Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, relativo a la investigación sobre una presunta red de tráfico de menores en Sonora, suscrita por la diputada Sylvana Beltrones Sánchez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben Sylvana Beltrones Sánchez, Prospero Manuel Ibarra Otero, Susana Corella Platt, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Abel Murrieta Gutiérrez, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ejerza su facultad para conocer de violaciones graves a derechos humanos, y a la Procuraduría General de la República para que proceda a integrar la carpeta de investigación correspondiente respecto a la red de tráfico de menores en Sonora y víctimas de este ilícito, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El principio Universal del Interés Superior de la Infancia se encuentra establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. Que “los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos” y el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

En términos de los artículos cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

De forma puntual la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece en su articulado que es derecho del niño ser inscripto inmediatamente después de su nacimiento, así como, entre otros, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos (artículo 7º). A preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la Ley sin injerencias ilícitas (artículo 8º). En consonancia la misma Convención establece la obligación de los Estados Parte de velar por que el niño no sea separado de sus padres (artículo 9º) así como luchar contra los traslados ilícitos al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero (artículo 11).

Aun cuando existe un marco nacional y convencional vasto respecto de los derechos de los niños, en México aún resta mucho por hacer en lo que respecta a su protección, puesto que los menores siguen siendo uno de los grupos más vulnerables que existen en el país; con un alto riesgo de abusos y exposición a entornos violentos en el hogar y en la escuela. Adicionalmente resulta sumamente preocupante el que México ocupe el lugar 28 en el mundo y el 5 en América Latina con mayor comercio sexual de menores.

Según datos contenidos en el Informe “La infancia cuenta en México 2013”, publicado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, se advierte que en 2012, en México existían más de 29 mil menores sin el cuidado de sus padres; el 58 por ciento eran niñas y el 42 por ciento niños; 23 por ciento pertenecía al grupo de edad de entre 0 a 6 años, y 77 por ciento, de 7 a 17 años. Estos niños y niñas viven en 703 centros de atención, 89 por ciento de estos centros es operado por organizaciones no gubernamentales y el restante por centros asistenciales del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

A finales del mes de agosto del presente año, el procurador general de Justicia del Estado de Sonora, Carlos Navarro, hizo pública la existencia de una red de tráfico de menores en la entidad que operaba desde el DIF Estatal, señalando a presuntos responsables, así como la consignación de 16 personas por la probable participación en el lamentable suceso. También se manifestó que a la fecha, se han logrado identificar a 9 menores registrados de manera irregular en Sonora.

Sin embargo ha trascendido que desde el mes de marzo, el gobierno de Estados Unidos había alertado al procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, respecto a la red de tráfico de menores en la entidad con alcance internacional, la cual era operada por funcionarios estatales; sin embargo, las órdenes de aprehensión contra los servidores públicos se efectuaron hasta después de cinco meses, y se giraron hasta el 20 de agosto del presente.

Cabe señalar que mediante oficio ICE007/2015, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos había advertido al titular de la Procuraduría General de Justicia de Sonora respecto a información obtenida a través de una fuente confidencial sobre un grupo de personas que vendían recién nacidos a parejas tanto mexicanas como estadounidenses, para que éstos se convirtieran en los “padres biológicos” ante la ley.

En el documento, se hace constar que con fecha 26 de marzo pasado y firmado por el agregado adjunto de Seguridad Nacional del consulado de EUA en Hermosillo, Mario H. Méndez, se notificó respecto de las actividades transfronterizas de por lo menos dos presuntos implicados en la referida red de venta de niños, misma que operaba desde 2012.

Las dos personas señaladas fueron José Manuel Hernández López, de 37 años, y Emma Consuelo Falcón, de 36 años. Según la comunicación estadounidense, Hernández López, ex director jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, era el encargado de contactar a los padres interesados para ofrecerles a los menores, mientras que Falcón Etchechury, su pareja, lo acompañaba para consolidar la compraventa de los pequeños, por quienes pagaban cantidades desde los 100 mil hasta los 180 mil pesos, pero si los interesados provenían de Estados Unidos llegaban a pagar hasta 20 mil dólares, cifra cercana a 300 mil pesos al tipo de cambio de esa fecha.

A pesar de la claridad del mensaje, la procuraduría local tardó 14 días en solicitar la presentación urgente de los probables responsables, José Manuel Hernández López y de Vladimir Arzate Carbajal, este último, ex subdirector de Asistencia Jurídica Externa y de la Línea Protege del DIF Estatal.

Como si la comunicación consular no hubiera sido lo suficientemente clara, el 8 mayo varios supuestos adoptantes se manifestaron en las afueras de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Hermosillo para exigir la entrega de los menores por los cuales habían pagado. A raíz de lo anterior, el 9 de mayo la Procuraduría de Sonora requirió a Arzate Carbajal y Hernández López, quienes se presentaron a declarar, pero, de manera inverosímil e irresponsable, sin considerar la gravedad de los indicios existentes que pudieran resultar en un caso de delincuencia organizada y otros tipos penales graves, fueron puestos en libertad con las reservas de ley y a la fecha, se encuentran en calidad de prófugos.

La situación es clara, dolorosa e indignante: Pese a ser notificada de la operación de una red de tráfico de niñas y niños en Sonora al cobijo del DIF estatal y dirigida por servidores públicos, las acciones llegaron meses después, el 27 de agosto la Procuraduría giró 16 órdenes de aprehensión, sin que hasta el momento haya resultados oficiales de las investigaciones o consignaciones firmes. La indolencia y la negligencia han sido nota distintiva de las autoridades del estado de Sonora, pues el propio procurador del estado, ha declarado públicamente que informó al gobernador de los hechos desde marzo pasado.

Las autoridades de Sonora le deben una explicación mucho más amplia a la ciudadanía; la mera emisión de órdenes de aprehensión, evidencia a todas luces, y de forma indignante, que la aplicación de la justicia por parte de los órganos encargados de la procuración de justicia se realiza de manera discrecional y sin apego a los principios constitucionales y legales para la actuación judicial en México.

La procuraduría local ha sido poco contundente, es necesaria la intervención de autoridades federales que lleven el caso a los cauces de la eficacia y la investigación seria, además de que con el simple análisis de los hechos, bien podrían configurarse ilícitos del ámbito federal, inclusive, de comprobarse la participación permanente o reiterada de las personas presuntamente implicadas, se actualizaría el tipo penal federal de delincuencia organizada.

El 27 de agosto, el procurador anunció que procederían penalmente en contra de 14 compradores y 2 vendedores de bebés, sin embargo Navarro cambió el discurso y señaló que la incertidumbre que vivieron los padres adoptivos en los últimos días, en cuanto a no saber si sus hijos se quedarían con ellos o en el DIF era un sufrimiento suficiente, lo que resultaba bastante como para no proseguir con las averiguaciones previas iniciadas en su contra. En efecto el Procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, anunció el pasado 3 de septiembre que los supuestos padres habían sido perdonados y que no se ejercitaría acción penal en contra de ellos.

La pulcritud y la legalidad del acto están en entredicho pues aún se desconocen los medios de los que se valieron la familia Vladimir Arzate y su cómplice, José Manuel Hernández para hacer que las madres biológicas entregaran a sus hijas e hijos, y si el interés superior del menor es el móvil que realmente motiva el actuar de la Procuraduría local, entonces se debe ser más responsable y más cauto con las investigaciones.

Al respecto vale la pena rescatar el testimonio de María Guadalupe García Medina, mujer de 24 años originaria de Costa Rica, Sinaloa, que llegó al DIF Sonora con su bebé de tres días de nacida a pedir ayuda para registrar a su hija, pero en ese mismo momento se la quitaron y además de no volverla a ver, se la entregaron a otra familia.

La madre asegura que internaron a su bebé en la casa hogar Unacari, donde peleaba por recuperarla, luego le negaron las visitas para después acusarla de abandonar el caso, motivo por el cual le quitaron la patria potestad.

Es necesario ser enfáticos en la protección de las niñas, niños y adolescentes mexicanos, pues situaciones como las de Sonora con las adopciones ilegales a través de una red de tráfico de menores y, de Tlaxcala donde fue detenido un presunto pornógrafo infantil que operaba a través de redes sociales en Argentina, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y México, ponen de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos en contra de aquellos que buscan, de manera ruin, lucrar con los menores, que son el recurso más valioso y lo más preciado para un país.

Es necesario que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerza su facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos, que le fue otorgada recientemente mediante la Reforma Constitucional en la materia, para que se garantice el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las niñas y niños víctimas de esta terrible situación, respetando la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia de los que México es parte. De la misma manera, es necesaria e ineludible la actuación de la Procuraduría General de la República para subsanar el actuar torpe y deficiente de la procuraduría sonorense, además de que se configuran diversos tipos inscritos en su esfera de atribuciones.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del pleno de ésta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 102 constitucional solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que inicie la investigación por violaciones graves a derechos humanos y por trascender el interés nacional, a fin de coadyuvar al esclarecimiento de la red de tráfico de menores que operaba al amparo del sistema DIF Sonora, reparar el daño causado a las víctimas, y que garanticen la no repetición de los lamentables hechos ocurridos en el estado de Sonora y en todo el país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto a la Titular de la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus facultades investigue la red de tráfico de menores que operaba al amparo del Sistema DIF Sonora y proceda en contra de quienes resulten responsables por los delitos federales de trata de personas, delincuencia organizada, tráfico de personas, cohecho, uso indebido de atribuciones y facultades, y todos los demás que resultaran imputables producto de la investigación.

Tercero. La H. Cámara de Diputados exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora para que gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del Gobierno Estatal, particularmente a aquellos funcionarlos, empleados o trabajadores que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes y se prevengan con ello violaciones a los derechos humanos de ese sector vulnerable de la sociedad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 10 de septiembre de 2015.

Diputados: Sylvana Beltrones Sánchez, Prospero Manuel Ibarra Otero, Susana Corella Platt, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Abel Murrieta Gutiérrez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a poner en marcha la reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula a la nueva terminal de Puerto Chiapas, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Enrique Zamora Morlet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Petróleos Mexicanos (Pemex) impulsa el desarrollo de las comunidades donde tiene presencia, tanto las ubicadas en las regiones petroleras como en aquellas donde cuenta con subsidiarias o franquicias.

En las zonas aledañas a las instalaciones de Pemex se observa el fortalecimiento de la infraestructura, del mismo modo que sectores como la vivienda y los servicios experimentan una notable expansión. Los motivos anteriores han hecho que Pemex sea considerado por los mexicanos un símbolo de progreso y prosperidad.

Sin embargo, en virtud de las actividades que forman el campo de acción de Pemex, sus instalaciones también pueden llegar a representar un riesgo para la seguridad de la población vecina. Los terrenos sobre los cuales se asientan las diversas instalaciones de Pemex también son propensos a sufrir contaminación y deterioro. Muestra de lo anterior son las explosiones registradas en las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex en San Juan Ixhuatepec, México, en noviembre de 1984 o la contaminación del suelo por hidrocarburos que durante muchos años persistió en los terrenos ocupó la antigua refinería de Azcapotzalco, en el Distrito Federal.

En la actualidad, uno de los focos rojos de Pemex por el gran riesgo que representa es la terminal de abastecimiento y reparto (TAR) de combustible ubicada en la zona céntrica del municipio chiapaneco de Tapachula, cuya reubicación ha sido una lucha de la sociedad civil tapachulteca, que tiene el único objetivo de proteger a los habitantes de las zonas aledañas a la TAR donde se desarrollan las principales actividades comerciales de la ciudad y se asientan diversas instituciones educativas de distintos niveles, incluidos algunos de los campus de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Los habitantes de la ciudad han calificado estas instalaciones de Pemex como una bomba de tiempo y exigido en múltiples ocasiones su reubicación para evitar la pérdida de vidas humanas como consecuencia de un eventual desastre natural o una falla técnica.

Como respuesta a las demandas de la sociedad tapachulteca, el 18 de julio de 2008, el entonces director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, firmó un convenio con el gobierno de Chiapas para iniciar los trabajos de reubicación de la TAR que actualmente se encuentra en Tapachula, así como la construcción de una nueva en la zona de Puerto Chiapas.

En aquella ocasión se informó que aunque la TAR de Tapachula cumplía estrictamente con la normatividad en materia de protección civil, y contaba con el certificado de infraestructura limpia y la licencia ambiental única, además de no haber registrado ningún accidente industrial grave desde el inicio sus operaciones, resultaba evidente que la construcción de una nueva terminal era más que recomendable, tanto desde el punto de vista social, como desde una perspectiva de eficiencia económica.

En lo social, la eliminación de un tráfico de pipas y el traslado de actividades a las nuevas instalaciones, tendrá un impacto directo en el bienestar y la seguridad de los vecinos de Tapachula. Y desde el punto de vista económico, la substitución de las unidades de transporte reducirá los costos de traslado entre la refinería de Salina Cruz y Tapachula.

Asimismo, se coincidió en que la antigua terminal resultaba insuficiente para hacer frente al crecimiento de la demanda de productos petrolíferos en la región, que se estima en un cuatro por ciento anual. Por su parte, las nuevas instalaciones duplican la capacidad útil de almacenamiento de combustibles en Tapachula, y con ello se podrá manejar de manera eficiente la demanda incremental durante los siguientes 20 años.

No obstante lo anterior, hasta ahora no ha sido posible cumplir con la promesa de reubicar la TAR de Tapachula; han pasado más de 7 años desde el anuncio de la firma del convenio para la reubicación y los habitantes de Tapachula siguen viviendo en la incertidumbre, a pesar de los compromisos hechos por los directivos de Pemex.

En agosto pasado venció el último de los plazos establecidos por Pemex para la reubicación de la TAR de Tapachula a Puerto Chiapas, lo cual resulta inexplicable pues la construcción de éstas últimas, según se puede constatar a través de una inspección física, se encuentran ya concluidas al 100 por ciento, por lo cual no hay razón para seguir poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas.

Por lo expuesto ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Petróleos Mexicanos a poner en marcha de inmediato la reubicación de las instalaciones de la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula a la nueva terminal de Puerto Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar la renuncia de los titulares de Pemex y de la SCT por el posible conflicto de intereses, tráfico de influencias y hechos de corrupción en el otorgamiento de concesiones, contratos y proyectos a la empresa OHL México y sus filiales, suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle García y Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputadas Rocío Nahle García y Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El tema de la corrupción en México ha trastocado ya todos los niveles de la sociedad, para los mexicanos se ha vuelto algo común escuchar que contratistas y/o empresarios han sido beneficiados por servidores públicos de los gobiernos municipales, estatales y federales. El principal impulsor y generador de dichas acciones es Enrique Peña Nieto.

El 11 de agosto del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las reformas a estas leyes, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, se transforman en Empresas Productivas del Estado y dejarán de estar sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

En este sentido, las Empresas Productivas del Estado, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozan de autonomía técnica, operativa y de gestión; y tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. En cumplimiento de su objeto, se encuentran constreñidas a actuar de manera transparente, honesta y eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, procurando objetivamente la regulación, la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas como empresa productiva del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional. Sin embargo, estas modificaciones les benefician, puesto que las excluye de la obligación de hacer pública en el Portal de Obligaciones de Transparencia y Compranet, toda la información referente a las licitaciones, concesiones, contratos y proyectos que son otorgados por dichas empresas. Sólo a través de estas herramientas un ciudadano puede consultar y tener acceso a dicha información.

En fechas recientes, OHL México se ha visto inmerso en una serie de escándalos originados por la difusión de conversaciones telefónicas, que presumen actos de corrupción y conflicto de interés protagonizados por Emilio Ricardo Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, Enrique Ochoa Reza, director general de la Comisión Federal de Electricidad y Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo con la información publicada en www.ohlmexico.com.mx, OHL México, SAB de CV, filial de Grupo OHL, es una de las principales operadoras de infraestructura de transporte en el país, liderando su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México. La infraestructura carretera, en su mayoría urbana, están estratégicamente ubicadas en las zonas con mayor tránsito de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de México y el estado de Puebla, los cuales reúnen el 27 por ciento de la población nacional. Los proyectos generaron conjuntamente en 2010 el 31.22 por ciento del PIB nacional y concentran el 25 por ciento del número total de vehículos en México, que asciende a 7.4 millones. En el sector aeroportuario, participa con el segundo mayor aeropuerto que da servicio a la zona metropolitana de la capital mexicana. OHL México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde noviembre de 2010. Hasta hace un par de meses se ha hecho pública información de que la compañía construye, administra, opera y mantiene 6 autopistas de peaje y 1 aeropuerto.

En relación con los proyectos de los que se ha visto beneficiada la empresa, los medios de comunicación y las redes sociales, han dado a conocer varias grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México que presumen actos de corrupción protagonizados por la filial de la Constructora Española, con diferentes servidores públicos de empresas productivas del estado, miembros del gabinete presidencial y el mismo presidente de la República.

Las primeras grabaciones publicadas, evidencian cómo Pablo Wallentin, representante de OHL México, reconoce, supuestamente el pasado mes de enero, que la constructora infló las previsiones de tráfico de la autopista “con todas las mañas del mundo” mientras Jesús Campos López, director técnico de la empresa, habla de “desmadre en la construcción” y de cómo la compañía “salió forrada” con una obra cuyo coste se triplicó con respecto a las previsiones iniciales.

