Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a construir una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, de Jojutla, Morelos, y atender las necesidades de otros nosocomios de la entidad, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por la que se exhorta a los Congresos de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Nayarit, así como a la ALDF, a crear en sus ámbitos de competencia leyes de mejora regulatoria, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer los programas sociales, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la república a realizar una campaña informativa de la agenda post-2015 y los objetivos de desarrollo sustentable sobre la extinción de la pobreza masiva y la erradicación del hambre, a cargo del diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a constituir una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV; y el IMSS para atender la problemática sobre el reconocimiento de las trabajadoras que laboran como representantes de la segunda, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Economía a elaborar y publicar un análisis de riesgos de los sectores y rubros específicos incluidos en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE, la Sagarpa y el gobierno de Oaxaca a fortalecer las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las habitantes de zonas rurales en la entidad, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y el Inapam a aplicar sanciones administrativas en los casos de maltrato o violencia por autoridades de las instituciones públicas y las privadas de atención de personas adultas mayores, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir una NOM que regule las unidades médicas móviles para prevenir y atender el cáncer de mama, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, sobre la realización de un simulacro de sismo en la Cámara de Diputados para difundir los protocolos por seguir en caso de algún fenómeno de esa naturaleza, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Ssa a proponer opciones en coordinación con el gobernador de Oaxaca para resolver las precarias condiciones de la atención médica en el hospital Doctor Aurelio Valdivieso, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento de los programas productivos sustentables destinados a mujeres, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz de León Villard, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y la Conagua a vigilar el uso o aprovechamiento de las aguas de la presa El Gallo, en Cutzamala de Pinzón, Guerrero, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la Sagarpa a flexibilizar las reglas de operación de 2016 para simplificar los procedimientos a fin de que tengan acceso a los programas de apoyo los productores y las organizaciones, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018 a revisar la pertinencia de los indicadores de resultados del Projuventud, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a apoyar a la Universidad Autónoma de Guerrero por su grave crisis, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a vigilar y coordinar por la Semarnat y la SCT, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, el cumplimiento del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital, conforme a las leyes y normas oficiales aplicables en materia de residuos de manejo especial y peligrosos, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, relativo a la grave crisis de los derechos humanos en el país, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, para reconocer las labores institucionales preventivas del gobierno federal por el arribo del huracán Patricia, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Veracruz a no aprobar la nueva deuda solicitada por el gobernador en tanto la ASF no concluya los procedimientos derivados de las auditorías realizadas durante los cinco años de su administración, suscrita por los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para condenar los actos del presidente de la Mesa Directiva de la LIII Legislatura de Morelos respecto al procedimiento para seleccionar a las edecanes del Congreso local, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a reforzar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno sobre los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobernador de Nuevo León a vigilar por las instancias competentes el cumplimiento de la normativa sobre las áreas naturales protegidas federales y locales, suscrita por los diputados Ximena Tamariz García y Pedro Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instancias a implantar políticas públicas que hagan asequibles el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y la ALDF a legislar en materia de establecimientos mercantiles para prohibir el cobro en los estacionamientos públicos de centros y plazas comerciales, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial del café, a cargo del diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a agilizar la entrega de los recursos del Fonden a Quintana Roo, dada la declaratoria de emergencia emitida el 18 de octubre 2015 por la presencia de lluvias severas ocurridas el 16 y 17 del mismo mes, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
• Con punto de acuerdo, relativo a la implantación permanente en la LXIII Legislatura del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, a cargo del diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al secretario general de esta soberanía a remitir a las comisiones correspondientes los expedientes de las solicitudes de juicio político que le han sido presentadas, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de Puebla a atender las peticiones de mejoramiento de las condiciones y atención médica de ciudadanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador de Guerrero que imponga el nombre del destacado médico José Garibo Hernández al hospital general de Acapulco, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, relativo al suministro de recursos financieros para atender los fondos de aseguramiento agropecuario y rural, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT y la Profeco a realizar supervisiones periódicas a los establecimientos mercantiles obligados a expedir facturas electrónicas por los servicios prestados, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sener, la Semarnat y la Comisión Reguladora de Energía a cancelar el gasoducto Tuxpan-Atotonilco, suscrita por las diputadas Blandina Ramos Ramírez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal, estatales y del DF a garantizar que la educación básica sea gratuita y no condicionada al pago de cuotas escolares, y procurar la sanción efectiva de los funcionarios infractores, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a declarar zona de desastre diversos municipios de Jalisco, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a convocar por la Segob a los Poderes de la Unión y la sociedad en general a firmar un acuerdo nacional para la atención integral de la discriminación, delincuencia e impunidad existente en internet y las redes sociales, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno, el secretario de Seguridad Pública y el procurador general de Justicia del DF a garantizar la seguridad e integridad de los habitantes de Iztapalapa, e investigar los hechos relacionados con los cuerpos hallados en la demarcación y presentar públicamente los resultados de las pesquisas, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a ampliar el personal capacitado para el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a difundir los resultados de las siembras experimentales de granos transgénicos; y a la Cofepris, a hacer públicos los resultados de los estudios realizados a las semillas transgénicas, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su solidaridad y apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática por su reconocimiento como nación en la comunidad internacional, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reorientar o conjuntar los programas encaminados a detonar el desarrollo rural integral y fortalecer las capacidades productivas de los pequeños productores rurales, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar la declaratoria de desastre natural de Colima, Jalisco y Nayarit, afectados por el huracán Patricia el 23 y 24 de octubre de 2015, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a difundir por la STPS los gastos y resultados del Programa de Apoyo al Empleo, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT a restablecer la señal analógica en Monterrey y zona metropolitana, en Nuevo León, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a difundir el proceso de licitación y adjudicación de las empresas encargadas de la expedición de pasaportes; y a la SFP, a auditar el proceso de licitación, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que implante medidas para prevenir, atender y reducir la mortalidad materna y el embarazo de adolescentes, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Secretaría de Salud a atender las inmunodeficiencias primarias en todo el país, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Efemérides

• Con motivo del sexagésimo segundo aniversario del reconocimiento del derecho de la mujer al voto, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con motivo del 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
• Con motivo del sexagésimo segundo aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres en elecciones federales, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con motivo del 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a construir una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, de Jojutla, Morelos, y atender las necesidades de otros nosocomios de la entidad, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal del 4 distrito por Morelos, integrante de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La salud es una condición indispensable para todo tipo de desarrollo o grado de bienestar, por ello se le ha protegido jurídicamente y actualmente es uno de los derechos más importantes para todas las personas; razón por la cual está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que en el numeral 1 de su artículo 25 dispone que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Por su parte, desde 1946 la Constitución de la Organización Mundial de la Salud determina que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México se adhirió el 23 de marzo de 1981, establece en su artículo 12 que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, para lo cual crearán las condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad; además, en el primer párrafo del artículo 2, prevé la obligación de los Estados a fin de adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, por lo que se colige que se trata de un instrumento internacional cuyos estándares refuerzan la viabilidad de la presente proposición.

En ese tenor, este importante derecho está reconocido y resguardado por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4, párrafo cuarto, señala que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.”

En nuestro país existen avances importantes en materia de protección a la salud, en el cuarto distrito electoral que represento existen todavía necesidades urgentes que es importante atender a la brevedad.

Al presidir la Comisión de Salud del Congreso de Morelos, pude percatarme de carencias graves en materia de infraestructura y de calidad en la atención a los ciudadanos. Adquirí el firme compromiso de que al llegar por el voto ciudadano a la Cámara de Diputados, gestionaría recursos tendientes a fortalecer y mejorar los servicios de salud en la zona sur y sur poniente de Morelos.

Es importante favorecer a las regiones de las entidades federativas y del propio país. Morelos por su ubicación geográfica, la zona que represento ha sido olvidada en distintos aspectos, la red hospitalaria es uno de ellos, los actuales hospitales cubrían las necesidades de la población en los años 80’s. Ahora son insuficientes.

Es prioridad que un enfermo tenga los servicios hospitalarios y de especialidades médicas lo más asequible posible, la gravedad de un padecimiento, la pobreza de las familias que viven en la región sur y sur poniente de Morelos y el error de las administraciones públicas estatales en materia de salud de favorecer a la capital del Estado, Cuernavaca y los municipios conurbados a ella, provoca un atraso sistemático en el equipamiento de hospitales periféricos y son el causante de estas políticas erróneas de tener nosocomios viejos, insuficientes y de bajo nivel de especialidad; ¿Cómo resolver este problema? invirtiendo en la modernización y equipamiento de hospitales que no están dentro de la zona conurbada de la capital. De ser así, la ciudadanía se favorece y se desahoga la excesiva saturación de otros hospitales públicos.

En ese sentido, someto a su consideración este punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se consideren recursos por un monto de 500 millones de pesos para la construcción de una Torre Hospitalaria y de Especialidades Médicas en el Hospital General Dr. Ernesto Meana San Román, municipio de Jojutla, Morelos. Para lograr que este hospital resuelva la demanda de atención médica a la gente para los próximos 30 años es preponderante la construcción de la torre referida por las siguientes razones, en base al anteproyecto:

1. Aprovechar la infraestructura ya existente y complementarla con una torre dentro del mismo nosocomio que proyecte modernidad, utilidad y austeridad presupuestal. El espacio del actual estacionamiento sería el lugar físico de su edificación con 880 metros cuadrados.

2. El edificio tendría dos niveles de estacionamiento subterráneo; siete niveles: el primero de recepción, servicios generales y de asistencia, y administración; el segundo, tercero y cuarto piso central de enfermeras con noventa camas de hospital; el quinto, sexto y séptimo piso consultorios de especialidades médicas (cardiología, traumatología, oncología, pediatría, otorrinolaringología, oftalmología, dermatología, psiquiatría, ginecología, neurología, nefrología, geriatría y urología). La torre en su diseño arquitectónico tiene un anexo de tres niveles para urgencias, quirófanos, imagenología, laboratorios y banco de sangre.

3. El anteproyecto señala una inversión considerada de infraestructura y equipamiento de tecnología (T3).

El hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, tiene un área de influencia que abarca a toda la zona sur y sur poniente del estado de Morelos, porque el Hospital General de Tetecala y el Comunitario de Puente de Ixtla envían a enfermos de mayor gravedad y se limitan a realizar atención clínica y evitan la quirúrgica. Los municipios que cubre son: Amacuzac, Coatlán del Río, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tetecala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Xochitepec y Zacatepec, comprendiendo a una población anual aproximada de 101 mil 342 personas, que son responsabilidad de los Servicios de Salud de Morelos. Se debe resaltar que por las colindancias del estado de Morelos con comunidades del estado de Guerrero y el Estado de México, los requerimientos aumentan de forma exponencial.

El parámetro de la atención ha ido incrementándose, así por ejemplo en 2012 fueron 25 mil 895 las urgencias, en tanto que para 2013 los casos crecieron a 28 mil 307 y en 2014 se alcanzó la cifra de 40 mil 755 es decir que en este año con respecto al anterior hubo un incremento de 44 por ciento y entre las principales causas que las originaron se encuentran los traumatismos, las causas obstétricas y las infecciones respiratorias agudas. Así también, las intervenciones quirúrgicas que en 2012 fueron 3 mil 597 para 2013 aumentaron a 3 mil 831 y en 2014 fueron 4 mil 227. Y los estudios de laboratorio fueron 390 mil 928 en 2012 y en 2014 la cifra llegó a 422 mil 788 lo que significa un incremento porcentual del 8 por ciento, en tanto que los estudios de rayos X en 2012 alcanzaron la cifra de 14 mil 428 y para el 2014 aumentaron a 18 mil 752, lo que significa 30 por ciento más.

El hospital general Doctor Rodolfo Becerril de la Paz, municipio de Tetecala, Morelos requiere que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se contemple una inversión pública de 122 millones 266 mil 202 pesos para su ampliación y modernización, y conforme a la descripción del proyecto se solicita:

1. Ampliación de las áreas de hospitalización, urgencias, cocina y mantenimiento.

2. Adecuación de espacios para imagenología, laboratorio, consulta externa, módulo mater y lavandería.

3. La ampliación de hospitalización en la parte posterior del predio de 30 a 60 camas.

4. Reubicar los servicios de laboratorio en donde actualmente se encuentra la hospitalización.

5. Obra nueva para la posada de atención a la mujer embarazada (AME).

6. Rediseñar el área de rayos X para integrar el servicio de ultrasonido y dos salas de radiología.

7. Costo aproximado de ampliación y adecuación: urgencias 5 millones 542 mil 680 pesos; hospitalización 25 millones 875 mil pesos; laboratorio 13 millones 405 mil 480 pesos; módulo mater 767 mil 140 pesos; imagenología (mastrógrafo) 11 millones 338 mil 650 pesos; cocina/comedor 2 millones 232 mil 800 pesos; posada AME 1 millón 646 mil 820 pesos. Importe aproximado en construcción 52 millones 408 mil 570 pesos, equipamiento 64 millones 478 mil 70 pesos y mobiliario 5 millones 379 mil 562 pesos 60/100.

Este hospital atiende a la sociedad de los municipios de Coatlán del Río, Mazatepec, Miacatlán y Tetecala donde se ubica, comprendiendo una población bajo su responsabilidad de 46,464 y para atender a estas personas existen 12 consultorios atendidos por 54 médicos, de los cuales 16 son generales, 7 anestesiólogos, 7 cirujanos, 7 gineco-obstetras, 4 internistas, 1 odontólogo especialista, 1 ortopedista, 1 pediatra, 1 traumatólogo y un urgenciólogo; quienes se auxilian por 119 enfermeras en contacto con el paciente, y entre el personal técnico existen 13 parteras, 11 de laboratorio, 6 de radiología y 8 de trabajo social. En este hospital en 2012 las urgencias fueron 15,295 y para el 2014 ascendieron a 20 mil 396 lo que significa porcentualmente un 33 por ciento más, en tanto que se atendieron 307 partos en 2012 y para 2014 la cifra fue de 567, existiendo una ampliación porcentual del 85 por ciento. Por otra parte, las intervenciones quirúrgicas que en 2012 fueron de 921 para 2014 ascendieron a mil 457 lo que significó un 58 por ciento más; y las consultas que en 2012 fueron 13 mil 234 para 2014 llegaron a la cantidad de 18 mil 811 con un aumento porcentual del 42 por ciento y las consultas de especialidad que en 2012 habían sido 10 mil 213 para 2014 fueron 14 mil 702 es decir que el incremento porcentual fue de 44 por ciento e incluso los estudios de laboratorio también se elevaron de 167 mil 683 en 2012 a 215 mil 742 estudios realizados en 2014, lo que significó un 29 por ciento más.

