Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para impulsar y desarrollar la industria vitivinícola, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado federal Francisco Saracho Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La industria vitivinícola, es una de las actividades económicas de nuestro país, que mayor prosperidad, crecimiento y mejores resultados ha generado tanto a nivel nacional, como internacional en los últimos años, lo cual obedece a la alta calidad de las cosechas recogidas en los viñedos que hay en diferentes regiones del territorio nacional, lo cual ha contribuido a generar empleos y recursos para el erario federal, además de darle dinamismo y competitividad al mercado nacional.

La industria vitivinícola mexicana se compone por los productores de uva de mesa, uva de pasa, jugo de uva concentrado de vino, así como de los licores de uva, por lo que es variada su producción.

Dada la importancia que ya reviste la industria vitivinícola en la economía nacional y en la de algunas entidades federativas, es que desde la Cámara de Diputados se busca impulsar, fomentar y maximizar el desarrollo que ha obtenido hasta nuestros días con la creación de una comisión especial que impulse el desarrollo de la industria vitivinícola, circunstancia que contribuye a la continuidad que se le debe de dar al trabajo que se realizó durante las legislaturas precedentes, al organizar foros y generar acercamientos entre diversos productores y empresarios con autoridades gubernamentales, con la finalidad de darle mejores condiciones de desarrollo a esta actividad.

Por ello se requiere de apoyo gubernamental, con la finalidad de que dicha industria crezca y pueda competir con otros países latinoamericanos como lo son Argentina y Chile, e incluso de países europeos como Francia, España e Italia, y sumarse a esa elite de productores de vino y sus derivados a nivel internacional, solo que para ello ocurra, es necesario que al interior de nuestro país, se pueda consolidar el crecimiento que la industria vitivinícola ha venido mostrando en los últimos años.

En abril de 2015, la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores (Andivil), señalo un incremento en el consumo de vinos y licores en México, mismo que osciló entre el 8.0 y 10 por ciento anual.1

Es importante que mediante la existencia de una Comisión Especial para el impulso y desarrollo de la Industria Vitivinícola, se difundiera de tal forma la calidad del vino y derivados de la vid de nuestro país, con la finalidad de que los mexicanos conocieran la alta calidad de las diferentes etiquetas y que ello contribuyera al incremento de su consumo para disminuir las importaciones del mismo producto, lo que sin duda, sería un factor que abonaría a la consolidación de la industria vitivinícola mexicana.

Actualmente entidades federativas como Baja California, Coahuila, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes, están consideradas como pilares de la producción nacional de vino, así como de productos derivados de la vid, debido a su calidad, a la cantidad de bodegas con que se cuentan para ello, así como a la gran cantidad de hectáreas ocupadas para dicho fin, por lo que se requiere que esa infraestructura se vea fortalecida.

Al respecto, podemos observar gráficamente lo anterior en dicha tabla:

Es claro que los números destacan el gran papel que desempeñan en la industria vitivinícola de nuestro país, los estados de Baja California y de Coahuila de Zaragoza, quienes como primer y segundo lugar en la producción de vinos y de derivados de la vid, respectivamente, tradicionalmente cumplen con los más altos estándares de calidad de los mismos, lo cual ha sido un factor importante en el crecimiento y avance, nacional e internacional.

En el caso de Coahuila de Zaragoza, a pesar de ser la segunda entidad federativa con mayor producción a nivel nacional, es la región con mayor tradición vitivinícola en nuestro país, ya que existen viñedos con más de 400 años de antigüedad, además de los creados en los años más recientes, por lo que vemos una tendencia al alza en ese sentido, puesto que se han ido incrementando no solo las hectáreas de viñedos, sino también los productores, las bodegas en donde descansan los vinos elaborados, aunado a las diferentes regiones productoras de vino y derivados de la vid en el estado, como lo son Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas, Arteaga, Saltillo, Derramadero, San Juan de la Vaquería, Ramos Arizpe, Paredón, General Cepeda, Torreón, San Buenaventura, y Piedras Negras.

Uno de los aspectos que no podemos dejar pasar, es que en Coahuila de Zaragoza se encuentra situada la Hacienda San Lorenzo de Parras de la Fuente, la productora de vinos más antigua de Latinoamérica, misma que funciona desde 1597, por lo que resulta evidente la añeja tradición vitivinícola de dicha entidad federativa, la cual a nivel internacional, también resulta muy importante, ya que solo está detrás de la de Europa, norte de África y Medio Oriente.

Es importante destacar que durante la Vinalies Internationales de 2013, que se celebró en Paris, Francia, el vino Casa Madero Chenin Blanc, fue seleccionado entre 3 mil 400 vinos de todo el mundo en una cata a ciegas, como el mejor vino blanco de toda la competencia, premio que es considerado como el de mayor importancia en la industria vitivinícola.

Como una forma de poder catapultar la industria vitivinícola en el estado de Coahuila de Zaragoza, es que recientemente se lanzó el distintivo “Vinos de Coahuila”, como una estrategia que implementara la mejoría de la calidad del producto, a través de la aplicación de una mejor tecnología y capacitación técnica.

Tal situación es una iniciativa impulsada por los principales productores como lo es Casa Madero, Bodegas Ferriño, Vinícola El Fortín, Productora Capellanía, Viñedos Rivero González y Viñedos Don Leo, que busca que Coahuila pueda situarse no solo como uno de los principales productores vitivinicultores, sino también que contar con los estándares más altos de calidad.

Por tal razón es que es resulta fundamental que sea aprobada la presente proposición de punto de acuerdo, ya que contar con una Comisión Especial para el impulso y desarrollo de la Industria Vitivinícola en nuestro país, constituye un gran cimiento para tal efecto, además de ser un instrumento muy eficaz para vincular a los productores vitivinícolas con el sector público y respaldar a la industria vitivinícola mexicana para consolidarla, además de darle continuidad al trabajo realizado en legislaturas precedentes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para autorizar la creación de la Comisión Especial para impulsar el Desarrollo de la Industria Vitivinícola, con la finalidad de continuar con las actividades y trabajo realizado durante la LXII Legislatura, lo cual contribuirá al fortalecimiento, promoción y crecimiento de dicha industria en nuestro país.

Nota

Ver en www.eleconomista.com.mx/industrias/2015/04/27/crece-hasta-10-consumo-vi nos-licores-mexico, consultado el 19 de abril de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Sagarpa instrumentos que solucionen el bajo precio de la tonelada de trigo e implantar un plan para su desarrollo y producción en Baja California, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Exaltación González Ceceña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cultivo de trigo en el estado de Baja California es histórico, de su producción exitosa dependen cientos de familias. Sin embargo, la variación que el clima ha registrado en los últimos años ha afectado su rendimiento.

Para este 2016 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anuncia una disminución en la producción de trigo a nivel internacional, “De cara a la campaña venidera, el primer pronóstico de la FAO sobre la producción de trigo en 2016 se sitúa en 723 millones de toneladas, esto es, 1.4 por ciento (10 millones de toneladas) menos que el récord de producción alcanzado en 2015.”1 En el caso de los Estados Unidos sus previsiones en cuanto a la producción de trigo son de un nivel inferior al de 2015, puesto que esperan que mayores rendimientos subsanen la disminución de las plantaciones de invierno.

Los productores de trigo del estado de Baja California desde el año 2014 viven la incertidumbre de recibir apoyos para mejorar las condiciones de cultivo y venta de sus cosechas. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) hasta el momento no ha logrado dar solución a sus demandas.

Es una realidad que los productores enfrentan la caída de los precios del trigo en el mercado internacional, y que los afecta directamente. La FAO ha considerado para México un aumento en sus importaciones de trigo, lo cual resulta ser aún más perjudicial para todos los productores nacionales y sus familias, además que los consumidores también lo resentirán.

Por ello se requiere urgentemente incentivar la producción nacional del cultivo de trigo de alta calidad, y reforzar la competitividad de los productores de trigo ante el aumento de importaciones previstas del referido cereal2 y, en su caso, compensar con creces las previsiones más modestas.

Se requiere apoyarlos, incluirlos en los diferentes programas federales, a fin de que se les otorguen apoyos para la adquisición de implementos agrícolas, debido a que también ha aumentado el costo de estos; que se mejore la oferta de entrega de subsidios por hectárea, la cual deberá ser suficiente a las necesidades reales; asegurarles mejoras para la inversión en mecanización; mejorar el valor agregado extra de sus productos, y apoyarlos en la obtención de mejores precios por la venta de sus cosechas, garantizando la eliminación de intermediarios. Esto con la finalidad de que se logren mejores rendimientos en sus cosechas y optimicen su productividad y rentabilidad económica.

El Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) Benito Juárez, ha sido el que ha conseguido tener la mayor producción y rendimiento promedios por cosecha de trigo en todo Baja California, esto con 7.335 toneladas por hectárea3 , hay que tomar en cuenta a que se debe esto y aplicar su éxito a todos los productores de trigo en la entidad.

En el ciclo agrícola 2015, de 93 mil 206 hectáreas, únicamente se cultivaron 90 mil 878 hectáreas4 . Dicho año se presentó como “atípico” debido a los efectos del cambio climático, lo cual repercutió en la producción de trigo en la región bajacaliforniana. Ante ello hubo una disminución con relación a la producción esperada.

Según la Sagarpa se cosecharon 88 mil 534 hectáreas de un total de 90 mil 878 que fueron sembradas, lo cual atendió un rendimiento promedio de 510 mil 53 toneladas, que corresponden a un rendimiento por hectárea de 5.761 toneladas5 , lo cual es muy bajo comparado con la producción en los ciclos agrícolas pasados.

En el ciclo agrícola otoño-invierno 2015-2016 se contempló la siembra de una superficie de 96 mil 859 hectáreas de trigo. Si consideramos los problemas actuales que se presentan en el campo bajacaliforniano, como el que se mantengan actuales los altos precios de los insumos, la constante disminución del precio del producto en los mercados internacionales, y el desabasto de agroquímicos, estamos frente a una grave crisis que les impide efectuar en tiempo y forma las prácticas necesarias para mejorar la producción del trigo para este año.

Esto se agrava ya que el problema no corresponde únicamente a este ciclo agrícola, tómese en cuenta que para el ciclo 2014-2015 conforme a datos de la Sagarpa, en Baja California ya se contemplaba una disminución en la producción del cereal respecto a las expectativas contempladas con otros años.

Ante lo ya referido no basta con que la autoridad efectué “supervisiones” a los trigales, es necesaria su intervención directa para que haya una mejora en el abastecimiento de agroquímicos para los productores, para perfeccionar la labor de acopiadores y comercializadores, vigilando que éstos no cometan abusos; así como planear la posibilidad de que este año se implemente un programa que brinde mayor certeza en cuanto al precio mínimo que podrían recibir por la venta del grano, además de reposicionar a la región bajacaliforniana como una de las más productivas del país. Para lo cual es necesario mejorar su potencial en producción de trigo, y superar los retos presentes que implican los altos costos de producción; agrupar a los productores, organizándolos para que mejoren el acceso al agua, obteniendo un costo accesible por ésta, así como optimizar su uso.

Actualmente no ha sido suficiente la intervención gubernamental, se requiere hacer una inversión adicional para que los productores también reciban asistencia técnica, y que a través de la tecnificación mejoren el cultivo del grano, y se les facilite una conexión beneficiosa con los mercados nacionales e internacionales.

Sera necesario fomentar el trabajo con unidades de producción que sean amigables con el medio ambiente, que sean sustentables, evitando la aplicación de transgénicos, y disipando el uso excesivo de tecnología dañina para la salud de las personas.

Es necesario también que se les brinden apoyos para dar fin a los problemas de la comercialización del trigo, contribuyendo a evitar la mediación de terceros; y que a los productores se les asegure línea directa de comunicación con el titular de la Sagarpa.

Los productores exigen que se les apoye de igual forma como se apoyó “...al vecino Valle de San Luis Río Colorado, pero lo único que obtuvimos fue pagar 1 mil 300 pesos por hectárea a una superficie de 5 mil hectáreas, a lo que nos negamos pues la producción del cereal fue en más de 90 mil hectáreas”6 , además de esto la agricultura por contrato no les ha funcionado conforme al precio que se les quiere pagar su cosecha, puesto que los costos de producción de 22 mil 966 pesos por hectárea no les acarrea utilidad7 .

En los últimos años todos los productores de trigo han salido afectados con los bajos rendimientos de producción del cereal que disminuyeron hasta en 4.5 toneladas por hectárea. Para ellos la situación está por colapsar, sea por la falta de rentabilidad, o por la problemática presente a la hora de comercializar su producto. Ante lo ya referido es necesario modificar y mejorar las políticas agropecuarias que hasta la fecha no les han sido favorables, amén de atender viejos rezagos.

Cabe destacar que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 establece en una de sus líneas de acción incentivar que los productores de maíz, trigo y otros cultivos básicos, utilicen prácticas agronómicas innovadoras y sustentables. Para lo cual se propone impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se establezcan mecanismos que den solución al bajo precio por la tonelada de trigo, particularmente a los productores de trigo bajacalifornianos se les mejore la entrega de recursos adicionales, y se implemente y difunda un plan para el desarrollo y producción de trigo en el estado. Asimismo, que mejore los sistemas de acopio de trigo, evitando la participación de intermediarios, revise los factores que contribuyen en la productividad y competitividad de esta actividad y facilite a los productores la adquisición de insumos agrícolas, de maquinaria y equipo modernos.

Notas

1 En: http://www.agronewscastillayleon.com/la-fao-anuncia-una-ligera-reduccio n-de-la-produccion-de-trigo-en-2016

2 En: http://www.agronewscastillayleon.com/la-fao-anuncia-una-ligera-reduccio n-de-la-produccion-de-trigo-en-2016

3 En: http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/Internacional/21052015/97 2782-Produccion-de-trigo-supera-las-100-mil-toneladas-en-Valle-de-Mexic ali.html

4 En: http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/Internacional/21052015/97 2782-Produccion-de-trigo-supera-las-100-mil-toneladas-en-Valle-de-Mexic ali.html

5 En: http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/03072015/
986300-Produccion-de-trigo-a-la-baja-comparada-a-2014.html

6 http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n4094592.htm

7 http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n4094592.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputado Exaltación González Ceceña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al otorgamiento de seguridad social para todos los prestadores de servicios de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a tomar las medidas administrativas a que haya lugar, con el objeto de proveer de seguridad social de manera inmediata a todas las personas que presten servicios a ésta cámara y que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, sin importar la periodicidad del contrato relativo

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En 1991, la Organización Internacional del Trabajo produjo una de las definiciones de seguridad social con mayor aceptación a nivel mundial, entendiéndola como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.1

Derivado de lo anterior, el principal objetivo perseguido por la seguridad social es “velar porque las personas que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados bienes o servicios”.2

Como principios elementales de la seguridad social se encuentra la universalidad en la cobertura, la igualdad, la equidad o uniformidad en el trato, la solidaridad, la redistribución del ingreso, la suficiencia de las prestaciones; la unidad y responsabilidad del Estado, la eficiencia y participación en la gestión; y la sostenibilidad financiera.

El propósito central de la seguridad social es otorgar protección a las personas, garantizándoles un nivel mínimo de bienestar sin distinción de su condición económica, social, o laboral, de forma tal que no dependan únicamente de su situación de inserción en el mercado laboral o de la adquisición de habilidades y conocimientos.3

De tal forma, la seguridad social busca proteger a las personas ante circunstancias previstas o imprevistas, permanentes o temporales que mermen su capacidad económica y frente a las cuales es posible establecer mecanismos precautorios, en cuyo financiamiento pueden participar el Estado, los empleadores y los trabajadores; como principales componentes integra rubros básicos como: vejez, invalidez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, desempleo y asignaciones familiares.

Adquiere mayor importancia cuando consideramos su potencial como instrumento de combate a la pobreza en general y para mejorar las condiciones de vida de determinados grupos de la población; su sistema se caracteriza por el tipo y la amplitud de los servicios que proporciona, por la definición de los proveedores, las personas beneficiarias de estos servicios y su forma de financiamiento.4

En México, desde la Constitución de 1857 se vislumbraron los primeros atisbos para otorgar seguridad social o derechos a la clase trabajadora, los cuales se consagraron en el Artículo 5 de aquel ordenamiento.

