Proposiciones
Efemérides


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a ejecutar programas de toma de conciencia sobre la importancia de las abejas en la agricultura y garantizar la subsistencia de éstas, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, II, III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados; 22 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, la que suscribe, Diputada Flor Estela Rentería Medina, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde hace algunos años, el fenómeno de la desaparición de las abejas se ha hecho presente a lo largo de nuestro planeta, en donde colmenas enteras desaparecen prácticamente sin dejar ningún rastro, generando así un impacto sensible en la producción de alimentos y la actividad económica mundial.

Las abejas, además de producir miel, forman parte vital de uno de los procesos de la naturaleza más importantes, conocido como la polinización: a través de este, los insectos trasladan las partículas de polen de una flor a otra, depositándolas y permitiéndoles así a las especies vegetales generar sus propias semillas y reproducirse.

Este proceso, conocido como polinización natural y realizado también por otras especies, es de vital importancia para la supervivencia de cualquier ecosistema, ya que sin este las probabilidades de reproducción de las plantas disminuyen drásticamente, toda vez que las abejas son consideradas como el vector más importante para la polinización de plantas con flor.

En efecto compañeros y compañeras diputadas, existen otras vías para la polinización, ya sea otras especies como los colibríes o inclusive el viento mismo, sin embargo, las abejas constituyen la vía más efectiva y reconocida para este proceso natural.

Por desgracia, al paso de los años a este proceso se le considero como un “servicio ecológico gratuito”, y se tenia la creencia que pasara lo que pasara, siempre se podía contar con el proceso de polinización efectuado por las abejas que, dicho sea de paso, sostiene aproximadamente al 30% de los cultivos mundiales de frutos y hortalizas.

La estrepitosa desaparición de las abejas se ha dado debido a la ignorancia de su trabajo, de su labor y del proceso de la polinización, así como de las condiciones naturales y ecológicas que estas necesitan para poder subsistir: si bien existen en la actualidad problemas graves como el abuso del pesticida y plagas como la abeja zombie africana, el desinterés general hacia los insectos polinizadores y el dar por sentada su labor ha causado un mantenimiento deficiente de las colmenas.

Para nuestro país, el 5to lugar mundial en producción de miel de abeja, con un aproximado de 57 mil toneladas anuales del vital endulzante, el declive de este insecto representa un peligro para la subsistencia de casi 45 mil apicultores en todo México, así como la perdida importante de ingresos por más de 130 millones de dólares producto de la exportación de miel mexicana.

Es por todo lo anterior, que a fin de impedir que las colonias de abejas continúen desapareciendo, es necesario que la Sagarpa y las autoridades estatales homólogas realicen programas de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura, el proceso de la polinización y las sustancias y condiciones que les son adversas a este tan importante insecto, y garantizar así la subsistencia de esta vital especie.

Es por lo expuesto, y debido a la importancia de la materia, que acudo ante esta H. Soberanía de la que soy parte, para solicitar la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De Urgente y obvia resolución

Único: Que esta honorable Soberanía exhorte respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de la República, así como a sus homólogas encargadas del área de agricultura de los gobiernos estatales, realicen programas de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura, el proceso de la polinización y las sustancias y condiciones que les son adversas a este tan importante insecto, y garantizar así la subsistencia de esta vital especie.

Ciudad de México 12 de abril de 2016

Diputada Flor Estela Rentería Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a excluir por la SHCP al Conacyt y el Programa Nacional de Becas de la SEP del “ajuste preventivo del gasto para mantener la estabilidad macroeconómica” correspondiente a 2016, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN

Alfredo Javier Rodríguez Dávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, y 79 numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La situación financiera nacional atraviesa momentos difíciles y complejos. Por un lado, las condiciones internacionales –como el bajo precio del barril de petróleo y otras materias primas o la depreciación del peso mexicano– han obligado a reestructurar la planeación presupuestaria de las políticas públicas en los tres órdenes de gobierno, así como a postergar los resultados esperados de las llamadas “reformas estructurales”. Éstas, recordemos, encabezaron los discursos del ejecutivo durante los dos primeros año de su gobierno. Por otro lado, los factores nacionales, como el progresivo incremento de la deuda pública, la reducción de las reservas federales, la lenta reacción por parte de las autoridades administrativas ante las condiciones internacionales y la corrupción generalizada, han ocasionado que algunos resultados macroeconómicos nacionales (como la baja inflación o el incremento de los ingresos fiscales no petroleros) no hayan logrado el impacto económico esperado.

Debido a lo anterior, desde el año pasado, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha venido anunciando y realizando ajustes al gasto público como consecuencia, entre otros factores, de la evidente disminución registrada en los ingresos fiscales. La suspensión indefinida del tren rápido México-Querétaro o el tren de pasajeros transpeninsular de Quintana Roo, por citar tan sólo un par ejemplos, son muestra clara de la reorganización presupuestal a la que la hacienda en México ha tenido que recurrir.

Hace unos días, el 17 de febrero, la SHCP dio a conocer un nuevo “ajuste preventivo al gasto en la Administración Pública Federal” para 2016, por un monto de 132 mil millones de pesos que equivale al 0.7% del PIB. De acuerdo con esta dependencia federal, el recorte se efectúa “para hacer frente al deterioro del entorno global”.1 Si bien es cierto que la mayor parte de este monto recaerá en el presupuesto de Petróleos Mexicanos, varias de las dependencias federales, asimismo, tendrán que enfrentar recortes, tanto en su presupuesto de gasto corriente como de programas de inversión.

A pesar de que en abril de 2015 el titular de la Secretaría de Hacienda afirmara que los recortes de 2016 no afectarían los rubros de ciencia, tecnología e innovación2 (los cuales están estipulados como “ejes prioritarios” en el Plan Nacional de Desarrollo), el “ajuste preventivo” de hace unos días contempla al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entre las entidades que sufrirán recortes, así como al Programa Nacional de Becas, de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Dentro de los recortes se contempla uno por $900 millones de pesos para el Conacyt3 y otro de $1 mil millones de pesos para el Programa Nacional de Becas.

Hay que recordar que en abril de 2015, durante la ceremonia de la entrega del Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, el titular de la SHCP afirmó: “Ante la realidad macroeconómica, ante el reto presupuestal que México enfrenta por delante, la instrucción del Presidente de la República se mantiene invariable: invertir más en ciencia y tecnología”.4 De igual forma reiteró el objetivo del actual gobierno de lograr una inversión para ciencia y tecnología equivalente al 1% del PIB nacional.

Los recortes anunciados este año resultan preocupantes pues a diferencia de muchos rubros, el presupuesto destinado a la educación y a la Ciencia y Tecnología significa una inversión del Estado mexicano a largo plazo. Es decir, las disminuciones que en este rubro se hagan, tendrán consecuencias negativas que afectarán en un periodo mayor al actual sexenio presidencial. Circunstancia que el Ejecutivo Federal parece pasar por alto.

Con el ritmo de crecimiento actual, México no podrá cumplir hasta 2050 la obligación de invertir el uno por ciento del producto interno bruto (PIB) en investigación científica y tecnológica, que establece el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. Los compromisos adquiridos por el gobierno federal no han sido suficientes en cuanto a la inversión en ciencia y tecnología, si se considera que la inversión media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ubica en 2.3 por ciento del PIB y esta misma organización recomienda que la inversión sea, por lo menos, de entre el 1 y el 1.5% del PIB).

Aunado a lo anterior, se debe señalar y enfatizar que los recortes a la investigación se han venido dando de manera progresiva, sin mayor aviso y contraviniendo a lo establecido en los Presupuestos de Egresos de la Federación, que son aprobados por la Cámara de Diputados: de acuerdo con información del Cuarto Informe Trimestral sobre Finanzas Públicas, elaborado por la propia SHCP, al cierre del cuarto trimestre de 2015, si bien los “Ramos Administrativos” del Gobierno Federal erogaron de forma general $89 mil 845.6 millones de pesos por arriba de su gasto programado, el presupuesto destinado al Conacyt presentó una reducción de $1 mil 820.2 millones de pesos de su gasto programado.

En lo que respecta a los “Ramos Generales”, el Gobierno federal erogó, también en 2015, $109 mil 976.7 millones de pesos por arriba de lo programado, destacando el incremento de $77 mil 638.7 millones de pesos al monto programado para el ramo de “provisiones salariales y económicas” (Ramo 23).5

Este incremento del gasto en ramos administrativos como generales, entre otros, se debió en buena medida al endeudamiento al que recurrió el gobierno federal. Sin considerar los gastos de Pemex y CFE, el presupuesto del gobierno federal presentó durante 2015 un déficit por $548 mil 416 millones de pesos. De este modo, no queda claro cuáles son los motivos por los que el Conacyt presentó una reducción de su gasto programado mientras que la mayor parte de las entidades federales lo incrementaron, recurriendo en ocasiones a la deuda.

Desde esta asamblea es necesario señalar que se coincide respecto de que los ajustes presupuestales para 2016 son inevitables, principalmente por las condiciones y circunstancias económicas nacionales e internacionales. No obstante, se considera que los recortes a los rubros de apoyo a la educación y a la investigación científica son una decisión, por lo menos, desatinada y contradictoria.

En este sentido, se considera que recortar el presupuesto destinado a la profesionalización y a la formación de nuevos investigadores de poco sirve si la medida no viene acompañada de modificaciones al funcionamiento y formas de evaluación del Conacyt. Es decir, reducir los recursos sin antes mejorar la eficiencia del organismo es poco útil. Más aún si, como se ha visto, otras dependencias federales rebasan sus gastos programados recurriendo al endeudamiento.

Adicionalmente, cabe señalar que existen otros rubros que bien podrían ser objeto del “ajuste” presupuestario y que implicarían un menor impacto social nacional, para el corto y largo plazo. Entre ellos se encuentra, por citar sólo un ejemplo, el gasto destinado a la comunicación social del gobierno federal, el cual sólo durante 2015 sumó $4 mil 357 millones de pesos.

Por lo expuesto en las líneas anteriores, pongo a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único.- Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respete lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo y excluya al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Programa Nacional de Becas de la Secretaría de Educación Pública del “Ajuste preventivo al gasto para mantener la estabilidad macroeconómica” para el año 2016, debido a que estos rubros forman parte de los ejes prioritarios para el desarrollo del país.

Notas

1 SHCP, “Ajuste preventivo de la Administración Pública Federal para refrendar su compromiso con la estabilidad macroeconómica”, Comunicado de prensa 020-2016. 17 de febrero de 2016. Disponible para consulta en:

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-020-2 016?idiom=es-MX

2 “Recorte al presupuesto en 2016 ‘no tocará’ a la ciencia ni a la tecnología: Videgaray”. (Animal Político, 13 de abril de 2015). Disponible para consulta en:

http://www.animalpolitico.com/2015/04/
recorte-al-presupuesto-en-2016-no-tocara-a-la-ciencia-ni-a-la-tecnologia-dice-videgaray/

3 De los $900 millones anunciados para el “ajuste” corresponden: 350 al programa “apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación”, 250 al de “fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica”, 200 al de “Fomento Regional de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación” y 100 al de “Becas de posgrado y apoyos a la calidad”.

4 “Dicen que recorte no tocará a ciencia” (Reforma, 14 de abril de 2015). Disponible para consulta en: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=513440

5 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Análisis del Cuarto informe trimestral 2015 sobre las finanzas públicas, febrero de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro. 12 de abril de 2016.

Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a elaborar un diagnóstico sobre el uso actual de la medicina tradicional en el país, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la medicina tradicional como la suma completa de conocimientos, técnicos y prácticos fundamentales en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar trastornos físicos o mentales. Para dicho organismo internacional, resulta vital el reconocimiento de la medicina tradicional como parte de los servicios de salud, por ello ha publicado la Estrategia sobre Medicina Tradicional 2014-2023 como resolución de la Asamblea Mundial de Salud adoptada en 2009.

La OMS también ha generado reglamentos sobre medicina herbolaría entre sus países miembro, y emitido directrices en materia de acupuntura para estandarizar la nomenclatura, enseñanza, seguridad en su práctica e investigación y señala que es una terapéutica útil y segura al ser ejercida por personal capacitado y certificado.

2. Sin embargo, estas medidas sobre medicina tradicional no han sido suficientes pues también se tiene conocimiento de su mala aplicación o falta de conocimiento que ha provocado señalar los siguientes puntos:

• Falta de normatividad internacional en la aplicación de la medicina tradicional de distintas culturas y regiones, que evalúen su calidad y seguridad.

• Reglamentación nacional que dificulta la regularización de los productos de procedencia extranjera, así como su acceso y distribución.

• Dudas sobre la seguridad, eficacia y calidad de los productos de medicina tradicional, aunque existan datos o estadísticas que revelan la eficacia de las prácticas alternativas.

• Falta de normatividad para la preservación de plantas y del conocimiento sobre sus usos medicinales.

• Ausencia de información y utilización de productos de la mala calidad, toma inadecuada o mezcla con otros medicamentos que puede generar resultados adversos en el paciente.

3. Nuestro marco legislativo, en el artículo 2º constitucional se establece como un derecho de los pueblos indígenas el de preservar todos los elementos que les brindan su identidad cultural, así como aprovechar debidamente la medicina tradicional, lo cual encuentra referencia en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes de 1989.

4. En tanto, la Ley General de Salud indica en su artículo 6, Fracción VI Bis, que el Sistema Nacional de Salud tiene entre sus objetivos la promoción de la medicina tradicional indígena del país y su práctica en condiciones adecuadas; además contempla en el artículo 93 la coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para reconocer, respetar y promover el desarrollo de la medicina tradicional indígena, debiendo ser ejercida en condiciones que garanticen su calidad, seguridad y eficacia, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.

5. En ese sentido y dado que la Secretaría de Salud tiene entre sus funciones establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, ha generado manuales para reglamentar y supervisar al personal de salud plasmando recomendaciones de la relación intercultural con la Medicina Tradicional, con el objeto de generar que las terapias alternativas tengan un adecuado reconocimiento y se lleven a cabo en condiciones seguras y de calidad e integrarlos en la atención primaria para fortalecer el sistema de salud en el ámbito nacional.

6. Por su parte, el Instituto Nacional Indigenista y la Universidad Nacional Autónoma de México, en octubre de 1994, generó la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, la cual definió a la medicina tradicional como un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas del mundo y ha indicado que la medicina tradicional mexicana, como toda institución social, ha cambiado en el curso de los siglos, interactuando con otros modelos terapéuticos para conformar lo que denomina el “sistema real de salud” de millones de mexicanos del siglo XXI; dicha Biblioteca tiene los siguientes componentes:

• El Atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana.

• La Medicina tradicional de los pueblos indígenas de México.

• El Diccionario enciclopédico de la medicina tradicional mexicana.

• La nueva bibliografía de la medicina tradicional mexicana.

• La flora medicinal indígena de México.

7. Datos de la OMS reporta que el 80 por ciento de la población a nivel mundial recurre a la medicina tradicional derivada de sus culturas, por tradición o porque en algunos casos no existen otras alternativas, destacando que son las hierbas medicinales el método más utilizado como medicina alternativa. En México las personas utilizan la medicina tradicional por costumbre y también ante la percepción de deficiencia y complicado acceso al sistema de salud, así como del pensar que las alternativas de la medicina alópata son limitadas. Según la Estadística Sanitaria Mundial 2015, publicada recientemente por la OMS, México tiene un promedio de 21 médicos y 25 integrantes del personal de enfermería por cada 10 mil habitantes y una proporción de 3.5 hospitales por cada 100 mil habitantes. Mientras que sólo 42.6 por ciento de las personas tiene disponibilidad a medicamentos genéricos en el sector público.

8. Una regulación deficiente de la medicina tradicional en los servicios de salud pone en el panorama el uso de los denominados “productos milagro” o prácticas consideradas como medicina alternativa o complementaria que tienen amplia promoción en los medios de comunicación, ofreciendo propiedades medicinales, preventivas, curativas y que son de acceso no controlado para cualquier persona que los busca desde cuestiones estéticas hasta problemas graves de salud.

Por ello, la propuesta elaborada parte de la noción que deben contarse con elementos que permitan conocer el uso de la medicina tradicional por parte de la población y, a partir de ahí, de manera conjunta con la autoridades de salud, realizar acciones de política pública y de carácter legislativo para que el derecho de todas las personas a la protección de su salud no se vea vulnerado.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a elaborar un diagnóstico respecto al uso actual de la medicina tradicional en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 12 días de abril de 2016.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sagarpa a reforzar las medidas para combatir la plaga de la mosca de la fruta, que afecta los cultivos de naranja en Veracruz, suscrita por el diputado Édgar Spinoso Carrera e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Édgar Spinoso Carrera y Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En nuestro país los cítricos son uno de los productos agrícolas básicos para el desarrollo agropecuario pues de su cultivo depende la generación de fuentes de empleo e ingresos en las zonas rurales donde se lleva a cabo. Se estima que en México el cultivo de naranja, tangerinas, limas, limones (limón mexicano, limón italiano y limón persa), así como de toronja, representa la principal fuente de ingreso para unas 90 mil familias mexicanas aproximadamente, las cuales se encuentran distribuidas en un espacio de cerca de 505 mil hectáreas correspondientes a 28 estados del territorio nacional. Entre las principales entidades productoras de cítricos destacan el estado de Veracruz con un 42% de la producción, así como San Luis Potosí y Tamaulipas que juntas representan casi el 53% de la superficie sembrada y cosechada.

Veracruz es el estado con la mayor producción de naranja a nivel nacional, sin embargo, en los últimos dos lustros se ha elevado la presencia de la mosca de la fruta en el campo citrícola naranjero veracruzano. Este no es un problema nuevo pues en el año 1997 se decretó una cuarentena para la naranja veracruzana a consecuencia de la alta prevalencia de la mosca de la fruta. Actualmente, a pesar del liderazgo de los productores veracruzanos de naranja, éstos han tenido que enfrentar severos daños a sus cosechas, impidiéndose incluso la exportación del producto debido a las restricciones. Lo anterior provoca una afectación en el valor de la naranja ya que los productores se ven obligados a colocar toda su cosecha en el mercado nacional, donde los precios son menores en comparación con el ámbito internacional.

El Consejo Estatal Citrícola de Veracruz indica que “Los agricultores del Estado tienen a la industria juguera como su principal cliente, pero ofrece menores precios que si el fruto se exportará en fresco. La industria juguera paga alrededor de 2 mil 300 pesos la tonelada, mientras que la naranja de exportación alcanza precios promedio de 7 mil pesos.” Lo que hace viable esta comercialización es que el jugo se procesa a través del contacto con altas temperaturas, así que es posible matar cualquier insecto o bacteria que pueda traer consigo el producto.

Tanto los productores, como los industriales y los comercializadores coinciden en que hacen falta más esfuerzos para atender la problemática de la mosca de la fruta, señalando de modo reiterado que no hay avances fitosanitarios en la citricultura de Veracruz; acusan además que todos los esfuerzos en materia de combate a plagas y enfermedades se concentran en la también fatídica huanglongbing o HLB (enfermedad provocada por bacterias que produce deformaciones y enverdecimiento en los brotes de cítricos) y que la mosca de la fruta ha quedado en el olvido, en detrimento de los productores. A pesar de ello, no hay resultados porque el también llamado “dragón amarillo” se mantiene como la principal amenaza para los cítricos nacionales.

Ante esta problemática, hacemos un llamado a esta soberanía para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar medidas urgentes, adicionales a las ya establecidas, para combatir las plagas que afectan de modo sensible a uno de los productos del que viven miles de familias veracruzanas en municipios naranjeros.

Cabe señalar que los productores han venido lidiando con estas plagas desde 1992 y han encontrado serias dificultades para colocar la naranja en mercados internacionales a pesar de que su producto cumple con los requisitos de calidad exigidos por las naciones importadoras.

En este sentido, consideramos que la implementación de programas de capacitación, promoción y gestión dirigidos a los productores puede ser de gran ayuda para atacar la plaga referida. Confiamos en que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación considerará la realización de estudios y la puesta en marcha de programas que ayuden a atender de manera más eficaz este problema con la finalidad de que la naranja mexicana siga siendo reconocida en el extranjero por su calidad y su valor nutricional.

Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar medidas urgentes como programas de capacitación, promoción y gestión, adicionales a las ya establecidos, para combatir de modo efectivo la plaga de la mosca de la fruta que afecta a los cultivos de naranja en el estado de Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de abril de 2016.

Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la inclusión de diversas enfermedades crónico-degenerativas en el Seguro de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Delfina Gómez Álvarez, Modesta Fuentes Alonso, Sandra Luz Falcón Venegas, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La insuficiencia renal crónica (IRC) es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. El principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo.

En México existen entre 8 y 9 millones de personas con insuficiencia renal, de acuerdo con el Censo 2012 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). En 2015 se registraron 12 mil fallecimientos derivados de complicaciones por insuficiencia renal.

La IRC es un proceso fisiopatológico multifactorial de carácter progresivo e irreversible que frecuentemente lleva a un estado terminal, en el que el paciente requiere terapia de reemplazo renal, es decir diálisis o trasplante para poder vivir.

Las causas de ésta enfermedad varían pero en nuestro país el origen más frecuente de la IRC es la diabetes mellitus siendo responsable del 50 por ciento de los casos de enfermedad renal.1

Cuando los riñones empiezan a tener un deterioro en su funcionalidad existe una acumulación de productos del metabolismo de proteínas y alteraciones que se presentan por la pérdida de la función renal.

Una persona con IRC también tiene un riesgo elevado de presentar desnutrición, ya sea inducida por la enfermedad subyacente o por el tratamiento de diálisis, procedimiento que es necesario cuando la enfermedad renal avanza y que es utilizado como método de sustitución.

El deterioro del funcionamiento renal viene acompañado de diversas complicaciones como son:

• Anemia
• Sangrado del estómago o los intestinos
• Dolor óseo, articular o muscular
• Cambios en el azúcar de la sangre
• Daño a los nervios de las piernas y los brazos
• Demencia
• Acumulación de líquido alrededor de los pulmones
• Complicaciones cardiovasculares
• Insuficiencia cardiaca congestiva
• Hipertensión arterial
• Accidente cerebrovascular
• Niveles altos de fósforo
• Niveles altos de potasio
• Aumento del riesgo de infecciones
• Daño o insuficiencia hepática
• Desnutrición
• Aborto espontáneo y esterilidad
• Convulsiones
• Debilitamiento de los huesos y aumento del riesgo de fracturas

La IRC es una enfermedad sumamente cara, pues mantener a un paciente que la ha desarrollado implica un desajuste económico, los costos de los tratamientos de sustitución (diálisis peritoneal y hemodiálisis) son elevados, así como los medicamentos necesarios para tratar la propia enfermedad y sus complicaciones.

Cabe destacar que en nuestro país, en el sector salud no siempre se cuenta con los medicamentos idóneos para dicho padecimiento, pues muchas veces son insuficientes o peor aún, ni siquiera los hay.

Por otro lado, en México 18.7 millones de mexicanos no cuentan con seguridad social,2 lo que hace aún más difícil el tratamiento de dicha enfermedad.

Según un estudio realizado por el Departamento de Investigación en Costos y Financiamiento para la Salud del Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública del Estado de Morelos, en coordinación con el Departamento de Administración de la Salud de la Facultad de Medicina de La Universidad de Montreal en Montreal, Canadá, el costo anual en el tratamiento de un paciente renal con terapia de sustitución (diálisis peritoneal) asciende a 5 mil 643.07 dólares, lo cual equivale a 97 mil 455.81 pesos mexicanos, cifra que es alarmante.

Las personas enfermas y sus familiares coinciden en que el tratamiento de hemodiálisis les ha generado numerosos problemas y exigencias, sobre todo de tipo económico, aunque también en el aspecto familiar, en los servicios de salud, en la alimentación y en el transporte.

Las personas que padecen ésta enfermedad enfatizan en que las dificultades económicas se acrecentaron desde el inicio de la hemodiálisis debido a que no cuentan con recursos para cubrir sus costos elevados, y a que el Seguro Popular excluye la IRC de sus servicios.

El Seguro Popular cubre 285 tipos de cirugías y mil 534 enfermedades, además proporciona 626 medicamentos, pero no la diálisis ni la hemodiálisis.

En nuestro país entre 100 mil y 130 mil personas requieren diálisis, y destinan 250 mil pesos al año para tratar de mantenerse sin complicaciones.

La Secretaría de Salud ha señalado que la prevalencia en México es de cuarenta mil casos nuevos cada año, afectando a mexicanos de todas las edades, aunque hay alta prevalencia en rangos mayores, donde se han acumulado daños por otras enfermedades como la diabetes e hipertensión o por descuido. La IRC es la tercera causa de muerte hospitalaria en nuestro país.3

No hay una cura para la enfermedad renal crónica, la única opción a la que se puede recurrir cuando el riñón está muy dañado, es al trasplante , el cual no es una operación sencilla, pues es difícil encontrar un órgano compatible, no cualquier médico la realiza y obviamente, es una cirugía muy costosa.

El costo de un trasplante renal asciende a más de 1 millón de pesos, además de que se requieren los medicamentos inmunosupresores que de por vida deberá tomar el paciente para evitar el rechazo al riñón trasplantado y necesariamente se deben tomar en cuenta los costos de hospitalización que pueden llegan a ser de 35 mil a 200 mil pesos dependiendo del hospital en que se realice.4

En el año 2013 el Seguro Popular incluyó en su catálogo los trasplantes renales únicamente para menores de 18 años, sin embargo la IRC puede adquirirse a cualquier edad, el argumento para otorgar ésta prerrogativa solo a los menores de 18 años fue que no se cuenta con el presupuesto necesario como para incluir a todas las personas, sin embargo, es de considerarse que la diálisis es tres veces más costosa que un trasplante.

Dentro del mismo contexto, el asma es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presenten sibilancias (sonido que hace el aire al pasar por las vías respiratorias congestionadas), dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos.

En este padecimiento intervienen causas genéticas, disparadores ambientales o situaciones propias del individuo, de modo que antecedentes familiares de asma o alergia, exposición a productos químicos, ácaros del polvo casero, mascotas, hongos, humo del tabaco, aire frío, infecciones virales, ciertos medicamentos, emociones intensas (risa, llanto, miedo) o cambios bruscos de temperatura, son algunos factores que propician su desarrollo.5

En México cerca del 10 por ciento de la población padece asma y cada año se registran alrededor de 4 mil muertes por su causa.6

El asma es una enfermedad crónica diagnosticada con mayor frecuencia en la infancia, la cual genera altos costos y ausentismo escolar, por lo tanto constituye un importante problema de salud pública7 ya que no solo provoca que los costos familiares se incrementen, sino que también afecta la calidad de vida de los niños y sus familias.

Los niños que padecen ésta enfermedad pierden días de escuela y tienen limitaciones para realizar deporte o alguna otra actividad, los padres pierden días de trabajo, lo cual implica una reducción en el salario.

El asma es una enfermedad crónica muy común que afecta a todos los grupos de edad y constituye el objetivo de diversas intervenciones clínicas y de salud pública. Tanto la morbilidad como la mortalidad por asma son importantes.

En México se han realizado pocos estudios relacionados con los costos producidos por asma; sin embargo, se estima que los costos directos anuales van de los 32 a los 35 millones de dólares.8

Según la Organización Mundial de la Salud, el costo económico del asma es considerable, y ello incluye tanto los costos médicos directos (por ejemplo los de los ingresos hospitalarios y las preparaciones farmacéuticas) como los costos médicos indirectos (entre ellos las horas de trabajo perdidas y las muertes prematuras).