En Puente de Ixtla existe el hospital comunitario Doctor Fernando R. Vizcarra que requiere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 prever 57 millones 7 mil 328 pesos para equipar y lograr la certificación, existe el proyecto que integra:

1. Adecuación hospital comunitario (observaciones de acreditación).

2. Obra nueva (hospitalización adultos) 8 millones 156 mil 500 pesos.

3. Adecuación de espacios: unidad quirúrgica 6 millones 256 mil 580 pesos; urgencias 3 millones 584 mil pesos; hospitalización pediátrica 3 millones 233 mil 340 pesos; mastógrafo 15 millones de pesos; recurso humano (HC) 16 millones 618 mil 508 pesos 14/100; terreno (850 metros cuadrados) 1 millón 700 mil pesos.

Este hospital tiene un área de cobertura que alcanza a una población de 65 mil 731 personas bajo su responsabilidad. En 2014 se otorgó el servicio para 20 mil 55 urgencias, siendo las causas principales las infecciones respiratorias agudas, los traumatismos, las enfermedades infecciosas intestinales y las causas obstétricas. Durante 2012 se atendieron 292 partos, que en 2014 ascendieron a 446, lo que significó un incremento del 53 por ciento, y –por su parte– las consultas de especialidad en 2012 fueron 776, aumentando para el 2013 a mil 744 en tanto que en 2014 fueron 2 mil 564, es decir que el crecimiento fue todavía más significativo porque con respecto a 2012 fue de un 230 por ciento; y similar situación aconteció con los estudios de laboratorio que en 2012 eran de 55 mil 358 y en el 2013 de 59 mil 042 siendo que para 2014 se dispararon a 81 mil 415 por lo que el porcentaje de incremento con respecto a dos años atrás ha sido de 47 por ciento. Y aun cuando la atención ha tenido demandas importantes el personal con que cuenta este hospital es escaso, existiendo 12 consultorios, con una plantilla de 56 miembros de enfermería y 28 médicos, de los cuales 20 son generales, 1 anestesiólogo, 1 cirujano, 1 gineco-obstetra, 1 odontólogo, 1 pediatra y 1 psiquiatra, así como 56 enfermeras en contacto con el paciente.

Cabe señalar que todos los datos estadísticos expuestos emanan de los Servicios de Salud de Morelos y evidencian -sin duda- las carencias, necesidades y fuerte carga de trabajo a que se encuentran sometidos los hospitales cuya propuesta de fortalecimiento es materia de la presente proposición con punto de acuerdo.

Considero que nosotros como legisladores y responsables de determinar los alcances de las partidas y forma de ejercer el gasto público federal podemos sentar las bases que nos permitan ir resolviendo las necesidades más apremiantes que nuestros ciudadanos nos plantean.

Históricamente a nivel nacional y en algunas Entidades Federativas las regiones del sur son olvidadas, el Ejecutivo federal para apoyar el desarrollo en el sureste mexicano en su actividad económica privada envió al honorable Congreso de la Unión una iniciativa que constituya zonas económicas especiales, que fomenten el crecimiento económico de la población y alejen del atraso histórico que tiene la ciudadanía en esa parte del territorio nacional. En ese orden de ideas, cuidando las proporciones y la materia, puedo contrastar que las regiones deben tener inversión pública y privada para no quedar excluidos del progreso en comparación con otros estados o poblaciones. La salud como derecho humano debe ser garantizado y esto motiva esta proposición de punto de acuerdo.

Nuestra presencia en la Cámara de Diputados es una oportunidad única para tomar las decisiones que están en nuestras manos, y una de ellas es que cada mexicano tenga acceso a la salud, hospitales dignos, los cuales oferten estudios clínicos, medicamentos y aquellas terapias que las personas enfermas requieran.

En ese sentido, en la búsqueda de mejorar el derecho a la protección de la salud que tienen todos los habitantes de la zona sur y sur poniente del estado de Morelos, con la presente proposición se busca su apoyo para que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, establezca la asignación de recursos destinados a la materia de salud para los tres hospitales antes descritos.

La asignación presupuestal propuesta se encuentra alineada con el principio de progresividad de los derechos humanos, que adquiere mayor vigor a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2011.

En efecto, conforme a este principio de progresividad, el Estado tiene la obligación de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre estén en constante evolución y -bajo ninguna justificación- en retroceso.

Estamos en un escenario de austeridad en el cual se acentúa la escasez de recursos, pero también es nuestra responsabilidad tutelar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, asegure que las políticas públicas de índole social cuenten con los recursos necesarios para garantizar los niveles mínimos de satisfacción.

Con el objetivo claro de cambiar paradigmas y esquemas obsoletos para el servicio y la dignificación de la comunidad morelense se ha contemplado la realización de proyectos de gran importancia, que puedan dejar huella en el devenir histórico de nuestra sociedad.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se atienda la necesidad de construir una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, municipio de Jojutla, Morelos; así como que se amplíe y modernice el hospital general Doctor Rodolfo Becerril de la Paz, municipio de Tetecala, Morelos, además de que se equipe y logre la certificación del hospital comunitario Doctor Fernando R. Vizcarra, municipio de Puente de Ixtla, Morelos, debido a la alta demanda de la población.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se atienda la necesidad de construir una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el Hospital General Doctor Ernesto Meana San Román, municipio de Jojutla, Morelos; así como que se amplíe y modernice el hospital general Doctor Rodolfo Becerril de la Paz, municipio de Tetecala, Morelos, además de que se equipe y logre la certificación del hospital comunitario Doctor Fernando R. Vizcarra, municipio de Puente de Ixtla, Morelos, debido a la alta demanda de la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2015.

Diputada Rosalina Mazari Espín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por la que se exhorta a los Congresos de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Nayarit, así como a la ALDF, a crear en sus ámbitos de competencia leyes de mejora regulatoria, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Luis Fernando Antero Valle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los congresos de los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Nayarit, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a poner en marcha los estudios y trabajos legislativos para la creación de leyes de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente proposición tiene como fin contribuir a consolidar el proceso de mejora regulatoria que inició en México en la década de 1990, cuyo propósito ha sido retirar del país en su nivel federal, pero también en las entidades federativas y sus municipios, la excesiva, compleja y costosa regulación para la economía y la sociedad en general, transitando del concepto de desregulación al de mejora regulatoria.

Concretamente, por medio de esta propuesta se busca que todas las entidades federativas del país cuenten con su respectiva Ley de Mejora Regulatoria, pues a la fecha prevalecen resistencias a la entrada de esta legislación en algunos estados.

El objetivo es completar el marco jurídico que nos permita que el nivel federal de gobierno y las entidades federativas, trabajen en conjunto armónico a favor de la mejora regulatoria. Los avances han sido importantes hasta ahora. El estado de Chihuahua, que era uno de los pendientes, ya cuenta con legislación estatal de mejora regulatoria, la cual fue expedida apenas en agosto de este año.

Aún están pendientes Baja California Sur, el Distrito Federal, Guerrero, Michoacán y Nayarit. Como resultado de revisar su posición dentro del ranking estatal de mejora regulatoria que publicó el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC) en el año 2012 se encontró que estas entidades que todavía no cuentan con ley de mejora regulatoria estaban dentro de los 7 peores lugares.

Algunos de ellos han incorporado un capítulo sobre mejora regulatoria en sus leyes de fomento económico o de competitividad empresarial. Sin embargo, esto no es suficiente, pues una ley en la materia permitiría:

• Contar con una política integral de mejora regulatoria, en donde se diseñan, implementan, inspeccionan y evalúan acciones para una regulación de calidad; y además existe participación de los actores sociales que son impactados por las regulaciones y los trámites.

• Se trabaja un proceso sistemático de mejora regulatoria en el que continuamente se evalúan las ventajas y desventajas del marco normativo, y se sujetan las nuevas propuestas de regulación al escrutinio de los sectores impactados, para decidir su incorporación, su simplificación, o desechamiento.

• Se dispone de un consejo encargado de impulsar la mejora regulatoria de manera transversal a nivel estatal y verticalmente en los municipios. Este institución asume el rol de líder y coordinador de la política de mejora regulatoria, y se erige como un mecanismo de cooperación permanente, con participación de los sectores privado, académico, social y gubernamental.

• La mejora regulatoria se convierte en una política pública institucional que trasciende el mandato de una administración de gobierno, al tener certeza jurídica, con lo que se logran acciones de mejora regulatoria continuas y corregibles.

La importancia de que la mejora regulatoria toque al nivel federal y a todas las entidades federativas, se encuentra en que la regulación incide por igual en la ciudadanía, sin importar a qué nivel de gobierno pertenezca. Los beneficios de regulaciones y trámites de calidad en un nivel de gobierno, pueden ser anulados por trámites costosos y deficientes en otros niveles. Así, de poco sirven los esfuerzos realizados a nivel federal, si las entidades federativas no desarrollan la capacidad técnica y administrativa que les permita crear regulaciones de calidad.

En la mayoría de los trámites gubernamentales existen responsabilidades regulatorias compartidas, siendo el ejemplo más claro, la apertura de empresas; donde se han tenido resultados muy positivos con el llamado Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), donde coinciden los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).

Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala en diversos estudios que la mejora regulatoria debe darse en un marco multi-nivel de participación y coordinación, para evitar la duplicación, superposición y aplicación desigual de trámites y regulaciones, así como para eliminar de todas partes la regulación de baja calidad que resulta costosa para el ciudadano.

La mejora regulatoria consiste en cambios que incrementan la calidad del marco jurídico general y de los mecanismos de regulación particulares. Con ella se logra proteger los intereses de la sociedad al costo más bajo, hacer más eficiente la economía, prepararla para los cambios constantes, y mejorar el funcionamiento del gobierno.

Contar con una regulación de calidad impacta positivamente en el empleo, la inversión, el desempeño de las empresas, y en el nivel de vida de la población. De hecho ha sido por mucho tiempo uno de los mayores reclamos del sector privado, de tener un gobierno que establezca reglas claras, transparentes y eficientes para todos, sin distingo.

A fin de alcanzar los objetivos planteados en el presente documento, el suscrito Diputado considera oportuno que esta Soberanía dirija un exhorto tanto a las legislaturas de los estados que no cuentan con una Ley de Mejora Regulatoria, como a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), a fin de que lleven a cabo, en coordinación, las actividades necesarias para que estas entidades expidan las leyes que les ayuden a alcanzar los beneficios antes mencionados, y a verlos reflejados en su población.

La Cofemer tiene un papel verdaderamente importante en la implementación de las acciones de mejora regulatoria a lo largo y ancho del país. Este órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, aunque se ha encargado primordialmente del ámbito federal, cuenta también con una Coordinación para la promoción de la mejora regulatoria en las entidades federativas y sus municipios.

Esta propuesta prevé que el trabajo de los expertos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria se concentre en estudiar y armonizar la situación de las entidades que actualmente carecen de una ley en la materia, con la de aquéllas que ya aplican una en su territorio. De este modo, las ventajas y los frutos que se han observado gracias a este tipo de leyes estarán presentes en la totalidad de nuestro país; desde el gobierno federal, hasta las dependencias de las demarcaciones más pequeñas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y haciendo uso de las facultades que me otorga el orden Constitucional y legal vigente, me permito someter a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los Congresos de los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Nayarit, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a poner en marcha los estudios y trabajos legislativos pertinentes para la creación de leyes de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos.

Para los trabajos realizados por los Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa en esta materia deberá solicitarse la asesoría técnica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), a fin de realizar los análisis necesarios de impacto regulatorio, que permitan la generación de mayores beneficios y menores costos en la expedición y aplicación de regulaciones en la administración pública.

Las legislaturas locales buscarán que los ordenamientos que expidan en materia de Mejora Regulatoria, contemplen disposiciones con el máximo beneficio y ahorro económico para la sociedad, tanto a nivel estatal como en los municipios de sus estados.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a implementar una política que permita mayor coordinación y cooperación con las entidades federativas, y sus respectivos municipios, que aún no cuentan con leyes en materia de mejora regulatoria. La finalidad de esta política será apoyar y asesorar técnicamente a los estados del país, para que éstos consigan expedir y aplicar regulaciones que generen el mayor impacto positivo en la realidad social y económica de cada zona.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria apoyará a las entidades federativas que carecen de leyes en la materia citada, con los diagnósticos y análisis de impacto que éstas requieran para elaborar las leyes que lleven a

1. Una efectiva reducción de costos en los trámites gubernamentales.

2. Una simplificación regulatoria que permita ahorros, tanto en tiempo como económicos, y favorezca el clima de negocios.

3. Una regulación estatal y municipal que sirva al interés público de la manera más eficiente posible.

4. La debida justificación de la existencia de toda regulación estatal.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Luis Fernando Antero Valle (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer los programas sociales, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Eva Florinda Cruz Molina, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las políticas sociales constituyen mecanismos de redistribución de recursos que buscan compensar las desigualdades sociales. En un Estado como México la atención de las necesidades básicas de educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y seguridad social, no es solo una responsabilidad, sino una exigencia Constitucional; en este sentido la política social juega un papel fundamental para mantener el orden social y la estabilidad política.

El modelo de crecimiento económico a partir de 1982, desmantelo la planta industrial nacional, ocasionando un alto desempleo, un fuerte deterioro sobre el nivel de vida de la población mexicana, un elevado índice de pobreza y una inequitativa distribución del ingreso y riqueza nacional.

Desde 1988, se implementaron programas sociales para sacar a los Mexicanos de la pobreza, el Programa Solidaridad implemento comités que repartían recursos para el combate a la pobreza, Ernesto Zedillo impulsó Progresa, priorizando los programas de Educación, Salud y Alimentación, focalizando su atención a madres de familia de comunidades rurales; se implementó el modelo que rige hasta la fecha, dar dinero en efectivo.

Vicente Fox modificó el nombre a Oportunidades y amplió el programa a zonas urbanas, incluyó la entrega de becas para estudios de educación media superior y el apoyo a adultos mayores; Felipe Calderón lo conservó, aumentando el monto mensual a las jefas de familia de 529 a 830 pesos, e incluyó el apoyo de Pisos Firmes.

Peña Nieto cambia Oportunidades por Prospera y destaca que aparte de los beneficios de Oportunidades, los mexicanos podrán recibir becas para estudios universitarios o técnicos superiores, acceso a programas de educación financiera, ahorro, créditos y seguros.

No obstante, de Solidaridad a Prospera los programas sociales no han cumplido su objetivo, la cifra de pobres aumentó 16 por ciento en poco más de dos décadas, al pasar de 46 millones en 1990, a 53.3 millones en 2012 y en los dos últimos años se aumentan 2 millones más de pobres; lo que pone en manifiesto la falta de eficacia de la política social de la actual Administración, que es utilizada más con fines electorales para conservar el poder político, que para combatir de manera seria la marginación de los Mexicanos.

Por lo que hoy, ante la actual crisis, que se traduce en brotes en inestabilidad social y política, el Estado debe ratificar su obligación y compromiso indeclinable hacia los más desfavorecidos, utilizando la Política Pública como herramienta que busque compensar las desigualdades sociales y garantice plenamente los derechos humanos consagrados en la Constitución.

El artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social establece que son derechos humanos básicos de carácter social, la alimentación, salud, educación, medio ambiente, trabajo y la seguridad social. El artículo 43 del mismo ordenamiento establece que corresponde al Ejecutivo Federal, lejos de recortar el gasto en programas sociales, promover y apoyar instrumentos de financiamiento de desarrollo social.

La ley de desarrollo social así como la ley de presupuesto son disposiciones que establecen la prioridad del gasto en programas sociales, dado que se trata de un asunto de interés general y de orden público, con carácter prioritario, al tratarse del beneficio directo a la población, en especial de la población con menores oportunidades.

Por lo expuesto, someto a consideración de este pleno los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fortalecer los Programas Sociales, en especial aquellos dirigidos a la atención de la educación, salud, la alimentación, vivienda, y todos aquellos con carácter prioritario en materia de desarrollo social, principalmente en los estados más rezagados del país.

Segundo: Se exhorta al Ejecutivo federal, a realinear la política económica, laboral y hacendaria con objetivos sociales; impulsar programas sociales bien estructurados, oferta suficiente de empleo, salarios dignos, reformas fiscales redistributivas y la recuperación del poder adquisitivo; vigilando en todo momento el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos y prohibiendo su utilización con fines político electorales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2015.

Diputada Eva Florinda Cruz Molina (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la república a realizar una campaña informativa de la agenda post-2015 y los objetivos de desarrollo sustentable sobre la extinción de la pobreza masiva y la erradicación del hambre, a cargo del diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar un modo de vida sostenible. Entre sus manifestaciones se incluye el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión social.

Por tanto, la erradicación de la pobreza debe implicar el abatimiento de las profundas desigualdades en los ingresos, entre las zonas rurales y urbanas, entre hombres y mujeres, lo anterior se debe conseguir mediante el crecimiento económico inclusivo que promueva la creación de empleos decentes los cuales garanticen la igualdad social.

Los avances en cuanto a la erradicación de la pobreza han sido notables en las últimas décadas. El mundo logró la meta del primer objetivo de desarrollo del milenio de disminuir a la mitad para 2015 la tasa de pobreza registrada en 1990, y lo consiguió en 2010, 5 años antes de la fecha prevista.

Pese a lo anterior, la erradicación de la pobreza sigue representando un gran desafío para la comunidad internacional y, por tanto, deberá permanecer como un objetivo central de la Agenda de Desarrollo Post-2015.

Una herramienta eficiente para reducir la pobreza, es la generación de oportunidades de empleo las cuales sean coherentes con la agenda de trabajo decente, asimismo, como la gran mayoría de los pobres viven en zonas rurales, será necesario crear economías rurales locales más productivas, diversificadas y resistentes, con una mayor interdependencia entre el medio urbano y rural, mediante la adopción de métodos de producción modernos y sostenibles.

Por otro lado, hay vínculos estrechos entre la educación, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad. Por tanto, una educación adecuada y útil tiene el poder de cambiar la vida de las personas al equiparlos con competencias que necesitan para para mejorar sus medios de vida, posibilitar la participación en la toma de decisiones y proporcionar más alternativas de empleo dentro de la fuerza laboral en la vida diaria.

En México, la pobreza afecta a millones de niños, hombres, mujeres, adultos mayores y, sobre todo, a los pueblos originarios del país. En conjunto, aproximadamente la mitad de la población mexicana es pobre, lo cual convierte el combate a la pobreza en una prioridad que debe ser atendida por los tres niveles de gobierno.

Y es que según la Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas de 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la población en situación de pobreza es de 55.3 millones de personas. De éstas, 11.4 millones se encontraban en situación de pobreza extrema (los habitantes que no tienen recursos ni para alimentarse), además, 31.4 millones de personas tienen carencias de alimentación, salud, seguridad y servicios públicos.

Esta radiografía de la pobreza en México realizada por el Coneval, nos permite saber que 2 millones de mexicanos se sumaron al umbral de la pobreza, afectados principalmente por el deterioro en el ingreso y los cambios demográficos, pero a la par de este aumento hay una reducción de personas en condición de pobreza extrema gracias a los programas sociales implantados por la Secretaría de Desarrollo Social.

Sabiendo lo anterior, nuestra política social tiene que resolver dos grandes retos: por un lado, reducir la pobreza urbana o pobreza invisible, ya que 71 por ciento de la población pobre se encuentra en los centros urbanos, y es la pobreza que más polariza el tejido social, la que genera mayor encono y resentimiento; y por el otro, reducir la pobreza entre las mujeres, pues 28.5 millones de mujeres sufren de pobreza en comparación con los 26. 8 millones de hombres que la padecen.

Las desigualdades de género se reflejan en accesos diferenciados a la educación, al empleo y a trabajos estables; en niveles inadecuados de salud y bienestar; en la doble y triple jornada de trabajo que enfrentan las mujeres; en su reducida participación en la toma de decisiones. Lo anterior ha derivado en una “feminización de la pobreza”.

Y es que la desigualdad entre los sexos, es una de las causas principales de exclusión social y de atraso en el mundo y un verdadero obstáculo para eliminar la pobreza.

Por todo lo anterior y en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, es nuestro deber como legisladores darle prioridad al trabajo decente, la educación, la salud, la seguridad alimentaria y ciudadana, la vivienda digna y la posibilidad de divertirse.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno de la República a realizar una campaña informativa extensa para dar a conocer a la población en qué consisten la Agenda Post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los cuales se centran en la extinción de la pobreza masiva y la erradicación del hambre.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a constituir una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV; y el IMSS para atender la problemática sobre el reconocimiento de las trabajadoras que laboran como representantes de la segunda, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a integrar una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC, la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de atender su problemática sobre el reconocimiento como trabajadoras de las mujeres que laboran tiempo completo como representantes de Avon, y les sea reconocido su derecho de afiliación al régimen obligatorio del IMSS, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las últimas décadas han sido el escenario de profundas transformaciones en el mundo del trabajo. El peso de esta reestructuración y los efectos de la crisis económica han afectado a las y los trabajadores en general, pero sin duda han tenido un impacto mayor en las mujeres, quienes se han incorporado a la actividad productiva y laboral de manera permanente.

En 1970, sólo 1 mujer por cada 4 hombres desempeñaba una actividad extra doméstica. Para el 2014, 2.2 mujeres por cada 4 hombres están insertas en el mercado laboral (Inegi, ENOE 1er. Trim 2014).

A pesar del aumento en la incorporación de las mujeres en la actividad laboral, esto no se ha traducido en mejoras en sus condiciones laborales ya que los puestos que ocupan son poco calificados, precarios y se ubican fundamentalmente en el sector de los servicios. Ejemplo de esta precariedad es que, a pesar de que la seguridad social es una obligación ineludible para los patrones que puede llevar incluso a una responsabilidad penal, el número de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a la salud asciende a más de 10.8 millones (Inegi 2009).

Entre estas trabajadoras se encuentran las “Representantes de Avon Cosmetics”, empresa que las sujeta a un contrato de comisión mercantil para negarles su calidad de trabajadoras, lo que le ha permitido a la trasnacional evitar el pago de salarios base, vacaciones, aguinaldo, entre otras prestaciones, y omitir la afiliación de estas mujeres trabajadoras ante el IMSS y el Infonavit.

Es lamentable que todas las trabajadoras y trabajadores de Avon hayan sido considerados “agentes de comisión mercantil independiente” regulados por el derecho mercantil y no por el laboral, cuando la Ley Federal del Trabajo establece muy claramente que él o la comisionista se conceptuará como “trabajadora” cuando realiza su labor de manera personal y permanente.

Queda claro que este último concepto se tendría que aplicar a las y los “Representantes de Avon” que trabajan de tiempo completo y permanentemente para dicha empresa, por lo cual quedarían amparadas por las leyes laborales conforme al Capítulo IX, artículos 285 al 291, de la LFT.

La empresa trasnacional “Avon Cosmetics” tiene contratadas a aproximadamente 400,000 trabajadoras y trabajadores mexicanos. Algunos de ellos desarrollan su oficio en la modalidad de subocupadas, mientras que otras laboran de tiempo parcial o de medio tiempo para apoyar de ese modo el gasto familiar. Sin embargo, una parte importante de este grupo de mujeres trabajadoras labora tiempo completo y de manera permanente, y siendo madres solteras, viudas y cabezas de hogar, necesitan un salario suficiente que garantice cubrir las necesidades básicas de la familia.

Para que las representantes de Avon aspiren a ganar un salario digno, tienen que alcanzar las metas de ventas que establece Avon, metas que, además, deben ser cubiertas en las diecinueve campañas anuales. Estos estándares son establecidos unilateralmente por la empresa, y para alcanzar los niveles más altos dentro del escalafón de metas, las vendedoras tienen que trabajar tiempo completo. Al desempeñar su trabajo de manera permanente, las representantes de Avon tendrían que ser consideradas trabajadoras de acuerdo a la LFT.

En 1972, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la empresa Avon celebraron un primer convenio en el que se establecía que las agentes comisionistas que alcanzaran ingresos mínimos de 500.00 pesos por campaña debían ser dadas de alta en el IMSS. Dicho límite se fue ajustando hasta 1996, año en que fue firmado el último convenio. Hasta entonces, el seguro otorgado a las trabajadoras cubría solo la atención médica y jubilación.

En septiembre del 2004, el IMSS notificó a la empresa que el convenio dejaría de tener efectos el 15 de noviembre del 2004 en virtud de que las trabajadoras ya cumplían con los requisitos legales de remuneración, permanencia y subordinación que les daba derecho a ser inscritas en el régimen obligatorio. El IMSS también argumentó que la empresa no pagaba cuotas de acuerdo a las percepciones reales de sus representantes de ventas. Sin embargo, Avon se negó a aceptar sus responsabilidades y notificó a las trabajadoras que a desde el 15 de noviembre del 2004 se cancelaría la afiliación de las 27 mil trabajadoras que ya contaban con seguridad social, del total de 450 mil, argumentando que había sido el propio IMSS y no la empresa la que había dado por terminado el convenio.

Al ver transgredidos sus derechos laborales, las representantes de Avon iniciaron un movimiento para que éstos les fueran reintegrados: marchas, manifestaciones, conferencias de prensa, reuniones con la empresa, cartas a las autoridades laborales, e incluso al Presidente de la República, fueron algunas de las acciones que llevaron a la empresa a darlas de alta nuevamente en el IMSS el 8 de febrero del 2005.

Sin embargo, en octubre del 2006 se celebró sorpresivamente un nuevo convenio entre la empresa y el IMSS, en donde se dictaminó que las trabajadoras debían ser consideradas comisionistas mercantiles. Este convenio no tuvo aplicación retroactiva, por lo que desde esa fecha se mantienen afiliadas al régimen obligatorio las 23 mil trabajadoras en los términos del convenio anterior. Sin embargo, las trabajadoras restantes y las que en un futuro se incorporen como representantes de Avon quedarán fuera del régimen obligatorio del IMSS. Cabe destacar que, en la actualidad, ya sólo quedan seis mil trabajadoras de Avon que siguen afiliadas al régimen obligatorio del IMSS.

A diez años del inicio de su lucha, las representantes de Avon agrupadas en la asociación civil “Cosmogar, A. C.”, siguen reclamando que las mujeres que trabajan de manera personal y permanente sean reconocidas como trabajadoras con derecho a un salario, prestaciones y seguridad social. Es por ello que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la responsabilidad y la obligación de atender estas demandas e integrar a la brevedad posible una mesa de diálogo entre los y las trabajadoras representantes de Avon, la empresa Avon Cosmetics, y el IMSS, a fin de atender esta grave problemática que sigue privando a miles de trabajadores de sus derechos laborales fundamentales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a integrar sin demora una mesa de diálogo entre las trabajadoras que integran “Cosmogar, AC”, la empresa “Avon Cosmetics, SA de CV”, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de atender su problemática sobre el reconocimiento como trabajadoras de las mujeres que laboran tiempo completo como representantes de Avon, y les sea reconocido su derecho de afiliación al régimen obligatorio del IMSS.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 27 de octubre del 2015.

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Economía a elaborar y publicar un análisis de riesgos de los sectores y rubros específicos incluidos en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Acuerdo de Asociación Transpacífico o TPP por sus siglas en inglés, es un convenio internacional en cuyos próximos acuerdos participan 12 países incluyendo a México, y que juntos conforman más de 40 por ciento de la economía mundial. Una vez en vigor, se constituirá en el mayor tratado comercial de la historia. México comenzó las negociaciones formales para su ingreso en el año 2012.

El 5 de octubre del presente año se anunció la conclusión del actual periodo de negociaciones del TPP, cuyo texto, se informa públicamente, se encuentra en un periodo de revisión jurídica y traducción al español por parte de la Secretaría de Economía, para el caso mexicano.

A la fecha, esta secretaría ha publicado un resumen ejecutivo del acuerdo. Sin embargo, la versión pública se limita a describir las características y disposiciones generales, sin brindar detalles sobre los sectores y rubros específicos que han sido incluidos en las negociaciones del tratado.

Es imperativo considerar los efectos de un acuerdo comercial que busca reducir los impuestos y las regulaciones con el fin de atraer mayores inversiones e incrementar el comercio internacional, ya que lo anterior representa un riesgo que impactaría en salarios inferiores, mayor externalización de empleos (outsourcing ) y el deterioro de condiciones laborales, especialmente en países con una alta incidencia de violaciones a los derechos humanos.

Según datos de la Secretaría de Economía, los países que conforman el TPP representan 72 por ciento del comercio exterior de México, al igual que 55 por ciento de la inversión recibida desde 1999, por lo que una mala negociación podría trastornar la economía mexicana.

Estados Unidos es el primer mercado para las exportaciones mexicanas con una participación de 77.6 por ciento y es el primer proveedor de México con un total de 49.9 por ciento. Este país, principal promotor del TPP, históricamente ha obtenido mayores beneficios de los acuerdos establecidos con México y siendo el TPP el mayor acuerdo comercial en la historia, los efectos de este acuerdo podrían ser fulminantes para los sectores de nuestra economía que no hayan tomado las medidas correspondientes.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía para que elabore y publique a la brevedad un análisis de riesgos de los sectores y rubros específicos incluidos en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TPP, con el fin de permitir a los involucrados tomar las medidas que consideren necesarias para mitigar los efectos negativos, permitiéndoles proteger su bienestar.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía que dé a conocer los contenidos de los diálogos sostenidos con organizaciones, especialistas y académicos sobre este particular.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2015.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE, la Sagarpa y el gobierno de Oaxaca a fortalecer las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las habitantes de zonas rurales en la entidad, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Karina Sánchez Ruiz, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como cada mes de octubre, desde el año 2008, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) observa tres días que reflejan el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo de las naciones, particularmente las que se encuentran en vías del desarrollo. Inicia con el día 15 destinado a celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales,1 el 16 de octubre “Día Mundial de la Alimentación” y el 17 “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”. En estas fechas, el propósito es reconocer la función y contribución decisivas de la mujer rural, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.