Al promulgarse la Constitución de 1917, se reivindicaron los derechos laborales al incorporarse novedosas disposiciones en beneficio de la clase trabajadora, como las responsabilidades de los patrones en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la obligación de observar los preceptos legales sobre higiene, seguridad y la previsión popular.

En diciembre de 1960, fue publicado el Decreto que reformó y adicionó el Artículo 123 de la Constitución, mismo que fue dividido en dos apartados: en el “Apartado A”, se conservó el contenido del texto vigente anterior a esa fecha; y en el “Apartado B”, se incorporaron las normas que regulan las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y los Territorios Federales, con sus trabajadores y empleados.

Desde entonces, el sistema público de seguridad social del país incluye instituciones federales, estatales, empresas paraestatales y otros organismos sociales; sin embargo, recae casi por completo en dos instituciones; el Instituto Mexicano del Seguro Social, creado en 1942; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, creado en 1960.

Particularmente por lo que hace al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con lo establecido en la fracción XI del Apartado B del artículo 123 Constitucional, es la institución encargada de proporcionar los servicios de seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios a los Poderes de la Unión; cubre de manera obligatoria un conjunto de 21 prestaciones, 3 de ellas médicas, 6 sociales y 12 económicas, las cuales abarcan servicios médicos, riesgos de trabajo, pensiones, ahorro para el retiro, préstamos, vivienda y servicios sociales y culturales.

No obstante el espíritu de la seguridad social reconocido por el precepto constitucional citado, la ley que reglamenta el funcionamiento del Instituto, imposibilita el pleno ejercicio del derecho social que corresponde a cualquier trabajador que preste sus servicios al Estado, puesto que quienes perciban emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, pero no hayan laborado por un periodo mínimo de un año, no son considerados como trabajadores, por lo cual no son integrados al régimen de seguridad social previsto en la Ley, y provisto por el Instituto.

Al respecto, es necesario mencionar que independientemente de la forma en la que perciben emolumentos los trabajadores al servicio del Estado, en su relación con el Estado se configuran los supuestos necesarios para el establecimiento de la relación laboral, por ende, dicha persona trabajadora debe contar con todos los derechos inherentes a la misma, puesto que éstos se hallan consagrados en la Constitución.

Derivado de tales circunstancias, se crea un estado de excepción en detrimento de un sector de trabajadores al servicio del Estado, quienes tienen que haber laborado por un periodo mínimo de un año para ser considerados como trabajadores y por ende, para ser sujetos de la seguridad social, no importando que las necesidades de la misma no requieran de un lapso establecido para ser ejercibles.

Aunado a lo anterior, también es aplicable el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador”, suscrito por el Estado Mexicano el 17 de noviembre de 1988 y ratificado el 16 de abril de 1996, que en su Artículo 9 señala que “toda persona tiene derecho a la seguridad social que la cubrirá con atención médica y subsidio en caso de accidentes de trabajo.

De igual manera, el Artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dispone que toda persona como integrante de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Aunado a lo anterior, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, reafirmó que el derecho a la seguridad social es un derecho humano, reconoció que es, junto con la promoción del empleo, una necesidad económica y social para el desarrollo y el progreso.

Reconoció además, que la seguridad social es una herramienta importante para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la inseguridad social, para promover la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y la igualdad racial y para apoyar la transición del empleo informal al empleo formal.

La considera como una inversión en las personas que potencia su capacidad para adaptarse a los cambios de la economía y del mercado de trabajo, y que los sistemas de seguridad social actúan como estabilizadores sociales y económicos automáticos, ayudan a estimular la demanda agregada en tiempos de crisis y en las etapas posteriores, y ayudan a facilitar la transición hacia una economía más sostenible.

En atención a lo anterior, tiene que ser adecuada la legislación que facilite la incorporación al régimen de seguridad social de todos los trabajadores al servicio del Estado, como un primer paso en esa dirección, se considera de suma importancia reconocer los derechos humanos y sociales de los más de 1,000 trabajadores que perciben emolumentos por honorarios y día a día prestan sus servicios a ésta Cámara, coadyuvando con el desahogo de las labores legislativas que nos fueron encomendadas.

Es menester precisar que por mandato constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, debemos respetar y proteger los derechos humanos de la población, no podemos ser omisos ante la violación de derechos de la que son objeto las y los trabajadores que nos ayudan al desempeño de nuestras funciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a tomar las medidas administrativas a que haya lugar, con el objeto de proveer de seguridad social de manera inmediata a todas las personas que presten servicios a ésta Cámara y que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, sin importar la periodicidad del contrato relativo.

Notas

1 Organización Internacional del Trabajo. Organización de la Seguridad Social. p. 9.

2 Ibídem. p. 10.

3 Mesa Lago, Carmelo. Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de seguridad social. p. 13.

4 González Roaro, Benjamín. La seguridad social en el mundo. p. 14.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a desarrollar estímulos fiscales para que las empresas presten servicio de transporte colectivo a su personal hacia los centros laborales, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocido simplemente como Protocolo de Kyoto o PK, es un acuerdo internacional que compromete a los países industrializados a la estabilización de emisiones de gases de efecto invernadero. Este documento, alienta a cada uno de los países a poder cumplir con el mismo.

Contempla 37 países industrializados y la Unión Europea, bajo un principio central que es el de la “responsabilidad común, pero diferenciada”.

Por lo tanto, este Protocolo ha provocado, que cada uno de los países puedan establecer mecanismos y legislación tendiente al cumplimiento de los fines para los cuáles fue creado, siendo uno de ellos, el mitigar los efectos del cambio climático.

Uno de los objetivos, ha sido, justamente, el que se puedan reducir y estabilizar las emisiones contaminantes en cada país, en donde se disminuyan, se limiten o se reduzcan, las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las metas cubren las emisiones de seis gases de efecto invernadero, a saber: 1

• Dióxido de carbono (CO2)
• Metano (CH4)
• Óxido nitroso (N2O)
• Hidrofluorocarbonos (HFC)
• Perfluorocarbonos (PFC)
• Hexafluoruro de azufre (SF6)

La cantidad máxima de emisiones (medidas como el equivalente de dióxido de carbono) que una Parte puede emitir a lo largo del período de compromiso con el fin de cumplir su meta de emisiones es lo que se conoce como «cantidad atribuida» de la parte.

Tanto la Convención, como el Protocolo del Kyoto, son aquellos que reconocen tanto las necesidades, como la problemática a la que se enfrentan los países en desarrollo, especialmente aquellos que pueden ser más vulnerables, por lo que además de buscar el cumplimiento de los compromisos, también están comprometidos a ir informando de los esfuerzos para el cumplimiento de las metas que se han propuesto.

Han pasado casi dos décadas, desde que se construyó y se ha ido trabajando sobre el Protocolo de Kyoto, en donde uno de los intereses primordiales, se ha centrado en limitar la contaminación, lo cual iba de la mano, de establecer la reducción de emisiones contaminantes. Uno de los artículos del Protocolo, el número 12, hace referencia al “mecanismo para un desarrollo limpio” el cual debe de poner en práctica, proyectos de reducción de las emisiones en países en desarrollo.2 Lo cual comprende la posibilidad de inversión, pero también de crédito ambiental, siendo el primero en su clase a nivel mundial.

En la Conferencia de la ONU de 2012 en Qatar sobre el Cambio Climático, se alcanzaron varios acuerdos entre ellos, seguir buscando reducir los gases de efecto invernadero, así como el ayudar a los países en estado de vulnerabilidad, para su adaptación.

Se avanzó, además, hacia poder establecer apoyos tanto financieros como tecnológicos, para que pueda invertirse en energías limpias y en crecimiento de carácter sostenible, lo cual, por el aumento en el impacto de los cambios climáticos, se precisó la necesidad de actuar de forma urgente.

Como parte de los riesgos mundiales (Global Risks 2013 por su nombre en inglés), se citaron los principales riesgos a nivel global, para los siguientes diez años, entre ellos, el de efecto invernadero, ocupa uno de los cinco mayores riesgos a los que no solo el ambiente, sino la economía, se habrían de enfrentar próximamente.

Para los países en desarrollo, se acordó que se realizaran programas de trabajo para que pudieran tomarse mejores decisiones frente al fenómeno del cambio climático, y que estos programas sean a través de la educación, la formación, la sensibilización y la participación de la sociedad en la toma de decisiones, lo cual, en conjunto, permitiría construir un gran apoyo hacia el año 2020.

Al respecto, el uso del transporte colectivo permite reconocer e integrar una modalidad de transporte que puede llegar a contribuir en la competitividad y en un momento dado, puede, también, mejorar la productividad, a través de una adecuada coordinación entre los modos de transporte y las vialidades, lo cual, puede mejorar para las empresas, su productividad, al contar con la asistencia, puntual de sus empleados, así como las reducciones en los tiempos de desplazamiento.

Sumado a ello, puede contribuir, a ordenar el tráfico de la ciudad, así como el reducir la mortalidad por accidentes de tránsito.

Empero, también se trata de una medida que permite contribuir al cumplimiento no sólo de los acuerdos internacionales sino de apoyar a que la contaminación de la atmosfera no aumente. En este sentido, en nuestro país, la propia Ley General de Cambio Climático establece, en su artículo 34, lo siguiente:

“Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:

...

II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte:

...

g) Desarrollar instrumentos económicos para que las empresas otorguen el servicio de transporte colectivo a sus trabajadores hacia los centros de trabajo, a fin de reducir el uso del automóvil

...”

Por lo cual, considero que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puedan coadyuvar, para estabelcer estímulos fiscales para que las empresas privadas en México proporcionen un servicio de transporte colectivo para sus trabajadores, para que puedan desplazarse hacia sus centros de trabajo, lo anterior, con la finalidad de que sea reducido el uso de sus automóviles y, por tanto, la contaminacion atmosférica.

De tal manera, que si se llegan a desarrollar dichos estímulos, podría contribuirse, de forma significativa, a la reducción de emisiones contaminantes, mismos que no sólo afectan hoy en día a la ahora denominada “Megalópolis”, sino que afecta, también, a estados y municipios fuera de la zona conurbada de la Ciudad de México.

Por ello, las empresas también deben de sumarse a este esfuerzo conjunto, a fin de que, a partir de las nuevas medidas tanto las temporales anunciadas para el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 30 de junio del año en curso, así como las próximas medidas mucho más severas que se planean, puedan afrontarse por parte de los trabajadores, quienes se han visto afectados por las mismas, ya que aquellos que emplean sus propios vehículos, dejan de circular un día y se ven obligados a buscar otros medios de transporte; y aquellos que emplean el transporte público, han visto modificada su rutina, ante el aumento considerable de usuarios del mismo, también a partir de las medidas arriba señaladas.

El Centro Mario Molina, en su documento denominado “Hacia un modelo de transporte sustentable para las ciudades mexicanas”, establece que el sector del autotransporte emite una quinta parte de los gases de efecto invernadero y que se debe, entre otras causas, a “la desconexión entre el desarrollo de las ciudades, y la organización de la infraestructura de transporte, lo que hace que los desplazamientos sean cada vez más largos, fatigosos y contaminantes”,3 razones por las cuáles, este Centro propone, justamente, introducir soluciones que permitan el empleo de transporte público, para que se reduzca la intensidad energética de cada uno de los desplazamientos, así como la búsqueda en el mejoramiento de la calidad del aire y que esto, se apoye, justamente, en instrumentos económicos.

Refiere, además, que el transporte público debe ser preferente sobre el uso de los automóviles, y que las medidas que se adopten, permitan al ciudadano, dejar el auto en casa, en donde se le garantice que con un transporte pueda contemplar sus tiempos de traslado, que este sea seguro y abarque una cobertura que le sea de utilidad.

Ante esto, es necesario que se haga co-partícipe al sector empresarial, para que pueda, contribuir a detener los efectos del cambio climático, a partir del empleo de vehículos de preferencia no contaminantes, que permitan transportar a su personal, de uno o varios puntos determinados y en horarios fijos, hacia sus centros de trabajo, lo cual repercutirá en la des-incentivación en el uso del automóvil, sumado a la disminución de emisiones contaminantes que generarían al menos 40 automóviles al trasladarse al mismo centro de trabajo (tomando en cuenta que en un autobús pueden ir 40 personas cómodamente sentadas), reduciéndose, significativamente el uso del automóvil y contribuyendo, por tanto, con el compromiso que se tiene como país, para avanzar en el cumplimiento del Protocolo de Kyoto, a fin de que se puedan detener los efectos adversos que hoy en día están causando los problemas de la contaminación, en todas sus áreas, lo cual repercutirá no solo en la cuestión medio ambiental, sino que también se convertirá en un asunto de salud pública y de seguridad nacional, si no se logra atender a tiempo.

Es por lo que anteriormente se ha expuesto, que se somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, dentro del marco de lo establecido en la Ley General de Cambio Climático, desarrolle estímulos fiscales para que las empresas otorguen el servicio de transporte colectivo a sus trabajadores hacia los centros de trabajo, con la finalidad de reducir el uso del automóvil.

Notas

1 http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/ organizacion/items/6217.php

2http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_ puerta_climatica_de_doha/items/7477.php

3 http://centromariomolina.org/el-impacto-del-cambio-climatico-en-la-agri cultura/

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el 26 de abril de 2016.

Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a promover por la Secretaría de Salud programas para prevenir el suicidio en jóvenes, suscrita por integrantes de la Comisión de Juventud

Los suscritos, Karla Karina Osuna Carranco, Jasmine María Bugarín Rodríguez, María Monserrath Sobreyra Santos, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Karen Hurtado Arana, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Jonadab Martínez García, Antonio Tarek Abdala Saad, Héctor Javier Álvarez Ortiz, Alfredo Anaya Orozco, Román Francisco Cortés Lugo, Adriana Elizarraraz Sandoval, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Guadalupe González Suástegui, Leydi Fabiola Leyva García, Jacqueline Nava Mouett, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Mónica Rodríguez Della Vechia, Yarith Tannos Cruz, Brenda Borunda Espinoza, integrantes de la Comisión de Juventud de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial, la incidencia suicidiológica está aumentando mundialmente, donde los adolescentes se suman al incremento de estas estadísticas, este tipo de muerte suele ser una tragedia para la familia, los amigos, la sociedad, pero también para el estado.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), suicidio es “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil”.

El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, es una de las finalidades del artículo segundo de la Ley General de Salud.

Es considerable citar que las conductas suicidas abarcan un amplio espectro: desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta la posible consumación del acto, la idea más difundida acerca del suicidio se asocia a la imagen de un acto individual con un propósito claro.

Los factores que aumentan el riesgo de suicidio entre jóvenes, principalmente incluyen la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, el insomnio, la desintegración familiar y la violencia en cualquiera de sus formas.

Cabe citarse que en 2012, 75 por ciento de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos.

El suicidio no sólo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. En nuestro país, la tasa de suicidios ha alcanzado cifras alarmantes. Aunque se trata de un fenómeno que posee múltiples causas, el componente de salud mental se encuentra fuertemente asociado al suicidio.

El suicidio es un grave problema de salud pública; no obstante, es prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo coste. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral, es por ello que se presenta el presente punto de acuerdo.

Cabe citarse, que para el año 2013, la tasa de mortalidad por suicidio fue de 8.1 por cada 100 mil hombres y de 1.7 suicidios por cada 100 mil mujeres. Asimismo, es alarmante que 40.8 por ciento de los suicidios ocurran en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, en el que la tasa de incidencia es de 7.5 suicidios por cada 100 mil, por lo que las diferencias por sexo en materia de suicidio son notorias y constantes.

Es necesario señalar que el suicidio es la segunda causa de muerte en la población joven, después de los accidentes de tránsito vehicular, con estos datos resulta claro el gran impacto que este grave problema de salud pública está manifestando en la población joven.

Para los jóvenes los momentos de urgencias los colocan ante una nueva situación que les obliga a poner en marcha todo un conjunto de mecanismos defensivos. Sin embargo, esos mecanismos no siempre se dan o bien resultan insuficientes para resolver la crisis de manera satisfactoria.

El suicidio y el intento de suicidio constituyen las manifestaciones dramáticas del fracaso del sujeto adolescente al enfrentarse con ese nuevo mundo. Los motivos o razones por las que una persona decide quitarse la vida son diversas y complejas, pero detrás de una decisión tan dramática, emerge habitualmente una serie de factores personales y sociales que actúan como predisponente o precipitante.

