación de ningún tipo. El 67 por ciento de las mujeres que padecen cáncer de pulmón nunca fumaron.

Debido a la necesidad de informar sobre los factores de riesgo y para evitar el impacto de la enfermedad, es necesario desarrollar políticas públicas para prevenir y tratar el cáncer de pulmón. Existen recursos derivados de impuestos especiales que tienen como finalidad mejorar la salud de los mexicanos, como lo es el IEPS a bebidas azucaradas o el impuesto al tabaco, recursos que deben ser utilizados para garantizar la salud de los pacientes oncológicos con cáncer de pulmón.

El Estado Mexicano debe velar porque todas las personas puedan acceder a la promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos que necesiten, con la calidad suficiente para ser eficaz, al tiempo que garantice que el uso de estos servicios no expone a la persona a dificultades financieras.9

Así también, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, 17 de noviembre, se presenta esta proposición con el objetivo de tomar conciencia en nuestra sociedad, que este tipo de cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a instrumentar una política pública integral de prevención, detección oportuna y atención del cáncer de pulmón, así como coordinar los esfuerzos interinstitucionales necesarios para difundir los factores de riesgo como el tabaquismo y la exposición al humo de leña, en la salud de la población.

Segundo. Se exhorta al IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar y Seguro Popular a implementar actividades de prevención, detección oportuna y atención del cáncer de pulmón a la par de los estándares internacionales.

Notas

1 Informe mundial sobre el cáncer 2014, IARC

2 http://www.uicc.org/advocacy/advocacy-resources

3 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11616%3Aworld-cancer-day-
2016&catid=3788%3Acancer-events&Itemid=41707&lang=es

4 http://www.uicc.org/advocacy/advocacy-resources

5 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11616%3
Aworld-cancer-day-2016&catid=3788%3Acancer-events&Itemid=41707&lang=es

6 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon/pro/tratamiento-pulmon-celu las-no-pequenas-pdq#link/_3_toc

7 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon/pro/tratamiento-pulmon-celu las-no-pequenas-pdq#link/_3_toc

8 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon/pro/tratamiento-pulmon-celu las-no-pequenas-pdq#link/_3_toc

9 http://www.uicc.org/advocacy/advocacy-resources

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. diciembre 6 de 2016.

Diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales de Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y Nayarit a atender los casos de intolerancia religiosa; y a la Sedesol, a respetar los acuerdos con las comunidades, a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, Hugo Eric Flores Cervantes, diputado de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados y en plena concordancia y cumplimiento con nuestra plataforma electoral, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exprese atento y respetuoso exhorto los titulares de los gobiernos estatales y municipales de los estados de Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y Nayarit a atender los casos de intolerancia religiosa y, al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) respecto a los acuerdos contraídos en los casos en que hayan intervenido para atender problemas de intolerancia religiosa. Lo anterior, con base en las siguientes

Consideraciones :

I. La intolerancia religiosa es un tema con saldos rojos causados por las diferencias religiosas en la sociedad mexicana. De manera particular, pero no exclusiva, desafortunadamente el Estado de Chiapas se distingue. Las estadísticas oficiales dan a conocer una realidad muy diversa a la padecida por miles de personas en esa entidad. Estas se traducen comúnmente en la comisión de delitos, que van desde el insulto, pasando por el robo, el despojo, las lesiones y concluyendo, incluso, en el homicidio. No olvidemos que en la historia reciente hay cientos de desplazados por motivos religiosos, sin que ninguna autoridad haga algo para solucionar este grave problema.

A pesar de que han transcurrido más de 150 años a partir de que en nuestra Carta Magna se estableciera la libertad religiosa, en la actualidad sigue siendo un mal que no se ha erradicado completamente. Incluso, en algunas partes de México se ve como un mal menor o un tema cultural, sin que las autoridades competentes intervengan de manera efectiva en la atención de esta problemática que viola flagrantemente derechos constitucionales.

De conformidad con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2012 , la brecha de la diversidad religiosa en nuestro país va cada vez en aumento, y es predecible que en la medida en que aumenten nuestras diferencias, los casos de intolerancia continuarán.

En los estados señalados, los grupos evangélicos sufren una doble discriminación. Por una parte, son perseguidos por grupos religiosos intolerantes y, por la otra, sufren el abandono de las autoridades que tienen la obligación legal de apoyarles, sobre todo cuando se trata de casos de desplazamientos que derivan en despojo y otros delitos. No sólo se violenta el marco legal federal, sino también la legislación local, como es el caso de Chiapas con la “Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno”.

En el mejor de los escenarios, las autoridades que han intervenido en la atención de este tipo de conflictos, creen que la sola suscripción de acuerdos originará por sí misma la solución del conflicto. Con frecuencia se deja en el olvido las promesas de ayuda material y de seguridad que se les ofrece, sirviendo tales acuerdos sólo para administrar el problema y para engrosar las estadísticas que se publican, para simular la atención a estos grupos vulnerables.

Los compromisos asumidos por las autoridades que han intervenido en la atención de este tipo de casos cumplen mínimamente y, no se percibe que en el corto plazo intenten darle una solución definitiva. Se observa también una falta de atención integral al asunto, en razón a que sólo se atienden las consecuencias, y en ninguna parte se observa que se ataque el origen del problema. Es decir, se les ofrecen lotes en otras partes a quienes fueron desplazados de sus lugares de origen, así como se liquidan con recursos públicos las sanciones inventadas por comisariados ejidales o asambleas de los mismos, respecto de la negación de cooperar para realizar fiestas de tipo religioso, en las que los grupos evangélicos no desean participar.

Pero por ninguna parte se observa que las autoridades de procuración de justicia hayan integrado y consignado a los responsables de la comisión de los diferentes delitos que se cometen en las expulsiones. Lo que genera, por una parte, un clima de absoluta injusticia hacia las víctimas, porque las autoridades no cumplen con su función de investigar; y, por la otra, ha generado en estos estados un gran clima de impunidad porque los culpables nunca son castigados.

En ausencia de la ayuda gubernamental, los grupos de la sociedad civil son los que mayormente han intervenido en la documentación y apoyo material a los grupos indígenas que han sido expulsados de sus comunidades por cambiar su fe religiosa. Son ellos quienes cuentan con un diagnóstico muy apegado a la realidad, que nos permite hoy describir el problema que se plantea en este punto de acuerdo. Ellos mismos han documentado la existencia de 30 casos en 11 municipios, que requieren una atención de suma urgencia , por estarse convirtiendo en situaciones que ponen en riesgo la estabilidad política y social de la región.

II . En el campo de lo concreto , se tiene conocimiento de desplazamientos por motivos religiosos en los que claramente se advierte la negligencia gubernamental para dar atención a los casos que se tienen ya muy identificados.

Con fecha 07 de enero de 2015 , en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas , se suscribió un acta de acuerdos, a fin de dar solución a una serie de casos de intolerancia religiosa, en la que intervinieron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno Federal ; de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas ; de los municipios Venustiano Carranza, La Trinitaria, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Las Margaritas y Huixtán . También participaron los representantes de las familias afectadas, así como los representantes de organizaciones que los apoyan como el Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas y, la Coordinación de Organizaciones Cristianas .

Después de nueve meses, la situación empeora día con día. A la fecha se tienen documentados los siguientes casos:

Chiapas

a) En el ejido “Mariano Matamoros” , municipio de Venustiano Carranza , desde 2012 a las familias evangélicas que viven en ese lugar, las autoridades ejidales acordaron cortar el agua y la luz en 21 casas , donde vivían 30 familias , además de despojarlos de sus tierras, sumando 84 adultos y 42 menores de edad . Unas 400 personas participaron en este hecho.

Las autoridades estatales y municipales fueron advertidas desde una semana antes, y aún el día anterior, sin que, el día de los hechos, se presentara ninguna de ellas a defender a los agredidos y procurar la paz en el lugar. Su omisión está a la vista.

Los actos de intolerancia religiosa en esta comunidad no son simples insinuaciones, sino amenazas públicas que incluyen sanciones a quienes vendan productos o servicios a la comunidad evangélica.

Estamos ante la presencia de una comunidad intolerante y unas autoridades omisas , donde el conflicto cada día crece más.

b) En el ejido “Unión Juárez” , municipio de La Trinitaria , desde 2010 el comisariado ejidal ha venido cortando los servicios de agua y luz a las familias evangélicas que se han negado a cooperar y participar en las fiestas religiosas de la comunidad, motivando también con ello, la aplicación de multas abusivas e impagables. Ante la amenaza de que, de no pagarlas, serán expulsados de la comunidad.

Aunado a lo anterior, la misma representación ejidal ha instalado una caseta de vigilancia que, por autoridad propia, decide quién ingresa a la comunidad, lo que ha originado continuas riñas. De esta manera, los afectados, al acudir ante el Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente, se enfrentan a otra retahíla de burocracia que obstaculiza el acceso a la justicia.

Actualmente las multas impuestas a los evangélicos de este ejido ya han sido pagadas, sin embargo esto fue hecho con recursos federales por parte de las autoridades, lo cual tampoco es una solución real ni factible para todos los casos que se presentan del problema.

c) El municipio de San Cristóbal de las Casas se comprometió a reubicar a 28 familias que habían sido expulsadas de la comunidad de Yashtinín , mediante la asignación de un lote en una comunidad diferente, sin que esto se les haya cumplido, originando que los afectados tengan que buscar desesperadamente dónde vivir y pagar renta. Aunque 11 de esas familias se encuentran en albergues desde entonces, tampoco se les ha cumplido, como compensación, con el apoyo de las despensas básicas para alimentarse;

d) En el ejido “Cuauhtémoc Cárdenas” , municipio de Palenque , el Ayuntamiento se comprometió a proporcionarles 4 lotes para reubicar a un mismo número de familias, cumpliendo parcialmente, en virtud de que no se les han entregado las constancias de posesión para que la Secretaría de Desarrollo Social les construya las viviendas comprometidas, en el plazo de 24 días;

e) En el ejido “Buena Vista Bahuitz” , municipio de Las Margaritas , desde 2011 fueron expulsadas 12 familias , mismas que en abril de 2015 pudieron retornar, previa firma de un convenio, con la participación de autoridades estatales, en el que se violan derechos esenciales de la libertad de culto, y en el que los funcionarios se comprometieron a cubrir las diversas ayudas que de manera ilícita se les había impuesto a los expulsados. Basta decir que a la fecha no se les ha cumplido;

f) En el ejido “Gabriel Leyva Velázquez” , del mismo municipio de Las Margaritas , 8 familias expulsadas el 4 de Enero de 2016, 32 personas incluyendo niños que tuvieron que caminar durante la noche para llegar al ejido vecino y buscar ayuda; destruyeron sus viviendas (algunas de ellas de concreto), les robaron sus bienes y no han podido regresar. Viven albergados en una casa de cinco cuartos en la cabecera municipal que es lo que el Ayuntamiento les ha proporcionado junto con una despensa semanal que no les alcanza sino para tres días.

g) En el ejido “Lázaro Cárdenas Chilil” , municipio de Huixtán , se tiene vigente el caso de 6 familias expulsadas. Funcionarios federales, estatales y municipales se comprometieron a indeminizar y construir viviendas a los afectados, sin que, a la fecha, dichas viviendas hayan sido construidas.

En todos los casos en los que los municipios se comprometieron a reubicar a los afectados, la Sedesol se comprometió a construirles vivienda.

Los casos citados son sólo algunos ejemplos del problema, actualmente, sin resolver . Sin embargo, también resultan preocupantes los casos ya resueltos, en donde los afectados fueron reubicados o regresados a sus lugares de origen, bajo la condición de pagar sanciones o cuotas ilícitas e irracionales, y en la que diversos funcionarios públicos se comprometieron a pagar grandes sumas por tales conceptos .

Tantos organismos nacionales como internacionales de derechos humanos han dado cuenta de los casos expuestos. Durante el presente año, 13 legisladores estadounidenses de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos enviaron una carta a la procuradora general de México, Arely Gómez González, que requiere el enjuiciamiento de los transgresores de la libertad religiosa. Se espera que la carta de los legisladores estadounidenses y una reciente visita de David Saperstein, embajador en misión especial de EE.UU. para la libertad religiosa internacional, “envíe una señal a las autoridades mexicanas que hay un costo diplomático por ignorar estas transgresiones” y los motive a actuar. Por su parte, la prensa nacional y regional detallan lo cotidiano que se ha vuelto ese mal, sin que se avizore la solución.

Hidalgo

a) En la comunidad Los Parajes, Huejutla , desde el año 2006 13 familias comenzaron a recibir amenazas porque ya no cooperaban para las fiestas católicas, lo que derivó en el corte del servicio del agua. En julio de 2009 Anacleto Hernández Tiburcio y dos personas evangélicas fueron expulsados de su comunidad y los colgaron de un árbol durante dos horas, exigiendo que uno de ellos firmara que saldrían del ejido por su voluntad. De manera paralela a la expulsión fueron destruidas sus casas y robadas sus pertenencias.

En el año 2010 regresaron a su comunidad, sin embargo, tres años después nuevamente comenzaron a recibir presiones de las autoridades ejidales para que cooperaran en las fiestas. En agosto de 2014, como parte de una estrategia de presión intentaron nombrar al señor Anacleto como presidente de la capilla y a dos personas más como el tesorero y ayudante; sin embargo, ellos se rehusaron.

En agosto del mismo año, en asamblea ejidal levantaron un acta de incumplimiento de los pagos, no obstante que ellos tenían recibos de todas las cooperaciones no religiosas pagadas y de los jornales realizados para la comunidad. Además, los ejidatarios levantaron un acta para desconocer el acuerdo notarial del 2010, en el que se estableció la libertad de culto y no ser molestados, que es el que querían ahora llevar a las autoridades. Hasta la fecha se sigue presionando para multarlos por no cooperar para las fiestas.

b) En la comunidad de Coamecaco Oriztlán, municipio de San Felipe, Huejutla , con la construcción de un templo evangelista, 2 familias comenzaron a ser presionadas por la comunidad. En el año de 2009, el delegado ejidal incitó a la gente para amarrar a una persona evangélica que manifestó que no le obligarían a cooperar para la fiesta religiosa de la comunidad. Poco tiempo después esta persona fue expulsada después de haber sido golpeada y destruida su vivienda. Después de esta expulsión, multaron a los otros evangélicos por su “rebeldía”. La expulsión no sólo les ha impedido regresar a sus casas, sino también a sus trabajos y fuentes de ingresos.

Las personas de la comunidad señalan que hay documentos que establecen la obligación de cooperar para las fiestas religiosas, aunque los mismos evangélicos señalan que son falsos, pues ellos no han firmado nada.

c) En la comunidad de Tamalcuatitla, en Huejutla desde el año 2012 los habitantes exhortados por el catequista ratificaron al interior de la Iglesia Católica un documento firmado en 1993, donde se comprometían, tanto los adultos como su hijos, que no dejarían la Iglesia Católica por ningún motivo o se atendrían a las consecuencias. Ese mismo año se incrementó la presión sobre los evangélicos para la cooperación de las fiestas tradicionales católicas, principalmente el Xantolo (todos santos) pero tanto ese año como en el 2013, lograron llegar a acuerdos con el delegado, con la intención que les respetaran que son de diferente credo.

En 2014, tanto el catequista, como el agente de la comunidad al darse cuenta que las personas asistían a la iglesia evangélica, los visitaron para amenazarlos y recordarles el documento que habían firmado en la Iglesia Católica en el año 2012.

En 2015, antes de la celebración de todos santos, el nuevo delegado ejidal intentó obligar a los evangélicos a cooperar bajo la amenaza de que de no hacerlo no se les permitiría enterrar a sus difuntos.

d) En la comunidad de Coxuaco, en Huejutla los grupos evangélicos construyeron su templo, sin embargo, fue destruido por ejidatarios que no estaban de acuerdo con los evangélicos. Varias familias en diversas ocasiones fueron detenidos por “no obedecer”, fueron multados y obligados a ocupar cargos tradicionales. Como resultado de estos conflictos 30 familias fueron expulsadas. Aunque llevan más de 15 años desplazados, quieren volver a sus tierras y reedificar sus casas. Desde esa fecha están refugiados en una zona de terrenos físicamente riesgosa en la población de Huejutla, no los dejan ni siquiera llegar a visitar a sus familiares a Coxuaco y el Gobierno olvidó el caso, sin reubicación, indemnización ni apoyos para rehacer su vida.

e) En la comunidad de Chichiltepec, en Huejutla dos personas fueron encarceladas por motivo de su fe. Después de soltarlos a la medianoche, las autoridades comunitarias le confiscaron el terreno y la casa, dándoles 18 horas para desalojar la zona. Los jóvenes expulsados se encuentran actualmente en Huejutla, mientras que varios de los evangélicos de Chichiltepec fueron obligados a firmar un documento renunciando a su fe. Se inició una demanda ante el Ministerio Público en Huejutla, Hidalgo con todos los elementos probatorios de privación ilegal de la libertad, sin embargo el Ministerio Público señala que no tiene elementos para consignar. Sigue en proceso.

f) En Rancho Nuevo, Huejutla , el 28 de octubre de 2016, Paulina Hernández Bautista quien se encontraba embarazada, se dio cuenta en un chequeo médico que su bebé ya no se encontraba con vida. El padre del bebé, José Silverio Gutiérrez Bautista, cristiano evangélico, acudió con el delegado para pedirle apoyo para enterrar a su bebé en el panteón de la comunidad. El delegado, después de ignorarlo por un tiempo, finalmente respondió que no podía hacer nada por él, pues ya no se encontraba en la lista de faeneros de la comunidad (se refería a la lista de las personas de la iglesia católica) y le aconsejó que mejor acudiera a la comunidad vecina de Coamila, siendo que él pertenece a Rancho Nuevo. Después de ponerse en contacto con las autoridades, el 30 de octubre se presentaron en la comunidad miembros de la Secretaría de Gobernación, a quienes el suplente del delegado explicó que no se le podía apoyar al Sr. Silverio Gutiérrez por tener “pendientes” en la comunidad, refiriéndose a que su familia no participa en nada con la iglesia católica. Después de acudir con el delegado de Coamila, los representantes de Secretaría de Gobernación anunciaron que podían sepultar al bebé, y les aconsejaron hacer caso a lo que les instaba el delegado (es decir, participar en la iglesia católica) y dejar de “echar gasolina al fuego”, refiriéndose a no obedecer a las autoridades y haber acudido a Derechos Humanos.

Jalisco

a) En la comunidad El Salvador, Tequila los misioneros de apellido Songe han tenido experiencias junto con los evangélicos a los que están atendiendo en la región de Tequila, Jal. Las agresiones van desde intimidar a las familias evangélicas, subir el volumen de aparatos de sonido cuando comienzan las actividades de la iglesia y visitar a los pastores para decirles que se vayan de la Comunidad o van a levantar la comunidad. Establecer lugares para los “rezos” en viviendas cercanas o frente a la iglesia evangélica para interrumpir los servicios desde el exterior, con la finalidad de que no los acusen. Además usan equipos de sonido muy fuertes como rockolas y modulares durante el horario de las reuniones evangélicas.

Oaxaca

a) En la comunidad de San Juan Otzolotepec, Mixe la gente, encabezada por el Presidente Municipal, el Síndico y algunos regidores, destruyeron la Iglesia Evangélica que ya funcionaba en ese lugar. Ante estos hechos que fueron realizados en el año 2014, la organización denominada “Defensores del Pueblo de Oaxaca” emitieron la recomendación 03/2014 sobre este caso, sin embargo, hasta el momento ha sido ignorada. El caso incluye a cuatro hombres protestantes que fueron ilegalmente encarcelados y torturados; posteriormente se les negó el derecho a votar, les suspendieron sus derechos y beneficios gubernamentales.

Guerrero

a) En el municipio de Cochoapa El Grande , aproximadamente 40 familias han sido expulsadas de la cabecera municipal por profesar la religión cristiana evangélica. Desde el 2009, les quemaron su iglesia y golpearon a varios cristianos. En ese entonces les ayudó el Subsecretario de Asuntos Religiosos del Gobierno Estatal y las cosas se tranquilizaron un poco. Se encuentran segregados del resto de la comunidad, al grado de que no pueden ni siquiera sepultar a sus muertos en el panteón municipal y los niños son víctimas constantes de burlas y agresiones por parte de sus compañeros, sin que los maestros digan nada. Los problemas comenzaron cuando se negaron a cooperar económicamente para la celebración de las fiestas patronales. Actualmente están esperando una posible reubicación.

b) El Capulín, municipio de Tlacoachistlahuaca los cristianos han sido objeto de señalamientos, se les ha pretendido cobrar multas por cada año que han sido evangélicos y se les ha limitado y condicionado el uso del panteón. De igual forma, se pretendió que esta población fuera excluida de los programas sociales del gobierno federal e incluso se les expulsara de la comunidad. Finalmente, gracias a la intervención de las autoridades, se logró la firma de un acuerdo para permitir que el grupo evangélico continúe en la comunidad, pero el pastor que ha apoyado para que los grupos evangélicos sean respetados tiene prohibido acudir a visitar a su congregación y los evangélicos adultos aún no tienen derecho a ser sepultados en ese panteón.

Nayarit

a) En la comunidad Nayal, de Tepic, Nayarit, en cuanto se conoce que alguien ha comenzado a asistir a la iglesia evangelista se reúne la comunidad para darles un plazo de tiempo para que tomen sus pertenencias y se retiren y sus propiedades son definidas en Asamblea. En estos momentos hay familias que recientemente han salido de sus comunidades, han encontrado refugio a sus necesidades y no piensan regresar a su comunidad. Uno de ellos, inclusive, es autoridad en la comunidad y piensa regresar para entregar su cargo, sabe que al llegar lo van a multar, encarcelar y después de eso le van a obligar a salir de la comunidad.

III. En el campo de lo jurídico , encontramos que existe una violación inminente a las garantías constitucionales y derechos humanos. Desde el artículo primero, último párrafo, que expresa:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión ,...”

Respecto del derecho que ampara la libertad religiosa, el artículo 24 establece:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión , y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley...”

Aunado a lo anterior es clara la violación a los derechos de las niñas y los niños. No existen datos oficiales que den cuenta puntual del problema planteado, y menos aún de cuántos niños se encuentran gravemente afectados de una manera directa. Sin embargo, los diagnósticos hechos por organismos de la sociedad civil involucrados en la ayuda humanitaria (visitas a los albergues), muestran un escenario sumamente preocupante, habida cuenta que nuestra norma constitucional da un lugar de privilegio a la niñez, al disponer en el artículo 4º, párrafo

“Artículo 4. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos . Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución , seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

La alimentación es una garantía constitucional que a la niñez desplazada de Chiapas no se le ha cumplido, menos en salud y educación , pues transcurren años enteros sin tener dónde vivir, haciéndolo en albergues o en la calle, pues quienes tienen a su cargo velar por garantizar ese derecho, simplemente no cumplen esa función, violando el mismo artículo 4º, párrafo décimo primero:

“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”

Compañeras y compañeros diputados:

En esta comparecencia expongo la voz de los que no tienen voz, de quienes claman justicia sin encontrar respuestas, con el anhelo de encontrar voluntades que se sumen para atender este planteamiento.

El General José María Morelos dijo: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”. Es por ello que los invito a reflexionar:

¿Cuántos niños desplazados en albergues se necesitan para que surja la determinación de atenderlos? ¿Cuántos muertos más por intolerancia religiosa hacen falta para que la autoridad actúe, en cumplimiento de su deber?

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la aprobación de esta proposición con los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobernadores de los estados de Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y Nayarit para que:

a) En ejercicio de sus atribuciones, den puntual cumplimiento a las disposiciones federales y en el caso particular de Chiapas, a la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, a efecto de proteger eficazmente a los evangélicos expulsados de su comunidades por causas de intolerancia religiosa;

b) Para que, en ejercicio de sus atribuciones, adopten las políticas públicas necesarias, a efecto de evitar el pago de multas ilegales impuestas por particulares y evitar la proliferación de esta práctica;

c) Para que, en ejercicio de sus atribuciones, instruyan al C. Procurador General de Justicia del Estado, para que atiendan la debida integración de las averiguaciones previas en trámite, así como la recepción expedita de las denuncias que se presenten en materia de intolerancia religiosa, incluyendo la atención a los llamados para atender los casos urgentes de inminente peligro;

d) Para que, en ejercicio de sus atribuciones, instruyan a los titulares de Asuntos Religiosos, a fin de que atiendan de manera expedita los asuntos de intolerancia religiosa y se coordine con las instancias de gobierno para atender los casos urgentes de inminente peligro.

Segundo . Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que:

a) Remita a la brevedad posible, los recursos económicos comprometidos en el Acta de Acuerdos de fecha 7 de enero de 2015 , en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de dar cumplimiento a los diversos apoyos para la construcción de viviendas y otros programas comprometidos, a favor de los evangélicos expulsados de su comunidades;

b) Facilitar los trámites para el inicio de la construcción de las viviendas comprometidas, a efecto de exentar de la exhibición de los títulos de propiedad de los inmuebles donados y, en su lugar, admitir la constancia de posesión que, al efecto, emita el municipio correspondiente;

c) Cumplir con la provisión de las despensas comprometidas aún no otorgadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputado Hugo Éric Flores Cervantes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conagua a difundir la información sobre las condiciones y los avances del proyecto de la presa-acueducto Zapotillo y vigilar el plan de rescate financiero de Abengoa, empresa concesionaria de aquél, para el cumplimiento de sus obligaciones, a cargo del diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Ricardo Sheffield Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El agua es un recurso natural finito y debe reconocerse como patrimonio común de la humanidad. Debemos implantar una cultura para el uso eficiente del agua con tecnologías de tratamiento y reutilización, con esquemas de evaluación socioeconómica y con la participación social en las decisiones de su manejo y administración garantizando así un adecuado aprovechamiento y su abastecimiento a las generaciones futuras.

Hace más de 20 años, en 1995, que por decreto federal fueron reservadas las aguas del río Verde para usos domésticos y públicos urbanos, estableciendo que una tercera parte se destine a Guanajuato y dos terceras partes para Jalisco.

La importancia del proyecto de la presa “El Zapotillo” radica en que, además de garantizar el abastecimiento de agua para sostener el crecimiento de la población y las viviendas en la zona urbana de la Ciudad de León en Guanajuato, permitirá que se recupere la recarga de los tres acuíferos que dotan de agua a la ciudad de León actualmente, ya que se disminuirá la extracción del agua subterránea durante las próximas dos décadas.

Cabe recordar que el gobierno municipal de la ciudad de León, Guanajuato, fue uno de los firmantes del “Acuerdo para el Suministro, Entrega de Agua en bloque, Forma de Pago y Garantía del Proyecto Acueducto El Zapotillo, los Altos de Jalisco, León”, firmado el 16 de marzo del año 2010, acuerdo signado también por Conagua, por el Gobierno del Estado de Guanajuato, por el Gobierno Municipal de la Ciudad de León y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. (SAPAL).

Al siguiente año, el 14 de octubre de 2011, Conagua otorgó por medio de un contrato de prestación de servicios a la Concesionaria de Acueducto Zapotillo (CAZ), perteneciente a la empresa española “Abengoa”, la ejecución de la obra y su operación por 25 años.

A la fecha, ese contrato y el título de concesión ha tenido tres modificaciones, la más reciente autorizada por el Consejo Directivo del SAPAL el 31 de mayo pasado y por el Ayuntamiento de León, el 13 de junio; con el objeto de formalizar la reprogramación del proyecto, incrementando el plazo de ejecución de la obra en nueve meses – de 36 a 45- en virtud del atraso de diversas condiciones suspensivas previstas en el Título de Concesión por causas no imputables a las partes y acontecimientos de fuerza mayor que obligaron a reprogramar la obra.

Coincide que las obras del proyecto integral, Presa y Acueducto, están detenidas por el momento. Las obras de la presa El Zapotillo, ubicada en Cañada de Obregón, Jalisco y sobre las que se estima un avance del 83%, se encuentra detenida por mandato judicial desde el 3 de julio de 2014.

La obra del Acueducto en León, arrancó en la zona de Barranca de Venaderos hace unos meses, con los trabajos de un Macrocircuito de 15 kilómetros, pero se encuentra suspendida por falta de algunos trámites federales, previendo que pueda reiniciarse en septiembre.

Además, el ejido Agua de Obispo y ganaderos de San Juan de los Lagos consiguieron una suspensión contra la construcción del Acueducto que iría de la presa a León, además de que el caso también fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la nación y está pendiente de resolución

La obra de la presa El Zapotillo está detenida desde el 3 de julio de 2014, en 79.7 metros de altura por mandato judicial.

A través de los años, diputados y autoridades del Ejecutivo del Estado de Jalisco han mantenido una postura de oposición al proyecto, con acciones que van desde alentar a los alcaldes de la zona de los Altos de Jalisco a oponerse, hasta instalar una Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua ( en mayo pasado de 2016), creada para analizar el proyecto de la presa de El Zapotillo, “por las desventajas jurídicas de Jalisco en los convenios que ceden prácticamente toda el agua del Río Verde a Guanajuato, dejando sin abasto a la región de Los Altos y a la zona Metropolitana de Guadalajara.

El gobierno del estado de Jalisco, por su parte, encabezado por Aristóteles Núñez, involucró a la ONU en el tema, a través de un convenio, firmado en septiembre de 2015 con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, con el objetivo de conocer la viabilidad de obras hidráulicas en la cuenca del Río Verde.

Ya han trascendido avances, y hasta recomendaciones que ha hecho esta Oficina a la Conagua, dado que el Gobierno de Jalisco le ha conferido la autoridad UNOPS para determinar si es viable la construcción de la presa y el destino del Agua.

Se prevé que en enero de 2017 la UNOPS, entregue los resultados de este análisis, sobre los que el Gobierno de Jalisco “tomará decisiones”.

El 27 de abril de 2016, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, pidió que el Gobierno de Jalisco y las autoridades federales suspendan el acuerdo para traer a León el agua del río Verde que almacenará la presa de El Zapotillo.

La solicitud del alcalde de Guadalajara se hizo en estos términos: “exhortamos a la Conagua y a la Semarnat a que antes de tomar cualquier decisión o continuar con el proyecto de construcción del acueducto Zapotillo-León, acaten de inmediato las recomendaciones realizadas por el Observatorio Ciudadano de Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco, mismas que este gobierno municipal avala y adopta como parte de nuestra postura institucional”.

“En el área metropolitana de Guadalajara nos estamos quedando sin agua. Esto es una realidad y pareciera que nadie está haciendo nada para solucionarlo. En el Gobierno de Guadalajara queremos que el agua de Jalisco sea para Jalisco, así de claro. Por eso hicimos algo sin precedentes. Es la primera vez que un gobierno alza la voz para exhibir el montaje y el engaño que representa la presa del #Zapotillo”, publicó el alcalde Alfaro en sus cuentas en las redes sociales.

Conagua es el principal responsable de la ejecución del proyecto, de ahí la razón de este Punto de Acuerdo para exigir a la Comisión Nacional del Agua a que se concluya la obra de la presa “El Zapotillo” en los plazos establecidos, que prevalezca la ley y que no se admitan más retrasos. Pero eso no es todo, considero que todo lo que está ocurriendo con la obra, avances y circunstancias que le impactan, debe transparentarse plenamente, poner la información disponible para cualquier ciudadano que esté interesado en el tema, presentando un informe puntual del status del proyecto.

Aún hoy en día, pese a las obligaciones en materia de transparencia e información gubernamental para acceder a la información del proyecto a través de Conagua es tarea compleja; las publicaciones recientes sobre el proyecto que se pueden encontrar en su portal web datan de dos años.

Abengoa, empresa española que a través de una de sus filiales construye el acueducto, se encuentra a un paso de la bancarrota por su deuda inmanejable que supera los 9 mil millones de euros y apuesta a un plan de reestructura que está aún por concretarse y que le permitiría recuperar liquidez.

La empresa, que opera proyectos en 70 países, ha despedido prácticamente a la cuarta parte de sus trabajadores –unos 7 mil a nivel global- en los últimos dos años, resultado de su crisis financiera.

