Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4503-V, jueves 7 de abril de 2016
De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a incorporar en su normativa civil y familiar los más altos estándares en materia de derechos humanos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de lo siguiente:
I. Antecedentes
A. El 9 de febrero de 2016, el diputado Armando Luna Canales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a incluir en su legislación civil y familiar los más altos estándares en materia de derechos humanos señalados en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
B. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la proposición con punto de acuerdo fuera turnada, para dictamen, a la Comisión de Derechos Humanos.
II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de un único exhorto, que a la letra dice:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas para que emprendan las medidas legislativas necesarias para incorporar, en su legislación civil y familiar, los más altos estándares en materia de derechos humanos señalados en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:
Menciona el importante papel que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de 10 de junio de 2011, ha tenido para nuestro país y como ha repercutido en los diversos poderes y órdenes de gobierno del Estado, en especial, a través de las obligaciones básicas impuestas en materia de aplicación e interpretación de los derechos humanos, a fin de beneficiar en todo momento a las personas la protección más amplia.
De manera más específica, el proponente refiere el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual, indica, ha inaugurado una nueva época en su actividad jurisdiccional con motivo de estas enmiendas constitucionales y como resultado de sus implicaciones en todo el sistema jurídico mexicano, en especial, tratándose de su interpretación.
Del mismo modo, destaca el papel que el Poder Legislativo federal ha realizado en su labor de armonización legislativa, incorporando los derechos contenidos en instrumentos internacionales ratificados por México, así como trasladando los contenidos de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, a las diversas leyes secundarias de nuestro ordenamiento jurídico.
No obstante lo anterior, se menciona que en lo referente al orden jurídico local hay a la fecha diversos rezagos por parte de diversas entidades federativas, las cuales no han logrado realizar una adecuada armonización de sus disposiciones con la multicitada reforma constitucional en materia de derechos humanos y con los más altos estándares en la materia. Indica que ello se evidencia en el hecho de que son cada vez más las personas que, mediante el juicio de amparo, buscan el reconocimiento de sus derechos humanos argumentando la falta de adecuación de las normas locales con la Constitución y con los tratados internacionales.
Señala que con motivo de dichos juicios constitucionales, los cuales son interpuestos especialmente en las materias civil y familiar, el supremo tribunal del país ha emitido diversos precedentes en los que ha declarado la contravención de diversas normas locales con los principios plasmados en la Constitución y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. A la par, refiere que estos razonamientos observados por la SCJN pueden ser trasladados a los demás casos en los que se mantienen normas con el mismo contenido jurídico.
En ese sentido, el proponente refiere: “[...] es necesario que los congresos locales emprendan las medidas legislativas necesarias para adecuar su legislación civil y familiar conforme a los criterios emitidos por la SCJN, en su calidad de intérprete final de la Constitución, y con los estándares internacionales en materia de derechos humanos [...]”
III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos reconoce que los derechos fundamentales de todos y cada uno de los gobernados deben de ser el eje central sobre el que toda actividad del Estado encuentre su sustento y razón de ser.
La protección, defensa y garantía de los derechos humanos requiere de un Estado sólido, capaz de articular respuestas y soluciones a los problemas que se presenten. Para ello, la colaboración de los distintos órganos y poderes del Estado es esencial para cumplir el mandato que la Carta Magna impone a todos los servidores públicos conforme al artículo 1o. constitucional.
Se advierte que la existencia de un Estado constituido bajo un régimen federal presenta diversos retos y complejidades, mismos que deben ser afrontados para la consecución de la mayor tutela y efectividad de los derechos humanos. No obstante, al ser bienes indisponibles y al partir de disposiciones de orden constitucional, así como de compromisos internacionales, que obligan al Estado mexicano en su conjunto, la reglamentación de los derechos humanos, conforme a los más altos estándares y prácticas internacionales, no puede omitirse por ninguna autoridad del Estado, ya sea federal o del ámbito local.
Como indica el diputado proponente, tanto el Poder Judicial de la Federación, como el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal, han emprendido acciones a fin de optimizar los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución así como en los diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
En lo que compete propiamente al Poder Judicial de la Federación, la inauguración de una nueva época jurisprudencial, así como la resolución de novedosos fallos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dan cuenta de esta nueva visión respecto al entendimiento del derecho. De manera ejemplificativa –y no limitativa- presentamos algunos de los razonamientos que la SCJN ha esbozado, particularmente en materia civil y familiar, que el diputado proponente expone.
En materia de divorcio y, concretamente en las causales que aún son mantenidas en algunas legislaciones de entidades federativas, la SCJN ha sentado una línea jurisprudencial de acuerdo con la cual la sola existencia de una causal de divorcio atenta contra el derecho fundamental a la libre personalidad del individuo. En su contradicción de tesis 73/2014, el máximo tribunal determinó: “El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de ‘autonomía de la persona’, de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio... que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público”.1
En el amparo directo 5,53/2014 la SCJN agregó: “Si la libre voluntad de las partes es un elemento esencial del matrimonio, es indudable que aquélla también debe ser tomada en cuenta para decidir, legalmente, si dicha unión conyugal seguirá existiendo o si se disolverá, pues no puede ser reconocida sólo al momento de celebrarse el matrimonio, y soslayarse una vez tramitado el divorcio... la libertad del cónyuge para diseñar de manera autónoma su proyecto de vida, no puede condicionarse a la demostración de las causales que invocó en su escrito inicial de demanda, pues esta imposición incidiría de manera perniciosa en el libre desarrollo de su personalidad y dignidad humana; por tanto, la única causa determinante que puede considerarse como constitucionalmente válida, no es más que la libre voluntad que expresó en su demanda...”2
En el amparo directo en revisión 1819/2014, de una manera aún más contundente, la Suprema Corte expreso con toda claridad: “El establecimiento del divorcio sin causales resulta congruente con la obligación contenida en el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con ello se atiende al derecho fundamental a la dignidad humana... no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, no está supeditada a explicación alguna sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente”.3
En el caso de la figura de la adopción, la SCJN también ha sentado una línea jurisprudencial a la vanguardia de los derechos humanos. Así, en la Acción de inconstitucionalidad 2/2010. La SCJN indicó: “La protección al interés superior de los niños y las niñas consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un principio que exige su cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles de gobierno y ámbitos competenciales y si bien es cierto que tratándose de la institución civil de la adopción, los derechos de los menores sujetos a adopción se encuentran en posición prevalente frente al interés del adoptante o adoptantes, también lo es que ello no se traduce en que la orientación sexual de una persona o de una pareja lo degrade a considerarlo, por ese solo hecho, como nocivo para el desarrollo de un menor y, por ello, no permitirle adoptar. Cualquier argumento en esa dirección implicaría utilizar un razonamiento vedado por el artículo 1o. constitucional que, específicamente, prohíbe la discriminación de las personas por razón de sus preferencias, lo que además sería contrario a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado respecto del tipo de familia protegido por el artículo 4o. constitucional y los derechos de los menores”.4
En la acción de inconstitucionalidad 8/2014, la SCJN señaló que las sociedades de convivencia, ya sea entre personas del mismo sexo o heterosexuales, forman un modelo de familia reconocido en la Constitución y que, por tanto, les asiste el derecho a la adopción de hijos. Además, expresó que es nulo de pleno derecho cualquier pacto que contravenga este derecho elemental a la constitución de una familia por vía de la adopción.5
En materia de patria potestad, en el amparo directo en revisión 77/2012 la SCJN declaró: “Basta que el juez verifique en el caso concreto que efectivamente el progenitor en cuestión ha incumplido sus deberes alimenticios sin que exista una causa justificada para ello, para que el juzgador pueda decretar la pérdida de la patria potestad del menor”.6
De la misma manera, en lo que hace al derecho humano al nombre, la Suprema Corta ha delineado también novedosos parámetros, en el amparo directo en revisión 772/2012 expresó: “El derecho humano al nombre implica la prerrogativa de modificar tanto el nombre propio como los apellidos, aspecto que puede estar regulado en la ley para evitar que conlleve un cambio en el estado civil o la filiación, implique un actuar de mala fe, se contraríe la moral o se busque defraudar a terceros, y que el supuesto previsto en dicho numeral consiste en la posibilidad de que una persona que haya utilizado en sus relaciones sociales, familiares o con el Estado un nombre diverso al asentado en su acta de nacimiento, pueda cambiarlo, es claro que la razón que inspira a una solicitud de modificación de nombre radica en adaptar la identificación jurídica del solicitante a la realidad social; de donde se sigue que con el cambio de apellido no existe una modificación a su estado civil ni a su filiación, pues variarlo no implica una mutación en la filiación cuando permanecen incólumes el resto de los datos que permiten establecerla, como sería el nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge; además, no puede considerarse que la solicitud correspondiente cause perjuicios a terceros, ya que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas creadas entre dos o más personas no se modifican ni extinguen sino por alguna de las causas previstas en el propio ordenamiento civil, dentro de las cuales no se encuentra el cambio en los asientos de las actas del Registro Civil; de ahí que tales derechos y obligaciones continúen vigentes con todos sus efectos. Por tanto... la prohibición implícita de modificar los apellidos de una persona, carece de justificación constitucional, pues no constituye una medida necesaria, razonable o proporcional y, por ende, viola el derecho humano al nombre”.7
En cuanto al matrimonio efectuado entre personas del mismo sexo, el máximo tribunal ha señalado que una norma que en sí misma resulta excluyente de un determinado componente social o que determina cualidades no permisibles a un ejercicio de convencionalidad en materia de derechos humanos, resulta inaceptable en un Estado constitucional y democrático de derecho, así, en el amparo en revisión 735/2014 la Corte indicó: “Cuando una norma en sí misma discrimina a una persona o grupo de personas que se ubican en una categoría sospechosa, no es posible realizar una interpretación conforme, pues dicha norma continuaría existiendo en su redacción, aun siendo discriminatoria y contraria al artículo 1o. constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas por México en cuanto a no discriminar con base en categorías sospechosas. Estas obligaciones no pueden cumplirse mediante una interpretación que varíe la base misma del concepto impugnado y que no modifique la situación discriminatoria sufrida por dichas personas. Un planteamiento como ese es incompatible con un Estado constitucional de derecho que aspira a tratar con igual consideración y respeto a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Si se considera que una norma es discriminatoria, la interpretación conforme no repara dicha discriminación porque lo que buscan las personas discriminadas es la cesación de la constante afectación y su inclusión expresa en el régimen jurídico en cuestión; en otras palabras, no sólo acceder a esa institución, sino suprimir el estado de discriminación generada por el mensaje transmitido por la norma. Así pues, el reconocimiento público del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la inconstitucionalidad en la enunciación en caso de no preverlo expresamente, sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los meros efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que es fundamentalmente transformativo y sustantivo”.8
Asimismo, la SCJN ha indicado: “Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio... Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad”.9
Asimismo, con relación a la finalidad del matrimonio, el máximo tribunal también expresó: “Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como ‘entre un solo hombre y una sola mujer’. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión”.10
Como se observa en la lectura de los precedentes citados en las materias civil y familiar, los mismos constituyen criterios de avanzada en su interpretación conforme a los derechos humanos.
En ese sentido, y como indica el proponente, las resoluciones señaladas y emitidas por la SCJN se refieren a la declaración de inconstitucionalidad de determinadas normas locales, pero, no obstante, su construcción argumentativa utilizada en los diversos fallos se basa en la estimación de inconstitucionalidad realizada mediante un nivel de abstracción que permite desprender reglas constitucionales de carácter general, esto es, válidas frente a todas las leyes que establezcan los mismos supuestos normativos, por lo que, en consecuencia, aquellas normas locales en las que se verifique la existencia de las mismas razones que motivaron pronunciamientos previos de inconstitucionalidad por parte de la SCJN, deberían ser reformadas por el legislador local.
No se omite señalar que, con base en la facultad legislativa conferida a las legislaturas de las entidades federativas, se respeta la potestad de las mismas para determinar qué es lo más adecuado de normar en sus correspondientes legislaciones. No obstante y, como se ha señalado, las previsiones en materia de derechos humanos contenidas desde el texto constitucional, los tratados internacionales y, en la interpretación que de ellos realiza nuestro tribunal supremo –en especial cuando se reviste de su función de intérprete constitucional– constituyen también directivas a observar por parte de todas las autoridades del país, por lo que las entidades federativas, y el Distrito Federal, tiene el compromiso de adecuar sus normativas internas en relación con dichos parámetros.
Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de esta asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas a emprender las medidas legislativas necesarias para incorporar en su legislación civil y familiar los más altos estándares en materia de derechos humanos, en especial los señalados en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se ha declarado la inconstitucionalidad de normas locales, así como los establecidos en los instrumentos internacionales de que México es parte.
Notas
1 Tesis: 1a./J. 28/2015 (10a.). Jurisprudencial
(constitucional).
2 Tesis: III.2o.C.25 C (10a.) Tesis aislada
(constitucional).
3 Amparo directo en revisión 1819/2014, párrafo 70,
73-75.
4 P./J. 13/2011. Jurisprudencia (constitucional).
5 Acción de inconstitucionalidad 8/2014.
6 Tesis: 1a. CXVIII/2012 (10a.), materia
constitucional. Décima época. Tesis aislada.
7 Tesis: 1a. CXCVIII/2012 (10a.), materia
constitucional. Décima época. Tesis aislada.
8 Tesis: 1a./J. 47/2015 (10a.), materia
constitucional. Décima época. Jurisprudencia.
9 Tesis: 1a./J. 46/2015 (10a.) décima época; Primera
Sala; Gaceta SJF; libro 22, septiembre de 2015; tomo I;
página 253.
10 Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.) Materia
constitucional, civil. Jurisprudencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2016.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Armando Luna Canales (rúbrica), presidente; Érika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), Emma Margarita Alemán Olvera, José Antonio Salas Valencia (rúbrica en abstención), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Jorge Álvarez López (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, secretarios; Lorena del Carmen Alfaro García, Alfredo Basurto Román, Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Ana Leticia Carrera Hernández, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica), Lía Limón García (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica en abstención), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Juan Pablo Piña Kurczyn (rúbrica en abstención), Enrique Pérez Rodríguez (rúbrica), Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Ángel Rojas Ángeles (rúbrica), Alberto Silva Ramos, Enrique Zamora Morlet.
De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las instancias e instituciones del país centradas en lograr la igualdad entre mujeres y hombres a sustituir sistemáticamente la palabra equidad por igualdad en sus instrumentos jurídicos, sociales y culturales, planes y programas, y ejercicio cotidiano del lenguaje
Honorable Asamblea:
La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1; 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.
1. Metodología
La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al siguiente procedimiento:
• En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de los puntos de acuerdo.
• En el apartado “Contenido del punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de los referidos puntos de acuerdo en el que se resume su contenido, motivos y alcances.
• En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
II. Antecedentes
Con fecha 11 de febrero de 2016 la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco e integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a todas las instancias e instituciones que tengan como uno de sus objetivos lograr la igualdad entre mujeres y hombres, para que en todos los instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad, porque esta última garantiza el acceso hacía la igualdad sustantiva de las mujeres, misma que debe insertarse en el clima social, cultural y jurídico del país.
En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la referida Cámara dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen correspondiente.
III. Contenido del punto de acuerdo
La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco presenta proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a todas las instancias e instituciones que tengan por objeto lograr la igualdad entre mujeres y hombres, para que en todos los instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad, porque de esta forma se garantiza el acceso hacía la igualdad sustantiva de las mujeres, misma que debe insertarse en el clima social, cultural y jurídico del país.
IV. Consideraciones
Primera: La Comisión de Igualdad de Género ha analizado minuciosamente la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, y comparte la importancia que significa cambiar el uso de la palabra equidad, sustituyéndola por la palabra igualdad, en virtud de que esta última posibilita el acceso a la igualdad sustantiva.
Segunda: Coincidimos en que el debate en torno al uso indiscriminado de ambos vocablos, ha presentado momentos de amplio debate, como el experimentado durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en Pekín en 1995, donde hubo una acalorada discusión en torno a los conceptos de igualdad y equidad. Finalmente la posición del Caucus de Derechos Humanos en dicha conferencia fue la que prevaleció, consiguiendo que en la mayoría de los párrafos de la Plataforma de Acción se mantuviera el término igualdad.1
Tercera: Es de resaltarse que los términos igualdad y equidad son semánticamente distintos y traen aparejadas diferencias jurídicas que los hacen ampliamente diferentes, tal como lo señala la proponente al referir que la equidad es a lo sumo una meta social de la cual los gobiernos pueden excusarse aludiendo a toda clase de justificaciones, mientras que la igualdad es un derecho humano y poir lo tanto una obligación jurídica de la que no se pueden sustraer los Estados.
De esta forma y citando a Garretón, la proponente indica que:
En tanto la equidad apunta a la igualdad de oportunidades’ individuales para la satisfacción de un conjunto de necesidades básicas o aspiraciones definidas socialmente, la igualdad apunta a la distancia entre categorías sociales respecto del poder y la riqueza, o si se quiere del acceso de instrumentos que determinan el poder sobre lo personal y el entorno. Una sociedad puede ser a la vez equitativa y desigual.2
Así la proponente refiere que la equidad entonces significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que merece, según lo asignado socialmente, mientras que la igualdad implica tener los mismos derechos ante la ley; el derecho humano a la igualdad siempre va aparejado al derecho humano a la no discriminación, tal como se puede apreciar en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y todos los otros instrumentos legales internacionales de derechos humanos, ya que estos garantizan la igualdad y prohíben la discriminación por cualquier causa. Mientras que con la equidad no sucede lo mismo porque la equidad no está aparejada a la no discriminación, de manera que según se entienda lo que es justo para las mujeres, así será la equidad que se les otorgue.
Cuarta: Un punto importante de la proposición materia de este dictamen y con el cual estamos de acuerdo, lo constituye la visión de las diferencias entre equidad e igualdad desde la perspectiva de los derechos humanos, de esta forma la proponente, refiriendo a Alda Facio, nos dice que desde la referida teoría, la igualdad exige tratamiento no discriminatorio en todos los sentidos, es decir; exige un tratamiento que redunde en el goce pleno de los derechos humanos por ambos géneros de todas las edades, de cualquier origen étnico, no importando nacionalidad, etc. Para poder cumplir con esto, el principio de igualdad requiere que a veces se les dé un tratamiento idéntico a mujeres y hombres, ya veces un tratamiento distinto. En virtud de que uno de los principios fundamentales del derecho constitucional y de la teoría de los derechos humanos establece que es discriminatorio tratar a diferentes como si fuera idénticos y en consecuencia, el principio de igualdad exige que el derecho y las políticas públicas no traten a mujeres y hombres como si fueran idénticos.3
Quinta: Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la proponente en que el uso del término igualdad, procura el acceso a la llamada igualdad sustantiva, y compartimos con Ferrajoli cuando señala que dicha igualdad no es otra cosa que la idéntica titularidad, protección y garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los y las titulares somos entre sí diferentes. 4
Sexta: Derivado del análisis teórico-práctico que la proponente realiza de los términos ya citados, y resultado de su revisión histórica ésta plantea usar la definición de igualdad de Facio5 , para quien dicha igualdad puede ser definida como trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación contra las mujeres por ser mujeres, en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos humanos. Definición que deja claro que la igualdad requiere tratamiento en ocasiones idéntico y en otras ocasiones diferenciado entre mujeres y hombres, lo que permite entender la conceptualización de las acciones afirmativas. Por ello consideramos que dicha definición es adecuada para el planteamiento de este punto de acuerdo.
Séptima: Enseguida la proponente menciona que la CEDAW, recomendó al Estado mexicano realizar el cambio que se propone en su punto de acuerdo en el sentido de emplear el término igualdad en sustitución del término equidad, porque ambos transmiten mensajes distintos y el empleo indiscriminado de ellos, sólo-producen confusión-conceptual, que no abona al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.6
Para reafirmar lo anterior la proponente refiere lo establecido por el Instituto Nacional de las Mujeres cuando mencionan que: La igualdad, tal como está establecida en la CEDAW; no se propone hacer iguales a mujeres y hombres, sino garantizar la igualdad en el goce y el ejercicio de los derechos de ambos; en pocas palabras, se trata de que en nuestras sociedades haya igualdad de trato, igualdad en el acceso a las oportunidades e igualdad de resultados. 7
En virtud de ello, esta comisión coincide plenamente con el planteamiento anterior ya que nos permite dar cumplimiento a una de las observaciones de la CEDAW.
Octava: Finalmente la proponente señala que nuestro país ha demorado en realizar este cambio en los diversos instrumentos normativos, por ejemplo: en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 6 estados (lo que corresponde al 18.7 por ciento del total) no distinguen entre igualdad y equidad; y 22 estados (lo que corresponde al 68.7 por ciento del total) denominan aún como “Comisión de Equidad de Género” a la comisión encargada de esta temática dentro de su Congreso local. Lo que no coadyuva en el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Lo que deja e claro que es prioritario y urgente atender esta recomendación de la CEDAW.
Por las consideraciones expuestas y en virtud de que la sustitución de la palabra equidad por la palabra igualdad representa consecuencias jurídicas que garantizan el pleno acceso a la igualdad sustantiva de las mujeres, la Comisión de Igualdad de Género propone el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la gobernadora y a los gobernadores de las entidades federativas del país, a los Congresos Estatales, a todas las instancias de mujeres de las entidades federativas, a todas las instancias de mujeres de municipios de los estados, así como a todas las instancias de mujeres de la Ciudad de México, y en general a todas las instancias que tengan como uno de sus objetivos lograr la igualdad entre mujeres y hombres, para que en todos los instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad, porque esta última garantiza el acceso hacía la igualdad sustantiva de las mujeres, misma que debe insertarse en el ámbito social, cultural y jurídico del país.
Notas
1 Facio Alda, Superando obstáculos para la transversalidad de Género en América Latina y el Caribe. Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, AC. Disponible en http://www.cidem-ac.org/
2 Garretón Manuel Antonio, La sociedad en que vivi(re)mos. Introducción sociológica al cambio de siglo, Chile, LOM Ediciones, segunda edición 2000.
3 Facio Alda, La igualdad substantiva un paradigma emergente en la ciencia jurídica. Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, AC. Disponible en http://www.cidem-ac.org/
4 Ferrajoli, Luigi, Derechos y Garantías, la ley del más débil, Madrid, Trota, 1999, página 82.
5 Facio Alda, obra citada.
6 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México, CEDAW/C/MEX/CO/6, 7 a 25 de agosto de 2006, párrafos 18 y 19.
7 Instituto Nacional de las Mujeres, Disponible en www.inmujeres.gob.mx
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de febrero de 2016.
La Comisión de Igualdad de Género
Diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Érika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez, Concepción Villa González (rúbrica).
De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a implantar acciones legislativas para armonizar sus ordenamientos de igualdad de género
Honorable Asamblea:
La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1; 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.
I. Metodología
La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al siguiente procedimiento:
• En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de los puntos de acuerdo.
• En el apartado “Contenido del punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción en el que se resume su contenido, motivos y alcances.
• En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
II. Antecedentes
Con fecha 11 de febrero de 2016 la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los congresos de los estados a implementar las acciones legislativas necesarias para armonizar su legislación en materia de igualdad de género.
En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la referida Cámara dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen correspondiente.
III. Contenido del punto de acuerdo
La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco presenta proposición con punto de acuerdo, para que se exhorte respetuosamente a los Congresos de los estados a implementar las acciones legislativas necesarias para armonizar su legislación en materia de igualdad de género.
IV. Consideraciones
Primera: La Comisión de Igualdad de Género ha analizado minuciosamente la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, y comparte la preocupación en torno a la falta de armonización de la legislación en materia de igualdad de género del país.
Segunda: La comisión dictaminadora está de acuerdo en que a pesar de los esfuerzos por reflejar la igualdad de género en las diversas legislaciones mexicanas, aún existen instrumentos jurídicos que no contemplan dicha igualdad.
Tercera: En el punto de acuerdo materia de este dictamen, se describen y explican los instrumentos jurídicos internacionales en los que nuestro país está suscrito, para constatar que la igualdad jurídica entre hombres y mujeres es un compromiso mundial. Con lo que queda suficientemente fundamentada la importancia de la armonización legislativa que nos conducirá a la consecución de la referida igualdad. Los instrumentos que cita la proponente son los siguientes:
• Carta de las Nacional Unidas, donde quedó consagrado el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en junio de 1945.1
• Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, donde se reafirmó el principio de igualdad y no discriminación en función del sexo, y se estableció el derecho de las personas a participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos.2
•.Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres de 1954, donde se propuso poner en práctica el principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas.3
• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 mediante la que se propone una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas.4
• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales del mismo año, donde los Estados partes se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos en su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dichos instrumentos, sin distinción alguna de raza, idioma, sexo, nacionalidad, religión, lengua, opinión política, entre otras.5
• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), donde se establecen una serie de disposiciones que los estados deben observar a partir de obligaciones como:
- Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
- Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra—todo acto de discriminación;
- Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
- Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
- Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.6
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belem do Pará).7 Esta Convención plasma el derecho de las mujeres a la igualdad de protección ante la ley y a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, por lo cual el Estado mexicano se comprometió a tomar las medidas necesarias, entre ellas las de carácter legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer o la violación de sus derechos.
• Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, donde se señala como uno de estos objetivos, la igualdad entre los géneros.
• El documento de la ONU denominado “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”8 , que busca erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promoverla prosperidad mediante 169 metas y 17 objetivos. En esta agenda se señala como objetivos 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, con lo que queda constatado el interés mundial por lograr la igualdad de la mujer y el hombre.
Como se puede apreciar en los instrumentos anteriormente citados, es fundamental que los países logren armonizar su legislación en materia de género, para eliminar cualquier tipo de discriminación en contra de la mujer, promover su pleno acceso a la justicia, garantizar el goce de sus derechos humanos y coadyuvar en su empoderamiento en todos los ámbitos de la vida social.
Cuarta: Respecto de la armonización como proceso eminentemente jurídico, la proponente señala que en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que la Constitución será ley suprema de la Unión, junto con las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con ésta, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado. Por lo que el Estado mexicano se ha dado a la tarea de incorporar los contenidos de dichos instrumentos en su legislación nacional.9
La proponente pone especial énfasis en que dicha armonización debe trasladarse a todas las entidades federativas del país, lo que esta comisión coparte.
Quinta: Para el Instituto Nacional de las Mujeres, nos dice la proponente, la armonización legislativa es el “procedimiento que tiene a unificar el marco jurídico vigente de un país, conforme al espíritu y contenido de los instrumentos internacionales de los derechos humanos”.10 Por ello, a partir del inicio de la vigencia de un tratado internacional de derechos humanos, surgen para los Estados parte diversos deberes en orden de su aplicación. Los órganos del Estado, ya sea en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial –tanto en el orden federal como de las entidades federativas– deben abstenerse de determinadas conductas y, por el contrario, en otras ocasiones debe realizar actos positivos de protección, adecuaciones legislativas, modificación de prácticas administrativas o la tutela jurisdiccional de los derechos que el Estado se ha obligado a respetar.