Lo anterior tiene fundamento en el pleno reconocimiento del rol e importancia de las mujeres rurales como colaboradoras fundamentales de las economías del mundo, incrementando la productividad agrícola y rural; así como velando por la seguridad alimentaria que contribuya a reducir los niveles de pobreza en sus familias y comunidades.

De tal importancia es ese papel, que este año Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, en su mensaje relacionado con este día internacional hace énfasis en el papel de las mujeres rurales al constituir “una proporción significativa, vital y considerable de la humanidad. Son agricultoras y trabajadoras rurales, especialistas en horticultura y vendedoras en mercados, empresarias y líderes comunitarias... Su labor es crucial no solo para el progreso de los hogares rurales y las economías locales, sino también para las economías nacionales, a las que contribuyen participando en cadenas de valor agrícolas”.2

Sin embargo, a pesar del reconocimiento que desde el 2008 se hace a las mujeres rurales, sus condiciones socioeconómicas y culturales siguen afectadas severamente por la desproporcionada pobreza en la que se hallan inmersas y a las múltiples formas de discriminación, violencia e inseguridad en las que viven. La situación de las mujeres rurales ha tenido mejoras muy limitadas, tanto en el plano internacional como en nuestro país.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) considera que una zona rural es aquella que tiene menos de 2 mil 500 habitantes, lo que genera que sean las zonas rurales las más vulnerable ante las crisis y en muchos sentidos han sido excluido del modelo económico de desarrollo del país. Si se observan los indicadores y diagnósticos que se han elaborado acerca del sector en los últimos años, se percibe el grado de pobreza en el que viven las comunidades rurales, comparables a las de países con economías de menor tamaño que la nuestra.

Como ejemplo, en el Informe de pobreza en México 2014 , elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se observa que el ingreso medio de la población en las zonas rurales se ubicó en mil 614.65 pesos por persona al mes y en las urbanas, en 2 mil 542.13 pesos; sin embargo, los ingresos de la población en pobreza extrema presenta rasgos más preocupantes: la población en el medio urbano percibe mil 242.61 pesos, mientras que en el medio rural este ingreso solo alcanza los 868.25 pesos mensuales.3

En México, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, se estima que actualmente la población rural es de 27.6 millones de personas; lo que representa el 23 por ciento de la población, siendo las entidades de Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Querétaro las que presentan una proporción de población rural superior al 36.2%.4

Es importantes señalar que alrededor de uno de cada cuatro mexicanos integra la población rural, quienes generan alrededor del 6.8 por ciento del producto interno bruto (PIB); sin embargo el 25 por ciento de esta población es analfabeta y sólo uno de cada diez habitantes del medio rural ha recibido algún tipo de capacitación para el trabajo. Problema que no es menor, dada la estrecha relación laboral que se tiene con el campo, al generar bienes y servicios como jornaleros agrícolas o trabajando sin remuneración monetaria, como sucede frecuentemente con las mujeres y los menores de edad.

Al mismo tiempo, la población rural muestra una tasa de crecimiento negativa, derivada de una disminución de la tasa de natalidad, pero también por causa de la migración, situación muy sensible en entidades como Chiapas, Oaxaca o Michoacán, en donde se presentan tasas superiores al 0.5 por ciento, dato que indica que cada año suman más de 450 mil migrantes rurales anuales que salen de sus estados, principalmente hombres jóvenes de entre 15 y 49 años de edad, siendo su principal destino los Estados Unidos de América.5 Esto ha provocado un proceso social de feminización de la población rural, quienes requieren ser dotadas de mayores herramientas para potencializar su pleno desarrollo en labores que mejoren su calidad de vida.

Las mujeres y hombres rurales se encuentran en desventaja histórica y social frente a las mujeres y a los hombres de las zonas urbanas ya que estos tienen mayores oportunidades y acceso a los derechos que otorga nuestra Constitución, algunos datos nos permite soportar esta aseveración.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014, en México residen 14 millones de mujeres en localidades menores de 2,500 habitantes; cifra equivale a menos de la cuarta parte de la población femenina del país (22.8 por ciento) y representa el 11.8 por ciento de la población total del país en 2014.6

A nivel nacional, la población rural femenina se concentra en un número reducido de entidades federativas: en 2014, una de cada tres mujeres rurales reside en Veracruz, Chiapas, Oaxaca o el Estado de México. No obstante, al interior de estas entidades, la mayor proporción de mujeres rurales se presenta en Oaxaca, donde 52.3% de las mujeres viven en localidades de menos de 2,500 habitantes.7

Con respecto a la participación de las mujeres rurales en las actividades económicas, la información del segundo trimestre de 2015 muestra que 66.21 por ciento de las mujeres residentes en zonas rurales se encuentran ocupadas en actividades poco calificadas, relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca y de éstas, 7 de cada 10 son trabajadoras remuneradas con menos de dos salarios mínimos mensuales, además de no tener acceso a las prestaciones de ley.

Esta proporción es diametralmente contrastante con el dato de derechohabientes de género femenino en asentamientos urbanos, donde el indicador señala que el 66.9 por ciento de las mujeres urbanas es derechohabiente de por lo menos, una institución de salud y donde el 75.3 por ciento de las mujeres que laboran en asentamientos urbanos reciben de entre 1 a 5 salarios mínimos mensuales por su trabajo.

Lo anterior concuerda con las mediciones que ha realizado el Coneval, de donde se desprende que seis de cada 10 mujeres rurales, es decir el 62.1 por ciento, se encuentra en situación de pobreza. De éstas, más de 3 millones se encuentran en pobreza extrema (29.1 por ciento) y 5.6 millones se encuentran dentro de la pobreza moderada (40.3 por ciento), lo que lleva a implementar y fortalecer programas que impulsan la creación de una sociedad sostenible, en donde puedan generar sus propios productos básicos de consumo, y que a su vez funcionen como una plataforma para la creación de proyectos productivos que sólo secretarías del Estado de Oaxaca, pueden emprender como: la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Si bien en todo el territorio nacional contamos con una importante participación de mujeres rurales, en Oaxaca esta proporción es mayor a la media nacional, además de presentar características que las hacen particularmente vulnerables, aspecto que demanda de acciones específicas, que las puedan empoderar en el aspecto económico y social, para mejorar su calidad de vida, pues esta entidad federativa tiene una mayor proporción de mujeres rurales, al menos el 52.3%, (970 mil), viven en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes.

En materia de salud, de acuerdo con los últimos registros de la dependencia estatal, Oaxaca presenta un alto porcentaje de partos atendidos en la vivienda de la mujer rural, con un 45.5%, lo que evidentemente muestra la necesidad de generar campañas de salud en beneficio de las mujeres y recién nacidos, aunado a esto es el Estado en donde registran los más altos índices de embarazos tempranos en la población de 12 años, teniendo un promedio de hijos de 3.2 hijos.

Por lo que se refiere al tema educativo al menos el 7.3 por ciento de las niñas de seis a 12 años no asiste a la escuela, proporción que se incrementa a 36.7 por ciento en las adolescentes de 13 a 15 años, lo que sin duda alguna se relaciona al ámbito socioeconómico.

En Oaxaca se requiere de un mayor reconocimiento a la mujer rural, ya que es importante impulsar mayores acciones y medidas para disminuir los rezagos que enfrentan, como es la falta de educación o el acceso a sistemas de salud.

Debido al importante papel que juegan las mujeres rurales oaxaqueñas como bastión principal de las familias, sustento y desarrollo del estado, es importante que exista una visión de orientación de las políticas públicas, programas federales y estatales para fomentar el necesario desarrollo que se demanda en el estado.

La situación que viven las mujeres en el medio rural ha requerido establecer y diseñar políticas públicas dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que han impedido y obstaculizado su desarrollo, al limitar, segregar, discriminar o excluir su participación en diversos ámbitos. No solo se han vulnerado derechos humanos fundamentales como el educativo y de salud, sino también se ha menoscabado su desarrollo en ámbitos como el económico e incluso, en aspectos tan básicos como la posesión y tenencia de la tierra.

De ahí la importancia socioeconómica de reivindicar el papel que juegan las mujeres rurales al frente de las explotaciones agrarias y la comercialización de los productos que de ahí se derivan. Por ello, es necesario tomar esta fecha como la mejor oportunidad de concientización para revertir la situación de rezago de la mujer rural en el acceso a la titularidad de las tierras, al crédito para el desarrollo industrial, la falta de capacitación técnica o el acceso a mejores insumos y tecnologías para la producción en el campo y las comunidades rurales.

El Gobierno Federal y los estatales cuentan con la facultad de definir y diseñar políticas públicas que empoderen el papel de la mujer en la cadena productiva del ámbito rural, pues las mismas han demostrado su capacidad y fuerza productiva, por lo que más allá de las líneas discursivas en las que ha prevalecido el mensaje orientado a la perspectiva de género, la inclusión educativa o mejoras en la atención materna y de salud, se debe trabajar en una política integral que garantice el acceso a todos los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y leyes secundarias.

Es momento de impulsar y crear políticas específicas orientadas hacia las mujeres rurales que reconozcan precisamente el papel que juegan en la sustentabilidad alimentaria y la erradicación de la pobreza.

En el caso de las mujeres rurales, se deben tomar en cuenta los problemas a los que se enfrentan, tales como: el acceso a capacitación y recursos públicos para apoyar la producción como el crédito; la asistencia técnica y tecnología; el empoderamiento económico; la falta de impulso a mujeres emprendedoras, entre otros, para que con ello, se mejore la calidad de vida de las mujeres rurales y se procuren garantizar los derechos laborales básicos en que cotidianamente desarrollan, a pesar de la existencia de programas como el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur) o el Programa de Fomento a la Economía Social, ambos de la Secretaría de Economía, se debe tratar de beneficiar a un mayor número de mujeres y que esto se refleje en la economía del Estado.

También deben mencionarse los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación denominados: Programa Integral de Desarrollo Rural, Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (Promete) y el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), cuyos componentes coinciden plenamente con los objetivos que se persiguen de hacer un mejor uso de los recursos públicos en beneficio de las mujeres rurales, de sus familias y de las comunidades donde residen.

Particularmente en estados como Oaxaca, serán notorias las transformaciones que se implementen en beneficio de las mujeres rurales del estado que cada día hacen que la entidad sea un referente internacional de productos artesanales y que sin duda uno de los programas que requieren es el exportar su producto, para que este no sólo sea concentrado en el estado o en ámbito nacional, sino en el internacional.

Bajo estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hace suyo el mensaje del Secretario General de la ONU, de hacer patente nuestro compromiso de crear verdaderas y pertinentes oportunidades para las mujeres rurales, impulsando así el progreso de todos en esta Nación, estamos convencido que apoyar a la mujer rural es avanzar en el desarrollo económico de un país, partiendo de la premisa que la mujer es el pilar fundamental de la familia, pues es de todos conocido que en un país como México, el mayor número de población, se concentra en las mujeres.

Por lo expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que, de manera coordinada, fortalezcan las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales, mediante el desarrollo y fomento de actividades productivas, desarrollo de capacidades y equipamiento de unidades de negocio.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca a fortalecer las políticas públicas y programas estatales destinados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales del estado, a fin de mejorar el ingreso en sus hogares y la calidad de vida de sus comunidades.

Notas

1 Establecido por la Asamblea General en su resolución 62/136, el 18 de diciembre de 2007. Disponible en http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/. Consulta realizada el 12 de octubre de 2015, a las 15:46 horas.

2 Mensaje del Secretario General para 2015. Disponible en http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/2015/sgmessage.shtml. Consulta realizada el 12 de octubre de 2015, a las 16:01 horas.

3 Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas. CONEVAL, Julio 2015. Disponible en http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza%202014_CONEVAL_web .pdf. Consulta realizada el 13 de octubre de 2015, a las 12:00 horas. De

4 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID 2014), Principales resultados. INEGI, 2015. Disponible en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enadid/enadid2014/doc/resultados_enadid14.pdf. Consulta realizada el 13 de octubre de 2015, a las 12:16 horas.

5 Ídem.

6 “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre)”. Inegi, 13 de octubre de 2014. Disponible en http://seieg.iplaneg.net/seieg/doc/EAP_del_dia_internacional_de_la_muje r_rural_2014_1413381781.pdf. Consulta realizada el 13 de octubre de 2015, a las 13:12 horas.

7 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de octubre de 2015.

Diputada Karina Sánchez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y el Inapam a aplicar sanciones administrativas en los casos de maltrato o violencia por autoridades de las instituciones públicas y las privadas de atención de personas adultas mayores, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Ana Guadalupe Perea Santos, del estado de Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El abuso y maltrato por parte de los servidores públicos que se encuentran al frente de instituciones públicas y privadas, que brindan atención a personas de edad avanzada es reconocido como un problema social cada vez más frecuente, por ello cabe resaltar que se debe prevenir y erradicar estas prácticas.

Los problemas relacionados con la violencia se están convirtiendo en temas prioritarios en muchas sociedades, por sus impactos económicos, sociales e individuales. Al mismo tiempo, la comprensión de la complejidad del fenómeno requiere la formulación de diversos mecanismos para hacerle frente.

La violencia que impera en la sociedad actual, es producto de la crisis que afecta a amplios sectores sociales e incluye las dimensiones: política, económica y social.

Las personas mayores en este contexto constituyen un sector vulnerable que es objeto de exclusión y sufriendo, lo que se denomina violencia social en sus múltiples facetas.

Requerimos de programas de prevención y atención contra la violencia y maltrato hacia las personas adultas mayores, para brindarles justicia. Es necesario generar un sistema de recopilación estadística de datos e información que permitan, a través de la investigación, dar cuenta de la manera en cómo se desarrolla este fenómeno en la población.

El envejecimiento es un proceso de cambio natural, continuo e irreversible. Estos cambios se dan a nivel biológico, psicológico y social. Sin embargo, esto no significa que al llegar a la edad adulta, se considere que las personas dejen de aportar a la sociedad o implique una carga para sus familias. Por el contrario, las personas adultas mayores deben de contar con una vida digna y plena.

Este grupo de la población sufre múltiples dificultades, razón por la cual se debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos que las leyes han otorgado a las personas adultas mayores; entre otros, el derecho a una vida con calidad, libre de violencia, a la no discriminación, a ser respetado en su persona, a ser protegido contra toda forma de explotación y recibir un trato digno y apropiado.

El respeto y la protección de sus derechos humanos, debe ser el marco de actuación de los servidores públicos, como un compromiso esencial de un estado de derecho.

El desamparo y la violencia contra las personas adultas mayores constituyen una grave violación a sus derechos; en tal sentido, existen diversos instrumentos internacionales, entre los que se destaca la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como las resoluciones de las Naciones Unidas, que sobre el caso específico en adultos mayores obligan a los Estados, a actuar dentro de un marco de total respeto a su derechos y que han sido debidamente ratificados en nuestro país.

