Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4355-III, jueves 3 de septiembre de 2015
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena los comentarios vertidos por el ciudadano Donald John Trump contra el país y los mexicanos avecindados en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Lorenzo Rivera Sosa, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, José Lorenzo Rivera Sosa, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los Estados Unidos Mexicanos, fieles a los principios que rigen su política exterior, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 89 de la Constitución Política, han mantenido una permanente conducta de respeto a los procesos democráticos que se llevan a cabo en otras naciones del mundo, máxime cuando se trata de países con los que se tienen estrechas relaciones diplomáticas, comerciales y culturales, como es el caso de Estados Unidos de América.
Para nadie son un secreto los lazos de amistad y respeto que unen a México con su vecino del norte: los Estados Unidos son el principal socio comercial de nuestro país, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte; nuestra frontera ubicada entre Tijuana y San Diego es la más transitada del mundo y es nuestro territorio el principal lugar de residencia de ciudadanos norteamericanos fuera de su país.
Basta leer el libro de la periodista Dolia Estévez para conocer de voz de los propios ex embajadores estadounidenses en México que la relación más importante para Estados Unidos es con nuestra nación.
La historia es sabia y nos da muestras sobradas de la trascendencia que han tenido los valores de nuestros pueblos en el desarrollo democrático de la región: fueron los Padres Fundadores de las trece colonias quienes influenciaron los sueños libertarios de Miguel Hidalgo; el apoyo de Abraham Lincoln a la causa republica resultó decisivo para el triunfo de Benito Juárez frente a los franceses; juntos, México y los Estados Unidos unieron sus fuerzas en el Pacífico para combatir a las fuerzas del Eje; César Chávez, un humilde jornalero de origen mexicano es hoy un ejemplo de los valores igualitarios que distinguen a la sociedad norteamericana.
Es por esto que nos sentimos sorprendidos y lastimados por el tono utilizado a lo largo de su campaña por el señor Donald John Trump en contra de los migrantes mexicanos y de nuestro gobierno. Dichos que afortunadamente no representan el sentir del pueblo de Estados Unidos y que no reflejan el aprecio que la sociedad de ese país tiene por la diversidad, elemento que, lejos de constituir una amenaza, es una virtud digna de ser imitada.
Trump, en su intento por alcanzar la presidencia de su país, ha tildado a nuestros connacionales de delincuentes y los ha caracterizado como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, llegando incluso a proferir amenazas en contra de México.
Cierto es que a Trump le asiste el derecho a expresar libremente lo que a su derecho convenga, pues tal prerrogativa le es reconocida por la primera enmienda de la Constitución de su país, pero el uso de tal libertad debe ser ejercido de forma responsable y sensata, sobre todo cuando se aspira a ejercer una responsabilidad tan grave como lo es la presidencia del país más poderoso del mundo.
El derecho a la libre manifestación de las ideas no pasa por la criminalización de una comunidad que en mucho ha contribuido al desarrollo y la prosperidad de una gran país, como lo son los Estados Unidos de América, nación a la que no le escatimamos respeto y amistad, tal y como también lo hicieran otros gigantes de su historia: Franklin Delano Roosvelt y John F. Kennedy.
Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su condena a los comentarios vertidos por el ciudadano Donald Trump en contra de nuestro país y de los mexicanos avecindados en Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.
Diputado José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a reubicar la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula en la nueva terminal de Puerto Chiapas, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Enrique Zamora Morlet, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Petróleos Mexicanos (Pemex) impulsa el desarrollo de las comunidades en donde tiene presencia, tanto las ubicadas en las regiones petroleras como en aquellas en donde cuenta con subsidiarias o franquicias.
En las zonas aledañas a las instalaciones de Pemex se suele observar el fortalecimiento de la infraestructura, del mismo modo que sectores como la vivienda y los servicios experimentan una notable expansión. Los motivos anteriores han hecho que Pemex sea considerado por los mexicanos como un símbolo de progreso y prosperidad.
Sin embargo, en virtud de las actividades que conforman el campo de acción de Pemex, sus instalaciones también pueden llegar a representar un riesgo para la seguridad de la población vecina. Asimismo, los terrenos sobre los cuales se asientan las diversas instalaciones de Pemex también son propensos a sufrir contaminación y deterioro. Muestra de lo anterior son las explosiones registradas en las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex en San Juan Ixhuatepec, estado de México, en noviembre de 1984 o la contaminación del suelo por hidrocarburos que durante muchos años persistió en los terrenos ocupó la antigua refinería de Azcapotzalco, en el Distrito Federal.