Los costos de la atención del asma son considerables y tienen efectos significativos en la economía familiar, además de que ésta enfermedad no se encuentra cubierta por el Seguro Popular, lo que hace que las familias que no tienen acceso a la Seguridad Social que brindan el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dificulte el mantenimiento del tratamiento de éste padecimiento.

En el mismo contexto encontramos al cáncer de páncreas y de pulmón. Las personas que los padecen demandan que estas enfermedades no se encuentran dentro de la cobertura del Seguro Popular, por lo que el tratamiento debe ser cubierto por sus propios recursos, aunque la compra de fármacos, insumos para diagnóstico y otros insumos suele ser apoyada por organismos asistenciales, el hecho sigue constituyendo uno de los enormes rezagos en el sistema de salud de nuestro país, pues se excluye a muchos de la atención, y es un botón de muestra de que la “cobertura universal” no lo es.9

Si se toma en cuenta que sólo cuatro de cada 10 mexicanos tiene acceso a los servicios del IMSS y que casi la mitad de los mexicanos debe pagar estos procedimientos sin ayuda gubernamental, se puede entender por qué el cáncer es considerado por los economistas como causa de “gastos catastróficos” y origen de quiebras en numerosas familias en México.10

Por un lado, el cáncer de pulmón se produce cuando hay un crecimiento exagerado de células malignas en este órgano. Si no se diagnostica a tiempo se puede producir la metástasis del tiempo, en estos casos las células cancerosas se desplazan hacia otros órganos del cuerpo.

Es la causa más frecuente de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres.

El cáncer de pulmón se considera el tumor maligno que más muertes produce en el mundo por encima de otros cánceres con mayor incidencia en la población general como el de colon o el de mama, ya que su detección en etapas tempranas es difícil y en el 90 por ciento de los casos se diagnostica en estadios avanzados donde el tratamiento ya no es tan eficaz.

La causa principal es la exposición al humo de tabaco por inhalación de las sustancias cancerígenas que tiene el humo del tabaco. El 90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón se dan en fumadores ya que fumar aumenta hasta 30 veces las posibilidades de desarrollar un cáncer de pulmón y entre los fumadores pasivos, el riesgo de padecerlo es casi dos veces mayor que una persona no expuesta.

Por otro lado, el páncreas es una glándula que produce jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre, el cáncer de páncreas no presenta una prevalencia muy alta en la población. Sin embargo, su mortalidad es muy elevada.

Esta patología suele aparecer entre los 65 y los 70 años y es poco frecuente en edades por debajo de los 60 años. En el momento del diagnóstico menos del 20 por ciento de los pacientes serán susceptibles de ser operados dado el estado avanzado de la enfermedad.11

Según el jefe de Consulta Externa del Instituto Jalisciense de Cancerología, en un año el costo del tratamiento de un cáncer -entre intervención quirúrgica y tratamiento médico oncológico de radioterapia y quimioterapia- puede alcanzar hasta un millón de pesos.

Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fin de que designe recursos suficientes para que sean consideradas en el Seguro de Gastos Catastróficos del Seguro Popular las enfermedades de Insuficiencia Renal Crónica, Cáncer de pulmón, Cáncer de páncreas, Asma en sus diferentes niveles, así como los trasplantes renales para todas las personas sin distinción de edad.

Notas

1 http://www.facmed.unam.mx/sms/temas/2009/02_feb_2k9.pdf

2 http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/05/24/existen-187-mi llones-mexicanos-sin-seguridad-social

3 http://www.milenio.com/region/millones-padecen-insuficiencia-renal_0_26 1574425.html

4 http://www.salud.carlosslim.org/trasplantes-de-organos-y-tejidos-en-mex ico/

5 Colegio Mexicano de Alergia, Asma e Inmunología Pediátrica (Asma Infantil), así como la Guía Española para el manejo del asma (GEMA).

6 Inegi, Estadísticas de Mortalidad 2011. www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo107&s=est& c=23587

7 http://www.medigraphic.com/pdfs/revalemex/ram-2007/ram073c.pdf

8 Ídem.

9 http://www.milenio.com/region/
Seguro-Popular-canceres-letales-adultos-salud-poblacion-SS-diagnostico-muerte_0_458354204.html

10 http://www.cronica.com.mx/notas/2010/517848.html

11 Así lo explicó la oncóloga Teresa Maraculla, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en una entrevista para el portal electrónico DMedicina.com

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputados: Delfina Gómez Álvarez, Modesta Fuentes Alonso, Sandra Luz Falcón Venegas, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Mariana Trejo Flores, Roberto Guzmán Jacobo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Electoral de Tamaulipas a solicitar la colaboración y asistencia de las fuerzas federales de seguridad para garantizar el orden y el desarrollo pacífico de los comicios del 5 de junio en la entidad, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Daniel Adrián Sosa Carpio, Diputado Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 fracción I y 79 párrafos primero fracción II y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Las elecciones periódicas, libres y competitivas son garantía de la existencia de un aparato democrático. En este sentido, la democracia moderna no puede entenderse sin las organizaciones políticas, ni los sistemas electorales, pues es mediante el proceso electoral donde convergen los elementos necesarios para lograr la composición de los gobiernos.

La importancia de las elecciones también radica en que los regímenes democráticos promueven la sucesión al poder de manera ordenada y pacífica buscando mantener la estabilidad política y la paz social; pues es a través del voto que la ciudadanía puede formar parte de la toma de decisiones gubernamentales e influir en el proceso político electoral en general.

El Estado de Derecho debe garantizar la elegibilidad de los futuros gobernantes y el ejercicio de los derechos políticos-electores de todos los ciudadanos, en virtud de que los gobiernos cumplan con la característica de representar de forma adecuada los intereses del pueblo. Para ello, el buen funcionamiento de las instituciones que velan por alcanzar los ideales democráticos y de fomentar la participación ciudadana es de vital importancia, ya que gracias a ellas se pueden configurar gobiernos que cumplan con aspectos tan importantes para la gobernabilidad como lo son la legalidad y legitimidad.

Los institutos electorales son organismos públicos y autónomos que se encargan del fomento al desarrollo de la vida democrática y de la participación ciudadana, mediante la organización de los procesos electorales constitucionales locales y federales.

Según el artículo 99 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, es el IETAM (Instituto Electoral de Tamaulipas) el organismo que es depositario de la autoridad electoral en dicha entidad, y es responsable de organizar las elecciones, salvo en los casos previstos por la Constitución Federal y la Ley General. Asimismo, en el artículo 100 de la ley antes mencionada se establece que entre los fines del IETAM se encuentran: contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones y; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los Ayuntamientos en el Estado.

De acuerdo con el artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos de seguridad pública de la Federación, de los estados y de los municipios o, en su caso, las fuerzas armadas, deben prestar el auxilio que les requieran los órganos del Instituto, los Organismos Públicos Locales y los presidentes de las mesas directivas de casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones de Ley antes mencionada.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, realizada por el INEGI, refleja que en el estado de Tamaulipas alrededor del 68% de la población de 18 años y más considera a la “Inseguridad” como el problema más grave de su entidad. Esta situación que genera grandes obstáculos para el ejercicio del voto durante la contienda electoral, ya que en medida que la ciudadanía no perciba las condiciones necesarias de seguridad verá limitado el ejercicio de sus derechos políticos- electorales; como sucedió en 2015 durante la elección de diputados federales.

Cuando no existen las condiciones para el ejercicio del voto y la participación ciudadana se ve limitada, se violentan los valores democráticos. En medida que las personas son imposibilitadas para expresar sus preferencias políticas durante los comicios, menores son las probabilidades de ver representados sus intereses por el gobierno. Por ello, es de vital importancia garantizar las condiciones necesarias de seguridad para que la ciudadanía tenga la confianza de salir a votar y así ejercer un derecho político de gran importancia y trascendencia para su estado.

Por lo antes expuesto se propone ante esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) para que solicite la colaboración y asistencia de las fuerzas federales de seguridad, para garantizar el orden y el desarrollo pacífico de la contienda electoral que se llevará a cabo el día 5 de junio del presente año en el estado de Tamaulipas; así como el resguardo de las urnas hasta el momento de darse a conocer los resultados finales de la misma.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 05 de abril de 2016.

Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y la Secretaría de Cultura a realizar con el gobierno y el Congreso de Guerrero acciones ante la UNESCO para solicitar la inclusión de los clavadistas y La Quebrada en el inventario del patrimonio cultural e inmueble, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado Ricardo Taja Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 6, fracción I y 79 del reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los clavadistas de la Quebrada, atracción turística por excelencia, tradición y joya cultural de la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Esta tradición se remonta a los años 30’s, cuando jóvenes de la región decidieron lograr lo considerado hasta entonces como imposible.

Un salto para intentar alcanzar la eternidad, la sensación de volar o simplemente dejarse caer a la superficie del agua de un canal repleto de rocas con la finalidad de demostrar gallardía, este acto, nació como muchos duelos o como reto personal; es la expresión de quienes diariamente exhiben un arte sin igual. En pleno siglo XXI, es toda una ceremonia, una práctica que enorgullece a los acapulqueños a tal grado que lo heredan a sus hijos, condición principal, básica e importante para formar parte del grupo de los Clavadistas de la Quebrada.

Para los años 30’s del siglo pasado, Acapulco, era un pueblo dedicado a la pesca, lejos estaba de que los acapulqueños, los guerrerenses, los mexicanos y mucho menos los extranjeros, conocieran la práctica de acciones que estuvieran fuera de las buenas costumbres o de todo lo considerado como fuera del orden social, cultural o legal, bajo el contexto mexicano; como los hechos de los cuales nos hemos afligidos en la última década.

Estos eventos, han provocado que se coloquen adjetivos diversos a quienes hemos nacido aquí por ese solo hecho, también se han escuchado recomendaciones de algunos gobiernos para que sus ciudadanos se abstengan de visitar nuestro país, ya que nos promocionan como una de las entidades más inseguras del planeta.

A todos aquellos a quienes dirigen estas sugerencias, les solicito dar, no solo oídos, sino sus sentidos para contemplar como todos quienes movemos este país, trabajamos en equipo, en sincronía y en función de colocar a México a la disposición de la globalización mediante nuestras propuestas culturales, como la que se expone en la Quebrada.

La referencia es precisamente al planteamiento de vida, que emana de la expresión cultural, con el ímpetu realizado diariamente en esta disciplina que han adoptado los que se han ganado un lugar perpetuo como clavadistas acapulqueños, guerrerenses y mexicanos de la Quebrada.

La justificación de este texto abarca la subdivisión de los diferentes tipos de patrimonio y como se deberá garantizar su protección según la Convención de 1972 de la UNESCO.

I. DEFINICIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Artículo 1.

A los efectos de la presente Convención se considerará “Patrimonio Cultural”:

- Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

- Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

- Los lugares: obras del hombre y obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

Artículo 2

A los efectos de la presente Convención se considerarán “Patrimonio Natural”:

- Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,

- Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.

- Los lugares o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

Artículo 3

Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención, identificar y delimitar los diversos bienes situados en su territorio y mencionados en los artículos 1 y 2.

II. PROTECCIÓN NACIONAL Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Articulo 4

Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación de identificar proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.

Articulo 5

Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible.

1. Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general,

2. Instituir en su territorio, sino existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban

3. Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural

4. Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio y

5. Facilitar la creación o desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en ese campo.

Artículo 6

1. Respetando plenamente la soberanía de las estados en cuyos territorios se encuentre el patrimonio cultural y natural a que se refieren los artículos 1 y 2 sin perjuicio de los derechos reales previstos por la legislación nacional sobre ese patrimonio, los Estados partes en la presente Convención reconocen que constituye un patrono universal en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar.

2. Los Estados Partes de obligan, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la presente Convención a prestar su concurso para identificar, proteger, conservar y revalorizar el patrimonio cultural y natural que trata el artículo 11, párrafos 2 y 4 , si lo pide el estado en cuyo territorio este situado.

3. Cada uno de los Estados Parte en la presente Convención se obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño directa o indirectamente al patrimonio cultural y natural de que tratan los artículos 1 y 2 situado en el territorio de otros Estados Partes en esta Convención (Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1972).

Derivado de la Convención mencionada, expongo la clasificación debido a la majestuosidad de la zona como patrimonio natural, junto con todo lo que representa para los habitantes de la región, los principios y valores que guardan esta gran tradición.

PATRIMONIO INMUEBLE CULTURAL:

Los monumentos, tales como obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales , elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los conjuntos, tales como grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, y los lugares, tales como las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. (Convención para la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, Artículo 1, - 23 noviembre de 1972).

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL:

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. (Convención para la Salvaguardia del patrimonio Cultural Inmaterial, Articulo 2, 1), 17 de octubre de 2003.

Considerablemente importante es exteriorizar los siguientes:

ANTECEDENTES HISTORICOS.

En un acantilado de 45 metros de altura en el cual jóvenes nativos de la región de Acapulco Guerrero, se han propuesto hacer de un acto temperante, una filosofía de vida, da inicio una tarde en el que un joven, decide subir por esa gran roca denominada “La Quebrada”, para mostrarles a los que le acompañaban, su decoro y dejar atrás la mofa de la cuál había sido presa de aquellos.

Este hombre de 15 años de edad, al verse en la cúspide del montículo y evaluar la altura en que se encontraba, se postro de rodillas y agradeció a Dios y la Virgen de Guadalupe que lo hubieran protegido de una caída.

Al intentar iniciar el descenso, camino al borde del precipicio, busco con la mirada una forma adecuada para iniciarlo, sin embargo, examinó lo reducido del peñasco desde arriba y el canal que quedaba entre el mismo y la tierra firme; noto lo estrecho de las aguas que subían un tramo con la marea y luego con el reflujo aminoraba la profundidad del lugar. Volvió a esperar a que entrara la ola y confirmo su anterior apreciación, fue entonces, que tomo la decisión de lanzarse desde aquella altura.

Aquel día, tras su clavado, quedo marcado en la historia del puerto de Acapulco, Guerrero; un 13 de febrero de 1934 quedaría asentada la dificultad que radica en que el clavadista debe sincronizar el salto con el oleaje, dado que si salta cuando la marea se retira no tendrán tiempo de girar en el agua, estrellándose en el fondo marino, ya que tan solo son dos metros de profundidad, calculo extraordinario de los clavadistas de la Quebrada, que diferencía la vida de la muerte.

Actualmente, los clavadistas suben, para iniciar una pequeña ceremonia y acto de agradecimiento a Dios en un pequeño santuario Guadalupano, que ellos, bajo la modalidad de agrupación, instalaron en la cima, para después, realizar un clavado más, dedicado a la virgen morena; este acto ha de prepararlos para la realización de su entrada espectacular al mar.

Los clavadistas más experimentados, deciden realizarlo en sincronía con una antorcha, para simular la puesta de sol, hasta desvanecerse; que vale la pena mencionar, en esta región del país es una experiencia única, natural y gratuita, diariamente repetible.

Esta descripción, refleja la idiosincrasia de un pueblo; manifiesta la actitud de querer sobresalir momentáneamente del resto para provocar que todos los demás le sigan en actitud, con firmeza en decisión y convicción de hacer lo que parece imposible en un logro más de los retos que se presentan en la vida; sin olvidar agradecer el difícil y peligroso camino para llegar a una de tantas cúspides por alcanzar, mediante una oración y solicitar fortaleza para reflejarla a sus compañeros que le sigan. Sin duda una actitud endémica, peculiaridad que refleja el acapulqueño, guerrerense y mexicano.

Resulta ser un evento tan relevante, que es el mismo Sol, que cada tarde tiene reservado el mejor lugar para ser testigo de su hazaña y al mismo tiempo, formar parte de la escenografía de una hermosa postal, que turistas nacionales y extranjeros buscan llevarse en su memoria a sus lugares de origen.

Esta tradición está viva a la fecha, llevada con orgullo como muestra de tradición cultural en comunión con la naturaleza que enmarca el acto, que muestra el trabajo en equipo realizado por un grupo de hombres acapulqueños-guerrerenses que heredan la valentía a través de la transmisión generacional.

Todo lo anteriormente expresado y fundamentado en los artículos 3, 7, 77 y 78 del Reglamento General de la Cámara de Diputados vigente, me permite exhortar a mis compañeros diputados a:

a) Tomar conciencia e implementar mecanismos para la salvaguardia de nuestro rico patrimonio cultural y natural, como lo es el acto de los Clavadistas en la Quebrada, ya que de todas nuestras grandes riquezas patrimoniales en el estado de Guerrero, este evento es de los esenciales puntos de referencia proyectado al mundo por nuestra nación y que otorga sentimiento de identidad y nacionalismo.

b) Dignificar el usufructo cultural mencionado, así como los recursos naturales que por derecho geográfico gozamos y compartimos, siendo en su conjunto y de forma consecuente, una mejora del lugar y sus alrededores.

c) Otorgarle a este hecho cultural, la importancia que le ha permitido a Acapulco, colocarse como preferencia del turismo y que regrese con mayor fulgor, ese brillo deslumbrante como en épocas pasadas que deslumbraba y atrapaba a grandes personalidades.

d) Darle oportunidad a la muestra cultural derivado de la afluencia turística, que consecuentemente, trae consigo mejoras sustanciales a los residentes.

Debido a la gran importancia como expresión cultural y por su grandeza como sitio natural, a La Quebrada y a los Clavadistas, a su trascendencia cultural e histórica, para la Ciudad y Puerto de Acapulco, al Estado de Guerrero y por supuesto para México; someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. Esta Honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Cultura, para que en Coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero y su Congreso Local, realicen el procedimiento necesario para solicitar la inclusión de los clavadistas de la Quebrada, en el inventario del patrimonio cultural, natural e inmueble ante la UNESCO.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días de abril de 2016.

Atentamente

Diputado Ricardo Taja Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores y alcaldes a blindar la entrega de los programas sociales y suspender ésta en actos masivos, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentarios del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“Todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda («subsidium») —-por tanto de apoyo, promoción, desarrollo— respecto a las menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos y sustituidos y por ver negada, en definitiva, su dignidad propia y su espacio vital.”

“La consideración del conjunto de aspectos que relacionan o unen a las personas, la colaboración y ayuda mutua que ese conjunto de relaciones promueve y alientan. Si esto se logra, además de conseguir una sociedad más justa y sobre todo más humana, se irá creando una mentalidad solidaria que sin duda alguna trascenderá el ámbito en el que se vive, y se plasmará en atender a los más necesitados y los colectivos marginados, en el propio país.”

Grosso modo estos son los principios de subsidiariedad y solidaridad que deben guiara los programas de apoyo social gubernamentales.

La línea que separa la entrega de programas sociales al proselitismo político es muy delgada, a tal grado que previo a una contienda electoral se “blindan” para que estos, no sean entregados, pues es evidente que se interpreta como una forma de apoyo para tal o cual candidato partidista.

Es una práctica común, heredera de prácticas populista, que las entregas de estos apoyos, ya sea en forma de becas, despensas, materiales, etcétera, sea entregada en actos masivos que no guardan mucha distancia de lo que es un mitin político.

Son prácticas del pasado donde el gobernante en turno busca ser reconocido por sus acciones. La ley no lo prohíbe, más como ya se ha referido, en épocas de “veda electoral”.

Sin embargo nuestra cultura política debe avanzar en el sentido de que todo tipo de entrega de estos programas, no se realice ya en actos masivos, pues estos tienen un gasto extra que va desde la “movilización” de los beneficiados, la logística e implementos para las instalaciones en el lugar.

Es ir en contra de la dignidad de las personas condicionar las entregas de estos apoyos a cambio a de asistir al acto masivo...

También dan al gobernante una falsa idea de popularidad y aceptación, además de fomentar el mal hábito del considerar a los actos políticos, como entrega de apoyos.

La civilidad política nos hace un llamado a no confundir entre un acto de estricta justicia social y subsidiariedad con el proselitismo partidista o personal.

Es una condición de progreso suspender la entrega de apoyos de los programas de asistencia social en eventos masivos.

Lo ideal y digno es que los eventos de entrega de apoyos sociales se realicen colonias y comunidades y no en eventos masivos.

En los eventos masivos son difíciles de controlar e incluso se prestan a que empleados politicen las entregas de apoyos sin que sus superiores estén enterados.

Es más práctico y más funcional que las entregas de cualquier tipo de apoyo sean por comunidades, colonias, escuelas. El hecho de que sean menos personas va a evitar señalamientos e irregularidades

Dicha ayuda se llevará en forma directa a quienes la requieren.

Resulta conducente exhortar respecto de la imparcialidad en el uso de recursos públicos, para que los tres órdenes de gobierno se apeguen a las reglas de operación de los programas sociales.

Es importante mencionar que solo el 65.3 por ciento de los programas sociales vigentes cuentan con un padrón de beneficiarios

Por las anteriores consideraciones, me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores y Presidentes Municipales del país a blindar la entrega de los programas sociales en actos masivos y optar por la entrega en colonias y comunidades.

Es importante mencionar que sólo el 65.3 por ciento de los programas sociales vigentes cuentan con un padrón de beneficiarios. De los programas federales, 88 por ciento reportan que cuentan con padrones, y de las entidades federativas 64.5 por ciento reportaron hacer públicos los padrones de beneficiarios. En dependencias federales 78.7 por ciento y en entidades 55.3 por ciento: además, el 78 por ciento del total de programas sociales vigentes con cobertura en las entidades federativas cumple con el atributo de institucionalidad de reglas de operación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un respetuoso exhorto a los gobernadores de los estados de la federación y a los presidentes municipales a que blinden la entrega de los programas sociales, para que estos no se realicen en actos masivos y garanticen que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales bajo su responsabilidad, se apegue a su objeto y reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de le Federación o en los periódicos oficiales , correspondientes, evitando su uso con fines partidistas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y la Comisión de Mejora Regulatoria a retirar el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 29 de febrero pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, “para consulta púbica”, el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015, “Bebidas alcohólicas-denominación, especificaciones fisico-químicas, información comercial y métodos de prueba”, más conocido como NOM-199; documento que actualmente se encuentra en revisión en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y en el cual se establece un plazo de 60 días naturales para que “los interesados” emitan sus comentarios u opiniones al respecto.

Si bien el citado proyecto de norma menciona como su objeto “establecer la denominación, las especificaciones fisicoquímicas y la información comercial que deben cumplir todas las bebidas alcohólicas , a efecto de dar información veraz al consumidor, así como los métodos de prueba y de evaluación de la conformidad aplicables a las mismas”, lo que ha generado la mayor indignación y rechazo de los destiladores de agave y productores de mezcal artesanal, es la pretensión de prohibir el uso de la palabra agave para todas las bebidas que, aun aquellas procesadas al 100% con esta materia prima, se produzcan fuera de las denominaciones de origen; al mismo tiempo que propone, como nombre genérico para el caso de este tipo de bebidas, la palabra Komil, palabra sin referente alguno con los destilados de agave que comercializan desde hace siglos decenas de miles de productores artesanos de mezcal.

El texto del Proyecto de la NOM-199 señala qué se deberá entender por la palabra Komil, y al mismo tiempo dispone que:

“7.2.1 Komil

Bebida alcohólica producida fuera de las denominaciones de origen que utiliza como materia prima algún agave. El porcentaje de agave no podrá ser menor al 51% de los azúcares fermentables y un máximo de 49,0 % de otros azúcares reductores totales expresados en unidades de masa, no estando permitidas las mezclas en frío, y su contenido alcohólico es de 32,0 % a 55,0 % Alc. Vol.

El Komil no debe ostentar en su información comercial referencia alguna a las variedades vegetales reconocidas en las Denominaciones de Origen.”

Por ello, de aprobarse la citada norma, la afectación y los daños que provocaría no es solo en el empleo y la economía de miles de productores de mezcal y destiladores de agave en municipios y regiones de diferentes Estados de la República, sino que, además, afectará las costumbres y tradiciones de los mexicanos y de las comunidades indígenas y campesinas, como lo han hecho saber a la opinión pública comunidades del estado de Oaxaca: “El mezcal es patrimonio de las familias campesinas e indígenas, está presente en los rituales de vida y muerte, en las fiestas patronales, en nuestras siembras y cosechas, en las mayordomías y compromisos comunitarios, en peticiones y agradecimientos a la madre tierra, a nuestros manantiales y bosques.”

De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía “expide para consulta pública” el Proyecto de la Norma, solo que, de entrada, los intereses de las grandes empresas vinícolas, tequileras y cerveceras, ya fueron consultados y hasta fueron parte en la elaboración de la propuesta de la NOM-199, la cual, la Secretaría de Economía solo formaliza a través de su Comité Consultivo Nacional de Normalización. En dicho texto, en la parte que llama “Prefacio”, se publican las empresas e instituciones que participaron en la elaboración de la propuesta:

Prefacio

En la elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas e instituciones:

- Secretaría de Economía.

Dirección General de Normas.

Procuraduría Federal del Consumidor.

- Asociación Nacional de la Industria de Bebidas Alcohólicas y Conexos, AC.
- Asociación Nacional de la Industria de Derivados de Agave, AC.
- Asociación de Importadores y Representantes de Alimentos y Bebidas.
- Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, AC.

- Banuet Arrache y Asociados, SC.
- Bodegas Copa de Oro, SA de CV.
- Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
- Cámara Nacional de la Industria Tequilera.
- Cerveceros de México.
- Grupo Modelo.
- Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
- Comisión para la Industria de Vinos y Licores.
- Pernod Ricard México.
- Diageo México.

- Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.
- Consejo Mexicano Vitivinícola.
- Consejo Regulador del Mezcal.
- Consejo Regulador del Tequila.
- Consejo Nacional Agropecuario.

- Consorcio Onix, SA de CV.
- Industrias Vinícolas Pedro Domeq.
- Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación.
- Comité Técnico de Normalización Nacional de Bebidas Alcohólicas.
- Zenfro, SAPI de CV.

Se ve claro que aquí no participó ninguna representación de los campesinos, de los indígenas, ni de municipios y regiones a quienes, de aprobarse, afectará la citada NOM-199; en cambio, se ven ampliamente representados los intereses de las empresas tequileras nacionales y extranjeras, en lo que muchos consideran una actuación unilateral e interesada de la Secretaría de Economía, por lo que ven en la llamada “consulta pública” solo el propósito de cubrir las formas, pues la decisión ya está amarrada con la gran industria del tequila.

En un comunicado a la opinión pública, el cual también se hizo llegar a la Secretaría de Economía, la Asociación Civil Maestros Productores de Mezcal, del Estado de Oaxaca, señalan:

“En las regiones productoras de México el mezcal tradicional se ha mantenido por siglos con el esfuerzo y trabajo de las maestras, maestros y sus familias. Esta historia y cultura mezcalera ha sido retomada por promotores, investigadores y comercializadores que en sus artículos, ensayos, pinturas, restaurantes, bares y mezcalerías demuestran su amor y respeto al mezcal tradicional, una alianza virtuosa para reconocer el valor de los mezcales tradicionales frente a destilados industriales de factura en serie. Los principales beneficiados de esta alianza son los consumidores regionales, nacionales e internacionales que disfrutan del más fino y complejo destilado que han creado la naturaleza y el ser humano.

“Las autoridades de la Secretaría de Economía han emitido una propuesta de reforma, con el tramposo argumento de combatir la adulteración y dar certidumbre y claridad al consumidor, cuando lo que hace el proyecto de norma 199 es apoyar a los empresarios del tequila y el mezcal industrial y agraviar al consumidor.”

Pero el malestar y el rechazo a la NOM-199 va más allá, alcanza incluso a empresarios del ramo que no fueron tomados en cuenta previamente en la elaboración de la propuesta; tal es el caso de Juan Carlos Hernández, director de planta del Grupo Corona, que fabrica el destilado de agave Rancho Escondido, quien denunció que “este proyecto fue cabildeado por la industria tequilera, lo cual considera como competencia desleal”.1 Diversos productores empresariales y artesanales han manifestado también, a través del portal de la Cofemer, su rechazo a la aprobación definitiva de dicha Norma, exigiendo que sea modificada o de plano cancelada.