Con fecha del mes de enero de 2015, se escucha la reacción del presidente del Consejo de Administración de la filial, José Andrés de Oteyza, cuando Wallentin le explica que se van a cobrar fases del proyecto que no se van a construir: “¡Esto es un fraude!”, dice Oteyza.

En otra de las grabaciones se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL México, acordó en diciembre pasado pagar una estancia las pasadas navidades en un hotel de lujo en la Riviera Maya (también propiedad de OHL), el Fairmont Mayakoba, al Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, y su familia (Mena era entonces el Secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México con Eruviel Ávila). “Necesito una habitación porque vamos a estar muy apretados ahí”, le dice Mena a Wallentin en el audio. “El lunes tú tienes una suite con dos cuartos en donde puedan quedarse cinco personas”, le garantiza el directivo de OHL, que le promete alojarle en “el mejor” hotel de la zona: “Yo te lo reservo, yo te lo reservo”. Ambos hablan de “pagos y depósitos” cuyo fin no se especifica en las grabaciones.

El martes 28 de julio de 2015, se difundió en medios de comunicación y en las redes sociales un video que contiene tres audio grabaciones de conversaciones telefónicas,1 en el que se muestra graves indicios de corrupción de la empresa OHL México y de su relación directa con el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin y del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza.

En el primer audio, del 27 de marzo de 2015, el presidente del Consejo de Administración de OHL México, Andrés de Oteyza Fernández,2 confiesa a un familiar suyo que recibió un primer bono de la empresa, por una cantidad de 40 millones de pesos, y le expresa que es el primero de cuatro que le esperan.

En la segunda grabación, del diez de abril de dos mil quince, una conversación telefónica entre el presidente del Consejo de Administración de OHL México y el director general de Petróleos Mexicanos –quien además fue miembro del Consejo de Administración de OHL México hasta finales de 2012–, pone en evidencia la íntima y vigente relación existente entre el empresario y el funcionario. En la llamada acuerdan encontrarse en la entrada del edificio de la Comisión Federal de Electricidad, con objeto de ir a ver juntos al director general, Enrique Ochoa Reza. Según información del video que contiene las grabaciones, el director general de Petróleos Mexicanos presentaría al director de la Comisión Federal de Electricidad con el presidente del Consejo de Administración de OHL México.

En la tercera grabación, del 10 de abril de 2015, el presidente del Consejo de Administración de OHL México se comunica con su secretaria para que le compre boletos de avión, para viajar a Cancún a resolver una cosa de muchísimo dinero, y en la misma llamada habla con el licenciado Pablo Wallentin, representante de OHL México, quien le dice que ese “es el camino precioso con Ochoa, que abre todas las puertas también”; mientras que de Oteyza afirma que sí, para todo, “se va a volver encantado”, “ya hasta me invitó a cenar a su casa, Pablo”, con su esposa “la guapa”.

Estas grabaciones, presumen una posible intervención del Director General de Pemex para conseguir negociaciones entre OHL y la Comisión Federal de Electricidad.

Para Morena, estos hechos son evidencia de actos de corrupción y conflicto de interés que se han venido ejerciendo desde la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador del estado de México y que hasta ahora no se le ha dado la importancia necesaria.

Es indispensable que el gobierno mexicano informe y esclarezca las diferentes denuncias de actos de corrupción, no puede ser posible que personal que ha sido miembro de consejos administrativos de ahora empresas beneficiadas, tengan bajo su responsabilidad empresas productivas del Estado, que beneficien directamente a empresas como OHL México y sus filiales.

Hasta antes del ingreso de Emilio Lozoya Austin como director general de Petróleos Mexicanos, OHL no había ganado licitación alguna con la entonces paraestatal. Fue hasta marzo de 20133 tres meses después de asumir el cargo– cuando Pemex otorga el primer contrato a OHL, por una cantidad 1,016,881,118.96 pesos4 Lo que genera graves indicios de un posible conflicto de intereses.

En nuevo escándalo de posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción fueron difundidos el pasado 8 de septiembre que implican al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Según la prensa nacional en audios, presuntamente se escucha a Ruiz Esparza, en la reunión habrían participado Juan Miguel Villar Mir, presidente mundial de Grupo OHL; Juan Osuna, vicepresidente de Concesiones; Andrés de Oteyza y Sergio Hidalgo, presidente y director general de OHL México, y Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT. De acuerdo con el diario Reforma del 9 de septiembre de 2015, “Se le dio instrucciones de que hablara él (aparentemente Ruiz Esparza) al gobierno local (Edomex) y que le dijera que había habido esta reunión con quien la hubo y que lo arreglaran porque lo arreglaran”, relata De Oteyza a Pablo Wallentin, entonces director de Relaciones Institucionales de OHL México. Coincidentemente, un mes después, el Gobierno mexiquense canceló en definitiva el contrato a Infraiber. En la grabación difundida, de Oteyza se queja de un diferendo con Ruiz Esparza. “Este Gerardo se defiende delante del Presidente y yo no le puedo decir dos veces a un Secretario delante del Presidente de la República que está equivocado”, se queja. Además, de Oteyza se enfurece porque Sergio Hidalgo, director general de OHL, habló de la reunión con empleados de la empresa. “Se lo advertí, le dije: ‘mira, vas a estar tú conmigo en la reunión, no le dices a nadie nada, ni de que te vas a reunir, ni de con quién, ni cómo y mucho menos de lo que vamos a tratar”, recuerda. Al día siguiente, Ruiz Esparza llamó a Wallentin para explicarle que OHL México no estaba obligada a someterse a la verificación de aforos. “OHL no tiene obligación con Infraiber. Infraiber no tiene nada que demandarle a OHL. Infraiber no tiene nada que demandarle al Gobierno del Estado y el Gobierno tiene todo el derecho a defenderse de no tener nada con Infraiber. Ahora, ¿qué hacemos para que este hijo de puta deje de chingar? Pues, ése es otro pedo”, dice la voz atribuida al titular de la SCT. Al respecto, continúa el diario Reforma, el Secretario reconoció ayer que su voz aparece en el audio, pero editada. “Efectivamente, se escucha una voz que parece la mía. A veces no la reconozco, a veces sí”, respondió a Reforma. La Presidencia a su vez se negó a informar, de acurdo con el diario, de los posibles encuentros entre Peña y directivos de OHL al indicar que la agenda privada de Peña se mantendrá así, por lo que no emitirá comentarios sobre una posible reunión con empresarios el pasado 6 de abril.

Morena se ha dado la tarea de investigar a OHL México, y todas sus filiales, hasta ahora hemos encontrados más de 25 contratos desde la administración de EPN como gobernador del Estado de México y ahora como Presidente de la República, por más de 60 mil millones de pesos, sin contar los de Pemex.

Morena considera el mandato constitucional, pues es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. Y el pueblo que goza del poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo que pueda, y lo que materialmente no pueda, es necesario que lo haga por delegación en sus gobernantes y representantes; imperativo que obliga a que las personas a quienes se les confía parte de la autoridad del pueblo –mayor aun tratándose de Empresas Productivas del Estado-, tengan que ser de reconocida moralidad, que actúen con transparencia, honestidad y eficiencia, con sentido de equidad y responsabilidad social, que se conduzcan con objetividad y estén exentos de todo indicio de tráfico de influencias, conflicto de intereses, corrupción, deshonestidad y falta de transparencia, con sentido de equidad y responsabilidad social, que contribuyan al desarrollo nacional y mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos, rechazando todo vicio o conducta que atente contra el buen funcionamiento del Estado y de su gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exige la renuncia de Emilio Lozoya Austin, Director General de Pemex y de Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción en que incurrieron en el otorgamiento de concesiones, contratos y proyectos a la empresa OHL México y sus filiales.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a PEMEX, CFE y a la SCT para que hagan públicas todas las concesiones, contratos y proyectos en los que haya participado o esté participando de alguna forma la empresa OHL México y sus filiales.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, instruye a la Auditoria Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia, realice las auditorias correspondientes a todos los proyectos, concesiones y contratos en los que haya participado o esté participando la empresa OHL México y sus filiales con Petróleos Mexicanos, CFE y la SCT.

Notas

1 https://www.youtube.com/watch?v=jkSxZrkZ6eI&feature=youtu.be.

2http://www.ohlmexico.com.mx/Plantillas/SuperPlantilla.a spx?IdA=1&IdF=114&idM=182&nvl=1.

3 http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id.idContrato=ROPL00713P&_idDependencia=18576.

4 http://www.ohl.es/sala-de-prensa/noticias/2013/julio-2013/130715-ecolai re-espanna-construira-en-mexico-una-planta-de-hidrogeno-para-pemex-refi nacion/.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputadas: Rocío Nahle García, Guadalupe Hernández Correa (rúbricas).


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a declarar la región de Tierra Caliente de Guerrero como zona de desastre natural por la pérdida de las cosechas tras la sequía de las últimas semanas, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Silvia Rivera Carbajal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracción I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que declare a la región de la Tierra Caliente de Guerrero, zona de desastre natural, por la pérdida de las cosechas que ha provocado la sequía de las últimas semanas en la región, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La región de la Tierra Caliente de Guerrero, representa una de las de mayor producción de maíz en la entidad. Tan sólo en nueve municipios de la Tierra Caliente se siembran más de 56 mil 563 hectáreas de tierra.

En 2014, Guerrero registró una producción de un millón y medio de toneladas de maíz, situación que implica la autosuficiencia de la entidad en la producción de maíz, además de que una buena parte se utiliza para la comercialización.

La Secretaría de Desarrollo Rural en Guerrero (Seder), ha informado que debido a la sequía de las semanas recientes, alrededor de 75 por ciento de los cultivos de maíz se perdieron en la mayoría de los municipios de la Tierra Caliente.

Debido a lo anterior, se informó que el titular de la Seder, se reunió en Ciudad Altamirano con comisariados ejidales, ganaderos y directores de desarrollo rural de Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Cutzamala, Pungarabato, Tlalchapa, Tlapehuala, Zirándaro y Coyuca de Catalán, quienes le plantearon sus necesidades por las pérdidas de cultivos.

Los campesinos y ganaderos demandaron el apoyo del gobierno de Guerrero para que se emita la declaratoria de emergencia por sequía ante el Fondo de Desastres Naturales.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de Guerrero (SPC), advirtió que la sequía que perjudica al campo de Guerrero prevalecerá al menos hasta mediados del mes de septiembre, después, comenzará la temporada de huracanes, es decir, tendrá una duración mínima de 40 días, lo que implica que habrá temperaturas muy altas en algunas partes de la entidad.

En estos momentos los productores ya han perdido lo poco que se tenía sembrado y las plantas no alcanzaron el crecimiento que se necesita para producir, aunado a que para cuando las precipitaciones se reanuden se deberá enfrentar la probabilidad de huracanes con categorías 3 o 4.

El cultivo del maíz, representa en la región de la Tierra Caliente una de las principales actividades productivas para satisfacer, no solamente la necesidad alimentaria de los habitantes de dicha región, sino además es una de las principales actividades generadora de empleos, mismos que se han visto afectados como consecuencia de la sequía de las últimas semanas. Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto al gobierno federal para que declare a la región de la Tierra Caliente de Guerrero como zona de desastre natural, por la pérdida de las cosechas que ha provocado la sequía de las últimas semanas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputada Silvia Rivera Carbajal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de dar seguimiento a la situación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las y los integrantes de esta soberanía a dar puntual seguimiento a la situación que prevalece en los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente existe en el mundo un fenómeno que cada día está siendo de mayor preocupación para las organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y la comunidad internacional en general. Se trata de la migración de personas. Hay quienes afirman que estamos ante la mayor migración global de personas después de la Segunda Guerra Mundial.

En diferentes puntos del orbe, hombres y mujeres se trasladan de un país a otro o de una región a otra por razones políticas, religiosas, económicas o sociales. Millones de personas cruzan las fronteras legal o ilegalmente en busca de mejores condiciones de vida económica, de refugio o asilo político, en el lugar donde consideran que pueden vivir mejor. En el peor de los casos, las personas son expulsadas de su lugar de origen en contra su voluntad por pensar o creer diferente.

Mujeres, hombres, niñas y niños huyen del hambre, la guerra, la persecución política o religiosa; van de África y Asia con rumbo a los países europeos o se trasladan de América Latina hacia Estados Unidos, solo por mencionar dos de los flujos migratorios más abundantes en la actualidad.

En ese transitar, las y los migrantes dejan atrás una historia personal y familiar, dejan sus hogares, sus pertenencias, deciden abandonar a seres queridos con tal de cesar una vida de padecimientos de diversa índole, muchas veces para sufrir penurias, humillaciones, abusos de traficantes y persecución en el camino hacia la anhelada mejor vida. No es extraño que una vez en el lugar de destino, si es que se llega, el panorama no sea satisfactorio. La vida buena no llega, la tranquilidad deseada no está presente. Por el contrario, la circunstancia del extraño, del extranjero, del ajeno en un lugar distinto, las y los vuelve vulnerables.

Esa es la situación actual de las personas desplazadas en Siria, Yemen, Macedonia y Grecia, en Europa del este y al interior del propio continente Europeo. Ésa es la circunstancia que viven las y los africanos que van hacia diversas partes del mundo, de quienes quieren pasar de Francia al Reino Unido por el Eurotunel y también lo es de las y los migrantes latinos que van rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica no en busca del “sueño americano”, sino de una vida real con mejores condiciones económicas y sociales.

Son a éstas últimas personas a las que el aspirante a la candidatura presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, quiere expulsar y evitar su entrada a un país que fue formado por migrantes provenientes de Europa. Estas declaraciones, hechas en el marco de un proceso político, representan un riesgo potencial de violación a los derechos humanos de millones de personas.

De acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración, organismo estadounidense especializado en el tema de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, al segundo trimestre de 2015, 42.1 millones de inmigrantes viven en ese país, es decir, personas que viven allí de forma permanente y que nacieron en otro país, ya sean inmigrantes naturalizados, residentes legales e inmigrantes indocumentados.

Ese mismo centro, informa que el número de migrantes mexicanos, tanto en situación regular como irregular, se incrementó a 12.1 millones a junio de este año, es decir, 740 mil personas más que en 2014. Además, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interna, las y los mexicanos suman más de la mitad de la población migrante en situación irregular en Estados Unidos. Actualmente más de uno de cada cuatro migrantes radicados en ese país del norte es de origen mexicano, y más de la mitad son latinoamericanos.

Las propuestas Trump han sido la eliminación del principio constitucional que otorga la ciudadanía a cualquier persona que nace en suelo estadounidense, la deportación de cualquier extranjero que haya cumplido condenas de cárcel, multas y penas a todos aquellos que, aunque ingresaron con visas, se quedaron en el país luego de que vencieron y la construcción de un muro en la frontera de México con Estados Unidos.

Imaginen ustedes que el personaje mencionado obtuviera la candidatura por el Partido Republicano y eventualmente llegase a la presidencia del que, por sí mismo, sigue siendo el país más poderoso en términos políticos, económicos y militares. ¿Qué pasaría si Donald Trump cumpliera su promesa de cerrar la frontera y sacar del país a quienes viven de manera irregular en los Estados Unidos? ¿De verdad aceptaríamos pagar la construcción de un muro para evitar el paso hacia ese país? Sin duda, estaríamos frente a una catástrofe humanitaria que ya ha tenido antecedentes en la historia del mundo, en la que posiciones conservadoras obtienen el poder para dirigir los destinos de un país, provocando expulsiones de hombres y mujeres, con tal de “salvar a su nación de los invasores”

Esta Cámara de Diputados no sólo no puede ser ajena a esos alardes de intolerancia, sino que debe actuar como parte del Estado Mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas. No es necesario esperar a que ese individuo llegue a la presidencia de aquel país para emprender la defensa de las y los migrantes mexicanos, pues desde ahora ya viven una situación de riesgo y de violación a sus derechos fundamentales.

México es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, solo por mencionar algunos instrumentos internacionales a los que por virtud del Artículo Primero Constitucional, las autoridades del Estado mexicano estamos obligados a atender a cabalidad.

En esos dispositivos de derechos humanos, se encuentran una serie de prerrogativas que están siendo violadas a las personas que viven como migrantes en Estados Unidos y que les serían vulneradas en caso de que fueran expulsadas o se impidiera su ingreso.

Sin duda alguna, la situación lesiva de derechos humanos de los migrantes no solo es responsabilidad de los países que los reciben sino también de los países que expulsan. Es imprescindible resolver las situaciones de desigualdad social, de intolerancia religiosa y política para evitar la migración forzosa. Sin embargo, estas iniciativas pueden tardar en tanto que la situación negativa de las y los migrantes sigue sucediendo. Por ello es imperativo que impulsemos medidas inmediatas que coadyuven a resolver las circunstancias adversas de las personas migrantes.

Por todo lo anteriormente expuesto, presento a las y los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que se cree una comisión que dé seguimiento al tema de la situación de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Segundo. Que dicha comisión tenga las atribuciones necesarias para poder prevenir y alertar sobre la violación a los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, entre las que se encuentre la posibilidad de visitar territorio norteamericano para conocer de primera mano las circunstancias y demandas de las y los migrantes, a través de entrevistas con ellos ya sea en lo individual o bien a través de las organizaciones de migrantes.