En la actualidad, uno de los focos rojos de Pemex por el alto riesgo que representa, es la terminal de abastecimiento y reparto (TAR) de combustible ubicada en la zona céntrica del municipio chiapaneco de Tapachula, cuya reubicación ha sido una lucha de la sociedad civil tapachulteca, que tiene el único objetivo de proteger a los habitantes de las zonas aledañas a la TAR donde se desarrollan las principales actividades comerciales de la ciudad y se asientan diversas instituciones educativas de distintos niveles, incluidos algunos de los campus de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Los habitantes de la ciudad han calificado estas instalaciones de Pemex como una bomba de tiempo y han exigido en múltiples ocasiones su reubicación para evitar la pérdida de vidas humanas como consecuencia de un eventual desastre natural o una falla técnica.
Como respuesta a las demandas de la sociedad tapachulteca, el pasado 18 de julio de 2008, el entonces director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, firmó un convenio con el gobierno de Chiapas para iniciar los trabajos de reubicación de la TAR que actualmente se encuentra en Tapachula, así como la construcción de una nueva en la zona de Puerto Chiapas.
En aquella ocasión se informó que aunque la TAR de Tapachula cumplía estrictamente con la normatividad en materia de protección civil, y contaba con el certificado de infraestructura limpia y la licencia ambiental única, además de no haber registrado ningún accidente industrial grave desde el inicio sus operaciones, resultaba evidente que la construcción de una nueva terminal era más que recomendable, tanto desde el punto de vista social, como desde una perspectiva de eficiencia económica.
En lo social, la eliminación de un tráfico de pipas y el traslado de actividades a las nuevas instalaciones, tendrá un impacto directo en el bienestar y la seguridad de los vecinos de Tapachula. Y desde el punto de vista económico, la substitución de las unidades de transporte reducirá los costos de traslado entre la refinería de Salina Cruz y la ciudad de Tapachula.
Así mismo, se coincidió en que la antigua terminal resultaba insuficiente para hacer frente al crecimiento de la demanda de productos petrolíferos en la región, que se estima en un cuatro por ciento anual. Por su parte, las nuevas instalaciones duplican la capacidad útil de almacenamiento de combustibles en Tapachula, y con ello se podrá manejar de manera eficiente la demanda incremental durante los siguientes 20 años.
No obstante lo anterior, hasta ahora no ha sido posible cumplir con la promesa de reubicar la TAR de Tapachula; han pasado más de 7 años desde el anuncio de la firma del convenio para la reubicación y los habitantes de Tapachula siguen viviendo en la incertidumbre, a pesar de los compromisos hechos por los directivos de Pemex.
En agosto pasado venció el último de los plazos establecidos por Pemex para la reubicación de la TAR de Tapachula a Puerto Chiapas, lo cual resulta inexplicable pues la construcción de éstas últimas, según se puede constatar a través de una inspección física, se encuentran ya concluidas al 100 por ciento, por lo cual no hay razón para seguir poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas.
Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos a poner en marcha de manera inmediata la reubicación de las instalaciones de la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula a la nueva terminal de Puerto Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.
Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular de la PGJDF que se aclare lo acontecido en la colonia Narvarte, Distrito Federal, suscrita por los diputados Cuitláhuac García Jiménez, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Renato Josafat Molina Arias y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena
Los que suscriben, los diputados Cuitláhuac García Jiménez, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Renato Josafat Molina Arias y Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes.
Antecedentes
1. El pasado 12 de agosto del 2015 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un exhorto dirigido al procurador de Justicia capitalino Rodolfo Ríos Garza, solicitando que las averiguaciones del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, se realizaran con mayor profundidad y que no fuera sólo un acto protocolario refiriéndose al interrogatorio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, hecho en Veracruz al gobernador Javier Duarte.1
2. Durante la 33 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia realizada el pasado 19 de agosto, Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal, afirmó que en el múltiple homicidio de la Narvarte, su administración no iba a descartar ninguna línea de investigación.2
Consideraciones
1. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte.
2. El noveno principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y atenta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las victimas una reparación del daño adecuada.
3. La situación de la violencia contra los periodistas en México atraviesa actualmente por uno de los momentos más críticos ante la ausencia de un estado de derecho que consecuentemente envía a los agresores mensajes de impunidad, y a los periodistas, de indiferencia.