¿Y quiénes son los dueños de las empresas tequileras en México para quienes se elaboró la NOM-199? Para tristeza de los mexicanos, otrora orgullosos de nuestra tradición tequilera, hoy los dueños de esta industria son en su mayoría extranjeros, empresarios de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, de Francia y Alemania. Estos son los nombres:

• Tequila Don Julio; empresa propietaria: Diageo, de Inglaterra.

• Tequila Sauza, 100 años, Hornitos y tres Generaciones; empresa propietaria: Beam Global, de Estados Unidos

• Tequila Herradura y El Jimador; empresa propietaria: Brown-Forman Corporation, de Estados Unidos.

• Viuda de Romero; empresa propietaria: Pernord Ricard, de Francia

• Tequila Casa Noble; empresa propietaria: Constellation Brands, de Estados Unidos.

• Tequila Espolón, San Nicolás y Cabo Wabo, empresa propietaria: Davide Campari, de Italia.

• Tequilera Cielito Lindo, Empresa propietaria: William Grant, de Inglaterra.

• Tequila Cuervo, Corralejo y 1800, la mayor empresa tequilera en México, de la familia mexicana Beckmann, de la cual Diageo, empresa de Inglaterra que ya es dueña de Don Julio, es accionista cuando menos en un 30%.

Así pues, no se equivocan quienes aseguran que detrás de la Nom-199, están los intereses trasnacionales de las grandes empresas tequileras; un negocio de más de mil millones de dólares anuales solo en las exportaciones.

Lo cierto es que de aprobarse de manera definitiva la Nom-199, en la forma y los tiempos establecidos por la Secretaría de Economía en el DOF del 29 de febrero pasado, no solo se afectará la economía de los pequeños y medianos productores de mezcal, sino también por parte del Estado Mexicano se estarían violando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a una consulta previa, libre e informada.

Justamente en un escrito de fecha 29 de marzo del 2016, dirigido a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), varios productores y productoras de mezcal, de diversos municipios del estado de Oaxaca, señalan lo siguiente:

“Cuarto. Es evidente que al publicar el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015 “Bebidas alcohólicas – Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”, (sin la consulta a las comunidades indígenas) viola los preceptos de nuestra Carta Magna, tratados internacionales, constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca.”

“Sexto. A la luz de los preceptos constitucionales violados, pedimos: El respeto al reconocimiento de la diversidad cultural, derecho a la auto identificación o auto adscripción, derecho a la libre determinación, y máxime aun el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, así mismo están obligados mediante procedimientos y protocolos a la consulta, antes de que la norma sea publicado en el Periódico Oficial de la Federación, como norma definitiva”

El proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015, “Bebidas alcohólicas-denominación, especificaciones físico-químicas, información comercial y métodos de prueba”, se propone reglamentar “la denominación de las bebidas alcohólicas, así como establecer las especificaciones fisicoquímicas, la información comercial y los métodos de prueba que deben aplicarse para determinar el cumplimiento de tales especificaciones, en beneficio de la colectividad de consumidores de nuestro país. Nos parece loable el esfuerzo de ordenar y regularizar todas las bebidas alcohólicas , con el fin de evitar daños en la salud y la economía de los consumidores, proporcionando información veraz y comprobable respecto de los productos que adquieren; sin embargo, no es justo que con ese pretexto, se violen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y se afecten los intereses de la mayoría de las y los pequeños productores de agave en el país. Para que haya igualdad de oportunidades, deberán considerarse los intereses de todos los actores económicos y sociales.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a reconsiderar y en su caso retirar el “proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015, ‘Bebidas alcohólicas-denominación-especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba’”.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a organizar una consulta previa, libre e informada en los pueblos y comunidades indígenas cuyo interés se vincula a la propuesta de nombre para las bebidas alcohólicas producidas fuera de las denominaciones de origen que utilicen como materia prima alguna variedad de agave.

Nota

1 Declaraciones al periódico Reforma el 3 de febrero de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 12 de abril de 2016.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los tres niveles de gobierno a realizar en las escuelas de educación secundaria campañas de toma de conciencia sobre los riesgos y efectos del consumo de alcohol, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, José Refugio Sandoval Rodríguez y Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que han ido aumentando los niveles y patrones de consumo de bebidas embriagantes en el país; mientras que en el periodo de 2003 a 2005 el consumo promedio anual fue de 5.1 litros por persona, entre los años 2005 y 2010 el consumo promedio se incrementó a 5.5 litros al año.

Por otra parte, según la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, en México el alcoholismo se ubica como la cuarta causa de mortalidad, representando el 8.4%, al relacionarse de manera directa con las muertes por cirrosis hepática, lesiones intencionales y no intencionales, homicidios y accidentes con vehículos automotores.

Desgraciadamente, la salud de la población juvenil y adolescente es la principal afectada por el consumo de alcohol. De acuerdo a datos del Centro de Integración Juvenil, en México la edad en que comienza la ingesta de bebidas embriagantes es a los 12.6 años, lo cual nos obliga a ver está situación como un serio problema de salud pública, pues de acuerdo con la OMS en 2010, alrededor de 14,000 jóvenes de menos de 19 años murieron en América Latina por motivos atribuidos al consumo de alcohol.

El Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF), unidad especializada de la Secretaría de Salud, señala que el 63% de la población consumidora de alcohol, son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad.

En México, durante el año 2010, los hombres mayores de 15 años consumieron un promedio de 18 litros, mientras que las mujeres en el mismo segmento de edad consumieron un promedio de 5.7 litros anualmente. Cabe destacar que, aunque la OMS no señala con precisión el consumo por rango de edad, existe un sector de la población adolescente que no debería consumir este producto, dado que México mantiene restricciones para la venta y el consumo de alcohol a personas menores de 18 años de edad. La situación se torna aún más alarmante al reconocer la OMS en 2014 que los habitantes del mundo de 15 o más años de edad consumen un promedio 6.2 litros de alcohol puro cada año.

Un estudio elaborado en 2010 por el CAAF, tomando como base las respuestas de 933 personas encuestadas, reveló que las principales causas del consumo de alcohol son: la curiosidad (29.4%); seguida por la invitación de amigos (13.5%); la experimentación (12.4 %); los problemas familiares (10%); la influencia de amigos (9.4%); la aceptación del grupo (4.1 %); la invitación de familiares (2.9%); y la depresión (2.4%).

El mayor riesgo en los adolescentes que consumen alcohol es la afectación a las áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria, las habilidades verbales, la percepción visual-espacial, además de generar problemas en sus relaciones y la ocurrencia de accidentes viales que pueden llegar a ser fatales.

Entre otras consecuencias del consumo de alcohol encontramos: daños en la salud; problemas de tipo sexual; lesiones no intencionales como choques automovilísticos; lesiones intencionales como heridas por arma de fuego, agresiones sexuales y violencia doméstica; incremento en los problemas familiares, así como ruptura de relaciones; los adolescentes que abusan del alcohol son cuatro veces más propensos a la depresión severa; están más expuestos a iniciar actividad sexual temprana, situación que los expone a un mayor riesgo de contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual y los embarazos no planeados; además se incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes frente al consumo de otras sustancias adictivas como la marihuana.

Como puede verse, la ingesta de alcohol se convierte en un problema que genera a su vez más problemas o que maximiza los existentes, lo cual deriva en conductas que requieren atención especializada para lograr la integración social de adolescentes y jóvenes consumidores.

Acorde a lo señalado es necesario que tanto el Gobierno de la República como los gobiernos estatales y municipales redoblen esfuerzos para proteger a la población de los riesgos y consecuencias negativas del consumo de alcohol, sobre todo en los adolescentes, ya que cuando se inicia el consumo de alcohol antes de los 18 años aumenta cinco veces la probabilidad de que se genere una adicción.

En virtud de los motivos aquí expuestos, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades educativas y de salud de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus competencias y en la medida de sus capacidades presupuestarias, realicen en escuelas de educación secundaria campañas de concientización sobre los posibles riesgos y consecuencias del consumo de alcohol. Así mismo, se les exhorta a desarrollar estrategias de capacitación para los docentes e implementar acciones de comunicación y apoyo para familias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de abril del 2016.

Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y la Profeco a generar conciencia sobre el consumo y la venta de bebidas energizantes, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente en el mercado existe una gran publicidad de las bebidas mal llamadas “energizantes”, diciendo que nos dan “alas”, que son consumidas entre personas de todas las edades, particularmente entre los jóvenes quienes las toman supuestamente para poder resistir y rendir más en sus actividades, desconociendo el enorme riesgo que es para su salud.

Dichas bebidas ingresaron al mercado mexicano sin restricción alguna como bebidas que aparentemente no representaban un riesgo sanitario, sin embargo su éxito es evidente. En el mercado hay más de veinte marcas de “energizantes” o más bien estimulantes, su precio va desde 15 a los 25 pesos sin alcohol, pero en cóctel llega a costar hasta 75 pesos.

Este millonario negocio, para empresas productoras y distribuidoras en México, lucra con la salud de millones de jóvenes, vendiéndoles sin restricción “la bebida de moda”, por no tener legislación al respecto cuando llegó a nuestro país en el año 2000.

Estas bebidas energizantes tienen un alto contenido de cafeína y están adicionadas de taurina, niacina, piridoxina, acido pantoténico, glucoronolactona –aminoácidos–, guaraná o hierba mate. “El alto contenido en cafeína y taurina suben la frecuencia cardiaca y presión arterial, quienes tienen susceptibilidad a estas sustancias pueden sufrir serias consecuencias”.1

De estos ingredientes, es la taurina un aminoácido que se encuentra en los alimentos y que sirve para una mejor absorción de los nutrientes, la que provoca que al combinarla con alcohol o drogas sus efectos se retarden, pero por la alta concentración de cafeína mantiene despiertos a quienes consumen estos cócteles.

Por la gran cantidad de cafeína que contienen, estimulan el sistema nervioso, por lo que aumentan la presión arterial y el pulso de quien las haya tomado. Su uso frecuente obliga al corazón a trabajar más de lo que debería hacerlo y puede causar cuadros cardíacos con el paso del tiempo.2

Es cierto que los alimentos que nuestro organismo requiere se obtienen directamente de la dieta que llevamos, mejor dicho, todos los alimentos por principio son energizantes, por esta razón no existe justificación nutricional para el consumo de las llamadas bebidas energizantes.

Estudios realizados por médicos especialistas en el tema, afirman que al ser combinadas con alcohol, causa un terrible daño al organismo pudiendo generar hipertensión, hipoglucemia, convulsiones, otros males cardiacos y hasta la muerte, ya que ocasionan pérdida de la sensación de embriaguez debido al efecto estimulante de la cafeína, que contrarresta el efecto sedante y los síntomas del consumo de alcohol, haciendo que la persona siga consumiéndolo peligrosamente.

Además mezclar bebidas energizantes con alcohol puede causar daños irreparables a la salud. Tal es el caso de hemorragias cerebrales o infartos cardíacos.

Los jóvenes recurren a esta combinación para sentir energía, pero esta mezcla impide la conciencia sobre la cantidad de alcohol que se está bebiendo, así como la percepción del cansancio. Una vez pasados los efectos de las sustancias, dependiendo de qué tanto se haya bebido, la persona puede sufrir delirios, desorientación, excitación, taquicardia, convulsiones, hipertensión y deshidratación.3

Durante un estudio realizado por la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) en 10 universidades de Puebla, reveló que 49 por ciento de los estudiantes de entre 17 y 23 años consumen la bebida energizante de manera regular y 65 por ciento la ingiere combinada con alcohol, principalmente cuando los jóvenes conviven en bares y antros .

Debido a la polémica que causa el consumo de bebidas energizantes, resultaría más adecuado llamarlas bebidas estimulantes, ya que por tratarse de un tema de salud, es algo que nos incumbe a todos los mexicanos.

En promedio los universitarios consumen 1.5 latas de bebidas energéticas a la semana, las cuales contienen taurina, cafeína y tiamina, elementos que por sí solos no son nocivos, pero en grandes cantidades y aún más combinadas con alcohol pueden ser letales.4

Consideramos competente a la Procuraduría Federal del Consumidor para conocer del tema, ya que son aplicables los siguientes artículos de La Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 1;

Fracción I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

24, fracción I, Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; y

25 Bis de La Ley Federal de Protección al Consumidor que dice La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores.

Compete también a la Secretaría de Salud, conforme a lo establecido en los artículos de la Ley General de Salud.

Artículo 3 fracción XXIV, que señala:

XXIV. El control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de los productos incluidos en las fracciones XXII y XXIII; y

17 Bis; de la Ley General de Salud. Que menciona; La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud.

El artículo 286. En materia de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos cosméticos, productos de aseo, así como de las materias que se utilicen en su elaboración, el Secretario de Salud, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, determinará con base en los riesgos para la salud qué productos o materias primas requieren autorización previa de importación.

Países como Francia, Dinamarca y Noruega, han legislado el consumo y han restringido su venta a las farmacias, y en algunas ciudades de Argentina las autoridades sanitarias han prohibido la exhibición, venta, expendio o suministro de bebidas energizantes. Por lo que nosotros debemos tomar en cuenta que las bebidas energizantes no son buenas en consumos excesivos ni para uso cotidiano, por lo cual debemos informar exhaustivamente a la población, sobre todo a los jóvenes de los riesgos de salud que esto conlleva.

Por las consideraciones vertidas y en congruencia con el compromiso adquirido con los ciudadanos mexicanos, expongo a su consideración la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del Consumidor, a utilizar los tiempos oficiales para realizar campañas publicitarias de prevención e información dirigidas a la ciudadanía sobre los riesgos de salud con el fin de concientizar a los consumidores de los efectos nocivos y peligros causados por el exceso en el consumo de bebidas energizantes.

Notas

1 Revista del consumidor marzo 2011, Estudio.

2 http://www.baraderoteinforma.com.ar/consumo-de-bebidas-estimulantes-o-e nergizantes/

3 http://www.prevenissste.gob.mx/abuso-sustancias/que-es-una-bebida-energ izante-riesgos-salud#ancla

4 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/10/16/49-de-alumnos-consume-b ebidas-energeticas-pese-a-riesgos-upaep/

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas, los ayuntamientos y la Profeco a establecer normas y reglamentos para permitir la prestación gratuita del servicio en estacionamientos públicos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los estacionamientos públicos tienen gran capacidad de maniobra en cuanto a la fijación de tarifas y formas de cobro, lo que ocasiona flagrantes violaciones a los derechos del consumidor. La inexistencia de tarifas estándar y la inexistente correlación entre la legislación al respecto, ocasiona que el usuario de este servicio sufra de abusos en el cobro.

Esta situación se presenta en las grandes ciudades, pero también en las pequeñas, en horas pico y en las zonas de mayor actividad económica, quién maneje un auto ha sentido la desesperación de llegar a una cita muy importante y no encontrar a la mano un estacionamiento público y cuando aparece el ansiado lugar con las prisas, casi nadie se fija en el boleto que le extienden a uno, que en ocasiones es un simple cartón escrito a mano en el que se consigna la hora de ingreso y las placas del auto. Y si uno no se fija en el “boleto” mismo, mucho menos en las condiciones físicas del lugar o en la tarifa.

De acuerdo con informes recientes, en el caso específico de la Ciudad de México, 50 por ciento de los mil 500 estacionamientos que operan son informales, pues no cuentan con los permisos necesarios e incumplen con los parámetros de seguridad, cobertura de accidentes y atención al público, por lo que evidentemente se hace necesario regular este sector.

Jalisco, el Distrito Federal ahora Cuidad de México y el estado de México, representan 70 por ciento de las quejas presentadas contra estacionamientos públicos en todo el país.

De enero de 2003 a marzo de 2005 estas tres entidades federativas acapararon 70 por ciento de las 246 quejas en contra de estacionamientos públicos presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en todo el país:

Los principales motivos de reclamación eran el servicio deficiente, negativo al pago por deterioro al vehículo, negativo por pérdida de bienes dejados en el auto y cobro indebido.

El abuso en el cobro de este servicio y la inseguridad garantizan el lucro de la operación comercial y en diversas ocasiones los usuarios prefieren optar por dejar el vehículo fuera de un estacionamiento, ocasionando consigo una mayor inseguridad hacia la persona y a su patrimonio.

No obstante la irresponsabilidad que existe por parte de las autoridades, estatales y municipales para vigilar y sancionar el funcionamiento de estacionamientos la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de la Dirección General de Verificación y Vigilancia, lleva a cabo acciones de verificación permanentes con la finalidad de evitar e inhibir, por parte de los prestadores del servicio, las prácticas abusivas, coercitivas y desleales en perjuicio de los consumidores en los siguientes rubros:

1. En materia metrológica. Se verifica que los relojes registradores sean exactos de acuerdo con la normatividad aplicable, es decir, que estén debidamente calibrados y ajustados, y que ostenten el holograma que avala su verificación inicial, periódica o extraordinaria y

2. En materia de comportamiento comercial. Se verifica que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor se exhiba a la vista de los consumidores la tarifa aplicable y que ésta sea respetada, además de la entrega de comprobantes por el servicio prestado y la veracidad de la información dada a los consumidores con respecto a descuentos o tarifas anunciadas como preferenciales, con la finalidad de evitar que se afecte la economía de éstos.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que este problema viene a agravarse cuando los estacionamientos con los que cuentan las dependencias gubernamentales para los ciudadanos que acuden a sus instalaciones, imponen tarifas para su uso, cayéndose en una contradicción ya que se está haciendo uso de un espacio que es público por lo que no debe haber fines de lucro, no obstante que se pueda argumentar que el destino de estos recursos económicos es para mantenimiento de instalaciones.

Es de hacer notar que en la fecha, en sesión de cabildo, luego de analizar los permisos de cobro en los estacionamientos de los centros comerciales, bares, restaurantes y hospitales, los regidores de Ciudad Juárez, aprobaron un punto de acuerdo por unanimidad, en el que se cancelan los permisos y echan abajo los cobros o cuotas de los estacionamientos que han generado molestia en los habitantes.

En dichos estacionamientos la cuota mínima es de tres pesos y una máxima de 15 por hora, sin sumar las fracciones de tiempo, donde se llega a pagar hasta 22 pesos.

En el acuerdo quedaron excluidos los estacionamientos construidos específicamente como negocio y los de la operadora municipal de estacionamientos, en estos últimos serán gratuitos sólo si las personas hacen uso de estos espacios para realizar algún pago al municipio.

Ciudad Juárez es una de las primeras ciudades que cancela los permisos para el cobro de estacionamiento en centros comerciales, bares, restaurantes y hospitales lo que permitirá beneficiar a los ciudadanos que acuden a estos sitios; sin embargo se hace necesario que este hecho se lleve cabo a nivel nacional para que los espacios públicos y privados que tienen esta función eviten el cobro, dándose como una atención adicional a la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las entidades federativas y los municipios a clasificar los diferentes tipos de estacionamiento, homologar el cobro de las tarifas mediante el establecimiento de precios máximos al público en los que se contemple el cobro desde fracción de hora, establecer las responsabilidades de los prestadores de servicio, definir los requerimientos para la apertura de un estacionamiento, establecer los motivos de infracción, así como las sanciones en caso de faltas. Lo anterior mediante el establecimiento de normas y reglamentos que permitan controlar la prestación de este servicio en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor.

Segundo. Se exhorta a las entidades federativas y a los municipios para que la prestación de este servicio, en edificios, instalaciones públicas, centros comerciales, esparcimiento y diversión que cuenten con estacionamientos para automóviles sea de carácter gratuito.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a sancionar aquellos estacionamientos públicos que no cuenten con un reloj medidor que emita boleto para cuantificar las fracciones y horas que se usa el servicio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a incluir y reforzar los contenidos de educación ambiental en los nuevos planes y programas de estudio de niveles básico e inicial, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Matías Nazario Morales, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde finales del siglo XIX, pero más notablemente en los últimos 50 años, a causa del desarrollo industrial y la pe?rdida de bosques y selvas, entre otros factores, la temperatura de la superficie terrestre se ha incrementado, presentado un alto riesgo para todas las formas de vida.1 Este fenómeno se le conoce como, “cambio climático”, y el cual puede ser definido como el “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.2

Las evidencias del cambio climático cada día son más claras, somos testigos de los aumentos extremos de temperatura, adelantos de las épocas de calor, sequías, aumentos de desertificación, pérdida de bosques, desaparición de los glaciares, aumento del nivel del mar, destrucción de arrecifes de coral, cambios en la forma en que llueve, con tormentas e inundaciones más intensas.

En México tenemos claros ejemplos de ello, como la alarmante disminución de los glaciares más importantes dentro del territorio nacional, ubicados en los volcanes Pico de Orizaba (o Citlalte?petl), Popocate?petl e Iztacci?huatl; la desertificación de gran parte de las regiones del norte del país, qué se están convirtiendo en terrenos este?riles, presentando un desecamiento de los ríos, la muerte de flora y fauna y un gran impacto en los mantos freáticos; e incluso a esto podemos agregar la aparición de enfermedades como el dengue en zonas como Chihuahua, cuyas condiciones climáticas usualmente no serían las idóneas para el desarrollo de esta enfermedad como se muestra en el mapa.3

EDUCACIÓN AMBIENTAL

La Educación Ambiental (EA) es un proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo impartir en los sectores de educación formal y no formal, conciencia ambiental, conocimiento ecológico, habilidades prácticas y actitudes positivas, valores, compromiso para acciones responsables éticas y eficaces para la prevención y solución de los problemas ambientales; y el uso racional de los recursos con el propósito de lograr un desarrollo adecuado y sustentable.4

Como parte de los compromisos asumidos en la convención de Kyoto (1992), está el elaborar y aplicar programas de educación y sensibilización, sobre el cambio climático y sus efectos; así como cooperar, en el plano internacional, en la preparación e intercambio de material educativo y material a sensibilizar sobre el cambio climático.

Si bien fue a principios de los noventa, cuando se asumió este compromiso por parte de la comunidad internacional, existen varios antecedentes de acciones a favor de la implementación de la educación ambiental, como la recomendación 96 de la “Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia en junio de 1972, se acuerda desarrollar un programa educativo sobre cuestiones ambientales a nivel mundial, razón por la cual en 1975 la UNESCO en cooperación con el PUNMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), crearon el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), el cual estuvo en marcha por aproximadamente veinte años, dejando de operar en 1995 cuando el PNUMA, suspendió su contribución al Programa.5

En octubre de 1977, tuvo lugar la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental de Tbilisi, (URSS) convocada por la UNESCO en colaboración con el PUNMA, en la cual se expresó “la profunda preocupación producida por los problemas cada vez más graves que afectan al medio ambiente”.6

Previo a la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi, existe un documento denominado Carta de Belgrado de 1975, el cual establece objetivos específicos de la Educación ambiental, principales destinatarios, y las directrices básicas para los programas. Si bien generaliza, a toda la población, como destinatarios principales, hace una división en dos categorías, el sector de educación formal comprendido por alumnos de educación inicial, básica, media superior y superior, profesores, y profesionales en formación y/o actualización; y el sector de educación no formal, la demás población disponga de poder en las aéreas ambientales o no.7

La Carta, de igual forma reconoce 6 objetivos específico, con los que se busca ayudar a las personas y a los grupos sociales a:

Adquirir mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas.

Alcancen una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.

Desarrollar valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.

Obtener las aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales.

Evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos.

Desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.

Así mismo, contempla 8 directrices para la educación ambiental, expresando que debe:

Considerar al ambiente en su totalidad - natural y creado por el hombre, ecológico, económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético.

Ser un proceso continuo, permanente, tanto dentro de las instituciones educativas como fuera de estas.

Adoptar un método interdisciplinario.

Enfatizar la participación activa, de la sociedad, en la prevención y solución de los problemas ambientales.

Examinar las principales cuestiones ambientales en una perspectiva mundial, considerando, al mismo tiempo, las características individuales de cada región.

Tener base en las condiciones ambientales actuales y futuras.

Analizar todo el desarrollo y crecimiento desde el punto de vista ambiental.

Promover el valor y la necesidad de la cooperación, en todos los niveles, local, nacional e internacional, en la solución de los problemas ambientales.

Estos objetivos y directrices son de gran utilidad para generar planes o programas de educación ambiental, tanto formales como no formales. En el caso del sector de educación formal, y de acuerdo con el Ministerio del ambiente peruano, el nivel de educación inicial es idóneo para empezar a generar conciencia ambiental, y formar a la población para que respete, cuide, valore y preserve el medio ambiente; ya que en esta etapa, los niños y las niñas, se caracterizan aprender por sus sentidos, tocando, probando, oliendo, escuchando, experimentado y explorando por su cuenta. Esta forma de aprender debe ser aprovechada la para comenzar a formar a los menores con hábitos y costumbres con respecto al cuidado y protección del medio ambiente, generando así que adquieran una conciencia ambiental, que conviertan en su estilo de vida, y con la conciencia de que todos y todas somos responsables de el medio ambiente.8

En México, los contenidos de la educación están determinados por la Secretaria de Educación Pública, según lo establecido por los artículos 47 y 48 de la Ley General de Educación. La Educación Ambiental, de hecho, es incluida dentro de los planes de estudios del nivel básico, dentro de los rubros de la “Exploración de la naturaleza y la sociedad” y “Ciencias Naturales”,9 en el caso de los planes y programas de estudio relativos a la educación inicial, es contemplada dentro del rubro “Exploración y conocimiento del mundo”.10

Pero si bien, como se menciona en el párrafo anterior, la educación ambiental es tomada en cuanta en los planes de estudio, en nuestro país siguen persistiendo problemas ambientales, muestra de ello es la presencia de fenómenos inusuales como el tornado en Coahuila, en mayo de 2015,11 la tormenta tropical Manuel12 y el Huracán Ingrid en 2013,13 y las declaraciones de contingencia ambiental.

Aunado a lo anterior, la próxima presentación de los nuevos planes y programas de estudio anunciados por el Secretario de Educación, que serán aplicados paulatinamente en los ciclos escolares, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, en los cuales se podría buscar reforzar los contenidos en educación ambiental.14

Es por todo lo anteriormente expuesto que, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la presente la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de manera respetuosa, exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir y reforzar los contenidos en materia de educación ambiental, en los nuevos planes y programas de estudio de educación básica e inicial.

Notas

1 SEMARNAT. «Cambio climático. Impactos, causas y opciones.» SEMARNAT. 2012. http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/educacionambi ental/publicaciones/expo_cambio_climatico.pdf (último acceso: abril de 2016).

2 NACIONES UNIDAS. «CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO.» UNFCCC. 1992.

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf (último acceso: abril de 2016).

3 SEMARNAT. «Cambio climático. Impactos, causas y opciones.» SEMARNAT. 2012. http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/educacionambi ental/publicaciones/expo_cambio_climatico.pdf (último acceso: abril de 2016).

4 Ibidem.

5 González Gaudiano, Edgar, y Miguel Ángel Arias Ortega. «LA EDUCACIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONALIZADA:ACTOS FALLIDOS Y HORIZONTES DE POSIBILIDAD1.» Academía Nacional de Educación Ambiental. 2009.

http://www.anea.org.mx/docs/Arias-ActosFallidosHorizonte s-EA.pdf (último acceso: abril de 2016).

6 UNESCO; PNUMA. «Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental. Informe Final.» UNESCO. Database. 1977. http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf (último acceso: abril de 2016).

7 SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL . «La Carta de Belgrado. Una Estructura Global para la Educación Ambiental.» UNESCO. Database. 19975. http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000177/017772sb.pdf (último acceso: abril de 2016).