Si bien la viabilidad financiera del proyecto “acueducto-presa El Zapotillo está garantizada –blindada, para algunos- por la aportación mayoritaria del Gobierno Mexicano a través del FONADIN, financiamiento de Banobras y aportaciones comprometidas del Gobierno del Estado de Guanajuato y Sapal, hay un 30% de la inversión que debe salir de las arcas de Abengoa.

La amenaza de quebranto ha obligado a Abengoa a retirarse de proyectos aún mayores en México, como es el caso de la planta de cogeneración eléctrica en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, proyecto que le fue asignado en 2015, en el consorcio formado con la empresa italiana Enel.

Información publicada en el diario español El País, señala que “Abengoa confía en superar completamente su crisis a comienzos del próximo mes de octubre del presente año, con un plan de salvamento aprobado por los acreedores, el juez y la junta general de accionistas, según el calendario presentado este martes por la firma a los acreedores y analistas y remitido a la CNMV”.

Se dio a conocer el 25 de agosto que Abengoa obtendrá 355,5 millones de dólares (315 millones de euros) de la venta de cinco plantas de etanol en Estados Unidos, dentro del plan de desinversiones previsto en su plan de rescate anunciado el pasado 16 de agosto, que incluye el traspaso de su división de bioenergía tanto en Estados Unidos como en Europa.

Se publicó también que en julio pasado, Abengoa solo tenía liquidez para pagar el 60 por ciento de la nómina de sus trabajadores.

Por si fuera poco, en este panorama de incertidumbre, Abengoa adeuda 604 millones de pesos al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), que invirtió en certificados bursátiles de la empresa, y ahora debe hacer frente a esa deuda, tema en el que también diputados locales de Jalisco han intervenido para presionar por el pago, y que representa un factor adicional que podría mermar la liquidez de la empresa para hacer frente a su compromiso de El Zapotillo.

Abengoa México, publicó el 14 de diciembre en su portal web que había cerrado el financiamiento para el proyecto acueducto Zapotillo:

“12 de diciembre de 2014 - Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha cerrado la financiación a largo plazo sin recurso con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y el Fondo Nacional de Infraestructura del proyecto de construcción, operación y el mantenimiento del Acueducto El Zapotillo.

La inversión total del proyecto es de aproximadamente 640 MUS$. El 48,44 % de la inversión la aportará el Fondo Nacional de Infraestructura, mientras que el 51% restante se financiará mediante un crédito sin recurso por 177 MUS$ y aportación de equity de Abengoa. Los 487 MUS$ invertidos por el Fonadin y Banobras son destinados a repagar los 296 MUS$ (238 M€) de deuda sin recurso en proceso que existían del proyecto”.

“El contrato consiste en una concesión de 25 años para la prestación de servicios de potabilización, transporte y entrega de agua en tránsito a las diversas poblaciones desde la presa de El Zapotillo hasta a la ciudad de León, así como a los municipios de Los Altos de Jalisco como Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, San Julián, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe y Villa Hidalgo”.

Se insiste pues que el futuro, la sustentabilidad y la salud de la Ciudad de León dependen del éxito del proyecto La presa y acueducto “El Zapotillo”.

La propia Conagua ubica a Guanajuato en el segundo lugar nacional entre los estados con mayor sobre explotación de su manto acuífero, teniendo que ir cada vez a más profundidad, hasta 600 metros, para extraer agua, que es agua vieja que tiene metales pesados, arsénico, zinc, flúor y el contacto y consumo permanente traen graves problemas y fatales consecuencias de salud.

En declaraciones publicadas por el Diario A.M de León, el 1 de julio pasado, el director de la Conagua en la entidad, Humberto Carlos Navarro de Alba, reconoció como alarmante la explotación del manto acuífero de Guanajuato.

Según Conagua, 14 de los 18 acuíferos de Guanajuato están sobre explotados.

Según el Sapal, la principal fuente de abastecimiento del Municipio, es el agua subterránea proveniente del acuífero del Valle de León. La estabilidad de este acuífero está en riesgo por: sobre explotación, contaminación y mal uso del agua.

Por ello es exigible que tengamos certeza, claridad y garantías sobre el proyecto de la presa-Acueducto “El Zapotillo”. Para la ciudad de León sí es un tema vital, y así mismo que el tema del agua es de competencia federal por las razones expuestas se presenta esta proposición de urgente y obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Comisión Nacional del Agua para que, con base en la Ley de Transparencia, haga pública la información sobre las condiciones y avances del proyecto de la presa-acueducto “El Zapotillo” e informe a la opinión pública en qué estatus se encuentra.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para que haga un seguimiento especial de vigilancia al plan de rescate financiero de la empresa Abengoa, responsable de concluir a cabalidad y en su totalidad el proyecto de la presa-acueducto “El Zapotillo”

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de diciembre de 2016.

Diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica)

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Querétaro a crear el instituto estatal del migrante, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

José Hugo Cabrera Ruiz, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; y 79, numeral 1 fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro para que en el ámbito de su competencia, cree el Instituto del Migrante del estado de Querétaro, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 11, establece que “... toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes...”

Asimismo, en su artículo 73 fracción XVI faculta al Congreso para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

Por su parte, la Ley de Migración en su artículo 2 define que la política migratoria del Estado Mexicano como un conjunto de decisiones estratégicas, principios generales, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Del mismo modo, el artículo 3, fracción XVII, define al migrante como el individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación.

En el ámbito local, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, en su artículo 21 establece que “la Secretaría de Gobierno es la dependencia encargada de conducir, por delegación del gobernador del estado, la política interna y la gobernabilidad del estado”.

Más específicamente, en su fracción XIV señala que la citada dependencia tiene como atribución “intervenir, en auxilio o en coordinación con las autoridades federales, en los términos de las leyes relativas en materia de cultos religiosos, detonantes y pirotecnia, juegos y sorteos, migración y reinserción social.”

Similar fundamento se expresa en el Reglamento Interno de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, donde en el artículo 23, fracción I, se establece como atribución de una de sus direcciones, la de Gobierno, el intervenir en auxilio o en coordinación con las autoridades federales en los términos de las leyes relativas en materia de migración.

Actualmente, dentro de la estructura orgánica de la Dirección de Gobierno se encuentra el llamado Departamento de Atención a Migrantes.

Respetable asamblea:

A través del tiempo, “la migración de mexicanos a Estados Unidos ha experimentado cambios en cuanto al volumen, extensión territorial y características sociodemográficas de las personas que participan en los flujos migratorios. La extensión del fenómeno migratorio y sus profundas implicaciones en los ámbitos demográfico, económico y social de las distintas entidades federativas del país han colocado a la cuestión migratoria como uno de los temas prioritarios de la agenda política nacional, estatal y local”.1

Querétaro, integrante del pacto federal, no ha quedado ajeno de esta dinámica y por el contrario, en varias comunidades de nuestro estado experimenta continuamente flujo de población especialmente de joven y con intención laboral hacia los Estados Unidos principalmente; asimismo, es ya tradicional el retorno temporal de paisanos por las fiestas de fin de año.

“La migración México-Estados Unidos es un fenómeno de carácter principalmente económico, que responde a la combinación de factores estructurales, tales como las profundas disparidades económicas y salariales, la complementariedad demográfica y un contexto de creciente integración económica entre ambos países. Este flujo migratorio ha sido continuo desde finales del siglo XIX, sólo interrumpido por el periodo de la Gran Depresión de 1929, tiempo en el que miles de mexicanos radicados en Estados Unidos fueron deportados a sus lugares de origen en México. Fue hasta la década de 1940 cuando se recuperó una relativa estabilidad de los flujos migratorios que se dirigían al país vecino del norte. La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (1942) provocó una escasez de trabajadores en el mercado laboral, situación que orilló al gobierno estadounidense a firmar un contrato de trabajadores temporales con su homólogo mexicano, conocido como el Programa Bracero, que inició en 1942 y se prolongó hasta 1964”.2

“Se estima que durante el periodo de los braceros poco más de 4.5 millones de mexicanos ingresaron de manera legal a Estados Unidos, lo cual equivalía a un flujo anual de 290 mil trabajadores mexicanos, y una cantidad similar cruzó la frontera sin documentos. En 1965, Estados Unidos optó por finalizar los llamados “convenios bracero” y por controlar el flujo migratorio mediante la legalización de una parte de la población trabajadora, bajo el sistema de cuotas, la deportación de la población indocumentada y el reforzamiento de la frontera con México. Sin embargo, la migración no se detuvo, y miles de mexicanos continuaron migrando de manera indocumentada. Aunque la mayoría de los migrantes mexicanos permanecía por periodos cortos en Estados Unidos, muchos se establecieron de manera permanente, y se empezaron a formar barrios o vecindades compuestos por familias del mismo lugar de origen en México. Así, durante la década de 1960, la población mexicana residente en ese país aumentó sostenidamente hasta alcanzar la cifra de 800 mil personas en 1970. Es a partir de esta fecha que cobra gran relevancia la inmigración mexicana en Estados Unidos, proveniente en buena medida de las zonas rurales de los estados del occidente y del norte de México”.3

“Sin embargo, durante la década de 1980 se dio un cambio radical en los patrones migratorios como efecto de dos influencias: los avatares del desarrollo económico de México y las políticas migratorias seguidas por Estados Unidos. Las crisis económicas experimentadas por México en esos años que afectaron severamente las condiciones de vida de la población Mexicana significaron la incorporación a los flujos migratorios de personas de clase media, con mayores niveles educativos, de origen urbano, y provenientes en su mayoría de entidades de poca tradición migratoria a Estados Unidos”.4

Para Querétaro, siguiendo esta dinámica, el fenómeno que antes se reservaba para estratos poblacionales de bajo nivel de ingreso y muy enfocado en las zonas del norte del Estado, población que por cierto me ha elegido como representante popular, comenzó a impactar en población de zonas urbanas más cercanas a la capital del Estado.

“El crecimiento de la población mexicana sin documentos por su parte, para trabajar o residir en Estados Unidos fue aún más considerable, tanto en términos absolutos como relativos. Con un incremento neto estimado de 2.8 millones durante la década de 1990, la población indocumentada alcanzó la cifra de 4.6 millones en 2000. Dicho aumento tuvo lugar a pesar de la implementación de medidas restrictivas y operativos de control fronterizo... dando lugar a un proceso de militarización de la frontera México-Estados Unidos. Si bien estos operativos no tuvieron los resultados deseados en términos de la disminución del flujo migratorio indocumentado, sí han tenido un efecto en los costos y riesgos asociados con el cruce de la frontera, debido a que tendieron a desviar el flujo migratorio hacia puntos de cruce más peligrosos”.5

Lo delicado entonces, no solo ha sido la migración de población en su mayoría económicamente activa, con las implicaciones económicas, sociales y culturales que en sus comunidades de origen desencadenan, sino que se realiza en principio de manera ilegal.

Estas políticas restrictivas además “...han tenido otras consecuencias en las tendencias y modalidades de la migración mexicana. Hasta finales de la década de 1980, los migrantes mexicanos permanecían por cortos periodos en Estados Unidos para luego regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, este carácter circular y temporal de la migración mexicana se ha ido perdiendo poco a poco, posiblemente debido a que se han encarecido los costos para migrar, o bien porque los migrantes prefieren establecerse de manera definitiva en ese país y no arriesgarse a cruzar nuevamente la frontera. Ello ha dado pie a la consolidación de una migración de mayor tiempo de permanencia y, consecuentemente, se ha conformado en Estados Unidos una comunidad de origen mexicano de magnitud considerable. Se estima que en 2010 radicaban en ese país alrededor de 11.9 millones de personas nacidas en México. Aunque si a esa cifra le sumamos la población de origen mexicano, su monto aumenta a poco más de 33 millones. De estos últimos, 21.2 millones nacieron en Estados Unidos (11.2 millones de segunda generación y 9.9 millones de tercera generación)”6 .

“Estos datos colocan a México como el país de mayor inmigración en la Unión Americana, incluso por encima de grandes regiones del mundo como Asia, Europa y el resto de América Latina.”7

Si hablamos de nuestra entidad federativa, cifras oficiales manejan alrededor de 100 mil queretanos en Estados Unidos. Así, con base las estadísticas nacionales, podemos estimar que al menos la mitad migró de manera indocumentada.

Aquí podemos apreciar la real necesidad de tener alguna institución sólida de carácter estatal, que genere política pública para nuestros queretanos migrantes en coordinación con los lineamientos que marca gobierno federal.

El hecho de acompañar a nuestros paisanos en caravana de fin de año debió ser sólo el inicio, actividad que promoví en su momento cuando fui legislador local hace ya varios años, y que hoy ni siquiera es representativa, pues de inicio todos los migrantes beneficiados tienen papeles y pasan por los cruces fronterizos, además de que tienen suficientes recursos para hacer el viaje de retorno. Lo que sin duda no representa la realidad de la mayoría de los migrantes no solo queretanos, mexicanos.

Ahora bien, y “particularmente desde 2006, se ha observado una disminución en los flujos migratorios mexicanos que se dirigen al vecino país del norte. Esto guarda relación con un contexto político y social más adverso hacia la inmigración procedente de México...” entre la que sobresale una situación de mayor inseguridad y violencia hacia los migrantes en ambos lados de la frontera, ya sea por la presencia y control de los flujos migratorios ilegales de parte del crimen organizado, o por “...la hostilidad creciente de autoridades y población norteamericana hacia los mismos; asimismo tiene que ver de manera importante con la recesión de la economía estadounidense que ha incidido negativamente en los niveles de empleo y condiciones laborales de la población inmigrante mexicana y con la violencia e inseguridad. Los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, reportan un total de 492 mil intentos de cruce de mexicanos hacia Estados Unidos por motivos laborales en 2010, los cuales cayeron en 34 y 22 por ciento en relación con los desplazamientos observados en 2008 y 2009, respectivamente. Esta disminución fue mayor en los intentos de cruce indocumentados, pasando de 683 mil en 2007 a 235 mil en 2010. De tal forma que la emigración indocumentada, que representaba un 81 por ciento del total de cruces en 2007, fue tan sólo de 48 por ciento en 2010. Los datos del censo mexicano de población de 2010 muestran una reducción de la migración quinquenal”.8

“Entre 2008 y 2012, se registró una disminución en los flujos migratorios laborales entre México y Estados Unidos. Para 2012, los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, reportan un flujo total de 276 mil eventos de migrantes mexicanos con destino a Estados Unidos; y un flujo total de 165 mil eventos de mexicanos desde ese país. Ambas cifras son, por mucho, menores a las registradas en años anteriores”.9

No obstante, “el flujo de migrantes mexicanos no documentados que se dirigía a Estados Unidos se incrementó de 166 mil en 2011 a 182 mil eventos en 2012. En cambio, el flujo de mexicanos documentados presentó una disminución al pasar de 151 mil a 94 mil eventos”.10

El anterior comportamiento si bien solo fue coyuntural, es decir, correspondiente solo a un corto período de tiempo, es un indicador que debe preocuparnos pues son precisamente los indocumentados los más vulnerables de que les sean violentados sus derechos y de sean perjudicados por el crimen organizado, en su intento de cruzar la frontera.

Otra razón, para que el estado de Querétaro vele institucionalmente por su población con alguna necesidad migratoria. En el abandono, sin orientación, a veces sin conciencia de los riesgos y de los resultados finales, donde la prosperidad anhelada casi nunca se realiza, y acaba siendo un simple cambio de residencia a veces con mayores carencias que en los lugares de origen, y sin identidad.

Muchos migrantes si hubieran sido asesorados no hubieran partido, como señala en su libro el autor de origen queretano, tequisquiapense por cierto y radicado en Chicago, Raúl Dorantes “Y nos vinimos de mojados”.11

Pese a los riesgos, “la búsqueda de trabajo constituye el principal motivo para migrar a Estados Unidos. Alrededor de 80 por ciento de los migrantes tiene o cuenta con experiencia migratoria, y poco más de seis de cada diez no cuenta con documentos migratorios para entrar, residir o trabajar en ese país.”12

“Así, en el mediano plazo, mientras que entre 1995 y 2000, 1 millón 209 mil mexicanos emigraron al vecino país, entre 2005 y 2010 sólo 683 mil lo hicieron, es decir, 526 mil personas menos que en el quinquenio anterior”.13

Asimismo, y “de acuerdo con esta misma fuente, también se dio un aumento en la migración de retorno, la cual pasó de 267 mil migrantes en el quinquenio comprendido entre 1995 y 2000 a 824 mil en el periodo 2005- 2010, lo que representó un incremento de 300 por ciento. Este conjunto de cambios plantean la interrogante de si se trata de un nuevo patrón migratorio, o si son modificaciones coyunturales, consecuencia de la recesión económica y políticas migratorias en Estados Unidos, que al estabilizarse traerían de vuelta los patrones migratorios anteriores”.14

Lo cierto es que ya no debemos ser reactivos sino proactivos hacia un fenómeno arraigado en el psique de la sociedad mexicana y por supuesto queretana, con una importancia económica creciente como más adelante apreciaremos, cuando abordemos el tema de las remesas.

Ahora bien, regresando al argumento sobre la real situación económica de nuestros migrantes “En 2013, 28.4 por ciento de la población mexicana en Estados Unidos vivía en condición de pobreza. En 2007, previo a los efecto más severos de la crisis, fue el año en que se mostró la menor proporción de pobreza entre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, pero tras la crisis económica dicha proporción pasó de 22.1 por ciento en 2007 a 29.9 por ciento en 2011”.15

Es decir, casi una tercera parte de los migrantes mexicanos se encuentran en situaciones similares o peores a las que experimentaban en sus localidades de origen. En este escenario, al menos 30 mil queretanos podrían estar viviendo en situación de pobreza, ¿por qué no entonces generamos programas que orienten a nuestra población que tiene intenciones de migrar, para que mejor aporten a sus comunidades?, ¿por qué no generamos programas especialmente diseñados para población de segmentos que tienen escasa probabilidad de éxito económico al migrar, como adultos mayores, niños o discapacitados?, ¿por qué no hacerlo ahora? Bajo un escenario cada vez más hostil hacia nuestros migrantes en Estados Unidos, donde a veces ni los más capaces pueden sortear la xenofobia de aquel país.

Donde “... durante el periodo 2002-2011 se observó que dos terceras partes de la población migrante removida en Estados Unidos fueron migrantes mexicanos, los cuales han ido en aumento en los últimos 10 años”.16

Es decir, los mexicanos somos la población objetivo cuando de deportaciones y repatriaciones se diseña algún plan o programa en Estados Unidos.

Continuando; “en 2013, de los 11.8 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, 7.7 millones formaron parte de la población económicamente activa (PEA), de los cuales 91 por ciento (7.0 millones) estaban empleados (población ocupada), y 9 por ciento restante buscaba empleo (desempleados). De 1995 a 2013, la PEA aumentó en 83 por ciento; y entre 2009 y 2012 se observaron elevadas tasas de desempleo entre los migrantes mexicanos”.17

Los datos anteriores expresan una triste realidad, si alrededor de poco más de ocho de cada 10 migrantes mexicanos se encuentran empleados, pero un tercio se encuentra en condición de pobreza, quiere decir que sus empleos no dan para vivir en condiciones adecuadas siquiera y por tanto, es común que los migrantes tengan más de un trabajo extendiendo sus jornadas laborales arriba de las 16 horas diarias.

¿Los frutos de tan sobresaliente capacidad laboral no podría ser bien utilizada en nuestro propio país?

Es decir, con independencia del tipo de actividades que desarrollan en el exterior nuestros migrantes, también generan una expertiz que podríamos aprovechar en sus comunidades de origen. El emprendurismo de los migrantes y los recursos que envían detona el crecimiento sin dudad, acaso ¿no podemos darle orden y planificación a este esfuerzo de nuestros connacionales? ¡Deberíamos!

A saber, las áreas que podríamos explorar se nos señala a continuación: “la actividad económica en la que más mexicanos migrantes se encontraban ocupados en 2013 era hostelería y esparcimiento (17.6 por ciento), seguida por la construcción (17.0 por ciento), los servicios profesionales y administrativos (13.4 por ciento) y las manufacturas (12.9 por ciento). De esas cuatro actividades, el empleo en la construcción y las manufacturas se vieron afectados por la crisis económica de 2008, ya que mostró una disminución de la población ocupada en estas industrias”.18

En Querétaro por ejemplo, con la importancia de nuestros “Pueblos Mágicos”, ¿no podríamos generar algún esquema de colaboración con nuestros migrantes para atraer turismo de Estados Unidos a estos específicos destinos?, ¿no podríamos generar alguna capacitación en línea de nuestros migrantes que se desenvuelven en áreas como hostelería y esparcimiento, para tanto turismo alternativo que existe en la Sierra Gorda o en la huasteca queretana? Son solo ideas que reflejan el potencial que una institución pública podría tener de establecerse en nuestra entidad.

Asimismo, “... en los últimos años México se ha convertido en territorio de paso para miles de migrantes, sobre todo de centroamericanos, que ingresan por la frontera sur y se desplazan por el país con la intención de llegar a Estados Unidos. Este flujo está compuesto en su mayoría por hombres y mujeres en edades potencialmente productivas y reproductivas, sin embargo, cada vez son más los niños y adolescentes que van en busca de sus padres o que emigran por iniciativa propia”.19

“Entre 2009 y 2012, se registró un aumento en el número de eventos de retorno asistido de menores migrantes centroamericanos. En 2009, se registraron 3 mil 985 eventos, en tanto que en 2012, la cifra ascendió a casi seis mil. La mayor parte de los menores migrantes centroamericanos retornados tienen entre 12 y 17 años, los cuales representan más de 80 por ciento del total”.20

“Un porcentaje alto de los menores centroamericanos migran sin la compañía de un adulto. De hecho, entre 2009 y 2012, la cifra de menores no acompañados aumentó de 48.8 a 67.5 por ciento.”21

“Año tras año miles de mujeres centroamericanas transitan por territorio mexicano con la intensión de llegar a Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México, en 2012 poco más de 12 mil mujeres migrantes centroamericanas fueron devueltas por las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses. La participación de las mujeres originarias de Guatemala en los flujos migratorios que se dirigen hacia EEUU se ha mantenido estable en los últimos años. En cambio, el flujo femenino proveniente de Honduras se ha incrementado, y el de El Salvador ha tendido a disminuir”.22

“Alrededor de cinco de cada diez de las mujeres centroamericanas devueltas utilizó la ayuda de algún “coyote” o “pollero” para transitar por México o para cruzar a Estados Unidos”.23

Por su parte, el porcentaje de los migrantes devueltos que sufrieron alguna violación a sus derechos por parte de las autoridades estadounidenses paso de un 21.6 por ciento en 2011, a 31.7 por ciento en 2014.24

En este sentido, los párrafos anteriores son muy familiares para cualquier queretano, donde en la propia capital del estado o en cualquier territorio donde crucen las vías del tren apodado “la bestia” rumbo al norte, podemos ver a migrantes centroamericanos solicitando ayuda. Situación que sin el matiz humanitario, al tratarse de una especie de limbo legal, solo genera entornos aprovechados por la delincuencia donde el proceder de la justicia se ve seriamente limitado ya sea para cuidar a los locales o bien para proteger los derechos de los foráneos. Sin duda se requieren lineamientos bien diseñados de tolerancia y atención a este tipo de flujos, así como una perfecta coordinación entre ámbitos y niveles de gobierno.

Regresando a la situación de los migrantes mexicanos, “... ir y regresar de Estados Unidos es práctica muy común. Sin embargo, el flujo de migrantes de retorno desde el vecino país del norte a México ha adquirido importancia numérica en los últimos años. Entre los factores que explican dicho fenómeno se encuentran: el aumento de las deportaciones y otras formas de retorno forzado, la pérdida de empleos y el deterioro de las condiciones de vida de los migrantes (como ya se citó), entre otros”.25

“La migración de retorno se ha incrementado recientemente, lo anterior de acuerdo con datos censales, el número de hombres y mujeres nacidos en México que regresaron de Estados Unidos aumentó de 267 mil personas entre 1995 y 2000 a 824 mil en el quinquenio 2005-2010”.26

“La mayor parte de los migrantes de retorno tienen entre 14 y 44 años, es decir, son personas en edades potencialmente productivas y reproductivas; en mayoría casados o unidos, y residen en localidades urbanas. No obstante, los datos también muestran un incremento, entre periodos censales, de los migrantes de retorno de 30 a 44 años de edad y de aquellos que regresaron a localidades rurales”.27

“En 2012, de los migrantes retornados mexicanos, 43.4 por ciento tenía entre 18 y 34 años de edad, y gran parte sólo hasta estudios de nivel secundaria. Sólo el 4.8 por ciento tenía una carrera universitaria”.28

“Durante el periodo 2005-2012, en general, se observa que más de dos terceras partes de los retornados encuentran su primer empleo en menos de 3 meses de regresar a México, a los seis meses entre 98 por ciento a 95 por ciento ya contaron con al menos un trabajo y al cabo de un año casi todos ya se han insertado al menos una vez al mercado laboral.”29

“De 2005 a 2012 el porcentaje de los migrantes de retorno empleados en el sector informal osciló entre 32.2 y 37.4 por ciento, mientras que los retornados ocupados con servicio de salud no superaron más de 15.4 por ciento en ese mismo periodo. Es decir, gran parte de los migrantes mexicanos de retorno se insertan a su regreso a México a empleos informales.”30

Ante la situación descrita, urge tener un protocolo mínimo para la reintegración social de nuestros migrantes retornados, comenzando por el ámbito estatal. Querétaro podría ser punta de lanza si a través de una instancia especializada diseña este procedimiento que sin duda beneficiaría a toda la población del estado.

Asimismo, no perdamos de vista que “...en los últimos años se ha observado un incremento en el porcentaje de menores mexicanos de 12 a 17 años repatriados por las autoridades migratorias estadounidenses. Este aumento ha sido particularmente notable en los menores no acompañados”.31

Como sociedad y como gobierno, no podemos admitir la migración ilegal infantil bajo ninguna forma, debemos ser contundentes y Querétaro también podría pronunciarse en la materia, como el día de hoy yo lo hago con la voz de mis representados y a través de la presente proposición con punto de acuerdo.

La migración internacional es un fenómeno que impacta fuertemente en la vida de los migrantes, sus familias y comunidades de origen. A nivel familiar, se ha documentado que la migración no sólo trastoca la estructura y composición de los hogares, sino que también contribuye a cambiar de diferente manera la vida cotidiana de los que se quedan, ya sea propiciando un redefinición de roles o introduciendo cambios en las actividades que realizan.32

“En 2010 había 555 mil viviendas en México con miembros que emigraron a Estados Unidos u otro país entre 2005-2010, lo cual representa cerca de 2 por ciento del total de las viviendas habitadas; mientras que en 2000 esta proporción era de 4 por ciento. (Donde) las viviendas con emigrantes internacionales se concentran más en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes”.33

“En las viviendas con algún familiar emigrante del quinquenio anterior predomina una mayor proporción de jefes del hogar del sexo masculino, son principalmente entre 40 a 59 años de edad y tienen menores niveles de escolaridad, en comparación a viviendas sin familiares emigrantes”.34

“En México, las viviendas con miembros que han emigrado entre 2005-2010 a Estados Unidos u otro país cuentan con menor abastecimiento de agua entubada dentro de la vivienda y menor proporción del sistema de drenaje conectado a la red pública, características que pueden indicar menores niveles de desarrollo económico en las comunidades de origen; pero cuentan con mayor suministro de energía eléctrica”.35

Es decir, el tema de la migración es particularmente sensible en nuestro país, dado que continúa afectando a la población más necesitada. El significado directo es que nuestra gente, antes que quedarse con los brazos cruzados ante su precariedad, prefiere tomar el azaroso camino de la migración en la búsqueda quimérica de mejores condiciones de vida para ellos mismos y sus familias.

Nosotros no podemos tampoco, seguir quedándonos cruzados de brazos, es motivo por el cual el presente punto de acuerdo, pretende exhortar al gobierno de Querétaro, para que cree un Instituto del Migrante del estado de Querétaro.

Esfuerzo llevado a buen término ya en otras entidades federativas, pero que sin duda merece ya que le demos darle un mucho mayor alcance.

Ahora bien, respecto de apartado de las remesas, es decir, “el dinero que los migrantes internacionales envían a sus países de origen, han representado y lo seguirán siendo un apoyo financiero de vital importancia para miles de familias y sus comunidades. En el caso de México, las remesas constituyen ya la principal fuente de ingresos de divisas al país, siguiéndole las exportaciones petroleras. A nivel individual y familiar, dichos recursos representan una importante fuente de ingresos y cubren la mayor parte del consumo del hogar”.36

“El flujo de remesas mundiales ha venido creciendo año con año en la última década, a 548.9 mil millones de dólares en 2013; solo en 2009, tras la crisis financiera, se registró una caída. Pronósticos del Banco Mundial indican que el flujo mundial de remesas llegará a más de 700 mil millones de dólares en 2016”.37

“En 2013, según las estimaciones del Banco Mundial, cerca de 78.6 por ciento de las remesas mundiales se enviaron desde países desarrollados. Después de la importancia de los recursos provenientes de países desarrollados, los envíos intrarregionales son la segunda fuente más importante de remesas en las regiones en vías de desarrollo”.38

“En 2013, el principal país de origen de las remesas fue Estados Unidos, cuyo envío correspondió cerca de 128 mil millones de dólares representando 23.3 por ciento del total mundial”.39

“En 2013, México fue el segundo país con más migrantes en el mundo, y ocupó el cuarto lugar entre los principales países receptores de remesas en el mundo, con un total estimado aproximado a los 22 mil millones de dólares captados en ese mismo año, cifra correspondiente al 4.0% del total mundial”.40

“...Cuyo envío promedio fue de 292 dólares en ese año. Antes de la crisis económica en 2007, se llegó a alcanzar inclusive un máximo histórico con un monto superior a los 26 mil millones de dólares”.41

“Dentro de los países de América Latina y el Caribe, en 2013, México es por mucho el mayor receptor de remesas de la región... seguido de Guatemala y Colombia con 5.4 y 4.6 mil millones de dólares, respectivamente”.42

“Los hogares que reciben remesas se localizan principalmente en los ámbitos rurales y mixtos. El 53.5 por ciento se ubican en municipios con medio y alto grado de marginación; 43.7 por ciento tienen jefatura femenina, y casi la mitad de los jefes de hogar no terminó la educación primaria o no tiene estudios.”43

Sin duda la migración con los años, se ha convertido en una solución para sobrellevar la pobreza en nuestra población, ¿es correcto que no planifiquemos como país este importante flujo de recursos? Como sector público, no hacemos nada más allá de contabilizar y captar como reserva internacional los dólares enviados por nuestros migrantes, una vez que sus familias proceden a cambiar por moneda nacional sus envíos.

¿Por qué los gobiernos locales no diseñan políticas que orienten o incentiven a las familias sobre la utilización productiva de estos recursos, ofreciéndoles por ejemplo, estímulos administrativos para la apertura de empresas cuando se hagan con estos montos?, ¿Por qué gobierno federal no otorga estímulos fiscales a nuestros migrantes cuando manden dinero para invertir en sus comunidades de origen?

Propuestas y lineamientos que sin duda podrían salir de Institutos como el que hoy pretendemos se organice.

No obstante, esta gran oportunidad que representa la correcta utilización de este capital, que bien podría ser un catalizador económico para una inmensa cantidad de localidades en nuestro país, solo es aprovechada por algunas empresas que cobran por las transferencias de las remesas que envían nuestros migrantes.

“De acuerdo con datos de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de las ciudades donde mantiene monitoreo, en 2013 la menor comisión en promedio por enviar 300 dólares de Estados Unidos a México se encontró en la ciudad de Chicago, mientras que la mayor comisión en Houston”.44

El siguiente mapa indica de acuerdo a las cifras de la base de datos semanal de la Profeco, el costo promedio por enviar 300 dólares de ciudades seleccionadas de Estados Unidos a México (dólares):45

Lo anteriormente citado y directamente relacionado con nuestros migrantes, muestra otro tema cuestionable y que en posterior acuerdo abordaremos, como lo son las altas comisiones que se les cobran por enviar sus recursos a sus familias radicadas en el país. Situación que merece especial atención y regulación por parte de gobierno federal. Desde esta tribuna realizaremos en posterior fecha el exhorto respectivo donde solicitaremos a la Secretaría de Hacienda diseñe un programa de recepción de remesas de bajo costo, a través del sistema bancario de nuestro país.