4. De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, la cuarta parte del número total de denuncias (siendo estas en su mayoría por delitos de abuso de autoridad, amenazas, lesiones y privación de la libertad), se concentran en el Distrito Federal, Veracruz y estado de México.
5. Es preciso señalar que resulta imperante y urgente fortalecer la labor periodística, y establecer mecanismos realmente eficaces para garantizar el libre ejercicio de dicha profesión en México, llevando de la mano la protección y seguridad para consolidar las bases de libertad expuestas en un país democrático, ayudando a generar información de calidad y así obedecer a los derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a ser y estar informados.
6. En el caso de Veracruz, es la entidad que lamentablemente encabeza la lista de periodistas asesinados y desaparecidos, con 15 asesinatos y al menos dos desapariciones en lo que va de la presente administración de Javier Duarte de Ochoa:
Noel López Olguín, 45 años de edad. Trabajaba para Horizonte, La Verdad y Noticias de Acayucan; Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela. 55 años de edad. Periodista de Notiver; Misael López Solana, de 21 años, fotógrafo de Notiver e hijo de López Velasco; Yolanda Ordaz de la Cruz, 48 años de edad. Reportera de Notiver ; Regina Martínez Pérez, 48 años de edad. Corresponsal de Proceso; Guillermo Luna Varela, 21 años, fotógrafo para Notiver; Gabriel Hugo Córdova, fotógrafo para Notiver, de 37 años de edad; Esteban Rodríguez Rodríguez, reportero del periódico AZ, de 30 años de edad; Ana Irasema Becerra Jiménez, de 33 años de edad, empleada administrativa de El Dictamen; Víctor Manuel Báez Chino, 46 años de edad. Reportero del sitio reporterospoliciacos.com. ; Miguel Morales Estrada, 35 años de edad, fotógrafo del Diario de Poza Rica. Sergio Landa Rosales, periodista del Diario de Cardel; Gregorio Jiménez de la Cruz, 43 años de edad, reportero del diario Notisur; Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono; Moisés Sánchez Cerezo, 49 años de edad, director de La Unión; Armando Saldaña Morales, 53 años de edad, periodista de la estación La Ke Buena; Juan Mendoza Delgado, 46 años de edad, director del portal Escribiendo la Verdad.
Organizaciones especializadas en materia de libertad de expresión han declarado a esta entidad como la más riesgosa para el ejercicio del periodismo en México. Aunado a ello, la organización no gubernamental, ONG, internacional Artículo 19, reportó que hasta al 31 de julio había 37 periodistas desplazados de Veracruz por amenazas que se atribuyen al crimen organizado, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales.
Uno de esos desplazados fue Rubén Espinosa Becerril, el fotoperiodista de la agencia Cuartoscuro, Proceso y AVC Noticias que fue asesinado y su cuerpo localizado el pasado 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal junto con Yesenia Quiroz Alfaro, estudiante de belleza; Mile Virginia Martin, modelo de origen colombiano; Alejandra Negrete, empleada doméstica y Nadia Vera antropóloga de la Universidad Veracruzana y defensora de derechos humanos.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, coadyuvante del caso, denunció que la PGJDF que encabeza Rodolfo Ríos Garza no realiza una investigación exhaustiva que considere las agresiones, amenazas e intimidaciones de las que fueron víctimas Nadia y Rubén que les obligaron a huir de Veracruz y autoexiliarse en el Distrito Federal, esto fue oportunamente denunciado por ellos mismos de manera pública en dos entrevistas que les realizó el canal Rompeviento TV en las que responsabilizaron de cualquier daño que les pasara a Javier Duarte de Ochoa y su gobierno.3
Especialistas de la ANAD, tuvieron acceso al expediente e identificaron lo que, a su apreciación, son inconsistencias en un caso que sigue sin resolverse, en el que incluso, podría haber una posible violación al debido proceso legal.
Ejemplos de estas inconsistencias son: la ausencia de un móvil para cometer este crimen, la presencia de un quinto hombre en ese departamento, la obtención de la declaración bajo coacción del primer imputado, la contaminación del lugar de los hechos y la inverosímil versión de los hechos que ha hecho pública la Procuraduría General de Justicia del DF.
Según la declaración del primer imputado Abraham y Omar son los dos sujetos que junto con él estuvieron en el departamento de la colonia Narvarte el día del homicidio. La PGJDF presupone que ellos cometieron el crimen, pero hasta el momento no ha podido acreditarlo.