8 MINAM. «Inicial.» Curso Virtual Ecolegios. http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modul o2/1Inicial/m2_inicial/index.html (último acceso: abril de 2016).

9 SEP. Programas de estudio.Educación Básica. 2011.

http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/index.php/prog-pri maria (último acceso: abril de 2016).

10 SEP. «Programa de Estudios 2011. Guía para la Educadora. Educación Básica preescolar.» Secretaria de Educación Pública. 2011. http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/Preescol ar2011.pdf (último acceso: abril de 2016).

11 Gudiño, Alma. Tornado deja 13 muertos en Acuña; autoridad local dice que está rebasada. mayo de 2015. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/26/1025919 (último acceso: abril de 2016).

12 Bravo Lujano, Cirilo. «Reseña del huracán “Manuel” del Océano Pacífico.» CONAGUA. 2013. http://smn.conagua.gob.mx/ciclones/tempo2013/pacifico/Manuel-p013.pdf (último acceso: abril de 2016).

13 González Villarreal, Fernando, Malinali Dominguez Mares, y Jorge Arriaga Medina. «Impactos del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel” en territorio mexicano.» Red de Agua UNAM. octubre de 2013.

http://www.agua.unam.mx/boletines/pdfs/ingridmanuel_oct1 3.pdf (último acceso: abril de 2016).

14 SEP. Conferencia de prensa del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, con los reporteros de la fuente educativa. enero de 2016. http://www.gob.mx/sep/prensa/conferencia-de-prensa-del-secretario-de-ed ucacion-publica-aurelio-nuno-mayer-con-los-reporteros-de-la-fuente-educ ativa (último acceso: abril de 2016).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

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Palacio Legislativo de San Lázaro, a miércoles, 06 de abril de 2016.

Diputado Matías Nazario Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, en materia de especificaciones sobre leche, fórmulas lácteas, publicidad y consumo informado, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Exaltación González Ceceña, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo en materia de las NOM sobre leche y fórmulas lácteas, publicidad y consumo informado, a tenor de los siguientes

Considerandos

El producto que se obtiene de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas, es el que conocemos como “leche de vaca”, el Codex Stan 206. Norma general del Codex para el uso de términos lecheros. Codex Stan 206-1999 1, define a la leche en el siguiente término: “2.1. Leche es la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida mediante uno o más ordeños sin ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración ulterior.”. Es de los pocos alimentos que puede ser considerado equilibrado y de gran valor nutritivo, además la población lo considera como un aliento necesario, de consumo diario, por ello resulta ser un alimento imperioso, de carácter estratégico para el consumo humano.

“Se prevé que la notable expansión actual de la demanda de productos pecuarios para el consumo humano tendrá importantes consecuencias tecnológicas y estructurales para el sector ganadero. Será necesario aumentar considerablemente la productividad de la ganadería en los países en desarrollo para poder satisfacer la demanda de los consumidores, utilizar más eficazmente unos recursos escasos y generar ingresos para una población agrícola en aumento.”1

La leche como producto alimenticio, contiene una variedad de nutrientes como: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, lo cual favorece beneficia grandemente a quienes la consumen, principalmente a los niños mexicanos, ya que su consumo los previene de padecer anemia, y favorece su desarrollo y crecimiento (incremento de estatura y masa corporal). La leche y sus derivados son una buena fuente de calcio, lo cual permite que los niños se desarrollen sanamente, además su consumo diario contribuye a mantener en buen estado los huesos y dientes, por lo que disminuye el riesgo de tener osteoporosis en la edad adulta.

“La leche, tal como sale de la vaca, es un alimento compuesto principalmente de agua (entre 85 y 89%) y sólidos como la grasa, proteínas, lactosa y minerales (calcio, fósforo, zinc y magnesio, entre otros). Contiene también vitaminas A, D (protege a los adultos de padecer cáncer de colon) y del grupo B, especialmente B2, B1, B6 y B12.”,2 por ello resulta ser un alimento completo que contiene grasa butírica (al cual es propia de la leche) y sólidos no grasos que deben ser al menos 83 gramos por litro.

La leche contiene minerales como el calcio, potasio y magnesio, los cuales favorecen el control de la presión arterial, su lactosa ayuda a los microorganismos benéficos que residen en el intestino, y en su caso el yogur acrecienta su incremento. El ácido graso que contiene favorece la prevención de enfermedades cardiovasculares, en su caso la grasa butírica posee antioxidantes que evitan el daño producido por los radicales libres, que a nivel celular son anticancerígenos; favorece la reducción de lesiones arterioescleróticas, poseen propiedades anti-inflamatorias y ayuda al mejoramiento del metabolismo hepático de lípidos, y mejora el incremento de masa magra. Por ello es indispensable su consumo diario en la dieta de todos los niños, especialmente en edad temprana, aunque también los beneficios de este alimento se ven reflejados en personas adultas (contribuye al cuidado de los grupos más vulnerables de la población mexicana).

El consumo diario de la leche y sus derivados ahora se vuelve necesario para mantener un estado de salud óptimo, para que todas las personas puedan desarrollar sus actividades diarias de manera normal. Pero particularmente es más importante cuando el producto es usado como alimento para infantes.

“Actualmente la mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los países industrializados, como consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor consumo per cápita, el mayor ritmo de crecimiento de la población en los países en desarrollo ha contribuido a que la participación de estos últimos se haya incrementado en las últimas décadas.”3

En la actualidad debido a la apertura comercial y desregulación gubernamental, México es uno de los mayores importadores de leche en el mundo. Su consumo y el de sus derivados repercute en el poder adquisitivo de los sectores populares, es decir que para acceder a los productos más caros y de mejor calidad implica un desembolso mayor del ingreso familiar, por ello a gran parte de la población se les facilita el consumo de aquellos productos que son similares a los elaborados con leche, los cuales son “substitutos” de esta, y se considera que tienen algunas “propiedades parecidas”.

“De un tiempo para acá, en los anaqueles del supermercado, los consumidores encontramos, situados junto a la leche, productos que parecen serlo pero no lo son. Se trata en realidad de fórmulas lácteas y productos lácteos combinados...”4 que en realidad resultan ser muy distintos en cuanto a su valor nutricional, y al analizar los datos obtenidos por el análisis de su contenido descubrimos lo que esconden: esos productos no poseen la misma calidad nutritiva que los “derivados de la leche”, resulta ser que su contenido nutrimental es casi nulo.

Comercialmente existen diferentes marcas de “fórmulas lácteas” que utilizan engañosamente la palabra “leche” aunque no lo sean, mediante la publicidad engañosa usan imágenes para insinuar que si son leche; pero además dichos productos son ubicados en los mismos anaqueles y refrigeradores de las tiendas donde se comercializan, junto con los productos que sí son leche, lo cual inevitablemente propicia que los consumidores se confundan.

Muchas de las fórmulas lácteas no contienen siquiera el mínimo de proteína necesaria para ser consideradas “fórmula láctea”, por ello resultan ser productos engañosos para el consumidor desde que incluyen en sus etiquetas la denominación “leche”, o recurren a imágenes o símbolos para sugerir que se trata de leche a sabiendas de sus fabricantes que no lo es.

En el mes de junio del 2008 la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) efectuó un “Operativo Especial Nacional de Verificación y Vigilancia de Leches y Sucedáneos 2008” con la finalidad de verificar el cumplimiento de la “NOM 155 SCFI 2003” en cuanto a diversas variedades de leche y “sustitutos de esta”, y detectar inconsistencias en su cumplimiento (uso de las marcas, acatamiento del etiquetado, reconocimiento de ingredientes e información nutrimental). El resultado fue que se detectaron variaciones en la composición de los productos exhibidos para su venta como derivados de la “leche” o “compuestos de la leche” (compuestos básicamente de grasas vegetales, almidones, saborizantes y colorantes artificiales, y otros ingredientes), lo cual resulta ser un engaño a sus consumidores.

Los productos simulados han provocado de manera engañosa entre los consumidores que estos consideren de igual manera el consumo de productos lácteos y de “fórmulas lácteas y productos lácteos combinados”, ello ha desplazado el consumo del producto natural y en consecuencia la falta de la ingesta necesaria para mantener una salud optima a todos sus consumidores.

Las “fórmulas lácteas” en cuanto a su elaboración resultan ser más baratas para el fabricante, por lo común se producen a partir de componentes de la leche pero sin el valor total de proteínas que la caracterizan, en consecuencia son menos nutritivos, las fórmulas lácteas si acaso puede tener 22 gramos por litro de proteína de la leche, pero 15.4 de estos corresponden a caseína (proteína exclusiva de la leche, la cual le da su alto valor nutricional; es decir que el contenido de proteínas sirve como parámetro para determinar si un producto es leche o no). “Sin embargo, cuando en este proceso se disminuye la cantidad de proteína de la leche, el producto ya no puede seguir denominándose leche, sino fórmula láctea o producto lácteo combinado...” 5

En su caso, los “productos lácteos combinados” alcanza a tener un contenido proteínico de 15 gramos por litro de proteína propia de la leche, de los que 10.5 únicamente corresponden a caseína. “La diferencia entre las fórmulas lácteas y los productos lácteos combinados, con respecto de la leche, son las proteínas. No todo lo que parece leche, lo es.”,6 en cambio la leche, comercialmente para su venta debe contener un mínimo de 30 gramos por litro de las proteínas que le son propias, y de estos al menos 21 deben ser de caseína.

En aquellos casos en que “...la lactancia materna no es posible o debe ser complementada, los pediatras recomiendan el uso de las fórmulas para lactantes (niños menores de 12 meses de edad)...”7

Frente a las inconsistencias engañosas por parte de los fabricantes de “fórmulas lácteas”, es necesario que sean desenmascarados, y que se resuelva esta situación desfavorable para los consumidores con la finalidad de garantizar un consumo y elección informados. Se requiere sea regulado lo referente a la distinción de la leche, de los productos que dicen ser lácteos pero que no lo son, pero que se presentan como si lo fueran (“fórmulas lácteas”); que se obligue a los fabricantes a manifestar de manera indubitable y expresa que su producto no contiene leche; además que se coloquen en anaqueles y refrigeradores diferentes a los productos derivados de la leche; precisando en sus etiquetas y en los anaqueles y refrigeradores donde se contienen para su venta, si se trata de leche o de fórmulas lácteas o productos lácteos combinados.

Es necesario reconocer que la mayoría de los consumidores desconocen la diferencia entre las llamadas “fórmulas lácteas”, “los productos lácteos combinados” y la “leche”, aunque existan diferencias esenciales entre estos productos. Ante esto, es necesario se renueven las NOM oficiales en materia de leche para que se incluya la diferencia existente entre “leche”, “formula láctea”, y “productos lácteos combinados” en el etiquetado, y además que estas queden separadas en los estantes y refrigeradores.

Ahora bien, se encontró que se cuenta con una NORMA oficial Mexicana NOM-155SCFI-2012, Leche-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba. DOF: 03/05/2012 la cual clasifica los aspectos de leche fresca respecto a las leches hidratadas, además de establecer especificaciones claras en materia de información comercial a las que están obligados las diversas marcas de leche de establecer en sus productos.

Asimismo, esta NOM de 2012 dice que se actualizara la NOM-155-SCFI-2003, Leche, formula láctea y producto lácteo combinado-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba publicada en el DOF el 12 de septiembre de 2003; sin embargo a la fecha no se encontró con ninguna actualización al respecto, siendo que la Ley Federal de Metrología y Normalización establece que las NOM deben actualizarse cada cinco años.

Por ello mediante esta proposición con

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que la Secretaria de Salud y la Secretaría de Economía, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor:

Primero. Aseguren la calidad y confianza en los productos que los compradores consumen; garantizando que la publicidad de la leche, productos lácteos combinados, y fórmulas lácteas sea clara en su información nutrimental, evitando la publicidad engañosa, para que el consumidor tome decisiones de manera responsable e informada sobre lo que consume.

Segundo. Regulen que los productos lácteos combinados y fórmulas lácteas estén separados en los refrigeradores y anaqueles de la leche, indicando claramente en sus etiquetas que no son leche, a fin de mejorar la salud pública sobre todo la de los niños.

Tercero. Actualicen la NOM-155-SCFI-2003, Leche, formula láctea y producto lácteo combinado, denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba publicada en el DOF el 12 de septiembre de 2003, para quedar establecida la diferencia entre leche, formula láctea y productos lácteos combinados en su etiquetado, evitando así el uso indiscriminado de la palabra leche.

Notas

1 “Análisis del sector lácteo en México”, Dirección General de Industrias Básicas, de la Secretaría de Economía, marzo, 2012, pág. 11.

2 “No todo lo que parece leche lo es”, “Leche, fórmulas lácteas y productos lácteos combinados”, en “El Laboratorio Profeco reporta”, Revista, Diciembre, 2004, pág. 2.

3 “Análisis del sector lácteo en México”, Dirección General de Industrias Básicas, de la Secretaría de Economía, marzo, 2012, pág. 4.

4 “No todo lo que parece leche lo es”, “Leche, fórmulas lácteas y productos lácteos combinados”, en “Laboratorio Profeco reporta”, Revista, Diciembre, 2004, pág. 1.

5 “No todo lo que parece leche lo es”, “Leche, fórmulas lácteas y productos lácteos combinados”, en “El Laboratorio Profeco reporta”, Revista, Diciembre, 2004, pág. 2.

6 “No todo lo que parece leche lo es”, “Leche, fórmulas lácteas y productos lácteos combinados”, en “El Laboratorio Profeco reporta”, Revista, Diciembre, 2004, pág. 11.

7 “Fórmulas para lactantes”, en “El Laboratorio Profeco reporta”, Revista, Mayo, 2005, pág. 23.

Ciudad de México, 12 de abril de 2016.

Diputado Exaltación González Ceceña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de realizar una sesión ordinaria con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Francisco Martínez Neri, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo a efecto de abrir la tribuna de la Cámara de Diputados a un representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado enero del presente año, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, entregaron cartas dirigidas a la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la comisión especial que da seguimiento a las investigaciones sobre este caso, a efecto de presentarse ante el pleno de la Cámara de Diputados, para exponer sus demandas.

Después de un año y siete meses de la desaparecieron de estos 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, han ocurrido distintos y penosos acontecimientos que no han logrado llegar al objetivo principal, que es dar con el paradero de los jóvenes.

¿Qué ha sucedido el transcurso de más de un año y medio? La Procuraduría General de la República toma la investigación y enviar a un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público Federal, dando como primer resultado la detención de presuntos miembros de la organización delictiva Guerreros Unidos y que a su vez el entonces procurador Jesús Murillo Karam señala contar con una confesión de los inculpados donde refieren haber participado en la desaparición de los jóvenes y ser responsables de haberlos quemado en el basurero de Cocula.

Los familiares de los desaparecidos se han reunido en conjunto con los titulares de la Procuraduría General de la Republica y con el secretario de Gobernación

El presidente Enrique Peña Nieto prometió acuerdos a los padres de los desaparecidos, entre ellos el de fortalecer los esfuerzos de búsqueda, medidas que los propios familiares señalan “no son suficientes”.

Aun así, los padres de dos normalistas recurrieron a la Organización de las Naciones Unidas esperando contar con apoyo, posteriormente, un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llegan a México para comenzar su estudio sobre la desaparición de los 43 estudiantes, dando como primer avance que estos hechos se trata de una desaparición forzada.

Esto, entre muchos más eventos que no han dado una respuesta cabal por parte del gobierno mexicano, los padres de los normalistas han tocado todas las puertas, como Amnistía Internacional, y como no hacerlo, si del Estado mexicano solo han recibido una “verdad histórica”, verdad, que el grupo de investigadores a “tirado” varias veces.

Por si fuera poco, en el próximo mes de abril se termina el periodo del grupo interdisciplinario de expertos independientes para seguir investigando el paradero de los estudiantes desaparecidos, esto, ha dado lugar a la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quien sostiene que dicho periodo de investigación no será prorrogado.

Por lo narrado, la Cámara de Diputados debe solidarizarse con la realidad de los padres, que desde el primer día de la desaparición de sus hijos no han hecho más que tocar puertas para ser escuchados. El lamentable hecho de la desaparición de los normalistas es un despreciable acontecimiento que nacional como internacionalmente ha sacudido a la humanidad, diversas voces se han manifestado por el poco interés que observan en las autoridades mexicanas para dar respuestas a este penoso delito.

Que un representante de los padres de los normalistas utilice la tribuna de esta soberanía, constitucionalmente es procedente, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 77 de la Carta Magna, donde faculta a cada Cámara para “dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior”.

Por si fuera poco, traemos al presente el antecedente del 22 de marzo de 2001, donde la Junta de Coordinación Política en la LVIII Legislatura a propuesta de los diputados Luis Miguel Barbosa Huerta y Auldárico Hernández Gerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática aprobó un punto de acuerdo por el que se le daba acceso al recinto de la Cámara a representantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y permitir que sus planteamientos fueran escuchados por los legisladores, es decir, abrir el recinto parlamentario en forma excepcional pese a no ser legisladores o funcionarios autorizados por la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto, por considerar que había razones suficientes para admitir la presencia de los integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, en este sentido, y con la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados el 28 de marzo de 2001, le fue concedido el uso de la palabra a la delegada comandante Esther, hasta por 25 minutos en la tribuna de está soberanía, donde podemos destacar:

...

Sabemos que nuestra presencia en esta tribuna provocó agrias discusiones y enfrentamientos. Hubo quienes apostaron a que usaríamos esta oportunidad para insultar o cobrar cuentas pendientes y que todo era parte de una estrategia para ganar popularidad pública. ¡Quienes así pensaron no están presentes!

Pero hubo quienes apostaron y confiaron en nuestra palabra. Esos nos abrieron esta puerta de diálogo y son los que están presentes.

Nosotros somos zapatistas, no traicionaremos la confianza y fe que muchos en este parlamento y en el pueblo de México pusieron en nuestra palabra. Quienes apostaron a prestar oído atento a nuestra palabra respetuosa ganaron. Quienes apostaron a cerrar las puertas al diálogo porque temían una confrontación perdieron; porque los zapatistas traemos palabra de verdad y respeto.

...

Mi voz no faltó al respeto a nadie, pero tampoco vino a pedir limosna.

Mi voz vino a pedir justicia, libertad y democracia para los pueblos indios. Mi voz demandó y demanda reconocimiento constitucional de nuestros derechos y nuestra cultura.

...

Como podemos observar, existen todos los elementos para que esta Cámara de Diputados escuche la petición de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa en la más alta tribuna, no podemos segarnos a la realidad que viven estos mexicanos y que internacionalmente es y ha sido cuestionado por los nulos resultados que ha dado el gobierno mexicano.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados acuerda celebrar sesión ordinaria en el salón de Sesiones de esta Soberanía, a efecto de escuchar a un representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa.

Segundo. El formato de la reunión será definida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de la zona metropolitana del valle de México a resolver la problemática del transporte público, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Hace unos cuantos días la Ciudad de México y zona metropolitana presentó en su aire altos niveles de contaminantes nocivos para la salud, en particular de ozono, por lo cual se declaró la contingencia ambiental en la zona metropolitana del valle de México, ZMVM, con la consecuente prohibición para la circulación de miles de automóviles.

De esta contingencia ambiental que tuvo una duración de cuatro días se ha querido culpar al clima, al cambio climático, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al nuevo Reglamento de Tránsito. Incluso, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del estado de México se acusaron mutuamente de propiciar esta situación, siendo que desde nuestro punto de vista, ambos tienen mucho que ver en la problemática ambiental y su solución, incluido el problema de la contingencia ambiental.

Una de las consecuencias inmediatas que ha tenido esta contingencia ambiental se presenta en la modificación del programa “Hoy no Circula”, el cual se implementará para el periodo del 5 de abril al 30 de junio del presente año de manera similar a como operaba en sus inicios.

El programa Hoy no Circula se implantó por primera vez a finales de 1989 con un esquema en el que dependiendo del número de terminación de la placa todos los autos dejaban de circular un día de la semana, con lo que poco se logró abatir los índices de contaminación, pero en cambio se disparó el parque vehicular en la ZMVM, pasando de alrededor de dos millones de unidades a poco menos de tres millones.

Si bien es un hecho reconocido que una de las fuentes que arrogan más contaminantes al aire son los vehículos automotores, el que las medidas para prevenir otra contingencia tengan como eje el prohibir la circulación de automóviles particulares es preocupante por dos razones, la primera es el que se incremente a un ritmo mayor al actual la cantidad de automóviles particulares, incluso en los últimos años se ha incrementado en gran medida la cantidad de vehículos que diario circulan en la ZMVM. La segunda es que con esta medida no se ataca el problema de fondo.

Es alarmante ver como se ha incrementado en el parque vehicular en la ZMVM. En 2004 se tenían registrados un total de 3 millones 300 mil unidades, pero, para el 2014 los automotores ya sumaban poco más de 8 millones, lo que representa un incremento de alrededor de 145 por ciento. Este vertiginoso crecimiento equivale a más de tres veces el que se observó en los 10 años previos (1994-2004), que fue de 45.8 por ciento. En promedio a la circulación de las calles y avenidas de la Ciudad de México y de los 18 municipios conurbados del estado de México que conforman la megalópolis se sumaron cada año 473 mil vehículos, es decir, mil 295 unidades diarias, o 54 cada hora.

En el estado de México se registraron 60 por ciento de los automóviles que se sumaron a la circulación de la zona metropolitana del valle de México en la última década, reflejo de la explosiva motorización en los 18 municipios conurbados de dicha entidad, en donde el parque vehicular se incrementó 337 por ciento, contra una expansión de 83 por ciento observada en la Ciudad de México.

Cabría la pregunta, ¿por qué se ha incrementado de tal manera la cantidad de vehículos privados en la Ciudad de México y en el estado de México?, ¿será que ahora es más fácil adquirir un automóvil a crédito?

Preguntas como las anteriores llevan a tocar el tema del transporte público en la ZMVM, sobre todo en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del estado de México. Si bien la reformulación del programa Hoy no Circula posiblemente desde el punto de vista técnico sea necesaria, al final de cuentas, esta medida pasa la “factura” del deficiente actuar de las autoridades capitalinas y las del estado de México en cuanto a las políticas públicas referentes a la movilidad urbana y otros temas que repercuten en la calidad del aire de la ZMVM.

En las últimas administraciones de la Ciudad de México ha sido poco lo que se ha hecho por mejorar la vialidad, que si bien no es el punto nodal para solucionar el problema de la contaminación atmosférica, si es un área que podría ayudar en este problema, sobre todo si esta se orientara a la mejora en la circulación del transporte público o cuando menos, en vialidad que estuviera al alcance de todos los automovilistas.

Si vemos las últimas obras importantes para mejorar la circulación fueron la construcción de segundos pisos en el periférico, pero, nuestra ciudad que en sus buenos momentos fue la “Ciudad de la Esperanza” con obras viales para el uso de todos, pasó a ser la “Capital en Movimiento”, pero movimiento para unos cuantos automovilistas que pueden pagar el peaje de una vialidad privatizada, se comienza a tener una visión de la ciudad como una urbe amigable para las clases económicamente favorecidas y más agresiva para las clases menos acaudaladas.

Si bien, la construcción de obra que mejore el traslado en automóvil es un arma de dos filos, ya que propicia el uso del vehículo particular, el que se tengan estas obras combinadas con una notable mejora en el transporte público puede ser buena parte de la solución a la contaminación de nuestra capital.

En cuanto al transporte público, su mejora es indispensable para desincentivar el uso del automóvil, con lo que se reducirían las posibilidades de que se presenten las contingencias ambientales. Restricciones que hagan más estricto el programa Hoy no Circula pero que no cuentan con esta mejora en el transporte público fomentarán el que haya más autos particulares en la ZMVM, o bien, propiciarán que sólo las clases más adineradas puedan trasladarse de forma decorosa.

En cambio, el transporte público que actualmente tiene la ZMVM es por mucho deficiente, siendo un tema poco o, en el mejor de los casos, mal atendido por parte de las últimas autoridades de la mega urbe, tanto de la capital como del estado de México.

Por ejemplo, ante las restricciones presupuestales que sufriera la administración capitalina de principios del presente siglo se trató de mejorar el transporte público con la implementación del Metrobús, lo cual en su momento fue una buena opción, pero, al ir creciendo la demanda sin que las siguientes administraciones tomaran medidas oportunas para que el servicio continuara siendo aceptable, se llegó al punto actual, en el cual en algunas líneas y a determinadas horas es prácticamente imposible subirse a este transporte, o en el mejor de los casos el usuario va en condiciones de hacinamiento, soportando un trato indigno.

El Sistema de Trasporte Colectivo Metropolitano (Metro), orgullo de esta capital, desde la pasada administración fue víctima de la desatención por parte del gobierno de la Ciudad de México, vagones descompuestos que no eran reparados y simplemente dejaban de dar servicio, escaso mantenimiento en estaciones y vías, fueron la tónica con la consecuente afectación al servicio que se da al usuario, y si bien por primera vez en décadas se tuvieron los recursos para construir una nueva línea, los resultados han sido desalentadores, desde el trazo con transbordos larguísimos en donde el usuario tiene que caminar más de un kilómetro para cambiar de línea, hasta condiciones mecánicas y de obra civil que propiciaron el que a unos cuantos meses de que se inaugurará, se tuviera que cerrar buena parte de las estaciones para hacer reparaciones mayores.

Hoy en día el Metro presta un servicio deficiente, con espera de varios minutos o continúas suspensiones temporales en el servicio, que crean retrasos y molestias al usuario. Se suele argumentar que el servicio es malo porque es barato, porque la cantidad de usuarios ha ido aumentando, por las horas pico, por el clima lluvioso y por otras muchas “razones”, pero la realidad es que el servicio ha ido empeorando y aun cuando se argumenta que el aumento de 3 a 5 pesos iba a ser para la compra y mantenimiento de trenes, así como para la remodelación de instalaciones ha repercutido en escasas mejorías.

Otros medios de transporte público, menos contaminantes, como el trolebús y el tren ligero, han sido relegados para ceder su lugar a los transportes más contaminantes, como los microbuses y combis. La red de trolebuses por las avenidas en que transita presta un servicio menos malo que el prestado por los microbuses, pero, se restringe a solo 8 Líneas y 290 unidades.

En cuanto al tren ligero, éste forma parte de la red del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, prestado un servicio a la población de las Delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, a través de 16 estaciones y 2 terminales, mediante 20 trenes. Este servicio une Xochimilco con Taxqueña y podría ser una buena opción para que la población de esta zona accediera al metro, sustituyendo a un buen número de microbuses que cubren la ruta por calzada de Tlalpan e incluso por Canal de Miramontes, pero, los 20 trenes son a todas luces insuficientes en las horas pico, cuando las personas van a su trabajo o la escuela, por lo cual la mayoría de la gente prefiere los destartalados microbuses.

Buena parte de la problemática del transporte público en la Ciudad de México se debe a la concesión del servicio a microbuses en los que se realizan aproximadamente 50 por ciento de todos los viajes realizados en esta urbe.

El que en una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo se empleé para el transporte público pequeñas unidades que originalmente fueron diseñadas para la carga de mercancías y posteriormente modificadas para el traslado de unos cuantos pasajeros, es cuando menos cuestionable, más aun cuando vemos que fueron las mismas autoridades capitalinas y de las zonas conurbadas del D.F. las que lo permitieron y fomentaron que la base para la movilidad fueran estas inadecuadas unidades.

Todo los que hemos hecho uso de este servicio somos testigos del estado de las unidades que por lo general cuentan con más de diez años de servicio, y que tienen interiores en donde cada concesionario a su entender determina el grosor, espaciamiento, materiales y demás características de los asientos que por lo general se encuentran en condiciones deplorables.

