Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial del café, a cargo del diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que dispone el inciso c), numeral 1, del artículo 34; y el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción II, numeral 1, del artículo 79; el numeral 1 del artículo 205, y el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial del Café, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Para contextualizar, el cultivo de café se da en países con regiones de clima tropical principalmente de América Latina, Asia y África. Un cafeto tarda de tres a cuatro años en promedio para comenzar a producir sus primeros frutos, por lo que la inversión en este cultivo es de mediano plazo.

El café es uno de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados internacionales. Actualmente, el café es el segundo producto más comercializado en el mundo, sólo superado por el petróleo. De aquí la importancia de impulsar su producción de calidad y comercialización, aunque México tiene diversas regiones de producción de café, representa solo el 2.8 por ciento de la producción mundial, respecto al 33 por ciento que produce Brasil o el 8 por ciento de Colombia, que son los principales productores del Continente Americano.

La producción actual de café se concentra en un reducido número de países. A nivel mundial, la estimación para el ciclo 2014/15 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) es de una cosecha de 8.9 millones de toneladas de café arábica y robusta, de la cuales el 67 por ciento se encuentra en cuatro países: Brasil contribuye con el 33 por ciento, Vietnam con el 20 por ciento, Colombia con el 8 por ciento e Indonesia con el 6 por ciento. Se espera que México contribuya con el 2.6 por ciento de la producción mundial para el ciclo 2014/15, para ubicarse como el décimo productor.

Gracias a las políticas de apoyo a productores de café del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, nos hemos colocado como el décimo país productor de café a nivel mundial, con la posibilidad de seguir escalando espacios en el ranking mundial, tanto en la producción como en el consumo de este producto.

En México se cultivan dos variedades de café: arábica y robusta. Es de destacar que en los últimos años, la producción de café orgánico se ha vuelto más relevante toda vez que los productores han buscado aminorar el riesgo que prevalece en los precios del café arábica y robusta, por lo que a través de la diferenciación de la producción han logrado mejor nivel y mayor estabilidad en los precios.

Actualmente, México es el segundo productor de café orgánico a nivel mundial, solamente superado por Perú. Según datos publicados en la página de internet de la Secretaría de Economía, se sabe que “...en una década, la superficie dedicada a la producción de orgánicos pasó de 50 mil a 400 mil hectáreas, y las ventas de dichos productos generan 400 millones de dólares al año. El café orgánico representa el 50 por ciento de los productos orgánicos en el país”.

México ha implantado prácticas en la cafeticultura que han transformado los procesos y provocado una reconversión productiva, incrementando rendimientos, reduciendo la edad promedio de crecimiento de las plantas y aumentando la densidad por hectárea en el cultivo, además de introducir algún tipo de diferenciación; ya sea café orgánico, de especialidad, amable con el medio ambiente, programas de captura de carbono, café forestal, etc. Los productores han aprendido a acercarse al mercado y conocer más sobre el comportamiento y gusto de los consumidores, por segmentos, regiones y países. Sin embargo aún hay retos por superar, como el coyotaje, el acaparamiento, la comercialización, la tecnificación, la falta de leyes que incentiven la producción, etcétera y ahí es donde la Cámara de Diputados en el marco de su competencia, puede y debe intervenir.

Existen retos medioambientales que debemos prevenir y afrontar, como la afectación en la producción de café del ciclo 2013-2014 que se registró como la más baja de los últimos 40 años. Uno de los principales factores, fue la roya, enfermedad de los cafetos, que provocó una caída de casi 50 por ciento en las cosechas de Chiapas y que se extendió a Oaxaca, Veracruz y Puebla.

Un punto a resaltar, es que según los datos del censo agropecuario de 2007, “...de las 350 mil unidades de producción (UP) con café, 56.6 por ciento son hablantes de lengua indígena. Esta población es dueña del 43.9 por ciento de la superficie con café y cosechan el 40.3 por ciento del volumen de la producción. Difícilmente vamos a encontrar una importancia mayor de la población indígena en la producción de algún otro cultivo. Adicionalmente, los municipios cafetaleros se caracterizan por la pobreza de su población, 7 de cada 10 habitantes viven en condiciones de alta y muy alta marginación”. En este contexto, hay un empobrecimiento preocupante en las regiones cafetaleras por la caída de la producción, lo que ocasiona falta de trabajo y por ende de ingresos.

Este análisis es mucho más profundo, si lo cruzamos contra datos de dinámicas de población, como la expulsión de migrantes, toda vez que existen regiones que su única actividad productiva es el cultivo y producción de café, sin embargo al verse disminuida la producción o arrasada por una plaga, no existe otra actividad económica que realizar y comienzan las migraciones hacia las urbes del país o fuera del territorio nacional, con las consecuencias sociales que ya conocemos.

Las cifras de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva de Café (Amecafe), indican que México está en el sexto lugar de producción de café del mundo, con el 3 por ciento del total, dato que difiere con el aportado por el departamento de agricultura de los Estados Unidos. Según datos de la Amecafe, México es el undécimo país exportador; sólo el 40 por ciento de la producción se queda en el país.

Según datos de la Secretaría de Economía, en el mercado nacional, el negocio del café resulta uno de los más redituables; se puede invertir relativamente poco y la recuperación se da, en la mayoría de los casos, en menos de un año. En la actualidad existen en México, alrededor de 72 mil cafeterías, y este número sigue en aumento.

Según datos del Padrón Nacional Cafetalero 2010, se produce café en 398 municipios de 12 estados de la República Mexicana, donde participan aproximadamente 280 mil campesinos, quienes laboran en las más de 770 mil hectáreas de campo. Si revisamos estos números, es claro que la cadena productiva del café es sumamente importante para el desarrollo económico y social del país, por lo que requiere una atención pormenorizada de todos los órganos de gobierno, en este caso, la Cámara de Diputados, tiene la oportunidad de dar continuidad al seguimiento que se ha realizado a este tema, mediante la constitución de una comisión especial, del café.

El objetivo de esta comisión especial, debe ser que desde la Cámara de Diputados, se impulse y promuevan acciones específicas para coadyuvar a la producción e industrialización nacional del grano de café, al igual que contribuir al fortalecimiento de los procesos y mecanismos que permitan el impulso de esta actividad comercial, en el contexto nacional como internacional. Además de prever medidas que ayuden a mitigar contingencias o afectaciones ocasionadas por efectos climatológicos, para lograr un mayor crecimiento de este sector productivo.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer ante a los integrantes del pleno de esta soberanía la creación de la Comisión Especial del Café, que funcionará durante la LXIII Legislatura, cuyo objeto será impulsar y promover acciones específicas para coadyuvar a la producción e industrialización nacional del grano de café, al igual que contribuir al fortalecimiento de los procesos y mecanismos que permitan el impulso de esta actividad comercial, en el contexto nacional como internacional. Además de prever medidas que ayuden a mitigar contingencias o afectaciones ocasionadas por efectos climatológicos, para lograr un mayor crecimiento de este sector productivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.

Diputado Carlos Barragán Amador (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a crear la fiscalía especial para la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Rafael Hernández Soriano, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

México vive una grave crisis humanitaria. Los grados de violencia a que se encuentra sujeta la ciudadanía, las más de 21 mil ejecuciones reconocidas por fuentes gubernamentales, las más de 12,500 desapariciones, según Amnistía Internacional, los miles de desplazados y las centenas de fosas clandestinas dan testimonio fehaciente de ello. Todo lo anterior ha sido consecuencia directa de una política de seguridad pública fallida que ha situado al Estado al borde del colapso por el empoderamiento de la delincuencia organizada, la connivencia de las autoridades y la impotencia de los habitantes del territorio nacional.

No obstante lo anterior, en medio del caos, un acontecimiento específico conmovió las conciencias de México y la comunidad de naciones. La desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, presuntamente a manos de elementos policiacos de los municipios de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Este deleznable crimen provocó no sólo las reacciones nacionales de repudio e indignación, sino diversas protestas a nivel global que pusieron de manifiesto la incapacidad del Estado mexicano para garantizar, a los habitantes del territorio nacional, el libre ejercicio de sus derechos humanos y, específicamente, el derecho a la vida.

A más de la atrocidad del crimen en sí mismo, la incapacidad de las autoridades estatales y federales de procuración de justicia ha propiciado la revictimización de los jóvenes y sus familias, cuando por omisión o por comisión, realizaron las diligencias, peritajes e investigaciones del caso con descuido y falta de transparencia, por decir lo menos, razón por la cual no sólo han violado sus derechos como víctimas sino, principalmente, les han negado el derecho de acceso a la justicia y a la verdad, como ha quedado demostrado a partir de la presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La gravedad de los acontecimientos requiere un proceso de reconciliación nacional que inicie con la limpieza, optimización y, en su caso, la reposición de todos los procedimientos llevados a cabo dentro de la investigación ministerial, la consignación de los culpables y, principalmente, el fincamiento de responsabilidades a aquellos funcionarios que cometieron delitos en contra de la administración de justicia. Es por lo anterior, para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas, que resulta indispensable la creación de una fiscalía especial que se avoque directa y exclusivamente, en la investigación de estos sucesos, no obstante lo anterior, el titular de esta instancia debe ser una persona no sólo con amplios conocimientos en el área de investigación ministerial, sino que cuente con el reconocimiento público y, en específico, de las víctimas indirectas de este crimen y de las organizaciones sociales que las han acompañado, de tal manera que su actuación posea la probidad y credibilidad de la que, hasta ahora, han carecido las autoridades que, en el caso, han intervenido.

Asimismo y como señalábamos anteriormente, los ahora cuestionados procedimientos ministeriales, cuya veracidad fue puesta en duda por el GIEI en más de una aseveración, deben contar con la aceptación social de tal manera que contribuyan al proceso de consolidación de las instituciones democráticas de nuestro país, por lo cual, resulta absolutamente ingente que la Fiscalía especial que proponemos se cree, tome en consideración los estudios y peritajes realizados por el GIEI, contenidos en el informe pero que, también puedan colaborar con el Ministerio Público, en calidad de consultores técnicos, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 136.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, comprometido con los derechos de las víctimas, en especial los derechos a la vida, a la verdad y a la justicia, proponemos a esta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de

ACUERDO

ÚNICO. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en ejercicio de sus facultades, establezca la Fiscalía Especial para la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo titular deberá ser nombrado tomando en consideración a las víctimas indirectas del crimen y a las organizaciones sociales que los acompañan y considerar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como consultores técnicos.

Palacio Legislativo, San Lázaro a 10 de septiembre de 2015.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a intensificar los esfuerzos de conservación de las tortugas marinas en territorio nacional, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, la diputada Sofía González Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

Nuestro país representa un área predilecta de reproducción y anidación de diversas especies animales. Durante todo el año y en diferentes áreas de la república, podemos presenciar la llegada de mamíferos, reptiles, aves e incluso insectos buscando las condiciones idóneas para su reproducción.

Dentro de estas especies migratorias encontramos a las tortugas marinas representadas por siete diferentes especies en el mundo, seis de las cuales arriban año con año a nuestro país. Durante todo el año, el Pacífico mexicano recibe a miles de tortugas, que aprovechan el clima cálido de esta zona para depositar sus huevos. Para el litoral del Golfo y Caribe mexicano la temporada de reproducción de las especies de tortuga marina va de abril a septiembre.

Las tortugas son seres con inmenso valor cultural. Durante el México prehispánico tuvieron importancia simbólica y ritual. Hoy, su llegada a nuestras playas alimenta nuestro capital natural y patrimonial, además de formar parte esencial en el eslabón de la compleja interrelación de las especies del mar y la tierra.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las especies de tortuga Carey, Laúd del Pacífico Oriental y Lora (esta última endémica del Golfo de México) están en peligro crítico de extinción, las tortugas Caguama y Verde se hallan en peligro, mientras que la tortuga golfina está en la categoría de vulnerable. Si bien en México, las tortugas marinas se encuentran en veda desde hace veinticinco años, existen resultados alentadores en cuanto al aumento en el número de anidaciones de tortuga golfina y lora, aunque en los últimos cuatro años para la tortuga lora se presenta una disminución del número de nidos que causa preocupación entre los especialistas. Por lo anterior es necesario intensificar los operativos y las medidas de conservación que encabeza el Estado mexicano.

Hoy se sabe que la realización de las acciones de conservación que lleva a cabo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los operativos que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Marina, en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, principalmente, han contribuido a proteger más del noventa por ciento de la anidación de la tortuga Laúd en las playas índice del Pacífico, así como a monitorear aproximadamente el ochenta por ciento de la anidación de la tortuga golfina en Oaxaca.

A pesar de estos avances y los resultados de otras acciones coordinadas por la sociedad civil, es indispensable fortalecer las acciones de protección directa en el espectro completo de las seis especies marinas identificadas en territorio nacional. De igual manera, es imperativo contar con una mejor difusión sobre la implementación y alcance de los operativos, a fin de que la población esté consciente de la importancia y los retos inmediatos que plantea la conservación. Finalmente, también es necesario redoblar la participación de las comunidades rurales e indígenas en los esfuerzos oficiales de conservación y generar conciencia sobre los beneficios que ésta plantea para ellas y para la ciudadanía en general.

Considerandos

1. El artículo 32 Bis, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la obligación de vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con aguas, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes.

2. El artículo 32 Bis, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal indica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la responsable de organizar y administrar áreas naturales protegidas y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales.

3. El artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre establece que ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivados.

4. El artículo 76 de la Ley General de Vida Silvestre mandata que la conservación de las especies migratorias se lleve a cabo mediante la protección y mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y seguimiento de sus poblaciones, así como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional.

5. El artículo 104 de la Ley General de Vida Silvestre determina que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene el encargo de realizar actos de inspección y vigilancia necesarios para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, con arreglo a lo previsto en dicha Ley, así como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y que, igualmente, debe llevar un padrón de los infractores.

6. El artículo 105 de la Ley General de Vida Silvestre prevé la creación de Comités Mixtos de Vigilancia con la participación de las autoridades municipales, de las entidades federativas y las federales, con el objeto de supervisar la aplicación de las medidas de control y de seguridad en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

7. El artículo 420 del Código Penal Federal específica, en su fracción 1, que son actividades ilícitas la captura, daño y privación de la vida de las tortugas marinas, así como la recolección o almacenamiento de cualquier forma de sus productos o subproductos; asimismo, que establece las sanciones correspondientes y menciona los casos agravantes.

8. El artículo 420 del Código Penal Federal especifica en su Fracción IV que constituye delito el traficar, capturar, poseer, trasportar, acopiar, introducir al país y extraer del país ejemplares, productos o subproductos de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial o reguladas por algún tratado internacional del que México sea parte.