“Diez son las entidades federativas con alto grado de intensidad migratoria a Estados Unidos: Aguascalientes, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí”.46

Para el caso que hoy nos ocupa, el siguiente cuadro muestra el total de viviendas, indicadores sobre migración a Estados Unidos, índice de intensidad migratoria y lugar en el contexto nacional de las entidades federativas con grado alto de intensidad migratoria, en el 2010 en el estado de Querétaro:47

“Aunque el despunte de la migración internacional de la región centro se dio a partir de las décadas de 1980 y 1990, en la actualidad alrededor de una quinta parte del total de los municipios que la conforman (553) presenta un grado de intensidad migratoria alto o muy alto. Las entidades de esta región con mayor porcentaje de municipios de alta o muy alta intensidad migratoria son Querétaro (55.6 por ciento) e Hidalgo (33.3 por ciento).”48

Por lo que respecta la información de envíos de dinero que hacen los mexicanos que viven en el exterior a sus familiares en Querétaro, el ingreso por remesas en 2014 fue de 398.2 millones de dólares.49 Incrementándose para el cierre de 2015, a 459 millones aproximadamente.

Con base a lo referido anteriormente las remesas de Querétaro incrementaron 15 por ciento en 2015, ubicando a Querétaro “como el tercer estado a nivel nacional con mayor incremento en el flujo de divisas, solamente detrás de Chiapas y Chihuahua, que presentaron avances de 18 y 16 por ciento, en el mismo orden, con ingresos por 593.2 millones y 643.2 millones de dólares. En contraste, cuatro estado presentaron bajas en sus remesas: Distrito Federal, Tamaulipas, Coahuila y Tabasco; de 28, 20, 1.4 y 0.7 por ciento, respectivamente.”50

“De acuerdo con las estadísticas del banco central, el estado de Querétaro recibió 61.7 millones de dólares más en el 2015, respecto de lo que recibió durante el 2014.”51

El presidente del Colegio Queretano de Economistas, Arturo Muñoz Villalobos señaló que uno de los factores que influyeron en que los connacionales ahorraran una mayor cantidad de dinero para hacerla llegar a sus familias, fue por una parte “el tipo de cambio peso-dólar durante 2015”, permitió mayor flujo de la divisa hacia la entidad...”52

De igual manera manifestó que “desde el 2015, el dólar mantiene una tendencia alcista. Y Según los especialistas, se prevé que la volatilidad cambiaria prevalezca al menos hasta el segundo trimestre de 2016.” Por lo que “ante dichas circunstancias, en los siguientes meses podría continuar la tendencia de una mayor captación de divisas provenientes del extranjero, principalmente de Estados Unidos.”53

Que significa lo anterior, primero que nada la importancia que las remesas representan para nuestra entidad. Si ponemos en contexto que el Presupuesto de Egresos para el Estado de Querétaro de 2016 se sitúa en el orden de 29 mil millones de pesos; los 459 millones dólares de remesas captados en 2015 que constituyen 8 mil 270 millones de pesos, tenemos que el monto de estos recursos representa 28.5 por ciento de todos los recursos del sector público en el estado, casi una tercera parte, ni más ni menos.

En segundo término, ¿acaso tal magnitud de recursos no amerita políticas públicas específicamente diseñadas y la propia creación de una institución que lidere la materia en Querétaro?

Rematando lo anterior, los recursos de los migrantes podrían ser complementados a través de ciertos fondos federales relacionados, tal es el caso del “Fondo de Apoyo a Migrantes” “...que es un Programa que opera de manera descentralizada en 24 entidades federativas, en los municipios ubicados en los estratos de bienestar 1 a 4 definidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; en los que más del diez por ciento de los hogares reciben remesas...”54

Municipios queretanos como Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller y San Joaquín son elegibles para recibir recursos de este fondo y sin embargo, no ha existido esfuerzo institucional para alcanzarlos.55 Urge poner rumbo en la materia que hoy abordamos.

Para concluir, debemos reconocer el esfuerzo de varias entidades federativas que han creado instituciones encargadas de velar y apoyar en coadyuvancia a las facultades federales en materia de migración, en beneficio de su propio fenómeno migratorio.

Actualmente Oaxaca cuenta con un “Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante”, Tamaulipas cuenta con un “Instituto Tamaulipeco para los Migrantes”, el Estado de San Luis Potosí cuenta con un “Instituto de Atención a Migrantes del Estado de San Luis Potosí”, el Estado de Guanajuato cuenta con un “Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias”.

Es por lo expuesto, que someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro para, que en el ámbito de sus facultades, cree el Instituto del Migrante del estado de Querétaro.

Notas

1 Conapo. Uribe M., Ramírez T. & Labarthe R. (2012), “Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010. ” Página 9. Ver

http://www.bing.com/search?PC=WCUG&FORM=WCUGDF&q =Migraci%C3%B3n+M%C3%A9xico-Estados+Unidos&conversationid=9F3E91CA2 51A43A9B07CCE5DDC9BB0E0

2 Ibídem, 11.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Ibídem, 12.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Secretaría de Gobernación / Consejo Nacional de Población. (2014). “Anuario de migración y remesas .” P. 52. Ver
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Anuario_de_Migracion_y_Remesas_Mexico_2014

10 Ibídem, 53.

11 México, UACM, Dorantes, Raúl (2007), “Y nos vinimos de mojados”. A sociological examination of de mexican comunity iving in Chicago, Illinois.

12 Secretaría de Gobernación / Consejo Nacional de Población. (2014). “Anuario de migración y remesas .” P. 55. Ver http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Anuario_de_Migracion_y_Remesas_Mexic o_2014

13 Conapo. Uribe M., Ramírez T. & Labarthe R. (2012), “Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010. ” P. 12 Ver.
http://www.bing.com/search?PC=WCUG&FORM=WCUGDF&q=Migraci%C3%B3n+M%C3%A9xico-Estados+Unidos&
conversationid=9F3E91CA251A43A9B07CCE5DDC9BB0E0

14 Ibídem, 12.

15 Ibídem, 44.

16 Ibídem, 87.

17 Ibídem, 46.

18 Secretaría de Gobernación / Consejo Nacional de Población. (2014). “Anuario de migración y remesas .” P. 48. Ver:
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Anuario_de_Migracion_y_Remesas_Mexico_2014

19 Ibídem, 63.

20 Ibídem, 64.

21 Ibídem, 65.

22 Ibídem, 66.

23 Ibídem, 70.

24 Encuestas sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur de México. (2014).“Indicadores Anuales de la EMIF Norte. ”
http://www.colef.mx/emif/indicadores.php

25 Secretaría de Gobernación / Consejo Nacional de Población. (2014). “Anuario de migración y remesas .” P. 73. Ver:
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Anuario_de_Migracion_y_Remesas_Mexico_2014

26 Ibídem, 74.

27 Ibídem, 76.

28 Ibídem, 80.

29 Ibídem, 81.

30 Ibídem, 83.

31 Ibídem, 85.

32 Ibídem, 91.

33 Ibídem, 92.

34 Ibídem, 93.

35 Ibídem, 96.

36 Ibídem, 121.

37 Ibídem, 122.

38 Ibídem, 124.

39 Ibídem, 125.

40 Ibídem, 126.

41 Ibídem, 132.

42 Ibídem, 129.

43 Ibídem, 140.

44 Ibídem, 143.

45 Ídem.

46 Conapo (2010).“Intensidad migratoria a nivel estatal y municipal .” P. 34 Ver.

http://www.bing.com/search?PC=WCUG&FORM=WCUGDF&q=609+municipios+clasificados
+como+de+Altao+Muy+Alta+intensidad+migratoria,&conversationid=ECA3BA79E23245CF9F92ADBEA8EB0490

47 Ibídem, 35.

48 Ibídem, 40.

49 Instituto de los Mexicanos en el Exterior. (s/d). “Reporte de Remesas Cifras al Cierre de 2014.” Ver.
http://www.ime.gob.mx/es/remesas

50 El Economista. Becerril D. (2 de febrero de 2016) “Remesas aumentan 15 por ciento en 2015. ” Ver.
http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2016/02/02/remesas-aumentan-15-2015

51 Ídem.

52 Ídem.

53 Ídem.

54 Diario Oficial de la Federación. (2015). “Lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes.” Ver.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5390711&fecha=30/04/2015

55 Ídem.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2016.

Diputado José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a realizar acciones para cumplir en 2016 los objetivos de la campaña planteada por la OMS La Sangre nos Conecta a Todos, como parte del Día Mundial del Donante de Sangre, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud en su calendario anual tiene una serie de campañas sobre la salud con la finalidad de concientizar a la población y dar a conocer la problemática de salud que se vive desde el nivel local hasta el internacional, por ello es que el organismo ha declarado el 14 de junio como el Día Internacional del Donante de Sangre, esta celebración es una forma de reconocimiento a todas las personas que voluntaria y desinteresadamente contribuyen a dar esperanza de vida a otros seres humanos a través de donar su sangre.

La importancia de mantener un equilibrio entre la oferta y a la demanda de sangre es cada vez más necesario pues “las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas. Permiten aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con enfermedades potencialmente letales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. También desempeñan un papel fundamental en la atención materno-infantil, los desastres naturales y los desastres provocados por el ser humano, pues permiten salvar la vida de muchas personas”.1

No obstante una de las tareas más difíciles para incrementar los índices de donantes es la concientización de la población en el reconocimiento de la importancia de la donación voluntaria, pues según la Organización Mundial de la Salud, en la mayoría de los países mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda de sangre ha resultado muy complicado y para alcanzar un resultado positivo en este tema se requiere de un incremento sustancial en las donaciones voluntarias no remuneradas.

La OMS señala que en la actualidad existen solo 62 países en el mundo que mantienen un equilibrio entre la oferta y la demanda, mientras que 40 países siguen dependiendo de las donaciones procedentes de familiares o donantes remunerados, por lo que uno de los objetivos en el marco de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre fue el de sensibilizar a los Ministerios de Salud para “que manifiesten su reconocimiento a los donantes voluntarios no remunerados habituales y se comprometan a lograr la autosuficiencia en sangre y productos sanguíneos íntegramente basada en donaciones voluntarias y no remuneradas.”2

Los índices de edad a nivel mundial de acuerdo a datos emitidos por 111 países y que da a conocer la OMS es revelador pues la edad y el sexo de los donadores según el país es una cifra variante que puede servir para tomar algunas decisiones y realizar programas de sensibilización sobre la importancia de donación de sangre.

La gráfica anterior señala que el rubro de 18 a 25 años en los países de renta media y baja, los jóvenes inciden en un 41 por ciento en la donación de sangre, así como el rubro de 25 a 44 años ocupan un segundo lugar con una incidencia del 37 por ciento, por lo que en este sentido es necesario fortalecer la promoción y el compromiso de donadores voluntarios, para aumentar en una primera instancia los índices de donación voluntaria y en una segunda etapa alcanzar y mantener el equilibrio entre la oferta y demanda de sangre.

Por ello es necesario que mediante campañas de promoción de donación de sangre, la Secretaria de Salud Federal, sensibilice a la población en la donación voluntaria pues la población en general desconoce la necesidad de requerimientos de sangre y no visualiza la importancia que tiene donar sangre de manera voluntaria y habitual como parte de su responsabilidad social.

Actualmente se carece de alguna política pública encaminada al incremento de donadores voluntarios, en las que se resalte la necesidad que tienen los bancos de sangre de contar con reservas suficientes para un eventual evento catastrófico y donde se enuncien los beneficios de ser donador constante. Por lo que se hace necesario crear estos mecanismos que faciliten la donación altruista y donde la población se vea beneficiada, al obtener el resultado de sus análisis por medios electrónicos y conocer así el estado que guarda su salud.

De acuerdo con el Programa de Acción Especifico “Seguridad de la Sangre y de las Células Troncales”, durante el periodo 2006-2012 se mantuvo el mínimo requerido por la OMS que es de 100 donadores por cada 10,000 mil habitantes ya que la tasa de donación fue de entre 124 y 135 donaciones. En términos porcentuales el 97.3 por ciento por ciento de las donaciones se llevó a cabo por el esquema de reposición o familiar, sin embargo este esquema conlleva mayores riesgos en la seguridad sanguínea.

Por otro lado “actualmente, en México, no se supera el 3 por ciento de la donación voluntaria y altruista”3 a pesar de que los donantes de sangre voluntarios tienen de cinco a siete veces menos riesgo de transmitir una infección por virus de la inmunodeficiencia humana, virus B y C de la hepatitis

La Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos”, establece disposiciones concretas respecto de los resultados de los análisis sanguíneos realizados a los donadores.

Entre otros aspectos señala:

“5.2.4. Para la notificación de los resultados de los análisis de laboratorio que indican que la donación no es apta, se deberá proceder como sigue:

a) Los resultados se entregarán por escrito por personal autorizado, exclusivamente al interesado. Tratándose de menores o incapaces sometidos a procedimientos de autotransfusión, los resultados se entregarán a cualquiera de las personas siguientes: el padre, la madre, el tutor, quien ejerza la patria potestad o el representante legal;

b) La entrega de resultados deberá hacerse siempre mediante consejería y de manera personal. Se proporcionará la orientación pertinente, a fin de que puedan acceder a una atención médica oportuna;

c) Todas las acciones realizadas para los fines de este apartado, deberán registrarse en el expediente del donante o del paciente, y

d) El interesado o, en su caso, cualquiera de las personas señaladas en el inciso a) de este apartado, acreditarán la recepción de la notificación mediante su firma o huella dactilar.

5.2.5. En caso de que en los análisis de laboratorio se advierta que la donación es idónea, los resultados se entregarán por escrito sólo si el interesado o, en su caso, el padre, la madre, el tutor, quien ejerza la patria potestad o el representante legal así lo solicitan”.

En este sentido es que el presente instrumento parlamentario tiene como objetivo impulsar los objetivos que se planteó la OMS en este 2016 como parte del Día Mundial del Donante de Sangre y que se resumen en cinco ejes:

• Agradecer a los donantes de sangre sus donaciones, que permiten salvar vidas humanas, y destacar el tema de la conexión que la sangre crea entre todos nosotros;

• Concienciar a la población sobre la necesidad de donar sangre con regularidad y de manera desinteresada, e incitar a quienes nunca han donado, particularmente a los jóvenes que gozan de buena salud, a que comiencen a hacerlo;

• Promover y resaltar la necesidad de compartir la vida mediante la donación de sangre;

• Centrarse en los servicios de sangre como servicio comunitario, así como en la importancia de la participación de la comunidad para poder contar con un suministro de sangre suficiente, segura y sostenible;

• Convencer a los ministerios de salud de que manifiesten su reconocimiento a los donantes voluntarios no remunerados habituales y se comprometan a lograr la autosuficiencia en sangre y productos sanguíneos íntegramente basada en donaciones voluntarias y no remuneradas.4

Asimismo buscamos contribuir en el impulso de la concientización y el reconocimiento a quienes voluntaria o a manera de reposición han donado sangre para ayudar a salvar vidas, por lo que solicitamos lo siguiente:

Primero: Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que realice las acciones necesarias para cumplir con todos los objetivos para la campaña 2016, planteada por la OMS «La sangre nos conecta a todos»

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud para que tome las acciones necesarias para implementar campañas de información focalizadas a la población de 18 a 45 años de edad para que se conviertan en donantes voluntarios y de repetición.

Tercero: Como parte del reconocimiento a quien dona sangre, se facilite mediante la actualización jurídica o administrativa de los manuales de donación de sangre, la entrega vía correo electrónico de los resultados de los análisis sanguíneos realizados a los donadores voluntarios.

Notas

1 http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2016/event/es/

2 Ídem

3 Programa de Acción Especifico “Seguridad de la sangre y de las células Troncales”, página 24

4 http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2016/event/es/. Día Mundial del Donante de Sangre 2016: La sangre nos conecta a todos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a realizar acciones para satisfacer en su totalidad la demanda de servicios médicos en el hospital civil Doctor Aurelio Valdivieso, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presente proposición tiene como finalidad denunciar los terribles hechos que se están presentando en el estado de Oaxaca relativo al sector salud local; en los últimos meses han salido a la luz una serie de irregularidades que han provocado el colapso del sector salud en mi entidad que no sólo tiene que lidiar con las fallas estructurales del sistema de salud a nivel nacional, sino que tiene que enfrentarse a los graves casos de corrupción que han dañado el funcionamiento de los servicios de salud estatales.

El tema reviste vital importancia debido a que el sector salud en cualquier parte del mundo es básico para el buen funcionamiento de la sociedad. La demanda de los servicios de salud crece día con día en todo el país y Oaxaca no es la excepción. Desgraciadamente hoy, mi estado, vive una de las peores épocas en la materia debido al deterioro de dichos servicios provocados en gran medida por la corrupción cometida por parte de la autoridad local en los últimos años.

La salud, como todos sabemos, es uno de los derechos fundamentales para todo ser humano y es considerado un factor insustituible que influye en el bienestar social, el desarrollo, la economía y la educación de los pueblos, aspectos que obligan a las instituciones hospitalarias en cualquier entidad federativa del país, a ofrecer atención médica oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.1

Una de las preocupaciones medulares para cualquier Estado es la relacionada con los servicios de salud, ya que, muchos de los organismos públicos alrededor del país cargan sobre su espalda percepciones de ineficiencia, lentitud de respuesta y falta de capacidad para atender las demandas sociales en la materia.

En particular, en salud pública, se ha destacado continuamente como principales deficiencias del sistema de salud el trato inadecuado e incorrecto que se brinda a los derechohabientes, la deficiente información por parte de las áreas administrativas y médicas de los hospitales, la falta de equipo y espacios físicos inadecuados y, en general, la insatisfacción de los usuarios y de los profesionales de la salud.2

Derivado de la anterior, el Estado mexicano a través del Poder Ejecutivo federal o local, tiene como obligación primordial garantizar la calidad en la atención oportuna al usuario de los servicios de salud mediante los recursos y conocimientos médicos más adecuados, con compromiso y participación de todos los actores en la atención médica y con satisfacción de las necesidades de salud.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS 2009) ha declarado que la calidad de los servicios de salud contempla ˜ elementos como otorgar seguridad a los pacientes, reducir el riesgo en los procedimientos médicos, llevar a cabo una gestión eficiente de los recursos, aumentar la probabilidad de lograr los resultados sanitarios deseados y responder en forma pronta y satisfactoria las demandas y cuestionamientos de los usuarios o derechohabientes.3

De ahí, que estudios recientes llevados a cabo por el Grupo de Trabajo de la Fundación Mexicana para la Salud en el año 2013 señalan que: “las condiciones de salud en el corto y mediano plazo exigen la ejecución de nuevas reformas de gestión, a fin de mejorar las condiciones de las unidades de atención médica para responder eficientemente a las demandas de la comunidad y avanzar en la universalidad de los servicios de salud, considerando estratégicamente los elementos básicos del concepto de la calidad en la prestación de los servicios médicos.4

Empero, nuestro país y en especial el estado de Oaxaca presentan uno de los mayores rezagos en el sector salud a nivel mundial.

Lo anterior debido, a la fragmentación y a falta de vinculación entre financiación, aseguramiento y provisión de servicios médicos; aunado a estas fallas estructurales se encuentra la corrupción rampante que se presenta en prácticamente todo el país.

Como nunca en su historia reciente, el sector salud en Oaxaca vive una de las peores crisis financieras debidas, en gran medida, a los malos manejos y la falta de interés de la autoridad local por ejercer eficazmente el presupuesto asignado.

La grave crisis que atraviesa el sector salud de mi estado escalo el nivel nacional, cuando se dieron a conocer los resultados que arrojó la Auditoria Superior de la Federación en donde se observaron diversas irregularidades como impuestos retenidos, recursos no transferidos y rendimientos no comprobados.

En los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2013 y 2014 la ASF dio cuenta de 56 auditorías, 19 de ellas aún en curso, al gasto federalizado que se transfirieron al gobierno Oaxaqueño a través del Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y PROSPERA; en las que está en duda el destino de al menos 790 millones de pesos.

El último caso de la grave crisis que vive el sector salud en Oaxaca es el ocurrido en el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, en donde por la falta de desabasto de insumos y medicamentos se anunció el cobro de los servicios médicos de consulta y hospitalización para cualquier usurario y derechohabientes aún al acreditar su inscripción al Seguro Popular.

La situación que vive el sector es insostenible y en suma preocupante. El cobro de servicios de salud es una clara violación a la norma establecida, es en suma, una vergüenza para cualquier gobierno en cualquier entidad federativa.

La crisis social, económica y política que está viviendo mi entidad de origen ha sobrepasado cualquier límite.

El Hospital Civil de Oaxaca es el más grande e importante del estado ya que, atiende al mayor número de usuarios pertenecientes a la población más pobre de toda la entidad y que generalmente son indígenas.

La propia directora del centro hospitalario se vio en la necesidad de hacer pública la penosa situación que se vive dentro de la institución médica, indicando de manera por demás lamentable que el abasto de medicamentos e insumos necesarios para otorgar servicios de salud ante la gran demanda diaria solo se han podido cubrir en un cincuenta por ciento y en algunos casos solo han alcanzado la cobertura médica en un treinta por ciento.

Es indignante el abandono en el que se encuentra el sector salud local. Ante la eventual salida de la presente administración pública han quedado evidenciados un cumulo de actos de corrupción que adicionados a las fallas estructurales del sistema de salud a nivel nacional han postrado a la sociedad oaxaqueña en unas de sus más cruentas crisis.

Lo más preocupante del caso es, que como siempre los más perjudicados son las y los usuarios y derechohabientes que tienen que ver cómo resolver sus problemas ante la ineficacia de las autoridades y más hablando de temas tan delicados como lo son los relacionados con los servicios de salud.

Lo hemos denunciado ya anteriormente, el gobernador tiene que dar alguna muestra de que su gestión le sirvió al pueblo de Oaxaca, no se puede ir dejando un trabajo tan lamentable.

Estamos seguros, de que puede cumplir con su responsabilidad constitucional y lograr en la marco de la ley y antes de que termine su administración, avances para el otorgamiento de los recursos necesarios para cubrir con la demanda de servicios médicos en el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” y así evitar una grave injusticia y violación a la Ley por el cobro en los servicios de salud que brinda el multicitado nosocomio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de solicitar que esta soberanía apruebe los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a realizar las acciones pertinentes para cubrir en su totalidad la demanda de servicios médicos en el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” ante el gran desabasto en el suministro de medicamentos e insumos hospitalarios básicos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar, a realizar las acciones pertinentes para cubrir en su totalidad la demanda de servicios médicos en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso” en el estado de Oaxaca.

Notas

1 Malagón, G., Galán, R. y Pontón, G. (2008). Administración hospitalaria. Bogotá: Medica Panamericana.

2 Arnoletto, E. y Díaz, A. (2009). Un aporte a la gestión pública. Hacia nuevos enfoques en la gestión organizacional de la administración Pública. Córdoba, Argentina. Disponible en: http://www.eumed.net/libros/2009b/550/index.htm.

3 Organización Mundial de la Salud (2009). Marco conceptual de la clasificación internacional para la seguridad del paciente [consultado el 18 Jul 2013]. Disponible en: http://www.who.int/patientsafety/implementation/icps/icps full report es.pdf.

4 Grupo de Trabajo de la Fundación Mexicana para la Salud. (2013). Universalidad de los servicios de salud en México. Salud Pública de México, 55(número especial), 1–64.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a construir un biciestacionamiento en la estación Buenavista del tren suburbano, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Por la posición estratégica, en la que se encuentra la estación Buenavista del tren suburbano y por la gran interconectividad con la que cuenta (Línea B del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, Metro, así como con la Línea 1, 3 y 4 del Metrobús), por tal motivo es de vital importancia el crear un mecanismo que permita fomentar la intermodalidad.1

2. Actualmente el tren suburbano se encuentra trabaja a la mitad de su capacidad en su ruta principal de Buenavista a Cuautitlán, el cual estimaba trasladar a 280,000 personas, al día de hoy cuenta con tan solo 150,000 pasajeros a bordo en promedio, por tal motivo la creación de un bici - estacionamiento contribuiría al aumento de la demanda al aumentar la intermodalidad en la zona.2

3. Actualmente en la estación Cuautitlán del tren suburbano ya cuenta con un biciestacionamiento, “el más grande del país” donde se reconoció a la bicicleta por autoridades de Ferrocarriles Suburbanos como “la mejor forma de llegar a las estaciones por ser una económica, rápida y directa”.

4. Que es una atribución de la Secretaría de Comunicaciones y transportes tal y como indica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su Artículo 36 Fracción I, es su obligación conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país.

5. Que es facultad de la secretaría, tal y como establece el artículo 10 fracción VIII del Reglamento interno de la Secretaría de Comunicaciones y transportes , atreves de sus distintas direcciones y unidades administrativas la evaluación de políticas públicas de su competencia.

6. Existe a través del ramo 9, unidad A00, clave 09K010, modalidad K, el recurso público en la secretaría para ejecutar este tipo de acciones como parte de la facultad que le transfiera la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

7. La ley de Planeación en el artículo 9, párrafo primero , otorga la facultad discrecional a las secretarías de Estado ,de establecer los programas que consideren pertinentes siempre y cuando vayan acorde al Plan Nacional de Desarrollo; se debe mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se busca crear un México prospero, en donde se conecten a los distintos puntos del país, por lo cual considero que el cruce de la estación Buenavista es un punto de crecimiento e intercambio económico muy importante en la ciudad de México.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que cumpla cabalmente con lo que marcan el Plan Nación de Desarrollo y el Programa Sectorial de esta secretaría.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes , a través del Instituto Mexicano del Transporte, para que instale un bici estacionamiento en el patio del Tren Suburbano Buenavista, beneficiando y garantizando el interés tanto Legitimo como jurídico de los habitantes de la Ciudad de México y del estado de México que utilizan dicho tren.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y el IFT a redoblar los esfuerzos orientados a establecer medidas efectivas para proteger al consumidor y garantizar el cumplimiento de la Carta de Derechos de los Usuarios ante los prestadores de servicios de telecomunicaciones e internet, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a redoblar los esfuerzos orientados a establecer medidas efectivas que protejan al consumidor y garanticen el cumplimiento de la carta de derechos de los usuarios, ante los prestadores de servicios de telecomunicaciones e internet, con base en las siguientes

Consideraciones

La promoción del deporte mediante medios de comunicación como la televisión, el radio y el internet, representa uno de las actividades más importantes y lucrativas que desarrollan los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

En los esquemas comerciales bajo los cuales se transmiten la mayoría de los eventos deportivos más populares de nuestro país como el boxeo, la lucha libre, el béisbol o el futbol, presentan un mecanismo que tradicionalmente ha logrado conciliar el legítimo derecho de las empresas por comercializar sus transmisiones con el beneficio social y de entretenimiento que se ha brindado a la población de nuestro país.

En fechas recientes, algunas empresas concesionarias han optado por buscar modelos de negocio de prepago. Con ello, parecen abandonar el compromiso social que su sector ha mostrado para brindar al pueblo espectáculos deportivos de calidad, generando sus ganancias en esquemas de negocio que no recaen directamente en la gente.

Los modelos de negocio de prepago en las actividades deportivas más populares de nuestro país, además de ser una muestra clara de insensibilidad social, en ocasiones presentan mala calidad en las transmisiones; cambios súbitos de condiciones en los contratos, sin avisar a sus clientes, y la interrupción parcial o total de las transmisiones, a pesar de que los pagos de los usuarios se realizaran en tiempo y forma.

Aunado a lo anterior, algunos de estos prestadores de servicios que sistemáticamente cobran para difundir dichas actividades deportivas, han presentado comportamientos en los cuales plantean a la autoridad de defensa de los consumidores medidas preventivas que eventualmente incumplen nuevamente.

Un ejemplo de estas dinámicas lo pudimos presenciar entre agosto y noviembre de 2016, cuando este tipo de prácticas se presentó por lo menos en la transmisión de seis partidos de futbol. Ello, generó algunas sanciones por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor y promesas de mecanismos preventivos por parte de una de estas empresas, sin que esas promesas se hubiesen materializado en realidades.

Por todo lo anterior, consideramos importante que dentro del marco de sus atribuciones, tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la Procuraduría Federal del Consumidor intervengan con medidas y sanciones ejemplares, contra quienes además de ser insensibles ante la imposibilidad financiera de la mayoría de la población para pagar un evento deportivo, brindan un servicio nefasto, incompleto o de plano no lo brindan. Ello, a pesar de haber cobrado millones de pesos por concepto de la suma de los pagos de los pocos mexicanos y mexicanas que sí pudieron financiar la transmisión de su equipo, boxeador, luchador o futbolista favorito.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a redoblar los esfuerzos orientados a establecer medidas efectivas que protejan al consumidor y garanticen el cumplimiento de la carta de derechos de los usuarios, ante los prestadores de servicios de telecomunicaciones e internet.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar acciones tendentes a cumplir las disposiciones de sanidad animal en materia de bienestar de los animales, en específico de los destinados a consumo humano, para que cuenten con transporte y albergue apropiados, conforme a las características de cada especie, y evitar con ello su estrés y asegurar su salud y la de los consumidores finales, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada Karina Sánchez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El transporte de animales destinados al consumo humano, aun en las mejores condiciones, ocasiona tensión en el ganado. Los niveles de estrés a los que son sometidos durante su traslado dependen principalmente de las condiciones atmosféricas, el acondicionamiento de los vehículos, la conducción, la duración del viaje, la privación de alimento, el descanso, el suministro de agua, la densidad de carga, entre otros.

Desafortunadamente, esta es una cuestión a la que en nuestro país la industria de la carne y el sector salud le manifiesta poco interés; los animales destinados al sacrificio son sometidos a prácticas de manejo inadecuadas y, en muchas ocasiones, brutales durante las etapas de embarque, transporte, desembarque, permanencia en los corrales y conducción a su muerte.

En este entendido, las condiciones a las que son sometidos desde los centros de producción hasta los rastros, así como las reacciones fisiológicas derivadas, juegan un papel importante en el bienestar de los animales y en la calidad nutritiva de la carne obtenida, constituyendo una fuente importante de pérdidas económicas para la industria cárnica.

Asimismo, una manipulación incorrecta durante el transporte puede causar infecciones provocadas por bacterias como salmonella o pasteurella, que deriven en enfermedades infecciosas en los animales, como salmonelosis, con el consecuente riesgo para la salud pública.1

El deterioro de la carne es una de las principales secuelas derivadas de las inadecuadas prácticas empleadas en el manejo animal, el cual se debe principalmente a la fatiga y al estado de tensión a los que se ven expuestos. Ello se caracteriza por una serie de cambios metabólicos que dan como resultado el detrimento de la calidad de la carne.

Esta situación es consecuencia de tres fenómenos principalmente:2

• La invasión de bacterias intestinales a los tejidos, favorecida por el cansancio que padecen los animales, situación que se acentúa cuando no son alimentados;

• El incremento del flujo sanguíneo al tejido muscular que origina un desangrado incompleto; y

• La elevación del PH de la carne por el agotamiento de glucógeno muscular, haciéndola más alcalina.

Lo anterior, derivado del incremento de la actividad del sistema nervioso autónomo que da origen al aumento en la secreción de adrenalina; la acentuación de la frecuencia cardiaca y la presión sanguínea; el aumento del flujo sanguíneo hacia los músculos, entre otras.

Asimismo, el mal manejo en la transportación de animales antes de la llegada a la planta de sacrificio en muchas ocasiones provoca lesiones que también afectan directamente la calidad de la carne por el daño físico, y pueden ir desde hematomas o ligeros golpes hasta huesos rotos y músculos desgarrados y hemorrágicos.