En cuanto a cómo se planifico su operación en conjunto, los microbuses no funcionan como una red de transportes ya que cada ruta es independiente de la otra. Además, cada una se encuentra compuesta por un grupo de concesionarios individuales y cada uno de ellos actúa como una pequeña empresa constituida por hombres-camión o personas dueñas de varios microbuses, además, la manera en que se organizan se define al interior de cada ruta.

El resultado de lo anterior es una estructura de trabajo y servicio que genera un incentivo perverso hacia el mal servicio. En otras palabras, los microbuseros compiten al interior de la ruta y con otras rutas por el pasaje para asegurar su ganancia, lo que crea comportamientos peligrosos y distantes de un servicio de calidad, realizan paradas para ascenso y descenso de manera continua y aleatoria, viajan lentamente para captar el mayor pasaje posible; realizan carreras por el pasaje cuando otro microbús aparece, se mantienen en las bases hasta que el transporte se encuentra saturado para maximizar su beneficio sin importar cuantos microbuses se encuentren en fila, dejan de circular muchas unidades en horas o días con poco pasaje, duplican rutas de otros medios de transporte públicos para ganarles pasaje, entre otros comportamientos, que en ocasiones y por desgracia han resultan fatales.

El pésimo servicio que ofrecen los microbuses concesionados y el estado de sus unidades no es reciente y es el resultado de la displicencia con que tradicionalmente han actuado las autoridades. De entrada, ya en 2008 94 por ciento de las concesiones de rutas estaban vencidas y las unidades sobrepasaban los 10 años de antigüedad, por lo que desde entonces no deberían de haber prestado el servicio. Además cabe señalar que esta norma de los 10 años continua vigente, en el primer párrafo del artículo 97 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal (LMDF), a la letra se señala:

Artículo 97. Las unidades destinadas al servicio de transporte público de pasajeros y de carga que circulan en vías de tránsito vehicular en el Distrito Federal, con aprobación de la Secretaría1, deberán ser sustituidas cada diez años, tomando como referencia la fecha de su fabricación.”

También desde hace varios años y hasta la fecha los microbuses deberían de pasar una “revista” anual, en la cual supuestamente la autoridad debe de comprobar el estado de las unidades, a decir de la fracción LXXI del artículo 7, de la LMDF, la revista vehicular es “... la revisión documental y la inspección física y mecánica de las unidades, equipamiento auxiliar de las unidades de transporte de pasajeros y carga, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad, equipo, aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio;”. Revista vehicular que por efectos del artículo 118 de la mima misma ley debe ser anual.

Para los que conocemos los microbuses en esta ciudad capital nos queda claro que la revista no se cumple, y es por medio de la corrupción que siguen operando la mayoría de las unidades que prestan el servicio.

Se suele señalar que el pésimo servicio y el estado de las unidades es debido a lo bajo de las tarifas que se cobran, pero, el que no se tengan o se respeten paradas establecidas para el ascenso y descenso de pasajeros, el que se les suba o baje en doble fila estorbando a la circulación, el que se hagan paradas antes y después del cruce entre avenidas, el que el conductor espere a su criterio que se junte el pasaje y deje pasar uno o dos cambios de luces (sigas) entorpeciendo la circulación, entre otras situaciones, no es imputable a la tarifa que cobran.

Por otra parte, si es posible brindar un servicio público digno con esta tarifa, como se puede constatar en los camiones para pasaje urbano, concesionados, que funcionan en la ruta que va de Colegio Naval Militar a Tepito, transportes limpios, con asientos cómodos, unidades en buen estado y que por $5.50 prestan este servicio, además, se les ha asignado un carril exclusivo, en parte de su ruta en contrasentido y los operadores respetan las paradas previamente establecidas, por lo que estos peseros hacen su recorrido en un tiempo razonable. Es así como se evidencia que se puede prestar un servicio decente con tarifas de 5.50 pesos, y que el problema que representan actualmente los microbuses es en buena parte por falta de voluntad de la autoridad competente para hacer cumplir la ley y ordenar a estos concesionarios.

Ante la falta de alternativas seguras, fiables y dignas para trasladarse de un sitio a otro de nuestra ciudad, no es de sorprenderse que todo aquel que tiene la posibilidad de comprar un automóvil, aunque este sea “viejo” lo compre y use, pese a los gastos que esto le acarra.

El hacer más rígido el programa Hoy no Circula no es por si sola la solución a mediano y largo plazo, además de que “cobra” a los habitantes de las 16 delegaciones de la capital y a los 18 municipios del estado de México que se ven afectados por la medida la pésima política y planeación en transporte público que por años ha sufrido esta mega urbe. De poco sirve el ofrecimiento de que tren ligero, trolebús y camiones de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, no cobren en el periodo que dure las medidas provisionales al Hoy no Circula, si los usuarios no los pueden utilizar por lo abarrotado de los mismos.

Por otra parte, y como dice el dicho popular, “una vez ahogado el niño se tapa el pozo”. Después de que en varios años no se ha hecho gran cosa por mejorar el transporte público, ahora el pasado primero de abril, el jefe del gobierno de la Ciudad de México pidió a las autoridades federales cinco mil millones de pesos del fondo federal para financiar la renovación del transporte público en la capital del país. Petición a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contestó de forma negativa, bajo el argumento de que en la actual coyuntura macroeconómica no es posible atender la solicitud.

Si bien, creemos que para solucionar la problemática del transporte público en la Ciudad de México y demás poblaciones que conforman la ZMVM es necesario invertir recursos económicos, como ya tratamos de explicar en párrafos anteriores, no toda la solución pasa por los grandes gastos. El jefe del gobierno bien puede comenzar por actuar como autoridad y poner orden en el transporte público, sobre todo en le concesionado que es el que requiere mayor vigilancia.

Además y afortunadamente, este año las finanzas públicas locales han mostrado una mayor recaudación, con lo que el jefe del gobierno capitalino puede disponer sin necesidad del gobierno federal de alrededor de 30 mil millones de pesos para financiar la renovación del transporte público de la Ciudad de México.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al jefe del gobierno de la Ciudad de México, al gobernador del Estado Libre y Soberano de México, a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla, Cuautitlán México, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Chalco, Valle de Chalco, Nicolás Romero, Chicoloapan, Los Reyes, Ixtapaluca y Chimalhuacán, todos del Estado Libre y Soberano de México, a que en el marco de sus atribuciones y facultades se aboque a solucionar la problemática del transporte público, de tal forma que este sea seguro y digno para los usuarios.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al jefe del gobierno de la Ciudad de México a que en el marco de sus atribuciones y facultades se aboque a poner orden en el servicio de transporte público concesionado, se tengan paradas prestablecidas para el ascenso y descenso de pasaje, se evite la subida y bajada de los usuarios en doble fila y se cumplan las leyes y normas que rigen la prestación de este servicio.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al jefe del gobierno de la Ciudad de México a que en el marco de sus atribuciones y facultades emplee los recursos disponibles derivados de la mayor recaudación que este año han mostrado las finanzas públicas locales y que suman alrededor de 30 mil millones de pesos para financiar la renovación del transporte público.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se destinen los recursos económicos en cantidad suficiente para financiar la renovación del transporte público en los 18 municipios del estado de México afectados por el programa Hoy no Circula.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a las autoridades federales y de Morelos a restaurar los recursos naturales afectados por el incendio en el bosque de Tepoztlán, perteneciente al corredor Ajusco-Chichinautzin, y realizar una investigación exhaustiva sobre las causas, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades federales y del estado de Morelos, realizar las acciones necesarias para restaurar los recursos y suelos afectados por el incendio en el bosque de Tepoztlán, perteneciente al corredor Ajusco-Chichinautzin, así como realizar una investigación exhaustiva de las causas que dieron origen al mismo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El fuego es un elemento natural que necesita nuestro ecosistema para la regeneración de bosques y montes, pues aporta estrategias rebrotadoras y de germinación tras su paso. Sin embargo, ha dejado de ser una perturbación natural que modela el paisaje para convertirse en una terrible amenaza que en su mayoría son ocasionados por el ser humano.

Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de éstos incendios y sólo el resto tiene como causa fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes.

El impacto ecológico es muy superior a lo que se ve a simple vista y sobrepasa incluso las áreas afectadas. La destrucción de biodiversidad, el aumento de la desertificación o la disminución de la calidad de las aguas y la atmósfera son algunas de las consecuencias negativas posteriores a un incendio. La recuperación de los bosques afectados, si es que se consigue, puede llevar décadas.

El día 7 de abril del año en curso, se votó en el pleno de esta Cámara de Diputados, el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que tiene como objetivo establecer que no se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y sin que se acredite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que el ecosistema se ha regenerado; esta reforma deberá ser aplicada en las tierras del municipio de Tepoztlán, Morelos, afectadas por un gran incendio forestal sin precedentes desde el día miércoles 6 del mes en curso.

De acuerdo a lo declarado por el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, licenciado Topiltzin Contreras, el incendio en la reserva ecológica de Tepoztlán, que inició el día de ayer, se salió de control por la noche, a pesar que durante 40 horas las brigadas han trabajado en sofocar el fuego, cuyo origen identificaron en una quema agrícola.

Sin embargo, reconoció que durante la noche pudieron controlar tres frentes de incendio que se expandían entre los pueblos de Santo Domingo y San Juan Tlacotenco, pero en la madrugada los vientos de hasta 15 kilómetros por hora complicaron la situación y se volvió a “salir de control”.

Las autoridades ambientales informaron que el fuego brincó las zanjas corta fuego y se volvió a propagar, lo que generó entrar a una nueva fase en su combate que consideró solicitar la ayuda de la Comisión de la Megalópolis.

Además, como medida de seguridad la delegación del Instituto de Antropología e Historia (INAH), cerró hasta nuevo aviso la Zona Arqueológica “El Tepozteco” como medida de seguridad para los visitantes.

De acuerdo con información oficial, se tenía contabilizada una afectación aproximada de 244 hectáreas del incendio de Santo Domingo en Tepoztlán; sin embargo, los comuneros consideran que se ha quemado el 20 por ciento de la reserva del Tepozteco, mismo que tiene una extensión de 23 mil 800 hectáreas.

La falta de prevención es un problema fundamental. Este factor, junto con el abandono rural y otras dificultades estructurales, ha generado un aumento de incendios forestales altamente peligroso, no solo para la biodiversidad, sino también para la seguridad de la población. Además, la mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor y el aumento de las temperaturas contribuyen a una reiteración de incendios forestales.

Por lo anterior, es de suma importancia que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, por ello, propongo a esta Asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, a realizar una investigación exhaustiva para determinar las causas que ocasionaron el incendio en la reserva ecológica de Tepoztlán y promueva ante las instancias correspondientes, las acciones necesarias para sancionar a quien resulte responsable de conformidad con la legislación aplicable.

Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, maestro Guillermo Haro Bélchez, a coadyuvar en la investigación para esclarecer los hechos, actos u omisiones que puedan ser constitutivos de delitos ambientales, en el incendio del bosque de Tepoztlán.

Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con las autoridades municipales, diseñe, ejecute y haga públicas las acciones de prevención y restauración de los recursos y suelos afectados por el incendio en el bosque de Tepoztlán, perteneciente al corredor Ajusco-Chichinautzin.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de abril de 2016.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, la Coordinación para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la Instancia Coordinadora Nacional y las Mesas de Coordinación Estatal a instalar más puntos de acceso a internet de banda ancha gratuito en espacios públicos, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Matías Nazario Morales, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho de acceso a internet o a banda ancha es un derecho fundamental de última generación, es el parteaguas de los llamados “derechos digitales”, es el derecho que posee toda persona a acceder al internet con el fin de ejercer y disfrutar la libertad de expresión y opinión, también como el acceso a fuentes de información y también a la comunicación1 ; como se puede ver este derecho envuelve muchas otras libertades. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce la universalidad de este derecho y también prohíbe la restricción injustificada o la filtración de contenidos.

Alrededor del mundo existen diversos ejemplos de países que han elevado a nivel constitucional el acceso a la banda ancha, como Grecia, o introducirlo a las leyes generales como es el caso de Finlandia, Perú, España, y Estonia o que ya ha sido tomado en cuenta por la jurisprudencia como en Francia y Costa Rica. México no se ha quedado cruzado de manos, sino conforme a los cambios constitucionales en materia de telecomunicaciones en 2013 y a los derechos de acceso a las tecnologías de la información y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha se estipulo que: “La Organización de la Naciones Unidas ha expresado en diversos documentos la relevancia de las tecnologías de la información para nuestra sociedad y la importancia de garantizar que todas las personas tengan acceso a las mismas. Bajo esta concepción, las tecnologías de la información no sólo representan las puertas de acceso al conocimiento, la educación, las ideas, la información o el entretenimiento, sino que también son el punto de partida para la generación del desarrollo económico y social”2 .

México Conectado

México Conectado es un programa del gobierno federal en el que se busca ayudar a garantizar el derecho constitucional3 de acceso al servicio de internet de banda ancha, su objetivo es desplegar redes de telecomunicación que provean conectividad en sitios y espacios públicos tales como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. A través de México Conectado se busca que más estudiantes y maestros tengan mayor acceso a la banda ancha en sus centros de estudio o que los médicos tengan acceso a internet en los hospitales y que los ciudadanos en general cuenten con algún sitio de conectividad, ya sea en una biblioteca o en un parque y así poder disminuir la brecha digital en nuestro país.

Es un proyecto con muchas virtudes como la disminución de la llamada “brecha digital”, con esto se busca que se aumente el número de ciudadanos que tengan acceso a internet de banda ancha y de esta manera puedan ejercer de manera más plena otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la información, a la salud o a la educación. En medida que más escuelas, hospitales, bibliotecas y espacios públicos se podrán dar mejores servicios públicos a los usuarios, con mayor velocidad y a un mayor número de personas. También se tiene que tomar en cuenta que un proyecto de esta índole bajará costos y maximizará activos en telecomunicaciones para generar un solo esquema para ampliar la conectividad.

El proyecto México Conectado es operado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC)4 .

Las instancias participantes del proyecto son:

• La Coordinación para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) será la instancia encargada de la coordinación general y la operación del proyecto.

• La Instancia Coordinadora Nacional (ICN) se encarga de la secretaría técnica de las mesas de coordinación en las entidades federativas y debe recaer en una institución nacional de reconocida trayectoria y experiencia en el desarrollo de proyectos en materia de telecomunicaciones.

• La Instancia Operadora Estatal (IOE) está encargada de apoyar tanto a la ICN como a las dependencias y entidades que participan en la Mesa de Coordinación y Comités del Estado. La IOE será seleccionada por la CSIC de entre instituciones de educación superior o centros de investigación de reconocida trayectoria, preferentemente de la entidad federativa correspondiente.

¿Cómo funciona México Conectado?

México Conectado llevará internet de banda ancha a los sitios y espacios públicos de todo el país. Para ello, en cada estado de la República se sigue un proceso que consiste en cinco fases como se muestra en la imagen 1.

Imagen 1. Cinco fases del Programa México Conectado5 .

El proyecto utiliza dos tipos de tecnologías:

• La tecnología satelital se utiliza para llevar internet a localidades rurales en donde no hay acceso a otras redes de telecomunicaciones. Los sitios y espacios públicos conectados con esta tecnología se encuentran principalmente en comunidades de entre 500 y 2 mil 500 habitantes6 , con niveles de alta o muy alta marginación y en localidades de difícil acceso.

• Las redes terrestres de la SCT utilizan la infraestructura desplegada por los operadores de telecomunicaciones para brindar acceso a internet. Los sitios y espacios públicos conectados a través de estas redes se ubican generalmente en localidades urbanas del país.

Una parte de las redes terrestres del proyecto son de alta capacidad ya que conectan sitios con grandes requerimientos de transferencia de datos. A través de estas redes, las universidades y centros de investigación del país, participan en importantes proyectos científicos y tecnológicos de alcance global.

Según reportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el proyecto México Conectado llevaba instalados 65 mil 145 puntos de acceso a internet de banda ancha gratuita por todo el territorio nacional hasta el 24 de febrero de 20157 , pero siendo que la meta fue de 200 mil se tendría que ver los alcances del mismo programa8 . Según los datos de la Coordinación para la Sociedad de la Información (CSIC) los puntos con acceso a internet de banda ancha gratuito se encuentran distribuidos como se muestra en la imagen 2, donde podemos observar que los espacios públicos casi no han sido tomados en cuenta en este programa.

Imagen 2. Estadística. Puntos de Acceso9 .

En esta preponderancia concordamos que la educación debería de ser la primera beneficiada y la salud de igual manera, pero también consideramos que los espacios públicos son puntos de concordancia e interacción social, pensamos sería sumamente benéfico contar con internet gratuito en parques, plazas y jardines. Brindaría acceso a las tecnologías de la información a un sin número de beneficiarios que no son alcanzados por ninguno de los demás puntos seleccionados, haría los espacios públicos más visitados y eso se prestaría a muchas cosas positivas como actividades deportivas o sociales, creemos que la posibilidad de poder navegar en el internet genera movilidad social y muchos de los grupos que no están siendo tomado en cuenta frecuentan los parques.

Es por todo lo anteriormente expuesto que me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. Por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de manera respetuosa, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Coordinación para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Instancia Coordinadora Nacional y a las mesas de coordinación estatal, a instalar más puntos de acceso a internet de banda ancha gratuito en espacios públicos.

Notas

1 Carbonell, José, y Miguel Carbonell. «El acceso a internet como derecho humano.» En Temas Selectos de Derecho Internacional privado y de derechos humanos , de Juan Vega Gómez, 19-39. México: UNAM, 2014.

2 Fuenmayor, Alejandro. «El derecho de acceso de los ciudadanos a ka información pública.» UNESCO. 2004.

http://portal.unesco.org/es/file_download.php/561ff4bc27 19856c5184270296fc48f5EL+DERECHO+DE+ACCESO+DE+LOS+CIUDADANOS+A+LA+INFOR MACION+PUBLICA.pdf (último acceso: abril de 2016).

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Congreso Constituyente. Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 29 de enero de 2016.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pd f (último acceso: abril de 2016).), artículo 6, tercer párrafo.

4 Coordinación de la Sociedad de la Información. Instancias participantes en el proyecto. enero de 2014.
http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.php?id=168 (último acceso: abril de 2016).

5 Coordinación para la Sociedad de la Información (CISC); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Sitios y espacios públicos conectados. 31 de enero de 2014. http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.php?id=70 (último acceso: 05 de abril de 2016).

6 Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Tecnologías utilizadas para la conectividad. enero de 2014.

http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.php ?id=167 (último acceso: abril de 2016).

7 Coordinación para la Sociedad de la Información (CISC); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Sitios y espacios públicos conectados. 31 de enero de 2014. http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.php?id=70 (último acceso: 05 de abril de 2016).

8 Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Acceso universal a Internet. enero de 2014. http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.php?id=69 (último acceso: abril de 2016).

9 Ibídem. Coordinación para la Sociedad de la Información (CISC); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Sitios y espacios públicos conectados. 31 de enero de 2014. http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.php?id=70 (último acceso: 05 de abril de 2016).

Referencias bibliográficas

Carbonell, José, y Miguel Carbonell. «El acceso a internet como derecho humano.» En Temas Selectos de Derecho Internacional privado y de derechos humanos , de Juan Vega Gómez, 19-39. México: UNAM, 2014.

Congreso Constituyente. Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 29 de enero de 2016.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pd f (último acceso: abril de 2016).

Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CISC); Secretaría de Comuncaciones y Transportes (SCT). Sitios y espacios públicos conectados. 31 de enero de 2014. http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.php?id=70 (último acceso: 05 de abril de 2016).

Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Acceso universal a Internet. enero de 2014. http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.php?id=69 (último acceso: abril de 2016).

Instancias participantes en el proyecto. enero de 2014. http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.php?id=168 (último acceso: abril de 2016).

Tecnologías utilizadas para la conectividad. enero de 2014. http://mexicoconectado.gob.mx/sobre_mexico_conectado.php?id=167 (último acceso: abril de 2016).

Fuenmayor, Alejandro. «El derecho de acceso de los ciudadanos a ka información pública.» UNESCO. 2004.

http://portal.unesco.org/es/file_download.php/561ff4bc27 19856c5184270296fc48f5EL+DERECHO+DE+ACCESO+DE+LOS+CIUDADANOS+A+LA+INFOR MACION+PUBLICA.pdf (último acceso: abril de 2016).

Vega Gómez, Juan. Temas selectos de derecho internacional y derechos humanos. México: UNAM, 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputado Matías Nazario Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la SEP y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a difundir las razones del conflicto magisterial vinculadas a la presunta retención de la nómina de profesores en el estado; y establecer una mesa de conciliación para solucionar el problema, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para que informen puntualmente a la opinión pública las razones del conflicto magisterial vinculadas a la presunta retención de la nómina de seis mil profesores en el estado de Oaxaca. Y Asimismo, se sienten las bases para instalar una mesa de diálogo y conciliación en el que se aborden todos y cada uno de los temas inherentes a dicha problemática.

Consideraciones

Con la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Educativa, se generó un nuevo modelo que hoy en día fortalece las capacidades de gestión, sentando las bases para contribuir a la transformación de la educación en nuestro país e involucra Autoridades Educativas Federales, los Gobiernos estatales, el personal docente, los padres de familia y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.

Precisamente en el marco de la llamada Reforma Educativa, se incrementó de manera significativa el número de escuelas de tiempo completo en aras de contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de educación básica del país, priorizando particularmente aquellos alumnos que radican en zonas de mayor vulnerabilidad.

En el caso del estado de Oaxaca, los docentes precisamente se tienen que desplazar a esas zonas catalogadas como marginadas en donde imparten clases en espacios habilitados como escuelas, o bien en aulas improvisadas. Más allá, de que en repetidas ocasiones pernoctan en los propios salones de clase, independientemente de que tienen que sufragar sus propios gastos en transporte y alimentación. Situación que impacta directamente en su nómina y calidad de vida.

Otro de los aspectos de la Reforma Educativa, es precisamente el pago al personal docente. El Gobierno Federal centralizó el pago de la nómina magisterial, es decir, los emolumentos se generan desde la federación hacia todas las entidades federativas, a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), el cual contiene información sobre el pago de los salarios de los profesores y las plazas federalizadas, mismo que opera desde el año 2014.

Cabe señalar, que en el marco de la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental derivado de la reforma educativa, se estableció la creación del Fondo de Operaciones para la Nómina Magisterial y el Gasto Operativo (FONE), el cual entró en vigor durante el ejercicio fiscal de 2015 y está enmarcado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. El referido Fondo, es un componente a través del cual la Federación, particularmente la Secretaría de H acienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) controlan la nómina magisterial con información que le proporcionan los propios Estados, bajo criterios de fiscalización y transparencia.

Para el presente ejercicio fiscal el FONE tiene un monto aprobado de 343,067,841,371 mdp. Es importante señalar, que su programa denominado: “Servicios Personales” es el que concentra los recursos para el pago de nóminas magisteriales en el país. De igual manera, incluye otros fondos para cubrir gastos de operación y un fondo de compensación relacionados con las atribuciones que de forma expresa se asignan en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación, así como otros de gasto corriente.

Según la SHCP en su estrategia programática vía ramo 33, para el ciclo escolar 2015-2016, se estima atender alrededor de 23.4 millones de niños en educación básica, con el apoyo de 1,049,929 maestros, ubicados en 199,701 escuelas públicas de los tres niveles de educación, estimando para este periodo una mejora en el logro educativo que permita una eficiencia terminal de 98.9% en primaria y de 88.6% en secundaria.1

En el caso del estado de Oaxaca, los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), argumentan que con la aparición del Fondo FONE, tanto la SEP, como el IEEPO en esa entidad han dejado de pagar la nómina magisterial a 375 docentes de nivel Telesecundaria y a otros 5,600 docentes agremiados a la Sección XXII de la CNTE. Asimismo, dichos dirigentes reclaman que cuentan con un contrato colectivo de trabajo y claves presupuestales expedidas por el IEEPO que los legitiman como docentes en activo, no obstante, las autoridades de educación antes mencionadas desconocen alguna relación laboral.

Hoy en día, en esa condición de incertidumbre se encuentran alrededor de seis mil trabajadores de la educación del estado de Oaxaca, que solicitan la liberación de sus salarios retenidos que por más de un año no han recibido. Incluso, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitió el pasado mes de febrero una medida cautelar al IEEPO, para que evite retener los salarios y demás prestaciones de las personas agraviadas, indicando que de no cumplir con tal medida, su actuación estaría vulnerando los derechos humanos de esas personas.2

Más aún, la DDHPO ha señalado que a pesar de que el IEEPO aceptó dicha medida cautelar, hoy en día ha incumplido con lo que el organismo autónomo le solicitó. Lo que les hace incurrir en responsabilidad administrativa y/o penal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.3

Expuesto lo anterior, y en aras de conciliar mediante el entendimiento en donde prevalezca el interés superior de la educación en el estado de Oaxaca, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para que informen puntualmente a la opinión pública las razones del conflicto magisterial vinculadas a la presunta retención de la nómina de seis mil profesores en el estado de Oaxaca. Y Asimismo, se sienten las bases para instalar una mesa de diálogo y conciliación en el que se aborden todos y cada uno de los temas inherentes a dicha problemática.

Bibliografía

1. Secretaria de Hacienda y Crédito Público.- http://www.ppef.hacienda.gob.mx

2. Diario Revolución.- Revolución.mx /p=22042.

3. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.- www.congresooaxaca.gob.mx

Dado en el recinto legislativo de la Cámara de Diputados, 12 de abril de 2016.

Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir por la SCT el desglose del recorte en materia de programas y proyectos de inversión de 2016 en la dependencia, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Francisco Martínez Neri, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 17 de febrero de 2016 el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó un ajuste preventivo al gasto por 132 mil 301.6 millones de pesos.

Dichas reducciones afectarán a los programas de proyectos de inversión (PPI) para 20161 .

Esta disminución en el gasto público afectará 53 programas y proyectos de inversión que representan 2.8 por ciento del monto total de PPI aprobado para 2016 que se ubicó en 466 mil 924.8 millones de pesos.

Del total de ajustes en PPI, 80.7 por ciento corresponde a proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por un monto de 10 mil 677.3 millones de pesos, lo cual representa un impacto sustantivo en los programas de PPI de dicha dependencia.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los criterios de ajuste de gasto en materia de inversión consideraron la rentabilidad y el impacto social de cada uno de los proyectos, sus ritmos de ejecución y que contarán con elementos técnicos jurídicos como el registro en la cartera de inversión que administra la SHCP.

No obstante dichos recortes al gasto público, repercuten de manera negativa en el beneficio de la comunidad ya que el sector de la construcción representa una impacto económico nacional estimado de 6.1 millones de empleos directos y 3 millones de empleos indirectos2 .

Dichos recortes repercutirán no sólo en la generación de empleos por medio del sector de la construcción, también tendrán repercusiones en los demás sectores económicos ligados a dicho sector.

Derivado de los recortes anunciados por la SHCP, la derrama económica y la circulación al ciclo económico de las poblaciones en las cuales se recortará el gasto público en materia de PPI se verán afectadas drásticamente ya que el beneficio económico de dichas obras asignadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2016 se suspenderán con este recorte al gasto afectando a las poblaciones, ya que el beneficio social generado por dichas obras no se verá reflejado en las comunidades, y las carencias en infraestructura seguirán siendo evidentes.