Sexta: Vinculado a lo anterior se señala que el ejercicio de armonización legislativa en materia de derechos humanos no debe ser considerado como una simple actividad optativa para las autoridades federales y las entidades federativas, pues es un deber jurídico derivado de los propios tratados que han sido incorporados al orden jurídico nacional, por lo que el incumplimiento u omisión de dicha obligación, representa entonces una responsabilidad para dichas autoridades.11
Séptima: Enseguida la proponente menciona que la armonización legislativa es entonces un ejercicio de necesaria aplicación por el Congreso federal y los Congresos locales en el ámbito de sus respectivas competencias, y cuya observancia nos evitaría, entre otros efectos negativos, la contradicción normativa; la generación de lagunas legislativas; la falta de certeza en la observancia y aplicación de la norma; el debilitamiento de la fuerza y efectividad de los derechos, así como dificultades para su aplicación y exigibilidad; el formato a la impunidad al permitir la interpretación de la norma de manera discrecional y personal y, por último, y tal vez en efecto negativo más grave de no atenderse la armonización legislativa, que es generar una responsabilidad por incumplimiento para el Estado mexicano.12
Con lo que queda claro que la falta de armonización tiene efectos negativos para la actividad legislativa, para el mismo derecho, para el Estado y sobretodo, para las mujeres, por lo que coincidimos plenamente con el argumento presentado.
Octava: Finalmente la proponente nos indica la falta de armonización legislativa –que nuestro país presenta actualmente– en el siguiente cuadro13 :
Legislación: Ley de
Planeación.
Porcentaje de estados en falta: 56.2
Observación: No contienen explícitamente la
perspectiva de género.
Legislación: Ley de Presupuesto.
Porcentaje de estados en falta: 56.2
Observación: No se refiere explícitamente a
presupuestos con perspectiva de género.
Legislación: Presupuestos de
Egresos.
Porcentaje de estados en falta: 40.6
Observación: No considera el enfoque de
género en los presupuestos.
Legislación: Leyes normativas de
planeación.
Porcentaje de estados en falta: 59.3
Observación: No considera el enfoque de
género en la evaluación de los programas.
Legislación: Constitución
Política.
Porcentaje de estados en falta: 15.6
Observación: No contiene disposiciones
explícitas en materia de género, ni incluye reforma en derechos
humanos.
Legislación: Ley de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Porcentaje de estados en falta: 6.2
Observación: No cuenta con una Ley de
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Legislación: Ley de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Porcentaje de estados en falta: 18.7
Observación: No distingue entre igualdad y
equidad de género.
Legislación: Denominación de la de la
comisión de género del congreso estatal.
Porcentaje de estados en falta: 68.7
Observación: Se denominan aún Comisión de
Equidad de Género.
Legislación: Comisiones de Género en Cámaras
de Diputados.
Porcentaje de estados en falta: 90.6
Observación: En sus funciones no alude a los
presupuestos públicos con perspectiva de género.
Donde se aprecia la urgencia de llevar a cabo dicha armonización y, aunque hemos realizado esfuerzos para armonizar la legislación en materia de igualdad de género, aún tenemos grandes pendientes que son urgentes de atender. En virtud de ello y considerando que dicha armonización nos llevará a vivir en una sociedad más igualitaria, con verdaderas oportunidades de desarrollo humano de las mujeres, libre de discriminación y de violencia, la Comisión de Igualdad de Género propone lo siguiente:
Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados a implementar las acciones legislativas necesarias para armonizar su legislación en materia de igualdad de género.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.
Notas
1 Carta de las Naciones Unida. Disponible en http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html.
2 Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/
3 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rodríguez y Rodríguez Jesús, compilador, Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos. ONU-OEA, Tomo II, página 1157.
4 Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial. En:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0018
5 Comisión Nacional de Derechos Humanos, obra citada.
6 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Disponible en: http://www.inmujeres.gob.mx/index. php/ambito-internacional/cedaw
7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belem do Pará). Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
8 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Organización de las Naciones Unidas. 2015, disponible en http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030esp.pdf.
9 Especialmente a partir del reconocimiento de la obligatoriedad de los tratados internacionales, con la reforma en derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
10 Inmujeres, Glosario de Género, México, 2007, Disponible en www.inmujeres.gob.mx
11 Centro de Estudio para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, La armonización Legislativa en las entidades federativas. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/documentos/CEAMEG/1.%20La%20armonizacion.pd f
12 Ídem.
13 Estadísticas tomadas del Instituto Nacional de Mujeres. Disponible en: http://www.gob.mx/inmujeres/
La Comisión de Igualdad de Género
Diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Érika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez, Concepción Villa González (rúbrica).
De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a realizar estudios para reacondicionar el puerto pesquero de Santa Rosalita, en Ensenada, Baja California
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Pesca de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-7-520, el expediente número 1567, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con el fin de que realice los estudios necesarios para que se lleve a cabo la rehabilitación y reacondicionamiento del Puerto de Santa Rosaliíta en el municipio de Ensenada Baja California, presentada por el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En virtud del análisis y estudio de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos, 39 numerales 1 y 2 fracción XXXVI, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
1. En sesión ordinaria efectuada el día 9 de febrero de 2016, el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de que realice los estudios necesarios para que se lleve a cabo la rehabilitación y reacondicionamiento del Puerto de Santa Rosaliíta en el municipio de Ensenada Baja California.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca, recibiéndose en la Comisión el 9 de febrero del 2016.
Contenido
El diputado proponente expone que antes de que se llevara a cabo la zonificación, las flotas pesqueras de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, realizaban de forma tradicional su pesca de Pelágicos Menores en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el golfo de California sin limitaciones geográficas para cada estado.
Y que de esta forma las embarcaciones de Baja California podían pescar 5 meses en su propio estado que es el periodo que dura la temporada de sardina en esta región y otros 5 meses en los estados de Baja California Sur o en el golfo de California.
Que lo anterior permitía que la flota tuviera oportunidad de trabajar 10 meses al año en promedio, el mismo tiempo que tienen la flota de las otras regiones.
En la actualidad, las zonas pesqueras se encuentran determinadas por regiones, donde Baja California se encuentra en la Región 1, que a su vez está dividida en dos zonas.
Destaca que en el tema económico, la sardina, así como la mayoría de los pelágicos, puede ser comercializada de acuerdo a la calidad con la que es entregada, por lo que revierte especial importancia el tiempo de traslado de la misma.
Explica que en el caso específico de la sardina que no es apta para consumo humano, tiene un precio significativamente menor al costo al que puede ser comercializada cuando es apta para consumo humano.
Esto debido a que actualmente la zona de pesca predominante se encuentra en la Zona 2, es decir, a más de veintiséis horas del puerto de embarque que es Ensenada, ocasiona que, por las horas de navegación, el 90% de la captura no resulte apta para el consumo humano, ya que el producto capturado al ser sometido a travesías largas como la anterior (de Santa Rosaliíta a El Sauzal) éste tiende a golpearse por el movimiento de las embarcaciones, físicamente el pescado se revienta, y así deja de ser apto para consumo humano.
Recalca que a lo anterior, se le deben sumar los altos costos de los insumos propios de las embarcaciones como salarios, diesel, aceite, comida, mantenimiento y reparaciones.
Informa que esta situación provocó que los ingresos de los armadores sardineros disminuyeran por el orden de los 10 millones de dólares tan sólo en 2014.
El diputado Ibarra recalca la importancia de que actualmente ya existe infraestructura en el Puerto de Santa Rosaliíta, la cual no ha sido aprovechada, por encontrarse inconclusa, lo que ocasiona un rápido deterioro por falta de uso y mantenimiento.
Por lo que el promovente manifiesta la importancia de que la SAGARPA, mediante los órganos que corresponda realice los estudios necesarios para que, de resultar procedente, se lleve a cabo la rehabilitación y reacondicionamiento del Puerto Pesquero de Santa Rosaliíta, lo que beneficiaría enormemente al Sector, en la disminución de horas para llegar a un puerto de embarque con productos aptos para consumo humano.
Considerandos
Primero. Actualmente en Baja California, en el Pacífico, el único Puerto Pesquero en más de mil kilómetros es el Sauzal, lo que le resta competitividad al sector ya que al ejercer la pesca cerca del paralelo 28, el producto pierde calidad al tener que ser trasladado hasta ensenada para su procesamiento. La falta de un puerto en esa zona, generó que en 2013, por la baja calidad del producto, al no poder procesarlo debidamente en tiempo y forma, no ingresaron cuando menos 15 millones 400 mil dólares, al no poder aprovecharse las capturas para consumo humano.
En 2014, la lejanía de las zonas de captura y al no llegar el producto en condiciones para el consumo humano generó que las plantas procesadoras de Ensenada tuvieran disminución en sus procesos en un 80 por ciento provocando pérdida de empleos, cierre de plantas y una baja en sus ingresos de hasta 21 millones de dólares.
Segundo. El proyecto consiste en la habilitación de un puerto pesquero en Santa Rosaliíta, el cual, se calcula generaría para la entidad más de 60 millones de dólares anuales en divisas para el estado. Además permitiría que la flota tenga oportunidad de trabajar 10 meses del año en promedio, el mismo tiempo que trabajan las flotas de otras regiones.
Después de las modificaciones realizadas a la NOM-003- PESC-1993, en las que se regionaliza la pesca de pelágicos menores en el país, la flota de Baja California tuvo menos oportunidad de realizar su actividad, ya que se acotó la región en la que podría pescar, por lo que la habilitación del puerto de Santa Rosaliíta, al encontrarse en un punto estratégico, permitirá el aprovechamiento de la captura hasta en un 100 por ciento, ya que en este punto podrían descargar los barcos de Baja California y Baja California Sur, pudiendo llegar a descargar hasta 154,000 toneladas de producto.
Lo anterior aunado a la facilidad de transportar el producto vía terrestre a las plantas procesadoras de Ensenada, el Puerto de Santa Rosaliíta le daría al sector industrial un incremento sustancial en su planta laboral e ingresos adicionales, que se calcula podrían rebasar los 38 millones de dólares por temporada.
A mediano plazo, estarían instalados en esa región, talleres y empresas proveedoras de servicios diversos para el avituallamiento y mantenimiento de las embarcaciones, lo que sería un detonador del desarrollo de la región.
Tercero. Consideramos que adecuar la infraestructura portuaria que hoy existe en Santa Rosaliíta a puerto pesquero, generaría para el sector industrial y de pesca de pelágicos menores de Baja California, ingresos adicionales por 59 millones de dólares anuales, generaría empleos, empresas, creación de un nuevo polo de desarrollo al sur del estado.
Adicionalmente este proyecto generaría acciones contundentes en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, al ofrecer al consumidor nacional, productos del mar de la más alta calidad proteínica a bajo costo.
Cuarto. Los integrantes de la Comisión de Pesca de LXIII Legislatura, consideramos que es importante solicitar los estudios de viabilidad solicitados en la propuesta original, y considerar que se atienda la problemática que han manifestado los productores de la pesquería de sardina, al informar que no existe un ordenamiento ni regulación de los permisos otorgados para esta especie en el litoral de la península de Baja California; Por lo que es preciso exhortar a la misma instancia con la finalidad de que ejecute políticas de ordenamiento pesquero en la región.
Congruentes con nuestra responsabilidad tenemos la firme decisión de impulsar proyectos regionales y nacionales que permitan el desarrollo del sector pesquero y acuícola por lo que consideramos favorable se realicen los estudios pertinentes y de resultar procedente la adecuación del Puerto de Santa Rosaliíta.
Con base en las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos y ordenamientos citados en el proemio del presente dictamen, las y los diputados de la Comisión de Pesca, quienes suscribimos el presente dictamen emitimos el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, realice los estudios necesarios para que, de resultar procedente se lleve a cabo la rehabilitación y reacondicionamiento del Puerto de Santa Rosaliíta en el municipio de Ensenada, Baja California, y efectúe el ordenamiento de la pesquería de sardina en el litoral de esta península.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.
La Comisión de Pesca
Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), presidente; Efraín Arellano Núñez (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, José Luis Toledo Medina (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica), secretarios; Fidel Calderón Torreblanca (rúbrica), David Aguilar Robles, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo (rúbrica), Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (rúbrica), Moisés Guerra Mota (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), Jisela Paes Martínez, Esdras Romero Vega, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales sobre predio en la delegación Coyoacán y lisado de predios propiedad del gobierno de la Ciudad de México destinados para canchas deportivas
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numerales 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción III, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen:
I. Antecedentes
1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión del 1 de febrero de 2016 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.
2. La proposición fue turnada a la Comisión del Distrito Federal, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
3. La Comisión del Distrito Federal recibió el 2 de febrero de 2016 el oficio número DGPL 63-II-7-484, con el duplicado del expediente número 1498.
II. Consideraciones
1. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina argumenta sobre la situación jurídica de “un predio ubicado en el Canal Nacional y Calzada de la Virgen, en la colonia CTM, delegación Coyoacán, con una superficie aproximada de 6 mil 300 metros cuadrados”, utilizada desde su expropiación como cancha de futbol infantil, para lo cual solicita que se apruebe la siguiente proposición:
Único. Esta representación nacional, con pleno respeto de las atribuciones constitucionales y legales, exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que instruya al consejero jurídico del gobierno del Distrito Federal e inicie las acciones legales para la recuperación del predio y salvaguardar el derecho al deporte de las y los niños, así como de sus habitantes.
Asimismo, tenga a bien, solicitar a la Contraloría General del gobierno del Distrito Federal inicie un procedimiento administrativo de ser el caso, en contra de los servidores públicos que por acción u omisión o coalición realizaron una defensa inadecuada del bien inmueble que forma parte del patrimonio del GDF y que de existir presuntamente actos constitutivos de delitos lo haga del conocimiento de la autoridad competente.
De igual forma, instruya al procurador de Justicia del Distrito Federal a fin de que inicie una investigación a los servidores públicos que realizaron una defensa inadecuada del inmueble ya referido. Así como también y de manera paralela se inicie una investigación a la ciudadana Rosa Carrillo Dagda por fraude procesal y delitos que resulten.
Además, que instruya al director general del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del DF a la no inscripción de la sentencia del juicio de prescripción positiva dictada por el juez décimo sexto de lo Civil del Distrito Federal, bajo el expediente 52/2012, por no coincidir el domicilio de la sentencia con el domicilio real de la cancha de fútbol soccer infantil. Lo anterior, en virtud de que no existe identidad entre el predio en mención.
También, que difunda las medidas y acciones que su gobierno tomará para la defensa del predio antes indicado y proporcionar un padrón de los predios que son propiedad del gobierno del Distrito Federal y que actualmente están destinados para canchas deportivas, expresando el estado que guardan los mismos.
2. La comisión dictaminadora al analizar los antecedentes que el diputado promovente señala en su exposición no encuentra elementos de sustento suficientes que puedan conducir a esta comisión a exhortar a diversas autoridades el gobierno de la Ciudad de México como lo plantea en su propuesta de punto de acuerdo.
3. Al indagar respecto a que había una invasión al predio referido, la información que se obtuvo de parte de la autoridad local es que tanto la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y la Dirección General de Servicios Legales, consideraron el año pasado cuando se les solicitó atender este caso, que la señora Rosa Carrillo Dagda demandó la prescripción del predio bajo número de expediente 59/2012, del que tocó conocer al juzgado 16 en materia civil. La sentencia emitida en primera instancia negó la procedencia de la acción, por lo que la parte actora promovió la apelación en que se confirmó la sentencia apelada. En ese sentido, la promovente interpuso un amparo que se le concedió y, en consecuencia, se emitió una nueva sentencia.
Es pertinente señalar que la prescripción fue aceptada porque el bien en litigio no era parte de los bienes de dominio público del GDF sino del dominio privado, por lo que la Dirección General de Servicios Legales y la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario consideran que se agotó el proceso jurídico sin que se tenga acción pendiente por ejercer.
4. En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal considera modificar el punto de acuerdo para que en primera instancia se solicite a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de la Ciudad de México toda la información con que cuente sobre el caso que motiva a esta proposición para contar con mayores elementos y se pueda dar seguimiento a esta situación y conocer las distintas razones de los diversos actores involucrados y se preserve la realidad jurídica, toda vez que ni el diputado promovente aporta suficientes elementos ni esta comisión tiene toda la información para poder exhortar al consejero jurídico a que inicie la recuperación del predio.
Tampoco puede esta soberanía solicitar a la Contraloría General que inicie procesos administrativos ni mucho menos al procurador de Justicia del DF que inicie investigación alguna como sugiere el punto de acuerdo referido toda vez que no tenemos competencia para intervenir en asuntos jurisdiccionales; en caso de existir un presunto delito en ello, el diputado o los ciudadanos afectados pueden recurrir a presentar denuncia o querella a las autoridades correspondientes.
De igual forma, no podemos solicitar al Registro Público de la Propiedad y el Comercio que no inicie una inscripción a la que está obligado, pues invadiría competencias del órgano judicial que ya emitió sentencia.
Por otro lado, esta comisión considera pertinente solicitar a la misma autoridad, con las reservas que considere la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, un listado de predios propiedad del gobierno de la Ciudad de México en los términos que solicita el diputado promovente.
En virtud de lo anterior, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y social que guarda el predio ubicado en el Canal Nacional y Calzada de la Virgen, lotes 1 y 2 de la manzana 2, en la colonia Unidad CTM Culhuacán, en la delegación Coyoacán, así como proporcionar un listado de predios propiedad del gobierno de la Ciudad de México destinados para canchas deportivas, atendiendo las reservas que les sean aplicables por la legislación sobre transparencia y protección de datos personales.
Dado en el salón de comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica), presidenta; María de la Paz Quiñones Cornejo, Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), René Cervera García (rúbrica), José Bernardo Quezada Salas, Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), secretarios; Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz, Fernando Navarrete Pérez, Matías Nazario Morales, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán, Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Jesús Zúñiga Mendoza, Sandra Méndez Hernández.
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se solicita al Sistema de Transporte Colectivo Metro que evalúe la pertinencia de incrementar el horario de servicio de dicho transporte los días domingo, a partir de un diagnóstico.
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción III, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión del 18 del mes de febrero de 2016 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.
2. La proposición fue turnada a la Comisión del Distrito Federal, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
3. La Comisión del Distrito Federal recibió el 19 de febrero de 2016 el oficio número DGPL 63-II-5-670, con el duplicado del expediente número 1737.
II. Consideraciones
1. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina comenta en su motivación que el Metro de la Ciudad de México es el transporte público más usado y el que goza de la mejor opinión, y que actualmente el horario de servicio de esta modalidad de transporte es el siguiente: días laborales, de las 5:00 a las 24:00; sábado, de las 6:00 a las 24:00; y domingo y días festivos, de las 7:00 a las 24:00.
Señala que las personas que requieren utilizar el STC Metro el domingo se dedican al comercio, a la construcción, a las áreas de servicios, por lo que sugiere incrementar el horario de servicio para dicho día. En tal virtud, el punto de acuerdo que promueve es el siguiente:
Único. Por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México y al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para realizar las acciones necesarias a fin de que el horario de servicio el domingo, de esta modalidad de transporte, sea de las 6:00 a las 24:00 horas.
2. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen para lo cual consideró modificar el punto de acuerdo toda vez que no es prudente exhortar a ampliar el horario sin un estudio previo realizado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro para que se evalúe costos económicos y laborales.
En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita al Sistema de Transporte Colectivo Metro que evalúe, a través de un estudio de diagnóstico de todas las líneas del sistema, la pertinencia de incrementar el horario de servicio de dicho transporte los domingos, identificando impactos en costos económicos y laborales, y que dicho estudio sirva para reconocer otras áreas de oportunidad para el mejoramiento del Metro.
Dado en el salón de comisiones del Palacio Legislativo, a 9 de marzo de 2016.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica), presidenta; María de la Paz Quiñones Cornejo, Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), René Cervera García (rúbrica), José Bernardo Quezada Salas, Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), secretarios; Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz, Fernando Navarrete Pérez, Matías Nazario Morales, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán, Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Jesús Zúñiga Mendoza, Sandra Méndez Hernández.
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades de la Ciudad de México a promover una campaña permanente de educación vial y atención a ciclovías
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numerales 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción III, y 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen
I. Antecedentes
1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión del día tres del mes de febrero de 2016 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.
2. La proposición fue turnada a la Comisión del Distrito Federal, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
3. La Comisión del Distrito Federal recibió el día cuatro de febrero de 2016, el oficio DGPL 63-II-7-505 con el duplicado del expediente número 1533.
II. Consideraciones
1. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina argumenta sobre la pertinencia de contar con una campaña de educación vial y medidas de protección para ciclistas, así como aplicar rigurosamente las disposiciones reglamentarias para quienes no respeten al ciclista, toda vez que en el último año se han incrementado los accidentes. En concreto la diputada promovente solicita lo siguiente:
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a promover una campaña permanente de educación vial para ciclistas, conductores y peatones.
Segundo. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal para que gire las instrucciones al personal a su cargo para que puedan darle mantenimiento preventivo y correctivo a las ciclovías y haya un diseño óptimo de éstas.
Tercero. Se exhorta al jefe de gobierno a endurecer y aplicar sanciones ejemplares para quien no respete los carriles designados.
2. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen para lo cual consideró aprobarlo con modificaciones toda vez que observó que existen diversas acciones vinculadas al tema de campañas sobre educación vial, como el caso del programa “Ecobici” que ofrece cursos gratuitos para la conducción de las bicicletas. En el 2011 la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal publicó el “Manual del Ciclista Urbano”, documento sumamente didáctico que informa de los asuntos más importantes que todo ciclista debe tener en cuenta. Aparte de lo anterior, existe el programa “Conduce sin alcohol” que, desde 2003, ha buscado reducir los accidentes viales y crear conciencia en los conductores para que eviten manejar si han bebido alguna bebida espirituosa.
También destaca que desde el 15 de diciembre de 2015 entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal que ha tenido como objetivo reducir, a tasas históricas, el número de accidentes viales que ocurren en la Ciudad de México. La publicación de este se ha visto acompañada de una campaña de educación vial.
Además, por lo que se refiere a las sanciones por obstaculizar e invadir las ciclovías, el reglamento citado en su artículo 11, numeral III, inciso b), impone una sanción entre 20 y 30 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigentes, remisión al corralón, y tres puntos de penalización en la licencia de conducir, y en su artículo 23, numeral III, señala que los vehículos de transporte público colectivo que permitan el ascenso o descenso sobre vías ciclistas exclusivas, tendrán una sanción que se encuentra entre 100 y 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. Lo anterior permite entender que sí existen normas ejemplares para aquellos conductores que invadan los carriles para ciclistas.
En virtud de lo anterior, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita a las Secretarías de Movilidad, de Seguridad Pública y del Medio Ambiente, todas de la Ciudad de México, a promover una campaña permanente de educación vial para ciclistas, conductores y peatones, así como, en el ámbito de sus respectivas competencias, informar sobre los avances y pendientes en el despliegue de ciclovías de acuerdo al plan maestro de movilidad, las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas, así como las acciones que realizarán en éste y los próximos años de la administración, incluyendo el presupuesto que se considera para esta encomienda.
Dado al Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, el día nueve del mes de marzo del año dos mil dieciséis.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica), presidenta; María de la Paz Quiñones Cornejo, Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), René Cervera García (rúbrica), José Bernardo Quezada Salas, Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), secretarios; Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz, Fernando Navarrete Pérez, Matías Nazario Morales, Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán, Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), J. Jesús Zúñiga Mendoza (rúbrica), Sandra Méndez Hernández.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el Programa Nacional contra el Cáncer acciones e indicadores específicos para el diagnóstico oportuno de cáncer de estómago
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 85, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Salud le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:
I. Antecedentes
1. El 9 de febrero de 2016, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que considere, dentro del Programa Nacional Contra el Cáncer, acciones e indicadores específicos para el diagnóstico oportuno de cáncer gástrico.
2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 1568/XLIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.
II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición
La diputada proponente señala que, en México, el cáncer gástrico es uno de los más comunes y el segundo cáncer más mortal; según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, de 2000 a 2013 se registraron 72 mil 758 muertes a causa de esta enfermedad, por encima del cáncer de próstata, mama y cervicouterino.
De igual forma, la proponente señala que una de las causas del diagnóstico tardío y equivocado del cáncer gástrico, se debe a que los pacientes confunden los síntomas con enfermedades acido pépticas o de la gastritis, además se auto medican con fármacos de libre prescripción, lo que reduce su posibilidad de sobrevida global ya que 65 por ciento de los pacientes de cáncer gástrico, se presentan con una enfermedad avanzada, por lo que apenas 4 de cada 10 sobreviven.
La legisladora hace referencia al artículo 2 numeral III del Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de publicidad que menciona “al mensaje dirigido al público o algún segmento del mismo, con el propósito de informar sobre la existencia o características de un producto, servicio o actividad para su comercialización y venta, o para motivar alguna conducta”. Dicho esto, es sumamente importante que estos fármacos cuenten con una leyenda que indique al paciente que si persiste el malestar por un periodo prolongado, debe acudir a su médico, ya que puede ser síntoma de cáncer gástrico.
La proponente, debido a lo ya mencionado, señala que el cáncer gástrico, debe ser priorizado en la agenda de salud en dos vertientes:
1. La incorporación de acciones específicas para la detección oportuna y atención del cáncer en todas sus etapas.
2. La cobertura de la atención del cáncer gástrico para todas las personas sin seguridad social en el Sistema Nacional de Salud, a través del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.
La promovente hace mención de diferentes iniciativas en otras naciones con altas tasas de mortalidad similares a la de nuestro país, quienes han implementado esquemas para la prevención, detección y atención del cáncer gástrico, con buenos resultados.
El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud, cubre las patologías de alto impacto para la población de estas características en nuestro país, sin embargo, este tipo de cáncer no está considerado por el Seguro Popular.
Finalmente, formula los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que considere, dentro del Programa Nacional Contra el Cáncer, acciones e indicadores específicos para el diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer gástrico.
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que, conforme a sus atribuciones respectivas, consideren la incorporación del cáncer gástrico en el fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, para que incluya una leyenda en los medicamentos de libre prescripción para síntomas estomacales que advierta el riesgo de cáncer gástrico.
III. Proceso de análisis
La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.
IV. Consideraciones
1. Conforme al artículo 4o. constitucional, en su párrafo cuarto, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.
2. Por lo anterior, los diputados de esta comisión consideramos necesario implementar campañas de información que faciliten a la sociedad la detección oportuna de este padecimiento, toda vez que en la actualidad no existe información respecto de este tema, como sí acontece con la de cáncer de mama y cervicouterino, entre otros, por lo que sería conveniente respaldar la propuesta del legislador para incluir este padecimiento en el Programa Nacional Contra el Cáncer. El cáncer gástrico tiene una tasa en México de 4.8 por 100 mil habitantes, es la novena causa de egresos hospitalarios, pero en mortalidad, como en el resto del mundo, es el segundo motivo de fallecimientos por cáncer con una tasa de 5.2 por 100 mil habitantes.
3. Coincidimos que es indispensable incorporar al cáncer gástrico en la atención de la población sin seguridad social. El Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud cubre las patologías de alto impacto para la población de estas características en nuestro país, no obstante resulta crítico que el segundo cáncer más mortal de México no esté considerado por el Seguro Popular, cuya cobertura corresponde al 50 por ciento de la población de México.