El móvil del multihomicidio aún no se ha esclarecido. Por un lado la PGJDF hizo referencia desde las primeras informaciones del caso a un posible robo de un vehículo y de una maleta, poco después esto fue desmentido por el acusado. Aunado a esto se dijo que era muy poco probable ya que en departamento se dejaron computadoras, aparatos, electrodomésticos y otras cosas de valor.
Los teléfonos celulares de Rubén y Nadia no se encuentran en la escena del crimen, sólo el de Mile Virginia Martín que arrojo información respecto a sus contactos, Daniel, Abraham y Omar.
La línea de investigación que señala la posible participación de agentes estatales del gobierno de Veracruz fue descartada por las declaraciones tomadas al gobernador y funcionarios de su administración en la que únicamente se deslinda públicamente, sin que hayan aportado información sustancial sobre los antecedentes, amenazas, agresiones, acoso y hostigamiento que habían sufrido Rubén Espinosa y Nadia Vera.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio elevo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que realice una investigación exhaustiva sobre el caso de las victimas caídas el 31 de julio de 2015, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, debido a muchas inconsistencias en las declaraciones oficiales, y para que no deseche la línea principal que apunta a la posible participación de agentes estatales del Gobierno de Veracruz.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que dicte las medidas cautelares pertinentes para que se garanticen la seguridad, integridad, vida y el ejercicio profesional de las y los periodistas en el estado de Veracruz.
Notas
1 http://aldf.gob.mx/archivo-1c100c0bca5576e4ae89735827e3e9bc.pdf
2 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/08/19/1041121
3 http://youtu.be/PbqwA-O-iFs , http://youtu.be/S7opu4kejB0
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.
Diputados: Cuitláhuac García Jiménez (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y locales a incrementar la promoción de la donación de órganos, a cargo de la diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, María Luisa Gutiérrez Santoyo, diputada federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como a las de las entidades federativas a incrementar la promoción de la donación de órganos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según cifras del Centro Nacional de Trasplantes, en nuestro país existen casi 20 mil personas que requieren de un trasplante de órganos, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Trasplantes.
La demanda es mayúscula y la disposición de órganos no es suficiente. En cuanto a trasplantes de riñón, más de 12 mil personas enfermas están a la espera de un trasplante. Sin embargo, hasta el 3 de julio del presente año sólo se pudieron realizar 633 trasplantes renales de donante vivo y fallecido.
El segundo órgano más requerido para trasplante en el país es la córnea. Actualmente hay más de 7 mil pacientes que están a la espera de un trasplante para recuperar la vista.
Si bien, nuestro país ha avanzado en su legislación en cuanto al tema de la donación de órganos, la mayoría de la población aún desconoce las particularidades de la misma, por lo que se manifiesta renuente a registrarse como donador.
En este sentido, México prevé la donación tácita, siempre que ésta cumpla con las modalidades y requisitos señalados en el capítulo III del título décimo cuarto de la Ley General de Salud.
El Centro Nacional de Trasplantes creó la tarjeta Donador Voluntario, que constituye una forma de manifestar el deseo de ser donador de órganos y/o tejidos con fines de trasplante. El objetivo de esta tarjeta es que la misma sea entregada a un familiar para que en el momento de la pérdida de la vida, sea él quien sustente la determinación del donante.
También existe la posibilidad de contar con un “documento oficial de la donación”, el cual consiste en manifestar el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad, después de la vida, sea donar sus órganos y/o tejidos para que sean utilizados con fines terapéuticos.
Dicho documento debe ser expedido por una autoridad federal facultada para tal efecto, es decir el Centro Nacional de Trasplantes, a solicitud expresa del ciudadano debiendo acudir de manera personal con identificación oficial a dicho órgano desconcentrado a recibir el documento solicitado.
La decisión manifestada por el donante, cualquiera de las dos formas descritas anteriormente, no es revocable por terceros. Lamentablemente este proceso no es del conocimiento de la mayor parte de la población por lo que, en caso de donantes fallecidos, la familia suele desconocer la voluntad del mismo.
Ante la enorme demanda de órganos y tejidos es conveniente incrementar la promoción de las acciones que pone a disposición de la población el Centro Nacional de Trasplantes, a fin de incentivar a los ciudadanos a realizar cualquiera de las formas de donación expresa con que se cuenta en el país.