En el cuadro Ajustes 2016 Proyectos y Programas de Inversión emitido por la SHCP3 , en los renglones de Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales, Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, y Programa de Conservación Periódica, no se detallan las entidades federativas afectadas, así como los municipios y proyectos involucrados en dicho recorte. Cabe mencionar que estos tres renglones representan 30 por ciento del recorte a PPI y no están descritos de manera clara. Esto tomando en cuenta que en este mismo documento, de los 53 renglones en los que se anuncia un recorte, en la mayoría se detalla el proyecto afectado, y es por tal motivo que al no mencionar cuáles serán las entidades federativas, ni los municipios así como las obras afectadas por el recorte en los tres renglones anteriormente mencionados, la SCT está generando opacidad en la información ya que se está manejando con discrecionalidad cuáles serán las entidades y los proyectos afectados por dicho recorte.

Por tal motivo se le solicita a la SCT publique a detalle las entidades federativas afectadas por dicho recorte, así como los municipios y proyectos afectados, específicamente en los tres renglones mencionados.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que haga público el desglose al recorte en materia de programas y proyectos de inversión 2016 en dicha dependencia. Dicha publicación deberá incluir de manera detallada:

1) El motivo por el cual 80.7 por ciento de dicho recorte está dirigido a PPI de la SCT.

2) Se informe a detalle los recortes a proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales de la SCT para 2016 así como las entidades, municipios y proyectos afectados.

3) Se informe a detalle los recortes a proyectos de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras de la SCT para 2016 así como las entidades, municipios y proyectos afectados.

4) Se informe a detalle los recortes a los programas de conservación periódica de la SCT para 2016, así como las entidades, municipios y proyectos afectados.

Notas

1. Análisis de los Recursos Federales Identificados para las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

2 Gerencia de Economía y Financiamiento C.M.I.C con datos del Inegi.

3 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Ajuste_Preventivo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales y de la Ciudad de México a introducir reformas en sus normativas en materia civil o familiar para permitir a las personas el acceso al reconocimiento de la identidad de género, a cargo del diputado Sergio René Cancino Barffusón, del Grupo Parlamentario de Morena

Sergio René Cancino Barffusón, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. Que la Organización Panamericana de la Salud define a la identidad sexual como el conjunto de elementos que se refieren, tanto a la orientación sexual, identidad de género, sexo, género, vínculos afectivos, erotismo y actividad sexual.1

Que el sexo2 se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de humanos como hembras y machos.

Que el género3 se refiere a la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. El género, tal como ha existido de manera histórica, transculturalmente, y en las sociedades contemporáneas, refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre el hombre y la mujer.

Que los vínculos afectivos4 se refieren a la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. El vínculo afectivo se establece tanto en el plano personal como en el de la sociedad mediante significados simbólicos y concretos que lo ligan a otros aspectos del ser humano. El amor representa una clase particularmente deseable de vínculo afectivo.

Que el erotismo5 se refiere a la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y, que, por lo general, se identifican con placer sexual. El erotismo se construye tanto a nivel individual como social con significados simbólicos y concretos que lo vinculan a otros aspectos del ser humano.

Segundo. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido que la orientación sexual es un sentimiento de atracción emocional, física y sexual de una persona por otra, es decir es “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”, nos referimos a la heterosexualidad cuando la atracción es por personas del sexo distinto a quien la experimenta, de mujer a hombre y viceversa, a la homosexualidad cuando la atracción es por personas del mismo sexo y a la bisexualidad cuando la atracción es por mujeres y hombres por igual.6

Tercero. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido que nos referimos al término género cuando describimos las características de hombres y mujeres que están basadas en factores sociales, y nos referimos al término sexo cuando hablamos de las características que vienen determinadas biológicamente.7

Las personas nacen (biológicamente) con sexo masculino o femenino, pero aprenden a ser niños y niñas que se convierten en hombres y mujeres, esto implica un comportamiento aprendido (es decir una vivencia interna e individual como cada persona la experimenta profundamente) lo que define a la identidad de género, y consecuentemente determina los papeles de los géneros.

Esto implica que las características sociales (es decir el género), no necesariamente habrán de corresponder con las características biológicas (es decir el sexo) de una persona. De ahí la imperiosa necesidad de reconocer legalmente el derecho humano a la identidad de género de las personas que viven esta condición humana, garantizando de esta manera un acceso adecuado a la justicia en un contexto acorde con los principios de libertad, igualdad, y no discriminación consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Declaración Universal de los Derechos Humanos8 emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1948.

Cuarto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero a la letra señala:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Por lo cual es evidente la obligación del Estado mexicano de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Dicho de otra forma, el Estado tendrá la obligación de eliminar toda forma de discriminación.

Quinto. Los derechos humanos han evolucionado de modo que en la actualidad tenemos derechos de primera generación como los derechos civiles y políticos (derecho a la vida, al honor, a la seguridad, a la protección contra la discriminación); derechos de segunda generación, como los derechos económicos, culturales y sociales (derecho al trabajo, a la huelga, a la seguridad social, a la educación, a la salud); y derechos se tercera generación como los de autodeterminación de los pueblos (derecho al medio ambiente, a la autodeterminación, a la paz, al desarrollo de una vida digna, y al libre desarrollo de la personalidad).

En este orden de ideas, tenemos que el derecho humano relativo al libre desarrollo de la personalidad, abarca tanto la orientación sexual como la identidad de género como elementos esenciales. Aunado a lo anterior, se encuentra el derecho a la no discriminación y al acceso a la justicia, los cuales han sido plenamente reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la elaboración del “protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”9

Justamente en este contexto evolutivo, con la finalidad de revertir los impactos negativos de las violaciones a los derechos humanos y falta de garantías efectivas para el ejercicio y disfrute pleno de los Derechos Humanos por parte de las personas de la población LGBT, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en consonancia con la progresividad de dichos derechos, el principio pro persona, el control de convencionalidad, el protocolo antes referido.10

Como parte del concierto internacional, México ha firmado y ratificado diversos convenios internacionales en materia de prohibición a la discriminación entre los que destaca: los instrumentos internacionales que México, referido en prohibición de la discriminación por orientación sexual e identidad de género:

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos;

b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

c) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y

d) La Convención sobre los derechos del niño.11

Por otra parte, México ha firmado la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas. Esta declaración condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género, que afecta a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). También condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos.12

Sexto. La prohibición a la discriminación de cualquier tipo se ha posicionado y sentado raíces a nivel federal; sin embargo, no ocurre lo mismo a nivel de las entidades federativas, donde el proceso legislativo de reconocimiento jurídico del derecho humano a la identidad de género ha sido lento y desigual, teniendo en cuanta que cada estado de la república emite su propia norma en materia civil y familiar, lo que ha dado como resultado una legislación que no se alcanza a homologar con los preceptos federales.

Por un lado tenemos la legislación de la Ciudad de México, donde desde el 10 de octubre del año 2008, su órgano legislativo, con el ánimo de combatir y mitigar la transfobia aprobó modificaciones a diversos artículos del Código Civil,13 por el que instituyó el juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexo-genérica. Sin embargo esto obligaba a las personas a iniciar un juicio con los gastos que de ello derivan.

En este orden de ideas, para dar mayores garantías en el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y para evitar cualquier acto de discriminación, el 5 de Febrero del año 2015, a iniciativa de diversos grupos de la sociedad civil y ciudadanos defensores de los derechos humanos, se aprobaron modificaciones a diversos artículos del Código Civil,14 de manera que se eliminó la necesidad de que se iniciara por parte de la persona interesada el juicio especial para efectos de la emisión de una nueva acta de nacimiento, por lo que el reconocimiento a la identidad de género sea a partir de un procedimiento administrativo, de esta manera la persona trans interesada deberá acudir al Registro Civil para que tras cubrir determinados requisitos pueda obtener una nueva acta de nacimiento acorde a su identidad de género.

En esta dinámica de reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas trans, y particularmente de la visibilidad del derecho a la identidad, que el jefe de gobierno del Distrito Federal emitió en el año 201515 un decreto que establece que el 13 de Noviembre de cada año se conmemora como el Día de la Visibilidad Trans.

Séptimo. El 20 de diciembre de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 23 para permitir el acceso al matrimonio igualitario a todas las personas evitando cualquier tipo de discriminación”.16

“Dirigida a los titulares de los Poderes Ejecutivos y a los órganos legislativos de todas las entidades federativas del país, sobre el “matrimonio igualitario”, a fin de que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar, para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo primero de la Constitución General de la República.”

Octavo. En México las personas de la población LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual, Trans), entre las cuales se encuentran las personas trans, son uno de los grupos más discriminados (tanto por orientación sexual como por identidad de género) de acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 (Enadis 2010) elaborada por el Consejo Nacional para prevenir y erradicar la Discriminación (Conapred).17

Las personas trans son ciudadanos y ciudadanas sujetos plenos de derechos con capacidad jurídica propia, a quienes las propias leyes mexicanas en su estructura actual, no les han permitido ejercer a plenitud la totalidad de sus derechos humanos, siendo el derecho a la identidad de género el más violentado, de manera sistemática y permanente, situación específica que vulnera sensiblemente su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad con efectos negativos en su vida familiar, laboral, de salud, de protección contra la violencia, que produce detenciones arbitrarias y que entorpece su proceso educativo, impidiéndoles acceder al progreso y desarrollo de nuestra nación.

Es así que, en un contexto de progresividad de los derechos humanos, las y los mexicanos hemos decidido vivir en concordancia con los principios de libertad, igualdad, seguridad jurídica y no discriminación, por ello es que atendiendo al principio pro persona, los derechos humanos trans a la identidad de género deben ser respetados y garantizados por todo el andamiaje jurídico mexicano para su libre ejercicio y disfrute pleno.

Noveno. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han alertado sobre el hecho de que “...el prejuicio, la indiferencia, el odio y la discriminación tienen efectos negativos sobre la salud de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en las Américas y obstaculizan su acceso a los servicios de salud, por ello, llama a erradicar estas actitudes y prácticas de las escuelas, los lugares de trabajo y de los espacios públicos, en particular de los servicios de salud. Además de considerar que “... del impacto que la intolerancia provoca en la salud emocional y mental, también significa que las personas LGBT tienen más riesgo de sufrir lesiones como consecuencia de la violencia física. Hombres gay y mujeres trans son víctimas frecuentes de homicidios, los que muchas veces son encubiertos al calificarlos como “crímenes de pasión” en lugar de expresiones de intolerancia extrema.”18

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas y la Ciudad de México a revisar sus marcos normativos con el propósito de realizar las reformas pertinentes en sus legislaciones en materia civil o familiar y se permita el acceso al reconocimiento de la identidad de género a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación .

Notas

1 Estudio de la OPS y OMS Promoción de la Salud Sexual Recomendaciones para la Acción - http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf , año 2000

2 Ídem.

3 Íbid.

4 Ibídem.

5 Estudio de la OPS y OMS Promoción de la Salud Sexual Recomendaciones para la Acción - http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf , año 2000

6 Estudio de la CIDH Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes en conexión con resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11) la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, año 2011 https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/CIDH.%20Estudio%20sobre%20OS,%20 IG%20y%20EG.%20T%C3%A9rminos%20y%20est%C3%A1ndares.doc

7 Ob cit.

8 http://www.un.org/es/documents/udhr/

9 http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/content/
protocolo-orientaci%C3%B3n-sexual-o-identidad-de-g%C3%A9nero?sid=90401

10 http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/content/
protocolo-orientaci%C3%B3n-sexual-o-identidad-de-g%C3%A9nero?sid=90401

11 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_SP.p df

12 https://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Declaracion_ONU.pdf

13 http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gac etas/OCTUBRE_10_08.pdf

14 http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7bb8a79364df de1302011f559a62d207.pdf

15http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gac etas/e6edf694bfce7a80fb9211307dfe883a.pdf

16 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_ 023.pdf

17 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-DS-Accss-001.pdf

18 http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/promocion_salud_sexual.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputado Sergio René Cancino Barffuson (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a difundir los avances de la integración del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC, doctora María Amparo Martínez Arroyo a que haga públicos los avances de la integración del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, al tenor de los siguientes

Antecedentes

“Debe desear todo hombre vivir para saber, y saber para bien vivir”

Mateo Alemán

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Las emisiones constantes y desproporcionadas de gases por parte de los países industrializados, entre otros abusos de los recursos naturales, están provocando graves modificaciones en el clima a nivel global. Sus consecuencias afectan sobre todo a los países en vías de desarrollo y se traducen en inundaciones, sequía, huracanes y todo tipo de desastres naturales que dejan a la población desvalida y sin medios para subsistir.

Entre sus principales consecuencias se pueden considerar las siguientes:

• Fusión de los casquetes polares, con el consecuente aumento del nivel del mar.

• Climatología extrema.

• Desaparición de especies de animales y plantas.

• Aumento masivo y desproporcionado de fenómenos naturales como ciclones, huracanes, desbordamientos de ríos, etc.

• Vulnerabilidad de los países en vías de desarrollo.

En el contexto nacional, el presidente de la república emitió el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el que estableció las Metas Nacionales que buscan atender la problemática del cambio climático. Entre las principales destacan las siguientes:

• México Próspero que incluyó el objetivo 4.4. “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”, estableciendo la estrategia 4.4.3. “Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y debajo carbono”, y el objetivo 2 que señala la necesidad de “Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero”.

• México en Paz, particularmente el objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes, y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.

Para ello y con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Planeación, según fuentes públicas, se elaboró el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014.

Dicho documento en su objetivo 1 señala la necesidad de “Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incrementar su resiliencia y resistencia de la infraestructura estratégica” y para lo cual estableció la estrategia 1.1. Desarrollar, consolidar y modernizar los instrumentos necesarios para la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático ligada a la línea de acción 1.1.1. Consolidar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad.

Dicho Atlas Nacional de Vulnerabilidad es descrito como un sistema de información geográfica útil para analizar y visualizar información sobre la exposición de sistemas naturales y humanos al cambio climático; e incluye el fortalecimiento de la red de instituciones que participan en su consolidación y la gestión de un convenio de colaboración entre la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, donde participan el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), entre otras, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para verificar los logros en la consolidación de este Atlas Nacional de Vulnerabilidad, se consultó el tercer informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, (2015) donde se señaló de manera textual que “...Se avanzó en la consolidación del Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en México...”.

Por igual, se buscó información pública en el sistema Infomex del gobierno federal sobre el atlas en comento donde se identificó la solicitud Infomex 1612100001516 de febrero de 2016 que en resumen preguntaba donde se podría consultar dicho atlas, respondiendo la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático que “...actualmente se encuentra en construcción...“.

Con esta información se aprecia que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en los tres años de gobierno de la gestión del presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto, no difunde información que permita, mediante su lectura, conocer la efectividad y alcance de los resultados de la gestión ambiental establecida por su gobierno ante el cambio climático, que permitan identificar las regiones del país y los sectores vulnerables al cambio y variabilidad climática; prueba de ello, es que el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, que al día de hoy no puede ser consultado por estar en construcción.

Considerandos

Primero. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático se crea según lo dispuesto en el artículo 13 de la nueva Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. Es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la Semarnat,

Segundo. Que uno de sus objetos es el análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos futuros asociados al cambio climático, y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo.

Tercero. De acuerdo al Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014 y que señala objetivo 1 la necesidad de “Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incrementar su resiliencia y resistencia de la infraestructura estratégica” y para lo cual estableció la estrategia 1.1. Desarrollar, consolidar y modernizar los instrumentos necesarios para la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático ligada a la línea de acción 1.1.1 Consolidar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, mismo que a la fecha, no se ha integrado.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, doctora María Amparo Martínez Arroyo a que haga públicos los avances de la integración del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2015.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a difundir por qué se recortó el gasto público, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Ricardo del Rivero Martínez, diputado a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II y numeral 2, fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde diciembre de 2012 que arrancó la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el peso ha sufrido una depreciación de 38.7 por ciento ante el dólar, vendiéndose actualmente en ventanilla en 18.20 pesos por dólar, y con posibilidad de llegar en los próximos días a los 18.80 pesos.

Tenemos un precio del petróleo por debajo de los 25 dólares por barril, cuando aquí se presupuestó en 50 dólares, un aumento inminente de las tasas de interés en los Estados Unidos de América, una recesión del mercado interno en nuestro país, vemos consistentemente que nos presentan errores e inconsistencias en materia de proyección del crecimiento económico por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Desde hace más de un año, en enero de 2015 el secretario Videgaray mencionaba “Nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política macroeconómica para asegurar la estabilidad, específicamente me refiero a la política fiscal... ante cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos habrá que acomodarse reduciendo el gasto público”.

El pasado 17 de febrero de 2016, se anuncia un nuevo recorte al gasto público por 132 mil millones de pesos equivalente al 0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB); 100 mil directamente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y los otros 32 mil millones a diversas dependencias. Siendo algo sorpresivo para muchos ver al secretario de Hacienda y al gobernador del Banco de México salir juntos a hablar sobre dicho recorte, lo que se tradujo de inmediato en una mala señal y sobre todo porque no quedó muy claro cuáles son las causas directas que lo provocaron.

Este recorte pronto se hará sentir en las finanzas públicas del país y los estados. Esta nueva austeridad pronto será sentida por el sector privado, que es quien recibe muchas de las compras del sector público; de las licitaciones y concursos por obras del gobierno, también será resentido en sus ingresos por muchas micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.

Estas medidas afectarán tanto a productores, trabajadores, consumidores, inversionistas, exportadores e importadores, principalmente, lo que obligará a estos agentes económicos a revisar con toda atención más de una vez, sus decisiones económicas para realizar los mejores planes o hasta postergarlos, si las condiciones económicas no son las mejores. Lo que se vislumbra es un año más de mediocridad económica.

Acción Nacional solicita mayores detalles de dicha medida ya que las expectativas de empleo, salud, vivienda, educación, etcétera, y el futuro de las familias depende de la conducción correcta, transparente, sin mentiras, sin engaños de las políticas públicas.

Por lo antes expuesto es que someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, a que informe a la opinión pública sobre las causas que provocaron se implementara un recorte al gasto público por 132 mil millones de pesos, más los 175.1 mil millones adicionales, y que detalle cuáles son las áreas y los sectores, concretamente, que serán afectados por dicha medida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputado Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Segob, la SRE y la PGR acciones para prorrogar la intervención del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El 3 de octubre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dictó la medida cautelar número 409-14 derivada de la solicitud que presentaron diversas organizaciones para proteger la vida e integridad personal de 43 personas desaparecidas, así como medidas de protección para otros estudiantes heridos, familiares de otros estudiantes o personas que resultaron afectadas en el marco de los hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, Guerrero.1

2. El 12 de noviembre de 2014, en el ámbito de la medida cautelar número 409-14 se firmó el acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional2 , cuyo objetivo es dar seguimiento a la implantación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Por lo que los beneficiarios y el Estado acordaron la integración de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, que brindarían asistencia técnica desde la perspectiva de los derechos humanos en las investigaciones.

3. Después de concluir su mandato, el GIEI dio a conocer su informe el 6 de septiembre de 20153 en el que se expusieron las deficiencias en la investigación del caso y se emitieron una serie de recomendaciones para el Estado a fin de mejorar la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas, y determinar responsabilidades.

4. A petición de las víctimas y debido a las carencias en la investigación que fueron demostradas en el informe del GIEI, con fecha 31 de octubre de 2015 se extendió el mandato del grupo por seis meses más, los cuales concluyen el próximo 30 de abril próximo presente.

5. El 21 de febrero de 2016 los expertos dieron a conocer los avances de su trabajo durante la segunda fase de su mandato. Asimismo, indicaron los obstáculos a los que se han enfrentado, los cuales han representado un límite para la integridad y alcances de la investigación; hicieron énfasis en la importancia de entender que se encuentran en un momento determinante y “los obstáculos... referidos han limitado la posibilidad de avanzar en estos meses. Esperamos que la apertura del Estado se refuerce, se superen los obstáculos señalados y se fortalezcan las mejores prácticas para esclarecer el caso, lo que contribuirá sin duda a la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la democracia en México.”4

6. El 16 de febrero de 2016 los familiares y la representante del caso de Julio César Mondragón Fontes sostuvieron una reunión de trabajo con la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo interdisciplinario de expertos independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, de esta Cámara. Refirieron los malos tratos a los que han sido sujetos por parte de diversas autoridades del Estado, así como la importancia que para las víctimas representa la presencia del GIEI, debido al trabajo que han realizado y la confianza que tienen en sus miembros, también externaron su preocupación por la próxima conclusión de las actividades de GIEI como coadyuvante y la alta posibilidad de que los resultados de las periciales realizadas al cuerpo de Julio César, sean entregadas a muy pocos días de que termine el mandato del grupo. Indicaron que debido a que en nuestro país es necesaria la supervisión internacional en los casos de graves violaciones a derechos humanos para generar los instrumentos de atención a víctimas y el esclarecimiento de los hechos, pidieron a los integrantes de esta comisión que intervinieran para que se extienda el mandato del GIEI y continúen coadyuvando; reivindicando la calidad, honestidad y seriedad de su trabajo5 .

7. En diversos medios de comunicación se ha reproducido la petición de las víctimas y sus representantes para que el mandato del grupo se extienda a fin de esclarecer el caso y de que no se estanquen los avances en la búsqueda y en la investigación, que puedan contribuir a perpetuar la impunidad6 .

8. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete última de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha pronunciado en el sentido de que el derecho a la verdad “se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención7 ” de la cual el Estado mexicano forma parte. Dado la importancia y confianza manifiesta que las víctimas han puesto en el trabajo del GIEI, así como la obligación constitucional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, resulta fundamental para este Poder de la Unión, el manifestar su solidaridad con el trabajo del Grupo y con las peticiones de las víctimas, en el entendido de que ellas deben ser el eje rector que mueva las investigaciones y la búsqueda por la verdad y la justicia.

Por lo fundado y motivado, plenamente comprometida con la defensa y protección de los derechos humanos en nuestro país, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República a realizar todas las acciones necesarias para prorrogar el mandato del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar a todas las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre, el debido respeto a los derechos a la verdad y a la justicia.

Notas

1 http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC409-14-ES.pdf

2 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/docs/Acuerdo-Addendum-Mexico-CIDH.pd f

3https://drive.google.com/file/d/0B1ChdondilaHNzFHaEs3az Q4Tm8/view

4 http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!GIEI-avances-y-desafío s/cul3/56ccb98e0cf2f9aefdc0ddb2

5 http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_34j 1fg5d/Comision_Especial_Caso_Ayotzinapa.

6 http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/02/05/padres-de-los-43-solicit aran-ampliacion-del-mandato-del-giei,

7 Corte IDH. Caso Bámaca Velázquez Vs. Guatemala, Sentencia de Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrafo 201.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70 _esp.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, la Sagarpa, la Sedesol y la SE a garantizar el cumplimiento de los acuerdos con los productores agropecuarios, y establecer un programa de compras de productos del campo para aprovechar su esfuerzo, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio, Miguel Alva y Alva y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Juan Romero Tenorio, Jesús Serrano Lora y Miguel Alva y Alva, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley de Energía para el Campo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del año 2002, tiene como objeto coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países, de conformidad con lo que establece el artículo 13, fracción IX, y demás disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La aplicación de esta ley corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Y son sujetos de esta ley los previstos en el artículo 2o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El artículo 4o. de la Ley de Energía para el Campo señala que el Poder Ejecutivo federal establecerá un programa especial para otorgar precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios.

El Poder Ejecutivo federal incluirá dentro del proyecto de Ley de Ingresos y del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, las previsiones necesarias para atender la operación de dicho programa.

En el artículo 5o. se señala que en los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los precios y tarifas de estímulo que se otorguen a los productores en cumplimiento de lo establecido en este ordenamiento, impulsarán la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias.

Establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerá los precios y las tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional. También se observarán las disposiciones señaladas en los artículos 12, fracciones VI y VII, y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Los precios y las tarifas de estímulo que se autoricen para las actividades agropecuarias serán iguales para todos los productores del país.

En el artículo 6o. se establece que la cuota energética de consumo por beneficiario a precio y tarifas de estímulo, se entregará de acuerdo con las disposiciones que establezca la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el reglamento respectivo.

En el artículo 7o. se señala que la cuota energética se otorgará previo dictamen de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y se utilizará exclusivamente en

l. Motores para bombeo y rebombeo agrícola y ganadero, tractores y maquinaria agrícola y motores fuera de borda, que se utilicen directamente en las actividades objeto de esta ley, según lo establecido en el artículo 3o., fracción I, de la misma;

II. Maquinaria pesada utilizada en las mejoras de terrenos agrícolas, de agostadero, acuícola y silvícola, y

III. Las demás actividades que establezca la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del reglamento.

Señala que el reglamento establecerá el consumo por hora, mensual o anual, según sea el caso. Y que la adopción del programa deberá significar mejores resultados en la productividad del sector y establecerá por parte del beneficiario un compromiso de mayor eficiencia productiva y energética. Los requisitos del mismo serán establecidos en el reglamento que para tal efecto emita la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Asimismo, considera que la solicitud de cuota energética deberá hacerse por cada ciclo productivo.

Beneficiarios del programa

En 2004, durante el sexenio de Vicente Fox, se inició por la Sagarpa el programa de diésel agropecuario como lo establece la Ley de Energía para el Campo, otorgándose un precio de estímulo a los productores agropecuarios incorporándose en un padrón de beneficiarios operado por la dependencia federal, Este programa operó ininterrumpidamente hasta el año 2012 llegándose a beneficiar en ese año 296 mil 256 unidades de producción agropecuaria con un volumen de 623.5 millones de litros destinándose un apoyo presupuestal de mil 113 millones de pesos para la operación del programa contando cada beneficiario del mismo con una tarjeta que le permitió disponer del diésel en los centros de venta de combustibles.

Esta ley tiene sus orígenes en las demandas campesinas del estado de Chihuahua durante los inicios del gobierno de Vicente Fox, que lograron que la ley fuera aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Además, lograron el Acuerdo Nacional para el Campo firmado entre las organizaciones rurales y el gobierno federal en abril de 2003 donde se considera la puesta en marcha del programa de energéticos agropecuarios a precio de estímulo.

Movilizaciones campesinas de finales del año pasado

Comenzando el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la Sagarpa suspendió la operación de este programa no obstante estar vigente la Ley de Energía para el Campo que mandata al Ejecutivo federal a establecer precios y tarifas especiales para los energéticos agropecuarios, las organizaciones de productores de todo el país pero principalmente del norte de la república demandaron ante la Sagarpa el restablecimiento del programa para enfrentar y atenuar las condiciones adversas del campo mexicano.

El año pasado, diferentes movilizaciones de campesinos demandaron en diferentes estados de la República y ante la Cámara de Diputados el restablecimiento del programa de energéticos agropecuarios. A finales del año, la Segob sirvió de mediador entre los productores agropecuarios y las Secretarías de Agricultura, Energía y Hacienda para establecer el compromiso de atender la demanda del precio preferencial para el diésel agropecuario.

Acuerdo de diciembre de 2015

Finalmente, la SHCP publicó el 30 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesqueros y agropecuario manifestando en los considerandos del acuerdo que la Ley de Energía para el Campo establece que la SHCP establecerá precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en los ámbitos nacional e internacional.

Señala que a partir de 2016 mediante el artículo quinto, fracción III, del decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2015, el Congreso de la Unión estableció el procedimiento legal para determinar los precios de la gasolina y el diésel y que conforme al esquema legal mencionado y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Energía para el Campo y tomando en cuenta las condiciones económicas competitivas del sector se hace necesario continuar con el apoyo por lo que se establece un estímulo fiscal aplicable a la gasolina y al diésel que se fijara cada mes tomando en consideración el decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia de impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles señalados expidiéndose el siguiente acuerdo:

Artículo Primero. Se establece un estímulo fiscal a los contribuyentes que enajenen combustibles que se especifican a los integrantes del sector agropecuario y pesquero inscritos en el padrón que al efecto lleva la Sagarpa para el diésel agropecuario que se utiliza en las actividades de la pesca y agropecuarias el monto de los estímulos fiscales para el diésel durante enero de 2016 se establecieron en 5.060 peso por litro y un precio máximo de 7.90 por litro.