Tercero. Que se destine un presupuesto específico para el funcionamiento de dicha comisión, a fin de que pueda cumplir cabalmente con sus atribuciones de defensa de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil quince.

Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de apoyo a la celebración del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo y Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo y Carlos Hernández Mirón, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. “El 5 de febrero de 2017, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá cien años su promulgación. Aunque ya lo es desde ahora, ese aniversario simbólico subrayará su condición de ser una de las Constituciones más longevas del planeta, apenas superada en duración por la Constitución Federal de los Estados Unidos (1787) y algunas pocas más, pues la gran mayoría de las Constituciones vigentes en el mundo al momento actual, incluyendo a casi todas las iberoamericanas, son posteriores a la Segunda Guerra Mundial (1945) y al final de la Guerra Fría (1989)”.1

2. “La teoría constitucional nos indica que una Constitución debe contener los principios básicos de la organización del poder público y el catálogo de derechos fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio de un país. Faltan algunos años para que la Constitución llegue a ser centenaria. Esta es una oportunidad fabulosa para que entre todos nos preguntemos sobre el tipo de Constitución que queremos y sobre el papel que necesitamos que juegue en el presente y el futuro del país”.2

3. “Se ha dicho que se reforma la Constitución porque se cree en ella y porque es un factor central de legitimidad para el ejercicio del poder. Hay por ello la necesidad de adaptarla a las condiciones de una sociedad que se ha modernizado de manera acelerada en los últimos cien años. Ciertamente, ha habido muchas reformas innecesarias y hasta contraproducentes, pero los cambios de los últimos 30 años han tenido, en su mayoría, el propósito de moderar y reequilibrar el presidencialismo hegemónico que se consolidó desde los años treinta del siglo XX, así como el de introducir, a la vez, las principales instituciones del constitucionalismo contemporáneo”.3

4. “No necesitamos de estudios empíricos para saber que en nuestros países la Constitución cumple de manera muy deficiente, si acaso funciones de unidad e integraciones sociales. Basta considerar la gran distancia que hay entre el país legal y el país real, así como las fuertes divisiones económicas, culturales y aún ideológicas que hay en las sociedades latinoamericanas para darnos cuenta de que estamos lejos de centrar en la Constitución la unidad simbólica de un proyecto común”.4

5. Cabe señalar que de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al Pleno de la Cámara de Diputados la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico; y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al Pleno la integración de las comisiones.

6. En ciernes de la conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión está en el deber de sumarse a las reflexiones colectivas sobre tan significativa y emblemática fecha.

Por ello, resulta oportuno proponer la creación de una comisión especial que participe en coordinación de las autoridades e instancias encargadas de organizar los festejos y conmemoraciones relacionados con el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se constituye la Comisión Especial de apoyo a la celebración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857

Segundo. El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación.

Tercero. Para el cumplimiento de su objeto, dicha Comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objeto, de conformidad al marco normativo aplicable.

Cuarto. La comisión estará integrada por diputados de todos los grupos los grupos parlamentarios, así como de los diputados sin partido e independientes, de conformidad con lo que determine la Junta de Coordinación Política.

La comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y sus respetivos secretarios.

Notas

1 Fix-Fierro, Héctor, “Hacia el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, una reflexión a propósito de reformas, textos, modelos y culturas constitucionales” , Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, pág. 683, ver:
http://www.nexos.com.mx/?p=18375, 5 de septiembre de 2015.

2 Carbonell, Miguel, ¿Por qué no una nueva Constitución?, revista Nexos, 1 de febrero de 2014, México, ver:
http://www.nexos.com.mx/?p=18387, 5 de septiembre de 2015.

3 Fix-Fierro, Héctor, “Engordando la Constitución ”, revista Nexos, 1 de febrero de 2014, México, ver:
http://www.nexos.com.mx/?p=18375

4 Op. Cit. Fix Fierro, “Hacia el Centenario...”, págs. 727 y 728.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los diez días del mes de septiembre de 2015.

Diputados: Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo, Carlos Hernández Mirón (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para fortalecer la industria azucarera y piloncillera, a cargo del diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Miguel Ángel Sedas Castro, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La palabra azúcar o azúcares se usa para designar los diferentes monosacáridos y disacáridos, que generalmente tienen sabor dulce. El azúcar ha sido un ingrediente muy valorado en todo el mundo para la elaboración de alimentos y bebidas desde que Alejandro Magno llevó la caña de azúcar de la India a Occidente hace 2500 años.

La caña de azúcar se cultiva actualmente en 101 países, y para una docena de éstos representa hasta el 25 por ciento del territorio destinado a la agricultura, su cultivo y procesamiento proporciona sustento para millones de personas y su exportación es pilar de muchas economías nacionales.

Aproximadamente el 70 por ciento de todo el azúcar que se comercializa en el mundo proviene de la caña, el resto de la remolacha azucarera. Estos cultivos crecen en zonas tropicales a sub-tropicales y templadas, respectivamente. Los países líderes en producción de azúcar son Brasil, seguido de la India, la Unión Europea y China. Estas cuatro regiones proporcionan más de la mitad de la producción mundial. Por su parte, nuestro país ocupa el séptimo lugar en este rubro.

La industria de la caña de azúcar en nuestro país emplea de manera directa a más de 500 mil personas, de ellas 175 mil son productores que se dedican a su cultivo y cosecha para luego llevar el producto para su procesamiento a alguno de los 51 ingenios azucareros que existen en el país.

El principal productor de caña de azúcar en el país es el estado de Veracruz, que cuenta con 22 ingenios azucareros, los cuales aportan casi el 40 por ciento de la producción nacional. Veracruz obtiene un promedio de 18 millones de toneladas por hectárea, lo cual es superior al de Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa, Nayarit y Tabasco, cuya producción promedio es menor a los 6 millones de toneladas.

La agroindustria de la caña de azúcar es una actividad de tan alto impacto social por el valor de su producción y por los empleos que genera en el campo mexicano que las actividades que comprende, desde la siembra, el cultivo y la cosecha hasta la industrialización, son consideradas de interés público.

No obstante lo anterior, durante las últimas tres décadas, la falta de inversión, la contracción del consumo de azúcar en todo el mundo, la liberalización de su precio y el atraso tecnológico en el campo han limitado la competitividad de la industria azucarera mexicana.

La producción nacional de azúcar para el ciclo 2014-2015 rebasó los 6.3 millones de toneladas, 5.47 por ciento más respecto a los 6.02 millones del ciclo anterior. Si bien esta cifra representa una mejora en las perspectivas de la industria, lo cierto es que el pasado ciclo fue el primero que resultó bueno luego de varias temporadas poco alentadoras en las cuales se registró una caída en la producción.

Los principales factores que incidieron en esta caída han sido las sequías, el incremento del precio de los fertilizantes y de los combustibles, la falta de pago oportuno de la materia prima de la zafra anterior, y el manejo poco racional que se ha hecho de los apoyos financieros destinados al fortalecimiento de la industria.

A la problemática anterior debe agregarse también el aumento de la importación de fructosa proveniente de Estados Unidos que ha incidido significativamente en el deterioro, de la ya de por sí precaria economía de los trabajadores de la caña de azúcar.

Todo lo anterior ha puesto en una circunstancia crítica a la industria, pues muchos de los ingenios se encuentran al borde de la quiebra dado que sus finanzas han llegado al límite de la resistencia. Tan sólo en el estado de Veracruz hay 4 ingenios que dejaron de operar recientemente y uno más que se encuentra en proceso de quiebra, lo cual representa más de una quinta parte del total de ingenios en la entidad.

Para superar la adversa situación que enfrenta la industria azucarera nacional se requiere crear leyes y poner en marcha políticas públicas que eleven su productividad y competitividad a nivel internacional, que fomenten las inversiones y que hagan posible que los trabajadores y empresas dedicados a alguna de las actividades del proceso de producción obtengan un pago justo por el producto de su trabajo que les permita seguir operando y vivir de manera digna.

En este sentido, consideramos necesaria la creación de una Comisión Especial en esta Cámara de Diputados desde la cual puedan articularse los esfuerzos del poder legislativo en beneficio de la industria azucarera para que estos se traduzcan en mejoras reales para las familias que dependen de la producción de azúcar.

Cabe destacar que la LVIII Legislatura de esta Cámara de Diputados tuvo a bien crear la Comisión Especial para Analizar la Problemática de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, con objeto de dar atención a las demandas del sector, acción que fue replicada por las Legislaturas LIX, LX, LXI y LXII.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Respetuosamente se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en términos de los artículos 32, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica Del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se discuta y en su caso se apruebe y emita el acuerdo de creación de la Comisión Especial para el fortalecimiento de la industria azucarera y piloncillera.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de septiembre del año 2015.

Diputado Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de programas sociales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo en relación con la creación de una Comisión Especial de Programas Sociales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, es necesario contar con mecanismos que faciliten la supervisión, control y evaluación de la distribución de recursos y subsidios a la población más pobre para la atención inmediata de sus necesidades, que coadyuve en la superación de toda condición de vulnerabilidad y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias, en especial, aquella población que no tiene acceso a los satisfactores más apremiantes para saldar las “necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar como: La ausencia de hambre y pobreza extrema; educación de buena calidad, empleo productivo y decente, buena salud y vivienda; el derecho de las mujeres a dar a luz sin correr peligro de muerte; y un mundo en el que la sostenibilidad del medio ambiente sea una prioridad, y en el que tanto mujeres como hombres vivan en igualdad” (informe de los Objetivos del Milenio 2010; prólogo Ban Ki Moon).

En ese sentido nuestra Carta Magna y leyes secundarias que abordan temas trascendentales como la igualdad y por las que se consagran los derechos fundamentales, prevén la obligación por parte del Estado de la atención de los derechos de la población como lo son el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a la protección de la salud; a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; a disfrutar de vivienda digna y decorosa, entre otras. Temas que de algún modo se han ido atendiendo de manera general y no en todos los casos de forma eficiente a través de programas sociales que van dirigidos a las personas que enfrentan carencias en esos rubros, situación por la que el Congreso de la Unión debe ser el promotor de respuestas urgentes a los problemas y necesidades de la sociedad a la cual representa.

Por su parte, el artículo 25 de la constitución; en materia de distribución del ingreso y de desarrollo nacional, otorga la responsabilidad al Estado para garantizar que dicho desarrollo, sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Sabemos que la política social en nuestro país, ha sido el medio que tiene el Estado para distribuir recursos públicos para satisfacer las necesidades de la población más vulnerable, quien demanda esa atención en su legítimo derecho que les asiste el ser integrantes de nuestra sociedad. Por lo que la coordinación entre los tres niveles gubernamentales, federal, estatal y municipal, las organizaciones de la sociedad civil, los distintos colegios de profesionistas e instituciones educativas, es indispensable, en el proceso de desarrollo en el que nos encontramos actualmente.

Como parte de la política social, se encuentran los programas sociales sujetos a reglas de operación y otros programas de subsidio mismos, que fueron diseñados para atender diversos ámbitos como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de nuestra Constitución Política, con el fin de cumplir con los objetivos de las políticas públicas que les dieron origen, sin embargo, aún nos encontramos lejos de contener y erradicar la vulnerabilidad con la que vive un importante sector de la población, pese a los grandes esfuerzos que han realizado las autoridades ya que aún prevalecen prácticas que descuidan aspectos como lo es la simplicidad en las reglas de operación, la falta de difusión de los programas, el manejo discrecional o mal uso de los recursos en muchos casos con tintes políticos, así como la falta de transparencia y rendición de cuentas de los sujetos obligados y operadores de algunos programas, situación que saca a la luz la necesidad de seguir colaborando a través de la implementación de mecanismos de evaluación y aplicación de mejores prácticas.

Es necesario puntualizar que lo que se debe ofrecer a las millones de ciudadanas y ciudadanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, es que los objetivos de los programas involucrados deben ser claros y trascender el carácter asistencialista de las políticas sociales, con el fin de que los beneficiarios de estos subsidios obtengan opciones de desarrollo productivo de largo plazo, de tal manera que se construyan bases sólidas sobre las cuales las mexicanas y los mexicanos que hoy dependen de una transferencia de recursos monetarios o en especie para mejorar su ingreso y bienestar, puedan hacer esto último apoyados en la generación de ingresos a través de fuentes propias.

Por lo anterior, es de importancia mayúscula el que se analicen y se dé seguimiento al comportamiento de los indicadores de dichos programas sociales, ya que recientemente se ha dado a conocer por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el aumento de las cifras de Pobreza en la que casi 2 millones de mexicanos pasaron a engrosar esta estadística fatal, en contraste con una mínima disminución de la Pobreza extrema y así, determinar las estrategias a seguir para definir o redefinir los objetivos y/o el diseño de los programas que no estén dando el resultado presupuestado e incluso tomar la decisión de eliminar aquellos que no sean factores para el abatimiento de las necesidades de la sociedad vulnerable de nuestro país.

Por otra parte, el presupuesto autorizado para la operación de 96 programas sociales sujetos a reglas de operación, en este caso los que se señalan en el anexo 25 del PEF 2015, mismos que están distribuidos y sectorizados para su operación y administración en 16 Dependencias del Ejecutivo federal, ascendió a la cantidad de 349,467.9 millones de pesos (MDP) para el ejercicio presupuestal de 2015.

Como se puede apreciar, el presupuesto que se destina en este caso solamente para los programas sociales federales sujetos a reglas de operación, no es de ninguna manera despreciable y por lo tanto, por parte de la Cámara de Diputados se debe contar con un seguimiento puntual, para vigilar desde la autorización presupuestal, hasta la calidad de los resultados obtenidos. Razón por la que es necesario, la implementación de estrategias precisas que permitan la medición y los correspondientes estudios de contraste como parte de una evaluación continua, con el fin de comprobar la eficiencia y eficacia de los programas sociales en los que se pretende gastar esa cantidad de miles de millones de pesos. Evitando en todo momento las duplicidades, favoritismos y mal uso de los mismos sin que se permita la manipulación política de intereses personales o de grupo.

Es indudable e inobjetable que la medición de resultados y la evaluación integral, se convierten en herramientas con una importancia toral, tanto para programas sociales que no están integrados de forma transversal, así como para aquellos programas sociales que si están considerados e integrados transversalmente en una estrategia mayor que debería obtener y reportar mayores beneficios que los que podrían resultar de cada programa social de forma aislada. Por lo que una medición y evaluación débil de los resultados a dichas estrategias por parte de la Cámara de Diputados, se convierte fácilmente en una desventaja para el equilibrio de poderes ya que sin una evaluación robusta, no hay cabida para una mejora continua que exija un intercambio de opiniones y recomendaciones que sean el origen de acciones de evolución hacia la excelencia tanto en el poder Legislativo como en el Ejecutivo.

Por lo anterior, es importante que la sociedad, vea consolidadas cada una de las conquistas democráticas a través del desarrollo económico, político y social, que permitan generar mejores oportunidades para que cada persona y cada familia logre vivir en condiciones dignas y resaltamos que es preciso contribuir con un proyecto de largo plazo, que permita consolidar una Política Social de Estado que disponga del tiempo de maduración suficiente para que rinda frutos tangibles.

En ese orden de ideas, considero que es importante crear una instancia por demás útil para nuestros representados, que sin duda tiene mucho por hacer para dar seguimiento a una agenda actual que tiene su origen en la vocación de servicio que nos caracteriza como representantes populares y dar respuestas a la ciudadanía más desprotegida de nuestro querido México.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. En términos del inciso c), numeral 1, del artículo 34; y del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se acuerda la creación de una Comisión Especial de Programas Sociales, a fin de dar seguimiento y evaluar el impacto de dichos programas y proponer ajustes y mecanismos para coadyuvar al pleno cumplimiento de los objetivos que les dieron origen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita realizar acciones para fortalecer los trabajos de la comisión de la verdad en la investigación de los hechos que motivaron las violaciones de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en 2006 y 2007, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita realizar diversas acciones para fortalecer los trabajos de la Comisión de la Verdad para la Investigación de los Hechos que Motivaron las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Mediante el decreto 2056 de la Sexagésima Legislatura del Estado de Oaxaca, publicado el 19 de octubre del año 2013 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, se expidió la Ley que crea la Comisión de la Verdad para la Investigación de los Hechos que Motivaron las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007. Dicha Comisión es integrada por Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote mexicano y defensor de los derechos humanos de los migrantes; Marina Patricia Jiménez, defensora de los derechos humanos con una reconocida trayectoria en el sureste mexicano; y Diego Enrique Osorno reconocido periodista y escritor mexicano.

El objeto de dicha Comisión de la Verdad es garantizar “el derecho irrenunciable a la verdad, de las acciones y omisiones que pudiesen haber motivado violaciones a los derechos humanos y la posible comisión de delitos en contra de personas vinculadas con el movimiento social ocurrido en el Estado”, tal y como se puede leer el artículo 1, de la mencionada Ley.