Por lo expuesto, y con fundamento en la disposición señalada en el proemio, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a sus órganos desconcentrados, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a intensificar los esfuerzos de conservación de las seis especies de tortugas marinas en territorio nacional, fortalecer las acciones para evitar el saqueo de nidos durante la presente temporada de arribo, reforzar la participación de las comunidades rurales e indígenas, y de la ciudadanía en general, en la vigilancia y protección de las seis especies de tortugas que arriban a playas de México con fines reproductivos, así como difundir los resultados de su involucramiento dentro de la estrategia general de conservación.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina a reforzar los operativos de vigilancia en las playas de anidación con la presencia de efectivos que apoyen las acciones de conservación y vigilancia que llevan a cabo los órganos desconcentrados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar convenios de cooperación para atender la protección de las seis especies de tortuga marina durante sus temporadas de reproducción en las diferentes playas de anidación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 15 de septiembre de 2015.

Diputada Sofía González Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Veracruz a difundir las modificaciones y correcciones anunciadas el 13 de julio de 2015 respecto al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la entidad, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, diputados del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 4 de agosto de 2015, senadores y diputados integrantes de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente del Congreso de la Unión dictaminaron un punto de acuerdo por el que este órgano solicitó al gobierno del estado de Veracruz que remitiera un informe sobre las modificaciones al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz anunciadas por el mismo funcionario el 13 de julio anterior.

Textualmente, señaló el punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz que en un plazo no mayor de 15 días naturales remita a esta soberanía un informe sobre las modificaciones que se hicieron al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz anunciadas el pasado 13 de julio.

En virtud de que a la fecha, no obstante que han transcurrido en exceso los 15 días naturales otorgados para que el titular del Ejecutivo estatal rindiera el informe relativo a las modificaciones del Reglamento de Tránsito mencionado, sin que el Congreso haya recibido información alguna al respecto, es oportuno solicitarle nuevamente a dicho funcionario haga públicas las acciones que ha realizado y que anunció servirían para salvaguardar los derechos, la vida y el patrimonio de los veracruzanos.

Lo anterior se basa en la preocupación que a diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena han manifestado diversos grupos de veracruzanos debido a las evidentes muestras de inconstitucionalidad que observa el ordenamiento referido.

El reglamento que se cuestiona se expidió en acato de lo ordenado en la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobada por el Congreso local el 26 de abril del año en curso. Sin embargo, dadas las limitaciones a la libertad de expresión, de asociación y tránsito que este reglamento observa, los veracruzanos han manifestado un profundo rechazo al mismo.

Pero no sólo en materia de derechos humanos se ven afectados los veracruzanos con este ordenamiento, que sería motivo suficiente para su abrogación, sino que está la amenaza latente al patrimonio de los sujetos obligados, ante las sanciones económicas exageradas y lapidarias que contiene, y que son contrarias a la prohibición que dispone el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de multas excesivas.

Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado reiteradamente al emitir criterios que señalan de manera clara la prohibición de multas excesivas, las cuales constituyen el más drástico y radical concepto de sanción económica dentro del derecho represivo, estableciendo claramente que tratándose de ilícitos administrativos éstas quedan prohibidas, de acuerdo con lo que señala el artículo 22 constitucional.

Esta prohibición no se acata en el Reglamento de la Ley Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el 16 de junio del año en curso, pues de su texto no se nota que el propósito sea ordenar el tránsito o dar seguridad a los automovilistas y transeúntes, o bien orientar la circulación vial en aras de la movilidad armoniosa y pacífica en Veracruz. Nada de eso se atiende en las disposiciones que integran el ordenamiento en cuestión. Lo que sí se advierte del mismo es una esencia netamente recaudatoria, pues las multas por las infracciones que ahí se establecen fueron incrementadas mil veces en relación con el anterior reglamento.

Así tenemos que las sanciones que establecía el reglamento de 1988 que se abroga con la expedición del que se cuestiona, integradas en los capítulos I y II del título decimoprimero, señalaba como multas sanciones de 1 a 20 días de salario mínimo, en tanto que el reglamento actual establece en el capítulo III del título decimoctavo, como sanción económica mínima la de 10 días de salario mínimo y máxima la de 350, las que aún podrán incrementarse si se califican como graves, ante una eventual reincidencia.

No se requiere un gran análisis para saber que los incrementos exagerados que observa este nuevo reglamento provocarán de inmediato un incremento en la corrupción, pues por citar unos ejemplos, por algo tan común como pasarse una luz preventiva, en Veracruz, se pagarán 65 salarios mínimos, es decir 4 mil 438 pesos; no portar llanta auxiliar generará una multa de 15 salarios mínimos, esto es mil 24.20; si no se cuenta con extintor 682.80 o si falta herramienta complementaria 819.36. ¿Quién puede dudar que en lugar de beneficiar, la aplicación de estas disposiciones generará en todos los órdenes desorden?

No es suficiente considerar que contra este reglamento los ciudadanos veracruzanos puedan acudir a la justicia de la unión en busca de amparo. La mayoría de la población a la que afecta no cuenta con los recursos ni con las facilidades para involucrarse en trámites judiciales y administrativos de cuyo resultado nada puede asegurarse.

Esta soberanía no puede ser indiferente a lo que les duele a los veracruzanos ni a ningún ciudadano mexicano al que se violenten sus derechos humanos. Para Morena es prioritario el respeto a los derechos fundamentales; brindar confianza y certeza jurídica a sus habitantes debe ser una obligación para las autoridades de cualquier estado de la república, generar un ambiente de paz y armonía se requiere en cualquier rincón de nuestro México tan lastimado por la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

El 13 de julio del año en curso, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció modificaciones y correcciones al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las cuales fortalecerían el marco de libertades y responsabilidades, según dijo. Esto resulta urgente a fin de garantizar los derechos y salvaguardar los bienes que jurídicamente deben ser tutelados por un estado de derecho.

Una mejor cultura ciudadana no se logrará con medidas restrictivas e impositivas que laceren la de por sí lastimada, económicamente, clase media mexicana, que finalmente será la que resulte más afectada en Veracruz con la aplicación de este reglamento. Por tal razón, dada la exposición generalizada en que se encuentran los obligados debe hacerse un respetuoso recordatorio e insistir al gobernador de Veracruz, que dé a conocer a esta soberanía las modificaciones y correcciones que anunció el 13 de julio de 2015, y que señale de qué manera se garantizarán los derechos fundamentales de los sujetos a que se aplicará el reglamento citado.

En tal virtud, los diputados que suscriben someten a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador constitucional de Veracruz a que haga públicas las modificaciones y correcciones anunciadas el 13 de julio de 2015 al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, y cómo éstas garantizarán el respeto a los derechos fundamentales de los peatones y automovilistas de la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.

Diputados: Rocío Nahle García, Cuitláhuac García Jiménez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial sobre desapariciones forzadas, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Candelaria Ochoa Ávalos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como por los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se constituye la Comisión Especial sobre Desapariciones Forzadas de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

La creación de una Comisión Especial debe perseguir una finalidad estratégica y objetivos claros, que sirvan para tomar decisiones correctas en beneficio de los ciudadanos.

El fin de una Comisión Especial es conocer una problemática presente, y darle a la brevedad posible una solución positiva, siempre tomando en cuenta el sentir y opinión de los directamente afectados. No demos olvidar que este órgano es un medio para la resolución de los diversos problemas de la sociedad.

II. Las desapariciones forzadas de personas se han convertido en un fenómeno delicado y persistente en nuestro país, alcanzando una situación alarmante que tuvo su máxima expresión con la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Actualmente, se estima que en México hay más de 20 mil personas desaparecidas. Hoy, el Estado mexicano enfrenta un reto histórico para enfrentar este fenómeno y darle garantías a los ciudadanos de protección de los derechos humanos.

En el año 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el texto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, la cual fue celebrada y firmada en Paris el 6 de febrero de 2007, que establece una serie de obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los Estados signatarios, entre las que destacan: la cooperación, la prestación de todo el auxilio posible para asistir a las víctimas, así como la realización de esfuerzos para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, de la exhumación, identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos; asimismo, el compromiso de que cada Estado parte asegurará el establecimiento y mantenimiento de uno o varios registros oficiales y/o expedientes actualizados de las personas privadas de libertad, que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial.

La desaparición forzada de personas, es entendida en el Artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidades, como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.1

III. Es importante destacar que recientemente fue promulgada la reforma al artículo 73 constitucional, donde se le confiere al Congreso de la Unión la facultad de emitir la legislación general en materia de desapariciones forzadas, por lo que esta Legislatura enfrentará el reto de generar una normatividad apegada a los más altos estándares internacionales y a las exigencias del pueblo mexicano. Esto sin mencionar la importante labor de vigilancia que deberá desarrollar para enfrentar el fenómeno de las desapariciones forzadas, que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la protección de los derechos humanos en México.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se crea la Comisión Especial sobre Desapariciones Forzadas de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO. El objetivo de la Comisión Especial sobre Desapariciones Forzadas será el estudio del fenómeno de desapariciones forzadas en México para impulsar una legislación acorde a las exigencias y necesidades del país y en apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como conocer y dar seguimiento puntual a las políticas encaminadas a la procuración de justicia en materia de desapariciones forzadas.

TERCERO. La Comisión Especial sobre Desapariciones Forzadas estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, en el número que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando el equilibrio y pluralidad que guarda la composición de esta Legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

CUARTO. La Comisión Especial sobre Desapariciones Forzadas tendrá vigencia a partir de la publicación del presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, y hasta el 31 de agosto de 2018.

Ciudad de México, 15 de septiembre de 2015.

Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich, Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SEP a realizar una campaña nacional de prevención del suicidio, a cargo del diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Manuel Alexander Zetina Aguiluz, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I; 62, numeral 3; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1976) como “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera que sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil”.

La OMS ha referido que el suicidio es un problema de salud pública, ya que más de 800 mil personas mueren cada año y es la causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad, hay indicios de que por cada adulto que se suicida se generan alrededor de 20 intentos de suicidio.

El incremento de las muertes autoinfligidas en el mundo provocó que la Organización Mundial de la Salud instituyera el 10 de septiembre como Día Mundial para la Prevención del Suicidio, al ser un fenómeno que puede ser evitado.

Las muertes autoinfligidas se han convertido en un problema de salud pública para México, así lo muestran las estadísticas realizadas en 2013 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y refieren que en el país se presenta una tasa de cerca de cinco suicidios por cada 100 mil habitantes.

Las estadísticas del Inegi en 2013 reportaron un total de 5 mil 909 muertes autoinfligidas, mientras que en 2003 la estadística total era de 4 mil 104, lo que muestra un incremento de mil 805 decesos por esta causa.

En la República se presenta un mayor número de muertes autoinfligidas en hombres. En 2013 la tasa de mortalidad por esta causa fue de 8.1 por cada 100 mil hombres y de 1.7 suicidios por cada 100 mil mujeres, así lo reportó el Inegi, según las mismas estadísticas, ocurren más de cuatro suicidios de hombres por cada suicidio de una mujer.

Es una problemática que afecta por igual a mujeres y hombres en cualquier etapa de la vida, sin distinguir edad, condición económica, situación laboral, entre otros factores como:

• Biológicos: el derivado de enfermedades físicas graves, padecimiento de alguna enfermedad de carácter terminal, la disminución en los niveles de serotonina en el cerebro, la hiperactividad del eje hipotálamo-hipofiso-suprarrenal, esquizofrenia, etcétera.

• Psicológicos: depresión, angustia, una autoevaluación negativa con auto rechazo, desvaloración, culpa, sensación de impotencia, desesperación, sentimiento de desamparo, trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, entre otros.

• Sociales: bullying, alcoholismo, drogadicción, acceso a armas de fuego, desintegración familiar, antecedentes de abandono o maltrato, fracaso en la resolución de problemas interpersonales, altos niveles de desesperanza con respecto al futuro, etcétera.

• Económicos: falta de empleo, exceso de deudas, salarios bajos, entre otros.

• Culturales: vivir en comunidades en donde ha habido brotes recientes de suicidio en personas jóvenes, la discriminación, etcétera.

La presencia de factores sociales, económicos, culturales y psicológicos vulnera principalmente a los adolescentes, al ser un periodo en el que comienzan a experimentar situaciones que pueden poner en riesgo la salud, el bienestar y la vida de cada persona. En 2011 se registraron 859 suicidios en adolescentes de 15 a 19 años, lo que representaba una tasa de 7.7 muertes por cada 100 mil adolescentes, así lo reportó el Inegi.

Para 2013, 40.8 por ciento de los suicidios ocurren en jóvenes de 15 a 29 años.

Es importante generar mejores programas de prevención en todas las entidades federativas, principalmente las que mayor tasa de suicidios presentan como el estado de México que en 2013 reportó 604 muertes autoinfligidas, Jalisco con 493 y el Distrito Federal con 431, según datos del Inegi.

En mayo de 2013 se llevó a cabo la 66 Asamblea Mundial de la Salud que adoptó el primer plan de acción sobre salud mental de la historia de la Organización Mundial de la Salud, teniendo a la prevención del problema como parte integrante del plan para reducir en 10 por ciento el índice de muertes autoinfligidas para 2020.

Las conductas que generan las muertes autoinfligidas son totalmente prevenibles, por lo que se requiere de la creación de una campaña nacional de concientización y prevención del suicidio, que involucre a la Secretaría de Salud para la promoción de la salud mental y la atención primaria de la misma.

En este mismo sentido y para disminuir la vulnerabilidad que presentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes, es trascendente que la Secretaría de Educación Pública forme parte de la creación, participación y desarrollo de una campaña nacional, que tenga como base los valores, el bien común y la integridad.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza conscientes de la problemática que enfrentamos y de la importancia que tiene prevenir el fenómeno del suicidio, que afecta y lastima a todos los integrantes de familias mexicanas que se ven afectadas por este fenómeno, consideramos fundamental emprender una campaña nacional de prevención del suicidio, que disminuya estos hechos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, a emprender una Campaña Nacional de Prevención en materia de suicidio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.

Diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a difundir el estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, bajo las siguientes

Consideraciones

Fundamental resulta para esta soberanía, conocer plenamente del estado que guarda el ejercicio de los recursos públicos por todos los sujetos obligados.

La discusión del paquete económico, en un ambiente como el que actualmente vivimos, requiere de la mayor colaboración de los organismos del Estado mexicano con esta Cámara de Diputados, ya que el paquete incluye el análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos en una dimensión diferente, con una visión de austeridad y eficiencia. Al mismo tiempo, se ha expresado la convicción de la actual administración de elevar los niveles de transparencia y, al mismo tiempo, responder al derecho de los ciudadanos a la información pública bajo el principio de la máxima publicidad.

Esta soberanía tendrá que estar consciente de que la sociedad mexicana reclama su derecho a estar plenamente informado de las acciones de sus gobernantes. Las legisladoras y los legisladores tenemos que ser factor para que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones presentando ante su vista la información que se genera en el gobierno.

Tenemos que disminuir la opacidad en el manejo de los recursos públicos como una acción contundente y firme que exponga a quienes, en el gobierno, no cumplan con sus obligaciones legales o con una ética profesional propia de un servidor público o de un representante popular.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015 tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Esta ley tiene entre sus objetivos distribuir competencias entre los organismos garantes de la federación y las entidades federativas, en materia de transparencia y acceso a la información; establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información; establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos; establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente; regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región; propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan, entre otras.