Es por ello que resulta urgente el desarrollo de políticas públicas y acciones legislativas para enfrentar este grave problema de salud pública en beneficio de los jóvenes en nuestro país.

Lamentablemente el suicidio, sucede en mujeres, pero pasa más en hombres, el riesgo de suicidio aumenta drásticamente cuando niños y adolescentes tienen acceso a armas en casa, por ello es considerable que éstas permanezcan fuera del alcance de los niños y de los adolescentes.

En el presente punto de acuerdo queremos resaltar que consideramos que el suicidio es una de las grandes causas prevenibles de muerte prematura, por lo que es necesaria una labor conjunta y coordinada entre las instituciones gubernamentales y la sociedad, a fin de poder prevenir suicidios en jóvenes.

El presente punto de acuerdo tiene como objetivo fomentar y apoyar la realización y promoción de programas para la prevención del suicidio, preferentemente en jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto, los que suscribimos sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión de Juventud de la LXIII Legislatura exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Salud, se lleve a cabo la promoción de programas para la prevención del suicidio en jóvenes.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que suscriba los acuerdos necesarios y que través del sistema nacional se diseñen e implementen programas para la prevención del suicidio, así como su promoción periódica en campañas dirigidas a la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

La Comisión de Juventud

Diputados: Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos (rúbrica), Ariel Enrique Corona Rodríguez (rúbrica), Karen Hurtado Arana (rúbrica), Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Jonadab Martínez García (rúbrica), Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco (rúbrica), Brenda Borunda Espinoza (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mariano Lara Salazar (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vechia (rúbrica), Yarith Tannos Cruz (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa, la Conafor y los titulares del Poder Ejecutivo de diversas entidades a implantar medidas de prevención y combate de incendios forestales y aplicar proyectos de reforestación en los lugares afectados, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional Forestal y a los titulares del Poderes Ejecutivos de Oaxaca, Puebla, estado de México, Michoacán, Sonora, Hidalgo y Ciudad de México, implanten medidas inmediatas de prevención y combate de incendios forestales que afectan los ecosistemas, sensibilicen a la población para evitar actividades que propicien estos siniestros, y apliquen proyectos de reforestación en los estados afectados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los incendios forestales es el fuego que se extiende sin control en terrenos forestales a combustibles vegetales. Un incendio forestal se distingue por su amplia extensión, la velocidad con la que se puede extender desde su lugar de origen, su potencial para cambiar de dirección inesperadamente, y su capacidad para superar obstáculos como carreteras y ríos.

Las causas que originan un incendio forestal pueden ser: a) Intencionados representan un 60-70 por ciento de los casos, pueden ser por causas de quemas no autorizadas, ilegal e incontrolada de superficies agrícolas, para la regeneración de pastos para el ganado, piromanía, usos cinegéticos, vandalismo, venganzas personales, especulación urbanística; b) Negligencias y otras causas accidentales son 15-25 por ciento de los casos, quemas agrícolas autorizadas, pero en las que los autores perdieron el control del fuego extendiéndose éste por la superficie forestal colindante, otras causas son las colillas y hogueras mal apagadas, quema de basuras, trabajos forestales, etcétera; c) Naturales: representan menos de un 5 por ciento de los casos. Se deben casi siempre a la acción de un rayo. Por último, en contadas ocasiones (menos de 2 por ciento) un incendio es una reproducción de un incendio anterior que no llegó a extinguirse del todo y se extiende a una nueva zona.

La mayor parte de los incendios forestales se deben a descuidos humanos o son provocados. Las condiciones climatológicas influyen en la susceptibilidad que un área determinada presenta frente al fuego; factores como la temperatura, la humedad y la pluviosidad determinan la velocidad y el grado al que se seca el material inflamable y, por tanto, la combustibilidad del bosque. El viento tiende a acelerar la desecación y a aumentar la gravedad de los incendios avivando la combustión.

Aunque las organizaciones relacionadas con el control del fuego combaten todos los incendios, los fuegos debidos a causas naturales siempre han sido un fenómeno natural dentro del ecosistema. La eliminación total de los incendios puede producir cambios indeseables en los patrones de vegetación y puede permitir la acumulación de materiales combustibles, aumentando las posibilidades de que se produzcan incendios catastróficos. En algunos parques y reservas naturales, donde el objetivo es mantener las condiciones naturales, normalmente se deja que los incendios provocados por los rayos sigan su curso bajo una meticulosa vigilancia.

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional Forestal, de enero al 30 de marzo se habían registrado 3 mil 897 siniestros que afectaron 44 mil 717 hectáreas.

Mientras que durante el mismo periodo del año pasado se presentaron mil 795 incendios que afectaron una superficie de 21 mil 188 hectáreas.

Las entidades más afectados por incendios forestales, de la superficie afectada por incendios forestales, 95.51 por ciento correspondió a vegetación herbácea y arbustiva, y el 4.49 por ciento a arbóreo.

Las entidades con el mayor número de incendios, del 1 de enero al 24 de marzo de este año, fueron:

La Ciudad de México con 563 incendios; estado de México con 489; Puebla con 223 incendios forestales; Hidalgo con 216 y Michoacán con 203.

Sin embargo, las entidades que tuvieron una mayor afectación en número de hectáreas fueron:

Oaxaca, con 6 mil 787.95 hectáreas afectadas; Sonora, que con sólo 13 incendios tuvo una afectación en 2 mil 251.90 hectáreas; Puebla con 2 mil 15.90 hectáreas; Michoacán con 1 mil 765.67 hectáreas y finalmente Hidalgo, con 1 mil 733.97 hectáreas afectadas.

La Comisión Estatal Forestal de Oaxaca, informó que en el primer trimestre de 2016, Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en superficie afectada por incendios forestales, que a diferencia del año pasado, la dependencia registró dos hectáreas afectadas más respecto a 2015 en este mismo lapso, e indicó que el 75 por ciento de la vegetación que es afectada por el fuego son pastizales y el resto son zonas arboladas, la mayoría de los incendios forestales son provocadas por descuidos de actividades agrícolas, las regiones del estado más afectados son el Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales y la Mixteca, esto debido al fenómeno de “El Niño” el cual se espera agudice y aumente el número de siniestros.

Por ello, es necesario que esta honorable asamblea exhorte la colaboración de las citadas instancias federales, estatales y locales, para que implementen medidas de prevención y combate de los incendios forestales, la suma de esfuerzos y la cultura de la prevención, serán los principales mecanismos que prevengan cualquier siniestro, al tiempo que prevenir a la población en general a tener cuidado al momento de generar fuego, recomendar a los agricultores y ciudadanía reducir la quema de pastizales, así como vigilar sus predios para que no haya acumulación material que pueda servir como combustible para la generación de incendios y a los visitantes no dejar fogatas encendidas, cigarros, cerillos o brasas.

Debemos tener conciencia de los daños que causamos a la flora y fauna, además de que la consecuencia más inmediata es la erosión hídrica, cuando el agua se lleva la tierra, y esto es debido a la característica del suelo andino en sí, es decir en el bosque se sustenta una capa de tierra medianamente fértil de unos 60 centímetros de espesor, debajo de eso hay capas de suelo gredoso, arenoso, pedregoso y muchos más, todos inútiles para que algo crezca encima, normalmente esta delgada capa fértil es sostenida por las raíces de los árboles, pero cuando se queman ya nada sujeta esta tierra y entonces es erosionada por el viento y el agua. El resultado puede ser una tierra yerma sin capacidad de regeneración a corto y mediano plazo. Mientras que en unos pocos años las plantas y arbustos pueden volver a crecer en terreno arrasado, si no hay tierra sobre la que sustentarse la recuperación se hace muy difícil.

Sin embargo, una vez que pasan estos incendios no son subsanadas las consecuencias, a juicio del Fondo Mundial para la Naturaleza, lo ideal sería desarrollar proyectos de reforestación para los estados afectados.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional Forestal y a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados de Oaxaca, Puebla, México, Michoacán, Sonora, Hidalgo y Ciudad de México, implementen medidas inmediatas de prevención y combate de incendios forestales que afectan los ecosistemas, sensibilicen a la población para evitar actividades que propicien estos siniestros, y apliquen proyectos de reforestación en los estados afectados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 26 de abril de 2016.

Diputada Edith Yolanda López Velasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Sagarpa instrumentos para resolver el bajo precio de la tonelada de algodón, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Exaltación González Ceceña, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

El algodón es una planta perenne del reino: plantae; división: magnoliophyta; clase: magnoliopsida; orden: malvales; familia: malvaceae; género: gossypium L., 1753; especie: hirsutum L., 1763. Es conocida comúnmente como algodón coquimatlan; algodón Huerta, LA; algodón México; algodón nacajuca; algodón ND; algodón Victoria; Lacandon Cotton ND; Morrilli ND; Race palmeri ND; Richmondii ND; Sacaton aboriginal ND; Thak kwinim SAN ANTONIO; Tsokoy TANLAJAS; o Wild cotton ND.1

Se trata de un arbusto anual, de hasta dos metros de alto que florece todo el año, durante los meses de agosto, febrero y mayo. Se considera que surgió en el intertrópico africano debido a que era cultivado desde tiempos antiguos en la región fértil del Nilo. Es una planta propia de climas calientes, se desarrolla de mejor manera en suelos de aluvión limosos, y sueltos. Su facilidad para adaptarse permitió que su cultivo se extienda a otras regiones extratropicales.

Su cultivo es a cielo abierto, requiere de cuatro a cinco meses de temperaturas altas y constantes para su crecimiento. Siendo una planta perenne, es cultivada anualmente por la necesidad de eliminar los vegetales que crecen a su derredor, los cuales son hospederos de plagas.

Su “...siembra es de tipo directa, se aplica 30-40 kilogramo/hectárea, con lo cual se tienen de 150 mil a 175 mil plantas por hectárea para realizar posteriormente un aclareo y selección de las plantas vigorosas, dejando una población óptima de más o menos 55 mil plantas por hectárea, que es donde se obtienen los mejores rendimientos...”2

En el siglo XIX, aun en las costas veracruzanas, y de los estados de Oaxaca y Guerrero, se producía el algodón. Gradualmente fueron perdiendo su importancia, hasta que se descubrieron las posibilidades agrícolas de las regiones del norte del país.

El algodón es significativo para la economía agrícola, por ser un artículo comercial, susceptible de uso industrial. Su producción facilita el movimiento de capitales, genera empleos en las áreas de siembra, cultivo, y cosecha, entre otros (su producción demanda un trabajo manual continuo). En este intervienen diversos elementos de la cadena productiva. Al ser un artículo de extenso uso genera un fuerte movimiento mercantil, el cual es influenciado por el desarrollo de la agricultura, y en gran medida está sujeto a la fluctuación de los mercados de exportación, básicamente estadounidenses.

En Mexicali Baja California el “cultivo algodonero del ciclo agrícola primavera-verano 2016 lleva un avance del 12.73 por ciento con la siembra de 5 mil 6 hectáreas en el valle de Mexicali, de un programa estimado de 13 mil 636, informó el delegado...” Sagarpa.3

El cultivo del algodón constituye por superficie, el primer cultivo del ciclo agrícola primavera-verano, seguido de otros cultivos como sorgo, el sudán forrajero, el maíz blanco, el cebollín y diversas hortalizas. Por ello es necesario implementar la operación de programas y proyectos que beneficien a los productores, su producción y comercialización, lo cual traerá aparejado el mejoramiento de la economía de la región. Considérese que el 90 por ciento de la producción es comercializada en los mercados extranjeros, y únicamente el 10 por ciento corresponde al consumo interno.

El valle de Mexicali es la región más importante a nivel nacional en la producción algodonera. El producto que distingue al valle es el algodón, el cual es la base de su desarrollo agrícola. Su producción además de generar empleos, es fuente de una cultura del trabajo. En la década de los cuarenta del siglo pasado, gracias al tratado de aguas y construcción de la Presa Morelos comenzó el desarrollo agrícola del Estado. Por su ubicación geográfica con la frontera norte lo ha convertido en un productor y proveedor estratégico para el país.

La producción del algodón se ha desarrollado por casi 90 años en el Valle de Mexicali. Es la principal actividad agrícola desde los años cincuenta del siglo pasado, por lo que más del 50 por ciento de su extensión se vio destinada a su cultivo.

“A través de los años la superficie se redujo debido a la aparición de plagas, alto costo de producción, fluctuaciones en el precio de la fibra, y a la diversificación de cultivos en la región. De la producción local de fibra de excelente calidad que ha caracterizado al Valle de Mexicali, se exporta alrededor del 90 por ciento, lo que implica que este cultivo genere divisas para el país.”4

Es de destacar que el 7 de agosto de 2003 conforme a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) se integra el Sistema Producto Algodón con el objetivo de fortalecer el cultivo por lo cual se establece el Plan Rector del Sistema Producto Algodón (la última actualización de este plan es de 2012), el cual ha buscado consolidar la integración de la cadena valor, a fin de mejorar su competitividad y productividad; además de recuperar la autosuficiencia para el consumo doméstico y el mercado de exportación que aun prefieren el algodón mexicano por las características que posee, tanto en el consumo como en la producción de fibra.

Como se ha mencionado, el Valle de Mexicali posee algodón de excelente calidad, por lo que casi toda la producción se comercializa al extranjero presentándose oportunidades de comercialización como los asiáticos. Sin embargo, desde 1997 no se ha vuelto a obtener un máximo nivel nacional (“...6.2 pacas/hectáreas que equivalen a 4.4 toneladas/hectáreas de algodón hueso...”).

A nivel nacional, la inestabilidad en el precio y el comportamiento de los mercados internacionales del algodón han impactado en la superficie sembrada en México. Por lo que es necesario que se mejore su precio, y que su producción sea beneficiada con la obtención de diferentes variedades de semillas resistentes a las plagas y al cambio climático

Por lo que es fundamental que existan los apoyos necesarios para los productores para mejorar el precio por tonelada, al tiempo de que existan los instrumentos de política pública que incidan en mejorar la productividad de esta actividad, que se apliquen los resultados en las investigaciones y los estudios que se realizan sobre plagas, enfermedades, comercialización, entre otros aspectos.

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que por medio de la Sagarpa, establezcan mecanismos que den solución al bajo precio por la tonelada del algodón; revise los factores que contribuyan a obtener una mejor producción; y establezca un programa específico de apoyos para los productores de algodón.

Notas

1 En “Sistema de Información de Organismos Vivos Modificados (SIOVM)”, Proyecto GEF-CIBIOGEM de Bioseguridad; Conabio.

2 “Sistema de Información de Organismos Vivos Modificados (SIOVM)”, Proyecto GEF-CIBIOGEM de Bioseguridad; Conabio.

3 http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n4114556.htm

4 Consúltese el “Plan rector del sistema producto algodón, diagnostico sistema producto algodón”, Sagarpa, GobBC, OEIDRUS Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputado Exaltación González Ceceña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir por la Semarnat y la Segob el convenio celebrado entre ambas para crear la Gendarmería Ambiental, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Por efectos del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 2 de enero de 2013, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública federal y las facultades que esta dependencia tenía se transfieren a la Secretaría de Gobernación (SG), entre las que se encuentran las referentes a la Comisión Nacional de Seguridad y por lo tanto a la Policía Federal.

De tal forma que la Policía Federal a partir de dicho decreto pasa a ser un órgano desconcentrado de la SG y para el cumplimiento de sus funciones esta policía cuenta con divisiones, entre estas se tiene a la División de Gendarmería, creada por decreto publicado en el DOF del día 22 de agosto de 2014.

Su fundamento legal se sustenta en el artículo 21 de la Constitución y el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública en tanto que forma parte de la Policía Federal. Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal y su Reglamento y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

A decir de la página web de la propia corporación, “... la División de Gendarmería constituye un nuevo modelo que privilegia la seguridad ciudadana. Tiene como objetivo generar condiciones de seguridad ante la presencia de la delincuencia organizada que amenace la vida, la libertad, la integridad o el patrimonio de las personas, en zonas urbanas, rurales y turísticas.