4. En lo concerniente al tercer resolutivo que establece en el punto de acuerdo la legisladora, los diputados de esta Comisión de Salud consideramos que no es de aprobarse, toda vez que los medicamentos para el tratamiento de enfermedades gástricas, tienen diversas reacciones secundarias, además, en la norma oficial mexicana NOM-072-SSA1-1993, Etiquetado de Medicamentos, ya está contemplado en su apartado 6.2.1.7, en el que se señala que “si persisten las molestias consulte a su médico”, con lo que se cubre lo pretendido por la iniciante, incluyendo no sólo la posibilidad de que la persona sufra de cáncer estomacal, sino de cualquier otra enfermedad o reacción secundaria.
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea los siguientes:
Acuerdos
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, dentro del Programa Nacional contra el Cáncer, acciones e indicadores específicos para el tratamiento y diagnóstico oportuno del cáncer gástrico con el fin de disminuir la tasa de mortalidad de este padecimiento, en beneficio de la sociedad.
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Salud, Consejo de Salubridad General y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que, conforme a sus atribuciones respectivas, consideren la incorporación del cáncer gástrico en el fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.
La Comisión de Salud
Diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al delegado de éste en Coahuila a precisar la situación que guarda el proyecto del hospital de alta especialidad en Torreón
Honorable Asamblea:
A ésta Comisión de Salud fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al delegado en Coahuila para que precise la situación que actualmente guarda el proyecto del hospital de alta especialidad en Torreón, así como para que en las medidas de sus posibilidades y en el ámbito de sus respectivas atribuciones tomen las medidas necesarias para realizar las acciones y gestiones pertinentes para tramitar un posible proyecto ante las autoridades competentes para la construcción y equipamiento del hospital de Torreón con sujeción a la Ley de Asociaciones Público Privadas y los lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público-privada, presentada por el Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Ésta dictaminadora con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción XLV y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6 numeral 1 fracción III, 80 numeral 1 fracción II, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la proposición de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente:
Metodología
I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y de los trabajos previos de la comisión.
II. En el capítulo correspondiente a “Contenido de la proposición” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo de “Consideraciones” la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar la propuesta en análisis.
II. Antecedentes
1. En la sesión celebrada el 3 de febrero de 2016, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Delegado en Coahuila para que precise la situación que actualmente guarda el proyecto del hospital de alta especialidad en Torreón, así como para que en las medidas de sus posibilidades y en el ámbito de sus respectivas atribuciones tomen las medidas necesarias para realizar las acciones y gestiones pertinentes para tramitar un posible proyecto ante las autoridades competentes para la construcción y equipamiento del hospital de Torreón con apego a la Ley de Asociaciones Público Privadas y los lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público-privada.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de éste órgano legislativo mediante oficio número DGPL 63-II-4-519, turnó el citado punto de Acuerdo a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de expediente 1523.
III. Contenido del punto de acuerdo
En su exposición de motivos el diputado propone señala que:
• El 21 de noviembre de 1964 se inauguró en la ciudad de Torreón, Coahuila la unidad médica “Francisco Galindo Chávez”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE.
• Según testimonios la citada unidad médica actualmente atiende todo tipo de pacientes, tales como: diabéticos, hipertensos, con enfermedades crónico degenerativas, de disfunción renal, y con cáncer.
• De acuerdo con diarios de circulación local en Torreón: “...El área de urgencias se encuentra muy por encima de su capacidad: las salas de espera y consultorios se habilitan con sillas donde los pacientes son colocados sistemáticamente para una revisión ambulatoria, para la aplicación de un suero, una inyección o un antibiótico o en su caso para una valoración de ginecoobstetricia... ”
• Continua señalando que se han dado casos donde pacientes de la tercera edad pasan hasta 72 horas en el área de urgencias y obtener acceso a una cama en piso.
El promovente plantea que:
...De acuerdo con un estudio técnico médico elaborado por la delegación del ISSSTE en Coahuila, desde 2011 fue establecida la necesidad de que Torreón contara con un nuevo hospital de alta especialidad o de tercer nivel, debido al sobrecupo de derechohabientes, que es casi siete veces más de la capacidad instalada del actual hospital, al tener un registro de 120 mil usuarios...
Asimismo, concluye el promovente que la salud es de vital importancia para todos los seres humanos, y que la falta de la misma deteriora las capacidades físicas, mentales y sociales.
...El derecho humano a la salud es una prerrogativa reconocida por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además la Organización Mundial de la Salud reconoce que el derecho a la salud incluye el acceso oportuno aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente...
La proposición con punto de acuerdo considera exhortar al director general del ISSSTE y a su delegado en Coahuila, para que:
1) Señalen la situación que actualmente guarda el proyecto del hospital de alta especialidad en Torreón; y
2) Que en ámbito de su competencia gestionen ante las autoridades competentes un proyecto para la construcción y equipamiento del hospital de Torreón con apego a la Ley de Asociaciones Público Privadas y los lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público-privada.
III. Consideraciones
Primera. El ISSSTE es una Institución de seguridad social que protege a los trabajadores del Estado y sus familias a través de cuatro seguros obligatorios: salud, de riesgos del trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de invalidez y vida, de acuerdo con el artículo 3° de su propia Ley; y ha establecido metas a largo plazo, con la siguiente visión y misión:
Visión: Posicionar al ISSSTE como la institución que garantice la protección integral de los trabajadores de la administración pública federal, pensionados, jubilados y sus familias, de acuerdo al perfil demográfico de la derechohabiencia, con el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios de conformidad con la normatividad vigente, bajo códigos normados de calidad y calidez, con solvencia financiera, que permitan generar valores y prácticas que fomenten la mejora sostenida de bienestar, calidad de vida y el desarrollo del capital humano.
Misión: Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores de la administración pública federal, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia.
Segunda. Atendiendo lo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esta Institución cuenta con Unidades de Medicina Familiar, Clínicas de Medicina Familiar, Clínicas de Especialidades, Clínica Hospital, Hospital Regional y General y un Centro Médico Nacional.
Tercera. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del ISSSTE, la Dirección de Administración es la encargada de coordinar el manejo de los recursos humanos, materiales, servicios generales y obra pública del Instituto, basándose en criterios de racionalidad, eficacia, transparencia y disciplina presupuestal; y es responsable de los inmuebles del Instituto.
En esa virtud, es la Dirección Médica la encargada de determinar las necesidades de obra y equipamiento de las unidades médicas del Instituto, así como validar su ejecución y adquisición, de acuerdo con las políticas establecidas en materia de salud, protección civil y protección del ambiente.
Cuarta. Asimismo, en el instrumento jurídico antes referido, el artículo 75 establece que:
Artículo 75. El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y los hospitales regionales tienen por objeto, respectivamente, otorgar atención médica de alta especialidad y de tercer nivel a los derechohabientes del instituto. Son las unidades médicas de más alto rango técnico, resolutivo y operativo dentro del sistema institucional de servicios de salud.
Quinta. El promovente en su resolutivo señala la existencia de un proyecto del hospital de alta especialidad en Torreón, por lo que ésta dictaminadora realizó una búsqueda exhaustiva del mismo, encontrando la siguiente información:
• Mediante el Informe Delegación Estatal Coahuila 2012-2013, presentado el 14 y 15 de marzo de 2013 por la licenciada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (entonces delegada estatal) se señala la autorización del proyecto medico arquitectónico para la construcción de un hospital de alta especialidad en la comarca lagunera en sustitución del actual inmueble del hospital general (Torreón).
Sexta. Una vez analizadas las facultades del Instituto, en relación con su objetivo, y de acuerdo con el Estatuto Orgánico del ISSSTE, en la Sección Tercera, De la Dirección de Finanzas se establece lo siguiente:
Artículo 59. La Dirección de Finanzas es la encargada de la administración de los recursos financieros del Instituto, conforme a la planeación financiera y de inversiones institucionales y en estricto apego a las prioridades y criterios de eficiencia, racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
La Dirección de Finanzas tendrá las atribuciones siguientes:
I. a XIV. ...
XV. Promover la utilización de los esquemas de Asociación Público Privadas para la construcción de infraestructura hospitalaria y prestación de servicios;
XXXI. ...
Por las anteriores consideraciones, y atendiendo a la importancia que representa para los trabajadores de la administración pública federal que viven en Torreón, contar con un hospital regional que garantice sus derechos de acuerdo con la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que ésta dictaminadora considera de aprobarse la proposición con punto de acuerdo materia del presente instrumento, realizando las siguientes modificaciones a fin de dotar la proposición de una redacción que garantice la pronta atención de las autoridades a exhortar, los integrantes de ésta comisión proponen lo siguiente:
Se exhorta respetuosamente al director general y al delegado estatal de Coahuila, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que:
1. Informen la situación que guarda el proyecto del hospital regional en Torreón.
2. En el ámbito de su competencia gestionen con las autoridades correspondientes el proyecto para la construcción y equipamiento del hospital regional en Torreón.
Por lo expuesto y fundado ésta dictaminadora aprueba y somete a consideración del pleno de ésta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Se exhorta respetuosamente al director general y al delegado estatal de Coahuila, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que:
Primero. Informen la situación que guarda el proyecto del hospital regional en Torreón.
Segundo. En el ámbito de su competencia gestionen ante las autoridades correspondientes el proyecto para la construcción y equipamiento del hospital regional en Torreón.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016
La Comisión de Salud
Diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica).
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a la diabetes en México
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 23 de febrero de 2016 la diputada Edith Anabel Alvarado Valera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo relativo a la enfermedad de diabetes en México.
2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta comisión, con número de expediente 1784/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.
II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición
La diputada promovente plantea en su exposición que la diabetes es una patología crónica que afecta a millones de mexicanos y que se ha incrementado tanto en la población adulta como en la población de temprana edad.
Ante dicha problemática, en 2013, el gobierno de la República presentó la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, cuyo objetivo es desacelerar el incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a través de intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.
Así como promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida que mantengan la salud de las personas; detectar oportuna y masivamente el universo de casos de sobrepeso, obesidad y diabetes para garantizar su adecuado control y manejo; generar una plataforma que permita contar con recursos humanos capacitados e insumos suficientes para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud.
Sin embargo, los datos que refieren al número de padecimientos de estos males en nuestro país, siguen señalando que falta mucho por hacer en esta materia. Se considera que las consecuencias no sólo desgastan la salud y la economía de los pacientes y sus familias, sino también las finanzas y la productividad del Estado mexicano, ya sea en el mediano o largo plazo, pues se requiere mayor presupuesto para una infraestructura adecuada en los centros de atención, personal capacitado, e investigación y tratamientos especiales.
Dentro de este escenario, se debe ampliar la prevención, la cual es resultado de una atención organizada y coordinada de las instancias de salud en nuestro país, de acuerdo con el artículo 6o de la Ley General de Salud, su tarea es diseñar y ejecutar políticas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
Los resolutivos planteados en la proposición son los siguientes:
Primero: Se exhorta al Sistema Nacional de Salud, a que redoble esfuerzos en materia de campañas de cuidado a la salud, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste el sobrepeso y la obesidad, a fin de evitar enfermedades como la diabetes.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud, en su calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, a que dé a conocer los avances que ha tenido la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, así como las metas en el corto plazo.
III. Proceso de análisis
La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.
IV. Consideraciones
1. México vive una epidemia de obesidad, en total 60.6 millones de personas (el 52 por ciento de los mexicanos) sufren de esta condición, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. El sobrepeso y la obesidad son el principal factor de riesgo de discapacidad y muerte para los mexicanos; aunado a ello, se generan altas pérdidas económicas y reduce la competitividad del país en tanto que se elevan los costos al erario público para tratar enfermedades asociadas, hay menor productividad laboral, mayores gastos para la población y pérdida de calidad de vida del enfermo.
2. La Ley General de Salud, determina en su artículo 6 cuáles son sus principales objetivos, entre los que destacan proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. A su vez, la fracción XI señala la obligación de la Secretaría de Salud de diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
3. La Comisión de Salud considera que la obesidad es un problema de salud prioritario que debe ser neutralizado eficientemente mediante el redoble de esfuerzos en materia de campañas de cuidado a la salud y alimentación nutritiva, a fin de salvaguardar la salud de la población.
4. La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Aspen Institute Mexico, desarrollaron un Sistema de Indicadores para Monitorear los Avances de la “Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes” para un mejor control y monitoreo de los padecimientos ligados al sobrepeso.
5. Ésta comisión considera que la Secretaría de Salud ha realizado los esfuerzos necesarios, en concordancia con otros institutos, a fin de conocer los avances que ha tenido la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes” en cada uno de los estados de la República para poder establecer correlaciones, metas en el corto plazo y hacer conjeturas razonables para detonar conversaciones de política pública mejor informadas con respecto a la epidemia de sobre peso y obesidad, por lo que no es necesario aprobar el resolutivo número dos propuesto por el legislador, ya que el gobierno federal ha informado oportunamente sobre dichos avances, los cuales pueden ser consultados en el Instituto Mexicano para la Competitividad (imco.org.mx)
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Único: Se exhorta al Sistema Nacional de Salud, a que redoble esfuerzos en materia de campañas de cuidado a la salud, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarresten el sobrepeso y la obesidad, a fin de evitar enfermedades relacionadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo del 2016.
La Comisión de Salud
Diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a promover ante los fabricantes de goma de mascar campañas destinadas a evitar que los consumidores desechen el producto en la vía pública
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos, presentan el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 11 de febrero de 2016, la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que promuevan campañas ante los fabricantes de goma de mascar para evitar que los consumidores desechen el producto en la vía pública.
2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 1617/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.
II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición
La diputada promovente plantea en su exposición que en el año 2012, el Departamento de Bioquímica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) determinó que cada goma de mascar (chicle) depositado en el espacio público es un foco de infección y un riesgo para la salud de la población, ya que al desechar el chicle en el piso, las bacterias y microorganismos de quien lo masticó, se esparcirán en el aire.
Aunado a esto, debe considerarse que los equipos utilizados para desintegrar y remover la goma de mascar, representan un gasto público muy alto y estas labores son insuficientes debido al exceso de residuos. En síntesis representa un alto riesgo sanitario y ambiental que implica altos costos de limpieza y disminuye la salud de la población y la imagen urbana.
El resolutivo planteado en la proposición es el siguiente:
Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, con fundamento en la Ley General de Salud, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, promuevan ante los fabricantes de goma de mascar (chicle), la inserción de una leyenda en el empaque para concientizar al consumidor, para desechar el producto y aprovechar la envoltura para arrojar el producto a la basura, así como la realización de campañas publicitarias alusivas a lo anteriormente expuesto, para evitar riesgos sanitarios y ambientales que representa arrojar el producto al piso, en beneficio de la salud de la población e imagen urbana, aunado al alto costo de su limpieza.
III. Proceso de análisis
La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.
IV. Consideraciones
1. Esta comisión considera que el punto de acuerdo es viable, toda vez que de conformidad con la Ley General de Salud, la cual estipula en su artículo 402 que cuando se detecten riesgos para la población, se habrán de considerar medidas de seguridad sanitaria y lo establecido en el artículo 404 fracción IX, donde se fija que deberán emitirse mensajes publicitarios que adviertan sobre los peligros de daños a la salud, por lo que la intención de la promovente se encuentra dentro de los parámetros señalados por la ley.
2. Aunado a lo establecido en la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente, en los artículos 134, 136 y 141, en los que se estipula que deben tomarse medidas para evitar la contaminación por las implicaciones, riesgos y problemas que representan para la salud;
3. Por otra parte, en concordancia con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en sus artículos 1, 2, 3, 6 y 7, fundamentan el presente punto de acuerdo, toda vez que se establecen los conceptos y las competencias de la Federación, estados y municipios para que, en el ámbito de sus atribuciones, se fijen las medidas para el control y manejo de desechos sólidos.
4. La Comisión de Salud coincide con la proponente en que es imprescindible se implementen campañas para concientizar al consumidor de goma de mascar (chicle) para desechar el producto en la basura y reducir el alto riesgo sanitario y ambiental.
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Único: Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a crear campañas para concientizar al consumidor de goma de mascar (chicle), para desechar el producto en la basura, aprovechando su envoltura, con la finalidad de evitar riesgos sanitarios y ambientales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.
La Comisión de Salud
Diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca a dotar de personal médico y equipo técnico a la unidad médica rural de Cerro Concha, en Santa María Jacatepec
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 18 de febrero de 2016 la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a dotar de personal médico y equipo técnico la unidad médico rural de Cerro Concha, Santa María Jacatepec.
2. En la misma fecha el Presidente de la Mesa Directiva turnó a esta Comisión, con número de expediente 1731/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.
II. Planteamiento del problema y contenido del asunto
La promovente señala que la comunidad de Cerro Concha en el municipio de Santa María Jacatepec, Oaxaca, tiene 480 habitantes, de los cuales 219 son hombres y 261 mujeres; el porcentaje de analfabetismo entre los adultos es de 20 por ciento y el grado de escolaridad es de 3.72 años; y el 80.83 por ciento de los adultos habla alguna lengua indígena.
La diputada manifiesta que es necesario apoyar y ayudar a las comunidades indígenas para no permitir la exclusión en el goce de sus derechos especialmente en los referidos a la protección de la salud. Es lamentable que, en comunidades apartadas del estado de Oaxaca, la infraestructura médica no se encuentre disponible o bien no exista personal médico suficiente, mismo que no goza de los sueldos y prestaciones que le permitan desahogar con profesionalismo el desarrollo de sus actividades.
La diputada subraya que es de suma importancia que el gobierno de Oaxaca dote de personal médico y equipo técnico a la unidad médica rural de la comunidad Cerro Concha, Santa María Jacatepec, Oaxaca, dadas las deficiencias que se tienen en materia de salud.
Finalmente, formula el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Oaxaca para que, a través de la Secretaría de Salud del estado, doten de personal médico y equipo técnico a la unidad médica rural de la comunidad Cerro Concha, municipio de Santa María Jacatepec, distrito de Tuxtepec, del estado de Oaxaca.
III. Proceso de análisis
La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.
IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta
1) En México, el derecho a la protección de la salud es una garantía constitucional (una obligación del Estado para con los ciudadanos en forma individual o colectiva) declarada en el tercer párrafo del artículo 4o., y debe ser ejercida con base en los principios de igualdad y no discriminación. “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
2) El municipio de Santa María Jacatepec, posee una población de 8,936 habitantes, según el II Conteo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, 2005. Ahora bien como lo señala la legisladora, la comunidad de Cerro Concha tiene 480 habitantes, lo que implica una cantidad considerable de indígenas, que en la mayoría de los casos no cuentan con los recursos necesarios para subsistir, debido a la situación económica que se vive en estas zonas del país, ya que la mayoría se dedica al cultivo del café, además que estas zonas están consideradas de alta y muy alta marginación.
3) La infraestructura de la unidad médica rural Cerro Concha se encuentra descuidada, además de la carencia de personal médico, lo que trae como consecuencia que los integrantes de los pueblos indígenas que recurren al servicio de dicha unidad médica rural, no puedan recibir una atención médica de calidad, conforme lo mandata el artículo 4o. de la Carta Magna.
4) En atención a dicha situación esta comisión considera viable la proposición del punto de acuerdo presentada por la promovente, toda vez que existen comunidades que se encuentran rezagadas en el tema de salud y que es de vital importancia que se atiendan.
Por las consideraciones que anteceden y con base en el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a dotar de personal médico y equipo técnico a la unidad médica rural de la comunidad Cerro Concha, Santa María Jacatepec, distrito de Tuxtepec, Oaxaca, a fin de combatir el rezago y las carencias en materia de salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.
La Comisión de Salud
Diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo al incremento de embarazos de adolescentes en México
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 9 de febrero de 2016, los diputados Mariana Trejo Flores y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron proposición con punto de acuerdo relativo al incremento de embarazos en adolescentes en México.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta Comisión con número de expediente 1579/LXIII, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.
II. Planteamiento del problema y contenido del asunto
México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo que representa un problema de bienestar sexual y reproductivo, de desarrollo humano y de salud. En nuestro país existen 22.4 millones de personas entre 10 y 19 años. Según el Consejo Nacional de la Población y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la proporción de sujetos de 12 a 19 años con vida sexual pasó de 15 por ciento en 2006 a 23 por ciento en 2012.
Para 2012 la muerte materna se incrementó de 32 a 37 por ciento por cada 100 mil niños y niñas nacidos vivos en 2013, este problema tiene resonancia en la esfera proponente, desde el nivel básico hasta el superior.
Lo que los diputados Mariana Trejo Flores y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez proponen es que, por medio de campañas permanentes sobre educación sexual dirigida hacia los adolescentes, se evite la maternidad temprana y las infecciones de transmisión sexual.
El resolutivo propuesto en la proposición es el siguiente:
Único: Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud del Gobierno federal para que en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, refuerce las campañas de prevención e información sobre salud sexual y reproductiva para niñas y adolescentes en todas y cada una de las jurisdicciones sanitarias del país, así como en medios masivos de comunicación, electrónicos y tradicionales.
III. Proceso de análisis
La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con su discusión en reunión ordinaria.
IV. Consideraciones
1. La Comisión de Salud considera que el embarazo en adolescentes es un problema que debe ser atendido de manera inmediata, ya que no es materia únicamente de salud pública, siendo este el más importante, sino que también tiene implicaciones económicas y sociales.
2. En México, cada año, un promedio de 400 mil adolescentes, entre 10 y 19 años, quedan embarazadas, estas cifras no han disminuido desde 2006. La Coordinación de la Clínica del Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), admite que hay una barrera entre médicos y menores de edad. “El adolescente necesita llegar a un centro de salud en donde sepa que va a encontrar gente amigable y no un doctor o una enfermera que lo va a estar cuestionando sobre su sexualidad”, por lo que se requiere que existan canales de comunicación más abiertos entre los adolescentes y el personal de salud que los atiende.
El gobierno federal anunció en enero de 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), con el objetivo principal de reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad entre menores de 19 años, mediante acciones interinstitucionales coordinadas con políticas y planes nacionales, estatales y municipales.1
La implantación de la ENAPEA estará a cargo de un Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) que tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación que permitan la implantación de la estrategia. El GIPEA está integrado, a invitación del secretario de Gobernación, por una coordinadora, que será la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Conapo, una secretaria técnica, que será la presidenta del Inmujeres, así como por vocales, los cuales serán servidores públicos de alto nivel de las siguientes secretarías y dependencias de la administración pública federal: Secretaría de Gobernación, Segob, a través de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Instituto Mexicano de la Juventud, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de Salud Pública e invitados de la sociedad civil, organismos internacionales e integrantes de la academia.
A nivel estatal se constituyó el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), tomando como modelo de referencia el Nacional, que podrá adecuarse respetando los arreglos institucionales en los estados. En el ámbito estatal se considera prioritario apoyar a los contextos municipales y locales con procesos de capacitación y el asesoramiento para establecer los mecanismos de articulación con las demás dependencias, así como las gestiones que permitan destrabar obstáculos y mejorar el rendimiento local.
3. Uno de los aspectos importantes de esta estrategia es que el Estado reconoce a los adolescentes como sujetos titulares de derechos humanos, particularmente de derechos sexuales y reproductivos, así como el impacto negativo que tiene un embarazo a temprana edad en el desarrollo físico y psicológico de las jóvenes, así como en su proyecto de vida. En este sentido, la Estrategia tiene acciones específicas enfocadas en garantizar y mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, que incluyan el acceso a consejería, en espacios confidenciales y a métodos anticonceptivos, sin la necesidad de contar con la presencia o autorización de los padres o tutores.
4. Además de la implementación de la ENAPEA, se están creando acciones por medio del Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, recientemente emitido por el Centro Nacional de Equidad y Género. Un punto importante que se propone es la elaboración de un programa de educación en salud sexual y su distribución gratuita en las instituciones educativas públicas y privadas del país. Para ello se contempla la capacitación de personal docente en técnicas de pedagogía para trasmitir la información sobre salud sexual a los alumnos.
5. La Secretaría de Salud emitió el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-047-SSA2-2014, para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de julio de 2014, por medio de la cual se establecen los criterios que deben seguirse para brindar la atención médica integral, la prevención y el control de las enfermedades prevalentes en el Grupo etario y la promoción de la salud, con perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto a sus derechos fundamentales.
6. El asesoramiento en adolescentes puede reducir los embarazos en adolescentes y mejorar la capacidad para reconocer los síntomas de las infecciones de transmisión sexual (ITS), con lo que aumentarán las probabilidades de que soliciten atención o alienten a sus parejas sexuales a hacerlo, lamentablemente la falta de sensibilidad del público, la falta de capacitación del personal sanitario y el arraigado estigma generalizado, dificultan el acercamiento de este grupo a los programas públicos que ofrece el gobierno.
Si bien es cierto que el Estado mexicano está trabajando para erradicar el embarazo en adolescentes y para otorgar educación sexual en este grupo, consideramos que es necesario que se fortalezcan dichos programas para hacerlos llegar a toda la población adolescente del país, hasta los que se encuentran en zonas marginadas, ya que en la mayoría de los casos los embarazos e infecciones de transmisión sexual se da en este sector de la población, por el desconocimiento de sus derechos y de los programas que se crean en apoyo a los distintos problemas a los que se enfrentan.
Los que integramos esta comisión, consideran aprobar la propuesta hecha por el legislador, toda vez que es necesario reforzar la información que se da a los jóvenes en materia de salud sexual y reproductiva, para que cuenten con información oportuna y puedan desarrollarse como ciudadanos.
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretarías de Salud, y de Educación Pública de los gobiernos federal y estatales en el ámbito de sus atribuciones, se fortalezcan las campañas para la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual en adolescentes.
Nota
http://www.issste.gob.mx/images/downloads/home/ENAPEA.pd f
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.
La Comisión de Salud
Diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones, Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer las campañas de difusión sobre la presencia de la araña violinista y los efectos de su picadura
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 25 de febrero de 2016 la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer las campañas informativas sobre la presencia de la araña violinista y los efectos de su picadura.
2. Con la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó a esta Comisión, con número de expediente 1823/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.
II. Planteamiento del problema y contenido del asunto
La araña violinista, o también denominada “araña del rincón”, tiene como característica, el dibujo de un violín. De color marrón, aunque negras, crema o grises, es común que la población no las reconozca e identifique fácilmente, debido a esta capacidad de poder combinarse con el medio en donde se encuentran.
En el caso particular de la Ciudad de México, señala la legisladora que no hay una alerta sanitaria ni epidemiológica sobre la presencia de la araña violinista. Sin embargo, a través de medios, redes sociales e inclusive de experiencias de personas cercanas se ha conocido de un número creciente de casos en diversas zonas de la Ciudad. En otros estados, tampoco ha sido decretada una alerta sanitaria ni epidemiológica, a pesar de que se ha detectado la presencia de la araña en territorio nacional y, cuya mordedura ha ocasionado por lo menos, 200 mil muertes a nivel mundial en 2015.
La Secretaría de Marina, a través de su Dirección General de Sanidad Naval, ha difundido un tríptico, en el cual, se encuentra la información básica sobre el tema, desde la imagen de la araña, hasta los síntomas y el veneno.
En este sentido y con la convicción de que la prevención es la mejor forma de hacer frente a problemas de salud pública, es indispensable que las autoridades de Salud, tanto federales como locales, difundan información acerca de la llamada “araña violinista”, la forma de hacerle frente, las precauciones que hay que tomar y las recomendaciones ante una eventual picadura a fin de evitar escenarios fatales.
Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a los organismos de salud de cada entidad federativa, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las campañas de difusión acerca del arácnido conocido como “araña violinista”; sus características físicas, los lugares en donde hay mayor posibilidad de encontrarla, así como los síntomas ante una posible mordedura y la importancia de acudir en el menor tiempo posible ante una institución de salud, a fin de que pueda ser atendido y salve su vida.
III. Proceso de análisis
La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.
IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta
1. Los integrantes de esta comisión coincidimos con el punto de acuerdo propuesto por la legisladora, toda vez que aunque el gobierno federal ha emitido una advertencia para toda la población al señalar que la “araña violinista” se encuentra en México, no se le ha dado un seguimiento constante, ni la difusión mediática para que la sociedad esté alerta respecto de este tema.
2. Por otra parte, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló que hasta el momento no existe antídoto contra su veneno, por lo que señala que en caso de sufrir una picadura de esta especie, se atienda en plazo un máximo de 12 horas.
La dependencia también informó que, en coordinación con el gobierno federal, ha implantado módulos especiales en diferentes unidades médicas para que las personas que son mordidas se atiendan de manera exclusiva.
3. Puede considerarse que el veneno de este tipo de araña, es de los más peligrosos y venenosos del mundo. La atención debe recibirse en las primeras horas de haber sufrido la mordedura, ya que la piel y músculo en donde se dio la picadura, inicia un proceso de descomposición, como reacción alérgica grave.
4. Si bien es cierto que hasta el momento se descarta una emergencia sanitaria por la mordedura de esta araña, también lo es que la sociedad debe estar informada a fin de evitar que incremente el número de mordeduras por este arácnido, por lo que esta comisión considera viable la proposición del punto de acuerdo presentada por la promovente, en virtud de que se ha detectado la presencia de la araña en territorio nacional cuya mordedura, ha ocasionado por lo menos 200 mil muertes a nivel mundial en 2015.
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen campañas de difusión acerca del arácnido conocido como “araña violinista”, para que la población esté enterada de los alcances de su mordedura, síntomas y tratamiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.
La Comisión de Salud
Diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones, Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud y al comisionado nacional de Protección Social en Salud a incluir en el catálogo universal de servicios de salud los síndromes de Prader-Willi, Parkinson y alzhéimer; y ampliar el catálogo de diagnóstico y tratamiento de enfermedades cancerosas
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 11 de diciembre de 2015 el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que incluyan en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, los síndromes de Prader-Willi, Parkinson y Alzhéimer, así también se amplíe en el catálogo el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cancerosas.
2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta comisión, con número de expediente 1613/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.
II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición
El diputado promovente plantea en su exposición que el gobierno mexicano ha hecho un importante esfuerzo en el sector de las políticas públicas, con el objetivo de otorgar mejores servicios a la población en materia de salud. Además, que su actuación se encuentra acorde con lo estipulado en el artículo 4o. de la Carta Magna.
Ahora bien, las enfermedades crónico degenerativas como el cáncer, son cada vez más comunes y no sólo deben ser prevenidas y diagnosticadas, sino atendidas oportunamente. El Catálogo Universal de Servicios de Salud 2015 (Causes) ya contempla diagnósticos y tratamientos de algunos tipos de cáncer; sin embargo, este catálogo de enfermedades debería ser ampliado ante las estadísticas de la Organización Mundial de Salud que indican el incremento de defunciones por algún tipo de cáncer.
Por lo que el legislador señala que es importante que la Secretaría de Salud federal a través de un análisis técnico y presupuestal, considere el diagnóstico y tratamiento en el Causes del cáncer de pulmón, estómago, páncreas e hígado.
Asimismo, el síndrome de Prader-Willi (PW) se encuentra en aumento y, actualmente se estima que una de cada 12 o 15 mil personas nace con esta patología. Ante estas estadísticas, se considera de vital importancia incluir su tratamiento en el Causes.
Por otra parte, el Síndrome de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo y afecta, sobre todo, a personas mayores de 60 años; aunque ello no implica que la población joven esté exenta de padecerla, Asimismo, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud, alrededor de 350 mil personas padecen Alzhéimer en México.
Con la finalidad de atender este tipo de enfermedades e incluir cada vez a más sectores de la sociedad que padecen alguna enfermedad degenerativa, se considera impostergable establecer acciones concretas que beneficien a la población dentro de un corto, mediano y largo plazo.
El resolutivo planteado en la proposición es el siguiente:
Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que se incluyan dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) el diagnóstico y tratamiento de los Síndromes de Prader-Willi, Parkinson y Alzhéimer, así también se amplíe en dicho Catálogo el diagnóstico y tratamiento de un mayor número de enfermedades cancerosas.
III. Proceso de análisis
La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.
IV. Consideraciones
1. En septiembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto acudió a la Asamblea General de la ONU donde se adoptó la Agenda 2030 en la que el Estado mexicano se compromete a garantizar, entre otras cosas, una vida saludable y promover el bienestar para todas las edades.
2. La Carta Magna en el artículo 4o. determina que la protección a la salud es un derecho humano, aunado a esto el estado mexicano ha firmado una serie de tratados con relación a este tema, en los cuales se establece que el derecho a la salud debe otorgarse en términos de disponibilidad y accesibilidad, bajo los principios de no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud.
3. Esta Comisión de Salud considera que las cifras arrojadas por la Organización Mundial de Salud y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud, son alarmantes en lo que respecta al incremento de las enfermedades crónico degenerativas –síndrome de Prader-Willi, Parkinson, Alzhéimer, cáncer– y las defunciones consecuentes.
Actualmente el gobierno federal realiza esfuerzos notables para salvaguardar el derecho a la salud y, prioriza el presupuesto de dicho sector (527 mil 230 millones de pesos, incluidos 75.5 mil millones para el Seguro Popular, para el ejercicio fiscal 2016), es necesario que se redoblen esfuerzos a fin de prevenir y diagnosticar oportunamente enfermedades crónico degenerativas.
Esta comisión considera viable el punto de acuerdo del promovente, al considerar imprescindible incluir dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) el diagnóstico y tratamiento de los Síndromes de Prader-Willi, Parkinson y Alzhéimer, así como ampliar el diagnóstico y tratamiento de un mayor número de enfermedades cancerosas como obligación del Estado mexicano proteger, respetar y cumplir progresivamente el derecho de protección a la salud, cumpliendo con las necesidades que la sociedad requiera, así como la implementación de programas en igualdad de condiciones, y medidas que faciliten el acceso de la población a los servicios de salud con la finalidad de garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas y todos los mexicanos.
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta Honorable Asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que se incluyan dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) el diagnóstico y tratamiento de los síndromes de Prader-Willi, Parkinson y Alzhéimer, así también se amplíe en dicho catálogo el diagnóstico y tratamiento de un mayor número de enfermedades cancerosas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.
La Comisión de Salud
Diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades respectivas de los distintos niveles de gobierno a difundir medios para prevenir el cáncer infantil
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 16 de febrero de 2016, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas respecto de los síntomas y mecanismos de prevención de los principales cánceres que afectan a los niños de nuestro país, lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidad de realizar un diagnóstico prematuro y un tratamiento adecuado.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 1682/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.
II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición
El diputado promovente señala en su exposición que en México existen anualmente entre 5 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años. Siendo, el cáncer infantil la principal causa de muerte por enfermedad en menores de 5 y 14 años de edad, representando un promedio anual de 2,150 muertes en la última década, conforme a lo reportado por la Secretaría de Salud y por el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED).
El legislador considera que no existen capacidades médicas, técnicas y económicas para combatir esta enfermedad ni para ampliar las posibilidades de subsistencia a todos aquellos que padecen cáncer infantil. Nos encontramos ante un escenario en el que no se diagnostica a tiempo, donde el desarrollo de la farmacoterapia en el cáncer infantil ha disminuido y los costos de los medicamentos son muy elevados.
Se propone hacer un llamado especial a través de dos vías, uno hacía la sociedad para que se informe y conozca de los síntomas de los cánceres con mayor prevalencia en niños, para que de esta forma se esté a tiempo de diagnosticar e implementar un tratamiento; y, por otro lado, diseñar políticas públicas en materia de salud, que incentiven a los profesionales de la salud a especializarse en el tema de cáncer infantil.
De igual manera, estima de vital importancia impulsar la creación de hospitales que garanticen el tratamiento de los niños ya que las esperanzas de recuperación disminuyen por la falta de infraestructura y atención médica.
El resolutivo planteado en la proposición es el siguiente:
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas respecto de los síntomas y mecanismos de prevención de los principales cánceres que afectan a los niños de nuestro país, lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidad de realizar un diagnóstico prematuro y un tratamiento adecuado.
III. Proceso de análisis
La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.
IV. Consideraciones
1. La Carta Magna en el artículo 4o. determina que la protección de la salud es un derecho humano por lo que el Estado mexicano debe proteger, respetar y cumplir progresivamente este derecho, garantizándolo en igualdad de condiciones, tomando medidas que faciliten el acceso de la población a los servicios de salud, con la finalidad de garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas y todos los mexicanos.
2. De acuerdo con datos aportados por la Secretaría de Salud, en nuestro país existen anualmente entre 5 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años. El gobierno actualmente cuenta con 54 unidades médicas acreditadas para la atención de pacientes menores de 18 años con cáncer, así como 135 oncólogos pediatras, ya que los cánceres infantiles no siempre se tratan como los cánceres en adultos. La oncología pediátrica es una especialización médica que debe ser promovida para poder realizar un diagnóstico prematuro del padecimiento y un tratamiento adecuado del mismo.
3. El diagnóstico oportuno del cáncer infantil aumenta la probabilidad de su curación. En 2015, la Organización Mundial de la Salud, en su manual “Diagnóstico temprano del cáncer en la niñez”, hace hincapié en que es necesario mejorar el conocimiento médico de los síntomas y tratamiento del cáncer pediátrico, a fin de que ningún niño con cáncer llegue tarde al diagnóstico y reciba el tratamiento que lo pueda salvar.
4. Finalmente, esta Comisión de Salud considera viable el punto de acuerdo materia de éste dictamen, ya que a pesar de que se está trabajando para detectar esta enfermedad a tiempo y el gobierno está redoblando esfuerzos para disminuir el cáncer infantil, aún falta mucho por hacer. Las autoridades en materia de salud de los diferentes niveles de gobierno tienen la obligación de diseñar e implementar campañas informativas respecto de los síntomas y mecanismos de prevención de los principales cánceres que afectan a las niñas y niños de nuestro país, a fin de detectar a tiempo este mal y poder brindar un tratamiento oportuno. Asimismo, esta comisión estima imprescindible la necesidad de diseñar políticas públicas en materia de salud, que incentiven a los profesionales de la salud a especializarse en el tema de cáncer infantil.
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que refuercen campañas informativas respecto de los síntomas y mecanismos de prevención de los principales cánceres que afectan a los niños de nuestro país; e incentiven a los profesionales de la salud a especializarse en el tema del cáncer infantil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.
La Comisión de Salud
Diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la SCT a reparar por Capufe la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95; y a la SHCP, a suspender el cobro de peaje ahí hasta en tanto no se restablezca el estado óptimo de la vía que permita ofrecer un servicio de calidad y seguridad
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reparar por Caminos y Puentes Federales el tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a suspender el cobro de peaje ahí en tanto no se reestablezca el estado óptimo que permita ofrecer un servicio de calidad y seguro, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44, 45 numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Transportes somete a consideración de esta asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo mencionado.
Metodología
En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.
En el apartado “Análisis de la proposición con punto de acuerdo” se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.
Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 27 de enero de 2016, la diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reparar por Caminos y Puentes Federales el tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a suspender el cobro de peaje ahí en tanto no se reestablezca el estado óptimo que permita ofrecer un servicio de calidad y seguro.
2. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número DGPL 63-II-3-432, acordó que se turnase a la Comisión de Transportes para el análisis y dictamen correspondientes, asignándole el expediente número 1469, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1 . En el punto de consideraciones, la diputada proponente señala lo siguiente:
a) California cuenta con gran variedad de recursos y atractivos turísticos que hacen que se posicione como una de las entidades del país con mayor potencial en ese sector, destacando su vocación y las oportunidades para seguir abonando y construyendo un mejor destino turístico en México.
b) En 1967 comenzó a operar la autopista escénica Tijuana-Ensenada, considerándola una vía de cuota federal de 95 kilómetros, concesionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
c) Dicha carretera se construyó para impulsar y hacer crecer el turismo de la región pero, afirma la proponente, desde su apertura hasta la fecha ha presentado serias afectaciones y deslizamientos en diversos puntos de la carretera, lo cual ha llevado al cierre de la autopista, como ocurrió en 1997, por lo cual se realizó la reconstrucción total de un tramo debido a un desplazamiento. También pone ejemplo, otro deslizamiento, ocurrido el 28 de diciembre de 2014 en el kilómetro 93, donde se presentó un deslizamiento de 30 metros de profundidad por 300 de largo, movimiento que se aceleró debido a varios temblores y a las intensas lluvias registradas en la zona, y que su reparación se estima tuvo un costo de 900 millones de pesos para su reconstrucción.
Lo anterior, afirma, trajo consigo grandes afectaciones a la ciudadanía y a la economía regional, ya que es una de las principales vías de comunicación primordial entre el norte y sur del estado, además de ser una ruta importante de exportación de productos marítimos.
d) Hace énfasis en que, con el fenómeno de El Niño, se han presentado nuevas afectaciones, como grietas y deslizamientos a la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95, lo cual preocupa y pone en peligro la integridad de los usuarios y sus familias, considerando el uso continuo y el intenso tránsito que presenta esta vía, así como en caso de un derrumbe provocaría grandes afectaciones a la economía regional.
e) Infiere que investigadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California han señalado que el kilómetro 95 es uno de los puntos identificados como activos, y que, si continuaba la lluvia durante este invierno, también continuaría el proceso de movimiento o de asentamiento de masa, pues el agua es un promotor del fenómeno.
Éstas son las razones por las que la proponente menciona que es objeto de la proposición que nos ocupa exhortar a la SCT y a Capufe para que tomen las medidas necesarias para reparar de la mejor manera posible la zona afectada del tramo carretero, así como para que los trabajos se realicen en el menor tiempo posible para afectar lo menos posible a los que transitan por esa vía de comunicación.
También propone que, mientras la autopista no cumpla el servicio eficiente y oportuno por el cual cobra, se suspenda el cobro de caseta, en tanto no la reparen y den garantías al usuario de transitar con seguridad. La atención de esta demanda social será un factor fundamental para contribuir al bienestar de los habitantes de la comunidad, lo que nos permitirá mejorar el tránsito y las actividades que realizamos.
4. En este sentido, y en razón de que la propuesta originalmente fue dirigida a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora formuló su propuesta de punto de acuerdo en los siguientes términos:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, repare el tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95.
Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender el cobro de peaje hasta en tanto no se restablezca el estado óptimo de la carretera que permita ofrecer un servicio de calidad y seguridad al usuario.
Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la proposición, los miembros de la Comisión de Transportes, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes
III. Consideraciones de la comisión
1. Esta dictaminadora considera que el sistema de carreteras y caminos del país requiere mantenimiento, ampliación y modernización constantes. Estamos de acuerdo en que las restricciones presupuestales limitan demasiado esta función estatal, lo cual obliga a recurrir al capital privado y, más aún por cuestiones de tipo económico que van concatenadas al costo de dicho mantenimiento vial, como lo es y lo ha sido la afluencia turística en Baja California, que es uno de los argumentos de la proponente.
La autoridad administrativa, ante esta situación no ejerce un criterio de equidad, sino ejerce criterios de otro tipo para poder otorgar una concesión o para hacer las reparaciones y las adecuaciones a las carreteras del país. Su omisión, a la luz de nuestro marco legal viola derechos humanos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes emanadas de ella. Pero no sólo eso: hay afectaciones económicas que merman la economía familiar de las poblaciones que dependen de esas vías de comunicación.
2. Pese a que desde 2015 se licitó a la empresa FERHEC la reparación de la carretera objeto de la proposición en estudio, datos proporcionados por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada señalan que el problema del mantenimiento de esa vía es latente, ya que por la estructura del suelo y la debilidad de la obra carretera, por las lluvias, el problema puede crecer.2 Ante esa situación, quienes dictaminamos consideramos que debe ponerse especial atención en las obras de mantenimiento.
Es más, históricamente se ha contratado a otra empresa, Aldesem, SA de CV, para que en 2013 reparara las zonas entre los kilómetros 92+460 y 93+480, lo cual implica que, mientras no se atienda integralmente la reparación de esa vía, con problemas desde 1976, según la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha reconocido, la problemática geológica de la zona se agravará.3
3. Está reconocido por nuestro sistema jurídico, económico y financiero que se paga una contribución, un derecho por el uso de un bien público de uso común, como una vía de comunicación terrestre consistente en la carretera objeto de la proposición que se dictamina, por lo que el Estado mexicano está obligado a que esa contribución reúna las características que tiene todo impuesto y que señala la fracción IV del artículo 31 constitucional en el sentido de que es una obligación de todo mexicano contribuir para los gastos públicos (de la federación, de las entidades federativas y de los municipios en que residan), de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y obligar al concesionario a que adecue a la realidad esa cuota de peaje.
4. Esta dictaminadora considera que el punto de acuerdo que se aprueba debe también ser del conocimiento del Banco Nacional de Obras y Servicios, ya que esta institución tiene por objeto financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.
5. Por esas razones, esta dictaminadora considera de aprobarse la proposición hecha por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, haciendo las adecuaciones de estilo a su propuesta.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y al Banco Nacional de Obras y Servicios realicen las acciones necesarias dentro de sus ámbitos de competencia, a efecto de que se repare el tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender el cobro de peaje hasta en tanto no se restablezca el estado óptimo de la carretera que permita ofrecer un servicio de calidad y seguridad al usuario.
Notas
2 Véanse dos notas publicadas por El Vigía, en las siguientes páginas de internet, consultadas el 2 de marzo de 2016:
http://www.elvigia.net/general/2016/1/17/reparan-escenic
a-tramo-riesgo-223744.html y
http://www.elvigia.net/general/2016/1/12/surgen-grietas-escenica-223178.html
3 Véase la nota de Obrasweb, publicada en
internet, según la página consultada el 2 de
marzo de 2016:
http://www.obrasweb.mx/construccion/2014/01/06/tijuana-ensenada-una-autopista-con-cuatro-decadas-de-fallas
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.
La Comisión de Transportes
Diputados: Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), presidente; José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González, Jonadab Martínez García (rúbrica), secretarios; María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Raúl Domínguez Rex (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Ángel Rojas Ángeles, Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la SCT, SHCP y Capufe a exentar de pago en la caseta de cobro de Playas de Tijuana, Baja California, a los residentes de los fraccionamientos afectados por la falta de vías de comunicación alternas libres de peaje
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Caminos y Puentes Federales a exentar del pago en la caseta de cobro en playas de Tijuana, Baja California, a los residentes de los fraccionamientos afectados por la falta de vías de comunicación alternas libres de peaje, a cargo de la diputada federal María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1 , fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado.
Metodología
En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.
En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.
Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 27 de enero del 2016, la diputada federal María Luisa Sánchez Meza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Caminos y Puentes Federales a exentar del pago en la caseta de cobro en playas de Tijuana, Baja California, a los residentes de los fraccionamientos afectados por la falta de vías de comunicación alternas libres de peaje.
2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 63-II-5-572, acordó se turnara para su dictamen a esta Comisión de Transportes, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 1474, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuestos por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1 . En el punto de antecedentes, la diputada proponente señala lo siguiente:
a) La Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 30 que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizará una caseta libre de peaje cuando haya vías alternas. Menciona que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos y puentes, y que corresponde a esa Secretaría el construirlos y conservarlos.
b) Menciona que, en Baja California se tiene una problemática arraigada en el que se está afectando a los residentes de 16 fraccionamientos que se sitúan después de la plaza de cobro de playas de Tijuana, al no poder acceder a una vía de comunicación libre de peaje. Señala que dicha afectación perjudica a aproximadamente 12 mil residentes que tienen que pagar el peaje al entrar y salir de sus hogares y vincularse en la única vía que les proporciona conectividad y es la Autopista Traspeninsular que está perjudicando su economía familiar.
c) Por su ubicación la Autopista Traspeninsular es la única salida y entrada para los residentes de los fraccionamientos al transitar a los municipios aledaños, siendo el caso concreto de playas de Rosarito con el que se tiene una alta interacción económica, social y de esparcimiento. Los afectados que se distribuyen en 16 fraccionamientos suscribieron un convenio con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el Fideicomiso y el concesionario, para obtener un 50 por ciento de descuento respecto a la tarifa normal de 31 pesos pero aún con dicho descuento para acceder y salir de su domicilio gastan hasta 400 pesos a la semana por vehículo.
El hecho del cobro del peaje en la caseta de Playas de Tijuana ha representado un gasto excesivo para los habitantes desde hace más de 40 años, donde las familias afectadas usan la autopista para ir y venir de Tijuana a Playas de Rosarito como si fueran usuarios viales.
Ante este escenario es preciso que el gobierno federal garantice la existencia de vías alternas libres de peaje a las vías concesionadas, con el objetivo de facilitar el traslado y beneficiar la economía de las familias de esta región.
Los ciudadanos exigen que se les otorgue pronta solución al problema, ya que se les están violando sus derechos de igualdad, y libertad de tránsito.
Un dato importante es el hecho de que la jurisprudencia el Poder Judicial de la federación, estableció que la autoridad en todos sus niveles y funciones debe mantener el goce de los derechos humanos y garantizar su respeto.
Los residentes de los fraccionamientos afectados exigen que se les deba otorgar un trato igualitario como se presenta en otras entidades donde existen vías alternas de comunicación libres de peaje.
4 . En este sentido, el proponente formula su propuesta de punto de acuerdo en los siguientes términos:
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se exente del pago en la caseta de cobro en Playas de Tijuana, a los residentes de 16 fraccionamientos que se han vistos afectados al no haber vías de comunicación alternas de libre de peaje que comuniquen Playas de Tijuana con el municipio de Rosarito en el estado de Baja California.
Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la proposición, los miembros de la Comisión de Transportes que suscriben el presente dictamen exponen las siguientes:
III. Consideraciones de la comisión
1 . Esta dictaminadora considera que la economía familiar debe ser objeto de nuestra protección y tutela. En este sentido, hemos visto que académicos del El Colegio de la Frontera Norte1 se han pronunciado por la importancia de esa carretera, la cual es de vital importancia no solo para el Estado de Baja California, sino para el país. Quienes dictaminamos hemos considerado lo que los residentes gastan en el tránsito de esa vía terrestre, el cual asciende a un promedio anual de 230 millones 400 mil pesos, y por sólo un tramo de 18 kilómetros de la vialidad, por lo que el suspender el cobro de la caseta, favorecería en la economía regional y a la vez el libre tránsito a la zona San Antonio del Mar y Rosarito, cuya actividad principal es el turismo, comercio y los desarrollos habitacionales.
2 . Han existido manifestaciones como la ocurrida el 28 de noviembre del 2015, donde, en apoyo a residentes de esa zona turística y que, reiteramos, pagan el peaje Tijuana-Rosarito para salir y regresar a sus hogares en Tijuana, diputados locales de Baja California tomaron las instalaciones de la caseta acompañados por los casi 12 mil afectados, quienes permitieron la circulación de los vehículos de manera gratuita.
En ese acto, los representantes del movimiento en favor de la exención del cobro en la caseta para residentes de la ciudad de Tijuana, quienes viven en los 16 fraccionamientos que están del otro lado de la caseta (en dirección a Rosarito), dijo que no les ha quedado otra opción dada la falta de voluntad de los tres niveles de gobierno, además de señalar que, actualmente, los ciudadanos están en proceso de un juicio de amparo que podría exentarles el pago. Señaló que, por este motivo, en el Congreso de Baja California e han presentado exhortos a la dependencia del Ejecutivo Federal, pero las opciones de la dependencia se limitan a un descuento del 50 por ciento, el cual los inconformes les ha parecido insuficiente.2
3. Por esas razones es que esta dictaminadora considera de aprobarse la proposición hecha por el diputado federal Jorge Enrique Dávila Flores, haciendo las adecuaciones de estilo a su propuesta.
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se exente del pago en la caseta de cobro en Playas de Tijuana, a los residentes de 16 fraccionamientos que se han vistos afectados al no haber vías de comunicación alternas de libre de peaje que comuniquen Playas de Tijuana con el municipio de Rosarito en el estado de Baja California.
Notas
1 Ver la siguiente nota periodística del San Diego
Red, publicado en internet y consultado el día 26 de
febrero del 2016:
http://www.sandiegored.com/noticias/71377/Piden-eliminar-cobro-de-casetaescenica-Tijuana-Rosarito-Ensenada
2 Véase la siguiente página de internet consultada el 26 de febrero del 2016: http://zetatijuana.com/2015/11/28/diputados-toman-caseta-tiiuana-rosari to
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.
La Comisión de Transportes
Diputados: Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), presidente; José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica), Jonadab Martínez García (rúbrica), secretarios; María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Raúl Domínguez Rex (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Ángel Rojas Ángeles (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y el Banobras a analizar los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey por falta de mantenimiento
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar de manera urgente los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey; derivados de la falta de mantenimiento en que se encuentra y así lograr contener los incrementos continuos de las cuotas de peaje, presentada por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Transportes somete a consideración de esta asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo mencionado.
Metodología
En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.
En el apartado “Análisis de la proposición con punto de acuerdo” se examinan el contenido sustancial de la propuesta y los argumentos en que se sustenta, y se determinan el sentido y su alcance.
Por último, en el apartado “Consideraciones” la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 3 de febrero de 2016, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar de manera urgente los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey derivados de la falta de mantenimiento en que se encuentra y así lograr contener los incrementos continuos de las cuotas de peaje.
2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número DGPL 63-II-2-459, acordó que se turnara para su dictamen a la Comisión de Transportes, para el análisis y dictamen correspondientes, asignándole el expediente número 1521, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1. En el punto de antecedentes, el diputado proponente señala lo siguiente:
a) El proponente señala que el 18 de octubre de 2005, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la convocatoria para concursar en la licitación de la concesión para construir el libramiento norponiente Saltillo y la autopista Saltillo-Monterrey. Menciona que el 17 de noviembre de 2006, el gobierno federal, por conducto de la SCT, otorgó la concesión a la empresa Isolux-Corsán para construir, operar, explotar, conservar y mantener la autopista federal que une Saltillo con Monterrey, incluyendo el libramiento de Saltillo (tramos I y II), dejando la construcción del tramo II del libramiento norponiente de Saltillo al gobierno federal.
b) Apunta el proponente que el 10 de noviembre de 2009, el presidente de la República inauguró oficialmente una de las tres etapas de un proyecto de lo que constituía una autopista de 126.1 kilómetros, la cual incluye el libramiento ya construido en Saltillo, para facilitar la convergencia de los trayectos México-Nuevo León-Laredo, con una ruta de mil 116 kilómetros, y otra vía de 223 kilómetros con dirección Mazatlán-Matamoros, las cuales desembocarían en la avenida Morones Prieto, en Santa Catarina, y el área metropolitana de Monterrey, justificando con ello los análisis económicos de la empresa calificadora HR Ratings.