Sin lugar a dudas, el esfuerzo institucional y el significado simbólico que representan la creación de esta Comisión de la Verdad representan un precedente histórico para nuestro país, por lo que sus resultados son de suma relevancia para vida pública de la nación y para la consolidación de la agenda de defensa de los derechos humanos.1

II. A raíz de las exhaustivas investigaciones realizadas por esta Comisión de la Verdad y a partir de sus recomendaciones, el día 8 de septiembre de 2015, se giraron órdenes de aprehensión contra ex autoridades municipales de San Antonino Castillo Velasco, por la presunta ejecución extrajudicial del campesino y policía comunitario Arcadio Hernández Santiago, en octubre de 2006. De acuerdo con la Comisión de la Verdad de Oaxaca, se señala lo siguiente:

“Los perpetradores del crimen en mención, de quienes reservamos su identidad para no entorpecer la acción de la justicia, actuaron en coautoría y consumaron la Ejecución Extrajudicial en pleno ejercicio de sus funciones como autoridades municipales de San Antonino Castillo Velasco. Este hecho se considera una Ejecución Extrajudicial por la participación de agentes del Estado. Además de calificarse como un delito, constituye una violación grave a los derechos humanos.”

La Comisión de la Verdad de Oaxaca también ha concluido que, a la par de estas ejecución extrajudicial, se dieron múltiples violaciones a los derechos humanos entre los años 2006 y 2007 en el mencionado municipio, “con la colaboración de las autoridades estatales”, de tal suerte de dicho acontecimiento no puede considerarse como un hecho aislado.2

III. Gracias a los trabajos de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, el día 8 de septiembre del presente año fue presentada la consignación ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, lo que constituye un hecho sin precedentes en la historia de México y en la defensa de los derechos humanos, ya que por primera vez una instancia como esta genera resultados que derivan en consecuencias contundentes contra ex autoridades que presuntamente cometieron delitos y violaciones a los derechos humanos. Además, no debe perderse de vista que esta es la primera ocasión en la historia de México en que hay una consignación por la comisión de una ejecución extrajudicial, lo que representa un importante precedente para el esquema jurídico penal mexicano y se encuentra apegado a los estándares internacionales.

Con estos antecedentes, consideramos pertinente que la H. Cámara de Diputados fije una postura política contundente en apoyo a los trabajos de la Comisión de la Verdad de Oaxaca y sus comisionados, que asuma una posición de vigilancia para que sus hallazgos rindan frutos, y defienda ante todo el derecho a la verdad y pugne por el castigo a los responsables.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados reconoce y respalda el trabajo hecho por la Comisión de la Verdad para la Investigación de los Hechos que Motivaron las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, y refrenda su compromiso irrenunciable con la defensa de los derechos humanos. Así mismo, la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados asume el compromiso de legislar en materia de ejecuciones extrajudiciales, en apego a los estándares internacionales.

Segundo. En concordancia con lo recomendado por la Comisión de la Verdad para la Investigación de los Hechos que Motivaron las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca a actuar con estricto apego a la legalidad y basado en principios de justicia transicional, para que ordene la aprehensión de las ex autoridades municipales y estatales que participaron en la ejecución extrajudicial de Arcadio Hernández Santiago en octubre del año 2006.

Tercero. Se solicita a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como al Poder Ejecutivo de dicha entidad, a ejecutar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de los familiares, testigos y todos los involucrados en el caso, así como de los Comisionados integrantes de la Comisión de la Verdad para la Investigación de los Hechos que Motivaron las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007.

Notas

1 Cfr. Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, 19 de octubre de 2013, http://www.congresooaxaca.gob.mx/61/decretos/files/PODLXI_2056.pdf

2 Cfr. Comunicado de Prensa de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, 8 de septiembre de 2015.
http://comisiondelaverdadoaxaca.org.mx/consignacion-de-ejecucion-extrajudicial-de-arcadio-hernandez-santiago-septiembre-8-2015/

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2015. LXIII Legislatura

Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la PGR a incrementar los recursos destinados a investigar y sancionar los delitos asociados a la emisión, la generación, el acopio, el almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numeral 2 ,y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En octubre de 2011 se impulsó una ambiciosa reforma al marco tutelar de los derechos humanos, al mandatar, en el artículo 4o. constitucional, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del Interés Superior de la Niñez. Principio que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos.

Dicho mandato constitucional motiva y orienta a todos los miembros del Estado en velar y resguardar no solo los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, también a demandar y exigir que las autoridades cumplan con sus responsabilidades ante hechos que vulneran su exigibilidad.

Hoy en día, el uso cada vez más generalizado del internet y de dispositivos como computadoras portátiles, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes pone en situación de mayor riesgo a las niñas, niños y adolescentes de ser víctimas de delitos como la pornografía infantil, la corrupción de menores y la trata de personas.

Lo que en su momento se definió como una red de acceso y divulgación de información se ha convertido paulatinamente en un espacio para la generación de delitos que vulneran principalmente la integridad de los menores.

Distintos tipos de acoso sexual se han engendrado en la red: grooming, sexting, sextorsión y sexovengaza acechan a 18 millones de menores de edad que cuentan con acceso a internet; además, de acuerdo con datos del Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2014,1 realizado por la Asociación Mexicana de Internet y del Centro sin Violencia en Internet, uno de cada siete adolescentes, de entre 12 y 17 años -más de un millón y medio de nuestro prometedor futuro- recibe ofertas sexuales mientras navega en la red.

Si lo anterior es preocupante y debe generar la acción de nuestras autoridades, es más preocupante aún que en México, hasta el 2013 y en el lapso de cinco años, se detectaron más de 4 mil páginas de pornografía infantil en Internet.

El panorama antes descrito es aderezado con otra información alarmante: las ganancias que estos ilícitos producen. Informes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América señalan que la pornografía infantil, a nivel mundial, genera 34 mil millones de dólares anuales.

Por ello no es casual que el 60% del material pornográfico infantil que se consume en el mundo,2 se encuentra en nuestro país, situación que nos ha puesto en el deshonroso primer lugar de distribución de pornografía infantil en el orbe.

Estadísticas de la Procuraduría General de la República dan cuenta de que hasta el año pasado, en nuestro país se detectaron más de 12 mil cuentas personales de internet y se calcula que actualmente está disponible en línea más de un millón de imágenes de menores de edad sometidos a abusos sexuales y explotación sexual.

La situación de vulnerabilidad de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes ha impulsado la creación de la Alianza Global Contra el Abuso Sexual Infantil en Línea, establecida por Estados Unidos de América y la Unión Europea el 5 de diciembre de 2012, la cual contempla unir a las y los responsables de la toma de decisiones en el tema de infancia de todo el mundo para identificar con mayor oportunidad y rapidez a los probables delincuentes, perseguirles e implementar sanciones, así como ayudar a las víctimas de estos actos.

Con esta alianza se pretende internacionalizar y reforzar los recursos nacionales para poner más delincuentes a disposición de la justicia internacional, e identificar a más víctimas de estos abusos, garantizando sus derechos.

El pasado mayo de 2014, nuestro país se convirtió en el 53° Estado en participar en la Alianza y en el único país latinoamericano en formar parte de este mecanismo, siendo la instancia encargada de dar seguimiento a la implementación de dicha iniciativa la Procuraduría General de la República, la cual trabajará en fortalecer los mecanismos de procuración de justicia para investigar y castigar a los delincuentes, incrementar la conciencia pública sobre este delito y disminuir la disponibilidad de pornografía infantil en línea.

Aun cuando sabemos y reconocemos la actuación de las autoridades responsables de la procuración de justicia en nuestro país, Nueva Alianza considera necesario reforzar la sensibilidad y atención que deben brindar para prevenir y sancionar comisiones de delito que vulneran los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. De no actuar en consecuencia incurrimos todos los miembros del Estado mexicano en flagrantes violaciones a nuestro mandato Constitucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República para que, por medio de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, redoble los recursos destinados a la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil, de la que México es uno de sus mayores productores y distribuidores en el mundo.

Notas

1 Disponible en
https://www.amipci.org.mx/estudios/habitos_de_internet/Estudio_Habitos_del_Internauta_Mexicano_2014_V_MD.pdf. Consulta realizada el 8 de septiembre de 2015, a las 9:20 horas.

2 Aseveración hecha por la maestra María Ampudia González, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la conferencia magistral Infancia en México: vulnerabilidad y protección, dictada el viernes 04 de septiembre de 2015 en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre el brote epidemiológico de rickettsiosis en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES

José Alfredo Ferreiro Velazco, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud declare alerta epidemiológica por rickettsiosis, en Baja California y a la par, con el Gobierno de Baja California, vigilen la aplicación y cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, de manera específica de todos y cada uno de los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especial, en relación al brote epidemiológico de rickettsiosis, en la ciudad de Mexicali, Baja California, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud está garantizado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, además de establecer la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de nuestra Carta Magna.

Este último precepto, establece que “en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables....”

Lo anterior viene al caso, en razón de que las enfermedades transmitidas por vector, constituyen uno de los principales problemas de salud pública en México, ya que por sus características geográficas y climáticas, así como sus condiciones demográficas y socioeconómicas, existe el riesgo de transmisión de una o más de esas enfermedades en cada entidad federativa.

Por lo anterior es que la Ley General de Salud en su artículo 134 establece que “La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles”.

En su Fracción VII. “Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo y otras rickettsiosis...”

Se llama rickettsiosis, al grupo genérico de enfermedades producidas por rickettsia (parásito intracelular, causante de diversas enfermedades conocidas como rickettsiosis). Las más importantes son el tifo epidémico tiene por vector al piojo, el tifo endémico, transmitido por pulgas; y la fiebre maculosa o manchada de las montañas rocosas, cuyos vectores principales son las garrapatas, especialmente la garrapata café del perro.

Aunque en años recientes estas enfermedades se presentan de forma aislada y esporádica, aún persisten en diversas áreas de la República Mexicana, especialmente en los estados del norte; según estudios, esta condición puede ser un reflejo de que el cambio climático, el cual influye mayormente en la abundancia de los vectores trasmisores y la probabilidad de contacto con humanos.

Por tratarse de enfermedades difíciles de identificar en sus síntomas, en muchas ocasiones, no se da el tratamiento adecuado y oportuno, lo cual contribuye de manera directa en el agravamiento genera repercusiones de mayor gravedad en la salud del paciente, que incluso pueden llevarlo a la muerte.

Según datos de la Secretaria de Salud el primer caso de Rickettsia en la ciudad de Mexicali, se presentó en el año 2009; desde la aparición de este primer caso documentado, los casos detectados y los fallecimientos a causa de la enfermedad han ido en aumento; como lo demuestran las cifras del sector salud:

En 2009: Fallecieron 9 Personas.

2010: 12 Personas.
2011: 8 Personas.
2012: 15 Personas.
2013: 19 Personas.
2014: 25 Personas.

Y a septiembre 2015, ya se reportan 20 decesos a causa del padecimiento.

Por lo antes expuesto estas enfermedades se han convertido en un fenómeno preocupante en Baja California, de manera específica en el municipio de Mexicali, aunque a la fecha ya se están presentando estos casos en los municipios de Ensenada y Tecate.

Por otra parte la Ley General de Salud establece en su artículo 181 que en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, Así mismo, que el Ejecutivo Federal podrá declarar, mediante decreto, la región o regiones amenazadas que quedan sujetas, durante el tiempo necesario, a la acción extraordinaria en materia de salubridad general.

Para Encuentro Social, el tema de la salud es prioritario, sobre todo cuando está en riesgo la vida de las personas; por lo anterior, creemos necesario que las autoridades competentes, declaren alerta epidemiológica por rickettsia en baja california, así mismo, para que vigile el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, para la vigilancia epidemiológica de las medidas tomadas para el control del brote de rickettsiosis, en la ciudad de Mexicali.

De lo expuesto en los párrafos anteriores podemos advertir la gravedad de las enfermedades que se tratan y por otro la seriedad con la cual las autoridades competentes deben asumir su responsabilidad; a fin de evitar un mayor número de pérdidas humanas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que declare alerta epidemiológica por rickettsia, en el estado de Baja California, y para que vigile la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, de manera específica de todos y cada uno de los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especial en relación al brote epidemiológico de rickettsiosis, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Segundo. Esta Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Baja California, para que aplique lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, de manera específica de todos y cada uno de los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especial y la alerta sanitaria implementada en el Estado para controlar el brote epidemiológico de rickettsiosis, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de septiembre de 2015.

Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la PGR que atienda las conclusiones presentadas por la CIDH, a través del grupo de expertos interdisciplinarios independientes, sobre el caso Ayotzinapa, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes

La suscrita, diputada Ariadna Montiel Reyes, perteneciente a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A casi un año de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron como saldo 43 normalistas desaparecidos, 6 personas asesinadas y 40 más heridas, la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República, ha sido refutada en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Seis meses después de haber iniciado sus investigaciones en México, éste grupo de expertos no solo puso en duda las conclusiones de la autoridad, sino que demostró su falsedad con pruebas científicas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa en Guerrero; y conformada por el licenciado Alejandro Valencia Villa; la doctora Ángela María Buitrago, el doctor Carlos Martín Beristaín, la licenciada Claudia Paz y Paz Baile y el maestro Francisco Cox Vial de nacionalidad colombiana, chilena y española reconocidos defensores de derechos humanos, abogados y el médico y psicólogo Beristaín dieron a conocer su informe respecto al caso Ayotzinapa, en el cual ponen en evidencia que se ocultó información, que existen inconsistencias, omisiones y una fallida intervención de las policía municipal, estatal y federal, así como de las respectivas procuradurías.

Este acontecimiento indigna por la magnitud de la violencia y la deshumanización cada día más extendida en las relaciones sociales, por la omisión y ceguera de las instituciones responsables que han visto pintarse con sangre las vidas de cientos de estudiantes que han alzado la voz en contra de la injusticia sistemática y de la violencia que se ha ejercido históricamente en Guerrero y en muchas entidades más del país, mostrando y evidenciando una vez más, el rostro profundamente autoritario y represor en contra de las voces disidentes y críticas que se movilizan.

No podemos ser insensibles ni omisos ante tan indignantes y dolorosos acontecimientos, que sin duda no resuelven el grave problema educativo que existe en nuestro país ni mucho menos logrará acallar la razón y la fuerza de miles de estudiantes que luchan por un país mejor. Los instrumentos que tiene la política no son de ninguna manera la fuerza del garrote ni las desapariciones forzadas como en la peor época del autoritarismo represor de los movimientos sociales en nuestro país, no podemos ser cómplices de delitos y crímenes de lesa humanidad y menos quedarnos callados, pues lo que la razón no gana con argumentos, la fuerza represiva del Estado no podrá imponer ni legitimar.

En el informe planteado por este grupo de profesionales, se mantiene la hipótesis de la participación activa de policías estatales y municipales, la negativa de elementos del Batallón 27 de dar su versión de los hechos, así como la desaparición de las grabaciones de las cámaras de seguridad en las carreteras de la zona, la ausencia de protocolos de los cuerpos de seguridad en su actuación y en la protección de las víctimas, la falta de resguardo de las cuatro escenas de crimen de nueve cuerpos encontrados y la falta de tomas de fotografías de color y de huellas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha dejado en evidencia que la teoría de que fueron incinerados en Cocula es imposible, por la cantidad de combustible, y el tiempo requerido para lograr la incineración, concluyeron que para incinerar 43 cuerpos se requerirían al menos 30,100 kilos de madera o el equivalente a 13 mil 330 kilogramos de neumáticos y una duración de 60 horas continúas de exposición a calor intenso; por lo tanto, no debe darse por cierta esta afirmación del entonces procurador Murillo Karam.

Ante esto, en un viraje en su tesis original, la Procuraduría General de la República ha instruido un nuevo peritaje en Cocula, sin embargo, la investigación en su totalidad debe reencauzarse.

Nuestro país se encuentra sumamente lesionado por este caso, duele la impunidad y la ausencia de resultados, las instituciones pierden credibilidad cuando se afirman verdades históricas que se desvanecen con pruebas científicas, por eso es indispensable que el grupo interdisciplinario permanezca en México para dar vigilancia a las investigaciones, aportar y reforzar en la construcción de nuevas líneas que determinen lo acontecido el 26 de septiembre en Ayotzinapa.

Fueron varias las demandas de los familiares de los normalistas durante la conferencia que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pero pusieron énfasis en dos. La primera: que el gobierno federal refrende de manera indefinida la presencia del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta que se alcance verdad y justicia en el caso; la segunda: sanción a los responsables y que aparezcan con vida los 43 estudiantes desaparecidos.

En esa virtud, nos pronunciamos enérgicamente y con profunda indignación en contra de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de Ayotzinapa, y contra la falsedad de esa “verdad histórica” que la Procuraduría General de la República impuso como conclusión, y demandamos que se realice un juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales de la “ejecución extrajudicial”, de los alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Adicionalmente y en congruencia con nuestros orígenes de lucha social, externamos nuestro más sincero apoyo a los familiares de los normalistas que exigen el esclarecimiento de los hechos, toda vez que “la verdad histórica” ha sido refutada y demandamos se castigue a los promotores de ésta farsa indignante para las instituciones del Estado.

Considerandos

Primero. Que el 30 de septiembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, AC, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, AC”: requiriéndole que solicite al Estado mexicano que proteja la vida e integridad personal de 43 personas presuntamente desaparecidas o no localizadas, en el marco de supuestos hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre de 2014.

Segundo. Que el 3 de octubre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió resolución 28/2014, mediante la cual determinó que en la solicitud de medidas cautelares se cumplen los requisitos de gravedad, respecto a los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en el cual habrían resultado supuestamente muertos y heridos varios estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos de entre 15 y 25 años de edad.