Se caracteriza por ser itinerante con cuarteles móviles desmontables. Tiene amplia capacidad de despliegue operativo que le permite desplazarse conforme a diagnósticos criminológicos y económicos, para brindar seguridad en puntos estratégicos. Su misión operativa policial en esas zonas de riesgo delincuencial contribuirá a fortalecer las capacidades institucionales y la presencia territorial para que los mexicanos puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad.”1

En otro orden de ideas, el pasado día 14 de abril del año en curso, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció la firma de un convenio celebrado entre la SEMARNAT y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), instrumento que establece las bases de colaboración para dar inicio a los trabajos que concluirán con la creación de un grupo especializado denominado “Gendarmería Ambiental”, el cual, entre otras tareas, se enfocará a la prevención de los delitos y las faltas administrativas que determina la legislación en materia de protección al medio ambiente

Hasta donde se ha dado a conocer por los funcionarios de las instituciones involucradas a la opinión pública, el acuerdo firmado permitirá a la División de Gendarmería coadyuvar interinstitucionalmente para frenar la trasgresión a la naturaleza, a los parques, a las reservas de la biosfera y para vigilar y cuidar nuestras áreas naturales protegidas, por su capacidad de proximidad social y movilidad, y por el vínculo con los flujos productivos.

Entre los objetivos del convenio destacan el salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos en las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, así como resguardar la seguridad de las instalaciones hidráulicas y en los vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de ríos.

Lo anterior no parece criticable, a todos los que estamos comprometidos por la búsqueda de un México en donde prevalezca el estado de derecho, en el que el derecho humano a un ambiente medio ambiente sano sea una realidad, estaremos a favor de que se vele el cumplimiento de las normas ambientales.

Pero, ante la opacidad con que se está actuando, al simplemente mencionar por medio de un comunicado de prensa que se repite en varios medios el que se haya firmado el referido convenio nos deja varias dudas que por transparencia, por la buena gobernanza, es necesario que sean resueltas, por ejemplo, ¿la gendarmería ambiental será una nueva división de la Policía Federal o se ocupará para esta a la Gendarmería actual?, ¿qué acuíferos, lagos, ríos, cuerpos de agua e instalaciones hidráulicas atenderá la gendarmería ambiental?, ¿a quién van a obedecer este cuerpo y su personal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Gobernación o a la Policía Federal?, ¿cómo y quién va a administrar este cuerpo?, entre otras.

Siendo un tema tan importante como lo es el respeto a las normas ambientales y por lo mismo el cuidado al ambiente, incluyendo a los recursos hídricos y su infraestructura, vemos como necesario que el convenio sea dado a conocer a la opinión pública.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular de Poder Ejecutivo Federal a que instruya a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Gobernación, a hacer público el convenio celebrado entre estas dependencias para crear a la gendarmería ambiental.

Nota

1 http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/
wlp.c;jsessionid=Z4pHT3Nb8ynZldmWQZhdvwGbBT23NXnT4py971x3p2vLnDQvN1tm!432963533?__c=1f404

Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de abril de 2016

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Imjuve a celebrar acuerdos y convenios de colaboración con el Inegi para levantar de nuevo la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo, a cargo de la diputada Genoveva Huerta Villegas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Genoveva Huerta Villegas, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La realización de un marco teórico se basa en fundamentos tanto teóricos como numerales, es decir, indicadores que permiten saber realmente como es la situación real y tener el diagnóstico, dichos indicadores se basan generalmente en encuestas y éstas, mención aparte de su objetividad y profesionalismo, deben de ser constantes para tener un visión real del objeto de estudio, máxime si se trata de un aspecto social tan cambiante por su naturaleza misma, ya que los entornos cambian como las condiciones, de ahí la importancia de que las encuestas sean cronológicamente periódicas.

En los últimos años se ha desarrollado una cultura en México hacia las mujeres, cuidando mucho más sus derechos humanos ha implementado un entorno de políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, este entorno de respeto se ha traducido en mejores leyes que las protegen desde niñas hasta mujeres adultas mayores, pero dichas leyes tienen que tener indicadores para poder determinar avances o en su caso retrocesos y realizar análisis oportunos y profundos que ayuden siempre a mejorar el entorno del caso u objeto de estudio.

Y precisamente para la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y para garantizar la creación de políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, se ha realizado la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (Envin), misma que está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi).

Esta encuesta forma parte del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social y tiene como objetivo medir y caracterizar la violencia intrafamiliar y social.

Cito sus antecedentes de la página oficial del Inegi que al calce dice:

En el año 2002, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud, levantada en el año 2000, la cual se dirigió a mujeres y hombres, entre 12 y 29 años de edad para caracterizarlos en primera instancia con respecto a su familia de origen, su situación escolar, sus creencias y prácticas religiosas, culturales y el tiempo que dedican a éstas. Para obtener información relacionada con: salida del hogar paterno, noviazgo, sexualidad, las uniones juveniles de pareja, la procreación, participación social, percepciones, valores y los aspectos relacionados con el trabajo; se seleccionó a los jóvenes de 15 a 29 años de edad que se encontraran en la vivienda.

Dada la relevancia que han cobrado en la actualidad los estudios sobre violencia y, de manera concreta, la violencia en el noviazgo (el cual no se incluyó en el proyecto mencionado), el IMJ planteó la elaboración de un diagnóstico a nivel nacional sobre ésta. Con base en la necesidad de información estadística primaria sobre el tema, dicho Instituto presentó una propuesta de trabajo conjunto en la cual se consideraron recursos financieros y técnicos, para que el Inegi realizara la ejecución del proyecto.

Para construir la propuesta de la Envin 2007 se conformó una mesa de trabajo integrada por personal de ambos institutos, cuya labor principal fue establecer de forma clara la población objetivo, la definición del instrumento de captación y su operacionalización, así como la logística operativa.

Una de las primeras actividades encaminadas a integrar la propuesta fue analizar la información recabada en el módulo para mujeres solteras de la ENDIREH 2006, cuyos datos proporcionan un acercamiento a la problemática que se presenta en las relaciones de parejas que no cohabitan.

Por otro lado, se revisaron las convenciones y conferencias internacionales sobre el tema, tales como La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD, El Cairo, 1994) y La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (CCMM, Beijing, 1995), éstas recomiendan a los gobiernos el acceso a la información y a los servicios para jóvenes y adolescentes y la participación de las y los jóvenes en el diseño, la ejecución y la evaluación de programas.

Con base en lo anterior, el Inegi y el IMJ firmaron un convenio de colaboración para levantar la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo 2007 (Envin 2007).1

Cabe señalar que esta información nos da luz para conocer las diferentes formas de trato que pueden presentarse en la etapa del noviazgo, y también nos permite identificar cuándo hay violencia en ellas, y reconocer la importancia de la individualidad en la ruptura de estereotipos de género.

Según el investigador Castro y Riquer “entre los hallazgos de sus investigaciones se encuentran que: en la mayor parte de las parejas que experimentan violencia, ésta se manifiesta desde el inicio de la relación, incluso desde el noviazgo”.1

Y es que la violencia en el noviazgo siempre tiene síntomas muy detectables, ya que van desde la prohibición de alguna actividad personal o forma de vestir, hasta las agresiones físicas.

Sin embargo, desgraciadamente muchas veces las conductas violentas en las relaciones de pareja no son percibidas como tales ni por las víctimas ni por los agresores, pues generalmente se confunden maltrato y ofensas con amor e interés por la pareja.

La encuesta levantada en el año 2007 es la última que se realizó, es decir, los resultados son de hace ocho años y no hay datos recientes de la violencia en el noviazgo, aun a pesar de que Sedesol tuvo un incremento en el PEF de 2015 y ahora en el PEF de 2016 su presupuesto se incrementó nuevamente y su secretario aseguró que no habrá disminución presupuestal en los programas sociales.

El objetivo general de la encuesta es la identificación de la violencia en el noviazgo, a fin de promover relaciones sanas, basadas en el respeto y la confianza.

Es por ello que, con base en la fundamentación y argumentos expuestos y coincidiendo con la esencia de la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida libre de Violencia, presentamos a la consideración de este Honorable pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud a celebrar los acuerdos y convenios de colaboración necesarios con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a fin de realizar un nuevo levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo.

Notas

1. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/espe ciales/envin/presentacion.aspx

2. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH, 2006

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputada Genoveva Huerta Villegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a solucionar la problemática de los artesanos y comerciantes de Teotihuacán, México, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio y Rogerio Castro Vázquez, diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Se trata de los artesanos y artesanas-comerciantes de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, quienes por herencia, de generación en generación y tradición familiar han trabajado durante 60 años aproximadamente en el interior de ésta Zona Arqueológica; mismas de quienes económicamente dependen varias familias que habitan a los alrededores de la zona, la cual es también su única fuente de empleo. Sin embargo, a partir del pasado 1 de enero del año en curso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y autoridades del gobierno del estado de México, sin previo aviso, ni notificación alguna, de forma arbitraria y sorpresiva comenzaron a cobrarles la entrada al estacionamiento de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, y ahora pretenden aplicar el cobro para acceder a la zona como si fueran turistas. Tal situación les causa un menoscabo en la economía familiar, además de que se ha generado un ambiente laboral hostil.

Cabe precisar que el día 2 de enero de 2016, los artesanos y artesanas-comerciantes acudieron a las oficinas administrativas de la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT), para dialogar de forma pacífica con el Arqueólogo Alejandro Sarabia González, director de la citada zona, con la finalidad de conocer los motivos por los cuales se les aplicaba el cobro de derechos; a lo cual únicamente manifestó que “él no es la autoridad competente para resolver dudas e inconformidades, ya que únicamente recibe órdenes superiores”, además de que sólo actúan en apego a lo establecido por el artículo 288 de la Ley General de Derechos, mismo que a la letra refiere:

Capítulo XVI
De los Bienes Culturales Propiedad de la Nación

Artículo 288. Están obligados al pago del derecho por el acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la Federación, las personas que tengan acceso a las mismas, conforme a las siguientes cuotas (pesos):

Áreas tipo AAA: ....................................... 64.25

Áreas tipo AA: ......................................... 61.60

Áreas tipo A:............................................. 52.22

Áreas tipo B: ........................................... 46.85

Áreas tipo C: ........................................... 38.83

Tratándose del pago del derecho previsto en el párrafo anterior, después del horario normal de operación se pagará la cuota de .................................. 214.21

Para efectos de este artículo se consideran:

Áreas tipo AAA:

Zona Arqueológica de Palenque (con museo); Museo y Zona Arqueológica de Templo Mayor; Museo Nacional de Antropología; Museo Nacional de Historia; Zona Arqueológica de Teotihuacán (con museos);

...

...

...

El pago de este derecho deberá hacerse previamente al ingreso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas a que se refiere este artículo.

Las cuotas de los derechos señalados en el presente artículo, se ajustarán para su pago a múltiplos de 5.00 pesos. Para efectuar este ajuste, las cuotas aumentarán o disminuirán, según sea el caso, a la unidad de ajuste más próxima. Cuando la cuota se encuentre a la misma distancia de dos unidades de ajuste, se disminuirá a la unidad inmediata anterior.

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo, las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, discapacitados, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas a que se refiere este artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho, los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los museos, monumentos y zonas arqueológicas los domingos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable para las áreas tipo AAA, en las visitas después del horario normal de operación.

Artículo 288-A. Están obligadas a pagar el derecho por el uso o aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y morales que usen o aprovechen bienes sujetos al régimen del dominio público de la Federación en los museos, monumentos históricos y zonas arqueológicas administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, conforme a lo que a continuación se señala:

I. 44.72 pesos mensuales por cada metro cuadrado o fracción, cuando el uso o goce consista en la realización de actividades comerciales y el espacio no exceda de 30 metros cuadrados.

El pago del derecho a que se refiere esta fracción, se efectuará mensualmente mediante declaración que se presentará en las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.

II. 26.83 pesos por cada metro cuadrado o fracción que se use, goce o aproveche para cada evento cultural de hasta cuatro horas de duración, incluido el tiempo de montaje y desmontaje de instalaciones, realizado en espacios exteriores de cualquier tipo.

El pago del derecho a que se refiere esta fracción, se efectuará previamente a la realización del evento.

III. 7 mil 452.21 pesos por evento cultural de hasta cuatro horas de duración, incluido el tiempo de montaje y desmontaje de equipos y accesorios, realizado en espacios cerrados, tales como auditorios, vestíbulos y salas.

El pago del derecho a que se refiere esta fracción, se efectuará previamente a la realización del evento.

Las cuotas a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, se incrementarán proporcionalmente a partir de la terminación de la cuarta hora de acuerdo con la duración total del evento.

Para los efectos de este artículo, no estarán obligados al pago de los derechos los siguientes sujetos:

a) Las instituciones públicas que realicen conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia eventos culturales, previa celebración de un convenio.

b) Las instituciones públicas que realicen conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia actividades de promoción, difusión y comercialización culturales, previa celebración de un convenio.

Tal hecho acredita que las autoridades les otorgan un reconocimiento como turistas y/o visitantes de la zona arqueológica y no como artesanos y artesanas indígenas de pueblos originarios que forman parte de la cultura de la zona.

3. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, es el organismo del gobierno federal, fundado en 1939, para garantizar la investigación, definiciones técnicas, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Su creación fue fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, parece irónico que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tenga como misión investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta con plenas facultades normativas y rectoras en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, que puede realizar actividades con los diferentes niveles de gobierno y sociedad en la toma de decisiones para la conservación y conocimiento del patrimonio, y de la memoria nacional y que ahora sea el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) quien se ha negado a implementar acciones que cumplan con su misión y se niegue a establecer un diálogo sano, bajo argumentos que sólo están fundados en actos discriminatorios que denigran a la población indígena, vulnerando sus derechos humanos fundamentales, sus valores, costumbres, y en particular erosionando la contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural y a la armonía social; por lo que es evidente que las autoridades competentes de atender la problemática no reconocen garantías mínimas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

Título Primero

Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Aunado a lo anterior, no observa lo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en específico al artículo que a la letra dice:

Artículo 2.

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además de que no se les reconocen sus derechos como pueblo indígena tal y como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que a la letra dice:

“Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio”.

Los artesanos y artesanas-comerciantes de la Zona Arqueológica de Teotihuacán piden que de manera urgente se retomen las mesas de diálogo para la implementación de acciones garantes de los derechos humanos, evitando en todo momento atentar contra la dignidad humana de los pueblos indígenas. Generar políticas públicas para fortalecer la identidad y memoria de la sociedad; así como se promueva la realización de actividades comerciales con los diferentes niveles de gobierno y sociedad en la toma de decisiones para la conservación y conocimiento del patrimonio cultural.

Por lo que se concluye que es un asunto de Derechos Humanos en el que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad para todos los habitantes de México.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México, a la Secretaría General de gobierno del estado de México, a la Secretaría de Cultura, para que en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Fomento Turístico, la Secretaría del Trabajo y demás competentes para la solución de la problemática, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, eviten poner en riesgo la integridad física, psicológica y patrimonial de los artesanos y artesanas-comerciantes de la zona arqueológica de Teotihuacán.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México, a la Secretaría General de gobierno del estado de México, a la Secretaría de Cultura, para que en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Turismo, la Secretaría del Trabajo y demás competentes para la solución de la problemática promuevan la implementación de acciones suficientes y necesarias para retomar el diálogo con artesanos y artesanas-comerciantes de Teotihuacán para garantizar su derecho al trabajo en condiciones dignas.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México, para que implemente políticas públicas garantes de los derechos humanos de los pueblos originarios como grupo vulnerable

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputados: Juan Romero Tenorio, Rogerio Castro Vázquez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del estado de México y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a elaborar un plan de acción para erradicar las conductas de intimidación y extorsión de los elementos de seguridad pública y tránsito en ejercicio de sus funciones de vigilancia vehicular en las áreas limítrofes y aledañas a la zona metropolitana del valle de México, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María Verónica Agundis Estrada, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a elaborar un plan de acción que permita erradicar las conductas de intimidación y extorsión por parte de los elementos de seguridad pública y tránsito en ejercicio de sus funciones de vigilancia vehicular, en las zonas limítrofes y aledañas de la zona metropolitana del Valle de México, al tenor de lo siguiente:

Objetivo

Que las policías del Estado de México y de la ahora Ciudad de México (CDMX), implementen mecanismos eficientes de supervisión para que paren de manera inmediata, las actividades recurrentes de intimidación y extorsión en contra de los automovilistas y transportistas que por alguna razón, tienen que circular por las arterias de entrada a la zona metropolitana de la CDMX, principalmente con placas del interior de la república.