En la actualidad existe una tendencia que se orienta hacia la mejora de las condiciones de bienestar de los animales durante el transporte, que de paso a la reducción del estrés y de riesgos de lesiones, manteniéndolos en un espacio confortable. Esto, con miras también a ser medidas favorables para los productores y consumidores.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asevera que el transporte de ganado resulta ser la etapa más estresante y peligrosa en toda la cadena de procedimientos entre la finca y el matadero, y contribuye significativamente al maltrato del animal y a las pérdidas de producción.3

Además, enfatiza que un mal transporte puede tener efectos muy graves y dañinos para el bienestar del ganado, y repercutir en una pérdida significativa de calidad y producción.4

La experiencia en México nos demuestra en muchas ocasiones que estamos distantes respecto de lo planteado como ideal en cuanto a procurar el bienestar de los animales, y es que las personas que se dedican al manejo o sacrificio de animales son perceptiblemente menos sensibles al sufrimiento y tienden a ser bruscas y descuidadas. Por ello, ha sido necesario implementar altas normas operativas de bienestar animal.

En este entendido, nuestro país cuenta con medidas regulatorias de aplicación obligatoria, entre las que se encuentran las siguientes:

Trato humanitario en la movilización de animales (NOM-051-ZOO-1995), la cual tiene como objetivo primordial establecer los sistemas de movilización de animales que disminuyan su sufrimiento, evitándoles tensiones o reduciéndolas durante todo el proceso.5

Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres (NOM-033-Z00-1995), que establece los métodos para dar muerte a los animales, garantizando buenos niveles de bienestar; con el propósito de disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés.6

La vigilancia de estas normas corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y a los gobiernos de los estados.

Sin embargo, todavía presentamos muchas dificultades dentro de la logística de las empresas que se dedican a la comercialización de ganado, y una opacidad por parte de las autoridades encargadas de vigilar que se hagan cumplir las disposiciones oficiales en cuanto a la cantidad de animales que exceden la capacidad del vehículo, las condiciones atmosféricas en las que son movilizados estos animales, las características mínimas que deben tener los transportes utilizados, entre otras.

No podemos negar que muchos hemos sido testigos del mal manejo de estas especies destinadas al consumo humano, basta que un día decidamos salir a las carreteras, y ahí encontraremos camiones que trasladan animales de manera inadecuada, hacinados, sin agua, ni alimento, sin un lugar apropiado para su descanso durante su travesía.

En este sentido, Nueva Alianza pretende, a través de la presente propuesta, garantizar el manejo del ganado en forma eficiente, experta y calmada, utilizando las técnicas establecidas en las disposiciones reglamentarias, tomando medidas para evitar el dolor y las lesiones accidentales, a fin de reducir el estrés en los animales y evitar así deficiencias en su salud y la de los consumidores de los productos derivados.

Hacemos un llamado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, quien es la autoridad responsable de tutelar la sanidad y el bienestar animal, así como las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que implemente acciones a fin de que se cumplan las disposiciones de sanidad animal que se han establecido en materia de bienestar de los animales, en específico, a aquellos que están destinados al consumo humano, para que cuenten con un transporte y albergue apropiados, conforme a las características de cada especie, con el objeto de evitar su estrés y asegurar su salud y la de los consumidores finales.

Notas

1 Flores Castro, Ricardo, (1981). Departamento de Bacteriología Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias S.A.R.H. Epizootiología de la Salmonelosis en Bovinos, Porcinos y Aves. Recuperado de:
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/cienciavet/revistas/CVvol3/CVv3c05.pdf

2 Jaramillo Arango, Carlos Julio ( ) Prevención del éstres durante el transporte y el manejo de cerdos previos al sacrificio. Recuperado de:
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/imavet/1999_1/img99_106.pdf

3 FAO (2001). Directrices para el manejo, transporte y sacrificio humanitario del ganado. Recuperado de
http://www.fao.org/docrep/005/x6909S/x6909s08.htm#TopOfPage

4 Ibídem.

5 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (1998). Trato humanitario en la movilización de animales. Recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4870842 fecha=23/03/1998

6 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (2014). Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres. Recuperado de:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376424fecha=18/12/2014

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada Karina Sánchez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a certificarse por los órganos de la administración pública local en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado David Mercado Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos 58, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los arábigos 6, numeral 1, fracción I; 79, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guanajuato para que, a través de los órganos que conforman la administración pública de la entidad, se certifique en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación y, asimismo, difunda y promueva la norma en mención en todos los centros de trabajo del sector público, privado y social de cualquier tamaño, rama económica o giro que se encuentren ubicados dentro del territorio de la entidad federativa, de manera que, dichos centros de trabajo implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, las prácticas para la igualdad laboral y no discriminación establecidas en la norma mexicana en mención, a fin de favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores, en virtud de que, la adopción de dicha norma, contribuirá a erradicar la violencia, desigualdad y discriminación hacia las mujeres en los centros de trabajo de la entidad federativa, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En principio, es menester comenzar señalando que la igualdad entre mujeres y hombres se encuentra en el núcleo de los derechos humanos, de ahí que su cabal realización y cumplimiento debe considerarse como una condición fundamental para alcanzar el desarrollo pleno de toda sociedad, puesto que el crecimiento económico y el progreso educativo, cultural y social, dependen, en gran medida de que las mujeres tengan garantizado el ejercicio pleno de todos sus derechos, así como una vida libre de toda violencia en la que cuenten con espacios de participación en la construcción de políticas públicas eficaces.

La igualdad de género debe entenderse como un fin en sí mismo, de ahí la necesidad de buscar generar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de estereotipos de género. No obstante los esfuerzos y logros de las últimas décadas en materia de igualdad, la discriminación y la violencia de género, en sus diversas manifestaciones, permanecen vigentes aún en varias latitudes alrededor de todo el mundo afectando a mujeres, niñas y jóvenes, principalmente, aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. No cabe duda alguna de que dicha condición de desigualdad y violencia de género; debe ser completamente erradicada1 .

“El camino hacia la igualdad de género no es una meta tecnocrática: es un proceso político. Requiere un nuevo modo de pensar, en el cual los estereotipos sobre mujeres y varones dejen lugar a una nueva filosofía que reconozca a todas las personas, independientemente de su sexo, como agentes imprescindibles para el cambio2 ”. La violencia contra la mujer, es entendida, desde un enfoque teórico, como un fenómeno histórico-social, como la consecuencia de relaciones asimétricas de poder, que ha impactado negativamente desde: el ingreso económico, las clases sociales y el desarrollo cultural y educativo entre mujeres y hombres.

Aunque es cierto que la situación de las mujeres ha conquistado avances importantes en los últimos años, también es cierto que la desigualdad de género sigue representando un obstáculo para el desarrollo humano; niñas, jóvenes y mujeres continúan experimentando violencia y desventajas en diversos ámbitos de su vida, con frecuencia sufren discriminación en la salud, la educación, la representación política e, innegablemente, en el mercado laboral, todo esto tiene graves repercusiones en el desarrollo de sus capacidades y, desde luego, en su libertad de elección3 .

En lo que se refiere al mercado de trabajo, acorde con los datos emitidos por la Organización Mundial del Trabajo en su reporte Women at Work: Trends 2016 , la desigualdad entre mujeres y hombres todavía se registra en básicamente todo el espectro del mercado laboral. Conforme con dicho estudio, actualmente 38 por ciento de las mujeres alrededor del mundo no forman parte de ningún esquema de seguridad social, aproximadamente 200 millones de mujeres mayores de 65 años no reciben ninguna pensión4 .

No obstante que en México está jurídicamente reconocida la igualdad de acceso al empleo, así como la igualdad en las condiciones de trabajo, la protección social y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de sexo o género, todavía existen diferencias injustificadas y lacerantes derivadas, más que nada, de prácticas histórico-culturales que mantienen a las mujeres en situaciones de desventaja, por lo que dichas prácticas requieren la intervención activa y propositiva de la acción legislativa y judicial.

Debemos reconocer que hay un rezago histórico de décadas enteras en la forma cómo las mujeres acceden y participan en el mercado laboral, sin embargo, debemos aprovechar los sustanciales avances que se han logrado en los últimos años, no solamente para mantener y mejorar nuestro sistema democrático y político, sino también para avanzar hacia una sociedad más equitativa, más justa y más desarrollada, de ahí que sea necesaria la creación, divulgación y promoción de políticas públicas que posibiliten, además de la incorporación, la permanencia de las mujeres en el mercado laboral.

Por ello, es una tarea primordial tanto del poder público, como del sector privado y de la sociedad organizada que busquemos incrementar de manera equitativa las oportunidades entre mujeres y hombres, la autonomía de las mujeres, su empoderamiento y poder de decisión, porque en una sociedad justa es impensable un país que crezca y se desarrolle en sus diferentes áreas sin incluir a las mujeres “una sociedad no es mínimamente justa hasta que no facilita a sus miembros las precondiciones de una vida a la altura de la dignidad humana”5

En este contexto, es indispensable que el estado propicie condiciones que garanticen la división equitativa del trabajo productivo y reproductivo, es necesario, asimismo, que se generen políticas que favorezcan el equilibrio de la vida–trabajo, mediante acciones que permitan conciliar la esfera pública con la privada y que permitan fomentar una cultura laboral más equitativa, acorde con las necesidades, derechos y responsabilidades de mujeres y hombres.

El Estado mexicano ha sostenido que la consolidación y mejora del mercado laboral debe tener como uno de sus componentes el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, de ahí que en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013–2018 (Proigualdad), se establece la obligación de contar con una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno; esto significa que en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que elaboren las dependencias de la administración pública federal estarán explícitas la perspectiva de género y las acciones afirmativas (concebidas como medidas efectivas, caracterizadas por su dimensión temporal que inciden en la reducción de las desigualdades) que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Ahora bien, bajo este orden de ideas, la norma mexicana que hoy nos ocupa, denominada: Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad de Género y No Discriminación está sustentada en la agenda internacional que el Estado mexicano ha suscrito, con la finalidad de establecer los acuerdos necesarios para eliminar los obstáculos de la desigualdad y discriminación que impidan avanzar en el desarrollo pleno de la sociedad mexicana, igualmente, la norma en mención está fundamentada en la normatividad vigente en materia de igualdad y no discriminación a nivel nacional e internacional.

Es importante subrayar que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, evidencia la enorme necesidad de conciliar el ámbito laboral con la vida personal, toda vez que dicha conciliación representa una herramienta hacia la igualdad laboral, asimismo, establece como requisito la existencia de mecanismos para atender y sancionar la discriminación y la violencia. De esta forma, sus principales ejes, son: Incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación, garantizar la igualdad salarial, implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral, realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.

La completa incorporación de las disposiciones señaladas en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en los centros de trabajo, es imprescindible si entendemos que la desigualdad convierte al espacio de trabajo en un lugar de segregación y exclusión, lo cual, impacta directa y negativamente en la productividad y desarrollo económico, político y social del país, por lo que, la erradicación de la discriminación en los centros de trabajo se relaciona de manera directa con la necesidad de la justicia social, ya que tanto la mujer como el hombre merecen solidarizarse, convivir, compartir y competir en un ambiente libre de discriminación.

México ha avanzado en el reconocimiento de la necesidad de incorporar principios de igualdad entre mujeres y hombres en los centros de trabajo con el propósito de eliminar prejuicios y estereotipos discriminatorios en dichos espacios. Esta norma mexicana, se suma ahora a las disposiciones legales establecidas a nivel nacional que, junto con los tratados internacionales de los cuales México forma parte, sugieren un mínimo de elementos de igualdad sustantiva con los que deben operar los centros de trabajo tanto públicos como privados a lo largo de todo el territorio nacional.

El propósito fundamental de la inclusión laboral, es el acceso a un empleo digno, productivo y bien remunerado a favor de las personas en edad de trabajar, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, entre otros motivos. Asimismo, sus principios fundamentales abarcan el empleo digno, la accesibilidad arquitectónica y el acceso a los bienes y recursos institucionales, a la información, comunicación y a las oportunidades de manera equitativa para todo el personal, sin pasar por alto el tema de la formación y capacitación en sus áreas de trabajo.

La transformación de los centros de trabajo requiere corresponsabilidad, compromiso, conocimientos y herramientas eficaces para lograr el desarrollo organizacional e institucional de los mismos, los centros de trabajo, con la finalidad de llevar a cabo acciones específicas en materia de igualdad y no discriminación deben fomentar en todo momento un enfoque participativo para reforzar los conocimientos y las capacidades del personal.

Desafortunadamente, aún en la actualidad persisten prácticas discriminatorias en muchos centros de trabajo que excluyen y/o discriminan a las personas por sus condiciones y/o características personales, debido a ello, es de suma importancia que difundamos los alcances de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, a fin de lograr que los diversos centros de trabajo en nuestro país, opten por la mejora continua, adoptando y aplicando las buenas prácticas laborales en términos de igualdad, inclusión y no discriminación. Este nuevo instrumento en igualdad laboral y no discriminación es una oportunidad para impulsar y conquistar la igualdad entre hombres y mujeres.

Finalmente, considerando que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación , coadyuva a la propuesta del gobierno federal en la construcción de un México en Paz, en el que se garantice el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, y contribuye a impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, como parte de una estrategia para que México alcance su máximo potencial, el suscrito pone a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guanajuato para que, a través de los órganos que conforman la administración pública de la entidad, se certifique en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación y, asimismo, difunda y promueva la norma en mención en todos los centros de trabajo del sector público, privado y social de cualquier tamaño, rama económica o giro que se encuentren ubicados dentro del territorio de la entidad federativa, de manera que, dichos centros de trabajo implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos las prácticas para la igualdad laboral y no discriminación establecidas en la norma mexicana señalada, a fin de favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores en virtud de que la adopción de dicha norma contribuirá a erradicar la violencia, desigualdad y discriminación hacia las mujeres en los centros de trabajo de la entidad federativa.

Notas

1 Género, Violencia y Derechos Humanos , Disponible en:
http://www.unfpa.org.mx/gvdh_gvdh.php Consultado el 10 de noviembre de 2016.

2 PNUD. Informe de Desarrollo Humano, 1995. Disponible en: http://www.parlamentario.com/m/noticia-68773.htmlConsultado el 10 de noviembre de 2016.

3 Índice de Desigualdad de Género. Disponible en:
http://hdr.undp.org/es/content/%C3%ADndice-de-desigualdad-de-g%C3%A9neroConsultado el 10 de noviembre de 2016.

4 Women at Work Trends 2016. Disponible en:
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/
WCMS_457317/lang—en/index.htm Consultado el 11 de noviembre de 2016.

5 NUSSBAUM, Martha. Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano . Madrid: Espasa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputado David Mercado Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y sus homólogas locales a instaurar y fortalecer acciones y estrategias dirigidas a vigilar los centros laborales y, en su caso, sancionar a quienes contraten o permitan el trabajo infantil, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez della Vecchia, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 numeral 1, fracción II; 113 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta Soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

En México el trabajo infantil es una dolorosa realidad que está a la vista de todos; a nivel internacional y nacional se han realizado diversos esfuerzos para su erradicación, pero aún falta mucho trabajo por hacer, es por ello que considero de vital importancia reforzar dichas acciones e impulsar nuevas, con la finalidad de que en nuestro país sea ejemplo en la comunidad internacional en materia de protección de derechos de la niñez.

Como se menciona en el párrafo anterior, a nivel internacional existen diversas acciones, como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 182 de la Organización Mundial del Trabajo; a nivel nacional contamos con la Ley General para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por mencionar algunos.

En ese orden de ideas, me permito hacer referencia al contenido relevante de dichos instrumentos en relación con la problemática que aquí se aborda.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 32, reconoce el derecho de todo menor a estar protegido contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, entorpecer su educación, o ser nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Partiendo de la idea de que nuestro país es miembro de la citada Convención sobre los Derechos del Niño, y que ésta es un documento vigente cuya aplicación debe ser objeto de constante supervisión para abordar y visibilizar diversos aspectos de creciente preocupación en relación con los menores de edad, es de vital importancia que México cumpla con todas las disposiciones que en ella se contemplan; como órgano de vigilancia, el Comité de los Derechos del Niño, realiza exámenes periódicos sobre el nivel de cumplimiento que hacen los Estados parte, de los derechos reconocidos en dicha Convención, así como sobre las medidas y los progresos adoptados durante el período a evaluar.

Es de imperiosa necesidad continuar con el trabajo legislativo en esta materia, ya que los Estados parte de la Convención han asumido el compromiso de rendir cuentas ante el Comité, a través de la presentación de un informe cada cinco años sobre los avances en la aplicación de lo dispuesto en la Convención. Adicionalmente, para que la sesión de examinación sobre los Informes Periódicos presentados por los Estados Parte sea lo más precisa posible, el Comité lleva a cabo pre-sesiones con organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas a fin de que contribuyan con información pertinente y proporcionen asesoramiento sobre la realidad del Estado Parte. Posteriormente, el Comité realiza la sesión de examinación sobre los informes recibidos con una delegación enviada por el Estado parte y respecto de la cual el órgano de la ONU formula sus observaciones finales en las que se hace constar los avances, los vacíos y los incumplimientos de la Convención por el país examinado añadiendo, matizando e integrando conductas y actividades violatorias de los derechos de la infancia.

De igual forma es importante contemplar lo dispuesto en el Convenio 182 sobre las Peores Forma de Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mismo que ha sido firmado y ratificado por nuestro Estado y que lo tanto es, norma suprema de la Unión, más aun tratándose de su contenido netamente tutelar de los derechos fundamentales de los menores de edad, a continuación se citan artículos que resultan relevante para entender lo expuesto:

Artículo 3. A los efectos del presente Convenio, la expresión “las peores formas de trabajo infantil” abarca:

(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

(c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y

(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Respecto del citado Convenio se contempla la existencia de la Recomendación 190 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, adoptada por la OIT el 17 de junio de 1999. En ambos documentos se establece la necesidad de que los Estados parte implementen acciones inmediatas para prohibir y eliminar las peores formas de trabajo infantil y, una de tales medidas, es la correspondiente al ámbito legislativo a fin de prohibir la existencia de estos trabajos.

Por otro lado, en el 2010 México se sumó a los compromisos establecidos en la Hoja de Ruta para lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016, el cual es un documento resultante de la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil de la Haya 2010: Hacia un mundo sin trabajo infantil. Pasos hacia 2016.

Otros datos relevantes son los resultados de la actualización del módulo de trabajo infantil 2015, la cual arroja una cifra alarmante, ya que contempla que en nuestro País actualmente hay 2 millones 475 mil 989 menores de edad que trabajan.

En párrafos anteriores ha quedado debidamente acreditada la pertinencia y necesidad de aprobar el presente punto de acuerdo, con base en lo contemplado en ordenamientos internacionales, así como en la legislación de nuestro país, por tal motivo someto a consideración de esta soberanía lo siguiente:

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las autoridades del trabajo de las entidades federativas, para que instrumenten y fortalezcan las acciones y estrategias dirigidas a vigilar los centros de trabajo y, en caso necesario, sancionen a quienes contraten o permitan el trabajo infantil. .

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con las autoridades del trabajo de las entidades federativas, desarrollen y refuercen los programas que permitan erradicar el trabajo infantil y combatir sus peores formas.

Tercero. Notifíquese.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a impulsar y fortalecer campañas de desarme voluntario en Guerrero para reducir los índices de violencia, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, somete a consideración de la Mesa Directiva, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Guerrero es un estado que en las últimas décadas ha sufrido el crecimiento exponencial de la violencia; acto inhumano, vil y despreciable que sólo entristece, indigna, intimida, molesta y a la vez atemoriza a la sociedad en todos sus núcleos, sea éste familiar, amistoso, educativo y laboral, al mismo tiempo que genera un sentir de impotencia generalizado.

La sociedad guerrerense, en diferentes formas ha expresado su malestar ante la violencia en una infinidad de manifestaciones, tales como las protestas sociales, marchas, la creación de sus propias policías comunitarias, así como la migración a otras entidades de la República y del país en dónde suponen encontraran mejores condiciones de vida.

Las armas de fuego son la herramienta que ha servido para colocar y tener hoy en día a Guerrero según el “Índice de Paz México 2016” –que realiza el Instituto para la Economía y la Paz (IEP)– como el estado más violento del país, por su elevada tasa de homicidios e impunidad. Cuestión que a todas luces es alarmante y preocupante.

Máxime, tenemos la información que arroja la Organización Semáforo Delictivo manifestando que en los últimos tres meses del 2015 se registraron 532 homicidios, los cuales fueron 167 en octubre; 173 en noviembre; y 192 en diciembre, lo que nos da un promedio de prácticamente de 6 asesinatos por día.

La situación tiene una raíz aún más preocupante y es la facilidad con que las personas pueden hacerse llegar y comprar armas de fuego, en cualquiera de sus presentaciones, por medio de la circulación y venta de éstas en Guerrero y que inclusive, el tráfico de armas tiene su origen en las fronteras del país.

La sociedad vive en una permanente incertidumbre al no saber si el día de mañana podrá regresar salvo a su hogar, en medio de los constantes enfrentamientos que se han suscitan entre el crimen organizado en ciudades tan importantes de nuestra entidad, como lo son Chilpancingo y Acapulco, ésta última considerada como destino turístico nacional e internacional que encuentra sus ingresos en la visita de miles de turistas diariamente.

Actualmente en la Ciudad de México se lleva a cabo un programa social llamado “Por Tu Familia, Desarme Voluntario” que está encaminado a canjear un considerable apoyo económico a cambio de las armas de fuego que los ciudadanos tienen en su posesión y que ha logrado, desde su implementación hace 3 años, recolectar poco más de 21 mil armas de fuego.

Si bien esta actividad es loable debido al fin que persigue, que es la generación de una consciencia social sólida, fomentar una cultura de paz, así como la búsqueda en la baja de los índices delictivos que incluyen armas de fuego, esta tarea se realiza en coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional, que tiene la facultad de destruir las armas de fuego recolectadas, según el reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Es por ello que la crítica situación en la que vive nuestra entidad, por la violencia en la que nos encontramos inmersos exige acciones concretas que generen las condiciones para ver desarrollar un estado de derecho pleno y cabal, así como la generación de condiciones que propaguen la paz que Guerrero nos demanda.

La baja en los indicies de homicidios y violencia en Guerrero, provocarán no sólo el sentido de paz de los guerrerenses, sino también, que los inversionistas vean las posibilidades de un desarrollo propicio para las actividades económicas que tanto necesita nuestra entidad.

Es por ello que, ante lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente el titular de la Secretaría de Gobernación a que impulse y fortalezca campañas de desarme voluntario en el Estado de Guerrero a fin de reducir índices de violencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día de hoy debemos hablar del cambio climático. Porque ahora es irrefutable la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, que es más alta que en cualquier otro momento durante al menos el último millón de años. Ha aumentado en un 30% desde el inicio de la era industrial, en gran parte debido a la quema de combustibles fósiles.1 El hecho de que el tema del cambio climático esté en boca de todos es reconocimiento de que la amenaza va en serio, que es urgente y crece día con día.

Cada vez estamos sufriendo con mayor fuerza los embates de la naturaleza como respuesta al daño ambiental que seguimos causando, no nos basta con estar viviendo lluvias y fríos intensos atípicas, olas de calor inauditos, inundaciones, incendios forestales, sequias prolongadas, desborde de los mares con el mar de fondo, extinción de especies y ecosistemas. No entendemos que nosotros dependemos del ambiente, y que, si éste se ve degradado, nosotros sufriremos las consecuencias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología (INE), México es uno de los países con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, pues no hay una sola entidad que no enfrente por lo menos una amenaza grave debido a sus efectos, sin embargo, las políticas para prevenir y mitigar los efectos, así como las medidas para proteger y conservar el medio ambiente en nuestro país siguen siendo escasas e insuficientes.

Hace tiempo se publicó en los medios de comunicación, un estudio realizado por la Universidad de Princeton, el cual revela que el avance del cambio climático llevará a más campesinos mexicanos a emigrar a Estados Unidos debido a las sequias que afectan las siembras, por cada 10% de pérdida de cultivos, un 2% más de mexicanos emigrará hacia el vecino país del norte. Este estudio proyectó que para 2080 entre 1.4 y 6.7 millones de mexicanos adultos emigrarán como resultado de la caída de la producción agrícola debido al calentamiento global continuo.2

Es imprescindible comprender que para luchar contra el cambio climático no basta con que México haya firmado en el año 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en lo relacionado al medio ambiente, estableció que para el año 2015 se garantizaba la sustentabilidad de éste, mediante la incorporación de principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales. Nuestro país se comprometió para el 2010 a minimizar considerablemente la pérdida de diversidad biológica, y a la fecha ni siquiera esto se ha logrado.

Tampoco basta con que México sea la sede de la XVI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 16) convocada por la ONU, y cuyo objetivo era llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima y la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

La cuestión del cambio climático es un problema político, económico y social, más allá de ser un problema meramente ambiental; existen demasiados intereses de por medio y como siempre, muchos gobernantes están supeditados a los grandes intereses económicos.

Tenemos que hacer un cambio radical, no podemos continuar con esa indolencia ante los embates de la naturaleza, debemos hacer hasta lo imposible para salvar nuestro planeta y no degradar más nuestro medio ambiente. No podemos respetar a la madre tierra si no nos respetamos a nosotros mismos, concientizarnos hacia la vida humana es un gran paso para el respeto a la naturaleza.

El cambio climático es un reto para la humanidad, pero debe asumirse sin más dilaciones; debemos de replantearnos cuales son las medidas que se están llevando a cabo, buscar los acuerdos políticos necesarios y tomar cartas en el asunto en el escenario internacional.

México debe impulsar la concreción de mecanismos financieros para la mitigación de los efectos del cambio climático y la adopción de nuevas tecnologías; realizar inversiones dirigidas a aumentar la capacidad de generación de energía eólica y otras fuentes renovables, además de apoyar la cooperación entre países y pugnar por una mayor participación de economías emergentes, así como de la construcción de una economía baja en carbono.

Por las consideraciones vertidas y en congruencia con el compromiso adquirido con los ciudadanos mexicanos, expongo a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo que, de estimarlo procedente, solicito se apruebe en sus partes integrantes.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publique el estado que guardan las acciones relativas a la formulación, instrumentación e implementación de políticas nacionales para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, en el marco de la división de poderes, publique a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) sobre el estado que guardan los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, en lo relativo a su séptimo numeral que habla del deber de Garantizar la Sustentabilidad del Medio Ambiente para el pasado año 2015 y los objetivos que fijamos para el 2020.

Notas

1 “Open letter on climate change”, artículo web publicado por Anthony Giddens y Martin Rees el 22 de agosto de 2010, en la dirección electrónica: http://www.huffingtonpost.com/anthony-giddens/open-letter-on-climate-ch _b_734676.html

Consultado el 29 de agosto de 2010.

2 Artículo “Aumenta clima migración”, publicado en el periódico Reforma online el 29-07-10 en la página electrónica:
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?
ValoresForma=1201711-1066,estudio+universidad+de+princeton+cambio+climatico

Consultado el 29 de octubre de 2010.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a considerar en su plan de trabajo de 2017 acciones coordinadas a escala nacional para fortalecer la vigilancia efectiva de la implantación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el país y fortalecer la participación de éstas, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Según el documento Discapacidad y desarrollo inclusivo en América Latina y el Caribe 1 emitido por el Banco Mundial, publicado en el 2009, se identifica que en estas regiones del continente americano existían al menos 50 millones de personas con algún tipo de discapacidad, en otras palabras, aproximadamente el 10% de la población de la región hasta ese entonces.

En ese documento se puntualizaban que las personas con alguna discapacidad solían verse excluidas de manera generalizada de la vida social, económica y política de la comunidad, ya sea debido a la estigmatización directa o a la falta de consideración de sus necesidades en el diseño de políticas, programas y servicios.

La publicación a modo de conclusión indicó que la discapacidad era a la vez causa y efecto importante de la pobreza y cerca del 82% de los discapacitados de la región eran pobres. Esta pobreza en la mayoría de los casos también afectaba a los demás miembros de la familia.

Para abatir rezagos sociales de las personas con discapacidad en nuestro país, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND),2 el gobierno federal externó su compromiso de emprender acciones que permitieran lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se velará por el bienestar de las personas en situaciones vulnerables con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores.

En este PND se estableció la Meta Nacional “Un México en Paz”, y se estableció el objetivo 1.5 “Garantizar el respeto y promoción de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, para lo cual estableció la estrategia 1.5.4. Establecer una Política de igualdad y no discriminación y delineó una línea de acción que se enfocaría a promover una legislación nacional acorde a la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En atención a lo dispuesto en el PND, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró dentro de unas de sus prioridades que las personas con discapacidad conozcan y ejerzan sus derechos.

En ese sentido, desde el 2012 y dándole continuidad desde el inicio de la Gestión de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la CNDH ha establecido un programa presupuestario denominado “Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”3 con el objeto de que se proporcionen servicios de promoción, difusión, atención, asesoría y supervisión en materia de derechos humanos relacionados con personas con discapacidad, para su conocimiento y respeto.

Los recursos de este programa presupuestario totalizaron 4.1 millones de pesos en el 20124 y para el 2016,4 alcanzaron los 9.8 millones de pesos. Es importante destacar que para el 2015,4 según el informe de la cuenta pública, se ejercieron 6.1 millones de pesos.

Según el informe anual de la CNDH 2015,5 los logros conseguidos del programa “Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” fueron los siguientes:

a) Se realizaron 279 actividades de promoción, en las cuales se logró impactar a 25,873 personas, entre las cuales se encuentran: personas con discapacidad y sus familias, miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, servidores públicos, académicos, estudiantes y público en general.

b) Se repartieron 81,100 ejemplares (entre libros, carteles, folletos, trípticos y cartillas referidos en formatos accesibles, como en tinta, fácil lectura y sistema braille) en los 32 organismos públicos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas, a los 32 sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, a universidades y organizaciones de y para personas con discapacidad, con la finalidad de contribuir a la construcción del respeto de los derechos humanos de este sector de la población.

c) Se solicitaron y atendieron 452 orientaciones que, en su caso, se canalizaron a las instituciones pertinentes

Como se puede apreciar con los recursos presupuestados del 2012 a la fecha no ha sido posible dar atención a los 5.7 millones de personas con discapacidad que viven en México, según cifras oficiales del INEGI al 2010,6 mucho menos a sus familiares.

Es importante destacar que la Auditoría Superior de la Federación, destacó en su revisión de la Cuenta Pública 2014,7 que la Secretaría de Gobernación no ha definido indicadores y metas para medir el cumplimiento de sus atribuciones de coordinación en materia de derechos humanos y carece de acciones de vinculación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dicho en otras palabras, la población en México que se considera vulnerable lo es en toda la extensión de la palabra.

En ese contexto, para este 2016, los casi dos pesos presupuestados para la atención, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad serán insuficientes para establecer trabajos coordinados a nivel nacional con los 32 organismos de protección en cada una de las entidades federativas y en consecuencia, el objetivo principal de este programa presupuestario no se logrará cumplir y quedará la vigilancia efectiva de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad8 entre tanto asuntos pendientes que el Gobierno Federal posterga.

Importante es destacar que el presupuesto para el 20174 para este programa ascenderá a los 13.2 millones de pesos, pero como lo he expresado estos recursos serán reducidos si se ejercen como lo viene haciendo éste Organismo Autónomo, por lo que considero conveniente exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que consideré establecer en su plan de trabajo 2017, acciones coordinadas a nivel nacional a fin de fortalecer la vigilancia efectiva de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel nacional y a su vez, coordine sus esfuerzos con entidades y dependencias con el objetivo final de fortalecer la participación de las personas con discapacidad y sean éstos últimos quienes utilicen las herramientas legales para hacer exigibles sus derechos.

Reitero que hoy en día, en nuestro país la discriminación no permite el ejercicio igualitario de derechos y oportunidades a cualquier persona; en este contexto, a las personas con discapacidad se les excluye de un ejercicio pleno de su libertad, y se encuentran en desventaja para desarrollar su vida plenamente.

Esta desventaja de algunos de sus habitantes se acrecienta sistemáticamente, de manera injusta e inmerecida, lo que provoca que quienes la padecen se encuentren susceptibles de ver violados sus derechos.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a considerar en su plan de trabajo 2017, las acciones coordinadas a nivel nacional que sean necesarias a fin de fortalecer la vigilancia efectiva de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel nacional y a fortalecer la participación de las personas con discapacidad a fin que sean éstos últimos quienes utilicen las herramientas legales para hacer exigibles sus derechos.