En esta materia, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, en el documento Transparencia y protección de datos personales en la procuración e impartición de justicia señaló que la SCJN estableció el criterio de que el derecho a la información se compone de una facultad o atribución doble; por una parte el derecho a dar información, y por otra, el derecho a recibirla; asimismo, aseveró que el estado, como sujeto informativo que genera información se encuentra obligado a comunicar a los gobernados sus actividades y éstos tienen el derecho correlativo de tener acceso libre y oportuno a esa información.

De este material, rescatamos, para los fines de la proposición, la sentencia de la ministra, de que toda la información que se encuentra en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de cualquier ámbito de gobierno, es pública, derivando de ello, el principio de máxima publicidad.

Al respecto, la materia de transparencia se encuentra reglamentada, fundamentalmente por dos normas: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal; y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya fue señalado, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

La presente proposición pretende, como establecen los artículos transitorios octavo y décimo de la ley general, que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que obsequie a la Cámara de Diputados un informe pormenorizado del estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia; así como el cumplimiento de los municipios con menos de 70 mil habitantes con la General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Adicionalmente, que los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados implementen a la brevedad posible, las medidas que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, como lo es la que mandata el artículo decimotercero: “Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.”

Otra medida, derivada de la ley general en comento, es que resulta necesario poner en la agenda de esta Cámara, la obligación de integrar un Comité de Transparencia.

Comité que tenga las funciones de instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información; promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos a las unidades de transparencia; establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del sujeto obligado; recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual, entre otras.

También, la propuesta pretende que la Auditoría Superior de la Federación entregue a la Junta de Coordinación Política un informe detallado de sus actividades como miembro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Debido a que, de acuerdo con el artículo 30 la ley general citada, la Auditoría Superior de la Federación pertenece, junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los organismos garantes de las entidades federativas, el Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

A destacar resulta que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se instaló el 23 de junio de 2015. Con la instalación del Consejo Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se pretende transparentar la función de gobierno, auditar los recursos públicos, escudriñar el gasto de los partidos y sindicatos, e incluso de las fundaciones y agrupaciones civiles que reciben fondos federales.

Es fundamental que las y los legisladores cuenten con la información necesaria y actualizada de la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las próximas discusiones de la agenda legislativa nacional en la LXIII Legislatura federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que dé a conocer a la opinión pública el estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia; así como el cumplimiento de los municipios con menos de 70 mil habitantes como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a sus órganos de gobierno a implementar a la brevedad posible, las medidas que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015; asimismo exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a entregar a la Junta de Coordinación Política informe detallado de sus actividades como miembro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y al destino de los bienes del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición

Consideraciones

En septiembre de 2014, con motivo de su segundo informe de gobierno, el Presidente de la República anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), programado para iniciar en 2015, en terrenos del ex Lago de Texcoco; esto ante la saturación de vuelos que presenta el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AIBJ).

De acuerdo al anuncio realizado, de la inversión inicial, que ascendería a 169 mil millones de pesos, el plan prevé que 58 por ciento de esos recursos sean de origen público y 42 por ciento de procedencia privada. El dinero público se compondrá de ingresos fiscales multianuales, inversión y excedentes. El privado provendrá de créditos bancarios y la emisión de bonos gubernamentales, anunció que ya realizó el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.1

Sin embargo, es notorio que el monto de la inversión inicial podría variar a partir de los desajustes financieros derivados de la paridad peso-dólar, esto por la devaluación del primero frente al segundo ocurrida de un año a la fecha, habida cuenta que, parte de los insumos y de las tecnologías necesarias para el proyecto provienen del extranjero; sin que el gobierno federal haya aclarado tal situación. De ahí la trascendencia del punto de acuerdo que en este acto se propone.

De esta forma, y de acuerdo a declaraciones a través de la SCT; el proyecto contempla tres etapas: De 2015 a 2020. Inicia con obras hidráulicas, infraestructura aeroportuaria y la licitación del proyecto. La Segunda Etapa deberá iniciar en 2020, fase durante la cual se construirán otras 3 pistas con operaciones triples simultaneas. La tercera etapa no se ha detallado, aunque el Presidente anunció que en los terrenos del actual aeropuerto se construirá una zona habitacional con servicios de salud, áreas comerciales, culturales y deportivas y un centro de convenciones para los trabajadores del aeropuerto. De tal forma que el NAICM llegará a su máxima capacidad en el año 2065.

Es importante llamar la atención a que el proyecto de un nuevo aeropuerto no fue contemplado como parte del Programa de Inversiones de Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018. Y se registró en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 21 de marzo de 2014.

También se advierte que, en el proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha estado ausente la transparencia de las acciones de gobierno, así como el incumplimiento a las normas del sistema de planeación democrática y deliberativa que garantiza el artículo 26 apartado A de la Constitución.

Tal situación acontece no sólo por la falta de un procedimiento reforzado de consulta popular y de participación ciudadana, donde los habitantes del Valle de México debieran ser protagonistas, sino también, porque en el proceso de planeación del desarrollo, pretendidamente democrático y deliberativo, el Congreso de la Unión ha tenido un papel secundario, casi de figura decorativa; no obstante sus facultades constitucionales y legales.

Llamo la atención del pleno y de la Junta de Coordinación Política, en cuanto a que, en el caso que se plantea, el Congreso de la Unión debe tener, como Poder del Estado Mexicano, la intervención que la ley le señale dentro del sistema de planeación nacional del desarrollo; una intervención proactiva, tanto para dar seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, como para propiciar el adecuado destino de los bienes que hoy conforman el aeropuerto internacional Benito Juárez, mediante la emisión de los acuerdos, leyes y decretos que sean menester.

Es importante tener en cuenta que, si el proyecto de nueva terminal aérea que se construirá en el ex Lago de Texcoco, y el manejo y destino de los bienes que conforman el actual aeropuerto internacional, tendrán proyecciones a largo plazo, según se desarrolle cada una de las etapas, comprometiéndose recursos que van más allá del sexenio. La Cámara de Diputados debe intervenir conforme a la ley para estar en condiciones de garantizar a los ciudadanos que el manejo de los recursos presupuestarios plurianuales que, al efecto, sean asignados en la mega obra, y que sean respetados los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México, sin propiciar daños colaterales o impactos en la calidad de vida de los vecinos del actual aeropuerto.

Sobre todo porque las autoridades responsables del proyecto de nuevo aeropuerto no han hecho referencia a la situación en que quedará el actual, ni a sus implicaciones económicas, sociales y culturales.

De esta manera, la enorme cantidad de recursos económicos de los Presupuestos de Egresos de la Federación, que serán puestos a disposición de las autoridades responsables del proyecto de nuevo aeropuerto internacional, justifica la atribución de los legisladores federales, como representantes de la Nación, de garantizar la administración bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos, a fin de que su aplicación satisfaga los objetivos a que están destinados, como ordena el artículo 134 constitucional.

En ese contexto, es obvio que un proyecto de tal magnitud conlleva la existencia o inminencia de múltiples impactos; tales como: los ambientales urbanos, las inundaciones, la carencia o insuficiencia de agua potable de uso doméstico, la expansión y el crecimiento desordenado de áreas aledañas al actual y al nuevo aeropuerto que se proyecta, aunado a otros severos efectos que se producirán por la ubicación geográfica de la nueva terminal aérea, incluyendo cierta fragmentación y desarticulación de localidades de esa región, problemas de movilidad, vialidades y transporte, así como como los que atañen a los empleos directos e indirectos asociados actualmente al funcionamiento del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, muchos de los cuales desaparecerán.

No obstante, se desconoce con precisión qué medidas implementa el Estado mexicano para salvaguardar plenamente el ejercicio de los derechos humanos laborales, de servicios públicos y medioambientales de los potenciales afectados, pues no informa qué acciones realiza o tiene previstas para atenuar o evitar el impacto económico que, sin duda, el proyecto de nuevo aeropuerto producirá en el nivel de vida de los habitantes de colonias colindantes con el actual, teniendo en cuenta que el polo de desarrollo se trasladará a varios kilómetros del que durante décadas ha tenido.

El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, informó en 2014, pocos días después del anuncio del proyecto, que el espacio que alberga a la terminal actual será recuperado para que ahí se construyan escuelas, hospitales, plazas públicas, áreas verdes y negocios. Entre las acciones concretas de recuperación que se planean, se incluye el desarrollo del Bosque Metropolitano, con un área de 670 hectáreas, y el acondicionamiento de nuevos humedales y depósitos de basura que generen biogás. De acuerdo al discurso dado por la Secretaría a cargo, el proyecto prevé la protección del hábitat para evitar afectaciones a especies vulnerables y la desaparición de molestias por el ruido del tráfico aéreo para la población capitalina.

El 15 de octubre de 2014, se lanzó el concurso “abierto”2 para convertir las 746 hectáreas que ocupa actualmente el aeropuerto, en un pulmón verde para el Distrito Federal. Se esperaba que más de 500 proyectos se inscribieran en el concurso que fue convocado por la revista Arquine.3 En conferencia de prensa el director de la revista señaló tres puntos que nos deben llamar la atención:

• “Lo que se pretende es que este evento sirva como catalizador de desarrollo y crecimiento de la zona oriente del Valle de México, una de las más pobladas y complejas".

• “Los proyectos concursantes deberán considerar, entre otras características, convertir esas hectáreas en un pulmón verde con un vaso regulador de agua pluvial”.

• “Además recomendamos en la convocatoria colocar un centro de exposiciones internacionales que promueva el flujo y la inversión en favor de la zona, y un área destinada a vivienda y sus respectivos servicios".

Y Simón Neumann,4 en esa misma conferencia de prensa informó que los proyectos también deberían incluir soluciones que permitan optimizar la conectividad con las principales vías de la capital y el nuevo aeropuerto.

Esa es una decisión que, desde luego, debería ser tomada en consulta con los ciudadanos que habitan las colonias cercanas al aeropuerto Benito Juárez, con especialistas en urbanismo, y con las autoridades competentes.

También es de mencionar que, desde la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico se ha lanzado una convocatoria al Foro Internacional la Gran Transformación Urbana Aeropuerto y Ciudad,5 que se llevará a cabo los próximos 22 y 23 de septiembre del año en el Auditorio del Museo Rufino Tamayo curso y que de acuerdo al titular de la Secretaría “tiene el objetivo de iniciar una discusión pública, abierta e informada, acerca de las posibilidades sociales, urbanas y económicas que ofrece la salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del terreno que actualmente ocupa (710 hectáreas)”. Cabe mencionar que éste foro es un mandato del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, bajo el argumento de iniciar la elaboración documentada de la opinión de la Ciudad de México.

Al respecto, hay diversas opiniones que hasta ahora indican que es irreversible dicho proyecto. El argumento, sin duda alguna, es válido. Pero hasta el día de hoy ningún servidor público se ha acercado a la población que será afectada, más de lo que ya viven las afectaciones de la construcción de la Terminal 2. Y aunque nos sea difícil aceptar la zona nororiente del distrito federal, en sus alrededores se fueron creando cinturones de miseria caracterizados por falta de servicios públicos y se integraron pueblos como Iztapalapa y Ecatepec, y se desarrollaron zonas como Chimalhuacán y Texcoco. Las zonas salitrosas del ex lago se convirtieron en fraccionamientos para poblaciones de ingresos bajos y funcionaron como zonas dormitorio,6 ya que la población se desplazaba a trabajar a las zonas industriales del Norte y Centro de la ciudad. Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chicoloapan y viejo lago de Chalco son zonas en las que sus habitantes han sufrido inundaciones de aguas negras durante varios años, y que hasta el día de hoy el gobierno federal no ha querido poner atención y corregir en beneficio de la población.

Quizá lo único que no estará ausente en la ejecución del proyecto de nuevo aeropuerto, y en el desmantelamiento y cancelación gradual de las operaciones del actual, es el grave problema de la especulación con la tierra y la vivienda, derivado de la típica corrupción e impunidad de algunos servidores públicos; los consabidos conflictos de interés que surgen a la luz pública, como en el caso de obras urbanísticas cuyo esquema pretende privilegiar la inversión privada en un alto porcentaje; es decir: la privatización, que no compartimos.

En tales condiciones, conviene destacar que, una de las facultades de la Cámara de Diputados, conforme lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es la creación de comisiones especiales, mediante acuerdo del pleno, cuando se estimen necesarias para un asunto específico, como en el caso (consideramos) lo es, el dar seguimiento, vigilar, impulsar acuerdos y, en general, adoptar las medidas legislativas o de otro carácter a efecto de que, por una parte, la ejecución del proyecto de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se construirá en el ex Lago de Texcoco, así como las decisiones que se adopten sobre el predio e instalaciones del aeropuerto Benito Juárez, sea un proceso democrático y deliberativo en el que se respeten y protejan los derechos humanos en juego.

De esta manera, se advierte que una de las decisiones trascendentes, en las condiciones actuales de habitabilidad de la capital del país, es la necesaria protección del medio ambiente, el fomento de los derechos a la cultura, el deporte y la recreación, el fomento al empleo, el acceso y disponibilidad de agua potable para consumo doméstico, al transporte y medios de comunicación eficientes, modernos y seguros, y a la movilidad urbana.

Razón por la cual, esta Cámara de Diputados debe interactuar con los ciudadanos y las autoridades competentes, federales y del Distrito Federal, a través de una comisión especial de diputadas y diputados, plural y participativa, que implemente medidas tendentes a impedir que, en el caso de la construcción del aeropuerto del ex Lago de Texcoco, y en el desmantelamiento gradual del actual aeropuerto, ganen terreno la especulación del suelo y la vivienda, la corrupción y la colusión de funcionarios públicos.

Siendo, también, notorio que la Ciudad de México requiere de un nuevo bosque urbano que oxigene el aire que respiramos, aunado a la necesidad de que el diseño de las ciudades y las políticas públicas que para ello se instrumenten deben armonizar el medio ambiente con las decisiones y actos de autoridad, a fin de que, efectivamente, el poder público en nuestro país se instituya en beneficio del pueblo, y no de intereses privados, cuyo fin es frecuentemente el lucro y la ganancia, y no el interés público que los representantes de la Nación estamos llamados a defender.

En esa tesitura, se propone que el pleno de esta Cámara, apruebe la creación de una Comisión Especial de seguimiento del proyecto de nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y al destino que tendrán los bienes y terrenos en que se ubica el actual aeropuerto, con el número de integrantes y junta directiva de la comisión especial que, al efecto, determine y comunique al pleno la Junta de Coordinación Política, garantizando la pluralidad y proporcionalidad en su integración.

Derivado de lo expuesto con antelación, es que se propone que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados haga suya, y en su oportunidad presente al pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados acuerda de conformidad la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y al destino de los Bienes del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Segundo. La comisión especial creada por el presente acuerdo tendrá el objeto de su denominación, ejerciendo sus atribuciones y facultades en la forma más amplia que en derecho proceda, y su duración será por toda la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Tercero. La comisión especial que por el presente Acuerdo se crea se integrará por los diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de ésta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. Para cumplir su objeto, de manera enunciativa y no limitativa, la comisión especial podrá requerir y allegarse la información que estime pertinente, así como reunirse con autoridades competentes de cualquier orden de gobierno, así como de organismos descentralizados, órganos autónomos y cualquier ente público o personas que tengan relación directa o indirecta con el proyecto de nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, así como llevar a cabo cualquier otra acción concerniente a su objeto y en el ámbito de su competencia.