Consideraciones

La Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México1 establece como misión “Avanzar en la consolidación de una sociedad protegida en la que todos los ciudadanos gocen de seguridad, cuenten con las condiciones de confianza y certidumbre en las cuales fincar el desarrollo personal; teniendo como uno de sus objetivos “fomentar la seguridad ciudadana”.

De la misma manera, la Secretaria de Seguridad Pública2 está encargada de determinar y autorizar los operativos para vigilar el cumplimiento de las disposiciones, establecer en el ámbito de su competencia mecanismos de coordinación, colaboración y comunicación estrecha y permanente con instituciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipales, así como del Distrito federal, a fin de garantizar el libre tránsito de personas como lo establece nuestra constitución en su Artículo 11 y la autoridad solo puede limitarla en los casos en los que se contemplan en la ley.

El deber policial en materia de vialidad es la de supervisión, información y apoyo al ciudadano y sobre todo a los visitantes foráneos, otras son las de tomar acciones en caso de cualquier situación de riesgo, es el encargado de salvaguardar el orden público y el cumplimiento de las leyes, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de convivencia y seguridad pública.

Algunos de los elementos éticos de servicio policial es el de la honradez, la lealtad, servir con fidelidad y honor a la sociedad a la que se deben, respeto al prójimo y desempeñar su labor sin aceptar dadivas ni compensaciones, entre otras.

Tristemente, la gran mayoría de nuestras policías no cumplen los principios a los que se deben como servidores públicos y por ende, la sociedad le ha perdido el respeto a las instituciones policiacas y esto se debe principalmente a la corrupción, su participación en actos delictivos, extorsiones y la prepotencia en su actuar.

Este último hecho queda en evidencia, cada vez que algún automovilista primordialmente con placas del interior de la república y algunas veces del Estado de México y de la CDMX aleatoriamente, intenta internarse hacia la metrópoli capitalina por el periférico norte desde Cuautitlán Izcalli, pasando por Tlalnepantla y hasta el perímetro de Naucalpan, para que los conductores sean detenidos con cualquier pretexto por uniformados que se ostentan como policías, sin que el conductor pueda conocer sí este oficial tiene facultades para detenerlo y sancionarlo.

De la misma manera ocurre al cruzar las casetas de cobro del circuito exterior mexiquense, tanto como de entrada y esporádicamente en salida, así como también sucede en la frontera de Ecatepec, que los conductores tienen que sortear a los multiuniformados, porque dentro de las corporaciones del estado de México varios tipos, sin omitir que posteriormente tienen que enfrentarse a los elementos policiacos de la nueva CDMX, con los retenes instalados por el famoso “Operativo Escudo” implementado con éxito desde el 2014, pero también ha sido aprovechado por los oficiales para sacar “tajada”.

A pesar de que estas estrategias coercitivas, fueron denunciadas por la Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo en la LXII Legislatura, del Grupo Parlamentario del PAN, el cual fue aprobado e incluso contestado por las dependencias aludidas, al día de hoy siguen persistiendo las mañosas artimañas para atrapar por así decirlo a ciudadanos incautos que se dejan amedrentar por los uniformados, sin saber a ciencia cierta, falta de información o desconocimiento el porqué de la falta.

Incluso por el ilegal y absurdo programa de hoy no circula metropolitano, dónde las autoridades arbitrariamente cambian las fechas para la libre circulación de vehículos, los agentes de tránsito aprovechan este caos e implementar operativos improvisados que sirven entre otras cosas para generar más tráfico y fomentar la generación de corrupción.

Los elementos policiacos, que también cuentan con patrullas, motos y hasta los de a pie, detienen los vehículos, los revisan minuciosamente buscando alguna falta en el exterior, en el conductor o en la documentación y, aun cuando todo está en orden buscan el más mínimo detalle, un dato que es inadmisible es que han llegado al grado de decir que no se puede circular con vidrios oscuros, aun cuando son directamente de agencia y tratan de intimidar al conductor mencionando que la referencia de polarizado tiene que estar incluida en la tarjeta de circulación.

Las preguntas frecuentes de los conductores detenidos son; ¿el oficial que hace la detención es efectivamente el facultado para sancionarlo?, ¿realmente están cometiendo una falta?, ¿es obligatorio el traslado de su automotor al depósito y se deben portar los documentos originales del vehículo, por si acaso es llevado al “corralón”? que por cierto, también los corralones son unos nidos de corrupción.

No se debe perder de vista que hay unidades de seguridad pública, tanto del Estado de México como de la CDMX, que “no” están facultadas para sancionar, que por ser un “negocio” más lucrativo, en lugar de cumplir con su deber, se dedican a apabullar a los choferes, aterrorizándolos con multas de miles de pesos, que para dejarlos ir por lo menos solicitan dos mil pesos, exprimiendo lo más que pueden, y si esto no fuera suficiente, en caso de negarse los acosan con la premisa de que tienen que remitirlos al depósito más cercano y que eso les saldrá más caro, que lo piensen.

Otro punto a observar es, que las sanciones son a criterio y apreciación del oficial, son como mejor le parezca y al costo de la “mordida” dependerá de cómo se dejen. Ellos, de manera prepotente se acreditan con una placa que solo tiene su apellido y muchas veces no se puede identificar a que corporación pertenecen, inmediatamente solicitan documentos, sin presentarse, ni informar al conductor la falta por la cual fundamenta su detención.

En la mayoría de las veces mencionan la trillada frase de “revisión de rutina por operativo de seguridad.”

Esta preocupación que hoy se plantea ante esta soberanía encuentra incluso fundamento legal para su inhibición; esto es, tanto el Gobierno del Estado de México como la Ciudad de México cuentan con normativa administrativa expresa que prohíbe a los servidores públicos abusar de su encargo y excederse en sus funciones, entre muchas otras prohibiciones estipuladas, entre otras, en:

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México

“Artículo 42. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

...

VII. Observar en la dirección de sus subalternos las debidas reglas del trato con respeto y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;

...

XXXII. Abstenerse de remitir vehículos a cualquier de pósito de vehículos concesionado o de carácter estatal, con motivo distinto a los permitidos por las disposiciones legales aplicables;

...

Artículo 43. Se incurre en responsabilidad administrativa disciplinaria, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que en esta ley se consignan, atendiendo a la naturaleza de la obligación que se transgreda.

La responsabilidad administrativa disciplinaria, tiene por objeto disciplinar y sancionar las conductas de los servidores públicos que infrinjan alguna de las disposiciones administrativas contenidas en el artículo anterior, con independencia de otra responsabilidad de cualquier naturaleza; inclusive de la responsabilidad administrativa resarcitoria o de índole penal.”3

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

“Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

...”

Por otro lado, sabemos también que las penalidades sujetas a las faltas administrativas referentes al tránsito de vehículos, son desproporcionadas frente al ingreso medio de la población, situación que es aprovechada por los quehaceres diarios que realizan las agrupaciones policiacas; que traen consigo un costo incalculable, que va en detrimento de la economía de los ciudadanos, empresarios y todo aquel que transite por esas vías de comunicación.

Sin duda alguna, toda aquella persona que va al volante, al viajar por las mencionadas arterias y visualizan un retén policiaco, patrullas o motociclistas uniformados, lejos de sentir seguridad se siente vulnerable ante la posible inquietud de poder ser detenido por el sólo hecho de traer placas foráneas, derivado a la falta de confianza que existe en la policía.

Observando los hechos desde una óptica ciudadana, hacen falta controles efectivos relativos a los actos y el comportamiento de los elementos policiacos que erradiquen estas actividades ilícitas que marcan a las agrupaciones de seguridad. La mayoría de la población que conduce un automotor no considera la idea de tener un apoyo oportuno por parte de las autoridades policiales en cuanto a información, apoyo vial o cualquier otra atención por parte de estos grupos, por el contrario, prefieren que ni se acerquen para no ser víctimas de alguna extorsión.

“Aquellos que hayan tenido que circular por estas vías, les pregunto ¿quiénes no han vivido esta experiencia en carne propia? Tal vez varios o seguramente tienen algún familiar, amigo o conocido que ha tenido que pasar por este viacrucis”.

En conclusión, es incuestionable la necesidad de que las autoridades correspondientes deben tomar cartas en el asunto, de una vez y por todas, dignificar a sus elementos y acabar con este lastre de corrupción, mediante esquemas de control y verificación, utilizando las nuevas tecnologías como son las cámaras de videograbación que inhiban la corrupción, que sus cuerpos de seguridad cumplan con el encargo conferido y sancionen enérgicamente las actividades de extorsión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a elaborar un plan de acción que permita erradicar las conductas de intimidación y extorsión por parte de los elementos de seguridad pública y tránsito en ejercicio de sus funciones de vigilancia vehicular, en las zonas limítrofes y aledañas de la zona metropolitana del valle de México.

Notas

1 http://ces.edomex.gob.mx/mision_vision_objetivo

2 http://www.ssp.df.gob.mx/transito.html

3 Consultado en
http://ces.edomex.gob.mx/sites/ces.edomex.gob.mx/files/files/marco%20juridico/
04%20Leyes%20locales/19%20Ley%20de%20Responsabilidades%20de%20los%20
Servidores%20P%C3%BAblicos%20del%20Estado%20y%20Municipios.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputada María Verónica Agundis Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a solucionar la problemática de los artesanos y comerciantes de la zona arqueológica de Chichén Itzá, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, Rogerio Castro Vázquez, en su calidad de diputados de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Se trata del desalojo de un grupo vulnerable integrado por 800 indígenas mayas artesanos y artesanas-comerciantes que, por herencia, de generación en generación y tradición familiar han trabajado durante aproximadamente 40 años en el interior de la zona arqueológica de Chichen Itzá; de este grupo de artesanos y artesanas mayas dependen económicamente 10 mil personas aproximadamente, quienes habitan en los alrededores de San Felipe Nuevo, San Felipe Viejo, Tohopkú, Xcalacoop, San Francisco, Yaxché, Xcatúm, Chen Dzonot, Popolá entre otras comisarías y municipios de Tinum, principalmente; zona en la que el empleo y la situación económica es precaria para ellos. Ahora es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y autoridades del gobierno del estado, amenazan psicológicamente con hacer uso de la fuerza pública para desalojarlos de la zona arqueológica.

Cabe señalar que este grupo vulnerable de indígenas mayas artesanos y artesanas-comerciantes, durante décadas han sido objeto de constantes actos arbitrarios violando sus derechos humanos, poniendo en riesgo su integridad psicológica, física y patrimonial, ya que en el último desalojo la Policía Municipal, utilizó gases lacrimógenos sin importar poner en riesgo la integridad física de adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas.

2. Fue a partir del 26 de febrero de 2008, cuando el licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello, ahora gobernador del estado de Yucatán inició las mesas de diálogo con los artesanos y artesanas- comerciantes de la zona arqueológica, con el objetivo de atender, analizar, dialogar y conciliar las peticiones de los artesanos y artesanas mayas que consistían en que las autoridades expropiaran la propiedad privada (700 hectáreas aproximadamente) con una superficie de mil 547 hectáreas, de acuerdo al decreto presidencial del 30 de noviembre de 1988; a nombre de Cristina Beryl Perchbacher Backlund; Hans Jurgen Thies Barbachano, Apartamentos Peninsulares SA; Fernando E. Barbachano Herrero; Chomuca, SA de CV y otros; para que el estado recupere su papel rector y oriente los ejidos enclavados en la zona.

Entre otras de sus propuestas es que 15 por ciento de los ingresos que se generan mensualmente por cuotas de acceso a la zona, cuotas por servicios en el parador turístico, estacionamientos de vehículos, rentas de locales comerciales por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Patronato de Cultura del Gobierno del Estado de Yucatán en la zona de Chichén Itzá, sea destinado al municipio de Tinum, ya que por gestión de la misma población desde 2008 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aporta al municipio de Tinum, Yucatán, sólo destina 5 por ciento de los ingresos que genera el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Solicitaban también la creación de leyes en las que se exenten cualquier día del año a los yucatecos y avecindados del estado de Yucatán, de cualquier pago para ingresar a las diferentes zonas arqueológicas turísticas, y no únicamente los domingos; esto a fin de dar una mayor promoción a su cultura.

De manera general sus peticiones siempre han estado enfocadas a que como indígenas mayas se les reconozca su actividad y sobre todo, se formalicen acuerdos entre las autoridades del estado, en los que se reconozca el uso del espacio de trabajo acostumbrado mediante una credencialización para permanecer en el interior de la zona de Chichen Itzá, con la designación de locales en los que puedan desempeñar su actividad comercial con condiciones dignas y humanas.

Las mesas de diálogo fueron suspendidas por decisión de las autoridades en el mes de abril de 2009.

3. El INAH es el organismo del gobierno federal, fundado en 1939, para garantizar la investigación, definiciones técnicas, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Su creación fue fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, parece irónico que el INAH tenga como misión investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta con plenas facultades normativas y rectoras en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, que puede realizar actividades con los diferentes niveles de gobierno y sociedad en la toma de decisiones para la conservación y conocimiento del patrimonio, y de la memoria nacional y que ahora sea el propio INAH quien se ha negado a implementar acciones que cumplan con su misión y se niegue a establecer un diálogo sano, bajo argumentos que sólo están fundados en actos discriminatorios hacia los artesanos y artesanas-comerciantes mayas a quienes catalogan y etiquetan como mala imagen para el turista, generadores de basura en la zona turística, presuntos delincuentes por el robo a visitantes de las zonas arqueológicas, así como de otras tantas afirmaciones que denigran a la población indígena, vulnerando sus derechos humanos fundamentales, sus valores, costumbres, y en particular erosionando la contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural y a la armonía social; por lo que es evidente que las autoridades competentes de atender la problemática no reconocen garantías mínimas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

Título Primero

Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Aunado a lo anterior, no observa lo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en específico al artículo que a la letra dice:

Artículo 2.

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además de que no se les reconocen sus derechos como pueblo indígena tal y como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que a la letra dice:

“Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio”.

4. No conforme el gobierno federal con la venta de los recursos naturales al capital extranjero, de la privatización de la electricidad, del petróleo, de la educación y de la seguridad social, los neoliberalistas también están promoviendo la privatización del patrimonio cultural de la nación y la humanidad, tal y como lo pretende el gobierno del estado de Yucatán al desalojar a los artesanos, artesanas-comerciantes de la zona arqueológica de Chichen Itzá, bajo el falso argumento de que las leyes locales no les permiten comercializar sus productos dentro de la zona arqueológica; en realidad de lo que se trata es de garantizar que algunas familias capitalistas tengan el monopolio de la zona de mayor afluencia turística como lo es Chichen Itzá, que la visitan aproximadamente 2 millones de personas ya que está catalogada como una de las 7 maravillas del mundo; por ello, en complicidad con algunas autoridades como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a dicho de los artesanos, artesanas- comerciantes mayas, están siendo sometidos a una persecución con la finalidad de desalojarlos de forma definitiva de la zona arqueológica en la que han laborado por más de 40 años, ya que son considerados como competencia por comercializar sus artesanías a costos accesibles. No obstante el segundo argumento de las autoridades del estado de Yucatán es que de no desalojar la zona arqueológica la organización New Seven Wonders revertirá el nombramiento otorgado a Chichen Itzá, como una de las 7 maravillas del mundo.

Los artesanos y artesanas-comerciantes mayas piden al INAH:

a) Firme un pacto de civilidad y públicamente reconozca su actividad como artesanos y artesanas indígenas mayas que han laborado en la zona por más de 40 años.

b) Se desista de las denuncias penales que de manera insustentable ha iniciado en contra de algunos de sus dirigentes.

c) Se inicie la expropiación de propiedad privada que circunda el sitio maya en donde líderes turisteros así como empresarios son dueños de tiendas comerciales que consideran a los artesanos y artesanas mayas como una competencia.

Por todo lo anteriormente citado es urgente retomar las mesas de diálogo para la implementación de acciones garantes de los derechos humanos, evitando en todo momento atentar contra la dignidad humana de los pueblos indígenas; se generen políticas públicas para fortalecer la identidad y memoria de la sociedad, y se promueva la realización de actividades comerciales con los diferentes niveles de gobierno y sociedad en la toma de decisiones para la conservación y conocimiento del patrimonio cultural.