Es importante señalar que la mayoría de los trasplantes que se realizan en México se concentran en algunas entidades federativas; a saber el Distrito Federal que concentra la mayor cantidad, seguido de Jalisco y Puebla en el caso de trasplantes renales. Por lo que se refiere a trasplante de córnea, los estados que más trasplantes realizan son el Distrito Federal, estado de México y Puebla.
Derivado de lo anterior es menester que las secretarías de salud de las entidades federativas no sólo incrementen la promoción de la cultura de la donación, sino que se involucren de manera decidida en este tema, ya que no se cuenta con los recursos humanos suficientes para dar la atención a las personas que requieren un trasplante.
El artículo 313 de la Ley General de Salud establece en su fracción V la obligación de la Secretaría de Salud de elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del sistema nacional de salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes.
En este sentido, y de acuerdo con lo que prevé la ley, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, considera necesario dar un impulso a la promoción de la cultura de la donación de órganos, que preferentemente se enfoque a la donación expresa, a fin de contar con la voluntad irrevocable de quienes han decidido otorgar una oportunidad de vida a las personas que la necesitan.
Es por estas razones que ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, así como a las Secretarías de Salud de las entidades federativas, a incrementar la promoción de la donación de órganos y tejidos, haciendo especial énfasis en la importancia de la donación expresa ante el Centro Nacional de Trasplantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre 2015.
Diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas regionales para contener el brote de la enfermedad de chikungunya y evitar su expansión a otras entidades, a cargo de la diputada María Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Verónica Muñoz Parra, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, IV y VI, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Últimamente hemos sido vapuleados por diferentes enfermedades, muchas de ellas aún sin cura. Recientemente en México nos hemos visto afectados por el virus de la chikungunya, el cual tuvo su origen a la mitad del siglo XX en África, desde entonces se ha venido propagando por todo el mundo. Dicho virus se contagia a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti y el Aedes albopictus, dichos insectos tienen la particularidad de tener las patas manchadas de blanco, cuando los mosquitos pican a una persona comienzan los siguientes síntomas después de 3 a 7 días:
• fiebre alta
• dolor de cabeza,
• dolores en las articulaciones
• dolor muscular
Como todo virus es complicado su estudio y erradicación, por lo cual no hay un antídoto o cura disponible, solamente se contiene a través de analgésicos como el paracetamol y la ingesta de vitaminas; esto conlleva a un gasto extraordinario en las finanzas de las familias y las más afectadas son las que viven al día, porque no cuentan con ahorro que permita la compra de medicamentos.
El sector salud es rebasado por la demanda de medicamentos que controlan las fiebres. Actualmente, es en los estados del Sur donde se han detectado miles de casos registrados oficialmente, el primer lugar lo ocupa Guerrero, seguido de Oaxaca y en tercer lugar Chiapas.
La cifras oficiales difieren entre sí, señalando entre 3 mil 500 a 5 mil infectados, ello es alarmante, debido a que aumenta la cifra no oficial de los afectados que no acuden a servicios hospitalarios, teniendo una alza permanente del problema.
Por todo ello, es urgente que el gobierno federal realice campañas que pongan en cuarentena dicho virus, con el fin de que no se propague y aumenten los casos y se brinde la atención médica necesaria al sector poblacional que ya se encuentra contagiado por el virus.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal se coordine con las autoridades locales que padecen brotes del virus chincungunya, con el objetivo de realizar campañas regionales con el fin de contener el brote de la enfermedad y evitar se expanda a otros estados, así como brindar oportuna atención a los afectados.
Palacio Legislativo, a 3 de septiembre de 2015.
Diputada Verónica Muñoz Parra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SE a fortalecer la difusión, accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas de los programas sectoriales orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas para reforzar la cadena de valor agregado en la producción y prestación de servicios, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, José Bernardo Quezada Salas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numerales 2 y 3; y 79, numeral, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El panorama económico nacional se mantiene afectado por factores externos e internos, ocasionando una pérdida en el dinamismo de los sectores industrial y de servicios lo cual incide de manera directa en su desempeño.
La volatilidad de los mercados financieros, fuertemente afectados por el efecto asiático; los precios a la baja en el mercado internacional del petróleo; la desaceleración de la economía estadounidense en el primer trimestre del año, así como la incertidumbre y cautela de inversionistas y consumidores ante el desplazamiento del peso frente al dólar, aumentaron los factores de riesgo para el desempeño de la economía en el corto plazo.