Cita que los recursos para su financiamiento fueron a 25 años, con una concesión estimada en al menos 30 años. Dicha concesión contó con un contrato de tipo engineering, procurement and construction; es decir, por el mismo promovente, un instrumento jurídico que incluye el diseño, los suministros necesarios y la construcción, además de una serie de servicios adicionales necesarios para realizar esos tres objetivos principales de diseño, suministro y construcción. Refiere que la operación del proyecto está a cargo de la empresa Vial, con la que se firmó un contrato de prestación de servicios de operación, conservación y mantenimiento.
El legislador señala que el proyecto comenzó a operar de forma parcial en octubre de 2009 y se encuentra operando en su totalidad desde noviembre de 2011, habiéndose completado la etapa de construcción.
El proponente marca que el proyecto forma parte del corredor carretero México-Nuevo Laredo, el cual es el más importante del país por el volumen de carga de pasajeros y también del corredor Mazatlán-Matamoros que comunica la costa del Pacífico con el noreste del país, por lo que su construcción favorece la consolidación industrial y logística de la región. Menciona que la autopista Saltillo-Monterrey constituye una alternativa de circulación entre estas dos ciudades, debiendo mejorar la fluidez del tránsito, eliminando retrasos por ocurrencias de accidentes y aumentando la seguridad de los usuarios. La restricción de paso a vehículos de carga por Saltillo en febrero de 2011 ha inducido mayor tráfico en el libramiento, mejorando la mezcla vehicular.
2. En el planteamiento del problema, el proponente refiere:
a) Resulta que la siniestralidad de la autopista va en aumento, y menciona que en noviembre de 2014, en la autopista Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 80, ocurrió un derrumbe en el carril que conduce a Santa Catarina, por lo cual se cerró el paso a la circulación.
b) Además, menciona que la neblina, y la falta de advertencias y de señalamientos hacen de la vía primaria una carretera que no cuenta con retornos, paraderos de urgencia, etcétera, y que, a lo largo de los 95 kilómetros construidos por Isolux-Corsán no hay ninguna seguridad. Como referencia, indica que dicha constructora tiene el derecho de concesión de 2009 a 2054.
c) Refiere que en esa carretera se han presentado carambolas con decenas de vehículos que tuvieron choques por alcance, además de un sinnúmero de vehículos volcados, y que una de las causas estriba en el creciente aforo del tráfico proveniente del libramiento Zacatecas-Saltillo incorporado a principios de 2013, pero que inició un año después que los otros tres y presenta incrementos desmesurados desde su inauguración con un promedio de 80 por ciento respecto al mes inmediato anterior, situación que ya genera cifras de alerta.
d) También apunta que en los últimos años se ha incrementado el grado de inseguridad en la zona de influencia de este proyecto, el cual abarca San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
e) Menciona que la composición vehicular de la autopista está dispuesta mayormente por automóviles, pero ésta se redujo a partir de 2010, ya que la entrada en operaciones del libramiento indujo mayor afluencia de vehículos de carga en la autopista. Esta nueva mezcla de mayor aforo de transporte de carga, dice, refleja deficiencias técnicas y operativas, pues en la ubicación de las rampas de urgencia, como en el tamaño y peso de la carga de los autotransportes, aunado a la fuerte pendiente que presenta en el tramo de la autopista al cruzar la Sierra Madre Oriental (que tiene zonas de montaña muy accidentada y planicie donde los niveles de altura sobre el nivel del mar fluctúan entre mil 300 y mil 600 metros, además de considerar que Monterrey fluctúa en 537 metros) es propicia para altas velocidades.
f) Otro punto que refiere es que del día de la inauguración, ocurrida el 10 de noviembre de 2009, a la fecha, la concesionaria Isolux-Corsán ha modificado en 7 ocasiones el costo del peaje en la autopista Saltillo-Monterrey, teniendo incrementos de casi 100 por ciento respecto al precio inicial pactado, el cual era de 39 pesos, siendo dicho precio hoy de 77 pesos. Para esta alza, señala, no hay fundamento económico ni social que respalde estos incrementos desmesurados de las cuotas de peaje en el tramo carretero en comento, ya que son porcentualmente superiores a los niveles de inflación registrados en el país. En ese sentido, dicha tarifa es injusta, ya que no corresponde al servicio prestado ni al nivel de seguridad que una vía tan importante necesita.
3. En sus consideraciones, el legislador proponente apunta que:
a) En la autopista Saltillo-Monterrey, dos situaciones afectan a los usuarios: el alto costo de peaje y la serie de derrumbes, reparaciones, falta de señalamientos y mantenimiento deficiente, que se traducen en inseguridad.
b) Se requiere, por la SCT, que ésta realice las gestiones, los trabajos y las acciones que dentro de su competencia se encuentren para revisar el aumento tarifario en la autopista Saltillo-Monterrey y que de manera inaplazable se contengan los incrementos de las cuotas de peaje a fin de que no haya nuevos agregados.
Asimismo, dicha dependencia deberá revisar la labor de la concesionaria Isolux-Corsán y requerirle un informe circunstanciado en torno al caso y, en consecuencia, se apliquen las sanciones procedentes en caso de haber infringido las disposiciones referentes a la concesión.
El proponente señala que se requieren mejoras viales en la zona de influencia del proyecto y en la vía libre de competencia al libramiento, así como una revisión y control permanentes del tipo de dimensionamiento y tonelaje permitido, observación y, en su caso, modificación de los señalamientos de seguridad y recomendaciones en caso de urgencia, pues la pendiente mencionada es peligrosa, por lo que se tiene que implantar y adicionar rampa de frenado de urgencia previa a la caseta Saltillo-Monterrey.
4. El proponente formula su propuesta de punto de acuerdo en los siguientes términos:
Punto de Acuerdo.
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar de manera urgente los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey derivados de la falta de mantenimiento en que se encuentra y así lograr contener los incrementos continuos de las cuotas de peaje.
Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la proposición, los miembros de la Comisión de Transportes, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes
III. Consideraciones de la comisión
1. Esta dictaminadora considera que la libertad de tránsito consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el derecho que toda persona tiene de entrar, salir y desplazarse libremente por su territorio. Es una libertad que garantiza un régimen liberal como el que garantiza el Estado mexicano.
Que la autoridad sea omisa y por no supervisar a quienes, por la vía de una concesión administrativa para construir y operar una carretera federal, están obligados a mantenerla en óptimas condiciones a cambio del pago de una tarifa justa por el uso de ese medio de comunicación, hace nugatorio ese derecho fundamental consagrado por el artículo 11 de la Constitución General de la República.
2. La Comisión de Transportes considera que una concesión es el otorgamiento gubernativo en favor de particulares o de empresas para construir y aprovechar una obra pública, la cual el Estado mexicano no puede realizar por sí, debido a las múltiples tareas que debe atender y que también se utiliza para desarrollar la economía nacional y que se vuelve un detonador en la generación de empleos. El Estado tiene la obligación de supervisar la labor de los concesionarios para que cumplan esos fines; si no lo hace, esto provoca malestar entre la población y se afecta seriamente la economía de la gente.
3. Pero que un concesionario detente la explotación de una obra pública por él construida, como lo es una carretera federal, no implica que sea de su propiedad y que la abandone, pero eso sí, cobre por su uso para recuperar esa inversión. Está reconocido en el sistema jurídico, económico y financiero que se paga una contribución, un derecho por el uso de un bien público de uso común, como una vía de comunicación terrestre consistente en la carretera objeto de este dictamen, por lo que el Estado mexicano está obligado a que esa contribución reúna las características que tiene todo impuesto y que señala la fracción IV del artículo 31 constitucional en el sentido de que es una obligación de todo mexicano contribuir para los gastos públicos (de la federación, de las entidades federativas y de los municipios en que residan), de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, y obligar al concesionario a que adecue a la realidad esa cuota de peaje.
4. Esta dictaminadora considera que el punto de acuerdo que se aprueba debe también ser del conocimiento del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), ya que esta institución tiene por objeto financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.
5. Por esas razones, la dictaminadora considera de aprobarse la proposición hecha por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, haciendo las adecuaciones de estilo a su propuesta.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios para que analicen de manera urgente los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey derivados de la falta de mantenimiento en que se encuentra y así realizar las acciones de reparación necesarias a la vía y, además, lograr contener los incrementos continuos de las cuotas de peaje.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, 8 de marzo de 2016.
La Comisión de Transportes
Diputados: Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), presidente; José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica), Jonadab Martínez García (rúbrica), secretarios; María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Raúl Domínguez Rex (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Ángel Rojas Ángeles (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el cual se solicita a la SCT y sus homólogas u órganos competentes de las entidades federativas y de la Ciudad de México que los concesionarios de transporte público de pasajeros otorguen a los enfermos oncológicos una tarifa preferencial
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y a las Secretarías de Transporte u órganos competentes de las entidades federativas y de la Ciudad de México exhorten a los concesionarios del transporte público para pasajeros, a que se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos, del cincuenta por ciento de descuento de la tarifa regular en los servicios de transporte público y comercial que utilicen, suscrita por el diputado federal David Mercado Ruiz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1 , fracción IV, y 167, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de esta Honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado.
Metodología
En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.
En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.
Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.
I. Antecedentes
1 . En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 9 de febrero del 2016, el diputado federal David Mercado Ruiz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y a las Secretarías de Transporte u órganos competentes de las entidades federativas y de la Ciudad de México exhorten a los concesionarios del transporte público para pasajeros, a que se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos, del cincuenta por ciento de descuento de la tarifa regular en los servicios de transporte público y comercial que utilicen.
2 . La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 63-II-1-0537, acordó se turnará para su dictamen a esta Comisión de Transportes, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 1627, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuestos por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1 . En su exposición de motivos, los diputados proponentes señala lo siguiente:
a) En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señala como uno de los objetivos de mayor trascendencia es asegurar los servicios de salud para todos los mexicanos a través de una estrategia consistente en avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. En ese sentido refiere que una de las líneas de acción es el garantizar el acceso y la calidad a los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición laboral. Pese a ello, y más aún que no se atiende a lo que dispone el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que en nuestro país se garantiza el derecho de toda persona a la protección de la salud y su incorporación en el Sistema Nacional de Salud, el acceso a los servicios de salud de la población todavía muestra un rezago considerable. Lo anterior se afirma considerando el indicador del año 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con relación a la pobreza, que registra un índice relacionado con la carencia de seguridad social, a casi el 60% de la población en esa condición, mientras que un 18% no tiene acceso a los servicios de salud.
b) En el mismo Plan Nacional de Desarrollo, señala el promovente, hay situaciones que atentan contra la salud, como son la pobreza y los estilos de vida poco saludables y de riesgo de los mexicanos, como por ejemplo la falta de actividad física, la nutrición inadecuada, consumo de tabaco, consumo de alcohol y drogas ilícitas, como principales factores que explican la alta incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y los tumores malignos.
c) Señala que en nuestro país el cáncer es un problema de salud pública y una de las principales causas de muerte. La epidemiología, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y disminución de esta enfermedad es un problema de salud de dimensiones complejas que se encuentra dentro del “gasto catastrófico” de las familias, en la terminología del Seguro Popular. Además, menciona que, según datos del Instituto Nacional de Cancerología, en nuestro país se diagnostican anualmente alrededor de 120 000 nuevos casos de todos los tipos de cáncer y aproximadamente 80 000 personas mueren cada año en México a consecuencia del padecimiento.
d) El proponente se refiere, a continuación, al costo económico que enfrentan los pacientes oncológicos es considerable y en constante incremento, señalando que, en este caso, el aumento de la población y la transformación de la pirámide poblacional en nuestro país hacen del cáncer una enfermedad en crecimiento constante, y particularmente en México no se tiene un estudio económico oficial en el cual se defina cuál es el gasto total que enfrenta un paciente con cáncer, pero existen estudios realizados en diversos países, entre ellos, Holanda, Suecia y Estados Unidos que han señalado que el costo de un tratamiento contra este mal se estima entre un 5 y un 6% del presupuesto derivado del sector salud para el tratamiento y manejo de todos los cánceres.
e) El proponente menciona que existen dos tipos de costos. Los directos, que son aquellos caracterizados por los bienes y servicios otorgados por el sistema de salud de manera directa, o los gastos que pudieron haber sido desviados o utilizados por otro paciente de manera mediata o inmediata. Los indirectos son aquellos derivados de la enfermedad del paciente a través de horas-hombre perdidas, disminución de la productividad o carga para la sociedad por morbilidad o muerte. Evidentemente, cita, los costos indirectos son difíciles de cuantificar, pues éstos no son obtenidos de manera inmediata y, no obstante, en ocasiones son mucho más altos que los costos directos.
Refiere que, para cuantificar este tipo de costos se conocen dos métodos: El primero es conocido como el método descriptivo del capital humano, que hace una valoración del gasto que implica dejar de percibir dinero, ya sea por morbilidad o mortalidad, y el segundo es denominado el método de aceptación de pago, éste último evalúa el costo que está dispuesto a pagar un paciente con cáncer en aras de evitar la enfermedad, o bien, para afrontarla. Cabe señalar que, ambos métodos han sido fuertemente criticados puesto que en el análisis que se realiza se tiende a discriminar a aquellos pacientes que económicamente son improductivos.
Es, precisamente, la ausencia de un estudio oficial del costo económico total de este tipo de padecimientos en nuestro país lo que nos lleva a proponer un planteamiento que pueda disminuir la dificultad económica de los pacientes con cáncer y sus familias. Señala que uno de los grandes retos a los que se enfrentan los enfermos oncológicos que están recibiendo tratamiento es el desplazamiento en transporte público, éste supone un importante gasto económico, que se une al esfuerzo que se requiere para poder permanecer en el vehículo, trasladarse a los puntos de recogida del transporte o mantener la espera, cuando la capacidad física se ha mermado o se encuentra bajo los efectos secundarios de los tratamientos. La situación se dificulta cuando los pacientes se combinan con cualquier otro tipo de gasto ordinario como es el pago de un alquiler, hipoteca o aquellos derivados de la convivencia con hijos o adultos mayores a cargo. Además, si el paciente reside en algún punto alejado de la Ciudad de México, habría que considerar también el gasto ocasionado por el desplazamiento en transporte hasta este punto.
Por otro lado, destaca la incomodidad de viajar en un transporte público en el que el resto de pasajeros no entiende la situación física y emocional del enfermo oncológico. Además, los posibles efectos secundarios derivados del tratamiento como las náuseas, los mareos o los vómitos pueden hacerle experimentar un alto nivel de malestar en unas condiciones en las que no se le puede facilitar una respuesta por parte del transporte que le ayude a aliviarle.
Debemos tener presente que un enfermo con cáncer no requiere únicamente medicamentos, todo su entorno cambia, toda la familia debe cambiar. La necesidad de acudir acompañado cuando se hace uso del transporte público no es inusual por los motivos que ya se han mencionado relacionados con su estado físico, por lo que el costo se duplica y se produce un cambio en las actividades diarias de los miembros de la familia o del entorno cercano que puede afectar sus obligaciones laborales o familiares.
A las necesidades derivadas de la propia enfermedad se han sumado aquellas relacionadas con los efectos de la coyuntura económica del país. Por ello, estamos convencidos de que este punto de acuerdo representa una acción que se suma a los esfuerzos y al compromiso de esta honorable Cámara de Diputados para facilitar el acceso a la salud a grupos vulnerables, será, asimismo, una ayuda importante en la esfera económica de los enfermos con cáncer y sus familias.
Así, considerando que es obligación del Estado Mexicano garantizar el derecho universal a la salud y el alto impacto que ocasiona a la economía de enfermos con cáncer y la difícil situación por la que atraviesa el país, es necesario mantener un equilibrio razonable, proporcional y equitativo entre los factores de la producción en el servicio del transporte y sus usuarios en condiciones de vulnerabilidad, de donde se concluye que es justificado una disminución en las tarifas de transporte público para los enfermos oncológicos.
2 . En este sentido, los legisladores formularon su propuesta de punto de acuerdo en los siguientes términos:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y a las Secretarías de Transporte u órganos competentes de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México exhorten a los concesionarios del transporte público para pasajero, a que se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos, del cincuenta por ciento (50%) de descuento de la tarifa regular en los servicios de transporte público y comercial que utilicen, siempre y cuando, demuestren su condición de salud con la acreditación debida del Centro de Salud correspondiente. Asimismo, se prohíba recargo alguno en la tarifa de transporte por concepto del acarreo de sillas de ruedas, andaderas, equipo médico u otras ayudas técnicas que precisen los pacientes enfermos con cáncer.
Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la proposición, los miembros de la Comisión de Transportes que suscriben el presente dictamen exponen las siguientes:
III. Consideraciones de la comisión
1 . El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona gozará de los derechos y prerrogativas que la misma establece, y es el numeral que garantiza la aplicación, vigilancia y tutela de los Derechos Humanos a nivel internacional. Es en este marco donde se circunscribe el derecho que los enfermos con cáncer pueden tener acceso a una tarifa especial en el transporte público.
2 . Al revisar el marco jurídico de nuestro país, nos encontramos con que la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, contempla en su artículo 19, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Dentro de ese contexto, la fracción V de ese numeral nos habla de que una de las acciones de dicha dependencia es la de promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público.
3 . En la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 513 se contempla al cáncer como una enfermedad incapacitante. Con este argumento vemos que el cáncer es un padecimiento que hace que quien la padece no puede tener empleo y deja a la persona en un estado de vulnerabilidad.
4 . Como ejemplo, en las tres principales ciudades del país, vemos que existen cierto tipo de excepciones en el cobro de tarifas por el uso del transporte público de pasajeros, es decir que en la Ciudad de México se autoriza la exención del pago de la tarifa respectiva a personas de 60 años de edad en adelante, así como a personas con discapacidad, y a menores de cinco años de edad. En Guadalajara se aplican distintos subsidios al transporte urbano a través de programas de vales dirigidos a estudiantes así como a personas adultas mayores y para personas con discapacidad, y en Monterrey se hace una tarifa diferenciada para estudiantes y adultos mayores. Lo mismo sucede en el Estado de Guanajuato, donde existe tarifa preferencial a niños, estudiantes y a personas adultas mayores.1
5 . Viendo, en la lógica de la serie de consideraciones que se pueden hacer en torno a la propuesta hecha por el proponente, esta dictaminadora considera viable la propuesta, ya que si han existido consideraciones para diversos sectores de la población, en base al principio jurídico de la igualdad distributiva donde se debe atender a la población de manera equitativa con base en sus diferencias. Además, los que suscribimos el presente dictamen estamos conscientes de que el cáncer es un padecimiento incapacitante, por lo cual de manera analógica, los consideramos sujetos de las normas y principios señalados en la legislación en materia de personas con discapacidad.
6 . Quienes dictaminamos modificamos el contenido de la propuesta de punto de acuerdo para darle sentido a lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados vigente, concretamente en la fracción II del numeral 1 del artículo 79, que señala que los puntos de acuerdo que representen una posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios deberá referirse a éstas y no a dependencias de los estados y del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tal y como lo plantea el proponente.
7 . Por esas razones es que esta dictaminadora considera de aprobarse la proposición hecha por el diputado federal David Mercado Ruiz, haciendo las adecuaciones de estilo a su propuesta.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas, exhorten a los concesionarios del transporte público para pasajeros, a que se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos, del cincuenta por ciento (50%) de descuento de la tarifa regular en los servicios de transporte público terrestre y comercial que utilicen, siempre y cuando demuestren su condición de salud con la acreditación debida del Centro de Salud correspondiente. Asimismo, se prohíba recargo alguno en la tarifa de transporte por concepto del acarreo de sillas de ruedas, andaderas, equipo médico u otras ayudas técnicas que precisen los pacientes enfermos con cáncer.
Nota
1 Para una muestra de esos datos se consultaron las siguientes páginas de internet consultadas el 25 de febrero del 2016: http://www.quanaxhuato.com/tarifa-de-transporte-en-guanajuato, http://elhorizonte.mx/finanzas/mas-noticias/586322/tiene-nltransporte-m as-caro-del-pais y
http://www.informador.com.mx/mexico/2014/506022/6/gobier no-del-df-mantendra-tarifas-en-transporte-publico.htm
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a los 8 días del mes de marzo de 2016.
La Comisión de Transportes
Diputados: Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lilian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González, Jonadab Martínez García (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Raúl Domínguez Rex (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Ángel Rojas Ángeles (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar por la SCT y Capufe medidas preventivas e instalar centros de verificación de peso y dimensiones, así como rampas de frenado, en diferentes carreteras del país
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales medidas de prevención e instalación de centros de verificación de peso y dimensiones, así como rampas de frenado en diferentes carreteras del país, suscrita por los diputados Ximena Tamariz García y Carlos Alberto de la Fuente Flores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Transportes somete a consideración de esta asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo mencionado.
Metodología
En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.
En el apartado “Análisis de la proposición con punto de acuerdo” se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.
Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 11 de febrero del 2016, los diputados Ximena Tamariz García y Carlos Alberto de la Fuente Flores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales medidas de prevención e instalación de centros de verificación de peso y dimensiones, así como rampas de frenado en diferentes carreteras del país.
2. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número DGPL 63-II-4-557, acordó que se turnase a la Comisión de Transportes, para el análisis y dictamen correspondientes, asignándole el expediente número 1627, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1. En la exposición de motivos, los diputados proponentes señalan lo siguiente:
a) Señalan que, debido a su posición geográfica, Monterrey es una de las ciudades mexicanas más abarrotadas por los transportistas de carga; esto, por su cercanía a la frontera con Estados Unidos de América. Según cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Nuevo León, tan sólo en la carretera Saltillo-Monterrey, 50 por ciento del tráfico vehicular es transporte de carga.
En este sentido hacen referencia a que dicha carretera, que desborda directamente en el centro de la ciudad de Santa Catarina, ha traído, lamentablemente, consecuencias graves, como aparatosos accidentes, donde los tráileres y camiones son los protagonistas, algunos de ellos con pérdidas de vidas humanas o el quebranto del patrimonio de un sinnúmero de ciudadanos. Al respecto, mencionan que, sólo en los 2 últimos meses de 2015, en Santa Catarina, Nuevo León, se han tenido 2 accidentes mortales donde se ven involucrados este tipo de transporte de carga.
b) La proponente enfatiza que lo anterior ocurre gracias a las condiciones mecánicas, pesos y dimensiones de los tráileres que circulan por estas carreteras, las cuales no son revisadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León, atribución que se establece en el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. Las autoridades atribuyen los accidentes a fallas mecánicas de las unidades o al estado físico y de salud del operador.
c) Debido a la gravedad de los accidentes, de los cuales señala algunos casos sobresalientes, es que, ante el riesgo de que sucedan más, la proponente se pronuncia para que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice operativos para verificar el estado mecánico de las unidades; el cumplimiento de las medidas autorizadas de peso y dimensiones, así como el estado físico y de salud de los operadores.
2. En este sentido, los legisladores formularon su propuesta de punto de acuerdo en los siguientes términos:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a Capufe, a que vigilen el cumplimiento de leyes, programas, normas y reglamentos, especialmente sobre la correcta aplicación de criterios de seguridad y medidas de precaución en las carreteras, conforme a la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte, a fin de evitar percances automovilísticos.
Segundo. De la manera más atenta posible se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Nuevo León, a efecto de que instale un centro de verificación de peso y dimensiones en la entrada de Nuevo León en las carreteras de Saltillo-Monterrey y Monterrey-Nuevo Laredo, a fin de que verifiquen que los vehículos de carga cumplan las medidas preventivas de seguridad, acatando las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008.
Tercero. Se solicita exhortar respetuosamente a las diferentes regiones de Capufe, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a instalar en las diferentes entidades federativas rampas de seguridad para vehículos sin frenos y a dar mantenimiento a las existentes, así como el incremento de ubicaciones y frecuencias de los centros de verificación de peso y dimensiones en entradas y salidas de las diferentes ciudades del país.
Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la proposición, los miembros de la Comisión de Transportes, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes
III. Consideraciones de la comisión
1. Esta dictaminadora considera que la libertad de tránsito consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el derecho que toda persona tiene de entrar, salir y desplazarse libremente por su territorio. Es una libertad que garantiza un régimen liberal como el que garantiza el Estado mexicano.
Que la autoridad sea omisa y por no revisar ni supervisar a quienes circulen por las distintas vías primarias del país, sobre todo en el respeto y cumplimiento, tanto de la ley como de los reglamentos que hacen que las disposiciones de ésta pasen al ámbito de su aplicación administrativa y directa, hace nugatorio ese derecho fundamental.
2. La Comisión de Transportes considera que el artículo 74 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares es claro en su mandato, el cual refiere que los autotransportistas deberán emitir por cada embarque de carga una carta de porte debidamente documentada, que deberá contener, entre otros requisitos, la designación de la mercancía con expresión de su calidad genérica, peso y marcas o signos exteriores de los bultos o embalaje en que se contengan y, en su caso, el valor declarado de éstos.
3. Es oportuno aclarar que la norma oficial que invoca la proponente está actualmente cancelada debido a la nueva norma publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 14 de noviembre de 2014, pero eso no resta valor a lo argumentado por la proponente, pero esta dictaminadora, en el ánimo de mejorar su proposición, hace la enmienda correspondiente en el punto resolutivo correspondiente.
4 . Por esas razones, esta dictaminadora considera de aprobarse la proposición hecha por los diputados Ximena Tamariz García y Carlos Alberto de la Fuente Flores, haciendo las adecuaciones de estilo a su propuesta.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales, a que vigilen el cumplimiento de leyes, programas, normas y reglamentos, especialmente sobre la correcta aplicación de criterios de seguridad y medidas de precaución en las carreteras, conforme a la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, sobre el peso y las dimensiones máximas con que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, con la finalidad de evitar percances automovilísticos.
Segundo. De la manera más atenta posible se exhorta al gobierno de Nuevo León a efecto de que instale un centro de verificación de peso y dimensiones en la entrada de Nuevo León en las carreteras de Saltillo-Monterrey y Monterrey-Nuevo Laredo, con la finalidad de que verifiquen que los vehículos de carga cumplan las medidas preventivas de seguridad, acatando las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014.
Tercero. Se solicita exhortar respetuosamente a las diferentes regiones de Caminos y Puentes Federales, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a instalar en las diferentes entidades federativas rampas de seguridad para vehículos sin frenos y a dar mantenimiento a las existentes, así como el incremento de ubicaciones y frecuencias de los centros de verificación de peso y dimensiones en entradas y salidas de las diferentes ciudades del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.
La Comisión de Transportes
Diputados: Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), presidente; José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica), Jonadab Martínez García (rúbrica), secretarios; María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Raúl Domínguez Rex (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Ángel Rojas Ángeles (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica).
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y los ayuntamientos a implantar medidas para atender la problemática del maltrato y explotación infantiles
Honorable Asamblea
A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y los municipales a implementar medidas para atender el maltrato y la explotación infantil.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1, fracción IV, y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos de la Niñez somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo , al tenor de la siguiente:
Metodología
La Comisión de Derechos de la Niñez encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:
En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas.
En el apartado “Contenido de la Iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.
En el apartado de “Consideraciones”, los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
Antecedentes
1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este Dictamen fue presentada por el diputado Benjamín Medrano Quezada, en la Sesión del 9 del mes de febrero del 2016 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.