Por lo que se concluye que es un asunto de derechos humanos en el que el estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad para todos los habitantes de México.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se proponen como de urgente u obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Yucatán para que en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría General de Gobierno del Estado, Secretaría de Fomento Turístico, Secretaría del Trabajo y demás competentes para la solución de la problemática, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, eviten poner en riesgo la integridad física, psicológica y patrimonial de los artesanos y artesanas-comerciantes mayas de la zona arqueológica de Chichen Itzá.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Yucatán para que coordinadamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría General de Gobierno del Estado, Secretaría de Fomento Turístico, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y demás competentes para la solución de la problemática promuevan la implementación de acciones suficientes y necesarias para retomar el diálogo con artesanos y artesanas-comerciantes mayas para garantizar su derecho al trabajo en condiciones dignas.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Yucatán para que implemente políticas públicas garantes de los derechos humanos para los indígenas mayas como grupo vulnerable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputados: Juan Romero Tenorio, Rogerio Castro Vázquez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a implantar estrategias y acciones en respuesta de la contingencia ambiental ocurrida en la zona metropolitana del valle México, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN

Ulises Ramírez Núñez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo el tenor de las siguientes consideraciones:

La calidad del medio en donde vivimos tiene un efecto directo en nuestra salud y bienestar. Un medio ambiente limpio es fuente de satisfacción, mejora el bienestar mental, permite a las personas recuperarse del estrés de la vida cotidiana y posibilita la realización de actividades físicas y de recreo al aire libre.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es posible atribuir la muerte prematura en cerca de siete millones de personas por los efectos de la contaminación del aire exterior e interior.1

Las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2015, señalan que la contaminación urbana del aire será la principal causa medioambiental de muerte en el mundo en el año 2050.2

La OCDE considera que el número de muertes prematuras por la exposición a partículas contaminantes del aire que conllevan fallas respiratorias podría duplicarse en los próximos 35 años y debido al envejecimiento y concentración de la población en zonas urbanas, es probable que presenten las tasas más elevadas de muertes prematuras a causa del ozono troposférico.3

El estudio de la OCDE, señala que en nuestro país el nivel de partículas atmosféricas PM10 (partículas contaminantes del aire lo suficientemente pequeñas como para penetrar en los pulmones y dañarlos) es de 29.8 microgramos por metro cúbico en las grandes zonas urbanas, considerablemente más alto que el promedio de la OCDE de 20.1 microgramos por metro cúbico.4

En México, la contaminación del aire se relaciona con cinco de las 10 principales causas de muerte en el país, como enfermedades del corazón, tumores malignos, neumonía e influenza, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades pulmonares crónicas. A este respecto, en el 2013, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) desarrolló una calculadora para identificar los daños a la salud provocados por partículas de 10 micras (PM10) y estimó el impacto económico que se derivan de los mismos, destacándose los siguientes resultados en el periodo 2010-2013:5

• Consultas relacionadas con la contaminación al año: 3.1 millones.

• Hospitalizaciones por contaminación al año: 53 mil.

• Muertes prematuras: 19 mil.

• Pérdidas económicas: 13,979 millones de pesos.

De continuar así, el costo económico hasta 2018 puede ascender hasta 20,288 mdp (de 2010). En costos humanos, las muertes prematuras ascenderían a 37,488 muertes prematuras, 103,000 hospitalizaciones y 6 millones de consultas médicas.

La correlación entre la contaminación y la disminución de la calidad de la salud está sustentada y comprobada por organismos internacionales y sólo a través del compromiso y la seriedad en la instrumentación de una política pública integral por parte del gobierno federal y acompañada por los gobiernos de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), tendremos la oportunidad de minimizar el impacto en la salud de los mexicanos que ha advertido la OCDE para el año 2050.

La contingencia ambiental ocurrida en la primera quincena del mes de marzo del presente año, puso en evidencia que falta mucho por hacer y para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional , es prioritario que las autoridades implementen estrategias y acciones para corregir en forma definitiva el problema de la contaminación en la ZMVM y aún más importante, que se fijen fechas inaplazables para que el Poder Legislativo y la sociedad en general den seguimiento puntal a cada compromiso de los gobiernos involucrados.

Está de más señalar que los vehículos automotores son la principal fuente de contaminación en el país y que sus emisiones son el principal insumo de la formación de ozono troposférico, asociado con graves enfermedades cardiopulmonares.

En 2015 se vendieron en México un millón 351 mil unidades, un crecimiento de 19 por ciento respecto a 2014. Un alza anualizada de esta magnitud no se había registrado desde 1998, cuando las ventas fueron por 644 mil unidades y un crecimiento de 33 por ciento, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Sin embargo, la perspectiva es que para este 2016, las ventas lleguen a un millón 432 mil unidades, lo cual será un crecimiento de 5.96 por ciento 6

En los últimos 10 años el crecimiento del parque vehicular en la ZMVM ha sido exponencial, pasando de 2.6 millones en 2005 a 4.7 en 2014, lo que representa un incremento del 75 por ciento y de acuerdo con el documento “Hacia el colapso vial, desarrollado por la asociación civil El Poder del Consumidor, se calcula que en 2020 llegarán a 7.5 millones de automóviles y para el año 2030 circularán 9.5 millones.

Esta información resulta relevante, tomando en cuenta que las autoridades concentran el 80 por ciento de inversión en movilidad en infraestructura para automóviles, pese a que los autos particulares representan el 30 por ciento de los viajes y tan sólo el 20 por ciento se destina a la mejoría de la calidad del transporte público, según datos del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés).7

Pese a los esfuerzos recientes en la Ciudad de México, como el programa Ecobici y la ampliación de las líneas del Metrobús, el transporte público sigue fragmentado y sin coordinación, señala la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Adicionalmente, los investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera, de la UNAM, han planteado que la disminución en los límites de velocidad impuestos por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, también contribuyen a la contaminación y hay una relación directa respecto a que a más vehículos a menor velocidad, mayor emisión y esto se traduce en mayor contaminación.

No debemos perder de vista que en 2015 la Ciudad de México ocupó el primer lugar de congestionamientos viales en todo el mundo y de acuerdo con la medición que hace Tom Tom Traffic,8 una empresa privada que compara los trayectos en 295 ciudades en 38 países, este es el quinto año consecutivo que la Ciudad de México incrementó el tiempo de traslado, lo que quiere decir, que los citadinos deben invertir al menos 57 minutos extras en su traslado hacia la escuela o el trabajo y otra cantidad igual al regresar a casa.

En total, al año se pueden considerar más de 200 horas que se pierden en el tráfico, lo que significa que cada vehículo que circula en la Ciudad de México contribuye con cerca de dos horas adicionales de contaminación y al final del 2016 tendremos que sumar minutos adicionales por las restricciones de velocidad del actual Reglamento de Tránsito.

Para ser más precisos en la identificación de las fuentes de contaminación, los autobuses y camiones con placa federal sólo tienen obligación de circular con un “Certificado de baja emisión de contaminantes”, otorgado por Unidades de Verificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sin ser sometidos a una prueba real de emisiones.9

Un estudio realizado por el Centro Mario Molina (CMM) considera que la flota vehicular que más contamina son los automóviles mayores a 20 años de edad, que por sus características de fábrica no cuentan con convertidores catalíticos, instrumentos básicos para reducir la contaminación.

Las estimaciones de los gobiernos de la ZMVM identifican a cerca de 600 mil vehículos con placas federales, 300 mil transportistas de carga y pasaje y otras dos mil unidades de transporte escolar que portan láminas federales y locales.

Aunque se trata sólo del 10 por ciento del parque en circulación, son los generadores de la mayor de contaminación, por lo que las autoridades deberán explicar en forma pormenorizada sobre el nuevo esquema de verificación al que se deberán someter este tipo de vehículos y el plazo en el que se deberá cubrir a la totalidad de la población objetivo. Asimismo, Acción Nacional considera impostergable que se audite a los verificentros y se castigue conforme a la ley a quienes estén involucrados en actos de corrupción y que en forma indiscriminada autorizan el tránsito a quienes más contaminan.

Finalmente, me referiré a una nota publicada el pasado 24 de marzo del presente año, por el diario el Financiero,10 en el que se señala que Pemex vende gasolinas y diésel de pésima calidad. Se destaca lo siguiente:

• Las gasolinas y el diésel que existen en nuestro país, no cumplen con las normas que se aplican en Estados Unidos, Canadá o Europa.

• El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Fundación Tláloc y El Poder del Consumidor, emitieron en días pasados un comunicado de prensa criticando la pésima calidad de los combustibles que se venden en México.

• Dichas organizaciones indicaron que ante el desafortunado anuncio que hizo Pemex, “en el sentido de que, derivado del programa de ajuste al gasto, se diferirá la reconfiguración de refinerías y los proyectos de gasolinas y diésel limpios (Ultra Bajo Azufre), las organizaciones de la sociedad civil que durante una década hemos trabajado este tema demandando mejor calidad del aire, urgimos a las autoridades a garantizar lo antes posible el abasto de combustibles de ultra bajo contenido de azufre para satisfacer la creciente demanda interna”.

• El documento añade que la falta de combustibles limpios en México ha frenado desde hace varios años “otras políticas energéticas y ambientales en el sector transporte. El no contar con combustibles de bajo contenido de azufre ha impedido la introducción de tecnologías vehiculares de punta que reducen tanto consumo de combustible como sus emisiones contaminantes”.

• Recuerda que desde 2009, Pemex se encuentra en incumplimiento de la -NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental”, que lo obliga a distribuir diésel de Ultra Bajo Azufre en toda la República Mexicana, situación que hasta ahora no ocurre.

• Los combustibles que México importa de los Estados Unidos no cumplen con las normas de calidad que en aquél país existen, por lo que allá no los distribuyen, pero sí los exportan”.

A este respecto, es importante señalar que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó el pasado 30 de octubre de 2015, la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, 11 con la que se pretende que todos los petrolíferos que se comercializan en México deben reunir especificaciones de calidad, de tal forma que no representen un riesgo a la salud de las personas, a sus bienes y al medio ambiente, y sean compatibles con las establecidas por aquellos países con los que México guarda relación comercial.

La NOM emitida por la CRE no precisa si será un documento complementario a la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, publicada el 30 de enero de 2006 o si la sustituye. Asimismo, en la NOM de 2006 se estableció la obligación a que en septiembre del 2009 el diésel que se vendiera en México tuviera sólo 15 partes de azufre por millón, y que la gasolina magna, en octubre de 2008, no superaría 80 partes de azufre por millón y a la fecha, Pemex no ha cumplido con la Norma Oficial Mexicana 086.

Los combustibles que consumimos siguen emitiendo grandes cantidades de partículas suspendidas a la atmósfera poniendo en riesgo la salud de millones de mexicanos.

Tanto los vehículos pesados (autobuses y camiones), como los vehículos ligeros (para pasajeros), que consumen combustibles derivados del petróleo son los principales responsables de la emisión de partículas (PM10 y PM2.5). Debido a esto, es necesario establecer límites máximos permisibles que sean cada vez más estrictos; es decir, que controlen de manera más efectiva la emisión de dichas partículas provenientes del sector transporte. Para ello, es necesario actualizar las siguientes normas que establecen estos límites: la NORMA Oficial Mexicana NOM-042-SEMARNAT-2003 y la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006.

Las normas a las que se hace referencias ya tendrían que haberse actualizado, pero a las autoridades encargadas de estas tareas han retrasado la publicación de las mismas en detrimento de la salud y de la calidad del aire de miles de mexicanos.

Para Acción Nacional es fundamental que se informe al Poder Legislativo sobre esta situación. La salud no es negociable y se debe realizar una investigación lo suficientemente profunda e imparcial para conocer si los combustibles cumplen o no con las especificaciones de calidad y sobre todo, tener en cuenta que la apertura del mercado y la libertad para importar gasolina del extranjero nos obliga a ser mucho más estrictos con la calidad que ingrese al país, con objeto de que el día de mañana no lamentemos una crisis de salud o suframos las consecuencias de mayores niveles de contaminación.

Para Acción Nacional , respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho humano que debemos privilegiar en el Poder legislativo.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta las facultades que le otorgan las leyes a la Semarnat, a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los responsables de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para que implementen estrategias y acciones en respuesta a la contingencia ambiental ocurrida en la Zona Metropolitana del Valle de México, especificando las fechas en las que se deberá realizar cada una de las tareas comprometidas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a que las autoridades de los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México y de Hidalgo, a auditar los verificentros y castigar a quienes estén involucrados en casos de corrupción.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, para que tomen acciones y atiendan lo siguiente:

a) Que se cumpla estrictamente lo que establece la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, en cuanto a la reducción de los contaminantes de los combustibles, la cobertura en territorio nacional y que se especifique si la venta de los combustibles al consumidor final cumple con la calidad establecida en la norma.

b) Que se publique, con base en el artículo 51-A de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, la actualización de las normas: NOM-042-SEMARNAT-2003 y

c) NOM-044-SEMARNAT-2006 y se dé cumplimiento a los plazos para a la reducción de contaminantes en territorio nacional.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Energía realicen una investigación profunda e imparcial para verificar si los combustibles importados cumplen o no con las especificaciones de calidad y por otra parte, se solicita que no se pospongan las inversiones para la reconfiguración de las refinerías que tienen por objeto producir combustibles de ultrabajo azufre.

Notas

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/

2 https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/49884278.pdf

3 http://www.oecd.org/centrodemexico/
medios/medioambienteactuarahoraoenfrentarconsecuenciascostosasenelfuturoadviertelaocde.htm

4 http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/

5 http://www.forbes.com.mx/cuanto-le-costara-mexico-la-contaminacion-del- aire/

6 http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/
default.aspx?id=792609&md5=8eb700611abd3c1fade333eb0c4d9ead&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

7 http://www.forbes.com.mx/cuanto-le-costara-mexico-la-contaminacion-del- aire/

8 http://www.milenio.com/region/
trafico_en_CdMx-mundo-congestionada-congestionamientos_viales_en_la_Ciudad_de_Mexico_0_706729342.html

9
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/
articulo/default.aspx?id=797770&impresion=1&urlredirect=http://
www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=797770&impresion=1

10 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/llegara-por-fin-gasolina-de-baj o-azufre-al-df.html

11 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5413788&fecha=30/10/2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputado Ulises Ramírez Núñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender un plan nacional de búsqueda de todas las personas desaparecidas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, Araceli Damián González, Roberto Guzmán Jacobo, Jesús Emiliano Álvarez López y Sergio René Cancino Barffusón, en su calidad de diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1 fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. México atraviesa por la más grave crisis en materia de Derechos Humanos de su historia. En ella, la Desaparición Forzada de Personas es la expresión más grave y difícil que el Estado Mexicano afronta, no es problema exclusivo de una entidad federativa o de un gobierno, es un problema de Estado y así debe ser conceptualizado para poder afrontarlo.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, (RNPED), que integra los datos de personas “no localizadas” obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente, establece que a la fecha a nivel federal existan registradas 941 personas y a nivel de las entidades federativas existan 27,215 registros1 . Es decir un total de 28,156 personas desaparecidas. Y la Cifra sigue incrementándose.

El problema de las desapariciones forzadas en México cobro notoriedad a partir de los trágicos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, cuando 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron atacados, privados de su libertad y posteriormente desaparecidos. Crimen en el que participaron miembros de los cuerpos de seguridad en colusión con el crimen organizado en la zona.

Este hecho puso en evidencia la magnitud del problema, y enfatizo que ante ello debe tomarse una política de Estado para enfrentarlo. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad imprescriptible que lastima a toda la sociedad, desarticula el tejido social y deja en estado de indefensión a las familias.

Segunda. Para afrontar esta problemática, el Estado mexicano ha emprendido una serie de acciones, ejecutivas y legislativas.

En materia forense, se elaboró el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, elaborado por la Procuraduría General de la República y el Comité Internacional de la Cruz Roja, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de marzo de 2015.

El 10 de julio de 2015, se reformo el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dotar al Congreso de la Unión de facultades para “expedir Leyes Generales en materia de Desaparición Forzada de Personas. Otras formas de privación de la libertad contrarias la ley”2 .