En este tenor, es necesario atender de manera integral a las personas adultas mayores, para contribuir a elevar su calidad de vida, disminuir las desigualdades, erradicar la violencia y mejorar sus condiciones de salud.

Es inevitable trabajar mediante acciones que incorporen una visión multidisciplinaria que aborde los aspectos sociales, psicológicos y de salud que influyen en la vida de este sector de la población.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que cuando exista maltrato o violencia por parte de los titulares de las diferentes instituciones públicas y privadas de atención a personas adultas mayores se les aplique de manera enérgica las sanciones pertinentes que enmarca la Ley Federal del Procedimiento Administrativo con el objetivo de otorgar una vida digna y garantizar la protección a sus derechos humanos, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.

Palacio Legislativo, a 27 de octubre de 2015.

Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir una NOM que regule las unidades médicas móviles para prevenir y atender el cáncer de mama, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Contexto internacional

Cada minuto muere una mujer en el mundo por cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente y el de más alta mortalidad entre las mujeres. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se detectan más de un millón 300 mil casos nuevos, lo que representa el 16% de los cánceres femeninos. Debido a su alta prevalencia, en el mes de octubre la Organización Mundial de la Salud (OMS), fomenta programas integrales, dando prioridad a estrategias de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y la mastografía.

En el foro Conociendo las necesidades de las mujeres con cáncer de mama metastásico, realizado en el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), Karla Unger Saldaña, investigadora catedrática del Conacyt y del Incan, destacó que el 80% de las muertes por cáncer ocurren en países de ingresos bajos y medios, y entre un tercio y el 50% de éstas (entre 2.4 y 3.7 millones) podrían evitarse con prevención, detección oportuna y tratamiento adecuado, ya que a pesar de que el cáncer de mama es más común en los países desarrollados, con incidencias de más del doble que en los países subdesarrollados, las mayores tasas de mortalidad ocurren en estos últimos.1

Contexto nacional

El Instituto Nacional de Cancerología (Incan), ha señalado que en nuestro país, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de las neoplasias malignas en las mujeres, representa 11.34% de todos los casos de cáncer, y existe un incremento global de aproximadamente 1.5% anual. El grupo de edad más afectado se encuentra entre los 40 y los 59 años de edad.

Especialistas del Incan señalan que todos los días 15 mujeres pierden su lucha contra el cáncer de mama y las cifras continúan en aumento. Entre 18 mil a 20 mil casos nuevos se diagnostican cada año, y de los cuales se registran alrededor de 5 mil 600 fallecimientos anualmente y cerca del 70% llegan en etapas avanzadas. El cáncer de mama se presenta, por lo general, entre los 40 y 65 años de edad, aunque cada vez con más frecuencia, se observan casos en edades más tempranas.

Por su parte, el subdirector de Cáncer de Mama del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, durante el foro referido líneas atrás, señaló que a partir de 2006, el cáncer de mama en México ocupa el primer lugar de mortalidad por tumor maligno en las mujeres mayores de 25 años. Resaltó también la importancia de hablar del cáncer de mama y a prestar atención a la evolución de la enfermedad, debido a que aproximadamente del 20 al 30% de mujeres con este diagnóstico, pueden desarrollar el tipo metastásico, que es una fase más avanzada, agresiva y hasta el momento incurable.2

El cáncer de mama en etapas iniciales se presenta de manera subclínica en la mayoría de los casos, esto es que, solamente es detectable por estudios de imagen (mastografía, ultrasonido y resonancia magnética), en menor proporción por clínica (tumores palpables); sin embargo otra forma de presentación común es como un tumor no doloroso que hasta en 30% se asocia a adenopatías axilares. Los tumores localmente avanzados en nuestro país representan 70% de las etapas clínicas al diagnóstico, pueden incluir cambios cutáneos como edema, ulceración, cutánides, así como afectación de ganglios como los supra e infraclaviculares homolaterales.3

El Instituto Mexicano del Seguro Social,4 señala en su página web que los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, de ahí que la detección temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra esta enfermedad. Cuando el cáncer de mama se detecta en una etapa temprana, las posibilidades de curación son elevadas, si se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo.

La titular de la Secretaría de Salud, señaló que en México el cáncer de mama ha ido aumentando en la última década, la mortalidad por esta enfermedad ha se ha elevado 14%; y que se calcula que de 32 a 49% de las muertes son prevenibles, por lo que el sector salud ha incrementado el número de mastografías que realiza anualmente.5

Problemática

Es claro, que el cáncer mamario se ha convertido para México en un problema creciente de salud pública. Tanto la mortalidad como el número de casos nuevos que se presentan cada año, ha llevado a impulsar diversas acciones por parte de las autoridades sanitarias y de la sociedad civil.

Una de estas acciones, es el aumento de “unidades móviles” que prestan servicios tanto a comunidades alejadas como a centros urbanos, las cuales ofrecen servicios preventivos, brindando información a las usuarias sobre la manera correcta de realizar la autoexploración, así como de diagnóstico e inclusive en algunos casos tratamiento.

Estas “unidades móviles” se encuentran presentes prácticamente en todo el territorio nacional, sin embargo este esfuerzo loable y sin dudad solidario, carece de una regulación adecuada. Lamentablemente muchas de éstas arrojan resultados negativos, al no cumplir con su objetivo principal: detectar oportunamente el cáncer mamario, para ofrecer un tratamiento integral que evite desenlaces fatales.

Las “unidades móviles” tienen diversa procedencia, es decir algunas dependen directamente de las autoridades de salud federal o estatales, otras son patrocinadas por dichas autoridades pero operadas por empresas particulares derivado de la celebración de convenios; algunas más son contratadas directamente a las empresas que prestan estos servicios por instituciones públicas y privadas para atender a su personal; y otras más son contratadas por asociaciones civiles, líderes sociales, líderes políticos, inclusive candidatos y servidores públicos. Todas sin duda alguna, iniciativas loables y dignas de reconocimiento, necesarias incluso para luchar juntos contra el cáncer de mama, pero no por ello, deben estar al margen de los más estrictos controles de calidad.

Uno de los servicios más importantes que ofrecen estas unidades casi siempre de manera gratuita o de muy bajo costo es la mastografía (una radiografía de la glándula mamaria que permite detectar lesiones no palpables y diagnosticar oportunamente la enfermedad). Las ventajas que ofrece este estudio es que al detectar lesiones en la mama de menos de un centímetro cuando todavía no se palpan reduce el riesgo de morir por este padecimiento y los tratamientos para etapas tempranas son menos agresivos con mejores opciones de tratamientos.

La falta de regulación referida en párrafos anteriores, ha derivado en diagnósticos erróneos que han evitado la detección y por lo tanto la atención oportuna de muchas mujeres de quienes existen múltiples testimonios, o de sus familiares en los lamentables casos en que ellas ya no pueden relatarlo; así como diversas notas y reportajes en medios de comunicación que también dan cuenta de la problemática.

Para ilustrar con mayor precisión la problemática, es de señalar que el domingo 19 de octubre, el periódico El Universal, publicó que: “Organizaciones no gubernamentales y activistas señalaron que las unidades móviles para detecciones gratuitas de cáncer de mama se enfocan en fines políticos y no de salud; pues no cuentan con equipo ni personal adecuado, mientras que en un 80% de los casos no se reciben resultados oportunamente. Las unidades móviles [...] se han convertido en un riesgo latente para las mujeres que acuden a ellas con la esperanza de detectar este mal a tiempo. Muchas se ostentan como si pertenecieran a alguna institución pública sin serlo. Organizaciones, especialistas y mujeres con esta enfermedad denuncian que existen unidades móviles que operan sin ningún tipo de verificación, con equipo que no está calibrado adecuadamente y que no cuenta con la protección de plomo que se necesita para evitar emisiones de radiación [...].6

En conclusión, entre las irregularidades principalmente denunciadas están: que los servicios prestados por muchas de las unidades médicas móviles no son de calidad, presentan errores diagnósticos, la mastografía no se entrega impresa en algunas ocasiones sólo en dispositivo electrónico que requiere para ser visualizado un programa de cómputo especializado, no se brinda la información de manera oportuna a las mujeres, no cuentan con personal calificado y éste carece de sensibilización hacia las mujeres y su padecimiento.

Andamiaje institucional y legal

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Salud, desde el año 2007, se puso en marcha el Programa Caravanas de la Salud (hoy Unidades Médicas Móviles), con el propósito de atender a poblaciones dispersas de comunidades caracterizadas por su tamaño y pocos habitantes, que residen en zonas orográficas de difícil acceso y que por lo tanto no tienen capacidad de acceder a la red de servicios de salud debido a esta ubicación geográfica.7

Programa que con los años se ha expandido a gran parte del territorio nacional, contando con una cartera de 154 servicios de salud, sin embargo dentro de este catalogó, se contempla en el lugar 95 únicamente al diagnóstico y tratamiento de trastornos benignos de mama,8 los cuales sólo pueden ser considerados como potenciales precursores del cáncer de mama, sin que muchas veces estos no estén asociados a dicho mal.

Únicamente en el caso de las Unidades Médicas Móviles controladas por el sector salud se cuenta con un “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Unidades Médicas Móviles, para el ejercicio fiscal 2015”, mediante el cual se emiten algunas reglas para su operación, pero dejan en un limbo legal la operación de Unidades Médicas en manos de otros actores, políticos, sociales y privados.

Conforme al mandato del artículo 45 de la ley General de Salud, “Corresponde a la Secretaría de Salud vigilar y controlar la creación y funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud, así como fijar las Normas Oficiales Mexicanas a las que deberán sujetarse”. Asimismo, el artículo 46 de la citada ley, señala que “la construcción y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades, se sujetará a las Normas Oficiales Mexicanas que, con fundamento en esta ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.”

A mayor abundamiento, es de señalar que existe ya la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2011, la cual tiene como objetivo “ establecer los lineamientos para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”; es de observancia obligatoria para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de los sectores público, social y privado pertenecientes al Sistema Nacional de Salud que brinden atención médica en materia de cáncer de mama. Cabe señalar que esta Norma se complementa con otras, a saber:

• Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA3-2007, Para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria de los servicios de radioterapia.

• Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De los servicios de planificación familiar.

• Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio.

• Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, Para la vigilancia epidemiológica.

• Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar la atención médica.

• Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud.

• Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.

• Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico.

• Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos -Clasificación y especificaciones de manejo.

• Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.

• Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

• Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.

• Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, Que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud.

Propuesta

Del análisis de la Ley General de Salud y de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 y de sus complementarias, se desprende que existe un vacío evidente en la materia, toda vez que la norma está diseñada para reglamentar a unidades médicas establecidas (fijas) de diferentes niveles. En una interpretación forzada podríamos tratar de incluir a las unidades médicas móviles, sin embargo, esto resulta innecesario toda vez que un principio de toda norma jurídica es que debe ser clara, evitar lagunas y vacíos, así como dar cabida a dobles interpretaciones.

Bajo el anterior orden de ideas, se considera fundamental la expedición de una nueva Norma Oficial en Materia de Unidades Médicas Móviles para la Prevención, Diagnóstico y Atención del Cáncer de Mama, que complemente a la Norma principal ya referida.

Propuesta la anterior, cuyo propósito central es garantizar que los diagnósticos y atención a cargo de estas unidades médicas móviles, se formulen bajo los más estrictos estándares de calidad, garantizando se lleve a cabo la detección temprana y se disminuya riesgos fatales por este padecimiento, toda vez que existe suficiente evidencia científica que confirma que un programa de tamizaje organizado y realizado de manera óptima tiene el potencial de reducir en porcentajes importantes la tasa de mortalidad y la carga de la enfermedad en la población en riesgo.

Las mujeres mexicanas tienen derecho a recibir servicios de alta calidad en todos los procesos, desde la detección hasta el tratamiento y rehabilitación. El Estado está obligado a garantizárselo.

No podemos desde esta Cámara de Diputados hacer oídos sordos y ojos ciegos a la realidad y problemática que estamos enfrentando. No podemos dar la espalda a las mujeres que han sido víctimas de diagnósticos erróneos o atención deficiente. Es nuestra responsabilidad y deber ético, solidarizarnos con ellas y desde el ámbito de nuestra competencia impulsar las acciones conducentes.

Hoy, en la persona de Gila , va manifiesta mi solidaridad y compromiso con las mujeres de México. Los convoco a unirse a su causa y a la causa de quienes como ella, están dando con fortaleza la pelea contra el cáncer de mama.

Gila , ella es una mujer de 65 años, paradójicamente médico de profesión; tiene carcinoma ductal in situ de alto grado (grado 3). Fue diagnosticada el 29 de julio de 2015.

Gila se realizaba su mastografía de control todos los años, generalmente en el Fucam, AC, mismas que, hasta el año 2012, los resultados aparecieron sin evidencias de malignidad o lesión alguna.

En 2013 la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a través de los Servicios de Salud Pública y del Programa de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, ofreció junto con la Delegación de Tlalpan, D.F. estudios de mastografía a las residentes de la Unidad Habitacional Villa Olímpica mediante una unidad móvil (Medibus 20-4HU7870). En ese momento Gila tenía 63 años y acudió a realizarse la mastografía en la unidad móvil el 26 de julio de 2013. Recibiendo los resultados el 2 de agosto de 2013. Estos resultados refieren “hallazgos benignos”, “sin evidencia de signos específicos de malignidad” y fueron entregados por escrito, sin que se acompañasen de una impresión de imagen, únicamente le entregaron un CD, que no podía ser abierto en una computadora que no tuviese el programa específico para tal efecto. Motivo por el cual no se pudo corroborar la interpretación del radiólogo. Gila confió en el diagnóstico que le entregaron, lo que motivó que ella, al igual que lo han hecho otras mujeres, asumiera que su estado era normal.

En 2014, Gila no se practicó la mastografía, por diversas razones, realizándosela nuevamente hasta el 10 de mayo de 2015, en un laboratorio privado, apareciendo una serie de calcificaciones en mama izquierda, por lo que se le recomendó llevar a cabo otros estudios para descartar algún proceso maligno.

La paciente acudió al Fucam, A. C. a corroborar el diagnóstico con el equipo médico de radiólogos de dicha institución médica, quienes le solicitaron los estudios previos, que hasta 2012, aparecían sin evidencias de patología. Al recibir el CD de 2013, pudieron advertir que las imágenes que la mama izquierda, presentaban los inicios de las lesiones que ellos vieron hasta 2015, revelando que el diagnóstico radiológico de 2013, realizado por la Unidad Móvil no fue preciso y retraso el diagnóstico oportuno.