Asimismo, se señala en el artículo quinto que la SHCP en coordinación con las dependencias competentes emitirán los mecanismos de control para la aplicación del estímulo fiscal.

Tardanza en la aplicación del programa

A más de tres meses de la publicación por parte de la SHCP del decreto mencionado, los productores rurales del país no han podido utilizar este estímulo fiscal para el diésel agropecuario ante la negativa de la Sagarpa a iniciar el programa de diésel a precio preferencial, el precio de venta al público no contempla en la actualidad que los productores rurales tengan acceso a este importante apoyo.

Pese a esa situación, la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 7/2016, con fecha 29 de enero de 2016, que establece los estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario para febrero, con un precio máximo de 7.37 pesos por litro y el 29 de febrero de 2016 se publicó el acuerdo 16/2016 de la SHCP en el Diario Oficial de la Federación donde se establece el precio máximo al diésel agropecuario de 7.58 pesos por litro durante marzo y nuevamente el 28 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de la SHCP 23/2016 donde se establece el precio del diésel para abril de 8.02 por litro.

Esa situación ha provocado el malestar de los productores agropecuarios del país, por lo que se hace urgente que esta soberanía intervenga ante los titulares de la Sagarpa y la SHCP para intercambiar y acordar las acciones urgentes para la puesta en marcha del programa de estímulos fiscales a los energéticos agropecuarios que se han publicado por la SHCP en el Diario Oficial dela Federación y dar cumplimiento a la Ley de Energía para el Campo, así como dar cumplimiento al procedimiento legal para determinar el precio de la gasolina y el diésel aprobados por el Congreso de la Unión y publicado el 18 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.

A fin de que con la mayor brevedad se pueda reestablecer este programa que tiene una importancia fundamental para apoyar las actividades productivas del campo mexicano se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; y de Economía a garantizar el cumplimiento de los acuerdos con los productores agropecuarios para bajar las tarifas de electricidad, las gasolinas y diésel agropecuario, y la dotación de semillas y se establezca un programa de compras de productos del campo que permita aprovechar el esfuerzo de esos mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputados: Juan Romero Tenorio (rúbrica), Jesús Serrano Lora, Miguel Alva y Alva.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales a armonizar su legislación con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de multas electorales, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 10 de febrero así como el 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, así como el decreto por el que se expidió la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Dentro de los cambios que produjo esta reforma, destacan reformas en materia de relección, paridad de género, Candidaturas independientes y fiscalización. Asimismo se fortaleció a la autoridad electoral, a través de la trasformación del Instituto Federal Electoral en un nuevo organismo público autónomo de carácter nacional llamado Instituto Nacional Electoral (INE) el cual establece una nueva coordinación entre éste y los organismos locales en la materia.

Dentro de las reformas en materia de fiscalización se estableció que el INE tiene el objetivo de garantizar la equidad de la contienda entre los candidatos de los partidos políticos o candidatos independientes y la transparencia en el uso de los recursos públicos otorgados a los partidos públicos.

Otro punto importante de esta reforma se estableció en el artículo 458 numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que:

“...los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral considerados en este Libro Octavo, deberán destinarse al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables, cuando sean impuestas por las autoridades federales, y a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las autoridades locales”.1

En virtud de lo anterior se estableció que los recursos obtenidos por la imposición de sanciones económicas serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a las dependencias o entidades públicas u organismos, homólogos en las entidades federativas encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, dependiendo del tipo de proceso electoral federal o local de que se trate, privilegiando el ámbito en que se presentó la irregularidad sancionada.2

De esta manera, si la sanción es impuesta por irregularidades en un proceso electoral federal los recursos serán destinados al Conacyt; por el contrario, cuando se trate de procesos locales, los recursos obtenidos serán destinados al organismo encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa que corresponda, salvo que no se prevean normas o instituciones relativas a este ámbito, en cuyo caso se destinarán al Consejo Nacional.

Con fundamento en lo anterior y en correspondencia a las disposiciones, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 2014, algunos Congresos estatales se han dado a la tarea de adecuar su legislación en relación al destino de las multas electorales para que se destinen a la ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo a la fecha solo 19 estados han adecuado sus ordenamientos jurídicos en la materia.

A continuación se presenta un cuadro que señala que estados han legislado ya en la materia:

Hoy más que nunca, el país atraviesa por un programa nacional de recorte presupuestario en razón del contexto económico adverso en nuestro país en donde contamos con una economía nacional muy petrolizada que la vuelve muy vulnerable. La ciencia, la tecnología y la innovación, como lo podemos apreciar en los últimos meses en donde el Ejecutivo Federal demuestra la falta de apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación con un recorte presupuestal de 900 millones de pesos al CONACyT, nos hace necesario voltear a encontrar y proponer alternativas distintas para mejorar el desarrollo económico del país.

Es por ello que el objeto del presente punto de acuerdo es exhortar a los congresos de los estados que no han armonizado su legislación en materia de multas electorales antes señalados, a que puedan modificar su legislación en favor la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, en virtud de que son factores elementales para el desarrollo de la sociedad.

El Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C. ha señalado lo que se pudiera hacer con el dinero recaudado por multas electorales, señalando que con la sanción determinada el 13 de mayo del año pasado por el Consejo General del INE al Partido Verde Ecologista de México de más de 322 millones de pesos, se podrían obtener diversos beneficios, por ejemplo 532 becas de Doctorado o 1420 becas de Maestría.

Así mismo se coadyuvaría a lo establecido en el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología en el cual prevé para el Estado la obligación de destinar un monto anual suficiente para que el gasto nacional en las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico el cual no sea menor al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, ya que al día de hoy no se ha logrado destinar el porcentaje referido, muestra de ello es que entre todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se sitúa en el último lugar en cuanto a inversión para investigación y desarrollo (I+D), al destinar en promedio en los últimos 5 años únicamente el 0.4% mientras que otros países invierten una proporción considerablemente mayor, Corea del Sur invierte el 4.0% de su PIB, seguido de Japón y Suecia con 3.5% y 3.3%, respectivamente. México es superado, incluso por Turquía y Grecia que están entre el 0.9 y 0.8 por ciento3.

México sigue situándose en el último lugar en cuanto a inversión para investigación y desarrollo. Mientras en nuestro país el gasto en ciencia y tecnología en 2016 solo es de .56 por ciento del Producto Interno Bruto, en otros países en 2013 la cifras ya eran muy superiores: en Japón, 3.47; República de Corea, 4.15; Alemania, 2.85; China, 2 y Canadá1.62, por citar sólo algunos ejemplos. El diagnóstico puntal de México debe ser de interés y prioridad de las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de los Congresos de los estados de Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, a armonizar su legislación conforme a lo establecido en el artículo 458, numeral 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objeto de que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas se destinen a los consejos estatales y a los organismos encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.

Notas

1 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales disponible en el sitio web:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130815.pdf

2 Estudio “Proceso electoral 2014-2015” Observatorio Electoral de Ciencia y Tecnología

Ramo 38 del Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C. Pág. 12 disponible en el sitio web.- http://www.caiinno.org/wp-content/uploads/2016/02/Publicaci%C3%B3n-ramo 38-1.pdf

3 OECD (2015), Main Science and Technology Indicators, 2015/1, OECD Publishing, Paris.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril del 2016.

Diputada Federal María Eloísa Talavera Hernández

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revocar la negativa a recibir la visita del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU en el país; extender el plazo del acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero; y cesar el hostigamiento contra el secretario ejecutivo de la CIDH, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de Diputada Federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor las siguientes

Consideraciones

Primera. La negativa del gobierno de México a la petición del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ernesto Méndez, de regresar al país durante este año, sienta un precedente negativo para el Estado mexicano, que afecta a los defensores de derechos humanos, los organismos internacionales de derechos humanos y, particularmente en contra el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad.

El no permitir la visita del Relator Especial de la ONU resulta un hecho preocupante, especialmente si se le considera como parte del siguiente contexto nacional:

1) Se ha abierto una averiguación previa por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a partir de acusaciones mediáticas, en contra Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

2) La declaración del secretario de Gobernación, quien de manera unilateral, cancela la posibilidad de prorrogar la tarea del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en el contexto de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para brindar asistencia técnica especializada en las investigaciones del caso de los normalistas desaparecidos en los lamentables sucesos de la ciudad de Iguala.

Impedir el trabajo de los organismos multilaterales de Derechos Humanos, podría dejar en evidencia al Estado mexicano, al impedir el trabajo riguroso que realizan la ONU y la CIDH, al coadyuvar con las instituciones de nuestro país. El compromiso de estos organismos, en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos, resulta invaluable, pues la supervisión que realizan en materia de las violaciones a los derechos humanos y de la falta de acceso a la justicia en el país, permite superar las fallas estructurales e institucionales de nuestro sistema de impartición de justicia.

Los señalamientos sobre las deficiencias en materia de derechos humanos que hacen ambas instancias, son un aliento para quienes trabajan en nuestro país en la defensa de los mismos. Su presencia resulta pues indispensable, en la medida en que parecería observarse una incapacidad de los tres ámbitos de gobiernos para evitar la violación grave de los derechos humanos en México, aunado a que la impunidad sigue siendo un mal estructural que da protección y permite que servidores públicos, gobernantes, y fuerzas militares y policiacas continúen violando los derechos fundamentales.

Segunda. Los Estados Unidos mexicanos atraviesan, quizás, por la crisis institucional más en severa y profunda en materia de respeto a los derechos humanos. De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la base de datos que registra “Personas Extraviadas, Desaparecidas o Ausentes (SINDE)”, elaborada y depurada con datos proporcionados “por las instancias de procuración de justicia de los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal”, se cuenta actualmente con cuenta 26 025 registros. Asi mismo, se observan, en la base de datos de personas fallecidas no identificadas de la CNDH denominada SINFANI, 16 133 registros.1

La falta de procuración de justicia, que deviene en la ausencia de sanción a los responsables, y que parece convertirse hoy en una constante, invita a la repetición de prácticas violatorias de los derechos humanos.

Tercera. Aunado a lo anterior, se han registrado en nuestro país, un conjunto de sucesos condenables y emblemáticos. Tan sólo en el transcurso de los últimos 15 meses hemos observado las masacres cometidas en Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanhuato. Este es reflejo de un escenario casi generalizado del actuar sin límites del crimen organizado, coludido en muchos de estos casos, con elementos policiacos, militares o funcionarios públicos.

El Estado mexicano, y el gobierno federal, se encuentran obligados a cumplir sistemáticamente las recomendaciones de organismos internacionales, así como sus obligaciones en materia de derechos humanos, establecidas en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con el artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De impedir la visita de los relatores especiales, y el actuar libre de los organismos multilaterales de derechos humanos, la actual administración demostraría una importancia nula en materia de derechos humanos y acceso a la justicia y la verdad.

Cuarta.- Es por ello menester, es urgente, solicitar en el marco de colaboración institucional entre poderes, al gobierno federal, que reconsidere su postura frente al relator de la ONU, el GIEI y el Secretario Ejecutivo de la CIDH.

La calidad moral, profesional y ética del relator especial, Juan E. Méndez; de los integrantes del GIEI, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia, Carlos Beristain y Francisco Cox, así como del secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, están fuera de toda duda. En un verdadero estado de derecho se debiera impedir, por todos los poderes, una campaña de linchamiento mediático y de creación de delitos inexistentes a los especialistas internacionales en materia de derechos humanos.

Quinta. En el mismo contexto, se observa la remoción de Emilio Rabasa como embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y su traslado al consulado de Boston, por haber manifestado su respaldo al informe de la CIDH.

El Congreso de la Unión, como máximo órgano de representación popular, debe contribuir a garantizar la observancia debida y el respeto de todas las instituciones en materia de derechos humanos. La carta pública mediante la cual Emilio Álvarez Icaza da a conocer sus razones para no buscar la reelección de su cargo en la CIDH, es un testimonio en el que se indica lo siguiente: “Las visitas que hemos realizado recientemente y el seguimiento de lo que sucede en mi patria me interpela con fuerza. Mi país me duele profundamente. Quiero dedicar mis esfuerzos y capacidades a trabajar directa y cercanamente para transformar la crisis de derechos humanos que ahí se vive. Si bien la CIDH me brinda una oportunidad privilegiada de trabajar también por la gente de México, la grave situación que se vive me exige una prioridad en mi tiempo y agenda. Lo que veo y siento en mi país me ha hecho pensar que es mi obligación ética hacer lo que está a mi alcance por transformar esa situación”.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del poder ejecutivo federal, para que instruya a las dependencias correspondientes a que revoquen la negativa para recibir la visita del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas a nuestro país

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del poder ejecutivo federal, a girar sus instrucciones a las instituciones correspondientes, para que se prorrogue el plazo del acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Tercero. Se exhorta al titular del poder ejecutivo federal para que instruya a las dependencias correspondientes para que coadyuven y eviten cualquier forma de hostigamiento en contra del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el C. Emilio Álvarez Icaza.

Notas

1 CNDH, Informe Anual de Actividades 2015, http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=80

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de abril de 2016.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Congreso de Morelos a expedir la convocatoria para integrar el consejo de participación ciudadana y dotarlo de los recursos presupuestarios que le correspondan en términos legales, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, diputado federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

El 25 de junio del año dos mil catorce se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5199 Alcance, el “Acuerdo por el que se deja sin efectos la Convocatoria para la Integración del Consejo de Participación Ciudadana”, que se había expedido una semana antes, y que consta en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5198, de fecha 18 de junio de 2014.

Los legisladores de la Comisión de Participación Ciudadana de la LII Legislatura del Congreso de Morelos, consideraron que no había condiciones propicias para sostener la emisión de la convocatoria que habían publicado, en virtud no existía aún el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos, que tuvo nacimiento luego de la reforma electoral de 2014, mandatada por el legislativo federal1 .

En consecuencia emitieron el acuerdo siguiente, que a la letra dice:

Acuerdo. Se deja sin efectos la convocatoria para la integración del Consejo de Participación Ciudadana, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5198 de fecha 18 de junio de 2014, con el propósito de que una vez vigente la ley secundaria electoral, esta comisión, emita nueva convocatoria, en consecuencia se ordena publicar el presente acuerdo en el citado órgano de difusión del gobierno del estado de Morelos.- Recinto Legislativo a los 24 días del mes de junio de dos mil catorce. Atentamente...”

Es el caso, de que desde esa fecha hasta este día, ni los integrantes de la comisión de la LII Legislatura; ni los diputados que integran en el Congreso de Morelos la actual Comisión de Participación Ciudadana y Reforma PolíticaDado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de abril de 20162 , han vuelto a expedir la referida convocatoria, limitando con ello derechos constitucionales garantizados y reconocidos por la Carta Magna de Morelos.

Cabe señalar que este reclamo no es nuevo, pues en octubre de 2015, gracias a una demanda de amparo3 presentada por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y 15 organizaciones empresariales más, un juez ordeno la reactivación del proceso de emisión de convocatoria, pero hasta la fecha no se ha logrado construir pues los diputados de la LIII Legislatura no precisaron fechas en su compromiso signado ante el juez.

De igual forma, hace pocos días el rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, se ha pronunciado en nombre de los universitarios de Morelos, para que se expida ya la convocatoria antes referida4 .

Es el caso que el artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, señala:

“Artículo 19 Bis

A. ...

B. Del Consejo Estatal de Participación Ciudadana.

1. El Consejo Estatal de Participación Ciudadana es un organismo permanente encargado de la calificación de procedencia de los medios de participación ciudadana, contemplados en esta Constitución, así como de observación y evaluación del trabajo gubernamental y legislativo; formado por quince representantes de la sociedad civil debiendo acreditar los siguientes requisitos:

I. Tener un amplio reconocimiento por su compromiso de servicio a la Sociedad.

II. No ser empleado de gobierno o funcionario público.

III. Estar inscrito en el padrón electoral de Morelos.

IV. Tener por lo menos 10 años de residencia en el Estado.

V. No ser, ni haber sido en el año inmediato anterior, integrante de las dirigencias de partidos políticos a nivel municipal, estatal o federal.

El cargo de consejero será honorífico. Cada consejero tendrá un suplente y si cualquiera de ellos (titular o suplente) fuera nombrado funcionario o empleado del gobierno, automáticamente será substituido.

El consejo trabajará en forma colegiada y expedirá su Reglamento interno con base en lo establecido en esta Constitución y en la ley reglamentaria.

Entre los objetivos del consejo estará además el promover y desarrollar planes y programas a largo plazo, que sirvan de base para los programas anuales de desarrollo de los gobiernos en el estado.

2. El consejo será el organismo encargado de calificar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular y rendición de cuentas que se presenten.

El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, con el apoyo ejecutivo del organismo público electoral de Morelos, se encargará de preparar, desarrollar, vigilar y calificar los procesos de revocación de mandato, rendición de cuentas, referéndum y de plebiscito, que sean promovidos de conformidad con la Constitución Política del estado y la ley de la materia.

Corresponde al organismo público electoral de Morelos, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana previstos por la legislación local.

En ningún caso la ausencia de texto normativo impedirá que se ejerzan los derechos de los ciudadanos”.

Por su parte la Ley de Participación Ciudadana del estado de Morelos indica:

Capítulo II
Del consejo estatal de participación ciudadana

Artículo 69. El consejo es un organismo permanente encargado de la calificación de procedencia de los medios de participación ciudadana establecidos en la Constitución Política del estado, así como de observación y evaluación del trabajo gubernamental y legislativo; formado por quince representantes de la sociedad civil.

Artículo 70. El consejo será el organismo encargado de calificar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular y rendición de cuentas que se le presenten.

Asimismo, el consejo, con la colaboración del Instituto Estatal Electoral, se encargará de preparar, desarrollar, vigilar y calificar los procesos de revocación de mandato, rendición de cuentas, referéndum y de plebiscito, que les sean solicitados de conformidad con la Constitución Política del estado y la presente ley.

Artículo 71. Corresponde al Instituto Estatal Electoral hacerse cargo del desarrollo operativo de dichos procesos.

Artículo 72. El consejo expedirá su propio Estatuto, con el que regulará su organización y funcionamiento internos, conforme a las bases que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 73. El Estatuto deberá registrarse ante la Presidencia de la honorable Cámara de Diputados, la que ordenará su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Artículo 74. En ningún caso la ausencia de texto normativo impedirá que se ejerzan los derechos de los ciudadanos.

Artículo 75. A fin de lograr la coordinación eficaz con la autoridad, el Consejo quedará adscrito al Poder Legislativo del estado de Morelos y operará de manera autónoma.

Artículo 77. Los integrantes del Consejo emanarán de un procedimiento de elección abierta representativa, a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones ciudadanas debidamente registradas y vigentes, con residencia del estado de Morelos y con una antigüedad mínima de dos años.

Artículo 78. Los aspirantes a Consejero deberán provenir de los cinco distritos electorales federales correspondientes al Estado de Morelos, en proporción de tres por cada uno; acreditando tener residencia y arraigo en sus respectivos lugares de origen.

Y en su parte conducente, el artículo cuarto y quinto transitorio, son concluyentes:

Cuarto. El Consejo Estatal de Participación Ciudadana deberá integrarse dentro los primeros dos meses comprendidos a partir de la publicación de la presente Ley y expedirá el Estatuto que norme su actividad en los siguientes dos meses a su integración.

Quinto. El Congreso del estado establecerá en el presupuesto de egresos anual del Poder Legislativo, los recursos suficientes para la instrumentación de la presente ley.- Recinto Legislativo a los doce días del mes de febrero de dos mil catorce”.

De lo anterior se sigue, que el término para la instalación del Consejo de Participación esta vencido en exceso y que además existe obligación para el Congreso de Morelos, de dotarle de recursos suficientes al Consejo, para que cumpla su cometido en el Presupuesto de Egresos.

Así pues, no hay duda de que corresponde al Congreso de Morelos emitir la convocatoria correspondiente, de hecho como ya lo había hecho en 2014.

A mayor abundamiento, cabe decir que la condición suspensiva que argumento en su momento la Comisión de Participación Ciudadana en la LII Legislatura ha quedado superada, pues la Legislación Electoral en materia Constitucional y Reglamentaria se encuentra en pleno vigor y fue base del proceso electoral de Morelos del año 20155

Como consecuencia de lo expuesto, es procedente presentar a la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Morelos, para que en ejercicio de su soberanía, expida a la brevedad posible, la Convocatoria para la Integración del Consejo de Participación Ciudadana, y le dote además, de los recursos presupuestales que le correspondan en términos del mandato de ley.

Notas

1 Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano oficial de difusión del gobierno del estado de Morelos, número 5199, Alcance, de fecha 25 de junio de 2014.

2 www.congresomorelos.gob.mx. Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, diputado Edwin Brito Brito (PT); presidente; diputado Jaime Álvarez Cisneros (PMC); diputado Julio Espín Navarrte (PAN sic debe decir PNA); vocal; diputada Hortencia Figueroa Peralta (PRD).- Capítulo III

De las Comisiones Legislativas

Artículo 77. La Comisión de Participación Ciudadana, será competente para conocer y dictaminar, en su caso, de los siguientes asuntos:

Conocer y dictaminar las iniciativas en materia de participación ciudadana;

Conocer los asuntos en que de manera directa e indirecta participe la ciudadanía;

Conocer los mecanismos institucionales para facilitar la intervención de los ciudadanos en la elaboración de políticas y programas de gobierno;

Turnar a las dependencias correspondientes del gobierno del estado y los municipios, las demandas de los ciudadanos;

Los relacionados con el otorgamiento de premios, estímulos y recompensas al mérito ciudadano; y

Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia de otra comisión.

3 https://www.google.com.mx/?client=safari&channel=ma c_bm&gws_rd=cr&ei=7eWrVtu6HKrujgTpibHQBw# Periódico El Universal del lunes 25 de agosto de 2014.

4 https://www.google.com.mx/search?client=safari&rls= en&q=convoca+rector+uaem+plebiscito&ie=UTF-8&oe=UTF-8&g fe_rd=cr&ei=TuerVrvSDMHR8AepkoGwDA#

5 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5201, del 30 de junio de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Fiscalía General de Veracruz a consignar la indagatoria 5492/15/1ESO/VER/05 para que los imputados puedan ser sometidos ante la justicia mexicana, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Sergio René Cancino Barffusón, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Rocío Nahle García y Sergio Rene Cancino Barffuson en nuestra calidad de Diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primero.- La noche del 2 de enero de 2015, Daphne Fernández, en ese entonces menor de edad, fue agredida después de salir de la discoteca HP en Boca del Rio, Veracruz, donde fue subida a un auto en contra de su voluntad, fue privada de su libertad, vejada, abusada sexualmente y violada, por cuatro jóvenes conocidos como “Los Porkys”.

Según los informes policiales, subieron por la fuerza a la víctima al interior de un autor Mercedes Benz en las afueras de la mencionada discoteca. Le quitaron su celular y la llevaron al domicilio de uno de ellos en el fraccionamiento residencial “Costa de Oro” y, en el baño de la casa, abusaron sexualmente de ella.

Sobre estos hechos se inició la indagatoria 5492/15/1ESO/VER/05, en contra de Enrique Capitaine (hijo del exalcalde de Nautla, Felipe Capitaine), Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, hijos de funcionarios y empresarios, que asistían al Instituto Rougier junto con la víctima.

En la indagatoria se reveló que hubo un quinto joven involucrado, de nombre Felipe Capitaine, hermano gemelo de Enrique y quien hasta el momento no ha sido capturado, al igual que los otros cuatro responsables.

El tema ha cobrado relevancia nacional pues se dice que esta banda está protegida por el gobierno de Javier Duarte y la Fiscalía General de Veracruz, dirigida por Luis Ángel Bravo, quien aseguró que la grabación no tiene resonancia jurídica para el caso, que solo se le dará el carácter de indicio y no de una prueba.

Segundo.- A más de 15 meses de ocurridos los hechos y por la evidente dilación que ha tenido la indagatoria, la sociedad veracruzana ha dado muestras de indignación, exigiendo que las autoridades hagan su labor y se haga justicia.

En este orden de ideas el lunes 28 de marzo de 2016, en solidaridad con la víctima, amigos y familiares salieron a las calles del puerto de Veracruz a exigir justicia. Con globos blancos y pancartas con fotos y nombres de los presuntos violadores, partieron a las 10 horas del asta bandera del bulevar Manuel Avila Camacho, hacia el zócalo de puerto.

En la protesta, encabezada por la abuela dela víctima, María Elena Breton de la Cruz, señalo que a raíz de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la publicidad el caso, ella y su familia han recibido amenazas de muerte.

A pesar de la evidencia en contra de las mujeres ha tomado claros indicios de ser un mal estructural sistémico en la sociedad mexicana poco se hace para defenderlas de manera efectiva ante las agresiones.

En este caso existe evidencia abrumadora de la existencia de un delito grave, ampliamente repudiado por la sociedad, como son la denuncia formal presentada ante las Fiscalía General del Estado y la indagatoria correspondiente, que contiene el testimonio de la víctima; la confesión expresa tomada en video de manera voluntaria a los agresores donde Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta, Diego Cruz Alonso y Enrique Capitaine confiesan su crimen y se disculpan con la joven. las pruebas periciales que demuestran que el video no fue editado; las declaraciones de todos los involucrados; peritajes en el lugar de los hechos; Existen además las entrevistas entre los padres de familia de los depredadores sexuales y el padre la víctima, una carta pública de la víctima reclamándoles su conducta sus violadores.

Sin embargo, a quince meses de la violación la Fiscalía General de Estado y en particular la Fiscalía de Violencia Contra la Mujer, encabezada por Consuelo Lagunas, no ha terminado de integrar la indagatoria.

Tercero.- En los primeros días de abril de 2016 ha trascendido que Enrique Capitaine Marin y Diego Gabriel Cruz Alonso ya no se encuentran en México; el primero, se indicó, se trasladó a Estados Unidos, mientras que el segundo abordó un vuelo con destino a España,

Diego Cruz Alonso, aterrizo en Madrid el 30 de marzo de 2016, donde a falta de acción por parte delas autoridades mexicanas, un grupo de connacionales inició una campaña para ubicar al agresor.

Mientras medios locales de Houston, Texas, reportan que Enrique Capitaine, (hijo del exalcalde de Nautla, Felipe Capitaine) se encuentra en esa zona de los Estados Unidos.

El diario local Woodlans Monocle publico el 6 de abril de 2016, una nota con el encabezado “Puedes huir, pero no te puedes esconder aquí, Enrique Capitanine Marin”, en ella se señala que vivió una temporada en el suburbio de Woodlans, a 50 kilómetros de Houston, Texas, y que está confirmada su presencia en Texas.

Cuarto.- Existen varias formas de cooperación dentro de la Comunidad Internacional en lo referente al Derecho Penal Internacional entre las que encontramos, según la Corte Penal Internacional, las siguientes: Identificar y buscar personas u objetos; Practicar pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento, y producir pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales que requiera la Corte: 1. Interrogar a una persona objeto de investigación o enjuiciamiento; 2. Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales; 3. Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos; 4. Proceder al traslado provisional de personas; . Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumación y el examen de cadáveres y fosas comunes; 5. Practicar allanamientos y decomisos; 6. Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales; 7. Proteger a víctimas y testigos y preservar prueba; Identificar, determinar el paradero o inmovilizar el producto y los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso ulterior y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe; 8. Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación del Estado requerido y destinada a facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la Corte.