Notas

1 Discapacidad y Desarrollo Inclusivo en América Latina y el Caribe, Banco Mundial, 2009, disponible en

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/
0,,contentMDK:20286156~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282699,00.html, consultado el 25 de noviembre de 2016.

2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible
http://pnd.gob.mx/, consultado el 25 de noviembre de 2016.

3 Programa “Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad - Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponible en http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?i d=35E024, consultado el 25 de noviembre de 2016.

4 Paquete Económico y Presupuesto – SHCP, disponible en
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/
Paquete_Economico_y_Presupuesto, consultado el 25 de noviembre de 2016.

5 Informe de Actividades 2015 – CNDH, disponible en
http://www.cndh.org.mx/Informes_Anuales_Actividades, consultado el 25 de noviembre de 2016.

6 Censo de Población y Vivienda 2010, disponible en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/, consultado el 25 de noviembre de 2016.

7 Informe de la Fiscalización Superior Cuenta Pública 2014, disponible en http://www.asf.gob.mx/Section/46_Informes_y_publicaciones, consultado el 25 de noviembre de 2016.

8 Convención Sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad, disponible en http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf, consultado el 25 de noviembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a fortalecer por las autoridades competentes las estrategias de programas encaminados a combatir la deserción escolar de niños y de adolescentes indígenas en el nivel básico, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada Karina Sánchez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que, a través de las autoridades competentes, refuercen y fortalezcan las estrategias y los programas encaminados a combatir la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes indígenas en el nivel básico, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy en día niñas, niños y adolescentes indígenas se enfrentan a diversas barreras que deben ser superadas para consolidar sus capacidades físicas e intelectuales, logrando un mejor desarrollo para el aprendizaje, el juego, el descubrimiento y la educación.

En México contamos con un marco normativo sólido que reconoce el derecho a la educación de la población indígena. Al respecto, la norma constitucional en su artículo 2°, apartado B, fracción II establece que debe “[...] garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior [...]”.

De ahí que la Ley General de Educación en su artículo 2° señale que “[...] todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional [...]”.

Al amparo de estos artículos, la educación es impartida por el Estado y está encaminada a promover mediante la enseñanza, el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

El marco legal antes citado especifica que los hablantes de lenguas indígenas tienen acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español. Empero, en la actualidad los indicadores educativos demuestran que un número importante de menores indígenas no puede ejercer este derecho.

Con el propósito de demostrar tal situación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha expuesto que dos de cada tres niños entre los 6 y 14 años de edad que no están en la escuela son indígenas.

A pesar de que el índice de analfabetismo de la población hablante de alguna lengua indígena disminuyó entre el 2005 y 2010, de 34 a 27%; el analfabetismo continúa siendo cinco veces mayor que el de la población no hablante de lengua indígena del mismo grupo de edad (5.4%).

Resulta preocupante que en la población de 5 años de edad que cursa un año de educación preescolar, el 90% de los niños no indígenas de 5 años asiste, contra sólo 76% de los infantes indígenas. El 84% de los alumnos de primer grado de primarias generales y 64% de los de primarias indígenas cursaron, al menos, un grado de preescolar.

Empero, la brecha persiste y significa que en el futuro habrá más analfabetas indígenas que no indígenas, con todo lo que ello trae consigo. Por ende, es urgente exhortar a las autoridades educativas, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que, en el ámbito de sus atribuciones, busquen optimizar las estrategias y los programas encaminados a combatir la deserción escolar de las niñas, niños y adolescentes indígenas.

En ese sentido, la Secretaría de Educación Pública cuenta con la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), organismo encargado de encabezar la política educativa nacional en materia de educación básica para la niñez indígena, mediante la capacidad de normar, compensar y evaluar todos los componentes de la misma.

Según datos emitidos por el Sistema Estadístico de Información de la DGEI, los servicios de educación indígena atienden alrededor de 1,3 millones de niñas y niños en 22 mil escuelas, por 59 mil docentes. Se calcula que al menos 800 mil niñas y niños indígenas asisten a escuelas no indígenas.

De ahí que la DGEI cuente con el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, el cual pretende contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Instituciones de educación básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de vulnerabilidad.

Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuenta con un Programa de Apoyo a la Educación Indígena, el cual tiene como objetivo apoyar la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, a través de modelos diferenciados de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad. Sin embargo, con los datos señalados en párrafos anteriores notamos que no existe una cobertura total de menores que tienen deseos de continuar con sus estudios.

A pesar de los programas antes mencionados, notamos que los índices de retención y aprobación de los alumnos de escuelas primarias indígenas son inclementes. Es de subrayar que en ninguno de los programas se cumple con el objetivo de que la educación básica de los indígenas sea permanente y continua para arribar a su conclusión y evitar la deserción escolar en niveles como secundaria y preparatoria.

Ante ello, Nueva Alianza considera pertinente exhortar a las autoridades correspondientes con el propósito de reforzar, fortalecer y robustecer los programas antes mencionados, ya que solo así podremos combatir las injusticias sociales en las que se encuentran nuestros menores indígenas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que a través de la Dirección General de Educación Indígena refuerce el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa y fortalezca las estrategias destinadas a combatir la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes indígenas en el nivel básico.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena fortalezca y amplíe la permanencia, continuidad y conclusión de la formación educativa básica de niñas, niños y adolescentes indígenas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada Karina Sánchez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la SHCP, la Sener y la CFE la aplicación de la tarifa eléctrica 1F en los 17 municipios de Tabasco, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Araceli Madrigal Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La ubicación del estado de Tabasco en la zona tropical de nuestro país, su escasa elevación con respecto al nivel del mar y su cercanía al Golfo de México, determinan el desarrollo de climas cálidos con influencia marítima, en los que la variación de la temperatura es moderada.

Los parámetros climáticos de nuestro estado son muy diferentes a los de otras entidades del país, ya que Tabasco se encuentra inserto en un clima trópico húmedo, es decir, en un clima de calor húmedo, lo cual, trae como diferencia sustancial con el calor seco, el factor humedad. Este factor en nuestro estado oscila alrededor de 80 por ciento anual, mientras que en el centro y norte del país fluctúa entre 40 y 50 por ciento anualmente.

Esta combinación trópico húmedo, provoca que la sensación térmica, sea mayor que en otras entidades del país, aunque cuenten con temperaturas mayores a los 37 grados centígrados, y que además hace más difícil su enfriamiento; ya que una molécula de calor húmedo es más difícil de enfriar que una molécula de calor seco. Importante es destacar que las mediciones de la temperatura en este año han registrado hasta 41 grados centígrados, con sensaciones térmicas de 48.

Lo anterior convierte en necesidad básica de los hogares tabasqueños, el uso de ventiladores y aparatos de aire acondicionado y refrigeración, no en una opción de confort; generando en consecuencia, consumos de energía eléctrica que invariablemente se registran en el rango de “consumo excedente” según las tarifas que son aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por tal motivo, solicito se revaloren los factores tomados en consideración en los tabuladores nacionales y, no sólo se limite a la simple lectura de la temperatura ambiente, la cual, por su naturaleza propia, no toma en cuenta el factor humedad.

Es de destacar que aunque la CFE argumenta que las tarifas eléctricas, para uso doméstico y comercial, han tenido reducciones en el año 2016 con respecto al año pasado; miles de usuarios tabasqueños enfrentan tarifas impagables dado que se debaten entre el desempleo, la insuficiencia de ingresos y la disminución del poder adquisitivo provocado por el deterioro económico de la región, en gran medida por los impactos de la situación actual de la reducción de la actividad petrolera.

Es de reconocer que previamente los gobiernos federal y estatal, han tomado acciones para intentar paliar los efectos adversos de esta situación, tal es el caso de la celebración de convenios de otorgamiento de incentivos a los usuarios puntuales y la aplicación de descuentos en los diferentes rangos de consumo; sin embargo, lo anterior ha sido insuficiente; se ha privilegiado mayormente la búsqueda de solución a la problemática de la resistencia civil por adeudos vencidos a la CFE, en lugar del establecimiento de una tarifa justa y adecuada a las circunstancias que vive la población tabasqueña.

Adicionalmente, el actual titular del Ejecutivo federal, hace 4 años, en su jornada de campaña electoral por el estado, suscribió ante notario público y el pueblo tabasqueño, el punto 122 del Anexo de compromisos como candidato a presidente de la Republica, en el cual estableció el compromiso de mejorar las tarifas de energía eléctrica en todo el territorio nacional, en particular en el estado de Tabasco.

Por otra parte, el pasado mes de agosto del año en curso, el gobierno del estado de Sonora, suscribió convenio con la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de aplicar la tarifa 1F, la cual es la de mayor subsidio, a 33 municipios de la entidad, los cuales se suman a los 37 municipios a los que ya se aplicaba esta tarifa, con lo cual se posibilita un menor costó del consumo de energía eléctrica, en beneficio de los habitantes de estos municipios.

El estado de Tabasco guarda condiciones climáticas similares a las del estado de Sonora, además como se ha señalado, el propio Ejecutivo federal, durante su campaña electoral por la entidad, se comprometió a mejorar las tarifas eléctricas.

Por todo lo anterior, ponemos a consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como de la Comisión Federal de Electricidad, se considere la aplicación de la tarifa 1F en los 17 municipios de la entidad tabasqueña y reduzcan el costo de la misma acorde a la realidad climática del estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar a impedir la disposición final de salmuera residual en el complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1, del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1., fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Las lagunas costeras son ecosistemas altamente productivos por la disponibilidad de nutrientes que aportan los ríos y escurrimientos terrestres, su contribución es relevante para la productividad pesquera de las áreas costeras adyacentes, sirven de zona de reproducción, desove, alimentación y refugio de un número muy importante de especies animales y protegen a las zonas costeras ante las inundaciones asociadas al impacto de fenómenos meteorológicos extremos, pero desafortunadamente estos ecosistemas son altamente sensibles a la contaminación de origen terrestre.

En México tenemos uno de los sistemas o complejos lagunares que por las especies que lo habitan, de forma temporal o permanente, está considerado como uno de los más importantes del mundo, encontrándose este en la parte central de la península de Baja California, sobre la costa del Océano Pacífico, conocido como complejo lagunar Ojos de Liebre-Guerrero Negro-Manuela.

Esta importancia que para el ambiente tiene dicho complejo es reconocida desde hace décadas, en 1972 por medio de dos decretos, el primero del mes de enero la Laguna Ojo de Liebre es declarada Zona de Refugio para Ballenas y Ballenatos, el segundo, fechado en el mes de septiembre la declara Zonas de Refugio de Aves Migratorias y de Fauna Silvestre. En marzo de 1980 el decreto expedido en enero de 1972 fue modificado para aclarar que la zona de refugio incluye las lagunas Manuela y Guerrero Negro.

El 30 de noviembre de 1988 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara la reserva de la biosfera El Vizcaíno (Rebivi), ubicado en el municipio de Mulegé, BCS., quedando el sistema lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela como parte de esta reserva. En dicho decreto por el que se crea la Rebivi se puede leer:

“Que en el litoral del Océano Pacífico se encuentra un sistema de lagunas conocida como Manuela, Guerrero Negro, Ojo de Liebre y San Ignacio, a las que anualmente migra la ballena gris, para cumplir su ciclo biológico, constituyendo al mismo tiempo un singular refugio para diversas aves acuáticas migratorias y residentes, como el ganso de collar y el águila pescadora que tienen las más altas poblaciones invernales y de nidantes a nivel mundial, además de que albergan una enorme riqueza faunística.”

Posteriormente, el 11 de diciembre de 1993 la Laguna Ojo de Liebre es incluida en la lista indicativa de sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO, como bien natural, bajo el nombre de Santuario de Ballenas de El Vizcaíno. En esta lista se inscriben “los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.”1

A decir de la Unesco, Semarnat y Conanp: “El santuario de ballenas de El Vizcaíno es el lugar más importante en el mundo para proteger a la población de ballena gris (Eschrichtius robustus ). La ballena gris está presente en la costa occidental y en las lagunas costeras de Baja California Sur y en particular en las de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno durante el invierno. En estas áreas las ballenas llevan a cabo la crianza y su apareamiento, siendo éstas las etapas más importantes y delicadas de su ciclo biológico.”2

En el año 2000, con la finalidad de homogenizar las distintas categorías con que se habían creado las áreas naturales protegidas se recategorizan conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente varias de estas áreas, entre estas se encontraba la Zona de Refugio para ballenas y ballenatos complejo lagunar Ojo de Liebre, que comprende la Laguna del mismo nombre, así como las lagunas denominadas Manuela y Guerrero Negro, pasando esta zona a ser la reserva de la biosfera complejo lagunar Ojo de Liebre.

El 2 de febrero de 2004, si incluyó a la Laguna Ojo de Liebre como sitio protegido por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar). En la ficha Informativa de Ojo de Liebre se menciona que además de proteger a la ballena se tienen otras especies de mamíferos marinos que encuentran refugio en sus aguas, como lo son el lobo marino (Zalophus californianus ) y el delfín (Delphinus delphis ), ambas especies con estatus de protección especial según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2010. A su vez destaca por su importancia la presencia de la tortuga prieta o tortuga verde (Chelonia mydas ) que está en categoría de peligro de extinción según la citada norma y que utiliza a esta laguna como sitio de alimentación.

En cuanto a las aves, se tiene la presencia del ganso de collar (Branta bernicla ), cuya subespecie nigricans se encuentra amenazada en México y en las aguas del complejo lagunar el 25 por ciento de su población inverna, junto con otras especies, como pelicanos grises, blancos, águilas pescadoras, y en general se llegan a encontrar más de 270 mil aves playeras de distintas especies. Siendo que en el 2009 la Red Hemisférica de Reservas para las Aves Playeras (RHRAP), designa al complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro como Sitio de Importancia Internacional RHRAP.

En términos generales, son alrededor de 20 especies en peligro de extinción, entre ellas cuatro especies de tortugas marinas: laúd, la tortuga verde, tortuga carey, y golfina, las que encuentran refugio en sus aguas, por lo que no es de extrañar que el Sistema Lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela cuente con los instrumentos jurídicos para su protección descritos en párrafos anteriores.

En cuanto a las actividades económicas que se llevan a cabo en el sistema lagunar se tienen las relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales por medio de la pesca y la extracción de la sal, sobre esta última actividad se puede decir que es de gran importancia para la región y para todo nuestro país.

Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA) está localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur, es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Sectorizada a la Secretaría de Economía a través de la Coordinación General de Minería. En la estructura de su capital social, participa con el 51 por ciento de las acciones el Gobierno Mexicano a través del Fideicomiso del Fomento Minero y el 49 por ciento restante pertenece a la empresa privada japonesa Mitsubishi Corporation.

ESSA es de las salineras más grande del mundo, con volúmenes de producción por encima de 8 millones de toneladas anuales y sus propias instalaciones en Isla de Cedros para la carga de embarcaciones, con capacidad para recibir y cargar barcos de hasta 180 mil toneladas.

El proceso por medio del cual se obtiene la sal consiste en bombear agua de mar a lagunas de evaporación donde el contenido de sales se concentra, para posteriormente pasar a otra serie de vasos denominados cristalizadores, la sal precipita, principalmente como cloruro de sodio con una pureza del 99.70 por ciento y es cosechada como sal de alta calidad. Como parte del manejo que se realiza para obtener sal de buena calidad, la fracción líquida remanente (salmuera residual), se desecha de los vasos de cristalización a una concentración de 29°Bé (29 grados Baumé, equivalentes aproximadamente a 290 gramos de sales totales por kilogramo de salmuera, es decir, 29 por ciento de sales en solución).

Dados los niveles de producción de sal en Guerrero Negro, los diques en los que se deposita la salmuera residual están al límite de su capacidad y la superficie que ocupan sobrepasa las 4,000 hectáreas, en la que están depositadas cuando menos trecientos millones de toneladas de salmuera residual (Cloruro de magnesio -MgCl2- más otros componentes) más los fondos sólidos asentados en los vasos de almacenamiento de forma líquida y a estos habrá que agregar entre 10 a 17 millones de toneladas al año.

Como la producción de esta salmuera residual es inevitable, se obtienen anualmente cuando menos 10 millones de toneladas de la misma, lo que crea un serio problema ambiental o un área de oportunidad para allegar una cantidad importante de recursos económicos para la empresa y para el estado mexicano.

Esta oportunidad económica se da debido a que la salmuera residual contiene altas concentraciones de MgCl2, compuesto mineral con múltiples usos para la industria, entre estos se tiene que se utiliza en la fabricación de productos textiles, papel, agentes ignífugos, cemento y en la refrigeración.

De hecho, en el año 2013, la empresa Packsys, SA de CV, mostró interés en adquirir toda la salmuera residual, más la que se fuera produciendo como resultado de las operaciones de ESSA, situación que se formalizó por medio de un contrato de compraventa y suministro de exclusividad entre las dos empresas, firmado el día 3 de enero de 2014.

En dicho contrato ESSA se compromete a venderle a Packsys esta salmuera y la que se vaya produciendo, fijándose un precio de venta por tonelada de 4.00 dólares de Estados Unidos de América, más IVA, cuando el producto (salmuera) sea entregado a pie de vaso y de 6.50 dólares si la salmuera se entrega en un lugar que el mismo contrato señala.

Es decir, lo que se consideraba un residuo, resultó tener valor comercial y de hecho hay quién está dispuesto a pagar por él, por lo que se volvió un activo de ESSA que debiera estar incluido contablemente como parte de su patrimonio, simplemente, de la salmuera acumulada la empresa podría obtener cuando menos 1,200 millones de dólares y de la que se acumula anualmente 40 millones de dólares.

Con el cambio en la dirección de ESSA, esta empresa dejó de cumplir varios de los compromisos contraídos por su administración anterior, algunos de estos la favorecían en cuanto al precio de venta de su sal y en el caso que nos ocupa se negó a entregar la salmuera a Packsys, lo que ha ocasionado que ESSA enfrente demandas judiciales por parte de los afectados.

En lugar de vender la salmuera residual, de forma irracional ESSA pretende regresarla al complejo lagunar, gastando fuertes sumas de dinero para esto, lo cual resulta inexplicable, máxime cuando la empresa ha reconocido que es posible venderla. Por medio de la respuesta a la solicitud de información número 1010100026716, sobre la pregunta expresa del por qué ESSA en lugar de tirar la salmuera que anualmente se produzca, la vende, esta empresa reconoció que el venderla era una opción para deshacerse del residuo en comento.

Respecto a la parte económica de esta situación irracional, en que una empresa de la cual el estado mexicano es el mayor accionista pretende destruir un activo y además gastar fuertes sumas de dinero para esto, nuestra compañera, la diputada Rocío Nahle García, presentó una proposición con punto de acuerdo, misma que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del 22 de noviembre 2016.

Para la presente proposición lo que deseamos resaltar es el peligro ambiental en que se pondría al sistema lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, de concretarse la disposición final de la salmuera residual en sus aguas.

Los vertimientos de salmuera en el agua de las lagunas, en este caso, Guerrero Negro puede ocasionar alteraciones en las propiedades fisicoquímicas de las aguas, como son; afectaciones en la salinidad; en la proporción de los iones principales y alteraciones asociadas a los cambios de salinidad que se reflejan con cambios en la densidad y en la capacidad de retención del oxígeno disuelto, entre otras.

Los efectos que a la vida marina puede generar la salmuera no son de poca importancia, los impactos biológicos potenciales se asocia principalmente a los cambios osmóticos severos a los que se verían expuestos los organismos por una exposición directa y prolongada con este residuo y a los impactos adicionales en su fisiología producto del desbalance iónico de los compuestos principales en la mezcla resultante (agua salmuera); particularmente en el ion magnesio. Otros impactos no toxicológicos se asocian a las bajas concentraciones de oxígeno disuelto que caracterizan a este residuo.

Si bien ESSA argumenta que la disposición final de la salmuera en Guerreo Negro será controlada y en la manifestación de impacto ambiental se desprende que el proyecto consiste en diluir de 100:1 la salmuera residual en estado líquido que genera el proceso de producción de sal industrial por el proceso de evaporación de agua de mar.3 Para lograr lo anterior, se requiere instalar la infraestructura (estaciones de bombeo fijas y portátiles, canales, diques, vaso regulador, tendido de tuberías de alta densidad, sistema de descarga, difusores, etcétera) para transferir la salmuera residual del proceso de producción de sal industrial desde las áreas de almacenamiento hasta el puerto Venustiano Carranza B.C. en Laguna Guerrero Negro. En este sitio se establecerá un vaso regulador y un sistema de difusión para reincorporar al mar la salmuera de manera controlada y segura para la vida marina.

Ante esto hay que reflexionar que siempre existirá el peligro de un accidente que dañe severamente el valioso ecosistema que representa el Sistema Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, siempre estará presente, ante desperfectos, accidentes o alguna eventualidad en el sistema de desecho que aumente significativamente la salinidad del agua de la laguna, el daño ambiental y la afectación a las especies protegidas puede ser muy severo, como se ha podido constatar por los derrames accidentales de salmuera que acontecieron a finales del siglo pasado, mismos que ocasionaron la mortandad de tortugas marinas, peces y otros organismos.

Por ejemplo, la muerte de los quelonios en 1997 fue investigada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y dio origen al Informe Técnico “Mortandad de tortugas marinas en la Laguna Ojo de Liebre, BCS”, fechado en 1998. En el referido informe se da cuenta de los estragos al ambiente y las especies que lo habitan.

Del análisis realizados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) después del derrame accidental a la salmuera residual sabemos que contiene altos valores en las concentraciones de varios elementos minerales, entre estos se tienen floruros, magnesio, mercurio, plomo, arsénico, potasio y sodio, que impactaron la salud de diversos organismos en contacto con la salmuera, lo que confirma que estas aguas de mar hipersalinas resultan de alto riesgo para la vida acuática.

En las muestras tomadas en el agua de la laguna después del derrame de la salmuera se constató que los dinoflagelados habían desaparecido, lo cual no es de poca importancia. Los dinoflagelados después de las diatomeas son considerados como el grupo más abundante y diverso de microalgas del fitoplancton, la talla de estos organismos va de 5µm hasta 2mm y en ocasiones desarrollan estructuras anexas como aletas, cuernos o espinas. Pueden producir su propio alimento, mediante la fotosíntesis, aprovechando para ello la energía solar y algunos compuestos inorgánicos, aunque algunas especies se alimentan de otros organismos y la mayoría tiene la capacidad de combinar ambos mecanismos de nutrición. Por lo mismo, como parte del fitoplancton, son la base de la cadena alimenticia de moluscos filtradores, como ostiones y almejas, peces herbívoros, larvas de peces, crustáceos. De lo anterior se infiere que el “accidente” con la salmuera afectó toda la trama trófica de la mencionada laguna.

Además, organismos más complejos como los peces no salieron mejor librados, especies como la lisa desaparecieron de la zona afectada, siendo que las disecciones efectuadas mostraron lesiones causadas por un choque osmótico, ocasionando daño profundo en branquias que impidieron la oxigenación y en general el colapso de los órganos internos que generaron fuertes hemorragias.

En cuanto a las tortugas, la conclusión del informe fue la siguiente: “Un derrame o aporte puntual con elevada concentración salina y otros minerales provoco un choque osmótico o variación en la modalidad del agua de mar fue la causa de la mortandad de 94 tortugas marinas (Chelonia mydas agasizzi según científicos extranjeros, o Chelonia agasizzi según científicos mexicanos) registrada a finales del mes de diciembre de 1997 en la laguna Ojo de Liebre, BCS.”

ESSA pretende restarle importancia a su pretensión de poner en peligro el complejo lagunar, al decir que las descargas serán solo en la Laguna de Guerrero Negro, más precisamente en Puerto Venustiano Carranza, pero, como su nombre lo indica el Sistema o complejo lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, es precisamente eso, un sistema, las tres lagunas forman un todo, son una unidad, lo que pasa en una afecta a las demás, como lo dejó en claro el “Decreto por el que se modifica el diverso de 6 de diciembre de 1971, declarándose como zona de refugio para ballenas y ballenatos las aguas del complejo Laguna Ojo de Liebre, ubicados en Baja California Sur.” Publicado en el Diario Oficial Federación del 28 de marzo de 1980, cuando en este documento se afirma: “Que el complejo lagunar que geográficamente se conoce como Laguna Ojo de Liebre, comprende las Lagunas de Guerrero Negro y Manuela.... el Decreto mencionado en el considerando primero (haciendo referencia al decreto de 1972 por el que se declarada la Laguna Ojo de Liebre como zona de refugio para ballenas y ballenatos), no se hace referencia a las Lagunas Guerrero Negro y Manuela, lo cual ha dado lugar a confusiones que han ocasionado diversos problemas, ya que siendo una unidad, se dan las mismas condiciones en las lagunas que forman el complejo.”

De igual forma en el programa de manejo Reserva de la Biosfera complejo lagunar Ojo de Liebre podemos leer: “La Reserva de la Biosfera está constituida por las lagunas: Guerrero Negro y parte de Manuela, que en conjunto con la Laguna Ojo de Liebre conforman un complejo lagunar que se interrelaciona a través de la Bahía Vizcaíno, conectadas mediante un canal de mareas, si bien este canal es de poca profundidad permite la comunicación de ballenas y embarcaciones.”

Por otra parte, otra de las preguntas referentes a la salmuera residual que se le hicieron a ESSA por medio de la solicitud de información número 1010100026716 fue la siguiente: “¿Tiene permiso para tirar 17 millones de toneladas anuales?”. A lo que la empresa respondió: “Sí, otorgado por Semarnat, mediante oficio número S.G.P.A.-DGIRA.-DIA-0977/03, fechado 22 de mayo de 2003, y prorrogado hasta junio del 2018, mediante oficio número DGPA/DGIRA/DG/03360 del 16 de mayo de 2016.”

Es decir, ESSA obtuvo un permiso para desechar en el complejo lagunar conforme a la normatividad vigente de 2003, consiguiendo una prorroga en el 2016, pero, en el año de 2016 la autoridad facultada para autorizar el desechar la salmuera residual en alguna laguna costera es la Secretaría de Marina (Semar), esto por efectos de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas (LVZMM), publicada en el DOF del 17 de enero de 2014. La LVZMM en su artículo 1 establece su el objetivo bajo el siguiente texto:

Artículo 1. La presente ley es de jurisdicción federal, sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas.

La interpretación de estas disposiciones corresponde, para efectos administrativos, al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Marina.”

En su artículo 2 define lo que es un desecho y cuáles son las zonas marinas mexicanas, en cuanto a la definición de desecho tenemos que:

“I. Desecho. Material o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. En esta definición incluye a todas las categorías de residuos regulados en la legislación nacional;”

Y en lo referente a las zonas marinas mexicanas tenemos que se definen como:

“XI. Zonas Marinas Mexicanas. Las establecidas en la Ley Federal del Mar.”

Por su parte la Ley Federal del Mar (LFM) en su artículo 3o. menciona cuales son las zonas en comento:

“Artículo 3o. Las zonas marinas mexicanas son

a) El Mar Territorial

b) Las Aguas Marinas Interiores ...”

La LFM especifica en el artículo 36 que “son aguas marinas interiores aquellas comprendidas entre la costa y las líneas de base, normales o rectas, a partir de las cuales se mide el mar territorial, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la presente ley y que incluyen:...

V. Las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y estuarios comunicados permanente o intermitentemente con el mar.”

Entonces, queda más que claro que el complejo lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela es una zona marina tutelada por la LVZMM.

En cuanto en qué casos se puede hablar de vertimiento, la LVZMM señala lo siguiente:

“Artículo 3.- Es vertimiento en las zonas marinas mexicanas, cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Toda evacuación, eliminación, introducción o liberación en las zonas marinas mexicanas, deliberada o accidental, de desechos u otras materias incluyendo aguas de lastre alóctonas, provenientes de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones;

...

VI. La colocación de materiales u objetos de cualquier naturaleza, con el objeto de crear arrecifes artificiales, muelles, espigones, escolleras, o cualquier otra estructura y...”

Para el caso que nos ocupa, ESSA cae es los supuestos de la fracción I del artículo 3, pero también en la fracción VI, ya que para la eliminación de la salmuera residual como desecho pretende colocar en el lecho de la laguna marina estructuras consistente cuando menos en difusores y tuberías.

En cuanto al permiso para el vertimiento, la LVZMM señala en su artículo 5 que es la Semar la autoridad en materia de vertimientos con las facultades de “otorgar y cancelar los permisos de vertimientos y vigilar su cumplimiento; asimismo, suspender cualquier vertimiento deliberado de desechos u otras materias... Fijar las medidas preventivas para evitar el vertimiento de desechos u otras materias que ocasionen daños o alteraciones al ambiente costero o marino”.

Regresando al hecho de que la salmuera residual tiene utilidad, tiene un precio, puede ser vendida por ESSA y esto como la misma empresa ha declarado es una opción alterna a su disposición final en la Laguna Guerrero Negro. Este hecho por sí mismo imposibilita su disposición final en dicha laguna o cualquier otra zona marina mexicana, ya que la LVZMM señala en su artículo 11 lo siguiente:

Artículo 11. El interesado, al presentar la solicitud para el vertimiento de desechos u otras materias, deberá acreditar que agotó cualquiera de las opciones de manejo integral de desechos que comprenden enunciativa y no limitativamente las siguientes:

I. Reutilización;

II. Reciclaje fuera de las aguas marinas mexicanas...”

La misma ley en su artículo 12, primer párrafo, obliga a Semar a negar el permiso cuando existen otras opciones para el supuesto desecho:

“Artículo 12. No se otorgará el permiso de vertimiento, cuando la Secretaría advierta que existen posibilidades adecuadas de realizar un manejo integral de los residuos, que no impliquen riesgos para la salud humana o daños al ambiente, mayores a los que implicaría el vertimiento solicitado o costos desmesurados.”

En otro orden de ideas, vemos que ESSA no tiene el permiso de la autoridad facultada para otorgarlo y por efectos de la ley en la materia, la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, no podría obtenerlo.

El pedirle a ESSA que cumpla con lo establecido en la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, no es violentar su derecho en cuanto a la irretroactividad de una ley, es decir, extender la norma vigente desde el 2014 sobre hechos pasados.

Al respecto cabe tomar en cuenta lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de la Tesis Histórica “Irretroactividad de las leyes. Su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma”,4 misma que a continuación transcribimos:

Irretroactividad de las leyes. Su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma [Tesis Histórica].

Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.”

Para el caso que nos ocupa ni ESSA dispuso de la salmuera residual cuando no existía la LVZMM, la Semarnat le dio la prorroga cuando ya estaba vigente la LVZMM y lo más importante, al momento no ha ejecutado los actos o supuestos que le fueron autorizados por la Semarnat, entonces, aquí cabe la parte de la Tesis citada que a la letra dice:

“...en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.”

Y por lo mismo ESSA no puede sin violar la LVZMM desechar su salmera residual como lo pretende hacer.

De todo lo anterior reiteramos, no se comprende el por qué la necedad de querer hacer la disposición final de la salmuera residual en las aguas del sistema lagunar, a costa de grandes gastos en infraestructura y operación, poniendo en peligro a uno de los ecosistemas de mayor relevancia que tenemos, contraviniendo la normatividad vigente, cuando esta salmuera realmente se ha convertido en un activo de la empresa, con un alto valor económico.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Marina para que, en el ámbito de sus facultades otorgada por la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas y demás ordenamientos aplicables, impida la evacuación, eliminación, introducción o liberación en el complejo lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela, o en cualquier otra parte de las zonas marinas mexicanas, de la salmuera residual resultante de la producción de sal (cloruro de sodio) que efectúa la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur, por sus potenciales efectos nocivos para el ambiente, por existir otras alternativas viables de reutilización y por lo mismo, su disposición final en aguas del complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela, sería en contravención de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Notas

1 Artículo 2 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. (Diario Oficial de la Federación del día 23 de enero de 1984).