En este orden de ideas, el 23 de septiembre de 2015, se publicó el Protocolo Homologado par la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas3 , con la finalidad de definir los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y Policías, responsables de la investigación del delito de desaparición forzada, para una búsqueda e investigaciones eficaces, que nos permitan localizar a las víctimas, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición de hechos similares.

Finalmente, el 9 de octubre de 2015, mediante acuerdo interno de la Procuraduría General de la Republica se creó la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se establecen las bases para su organización4 .

No obstante este esfuerzo, los problemas estructurales hacen que la procuración e impartición de justicia sea casi nula. En los eslabones del sistema de justicia se perciben ineficiencias, incertidumbre y altos costos. Esta situación se ha visto reflejada en los altos índices de impunidad, de corrupción y en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia en México. Estudios sobre la materia señalan que la inercia burocrática en las oficinas gubernamentales de seguridad pública y procuración de justicia ha generado rezago frente al aumento considerable de la violencia y la delincuencia en los últimos años. Esta situación ha atentado igualmente con las formas más esenciales de convivencia social de los mexicanos. Un alto porcentaje de la población ha abandonado sus hábitos cotidianos por la inseguridad. Ese abandono supone un deterioro de la calidad de vida, un menoscabo a la cohesión social y una ausencia de confianza ciudadana frente a la actuación de las instituciones del Estado5 .

De acuerdo con el Inegi, las encuestas a víctimas muestran que la cifra negra en México, es decir la diferencia entre los delitos cometidos y los denunciados, es alta y va en aumento. También reporta que los resultados de aquellas mostraron que a nivel de cifra nacional la cifra negra fue de 80 por ciento en 2004, de 87 por ciento en el 2007 y de 85 por ciento en 2008 y 2009. La ENVIPE también proporciona estadística sobre la cifra negra. En esta se reporta que ascendió a 92 por ciento en 2010, y en 2012 reportó que sólo el 12.2 por ciento de los delitos fueron denunciados y que de éste sólo un 64.7 por ciento dio origen a una averiguación previa. Es decir, que únicamente en el 7.9 por ciento de los delitos se inició una investigación. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) reporta que dentro del periodo comprendido de 1999 a 2012, se registran un total de 2 millones 101 mil 660 denuncias por diversos delitos a nivel federal, así como 1 millón 431 mil 342 averiguaciones previas que se iniciaron a propósito de éstos6 .

En diversos estados las agencias del Ministerio Público son insuficientes, su tasa de efectividad es muy baja, y en promedio resuelven alrededor del 13 por ciento de las averiguaciones previas que se inician7 . Las cifras reflejan problemas endémicos del sistema de procuración de justicia. El resultado la impunidad casi total.

En consecuencia no ha sido posible paliar el problema de las desapariciones forzadas.

Tercera. En este contexto, los esfuerzos institucionales para afrontar esta oleada de violencia e ineficiencia de las autoridades, las desapariciones forzadas parecen no tener fin. Su número aumenta.

Los casos se suceden uno tras otro, Iguala, Tierra Blanca, Papantla. Desde la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, y hasta febrero de 2015 la Procuraduría General de la República ha encontrado 38 fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, de acuerdo con informes oficiales de la dependencia. Dentro de ellas, 87 cuerpos han aparecido. Pero hasta el pasado 4 de marzo de 2015, sólo había identificado a 16 de esos cadáveres y apenas seis se habían entregado a sus familiares.

Mientras tanto, familiares de personas desaparecidas en ese municipio, formaron el Comité de Búsqueda “los otros desaparecidos”, y llevan a cabo sus propias búsquedas de fosas clandestinas en los cerros igualtecos, sin más herramientas que palas y una varilla punteada para enterrarse, y detectar así las fosas y un marro para empujar la varilla entre la apretada tierra y las piedras.

Los familiares de “los otros desaparecidos” dicen que de los 71 cuerpos que se han exhumado de fosas clandestinas de Iguala, 69 han sido hallazgos suyos. Reconocen como su mérito el que dentro de los más de 200 cadáveres pendientes de identificar en Guerrero se incluyera a los 39 que estaban en una fosa común, y que su terquedad por revisar parajes por los que la PGR ya había pasado los llevara a encontrar más fosas en esa tierra donde los muertos sin identidad no han dejado de brotar8 .

“Los otros desaparecidos de Iguala” han iniciado una segunda etapa de búsqueda de sus familiares y han localizado los restos del cadáver número 105. Del total de cuerpos encontrados, 13 ya fueron identificados y 11 entregado a sus familiares.

En junio de 2015 el comité suspendió la búsqueda de los desaparecidos, debido a la prohibición del gobierno federal para que siguieran excavando en diferentes puntos de Iguala, para no “borrar evidencias” según les señalo la autoridad ministerial.

Por otra parte, a principios de este año 2016 se dio a conocer el caso de cinco jóvenes que desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, a manos de policías estatales. Hasta el momento, las autoridades estatales han detenido a ocho policías y cinco presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes están implicados en el caso. En febrero pasado, elementos de la Policía Federal encontraron los restos de dos de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en Tierra Blanca.

Poco después, tres jóvenes desaparecieron en el municipio de Papantla, también en Veracruz. Animal Político publicó el viernes 8 de abril que ocho policías municipales, incluido el comandante de la Secretaría de Seguridad Pública de la localidad, permanecen presos por su presunta participación en este caso; sin embargo, hasta ahora no existen pistas sobre el paradero de los jóvenes.

Ante este panorama de indolencia gubernamental, Asociaciones de Familiares de personas desaparecidas que integran la Red de Enlaces Nacionales decidieron buscar a sus seres queridos y junto con y organizaciones de expertos crearon la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, compuesta buscadores de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y Baja Californian que iniciarán brigadas de diagnóstico, plan y búsqueda en algunos estados, su primer punto de búsqueda fue Veracruz9 .

Ellos mismos señalan que “Somos personas que buscamos a nuestros familiares y que hemos desenterrado a muchas personas, que hemos desarrollado las mejores habilidades de localización del país y hemos dado algo de paz a muchas familias, entregando a sus seres queridos”10 .

Durante la presentación de la Brigada, los integrantes exigieron que el gobierno federal y estatal, la PGR, la Fiscalía de Veracruz, y las Comisiones de Derechos Humanos garanticen la seguridad de los buscadores, la no criminalización de los mismos, el resguardo de los restos y evidencias halladas, así como la designación de equipo pericial federal11 .

De acuerdo con los testimonios de algunos de los brigadistas, ellos han logrado encontrar más de 145 cuerpos en Iguala, Guerrero, mientras que, dijeron, encontraron 48 fosas clandestinas y alrededor de 30 tambos metálicos con un número no determinado de cuerpos en su interior.

Además, indicaron que integrantes de la Brigada localizaron una fosa clandestina con los restos de 19 personas, así como 50 fosas más en Tamaulipas.

Aseguraron que tienen conocimiento de un número alarmante de personas desaparecidas y ejecutadas de manera extrajudicial en la entidad.

Cuarto. En los eslabones del sistema de justicia se perciben ineficiencias, incertidumbre y altos costos. Esta situación se ha visto reflejada en los altos índices de impunidad, de corrupción y en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia en México. Estudios sobre la materia señalan que la inercia burocrática en las oficinas gubernamentales de seguridad pública y procuración de justicia ha generado rezago frente al aumento considerable de la violencia y la delincuencia en los últimos años. Esta situación ha atentado igualmente con las formas más esenciales de convivencia social de los mexicanos. Un alto porcentaje de la población ha abandonado sus hábitos cotidianos por la inseguridad. Ese abandono supone un deterioro de la calidad de vida, un menoscabo a la cohesión social y una ausencia de confianza ciudadana frente a la actuación de las instituciones del Estado.

De acuerdo con el Inegi, las encuestas a víctimas muestran que la cifra negra en México, es decir la diferencia entre los delitos cometidos y los denunciados, es alta y va en aumento. También reporta que los resultados de aquellas mostraron que a nivel de cifra nacional la cifra negra fue de 80 por ciento en 2004, de 87 por ciento en el 2007 y de 85 por ciento en 2008 y 2009. La ENVIPE también proporciona estadística sobre la cifra negra. En esta se reporta que ascendió a 92 por ciento en 2010, y en 2012 reportó que sólo el 12.2 por ciento de los delitos fueron denunciados y que de éste sólo un 64.7 por ciento dio origen a una averiguación previa. Es decir, que únicamente en el 7.9 por ciento de los delitos se inició una investigación. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) reporta que dentro del periodo comprendido de 1999 a 2012, se registran un total de 2 millones 101 mil 660 denuncias por diversos delitos a nivel federal, así como 1 millón 431 mil 342 averiguaciones previas que se iniciaron a propósito de éstos.

A nivel estatal, como lo señala el estudio denominado “Seguridad y justicia penal en los estados: 25 indicadores de nuestra debilidad institucional”, también un sinnúmero de delitos no fueron denunciados, pues en diversas ocasiones las víctimas prefieren cargar con su agravio antes de exponerse a ser doblemente victimizadas por las autoridades estatales, además de considerar que tienen muy pocas probabilidades de ver sus casos resueltos de manera favorable.

En diversos estados las agencias del Ministerio Público son insuficientes, su tasa de efectividad es muy baja, y en promedio resuelven alrededor del 13 por ciento de las averiguaciones previas que se inician.

Las cifras reflejan problemas endémicos del sistema de procuración de justicia. El resultado la impunidad casi total.

Quinto. Frente al problema de desaparición forzada de personas persiste una visión fragmentada, puesto que tanto el Protocolo Homologado par la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas como la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas se abocan a resolver casos en lo individual sin contemplar el panorama en su conjunto.

Existe un mismo modus operandi, de la desaparición forzada, donde los cuerpos de seguridad pública, municipales, estatales o federales y las instituciones de procuración de justicia, ya sea por acción o por omisión, son corresponsables de estos delitos de desaparición forzada. Su colaboración con el crimen organizado o su indolencia solo han contribuido a acrecentar el problema.

Ante ello el Estado nacional, debe constituirse como un solo ente que impida la continuidad delictiva y que enfrente el problema. La coordinación entre federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México debe ser total. El problema no es menor.

El artículo 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable que

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala...

En este sentido queda claro que como una atribución del estado, se deben emprender acciones coordinadas entre “Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva”.

Por ello, el Estado mexicano, debe poner en marcha de manera inmediata la ejecución de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el objetivo de encontrar con vida a la (s) persona (s) desaparecida (s), y de no ser ello posible, encontrar el cadáver para hacer la entrega digna a los familiares de la (s) víctima (s), y permitirles realizar el proceso de duelo según sus costumbres y creencias.

Este Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas debe garantizar que, los familiares de las víctimas de la desaparición forzada encuentren mecanismos de apoyo, y se promuevan las investigaciones del delito de desaparición forzada.

La planeación de un proceso de búsqueda debe responder tres preguntas fundamentales que se interrelacionan: ¿Quiénes están desaparecidos? ¿Dónde pueden estar? ¿Qué les sucedió?

Las respuestas que se obtengan permitirán ahondar en la idea de la desaparición forzada como un fenómeno sistemático y generalizado, ubicar el paradero de los desaparecidos e identificarlos, conocer las circunstancias que rodearon su desaparición y el contexto. Este plan deberá basarse en principio y políticas generales de actuación tales como:

El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, deberá formular una estrategia integral, interinstitucional, multidisciplinaria, en la cual participan, entre otros servidores públicos: criminalistas, jueces, fiscales, policías, municipales, estatales y federales así como organizaciones sociales, en un contexto sociocultural, cuyo fin primordial es encontrar con vida a la persona desaparecida. Además, los familiares de las víctimas y sus representantes tienen derecho a conocer, acceder y actuar en todas las fases del proceso penal y del mecanismo de búsqueda, de conformidad con lo establecido en las normas constitucionales, el derecho internacional y la ley

El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se propone tiene como objetivo principal encontrar con vida a la persona desaparecida o entregar los cadáveres a sus familiares para que puedan desarrollar su proceso de duelo según sus costumbres y creencias. Para ello se diseñarán estrategias regionales, dadas las especificidades de la conducta de los perpetradores en las distintas zonas del país.

Los procesos de búsqueda de personas desaparecidas son especialmente complejos, por lo tanto se requiere de una estrategia integral a corto, mediano y largo plazo que demanda un esfuerzo interinstitucional y multidisciplinario.

Las autoridades involucradas en la búsqueda de una víctima de desaparición forzada deben actuar inmediatamente y coordinadas entre sí, en el momento en que se tenga noticia de la desaparición de una persona, independientemente de que haya habido una denuncia formal. Por ello deberá establecerse un procedimiento para la coordinación eficaz e inmediata entre las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales en la búsqueda de la persona desaparecida, desde el momento de la recepción del reporte.

De inmediato, pero en todo caso, a más tardar dentro de las primeras 24 horas a partir de que se tiene conocimiento de la desaparición, las autoridades deben solicitar a autoridades y particulares la preservación de toda la información que ayude a documentar el caso.

Las autoridades deben aplicar métodos y elementos tecnológicos a su disposición para el análisis estratégico de información, que permita guiar las investigaciones con mayores elementos.

Las desapariciones serán investigadas por un área especializada dentro de cada instancia de procuración de justicia del país, con personal capacitado en los procedimientos desarrollados en este Protocolo y la normatividad aplicable.

La investigación de una desaparición debe ser: inmediata, pronta, diligente, desprejuiciada, estratégica, proactiva, contextual, empática, protegida, exhaustiva, participativa, coordinada y sin obstrucciones.

Cuando existan elementos suficientes para suponer que la víctima de desaparición forzada se encuentra retenida en alguna instalación oficial, la o las autoridades señaladas deben permitir la inspección ministerial en forma inmediata al requerimiento, en la totalidad de las instalaciones, incluyendo áreas restringidas.

En los casos de autoría indeterminada o complicidad correspectiva, el Ministerio Público debe asegurarse de integrar todos los elementos de probable responsabilidad, analizando cada supuesto de autoría y participación, regulados en la normatividad vigente, incluidas las establecidas directamente en el tipo penal, así como las que deriven de responsabilidades por ejercicio del encargo, tales como la comisión por omisión.

Cuando la víctima sea extranjera, las autoridades deberán asegurar la notificación y coordinación de acciones con las autoridades del país de origen de la víctima, así como de los países por los que la víctima pudo transitar antes de haber sido vista por última vez, de acuerdo con las facultades legales aplicables.

Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, o tengan algún tipo de discapacidad que les impida comunicarse, el Ministerio Público deberá proveer un traductor o intérprete y, en su caso, facilitar los medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información.

Toda actuación de la autoridad debe ser respetuosa de la dignidad de la víctima, y ninguna condición particular de ésta puede ser motivo para negarle su calidad de víctima.

Las autoridades deben asegurar la participación de instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil, y familiares de personas desaparecidas, en apoya a las búsquedas e investigaciones.

La autoridad debe considerar las condiciones particulares o de vulnerabilidad de las víctimas y brindar la protección y medidas de ayuda, atención y asistencia, desde el momento en que lo requiera.

Las autoridades intervinientes en el proceso informarán a la víctima, desde el primer momento y de manera comprensible, empleando lenguaje sencillo, la naturaleza del procedimiento, su progreso, y cómo se utilizará toda la información sea proporcionada por ésta.

Primero fue la guerra sucia, y no hicimos nada por esclarecer las casi 3 mil desapariciones que la sociedad civil tiene registradas.

Ahora tenemos Ayotzinapa como una herida abierta en la conciencia colectiva y un país con 28 mil 156 hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, desaparecidos por todas las entidades del país. Esto debe y puede ser detenido mediante una acción concertada y cohesionada del estado mexicano. El baño de sangre debe parar.