Tercero. Que el 12 de noviembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano, firmaron un acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la comisión ejerce sobre la situación de los Derechos Humanos en la región.

Cuarto. Que el 6 de septiembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Grupo de Expertos Interdisciplinarios Independientes, presentó conclusiones de su investigación sobre el caso Ayotzinapa.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República atender las conclusiones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Grupo de Expertos Interdisciplinarios Independientes, sobre el caso Ayotzinapa.

Segundo. Se solicita de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República la presencia en nuestro país de manera indefinida del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta que se alcance verdad y justicia en el caso de la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos.

México, Distrito Federal, a 10 de septiembre de 2015.

Diputada Ariadna Montiel Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a denegar cualquier autorización del proyecto Don Diego, de Exploraciones Oceánicas, en el golfo de Ulloa, en la costa occidental de Baja California Sur, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Jisela Paes Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a negar cualquier autorización al proyecto denominado Don diego, de la empresa Exploraciones Oceánicas, situado en el Golfo de Ulloa, en la costa occidental del estado de Baja California Sur.

Consideraciones

En los estados del noroeste de México se concentra más de 70 por ciento de la producción pesquera nacional; Baja California Sur es el tercer productor en el país, en términos de la captura total y por el valor de su producción.

La pesca, en el ámbito estatal y nacional, como actividad primaria, tiene una importancia fundamental debido a su valor económico y social; es parte de una cadena productiva donde se generan empleos directos e indirectos, valor agregado, divisas, materia prima para otras industrias y sobre todo constituye un factor clave en la seguridad alimentaria.

En nuestro estado, la costa occidental es la de mayor productividad ya que en esa zona se encuentran las pesquerías de alto valor, no solamente estatal sino nacional, como son la langosta, el abulón y camarón, que generan empleos e ingresos producto de las ventas internacionales.

Las comunidades en esa región se encuentran dispersas en toda la costa, en campos pesqueros que han tenido que enfrentarse al aislamiento geográfico, usando sus propios recursos para desalinizar agua y, hasta hace poco tiempo, generar la electricidad para sus actividades productivas, ya que por tratarse de asentamientos humanos con pocos habitantes el gobierno federal no había destinado recursos para la instalación de torres de transmisión eléctrica.

Asimismo, la costa occidental de la península de Baja California es una de las regiones más productivas del país debido a que en esta zona se mezcla el agua de la Corriente de California, rica en nutrientes, con masas de agua más cálidas provenientes del sur.

Se presenta, entonces, un ciclo virtuoso que favorece el enriquecimiento del agua, las surgencias, donde un elemento fundamental es el fósforo. Las aguas frías de los fondos marinos son más ricas en fósforo que las calientes de la superficie, cuando las primeras ascienden arrastran cierta cantidad de nutrientes que atraen a numerosos organismos que aportan más fósforo.

El fósforo es un nutriente esencial que incrementa la formación del fitoplancton, que al ser la base de la cadena alimenticia marina, multiplica la vida de organismos superiores como los peces. Tanto el fitoplancton como los peces al morir se depositan en el fondo de la plataforma, sufriendo sus partes orgánicas una degradación que supone la acumulación de sus esqueletos. El continuo reflujo de fósforo por las elevaciones de corrientes frías produce una continua transformación de estos esqueletos.

Justamente la riqueza pesquera de la región en comento se sustenta en el fósforo que se ha depositado en cientos de años y que ahora la empresa Odyssey Marine Exploration pretende obtener del fondo marino.

Exploraciones Oceánicas S de RL de CV, es una filial de la estadounidense Odyssey Marine Exploration, que cuenta con 61.9 por ciento de la empresa y cotiza en la bolsa de Nueva York desde 2003, identificándose con el símbolo Omex, del Nasdaq.

La empresa presentó a evaluación de impacto ambiental (EIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un proyecto de minería submarina. “El objetivo para el proyecto de dragado es la extracción de 7 millones de toneladas de arena fosfática por año, durante 50 años de vida del proyecto, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas como producto final preparado para su transporte.

El dragado y bombeo de material a la barcaza será un proceso continuo de 24 horas, siete días a la semana durante 52 semanas al año” El número de empleados que calculó para operar la embarcación, será de 80 personas entre la barcaza y la draga, dividido en 2 turnos de 40 personas.

El método de extracción de la fosforita en el lecho marino se plantea sea por dragado y posterior procesamiento, para separación mecánica (no química) del sustrato con fosfato (concentrado) del material de dragado, y vertido del materia y sustancias sobrantes al lecho marino, en todos los casos desde embarcaciones, para su posterior embarque por vía marítima.

Marine Exploration se dedica a la explotación de restos de hundimientos de barcos antiguos, con el fin de vender los hallazgos o comercializar con reportajes sobre las operaciones de recuperación de dichos restos. Greg Stemm es su cofundador y Tom Dettweiler gerente de proyectos, éste último, en entrevista para el New York Times , corroboró las intenciones de iniciar exploraciones mineras.

“Hay mucho en juego”, dijo Dettweiler en dicha publicación. “Si los precios del metal suben, un depósito de mil millones de dólares se puede convertir en uno de cien mil millones de dólares”.

De acuerdo a información oficial el proyecto Don Diego, promovido por Odyssey Marine Explorations (Odyssey) y de valuaciones independientes, el yacimiento tiene un potencial caracterizado de fosforita de 92 millones de toneladas, en concentraciones de 19 por ciento, en un área de 23 kilómetros cuadrados (km2).

El yacimiento a explotarse se ubica a una distancia de entre 20 a 40 kilómetros (km.) de la línea de costa, a una profundidad de 70 a 90 metros. Con un espesor de hasta seis metros debajo del lecho marino, sin embargo de acuerdo a la batimetría del Golfo de Ulloa, existe la posibilidad de que el área de extracción sea más cercana a la línea de costa, que la señalada de 40 km.

A la fecha se desconoce cuáles serían los impactos de un proyecto de tal magnitud, sin embargo la remoción del fondo marino podría afectar directamente a las pesquerías de la zona por la extracción constante de partículas que posteriormente se depositarían en áreas aledañas al sitio de operación cubriendo el hábitat de especies como el abulón, la langosta y moluscos bivalvos que se distribuyen en la zona, llevando a una grave crisis socioeconómica a los pescadores de la región y, por ende, afectando la economía del estado.

Es preciso señalar que el Golfo de Ulloa está caracterizado como Región Marina Prioritaria para la Conservación, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y ha sido reconocida por su alta productividad biológica, y por esta misma razón, sitio de gran importancia para la pesca de la región.

También se reconoce como zona crítica para la población de tortugas marinas y zona de tránsito de ballenas, ambos grupos de especies bajo alguna categoría de protección. La misma Semarnat ha considerado en su propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Pacífico Norte que no hay compatibilidad entre la minería y la pesca, debido a los atributos ambientales para el Golfo de Ulloa.

De hecho, 42 por ciento de la actividad pesquera en el estado de Baja California Sur, se ubica en esta zona. El Instituto Nacional de la Pesca ha dicho que los polígonos del proyecto minero se traslapan con las concesiones pesqueras de las sociedades cooperativas de producción pesquera, Puerto Chale y La Poza.

Cabe señalar que en esa zona se encuentra la única pesca certificada internacionalmente como sustentable. Si este proyecto es aprobado, los logros de sustentabilidad se verían afectados.

Aunque el proyecto minero sustenta su viabilidad en los beneficios para la agricultura, ya que el principal insumo para la producción de fertilizantes se obtendría en México. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Economía existen otros yacimientos en tierra que podrían resultar menos impactantes que el propuesto y las cantidades a obtener serían suficientes para proveer a los agricultores del país.

De autorizarse éste, el gobierno de México sería el primero en el mundo en aprobar un proyecto de estas características, con la probable violación de tratados internacionales. En países como Nueva Zelanda y Namibia, los gobiernos negaron los permisos o decretaron una moratoria a este tipo de actividad hasta que se demuestre que no generará impactos graves.

Por ello, antes de tomar una decisión, el gobierno federal debería evaluar los posibles riesgos que una actividad minera de tal magnitud tendría sobre los recursos naturales. Es el ejemplo más claro de que el principio precautorio debe imperar.

Este proyecto fue presentado desde septiembre de 2014 y después del proceso de consulta pública, se esperaba la decisión de la Semarnat de no aprobar este proyecto de minería submarina.

Durante la reunión pública informativa realizada a fines de 2014, los gobiernos estatal y municipal, las organizaciones de la sociedad civil, y los más de 350 asistentes de diferentes comunidades pesqueras de la región, rechazaron ese proyecto. Las dos observaciones principales de los asistentes hacia Semarnat fueron: 1. Lenguaje muy técnico y poco claro por parte de los representantes del proyecto; 2. Éstos fallaron en explicar concretamente.

Sin embargo a unos días de la decisión, los promoventes retiraron el proyecto Don Diego, para volverlo a tramitar a los dos días de cancelado, ahora con participación de Minera del Norte SA, subsidiaria de Altos Hornos de México.

Se considera que esto se hizo con el fin de no generar antecedentes legales, es decir que al someter a evaluación de nueva cuenta el proyecto, no se considera el resolutivo del primer trámite.

A pesar de que se le cambió el nombre de Don Diego a Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego, es el mismo proyecto, sólo se agregó la información adicional que la Semarnat requirió dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental anterior y con las mismas inconsistencias.

Los promoventes explican en un comunicado de prensa del 22 de junio, que “vuelven a someter su manifestación de impacto ambiental, para informar al gobernador, congresistas, alcaldes y líderes de la comunidad del estado de Baja California Sur, que fueron elegidos el 7 de junio, para que puedan comprender a fondo los detalles del proyecto y los efectos positivos que tendrá en su estado y las comunidades”.

La nueva manifestación de impacto ambiental para dicha mina, ingresó en oficinas centrales de la Semarnat el 26 de junio de 2015, a pocos días de haberse retirado la primera, publicando el 2 de julio en un diario estatal que su procedimiento fue ingresado, aunque en la Gaceta Ecológica , donde se debió dar a conocer oficialmente el ingreso de la solicitud, no se haya publicado nada en dicho momento, toda vez que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), junto a la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, suspendieron sus actividades durante el mes de julio, justificando cambio de domicilio.

El Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable de Baja California Sur se manifestó en contra de este proyecto y denunció los grandes riesgos que representa y la manera irregular en la que se busca su aprobación, y se pronunció porque se lleve a cabo una revisión a fondo del mismo y una consulta pública, refiriéndose al daño al humano por la ingesta de alimentos del mar sacados de esa zona y que no se ha medido el impacto sobre los mamíferos marinos, como delfines, ballena gris, azul, y jorobada.

Sabemos que la Semarnat ha abierto un nuevo proceso de consulta pública y que, a petición de grupos de los pescadores de la región, en su momento deberá llevar a cabo una reunión pública de información, a fin de transparentar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y para que la sociedad esté debidamente informada de sus impactos potenciales.

La decisión de rechazar este proyecto minero no debería ser tan difícil para la Semarnat. Es obvio y evidente el daño que causaría.

La oposición al proyecto minero Don Diego en Baja California Sur, es de toda la sociedad civil: cooperativas pesqueras, grupos ambientalistas, organizaciones ecoturísticas, la comunidad científica del estado, el Congreso del estado, autoridades estatales y municipales, porque representa un riesgo ambiental y económico para miles de pescadores y sus familias que dependen exclusivamente de esa actividad.

Derivado de esa gran preocupación de la sociedad sudcaliforniana por el avance del proyecto y por sus impactos negativos hacia la pesca, y en general al ecosistema marino, debemos sumarnos como Cámara de Diputados a esa justa demanda de que la Semarnat niegue cualquier autorización al mismo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, a que una vez concluido el proceso de consulta pública, y en consideración a todas las afectaciones y sus impactos negativos e irreversibles hacia la pesca, y en general al ecosistema marino, no se apruebe la autorización de impacto ambiental al proyecto minero Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego, de las empresas Exploraciones Oceánicas S de RL de CV, filial de la estadounidense Odyssey Marine Exploration y Altos Hornos de México, que se pretende realizar en el lecho marino del Golfo de Ulloa, en la costa occidental del estado de Baja California Sur.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputada Jisela Paes Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE a revisar y, en su caso, proponer a la SHCP los ajustes tarifarios a usuarios de La Montaña, en Guerrero, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Victoriano Wences Real, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades conferidas en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a esta soberanía propuesta de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar y, en su caso, proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustes tarifarios a usuarios de La Montaña, en Guerrero, a efecto de establecer una tarifa preferencial a dichos usuarios de esa región, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. Que el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica dispone en el artículo 47:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del suministrador y con la participación de la secretaría y de la secretaría de economía, fijará las tarifas para venta de energía eléctrica, su ajuste, modificación o reestructuración, con las modalidades que dicten el interés público y los requerimientos del servicio.

El ajuste corresponderá a los casos en que solamente deban cambiarse las cuotas establecidas para los elementos de las tarifas.

La modificación corresponderá a los casos en que se varíe alguno de los elementos de la tarifa o la forma en que éstos intervienen.

La reestructuración corresponderá a los casos en que sea necesaria la adición o supresión de alguna o varias tarifas.

Segundo. Que el 1 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 015/2014, por el cual se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos.

Tercero. Que la revisión de las cuotas tarifarías tiene como propósito establecer cuotas justas en regiones o municipios donde se acentúan la pobreza y la marginación, como es el caso de La Montaña, en Guerrero.

Cuarto. La precaria situación de los ciudadanos de La Montaña lleva a esta soberanía a asumir la responsabilidad de velar por este tipo de causas sociales, y se pronuncie a favor de ellas, para garantizar mejores condiciones de vida de este sector de la población. Como legislador federal, una de las demandas recurrentes que recibo de los ciudadanos de los municipios de La Montaña, es precisamente abatir el alto cobro por consumo de energía eléctrica, que impacta en el bolsillo de esos guerrerenses.

Quinto. Que derivado del alto cobro por el consumo de energía eléctrica, los usuarios de energía eléctrica de los municipios que integran La Montaña, han realizado diversas protestas en busca de que la Comisión Federal de Electricidad reconsidere las tarifas vigentes.

Sexto. Que si bien los criterios para fijar las tarifas por consumo de energía eléctrica en las localidades del país se rige por cuestiones de factores ambientales como es la temperatura en la estación de verano, también es cierto que más allá de estos factores, existen factores de carácter social, como son los altos niveles de pobreza y marginación que prevalecen en todos los municipios que forman La Montaña, en Guerrero, por lo que resulta necesario un trato diferenciado para los desiguales.

Séptimo. Que el gobierno federal, desde el inicio de la presente administración, ha implantado una serie de programas y acciones para combatir la pobreza de las y los mexicanos, sin que se incluya como una acción de gobierno, la reducción de las tarifas eléctricas en los municipios más pobres del país, sobre todo si tomamos en cuenta que en muchas ocasiones los ciudadanos que los integran, donde la pobreza se ha arraigado, no cuentan ni para poder adquirir productos de la canasta básica.

Octavo. Que Guerrero es una de las entidades con mayores rezagos sociales y marginación, acentuándose esta problemática en los 19 municipios de La Montaña, por lo que resulta indispensable considerar establecer una tarifa preferencial de energía eléctrica, tomando en cuenta precisamente el factor de la pobreza, que en algunos de pobladores es extrema.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar y, en su caso, proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustes tarifarios en La Montaña, de Guerrero, a efecto de que se establezca una tarifa preferencial a usuarios de los municipios que integran la región.

Transitorio

Único. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de la industria del café, a cargo del diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con un punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El café es la segunda mercancía más comercializada en el mundo, solamente superada por el petróleo.

Se considera que en el mundo existen 125 millones de personas dependientes económicamente, de modo directo o indirecto, de alguna actividad relacionada con la industria cafetalera, lo cual incluye a 25 millones de pequeños productores.

Cada año se beben alrededor de 400 mil millones de tazas de café, lo cual implica una industria pujante, en crecimiento y con gran potencial.

En síntesis, el café es una industria millonaria de la cual se beneficia un sector importante de la población que habita diversas regiones en nuestro país, por lo tanto, todo lo vinculado con el comercio de este grano implica muchos intereses económicos y sociales y es por esto necesario que pueda implementarse dentro del contexto administrativo y legislativo de la Cámara de Diputados una comisión que pueda interactuar para proponer puntos de acuerdo, conozca de iniciativas vinculadas con la industria y en general, vele por los intereses de todo un sector que en caso de no contemplarse quedarían sin voz para precisar sus puntos de vista.

Creemos que una Comisión Especial del Café sería sumamente valiosa, porque ayudaría a representar a todos quienes directa o indirectamente resultan beneficiados, por ejemplo, a cada una de las entidades federativas cafetaleras de nuestro país, entre ellas Chiapas y Veracruz que se distinguen por ser las más productivas.

De acuerdo con nuestros últimos registros, México a nivel global es el séptimo productor de este grano en el mundo y durante los últimos años se produjeron anualmente alrededor de 258 mil toneladas. En México existen más de 486 mil productores que cultivan el grano en un terreno equivalente a 683 mil hectáreas, localizadas en 391 municipios.