Dentro esta cooperación jurídica que existe entre los Estados, también encontramos a una figura muy importante como lo es, la Extradición. Este tipo de cooperación la encontramos plasmada en distintos Tratados y Convenciones Internacionales Multilaterales y Bilaterales, que sobre este tema México ha signado y ratificado con la Comunidad Internacional.

La cooperación bilateral regional en materia de extradición se concreta en tratados que México ha signado con diversos países.

El tema de la extradición de personas es de particular importancia en lo que respecta a la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen y la impunidad, sobre todo en los últimos años cuando ha crecido la actividad criminal organizada, así como la cooperación en su combate y la cantidad de delincuentes extraditados.

Los tratados de extradición son un instrumento del derecho para evitar que los autores de un delito queden impunes al trasladarse a otro país. Al efecto México tiene firmados tratados de extradición, incluidos con todos los miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos de América, además de la cooperación internacional que se tiene con la Interpol.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para consigne la indagatoria 5492/15/1ESO/VER/05, abierta por el delito de violación en contra de Enrique Capitaine Marin, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, ante los tribunales correspondientes, y se emita las alertas correspondientes para la localización y detención de los involucrados y a la Secretaria de Relaciones Exteriores para que en uso de su facultades realice los pedimentos de extradición que corresponda, a fin de que los imputados puedan ser sometidos ante la justicia mexicana por los crímenes que se les imputan.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de abril de 2016.

Diputados Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Sergio Rene Cancino Barffuson.

Con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de recursos federales formulada por el jefe del gobierno de la Ciudad de México para mejorar el transporte público, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Santiago Taboada Cortina, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La Ciudad de México se encuentra en una situación de alto riesgo en materia medio ambiental. De nueva cuenta, la concentración de contaminantes en la atmósfera ha alcanzado niveles potencialmente dañinos a la salud de la población más vulnerable como, niños, adultos mayores y enfermos de vías respiratorias.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (SEDEMA), en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) circulan más de 5 millones de autos diariamente, de los cuales, el 78% son de uso particular, el 8% para el transporte público y el 14% son vehículos de carga de mercancías.

Estos autos generan anualmente: 50% de la contaminación del aire que impacta en la salud pública; 49% de los 50 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático); 79% de las 2 mil toneladas de carbono negro, principal contaminante que incide en el cambio climático, entre otras afectaciones de carácter polutivo que afectan a la Ciudad de México.

Con la finalidad de mejorar la calidad del aire en la Ciudad, se han tomado distintas medidas a lo largo del tiempo, sin embargo, en su mayoría centradas en el Programa Hoy No Circula creado en 1989.

Este programa fue modificado por la actual administración capitalina en junio de 2014, argumentando una modernización del mismo, precisando que los niveles de contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México presentaban concentraciones por arriba de los valores establecidos en las Normas Oficiales Mexicana de Salud Ambiental, en específico en las partículas PM10 y PM2.5, así como el ozono.

A pesar de las medidas adoptadas en 2014, el 14 de marzo de 2016, debido a que los contaminantes precursores de ozono aumentaron en la Ciudad de México y superaron los 200 puntos en el índice Metropolitano en la Calidad del Aire (IMECA), fue activada la fase 1 de la contingencia ambiental.

Bajo ese antecedente, el 06 de abril de 2016 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se dan a conocer las Medidas Temporales para Prevenir, Controlar y Minimizar las Contingencias Ambientales o Emergencias Ecológicas, Provenientes de Fuentes Móviles, dónde se implementa una modificación temporal al programa Hoy no circula, estableciendo que del 05 de Abril hasta el 30 de Junio de 2016, todos los vehículos (inclusive hologramas 0 y 00 que estaban exentos en el esquema original) dejarían de circular un día en la semana y un sábado al mes, de acuerdo al color de holograma o último dígito de la placa, SIN IMPORTAR EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL POR LA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES.

Evidencio entonces que el Programa Hoy No circula ha sido el eje rector de la política medio ambiental de la Ciudad en las últimas 2 décadas, tan sólo limitando la circulación de los automóviles y dejando de lado un conjunto de medidas, acciones y políticas públicas que resuelva de manera integral el delicado problema de movilidad en la ciudad, con medidas como fomentar el uso del transporte público, incrementar la inversión y alternativas del mismo; generar esquemas de inversión rentables, adecuados y sujetos a resultados que en su conjunto repercutan en una mejor calidad del medio ambiente en la Ciudad.

Como resultado de esta coyuntural crisis ambiental en la ciudad, con repercusiones serias en la vida diaria de ésta, el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, solicitó al Gobierno Federal un fondo de al menos $5,000 mdp (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.) para mejorar el transporte público de la ciudad, argumentando que dicho fondo lograría un cambio ambiental significativo debido a que los cambios anunciados recientemente como lo son las medidas del programa “Hoy no Circula” son medidas provisionales que no solucionarán de fondo el problema de la contaminación.

Por supuesto que las medidas anunciadas por el Gobierno de la Ciudad de México no representan una solución de fondo a los problemas de la ciudad en materia de movilidad, transporte público y ambiental. Sin embargo, también me resulta pertinente aclarar que el Gobierno de la Ciudad de México, al menos en la presente y pasada administración, han contado con recursos suficientes y de sobra para dar solución a los problemas que hoy nos aquejan, problemas que hoy son graves y como resultado de la irresponsabilidad al gobernar y la falta de ideas para solucionarlos.

CONSIDERACIONES

1. Que el Sistema de Transporte Colectivo (METRO), por sus características, resulta ser un eje fundamental para los medios de transporte implementados en la Ciudad de México, ya que transporta en promedio a 4.2 millones de usuarios diariamente1 , por lo que es el servicio de transporte público más importante de la Ciudad de México y de la zona Metropolitana, además de ser un elemento estratégico para la articulación de la Movilidad de la Ciudad.

2. Que según cifras de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) se calcula que el número de viajes metropolitanos, es decir, aquellos que cruzan el límite de la Ciudad de México y el Estado de México por día ascienden a 4.2 millones3 .

3. Que la Encuesta sobre Transporte Público y uso del Automóvil en la Zona Metropolitana del Valle de México 20143 (ZMVM) reveló que 41 por ciento de los habitantes de esta área que no tiene auto está dispuesto a comprar uno y dejar el transporte público. El universo de quienes carecen de un automóvil es de 77 por ciento. La preferencia de quienes viajan en dicha zona, por los servicios de transporte público se degrada por falta de calidad y eficiencia y, principalmente, por la inseguridad.

4. Que con fecha 07 de diciembre de 2013, fue publicado la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo por el que se emite la resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), donde se acuerda el incremento a la tarifa para los usuarios del servicio de $2 pesos M.N., siendo ésta por un total de $5.00 (Cinco Pesos 00/100 M.N.) por viaje, incluyendo transbordos.

5. Que en dicho acuerdo se estableció la constitución de un Fideicomiso con el objetivo de recibir y administrar los recursos provenientes del incremento de $2.00 (Dos Pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto de la tarifa anterior, vigilando que los recursos sean destinados a atender los requerimientos de rehabilitación, actualización, sustitución y mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas que el Sistema de Transporte Colectivo opera para beneficio de los usuarios.

6. Que al día de hoy desconocemos el monto del acervo por concepto de este incremento al precio de transporte público, al igual que su utilización y en todo caso la falta de resultados en la mejora de servicio a los usuarios en la ciudad.

7. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, 2015 y 2016, en los anexos correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, una asignación de 3 mil, 3 mil 500 y 4 mil millones de pesos respectivamente por concepto de Fondo de Capitalidad, lo cual implica que dicho fondo en los últimos tres años ha representado 10 mil quinientos millones de pesos de recursos adicionales a la Ciudad, más del doble de lo que hoy solicita el Jefe de Gobierno.

8. Que los lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad, considera dentro de su Capitulo III, que el Distrito Federal podrá destinar los recursos del Fondo, entre otros fines para:

• La inversión en infraestructura vial primaria, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio de alumbrado público que su operación requiera;

• La Inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público (en el caso de la infraestructura de transporte público, incluye la adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el mantenimiento preventivo y correctivo), incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación y equipamiento.

9. Que la ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobada para el ejercicio fiscal 2015 contemplaba ingresos totales por la cantidad de 169 mil 222 millones de pesos, mientras que de acuerdo con el cuarto informe trimestral de la cuenta pública de la Ciudad de México, los ingresos totales recaudados ascienden a $204 mil 815 millones de pesos, lo cual implica una subestimación para 2015 de 35 mil 593 millones de pesos.

10. Que en analizando las Cuentas Públicas de la Secretaría de Finanzas, en 2013, 2014 y 2015, se subestimaron 32 mil 100, 32 mil 295 y 35 mil 593 millones de pesos respectivamente.

11. Asimismo, tomando en cuenta los ingresos reales y la cuenta pública, los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, han sido objeto de subejercicio respecto a los ingresos reales, con lo cual el Gobierno de la Ciudad ha contado con recursos disponibles para su ejercicio: 11 mil 899, 11 mil 578 y 29 mil 635 millones de pesos respectivamente; lo cual implica recursos disponibles en los últimos tres ejercicios fiscales por 53 mil 113 millones de pesos.

12. Que derivado de lo anterior es posible considerar que el Gobierno de la Ciudad de México ha contado, cuenta y contará con los recursos suficientes para la inversión en infraestructura vial y de transporte público, así como para el remplazo del parque vehicular obsoleto de la Ciudad.

13. Que con la suma de los recursos Federales y provenientes por las reiteradas subestimaciones en los ingresos de la Ciudad de México, el Gobierno Capitalino ha contado con más de 60 mil millones de pesos en los últimos tres años, adicionales a las necesidades que debe cubrir cada ejercicio fiscal con el Presupuesto que aprueba la Asamblea Legislativa año con año, para destinar a inversión en infraestructura de transporte y de soluciones en materia de movilidad para la Ciudad.

14. Que a pesar de las cifras anteriores, el Jefe de Gobierno NO ha considerado la movilidad como una prioridad, por lo cual ha dejado de invertir lo necesario para generar una Ciudad con un transporte público de calidad y suficiente para los ciudadanos que viven y transitan a diario por ella, generando al mismo tiempo una externalidad negativa en la calidad del aire y los índices de contaminación en la Ciudad.

15. Que en el Partido Acción Nacional, realizamos propuestas para mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México, como:

a. Incorporación de nuevas tecnologías y parámetros en la verificación vehicular.

b. Circulación nocturna obligatoria para vehículos de carga, distribución de mercancía y materiales de construcción.

c. No operación de camiones de basura durante horas pico.

d. Importación de gasolina baja en azufre.

e. Implementación por parte de empresas y oficinas de gobierno de lo que se denomina “Home Office”, es decir, la realización del trabajo por parte de los empleados desde su lugar de residencia, evitando traslados durante contingencias.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretario de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a emitir un informe a la opinión pública, en un plazo no mayor a 15 días, de los precios de adquisición e importación de los combustibles en el mercado mexicano durante el presente ejercicio fiscal, con especial detalle en la afectación en la calidad de estos combustibles adquiridos a partir de la entrada en vigor del esquema de importación con bandas de precio al mercado interno; y de la repercusión al Medio Ambiente y la calidad del aire, que ha generado el consumo interno de estos combustibles.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a rechazar cualquier solicitud de recursos federales hecha por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hasta no conocer, analizar y evaluar un plan de inversión y acción para el mejoramiento de la infraestructura de transporte público de la Ciudad de México en los siguientes 10 años y su repercusión en la movilidad capitalina.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que informe detalladamente a la opinión pública, en un plazo no mayor a 45 días, sobre los recursos generados derivado del incremento a la tarifa del Sistema del Transporte Colectivo Metro, así como su destino, indicando los montos y rubros a los cuales han sido destinados en Gasto Corriente y de Capital para la mejora en el servicio de Transporte y su infraestructura.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar detalladamente a la opinión pública en un plazo no mayor a 30 días, sobre los recursos, programas y acciones encaminados al mejoramiento de la infraestructura vial y de transporte público en la Ciudad, con su respectivo análisis Costo-Beneficio y con énfasis en aquellos provenientes del Fondo de Capitalidad.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que informe a la opinión pública de manera detallada en un plazo no mayor a 30 días, sobre los proyectos específicos de inversión en infraestructura de movilidad y transporte que tiene considerados en la Ciudad de México, con su respectivo análisis costo-beneficio, la consideración de proyectos multianuales y su repercusión en el corto, mediano y largo plazo como solución a la problemática de movilidad y transporte en la Ciudad de México.

Notas:

1 Estadísticas de movilidad presentadas por SEMOVI, disponibles en: http://www.semovi.cdmx.gob.mx/wb/stv/estadisticas.html

2 Ibidem

3 Disponible en: http://dinamia.com.mx/estudios-de-opinion/encuesta-transporte-valle-mex ico-2014/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de abril de 2016.

Diputado Santiago Taboada Cortina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a aclarar la controversia generada por las acusaciones hacia un servidor público de esa casa de estudios por transportar grandes cantidades de dólares en una avioneta propiedad de ella, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita Elva Lidia Valles Olvera, Diputada Federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo el artículo 6 numeral 1, fracción I, artículo 79 numeral 1, fracción II y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al C.P. Enrique Etienne Pérez del Río, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a las autoridades que resulten competentes a que se esclarezcan las acusaciones presentadas por diversos medios de comunicación donde se menciona que presuntamente un servidor público adscrito a la universidad fue detenido por autoridades aduanales transportando grandes cantidades de dólares en un vehículo oficial de la casa de estudios.

Consideraciones

Verdad, Belleza, Probidad, es el lema de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), refiriéndose a los valores que rigen a la casa de estudios, Verdad describe la conformidad de las cosas con su representación mental; Belleza es la propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite espiritual; Probidad es moralidad, integridad y honradez en las acciones, rectitud de ánimo e integridad en el obrar.

La Institución se define a sí misma como un organismo descentralizado del estado, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión es impartir educación para formar profesionistas útiles para forjar una sociedad con conciencia humanista, esfuerzo solidario, sentido de pertenencia e identidad nacional por encima de cualquier interés ideológico o individual.

Se visualiza como una institución de educación superior que promueve la formación humana, ética y la práctica de valores que sustenta su quehacer en una administración ordenada, funcional y transparente.1

Al observar los honorables valores y motivos que mueven a la Universidad genera gran asombro que en días recientes se ha publicado en diversos medios de prensa escrita la noticia sobre un ciudadano al que se reconoce como piloto aviador perteneciente a la nómina de la Universidad, el cual fuera detenido por autoridades estadounidenses por la portación de trescientos mil dólares en efectivo a bordo de una avioneta propiedad de la casa de estudios, noticia que ya se encuentra en periódicos de cobertura nacional generando gran polémica sobre la transparencia y legalidad del manejo de la economía de la universidad.

Además fue motivo de un exhorto por parte de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas en donde se exigió que se esclareciera el caso,2 sin embargo a pesar de las fuertes acusaciones recibidas en su contra las autoridades universitarias no han generado posturas ni declaraciones al respecto fallando a su misión de ser una institución transparente, lo que además ha creado especulaciones sobre la participación del Rector Enrique Carlos Etienne Pérez del Rio en el conocimiento del presunto delito e incluso en su participación en él.3

La H. Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 (PEF 2015) 305 mil 057.1 millones de pesos (mdp) para el ramo de educación; dentro de él se destinaron 42 mil 663.8 mdp para la prestación de servicios de educación superior y posgrado con la finalidad de fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior.4

Específicamente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el mismo ejercicio fiscal se asignaron 1, 921. 646 mdp5 dentro del programa Subsidios federales para organismos descentralizados estatales,6 a cargo de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, con el propósito de contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior y educación superior pública, mediante la asignación de recursos, orientado a los organismos descentralizados Estatales de Educación públicos que ofertan servicios de educación media superior, superior y de formación para el trabajo en cada una de las Entidades Federativas.7

Genera gran preocupación que una Institución receptora de recursos federales se encuentre envuelta en controversias con respecto al manejo de sus finanzas y más aún este siendo acusada de supuestos desvíos de recursos.

Es de vital importancia que ante la incertidumbre generada por las declaraciones recientes de los medios de comunicación, las autoridades competentes informen del paradero y la situación legal del Sr. Ramiro Asencio, piloto aviador virtualmente al servicio de la Universidad y se aclare su condición como servidor público adscrito a la UAT, considerando que la presunta falta causante de la acusación al susodicho podría corresponder a delitos que las leyes mexicanas condenan y además que es de conocimiento popular entre la sociedad tamaulipeca la cercanía del individuo con el Rector de la Universidad lo que hace preciso se explique el origen y destino de los recursos motivos de la acusación.

Así mismo deben ser tomadas todas las medidas para esclarecer el asunto mencionado, de gravedad tal que también pudiera incurrir en delitos más serios como son contrabando equiparado o lavado de dinero. Esta operación es sospechosa y de relevancia nacional ya que no es la primera vez que un servidor público es detenido con grandes cantidades de dinero.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al C. Enrique Carlos Etienne Pérez del Río, en su calidad de Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a que en concordancia con los valores de verdad y probidad que rigen la casa de estudios, aclare la situación del supuesto empleado de dicha institución que en uso de un vehículo propiedad de la Universidad, presuntamente fuera arrestado por autoridades estadounidenses debido a la portación de varios cientos de miles de dólares; lo anterior a fin preservar la reputación y transparencia de la máxima casa de estudios tamaulipeca.

Notas

1 Universidad Autónoma de Tamaulipas,
http://www.uat.edu.mx/SitePages/principal.aspx

2 H. Congreso del Estado de Tamaulipas, Síntesis de la sesión pública ordinaria del 20 de marzo de 2016.
URL:http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Sintesis/
SINTESIS%20%20SESION%2020%20MARZO%202016.pdf

3 Excélsior URL: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/20/1082072; La Jornada, URL:

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/23/estados/032n3est; La verdad de Tamaulipas URL: http://www.laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=EDITORIAL& nota=236687

4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Recursos Asignados al Ramo 11 “Educación”. URL: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2015/marzo/notacefp0102015.pd f

5 LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015. Periódico Oficial del Estado. 17 de Diciembre de 2014.

6 CEPF, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Tamaulipas, Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014.
http://www.cefp.gob.mx/edospef/2015/ppef2015/tam.pdf

7 SEP, Formato del Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales” https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/2584/3/images/anexo_7_ u006.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 08 de Abril de 2016.

Diputada Federal Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica)



Efemérides

Con motivo del 12 de abril, Día Internacional de los Vuelos no Tripulados, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

En 1970, una monja radicada en Zambia y llamada hermana Mary Jucunda le preguntó a través de una carta, al doctor Ernst Stuhlinger, entonces director asociado de ciencia en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA, cómo podía sugerir que se gastasen miles de millones de dólares en un proyecto de exploración espacial en un tiempo en el que tantos niños morían de hambre en la Tierra.

Después de una larga explicación sobre el ejercicio del presupuesto asignado para investigaciones espaciales el Dr. Stuhlinger concluyó:

“Al trabajar para el programa espacial, puedo hacer alguna contribución al alivio y eventual solución de problemas tan graves como la pobreza y el hambre en la Tierra.

Cada año, alrededor de mil innovaciones técnicas generadas en el programa espacial se abren camino a las tecnología terrestres, donde producen mejores electrodomésticos y equipos agrícolas, mejores máquinas de coser y radios, mejores barcos y aviones, mejores pronósticos del tiempo y avisos de tormentas, mejores comunicaciones, mejores instrumentos, mejores utensilios y herramientas para la vida diaria.

Aunque nuestro programa especial parece llevarnos lejos de la Tierra hacia la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas, creo que ninguno de esos objetos celestes recibirá tanta atención y estudio por parte de los científicos espaciales como nuestra Tierra. Se convertirá en una Tierra mejor, no sólo por todo el nuevo conocimiento técnico y científico que usaremos para la mejora de la vida, sino también porque estamos desarrollando un aprecio más profundo hacia nuestro planeta, hacia la vida y hacia el hombre”

La Organización de las Naciones Unidas conmemora hoy el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. La fecha coincide con el día en que el astronauta ruso Yuri Gagarin realizó el primer vuelo espacial tripulado, el 12 de abril de 1961.

La jornada fue proclamada en 2011 por la Asamblea General de la ONU como una oportunidad de recordar y reconocer lo que fue un verdadero evento histórico que abrió el camino a la exploración del espacio.

“Tuve el privilegio y el honor de realizar el primer vuelo alrededor de la órbita terrestre durante 1 hora y 48 minutos”, dijo entusiasmado a su vuelta a la Tierra el astronauta ruso. Hoy hacen más de 50 años de aquella hazaña.

En México, tenemos el ejemplo de dos grandes hombres que con su perseverancia lograron alcanzar las estrellas: los astronautas Rodolfo Neri Vela y José Hernández Moreno.

Neri Vela nació en Chilpancingo, Guerrero, el 19 de febrero de 1952. En 1975 recibió su título como Ingeniero Mecánico Electricista, con especialidad en Comunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Él realizó una maestría y doctorado en el Reino Unido, en las Universidades de Essex y Birmingham, especializándose en Telecomunicaciones y Radiación Electromagnética. Su trayectoria profesional incluye tiempo en la SCT y 19 años de docencia en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

No fue hasta el 26 de noviembre de 1985 que hizo historia: fue parte de la tripulación de la Misión 61-B, en el Transbordador Espacial Atlantis. Su rol fue el de especialista de carga en una misión de siete días, con el objetivo de poner en órbita tres satélites: el Morelos II (México), AUSSAT-2 (Australia) y SATCOM (Estados Unidos). Cabe mencionar que el pasado 15 de diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados lo congratuló con la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”.

Por otra parte, muchos han descrito la historia de José Hernández Moreno como un perfecto ejemplo del sueño americano. Nació en California el 7 de agosto de 1962. Sus padres, originarios de Michoacán, viajaban a los Estados Unidos cada año para trabajar en las cosechas de fresas y pepinos.

José Hernández Moreno se tituló en Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Pacífico en 1984 y obtuvo una Maestría en el mismo campo y en Informática por la Universidad de Santa Bárbara en 1986.

Tras 11 intentos fallidos, Hernández al fin cumplió su sueño el 28 de agosto del 2009, en la misión STS-128. Por medio del Transbordador Discovery transportaron equipo, comida y agua a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Su cargo fue de especialista de misión.

También es importante reconocer el esfuerzo realizado por Ellen Ochoa, quien hizo historia en los anales de la exploración espacial, al ser la primera mujer latinoamericana en viajar al espacio en 1993. Fue seleccionada por la NASA como astronauta en 1990, dando comienzo a una carrera que traería como fruto casi 1,000 horas en el espacio y múltiples premios.

Nacida el 10 de mayo de 1958 en Los Ángeles, California, Ochoa cuenta con un título en Física por la Universidad Estatal de San Diego. Ya en la Universidad de Stanford, completó una maestría en ciencias y un doctorado en Ingeniería Eléctrica.

El 8 de abril de 1993 formó parte de la tripulación del transbordador Discovery en la misión STS-56 de la NASA. Ésta fue la primera de cuatro misiones en su trayectoria. Continuó en STS-66 en 1994, STS-96 en 1999, y STS-1 10 en el 2002. Entre sus responsabilidades se encontraban controlar el software para vuelo, desarrollo de hardware, desarrollo en robótica y entrenamiento.

Cada 12 de abril se busca conmemorar el principio de la era espacial y reafirmar que la ciencia y la tecnología cósmica contribuyen de manera crucial a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y aumentar el bienestar de los Estados y los pueblos. Este Día también quiere sensibilizar al mundo para asegurar que se cumpla la aspiración de reservar el espacio ultraterrestre a fines pacíficos.

La Asamblea General está profundamente convencida de la conveniencia de fomentar y ampliar la exploración y el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, perseverar en los esfuerzos para que todos los Estados puedan gozar de los beneficios derivados de esas actividades y mantener el espacio como patrimonio de toda la humanidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de abril de 2015.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con motivo del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 10 de abril del presente año se conmemoró el XCVII aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, y nos damos cuenta cómo se mantiene viva la lucha que a principios del siglo XX se consolidó mediante una declaración de reivindicación agraria.

En tiempos en que el campesino era ignorado, máxime de verlo como un vulgar peón y destinatario de la más cruel explotación, era necesario que se escuchara en México la realidad de millones de personas que vivían en la pobreza, la desigualdad social estaba terriblemente marcada y que uno de los más grandes patrimonios de los mexicanos –la tierra– quedaba en manos de unos cuantos.

El movimiento que encabezó el General Zapata no surgió de una simple coincidencia, surgió de las mismas causas que se han manifestado a lo largo del mundo y que han construido la historia, de las clases oprimidas que buscan ser escuchadas para tener una vida digna, es por ello que Emiliano Zapata lanza un manifiesto que condena toda clase de explotación y de esclavitud, y que se reproduce en un eco para las generaciones presentes y futuras.

La obra de tan importante personaje, reflejada en el Plan de Ayala, refiere la congruencia con un tiempo que exigía que las haciendas o propiedades comunales, montes o aguas que se encontraran en manos de hacendados y caiques, se restituyeran a aquéllos que día con día ponían el sudor de sus frentes para labrar la tierra de México. “La Tierra es de quien la trabaja” exclamaba.

El Plan de Ayala surge ante al incumplimiento de Francisco I. Madero de las promesas que hizo a la nación en el Plan de San Luis, del principio del sufragio efectivo, de la imposición de gobernantes en los estados, particularmente en Morelos, y en general por haber desconocido a sus antiguos aliados, quienes lo llevaron al poder.

Ante tales consideraciones, los zapatistas declararon a Madero inepto para realizar las promesas de la Revolución de que fue autor, en el Plan de Ayala dicen: “Por haber traicionado los principios con los cuales burló la fe del pueblo, y pudo haber escalado el poder; incapaz para gobernar, por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos, y traidor a la patria por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que desean sus libertades, por complacer a los científicos, hacendados y caciques que nos esclavizan, desde hoy comenzamos a continuar la Revolución principiada por él, hasta conseguir el derrocamiento de los poderes dictatoriales que existen”1 .

En el Plan de Ayala, los zapatistas demandan la restitución de tierras a sus dueños originales, que fueron usurpadas por hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal, asimismo, señalan en el séptimo punto del Plan de Ayala: “7o. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos, o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos”2 .

Hacia la parte final del décimo quinto punto del Plan de Ayala, al justificar el enfrentamiento armado contra Madero, por sus traiciones a los principios de la Revolución, los que enarboló para llegar al poder, definieron un principio esencial de su lucha: “No somos personalistas, somos partidarios de los principios y no de los hombres” 3.

Esta última frase fue fielmente cumplida por el Caudillo del Sur, lo que provocó que se enfrentara sucesivamente a Madero, Huerta y a Carranza, quienes desde el Poder Ejecutivo de la República lo asediaron militarmente. No obstante, no fue la fuerza militar la que acabó con su vida, solamente la traición fue capaz de ultimarlo.

El 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, Morelos, Zapata fue cobardemente asesinado.

El General Zapata nunca transigió, porque fue fiel a la defensa de los intereses de los campesinos de Morelos y de toda la República, lo hacemos porque fue congruente con los principios de la Revolución Mexicana, lo hacemos porque trataron de disuadirlo para que abandonara sus principios y nunca transigió.

En estos días, México necesita recordar la gesta de este importantísimo personaje y mantenerlo vigente. No se debe permitir el atropello de los derechos agrarios de las y los campesinos, las privatizaciones de la tierra para satisfacer intereses personales y políticos, ni la explotación de los recursos que tanto nos hacen falta.

Notas

1 Plan de Ayala, Punto 1.

2 Plan de Ayala, Punto 7.

3 Plan de Ayala, Punto 15.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)