2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Consecuente con lo anterior, la Proposición mencionada en el proemio de este dictamen tiene por turno a la Comisión de Derechos de la Niñez, con carácter de Comisión única y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.
Contenido de la proposición
El proponente señala que en el informe anual 2014, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, se menciona que este organismo aportó su experiencia técnica en el proceso convocado por el Poder Legislativo para enriquecer la Iniciativa preferente del Presidente de México, que derivó en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Destaca que, con esta ley se fortalecen los mecanismos que permiten garantizar todos los derechos a todos los niños y niñas en México, por ejemplo el de obtener gratuitamente su acta de nacimiento, acceso a servicios básicos de salud, asistir a la escuela y recibir protección jurídica para la restitución de sus derechos cuando éstos hayan sido violados.
Por otra parte señala que, la nueva ley establece la construcción del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que busca fortalecer a las instituciones que atienden y protegen a la niñez a nivel nacional, estatal y municipal, para que se coordinen en una “red”, en la que cada instancia (como el sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los servicios de salud y el sistema judicial), responda eficientemente a las necesidades y problemáticas específicas de la infancia.
Asevera que en su contenido trata con puntualidad los siguientes Derechos: la Identidad, el vivir en Familia, la Igualdad, el no ser Discriminado, el Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, la Protección de la Salud y la Seguridad Social, entre otros.
En igual sentido, establece las obligaciones que tienen las personas que ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños y Adolescentes.
Finalmente, trata el tema de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y determina las instituciones encargadas de brindar dicha protección.
Hay que tomar en consideración que a nivel internacional, en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es adoptada de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue ésta, el primer instrumento internacional que establece que todas la niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimento es obligatorio para todos los países que la han firmado, incluido México, que la ratificó en septiembre de 1990. Con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), los niños, niñas y adolescentes dejan de ser simples beneficiarios de los servicios y la protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho.
Es de resaltar que en septiembre de 2015, la UNICEF en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentaron un informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México, donde se destaca la necesidad de distribuir dicho gasto en desarrollo humano con equidad desde la infancia para promover el goce efectivo de los derechos y fomentar la igualdad de oportunidades.
Se puede mencionar que, como se consigna en diversos medios de comunicación, el maltrato infantil en el País ha repuntado en los últimos años, por ejemplo la periodista Liliana Alcántara del periódico El Universal, en una nota fechada el 6 de abril de 2015, reporta que de acuerdo con el registro anual de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales del DIF, en 2014 se comprobaron 27 mil 675 casos de abuso contra niños y niñas, señalando que, según este registro, las formas de violencia que tuvieron mayor incidencia son el abandono en primer lugar, seguido por las agresiones físicas y sexuales, así como la explotación sexual comercial.
Señala el proponente que el propósito del presente punto de acuerdo es realizar un respetuoso exhorto, a los gobiernos estatales y municipales, a efecto de que tomen medidas jurídicas y sociales, que impidan que el maltrato y la explotación infantil sean prácticas recurrentes en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones legales, implementen las medidas necesarias que atiendan la problemática de maltrato y explotación infantil que prevalecen en el país.
Consideraciones
Primera. La Comisión Dictaminadora de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Segunda. Es de suma importancia tomar en consideración que la naturaleza del presente Punto de Acuerdo está enfocado al maltrato y explotación infantil, ya que este es un problema que a nivel mundial afecta a las niñas, niños y adolescentes.
La violencia infantil compete a todos los sectores ya que constituye un problema serio y requiere de acciones conjuntas del gobierno y la sociedad, para disminuir el riesgo de que un menor se convierta en víctima. Ante esta premisa es necesario conocer los factores de riesgo de este sector, hay que destacar causas, características y efectos del fenómeno con el propósito de prevenirlo y así evitar consecuencias irreversibles para las niñas, niños y adolescentes.
Se considera que las principales causas del maltrato y explotación a menores son:
• Económicas : carencias monetarias, desempleo, subempleo, entre otras.
• Sociales : farmacodependencia o alcoholismo de los padres, abuso sexual en las familias, desintegración familiar, conflictos ocasionados por el nacimiento de hijos no deseados, prostitución, orfandad, etcétera.
• Biológicas: limitaciones físicas en el menor, daños neurológicos, malformaciones, entre otras.
• Emocionales: incapacidad de los padres para enfrentar problemas, inmadurez emocional, baja autoestima, falta de expectativas, inseguridad extrema y problemas entre pareja que conducen a maltratar al menor, omitiendo los requerimientos básicos para su formación y desarrollo.1
Tercero. Atendiendo el propósito del Punto de Acuerdo referente a que los gobiernos estatales y municipales tomen medidas jurídicas y sociales que impidan que el maltrato y la explotación infantil sean prácticas recurrentes en nuestro país, es importante mencionar que en materia de protección de la niñez el Estado Mexicano ha implementado diversas acciones legislativas enfocadas a la atención de la problemática, las cuales se encuentran elevadas a rango constitucional, pues el artículo 4°, párrafo noveno de nuestra norma suprema, establece que:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos . Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral . Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
Por otra parte, a nivel internacional la “Convención sobre los Derechos del Niño”, establece:
Artículo 19
1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación , incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Cuarto. Siguiendo en el mismo orden de ideas ésta dictaminadora no pasa por alto lo que establece la “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, como ente protector de sus derechos y que en sus artículos consagra tal ideal, de los cuales hacemos mención:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;
Aunado a lo anterior esta Ley contiene un apartado especial que habla sobre la prevención del maltrato y explotación infantil mismo que a la letra dice: “Capitulo Octavo - Derecho de Acceso a una vida libre de violencia y a la integridad Personal”.
Ponemos énfasis en lo que nos mencionan los artículos:
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
I. El descuido, negligencia , abandono o abuso físico, psicológico o sexual;
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;
Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores.
No obstante la protección a los menores siempre es uno de los elementos primordiales para el Estado tal es así que también lo regula la “Ley General de Victimas” en su artículo fracción V:
Artículo 116 . Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación y relaciones exteriores, de cada uno de los órdenes de gobierno, dentro de su ámbito de competencia, deberán:
V. Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia , especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes , mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
Quinto. Consideramos positivo el hecho de que exista un innegable interés por seguir impulsando la implementación de medidas necesarias para que atiendan la problemática de maltrato y explotación infantil, por tal motivo consideramos necesario el exhorto planteado a los Gobiernos Estatales y Municipales, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales que México forma parte y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras disposiciones legales, contienen preceptos que hablan sobre esta problemática, sin embargo, en muchas ocasiones no se cumplen con los objetivos de la ley.
Consecuentemente, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, consideramos que es procedente aprobar el punto de acuerdo toda vez que la materia del presente es en una problemática que deben atender los gobiernos estatales y municipales.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Derechos de la Niñez somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a los gobiernos estatales y municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones legales, implementen las medidas necesarias que atiendan la problemática de maltrato y explotación infantil que prevalecen en el país.
Nota
1 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/
ITSGV002%20Violencia%20y%20maltrato%20a%20menores%20en%20Mexico%20(1).pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.
La Comisión de Derechos de la Niñez
Diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), secretarios; Jorge Álvarez Máynez, Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Paloma Canales Suárez (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Irma Rebeca López López, Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes, María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Ximena Tamaris García (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).
De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo relativo a la creación de un grupo de trabajo para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas sobre el marco legal en materia de derechos colectivos indígenas
Honorable Asamblea:
La Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción V; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de la siguiente
Metodología
I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa.
II. En la parte correspondiente a “Contenido de la proposición” se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta de la proposición con punto de acuerdo en estudio.
III. En las “Consideraciones”, esta Comisión realiza los argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.
Antecedentes
1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 23 de febrero de 2016, los diputado federales Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Vitálico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presidentes de las Comisiones Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas, respectivamente, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se crea un Grupo de Trabajo coordinado por las Comisiones: Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas, para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas, a 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
2. La Presidencia de la Mesa Directiva acordó el siguiente turno: “Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.”
3. Con fecha 23 de febrero de 2016, a través del expediente Núm. 1767, esta Comisión de Asuntos Indígenas recibió formalmente dicha proposición con punto de acuerdo.
Contenido de la proposición
Los diputados promoventes plantean que la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, ocurrida el 16 de febrero de 1996, constituyó un hecho trascendente en la lucha histórica de los pueblos indígenas de México por el reconocimiento de sus derechos. Esto así, porque en dichos Acuerdos el gobierno federal y los representantes del EZLN asumen el compromiso de reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ampliar su participación y representación política, garantizar su acceso pleno a la justicia, respetar sus manifestaciones culturales, asegurar su acceso a la educación intercultural y plurilingüe de calidad, así como impulsar la producción y el empleo en las regiones indígenas.
Para dar cumplimiento a esos Acuerdos, los firmantes se comprometieron a enviar los Acuerdos a las instancias de debate y decisión nacional, a fin procesarlas como reformas legislativas por las que se reconocerían plenamente los derechos políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, así como su contribución fundamental en la composición pluricultural de la Nación Mexicana.
En noviembre de 1996, ante las dificultades para construir el consenso en torno a la expresión legislativa de los Acuerdos de San Andrés, la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (Cocopa), elaboró y presentó a las partes una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.
Los diputados promoventes refieren que, al no haber acuerdo entre las partes en torno a la iniciativa de la Cocopa, la realización de la reforma constitucional se postergó hasta abril de 2001 y los preceptos constitucionales quedaron plasmados, básicamente, en el Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los diputados Vitálico Cándido Coheto Martínez y Diego Valente Valera Fuentes, señalan como factor relevante, que diversos actores como el EZLN, algunos integrantes de la Cocopa, la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, numerosos presidentes municipales y representantes indígenas, entre otros, manifestaron su inconformidad con la reforma constitucional de 2001, por considerar que no incorporaba algunos temas fundamentales de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Afirman que algunos de los temas pendientes de legislar, siguen constituyendo un intenso reclamo de los pueblos indígenas de México, como lo son el derecho a ser reconocidos como sujetos de derecho público y el derecho a la consulta, entre otros temas relevantes.
Que diversos tratados e instrumentos internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscritos por el Estado mexicano, reconocen derechos fundamentales de los pueblos originarios, razón por la cual constituyen referentes inequívocos para determinar los temas pendientes de legislar en México.
Finalmente, señalan los diputados promoventes que el contexto es favorable para llevar a cabo las reformas legislativas pendientes, toda vez que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manifestó en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas realizada en 2014, en Nueva York, que México se compromete a garantizar el proceso de armonización de la legislación nacional siguiendo el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por todo lo anterior, los diputados promoventes presentaron la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
Único. Por el que se crea un grupo de trabajo coordinado por las Comisiones Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas, para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas, a 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, con la participación de representantes indígenas, expertos, organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales, que el grupo de trabajo considere pertinentes.
Consideraciones
Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Esta comisión coincide con la perspectiva de los diputados promoventes, en el sentido de que, a 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar es pertinente llevar a cabo una profunda revisión de los vacíos legales que existen en materia de derechos de los pueblos indígenas. Es importante investigar cuáles temas, de los que se discutieron durante las negociaciones de paz que culminaron con los acuerdos, no se incluyeron cabalmente en la reforma constitucional en la materia de 2001, a fin de valorar la viabilidad de realizar las reformas constitucionales y legales correspondientes.
En el mismo tenor, resulta imperativo reflexionar sobre el grado de ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos originarios consagrados en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de identificar las reformas legales específicas que se requieren para evitar que esos derechos sigan siendo “letra muerta”.
En función de lo anterior, esta comisión dictaminadora estima pertinente resaltar que, si bien los indígenas de Chiapas debieron recurrir a las armas para hacerse escuchar y expresar sus reclamos, los Acuerdos de San Andrés fueron el resultado de un intenso proceso de diálogo y negociación, característica que los coloca como un pacto surgido del proceso democrático que desde hace décadas se viene consolidando en México.
Es importante considerar que en el proceso de negociación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por senadores y diputados federales, jugó un papel destacado, toda vez que, ante las dificultades para lograr los consensos para redactar las reformas legislativas, esa comisión bicameral elaboró una iniciativa de reforma constitucional que recogía los temas fundamentales de los Acuerdos de San Andrés. Es decir, la Cocopa es un actor de la mayor importancia en el proceso de legislación en materia de derechos y cultura indígenas, razón por la cual esta comisión dictaminadora considera que su participación en el Grupo de Trabajo que se creará en virtud de la proposición con punto de acuerdo en comento, está plenamente justificada.
Esta comisión dictaminadora coincide con los diputados promoventes en la percepción de que la reforma constitucional del 2001, no incluyó temas cruciales que se discutieron durante las negociaciones de los Acuerdos de San Andrés, tales como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos público, el derecho a la consulta y los derechos de las mujeres indígenas.
Del mismo modo, se coincide con el planteamiento de que es necesario armonizar el marco jurídico mexicano en materia de derechos de los pueblos indígenas, con las disposiciones que contienen diversos tratados e instrumentos internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscritos por el Estado mexicano.
En conclusión, esta comisión dictaminadora está plenamente convencida de la pertinencia de la creación del Grupo de Trabajo que plantean los diputados Vitálico Cándido Coheto Martínez y Diego Valente Valera Fuentes en la proposición con punto de acuerdo en comento.
El hecho de que este Grupo de Trabajo se constituido a partir de un mandato del Pleno de la Cámara de Diputados, vía el punto de acuerdo que se incluye en el presente dictamen, significa un respaldo significativo para que dicho grupo cumpla con su cometido de evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas.
Esta comisión dictaminadora considera que toda propuesta de trabajo con la finalidad de contribuir a la construcción de una relación de justicia y dignidad entre el Estado y los pueblos indígenas, debe apoyarse a plenitud. Tal es el caso del Grupo de Trabajo que coordinarán las Comisiones Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas.
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Asuntos Indígenas, se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, crea un Grupo de Trabajo coordinado por las Comisiones: Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas, para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas, a 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, con la participación de representantes indígenas, expertos, organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales, que el grupo de trabajo considere pertinentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de marzo de 2016.
La Comisión de Asuntos Indígenas
Diputados: Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), presidente; Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Luis de León Martínez Sánchez, Victoriano Wences Real (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), Jorge Álvarez López (rúbrica), secretarios; Katia Berenice Burguete Zúñiga (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina, J. Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), María Elena Orantes López, Álvaro Rafael Rubio (rúbrica), Heidi Salazar Espinosa (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica).
De la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno de Aguascalientes a concluir la construcción del libramiento carretero poniente de la capital del estado
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Infraestructura le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Aguascalientes, para que concluyan la construcción del libramiento carretero poniente de la ciudad de Aguascalientes, presentado por el diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Infraestructura, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 23 de febrero de 2016, el diputado Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que concluyan la construcción del Libramiento carretero poniente de la Ciudad de Aguascalientes.
2. El 23 de febrero de 2016, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Infraestructura de la LXIII Legislatura, con número de oficio DGPL 63-II-1-0602 y número de expediente 1761 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.
3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en comento se distribuyó a los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura para su análisis y comentarios.
II. Contenido de la proposición
El proponente expone que el libramiento poniente de Aguascalientes, es una obra que se encuentra inconclusa a partir de la concesión que se otorgó para su construcción, indicando que la conclusión de la segunda etapa del proyecto es necesaria a efecto de dar una mayor seguridad vial a los habitantes.
Asimismo, señala que por la ciudad de Aguascalientes se estima que circulan 28.7 por ciento de transporte de carga pesada, que en ocasiones traslada materiales peligrosos. De igual modo, puntualiza que el crecimiento económico del estado se encuentra marcado por la industria automotriz, por lo que pertenece a un corredor industrial que transporta tonelaje determinado diariamente y que ingresa, sin la conclusión del libramiento carretero, por el tercer anillo periférico de la ciudad.
Comenta, que el no contar con este libramiento provoca deterioro a la infraestructura vial, riesgo en la seguridad de los demás vehículos privados y transeúntes que habitan la ciudad.
Expone, que el gobierno del estado ha dado poca garantía en el avance para la conclusión de la obra en comento, sin dar a conocer información sobre la concesión y la situación económica financiera, física y jurídica que guarda el Libramiento. Señala, que bajo un acuerdo de Reserva de Información con fecha 19 de agosto de 2015, el Gobierno del Estado por medio de la Dirección Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, dio a conocer que el título de concesión para el libramiento carretero poniente de la ciudad de Aguascalientes es información clasificada como reservada.
Menciona, que la conclusión de la construcción del libramiento poniente de la ciudad de Aguascalientes favorecerá a la región económicamente y permitirá que se prevengan mayores accidentes viales que pongan en peligro la seguridad de los ciudadanos, incluyendo el costo en infraestructura vial que provoca el alto tonelaje de autotransporte de carga.
III. Consideraciones
Primera. Que el 21 de febrero de 2008, el entonces gobernador constitucional del estado de Aguascalientes solicito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la concesión del libramiento poniente para construir las obras de modernización y ampliación, así como para operar, explotar, conservar y mantener dicho tramo carretero, y asimismo solicitó que la concesión, que en su caso se le otorgara, este tuviera la facultad de contratar a un tercero para los fines mencionados. Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio número 3.648 de fecha 28 de marzo de 2008, manifestó no haber inconveniente para que el Ejecutivo federal, por su conducto, otorgara dicha concesión en términos de lo que dispone la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Segunda. Que con fecha 25 de marzo de 2009, se firmó el título de concesión por el que el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó al gobierno del estado de Aguascalientes para construir las obras necesarias de modernización y ampliación, así como para operar, explotar, conservar y mantener el libramiento poniente de la ciudad de Aguascalientes.
Tercera. Que en la cuarta condición de este título de concesión, se especifica que la concesionaria, en este caso el gobierno del estado de Aguascalientes, “reconoce y acepta ser la única responsable ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o ante cualquier otra autoridad del gobierno federal, de todas y cada una de las obligaciones a su cargo que deriven del marco legal descrito en esta condición”.1 Asimismo, en la séptima condición, se aclara que la concesionaria puede contratar con terceros los trabajos para construir, operar, explotar, conservar o mantener la Vía Concesionada, pero se aclara, que esta será la única responsable ante la SCT del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesión.
Cuarta. Que con fecha 3 de octubre de 2011, el gobierno del estado de Aguascalientes a través de la Dirección General Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, determinó que la información contenida en el título de concesión con el tercero para la construcción y operación denominada libramiento poniente de la ciudad de Aguascalientes, emitió el acuerdo por el que clasificó la información como reservada, en virtud de que se encontraba en “proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa”, en virtud de que los trabajos de la obra no se habían concluido y existían obligaciones que deberían ser cumplidas entre las partes que intervenían, y que el proceso que en ese momento se pronunciaban, imposibilitaban a la dependencia para hacer pública la información, en base a lo establecido en los artículos 17 fracción VII y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Aguascalientes.2
Quinta. Que la que dictamina, considera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumplió con la revisión y aprobación del proyecto ejecutivo y el programa de obras a los que debía de ajustarse las características de la construcción de dicha obra, por lo que, conforme al título de concesión otorgado la dependencia cumplió con la aprobación de las características, quedando a cargo del gobierno del estado la ejecución de las obras, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no podría aportar recursos para la conclusión del libramiento en mención.
Sexta. Que la seguridad de los habitantes y vehículos privados que circulan por la ciudad de Aguascalientes debe ser prioridad para el gobierno del estado, por lo que la circulación del transporte de altos pesos y dimensiones debería de circular por un libramiento que garantice la seguridad de los usuarios y el mantenimiento de la infraestructura urbana de la ciudad.
Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta de forma atenta y con pleno respeto a su autonomía al titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Aguascalientes, informe a la opinión pública, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre la situación económica, financiera, jurídica y avance físico que guarda la construcción del Libramiento Carretero Poniente de la Ciudad de Aguascalientes y, a su vez, concluya la construcción del mismo.
Así lo determinó el pleno de la Comisión de Infraestructura en la honorable Cámara de Diputados, con fecha 16 de marzo de 2016.
Notas
1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGDC/Titulos/doctos/2 3.pdf
2 http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/
TransparenciaSolicitudes/solicitudes/archivos/ 00029273_19082015_RESB.PDF
La Comisión de Infraestructura
Diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Alex Le Barón González (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), Wenseslao Martínez Santos (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica), Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Jorge Tello López, Cirilo Vázquez Parissi, Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica), Carlos Hernández Mirón, Victoriano Wences Real.
De la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reanudar por Petróleos Mexicanos los trabajos y finalizar la obra del Puente de la Unidad, en Ciudad del Carmen, Campeche
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado para dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Petróleos Mexicanos, se reanuden los trabajos y se termine la obra del Puente de la Unidad, en el municipio de Ciudad del Carmen, en Campeche, presentada por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1, 2, numeral 2, fracción XXXI, y numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción VI; 82; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 182, numeral 3, y 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del punto de acuerdo; por lo que conforme a las consideraciones de orden general y específico y a la votación que realizaron los integrantes de esta comisión legislativa, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen, con base en lo siguiente
I. Antecedentes
1. En la sesión del pleno de la honorable Cámara de Diputados celebrada el 23 de febrero de 2016, exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Petróleos Mexicanos, se reanuden los trabajos y se termine la obra del Puente de la Unidad, en el municipio de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, presentada por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados dispuso que la proposición citada se turnara a la Comisión de Infraestructura el 23 de febrero de 2016, mediante oficio número DGPL 63-II-2-534, correspondiente al expediente número 1769 para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente.
3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en comento se distribuyó a los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura para su análisis y comentarios.
II. Contenido de la proposición
La legisladora subraya la importancia del Puente de la Unidad para Campeche, siendo una obra que favorece la conectividad entre la isla Aguanda con la isla del Carmen.
Señala que el puente actual cuenta con 34 años de servicio al ser construido y puesto en operación en 1982, y que la nueva estructura que sustituirá a la antigua tienen como prioridad mantener de forma segura la conectividad entre la isla del Carmen y el macizo continental.
Indica que para la obra nueva fueron autorizados 850 millones de pesos y que se ejecutarían a través de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, hoy en día el proyecto se encuentra abandonado, no se tienen avances físicos tangibles y el puente actual presenta daños severos estructurales, especialmente en los pilotes y también en la carpeta de rodamiento.
Por lo tanto, la legisladora propone exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Petróleos Mexicanos, se reanuden los trabajos y se termine la obra del Puente de la Unidad, en el municipio de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche.
III. Consideraciones
Primera. Que de la revisión y análisis efectuado a la proposición con punto de acuerdo presentado por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, esta Comisión de Infraestructura coincide en que el “nuevo Puente de la Unidad” favorece la conectividad entre la isla Aguada con la Isla del Carmen en Campeche, y que el proyecto de la nueva estructura tiene como objeto asegurar la conectividad de ambas islas sin riesgos para los habitantes.
Segunda. Que el actual “Puente de la Unidad” es la infraestructura estratégica que permite la interacción productiva y comercial interregional petrolera y no-petrolera entre el norte y centro del país con la península de Yucatán; es una vía concesionada desde 2005 al Gobierno del Estado; y en promedio diariamente circulan en éste más de 4,000 vehículos diarios, de los cuales más de 20 por ciento son tránsito pesado1 .
Tercera. Que el “Puente de la Unidad” presenta un marcado deterioro en su estructura general, lo que actualmente no garantiza las condiciones de operación y seguridad para los usuarios.
Cuarta. Que el actual “Puente de la Unidad” al ser la única alternativa para el tránsito continuo de la carretera federal Mex 180 Ciudad del Carmen-Campeche, en su tramo de Ciudad del Carmen a isla Aguanda, es jurisdicción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, por lo que únicamente el proyecto técnico de la nueva estructura debe estar sujeto a las normas técnicas aplicables, las leyes y reglamentos que regulan las carreteras federales a cargo de SCT, por lo que el exhorto para que se reanuden los trabajos de construcción de la obra, no se considera que apliquen a dicha dependencia en virtud de que la ejecución de la obra está a cargo de recursos provenientes de Petróleos Mexicanos.
Quinta. Que conforme al Acuerdo Marco para una Relación Institucional y Productiva entre el estado de Campeche y Petróleos Mexicanos, cuyo objeto era renovar los mecanismos de coordinación y acuerdos de colaboración, se acordó llevar a cabo obras de beneficio mutuo y de Fortalecimiento Regional entre las que se encontraba la construcción del “Puente la Unidad”.2
Sexta. Que el puente le permitirá a Petróleos Mexicanos expandirse en el mar en la Sonda de Campeche, teniendo como principal plataforma de operación la Isla, para lo cual el proyecto formaría parte de los centros de apoyo logístico, administrativo y de proveeduría de las operaciones de las instalaciones petroleras
Séptima. Que las obras inconclusas representan sobre-costos y riesgos para los habitantes, así como ineficiencia en la conectividad para la transportación de pasajeros y mercancías, por ello con el objeto de impulsar el uso eficiente de los recursos aplicados a obras públicas iniciadas es necesario que estas sean concluidas.
Por lo expuesto los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de Petróleos Mexicanos, para que a la brevedad se reanuden los trabajos y se termine la obra del Puente de la Unidad en el estado de Campeche.
Así lo determinó el pleno de la Comisión de Infraestructura en la honorable Cámara de Diputados, con fecha 16 de marzo de 2016.
Notas
1 SCT. Datos Viales 2015. Obtenido de: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-201 5/04_CAMPECHE.pdf
2 Conforme a lo señalado en la Justificación Técnica, Económica y Social para la Construcción del Puente de la Unidad; En los antecedentes del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, obtenido de:
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/
2014_0292_a.pdf ; y en los antecedentes del Testimonio del Testigo Social.
Obtenido de: http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/tsocial/pf027_caso06-04-11_pep_04-11-11.pdf
La Comisión de Infraestructura
Diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Alex Le Barón González (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), Wenseslao Martínez Santos (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica), Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Jorge Tello López, Cirilo Vázquez Parissi, Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica), Carlos Hernández Mirón, Victoriano Wences Real.
De la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno de Oaxaca a coordinarse y ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación de infraestructura carretera y solucionar el deterioro de ésta en la entidad
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fueron turnadas para dictamen diversas proposiciones con punto de acuerdo, en la sesión celebrada el 23 de febrero de 2016 por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de sus atribuciones y por conducto de la dependencia Caminos y Autopistas de Oaxaca, desarrolle las acciones necesarias para solucionar el grave deterioro que presenta la infraestructura carretera de la región mixteca oaxaqueña; en la sesión del 25 de febrero de 2016 la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instruya a la unidad administrativa Centro SCT Oaxaca ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de las carreteras federales en la región de la Mixteca en Oaxaca, ambos suscritos por el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y el 8 de marzo de 2016 un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que a través de Dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, se coordinen y coadyuven para dar mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera; y concluyan la construcción de carreteras, caminos y puentes de la entidad, necesarios para la promoción del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de las ocho regiones de Oaxaca, presentado por la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, numeral 2, fracción XXXI, y numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción VI; 81 numeral 2; 82; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 182, numeral 3, y 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de los puntos de acuerdo; por lo que conforme a las consideraciones de orden general y específico y a la votación que realizaron los integrantes de esta comisión legislativa, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen, con base en lo siguiente:
I. Antecedentes
1. En la sesión del pleno de la honorable Cámara de Diputados celebrada el 23 de febrero de 2016 el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Oaxaca a desarrollar, por Caminos y Aeropistas de Oaxaca, acciones para solucionar el deterioro de la infraestructura carretera de la Mixteca; en la sesión del 25 de febrero de 2016 presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a ejercer oportunamente los recursos asignados para conservación de carreteras federales en la Mixteca oaxaqueña; adicionalmente en la sesión del 8 de marzo de 2016 la diputada Edith Yolanda López Velasco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que a través de Dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, se coordinen y coadyuven para dar mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera; y concluyan la construcción de carreteras, caminos y puentes de la entidad, necesarios para la promoción del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de las ocho regiones de Oaxaca.