2 UNESCO, SEMARNAT y CONANP. “Santuario de Ballenas de el Vizcaíno, Bien de Patrimonio Mundial Natural, disponible en: http://designacionesunesco.conanp.gob.mx/vizcaino.php

3 100 partes de agua de mar por 1 de salmuera residual.

4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 7, Pleno, tesis P./J. 87/97; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 8.Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 347, Pleno, tesis 294.

Nota: Histórica en virtud de que fue modificada por la tesis P./J. 123/2001, de rubro: Retroactividad de las leyes. Su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma.”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a hacer del dominio público la justificación de donaciones de productos y bienes en Veracruz en 2016 en tiempos de proceso electoral, a cargo del diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Con oficios de fecha 16 de mayo y 17 de junio de 2016, la licenciada Verónica Díaz Oliveros Vallarino, administradora central de Destino de Bienes del Servicio de Administración Tributaria de conformidad con el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera1 hizo del conocimiento del senador Roberto Gil Zuarth,2 Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional mayo-agosto 2016, el destino de la mercancía no transferible al SAE de acuerdo con lo informado por las autoridades aduaneras por los meses de abril y mayo 2016.

El informe en comento señaló que la Administradora Central de Destino de Bienes del SAT en los meses de abril y mayo de 2016 destinó 1 millón 109 mil 75 y 50,858 bienes, respectivamente, los cuales se contabilizaron en unidades de medida, tales como: pieza, litro y kilogramo.

De su lectura, destacan los donativos de alimentos y bebidas efectuados por la Aduana de Veracruz a la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos, A.C. y Sistema DIF Estatal de Veracruz por 10,626 y 10,689 kilos, respectivamente en el mes de abril de 2016 y a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, A.C. por 3,273 kilos en el mes de mayo de ese mismo año.

Estos donativos según la normativa aplicable, se fundamentaron en lo dispuesto por los artículo 6 bis y 34 de la Ley Federal Para la Administración y Enajenación De Bienes Del Sector Público,3 que señalan, el primero, la excepción para que sea transferidos los bienes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) bajo el siguiente tenor “Quedan exceptuados de lo previsto en el párrafo anterior, los bienes perecederos provenientes de comercio exterior, que vayan a ser donados o destruidos directamente por la autoridad aduanera competente”, y el segundo que aclara que los bienes donados deberán utilizarse en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social, o en el caso de instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y utilizados para la atención de zonas determinadas de alta marginalidad.

Es importante destacar que en el estado de Veracruz desde el 3 de abril de 2016 se dio arranque a las campañas electorales de los candidatos a Gobernador de acuerdo con el calendario electoral del Instituto Electoral Veracruzano.4

Por su parte el artículo 53 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5 señala que no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

Por tal motivo, y atendiendo a las premisas de gobierno abierto, de transparencia y rendición de cuentas de las acciones gubernamentales en México, consideramos que es de vital importancia los actores de estas donaciones informen a esta soberanía el uso y destino de los alimentos y bebidas donadas.

En consecuencia, en un México que desea transparentar su gestión de gobierno, es de vital importancia que las instituciones rindan cuenta a la sociedad de sus acciones emprendidas, por lo que consideramos trascendente que se respeten los períodos electorales y que se vele por el cumplimiento de la veda electoral.

En ese sentido, es importante solicitar al Servicio de Administración Tributaria los motivos que justificaron la selección de las instituciones que recibieron donativos de alimentos y bebidas en el Estado de Veracruz y la forma que atendieron las disposiciones aplicables por la Veda Electoral; y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por su parte, que acredite conforme su normativa el destino final de los bienes recibidos en donación por parte de la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos, A.C y en el mismo sentido, dé a conocer las acciones que emprendió en ese período denominado Veda Electoral.

Finalmente, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Sistema DIF Estatal de Veracruz en cumplimiento de la normativa aplicable, deberá por igual acreditar y documentar el destino final de los bienes recibidos en donación en cumplimiento de las disposiciones normativas de la multicitada Veda Electoral.

En conclusión, las acciones de gobierno deben de gozar de máxima publicidad, de transparencia y que permitan que la rendición de cuentas genere confianza en la población al conocer de las decisiones y acciones que se toman en beneficio de la sociedad mexicana y en este caso de la Veracruzana, por lo que considero de suma trascendencia que aquellos que recibieron donaciones de la Aduana de Veracruz en épocas electorales rindan cuentas y hagan del conocimiento público si sus actos de gobierno apoyaron a los más necesitados y lograron atender insuficiencias en áreas de la alimentación y nutrición de las poblaciones más vulnerables.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través del Servicio de Administración Tributaria haga del dominio público los motivos que justificaron las donaciones de la Aduana de Veracruz en los meses de abril y mayo de 2016, de 10.7 toneladas de alimentos y bebidas al Sistema DIF Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave y de 13.9 toneladas de alimentos y bebidas a la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos, A.C. (donataria), período en los que se desarrolló el proceso electoral 2016 en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes haga del dominio público el informe sobre el destino final de las 13.9 toneladas de alimentos y bebidas otorgados en donación por la Aduana de Veracruz en los meses de abril y mayo de 2016, a la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos, A.C, período en los que se desarrolló el proceso electoral 2016 en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que a través del Sistema DIF Estatal, haga del dominio público el destino final de las 10.7 toneladas de alimentos y bebidas recibidos en donación por la Aduana de Veracruz en el mes de abril de 2016, es en el que dio inicio el proceso electoral 2016 en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Notas

1 Ley Aduanera, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 23 de noviembre de 2016.

2 Gaceta Parlamentaria del 23 de mayo de 2016, disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/, consultada el 23 de noviembre de 2016.

3 Ley Federal Para la Administración y Enajenación De Bienes Del Sector Público, disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/251.pdf, consultada el 23 de noviembre de 2016.

4 Calendario Proceso Electoral en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, disponible en http://www.iev.org.mx/1publica/2015/calendarioproceso2k15.pdf, consultado el 23 de noviembre de 2016.

5 Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, disponible en
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/ELECTORAL150701.pdf, consultado el 23 de noviembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las irregularidades observadas en la situación laboral y el pago de nómina de docentes de educación básica contratados por honorarios, interinos, becarios o con cualquier otra denominación que imparten las asignaturas de inglés, educación física, manejo de tecnologías de la información y educación artística en centros educativos regulares, multigrado, de tiempo completo y de jornada ampliada en el país, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante las últimas administraciones, en el país se han promovido e implementado significativos cambios estructurales, orientados a la mejora de la calidad educativa; tales transformaciones son observables a través de estrategias y acciones de largo plazo, mismas que desafortunadamente no han tenido tan buenos resultados en lo inmediato.

Estos cambios estructurales han puesto especial énfasis en la escuela, donde en cada centro escolar, los directores o responsables, los supervisores, el personal de asistencia técnico pedagógica y los propios docentes, son depositarios de la altísima responsabilidad de alcanzar el logro de los resultados académicos, así como de establecer un ambiente propicio que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje entre los alumnos.

Esto es así, pues se concibe que una educación de calidad debe enfocarse en la formación y desarrollo de la persona en todos sus ámbitos, a fin de garantizar los propósitos de la educación Básica, consistentes en aprender a aprender y aprender a convivir.

Una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los mexicanos; así está establecida y elevada a rango constitucional, gracia a la reforma de febrero de 2013, por lo que así debe ser visualizada, pues en la actualidad el mundo experimenta un vertiginoso avance del conocimiento que se traduce en acelerados cambios tecnológicos y sociales. Ante tal tesitura, el desarrollo que podamos lograr en las próximas décadas dependerá en gran medida de nuestra capacidad para afrontar los retos que la sociedad del conocimiento nos plantea.

No es de extrañar, por tanto, que el enfoque señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en su apartado de “Educación de Calidad”, consista en promover políticas que acerquen lo que se enseña en las escuelas con las habilidades que hoy se demandan desarrollar para una sana convivencia y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Para el logro de las metas nacionales, contempladas en el referido PND y en el correspondiente programa sectorial, se han diseñado diversos programas que tienen como propósito impulsar el desarrollo educativo en las entidades federativas, con el fin de mejorar la calidad escolar, fortalecer los aprendizajes de los alumnos de Preescolar, Primaria y Secundaria, así como propiciar y fomentar el desarrollo profesional de sus docentes.

Uno de estos programas, ante los retos que supone el educar a los mexicanos del Siglo XXI, ha consistido en ampliar los horarios en las escuelas de educación Básica con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, en aras de aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, bajo la consideración de que tal ampliación incrementará las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos de educación Básica, principalmente aquellos dentro de las zonas con mayor marginación.

Asimismo, con la instrumentación del Programa Nacional de Inglés (PRONI) se reconoce la importancia del aprendizaje del inglés como segunda lengua, fijando como objetivo que los alumnos utilicen este idioma como una herramienta de comunicación dentro de la sociedad del conocimiento y, para conseguirlo, se tiene establecido que en los centros escolares generales y en las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) se imparta el inglés cinco horas por semana; mientras que en las escuelas de jornada ampliada esta asignatura cubra tres horas por semana, con el objeto de fomentar el aprendizaje constructivo del idioma entre los alumnos, lo cual debe permitirles comunicarse en un nivel práctico y funcional, estableciendo diversas directrices para asegurar una educación de calidad que proporcione las herramientas básicas para la adquisición del lenguaje.

El modelo de Escuelas de Tiempo Completo que ha seguido el Ejecutivo Federal ofrece una planta completa de maestros que cubren diversas asignaturas, entre las cuales se incluye educación física, la educación artística, las tecnologías de la información y comunicación y la enseñanza de una lengua extranjera, particularmente inglés, con la finalidad de favorecer el desarrollo de las competencias definidas en los planes y programas de estudio para la educación Básica; de acuerdo al planteamiento original surgido en 1997 y generalizado desde el año 2000, se propone ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, tanto las dedicadas al estudio de los contenidos establecidos en el currículo, como otras asociadas con el fortalecimiento de las competencias sociales, sin dejar de incluir el apoyo hacia el personal docente especializado en las diversas asignaturas señaladas, así como el mejoramiento del trabajo colegiado al interior de las escuelas.

Empero, la instrumentación operativa contrasta con los propósitos, metas, fundamentos y objetivos planteados desde la Planeación nacional, así como los definidos tanto en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 como en los particulares de los programas federales del ámbito educativo, vulnerando sensiblemente el aseguramiento de la calidad de los aprendizajes en la educación Básica y la formación integral de todos los grupos de la población, que es el primer objetivo sectorial.

En la ejecución de la enseñanza del inglés en las Escuelas de Tiempo Completo, como en las regulares, las multigrado y en las escuelas de jornada ampliada, sin dejar de mencionar la enseñanza de la educación física o de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se ha presentado año con año, de manera recurrente y reiterada, un problema coyuntural consistente en la ausencia del pago regular a los docentes o responsables de impartir tales asignaturas en las escuelas de educación Básica en muchos estados del país.

Ante la ausencia de definiciones contractuales claras y precisas, así como de una planeación operativa que instrumente de manera adecuada los programas federales que inciden en la mejora de la calidad educativa, como el de las Escuelas de Tiempo Completo o el PRONI, por solo citar dos de ellos, las autoridades educativas locales o de los centros escolares han empleado personal bienintencionado que llega a prestar sus servicios sin contrato de trabajo o prestaciones de ley. Del mismo modo, ocurre que los mismos docentes tienen que asumir la responsabilidad de impartir asignaturas, como la de inglés, sin el perfil adecuado para ello y sin la capacitación técnica y pedagógica requerida.

A esta situación se le debe sumar el que la ministración de recursos para el pago de sus emolumentos salariales no se cumple de manera periódica y regular, como obligatoriamente se tiene establecido en los Convenios Marco que suscriben tanto el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, como las autoridades educativas de los gobiernos estatales.

Prueba de ello puede observarse en las múltiples protestas por el pago de adeudos salariales que a lo largo del año se han presentado en el país, como por ejemplo en Veracruz, en donde en enero del año en curso, una representación magisterial logró el reconocimiento de adeudos a más de 20 mil trabajadores de la educación. En el mismo mes, autoridades educativas de Sonora llegaron a un acuerdo para pagar el atraso generado a maestros de inglés que estaban sin recibir su pago desde el año 2015, así como para regularizar la contratación de 590 docentes para atender los lineamientos de enseñanza del Programa de Inglés en Primaria; similares protestas se realizaron en Sinaloa, donde además de exigir el pago de los atrasos salariales para más de 1,200 docentes, estos profesionales de la educación solicitaron las prestaciones de ley correspondientes.

En abril pasado, en Morelos se formalizó una mesa de trabajo para atender la problemática de docentes de educación física, inglés y de Escuelas de Tiempo Completo que desde octubre de 2015 no habían recibido salario alguno. Es de destacar que los adeudos ascienden a alrededor de 20 millones de pesos. Por su parte, en Baja California, después de meses de negociación se logró la dispersión extraordinaria de 388 millones de pesos para el pago de adeudos a más de 5 mil trabajadores educativos.

Así también, apenas el pasado 19 de noviembre, en Saltillo, Coahuila, cientos de maestros de inglés se concentraron en el centro de esa ciudad capital para exigir el pago de sus adeudos, congregando también a docentes en la modalidad de Tiempo Completo y jornada ampliada. En Durango, el pasado 22 de noviembre se anunció la regularización parcial de adeudos a más de 7 mil docentes que desde julio del año en curso no cobraban, pagando los salarios pendientes de julio a octubre, pero quedando pendiente de resolver lo conducente al último bimestre del año.

Como se puede observar en este breve recuento, la problemática de adeudos salariales a los trabajadores de la educación, particularmente en las asignaturas de inglés, educación física, tecnologías de la información y la comunicación, así como en las modalidades de Tiempo Completo y jornada ampliada, constituye un imperativo que deben atender de manera expedita las autoridades educativas Federales en coordinación con las locales.

No hacerlo es vulnerar en diversas vertientes derechos humanos inalienables como el de la educación para millones de niñas, niños y adolescentes que cursan la educación Básica, así como el derecho al trabajo de los docentes de estas asignaturas y modalidades que cumplen la loable función de educar con calidad y preparar a nuestra infancia con las herramientas necesarias para enfrentar con éxito las exigencias del mundo actual.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza nos preocupa que la calidad educativa a la que tienen derecho más de 26 millones de alumnos de educación Básica a lo largo del país pueda verse mermada por la ineficacia operativa que han demostrado algunos programas federales, al no considerar, entre otros aspectos, la necesidad de recursos humanos para hacer operativos dichos programas, la falta de capacitación ex profeso para la enseñanza y para la didáctica en la formación de competencias de los alumnos de Preescolar hasta Secundaria, así como los desfases en la definición de metas, la radicación de recursos y la emisión de lineamientos de operación para que la educación que se reciba sea congruente con lo que se pretende alcanzar en el artículo tercero constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública federal y a las autoridades educativas de los gobiernos locales para que, de manera coordinada, intervengan en la resolución de las irregularidades observadas en la situación laboral y el pago de nómina de docentes de educación básica bajo contrato por honorarios, interinos, becarios o con cualquier otra denominación que imparten las asignaturas de inglés, educación física, manejo de tecnologías de la información y educación artística en centros educativos regulares, multigrado, de tiempo completo y de jornada ampliada en el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de diciembre de 2016.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a hacer público el resultado de las acciones emprendidas para cumplir los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con relación al sector de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza, Norma Xóchitl Hernández Colín y Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados federales Virgilio Dante Caballero Pedraza, Norma Xóchitl Hernández Colín y Ariadna Montiel Reyes integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura con fundamento en el artículo 6 y 79 de Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el resultado de las acciones emprendidas para dar cumplimiento al acuerdo A/007/2012 del procurador general de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual se emite el protocolo de actuación para la atención a las personas de la comunidad LGBTTTI y al “acuerdo por el que se declara a la Ciudad de México, ciudad amigable con la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de noviembre de 2015.

l. Antecedentes

Primero. A partir de la llegada al poder de gobiernos emanados de procesos democráticos en la Ciudad de México, se ha instituido el reconocimiento de los derechos humanos de diferentes sectores de la población, bajo los principios de igualdad y no discriminación. Tal es el caso de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) quienes a partir de organizarse para incidir ante la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo de la ciudad han logrado el reconocimiento y otorgamiento de sus derechos, para revertir la situación de exclusión social en la que los ha colocado la discriminación a la orientación sexual -homofobia- y el rechazo a la identidad de género –transfobia– producto de la falta de educación formal de la sexualidad que eduque y explique sobre la importancia de estos elementos como parte de la identidad sexual que desarrollan todas las personas.

Segundo. La situación de discriminación a que se sujeta a la población LGBTI en la Ciudad de México ha sido documentada desde el 2014 por el Consejo para prevenir y eliminar la Discriminación (Copred), dando cuenta de 224 expedientes de quejas por parte de este sector de la población, por su parte la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reflejaba para entonces 151 quejas por violaciones a los derechos humanos,1 sin embargo, para junio del 2016, el propio Copred da cuenta de que la situación de discriminación persiste sin que haya un aparente cambio en favor de esta población.2

Tercero. Los grupos organizados de la sociedad civil que pugnan por el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI, dieron el impulso para que el pasado 23 de noviembre del 2015, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera Espinosa, emitiera un acuerdo por el que se declara a la Ciudad de México, “Ciudad amigable con la población lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual” el que ordena que “...para continuar defendiendo y consolidando los derechos de la población LGBTTTI, el gobierno del Distrito Federal...” establece nueve compromisos.

II. Objetivo

El presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que informe sobre el avance y evaluación de los acuerdos para propiciar mejores condiciones de vida para las personas LGBTI, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1 de junio del 2012 y el 23 de noviembre del 2015; informar sobre la atención a las denuncias presentadas que involucran la orientación sexual e identidad de género de las personas y a realizar una campaña de difusión que dé cuenta de que los derechos de este sector de la población son derechos humanos.

III. Exposición de Motivos

La Ciudad de México ha sido la cuna de la gestación del movimiento de la diversidad sexual que busca el pleno reconocimiento de los derechos humanos para las personas LGBTI a fin de detener y revertir la situación de vulnerabilidad en la que las ha colocado la exclusión social que viven producto de la falta de educación formal de la sexualidad que eduque e informe sobre la orientación sexual e identidad de género de las personas como condiciones humanas, con las que se construye de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la identidad sexual.

En esta ciudad se ha alcanzado el marco de derechos más amplio en favor del sector LGBTI, lo que ha permitido su inclusión en la vida social, cultural, económica y política de manera paulatina, a partir del reconocimiento de los derechos de igualdad y no discriminación, así como de acciones afirmativas como el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de mayo del 2007 que instituyó el 17 de mayo de cada año como el Día de lucha contra la homofobia en el Distrito Federal.

Para revertir la problemática de homicidios –crímenes- de odio por homofobia y transfobia, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, emitió el “acuerdo A/007/2012 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual se emite el Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTI” publicado en la gaceta oficial el pasado 1 de junio del 2012.3

Fue en la Ciudad de México en donde tras reconocer y otorgar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se interpuso por parte del Ejecutivo Federal una acción de inconstitucionalidad que fue resuelta en agosto del 2010 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en favor de ampliar este derecho para parejas homosexuales con derecho a la adopción y validez en todo el país, reconociendo así que los derechos LGBTI son derechos humanos.

A partir de ahí y de numerosos juicios de amparo interpuestos en todo el país, la SCJN ha abierto la posibilidad de extender este derecho en diez estados de la República Mexicana, declarando que todos aquellos ordenamientos de las entidades federativas que ciñan el derecho al matrimonio a una relación exclusiva de mujer-hombre y a la procreación son inconstitucionales.

Acorde a esta política de libertad e igualdad, el Ejecutivo federal presentó la iniciativa para incluir el derecho al matrimonio sin discriminación en el cuerpo de la Carta Magna que fue votada en contra con la mayoría de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional el pasado 10 de noviembre por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Soberanía, a partir de una serie de manifestaciones en contra por parte de grupos conservadores reunidos en el denominado “Frente Nacional por la Familia”.

En efecto este evento se vio precedido por una serie de agresiones y homicidios -crímenes- de odio hacia la población LGBTI desatada por la acción en contra de los derechos de este sector que alertó a la población en general.4

Huelga decir que ante esta situación y las agresiones y homicidios perpetrados contra la población LGBTI, en fecha reciente en la Ciudad de México no se ha registrado el pronunciamiento claro y la acción en torno a estos hechos por parte del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Ante este clima de violencia contra la población LGBTI de la Ciudad de México, el diputado federal Vidal Llerenas Morales presentó un punto de acuerdo ante esta soberanía para exhortar a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal atender la problemática, mismo que fue turnado a la comisión de igualdad de género el 3 de noviembre del 2016.5

Por lo antes expuesto, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al jefe de Gobierno a que difunda el avance y la evaluación del acuerdo por el que se declara a la Ciudad de México, Ciudad amigable con la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de noviembre de 2015.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que haga pública la atención que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal de Justicia del Distrito Federal derivados del acuerdo A/007/2012 del procurador general de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual se emite el Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTI.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a realizar una campaña de promoción de los derechos humanos de las personas a partir del reconocimiento de su orientación sexual e identidad de género a fin de incidir ante la población para detener y revertir el clima de violencia y agresión en contra del sector de la población LGBTI, para promover el clima de armonía, igualdad y no discriminación que debe prevalecer entre la ciudadanía.

Notas

1 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/05/17/959802

2 http://www.informador.com.mx/mexico/2016/667235/6/
comunidad-lesbico-gay-con-mas-denuncias-por-discriminacion.htm

3 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4fc830c40 787b.pdf

4 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/11/alertan-de-ola-conservado ra-en-contra-de-comunidad-lgbti

5 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/nov/20161103-VI.html#Prop osicion5

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de diciembre de 2016.

Diputados: Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín, Ariadna Montiel Reyes.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y la SEP a implantar medidas y campañas mediáticas que favorezcan la prevención de contagios del VIH, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), se ha incrementado en nuestro país, las cifras actuales demuestran que las personas más vulnerables son los adolescentes y adultos mayores, de acuerdo con el doctor infectólogo Fernando Silva, advirtió que el rango de edad que va de los 25 a 39 años, con 53.4 por ciento del total de los casos notificados y que al tercer trimestre del año, ya suman 184 mil 304, pero se calcula que en la actualidad, sumen 220 mil pacientes.1

Esta enfermedad ha generado tan sólo en 2014, alrededor de 4 mil 965 defunciones en el país, y afirmó que cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin el uso de condón tiene riesgo de contagiarse, lo cual se ha incrementado entre nuestras niñas y niños, incluso en menores de 11 años y adultos de hasta 90 años de edad2 .

“En 2015 se diagnosticaron cerca de 12 mil 83 nuevos casos, de los cuales 5 mil 669 fueron precisados con Sida y 6 mil 414 con VIH, mencionando que los estados mayormente afectados son: Campeche, Guerrero, Tlaxcala, Colima y Morelos, en dónde 82 por ciento corresponde a los hombres y 18 por ciento a mujeres, asimismo, precisó que 97.4 por ciento de los contagios se dio por transmisión sexual, 1.7 por compartir jeringas en el uso de drogas inyectadas y 0.9 perinatal, es decir, de madre a hijo”.3

El doctor Silva recomendó que todas las personas que por algún motivo han sostenido relaciones sexuales sin condón, deben realizarse una prueba por lo menos una vez al año, pues un diagnóstico oportuno permite que el padecimiento sea tratable y controlable. “De igual manera, reiteró que a más de 30 años del primer caso de VIH/Sida en México, los avances del diagnóstico y tratamiento han permitido que esta enfermedad ya no sea una condena de muerte para los pacientes”4 .

Por ello insistimos en solicitar a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, en que coadyuve con las autoridades estatales y locales en pro de campañas publicitarias y mediáticas que pongan al tanto de los efectos que produce la falta de uso del condón a nuestras niñas y niños, toda vez que es uno de los sectores más vulnerables, por la falta de educación en el tema.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y a la de Educación Pública, a efecto de implementar medidas y campañas mediáticas que favorezcan la prevención de futuros contagios del virus de inmunodeficiencia humana.

Notas

1 Contabilizan 184 mil 304 casos de Sida en México, Excélsior: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/01/1131608

2 Contabilizan 184 mil 304 casos de Sida en México, Excélsior: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/01/1131608

3 Contabilizan 184 mil 304 casos de Sida en México, Excélsior: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/01/1131608

4 Contabilizan 184 mil 304 casos de Sida en México, Excélsior: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/01/1131608

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos y las autoridades de transporte y vialidad estatales a promover políticas de emplacamiento expedito de motocicletas, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, diputado Francisco Javier Pinto Torres, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Debido al incremento poblacional de las grandes ciudades, los productos y servicios para satisfacer las necesidades de las grandes urbes se han saturado. Según el índice de Volumen y Crecimiento según entidad federativa 2000, 2005, 2010 del INEGI “en 1950 poco menos del 43 por ciento de la población en México vivía en localidades urbanas, en 1990 era del 71 por ciento y para 2010 esta cifra aumentó a casi el 78 por ciento”. Con estas tendencias, las ciudades empiezan a presentar grandes problemas de saturación de servicios tales como basura y limpia, vivienda, agua potable, transporte público y movilidad.

En la Ciudad de México, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, en las “Recomendaciones para el financiamiento de la movilidad urbana”, se estima que un ciudadano promedio ocupa el 12 por ciento de su tiempo en la transportación diaria; asimismo, la velocidad promedio en la que una persona se desplaza en horas de mayor afluencia vehicular es de 6 y 8 kilómetros por hora, lo que repercute en grandes pérdidas económicas por competitividad, mismas que equivalen al 1 por ciento del PIB nacional.

Ante esta situación, conviene señalar que las motocicletas representan un transporte que reduce el tráfico vehicular, los tiempos de traslado, la contaminación por emisiones de bióxido de carbono, aumenta la productividad e incluso el tiempo de descanso de los trabajadores; siempre y cuando se tenga un manejo responsable y en consideración de las medidas de seguridad necesarias.

En 1980 en México existían 277 mil 84 motocicletas registradas, mientras que para 2014 se tenían 2 millones 270 mil 458 motocicletas registradas y circulando, según datos del Inegi, lo que representa un incremento del 719 por ciento en 34 años. Esto refleja que el ciudadano mexicano ve a la motocicleta como un transporte accesible y que responde a sus necesidades de movilidad.

En consecuencia, resulta necesario que los tres órdenes de gobierno inviertan en infraestructura mínima para el respeto de todos los usuarios de la vía pública y promoción de una cultura vial, donde se incluyan peatones, automovilistas, motociclistas y ciclistas; ya que si se promueve el transporte alterno al automóvil, se beneficia la movilidad en las ciudades.

Pero debemos preguntarnos: ¿Cuántas de las motocicletas que se venden en el país se registran y pagan sus impuestos?

El problema de una motocicleta que no se registra es un vehículo que no puede ser identificado, que no paga sus impuestos y, lo que es más grave, puede ser utilizado para la comisión de delitos.

El objetivo del presente punto de acuerdo consiste en que los gobiernos de las entidades federativas promuevan políticas de registro vehicular para facilitar el “emplacamiento pronto de las motocicletas”, de preferencia al momento de su venta inicial, medida que ha resultado efectiva en primer lugar para los ciudadanos que reciben un producto final listo para su uso legal por las vialidades.

En segundo lugar, constituye una medida efectiva para combatir los crímenes realizados en este tipo de autotransporte; del mismo modo, permite a las autoridades estatales recaudar un mayor número de impuestos por concepto de tenencia y derechos, a la vez que facilita mantener un control vehicular preciso sobre el número de autotransportes en su territorio y bajo su autorización.

A diferencia del sector automovilístico, el cual cuenta con una gran infraestructura nacional y apoyo por parte de las autoridades para mantener un control constante, la industria del motociclismo en México aún se encuentra en desarrollo, por lo que es importante revitalizar este sector como una alternativa de movilidad viable para las grandes ciudades.

Actualmente, estados como Puebla o el estado de México cuentan con un sistema tecnológico eficiente de emplacamiento de motocicletas, mientras que otras entidades con mayor carga burocrática no aprovechan las herramientas tecnológicas para la expedición de placas y permisos.

Colima es un ejemplo en la digitalización del proceso en el registro vehicular, ya que el ciudadano realiza su cita vía internet y, una vez programada la cita, la Secretaría de Movilidad en dos horas emplaca la unidad.

Por su lado, hay estados como Veracruz y Yucatán que cuentan con controles exigentes que se exceden en la seguridad del registro vehicular, al punto en que hacen ineficiente e inhiben el emplacamiento de vehículos por la vía legal a través de organizaciones automotrices, obligando al ciudadano a realizar el trámite directamente con las autoridades locales, lo que en muchos casos hace desistir al ciudadano del emplacamiento de su vehículo.

Summe Ius, Summa Injura , el exceso en ley es exceso en injusticia según el derecho romano, por lo tanto, el exceso en los controles de seguridad resulta en un exceso en materia de inseguridad registral de vehículos.

Uno de los ejes de la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es el desarrollo sustentable, por lo que consideramos que el uso de la motocicleta como medio de transporte es una opción segura y sustentable para el desarrollo metropolitano en México.

Por ello, es que proponemos impulsar con la presente proposición la movilidad segura, mediante el registro del motociclismo al momento de su venta.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y, a sus correspondientes autoridades en materia de transporte y vialidad, a crear políticas eficientes de emplacamiento de motocicletas en el momento de la compra de primera mano, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las agresiones cometidas contra la periodista Iris Velázquez, del diario Reforma, mientras cubría un desalojo en Atizapán, México, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

Delfina Gómez Álvarez y Virgilio Dante Caballero Pedraza, diputados a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. Un nuevo atentado a periodistas a la libertad de expresión ha ocurrido en el estado de México. El diario Reforma en su página principal del 1o. de diciembre de 2016 publicó una nota donde da cuenta de la agresión contra Iris Velázquez:

“El jueves 30 de noviembre de 2016, una reportera de Reforma fue golpeada, humillada y detenida mientras cubría un desalojo en Atizapán, ante la mirada de un fiscal del estado de México, quien, lejos de intervenir, se burló de ella.

La informadora fotografiaba las detenciones de paracaidistas en el predio Loma Larga, cuando dos policías con toletes la golpearon y le arrebataron la cámara.

La periodista pidió auxilio a Gerardo Ángeles Enríquez, fiscal regional de Tlalnepantla, quien se mofó, dijo no conocerla y le ordenó no mirarlo. De ahí la llevaron a un cuarto con otras dos detenidas. Una mujer agente le robó un iPad y una grabadora.

La reportera fue abofeteada tres veces por un hombre vestido de civil que daba órdenes, quien le escupió en el rostro. Luego, fue llevada junto a una barda donde la obligaron a ponerse los zapatos al revés y una agente le hizo tocamientos por cinco minutos en busca de celulares.

Posteriormente fue llevada por la Policía estatal al MP de avenida Sor Juana, en Tlalnepantla, donde fue incomunicada durante dos horas”1 .

Todo esto ocurrió cuando la reportera Iris Velázquez realizaba la cobertura de un desalojo en Atizapán, estado de México, policías la detuvieron y la trasladaron al Ministerio Público de Tlanepantla, aun cuando se identificó plenamente como periodista.

Cabe señalar que el pasado 14 de septiembre, la reportera Iris Velázquez fue insultada por la alcaldesa del municipio de Atizapán, Ana Balderas, luego de que Velázquez le cuestionara sobre el adeudo de tenencia de su camioneta importada marca Yukon Denali GMC valuada en un millón de pesos.2

Previamente, el 10 de septiembre, Iris Velázquez había revelado el oneroso costo de su vestimenta y accesorios, con un valor de alrededor de un millón de pesos, lo que contrasta con su sueldo de 72 mil 83 pesos mensuales.

“Sólo estos accesorios suman 1.08 millones de pesos, cantidad que la panista no alcanzaría a pagar ni aportando la totalidad de su sueldo de los ocho meses transcurridos en su administración”.3

Este 30 de noviembre la periodista denunció a través de su periódico “Mi credencial la agarraban, me la enseñaban y decían: reportera pen.... Y me escupían”4 , así mismo un hombre vestido de civil que daba órdenes “le escupió en la cara, le dio tres bofetadas y le obligó a ponerse los zapatos al revés. Una mujer policía le tocó los genitales, supuestamente en busca de equipo”, destaca Reforma .