Actualmente Gila es atendida por un carcinoma ductal IN SITU de alto grado (grado 3), ha requerido 2 intervenciones quirúrgicas y tratamientos con radioterapia. Además le han extirpado una mama. Seguramente nada de esto hubiera ocurrido de haber sido diagnosticada certeramente en el 2013.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a emitir una Norma Oficial Mexicana en Materia de Unidades Médicas Móviles para la Prevención, Diagnóstico y Atención del Cáncer de Mama, en la cual se establezca con absoluta claridad los procedimientos, mediante los cuales la Secretaría de Salud regulará, autorizará, certificará y vigilará a las citadas Unidades Móviles, precisando los criterios, procesos y acciones que deberán llevar a cabo, para garantizar la eficiencia y efectividad de las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, salvaguardando en todo momento los derechos de las mujeres.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/10/6/
mueren-15-mexicanas-por-cancer-de-mama-cada-dia-incan

2 Ídem

3 Onco guía cáncer de mama, Claudia Arce, Enrique Bargalló, Yolanda Villaseñor, Carlos Gamboa, Fernando Lara, Víctor Pérez Sánchez y Patricia Villarreal; Instituto Nacional de Cancerología. http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/132732 4685.pdf

4 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-mama

5 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/31/ha-aumentado-14-mortandad -por-cancer-de-mama-en-mexico-admite-ssa-8258.html

6 http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/mastografos-movile s-un-riesgo-que-prolifera-1047245.html

7 Antecedentes UMM, Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, Portal en línea, http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Programas/UnidadesMedicasMo viles/AntecedentesUMM.html, consultado el 13 de octubre de 2015.

8 Acuerdo por el que se Emiten las Reglas de Operación del Programa Unidades Médicas Móviles, Diario Oficial de la Federación, versión en línea,

http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Documentos/R eglasOperacion/2015.pdf, Consultado el 13 de octubre de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo, a 21 de octubre de 2015.

Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre la realización de un simulacro de sismo en la Cámara de Diputados para difundir los protocolos por seguir en caso de algún fenómeno de esa naturaleza, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Ximena Tamariz García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México sufrió una de las catástrofes naturales más mortíferas y destructivas que ha tenido la nación. El terremoto del 85, de 8.1 grados Richter, seguido de una réplica de 7.6 grados de magnitud, azotó a la Ciudad de México, dejando un poco más de 20 mil muertos, 2 mil 831 inmuebles afectados, 800 edificios derrumbados y una suma de 5 mil millones de dólares en daños materiales, según el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico.

La Ciudad de México entera empezó su reconstrucción, y se conoció la extraordinaria solidaridad de la población mexicana. Gracias a esta experiencia, tanto los mexicanos como el gobierno aprendieron lecciones importantes de este acontecimiento. Los simulacros de sismo se hicieron comunes en instituciones, escuelas y centros de trabajo. El gobierno de la república creó el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, y el Fondo de Desastres Naturales, una bolsa reservada para emergencias y catástrofes.

A consecuencia de esta tragedia, nació la necesidad de involucrar a la ciudadanía en una cultura de protección civil, encaminada a salvaguardar y evitar lo acontecido en 1985.

El 19 de septiembre de 2015, en conmemoración de los 30 años del terremoto de 1985, la Ciudad de México realizó un macrosimulacro, donde se vieron involucradas diferentes dependencias gubernamentales, ONG, instituciones privadas y particulares.

El simulacro realizado tuvo como finalidad recordar y enseñar, en algunos casos, los protocolos de actuación en caso de actividad sísmica, para de esta forma lograr evitar las pérdidas humanas y materiales dejadas por el sismo que golpeó a la ciudad un 19 de septiembre de 1985.

El comienzo de una nueva legislatura implica la llegada a las instalaciones de personas que viven en diferentes estados de la república, que no sufren movimiento telúrico. Considero oportuno que éstas cuenten con información que les permita conducirse conforme a los lineamientos por seguir en caso de que se presente algún sismo.

Por las consideraciones anteriores propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a solicitar a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que, a través de la instancia correspondiente, programe la realización de simulacros de sismos y prácticas de evacuación en las instalaciones de esta Cámara, así como proporcionen asesoría y capacitación en materia sísmica a todo el personal que labora en estas instalaciones a fin de garantizar su seguridad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputada Ximena Tamariz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Ssa a proponer opciones en coordinación con el gobernador de Oaxaca para resolver las precarias condiciones de la atención médica en el hospital Doctor Aurelio Valdivieso, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Eva Florinda Cruz Molina, diputada federal a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional en la mayoría de los países de América Latina incluyendo a México. Esto refleja la idea de que es éticamente inaceptable que quien se enferme no pueda atenderse por falta de recursos y pueda morir o quedar discapacitado; sin embargo, este derecho normativo frecuentemente no se respeta debido a la extensión de la pobreza, la segmentación y fragmentación de los sistemas nacionales de salud, la falta y desigual distribución de los recursos financieros, físicos y humanos en el sistema de salud, así como el recorte del gasto social, entre otros factores.

Actualmente México mantiene un sistema de salud segmentado y fragmentado en el cual el seguro social laboral es obligatorio y público mientras que el Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS), mejor conocido como el Seguro Popular (SP), es voluntario y solo la población sin seguro social laboral es susceptible a ser afiliada. El subsistema del seguro social público se compone principalmente de seis institutos: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los servicios de salud de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina; así como de las universidades públicas. Los seguros médicos o de salud de estos institutos tienen grandes semejanzas y las diferencias entre ellos se dan principalmente en las pensiones y otras prestaciones sociales.

El Seguro Popular se financia con contribuciones fiscales de los gobiernos federal y estatales y una prima de los afiliados de los deciles V a X, ofrece un paquete de servicios –el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes)– muy inferior a los seguros médicos de los institutos de seguro social laboral, y solo incluye un reducido número de enfermedades de alto costo.

Y aun cuando la alta prioridad del Seguro Popular ha sido ampliar la afiliación, no se ha ampliado simultáneamente ni los recursos físicos, humanos y financieros necesarios para garantizar el acceso a la salud y servicios de calidad para los mexicanos; situación que se recrudece en estados del sureste de México.

Oaxaca ocupa el tercer lugar nacional en pobreza extrema y rezago social, concentra los 58 municipios más pobres del país, el 80 por ciento de la población carece de servicios médicos de seguridad social, esto significa que de los 3 millones 506 mil 821 habitantes, tan solo 983 mil 487 son derechohabientes de alguna institución pública de salud, lo que representa una grave carga para muchos hospitales del Sector Salud, como el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”.

El hospital civil Doctor Aurelio Valdivieso, fue inaugurado en 1965 por el entonces presidente de México Gustavo Díaz Ordaz, abrió sus puertas con 180 camas y fue uno de los hospitales con la mejor tecnología de la época, hoy resulta insuficiente y deficiente para la atención de 75 mil consultas al año, el déficit de camas supera el 40 por ciento del número de pacientes diarios, cada día atiende consultas provenientes de todas las regiones del Estado. El mayor número de atención lo tiene el servicio de urgencias y el de tococirugía. Este hospital atiende 24 nacimientos al día, y solo cuentan con 6 camas en sala de labor y 6 más en la de recuperación, en este hospital las mujeres paren y se ven obligadas a retirarse a sus casas; el déficit de enfermeras en tococirugía es mayor al 20 por ciento, cada enfermera hace el trabajo que le corresponde a tres. Actualmente cuenta con 240 camas, que son insuficientes y cada día hay pacientes en camillas, en sillas, en los pasillos y otros en la sala de espera.

En este hospital no se cumplen las normas para la atención a mujeres embarazadas, debido a las condiciones que prevalecen, también se incumple con las evaluaciones de protección civil, ya que existe siempre una sobresaturación.

El nivel de atención para diabéticos, es en la especialidad de medicina interna y la diálisis peritoneal; pero la diálisis y la hemodiálisis, requerida para pacientes más críticos, ya no se hace, el costo lo deben asumir los pacientes.

El hospital civil tiene tres turnos y las guardias de fin de semana, que es cuando la sobresaturación se hace más notoria. En el 2014 se atendieron en urgencias 43 mil 800 consultas, siendo el hospital que mayor parte de emergencias médicas atiende en el estado.

Falta de instalaciones adecuadas, personal médico y de enfermería, sábanas rotas, sillas de rueda con desperfectos, camillas carcomidas por el uso, instrumental de mala calidad, falta de medicamento, material de curación y los materiales básicos de primera necesidad, son parte de las enormes carencias del hospital civil “Doctor Aurelio Valdivieso”; que imposibilitan la sola atención de la gran cantidad de pacientes que día a día desfilan por los pasillos en condiciones infrahumanas; por lo que personal médico, de enfermería y del sector administrativo han manifestado de diversas maneras, con paros, amenazas de huelga permanente, al gobierno federal y estatal sus enormes necesidades básicas, persistiendo a la fecha la falta de atención.

Por tal motivo, ante la preocupación real de contribuir a la solución de las necesidades prioritarias en materia de salud de los oaxaqueños, someto a consideración de este pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Salud, ambos del Gobierno Federal, para que en coordinación con el Gobernador del Estado de Oaxaca, se propongan alternativas para resolver con urgencia las condiciones precarias de la atención médica del hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”, en beneficio de los oaxaqueños.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2015.

Diputada Eva Florinda Cruz Molina (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento de los programas productivos sustentables destinados a mujeres, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz de León Villard, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Sasil Dora Luz de León Villard, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La demanda de empleo y la demanda de protección ambiental tienen una gran importancia en la agenda de casi todos los partidos, sin embargo a veces se presentan como puntos en conflicto y contradictorios. Ello ha generado un debate en el ámbito académico, en los medios de comunicación masiva, entre los gobiernos y en la sociedad sobre si es posible potenciar al máximo el desarrollo económico sin descuidar la protección y conservación del ambiente.

Algunas expresiones sociales prefieren promover el desarrollo económico, señalando que los costos de proteger el medio ambiente con frecuencia resultan elevados y frenan el crecimiento.

En otro sentido, algunas expresiones ecologistas sostienen que la protección del entorno debe priorizarse pese a que ello suponga sacrificar algunos proyectos económicos, con la consecuente merma en la generación de empleos.

Por tanto, se acusa a los ecologistas de oponerse al progreso y a la generación de bienestar en la sociedad. En oposición, a quienes priorizan el crecimiento económico se les acusa de enemigos del ambiente.

La disyuntiva a que se enfrenta el ciudadano para tomar partido es a veces irreconciliable: decantarse a favor del empleo y la riqueza social pese a la afectación del ambiente o apoyar la lucha ambientalista sacrificando la producción de bienes de consumo para sus familias. Desde luego, los ciudadanos quieren desarrollo económico y conservación de la naturaleza al mismo tiempo.

Pese a que legislaturas anteriores han mostrado su preocupación por esta problemática, tanto en las leyes aprobadas como en el objeto de las comisiones que integran el Poder Legislativo, sigue presente, según la especialidad de su materia, un sesgo hacia el enfoque desarrollista en aquellas que corresponden al terreno económico y una orientación ecologista en las que versan sobre la preservación del ambiente.

Este choque de paradigmas es especialmente notorio en las zonas más pobres, sean éstas urbanas o rurales, en donde impulsar el desarrollo económico es difícil y hacerlo a través de políticas ambientalistas lo hace más costoso, especialmente cuando se trata de que en éste participen mujeres y jóvenes.

La conciliación deseada parece problemática y lejana, pero esta es la razón del trabajo de los legisladores mexicanos, por lo anterior se justifica la creación de una comisión especial de programas productivos sustentables para mujeres que apoye y promueva proyectos que combinen de modo armónico el desarrollo económico y la protección ambiental.

Es de resaltar que la propuesta de crear una comisión especial de programas productivos sustentables para mujeres no choca con las comisiones ordinarias de economía, de medio ambiente, de desarrollo social y de igualdad de género, ya que su accionar es transversal en cuanto a proyectos específicos con presencia de los siguientes elementos: generación de empleos, protección del ambiente y apoyo a mujeres en comunidades pobres urbanas y rurales.

En la pasada legislatura hubo dos comisiones relacionadas con el punto propuesto. La primera fue sobre desarrollo sustentable y la segunda sobre promoción de desarrollo regional.

En ese sentido, la presente propuesta trata de enfocar el desarrollo sustentable, pero en concordancia con el desarrollo económico en proyectos específicos. Asimismo, se rescata en términos regionales, el segmento de la población más numerosa y marginada del desarrollo económico, que son las mujeres.

En consecuencia, entre los objetivos y las ventajas pertinentes están los siguientes:

• La comisión especial de programas productivos sustentables para mujeres contribuirá a armonizar las leyes en materia económica y ecológica para evitar el enfoque que hace que el desarrollo económico se confronte con la conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales.

• Gestionará proyectos productivos compatibles con el ambiente para mujeres en comunidades indígenas y en zonas urbanas populares.

• Trabajará con las grandes empresas que se identifiquen con la preservación del ambiente y que decidan acciones a favor de jóvenes y mujeres.

• Apoyará la creación de empresas para mujeres pobres del campo y la ciudad.

• Trabajará con los tres niveles de gobierno para que se implementen políticas públicas de apoyo a empresas con enfoque ecologista que apoyen a mujeres.

• Apoyará la conservación cultural y el turismo en las comunidades beneficiadas.

Por lo expuesto y fundado ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en términos del artículo 32, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se discuta y, en su caso, se apruebe y emita el acuerdo de creación de la Comisión Especial de seguimiento a los programas productivos sustentables para mujeres.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputada Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y la Conagua a vigilar el uso o aprovechamiento de las aguas de la presa El Gallo, en Cutzamala de Pinzón, Guerrero, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Roberto Guzmán Jacobo, Diputado Federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En 1975, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, comenzó la construcción de la presa Andrés Foguero, coloquialmente conocida por los habitantes de esta región como presa Las Garzas. Para el año de 1984 las obras concluyeron y desde entonces dicha obra de infraestructura hidráulica ha sido parte fundamental para la vida de los habitantes de la zona colindantes con la misma.

Esta presa desde su proyección fue concebida para el uso agrícola, de tal suerte que proporciona riego a más de 11 mil hectáreas de ejidos y pequeñas propiedades del mismo municipio en que se encuentra, además de otras tierras en los municipios de Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan, que son de las pocas zonas con agricultura de irrigación en el estado.

Además, si bien su construcción tuvo como principal finalidad el uso agrícola, actualmente es de gran importancia para el suministro de agua para cuando menos 12 poblados que de otra manera tendrían escases de este líquido vital.

Otra fuente de empleos en la presa es la pesca, actividad en la que encuentran su sustento la mayor parte de la población económicamente activa de varias comunidades, entre las que se encuentran Las Garzas, San Pedro y Garzas, La Comunidad y Corre Pescado, entre otras.

Si bien como ya se ha dejado en claro, la mencionada presa fue construida con fines de riego agrícola y es el uso que todavía tiene, como lo reconoce la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en los documentos que está publica, entre los que se encuentra el intitulado “Estadísticas del Agua en México 2014”, esta situación está a punto de cambiar.

Actualmente se ha presentado ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, perteneciente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la manifestación de impacto ambiental (MIA) del Proyecto para la Generación de Energía Renovable Presa Andrés Foguero UB, en Ajuchitlán del Progreso, Gro., siendo el promovente de dicho acto la empresa Generación Enersi, SA de CV.