2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados dispuso que las proposiciones citadas se turnaran a la Comisión de Infraestructura, en el siguiente orden: el 23 de febrero de 2016, mediante el oficio con número DGPL 63-II-6-0535 correspondiente al expediente 1780; el 25 de febrero de 2016 con oficio DGPL 63-II-1-0614 y expediente 1820; y el 8 de marzo de 2016 con oficio DGPL 63-II-4-653 con expediente 2048, para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente.
3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se distribuyó el proyecto de dictamen a los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura para su análisis y comentarios.
II. Contenido de las proposiciones
El diputado Sergio López Sánchez señala que la región mixteca es una de las zonas más pobres y marginadas del país, donde, de sus 155 municipios, 46 tienen un muy alto grado de marginación, por lo que la falta de vías de comunicación adecuada representa un obstáculo para el desarrollo de la región. Asimismo, señala que las autoridades municipales han presentado a Caminos y Aeropistas de Oaxaca solicitudes de reconstrucción y conservación de caminos.
Indica que la red federal pavimentada en Oaxaca asciende a 2 mil 850.35 kilómetros, de los cuales no todos se encuentran en óptimas condiciones y señala que diversas carreteras federales son clave para el acceso a las comunidades de la Región Mixteca.
Adicionalmente la diputada Edith Yolanda López Velasco expone que en todas las regiones de Oaxaca es necesario ampliar los servicios de infraestructura carretera, ya que está permite la comunicación entre las comunidades y mejora la calidad de vida.
Asimismo, señala que muchos de los municipios que integran cada una de las regiones no cuentan con los recursos necesarios para modernizar, ampliar, construir y realizar obras carreteras, y que algunas de ellas de gran trascendencia regional, aún no son concluidas, como la ampliación, rehabilitación y rectificación de la carretera Juquila-Río Grande o la en la carretera 125-Alfonso Pérez Gazga en su tramo Yucudaa-Tlaxiaco y 190 en el tramo Nochixtlán-Huajuapan, además de aquellas que se encuentran en muy mal estado como la Huajuapan-México a la altura de la agencia Agua Dulce.
III. Consideraciones
Primera. Que de la revisión y análisis efectuado a las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por los Diputados Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI, y Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, esta Comisión de Infraestructura coincide en que la infraestructura carretera en óptimas condiciones es un elemento importante para la conectividad de las zonas aisladas y punto fundamental para el desarrollo de las regiones más marginadas, como las ocho que integran el estado de Oaxaca.
Segunda. Que en Oaxaca hay una red carretera de 23 mil 396 kilómetros, de los cuales 7 mil 307 kilómetros están pavimentados, 13 mil 257 kilómetros son caminos revestidos y 2 mil 835 kilómetros solo son brechas mejoradas, pero 2 mil 854 kilómetros corresponden a la red federal de carreteras pavimentadas.1
Tercera. Que conforme a los datos publicados de SCT2 , en la región mixteca existen tramos como el de Huajuapan de León-Oaxaca, en el cual en diversos subtramos se tiene un nivel de servicio cuyas condiciones no son las más óptimas.
Cuarta. Que las carreteras y caminos en mal estado no solo imposibilitan la comunicación, si no que representan mayores costos de operación vehicular, mayores tiempos de recorrido y poca seguridad vial.
Quinta. Que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuenta con un programa para la conservación de carreteras federales, y que además, conforme al artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está dentro de su competencia llevar a cabo acciones de conservación, rehabilitación y mantenimiento de las carreteras federales.
Sexta. Que Oaxaca cuenta con un organismo público descentralizado denominado Caminos y Aeropistas de Oaxaca, cuya objeto es llevar a cabo acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y mantenimiento de la Infraestructura de la Red de Caminos, Aeropistas y en su caso, servicios auxiliares y conexos a los mismos, conforme al artículo 2 de la Ley de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.
Séptima. Que para fortalecer la infraestructura carretera y la conectividad entre las regiones y comunidades en el estado de Oaxaca, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y Caminos y Aeropistas del Gobierno del estado de Oaxaca son instancias cuyas funciones, atribuciones y objetivos señalados en su propia normatividad les atribuye la realización de acciones para rehabilitar, conservar y modernizar la infraestructura carretera.
Octava. Que las ocho regiones de Oaxaca tienen una amplia necesidad de conectividad, ya que muchas de las comunidades que integran la entidad se encuentran aisladas o a distancias lejanas de los principales caminos y carreteras que les permitirían acercarse a los servicios básicos, como a instituciones de salud o educación, lo cual deja a la población en una situación de vulnerabilidad.
Novena. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, para Oaxaca se tienen programados 686.8 millones de pesos para la reconstrucción y conservación de carreteras federales.3
Décima. Que con el objeto de consolidar infraestructura que impulse el Desarrollo, especialmente de las zonas marginas como en las diversas Regiones de Oaxaca, es fundamental que se lleven a cabo acciones coordinadas entre el gobierno federal y el gobierno del estado.
Por lo expuesto los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que instruya al Centro SCT Oaxaca a ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de las carreteras federales en la región de la mixteca en el estado de Oaxaca.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, con pleno respeto a su autonomía, para que en el ámbito de sus atribuciones y por conducto de su órgano público descentralizado “Caminos y Aeropistas de Oaxaca” se implementen acciones para solucionar el deterioro que presenta la infraestructura carretera en la región mixteca oaxaqueña; y a su vez, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que junto con este organismo estatal lleve a cabo acciones para rehabilitar, mantener, modernizar y concluir las carreteras, caminos y puentes del estado, necesarios para la promoción del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades en las ocho regiones de Oaxaca.
Así lo determino el pleno de la Comisión de Infraestructura en la honorable Cámara de Diputados, con fecha 16 de marzo de 2016.
Notas
1 Conforme a la Dirección General de Conservación de Carreteras de la SCT. Obtenido de: http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-conservacion-de-c arreteras/longitud-red-federal/
2 Resultados del programa de Auscultación de la Red Carretera Federal 2012. Obtenido de:
http://sctcloud.com.mx/suite//2012/porCarretera/345_V_CA P.pdf
3 Cifras programadas en el PEF 2016; Información obtenida conforme al Analítico de Claves Publicado por la SHCP, Obtenida de: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
La Comisión de Infraestructura
Diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Alex Le Barón González (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), Wenseslao Martínez Santos (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica), Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Jorge Tello López, Cirilo Vázquez Parissi, Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica), Carlos Hernández Mirón, Victoriano Wences Real.
De la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Infraestructura le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentada por el Diputado Rafael Hernández Soriano integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Infraestructura, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 3 de febrero de 2016, el Diputado Rafael Hernández Soriano integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
2. El 3 de febrero de 2016, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Infraestructura de la LXIII Legislatura, con número de oficio DGPL 63-II-3-477 y número de expediente 1522 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.
3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en comento se distribuyó a los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura para su análisis y comentarios.
II. Contenido de la proposición
El proponente expone la importancia de fortalecer los mecanismos para combatir la corrupción a través de modificaciones al marco legal en materia de obra pública, a fin de inhibirlas y castigar estas acciones. Por lo anterior, enfatiza en la trascendencia de agilizar el proceso de dictamen de la minuta por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 2014 y remitida al Senado de la República, turnándose el 10 de diciembre a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Productividad.
Menciona que a efecto de continuar la discusión y, eventualmente, realizar la expedición de las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Senado debe de agilizar el dictamen de la mencionada minuta, fortaleciendo así el Sistema Nacional Anticorrupción.
III. Consideraciones
Primera. Que la que dictamina reconoce que las contrataciones en materia de obra pública constituyen un área prioritaria de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, en virtud de que pueden prestarse fácilmente actos de corrupción, ya que el sector de la construcción enfrenta vulnerabilidades donde la ocurrencia de prácticas como fraudes, sobornos o malos manejos de recursos públicos son susceptibles de suscitarse.
Segunda. Que con el objetivo de incentivar políticas públicas que ayuden a robustecer los mecanismos de planeación, contratación, ejecución y supervisión de obras públicas, el 4 de noviembre de 2014, el Titular del Ejecutivo Federal, envío a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual fue turnada a la Comisión de Infraestructura para su análisis y dictamen.
Tercera. Que la Comisión de Infraestructura aprobó el dictamen correspondiente el 3 de diciembre de 2014, turnándolo a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su aprobación en el pleno de la misma. Dicho dictamen fue aprobado por el pleno el 9 de diciembre de 2014, enviándose la minuta al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Cuarta. Que con fecha 3 de febrero de 2015, el titular del Ejecutivo federal presentó las 8 acciones para prevenir la corrupción, entre las que mencionó la importancia de aprobar a la brevedad la iniciativa en comento, a efecto de “fortalecer los mecanismos legales para que los recursos públicos se administren con mayor eficacia y honradez”.
Quinta. Que hasta el momento las Comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de Estudios Legislativos, y con opinión de la Especial de Productividad, sólo han emitido un segundo borrador como proyecto de dictamen con fecha 25 de agosto de 2015, sin que ello represente una fecha definitiva para la aprobación de dicho dictamen.
Sexta. Que en el Informe General de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación, señala entre los aspectos importantes a considerar para fortalecer la normatividad en materia de construcción, lo siguiente:
• “Definir la obligación para que los valores de los precios y costos que se incorporan en los contratos de obra estén referenciados a los parámetros existentes en el mercado.
• Incorporar la obligación de que los proyectos de obra pública cuenten con un área especializada en gerencia y seguimiento, y que ésta sea ocupada por personal con el perfil profesional adecuado.”1
Aspectos que, de aprobarse la minuta se encuentran contemplados en la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Séptima. Que en tanto el dictamen no sea aprobado por las Comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de Estudios Legislativos y con opinión de la Especial de Productividad y, en consecuencia por el pleno del Senado de la República, no se permite acelerar la aprobación de reformas que contribuirán a mejorar los mecanismos de eficiencia, eficacia y transparencia en la contratación y ejecución de obras públicas.
Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Acuerdo
Único. Se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Senadores a dirigir una excitativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, con la participación de la Especial de Productividad, para que emitan el dictamen correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, recibida por esa Cámara el 10 de diciembre de 2014.
Así lo determinó el pleno de la Comisión de Infraestructura en la honorable Cámara de Diputados, con fecha 16 de marzo de 2016.
Nota
1 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf
La Comisión de Infraestructura
Diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Alex Le Barón González (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), Wenseslao Martínez Santos (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica), Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Jorge Tello López, Cirilo Vázquez Parissi, Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica), Carlos Hernández Mirón, Victoriano Wences Real.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a cumplir federal por la Semarnat y homólogas estatales a cumplir la NOM 156 en ciudades con más de 500 mil habitantes
Honorable Asamblea:
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 11 de febrero de 2016, la Diputada María Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario Morena, presento proposición con punto de acurdo por el cual se exhorta respetuosamente al ejecutivo federal, para que a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretarias de Medio Ambiente de los Estados, cumplan con la NOM 156, en ciudades con más de 500 mil habitantes.
Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.
II. Contenido de la proposición
A continuación se exponen el contenido y texto de la proposición en cuestión:
Con fecha 16 de julio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-156, que establece la operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Las poblaciones con más de 500 mil habitantes deberán monitorear sistemáticamente la calidad del aire, con el propósito de que la población conozca en forma oportuna qué calidad de aire respira y pueda proteger su salud, ante los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas a la contaminación del aire.
Sólo el valle de México, Guadalajara y Monterrey monitorean de manera consistente su calidad del aire y comunican los resultados a los habitantes a través de sitios web, aunque los sistemas de información son deficientes.
Otras ciudades presentan mayores rezagos, como Puebla, el valle de Toluca y Mexicali.
En Puebla, la población no sabe qué respira, pues el sistema de monitoreo no proporciona información por ningún medio, a pesar de que el programa estatal ProAire 2012-2020 reconoce que la contaminación del aire en las áreas urbanas está relacionada con el aumento de la mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares.
La Red de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca fue evaluada por el Instituto Nacional de Ecología con “un desempeño mínimo aceptable” respecto a la confiabilidad de su información; además, cuenta sólo con 7 estaciones de monitoreo para los 22 municipios que integran la zona metropolitana. La página web oficial muestra vacíos de información, inconsistencia entre las maneras de presentar los registros (por concentraciones y por Imeca) y estancamiento de los datos por varias horas, lo cual impide una reacción rápida de la población que, según el ProAire Valle de Toluca 2012-2017, está expuesta a concentraciones crecientes de ozono y partículas menores a 10 micras (PM10).
Mexicali se encuentra entre las ciudades más contaminadas por partículas menores de 10 micras (PM10) y menores de 2.5 micras (PM2.5), según la Organización Mundial de la Salud. Pese a esto, la Red de Monitoreo Atmosférico de Mexicali comunica los registros de sólo 2 de sus 7 estaciones de monitoreo, y el sitio web de la Secretaría de Protección al Ambiente del estado no proporciona información acerca de los niveles de PM10.
La situación es aún más precaria en Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Celaya, Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Culiacán, Durango, Hermosillo, Irapuato, La Laguna (Torreón), León, Mérida, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Poza Rica, Querétaro, Reynosa-Río Bravo, Saltillo, San Luis Potosí, Tampico, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Xalapa. Estas ciudades no cuentan con suficiente equipo de monitoreo ni con respaldo técnico, presentan vacíos de información, fallas en la validación de los registros, y la comunicación a la ciudadanía es nula. Veracruz es la zona metropolitana con mayor rezago en adoptar medidas para cumplir la nueva norma oficial.
La NOM-156 plantea la importancia de contar con “información confiable y de calidad respecto a los niveles de contaminación del aire”, lo cual implica la urgente necesidad de instaurar y modernizar los sistemas de monitoreo. Contar con estos datos de cada región y sus tendencias provee de una “herramienta para desarrollar estrategias de prevención y control, planes de manejo de la calidad del aire y políticas ambientales integrales”.
Debido a que la exposición crónica a los contaminantes del aire está asociada con un incremento en afecciones cardiovasculares y respiratorias, con diversos tipos de cáncer, problemas nerviosos, problemas prenatales, muerte temprana y mortalidad infantil, contar con esta información relativa a la calidad del aire “es imperativo y fundamental para la toma de decisiones en materia de protección de la salud”.
Los datos con que cuenta la Organización Mundial de la Salud apuntan a que en México la cantidad de muertes prematuras asociadas a la contaminación del aire asciende a 14 mil 700 personas.
La legisladora proponente concluye con el siguiente proyecto de:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga públicas las razones relativas al incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-156 en algunas entidades federativas.
III. Consideraciones
Para la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce que uno de los problemas que más afectan a las grandes ciudades con gran actividad antropogénica es la enorme concentración de contaminantes emitidos a la atmósfera, que pueden causar severos daños a la salud de la población que ahí habita.
Sin lugar a duda el problema de la mala calidad del aire no solo afecta las comunidades en las que se originan dichos contaminantes, sino que por su naturaleza, estos gases nocivos para la salud pueden desplazarse grandes distancias y generar afecciones en la población de comunidades o asentamientos aledaños.
Para reducir al mínimo las eventuales afectaciones a la salud ocasionadas por altas concentraciones de gases contaminantes, como ozono, dióxido de carbono, monóxido de carbono, azufre, entre otros, es necesario contar un sistema eficaz y confiable de monitoreo de la calidad del aire que permita a las autoridades responsables, tomar decisiones y aplicar medidas que favorezcan la purificación del aire que respiramos.
En México entró en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-2012 , para el Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Este lineamiento establece que los gobiernos locales y estatales deberán instaurar sistemas para la medición de la calidad del aire en aquellas demarcaciones que se encuentren dentro de su jurisdicción para generar información confiable que les permita generar políticas públicas que mejoren las condiciones ambientales.
Los indicadores de la calidad del aire son una herramienta esencial para saber el grado de contaminación del aire en las ciudades respecto a los límites establecidos en las normas. Las tendencias de los indicadores son útiles para inferir si la contaminación del aire se deteriora o mejora conforme pasa el tiempo. También permiten comparar los diferentes niveles de contaminación de distintas ciudades o localidades en donde se cuenta con redes de monitoreo atmosférico.
Conocer la calidad del aire de las ciudades es útil en la toma de decisiones tanto para el público en general como para las autoridades ambientales porque permite llevar a cabo acciones preventivas y correctivas para proteger la salud de la población.
La exposición crónica a la contaminación del aire se asocia con el incremento de problemas cardiovasculares y respiratorios como bronquitis y asma; con diversos tipos de cáncer, problemas del sistema nervioso, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana y mortalidad infantil.
En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga públicas las razones relativas al incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-156 en algunas entidades federativas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Arturo Álvarez Angli (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Azaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar acciones para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando y, en su caso, iniciar los procedimientos sancionadores correspondientes
Honorable Asamblea:
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes:
I. Antecedentes
Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 11 de febrero de 2016, el diputado Cándido Ochoa Rojas integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de implementar las acciones que eviten que la empresa Citrofrut siga contaminando y en su caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.
Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.
Una vez recibido el duplicado del expediente correspondiente, la Comisión instruyó su registro y el análisis para formular el dictamen.
II. Contenido de la proposición
A continuación se exponen el contenido y texto de la proposición en cuestión:
El legislador proponente señala que la contaminación es un problema de salud pública que afecta preponderantemente a los seres humanos y a los recursos naturales que los rodea. Las causas que originan la contaminación del medio ambiente, desafortunadamente en su mayoría se deben a la intervención negativa del hombre, quien ha dañado severamente su entorno natural hasta su desaparición.
Dicha afectación, es decir, la contaminación de los recursos naturales como el aire, el agua o en general del medio ambiente, impactan negativamente contra la flora y fauna, como parte integral de un ecosistema.
La implementación de acciones para su protección debe ser una responsabilidad compartida, por un lado la sociedad que debe ser responsable con acciones sustentables desde el hogar que le permita preservar los recursos naturales que se encuentran a su alcance, y de las autoridades encargadas de garantizar la protección de lo que hoy es un derecho humano a un medio ambiente sano.
El caso que nos ocupa, es la contaminación que la empresa denominada Citrofrut, localizada en el municipio de Huehuetlán, en el estado de San Luis Potosí, quien desde enero de 2015, en el desarrollo de sus actividades, descarga aguas residuales y en ocasiones altamente contaminantes dentro del predio conocido como Dos Arbolitos en el municipio de Tancanhuitz, SLP.
No obstante, dicho predio afectado no es el único que sufre las consecuencias de la contaminación provocada por Citrofrut, pues a un perímetro de 10 kilómetros aproximadamente, se encuentran comunidades como San José Pequetzén y La Cuesta, pertenecientes a Tancanhuitz, San Luis Potosí. El Crucero en el municipio de Aquismón, quienes demandan nuestra intervención.
La contaminación a que se hace referencia consiste en el traslado por parte de Citrofrut, de pipas de agua contaminada para ser vertidas directamente a la tierra, en presas, estanques o en cualquier sitio que se posible, afectando inicialmente la calidad del aire y provocando un peligro latente de expansión provocado por la lluvia, lo que genera escurrimientos y desborde de las presas y estanques, terminando en arroyos y propiciando la muerte masiva de peces y la alteración de la salud humana, con presencia de daños en las vías respiratorias, problemas en la piel e infecciones en los ojos, por mencionar algunas.
El diputado, preocupado por esta situación, expone ante esta Asamblea la necesidad de hacer un exhorto a las autoridades ambientales, a efecto de que intervengan para poner un alto a los impactos ambientales provocados por la empresa Citrofrut.
EL Legislador proponente concluye con el siguiente proyecto de:
Punto de Acuerdo.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que en coordinación con las autoridades e instituciones que considere pertinentes, implemente las acciones necesarias para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando, así como de ser el caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.
III. Consideraciones
Para las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es de suma importancia frenar la contaminación ambiental ya que, la contaminación ambiental no es algo del siglo XXI, siempre ha existido, pues es parte fundamental de la naturaleza. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un serio problema. Hasta hace pocas décadas no se consideraba un problema ya que apenas se ha logrado demostrar fehacientemente lo serio del asunto, considerando los efectos negativos que esta tiene sobre el ambiente y la salud.
En la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mostramos una preocupación por la empresa Citrofrut ya que trae consigo un historial de afectaciones al medio ambiente en diferentes regiones de San Luis Potosí, se tiene conocimiento que tan solo el año pasado esta empresa tuvo que pagar una multa por la cantidad de 318 mil 350 pesos, por haber vertido una gran cantidad de sosa cáustica, ocasionando la mortandad de miles de animales en el arroyo La Bacinica.
Otro de los antecedentes que ha tenido la empresa situada en el municipio de Huehuetlán, donde la extractora de jugos ha tenido una serie de problemas por estar contaminado el río de Huichihuayán.
En aquel municipio ha teniendo dos clausuras, siendo en el año 2011 y 2012 por haber estado contaminando el río Huichihuayán, y actualmente sigue realizando el mismo procedimiento de arrojar los desechos al río, por lo cual también la población de aquel lugar se ha quejado de la situación que viven con una empresa tan contaminante.
Ha habido denuncias sobre el asunto de la muerte de especies acuáticas, y hasta al momento no se han dedicado a realizar una averiguación a conciencia para saber de dónde proviene la contaminación que provoca la mortandad de especies y localizar a los principales culpables de tal hecho.
Aseguran los habitantes que la empresa Citrofrut no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, ya que la extractora de jugo desde el 2005 se había comprometido a realizar tal obra para evitar que se siguiera dando la contaminación sobre el río, pero a casi 10 años la respuesta sigue sin ser favorable por parte de la empresa.
Esto incumple con la norma oficial mexicana nom-001-semarnat-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
Las autoridades ambientales deben de conocer hacia donde se están vertiendo las aguas residuales en caso que se viertan al alcantarillado se debe de vigilar que la norma oficial mexicana nom-002-semarnat-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal
Se afirma que en los pozos de agua de la comunidad que tiene alrededor de 500 habitantes, han comenzado a notar que están contaminados, pues muchos de los tóxicos que vierte la empresa escurren a los mantos freáticos que alimentan a los pozos, y esa es el agua que ellos, la población, consume y de la que alimentan a sus animales.
Ante esta situación es importante que las autoridades encargadas de garantizar la protección del ambiente realicen las acciones que aseguren la restauración de los daños ocasionados y que estos no se vuelvan a suscitar.
Es necesario generar esfuerzos para mejorar las condiciones físicas de los ríos y arroyos, para preservar sus condiciones naturales.
En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que en coordinación con las autoridades e instituciones que considere pertinentes, implemente las acciones necesarias para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando, así como de ser el caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Arturo Álvarez Angli (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Azaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a ordenar el retiro de los anuncios espectaculares en su demarcación
Honorable Asamblea:
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 11 de febrero de 2016, el diputado Moisés Guerra Mota, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acurdo por el cual se exhorta respetuosamente al ayuntamiento de bahía de banderas, del estado de Nayarit, para que ordene el retiro de los anuncios espectaculares dentro de su demarcación.
Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.
II. Contenido de la proposición
A continuación se exponen el contenido y texto de la proposición en cuestión:
El legislador proponte menciona que nuestro entorno, se encuentra en una constante transformación; día a día, las costas, los valles y las montañas son alterados por la mano del hombre, estos cambios quedan plasmados en la calidad del paisaje: el urbano, el rural e, indudablemente, el de origen natural.
Esta metamorfosis ha alcanzado a Bahía de Banderas en Nayarit.
Ese mágico lugar que hace algunos años se caracterizaba por su paisaje natural, hoy, está siendo conquistado por intereses de inversionistas privados, bajo el cobijo de gobernantes corruptos que les han permitido edificar en suelos ricos para la agricultura o en terrenos no aptos para la construcción, haciendo un mal uso y distribución de la tierra.
Los atropellos cometidos en contra de Bahía de Banderas, han provocado la degradación del suelo, el agua, la atmósfera y, por supuesto, el paisaje.
Pareciera que el actual ayuntamiento de Bahía de Banderas, que se ha olvidado por completo del derecho a todo ser a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna, soslayando además, su propio Reglamento de Anuncios.
Los ideales que se establecen en el Reglamento de Anuncios para el municipio de Bahía de Banderas, en particular en su artículo 17, en el que se reconoce la problemática generada por la contaminación visual a causa de los anuncios espectaculares, entendida como una complicación que afecta, además de la percepción del ambiente, a la expresión de la trayectoria histórica de la región, a su manifestación de la riqueza y diversidad cultural que la caracteriza y al sentimiento de identidad colectiva de sus ciudadanos; han sido vulnerados por su administración municipal, permitiendo la instalación de anuncios espectaculares.
Estos ilegales anuncios publicitarios producen trastornos visuales al alterar el paisaje de la ciudad y deteriorar su imagen; sobre estimulando a quien los percibe; y desconcentrando la atención de los automovilistas, favoreciendo la posibilidad de accidentes de tránsito al prestar mayor atención a su lectura que al manejo.
De manera paradójica, esa misma administración municipal, se ha caracterizado por el incumplimiento de esta normativa ya que, en la práctica, sus disposiciones son transgredidas sin mayor consecuencia legal.
La degradación del entorno de Bahía de Banderas provocada por esta publicidad ilegal, ha deteriorado la calidad ambiental y, al ser ésta un parámetro fundamental de la calidad de vida, perjudica también a esta última.
Por ello, los diputados ciudadanos no descansaremos en esta lucha contra la polución visual, Nayarit merece conservar la riqueza natural que genera el placer visual y la belleza escénica de Bahía de Banderas.
El Legisladora proponente concluye con el siguiente proyecto de:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al honorable ayuntamiento constitucional de Bahía de Banderas, del estado de Nayarit, que en cumplimiento al artículo 17 del Reglamento de Anuncios para dicho municipio, ordene el retiro de los anuncios espectaculares dentro de la demarcación municipal.
III. Consideraciones
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce que el problema paisajístico es uno de los muchos tipos de contaminación ya conocidos, menos evidente, llamativo o dañino quizás que otros pero no menos importante especialmente del punto de vista paisajístico. Se le denomina internacionalmente como contaminación visual y al igual que otros tipos de contaminación más del dominio público, como son las contaminaciones sonora, del aire, del suelo, térmica, etc. es un tipo de daño reconocido. El paisaje constituye un recurso patrimonial público y turístico-económico, que debemos preservar.
La contaminación visual se refiere al abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos” que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan, a menudo, una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. Dichos elementos pueden ser carteles, cables, chimeneas, antenas, postes y otros elementos, que no provocan contaminación de por sí; pero mediante la manipulación indiscriminada del hombre (tamaño, orden, distribución) se convierten en agentes contaminantes. Todos estos elementos descriptos influyen negativamente sobre el hombre y el ambiente disminuyendo la calidad de vida. La contaminación visual no es tan sólo un problema de estética, puede afectar tanto a la salud psicofísica como al desenvolvimiento de la conducta humana y a la eficiencia laboral.