México es el primer productor de café orgánico en el mundo; el café representa 50 por ciento de los productos orgánicos en el país, siendo el principal alimento de este tipo a nivel nacional. La producción de café se da de forma natural ya que se controlan las plagas a través de mecanismos naturales y no se produce en masa, de esta forma el café adquiere ciertas características que lo hacen especial.

Además, en la cadena productiva del café participan 3 millones de mexicanos directa e indirectamente, y su exportación derrama un ingreso para el país de 400 millones de dólares anuales.

También alimentariamente el café proporciona a las personas que beben una taza de café al día 9 por ciento de las kilocalorías recomendadas.

Creemos que si se trabaja adecuadamente, los legisladores podríamos beneficiar a las miles de personas que viven del café, favoreciendo su régimen laboral e impulsando la innovación y la productividad de la industria.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, respetuosamente plantea la siguiente proposición a la Junta de Coordinación Política de esta asamblea:

Punto de Acuerdo

Único. Respetuosamente se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en términos de los artículos 32, inciso c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a discutir y, en su caso, aprobar y emitir el acuerdo que crea la Comisión Especial de la Industria del Café para la LXIII Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Sagarpa que apoye a los productores nacionales de maíz, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Salvador Zamora Zamora, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicitan apoyos para los productores mexicanos de maíz, mediante la actualización del precio de cobertura por tonelada y la compensación de bases, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

“El maíz es la base de la alimentación de los mexicanos, por representar la mitad del volumen total de los alimentos que se consumen cada año y proporcionar a la población cerca de la mitad de las calorías requeridas.

Para México, el maíz no es sólo un bien comercial sino que constituye una expresión de relaciones que han permitido a las comunidades y los pueblos rurales de México su subsistencia.”1

I. El Chicago Mercantile Exchange o Bolsa de Chicago, es el mercado más grande para maíz en el mundo, este mercado es tan importante que los precios que se forman ahí, como resultado de oferta y demanda, tienen un significado mundial. Como es del conocimiento público, el precio del maíz lo determina el gobierno mexicano, con base en la cotización que obtiene de la Bolsa de Chicago, más las bases (el costo de acarrear una tonelada de maíz de Estados Unidos a un centro de consumo en México) que el gobierno mexicano determina; por esta razón, el precio de maíz mexicano se cotiza en dólares.

En términos técnicos, la base es la proporción en la que, en cierto momento, el precio de contado de un producto está por arriba o por abajo del precio del contrato más cercano en el mercado de futuros sus componentes fundamentales son:

El diferencial entre el precio local y el precio en el punto de entrega especificado en el contrato de futuros. Esta diferencia se debe principalmente a los costos de transporte.

El segundo componente se calcula al indicar la proporción (por arriba o por debajo) entre el precio de contado y el precio de futuro. Esta última diferencia se puede atribuir a diferentes factores: el costo de almacenamiento (con intereses y seguro), maniobras de carga y descarga, el margen de utilidad del productor y la disponibilidad del producto.2

Debido a lo anterior, es incongruente que para fijar el precio del maíz mexicano, los productores lo comercialicen en pesos y el gobierno federal determina el ingreso objetivo al productor en pesos, cuando su referencia comercial (Bolsa de Chicago), es en dólares, asimismo, todos los insumos utilizados para su producción son cotizados en dólares.

II. El 26 de noviembre de 2014 el gobierno federal a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Aserca, órgano descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, creado a través de un decreto del 16 de abril de 1991, con el propósito de contar con un instrumento para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados), determinó un ingreso objetivo de 3 mil 300 pesos por tonelada, como ingreso mínimo al productor en su zona de producción. Cabe destacar que para esas fechas el tipo de cambio oscilaba en 12.75 pesos por dólar.

Haciendo un comparativo de 2014, cuando el tipo de cambio era de 12.75 y un ingreso objetivo de 3 mil 300 pesos por tonelada, al día de hoy, con un tipo de cambio de 16.85 pesos por dólar, el ingreso objetivo que le corresponde al productor debería ser de 4 mil 361 pesos por tonelada; en caso de no actualizar el ingreso objetivo a la tonelada de maíz, el productor tendría una pérdida de mil 61 pesos por tonelada y por consiguiente, el ingreso objetivo se tiene que actualizar considerando el tipo de cambio que corresponda al momento de la cosecha.

Importante es señalar que el precio fijado en la Bolsa de Chicago para el maíz de noviembre de 2014 a julio de 2015 ha mantenido cierta estabilidad como se muestra en la siguiente gráfica y tabla:

Es importante mencionar que este sector productivo en los últimos años ha tenido una afectación directa con una drástica disminución del precio, que sin duda hacen necesaria la intervención y apoyos del sector gubernamental para apoyarlos y permitirles superar la grave crisis que atraviesa la comercialización internacional de dicho grano, baste revisar las siguiente tablas para identificar el severo deterioro que ha sufrido el precio de la tonelada de maíz en los últimos años:


III. La consecuencia de no actualizar este ingreso objetivo, será que el próximo ciclo agrícola, los productores no podrán sembrar sus parcelas, porque habrá una descapitalización, caerán en cartera vencida y nuestros productores pasarían al buró de crédito, y en el peor de los casos, nuestros hermanos productores tendrán que desterrarse de su lugar de origen y emigrar del campo en la búsqueda de mejores oportunidades.

Aunado a esta problemática, el productor jalisciense se enfrenta a un problema mayor, cuando acude a celebrar la garantía de su cosecha a través de agricultura por contrato, en las oficinas de Aserca les comunican que se acabó el presupuesto para cubrir las coberturas de precios, situación a todas luces irregular ya que en las reglas de operación y en sus lineamientos se publicados, quedo plenamente establecido que se podría celebrar la agricultura por contrato hasta el 4 de septiembre de 2015, no obstante que la misma dependencia validó previamente el volumen de toneladas de los productores que esperan hacer su agricultura por contrato y beneficiarse de este Programa y que ahora están quedando fuera de este programa por falta de presupuesto, afectando aproximadamente unas 300 mil toneladas de maíz.

Debido a lo señalado, se hace necesaria la intervención y participación de la honorable Cámara de Diputados para que desde esta trinchera se pueda participar en la atención de esta problemática de manera inmediata, ya que afecta de manera directa a miles de productores, a pesar de que ésta es la principal actividad agrícola de nuestro país.

Por lo expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Solicítese de manera atenta y respetuosa a José Eduardo Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación efectuar las diligencias que haya lugar, para contribuir con los apoyos económicos que requieren los productores de maíz de nuestro país, actualizando el precio de cobertura por tonelada de maíz más la compensación de bases, con el actual tipo de cambio peso dólar, con el objetivo que dichos productores cuenten con un ingreso objetivo mínimo de 4 mil 361 pesos por tonelada de maíz.

Notas

1 Castañeda Zavala Yolanda. Una visión sobre la importancia de la diversidad del maíz en México. Consultado en http://www.sjsocial.org/crt/articulos/762castaneda.htm el 5 de septiembre de 2015.

2 http://www.infoaserca.gob.mx/bases/sublistabases.asp

Cámara de Diputados, Ciudad de México, a 10 septiembre de 2015.

Diputado Salvador Zamora Zamora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al refugio y asilo para las personas desplazadas por las condiciones vigentes de guerra civil y persecución racial y religiosa en la República Árabe Siria, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita respetuosamente al Ejecutivo de la Unión que evalúe la viabilidad material y jurídica y, en su caso, las condiciones en que el Estado podría ofrecer refugio y asilo a las personas desplazadas por las condiciones vigentes de guerra civil y persecución racial y religiosa en la República Árabe Siria, y se exhorta al Ejecutivo de la Unión a hacer lo conducente para que México, en su carácter de miembro de la Organización de las Naciones Unidas, solicite la intervención de las Fuerzas de Paz de la ONU para que operen directamente en la zona de conflicto, a fin de salvaguardar la vida y la seguridad del pueblo de Siria, evitando el daño a inocentes y civiles, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El país ha mantenido a lo largo de su historia una firme tradición inalterada de protección y asistencia a refugiados y asilados. Desde nuestra independencia, los mexicanos hemos acogido, tanto a diversos flujos de refugiados como a destacadas personalidades asiladas, quienes realizaron importantes aportaciones a la cultura, educación y desarrollo científico de la nación.

Para abonar a la reflexión histórica debemos recordar que sólo durante la Guerra Civil en Estados Unidos, más de 8 mil personas cruzaron la frontera hacia México huyendo de las atrocidades del conflicto para acogerse a la protección de la nación. Muchos años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría, cientos de europeos y asiáticos arribaron a México, huyendo de la violencia y persecución que padecían en sus naciones.

Del mismo modo, coincidimos plenamente con quienes señalan como innegable la profunda influencia del exilio español en la configuración del México de la primera mitad del siglo XX. Igualmente, reconocemos lo valioso que resultó para la riqueza multicultural de nuestro país, el que en los setentas, como consecuencia de las dictaduras militares instauradas en Sudamérica, hubiere llegado a México una nueva oleada de refugiados provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. Para la década de los ochenta, añadimos, fueron algunas naciones centroamericanas las que se vieron afectadas en guerras civiles, lo que ocasionó el éxodo de nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños, que se vieron en la necesidad de refugiarse en México para salvaguardar sus vidas.

Para ilustrar la dimensión de la crisis humanitaria siria que conmueve al mundo, debemos recordar que la llegada de la llamada “Primavera Árabe” que se vivió en países de África y Asia en 2011 afectó la estabilidad política y social de Siria, donde estalló una cruenta guerra civil.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, desde el inicio del conflicto armado se han producido más de 11 millones de desplazados, 3.9 millones de refugiados, que han abandonado sus casas y buscado un refugio seguro en países vecinos como Líbano, Jordania, Irak y Turquía; sin contar los más de 7 millones de sirios que han sido desplazados dentro de su país. En Encuentro Socia lo sabemos y la conmoción es grande.

Gracias a una imagen desgarradora que sacudió al mundo la semana pasada, hemos volteado la vista hacia el hecho de que son los niños sirios los principales afectados; cerca de 10 mil han fallecido a causa del conflicto armado, el cual ya ha cobrado unas 220 mil vidas. La catástrofe humanitaria que padece Siria es enorme, millones de sirios que huyen de la violencia lo han perdido todo y en la mayoría de los casos su única pertenencia es la ropa que llevan puesta. Como consecuencia de este conflicto, 12.2 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para subsistir; actualmente, por desgracia, la crisis está lejos de solucionarse y se requiere el apoyo incondicional de toda la comunidad internacional.

Las causas del conflicto son diversas, la desigualdad, la corrupción, las confrontaciones políticas, la pobreza generalizada y la violación de los derechos humanos. Sin embargo, según los expertos, dos causas lo convierten en un conflicto muy difícil de solucionar: las diferencias étnicas y religiosas en esa nación.

El país, si bien tiene una larga y fructífera tradición humanitaria en la protección de refugiados, el auxilio solidario a los desplazados sirios merece evaluarse de manera comprometida pero también responsable. Líbano, por ejemplo, acoge hoy a más de 1 millón de sirios, lo que está suponiendo una gran presión sobre los recursos e infraestructuras de aquel país. Tan importantes los qué como los cómo. Encuentro Social, consciente de ello, propone una evaluación serena y realista de la magnitud del problema así como de la racionalidad de las expectativas del grado y posibilidad de ayuda que nuestro país pudiere brindar a los desplazados sirios.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Ejecutivo de la Unión que evalúe la viabilidad material y jurídica y, en su caso, las condiciones en que el Estado podría ofrecer refugio y asilo a las personas desplazadas por las condiciones vigentes de guerra civil y persecución racial y religiosa en la República Árabe Siria.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo de la Unión a hacer lo conducente para que México, en su carácter de miembro de la Organización de las Naciones Unidas, solicite la intervención de las Fuerzas de Paz de la ONU para que operen directamente en la zona de conflicto, a fin de salvaguardar la vida y la seguridad del pueblo de Siria, evitando el daño a inocentes y civiles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la cuenca Lerma-Chapala, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada, Martha Lorena Covarrubias Anaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala, con base en la siguiente.

Exposición de Motivos

El lugar donde se encuentra el lago de Chapala comenzó a conformarse hace unos cincuenta millones de años a través de fenómenos tales como levantamientos del suelo marino, fracturas, fallas y plegamientos de la corteza terrestre, es un sistema natural.

Antaño, sin presencia humana, el agua del lago de Chapala cubría una superficie inmensamente mayor a la conocida. La reducción de sus aguas pudo deberse a un deslizamiento de capas serranas occidentales, lo cual propició el derrame de su extremo suroeste. Levantamientos posteriores cerraron esa vía y obligaron la salida por el noreste cerca de Ocotlán.

Toda la parte nororiente del lago era la receptora de las aguas del Lerma y del Duero y al correr del tiempo fue la parte más azolvada. Otras zonas de azolve menores se localizan en las desembocaduras del río de la Pasión.

La capacidad del lago se ha visto envuelta en altas y bajas, disminuye y aumenta, pero el esfuerzo en conservarla y cuidarla, han hecho que se mantenga viva y con afluente. Aún cuando se le ha restado espacio para riego y cultivo.

Las cuencas hidrológicas que alimentan al lago de Chapala, son el río Lerma, que inicia al suroeste de la ciudad de Toluca y el río Santiago, de lado de Ocotlán. Su extensión corresponde a 3 por ciento del territorio nacional y alberga 11 por ciento de la población.

Los procesos de desarrollos económicos y urbanos han deteriorado la Cuenca Lerma-Chapala, la cual tiene diecinueve subcuencas, el avanzado crecimiento demográfico aumenta la necesidad del líquido vital: el agua.

La falta de cultura en el cuidado del agua ha llevado a las ciudades cercanas a la cuenca a sufrir grandes problemas. El lago de Chapala distribuye agua a varios puntos de la República; sin embargo los caudales que llegaban a Chapala cada vez son menos. Existe un proceso de deterioro en la región y en sus cuidados.

La apertura de tierras a labores agrícolas y pecuarias en la Cuenca del Lerma ha demandado mayor consumo de agua, la zona metropolitana de Guadalajara necesita cada vez mayor volumen de agua. Chapala tiene problemas añejos provocados por la falta de políticas ambientales adecuadas y por falta de cultura en la recuperación y sustentabilidad del agua.

La falta de cultura ambiental ha llevado al lago de Chapala a la contaminación derivada del derrame en sus aguas de desechos poblacionales e industriales. La cuenca Lerma-Chapala es vital para la zona metropolitana de Guadalajara y el Valle de México.

Tenemos que evitar su desecamiento, persiste la escasez de agua y persiste el pensamiento de que el agua es recurso inagotable. La Cámara de Diputados está obligada a encauzar los esfuerzos en materia legislativa que impacten en el saneamiento de la cuenca, logrando su recuperación y sustentabilidad.

Por lo antes expuesto, estimados compañeros legisladores me permito someter a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades, la creación de la Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chapala de la Cámara de Diputados.

Segundo. La Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chapala de la Cámara de Diputados se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada uno de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

Tercero. La Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chapala de la Cámara de Diputados tendrá vigencia a partir de publicada su creación en la Gaceta Parlamentaria.

Cuarto. La Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chapala de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con apego a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores constitucional y electo de San Luis Potosí a difundir el acta de entrega y recepción del cambio de administración, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Marco Antonio Gama Basarte, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, es que someto a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Una vez que ya se tiene conocimiento del equipo de transición con el que contará el gobernador electo, es menester que se rinda un informe detallado de cómo entrega la administración de su gobierno el actual titular del Poder Ejecutivo local de San Luis Potosí, contemplando los indicadores que permitan a la ciudadanía darle seguimiento a los compromisos incumplidos, las obras inconclusas, el estado de las finanzas públicas, entre otras.

El informe de referencia se debe publicitar a la ciudadanía de manera clara y veraz, a efecto de que la población de todos los niveles económicos establezca un vínculo importante con el gobierno y permita consolidarse en los hechos como una contraloría social, que exija la correcta rendición de cuentas, la transparencia en todos los actos de autoridad y que no permita bajo ninguna circunstancia, que los servidores públicos de la entrante administración dejen de observar su carácter de servidores públicos.

En la pasada administración se cometieron diversas e incontables abusos de opacidad y de mala rendición de cuentas; la propia Secretaría de Desarrollo Urbano, ha señalado que la rehabilitación de la avenida Ricardo B. Anaya tiene un retraso del 30 por ciento en su avance, cuando debería de haber concluido ya sus trabajos, lo que ha venido provocando un malestar generalizado en los habitantes de esa zona geográfica.

Evidentemente el ejemplo anterior, no es aislado, en ese mismo orden de ideas se encuentra la obra del Colector Pluvial Eje Vial, en donde la molestia ciudadana ha llegado al extremo manifestarse enérgicamente con actos cívicos como los son, el cierre de importantes vialidades, por el retraso de las obras y las molestias que les ocasionan las obras no sólo en el ámbito urbano, sino en el de la salud, y en la higiene. Aunado al desabasto de agua potable.

En este sentido, y como el más palpable de los ejemplos de obras inconclusas, se encuentra el del Puente del Anillo Periférico y avenida Juárez que lleva varios años inconcluso; lo que ha permitido el aumento de la delincuencia y propiciando, a su vez, accidentes viales por las condiciones de falta de señalamientos, mismo que ni siquiera cuenta con alumbrados que permitan a los conductores observar el estado de la obra y por consiguiente sus límites.