Dicho proyecto a decir de la empresa, “consiste en la construcción y operación de una central mini hidroeléctrica, para la generación de electricidad utilizando el caudal proveniente de la presa Andrés Figueroa, para lo cual se requiere de una línea a presión con ubicación dentro del área de inundación, la que a través de un túnel conducirá a la casa de máquinas el gasto hidráulico necesario, de ahí a las turbinas de generación, asimismo el proyecto prevé la construcción, instalación y operación de una línea de trasmisión eléctrica con longitud de 24 kilómetros con 15 metros de derecho de vía así como de caminos de acceso, el proyecto requiere de la remoción de vegetación de selva baja caducifolia.”1

Lo anterior podría parecer una pequeña obra de poco impacto ambiental, pero tiene muy preocupados, y con razón, a los agricultores, pescadores y a la población en general, que actualmente hace uso de las aguas de esta presa para sus actividades domésticas y productivas.

De experiencias acumuladas en el Estado de Guerrero sabemos que estos proyectos no son de poco impacto al ambiente y a las comunidades humanas que aprovechan las aguas de la presa, a manera de ejemplo tenemos lo acontecido con la Presa El Gallo, ubicada en el municipio de Cutzamala de Pinzón, Gro. Esta presa daba una buena producción pesquera de la que dependía el sustento de decenas de familias del citado municipio, suministraba agua a los cultivos de los campesinos de la región, proveía el vital líquido a su ganado y más importante, lo proveía para el uso doméstico de varias comunidades de los estados de Guerrero, Michoacán y México.

La situación en la presa El Gallo cambió a principios del presente siglo, el 3 de marzo de 1999 en el Diario Oficial de la Federación se publica el Aviso por medio del cual se comunica el otorgamiento del permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica número E/130/AUT/99, solicitado por Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro, SA de CV (Mexhidro)

De lo anterior ha resultado un grave perjuicio para los usuarios de las a las comunidades que tradicionalmente dependían de las aguas de El Gallo para su vida cotidiana y sus actividades económicas, ya que siendo la prioridad de Mexhidro el generar electricidad, con la cual hace un jugoso negocio, las aguas de la presa se destinan al abasto de la hidroeléctrica y no a las actividades pecuarias y agrícolas.

Además, se ha afectado a toda la población de varias localidades de los tres estados antes mencionados, ya que el agua proveniente de los canales de El Gallo es el afluente más importante de agua que las abastece, y con el paso de los años han visto seriamente mermado su suministro o de plano suspendido, en clara violación a la Ley de Aguas Nacionales.

Es decir, la empresa Mexhidro, de facto se ha apropiado de infraestructura hidráulica (la presa El Gallo), construida con dinero proveniente del erario público de la federación (con nuestros impuestos), para generar energía eléctrica, que posteriormente vende a terceros, para lo anterior, privilegia el uso del agua para la generación de esta energía, en clara violación al artículo décimo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.

Dicho artículo a la letra señala:

Décimo quinto. En tanto se cumple con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 22 de esta ley,2 se observará el siguiente orden de prelación de los usos del agua para la concesión y asignación de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales y del subsuelo, aplicable en situaciones normales:

1 . Doméstico;

2. Público urbano;

3. Pecuario;

4. Agrícola;

5. Uso para la conservación ecológica o uso ambiental;

6. Generación de energía eléctrica para servicio público;

7. Industrial;

8. Acuacultura;

9. Generación de energía eléctrica para servicio privado;

10. Lavado y entarquinamiento de terrenos;

11. Uso para turismo, recreación y fines terapéuticos;

12. Uso múltiple, y

13. Otros.

En cuanto a la pesca en la presa El Gallo, esta actividad tampoco ha salido bien librada, en 1998 los ejidatarios que vendieron sus tierras para la presa, dejaron la agricultura para convertirse en pescadores y crearon cuatro cooperativas con 350 socios, cuya producción daba lo necesario para el sustento de las familias de estos cooperativistas. Actualmente la producción es magra, ya que los peces son arrastrados hacia la turbina de la planta, causando altas tasas de mortandad en sus poblaciones.

De todo lo anterior es que vemos fundadas la preocupación que tienen los que actualmente aprovechan las aguas de la Presa Andrés Foguero, ante la inminente construcción y puesta en operación de una hidroeléctrica.

En otro orden de ideas, en los temas referentes al desarrollo sustentable y por lo mismo al manejo y gestión de los recursos naturales la participación y opinión de la sociedad es de gran relevancia, es decir, la consulta pública es piedra toral en este tema. Al respecto, la Declaración de Río en su Principio 10 reconoce la importancia de la participación de la sociedad en las decisiones que con respecto al manejo del ambiente y sus recursos tome la autoridad, de tal manera que dicho Principio a la letra señala:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones . Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”

De tal forma que en temas ambientales y de manejo de recursos naturales, en la mayor parte de los países, o cuando menos en los que se nombran democráticos, sin ser México la excepción, se reconoce a la consulta pública como un instrumento de planeación diseñado para promover la participación de la sociedad y establecer una comunicación entre ésta y el gobierno, en temas prioritarios de las políticas públicas ambientales, de ahí que dicho instrumento esté considerado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Siendo esta consulta considerada como el proceso que garantiza el derecho a la participación ciudadana y a la información, respecto de los proyectos sometidos al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, y esta no debe de quedar en un ejercicio de mero trámite ya que es parte fundamental para que los actos de la autoridad sean esto, y no actos de autoritarismo, si bien es cierto que para la evaluación de la MIA esta consulta no es vinculante, si debe de ser tomada muy en cuenta por la Semarnat a la hora de aprobar o rechazar la MIA de un proyecto.

De lo anterior, es que para el caso de la pretensión de instalar una hidroeléctrica en la presa Andrés Figueroa, consideramos fundamental que se realicen reuniones públicas con posterior consulta, y que esta consulta no sea un mero trámite, sino que realmente sea tomada en cuenta por la Semarnat a la hora de evaluar la MIA del Proyecto para la Generación de Energía Renovable Presa Andrés Figueroa UB, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que no se apruebe la manifestación de impacto ambiental (Clave: 12GE2015ED035), ingresada el 3 de agosto de 2015 por el promovente Generación Enersi, SA de CV, que con motivo del Proyecto para la Generación de Energía Renovable Presa Andrés Figueroa UB, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, dicha SA presentó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, hasta que se asegure que de ninguna manera se afectarán las actividades pesqueras que se realizan en dicha presa y además, dicho proyecto sea sometido a procesos de reunión pública con posterior consulta a las poblaciones aledañas a dicha presa y sea aceptado por la mayoría de los ciudadanos de dichas poblaciones.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, para que desde el ámbito de las facultades y atribuciones conferidas por la normatividad aplicable a las instituciones a su cargo, vigilen y cuiden que en el uso o aprovechamiento de las aguas de la presa El Gallo, ubicada en el municipio de de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, se garantice el que se cumpla el orden de prelación de los usos del agua que señala el artículo décimo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.

Notas

1 Al respecto se puede consultar la “Gaceta Ecológica, número DGIRA/032/15, del día 06 de agosto de 2015, publicada por la DGIRA de la Semarnat.

2 Párrafo tercero del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales: “El Consejo de Cuenca en coordinación con el Organismo de Cuenca que corresponda, propondrá a “la Comisión” el orden de prelación de los usos del agua para su aprobación, el cual se aplicará en situaciones normales, para el otorgamiento de concesiones y asignaciones de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales y del subsuelo, atendiendo a lo dispuesto en los Artículos 13 BIS 3, y 14 BIS 5 de esta Ley. El uso doméstico y el uso público urbano siempre serán preferentes sobre cualquier otro uso .”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la Sagarpa a flexibilizar las reglas de operación de 2016 para simplificar los procedimientos a fin de que tengan acceso a los programas de apoyo los productores y las organizaciones, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en la fracción I del artículo 6, y el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, a flexibilizar las reglas de operación de los programas de apoyo para el Ejercicio Fiscal de 2016, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos facultan al estado para planificar el desarrollo nacional, derivado de lo anterior surgen políticas públicas enfocadas a alcanzar los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo.

En este orden de ideas, las políticas públicas deben de garantizar la equidad para todos los gobernados. Por ello los programas sociales son el instrumento del estado para brindar apoyos e incentivos a los grupos vulnerables, por tal razón las reglas de operación para acceder a ellos, deben ser accesibles e incluyentes.

Es necesario precisar que el actual modelo económico en nuestro país, no garantiza a los ciudadanos el bienestar social; estudio más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indica que la población vulnerable subió de 7.2 millones a 8.5 millones de personas.

Para fomentar el desarrollo a las actividades agrícolas, el campo mexicano debe ser un tema prioritario para el estado, sin embargo, dentro del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, se está proponiendo un recorte de 22 por ciento a los programas sociales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, y si a esto agregamos la burocratización del procedimiento a la que se enfrentan los productores para acceder a los programas sociales, concluiríamos en que son necesarios dentro de la redacción de las reglas de operación criterios que garanticen el fácil acceso, la eliminación de la tramitología, la transparencia en la distribución, aplicación de los mismos.

Por lo antes expuesto se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a flexibilizar las reglas de operación para el ejercicio fiscal de 2016, a fin simplificar los procedimientos para acceder a los programas de apoyo a los productores y organizaciones, y con ello se amplíe el número de beneficiados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2015.

Diputado Moisés Guerra Mota (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018 a revisar la pertinencia de los indicadores de resultados del Projuventud, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Jesús Rafael Méndez Salas, diputado federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, al Instituto Mexicano de la Juventud y a los integrantes del Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A nivel mundial, la generación de jóvenes es la más cuantiosa históricamente, y por lo tanto, su capacidad de influencia no tiene precedentes. De acuerdo a la estrategia del Progrnud para la juventud 2014 – 2017 “Más del 60 por ciento de la población en muchos de los países donde el PNUD ejecuta programas son jóvenes de entre 15 y 24 años”.1 En México, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Población “para inicios del 2014 había 31 millones 610 jóvenes entre 15 y 29 años de edad, representando el 26.3 por ciento de la población mexicana”.2 Tales datos demuestran que nuestro país está principalmente conformado por jóvenes.

Si tomamos en cuenta dicho contexto, podemos observar que el bono demográfico de nuestro país representa a casi la mitad de la población, factor que constituye una gran área de oportunidad para estimular el crecimiento económico e incrementar el ingreso per cápita. Dichas situaciones aunque deseables, sólo podrán obtenerse en la medida en que se realicen oportunamente inversiones en salud, educación, capacitación laboral, participación, etc. que mitiguen las problemáticas que enfrenta la población juvenil.

Sin embargo, para lograr dicho objetivo se requiere unir los esfuerzos de los diferentes agentes gubernamentales y sociales. “El Estado mexicano tiene el reto y la atribución de promover un cambio en las políticas de juventud, donde en lugar de pensarlas exclusivamente como intervenciones gubernamentales, sean capaces de generar políticas con la participación plena de todos los actores: organizaciones sociales, gobierno, organismos internacionales, académicos y expertos, funcionarios y, sobre todo, las y los jóvenes.”3 Se trata de propiciar que el sector juvenil asuma una plena ciudadanía con base en su participación activa en los procesos de desarrollo, en sus capacidades y respeto irrestricto a sus derechos.

En este contexto participativo, es importante mencionar que de acuerdo a los resultados de la Consulta Nacional Juvenil,4 las y los jóvenes identificaron por ejes, como áreas de oportunidad los siguientes:

Prosperidad . En relación con la educación, actualizar y ampliar los planes de estudio con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, acceso a programas de becas y la capacitación a los maestros. Respecto al empleo, proponen una vinculación más efectiva entre escuela, empresa, y gobierno para lograr una incorporación óptima de la juventud al mercado laboral. Sobre la vivienda los encuestados establecieron la necesidad de contar con un trabajo estable y bien remunerado que les permita acceder a opciones de crédito y financiamiento para adquirir una vivienda.

Bienestar. Los encuestados consideran como prioritario el fomento a la cultura de prevención en salud (sexual y reproductiva, alimenticia y psicológica). También propusieron acciones enfocadas en la recuperación de espacios abandonados y la construcción de centros culturales para vincular a la sociedad. Respecto a la seguridad consideraron la necesidad de aumentar la vigilancia e impulsar la capacitación y la evaluación de policías y fortalecer los programas de prevención de violencia.

Participación. Se propuso incluir a los jóvenes en el diseño y la evaluación de políticas públicas y permitirles colaborar en trabajar en proyectos de mejoramiento de las escuelas. También se reportó la necesidad de asignar recursos presupuestales y diseñar estrategias de comunicación y difusión de los espacios donde pueden participar las y los jóvenes.

Inclusión. Los participantes en la encuesta opinaron que se requieren campañas de información sobre sus derechos, la elaboración de leyes de juventud y el respeto a los derechos humanos y, la tolerancia y la eliminación de estereotipos que discriminen a las personas jóvenes. Asimismo mencionaron que el gobierno debe mantener mayor cercanía con ellos y trabajar de manera más activa con las y los jóvenes para entender sus necesidades y proyectos.

Partiendo de tales resultados, el Gobierno Federal puso en marcha el Programa Nacional de Juventud (Projuventud) 2014 -2018, mismo que determina ejes transversales de trabajo para atender a las y los jóvenes y mejorar sus condiciones de vida mediante acciones institucionales que garanticen sus derechos humanos y sociales con base en las siguientes características:

De juventudes. El Projuventud es un instrumento para la gestión de la política de juventud que integra a todos los sectores juveniles reconociendo su diversidad de origen social, económico, étnico, cultural, geográfico, de expresión y preferencias, y de diversidad sexual.

Transversal. Los diversos actores (gubernamental, social, académico, privado, etc.) involucrados en el diseño, la operación y el desempeño de las políticas de juventud requieren coordinar sus esfuerzos y recursos para, desde sus distintos ámbitos de responsabilidades, alcanzar los objetivos comunes que emanan de este Programa Nacional, logrando sinergias y acciones complementarias en beneficio de las juventudes mexicanas.

Específico. El Programa busca la coordinación de acciones intra e intersectoriales a nivel general, pero en asuntos específicos para responder a las múltiples dimensiones de las situaciones, diversidades y contextos de las personas jóvenes, además con una visión intergeneracional, que contempla las acciones en relación con los otros ciclos de vida.

Participativo. La participación juvenil es el concepto basal y rector de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa para favorecer la interlocución efectiva de las y los jóvenes en la toma de decisiones, ejecución y evaluación de las intervenciones.

De concertación. Implica involucrar a los sectores juveniles y aquellos actores gubernamentales y de la sociedad civil, directa o indirectamente relacionados con el proceso de la política de juventud, en la implementación del Programa.