“Sí, fui golpeada por policías estatales y uno que se decía federal pero no traía uniforme. Recibí macanazos, me escupieron, me tocaron, fui humillada, acosada, me robaron todo mi equipo, cámara, iPad, celular, tarjetas, dinero, credenciales...

Amenazaron con pegarme un balazo, con desaparecerme. Agradezco volver a ver a mi familia, creí varias veces sus amenazas. Estoy viva, y me siento tan feliz de volver a comunicarme”5 .

Fue hasta que llegaron varios compañeros reporteros al Ministerio Público (MP) para presionar y lograron la liberación de la víctima.

Segundo. Esta agresión y abuso de autoridad por agentes policiacos y de la autoridad ministerial en contra de una reportera, se inscriben en el contexto actual en que se desenvuelven los periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos y los hace especialmente vulnerables en el desempeño de sus labores, según lo afirmado por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien señaló que “la mejor defensa contra las agresiones es la prevención y protección a esos grupos mediante medidas adecuadas de seguridad y auxilio, de manera congruente, oportuna y proporcional a los riesgos que enfrentan, evitando que éstos se actualicen”6 .

En esa ocasión la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras (RSF) expresó “su profunda indignación y su consternación por el asesinato de Rubén Espinosa Becerril. Por desgracia, el caso de este periodista ilustra la escalada de la violencia en el país”, afirmó Emmanuel Colombié, responsable del Despacho Américas de RSF. “Consciente de la gravedad de las amenazas que enfrentaba en Veracruz, Rubén Espinosa Becerril había decidido exiliarse en la Ciudad de México, donde pensó podía refugiarse, ponerse a salvo. No obstante, se convirtió en el octavo periodista asesinado desde el inicio del año 2015. Ante este terrible balance, las autoridades mexicanas deben reaccionar, proteger verdaderamente a los periodistas y proporcionar a la justicia todos los medios necesarios para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra los actores de la información”, añadió7 .

Según datos de RSF, desde el año 2000 han sido asesinados 88 periodistas en México. Cuando Enrique Peña Nieto realizó una visita oficial a París, con ocasión de desfile del 14 de julio, esta misma organización hizo un llamado al presidente mexicano para que cumpliera sus compromisos de forma firme, a fin de garantizar la seguridad de los periodistas y fortalecer la libertad de información en el país.

Tercero . México ocupa el lugar 148, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por Reporteros Sin Fronteras en febrero de 2015.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; donde las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado e incluso de las autoridades corruptas, son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de expresión y el derecho a la información.

En México, en la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido. Asimismo, ciertos medios de comunicación frecuentemente son blanco de ataques armados y de amenazas, en especial en el norte del país.

Las intimidaciones también provienen de las autoridades federales y estatales. A tales hechos se suma el que en 2013 el gobierno federal habría establecido un acuerdo con algunos gobiernos estatales para que no se divulgue información sobre hechos de violencia, con el objetivo de reducir el sentimiento de inseguridad general.

La impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de asesinato y de desapariciones. Las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o se frenan debido a la lentitud burocrática. La impunidad también se explica por la colusión entre el crimen organizado y las autoridades políticas y administrativas, a menudo corruptas y en las que incluso se han infiltrado los cárteles a todos los niveles.

Este clima de violencia e impunidad ha obligado a numerosos periodistas a exiliarse para huir de las amenazas que enfrentan ellos y, con frecuencia, sus familias. Numerosos medios de comunicación han renunciado a abordar el tema del narcotráfico por temor a represalias violentas, de allí un clima de autocensura perjudicial para la libertad de información. En muchos casos, las redes sociales se han convertido en las únicas fuentes de información sobre los estragos ligados a los cárteles de la droga, que no dudan en tomar como blanco a los blogueros que intentan romper la espiral de silencio.

En el plano jurídico, la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión en febrero de 2006, no ha mostrado resultados tangibles. Desde entonces, sólo se ha dado como resultado una condena. En 2012 el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permitía a las autoridades federales atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atentan contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo. Esta reforma permitió la creación del Mecanismo para la Protección de Periodistas y de defensores de los derechos humanos, que sigue siendo criticado por sus deficiencias.

Cuarto . Al respecto cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante su 108 periodo ordinario de sesiones en octubre del año 2000.

Dicha declaración constituye un documento fundamental para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas sino que además incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho.

La CIDH adoptó este documento con plena conciencia de que la consolidación y desarrollo de la democracia dependen de la libertad de expresión y convencida de que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático.

Debido a la trascendencia de estos principios en el desarrollo del respeto a la libertad de expresión, se presenta a continuación una interpretación sobre los principios enunciados en la declaración. En ella se establecieron entre otros puntos los siguientes:

“Principio 1

La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”8.

El respeto y protección de la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen todos los elementos para el fortalecimiento democrático y el respeto a los derechos humanos. El derecho y respeto de la libertad de expresión se erige como instrumento que permite el intercambio libre de ideas y funciona como ente fortalecedor de los procesos democráticos; a la vez que otorga a la ciudadanía una herramienta básica de participación. Asimismo, a través de los comunicadores sociales, la ciudadanía adquiere el poder de participar y/o controlar el desempeño de las acciones de los funcionarios públicos. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma.

Asimismo, es importante destacar que la declaración hace referencia a la libertad de expresión “en todas sus formas y manifestaciones.” La libertad de expresión no es un derecho limitado a los comunicadores sociales o a aquellas personas que ejercen este derecho a través de los medios de comunicación. El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole.

“Principio 2

Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.9

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estados miembros deben eliminar las medidas que discriminen a los individuos de una participación plena en la vida política, económica, pública y social de su país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de las personas a la no-discriminación como pilares básicos en el fortalecimiento y funcionamiento de los sistemas democráticos del hemisferio. La carta de la OEA en sus artículos 33 y 44 establece:

“La igualdad de oportunidades, la distribución equitativa de la riqueza y el ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral y fomenta la incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la población, tanto del campo como la ciudad, en la vida económica, social, cívica, cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación del sistema democrático”.

La falta de participación equitativa impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones. En este sentido, la Corte Interamericana expresó que:

“Dentro de una sociedad democrática es necesario que se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. Tal como está concebido en la Convención Americana, es necesario que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información”10 .

Quinto . Es preciso señalar que la violencia contra las mujeres periodistas va en aumento, entre 2014 y 2015 la violencia contra las periodistas presentó un incremento de 70 por ciento en relación con los dos años anteriores (2012 y 2013), lo que representa el mayor índice de “violencia contra las periodistas en su ejercicio de libertad de expresión desde el año 2010”, reportó Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC), en su último informe titulado El poder del cacicazgo. Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015 11 .

De los 147 casos de violencia contra mujeres periodistas en México documentados por Cimac, dos de ellos finalizaron en feminicidio de dos reporteras (Tamaulipas y Nuevo León) “y con ellas se suma un total de 14 feminicidios (de periodistas) documentados de 2005”, todos permanecen en completa impunidad. Las principales líneas de investigación que cubrían las reporteras en el momento de la agresión están relacionados con hechos de corrupción por parte de funcionarios locales y estatales.

“Las agresiones se realizaron cuando investigaban o cubrían asuntos relacionados con el desvío de recursos, abuso de autoridad y compra de votos durante campañas y procesos electorales, así como movimientos sociales [...] El común denominador del ataque contra las periodistas es su búsqueda de la verdad, su compromiso por documentar la corrupción, su responsabilidad por denunciar la impunidad y su tenacidad en el ejercicio de su profesión.”12

Adicionalmente, el hecho de que esta agresión sea cometida por funcionarios públicos encargados de las funciones de seguridad pública y de procuración de justicia constituye un doble agravio contra la sociedad, considerando que el 31 de julio de 2015 el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres emitió Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de México, y que en Alerta de Violencia de Género que en su resolutivo segundo, numeral II de las Medidas de Prevención establece:

“4. Establecer un programa único de capacitación, sensibilización formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos del gobierno del estado de México. La estrategia deberá ser permanente, continua, obligatoria y focalizada particularmente a las personas vinculadas a los servicios de salud y atención a víctimas, así como a los de procuración y administración de justicia, con el apoyo de instituciones y personas especializadas en la materia ...”13

Como consecuencia de esta declaratoria, el 3 de noviembre de 2015 fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de México Decreto del Ejecutivo del Estado para Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de México 14 , el que, entre otras cosas, señala:

“Primero . El presente decreto tiene por objeto establecer las medidas inmediatas y urgentes para atender la problemática de la violencia contra las mujeres , adolescentes y niñas en los once municipios en los cuales se declaró la Alerta de Violencia de Género para que, de manera progresiva, se elaboren los protocolos de actuación, se implementen recursos y se capacite a las y los servidores públicos que intervengan en su aplicación. Los municipios que corresponden al presente decreto son: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

Segundo . Las autoridades del gobierno del estado de México deberán llevar a cabo todas las acciones necesarias para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres en la entidad. Para ello, las dependencias encargadas de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia deberán elaborar protocolos de actuación relacionados con la intervención inmediata por parte de las autoridades en actos de violencia de género contra las mujeres, así como aplicar los ya existentes, además de brindar capacitación al personal de las instituciones obligadas a implementarlo , basándose en el más alto respeto por los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas en el estado...

Tercero . Las instancias del gobierno del estado de México tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que México es parte y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. En el caso concreto de la violencia de género contra las mujeres, adolescentes y niñas deberán prevenir que los estereotipos socioculturales influyan en la actuación de las y los servidores públicos y, en su caso, investigar y sancionar al personal que incurra en ello ”.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena las agresiones cometidas en contra de la fotorreportera Iris Velázquez, del diario Reforma quien fue robada, golpeada, humillada, vejada, agredida sexualmente y detenida ilegalmente mientras cubría un desalojo en Atizapán, estado de México el 30 de noviembre de 2016.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, para que atraiga el caso de las agresiones cometidas en contra de la fotorreportera Iris Velázquez, del diario Reforma , quien fue robada, golpeada, humillada, vejada, agredida sexualmente y detenida ilegalmente mientras cubría un desalojo en Atizapán, estado de México, el 30 de noviembre de 2016 y lo ponga bajo el encargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México, para que mandate a los servidores públicos de todos los niveles, especialmente los encargados de la seguridad pública y procuración de justicia, para que se abstengan de hostigar, amedrentar, amenazar y agredir a periodistas en cumplimiento de su labor informativa.

Notas

1 Diario Reforma , página principal 1º de diciembre de 2016.

2 Diario Reforma , 14 de septiembre de 2016, “Se siente hostigada #LadyAlcaldesa”, por Iris Velázquez.

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/defaul t.aspx?id=939912&md5=5f089cf464ef6ba601c7392e64228e47&ta=0dfdba c11765226904c16cb9ad1b2efe

3 Diario El Norte , 11 de septiembre de 2016, “Porta alcaldesa ajuar de $912 mil pesos”, por Iris Velázquez

http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/defaul t.aspx?id=937035&md5=b81ddb8417c3b5b3ff430e66b7d36791&ta=0dfdba c11765226904c16cb9ad1b2efe

4 Polis” de Edomex golpean, humillan y escupen a reportera de Reforma

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijgfqe3tPQAhVLxmMKHfmdAUYQFghLMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.mimorelia.com%
2Fpolis-de-edomex-golpean-humillan-y-escupen-a-reportera-dereforma%2F&usg= AFQjCNFYVywHoHSM4 3OaMKn5 90QPAAAMGA}

5 Diario digital LECTOR24, 1 de diciembre de 2016, “Recibí macanazos, la policía me escupió y me robaron: Iris Velazquez” http://lector24.com/blog/2016/12/01/recibi-macanazos-la-policia-me-escu pio-me-robaron-iris-velazquez/

6 CNDH. Comunicado de Prensa DGC/276/16 Expertos en Derechos Humanos y Libertad de Expresión Evalúan el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ciudad de México, a 29 de octubre de 2016.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwjZ0saD4dPQAhVUGMKHVPBAKAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cndh.org.mx%2Fsites%2Fall%2Fdo
c%2FComunicados%2F2016%2FCom_2016_276.pdf&usg=AFQjCNFuAmvacnBBj-_xI85GZzysKmHi9A

7 Reporteros Sin Fronteras. Publicado Lunes 3 de Agosto de 2015 https://es.rsf.org/ https://es.rsf.org/mexico-encuentran-asesinado-en-el-df-a-03-08-2015,48 188.html

8 Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2

9 Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2

10 Ibíd.

11 Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis legal. Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC). Heinrich Boll Stiftung-CIMAC, 2014.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtsKWj9TQAhUGMGMKHXMMDDEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cimacnoticias.com.mx
%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Finforme_impunidadcimac.pdf&usg=AFQjCNEVFhu4FE6PCvpcuY4howhRCQbQkw

12 CIMAC, “El poder del cacicazgo. Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, págs. 39 y 53.

13 Declaratoria de Procedencia Respecto a la Solicitud de Aleta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de México,
http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2015/08/cnpevm_827_1_2015_CMDPDH.pdf

14 3 de noviembre de 2015. Gaceta Oficial del Estado de México “Decreto del Ejecutivo del Estado para Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de México.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3he6AmdTQAhUY62MKHbIHBdAQFggvMAQ&url=http%3A%2F%2Fsalud.edomexico.gob.mx
%2Fintranet%2Fuma%2Fdoctos%2FVIOLENCIA_DE_GENERO.pdf&v6u=https%3A%2F%2Fsv6exp1ds.metric.gstatic.com
%2Fgen204%3Fip%3D201.174.78.185%26ts%3D1480636559150607%26auth%3Dg5fogbpmphhejib6h4da2qitisnjobo6%26rndm%3D0.
09367336247667257&v6s=2&v6t=14910&usg=AFQjCNGhMQT87fDQRfE0UnEUDvhjJtP_vg

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputados: Delfina Gómez Álvarez, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al ayuntamiento de Bahía de Banderas a cumplir lo establecido en la Ley de Protección a la Fauna para Nayarit en cuanto a la creación de la comisión municipal de protección de la fauna, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En Nayarit existe la Ley de Protección a la Fauna, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit a los dieciséis días del mes de diciembre del año 2006.1 Misma que tiene por objeto establecer las bases para la protección de las especies en el estado.

Esta Ley, prevé en su artículo 13 que “en cada municipio de la entidad deberá constituirse una Comisión Municipal para la Protección a la Fauna, con el objeto de coadyuvar con la Comisión Estatal y con las autoridades competentes en la aplicación y cumplimiento de dicha ley.

Esta comisión municipal estará integrada por: Un Presidente, un secretario, un representante de la Dirección de Salud municipal y un representante de las fundaciones, asociaciones u organizaciones social o privadas dedicadas a la protección de la fauna.

El presidente y el secretario de la Comisión Municipal serán designados y removidos libremente por el presidente municipal”.2

Continúa diciendo el artículo 15 de la misma ley; “Corresponde a los gobiernos municipales:

I. Ejercer de manera concurrente con el Estado, según el convenio respectivo, la competencia que le reconozca ésta ley y sus disposiciones reglamentarias. Los convenios que celebren los gobiernos municipales entre sí o con el gobierno del Estado, se ajustarán estrictamente a las disposiciones de las leyes federales y estatales en materia de protección a la fauna, equilibrio ecológico y protección al ambiente;

II. Expedir licencias o autorizaciones de funcionamiento para la operación de establecimientos mercantiles o a personas físicas dedicadas a la crianza, reproducción, entrenamiento y/o comercialización de animales;

III. Promover campañas permanentes de difusión en materia de protección animal y de conservación y respeto a la fauna silvestre;

IV. Gestionar mediante convenio con el Estado centros de asilo, reservorios o centros de custodia, para especies de fauna doméstica a fin de que se canalice a éstos a los animales abandonados, perdidos, sin dueño, lastimados, enfermos, feroces o peligrosos, en los términos de la presente ley;

V. Coordinarse con las autoridades federales y estatales competentes, en las materias relativas al objeto de la presente ley;

VI. Emitir recomendaciones a las autoridades competentes en materia de fauna silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación respectiva y considerar las que reciba de otras autoridades sobre su propia actuación;

VII. Recibir las denuncias sobre maltrato a los animales y demás infracciones a la presente ley;

VIII. Realizar visitas de inspección de domicilios particulares y establecimientos de entretenimiento, servicio y comercio, u otros servicios, como circos, laboratorios, rastros, criaderos, empresas que ofrecen seguridad privada, cuerpos policíacos o cualquier otro en donde se utilicen animales, con el objeto de verificar que las condiciones en que se encuentran correspondan a las establecidas por la ley y sus disposiciones reglamentarias;

IX. Imponer las sanciones correspondientes, en caso de que se comprueben infracciones a esta ley, a través de las comisiones municipales; y

X. Ejercer las demás atribuciones que determine la presente ley y sus disposiciones reglamentarias”.3

Asimismo, los artículos Segundo y Cuarto transitorio de la misma ley, mencionan que la integración de las Comisiones Estatal y municipales de Protección a la Fauna deberá realizarse en un plazo no mayor a los 60 días contados a partir del día siguiente de la publicación de la ley y establece que los ayuntamientos del Estado deberán prever una partida presupuestaria para hacer frente a los gastos de las comisiones municipales.4

En Bahía de Banderas y el resto del estado, se han venido presentando una serie de casos en los que se percibe el maltrato animal, en distintas modalidades tales como: abandonarlos en la vía pública, mutilaciones, arrojarlos vivos o muertos en lotes baldíos, no proporcionarles alimentos, etcétera.

Diariamente a través de asociaciones de animales se denuncian maltratos de perros a manos del hombre, un problema que va en aumento, aunque la ley tiene sanciones tanto económicas como cárcel para quienes cometan este tipo de delitos, que van de 3 a 10 días de salario mínimo, de 7 a 15 días, de 20 a 40 años y hasta 50 y 100 días de salarios dependiendo el grado y 36 horas de arresto.

El endurecimiento de las leyes se derivó luego de que Callejerito, un perro fuera torturado y asesinado a golpes y palos por cuatro jóvenes nayaritas quienes lo grabaron y difundieron en las redes sociales.

Esta acción provocó que decenas de ciudadanos y asociaciones protectoras de animales, no solamente de Nayarit, de diferentes entidades de la República, sino de otros países, exigieran a las autoridades sanciones a los transgresores.

Los agresores, jóvenes estudiantes solamente fueron expulsados de su escuela en Tepic y pagaron una multa de 380 pesos, sin posibilidad de cárcel, al no estar contemplado en la ley.5

Y así, se pueden mencionar varios casos de maltrato animal, sin que puedan darle el seguimiento adecuado para sancionar a los responsables. Por la falta de las Comisiones respectivas.

Los animales dependen de los seres humanos para asegurar su bienestar.

Cada vez más se entiende que los animales domésticos son una responsabilidad, no un juguete, y que por tanto tenemos la obligación de cuidarlos con la debida diligencia. El abandono puede considerarse como un maltrato si consideramos que en la calle, carretera, terrenos baldíos y/o encerrados los animales no pueden proveerse por sí mismos de comida, agua, abrigo y protección de su salud. Abandonados, sin asistencia alguna, los animales están expuestos a toda especie de agresión y violencia, como envenenamientos, atropellos y muerte.

La relación humano-animal es milenaria y son los perros quienes han brindado al hombre innumerables e invaluables beneficios físicos y psicológicos; sin embargo, lejos de retribuirles de la misma forma, se les ha tratado como objetos de consumo que se pueden adquirir y desechar a placer. Muchas veces se convierten en una molestia que bajo circunstancias como falta de capacidad económica, cambios de residencia, aparición de alergias, compra compulsiva o incompatibilidad, conducen a su abandono, olvidando que se trata de un ser vivo y que muchas de estas situaciones pueden solucionarse.

En conclusión, el municipio de Bahía de Banderas incumple de manera obvia lo dispuesto en la legislación estatal. Precisamente lo que establece el artículo 13, en cuanto a la creación de la comisión municipal de protección a la fauna.

En virtud de lo anterior es que me permito proponer al pleno de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al ayuntamiento de Bahía de Banderas para que le dé cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección a la Fauna para el estado de Nayarit, en cuanto a la creación de la Comisión Municipal de Protección a la Fauna.

Notas

1 Ley de protección a la fauna para el estado de Nayarit. Orden Jurídico.
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2007/CDAgropecuaria/pdf/1LNAY.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Municipios de Nayarit no aplican leyes contra maltrato animal. Nota periodística. Milenio. Salvador Arellano. http://www.milenio.com/estados/proteccion_animal-ley_animal-proteccion_ de_animales_0_411559088.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a otorgar exenciones a los docentes del país, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, diputado Francisco Javier Pinto Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma constitucional al artículo 3 de febrero de 2016 dio inició a diversas modificaciones en el sistema educativo nacional; tema central para el Estado mexicano por tratarse de un motor de crecimiento, competitividad y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.

En septiembre del 2013 fue publicada la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y modificaciones a la Ley General de Educación, con lo que se completaba el marco normativo el cual regiría la actividad educativa en el país.

En el proceso de la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente se discutió ampliamente el tema de la evaluación a los docentes para su ingreso, promoción y permanencia; estableciendo un nuevo sistema de evaluación, con el objetivo central de garantizar la calidad de la educación, así como para la actualización y formación continua de los maestros y directivos.

De acuerdo al informe “Los docentes en México. Informe 2015” del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), “Al inicio del ciclo escolar 2013-2014, 1 millón 201 mil 517 docentes enseñaban en 228 mil 205 escuelas de educación básica atendiendo a 25 millones 939 mil 193 alumnos, mientras que 273 mil 939 profesores laboraban en 14 mil 375 planteles de educación media superior.

En las escuelas de educación preescolar trabajaban 227 mil 356 educadores dando atención a 4.8 millones de niños; en primaria 573 mil 238 docentes frente a grupo estaban a cargo de 14.6 millones estudiantes, y en secundaria 400 mil 923 profesores brindaron atención a 6.6 millones de jóvenes.”

Asimismo, el citado estudio también añade: “Más de la mitad de las docentes de educación preescolar y primaria tienen niveles salariales inferiores a los de otras profesionales con contratos de medio tiempo o más. En 2012, la mediana del salario real de las educadoras representó menos de la mitad de la mediana del salario de otras profesionistas con ese nivel de escolaridad y con jornadas de medio tiempo o más. En el caso de las docentes de primaria esa desventaja va de 15 a 25 por ciento cuando a las primeras se les compara con las profesionales en ciencias exactas o de la salud, respectivamente. Un fenómeno similar se presenta entre los varones aunque las brechas salariales son menores.”

Después de lo anteriormente señalado por el INEE, es necesario revalorar el esfuerzo económico que realizan los maestros ante las precarias condiciones de infraestructura de los planteles escolares públicos, ya sea en escuelas urbanas generales, rurales, indígenas, telesecundarias o multigrado. Son los salarios de los maestros y los padres de familia los que absorben gastos de mantenimiento y materiales que deberían ser carga de los gobiernos.

Al día de hoy, en el proceso de implementación de la reforma educativa, es necesario reconocer que son los maestros quienes impulsan el desarrollo y competitividad del país, así como la formación de ciudadanía. De igual forma, y teniendo en consideración el apoyo que los docentes han brindado a la reforma educativa, consideramos que el Ejecutivo federal podría brindar incentivos fiscales con el objetivo de apoyar sus condiciones laborales, materiales y de vida de los docentes; a la vez que sería un reconocimiento al esfuerzo que han realizado por materializar un mejor sistema educativo.

Como precedente de los estímulos fiscales que el poder Ejecutivo federal puede otorgar está el decreto publicado el 11 de febrero de 2011, donde el entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa otorgó disminuciones a los impuestos, deduciendo las colegiaturas particulares desde el nivel preescolar hasta el bachillerato o su equivalente, bajo el argumento de que es necesario ampliar la cobertura y permanencia en el sistema educativo, apoyar a las familias mexicanas, apoyar a los contribuyentes a disminuir el impuesto sobre la renta y para impulsar el desarrollo, modernización y progreso del país.

El Poder Ejecutivo federal cuenta con la facultad de eximir y conceder subsidios, según lo establece el artículo 39 del Código Fiscal Federal que a letra dice:

Artículo 39. El Ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en una ley tributaria federal o tratado internacional.

II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.

Las resoluciones que conforme a este Artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.”

En consecuencia, desde el poder legislativo se realiza el presente exhorto de manera respetuosa y en el marco republicano de respeto entre poderes, para que el Ejecutivo federal ejerza dicha facultad en miras a promover y seguir consolidando los esfuerzos de la nación entorno a la reforma educativa.

Es necesario señalar que no se propone de manera específica el tipo, cantidades, publico objetivo, ni forma en la que se podría exentar de impuestos a los profesores, ya que siendo facultad del Ejecutivo federal, tendría que ser éste y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quienes determinen de manera concreta los condicionantes en los que un docente podría realizar mayores deducciones al régimen tributario al que esté adscrito; tal y como se realizó en el decreto de 11 de febrero de 2011 sobre colegiaturas.

El tema central para nuestro país debe ser la gran cantidad de maestros comprometidos con la calidad de la educación y los resultados que el magisterio está logrando para la formación de niñas, niños y jóvenes. De esta forma no se desvirtúa la labor del maestro que camina, que estudia, que se prepara y que está al frente del grupo apoyando día con día a sus alumnos. Por ello, proponemos que se dé un incentivo fiscal a este sector de trabajadores que verán de manera inmediata beneficios en sus percepciones.

Con la propuesta plasmada en el presente punto de acuerdo se ayudaría a disminuir las carencias de los maestros directamente y de las escuelas y alumnos indirectamente, ya que son los profesores quienes comúnmente compran o cooperan con material para sus alumnos, agua para el salón de clases, material de oficina, gises, pintura, pizarrones y gran cantidad de material diverso para mejorar sus condiciones de trabajo en los planteles escolares.

Por último, con el presente punto de acuerdo se pretende promover el reconocimiento del Estado a los maestros como un componente fundamental del sistema educativo nacional, que ha brindado su solidaridad a la reforma educativa con el compromiso de mejorar la calidad de la educación.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a otorgar exenciones fiscales a los docentes del país, de conformidad y haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí a difundir el seguimiento de las acciones penales realizadas sobre las denuncias presentadas contra la administración del ayuntamiento de Ébano correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado San Luis Potosí hacer público un informe detallado sobre el seguimiento de las acciones penales realizadas sobre las denuncias presentadas en contra de la administración del ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2007, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Erradicar la impunidad y combatir la corrupción administrativa, siguen siendo la demanda social más apremiante, que de no atenderse vulnerara aún más la credibilidad y eficiencia de las instituciones del Estado. Por eso, no podemos ser indiferentes ante la acusación de hechos de corrupción de funcionarios relacionados con el “desfalco a las finanzas públicas, peculado, ejercicio indebido de la función pública y asociación delictuosa”.

En el municipio de Ébano, San Luis Potosí, existen denuncias presentadas contra el ex alcalde de ese municipio, Crispín Ordaz Trujillo, quien desde 2008 fue denunciado ante la Auditoría Superior del estado y la Procuraduría General de Justicia del estado por un desvío de recursos por 364 millones de pesos durante la administración 2007-2009 que él encabezó.

No lo dicen únicamente los medios de comunicación, la Auditoría Superior del Estado, detectó irregularidades financieras en el periodo de enero a diciembre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2007. Las irregularidades señaladas afectaron principalmente al Ramo 28 como al ramo 33, las cuales después del periodo de solventación pusieron de manifiesto conductas administrativas que son materia de responsabilidad penal.

En acta de cabildo número 7 referente a la sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2007, se acordó por unanimidad la solicitud de un préstamo por la cantidad de 6 millones de pesos con Banobras, cuyo destino único sería para “Obras de conducción de agua potable a la localidad de El Peñón, nacimiento de agua Tamuín, SLP.”. Crédito garantizado por las participaciones que ingresos federales le corresponden al municipio.

El 28 de noviembre de 2007, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, deposito al municipio de Ébano, San Luis Potosí, la cantidad de 6 millones de pesos, en una cuenta abierta en BBVA Bancomer, SA.

El 31 de diciembre de 2007, el ingeniero Crispín Ordaz Trujillo, presidente municipal del H. ayuntamiento de Ébano, notificó al cabildo en pleno, que para sanear las cuentas del Ramo 33 en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FISM) en 2007, tomó del anticipo de participaciones la cantidad de 2 millones de pesos. Y que adicionalmente destinaria 2 millones 419 mil 536 pesos del resto del préstamo del sistema del peñón que se había pedido a Banobras por la cantidad de 6 millones de pesos, que fueron utilizados para el pago de aguinaldos 2007.

Quedando demostrado el desvió de recursos, al disponer indebidamente de un crédito autorizado y obtenido cuyo destino era para infraestructura hidráulica, igualmente el desvió de recursos de aportaciones federales y participaciones federales y estatales, para el pago de faltantes y de aguinaldos, que ya estaban programados en el ejercicio del gasto público municipal.

Las pruebas que lo demuestran son muchas, tanto las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, como las denuncias interpuestas por esta y por particulares ante la Procuraduría General de Justicia del estado.

Más aún, los servidores públicos del municipio de Ébano, en la administración 2007, integrado por el presidente municipal, el tesorero, el contralor, como todos los integrantes del cabildo, dejaron al municipio con una deuda que está convertida en una verdadera carga financiera y un lastre sin precedentes; pero como siempre tendrán que pagar los platos rotos las y los ciudadanos, situación que no debe más tolerarse ni repetirse.

Por ello, como integrantes del Poder Legislativo no podemos desatender lo que está pasando en el municipio de Ébano, San Luis Potosí, entre funcionarios corruptos que sigan auspiciando la impunidad y la corrupción.

La Cámara de Diputados solicita una explicación a fondo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por todo el dinero federalizado del que estos funcionarios dispusieron ilícitamente.

Asimismo, en el ámbito de sus facultades y competencias, reclama que se inicien las investigaciones correspondientes que se derivan de las múltiples denuncias en contra de los presuntos hechos de corrupción y desvío de recursos cometidos por los ex funcionarios antes mencionados y se aplique de manera inmediata las medidas cautelares.

Por las consideraciones antes expuestas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del estado San Luis Potosí hacer público el seguimiento de las acciones penales realizadas sobre las denuncias presentadas en contra de la administración del ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Profepa y la Conanp a implantar con el gobierno de Nuevo León una estrategia integral de conservación, protección, restauración y prevención de afectaciones e invasiones del área natural protegida en la categoría de monumento natural El Cerro de la Silla, a fin de asegurar su carácter único y valor histórico, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El impacto ambiental, la pérdida y el daño de las zonas naturales son causados principalmente por el desarrollo habitacional y/o la urbanización, entre otros factores. El crecimiento de la población está ocasionando que en los próximos años, más de la mitad de los habitantes vivan en zonas urbanas,i lo que trae consigo la propagación de enfermedades infecciosas, una mayor contaminación, climas con cambios drásticos y un índice de mortalidad más alto que en las zonas rurales y con mayores zonas naturales.ii Esto, aunado al valor histórico y al carácter único y excepcional con el que cuentan las Áreas Naturales Protegidas decretadas como Monumentos Naturales, hacen de suma importancia su protección, así como el de sus zonas aledañas, ya que por su cercanía provocan un daño directo a dichos Monumentos.

En la actualidad, los retos para mantener un medio ambiente digno son cada vez más complicados porque el cambio climático, sumado a problemas como la deforestación, la degradación y desertificación de los ecosistemas, y la pérdida de biodiversidad, requieren de una mejor y mayor gestión integral de los recursos naturales, ya que de éstos depende el desarrollo humano de cualquier país y región.iii

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución del 20 de diciembre del 2013, acordó que el 5 de diciembre fuera declarado como el Día Mundial del Suelo, y el año 2015 como el Año Internacional del Suelo, con el lema: “Suelos sanos para una vida sana” . En esta resolución se fundamenta la necesidad de reconocer la importancia del suelo como base de las funciones de los ecosistemas y de la seguridad alimentaria, lo que lo convierte en un elemento clave para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. Recordemos que para la Organización de las Naciones Unidas (ONU):“Los suelos sanos son la base para la producción de alimentos saludables, son el fundamento para la vegetación que se cultiva o gestiona para producir alimentos, fibras, combustibles o productos medicinales, sostienen la biodiversidad del planeta y albergan una cuarta parte de la misma, ayudan a combatir y adaptarse al cambio climático por su papel clave en el ciclo del carbono, almacenan y filtran agua mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones y sequias, son un recurso no renovable, su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible”.iv

Por su parte, el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece como objetivo fundamental el lograr la estabilidad de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático? nivel que debe permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático y que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Las áreas naturales protegidas contribuyen a alcanzar este objetivo.