Quinto. En el ejercicio de sus atribuciones, la comisión especial respetará en todo tiempo el principio de máxima publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad, poder o ente público, relativo a la construcción del nuevo aeropuerto y al destino de los bienes del actual; en consecuencia, publicará, periódicamente y en tiempo real, la información atinente.

Notas

1 http://www.altonivel.com.mx/50543-mexicanos-podran-invertir-en-bonos-pa ra-nuevo-aicm.html

2 http://www.arquine.com/concurso/concurso-arquine-no-17-pulmon-metropoli tano-de-oriente/

3 Cabe señalar que la nota 2 se insertó el día 03 de septiembre mientras se elaboraba. Para el día 04 de septiembre la página de la revista ya no estaba disponible en la web.

4 Titular de SEDUVI hasta octubre de 2014.

5 http://www.sedecodf.gob.mx/sedecoindex.php?option=com_content&view= article&id=349:foro-internacional-la-gran-transformacion-urbana-aer opuerto-y-ciudad-1&catid=106:noticias&Itemid=435

6 Una ciudad dormitorio es una comunidad muy grande urbana de carácter esencialmente residencial, cuyos habitantes en su mayoría viajan diariamente a trabajar a una localidad cercana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015

Diputados: Martínez Neri Francisco (rúbrica), Acosta Naranjo Guadalupe (rúbrica), Ortega Álvarez Omar (rúbrica), Alanís Pedraza Ángel II (rúbrica), Amador Rodríguez Leonardo (rúbrica), Aragón Castillo Hortensia (rúbrica), Arguijo Herrera Tania Victoria (rúbrica), Barón Ortiz Natalia Karina (rúbrica), Barrientos Ríos Ricardo Ángel, Basave Benítez Agustin Francisco de Asís, Beltrán Reyes María Luisa (rúbrica), Bocanegra Ruiz Elio, Briones Pérez Érika Irazema (rúbrica), Calderón Torreblanca Fidel, Carrera Hernández Ana Leticia, Castelán Mondragón María Elida (rúbrica), Catalán Padilla Olga (rúbrica), Contreras Julián Maricela, Cruz Molina Eva Florinda (rúbrica), Estefan Garfias José Antonio (rúbrica), Fernández González Waldo (rúbrica), Ferrer Ábalos Óscar (rúbrica), Flores Sonduk Lluvia (rúbrica), García Bravo María Cristina Teresa (rúbrica), García Calderón David Gerson (rúbrica), García Chávez Héctor Javier (rúbrica), Gaytán Hernández Cristina Ismene (rúbrica), Hernández Alcalá J. Guadalupe (rúbrica), Hernández Mirón Carlos (rúbrica), Hernández Soriano Rafael (rúbrica), Hurtado Arana Karen, Jiménez Rumbo David, Juárez Blanquet Érik, López Sánchez Sergio, Madrigal Sánchez Araceli (rúbrica), Maldonado Venegas Luis, Martínez Soto Norberto Antonio, Martínez Urincho Alberto (rúbrica), Meza Guzmán Lucia Virginia (rúbrica), Nava Palacios Francisco Xavier, Octaviano Félix Tomas (rúbrica), Ojeda Anguiano Jerónimo Alejandro (rúbrica), Ordoñez Hernández Daniel (rúbrica), Parra Álvarez Evelyn (rúbrica), Peralta Grappin Héctor (rúbrica), Pérez Alvarado Candelario (rúbrica), Pool Pech Isaura Ivanova, Ramírez Peralta Karen Orney (rúbrica), Reyes Álvarez Felipe (rúbrica), Rubio Quiroz Juan Fernando (rúbrica), Saldaña Moran Julio (rúbrica), Santana Alfaro Arturo (rúbrica), Santiago López José (rúbrica), Saucedo Reyes Araceli (rúbrica), Soto Espino Armando, Soto González Cecilia Guadalupe, Tinoco Soto Miriam (rúbrica), Valencia Guzmán Jesús Salvador (rúbrica), Wences Real Victoriano (rúbrica), Zambrano Grijalva José de Jesús (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de movilidad, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Jonadab Martínez García, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como por los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se constituye la Comisión Especial de Movilidad de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

El Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la legislatura, el secretario general de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

La creación de una comisión especial debe perseguir una finalidad estratégica y objetivos claros, que sirvan para tomar decisiones correctas en beneficio de los ciudadanos.

El fin de una comisión especial es conocer una problemática presente, y darle a la brevedad posible una solución positiva, siempre tomando en cuenta el sentir y opinión de los directamente afectados. No demos olvidar que este órgano es un medio para la resolución de los diversos problemas de la sociedad.

II. Las metrópolis mexicanas enfrentan retos cruciales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, siendo la movilidad un aspecto transversal que impacta en el bienestar de las comunidades y en la viabilidad de las ciudades. La cotidiana convivencia y comunicación entre los seres humanos, depende en gran medida de la accesibilidad de movilidad, por lo que su legislación correcta tendrá por resultado el mejorar las relaciones humanas.

Se estima que aproximadamente, el 77 por ciento de la población en México vive en ciudades, y que una persona puede perder hasta 5 años de su vida en el tráfico. Adicionalmente, debe resaltarse que el 75 por ciento de la contaminación en las ciudades es generada por el transporte y el 80 por ciento de la contaminación auditiva es generada por los automóviles. Por último se estiman 14 mil muertes al año debido a la mala calidad del aire.

En cuanto al porcentaje del presupuesto destinado a la movilidad, derivado de recursos federales, el 75 por ciento se destina a infraestructura para el automóvil, 11 por ciento al trasporte público, 3 por ciento al transporte no motorizado y 11 por ciento al espacio público. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que 28 por ciento de la población se trasporta en vehículos privados motorizados, mientras que el 72 por ciento restante utiliza transporte público.

Así mismo predominan más los viajes largos con velocidades lentas que los viajes cortos a rápida velocidad. En relación a la movilidad del centro de trabajo al hogar, el tiempo promedio de recorrido es de 90 minutos, en horario pico a una velocidad de 6 kilómetros por hora y en horas no pico de 15 kilómetros por hora, en promedio.

Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la inversión en movilidad urbana sustentable no es un asunto menor, ya que la deficiencia en este tema en cuanto a las políticas públicas aplicadas, deriva en pérdidas económicas y deterioro de la salud de los habitantes de las urbes.

Por lo anterior, aumentar y mejorar la infraestructura para la seguridad peatonal, ciclista y de transporte público, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de las distintas ciudades del país, al tiempo que resulta impostergable diseñar estrategias y planes para el impulso de una movilidad sustentable y ordenada que reconozca los derechos de todos los usuarios.

El crecimiento de la demanda de viajes, sean estos privados o públicos, requiere una red de infraestructura de transporte adecuada, ya que la principal fuente del grave problema de contaminación atmosférica sigue siendo el transporte (vehículos particulares, taxis, microbuses, camiones, autobuses y camiones de carga) lo que afecta negativamente y en forma aguda y crónica a la salud de todos los habitantes, principalmente de los grupos vulnerables como son los niños y las personas de la tercera edad.

En Movimiento Ciudadano consideramos que el tema de la movilidad es de vital importancia para detonar el desarrollo de las áreas metropolitanas mexicanas, así como para garantizar una calidad de vida adecuada. Por ello, planteamos la creación de una Comisión Especial de Movilidad que se encargue de revisar la legislación al respecto y que se enfoque en imprimir una visión integral para abordar el fenómeno de la movilidad.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de Movilidad de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objetivo de la Comisión Especial de Movilidad será analizar el marco legal y normativo en la materia para buscar garantizar los derechos de los usuarios de la movilidad, así como impulsar esquemas de movilidad sustentable.

Tercero. La Comisión Especial de Movilidad estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, en el número que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando el equilibrio y pluralidad que guarda la composición de esta Legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial de Movilidad tendrá vigencia a partir de la publicación del presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, y hasta el 31 de agosto de 2018.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2015.

Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich, Jonadab Martínez García (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de puertos y marina mercante, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial de puertos y marina mercante de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el mundo, los litorales constituyen un elemento de gran influencia en el desarrollo; los puertos y las playas son ejes que articulan la inversión y el progreso. En las mayores economías del mundo el desarrollo costero ha tenido un papel importante como medida de impulso a la actividad económica.

En México el amplio potencial portuario y costero, y su dinámica económica y poblacional se localizan en las zonas altas. Diecisiete entidades federativas cuentan con 11,122 kilómetros de litorales en el Océano Pacífico y el Golfo de México, y en ellas se concentra más del 15 por ciento de la población; las zonas costeras registran las mayores tasas de crecimiento poblacional del país, y aportan cerca del 36 por ciento del producto interno bruto. No obstante, menos del 3 por ciento de la población económicamente activa se dedica a actividades relacionadas con la explotación litoral.

Sólo destacan como actividades económicas relacionadas con el sector, el turismo en sus diferentes modalidades como: el náutico, sol y playa, cultural, rural, deportivo, entre muchas más; la pesca de altura y ribereña; así como la acuacultura; y la transportación de mercancías a través de puertos comerciales de altura o de cabotaje; en materia industrial, el desarrollo en rubros como astilleros, industrias pesadas, petroquímica entre otras, son las actividades preponderantes del sector. No así la industria de la transformación, ya que de los 338 parques industriales del país, sólo nueve están ubicados en las costas.

Existen 107 puertos de los cuales sólo 24 tienen actividades relevantes y de estos, 19 son concesionados a las Administraciones Portuarias Integrales con participación patrimonial al cien por ciento de la federación, relegando a los estados y municipios a formar parte únicamente como miembros de sus consejos de administración, pero excluidos de las asambleas de socios ya que se trata de empresas constituidas bajo la Ley de Sociedades Mercantiles como sociedades anónimas de capital variable.

Las administraciones portuarias integrales federales son: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto Madero, Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Progreso, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Dos Bocas, esta última creada en noviembre de 1999.

Éstas, a su vez, ceden parcialmente sus derechos a la inversión privada para su explotación logrando un gran dinamismo. El 80 por ciento del comercio exterior del país pasa por las Administraciones Portuarias Integrales de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada y Altamira.

Actualmente, los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz han constituido sociedades mercantiles de participación 100 por ciento estatal, y han obtenido del Ejecutivo federal las concesiones de las Administraciones Portuarias Integrales para el aprovechamiento de sus litorales.

México goza de una gran biodiversidad y riqueza en recursos naturales con una baja vocación hacia las actividades marítimas y portuarias. Las zonas costeras de México se vinculan a los grandes sistemas lagunares, hermosos arrecifes, dunas, selvas tropicales y lugares de una increíble belleza natural, que por sus características y ubicación geográfica presentan amplias posibilidades para el desarrollo y bienestar de millones de mexicanos.

Los principales puertos de México cursan distintas etapas: unos en proceso de consolidación y otros con problemas de congestionamiento de carga, saturación causada por la diferente integración con otras modalidades de trasporte y por las restricciones de crecimiento por encontrarse rodeados de zonas urbanas. Del mismo modo, existen problemas operativos de carga, descarga, estiba y de seguridad.

La nación tiene además, puertos turísticos y pesqueros, la industria del turismo se considera estratégica por su amplio potencial para generar las divisas que demanda la sociedad, por su gran capacidad para generar empleos y por los efectos multiplicadores que tiene en otros sectores de la economía, también por ser un fuerte inductor de capacitación de inversión extranjera.

Las posibilidades de desarrollo de la actividad turística en distintos puertos del país, se ven frenadas por carecer de una infraestructura de transporte y de servicios turísticos adecuada y de calidad, también por la falta de una planeación que precise estrategias en cuanto a la coordinación del turismo, tanto nacional como extranjero, con los diversos lugares turísticos cercanos de las zonas portuarias.

En cuanto a los puertos pesqueros, a pesar de la importancia que esta actividad reviste y los enormes recursos potenciales a explorar, se desarrolla con límites que impiden mayor crecimiento. Es de destacar el tamaño y la reducción de su capacidad en captura de las embarcaciones de su flota, los métodos, las técnicas, las artes de pesca tradicionales; los problemas de organización, de comercialización y de financiamiento: la insuficiente infraestructura de apoyo, como adecuados atracaderos, centros de recepción, conservación y frigorífico, así como la escasa capacidad de procesamiento industrial. En términos generales, es conveniente señalar y atender la falta de integración de la producción pesquera e industrial, así como el sector turístico, que contrasta con el crecimiento dinámico de la población. La modernización de los puertos ubicados en el litoral mexicano resulta altamente prioritaria: pues de estos depende un considerable porcentaje de desarrollo de la economía nacional.

Por su ubicación geográfica, México debe fortalecer los intercambios comerciales y de inversión hacia los mercados de éste y otros continentes a través de sus puertos de altura o bien, la interacción hacia los mercados locales. Ante tal dinámica, el crecimiento de México requiere de una infraestructura portuaria acorde a las expectativas de desarrollo, y que permita aprovechar las enormes oportunidades de inversión y de turismo, a fin de fortalecer la productividad que de manera integral asegure la continuidad y el crecimiento del país.

Todo ello, sin duda representa un gran reto que necesariamente se debe afrontar, delineando conjuntamente los gobiernos federales, estatales y municipales; estrategias, objetivos y metas que permitan el logro de un desarrollo sustentable y armónico de los puertos ubicados en el litoral mexicano. Las directrices que se fijen deben elaborarse interpretando la realidad social del país, por ello, no es correcto ni viable, tratar de impulsar la economía gravando lesivamente los medios de producción de sectores tan estratégicos como el marítimo; se debe fomentar el desarrollo de la industria para garantizar la existencia de una contribución futura, mas no usufructuar el mercado en perjuicio de los ciudadanos y a favor de los extranjeros.

Con la visión de un federalismo autentico, se deberá impulsar, desde el Congreso federal, la participación de las entidades federativas y sus municipios, el fortalecimiento del sector portuario y rescate de la marina mercante para lograr beneficios directos de la globalización económica.

La temática particular que han impulsado, en los últimos años, los gobiernos estatales y municipales, así como los diversos actores se resume en lo siguiente:

• Participación de los estados y ayuntamientos en la Administraciones Portuarias Integrales;

• Autonomía de las actividades de las Administraciones Portuarias Integrales;

• Participación de la inversión privada en las Administraciones Portuarias Integrales;

• Transferencia de las capitanías de puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina;

• Administración de recintos portuarios y costeros;

• Modernización de las aduanas marítimas;

• Nuevas reglas para el establecimiento de recintos fiscalizados;

• Estratégicos y zonas de actividades logísticas;

• Seguimiento a los proyectos de desarrollo portuario;

• Rescate de la marina mercante; y

• Desarrollo de astilleros.