Lo anterior, es tan sólo un ejemplo de los malos manejos del gobierno saliente, sin contar con las defraudaciones fiscales en las que ha incurrido, la opacidad en transparentar el gasto público, la inseguridad pública que ha venido en aumento, el índice de robos con violencia, los secuestros, homicidios; el incremento de la delincuencia organizada, el desempleo, la condiciones deplorables de las aulas en donde hay escuelas, la falta de infraestructura hospitalaria, etcétera.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe),1 en su edición 2014, estimó que en San Luis Potosí que el 53.5% de la población de 18 años y más considera a la Inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día en la entidad federativa, seguido del Desempleo con 45.3% y el Aumento de precios con 41.1 por ciento.

En relación de su percepción sobre Seguridad Pública, la tasa de delitos más frecuentes respecto a la frecuencia con que se reportaron en la Envipe 2014, son los delitos de extorsión, robo, asalto a transeúnte o en transporte público y amenazas, tal y como lo vemos representado en la siguiente gráfica:

Más alarmante aún, el nivel de confianza que los ciudadanos potosinos manifestaron respecto de las autoridades. El 90% de la población de 18 años en adelante, identifican a la Marina como la autoridad que mayor confianza inspira con “Mucha o Alguna”, seguida del Ejército con un 88.1 por ciento.

Resulta evidente, que en aras del último informe de gobierno del ciudadano Fernando Toranzo Fernández el próximo 11 de septiembre de 2015, la actual administración del gobernador saliente deja un estado sin crecimiento relevante notable, sin ser punto de atracción para inversiones, la falta de obra pública y obra inconclusa, el notable aumento de la incidencia delictiva, y, principalmente, que deja a un estado endeudado por la inversión de 785 millones de pesos -aunado a la reciente solicitud de ampliación del endeudamiento por la cantidad de 130 millones de pesos-, resultado del compromiso adquirido con la empresa BMW, para la instalación de su planta en Villa de Reyes.

Y es que notablemente las acciones que emprendió Toranzo durante su sexenio, no fueron suficientes ni eficaces; un ejemplo claro de la corrupción que prevaleció de los gobiernos priistas fue durante los tres años de la ex alcaldesa Victoria Labastida Aguirre, en donde los funcionarios de primer nivel se llevaron dinero a manos llenas.

Los resultados están a la vista de todos los potosinos, de los productores, de los indígenas, de los comerciantes, de los agricultores, a quienes les han quedado a deber mucho en cuestión social y en infraestructura. Exigimos respuestas claras.

El estado de San Luis Potosí, su historia, sus aportaciones culturales a nuestra patria y al mundo, no se merece gobiernos que en lugar de acrecentar los valores de esta gran entidad, se dediquen a ultrajar su memoria histórica y a no ejercer el mandato de que pueblo Potosino les confirió.

Es por ello que el exhorto que a través de la más alta tribuna del país le hacemos llegar a los gobiernos entrante y saliente del Estado de San Luis Potosí, solicitando, primero al C. Fernando Toranzo Fernández que brinde en su informe la situación en la que su administración deja el estado en materia de seguridad e infraestructura, haciendo mención de la condición real y actual en la que deja al estado. Es primordial que los ciudadanos tengan acceso a la información abierta y pública, que conozcan el informe, y que existan todas las facilidades a nivel municipal, para que los potosinos puedan, por todos los medios de comunicación, conocer el contenido del mismo, con la finalidad de evaluar la administración que se va, y la que llega, como parte de una contraloría social y ciudadana.

En el mismo sentido, solicitar al gobernador electo, ciudadano Juan Manuel Carreras López, realice un compromiso por escrito ante la ciudadanía, de salvaguardar y velar por la seguridad de los potosinos, reduciendo los índices de inseguridad, violencia y robo, así como garantizar, mediante un compromiso público y por escrito, el incrementar los patrullajes de las policías estatales y municipales, así como la intervención de la Gendarmería en el estado.

Acción Nacional espera, que el gobernador electo firme una carta de entrega–recepción ante la ciudadanía, como parte de un decálogo de compromisos a cumplir, en las que especifique la situación en la que se encuentra el estado y las acciones a seguir para garantizar el bienestar de los potosinos.

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente, al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, y al ciudadano gobernador electo, Juan Manuel Carreras López, a que hagan un informe público del acta de entrega y recepción de su administración, a efecto de que la ciudadanía Potosina pueda convertirse en una Contraloría Social.

Nota

1 Información consultada de la página del INEGI, septiembre 2015.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/accesom icrodatos/encuestas/hogares/regulares/envipe/2014/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez días del mes de septiembre de 2015.

Diputado Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial Ungass 2016, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD y de Morena

Los suscritos, diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objeto de crear la Comisión Especial UNGASS 2016, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La Asamblea General de Naciones Unidas realizará su tercera sesión especial sobre el tema de drogas durante los días 19 y 21 de abril de 2016 (UNGASS 2016) para hacer un balance sobre el actual régimen internacional de fiscalización de estupefacientes y plantear medidas para reorientar las políticas de drogas nacionales y el futuro del marco internacional para el control de drogas. Esta sesión especial, que originalmente estaba programada para el año 2019, fue adelantada por la Asamblea General, a petición de los gobiernos de México, Colombia y Guatemala.

El primer antecedente de UNGASS fue la sesión especial de drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas que se llevó a cabo en el año de 1990, la cual tuvo como objetivo principal, impulsar el cumplimiento de los preceptos contenidos en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988; así como promover un Programa Mundial de Acción sobre la Cooperación Internacional contra la producción, la oferta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

El segundo antecedente fue la sesión especial de drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se llevó a cabo en 1998, en la cual se discutió sobre “la lucha en común contra el problema mundial de las drogas”. En esa sesión se hizo un balance de la aplicación del Programa Mundial de Acción y se aprobó una declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y una resolución sobre nuevas medidas para fortalecer la cooperación internacional.

Bajo el lema “Un mundo sin drogas, ¡podemos hacerlo!”, la UNGASS 1998 se planteó como objetivo para el año 2008, la complicada hazaña de eliminar o reducir considerablemente el mercado mundial de drogas ilegales.

En el balance del 2008, diez años después de la sesión especial, los resultados respecto a los objetivos planteados en UNGASS 1998 no fueron los que se habían planeado originalmente. Pese a ello, la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito publicó un informe en el que anunció un balance con logros importantes, señalando que solamente hubo algunas regiones de los Estados miembro en las que no se había logrado cumplir plenamente con las metas proyectadas pero que de manera general se observaba una tendencia de estabilización tanto en el tráfico como en el consumo de drogas.

Contrario a lo que se proyectó en UNGASS 1998, las consecuencias de estas políticas generaron la aparición de nuevas drogas sintéticas, agudización de la violencia, crecimiento de la delincuencia organizada, criminalización de las personas que usan drogas, violación a los derechos humanos de los usuarios de drogas e incremento de los problemas de salud pública.

En 2009, después del balance, los países miembros se reunieron en Viena y suscribieron una Declaración Política y un Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas. En esta Declaración, propusieron que la realización de la tercera sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar el tema de drogas fuera en el año 2019.

Como resultado de la petición que hicieron en 2012 los gobiernos de México, Guatemala y Colombia para solicitar que se adelantara la fecha de la Sesión Especial programada para 2019, la Asamblea General adelantó la fecha y UNGASS 2016 está convocada para celebrarse los días 19 al 21 de abril de 2016.

México es uno de los países que ha puesto más sangre y más muertos en esta trágica guerra contra las drogas, a pesar de ello, seguimos siendo uno de los principales productores y distribuidores de drogas ilegales a nivel mundial. Por tanto, es nuestro deber y nuestra responsabilidad participar en el debate global sobre el régimen internacional de fiscalización de estupefacientes que impera en el mundo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial UNGASS 2016.

Segundo. La Comisión especial UNGASS 2016 estará encargada de dar seguimiento a la agenda temática rumbo a la participación de México en la sesión especial de drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas que se llevará a cabo los días 19 al 21 de abril de 2016.

Tercero. Después de la sesión especial, la comisión especial UNGASS 2016 realizará el balance de los acuerdos alcanzados, analizará el impacto de las resoluciones en la legislación federal y presentará proyectos de Ley en congruencia con los compromisos asumidos por México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputados: Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Francisco Xavier Nava Palacios (rúbrica), Vidal Llerenas Morales.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar acciones para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Sofía González Torres, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El suicidio se define como un acto deliberadamente realizado por una persona con el pleno conocimiento o previsión de su desenlace fatal. Este fenómeno es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias y comunidades enteras por los efectos duraderos que tiene para los allegados a quien lo comete.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se suicidan en el mundo más de 800 mil personas, lo que supone una tasa de mortalidad global de 16 suicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual significa una muerte por esta causa cada 40 segundos.

En los últimos 45 años las tasas de suicidio en el mundo han aumentado hasta 60 por ciento. El suicidio es actualmente una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; lo más preocupante es que dichas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, es decir, los intentos fallidos que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado.

Hacia finales del siglo pasado el suicidio supuso 1.8 por ciento de la carga global de morbilidad, mientras que para 2020 se estima que éste representará 2.4 por ciento, debido al incremento que se está registrando tanto en los países con economía de mercado como en los antiguos regímenes socialistas.

Aunque tradicionalmente las mayores tasas de suicidio se han registrado entre los varones de edad avanzada, éstas han ido en aumento entre los jóvenes hasta el punto de que ahora éstos son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países del mundo, tanto los desarrollados como los que se encuentran en vías de desarrollo.

La OMS ha señalado que los padecimientos mentales, especialmente la depresión y los trastornos derivados del consumo de alcohol, representan un importante factor de riesgo de suicidio. Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas.

En nuestro país el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública. Mexicanos de todos los niveles socioeconómicos se suicidan todos los días y muchos más se encuentran en peligro porque presentan alguno de los factores de riesgo y no reciben la atención oportuna y de calidad que requieren para hacer frente a las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas sentimentales o el padecimiento de enfermedades crónicas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 1990 a 2012, la tasa de suicidios en México presentó una tendencia creciente de 114 por ciento, al pasar de 2.2 a 4.7 casos por cada 100 mil habitantes.

Si se revisan las cifras del Inegi sobre el tema en los años 2011 y 2012 se observa que se mantiene esta tendencia creciente pues, al registrarse más de 5 mil 500 suicidios por año, la tasa se ubicó en 4.9 casos por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, la Secretaría de Salud dio a conocer en enero de 2014 que en los últimos 30 años, el número de suicidios en el país aumentó 300 por ciento, siendo la población joven la más afectada ya que este fenómeno constituye una de las primeras causas de muerte entre dicho grupo social.

Para los varones jóvenes, menores de 20 años, la mortalidad por esta causa representa 10.6 por ciento del total de las muertes por suicidio. Además, 15.4 por ciento de ese mismo total se da en el grupo de 20 a 24 años y 13.7 por ciento en el de 25 a 29 años. Respecto de las mujeres, en el mismo orden, los porcentajes son 18.1, 17.3 y 12.1 por ciento, respectivamente.

Llama la atención de modo particular el hecho de que en nuestro país, uno de cada cuatro mexicanos que habitan en comunidades urbanas ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental; además, 9.2 por ciento de la población ha tenido un episodio de depresión y se estima que una de cada cinco personas sufrirá uno antes de llegar a los 75 años. Lo anterior es preocupante porque, como ya se señaló, la depresión representa uno de los principales factores de riesgo para cometer suicidio, lo cual nos obliga a impulsar políticas públicas que atiendan de modo puntual la vinculación existente entre ambos fenómenos.

A pesar del grave problema en que se ha convertido el suicidio, éste puede abatirse a través de la prevención, para lo cual la OMS plantea estrategias que incluyen la restricción del acceso a los medios a través de los cuales una persona puede atentar contra su vida, la prevención y el tratamiento adecuados de la depresión y del abuso de alcohol y otras sustancias, al igual que el seguimiento de quienes han intentado privarse de la vida, las cuales han demostrado su eficacia para reducir las tasas de suicidio.

A propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra este 10 de septiembre, en el Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar acciones para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública, a fin de avanzar en el cumplimiento del compromiso de nuestro país con la Organización Mundial de la Salud de reducir la tasa nacional de suicidios en 10 por ciento para el año 2020, según lo establecido por el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputada Sofía González Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar por la Sedatu y la Sagarpa la elaboración de un estudio del territorio nacional para identificar vocaciones productivas del sector agropecuario susceptibles de traducirse en cadenas de valor, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Elena Orantes López, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar por las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la elaboración de un estudio del territorio nacional por regiones, entidades federativas y municipios, a fin de identificar vocaciones productivas del sector agropecuario susceptibles de traducirse en cadenas de valor, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde el punto de vista de la economía clásica, la actividad económica se forma por tres sectores:

1. Primario o agropecuario;

2. Secundario o industrial; y

3. Terciario o de servicios.

Aunque los sectores indicados son los que la teoría económica menciona como sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más según su especialización.

Estos tres sectores son indispensables para el desarrollo equilibrado y sostenido de una economía; por ello, cuando alguno no se desarrolla al ritmo que requieren los demás, se rompe el equilibrio, que acarrea como consecuencia la reducción en el crecimiento de la economía en general, al mermar el desarrollo de los otros sectores económicos.

En México hay desequilibrio entre los sectores económicos, derivado de la recisión del sector agropecuario motivada por la crisis de la economía nacional.

Hoy, las dificultades del sector agropecuario se ven agudizadas por una política monetaria restrictiva, que ha significado la ausencia de créditos y, por ende, un mayor rezago en la inversión, aunada a una apertura comercial acelerada y que se aplica de una manera irresponsable, rompiendo los compromisos que el gobierno había adquirido con los productores nacionales.

El gran problema de estos compromisos que el Estado a través de sus instituciones entabla con las sociedades intermedias campesinas, llámese organización, agrupación, unión, ejido o directamente con el campesino, ya que dicho compromiso se ve afectado por la burocracia y por largos trámites que terminan repercutiendo al productor específicamente en los tiempos.

¿De qué sirve un programa de siembra de granos, si los granos llegan después de la temporada de lluvias?

Esto implica un verdadero retraso y una afectación directa al patrimonio del productor, reflejado en su economía y en la de su familia, y como consecuencia afecta toda la cadena de producción.

Aunado a este problema, para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura el sector primario de nuestra economía está centrado en la producción de variedades agropecuarias de bajo valor económico.

Por ello es menester revertir las desfasadas prácticas productivas tradicionales que atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como de los programas paternalistas, que si bien solo han cambiado de nombre, no han llevado a cabo una reingeniería profunda para enfrentar las necesidades que tiene el sector agropecuario de adaptarse a la nueva realidad económica mundial, y a los retos que el campo enfrente en cada temporada de cosecha.

El rescate del sector agropecuario debe radicar en el objetivo central de mejorar el nivel de vida de los productores y sus familias, a través de una política económica orientada a la productividad del sector, que trate diferenciadamente a los productores de autoconsumo y a productores comerciales, definiendo para cada uno los programas y apoyos específicos pertinentes.

Esta nueva política del sector agropecuario debe ser introducida gradualmente, partiendo del principio básico de la diversificación de la actividad productiva en el sector agropecuario, rompiendo con el paradigma sostenido en las últimas cinco décadas en que la política agrícola se ha mantenido concentrada en un número muy reducido de cultivos.

Por otra parte, es urgente para rescatar al campo de México que a través de dichos programas gubernamentales se capacite al productor de acuerdo a su entorno y a los retos que se enfrentan en dichas producciones; de igual manera es urgente que se tecnifique el campo, implementando las grandes herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día en diferentes sectores y que son de gran ayuda para una producción con más eficiencia, calidad y eficacia.

Todo lo anterior debe ir acompañado de canales justos de comercialización donde el coyotaje deje de ser un problema más en la cadena productiva de México.

Por ende, para cambiar el derrotero del sector agropecuario, se considera viable exhortar al titular del Ejecutivo para que a través de la Sedatu y la Sagarpa, coordine la elaboración de un estudio del territorio nacional por regiones, municipios y entidades federativas, para identificar vocaciones productivas del sector agropecuario susceptibles de traducirse en cadenas de valor, con objeto de fomentar la producción a tiempo en torno a unidades productivas.

Lo anterior, con objeto de incentivar la diversificación de la actividad productiva en el sector agropecuario, en donde se le dé especial seguimiento a los programas y a los compromisos al campo para que lleguen en tiempo correcto y dejen de afectar las cadenas de producción, todo esto requiere del reconocimiento del potencial productivo de recursos y del sector primario en cada una de las regiones, municipios y entidades federativas del país.