Por tanto y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones emprenda la organización un Plan Nacional de Búsqueda de Todas las Personas Desaparecidas, con el objetivo de encontrar con vida a la (s) persona (s) desaparecida (s), y de no ser ello posible, encontrar el cadáver para hacer la entrega digna a los familiares de la (s) víctima (s), y permitirles realizar el proceso de duelo según sus costumbres y creencias.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo - Consulta Pública
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQgrvenanMAhUkn4MKHVvGCBUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2F
secretariadoejecutivo.gob.mx%2Frnped%2Fconsulta-publica.php&usg=AFQjCNEP3aGvlUHPXk5BRIkL9fvZ_pBLYA

2 Diario Oficial de la Federación 10 de julio de 2015.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_225_10jul15.doc

3 Diario Oficial dela Federación 23 Septiembre de 2015. Protocolo Homologado par la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas

4 Diario Oficial de la Federación 9 de octubre de 2015.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwiMvbOvanMAhWMxIMKHa1YA2EQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx
%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5411119%26fecha%3D09%2F10%2F2015&usg=AFQjCNEmm8m-r5Y4HV44EheJOiz6gqkHcw

5 Programa Nacional de Procuración de Justicia2013-2018.
Diario Oficial de la Federación 16 de diciembre de 2013.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY7oDAwqnMAhXp74MKHbktBu8QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx
%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5326462%26fecha%3D5%2F09%2F1953&usg=AFQjCNG7dEOjr0iRs2xeexl_10041wdgbQ

6 Ídem.

7 Ibídem.

8 Sin Embargo. ¿Y las otras fosas? ¿Y los otros desaparecidos de Iguala? Abril 14 de 2015.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvhJmjzanMAhUDk4MKHWiiBEkQFgg3MAQ&url=
http%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F14-04-2015%2F1305915&usg=AFQjCNEwLyuw1f-T1ItRPDTkvgNQaffhHA

9 Proceso, número 2056, Búsqueda ciudadana de desaparecidos ante la inacción gubernamental.

http://www.proceso.com.mx/437450/busqueda-ciudadana-ante -la-inaccion-gubernamental

10 Ibíd.

11 Obra citada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputados: Araceli Damián Gutiérrez, Juan Romero Tenorio (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, J. Emiliano Álvarez López, Sergio René Cancino Berffusón.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a implantar por la PGJ y la Secretaría de Seguridad Pública acciones para enfrentar y abatir la violencia feminicida, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Ximena Tamariz García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia contra las mujeres abarca desde el acoso verbal hasta la violencia sexual, psicológica, patrimonial, económica, entre muchas otras que lesionen o dañen la integridad o libertad de las mujeres. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 15 y 76 por ciento de las mujeres sufren alguna vez en su vida de violencia física y/o sexual. La OMS declara también que 50 por ciento de las agresiones sexuales cometidas en el mundo fueron contra mujeres menores de 16 años.

El problema de la violencia de género surge generalmente en el seno familiar, y tiende a ser un modelo de aprendizaje de comportamientos violentos; los niños expuestos a violencia dentro del ámbito familiar, maltratarán con mayor frecuencia y probabilidad a sus parejas, y las niñas muy probablemente serán víctimas de la violencia de género.

El 23 de marzo de 1981, México ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que tiene como objetivo eliminar por completo la discriminación de la mujer. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es el ordenamiento que garantiza una vida libre de violencia a la mujer en México, y surge de la necesidad de contar con un instrumento jurídico que trate, prevenga y erradique la violencia de género en México. Es una respuesta tardía del país, ya que desde finales de los años ochenta se desarrollaban en otros países lo que en el país se desarrolló hasta el año 2007.

Según Marcela Lagarde y de los Ríos, el feminicidio es el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen crímenes, secuestros, desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional y está plenamente relacionado con la violencia en el seno familiar, ya que éste es el primer paso para cometer el delito federal.

En los últimos 6 meses, se han registrado 42 feminicidios en Nuevo León, contando solamente los que han salido a la luz pública y se han reportado en los noticieros del estado. Según datos de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, en dicho periodo, el delito tipificado en su artículo 76 del Código Penal del estado no cuenta con una sola denuncia.

Las penas por feminicidio son altas desde 2013, cuando se reformó el Código Penal, que establece penas de hasta 70 años de prisión para los feminicidas que tengan una relación con la víctima, mientras que el delito de homicidio se castiga con hasta 50 años de cárcel.

Sin embargo, las penas feminicidas no se aplican debido a una falta de política integral en el estado para la plena protección de las mujeres, lo cual debe pasar por la propia procuraduría, que tiene como una de sus atribuciones, vigilar la vigencia de las garantías constitucionales en el estado, de acuerdo con el artículo 22, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo lo siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, a través de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, a implementar acciones preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, así como a tomar medidas para activar refugios de mujeres que tenga el gobierno del estado.

Segundo . Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a declarar la Alerta de Violencia de Género para el estado de Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputada Ximena Tamariz García (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Hacer leer, como se come, todos los días, hasta que la lectura sea, como el mirar, un ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer.”

Gabriela Mistral, Pasión de leer , 1935.

La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Ésta nos permite viajar por los caminos del tiempo y el espacio, conocer la vida, el ambiente, las costumbres, el pensamiento y las creaciones de los grandes hombres que han hecho y hacen la historia, implica la participación activa de la mente y contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad, enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita.

Desde el punto de vista psicológico ayuda a comprender mejor el mundo como a nosotros mismos, facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y espiritual y en consecuencia, la capacidad para construir un mundo más justo y humano.

En la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en París en 1995, se estableció el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, con la finalidad de rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables contribuciones de aquéllos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad.

El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Halldór Kiljan Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.

Desafortunadamente, México ha sido culturalmente un país alejado de la lectura. Hace un siglo registraba aproximadamente 82 por ciento de analfabetismo, y hoy esta cifra ha disminuido a 6.9 por ciento. Pero esto no ha empujado el consumo de lectura, y aún no hemos forjado este hábito. Justo cuando México se alfabetizaba, la televisión había permeado la vida recreativa de los mexicanos en dimensiones extremas: hoy, a pesar de que la mitad de la población vive en pobreza, 95 por ciento de los hogares tienen televisión. Según cifras de la UNESCO, México es el penúltimo lugar en consumo de lectura de 108 países, en promedio el mexicano consume menos de tres libros al año y dedica tres horas a la semana a la lectura extraescolar (en comparación con Alemania que lee alrededor de doce).

El 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, brinda la oportunidad de reflexionar juntos sobre la mejor manera de difundir la cultura escrita y de permitir que todas las personas, hombres, mujeres y niños, accedan a ella, mediante el aprendizaje de la lectura y el apoyo al oficio de la edición, las librerías, las bibliotecas y las escuelas. Los libros son nuestros aliados para difundir la educación, la ciencia, la cultura y la información en todo el mundo.

Nos sirve también para reflexionar sobre las transformaciones que ha experimentado el libro a largo plazo y sobre los valores inmateriales por los que debemos guiarnos. El libro digital ofrece nuevas oportunidades de acceso a los conocimientos, con un costo reducido, en ámbitos muy amplios.

El libro tradicional sigue siendo una tecnología poderosa, que no sufre averías, que podemos llevar con nosotros y que resiste la prueba del tiempo. El libro, en cada una de sus formas, es un instrumento precioso que contribuye a la educación y a difundir la cultura y la información.

La diversidad de libros y contenidos es una fuente de enriquecimiento que debemos hacer efectiva mediante políticas públicas adaptadas, luchando contra la uniformización cultural. Esta bibliodiversidad es nuestra riqueza común, que hace del libro mucho más que un objeto puramente material, a saber, la más bella invención del ser humano para el intercambio de ideas más allá de las fronteras del espacio y el tiempo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con motivo del 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad: permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación. Esos derechos están consagrados en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que considera el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas.

La importancia de la propiedad intelectual se reconoció por vez primera en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886). La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual administra ambos tratados.

Cada 26 de abril celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para conocer la función que desempeña ésta (patentes, marcas, diseños industriales, derecho de autor) en el fomento de la innovación y la creatividad.

Este año examinamos el futuro de la cultura en la era digital: la manera en que se crea y se accede a ella, y en que se financia. Estudiaremos en que un sistema flexible de propiedad intelectual contribuye a velar porque los artistas y las industrias creativas reciban un pago adecuado por su labor, de modo que puedan seguir creando.

Estamos frente a una revolución tecnológica cuyos beneficios son sumamente rentables para muchos de nosotros y establecen diferencias importantes entre los diversos sectores dedicados al uso y explotación de bienes culturales y del entretenimiento sobre la producción, oferta y acceso a todo tipo de contenidos intelectuales, sean de texto, sonoros o visuales. El entorno digital permite el uso de obras mediante su exhibición, reproducción, ejecución o cualquier otra forma de comunicación o transmisión, así como su manipulación para la explotación de sus versiones, lo que conlleva a replantear la reestructura de las normas vigentes bajo la necesidad y el objetivo común de ofrecer una adecuada protección legal al derecho fundamental del autor sobre los nuevos medios y formas de explotar sus creaciones literarias y artísticas.

Sin embargo, la infinidad de oportunidades para nuevos modelos de negocios adaptados a la era digital han provocado un cambio de mentalidad en todos los niveles de nuestra sociedad y de una revisión consciente se concluye con que los principios básicos para la protección de los autores respecto de sus obras son aplicables en el entorno digital, y es que la coyuntura económica, la globalización, con un aprovechamiento adecuado de las tecnologías de las telecomunicaciones y los medios informáticos permiten nuevos desafíos para los sectores industriales, comerciales y culturales, ya que se facilita la publicación, acceso o divulgación de una obra de manera sorprendente, además de abaratar los costos en su producción y licenciamiento, desde cualquier lugar en que esa persona se localice y en el momento que así lo decida.

Ni duda cabe de que el desarrollo tecnológico ha multiplicado y diversificado las formas de creación y explotación de las creaciones intelectuales, siendo internet el nuevo instrumento para acceder, intercambiar y compartir todo tipo de contenidos intelectuales sin ningún tipo de restricción. Ya no hay esa falsa creencia de que todo lo ofrecido en internet es gratuito y por la oferta continua de contenidos está el nuevo reto del derecho de autor para evitar que las infinitas copias y sus manipulaciones sean objeto de descargas y transmisiones electrónicas sin ningún tipo de autorización o permiso y sin el pago de las regalías correspondientes.

Las redes digitales fueron concebidas como un medio para compartir información y conocimiento en un contexto puramente privado, pero también se han convertido en un instrumento estratégico en la generación y oferta de mayores contenidos intelectuales para favorecer el progreso colectivo e inspirar nuevas creaciones.

No debemos olvidar que los derechos de propiedad intelectual, su reconocimiento, protección y observancia, afianzan la diversidad cultural de un país, independientemente de la revolución tecnológica existente. Por ello, el éxito de nuestra formación cultural está basado en la consolidación de una sociedad madura y responsable con la labor creativa de los autores y artistas.

En primer lugar, el progreso y el bienestar de la humanidad dependen de su capacidad de crear e inventar nuevas obras en las esferas de la tecnología y la cultura. En segundo lugar, la protección jurídica de las nuevas creaciones alienta a destinar recursos adicionales a la innovación. En tercer lugar, la promoción y la protección de la propiedad intelectual estimulan el crecimiento económico, generan nuevos empleos e industrias y enriquecen y mejoran la calidad de vida.

Promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede contribuir a que todos los países exploten su potencial como catalizador de desarrollo económico y de bienestar social y cultural. Ayudaría a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el interés público, creando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan florecer en beneficio de todos.*

Nota

* Revista digital Mi patente, “Retos o riesgos del derecho de autor en la era digital”.

OMPI: ¿Qué es la propiedad intelectual?

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con motivo del 25 de abril, Día Mundial contra el Paludismo, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Acabemos con el paludismo para siempre”

El paludismo conocido también como malaria, es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados, estos son parásitos hembra del género Plasmodium del género Anopheles, los llamados vectores del paludismo.

Los mosquitos Anopheles hembra ponen sus huevos en el agua. Tras eclosionar los huevos, las larvas se desarrollan hasta alcanzar el estado de mosquito adulto. Los mosquitos hembra buscan alimentarse de sangre para nutrir sus huevos.

Hay cinco especies de parásitos causantes del paludismo en el ser humano, si bien las más peligrosas son: El Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax.

Entre 2000 y 2015, la incidencia de la enfermedad se ha reducido en 37 por ciento a nivel mundial, y la tasa de mortalidad ha disminuido en 60 por ciento. Se calcula que, desde 2001, se han evitado unas 6.2 millones de muertes por paludismo.

Sin embargo en 2015, cerca de 3 mil 200 millones de personas –casi la mitad de la población mundial– corren el riesgo de padecer el paludismo. La mayoría de los casos y de las muertes se registran en el África subsahariana, pero también se ven afectadas Asia, Latinoamérica y, en menor medida, Oriente Medio. En 2015, 97 países y territorios experimentaban una transmisión continua de la enfermedad.

En México, se considera que las regiones tradicionalmente afectadas por el paludismo son Oaxaca y Chiapas, aunque está presente en los diez estados del sur-sureste del país.

Un reciente estudio del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México confirma que también existen focos de transmisión persistentes en el noreste del país, Nayarit y Michoacán.

De acuerdo al último reporte de la Dirección de Epidemiología de la Secretaria de Salud, durante marzo de este año se reportaron un total de 55 casos de paludismo en el país, presentándose principalmente en los siguientes estados: Campeche con 26 casos, Chiapas con 19, Chihuahua 4, Distrito Federal 2, Durango 1, Sinaloa 1, entre otros.

Estas cifras que reflejan la baja preeminencia del paludismo en el país, no deben llevar a olvidarnos del establecimiento de políticas públicas en materia de salud que prevengan el desarrollo de esta esta enfermedad, por el contrario estas acciones deben encaminar se para eliminar el paludismo en nuestro país, Las cuales deben estar basadas en una documentación responsable sobre su factibilidad técnica, operativa y financiera, siguiendo las orientaciones de los expertos y estableciendo alianzas de cooperación regional respaldadas con iniciativas globales, como las que lleva acabo la Organización Mundial de Salud, para erradicar el paludismo a nivel internacional.

Por último es bueno recordar que los escenarios políticos internacionales filantrópicos, a favor de mejorar el combate contra la malaria hacia la eliminación regional y la erradicación mundial, nos ofrecen oportunidades de integrarnos a proyectos de desarrollo regional para lograr equitativamente las condiciones políticas, económicas y sociales que nos lleven a abatir el problema de la malaria en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, consiste en una campaña Internacional anual que promueve la Organización Internacional del Trabajo, en razón de promover el trabajo seguro, saludable y digno. El 28 de abril fue la fecha elegida por el movimiento sindical mundial para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Al referirnos a esta conmemoración reconocemos la importancia que reviste el contar con un ambiente que tome en cuenta las medidas necesarias de seguridad e higiene; sin embargo es necesario ir más allá de ello una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo implica el respeto del derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable en todos los niveles, así como percibir un salario digno que le permita tener estabilidad económica para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia de manera adecuada o suficiente tal como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no podemos hablar de un trabajo saludable cuando el jornalero, el empleado, el trabajador en general, carece de un salario que verdaderamente remunere su actividad y que le permita vivir libre de la zozobra que le genera el futuro inmediato al no tener la certeza de que su salario realmente le alcance a cubrir sus necesidades en la semana o quincena para la que le es entregado.

Durante los últimos años, el número de trabajadores que ganan más de cinco salarios mínimos se redujo a 11.8 por ciento para llegar a sólo 2.4 millones de personas, es decir apenas 7.3 por ciento de los asalariados subordinados que existe en el país, mientras quienes ganan hasta tres salarios mínimos son mayoría con un 64.1 por ciento del total; lo anterior de acuerdo de con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De lo anterior podemos apreciar que en realidad existe una gran brecha entre los recursos que reciben la gran mayoría de trabajadores que sostienen la economía del país y, aquellos que reciben grandes salarios producto de transacciones financieras poco claras, en las que la evasión y elusión de impuestos es manifiesta, tutelados por el régimen que al solapar estas irregularidades paga sin duda favores que con anterioridad le han sido otorgados; el quebranto a las finanzas públicas repercutirá sin duda en el bienestar social y en el acomodo de una clase social privilegiada, que lejos de entender que la miseria de la mayoría es también la suya se obstina por seguir reproduciendo un sistema económico obsoleto.

Consideramos que la participación activa de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro, saludable, así como con salarios dignos y suficientes se logrará a través del respeto irrestricto al sistema de derechos, responsabilidades y deberes definidos que permitan superar el abismal distanciamiento entre quienes perciben salarios bajísimos y a quienes sus percepciones salariales les permite concentrar ingresos impensables para la mayoría de mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2016.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)