Por lo anteriormente expuesto, propongo la creación de una Comisión Especial de puertos y marina mercante en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de impulsar y dar seguimiento a los proyectos relacionados con la materia y vinculados a:

• Seguridad nacional;

• Equilibrio ecológico;

• Protección al medio ambiente;

• Generación de empleos;

• Crecimiento y desarrollo económico portuario e industrial;

• Turismo;

• Atracción de inversión extranjera;

• Comercio internacional;

• Aduanas;

• Recintos fiscales y recintos portuarios;

• Zonas de actividades logísticas;

• Pesca; e

• Infraestructura portuaria especializada.

Otro fundamento para la creación de esta comisión, es la necesidad de reformular tanto las estrategias para la Administración de las Aduanas Marítimas como la conveniencia de emitir lineamientos administrativos específicos en materia administración de aduanas marítimas; pues se requiere , de manera urgente, modernizar los procedimientos y controles del tránsito marítimo, esto no es un asunto sólo de seguridad nacional, deben de promoverse esquemas eficientes para su funcionamiento en un mundo competitivo, en el cual la seguridad y el tiempo de traslado de la mercancía, inciden en forma determinante en los costos, precios y rendimientos. Estudios recientes demuestran que en la próxima década, la capacidad de los puertos mexicanos actuales se verá rebasada. Por ello son necesarias nuevas reglas para establecer recintos fiscalizados estratégicos y zonas de actividades logísticas.

Además, se necesita en la organización interna de esta soberanía, un órgano especializado que fomente la productividad del sector marítimo a través de la confección de políticas públicas que garanticen la dinámica comercial en los puertos de la República Mexicana, y sobre todo, que en esta dinámica se impulse la contratación de embarcaciones nacionales, para que funcionen como vehículos de la economía mediante el transporte de mercancías, con lo cual, habrá mayor capital y más fuentes de empleo, ambas premisas indispensables para el desarrollo de la nación.

Desde la comisión, cuya creación se propone, se pueden impulsar los acuerdos entre los diversos actores para concretar en el corto y mediano plazo los siguientes proyectos:

• Ampliación del puerto de Veracruz, Veracruz;

• Ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán;

• Ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, destinados a la conformación del corredor transístmico;

• Administración de recintos costeros de influencia estatal y municipal;

• Revisión de los términos del Convenio de Colaboración Fiscal en materia de zonas federales marítimo-terrestres;

• Expansión de la escalera náutica del Pacífico;

• Desarrollo de la escalera náutica del Golfo;

• Construcción de recintos refrigerados y de empaque para productos pesqueros del mar;

• Construcción de terminales industriales metal mecánicas relacionadas a la extracción petrolera, petroquímica y refinación.

En el marco de la economía globalizada, la importancia de los puertos ha tomado una nueva relevancia. Las ciudades costeras se encuentran ante la posibilidad de impulsar el desarrollo de diversas actividades económicas que se gestan alrededor de su litoral.

Alcanzar el desarrollo portuario y de la marina mercante de México en el reconocimiento y superación de necesidades sociales y económicas, implica la realización de auténticas políticas públicas que rijan el desarrollo del litoral y posibilite la modernización del país y necesariamente el logro de mejores niveles de vida.

Modernizar los puertos ubicados en el litoral resulta altamente prioritario, es conveniente atender la falta de integración de la producción pesquera e industrial, así como el sector turístico, que contrasta con el crecimiento dinámico de la población, impulsar el cabotaje en ríos y la participación privada en las inversiones.

El desarrollo de los puertos depende de que se comprenda la importancia y trascendencia del impacto socioeconómico y territorial, que la actividad portuaria ejerce sobre la ciudad y el desarrollo sustentable de su zona de influencia más cercana, debemos implantar una estrategia regional, en la cual, la directriz se sitúe en el Ejecutivo estatal, para lograr una descentralización real y una efectiva desconcentración de las decisiones que en el marco del nuevo federalismo otorguen más facultades a las Entidades Federativas; por esto y con el objeto de lograr los proyectos estratégicos planteados en materia de desarrollo portuario, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de puertos y marina mercante de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Otórguense los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su debido funcionamiento.

Tercero. La duración de la Comisión Especial de puertos y marina mercante comprenderá desde la aprobación del presente acuerdo hasta el término de esta LXIII Legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.

Diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial en materia de desaparición forzada de personas, a cargo del diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Norberto Antonio Martínez Soto, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Según la doctrina internacional, por Desaparición Forzada de Personas debe entenderse al secuestro llevado a cabo por agentes del estado o grupos organizados de particulares que actúan con su apoyo o tolerancia, y donde las víctimas desaparecen. Las autoridades no aceptan ninguna responsabilidad del hecho, ni dan cuenta de la víctima.

Existen tres elementos concurrentes en este actuar, que son: por un lado, permite disponer de la víctima sin ningún tipo de frenos ni limitaciones legales, sociales o morales; por otro lado, crea un ambiente de impunidad, ya que se intenta realizar una actividad en la que no hay culpables, ni resultados concretos, y con una persona cuyo destino se desconoce, en definitiva, se eliminan todos los supuestos que configuran un hecho delictivo, es decir, no existiría el delito; por último, procuran generar miedo y desorientación entre los familiares de la víctima y en la población en general. Por todo esto, en la doctrina se afirma que el proceder por medio del cual se materializan las desapariciones forzadas, paraliza toda acción opositora, tanto de la víctima como de sus familiares, y dificulta, además, cualquier actuación de quienes pretendan recuperar a los desaparecidos.

Ante situaciones de este tipo, se crea un auténtico estado de indefensión. No existe recurso legal alguno que puedan intentar los familiares de los desaparecidos a fin de ubicarlos y prestarles ayuda. Mecanismos jurídicos destinados a garantizar la libertad e integridad de las personas, como el Habeas Corpus o el Recurso de Amparo, son absolutamente inoperantes.

Las personas desaparecidas por este tipo de delito, no son simples presos políticos, ni secuestrados del hampa común o de grupos organizados. En la desaparición forzada de personas, es el estado mismo quien se convierte en delincuente, al violar el ordenamiento jurídico positivo que lo obliga a ser garante de los derechos civiles y políticos de los individuos.

2. Entre los numerosos casos de desaparición forzada en nuestro país, el de Rosendo Radilla Pacheco, luchador social guerrerense, constituye un caso emblemático dado que ejemplifica la experiencia vivida por cientos de personas, familias y comunidades en nuestro país, y sienta precedente para que otros casos similares puedan ser llevados ante la justicia, y al mismo tiempo ilustra cuál ha sido la respuesta habitual del Estado mexicano frente a estos delitos de lesa humanidad.

Rosendo Radilla Pacheco fue líder social en Atoyac de Álvarez, Guerrero, trabajó por la salud y educación de su municipio y fungió como presidente municipal entre 1955 y 1956; el 25 de agosto de 1974, fue detenido ilegalmente en un retén militar entre los poblados de Cacalutla y Alcholoa, siendo visto por última vez en el ex cuartel militad de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Más de 40 años después de los hechos, el paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco sigue siendo desconocido.

El 23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia en el caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, en la que condenaba al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco en el año de 1974, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante el periodo conocido como guerra sucia , la sentencia condena a su vez por diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de la familia, de los 18 puntos resolutivos el estado sólo ha dado cumplimiento a uno.

3. El 21 de febrero de 2013 la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que el subsecretario anterior hizo entrega de una base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia (Cenapi) de la Procuraduría General de la República (PGR) que contiene una lista de más de 27 mil casos de desapariciones de este tipo. Esta es sin duda la cifra oficial más cercana a la realidad que sobre este problema hasta el momento se ha publicado y da cuenta de la magnitud de la tragedia humanitaria que se vive en nuestro país.

De estas desapariciones, la mayoría son forzadas, sin embargo son manejadas como simples secuestros, extravíos o privación ilegal de la libertad, cuando en realidad son casos de desaparición forzada debido la intervención directa o indirecta, por acción o por omisión de funcionarios públicos, donde las instituciones tiene una responsabilidad en la dinámica de criminalización de las víctimas, porque no dedican tiempo, ni los recursos, ni el aparato público a través de sus estructuras para resolver los casos de desaparición forzada, cuando no están directamente involucradas en las mismas.

4. Fue necesario que ocurriera una tragedia como la suscitada en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desparecidos, para que el tema de las desapariciones forzadas en México se planteará como un asunto de interés nacional y prioritario. Esta masacre actuó como un detonador para que la sociedad reclame justicia y fin a la impunidad.

Aun cuando han sido detenidas 80 personas, 61 policías, 17 integrantes del crimen organizado, el alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, no han sido encontrados los estudiantes con excepción de los restos de uno de ellos. Los detenidos únicamente enfrentan cargos por homicidio y delincuencia organizada, pero ninguno de ellos enfrenta cargos por el delito de desaparición forzada de personas.

El pasado 6 de septiembre de este año, un informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desplomó la versión oficial respecto del caso Ayotzinapa, al señalar que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”, por lo que debe continuar la búsqueda de los estudiantes, esta investigación independiente y foránea, critica la inacción de las fuerzas federales.

5. Pese a los esfuerzos legislativos emprendidos en la LXII Legislatura, con la presentación de diversas iniciativas, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, planteando modificaciones tanto al Código Penal Federal como proponiendo leyes generales para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas, así como para reformar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, se avanza lento en este crimen de lesa humanidad en comparación con la aguda protesta y demanda social.

Considerando

Primero. Nuestro país no cuenta con un marco legal que sirva para afrontar los casos de desaparición forzada de personas, tampoco existen cifras en un padrón real de estos casos, dejando en completo estado de indefensión a las familias de las personas desaparecidas, y en franca impunidad a las y los responsables, máxime, en la mayoría de los pocos casos documentados, no existe una investigación seria, ni seguimiento judicial; pareciera ser una constante, el desmoronamiento de las versiones oficiales al respecto, causando zozobra y furor en la sociedad. Es necesario entonces impulsar una Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, así como realizar diagnósticos y registros sobre este fenómeno, empoderar la participación de la sociedad civil en este tema, armonizar los ordenamientos legales vigentes de carácter penal, para la protección de los grupos sociales con mayor vulnerabilidad y de víctimas, para evitar contradicciones que favorezcan la impunidad, pero sobre todo se debe acompañar institucionalmente a las familias y el proceso de búsqueda exigiendo la presentación con vida de las y los desaparecidos.

Segundo. Nos encontramos ante un asunto de interés nacional y prioritario, así lo reconoció la LXII Legislatura en la Cámara de Senadores al aprobar por unanimidad el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justica, de Derechos Humanos de Estudios Legislativos Primera y Segunda, de la Cámara Alta, con relación las diversas iniciativas de reforma constitucionales en materia de desaparición forzada de personas y tortura.

Por su parte, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la minuta con proyecto de dictamen que le fue remitida por la colegisladora por el que se modifica la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Este dictamen no sólo recoge la expresión de los distintos partidos representados ante el Congreso de la Unión, sino que fundamentalmente expresa la larga lucha de la sociedad civil que no ha cejado en su empeño por más de 40 años en organizarse, difundiendo los múltiples casos de desaparición forzada, informando a la opinión pública, exhibiendo y criticando la negligencia, el abuso de poder, la corrupción o la abierta complicidad entre los órganos del estado y los perpetradores de delitos.

Tercero. Sin un marco normativo, sin una comisión en esta Cámara de Diputados que realice un trabajo especializado en el tema específico de desaparición forzada de personas, resulta un trabajo cuesta arriba coadyuvar y dar respuesta de cara a la sociedad sobre este tema, empero, no existe un seguimiento en el cumplimiento de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 18 de diciembre de 1992 de la Organización de Naciones Unidas; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém do Pára, Brasil, del 9 de junio de 1994; El Estatuto de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998; y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 20 de diciembre de 2006.

Ante tal situación, el Estado mexicano, no logra ser convincente para la sociedad civil organizada, ni para la comunidad internacional, de que existe una actitud real de las instituciones en nuestro país, que emprenda resolver el grave problema que en materia de derechos humanos afrontamos.

Cuarto. La complejidad del tema y los atroces efectos sociales que genera; nos obliga y compromete a realizar un trabajo legislativo al respecto de carácter continuo y permanente, independiente a los periodos de receso, de sesiones o a los trabajos propios ordinarios de esta nueva legislatura. A la brevedad se deberán presentar las correspondientes iniciativas sobre la materia, que permitan que México cuente con una reforma constitucional, legislación secundaria y leyes estatales, que se apeguen al estándar internacional y nos ponga en el concierto de naciones como un estado preocupado por la preservación y protección de los derechos humanos, donde se persigan y castiguen los delitos considerados de lesa humanidad.

Quinto. El trabajo sobre la desaparición forzada de personas apenas comienza, para este tema, al considerarse de especial trascendencia porque defiende la integridad de las personas, el derecho a la vida, a la seguridad jurídica y se oponen a la tortura, así como a otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes; y atendiendo a su estrecho vínculo que guarda con los derechos humanos, el combate a la corrupción, la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, resulta necesario para el mejor desahogo y atención de las tareas concernientes, crear una comisión especial en materia de desaparición forzada de personas.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, la creación de una comisión especial en materia de desaparición forzada de personas, para coadyuvar con las comisiones ordinarias a que se turnen los asuntos relacionados con esta materia, para el estudio y dictamen de los mismos, aportando opiniones especializadas y autorizadas; que impulse las diversas iniciativas necesarias para crear un marco normativo sobre la especificidad del delito, ser enlace institucional de esta Cámara con la sociedad civil y las familias de las personas desparecidas, así como con las autoridades encargadas del seguimiento de las carpetas de investigación.

Segundo. La Comisión Especial en materia de desaparición forzada de personas, estará integrada por las y los diputados que sean elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política y tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.

Diputado Norberto Antonio Martínez Soto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de programas sociales, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como por los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se constituye la Comisión Especial de Programas Sociales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que

El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

La creación de una Comisión Especial debe perseguir una finalidad estratégica y objetivos claros, que sirvan para tomar decisiones correctas en beneficio de los ciudadanos.

El fin de una Comisión Especial es conocer una problemática presente, y darle a la brevedad posible una solución positiva, siempre tomando en cuenta el sentir y opinión de los directamente afectados. No demos olvidar que este órgano es un medio para la resolución de los diversos problemas de la sociedad.

II. En el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La inclusión social y la reducción de la pobreza, son dos aspectos que demandan la atención permanente de las acciones de gobierno, en donde ambos aspectos sean atendidos de manera real y no solo se simule su atención. Solo lo que se evalúa de manera correcta puede mejorarse. Sin embargo la pobreza es multidimensional, ya que esta puede ser por falta de dinero, de educación, salud, vivienda, empleo, seguridad personal, etcétera.

La identificación y focalización espacial de la población socialmente excluida y la población en situación de pobreza constituye uno de los pilares que determinan el éxito o fracaso de una política social. De poco sirve buscar disminuir la pobreza extrema, si las personas continúan siendo pobres, lo anterior solo sirve para la estadística gubernamental, y no para el desarrollo nacional sustentable.