En razón de lo anterior someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a coordinar por las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la elaboración de un estudio del territorio nacional por regiones, municipios y entidades federativas para identificar vocaciones productivas del sector agropecuario susceptibles de traducirse en cadenas de valor, con objeto de fomentar la producción.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al gobierno de Sonora que por la Procuraduría de Justicia del estado difunda los resultados de la investigación incoada contra funcionarios del DIF estatal por la presunta venta y adopciones de niños, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

Norma Edith Martínez Guzmán, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Sonora, para que a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, y dentro del marco jurídico aplicable, publique los resultados que guarda la investigación contra funcionarios del DIF Estatal, por la venta-adopciones de niños; así mismo, para que a través del DIF del Estado informe las medidas que ha tomado dicho organismo para prevenir se repitan las presuntas prácticas ilegales de adopción denunciadas por los ciudadanos afectados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 27 de agosto del año en curso, diversos medios de comunicación nacionales, dieron a conocer a la opinión pública el descubrimiento de una red de tráfico de niños en el estado de Sonora, en la que estaban involucrados funcionarios del Sistema DIF de la citada entidad junto con un médico que labora en dos hospitales públicos y que expedía falsos certificados de nacimiento, para facilitar el registro de los menores, a quienes hacían pasar como hijos biológicos de parejas o matrimonios que pagaban grandes sumas de dinero por la adopción de los menores.

Ante estos hechos la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora informó a los medios, acerca de la consignación de 16 personas involucradas en los ilícitos. La investigación surgió tras identificarse a nueve menores registrados de manera irregular.

Las investigaciones arrojaron que servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se encargaban de identificar a mujeres en estado de vulnerabilidad o con adicciones, a quienes presionaban de diversas formas para que entregaran a sus hijos, en adopción, a matrimonios que se encontraban en lista de espera para recibir en adopción. Igualmente, se presume que los matrimonios o parejas eran contactados por abogados que servían de enlace y de negociadores para la entrega-venta de los menores a cambio de cuantiosos pagos en dólares.

Se presume que esta red de venta de menores operaba desde el 2012, aunque la investigación inició en el mes de marzo pasado, como consecuencia de una denuncia anónima

En medios informativos, se afirma que existen por lo menos cuatro denuncias más de madres y abuelas que reclaman información sobre el paradero de sus hijos y nietos. Asimismo, refieren los medios, que una vez que se dio a conocer el presunto tráfico de niños en el estado de Sonora, los familiares de algunos menores acudieron a la casa hogar Unacari del Sistema DIF Sonora para encontrarse con sus menores, sin embargo no hallaron a sus familiares.

El caso toma especial gravedad pues existen versiones fundadas de que algunos de los menores fueron entregados en adopción, de forma ilegal, a ciudadanos norteamericanos que tuvieron que pagar por la adopción; todo parece indicar que la denuncia fue hecha por funcionarios del Consulado de los Estados Unidos de América en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Para los diputados de Encuentro Social es primordial vigilar y garantizar los derechos de nuestra niñez, por lo que consideramos necesario el esclarecimiento total y oportuno de las denuncias antes descritas, para que en el caso de comprobarse malos manejos por parte de los servidores públicos se ejerza acción penal contra todos los involucrados.

Cuidar a nuestros niños y luchar por su bienestar no es una concesión digna de elogios sino un acto de elemental justicia hacia los seres humanos más vulnerables de nuestra sociedad, una sociedad verdaderamente humana no puede permanecer indiferente ante su sufrimiento y negación de sus derechos más elementales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Sonora, para que a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, y dentro del marco jurídico aplicable, publique los resultados del estado que guarda la investigación contra funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, por la presunta venta-adopciones de niños.

Segundo. Se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Sonora, para que a través del DIF del estado, implemente las medidas que ha para prevenir que se repitan las presuntas prácticas ilegales de adopción denunciadas por los ciudadanos afectados

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Agroasemex, SA, a continuar el apoyo de los fondos de aseguramiento para los pequeños y medianos productores de temporal, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ricardo D. García Portilla, diputado federal por el III distrito del estado de Tlaxcala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Aseguradora Agroasemex, SA, a continuar con el apoyo a los fondos de aseguramiento para los pequeños y medianos productores de temporal, mediante el subsidio a la prima del seguro agropecuario.

Consideraciones

El apoyo de los gobiernos para a los seguros agropecuarios es una práctica vigente que se lleva a cabo desde hace más de 75 años. Por ejemplo:

Estados Unidos ha administrado un programa de seguro desde 1938, cuando se creó la Corporación Federal de Seguro Agrícola (FCICA).

Por su parte el gobierno federal de Canadá, aprobó en 1959 la Ley Canadiense de Seguro Agrícola.

En el caso de Japón, este país promulgó en 1947 la Ley de Compensación de Pérdidas Agrícolas.

En el caso de México, después de administrar diversos fondos de aseguramiento ejidales desde la década de 1940, el estado mexicano creó en 1961 la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA) como la institución responsable de proporcionar el servicio de seguro al campo mexicano.

La extinción de Banrural, significó también la reconfiguración de ANAGSA, y así fue como surgió en 1990, Agroasemex con un capital de 304 mil millones de pesos, y un esquema de proveer a través de Fondos de Aseguramiento constituidos por productores, el otorgamiento de un subsidio de un 30 hasta un 60 por ciento a la prima del seguro.

El sistema de aseguramiento agropecuario, configurado hace 25 años, no solamente busca apoyar y proteger a los productores de siniestros en sus cosechas, sino que también hace fluir capital de la banca hacia el campo, debido al requisito que exigen los intermediarios financieros de tener asegurado el producto para poder acceder a financiamiento.

Las Reglas de Operación para el subsidio a la prima, establecen que al menos el 50 por ciento del subsidio debe ser canalizado al seguro a la inversión y en cultivos básicos.

Como es de su conocimiento los mayores valores de coeficiente de pérdida se registran en estados que cultivan en condiciones de temporal, por lo que la presencia del subsidio a las primas ha permitido solventar en parte la operación del seguro, pagar las indemnizaciones, cubrir parte de los costos administrativos de y mantener en operación los Fondos de Aseguramiento.

Actualmente estos Fondos de Aseguramiento Agropecuario, operan en los 32 Estados del país, cubriendo alrededor de 1.7 millones de hectáreas y 140 millones de unidades animal, que representa casi el 70 por ciento de la superficie agrícola del seguro comercial y del 95 del seguro ganadero.

La relevancia del Sistema del Seguro Agropecuario en México, y las cambiantes condiciones climáticas, han sido reconocidas por esta Cámara de Diputados, prueba de ello es que en el 2010 se aprobaron para este rubro 709 millones de pesos, en el 2013 se aprobaron 1,265 millones de pesos y en 2015, se aprobó un presupuesto de 1,611 millones de pesos.

Lo anterior significa un incremento de más de un 80 por ciento en términos reales en los últimos cinco años, por ello es indispensable que esta tendencia en los apoyos con los que opera Agroasemex continúen.

Sin duda el apoyo a los pequeños productores rurales es una un objetivo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, por ello continuar con el apoyo a las primas de los seguros agropecuarios permitirá a los productores asegurar sus cosechas y seguir siendo sujeto de crédito, especialmente para los pequeños productores de temporal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Aseguradora Agroasemex, SA, a continuar con el apoyo creciente registrado en los últimos cinco años a los pequeños y medianos productores de temporal, mediante el subsidio a la prima del seguro agropecuario.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de septiembre de dos mil quince.

Diputado Ricardo D. García Portilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para atender y apoyar la conservación y el desarrollo turístico y cultural de las ciudades mexicanas reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, y a las localidades que forman parte del programa de la Sectur Pueblos Mágicos, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a efecto de crear una Comisión Especial para atender y apoyar la conservación y el desarrollo turístico y cultural de las ciudades mexicanas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como a los pueblos mexicanos que forman parte del Programa Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo , con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los legisladores de Encuentro Social consientes de la necesidad de conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico de nuestro país, así como de la urgencia de ampliar la oferta turística de nuestro país mediante el impulso y desarrollo del llamado turismo cultural, es que proponemos la creación de una Comisión Especial encargada de atender y apoyar la conservación y el desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad y las localidades pertenecientes al Programa Pueblos Mágicos de la Secretaria de Turismo.

Actualmente, nuestro país es la décima nación más visitada por turismo internacional, en el 2014 más de 29 millones de turistas extranjeros visitaron México; es importante señalar que la mayor parte de estos turistas tuvieron como único destino nuestras playas; al respecto, es importante destacar que la falta de una más amplia oferta turística no le ha permitido a nuestro país posicionarse como una de las cinco primeras potencias turísticas del orbe; aún estamos muy lejos de los 84, 70 y 65 millones de turistas que recibe Francia, Estados Unidos y España, respectivamente.

La importancia del sector turístico para la economía nacional es mayúscula, el año pasado el turismo dejo una derrama económica de 16,000 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 18 por ciento, con respecto al 2013. Ante la caída de la producción y precio del petróleo es necesario redoblar esfuerzos para impulsar el desarrollo pleno de nuestro sector turístico, para lo cual, se hace necesario ampliar la oferta turística del país.

A pesar de la enorme riqueza histórica, cultural y gastronómica de nuestro país, nuestros gobiernos no han sido capaces de incentivar y promover los destinos históricos y culturales con los que contamos. Solo por mencionar un dato revelador, nuestro país goza de la mayor infraestructura cultural de toda Latinoamérica, y sin embargo, el número de extranjeros que visita estos sitios históricos o culturales son ínfimos en comparación a los turistas que llegan a los destinos de sol y playa.

Para que México pueda convertirse en una de los cinco países más visitados del mundo será necesario impulsar el llamado turismo cultural; para lo cual, los diputados federales de Encuentro Social consideramos necesario impulsar la aplicación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo turístico y la conservación cultural de las llamadas Ciudades Patrimonio y Pueblos Mágicos, como primer eje para promover en el extranjero nuestra riqueza histórica y cultural.

La UNESCO ha otorgado aproximadamente a 204 ciudades alrededor del mundo el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Actualmente, nuestro país tiene el orgullo de ostentar 10 de sus urbes con dicha distinción en la categoría de bienes culturales, debido a su valor histórico, arquitectónico y urbanístico; aportan un testimonio cultural único, representan un ejemplo arquitectónico sobresaliente o expresan una autenticidad cultural o histórica.

Resulta de gran orgullo el contar con 10 ciudades declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad; la declaratoria acompaña la responsabilidad en la conservación de estos sitios. Lo anterior, sin menoscabo de la promoción turística de estas ciudades que son una muestra de la riqueza histórica y cultural de los mexicanos.

San Francisco de Campeche fue reconocida por la UNESCO en diciembre de 1999 como “Ciudad histórica fortificada de Campeche”. Fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad gracias a sus construcciones representativas de la arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII; sus viviendas tradicionales con influencia andaluza y caribeña, y su modelo de urbanización de ciudad colonial barroca.

La Ciudad de México, una de las ciudades más antiguas de América obtuvo el reconocimiento de Ciudad Patrimonio en 1987 gracias a su Centro Histórico y al Parque Nacional Xochimilco. El Centro Histórico, fue reconocido por su valor histórico y cultural, al ser un ejemplo sin igual de asentamiento urbano y por constatar la fusión de dos culturas en sus edificios, casas, calles y catedral.

Por su parte, Xochimilco ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad por sus chinampas (jardines flotantes) las cuales demuestran el excepcional trabajo de sus antiguos habitantes para construir su hábitat en un territorio poco favorable.

La ciudad de Guanajuato fue un sitio crucial durante la Guerra de Independencia de México. Posee algunos de los más bellos ejemplos de la arquitectura barroca en América; es un ejemplo extraordinario de un conjunto arquitectónico que incorpora los aspectos industriales y económicos de una población minera.

La ciudad de Morelia cuenta con mil 113 monumentos históricos, civiles y religiosos, lo que la convierte en claro referente de la belleza arquitectónica de México. Las características de sus edificios, la armonía en la que conviven los diferentes estilos arquitectónicos que forman uno propio como elocuente testimonio para la historia de la arquitectura de México.

La ciudad de Oaxaca de Juárez, su Centro Histórico y la zona arqueológica Monte Albán, fueron motivo suficiente para nombrarla Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde el siglo XVI, el Centro Histórico de Oaxaca conserva el trazo original perfectamente delineado, idéntico a un tablero de ajedrez. El centro ceremonial Monte Albán aglutina un conjunto de monumentos prehispánicos que ostentan estelas (lápidas o pedestales) con jeroglíficos que conmemoran los sucesos más importantes de la historia de la ciudad.

La ciudad de Puebla fue, según la leyenda, creada y trazada por ángeles para ser disfrutada por mortales. Sus magníficos monumentos de arquitectura colonial española le valieron a esta urbe el nombramiento de Ciudad Patrimonio. Centro religioso por excelencia, la Heroica Puebla de Zaragoza fue el primer rincón de asentamiento de los conquistadores españoles en la región.

La ciudad Santiago de Querétaro se ha consolidado como un lugar muy atractivo para el turismo nacional e internacional. La extraordinaria belleza de su patrimonio arquitectónico que ejemplifica una ciudad colonial; su dramática historia y su inmenso bagaje cultural, resultado de una población multiétnica, fueron aspectos fundamentales para obtener el nombramiento de la UNESCO en 1996.

San Miguel de Allende se caracteriza por su grado de conservación, autenticidad e integridad. Gracias a su diversidad cultural y artesanal; edificaciones y monumentos de gran importancia histórica que aportan cultural y arquitectónicamente al Barroco mexicano, además de su importancia en la lucha de Independencia de México, esta ciudad es merecedora del título de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Tlacotalpan se distingue por la arquitectura de sus portales de tipo clásico y su paisaje de calles anchas que se intercalan con columnas y arcos que adornan el lugar. Su singular estructura urbana, de gran importancia y calidad, representa la mezcla de tradiciones españolas y caribeñas.

La ciudad de Zacatecas refleja su atractivo en sus hermosas construcciones que son verdaderas obras de arte. Su arquitectura y traza urbana, así como la irregularidad de la alineación de sus calles, constituyen el esplendor de su Centro Histórico reconocido por la UNESCO.

En este mismo sentido, la Secretaría de Turismo a través del Programa de Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros; son localidades que tienen atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes y manifestaciones socio-culturales, que resultan de enorme atractivo histórico y cultural para los visitantes nacionales y extranjeros.

Nuestro país cuenta con 83 Pueblos Mágicos que se encuentran a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, se contempla que al final de la presente administración se lleguen a 100 Pueblos Mágicos. En 2014 los Pueblos Mágicos generaron una derrama económica de 7,200 millones de pesos, cifra ligeramente superior a los 7,100 millones de pesos que género el turismo fronterizo y muy por arriba de los 4,795 millones de pesos que dejan los viajeros que bajan de los cruceros.

Por lo antes expuesto, resulta primordial la intervención de esta soberanía para contribuir a la conservación y desarrollo turístico de nuestras Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad y de nuestros Pueblos Mágicos, con la finalidad de difundir, en todo el mundo, la riqueza histórica y cultural de México contribuyendo de esta manera a la promoción de los destinos culturales de nuestro país. Lo cual, deberá tener como fin, que en el mediano plazo, que nuestro país pueda convertirse en una de las cinco naciones más visitadas en el mundo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Diputados para que dentro del ámbito de su competencia, acuerde la creación de una Comisión Especial para atender y apoyar la conservación y el desarrollo turístico y cultural de las ciudades mexicanas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como a los pueblos mexicanos que forman parte del Programa Pueblos Mágicos de la Secretaria de Turismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del natalicio del general Nicolás Bravo, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Hace 229 años nació en Chilpancingo, Guerrero, el 10 de septiembre llegó a este mundo un hombre valiente, que fue general insurgente, presidente de la República, pero sobre todo benévolo y sabio.

Hijo del general Leonardo Bravo y la señora Gertrudis Rueda, tuvo su infancia en Chichihualco. En 1810 decidió participar en los levantamientos insurgentes en plena juventud, luchó junto a su padre y un año después pasó a formar parte de la tropa de Hermenegildo Galeana.

Su reputación creció cuando dio una lección al virrey, quien tenía preso a su padre y ofreció a Nicolás Bravo el indulto si se arrepentía y presentaba, la respuesta fue única y liberal, perdonó la vida y otorgó la libertad a 300 soldados realistas que en 1812, tenía prisioneros por la lucha acontecida en San Agustín del Palmar, cerca de Veracruz, y el virrey por contrario ejecutó al padre del insurgente.

Acompañó a José María y Morelos en diversas batallas en Acapulco, Oaxaca y Chilapa, a principios de 1818 fue hecho prisionero e indultado en 1820, cuando llegó el cambio de régimen. Fue parte del Plan de Iguala, donde Agustín de Iturbide le concedió el grado de coronel de Ejército Republicano y consejero de estado. Sin embargo cuando Iturbide se declara emperador, Bravo se opone y lucha junto con Vicente Guerrero y otros líderes republicanos, consiguió la renuncia en 1823.

Fue el representante que luchó en un México que comenzaba a definir el rumbo, que aspiraba definir el sentido patriótico que los mexicanos reclamaban. Fue diputado y presidente de la República en tres ocasiones.

Después de 1847 se retiró a la vida de hacendado y se negó a participar en más movimientos armados, existe la versión de que Antonio López de Santa Anna, molesto por la negativa, mandó al médico Avilés, envenenar a Nicolás Bravo y su esposa. Quienes murieron el 22 de abril de 1854, los restos fueron llevados a la Catedral de la Ciudad de México, y descansan finalmente en la Columna de la Independencia.

Nunca olvidemos a este héroe que dio origen y sentido a nuestra patria.

Diputado Ricardo Taja Ramírez (rúbrica)