Lo anterior ha provocado que nuevamente se modifiquen las proyecciones de crecimiento económico nacional. Así, en el informe trimestral de inflación, dado a conocer el pasado 12 de agosto, el Banco de México anunció el cambio de expectativa del PIB nacional, el cual bajó de entre 3 y 2 por ciento a entre 2.5 y 1.7 para este año, previendo que la expansión del PIB se ubique entre 2.5 y 3.5 para 2016.1
Los sectores de la actividad económica dan cuenta de las variaciones prevalecientes en el crecimiento o estancamiento del PIB nacional. Por ejemplo, el valor de las actividades primarias descendieron en el segundo trimestre del año 4 puntos porcentuales al posicionarse en 2.7 por ciento, contra el 6.7 con que cerró en el primer trimestre de 2015; de igual manera, las actividades secundarias descendieron 1 punto al pasar de 1.5 a 0.5 por ciento a junio de este año, destacándose la continua caída del sector minero, al registrar -5.7 puntos en el primer trimestre y en el segundo una desaceleración que coloca al sector en -7.6 puntos; mientras que la Industria manufacturera pasó de 3.2 a 3 por ciento en el mismo periodo.
En cuanto a las actividades terciarias o de servicios, y las únicas que han presentado un crecimiento moderado, cierran el primer semestre del años con 3.1 puntos, con un crecimiento de apenas una décima, respecto a marzo de 2015, en cuyo caso deberá destacarse el comportamiento de los servicios profesionales, científicos y técnicos, al registrar 1.4 por ciento en el primer trimestre y pasar a 5.2 al cierre de junio de 2015.2
Como se observa, la actividad industrial se mantiene a la baja. El Inegi informó recientemente que el indicador global de la actividad económica dio cuenta de un crecimiento de 0.3, extendiendo un mes más la tendencia descendente iniciada en noviembre del año pasado; por lo que en términos anuales este incremento representa apenas 2.1 por ciento respecto a junio del año pasado.3 Tal situación se dio principalmente por el entorno global en que el retroceso de la industria minera, particularmente del sector petrolero, afecta el desempeño de la industria en su conjunto.
Además, el debilitamiento de la actividad industrial estadounidense anticipa un escenario poco alentador para las exportaciones manufactureras que se habían mantenido como el principal motor del crecimiento de la economía.
Frente a estas condiciones, diversas voces, principalmente del sector empresarial, se han manifestado por regresar, entre otras medidas, a esquemas proteccionistas de antaño basados en la sustitución de importaciones a través de productos nacionales.
Si bien es loable el interés por mejorar la economía, sobre todo los ingresos de las y los trabajadores mexicanos, en Nueva Alianza creemos que medidas como estas, que antaño demostraron su ineficacia, afectan de manera significativa la productividad y competitividad de los sectores industriales y de servicios. Éstos son los más intensivos en la generación de fuentes de trabajo en el sector formal de la economía, considerando que en conjunto generaron 8 de cada 10 empleos reportados por el IMSS durante los primeros seis meses del año.
El crecimiento económico de cualquier país se debe en gran medida al aumento en los factores de la producción o por un incremento en la productividad, misma que refleja la eficiencia con que una economía transforma los insumos con los que cuenta en bienes y servicios.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coincide con diversos estudios y analistas nacionales e internacionales en los cuales se concluye que el limitado crecimiento de la productividad total de los factores de la producción se ha traducido en tasas de crecimiento económico menores a las necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestra población, así como para reducir la brecha existente entre nuestro país y los países de mayor ingreso.4
Para crecer a mayores tasas, la OCDE afirma que nuestro país requiere eliminar los cuellos de botella que limitan la productividad. De manera particular, ese organismo internacional recomienda promover la competencia y la apertura en todos los mercados, mejorar el capital humano y la disponibilidad de competencias en la población, fortalecer el empleo formal e impulsar la innovación.
McKinsey Global Institute afirma que el reto en materia de productividad se explica por la existencia de “dos Méxicos”,5 al describir un país con una economía dual, conformada por un sector moderno y altamente productivo que compite a nivel global y se vuelve más productivo rápidamente; así como por un sector tradicional, compuesto en gran medida por micro y pequeñas empresas informales con una productividad baja y decreciente.
Ante el panorama internacional y sus repercusiones en el ambiente nacional, resulta imprescindible el establecimiento de un entorno competitivo que motive e impulse el fortalecimiento del aparato productivo en todo el territorio nacional. Éste es uno de los mayores retos para impulsar el crecimiento económico con equidad y, con ello, abatir los crecientes índices de pobreza que durante los últimos años se han padecido en México.