Cuando se abordan las privaciones de manera multidimensional, generamos una visión más amplia de la realidad, obtenemos la información suficiente y obtenemos la orientación correcta para las acciones de gobierno concretas y precisas sobre el que hacer en cuanto a reconocer las prioridades que deben tomarse en cuenta por medio de la inversión social, teniendo como resultado de ello un desarrollo sustentable.

Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, existen grupos altamente vulnerables, como los menores de edad y los adultos mayores, los cuales deben ser priorizados dentro de la focalización de los programas sociales.

Los programas sociales atienden las necesidades más apremiantes de la sociedad, por lo que es necesario que las reglas de operación de estos sean sencillas, accesibles, permitan la transparencia en cuanto a su implementación.

Por ello, evaluar el impacto positivo de los programas sociales implementados en los tres órdenes de gobierno y proponer los ajustes necesarios, es fundamental para hacer de estos un instrumento de desarrollo, y no solo paliativos asistenciales que en nada promueven un desarrollo nacional sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se crea la Comisión Especial de Programas Sociales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO. El objetivo de la Comisión Especial de Programas Sociales será evaluar el impacto positivo de los programas sociales implementados en los tres órdenes de gobierno y proponer los ajustes necesarios para su mejora y trascendencia en la política de desarrollo sustentable del país.

TERCERO. La Comisión Especial de Programas Sociales estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, en el número que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando el equilibrio y pluralidad que guarda la composición de esta Legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

CUARTO. La Comisión Especial de Programas Sociales tendrá vigencia a partir de la publicación del presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, y hasta el 31 de agosto de 2018.

Ciudad de México, 15 de septiembre de 2015.

Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)


Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar un programa que atienda la problemática de los productores michoacanos mediante apoyos para la obtención de fertilizantes, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y por conducto de su delegación en el estado de Michoacán, se implemente de manera urgente un programa que atienda la problemática de los productores michoacanos mediante apoyos para la obtención de fertilizantes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ha apoyado de manera importante la legitimidad democrática y confianza de los campesinos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se plantean diversas líneas de acción para propiciar el desarrollo integral del sector agropecuario.

En el punto VI.4. “México Próspero”, en el Objetivo 4.10. “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, se trazan diversas estrategias para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo, y fortalecer la coordinación interinstitucional para transformar el campo.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata la responsabilidad del Estado de promover el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo, garantizar a la población campesina el bienestar y propiciar su participación e incorporación al desarrollo nacional.

Por ello y en congruencia con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, se han diseñado programas que constituyen la respuesta, en lo posible, a las demandas planteadas por las organizaciones del campo. Estos programas establecen como objetivos prioritarios alcanzar la soberanía alimentaria en los productos de mayor demanda popular, así como lograr una mejor distribución del ingreso de la población rural.

El desarrollo rural debe ser una estrategia de cambio estructural que se oriente a redefinir procesos productivos, mejorar el bienestar social de los campesinos y modificar las relaciones económicas en su beneficio.

No se puede construir una gran nación si la clase campesina se encuentra rezagada en sus niveles de vida con relación a los grupos urbanos. El concepto de desarrollo rural tiene que superar la etapa de la simple redistribución de la tierra, para dar énfasis a la seguridad jurídica de su tenencia, la organización, el apoyo a la producción, mecanismos más eficientes de comercialización y la promoción del desarrollo social, todo ello sobre el supuesto de otorgar plena responsabilidad a los campesinos. Ésta es la política de modernización y cambio que el Gobierno impulsa en el campo mexicano.

Se trata de una reorientación de la estrategia, a fin de conciliar el aumento sostenido de la producción con la consecución de mayores niveles de justicia y bienestar para la población campesina, ya que el sector agropecuario presenta serios rezagos en relación con otros segmentos de la economía, tiene bajos índices de productividad y su producción ha sido insuficiente ante el crecimiento de la demanda, lo cual ha obligado a fuertes importaciones y originado un deficiente nivel de ingresos de los trabajadores del campo, causa principal de la desigualdad social de México. Por ello, el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores ha merecido la atención prioritaria del gobierno.

El fomento a la agroindustria ha contribuido a generar empleos y elevar los niveles de ingresos de los productores y trabajadores del campo. Históricamente, el sector agropecuario ha sido y es factor determinante para la estabilidad económica y social del país.

La agricultura mexicana ha provisto a la Nación de los elementos básicos para su crecimiento, como son la producción mayoritaria de nuestros alimentos, los insumos necesarios para nuestra industrialización y materias importantes de exportación, a la vez que continúa siendo un sector de alta generación de empleos.

Por tal razón, el crecimiento de la producción agropecuaria es una de las formas más efectivas para superar las dificultades económicas que enfrenta el país. La meta ha sido que la producción del campo en sus diferentes componentes sea superior año con año al crecimiento de la población, sobre todo en lo que se refiere a los alimentos básicos. De esta manera, seremos cada día más autosuficientes en materia alimentaria, objetivo prioritario de las políticas de desarrollo.

Afortunadamente, el hecho de que el producto agropecuario haya crecido a ritmos mayores a los registrados por el producto nacional, así como por otros sectores acredita la capacidad de respuesta que ha tenido el campo y la eficacia y eficiencia de las instituciones públicas que lo sirven. Acredita también, desde luego, el espíritu de los campesinos de México, que jamás han dejado de tener confianza en las instituciones del país, trabajando con ahínco para producir los alimentos que necesita el pueblo y las materias primas indispensables para la industria. Hay evidencia de que se ha hecho más con menos en un sector que, a veces, con actitud despectiva, se ha considerado estar condenado a ir a la zaga del resto de la economía y la sociedad mexicanas.

Muchas veces se exagera nuestra dependencia alimentaria y se llega a afirmar que estamos importando casi todo lo que comemos. Esto no es verdad. Somos deficitarios en ciertos productos, fundamentalmente el maíz, las oleaginosas y marginalmente el sorgo, pero el grueso de nuestra alimentación básica lo producimos los mexicanos y debemos proponernos superar el déficit que aún se observa en los granos básicos, a través de mayores estímulos a la producción agrícola.

En los últimos años, este sector ha contribuido a atenuar los efectos negativos de la crisis.

La industrialización del campo forma parte importante del programa de desarrollo rural, porque es un medio idóneo para crear más empleo en el propio campo. La industria de los alimentos requiere ser considerada con prioridad especial, siempre y cuando se dé participación adecuada a los campesinos por parte de empresas y organizaciones que los induzcan y organicen, con el apoyo del gobierno.

No obstante la restricción global, los recursos crediticios canalizados al sector agropecuario han crecido en términos reales y se han puesto al alcance de los campesinos más instrumentos técnicos y financieros que demanda el progreso rural para superar el monocultivo. Sin embargo, los sectores más modernos del campo pueden y deben transferir conocimientos, avances tecnológicos y experiencia a los productores y técnicos menos adelantados, en un esfuerzo de solidaridad con los integrantes del sector social, en particular con los que se ubican en las zonas marginadas.

En la actualidad resulta obvio que no podemos detenernos en la adquisición o en el reparto de la tierra. La reforma agraria, que tiene como fin último proporcionar empleo en condiciones dignas a los campesinos mexicanos, no se inspira en un criterio meramente eficientista de aumentar la producción, sino que busca la elevación del nivel de vida en el campo, en forma semejante al que un gran número de mexicanos ha podido alcanzar en las actividades industriales o en las de servicio, y para ello es indispensable complementar la acción sobre la tenencia de la tierra con inversiones en infraestructura, desarrollos tecnológicos, asistencia técnica, créditos adecuados, promoción de agroindustrias y organización de los campesinos para una comercialización que reconozca el justo valor de su trabajo.

El campo es un sector estratégico a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional. El sector agrícola presenta muchas oportunidades para fortalecerse. Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.

Anualmente se cultivan alrededor del 85 por ciento de las hectáreas disponibles. El 28 por ciento cuenta con riego y el 72 por ciento se cultiva en temporal, aun cuando el 60 por ciento del valor de la producción se genera en las áreas de riego.

Los retos en el sector agroalimentario son considerables. En primer lugar, la capitalización del sector debe ser fortalecida. La falta de inversión en equipamiento e infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la productividad. Para incrementar la productividad del campo, se debe mejorar la organización y la escala productiva de los minifundios, así como implementar programas de apoyo a los pequeños agricultores que les permitan incrementar sus cultivos no solo para consumo de ellos, sino que también sean un aliciente para poder entrar al círculo de la comercialización en condiciones favorables y equitativas para generar ganancias que les permitan contar con los suficientes recursos para el bienestar de sus familias.

En segundo lugar, la oportunidad y costo del financiamiento deben mejorar. Por un lado, sólo el seis por ciento de las unidades de producción agropecuaria tiene acceso al crédito institucional. Además, existen fuertes disparidades en la productividad de las unidades de producción. El segmento comercial es altamente competitivo, mientras que más del 70 por ciento de las unidades económicas rurales es de subsistencia o autoconsumo.

Es cierto que se están haciendo mayores esfuerzos para cambiar el rostro del campo, pero se necesita de mayor apoyo hacia este sector que ha sido parte de la construcción de nuestra nación.

Un tercer reto radica en fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Lo que más se necesita para reactivar el campo mexicano es impulsar la adopción de tecnologías modernas para elevar la productividad. La capacidad instalada de investigación no se aplica plenamente para resolver las demandas de los productores. El campo mexicano tiene una alta vulnerabilidad a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, y una elevada dependencia externa de insumos estratégicos como los fertilizantes. Esta situación afecta el abasto, calidad y acceso a los agroalimentos.

Se debe fomentar un desarrollo regional más equilibrado. Existe un desarrollo desigual entre las entidades federativas del norte y del centro del país respecto a las del sur-sureste, que se refleja en diferencias importantes en el nivel de productividad de los cultivos.

En el caso particular de Michoacán, es una entidad rica en producción agropecuaria. Tan solo en la producción de aguacate, la principal actividad del estado, la cosecha llegó en 2013 a 1.19 millones de toneladas, 76,000 más respecto al año anterior, que dejó ganancias para la entidad por 15,565 mdp, el 34 por ciento de toda la derrama económica.

El estado también es líder nacional en el cultivo de limón, guayaba y fresa, y está entre los primeros diez lugares en arroz, maíz y producción de ganado porcino.

Es importante fortalecer la zona citrícola y establecer plantas agroindustriales que permitan darle valor agregado a la extracción primaria, principalmente plantas extractoras de aceite de limón que tiene un precio muy aceptable en el mercado mundial.

Actualmente existen 53 empacadoras, pero algunas están atrasadas en su infraestructura, e incluso los productores necesitan cursos de agronomía para emplear productos agroquímicos más adecuados, certificarlos y aplicar un sistema de buenas prácticas agrícolas, ya que hay productos que no deberían usarse. Los agricultores aún usan agroquímicos no recomendados por los certificados sanitarios.

Además de los proyectos de inversión, el gobierno federal dispuso de 59 programas sociales productivos para el campo en 2014, 12 de los cuales comenzaron en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

La mayoría consiste en subsidios para la compra de semillas, gasolina, energía eléctrica, agroquímicos, fertilizantes, cemento, tuberías. También existen programas para la atención veterinaria de animales de cría y seguros para la protección de cultivos ante desastres naturales.

El campo michoacano es uno de los más productivos del país; el gobierno espera darle un valor agregado a los productos que se siembran y con ello, se mejoren las condiciones de comercialización, se generen más empleos y se dinamice la economía.

Respecto a la semilla mejorada de maíz, en conjunto con los productores se contrataron 1,282 toneladas, con las que se cubrieron 64,140 hectáreas, beneficiando a un promedio de 21,380 de ellos, con una inversión por parte del Gobierno del Estado de 30 millones de pesos.

Este programa se encaminó preferentemente a los productores con tierras de temporal, a quienes se les ofertaron 36 variedades de semillas 100 por ciento michoacanas, de las que destacaron la H-565 Costeño Mejorado para Tierra Caliente; las H-318 y H-377 para los Valles de Queréndaro y el Bajío, los cuales son de Maíz Blanco y el H-443A que es de Maíz Amarillo para las regiones del Bajío y Tierra Caliente, mismas que representan el 80 por ciento del programa.

En caso del fertilizante químico, se invirtieron casi 50 millones de pesos en la adquisición de Sulfato de Amonio de la más alta calidad que hay en el mercado, además de que está comprobada su rusticidad y eficiencia en los suelos michoacanos.

Las reglas de operación del programa señalaban que se entregarían hasta cinco bultos por hectárea y tres hectáreas por productor.

El programa estaba orientado a productores preferentemente de temporal de zonas de alta y muy alta marginación, quienes utilizaron la mayor parte de la agricultura que practican para autoconsumo, la cual representa el 35 por ciento de la superficie beneficiada.

Como parte de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2014, la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedru) y la Sagarpa, aplican recursos en beneficio del sector agropecuario, pero desafortunadamente no se han visto reflejados ni han sido suficientes.

Esta Cruzada Nacional contra el Hambre, abarca 51 municipios, y es una estrategia de política social, integral y participativa la cual, con un enfoque de carácter integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos, busca mejorar la calidad de vida de miles de familias.

El sector agroalimentario de México tradicionalmente ha expresado su inconformidad por no ser considerado en las políticas públicas un sector importante en la economía nacional.

El Presidente Enrique Peña Nieto ha dejado constancia que para su gobierno, el sector agroalimentario es estratégico, es prioritario.

Así, para el 2015 el presupuesto aprobado para la Sagarpa, de 92,142 millones de pesos, representa un incremento del 11 por ciento nominal, y un 7.5 por ciento real respecto al presupuesto aprobado el año pasado, y en donde destaca de manera importante la asignación al programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, que se incrementó en 4,000 millones de pesos respecto al 2014, esto es un 50 por ciento más (44 por ciento en términos reales), para alcanzar un total de 12,000 millones de pesos, cifra sin precedentes, donde se manifiesta la voluntad del gobierno y la solidaridad de los legisladores.

Con el Presupuesto 2015, se pone de manifiesto la importante estrategia prioritaria de nuestro sector agroalimentario.

Con el fin de impulsar la productividad y la competitividad en el sector agroalimentario, el gobierno federal a través de la Sagarpa, hizo públicos los lineamientos de sus programas para 2015, para que productores mexicanos y organizaciones del sector conozcan los requisitos y procedimientos de los diferentes programas públicos que se implementarán.

Para establecer los lineamientos de estos programas, se tomó en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el cual se menciona que debe fortalecerse la capitalización del campo por ser un sector estratégico, considerado así por su potencial para reducir la pobreza en el país e impulsar el desarrollo regional.

La evidente baja en los presupuestos que recibirán todos los programas y beneficios destinados para el bien común a partir del próximo año, a consecuencia de que ya no habrá ingresos por petróleo, están generando que el Gobierno esté considerando depurar programas.

Esto será un reto, pues los recursos jamás son suficientes, el reto ahora es hacer eficiente y realmente productivo al campo.

Los agricultores de Michoacán requieren mayor apoyo de la Federación. La ayuda que se les brinde se reflejará en desarrollo y prosperidad de esas regiones. El esfuerzo que se haga en beneficio de los michoacanos beneficiará al resto de los mexicanos y podrá generar importantes recursos con el incremento de exportaciones de productos agrícolas.