De acuerdo a lo expuesto vemos que la contaminación visual urbana es un fenómeno de polución de características singulares, debido a que no se transmite a través de un vector sobre el que se pueda actuar. Por lo tanto, consideramos que el trabajo de las autoridades debe orientarse principalmente hacia su origen, es decir, la descontrolada proliferación de publicidad. Es por ello que se cree que la solución a esta problemática debe basarse, principalmente, en un adecuado marco normativo, y en un eficiente ejercicio de las autoridades, que tienda a proteger a los habitantes y al patrimonio arquitectónico de los indiscriminados ataques de la cultura del consumismo y la competencia por el deprimido mercado local, que se manifiesta en una superposición permanente de anuncios de dudosa legalidad, y en muchos casos, de un igualmente dudoso gusto. No estamos, por supuesto, en contra de la publicidad, pero creemos que ella debe realizarse bajo una adecuada regulación que sirva para prevenir potenciales abusos, y al mismo tiempo sancionar las irregularidades, otorgándole adecuadas facultades y presupuesto al organismo de contralor. Es sin dudas la autoridad municipal la responsable de brindar una solución integral y efectiva a este tipo de problemas, los cuales inciden directamente sobre la población y el paisaje de la ciudad.
Creemos que es fundamental, además de la modernización del marco normativo impulsada por las autoridades municipales, una toma de conciencia por parte de la ciudadanía en general acerca del cuidado del espacio público.
Podemos concluir en que la contaminación visual no es tan sólo un problema de estética, como vimos puede afectar tanto a la salud psicofísica como al desenvolvimiento de la conducta humana y a la eficiencia laboral. En última instancia, tiene que ver con nuestra calidad de vida. Debe ser considerada definitivamente como un tema ambiental, y se debe legislar en concordancia. Se debe tomar conciencia de que no se trata solamente de intervenir sobre medidas y proporciones de carteles. El estado debe tener una política ambiental global con reglas claras y precisas cuya finalidad sea una mejor calidad de vida para todos. Así como la degradación es voluntaria y producida por el hombre también debe ser controlada y modificada por él.
Como consideración final dentro del Reglamento De Anuncios Para El Municipio De Bahía De Banderas, Nayarit en su Artículo 17 menciona que la instalación de anuncios espectaculares de cualquier tipo y material, fijos o móviles, están prohibidos en todo el municipio, ya que obstaculizan la visión y deterioran la imagen del lugar.
En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:
Acuerdo
Único . Se exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento constitucional de Bahía de Banderas, del estado de Nayarit, que en cumplimiento al artículo 17 del Reglamento de Anuncios para dicho municipio, ordene el retiro de los anuncios espectaculares dentro de la demarcación municipal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Arturo Álvarez Angli (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Azaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).
De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a considerar amenaza real para la seguridad nacional el cambio climático e implantar acciones para reducir su efecto en la población del país
Honorable Asamblea:
La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 9 de febrero de 2016, se presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a considerar el cambio climático una amenaza real a la seguridad nacional e implantar acciones para reducir su efecto en la población a cargo del diputado el diputado Javier Herrera Borunda integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados”.
3. Mediante oficio número DGPL-63-II-4-546, la Mesa Directiva hizo entrega del expediente a la Comisión de Cambio Climático.
II. Objeto y contenido de la proposición
El diputado Herrera plantea que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al gobierno federal a contemplar el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional, con la finalidad de reducir su efecto en la población del país.
En la exposición de motivos el diputado promovente manifiesta que ante las nuevas amenazas a la sociedad internacional, la seguridad se refiere a las condiciones de estabilidad que se suponen benéficas para el desarrollo de los individuos, de un país o de la comunidad internacional. Al respecto el efecto, la magnitud y la durabilidad de los fenómenos ambientales, sociales y económicos detonados por el cambio climático, convierten a este último en un asunto prioritario que afecta de manera directa en cada una de las esferas de seguridad, llegando a poner en riesgo las condiciones de vida en el planeta.
A decir del diputado promovente, es urgente plasmar en el marco jurídico el reconocimiento de dicho problema, diseñar las políticas públicas para disminuir los impactos generados por el fenómeno del cambio climático y por ultimo destinar y ejecutar los recursos disponibles para aplicar dichas políticas públicas. En este sentido el papel del Estado frente al cambio climático, es el de asegurar, proteger y proveerse de los recursos estratégicos necesarios para enfrentarse de manera óptima a los enormes retos traducidos en el acceso a las fuentes de energía, agua, disputas fronterizas, emergencias humanitarias, problemas de salud, migración, entre otros.
En relación con lo anterior, el diputado Herrera refiere que instancias gubernamentales de otros países, así como organismos internacionales, han reconocido la amenaza que representa para la seguridad y estabilidad mundial el fenómeno del cambio climático, tal es el caso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Centro para el Clima y la Seguridad de Estados Unidos.
En lo que concierne a México el diputado considera que se necesita implantar acciones para atenuar las consecuencias del cambio climático y fortalecer las acciones destinadas a enfrentar los efectos del fenómeno toda vez que provocarán graves repercusiones, probablemente irreversibles sobre la seguridad nacional e internacional.
En virtud de lo anterior, el diputado Javier Herrera somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal a contemplar el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional, con la finalidad de reducir su efecto en la población del país.
Una vez planteados los antecedentes, objetivo y contenido de la proposición con punto de acuerdo que promueve el diputado Javier Herrera Borunda, la Comisión de Cambio Climático formula el presente dictamen con base en las siguientes:
III. Consideraciones
Primera. El diputado Herrera propone que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal a contemplar el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional, con la finalidad de reducir su efecto en la población del país.
Al respecto los integrantes de la Comisión de Cambio Climático reconocen la loable intención de la propuesta contemplada en el punto de acuerdo en dictamen, planteamiento que busca ser una aportación a las acciones que emprende el gobierno federal en lo que respecta a la adaptación y mitigación al cambio climático.
Segunda. El concepto de seguridad nacional ha ido evolucionando en las últimas décadas y ha pasado de ser un concepto restringido a ser un concepto amplio que defina los intereses nacionales, que se vincule a la consecución de los objetivos plasmados en el proyecto nacional.1 Así lo han entendido las administraciones federales en los planes de desarrollo correspondientes hasta la administración actual y se han reconocido cuestiones ambientales y fenómenos climáticos en los documentos programáticos, como se verá más adelante.
Tercera. La Ley de Seguridad Nacional define en el artículo 3 que por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:
I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
Así mismo el artículo 5 de la referida ley refiere aquellos actos o circunstancias considerados como amenazas a la seguridad nacional a saber:
I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;
III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;
IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;
VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
De la revisión de lo anterior, se observa que en la legislación en materia de seguridad nacional no se contempla la eventualidad de los fenómenos meteorológicos y, menos aún se mencionan los agravados por el cambio climático como una amenaza a la misma. Empero, se encuentra implícito en la fracción I del artículo 3 mencionado anteriormente.
Cuarta. Al hacer una revisión de los diferentes documentos de planeación del Estado mexicano, se encuentra lo siguiente:
En el Plan Nacional de Desarrollo2 se puntualiza que el concepto jurídico de Seguridad Nacional condensa una serie de objetivos e intereses estratégicos nacionales, tales como la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; la preservación de la unidad de las partes integrantes de la Federación; la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y el desarrollo económico, social y político del país como ejes en la preservación de la democracia.
Asimismo en este documento de planeación se reconoce que la realidad de nuestro país precisa identificar, dimensionar y jerarquizar los efectos de los diversos factores internos y externos que, en virtud de su dinamismo, tienen el potencial para constituirse en una amenaza o riesgo para la Seguridad Nacional. Lo anterior con la finalidad de trazar las estrategias que permitan prevenirlos, o bien, plantear los mecanismos de coordinación de acciones y medidas –políticas presupuestales, sociales o militares– que neutralicen o minimicen sus efectos de manera oportuna y eficaz.
En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo se señala que es fundamental analizar y prever las condiciones globales, sociales, ambientales, económicas, políticas, de salud y tecnológicas que lo afectan, a fin de reducir sus efectos negativos, revertirlos gradualmente y establecer los mecanismos de corto y largo plazos que generen inercias favorables que se arraiguen, permanezcan y se consoliden en la sociedad, asimismo se señala a la letra lo siguiente “... al ampliar el concepto de Seguridad Nacional en el diseño de las políticas públicas de nuestro país, se podrán atender problemáticas de naturaleza diversa a las estrictamente relacionadas con actos violentos que vulneran los derechos fundamentales de la población mexicana.”
Este documento de planeación refiere que además de cumplir con la obligación de restablecer la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, a través del combate a toda manifestación de violencia y delincuencia de alto impacto, el Gobierno de la República debe transitar hacia un modelo de Seguridad Nacional más amplio y de justicia e inclusión social, de combate a la pobreza, de educación con calidad, de prevención y atención de enfermedades, de equilibrio ecológico y protección al ambiente, de promoción del desarrollo económico, social y cultural, así como de seguridad en las tecnologías de la información y la comunicación.
Quinta. Derivado del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa para la Seguridad Nacional 2014-20182 Una política multidimensional para México en el siglo XXI , es el documento rector de la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano, donde se expresan las prioridades y la visión del Gobierno de la República en la materia, así como los objetivos estratégicos que la definen.
La cuarta sección de este documento, denominada Una agenda para el futuro: los retos del Estado mexicano en materia de Seguridad Nacional , identifica una serie de tendencias globales de mediano y largo plazos que pueden incidir sobre la estabilidad del Estado mexicano. Fenómenos que pueden tener un impacto real sobre la seguridad de la nación y la gobernabilidad del sistema internacional, tales como el cambio climático , el desarrollo de tecnologías emergentes o la manifestación de nuevas tendencias demográficas, sociales y ambientales que deben considerarse como parte de los posibles desafíos que México enfrentará en las próximas décadas.
En lo que respecta a los riesgos y amenazas para la Seguridad Nacional , en este documento se consideran los desastres naturales y pandemias a los que México es vulnerable en razón de la ubicación geográfica, condiciones geológicas y el impacto de fenómenos globales. En efecto, la ocurrencia de desastres de origen natural vinculados con las condiciones de sismicidad del país, la actividad volcánica y los fenómenos hidrometeorológicos, especialmente aquellos derivados del cambio climático, así como la exposición a escenarios de riesgo de carácter antropogénico, como los incendios forestales, los derrames químicos y las emergencias radiológicas, pueden tener un impacto directo sobre la seguridad de las instalaciones estratégicas, la cohesión social de las comunidades y la integridad física, el bienestar y el patrimonio de la ciudadanía.
Sexta. Por otra parte, se revisaron los informes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, mas en ellos solo se reportan actividades como la preparación de programas de trabajo, la elaboración del reglamento de la comisión, designación de funcionarios, revisión de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la participación en la elaboración del Programa Especial de Cambio Climático, pero no así acciones concretas de avance en la lucha al cambio climático y que sean medibles y evaluables.
Se revisó el documento Logros 2015 del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, en este documento hay información de avances en mitigación y adaptación; sin embargo la información es escueta y no se precisan cada una de las acciones, de modo que la información pueda ubicarse adecuadamente.
No obstante que en los principales documentos que rigen la política de seguridad nacional ya se han considerado los riesgos que pueden derivarse del cambio climático, es una necesidad imperiosa que el gobierno en sus tres órdenes, tome medidas más decididas para llevar a cabo acciones de mitigación y se incorporen las previsiones necesarias para que los efectos de este fenómeno reduzcan la vulnerabilidad de la población y resguarden la infraestructura estratégica del país.
Varios han sido los compromisos planteados en leyes y programas, sin embargo hace falta decisión en el actuar de los gobiernos de todos los órdenes. El tomar medidas en este sentido reducirá las amenazas que eventualmente pueden incidir en la seguridad nacional.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de esta Comisión de Cambio Climático sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:
IV. Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas para que se impulsen y coordinen medidas más decididas para llevar a cabo acciones firmes de mitigación y se incorporen las previsiones necesarias para que se apliquen medidas de adaptación, sobre todo dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica del país frente a los efectos del cambio climático, dando el seguimiento adecuado y plasmándolas en los informes que la legislación dispone y asumiendo que este fenómeno es una amenaza real a la seguridad nacional.
Notas
1 Ver Curzio, Leonardo, La seguridad nacional de México y la relación con Estados Unidos, México, CISAN-UNAM, 2014, edición electrónica.
2 Diario Oficial de la Federación, México, 20de mayo de 2013.
3 Diario Oficial de la Federación, México, 30 de abril de 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de marzo de 2016.
La Comisión de Cambio Climático
Diputados: María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Álvaro Rafael Rubio (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Javier Octavio Herrera (rúbrica), César Flores Sosa, Laura Mitzi Barrientos (rúbrica), Alex Le Barón González (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), Cesar Augusto Rendón García (rúbrica), Elva Lidia Valles Olvera, Patricia Elena Aceves Pastrana, Olga María Esquivel Hernández (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga, Mirza Flores Gómez (rúbrica en abstención), Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica), Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra la República de Cuba
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América, en contra de la República de Cuba.
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. Con fecha 9 de febrero de 2016, los diputados Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron a consideración de esta Honorable Asamblea, la proposición con punto de acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
2. En esa misma fecha, la Proposición fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Relaciones Exteriores por la presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía.
Contenido de la proposición
El legislador proponente señala expresamente en sus consideraciones:
“El bloqueo económico ha tenido consecuencias funestas para Cuba. De acuerdo a los indicadores presentados por Cuba en la ONU, se concluye que el daño económico ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. contra Cuba, asciende a 933 mil 755 millones de dólares.
El año pasado, 191 estados miembros de la ONU fueron testigos, mediante su voto a favor, del proyecto de resolución cubano: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial, y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
Aunque ya desde 1982, Estados Unidos reconoció el éxito de Cuba en la esfera de la salud en un informe que aseveró que el sistema de salud cubano era superior al de otros países en desarrollo y competía con el de muchos países desarrollados; pese a todas las limitaciones materiales a las que se ha enfrentado, no ha sido consecuente con ponerle fin a este bloqueo.
En la actualidad Cuba es vanguardia en diferentes campos y tiene convenio con 67 países en materia de salud, deporte, educación, etc. Más de 65 mil cooperantes cubanos laboran en 89 países, sobre todo en las esferas de la salud y la educación. Se han graduado en la isla 68 mil profesionales y técnicos de 157 países; de ellos, 30 mil de la salud. Las brigadas cubanas han brindado atención médica al pueblo haitiano desde 1998 y su trabajo en la erradicación del cólera, el ébola y otras epidemias ha sido calificado como heroico por la ONU.
Por lo que se refiere a avances significativos, Cuba se ha convertido en el único país de América Latina y el Caribe que no presenta el grave problema de la desnutrición infantil severa, de acuerdo con el reporte Progreso para la infancia, un balance sobre la nutrición publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).2
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló, en 2014, que Cuba se ha convertido en un referente de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, ya que es uno de los ocho países de la región que han logrado erradicar el hambre. Raúl Benítez, representante regional de la FAO enfatizó que la experiencia cubana es un repositorio valioso para los demás países de la región y para el resto del mundo, no sólo debido al saber técnico y político que implica, sino por algo más fundamental: demuestra que el hambre sí puede ser superada si un pueblo entero, una nación, sus ciudadanos y el gobierno deciden decir no más hambre.”3
El sistema de salud cubano es mundialmente reconocido por su excelencia y su eficiencia. A pesar de los recursos sumamente limitados y el impacto dramático causado por las sanciones económicas que impone Estados Unidos desde hace más de medio siglo, Cuba ha logrado universalizar el acceso a la salud a todas las categorías de la población y conseguir resultados similares a los de las naciones más desarrolladas. Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, elogió el sistema de salud cubano y se declaró impresionada por los logros en este campo. Declarando que Cuba es el único país que he visto que tiene un sistema de salud estrechamente relacionado con la investigación y el desarrollo de un ciclo cerrado. Es esta la dirección correcta, porque la salud humana no puede mejorar si no es con la innovación. Deseamos fervientemente que todos los habitantes del planeta puedan tener acceso a servicios médicos de calidad, como en Cuba.4
Si bien en estos días ya ondea la bandera de las barras y las estrellas en el malecón de La Habana y la representación de Cuba ha abierto sus puertas en Washington, el bloqueo económico y las medidas restrictivas para la isla, permanecen casi intactas. El acercamiento de ambos gobiernos ha generado expectativas y cambios que se consolidarán gradualmente; sin embargo, el tema no ha sido bien visto por algunos miembros de la política estadunidense, como aquel 1961 cuando el presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower cortó las relaciones diplomáticas con Cuba.
El presidente cubano, Raúl Castro ha señalado en diversos espacios que El establecimiento de las relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización. No obstante, esta normalización no será posible mientras exista el bloqueo, mientras no se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base militar de Guantánamo, no cesen las transmisiones radiales y televisivas violatorias de las normas internacionales, no haya compensación justa a nuestro pueblo por los daños económicos y humanos que ha sufrido.5
Por su parte François Hollande durante una visita de Estado de Raúl Castro en Francia en Febrero de 2016, ha reiterado y exhortado a los EU acabar ya con el vestigio de la guerra fría sobre Cuba y terminar con embargo que pesa sobre la Isla.
Asimismo las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en Quito Ecuador, en el marco de la IV cumbre de la CELAC (Cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños) celebrada a principios de este año, han hecho manifiesta en su Declaración Especial IV: Poner fin al bloqueo Económico, Comercial, y Financiero contra Cuba, reafirmando su rechazo ante las medidas coercitivas sin ningún sustento en el Derecho Internacional.
Por lo anterior resulta necesario, indispensable e impostergable, manifestarse en contra del daño humanitario que representa el bloqueo y que es una clara violación a los derechos humanos del pueblo cubano. EE.UU. ya eliminó a Cuba de la lista de los países terroristas, ha reestablecido relaciones diplomáticas y sería congruente que termine con este bloqueo comercial, económico y financiero, que además es una exigencia de la comunidad internacional.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados con pleno respeto a los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución: i) Principio de autodeterminación de los pueblos; ii) La no intervención; iii) La solución pacífica de controversias constitucionales; iv) La proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales; v) La igualdad jurídica de los Estados; vi) La cooperación internacional para el desarrollo; vii) La lucha por la paz y la seguridad internacional, se pronuncia en contra del bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por EU en contra de la República de Cuba.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita a la SRE exprese por los conductos diplomáticos correspondientes, nuestra petición al congreso de Estados Unidos de ponerle fin al bloqueo económico en contra de la República de Cuba y sea consecuente con el Proyecto de Resolución Cubano “Necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”, de la Asamblea General de la ONU de fecha 27 de octubre de 2015.”
Consideraciones
• Las relaciones diplomáticas de México con la República de Cuba han pasado por importantes momentos; por ejemplo, México fue el único país que se opuso a la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las sanciones impuestas por los Estados Unidos de América hacia Cuba cuando Fidel Castro ascendió al poder en la isla.
• México estrechó relaciones con Cuba, a pesar de que este país fue expulsado de la OEA, para mantener un margen de independencia frente a los Estados Unidos en cuestiones concernientes al ámbito multilateral.
• A pesar de que en ciertos momentos ha habido distanciamientos, las relaciones bilaterales comerciales entre México y Cuba se han mantenido activas.
• México, bajo el mandato del ex presidente, Felipe Calderón, condenó el bloqueo económico injustificado por parte de los Estados Unidos hacia Cuba, e hizo referencia a que dicho bloqueo implicaba una clara violación a la Carta de las Naciones Unidas.
• El gobierno de México reconoció, mediante un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de fecha del 17 de diciembre de 2015, el “sentido histórico” de la decisión adoptada por Cuba y Estados Unidos de normalizar sus relaciones diplomáticas. En el mismo sentido, el gobierno mexicano mostró su apoyo a la decisión de abrir embajadas en ambos países y celebró las medidas anunciadas en los ámbitos del diálogo político y la apertura comercial.
• La Asamblea General de la ONU ha aprobado en numerosas ocasiones, propuestas relativas al rechazo al embargo unilateral de Estados Unidos hacia Cuba. En octubre de 2015 se aprobó en la Asamblea General, por abrumadora mayoría, una resolución que condena el embargo a Cuba, medida a la que sólo Estados Unidos e Israel se opusieron. Las resoluciones de la Asamblea no son vinculantes y no puede obligarse a los países a que las adopten, sin embargo, la votación exhibe el aislamiento estadounidense con respecto al tema.
• La postura de México ha sido muy crítica con la medida estadounidense, principalmente en el apartado donde el embargo cubano establece sanciones a terceros países en caso establecer relaciones comerciales con la isla. En este sentido, la exhortación de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la condena diplomática hacia el embargo estadounidense, se apega fielmente a los principios de Política Exterior consagrados en la Constitución Mexicana. A saber, (Artículo 89, numeral X: I) Principio de autodeterminación de los pueblos; II) La no intervención; III) La solución pacífica de controversias constitucionales; IV) La proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales; V) La igualdad jurídica de los Estados; VI) La cooperación internacional para el desarrollo; VII) La lucha por la paz y la seguridad internacional.
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, someten a consideración de esta Soberanía el siguiente:
Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a los principios de política exterior, consagrados en nuestra Constitución, se pronuncia en contra del bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba. Esto de manera congruente con la posición tradicional del gobierno de México de rechazo a medidas unilaterales que contradicen el derecho internacional y el sustento de las relaciones entre los Estados.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados expresa una respetuosa petición al Congreso de los Estados Unidos de América, de ponerle fin al bloqueo económico en contra de la República de Cuba y a que sea consecuente con el Proyecto de Resolución Cubano “Necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”, de la Asamblea General de la ONU, de fecha 27 de octubre de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.
Diputados: Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), presidente, María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Maricela Emilse Etcheverry (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica), Claudia Sofía García (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, Héctor Javier García Chávez (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), secretarios; Lilian Zepahua García, Alfredo Anaya Orozco (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Francisco Escobedo Villegas, Salomón Majul González, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge, Patricia García García, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica).
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y; 80 numeral 1, fracción VI, 180 y 182 numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fecha 11 de febrero de 2016, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 1) al presidente de la República a designar de manera urgente al director general de Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 2) al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a emitir la convocatoria para integrar esa comisión a los representantes de la sociedad civil.
II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen.
III. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables procedió al análisis del asunto y elaboró el presente dictamen, que se aprueba con modificaciones, para hacer posible el exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal.
Contenido de la Proposición
La diputada proponente expone que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es el organismo que coordina e impulsa acciones para asegurar el ejercicio pleno y goce de cada uno de los derechos de las personas con discapacidad... actualmente el Consejo se encuentra acéfalo al no contar con el nombramiento del director general, el cual, por ley deberá ser designado por el presidente de la República.
Después explica que diversas organizaciones civiles promovieron un amparo argumentando irregularidades en los trabajos desarrollados en la Junta de Gobierno, por lo que ante esta acción y bajo resolución de un juez, fue que el consejo quedo impedido para sesionar mientras se resuelve la problemática... Las organizaciones civiles puntualizaron que fueron excluidas en las sesiones de la Junta, y por consecuencia de las decisiones, por tal motivo promovieron dicho recurso con lo que se suspendió la actividad del Consejo.
Finalmente, exponen un exhorto con dos acuerdos:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Presidente de la República, a designar de manera urgente al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que emita la Convocatoria correspondiente de acuerdo a su Estatuto Orgánico, a fin de que se nombre e integre a la brevedad a las sesiones de esa Comisión a los representantes de la sociedad civil.
Consideraciones
1. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Conadis, debe ser administrado por una Junta de Gobierno y por un Director General, según lo establece el artículo 43 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, LGIPD.
La Junta de Gobierno está integrada por 16 representantes, cinco de ellos son de la Asamblea Consultiva del Conadis, (artículo 44 de la LGIPD). La asamblea, que está integrada por 42 representantes, uno de cada entidad federativa y diez personas más entre académicos y representantes de organizaciones electos por un comité (artículo 53 de la LGIPD).
La Dirección General del Conadis actualmente se encuentra encabezada por la maestr. Marcela Cuen Garibi, quien sustituyó al licenciado Jesús Toledano Landeros, y ocupa la plaza como encargada de despacho. La actual titular fungía anteriormente como directora general adjunta del Conadis, encargada de la planeación; la designación de un nuevo titular o la ratificación de la encargada, corresponden al titular del Poder Ejecutivo federal (artículo 49 LGIPD).
2. La diputada proponente expone sin precisar qué en la actualidad existe un amparo por el que la Junta de Gobierno no puede sesionar. Empero, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables no tiene conocimiento de un juicio de esta naturaleza o del amparo que se refiere. La comisión únicamente encontró registro del juicio 2007/15 del Juzgado Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se concedió un amparo que suspende lo relativo a la elección de la Asamblea Consultiva.
La Asamblea Consultiva, que fue electa según la convocatoria emitida e impugnada en 2014 y está en suspensión por un juez, es la que debió elegir de entre sus miembros a cinco representantes que formarán parte de la Junta de Gobierno de Conadis, El proceso de elección de los representantes de las 32 entidades federativas y los representes académicos y especialistas, no ha podido cumplir con su cuota del consejo y no lo hará hasta resolverse el juicio que llevan las autoridades judiciales en materia administrativa.
En la actualidad el asunto se encuentra en revisión en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el expediente 48/16, que debe resolver el recurso de revisión que promovieron ambas partes con respecto al amparo concedido y que suspender la instalación de la Asamblea Consultiva.
Hasta donde es conocimiento de esta comisión, la Junta de Gobierno puede sesionar sin impedimentos, en tanto cubra los requisitos de contar con más de la mitad de sus miembros y tomar sus decisiones por mayoría de votos (artículo 48 LGIPD). En cambio, hasta no ser concluida la Litis arriba expuesta, no se podrá constituir la asamblea ni elegir a los miembros de la misma que se integrarán a la Junta de Gobierno.
3. Al no existir impedimento alguno para la designación del director general del Conadis, por tratarse de una facultad del titular del Poder Ejecutivo federal establecida en el artículo 49 de la LGIPD, que no tiene más requisito que los marcados en las tres fracciones de ese artículo, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables no encuentra justificación para posponer la designación de un titular de la Dirección General del Consejo y por tanto es oportuno y necesario exhortar al presidente de la República para que designe a este funcionario.
4. Toda vez que el proceso de elección de representantes de la Asamblea General se encuentra sub judice y este proceso judicial es responsabilidad del Poder Judicial de la federación, no es atinado exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como plantea la proponente.
Igualmente, no resulta preciso el exhorto a fin de emitir la convocatoria, toda vez que esta ya fue emitida en 2014 y es este instrumento el que dio a lugar al proceso electivo impugnado y suspendido por la autoridad y que debe resolver el Poder Judicial.
Por lo tanto, se considera que la honorable Cámara de Diputados debe emitir exhorto únicamente en lo relativo a la responsabilidad del titular del Ejecutivo federal; que exhorte respetuosamente al presidente de la República a designar de manera urgente al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXIII Legislatura, someten a la consideración del pleno el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente de la República a designar de manera urgente al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2016.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Brenda Borunda Espinoza (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Eloisa Chavarrias Barajas (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica), Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar, Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco, María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).