Basta recordar los datos proporcionados recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que al dar a conocer el número de mexicanos en situación de pobreza, resultó que en dos años se incrementó este indicador, al pasar de 53.3 a 55.3 millones de personas, las que representan 46.2 de la población.
Los resultados presentados en días pasados por el Coneval contribuyen a afianzar la necesidad de implantar políticas de fomento económico enfocadas al aumento de las capacidades productivas de nuestro país, pues sólo a través de estrategias no asistencialistas y diferenciadas como la generación de empleos de calidad, es como se producen las condiciones para que un mayor número de mexicanos obtengan los ingresos que satisfagan sus necesidades más elementales y haya una distribución más equitativa de la riqueza.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, resulta importante insistir que la participación del Estado mediante la adecuada instrumentación de sus políticas económicas impulsará la modernización industrial, la rearticulación de cadenas productivas y en el impulso a la innovación y competitividad de nuestras empresas. Dicha participación debe hacerse sin intervencionismos que perviertan y obstaculicen la eficiencia y sano equilibrio del mercado para alentar la productividad y competitividad nacional.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en el artículo 34, la Secretaría de Economía tiene la facultad de “formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país” (fracción I), así como “promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional (fracción XXIII), sin omitir su potestad de “promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales (fracción XXIV).
Las políticas públicas instauradas por esa secretaría deben contribuir al propósito de mejorar la competitividad y productividad de las empresas e industrias nacionales.
Por ejemplo, el objetivo del Fondo Nacional Emprendedor es incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos. Ello con el propósito de que impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.
El Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (Proiat) está orientado a que las industrias de alta tecnología incrementen sus capacidades para adoptar nuevas tecnologías e impulsar la participación de las empresas en actividades de mayor valor agregado. Esto, mediante la especialización del capital humano, la certificación de capacidades productivas y humanas, la generación de información especializada y la transferencia o desarrollo tecnológico.
En 2014, de acuerdo con datos del Inegi, México contaba con 4 millones, 13 mil unidades empresariales dentro de la clasificación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme); es decir, 99.8 por ciento de nuestras unidades productivas. Además, aportaron 52 por ciento del PIB y generaron 72 por ciento del empleo del país.
Como se observa, en ambos programas, aun con propósitos muy específicos, anida el interés de incentivar y desarrollar el potencial productivo y competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, a pesar de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año en curso, consistente en 8 mil 900 millones de pesos para el Fondo Nacional Emprendedor y 214 millones para el Proiat, hasta el primer trimestre del año solo se han ejercido 1 y 4 por ciento de los recursos asignados, respectivamente, según se puede constatar en el padrón de beneficiarios de ambos programas.6
Más aún, se observa que ante el universo y potencial desarrollo productivo de las Mipyme y que los destinatarios de ambos programas son empresas legalmente constituidas que obedecen a la estratificación de estas empresas, solo en el caso en el caso del Proiat, se identifican en los beneficiarios a dos empresas Sociedades Anónimas de Capital Variable, mientras que en el Fondo Nacional Emprendedor, el padrón de beneficiarios está compuesto principalmente por 13 municipios, principalmente de Oaxaca, Guanajuato, Querétaro y Michoacán.
La productividad y competitividad de las Mipyme generalmente se queda estancada frente a empresas más grandes y con mayor acceso a innovación, fuentes de financiamiento o capacitación. Situación que se considera es resultado de las restricciones que enfrentan las Mipyme, en el que se incluye el acceso al financiamiento, una débil capacidad gerencial y laboral, la falta de capacidad para aprovechar economías de escala en la producción y una deficiente información sobre oportunidades del mercado, nuevas tecnologías y métodos de organización del trabajo.
Por ello cobra mayor sentido que ante el panorama económico adverso que se vive en la actualidad, emprendamos de manera conjunta una serie de esfuerzos para reducir la pobreza del país, a través de una consistente ampliación de nuestras capacidades productivas.
Si hay condiciones y recursos presupuestales para estos fines, en Nueva Alianza consideramos la necesidad de potencializar las iniciativas y emprendimientos competitivos y productivos de nuestras empresas. De nada sirve cerrarnos ante una economía globalizada, es más redituable mejorar nuestras fortalezas, más aún, cuando está en juego el futuro de millones de mexicanos y sus familias.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Economía a fortalecer la difusión, accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas de los programas sectoriales orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de fortalecer la cadena de valor agregado en la producción y prestación de servicios.