En Michoacán estamos seguros que con las recientes medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto que impulsará en la segunda mitad de su mandato, con su compromiso 4. “Crear el Programa de Apoyo a Pequeños Productores Rurales” , se fortalecerán las capacidades productivas de agricultores, ganaderos y pescadores en las zonas rurales más pobres de México, como se pretende.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

PRIMERO. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y por conducto de su delegación en el Estado de Michoacán, se implemente de manera urgente un programa que atienda la problemática de los productores michoacanos mediante apoyos para la obtención de fertilizantes.

SEGUNDO. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal para que, por conducto de su delegación en el Estado de Michoacán, se implementen programas de apoyo a los pequeños agricultores, con el fin de impulsar la agricultura familiar sustentable.

Se somete este Punto de Acuerdo, a consideración de esta Soberanía para su discusión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.

Diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a dar celeridad a la instalación de comisiones ordinarias, en particular la de Puntos Constitucionales, para retomar la reforma política del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, María Cristina Teresa García Bravo, diputada federal en la LXIII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Considerandos

1. La Ciudad de México ha sido objeto de múltiples cambios constitucionales, sobre todo a partir de los años ochentas y noventas. Dichos cambios han tenido como principal objetivo el avance democrático de las instituciones y de la sociedad en su conjunto y la autonomía de la ciudad respecto al poder central de la federación.

Como es sabido, la Cámara de Senadores de la presente legislatura aprobó la iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 44 y 122 fundamentalmente, reforma que se tradujo en una nueva propuesta para la integración y funcionamiento de la ciudad por cuanto hace a las facultades y competencias de sus distintas autoridades, pero sobre todo, para que ésta cuente con una Constitución Política propia que le otorgue autonomía; dejando tan enaltecida tarea al que será su Congreso Constituyente.

2. Diversas propuestas e iniciativas han sido presentadas sobre el particular, tema trascendente en la vida política de nuestro país debido a la naturaleza de nuestra ciudad la que es al propio tiempo capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión.

Pero sobre todo lo más importante, es su avance democrático, el que se reflejará en el fortalecimiento del federalismo de nuestra nación, en el empoderamiento de su ciudadanía, y en en mejor desempeño de sus instituciones las cuales tendrán mayores equilibrios republicanos para su desmpeño cotidiano. Por tanto, una nueva Constitución para la ciudad, sin duda alguna se traducirá en un mayor ambiente de libertades para sus ciudadanos.

3. Por tales motivos es que esta nueva legislatura, tiene la trascendente e histórica tarea de reformar el esquema constitucional de la ciudad, haciéndolo más democrático.

Tenemos la posibilidad de generar los consensos necesarios para darle a la ciudad lo que por décadas ha venido reclamando: su autonomía.

Estamos ciertos de las implicaciones políticas y jurídicas que acarrea su transformación así como el arduo trabajo que tendremos para generar los consensos necesarios de los distintos actores políticos; sin embargo, la prioridad de la reforma es en beneficio de las y los ciudadanos y es por ellos por quienes debe transformarse; responsabilidad que recae en los diputados de esta Cámara, a tener frente a nosotros, como gran pendiente, la aprobación de la Minuta aprobada y enviada por la Cámara de Senadores.

Trabajemos los consensos necesarios; antepongamos los intereses de la ciudad y sus ciudadanos y ciudadanas sobre cualquier interés político partidario, es momento de hacerlo, retomemos su discusión y no dejemos pasar la oportunidad histórica de transformarla. Hagamos posible que esta Cámara la pueda aprobar en las mejores condiciones democráticas que exigen los tiempos actuales.

Impulsemos la conformación libre y democrática del Constituyente, para que los mejores hombres y mujeres que resulten elegidos para tan enaltecido cargo a fin de darle a nuestra gran ciudad, su propia Constitución Política y hagámoslo por los canales más democráticos y dejemos que la historia juzgue nuestro proceder en tan delicada tarea.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a dar celeridad a la instalación de comisiones ordinarias y en particular a la de Puntos Constitucionales a fin de que se retome la discusión y en su caso la aprobación aún pendiente de la reforma política del Distrito Federal, y se generen los consensos necesarios para que se lleve a cabo en un ambiente y desarrollo democráticos, para que como resultado de la misma la Ciudad de México pueda contar su constitución propia en beneficio de los ciudadanos de la entidad”.

Dado el 15 de septiembre de 2015.

Diputada María Cristina T. García Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a la construcción de la línea 3 del tren eléctrico del área metropolitana de Guadalajara, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados jaliscienses integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como por los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se constituye la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Línea 3 de Tren Eléctrico del Área Metropolitana de Guadalajara de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que

El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

La creación de una Comisión Especial debe perseguir una finalidad estratégica y objetivos claros, que sirvan para tomar decisiones correctas en beneficio de los ciudadanos.

El fin de una Comisión Especial es conocer una problemática presente, y darle a la brevedad posible una solución positiva, siempre tomando en cuenta el sentir y opinión de los directamente afectados. No demos olvidar que este órgano es un medio para la resolución de los diversos problemas de la sociedad.

II. En diciembre del año 2012 fue anunciada la construcción de la Línea 3 de Tren Eléctrico de Guadalajara, misma que unirá los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, por medio de la Diagonal de Av. Laureles, Av. Ávila Camacho, Av. 16 de Septiembre y Av. Revolución hasta llegar a la Nueva Central de Camiones. Recorrerá 21.45 km del Norponiente al Suroriente de la Ciudad con 18 estaciones, que serán 3 subterráneas, 2 a nivel y 13 elevadas. Se pretende atender a 250 mil usuarios diariamente.

Las obras de construcción iniciaron en agosto del año 2014 y se estima que concluirá en junio de 2017 por lo que consideramos que el puntual seguimiento de los avances de la obra en comento debe ser un asunto que ocupe a esta Soberanía.

Adicionalmente, debe mencionarse que esta obra tendrá una inversión total de 17 mil 692 millones de pesos, por lo que la debida vigilancia del manejo de recursos y un ejercicio de escrutinio y rendición de cuentas resultan fundamentales para asegurar el correcto desarrollo del proyecto.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que el tema en comento debe ser vigilado por esta soberanía a través de la Comisión Especial que proponemos crear, y con ello asegurar que los recursos destinados a esta obra sean utilizados de manera correcta, que la obra se ejecute en tiempo y forma, evitar retrasos en la misma y que su entrega sea realizada en la fecha pactada.

Del mismo modo consideramos que los trabajos de esta Comisión permitirán transparentar todas las características e implicaciones del proyecto, dando con ello certidumbre a los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se crea la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Línea 3 de Tren Eléctrico del Área Metropolitana de Guadalajara de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO. El objetivo de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Línea 3 de Tren Eléctrico del Área Metropolitana de Guadalajara será supervisar los trabajos y el desarrollo del proyecto, para impulsar la transparencia y el escrutinio público del mismo, para vigilar el correcto uso de recursos públicos y que los trabajos se ejecuten en tiempo y forma con la debida coordinación de los distintos órdenes de gobierno que intervienen en el mismo.

TERCERO. La Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Línea 3 de Tren Eléctrico del Área Metropolitana de Guadalajara estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, en el número que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando el equilibrio y pluralidad que guarda la composición de esta Legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

CUARTO. La Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Línea 3 de Tren Eléctrico del Área Metropolitana de Guadalajara tendrá vigencia a partir de la publicación del presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, y hasta el 31 de agosto de 2018.

Ciudad de México, 15 de septiembre de 2015.

Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Verónica Delgadillo García, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Mirza Gómez Flores, Jonadab Martínez García, Carlos Lomelí Bolaños, Luis Ernesto Munguía González, María Victoria Mercado Sánchez, Germán Ernesto Ralis Cumplido, María Candelaria Ochoa Ávalos, Rosa Alba Ramírez Nachis, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Salvador Zamora Zamora.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Julieta Fernández Márquez, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

Los primeros esfuerzos para legislar la trata de personas, se dio en Argentina, en 1913 cuando se promulgó la primera Ley contra la Prostitución Infantil.

Los fenómenos han sido diferentes, ahora no sólo se realiza explotación sexual en contra de mujeres o menores, sino que se les priva de su libertad y elementos básicos de la vida para explotarlos como servidumbre, para tráfico de órganos, entre muchas maneras de explotación.

Dichos maltratos, vejaciones, explotaciones dan una sobrevivencia corta a las personas víctimas de Trata. Son negocios ilícitos, con redes de operación nacional e internacionales.

Hemos sido testigos de varios ejemplos en las redes sociales, en la televisión, en la vida diaria. Son varios los focos rojos de la república que deben ser atendidos, contenidos y erradicados.

Los esfuerzos del gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto son valiosos, desde el Poder Ejecutivo se ha mermado la capacidad delictiva de varios grupos de trata de personas; sin embargo ésta honorable Cámara de Diputados debe realizar todas las medidas necesarias para combatir este flagelo.

Conocedores de la problemática, debido a que hemos visto el dolor de las víctimas y sus familias, además de que, tenemos una ruta clara de trabajo para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, proponemos la creación de ésta comisión especial.

La investigación debe ser integral, los factores psicosociales son determinantes para la compresión del fenómeno y con ello poder crear cambios en la legislación.

Es por lo expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política en uso de sus facultades la creación de la Comisión Especial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de la Cámara de Diputados.

Segundo. La Comisión Especial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de la Cámara de Diputados se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada uno de las fracciones parlamentarias con representación en la Cámara de Diputados.

Tercero. La Comisión Especial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de la Cámara de Diputados, tendrá vigencia a partir del día de publicación de su creación en la Gaceta Parlamentaria.

Cuarto. La Comisión Especial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con apego a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2015.

Diputada Julieta Fernández Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la titular de la Sedatu a diseñar e implantar nuevos programas de financiamiento público destinados a mujeres, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La vivienda es considerada un área prioritaria para el desarrollo nacional según la Ley de Vivienda. Ésta señala que el Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado.

II. El objetivo principal de la política nacional de vivienda es establecer y regular las acciones, los programas, los instrumentos y los apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

III. El artículo 6 de la Ley de Vivienda establece en la fracción primera que la política nacional de vivienda deberá considerar, la promoción “de oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad”.

IV. En 2012, de 60.2 millones de mujeres que había en México, apenas 8.6 millones eran propietarias de algún inmueble. Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares señalan que una de cada cinco viviendas con propiedad de la mujer no dispone de escrituras, mientras que en las que el propietario es hombre la proporción es de uno por cada cuatro.

V. Datos incorporados del Inegi hasta 2014 señalan que en México, cerca de 72 por ciento de los hogares el propietario de la vivienda es el o la jefe del hogar. El análisis por sexo de la jefatura refleja que para el caso de los hogares con jefe hombre 91.3 por ciento ellos son dueños, mientras que en los hogares con jefaturas femeninas apenas 42.3 por ciento de las mujeres son propietarias de una vivienda.

VI. La Ley General de Desarrollo Social define como grupos sociales en situación de vulnerabilidad a los “núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”.

VII. Bajo el enfoque de la Ley General de Desarrollo, y en razón de las cifras previamente expuestas, las mujeres deben ser consideradas un grupo vulnerable al que la política nacional de vivienda deberá atender de manera preferente. En este caso no sólo para cumplir el principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en el artículo 4o. constitucional, sino también para atender lo que la propia política de vivienda señala y para hacer cumplir lo establecido en los Objetivos del Milenio a los que se comprometió el Estado mexicano respecto al empoderamiento de las mujeres y la eliminación de la discriminación, así como a responder al diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

VIII. Es de señalar que la perspectiva de género se considera un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que implica que todos los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán realizarse con enfoque de género, es decir, cada peso que gaste el gobierno federal estará dirigido a lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

IX. La política nacional de vivienda ha implementado acciones positivas como el otorgamiento de un mayor número de créditos a las derechohabientes del Fovissste durante el periodo septiembre de 2013 a julio de 2014, con mayor número de créditos hipotecarios en las distintas modalidades y líneas de crédito; destacando que del total de créditos para construcción, el 56 por ciento haya sido ejercido por mujeres, o el diseño de un esquema especial para jefas de familia, implementado por el Fonhapo, y dirigido a mujeres trabajadoras que requieren una solución de vivienda.

Sin embargo, de un total de 11 mil 135 millones de pesos al cierre de 2015 destinados al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda; el apartado especial del PEF de 2015 sobre “acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género” (disponible en http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/docs/to mo_1/tomo_1_agev.pdf) señala que el otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la adquisición de una vivienda nueva o usada, y el otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la autoconstrucción o autoproducción de vivienda, así como el otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la adquisición de lotes con servicios equivalen apenas a poco más de 2 mil 273 millones de pesos, significando menos de la quinta parte del presupuesto otorgado para adquisición de viviendas a las mujeres.

X. La obligación de la Cámara de Diputados como entidad encargada del análisis y la evaluación de las políticas públicas que se ejecutan con los recursos autorizados y que son vigilados por la Auditoria Superior de la Federación, es garantizar que el efecto de estos recursos en la promoción del bienestar social y de su efecto en la reducción de la brechas de género –y por ende de la prevención y erradicación de cualquier discriminación y violencia– sea efectivo y se convierta en herramienta para conseguir la igualdad de género entre los y las mexicanas.

Por lo expuesto y fundado presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente

Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, María del Rosario Robles Berlanga, a diseñar e implementar nuevos programas de financiamiento público destinados a mujeres para adquisición de vivienda, en cualquiera de las modalidades que considera la Ley de Vivienda vigente, con la finalidad de reducir la brecha de género en la propiedad de inmuebles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del inicio de la Independencia de México, a cargo de los grupos parlamentarios

México, nuestro México, es una nación con historia, con tradiciones, que no surgió de la nada, que se deriva de un largo proceso de transformación y de lucha que derivó en la independencia de nuestro país y que tenemos que seguir defendiendo los mexicanos de hoy. Somos un país y un pueblo con características e identidad propia, rasgos únicos diferente a todos los demás.

El pueblo de México consiente de nuestra identidad, celebramos cada quince de septiembre la noche del Grito de Independencia y Conmemoramos a los héroes que de manera valiente forjaron el México independiente aunque para ello derramaron su sangre.

Los mexicanos Acudimos a todas las plazas públicas del país, no porque admire o no porque tenga confianza en el Presidente Municipal o en el Gobernador o en el Presidente de la República que hondean la bandera y tañen las campanas.

El pueblo que acude a las celebraciones lamentablemente no es todo igual; algunos son acarreados por algún partido político de esos que acostumbran a comprar los cargos políticos para aplaudir y vitorear al que da el grito, van obligadamente para para no perder el empleo, condicionados por quienes los controlan con promesas, con dádivas o con temor de no perder lo que ya obtuvieron.

Otros de manera libre van a gritar aun cuando sea solo por un día ese sentimiento desde lo más profundo del corazón, van a sentirse parte de la patria, a sentirse más mexicanos que nunca aunque sea por unas pocas horas aunque para llegar a ese momento tengan que pasar por un fuerte dispositivo de seguridad hombre mujeres y niños como si se tratase de localizar a algún terrorista que atente contra un presidente con miedos y desconfianza de sus representados callados y sumisos los siguientes semanas y meses, hasta que llegue otro 15 de septiembre y otro desfile.