En lo que respecta a México, es de subrayar que presenta uno de los mayores índices de degradación ambiental del mundo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la destrucción ambiental del país equivale a 8.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En el año 2003, el costo anual de la destrucción ambiental del país equivalió al 10 por ciento del PIB, lo que representó 754,000 millones de pesos. De acuerdo con el INEGI, en 2006 el deterioro ambiental equivalió a 903,724 millones de pesos, es decir, 149,724 millones de pesos más que en 2003.

Los ecosistemas bien conservados ayudan a mitigar los impactos del cambio climático, en tanto que los ecosistemas degradados lo que harán será agudizarlos; esto último trae consigo pérdidas en infraestructura, impactos económicos y, principalmente, pérdidas humanas, ya que en un artículo publicado por Greenpeace se indica que hasta hace pocos años las autoridades señalaban que había 25 millones de mexicanos en condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático, por lo cual al degradar los recursos naturales, las áreas verdes, los ecosistemas y la biodiversidad, no sólo se está acabando con miles de especies y seres vivos, sino que se está comprometiendo seriamente la vida humana.v

La visión a corto plazo de permitir el desarrollo habitacional en áreas verdes para beneficiar los intereses privados está hipotecando el futuro de todos; el permitir su destrucción nos está llevando irremediablemente a una catástrofe económica, social, política y ambiental.

México es rico en recursos, mismos que nos ayudan a sobrevivir y contar con un medio ambiente digno. Aunque las cifras varían, si su destrucción se tradujera en dinero, equivaldría a 903,724 millones de pesos en apenas un año, y estos costos se repiten y se acumulan año con año. Es decir, el costo y los impactos de la degradación ambiental aumentan progresivamente porque los daños ambientales se suman unos a otros. Los bosques y áreas naturales están desapareciendo rápidamente, esto trae consigo impactos ambientales y desabasto de recursos fundamentales para sobrevivir, entre muchos, por ejemplo el agua, ya que dos tercios del agua que consumimos en México es capturada por los bosques.vi

En particular, en el Estado de Nuevo León se encuentra una de las Áreas Protegidas en la categoría de Monumento Natural llamado “El Cerro de la Silla”, ubicado en los municipios de Guadalupe, Monterrey y Juárez, mismo que por su carácter único, histórico, natural y simbólico fue elevado por decreto del Ejecutivo a dicha categoría, y cuenta en la actualidad con leyes que lo protegen y programas que regulan sus actividades con el fin de conservarlo.vii

En este sentido, es de mencionar que se han otorgado permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto de cambios de uso de suelo en terrenos forestales, aledaños al Cerro de la Silla, lo que trae consigo ciertos peligros, tales como las corrientes de agua y los deslaves, porque no se respetan cauces y cañadas. Aunado a este riesgo también se encuentra el daño patrimonial a nuestro territorio y a nuestras Áreas Naturales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, otorga el derecho a toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; asimismo establece que compete al Estado impulsar los sectores sociales y privados de la economía, siempre sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público, en beneficio de sus recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Además de lo anterior, tiene como objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.viii

En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, uno de sus objetivos es precisamente la protección de los recursos naturales y la prevención de desastres, ya que cada año las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales representan un alto costo social y económico para el país. “Se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios palpable. Es decir, los incentivos económicos de las empresas y la sociedad deben contribuir a alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas, así como retribuir a los propietarios o poseedores de los recursos naturales por los beneficios de los servicios ambientales que proporcionan”.ix

En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que en los Monumentos Naturales únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación.x

En este punto es importante mencionar que según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, “las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley”.xi

Se destaca que dentro del Plan Metropolitano 2000-2021 de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey,xii así como en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalupe 2005-2015,xiii mismo que se homologó al Acuerdo de Cabildo N° 66,xiv se incluyera que la densidad en la franja contigua al Monumento Natural el Cerro de la Silla fuera de 2 viviendas por hectárea. Esto, con el fin de causar el menor daño posible a las zonas aledañas al Monumento.

Luego entonces, la construcción genera un daño directo al Cerro de la Silla, y es obligación del Estado, de sus autoridades, dependencias y de su gente, protegerlo. En este tenor, se debe de considerar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prohíba el otorgamiento del cambio de uso de suelo forestal a suelo urbanizable en las zonas aledañas al Monumento Natural, en coordinación con las dependencias correspondientes.

Lo anterior, debido a que actualmente las principales amenazas son: la invasión de las faldas del Monumento por asentamientos irregulares, la contaminación por basura y desechos domésticos, el inminente agotamiento de los recursos forestales, el descenso del nivel freático y escorrentía, y el deterioro de la vegetación y fauna por su uso intensivo.xv

La realidad es que persiste una gran preocupación por parte de la sociedad regiomontana en cuanto a la adecuada protección de este Monumento Natural, el Cerro de la Silla, que identifica a la Ciudad de Monterrey. Los residentes al interior del Área Protegida están conscientes de la necesidad de proteger los recursos; sin embargo, existen fuertes presiones de fraccionadores y habitantes irregulares para colonizar este sitio.xvi

Es por ello que se recomienda elaborar un Plan de Manejo de la zona que contemple tanto fines conservacionistas como de recreación; revisar las autorizaciones de desarrollo urbano; regularizar los asentamientos humanos; dar vigilancia permanente; construir instalaciones para uso turístico; zonificar y señalar el área dividiéndola en zonas de uso turístico y de protección de flora y fauna, y hacer una evaluación del estado de los recursos naturales existentes.xvii

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que de manera coordinada con el Titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en el ámbito de sus atribuciones, implementen una estrategia integral de conservación, protección, restauración y prevención de afectaciones e invasiones al área natural protegida en la categoría de monumento natural “El Cerro de la Silla”, con el fin de asegurar su carácter único y valor histórico.

Notas

1 Naciones Unidas, World Urbanization Prospects: The 2003 Revision (2004).

2 Goudie, The Human Impact on the Natural Environment: 265.

3 Inegi
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/bosques0.pdf

4 Inegi
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suelo0.pdf

5 Greenpeace en http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2009/6/destruccio n_mexico.pdf

6 Comisión Nacional del Agua, CNA, Estadísticas del Agua en México, 2003

7 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

9 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

10 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

11 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
http://www.conanp.gob.mx/regionales/

12 Periódico Oficial del 12 de septiembre de 2003

13 Periódico Oficial del 31 de julio de 2006

14 Acta de Cabildo N° 66 del 29 de octubre de 2002

15 Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con la categoría de Monumento Natural El Cerro de la Silla.

16 Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con la categoría de Monumento Natural El Cerro de la Silla.

17 Fuente: Contreras, A. A. 1993. Caracoles dulceacuícolas (Mollusca: Gasteropoda) de la subcuenca San Juan, tributario del río Bravo, noreste de México. Tesis. Facultad de Ciencias Biológicas. UANL. 150 pp.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de diciembre de 2016.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a incluir en su programa de auditorías el túnel sumergido en Coatzacoalcos, Veracruz; y a la SCT y al gobierno de la entidad, a eliminar la caseta de cobro en el puente Coatzacoalcos 1, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

Una de las obras de infraestructura que demuestra con crudeza la ineficiencia y la mala administración de algunos funcionarios y su complicidad con empresas privadas, es el túnel sumergido para cruzar el río Coatzacoalcos.

Su construcción inició hace más de 12 años y aunque el título de concesión original establecía que la puesta en operación del túnel sumergido y vialidades de acceso no podrá exceder del 20 de septiembre de 2007, en realidad todavía no está totalmente concluida. La inversión estimada en la concesión era de 1,800 millones de pesos, y ahora se calcula que tendrá un costo final de 5,000 millones de pesos.

La obra debería ayudar a reducir el aforo del puente Coatzacoalcos 1 y permitiría cruzar el río en menos de diez minutos, entre la ciudad y puerto de Coatzacoalcos hacia Villa Allende, donde se ubican los principales complejos petroquímicos del país: Cangrejera, Pajaritos y Morelos. Actualmente se requieren 45 minutos para cruzar por el Puente Coatzacoalcos, en el que diariamente circulan más de 22 mil vehículos.

Se dice que el túnel, único en Latinoamérica, utiliza tecnología española, holandesa y mexicana. En total, la obra que tiene una longitud de 2 mil 985 metros, de los cuales 700 metros se construyen a una profundidad de 35 metros por debajo de la superficie del río, con una estructura de 135 mil toneladas.

Hoy, después de múltiples retrasos, anomalías y un costo muy superior al presupuestado originalmente, se anuncia que próximamente el túnel será abierto al público. Como antecedente, el 2 de julio de 2015, la Gaceta Oficial del Estado publicó el decreto 576, por el cual el Congreso del estado autorizó al C. Gobernador para que, asistido por los titulares de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y de la Secretaría de Finanzas y Planeación, modifique el título de Concesión otorgado el 22 de septiembre de 2004, en favor de la concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, S. A. de C. V., con el fin de que, en plena observancia de las autorizaciones federales concedidas y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, se cumplan los siguientes objetivos fundamentales:

• Concluir la construcción y poner en operación el túnel sumergido del Río Coatzacoalcos en un plazo no mayor de doce meses, contado a partir del día siguiente al en que sea publicada oficialmente la autorización legislativa para que el Titular del Poder Ejecutivo modifique el Título de Concesión. Restituir el equilibrio financiero de la Concesión de mérito, privilegiando el interés público del Estado de Veracruz, para lo cual, deben cumplirse las disposiciones siguientes:

– La concesionaria aportará todos los recursos necesarios para concluir la construcción del túnel sumergido y sus vialidades de acceso, con objeto de ponerlo en operación en un periodo que no exceda de doce meses contado a partir del día siguiente al en que se publique en la Gaceta Oficial la autorización del H. Congreso del Estado para modificar el Título de Concesión.

– En términos del programa de obra que se acuerde con la concesionaria, el gobierno del estado entregará a ésta, conforme a las circunstancias, los derechos de vía y las autorizaciones ambientales correspondientes, respecto de la salida del túnel sumergido en el lado de Allende.

– El gobierno del estado no destinará recursos económicos adicionales a los que a esta fecha haya aportado al proyecto del túnel sumergido.

– El gobierno del estado y la concesionaria determinarán el saldo actualizado que efectivamente han aportado para la construcción del túnel sumergido, así como las fechas de aportación. Dicho importe será sumado a la cantidad que deba aportar la concesionaria para concluir la construcción del túnel sumergido y sus vialidades de acceso, incluyendo el proyecto ejecutivo.

– La suma de las cantidades anteriormente referidas es la que se tomará en cuenta en la corrida financiera que al efecto elaboren el gobierno del estado y la concesionaria, previendo una tasa interna de retorno (TIR) no mayor al 12% (doce por ciento) real, misma que hasta el momento, la concesionaria ha aceptado previa y expresamente.

Posteriormente, el 29 de junio del 2016 se publicó la tercera modificación del título de concesión que otorga el gobierno del estado a favor de la Sociedad de Nacionalidad Mexicana concesionaria Túnel Coatzacoalcos, SA de CV, para construir, operar, explotar, conservar y mantener un túnel sumergido que cruce el río Coatzacoalcos.

Esta modificación al título de concesión ratifica la decisión del gobierno estatal encabezado por Javier Duarte de Ochoa, de mantener los beneficios de la explotación del puente Coatzacoalcos 1 y del túnel para los concesionarios y amplía el plazo de la concesión del túnel a 45 años.

Lo grave es que eso se establece, después de que en 2008, el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que en una revisión del proyecto del túnel de Coatzacoalcos, en un total de 30 resultados, sólo en una no expresó observaciones negativas. En 29 sí, destacando el incumplimiento de las disposiciones de calidad y seguridad que requieren una obra de esa magnitud y complejidad.

En su recomendación general, en 2008 la Auditoría Superior de la Federación consideró que:

...el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría de Comunicaciones, Transportes, el Fideicomiso Bank of New York Mellon y la concesionaria Túnel de Coatzacoalcos no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución respecto de las operaciones examinadas, como se precisó en el resultado correspondiente de ese informe, y donde destaca que la entidad fiscalizada pagó 97.3 millones de pesos por el pago de precios extraordinarios estando al tanto de que el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no asumirá ni incurrirá en ningún costo o responsabilidad por concepto de errores de proyecto los cuales correrán por cuenta de la concesionaria.

Posteriormente, en 2009, en la auditoría de inversiones físicas 09-A-30000-04-0548 la Auditoría Superior volvió a hacer múltiples observaciones y su dictamen negativo concluyó:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el gobierno del estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programaron, presupuestación, licitación contratación, ejecución y pago, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: no se obtuvieron las licencias de construcción, se suscribió un contrato de autorización con la concesionaría sin que se haya prorrogado la vigencia que le dé certeza jurídica a las partes; no se comprobó que el proyecto ejecutivo incluyera la responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables en Diseño Urbano, Arquitectónico, y en Seguridad Estructural, e Instalaciones. No se ejerció el capital de riesgo, no obstante, se manifestó insuficiencia de recursos para la continuación de la obra, ni se hizo válida la garantía de terminación de la misma otorgada a favor del fideicomiso por no haber aportado la concesionaria recursos adicionales; se omitió aplicar sanciones a la Concesionaría por incumplir con el programa de trabajo; no se exigió a la Gerencia Especializada de Proyecto Grupo Básico Mexicano que vigilara que los desembolsos se efectuarán en relación con el avance físico de construcción; no se vigiló el cumplimiento de las especificaciones técnicas del Título de Concesión, en la construcción del muro Milán y los contrafuertes. Los trabajos se encuentran abandonados, y sólo se realizan trabajos de manera parcial en el dique seco, lo que acredita que no se concluyó la obra en el plazo establecido en el Título de Concesión y que representó una variación en plazo del 200.9%;

Por todo lo anterior y debido a las múltiples fallas e irregularidades en el proceso de concesión y construcción de esta obra, se propone el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una nueva auditoría en torno al proyecto del túnel bajo el río Coatzacoalcos en la que, además de revisar lo relativo al costo financiero real de la obra y la contribución que hicieron las partes; se auditen los términos de la concesión, de las modificaciones al título de concesión y las condiciones de la entrega e inicio de operaciones, considerando la calidad física de los materiales y los riesgos a la seguridad de los usuarios por la construcción realizada.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una revisión de la calidad de las solventaciones a las observaciones realizadas en las auditorias de años anteriores; solventaciones que debieron ser presentadas por el gobierno del estado de Veracruz, por Banobras, el fideicomiso y los funcionarios vinculados al proyecto Túnel bajo el río Coatzacoalcos, así como de las sanciones impuestas a partir de las irregularidades encontradas en las anteriores auditorías.

Tercero . Se exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a eliminar el pago del peaje del túnel y del Puente Coatzacoalcos 1, debido las circunstancias económicas que han impactado negativamente en la población del municipio de Coatzacoalcos y del sur de esta entidad federativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la elaboración, presentación, publicación y divulgación de los diagnósticos y programas estatales de derechos humanos, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada Angélica Reyes Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La garantía de los derechos humanos en el Estado mexicano obliga a las autoridades a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, en aras de construir una verdadera política de Estado en la materia. Específicamente, con la reforma publicada el 10 de junio de 2011, se instauran condiciones sustanciales que implicaron la reestructuración del sistema normativo mexicano para incorporar expresamente a la persona en el centro de la protección jurídica.

Entre las reformas que se consideraron se incluyó el mandato en el artículo 1o. de nuestra Constitución el que:

[...] el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Esta misma reforma incluyó, en el apartado B del artículo 102 de la Constitución, que:

El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Con estas reformas legislativas se generaron obligaciones garantistas para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. El artículo 102 constitucional hace referencia a que las constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos, tal y como se establece a nivel federal, con la finalidad de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que mandata el orden jurídico mexicano.

En este rubro, diversos son los instrumentos internacionales a los que el Estado mexicano se ha comprometido, entre los que destaca la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptada en 1993. Con su firma y ratificación nos obligamos a crear condiciones favorables en los diferentes ámbitos para el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos; a eliminar las violaciones en esta materia y sus causas, así como los obstáculos que se opongan a la realización de esos derechos.

Esta Declaración y, su Programa, forman parte esencial de un plan común para el fortalecimiento de la labor en el asunto alrededor del mundo; especialmente, en lo que concierne a la coordinación, establece que:

Los órganos y organismos especializados relacionados con los derechos humanos deben, por consiguiente, reforzar la coordinación de sus actividades tomando como base la aplicación consecuente y objetiva de los instrumentos internacionales de derechos humanos.1

En esta conjunción de esfuerzos y sistematización para dar cumplimento al marco jurídico nacional e internacional, el 30 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, instrumento rector de la política pública en la materia. En el diagnóstico de este importante Programa se señala que existe una ineficiente coordinación y colaboración entre los actores involucrados en la política de Estado de Derechos Humanos, señalando de manera particular que a nivel estatal y municipal no existen mecanismos coordinados que permitan impulsar el cumplimiento de sus obligaciones, además de resaltar el desfase existente entre las acciones que se realizan a nivel federal y estatal. A decir:

Se espera que para 2018 por lo menos el 71 por ciento de los estados cuenten con un diagnóstico sobre su situación en materia de derechos humanos, y que por lo menos el 69 por ciento tenga un plan estatal de derechos humanos. La evolución de la meta tiene un desfase entre diagnóstico y programa pues se considera que los recursos y el tiempo necesario para elaborar un diagnóstico y un programa son muy distintos, además de que en este momento tres estados ya están elaborando o están empezando a elaborar su diagnóstico.2

Derivado de ello, el Programa Nacional de Derechos Humanos resalta, dentro de sus objetivos, establecer una adecuada articulación entre los actores involucrados e incluye, dentro de sus principales acciones, en el ámbito local, fomentar la elaboración de un diagnóstico sobre su situación con un Programa Estatal de Derechos Humanos. Con esta acción se proyecta fortalecer los lineamientos locales, retomando los estándares internacionales en todos los niveles.

Por otro lado, en septiembre de 2015, a convocatoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se llevó a cabo el Primer Encuentro para la Promoción y Fortalecimiento de los Programas Estatales de Derechos Humanos, con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los Gobiernos Estatales, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, académicos y representantes de la sociedad civil, a fin de conjuntar esfuerzos para la presentación de los Programas.

Resulta importante advertir que en el discurso de clausura de ese evento, pronunciado por el licenciado Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se hizo mención que, a esa fecha, cuatro estados contaban con un programa aprobado vigente (Distrito Federal, Oaxaca, Jalisco y Coahuila), y que en tres más se estaba por implementar (Tamaulipas, Veracruz y Baja California). Asimismo, se detalló que los estados que se encontraban en proceso de desarrollarlo eran Chiapas, Yucatán, estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.3 Por su parte, la página oficial de la Secretaría de Gobernación refiere que a finales de 2015 ya se esperaba que por lo menos diez estados contaran con su diagnóstico y Programa Estatal de Derechos Humanos.4 La meta es a 2018, lo cual nos forza a emprender acciones coordinadas, efectivas y expeditas.

Habiendo apuntado lo anterior, hoy en día podemos observar que solo algunas de las páginas oficiales de los 32 organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas han publicado su programa estatal; de ahí la imperiosa necesidad de incluir mecanismos de difusión.

En la observancia y seguimiento a la situación de los derechos humanos en nuestro país, diversos han sido los intentos por parte de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) por generar el cumplimiento de esta obligación local; sin embargo, a la fecha no se ha logrado.

Pese a que en la mayoría de las leyes locales se mandata la elaboración de planes y programas preventivos en materia de derechos humanos, la realidad es que siguen persistiendo disparidades respecto a la obligatoriedad de elaborar, presentar, publicar y difundir los citados diagnósticos y programas estatales.

Por tal motivo, resulta indispensable incluir en el presente exhorto a los congresos estatales, con la finalidad de que sus legislaciones incluyan este mandato, en aras de avanzar en la armonización de dicha obligación.

Los programas estatales representan un instrumento esencial para la prevención y atención de violaciones a los derechos humanos a nivel local, así como de coordinación institucional y de participación activa entre todos los actores involucrados, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, es de subrayar que tanto la Secretaría de Gobernación como la CNDH son dependencias rectoras en el tema que nos ocupa. Particularmente, la CNDH tiene dentro de sus atribuciones el formular programas y proponer acciones, en coordinación con las dependencias competentes, que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en la multicitada materia.

En este sentido, en cumplimiento de las responsabilidades que tenemos como Estado mexicano y, con la finalidad de fortalecer la coordinación entre las dependencias encargadas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los mexicanos, pongo a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a homologar la obligatoriedad por parte de los organismos de protección de los derechos humanos de elaborar, presentar, publicar y difundir su diagnóstico y Programa Estatal de Derechos Humanos.

Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, a coordinar junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas la elaboración, presentación, publicación, difusión y seguimiento de sus diagnósticos y Programas Estatales de Derechos Humanos.

Notas

1 http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_book let_Spanish.pdf

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2 014

3 http://www.gob.mx/segob/prensa/roberto-campa-subsecretario-de-dh-en-la-clausura-del-
1er-encuentro-para-promocion-y-fortalecimiento-de-programas-estatales-de-dh

4 http://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-un-programa-estatal-de-derecho s-humanos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México en el juicio número I-63001/2016, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Chávez García, diputada a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El estado de derecho en que vivimos significa la obligación de que todas las autoridades que nos gobiernan se ajusten en sus actividades cotidianas a actuar conforme a derecho dentro del marco jurídico supremo que se establece desde nuestra Constitución Política General hasta la norma jurídica de menor jerarquía, por lo mismo toda decisión emitida por órgano administrativo siempre debe estar sujeta a los procedimientos regulados por la ley, aplicando y respetando en todo momento los derechos humanos fundamentales de los gobernados.

Resulta que autoridades de la delegación Gustavo A. Madero , en la Ciudad de México han aplicado procedimientos administrativos completamente carentes de la garantía de legalidad, infundados y faltos de motivación legal alguna tal y como lo disponen los artículos 1o., 14 y 16 de nuestra Carta Magna.

En lo conducente dichos numerales mandatan lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona , familia, domicilio, papeles o posesiones , sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento .

En el contexto de la ilegalidad en que actúan autoridades de la delegación Gustavo A. Madero, en la actualidad se afectó y molestó ilegítimamente a la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, persona de la tercera edad y propietaria de la lavandería La Burbuja Azul, ubicada en la calle de Oriente 91, número 2436, colonia Emiliano Zapata, código postal 07880, en la citada delegación Gustavo A. Madero, a la que en un procedimiento totalmente viciado de origen dentro del expediente –SV/INVEA/EM/090/2016 por conducto del licenciado Ignacio Ruíz Avilés, director jurídico de la delegación Gustavo A. Madero, se ordenó la suspensión de actividades y en consecuencia la clausura de la lavandería La Burbuja Azul, única fuente de ingresos para cubrir sus necesidades más elementales de subsistencia, por lo que con el proceder de dicha autoridad administrativa se viola por igual en perjuicio de la ciudadano Martha Elva Pineda Matus, el párrafo primero del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho al trabajo lícito que ejercía dicha ciudadana.

La ciudadana Martha Elva Pineda Matus promovió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, demanda en contra de las autoridades delegacionales en Gustavo A. Madero solicitando la nulidad de los actos ilegalmente realizados por dichas autoridades administrativas, correspondiéndole a la Primera Sala de dicho tribunal tramitar y resolver sobre el particular, emitiéndose sentencia en el juicio número I-63001/2016 el 19 de septiembre del año en curso, en el cual en sus puntos resolutivos y en particular el cuarto se decretó la nulidad de los actos ejecutados por autoridades de la delegación Gustavo A. Madero en contra de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, ordenando la restitución en el goce de los derechos indebidamente afectados con la suspensión de actividades y clausura de la lavandería en comento, para lo cual se le dieron quince días a dichas autoridades delegacionales para dar cumplimiento a dicha sentencia, lo cual a la fecha no ha sido así, no obstante estar insistiendo en que se cumpla la sentencia en cuestión.

Cabe mencionar que el procedimiento instaurado por las autoridades administrativas en Gustavo A. Madero fueron tan aberrantes jurídicamente que los artículos en que se fundaron ni siquiera corresponden su aplicación al giro de lavandería, observándose que en el actuar de dichas autoridades se cometió una grave injusticia en contra de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, tratándose inclusive de una discriminación, interpretándose dicha exclusión como el trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etcétera.

Por todo lo anteriormente expresado y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al ciudadano Víctor Hugo Lobo Román, jefe delegacional en la delegación Gustavo A. Madero, a que instruya al director jurídico de dicho órgano administrativo, licenciado Ignacio Ruiz Avilés, a que dé cumplimiento a la sentencia que dictó el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo de la Ciudad de México en el juicio número I 63001/2016, restituyendo en el goce de sus derechos indebidamente afectados de la ciudadana Martha Elva Pineda Matus, respecto de la lavandería de su propiedad La Burbuja Azul, retirando los sellos de clausura que se encuentran colocados en el mencionado negocio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada María Chávez García (rúbrica)

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Con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, 62, numeral 2, y 76, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente efeméride, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconoce a las personas con discapacidad como un importante activo social que la nación no ha sabido estimular para convertirles en sujetos de derechos y potenciales protagonistas de los cambios sociales que todos los días se producen.

A pesar de la voluntad de gobiernos de todos los órdenes, entre los años 2010 y 2012; según el Coneval, las personas con discapacidad en situación de pobreza pasaron de 2.9 millones en el primer año citado a 3.5 millones en el segundo. Además, se percibe un rezago educativo de 3.4 a 3.8 millones; en el caso del número de personas sin acceso a la seguridad social, el incremento fue de 2.9 a 3.1 millones en el período señalado.

En el PRI vemos con optimismo el futuro inmediato, ya que el presupuesto a favor de las personas con discapacidad tuvo importantes avances.

El presupuesto, en materia de discapacidad, en el 2017 contará con cuatro programas directos para su atención: el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en la SEP; el Programa de Atención a Personas con Discapacidad en la SSA; los Servicios a grupos con necesidades especiales en Sedesol y la Atención a Personas con Discapacidad en el ISSSTE. Además, se han aumentado los recursos para el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Una buena noticia es que en el 2017 habrá Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad con recursos hasta por 447 millones de pesos; asimismo, el presupuesto, nuevamente, le ha puesto recursos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

También destaca, que por primera vez en la historia, en el decreto del Presupuesto se cuenta con un capítulo que se denomina “De la Inclusión de las personas con discapacidad” para que las Cámaras vigilen el uso eficiente de los recursos que destinan. Otra disposición en el presupuesto obliga a la Secretaría de Desarrollo Social a ejecutar sus programas adicionando el principio de inclusión de las personas con discapacidad, ello, permitirá a que en todas las acciones de la Secretaría se deberá incluir a las personas con discapacidad.

En el caso de nuestro marco jurídico, destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y la Convención sobre los Derechos del Niño, suscritas por nuestro país.

En el ámbito federal la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, representa la ley marco con la que cuenta el Estado para diseñar, ejecutar y evaluar acciones y programas; además, alrededor de 26 leyes federales tiene relación directa con este importante sector social.

En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el grupo parlamentario del PRI, hace un llamado todas las instituciones del Estado Mexicano a conjuntar esfuerzos para que México le cumpla a las personas con discapacidad, atendiendo a las 29 recomendaciones que el Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas le formuló al informe inicial de nuestro país el pasado 3 de octubre de 2014.

Ello, será fundamental para que el segundo informe de nuestra nación ante el comité, el próximo 17 de enero de 2018, contenga avances sustanciales que reporten la mejora en las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Una de las recomendaciones sustanciales, es la número 8, que señala que “El Comité recomienda al Estado parte que establezca mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones sean consideradas adecuadamente”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)

Con motivo del 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

A partir del surgimiento de la pandemia del VIH/sida en los años 80, la comunidad internacional se ha movilizado para enfrentarla a fin de detener los estragos que ha producido entre la población, a la fecha ONUSIDA estima que existen en el mundo 36.9 millones de personas viviendo infectadas, y estima que los decesos por esta causa han disminuido, de acuerdo a los registros del cierre del año 2015.

México ha suscrito la Declaración Política sobre el VIH y el Sida 2011, nos hemos sumado a la propuesta de la meta de 90/90/90 para el año 2030, es decir, lograr que se detecte al 90 por ciento de la población infectada, que el 90 por ciento sea sujeto de atención médica, y que el 90 por ciento logre a partir de la toma de tratamientos antirretrovirales, una carga de virus indetectable para evitar la transmisión del virus.

Aquí los primeros casos se registraron en 1983, y quienes viven con VIH han sido objeto de estigma y discriminación por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha iniciado una serie de Quejas, documentado la negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, la violación a los derechos humanos de quienes padecen esta enfermedad, la negligencia y omisión médica, en suma la violación del derecho a la protección de la salud consagrado constitucionalmente.

La pandemia sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país, el Censida estima que cerca de 190 mil personas viven con VIH, de esas, 123, 639 has sido detectadas y reciben tratamiento antirretroviral, 80 por ciento hombres y 20 por ciento mujeres, la vía de transmisión principal sigue siendo la sexual.

Quienes viven hoy con VIH, viven con una enfermedad crónica, la potencia de los medicamentos de acceso universal les permiten una buena calidad de vida y se estima que quienes son detectados y reciben atención oportuna pueden alcanzar hasta 40 años de vida, sin embargo nos enfrentamos a un problema de adherencia al tratamiento, hace falta motivar e implicar a las personas que viven con esta condición de salud para que se impliquen en la elección, inicio y control de los tratamientos antirretrovirales, lo que sólo se logrará deteniendo el estigma y la discriminación.

Desde el inicio de la pandemia en nuestro país, la pandemia se ha concentrado en poblaciones que continúan siendo las más afectadas; hombres gays, hombres que tienen sexo con hombres y sus parejas femeninas, personas trans, hombres y mujeres trabajadores sexuales y personas usuarias de drogas. Además se estima que entre los jóvenes 1 de cada 3 ignoran vivir con esta condición de salud, y ello debe ser motivo de atención especial.

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, ha declarado de manera contundente que la criminalización de las relaciones homosexuales constituye un impedimento para enfrentar la pandemia del VIH, por ello, como parte de los compromisos internacionales para detener el avance de la epidemia se ha determinado erradicar el estigma y la discriminación de las personas que viven con el VIH, a través de leyes y políticas que garanticen la consecución de todos los derechos humanos.

En este sentido la negativa de esta soberanía por reconocer y otorgar el matrimonio igualitario en fecha reciente, es un golpe a los esfuerzos por detener la pandemia en nuestro país. A la fecha sigue pendiente aprobar la reforma a la ley del IMSS e ISSSTE para otorgar seguridad social a familias homoparentales en esta cámara.

La atención que reclama la pandemia pasa de manera obligada por promover y auspiciar sociedades más incluyentes, leyes sin discriminación, derechos humanos para todas y todos de igualdad, educación formal de la sexualidad laica, basada en evidencia científica para permitir a las personas ejercer una sexualidad, libre, responsable e informada, el acceso universal a la prueba de detección y campañas mediáticas efectivas enfocadas a las poblaciones claves más afectadas.

Morena hace un llamado para señalar que el problema del VIH/sida, que genera un alto costo de vidas de personas en edad productiva y de recursos humanos y materiales para su atención, reclama también revertir la negación y el poco interés de los órdenes de gobierno y el establecimiento de leyes y políticas públicas sin discriminación para combatir de manera efectiva la homofobia –rechazo a la orientación sexual– y la transfobia –repulsa a la identidad de género– en aras de cumplir con las metas del 2030 del 90/90/90.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)