Notas
1 Informe trimestral abril-junio de 2015. Banco de México, página 50. Con información disponible al 11 de agosto de 2015. Disponible en http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/infor mes-periodicos/trimestral-inflacion/%7B38767B01-F0B6-9749-4A00-A5FD82E7 BABA%7D.pdf
Consulta realizada el 26 de agosto de 2015, a las 17:25 horas.
2 Variación anual del producto interno bruto trimestral al segundo trimestre de 2015, cifras originales con base en los valores a precios constantes de 2008. Inegi, 2015. Disponible en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/default.aspx
Consulta realizada el 26 de agosto de 2015, a las 17:54 horas.
3 Indicador global de la actividad económica, cifras durante junio de 2015 (cifras desestacionalizadas). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/igae/igae2015_08.pd f
Consulta realizada el 27 de agosto de 2015, a las 11:00 horas.
4 Getting it Right. Una agenda estratégica para las reformas en México. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2012. OECD Publishing. Se recomienda ampliamente consultar el capítulo 10, “Las Pyme y el espíritu emprendedor en México”, de Jonathan Potter y Marco Marchese. Disponible en http://www.oecd.org/centrodemexico/Getting%20It%20Right%20EBOOK.pdf
Consulta realizada el 27 de agosto de 2015, a las 17:05 horas.
5 A tale of two Mexicos: growth and prosperity in a two-speed economy. McKinsey & Company. McKinsey Global Institute, marzo de 2014. Disponible en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/MGI_Mexico_Full_report_March_2014.pd f.
Consulta realizada el 28 de agosto de 2015, a las 12:48 horas.
6 http://www.economia.gob.mx/conoce-la-se/programas-se/programas-de-subsidios/reglas-de-operacion-y-padron-de-beneficiarios
Consulta realizada el 28 de agosto de 2015, a las 14:26 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.
Diputado José Bernardo Quezada Salas (rúbrica)
Relativa a la proclamación de las Leyes de Reforma, a cargo del diputado Antonio Amaro Cancino, del Grupo Parlamentario del PRI
La promulgación de las Leyes de Reforma representa el nacimiento del Estado mexicano en la forma como hoy lo conocemos. La evolución política, la conquista de nuevos derechos y la consolidación del carácter federal y republicano de nuestro Estado, así como el sometimiento al orden constitucional de los poderes fácticos que amenazaban la integridad de las instituciones, son otros de los logros que trajo consigo este evento histórico.
El ciclo reformador que ha emprendido el presidente Enrique Peña Nieto, hace pertinente recordar un evento histórico de esta magnitud, y replantearnos el valor y el alcance de los pactos fundamentales que a lo largo de nuestra historia hemos alcanzado y de esa forma constituir una base para nuestro futuro y, sobre todo, heredar un mejor país a las generaciones venideras.
Las Leyes de Reforma permitieron concebir y establecer el Estado laico, en una de las mayores gestas de la historia nacional, basada en la libertad y el respeto que permitieron un desarrollo de la cultura nacional. Benito Juárez, un reformador que con su trabajo político legó a la nación las bases jurídicas para construir un país donde el respeto entre las instituciones, permitiera alcanzar las justicia y la equidad entre el pueblo mexicano.
En la distancia, vemos a las Leyes de Reforma como una expresión de inteligencia y progreso, donde la justicia se convirtió en un valor sumamente relevante y que culminó en la instrumentación de la legislación de la reforma bajo tres principios fundamentales: la defensa de la Constitución, la Ley como postulado garantizador del interés público y la lucha para hacer del gobierno civil quien preservara los intereses de la nación.
Hoy enfrentamos retos que exigen una reestructura fundamental en las instituciones y en la forma en que funciona nuestros sistema jurídico, labor que ha emprendido responsablemente el Ejecutivo federal. Por ello, convencido de que los esfuerzos que hoy se hacen, se traducirán en la construcción de un país más justo, más igual y con mayores oportunidades para todos.
Aprendamos de nuestra historia, y hoy, recordando este evento histórico, obliguémonos hacer de nuestra labor legislativa, un medio al servicio de México y los mexicanos, construyendo, para la posteridad, un país mejor.
Palacio Legislativo, a 3 de septiembre de 2015.
Diputado Antonio Amaro Cancino (rúbrica)