Otros van por que conservan sus sentimientos patrióticos, por que admiran y veneran a Hidalgo, a Morelos, a Guerrero, saben que todos ellos en su momento histórico impulsaron los cambios que México necesitaba y se sacrificaron por lograrlo, son quienes consiguieron para nuestra patria un lugar en la historia como estado soberano e independiente. Sin embargo vemos con tristeza que esa independencia cada día se van minando, porque un grupúsculo de traidores a la patria han venido de unos años a la fecha entregando el patrimonio de todos; los litorales y las fronteras a ciudadanos de otros países; el petróleo y la electricidad a las empresas trasnacionales y lo mismo han hecho con bancos, minas así como del campo mexicano y ahora quieren entregar también el agua y quisieran poner a la venta hasta el aire que respiramos.

Hidalgo gritó “muera el mal gobierno” levantó el estandarte popular de la Guadalupana y emprendió el gran esfuerzo por la regeneración de la patria; de esa hazaña tenemos que recordar y tomar como ejemplo un dato importante, que el pueblo lo siguió, que confió en él, justo como ahora sucede con Morena, un instrumento político, democrático plural incluyente al servicio del pueblo, así como por donde pasaba Hidalgo se le suma el pueblo consiente gentes comunes, sencillas como los diputados de morena, también se les sumaban los campesinos, los artesanos, los militares de baja graduación, profesionistas, etcétera, es decir, el pueblo de abajo, el que no vivía en los palacios ni en la opulencia de las grandes ciudades ni nacían en cunas de oro o provenían de acaudalados políticos mafiosos, como hoy en día lamentablemente tenemos a algunos herederos de ellos en esta legislatura

Hoy tenemos que gritar como Hidalgo “muera el mal gobierno”, porque del lado del pueblo, que es el lado en el que está Morena, no tenemos cuentas multimillonarias en el extranjero, ni mansiones como la “Casa Blanca”, la de las Lomas, o la casa de descanso de Malinalco, no queremos para nada el avión más caro del mundo, ni aspiramos a tener cuentas y departamentos en San Diego, en Miami, o en Houston.

Al celebrar las fiestas patrias, debemos hacerlo dándole el sentido que le da nuestro pueblo, el sentido que movió a Hidalgo a decretar la abolición de la esclavitud, que movió a Morelos a reconocer en la Constitución de Apatzingán que el pueblo es el titular de la soberanía. El que le dio Guerrero cuando aceptó el Plan de Iguala, y se sacrificó por la independencia, sin pesar en el mismo.

Recordemos el Grito de Dolores, la Constitución de Apatzingán, el lema de Vicente Guerrero que está escrito con letras de oro en este recinto legislativo: “La patria es primero”.

Aquí quienes aceptaron el pacto por México cuando subieron a esta misma tribuna dieron la espalda al lema de guerrero; para ellos y para muchos de los que están en sus curules, la patria no es primero, para esos traidores a México, primero son sus negocios, sus arreglos, y sus componendas familiares y políticas, dan la espalda a la frase de Juárez “el respeto al derecho ajeno, es la paz” y traicionan a los que están aquí nombrados en letras de oro; dan la espalda a los campesinos y mantienen presos políticos a los líderes sociales por defender sus comunidades, a los desaparecidos en Ayotzinapa, a los niños muertos en la guardería ABC; a los otros pequeños vendidos por quienes debieran protegerlos; dan la espalda a los que defienden sus tierras de las mineras trasnacionales, que destrozan el medio ambiente, dan la espalda a los miles de inmigrantes que deben buscar trabajo en el vecino país del norte, a todo el pueblo que lucha por su felicidad, por su patria, por el futuro de sus hijos.

Que estas fiestas patrias nos sirvan no solo para celebraciones y desahogos, que nos sirvan para recordar que igual que en 1810 debemos estar del lado del pueblo defendiendo la economía popular, el territorio que está siendo entregado a los extranjeros, la independencia de México que está amenazada y la justicia social que es un valor superior a las reglas del mercado que nos quieren imponer desde el exterior.

Por esa razón los diputados de morena y millones de mexicanos gritaremos en todos los rincones de nuestro México Viva el pueblo, viva la soberanía popular y que termine el mal gobierno.

Con motivo de la conmemoración del 191 aniversario de la anexión de Chiapas a México, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

Un 14 de septiembre de 1824, los chiapanecos decidimos por voluntad propia ser mexicanos y contribuir de manera decidida al progreso de esta patria gloriosa, de la que nos sentimos profundamente orgullosos.

En Chiapas están los pueblos originarios que aún conservan tradiciones y costumbres que nos dan identidad y pertenencia. Somos hijos del maíz y de la tierra. Nuestros ancestros fueron testigos y protagonistas del surgimiento de una patria nueva. Los chiapanecos hemos contribuido de manera preponderante en cada uno de los movimientos transformadores de México.

Las tentaciones para fundar un tercer país no fueron pocas, hubo movimientos a favor de una independencia absoluta de México y de Centroamérica. No obstante, a los chiapanecos les gano el apego por México y decidieron libremente federarse a la República Mexicana.

Somos el único estado de República que, mediante un plebiscito, decidimos abrazar la bandera tricolor y profesar el himno nacional mexicano.

Para nosotros, la pluralidad y la participación popular no es nueva, la anexión de chipas a México hace 191 años, es una lección democrática, por la forma en que se decidió nuestra mexicanidad.

Sin urnas, papeletas ni padrón. Cuando llegó el momento de manifestarse, el interesado se presentaba y en voz alta decía su nombre, los presentes provenientes todos del mismo barrio y por lo tanto siendo sus vecinos, confirmaban su identidad. Declaraba entonces públicamente su deseo de que Chiapas fuera guatemalteca o mexicana.

De esta manera tan libre, los chiapanecos decidieron unir su futuro a México y en eso seguimos empeñados. Por decisión propia, por historia y por tradición, somos los más mexicanos de los mexicanos.

Por esa mexicanidad manifiesta, por nuestro aporte al país en riquezas naturales, ganadería, petróleo, café, frutas y por si fuera poco más del 50 por ciento de la energía eléctrica, nos extraña que un político que trata de convertirse en el nuevo mesías, venga a decir que hay que recortarle el presupuesto a Chiapas porque no aporta a la nación.

Ese señor “Bronco”, con su postura, está mostrando una conducta claramente discriminatoria, segregacionista e ignorante. No hay que ir muy lejos para encontrarse con ideologías antimexicanas como las de Donald Trump.

Desde esta alta tribuna de la nación solicito al señor Jaime Rodríguez Calderón que se disculpe con el sufrido pueblo chiapaneco, que no solo ha padecido históricamente los embates de conquistadores y de extraños, sino también de mexicanos como este personaje, que se creen de sangre superior y por lo tanto merecen todo el poder y todo el dinero.

Chiapas lo que necesita es presupuesto y programas para salir adelante, porque tiene gente trabajadora, con deseos de progreso y sobre todo, con un gran amor a nuestro país.

Que viva Chiapas

Que viva México

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.

Atentamente

Diputado Hernán Orantes López

Con motivo del Día Internacional de la Democracia, a cargo del diputado Remberto Estrada Barba, del Grupo Parlamentario del PVEM

“Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado.”

Albert Einstein

El Día Internacional de la Democracia se proclamó así, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, su finalidad consistió en conmemorar la adopción de la Declaración Universal sobre la Democracia para la unión interparlamentaria suscrita en el Cairo, Egipto, en el año de 1997.

Este año de 2015 el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, reconoció que este día es un espacio digno para reconocer a la sociedad civil y, sobretodo hacer un gran reconocimiento a todos aquellos grupos quienes sufren el atosigamiento de gobiernos.

Y es que los ciudadanos son el factor determinante para procurar la democracia en los órdenes internos de los países, circunstancia que sin duda se ve reflejada en la integración de los organismos supranacionales y más, en aquellos cuya finalidad es el trabajo y la concordia del mundo.

En el presente, vemos oleadas de personas quienes ante el temor de las guerras y de la implicación de estructuras autoritarias deciden, ajenos a su auténtico deseo, traspasar sus fronteras para desarrollarse en un ambiente distinto, donde su voz y su participación en la sociedad les permita vivir de modo más tranquilo.

Lo anterior no debería ser así, pues finalmente todo poder público se instituye a favor de la población y, debiera ser éste quien con base en la razón, el derecho y la participación puedan actuar en las tomas de decisiones de sus países. Los órganos de poder público son la expresión orgánica de quienes los diseñan, que son todos los integrantes de la sociedad y no la voz o la actuación de algunos represores.

En este sentido, México, pasada la mayor parte del siglo XX, pudo trasladarse al esquema democrático y representativo, haciendo realidad la exigencia impuesta en el artículo 40 de nuestra Constitución.

Es indudable que los sistemas democráticos para construirse deben trasladarse por un camino sinuoso y un lapso amplio pero en el caso de México, afortunadamente, cada ocasión que se llevan a cabo ejercicios comiciales se deja en claro la mejoría de los diseños institucionales, el compromiso de la sociedad civil y el respeto institucional sobre los resultados.

Todos los aquí presentes, de modo indirecto o directo, nos debemos a esos contextos democráticos, los cuales son quienes conceden la voz y participación de las fuerzas políticas, lo cual reacomoda las realidades y deja ver la preferencia de los más diversos sectores de mexicanos.

En este instante podemos apreciar en la integración de este Congreso la interacción de nuevas instituciones de interés público, e incluso la puesta en escena de los ciudadanos sin partido.

Recordando que la democracia, a juicio de los más destacados cientistas sociales, no es más que la actuación de la ciudadanía para intervenir de modo directo o indirecto en la conformación de las leyes. Es por ello, que nuestra Cámara de Diputados es la expresión de la teoría democrática, la cual tiene por finalidad conformar las disposiciones que regirán a toda una nación, pero atendiendo a las condiciones de evolución social; es decir, la prudencia debe prevalecer.

La teoría democrática se erige así como la forma para atemperar a la teoría constitucional, la cual se ve representada en la actuación de los tribunales.

En síntesis, todos quienes provenimos de resultados democráticos tenemos la responsabilidad de ser la voz sensible de la población civil, es por ello, que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados considera oportuno, tal como lo lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas cada año, conmemorar el Día de la Democracia, reconociendo en este instante a la gran sociedad civil que coexiste en México.

La democracia es una forma de gobierno y a la vez un ideal, unamos entonces esfuerzos para concretarla y fortalecerla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.

Diputado Remberto Estrada Barba (rúbrica)

Con motivo del 191 aniversario de la federación de Chiapas a la República Mexicana, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Como antecedente, en el siglo XV los mexicas habían obligado a pagar tributo a todas las aldeas de las regiones cercanas, con excepción de los chiapa.

Es decir que era una tribu en la que su trato era desigual al de las demás, puesto que no era cualquier aldea, sino que los chiapa tenían diferentes lenguas, muchas de ellas que hoy siguen vivas tzotzil, tojolabal zoque tzeltal, entre otras

En este contexto, durante el virreinato, un grupo de hombres llega a la región de Tochtla, lo que hoy es conocido como la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Ahí, los guerreros chiapa cuando vieron que no había oportunidad de vencer a los hombres armados, entonces se van al cañón del Río Chiapa y se lanzan.

Es desde ese momento histórico, como nace el nombre de Chiapas, el estado que me vio nacer, y que ha sido cuna de grandes personalidades de nuestra patria como Belisario Domínguez, Rosario Castellanos, Manuel Larráinzar, Ángel Albino Corzo.

El mismo Chiapas de Marcos, Rosario Castellanos que aunque nació en el Distrito Federal también se manifestaba como chiapaneca, Emilio Rabasa, Jaime Sabines, de nuestro querido Laco Zepeda, Samuel Ruiz, Andrés Serra Rojas, entre otros grandes e ilustres es esa tierra en el sur de nuestro México la que es la entidad federativa más mexicana, porque por propia voluntad el pueblo chiapaneco decidió pertenecer a México.

Ante un largo recorrido y un bagaje histórico con grandes sucesos para la historia de nuestro país, Chiapas se vuelve independiente de España y de todas las regiones que dependan de la corona española.

Es decir, el argumento era claro, Chiapas pertenecía a la Capitanía General y esta a su vez dependía del virreinato de la nueva España.

En Comitán por eso se decide ya no pertenecer a Guatemala, en aquel entonces Capitanía General de la Guatemalada, por lo que Chiapas considero que quien tenía la autoridad suficiente para poderle ayudar a separarse de Centroamérica era precisamente el imperio que en aquel entonces había.

Ante esta necesidad de apoyo, el Imperio Mexicano publicó un decreto por el que se incorporaba Chiapas a México.

Como ustedes saben el decreto se da de forma unilateral y no por una conjugación de voluntades.

Ante una serie de crisis sociales en México, se le da la oportunidad a Chiapas de decidir de manera independiente su futuro.

Durante este periodo de –Chiapas Independiente- se rechazó las invitaciones tanto de Guatemala como de México para participar en sus territorios.

El plan de la libertad contenía en 11 artículos la declaración de que Chiapas era libre de México y Guatemala. Si bien los chiapanecos sabían que su futuro estaba con alguno de los vecinos.

Se convoca a un plebiscito para saber el rumbo del territorio, y entonces hubo una votación indiscriminada, es decir que se quería escuchar la voluntad también de los pequeños, de los menores de edad que en esa época no había como tomarlos en cuenta, es decir que fue una votación democrática e incluyente.

En ese entonces, de un total de habitantes de 176 mil 953 que tenía Chiapas, votaron a favor de la unión con México 96 mil 829 y por la Unión a Guatemala 64 mil 400, teniendo como resultado que 15 724 personas no hayan comunicado su voluntad.

Es decir, voto el 91.1 por ciento de la población, por lo que fue un ejercicio democrático donde hubo mucha participación ciudadana.

Fue hasta el 14 de septiembre de 1824 donde se declaró solemnemente y a través de una serie de ejercicios democráticos en donde se escucha el sentir y el pensar de la gente, se decidió que Chiapas quedaba incorporada a la federación mexicana.

Por todo esto, insisto en que Chiapas es un estado muy mexicano, doblemente mexicano, ya que por decisión propia votan por pertenecer a la federación mexicana, y ser un estado de a esta hermosa tierra.

Sin embargo nosotros los chiapanecos orgullosamente mexicanos seguimos esperando la solidaridad de la federación.

La investigación de 2015 da cuenta de que en Chiapas, 35 por ciento de los niños de 3 a 15 años no cuentan con la educación obligatoria que corresponde a su edad, en virtud de no asistir a ningún plantel, por la falta de estos espacios aunado a la oportunidad que les es denegada.

Vulnerable por carencias sociales, por ingresos salariales, por acceso a la salud, a la seguridad social y principalmente lo mencionado con anterioridad, a la educación.

¿Y a nosotros cuándo nos tocará?

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.

Diputada María Elena Orantes López