Descentralizado. El Projuventud supone la creatividad e innovación local como fuente de acciones con incidencia en materia de juventud, por ello, busca propiciar iniciativas nacionales, regionales, estatales y municipales para brindar una fuerte prioridad a los esfuerzos en el plano local, tanto de los municipios como de las organizaciones de jóvenes en las comunidades.

De inclusión. El Programa se diseñó para convertirse en el principal instrumento de referencias de los esfuerzos del Estado para reducir las condiciones de exclusión de las y los jóvenes y dar relevancia al aporte de estos grupos al desarrollo del país, mediante estrategias de inclusión social y de acceso pleno a sus derechos.

Efectividad. Implica priorizar el cumplimiento de metas e indicadores estratégicos para garantizar la sostenibilidad de las acciones.

Universal. El Programa contempla a la totalidad de la población joven que vive en el país y se orienta al cumplimiento de los derechos a la vida, la integridad personal, la identidad, la educación, la salud, la vivienda, la previsión social, la justicia, el empleo, la participación, etcétera.

De afirmación positiva. El programa contempla a la población joven que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, y que enfrentan contextos de exclusión y discriminación que violentan sus derechos, con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de sus derechos.5

Dicho programa tiene como propósito principal, orientar la política nacional en materia de juventud, con base en los siguientes cuatro objetivos: Incrementar las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda; Promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a través de esquemas de salud, convivencia y seguridad; Fortalecer la participación juvenil en los espacios de decisión públicos, sociales y comunitarios; y Fortalecer la plena inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en los procesos de desarrollo social y económico; mismos que son desarrollados a través de 279 líneas de acción.

El Projuventud fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014 y opera a través de cinco ejes operativos: conocimiento, coordinación, comunicación, legislación y evaluación. Este programa se encuentra alineado a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en la meta denominada “México Incluyente” contempla la necesidad de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente y por lo tanto busca articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.6

Respecto al contenido del Projuventud cabe destacar las bases referentes a su implementación y seguimiento; ya que su sistema de monitoreo previó la creación del primer Sistema Integral Nacional de Información sobre Juventud y del Comité de Seguimiento del Projuventud. Dicho comité, que tiene como finalidad coordinar y verificar la efectiva implementación transversal de la perspectiva de juventud en los planes, políticas, acciones y programas que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tienen a su cargo, es presidido por el Instituto Mexicano de la Juventud7 (Imjuve) y se encuentra conformado por Organismos Internacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Legisladores Federales y Estatales, Académicos y expertos, Funcionarios Públicos, e Instancias Estatales y Municipales de la Juventud.

Resulta relevante hacer mención de la relevancia otorgada a las acciones de monitoreo de las acciones del programa y la evaluación de las acciones emprendidas a través de una serie de indicadores como son:

• Índice de Desarrollo Juvenil;

• Tasa de desempleo en población joven;

• Proporción de jóvenes jefes del hogar que cuentan con vivienda propia;

• Porcentaje de la población juvenil con carencias por acceso a los servicios de salud;

• Porcentaje de la población juvenil, de entre 18 y 29 años, que ha sido víctima de algún delito;

• Proporción de efectividad en la progresividad de los derechos de las y los jóvenes;

• Porcentaje de jóvenes que cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar; e

• Índice de satisfacción de los jóvenes con respecto a su situación económica, trabajo y estudios;

Dichos indicadores son medidos a través de diversas dependencias como el propio Imjuve, Conapo, Segob, Inegi, y el Programa de Juventud de The Commonwealth, el con una periodicidad quinquenal, trienal, bienal, y anual, dependiendo el indicador.

En este sentido, el Projuventud contempla un sistema de seguimiento y monitoreo con el objetivo de trabajar en el análisis de los objetivos, estrategias y líneas de acción para determinar su pertinencia, nivel de cumplimento, alcances e impacto real en la vida de las y los jóvenes y su entorno.

Es indiscutible que tales indicadores permiten la evaluación de las políticas dirigidas a la población juvenil; pues permiten dirigir los procesos de formulación, seguimiento y aplicación de las políticas públicas y programas gubernamentales. Además, permiten la generación de información útil y la interpretación de la misma en aras de incidir en las metodologías de formulación de las políticas que permitan la reformulación, transformación y mejoramiento de los programas derivados de la política de juventud.

Tal y como establece el propio Projuventud “La evaluación no es un objetivo en sí mismo, sino que adquiere sentido y dimensión en la medida en que actúa y apoya el desarrollo adecuado de los programas”. Sin embargo, a fin de que la información que se genera a partir de la evaluación, respecto al registro y análisis de los resultados obtenidos por la operación de los programas, sea eficazmente empleada, es necesario asegurar su pertinencia y oportunidad. Sólo el seguimiento puntual y preciso permite que el proceso de evaluación sea útil para complementar y re orientar las políticas públicas y generar mejores oportunidades para el desarrollo de las y los jóvenes. Siendo tales las implicaciones de una evaluación oportuna es que resulta necesario analizar la viabilidad y efectividad de los indicadores hasta el momento empleados en el seguimiento y monitoreo del Projuventud.

En este mismo orden de ideas, es de mencionarse que algunas de las funciones a cargo del Comité de Seguimiento del Programa son, la elaboración de informes y recomendaciones a las dependencias para promover procesos de mejora respecto al impacto y cobertura de los programas y la generación anual de un reporte que posibilite la evaluación y seguimiento de las acciones y programas derivados de la política de juventud y con base en el seguimiento realizado a los propios indicadores.

Con este marco y con base en el numeral 32 del acuerdo8 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del PND 2013-2018, el Imjuve elaboró el Informe de Logros 2014 del Programa Nacional de Juventud 2014-2018. En dicho informe destacan los siguientes resultados: existen en la administración pública federal, dependencias que no poseen información desagregada por grupos de edad; fueron detectados muchos programas y acciones a cargo de las dependencias gubernamentales que no poseen una perspectiva de juventud; y el puntual seguimiento del presupuesto asignado a la atención de este sector poblacional requiere la aplicación de una metodología que permita conocer los montos exactos de la inversión en la juventud.

Asimismo, cabe resalta que del seguimiento a los indicadores mencionados en líneas precedentes, se desprende que:

• Respecto al avance de tres de los indicadores de resultados del Objetivo 1. “Incrementar las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda”; sólo se reportó el alcance en uno de ellos. Lo anterior en virtud que los otros dos indicadores (Índice de Desarrollo Juvenil Proporción de jóvenes jefes del hogar que cuentan con vivienda propia) tienen una periodicidad quinquenal y bienal respectivamente para su medición y por lo tanto no existe información disponible en el periodo que se reporta.

• Sobre el Objetivo 2. “Promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a través de esquemas de salud, convivencia y seguridad” de dos de los indicadores propuestos, sólo se reporta el alcance en uno. Dicha situación se explica en virtud de que el indicador Porcentaje de la población juvenil con carencias por acceso a los servicios de salud, tiene una periodicidad de medición bienal y por lo tanto no existe información disponible.

• Relativo al Objetivo 3. “Fortalecer la participación juvenil en los espacios de decisión públicos, sociales y comunitarios” es de mencionarse que sólo cuenta con un indicador de resultados (Proporción de efectividad en la progresividad de los derechos de las y los jóvenes) éste no reporta alcance alguno en virtud de que su medición es anual y hasta el momento de presentación del informe no existía información disponible.

• Por último, respecto al Objetivo 4. “Fortalecer la plena inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en los procesos de desarrollo social y económico” de los dos indicadores de resultados establecidos, no se reporta alcance en ninguno. Ello se explica debido a la periodicidad establecida por su medición que en el caso del Porcentaje de jóvenes que cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar es bienal y en el caso del índice de satisfacción con respecto a su situación económica, trabajo y estudios es anual, sin que hasta el momento de presentación del informe exista información disponible.

Tales resultados permiten advertir que los indicadores seleccionados no han arrojado la información suficiente que siente las bases para evaluar los resultados e incluso proponer la reformulación o reorientación de los programas y acciones gubernamentales en favor de las y los jóvenes.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal establezca mecanismos y sistemas que permitan desagregar información por grupos de edad y dar seguimiento preciso al presupuesto destinado a la atención de la juventud.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a los integrantes del Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, para que revisen la pertinencia de los Indicadores de Resultados del Projuventud con base en la periodicidad en que éstos reportan la información de sus respectivas mediciones.

Notas

1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estrategia del PNUD para la juventud 2014-2017. Resumen Ejecutivo. Página 2.

2 Jóvenes en Movimiento. Índice Nacional de Participación Juvenil 2014. Pág. 11

3 Instituto Mexicano de la Juventud. Programa Nacional de Juventud 2014 – 2018. Pág. 16.

4 La Consulta Nacional Juvenil se realizó a nivel nacional, del 19 de septiembre al 20 de diciembre de 2013, con el apoyo de las 32 instancias de juventud de las entidades federativas. Su objetivo fue discutir problemas y plantear soluciones para mejorar la calidad vida de la población joven, además, proponer acciones concretas para elaborar el Projuventud.

5 Instituto Mexicano de la Juventud. Programa Nacional de Juventud 2014 – 2018. Págs. 17 -18.

6 Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Meta Nacional: México Incluyente.

7 Que es la dependencia que de acuerdo a la propia Ley del Instituto Mexicano de la Juventud se encarga de promover, de manera coordinada, con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones para mejorar el nivel de la población juvenil.

8 Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018; publicado en el D.O.F. el 10/06/2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Jesús Rafael Méndez Salas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a apoyar a la Universidad Autónoma de Guerrero por su grave crisis, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 22 de junio de 1960, los legisladores locales promulgan la creación de la Universidad de Guerrero en medio de pugnas sociales, pero con la firme convicción de dar educación a los jóvenes en todas las regiones del estado.

La Universidad Autónoma de Guerrero es una institución pública, cuyo campus principal se encuentra en Chilpancingo. Tiene planteles en Acapulco, Taxco, Iguala, Tixtla, Ometepec y Ciudad Altamirano, entre otras ciudades. Actualmente, imparte 34 carreras a nivel licenciatura y 29 a nivel posgrado en las áreas de ciencias agropecuarias, de la salud, naturales, sociales y administrativas, educación, humanidades e ingeniería.

La Uagro es una institución joven, pero a la vez pujante y en constante transformación. La Máxima casa de estudios de Guerrero nace producto de la lucha de las clases populares de la entidad por una mejor educación y por una institución que coadyuve en el desarrollo económico, político y social del Estado de Guerrero. Su labor fundamental es formar ciudadanos altamente competitivos en el mercado laboral, igualmente importante es que dichos profesionales cuenten con un elevado compromiso social (tomado de http://www.carrerasenlinea.mx/universidad-autonoma-de-guerrero el 16 de octubre de 2015).

En los últimos años, la Uagro se ha preocupado por salir de los últimos lugares en los que se encontraba, profesionalizando a su plantilla docente, mejorando las instalaciones físicas educativas y participando en múltiples eventos académicos, deportivos y culturales.

La Uagro se encuentra por arriba de la media nacional en la calidad educativa. Por ello a finales del año pasado, el Consorcio de Universidades Mexicanas aceptó a la Uagro como el miembro número 29 del consorcio nacional, toda vez que se cuenta con más de 90 por ciento de programas educativos de licenciatura de buena calidad.

En los últimos tres años se asumió la política de regionalizar la educación superior, iniciando la construcción de seis nuevos campus universitarios, los cuales se encuentran en distintos grados de avance en su construcción.

En esta administración se dio impulso y creó la Universidad Virtual, en la cual se ofertan cuatro licenciaturas y se puede estudiar la educación media superior, con ello se está apoyando a personas que no pueden asistir a un centro escolar.

La matrícula total es hoy de 82 mil 770 alumnos, integrada por 51 mil 923 alumnos de nivel medio superior, 29 mil 883 matriculados en Licenciatura y 964 alumnos de posgrado.

Cabe señalar que el costo promedio por alumno del ciclo escolar 2014-2015 es de los más bajos, está publicado por la SEP y nos ubica en el penúltimo lugar del total de las universidades públicas estatales, con un importe de 44 mil 5 pesos, tomando como base el subsidio ordinario federal y estatal.

Paradójicamente somos la cuarta universidad pública estatal con mayor matrícula a nivel nacional. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública nos sitúa con 78 mil 685 alumnos, cuando la cifra actual es de 82 mil 770 alumnos.

El gobierno estatal adeudaba a la Uagro en materia de subsidio ordinario 520 millones 114 mil 997 pesos al 30 de septiembre de 2015. Adicionalmente, el gobierno federal adeuda 162 millones 835 mil 971 pesos, como aportación estatal de fondos extraordinarios federales.

Independientemente de los adeudos del gobierno estatal hacia la universidad, tienen un déficit en el ámbito de la nómina; es decir, les autorizan mil 671 millones 612 mil 512 pesos, contra un gasto real de mil 937 millones 617 mil 334, generando un déficit de 266 millones 4 mil 822, que es un recurso indispensable para atender los compromisos de nómina de este próximo fin de año.

Una razón del déficit en la plantilla lo generan 1,173 trabajadores que han cubierto su antigüedad laboral para ser liquidados y jubilados. La mayor parte de ellos se ubica en la academia y la parte restante se encuentra en el ámbito administrativo. Al respecto, se tiene considerada la creación de un programa de retiro voluntario, cuyo monto global oscila en mil 971 millones 367 mil 162 pesos.

En audiencia con el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray, a finales del año pasado se ofreció atender este programa por etapas. Actualmente, una mesa de trabajo atiende el problema y el del déficit de la nómina.

La Uagro necesita seguir adelante, la mejor manera de prevenir y contener los fenómenos sociales que se dan en Guerrero, es a través de la educación.

El sector educativo no puede ser afectado con los recortes, sobre todo en el sur del país y en específico en Guerrero. Requerimos el apoyo para no contar con el déficit.

Por lo expuesto se eleva a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a apoyar a la Universidad Autónoma de Guerrero debido a la grave crisis que enfrenta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputados: María Verónica Muñoz Parra, Beatriz Vélez Núñez, Silvia Rivera Carbajal, Ricardo Taja Ramírez, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, Julieta Fernández Márquez, Marbella Toledo Ibarra, Victoriano Wences Real, Lluvia Flores Sonduk, Roberto Guzmán Jacobo, Arturo Álvarez Angli, David Jiménez Rumbo, Salomón Majul González (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a vigilar y coordinar por la Semarnat y la SCT, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, el cumplimiento del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital, conforme a las leyes y normas oficiales aplicables en materia de residuos de manejo especial y peligrosos, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Ximena Tamariz García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los programas de la administración pública federal, están relacionados a la planeación para que México alcance un potencial y un incremento en el bienestar y la calidad de vida de los habitantes.

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, una de las prioridades del gobierno federal es el proceso de transformación de la señal de televisión analógica a señal digital. Ésta última disminuye la brecha de desigualdad en nuestra sociedad.

Dicho programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), otorga televisiones digitales a hogares habitados por población de escasos recursos, es decir a 13.8 millones de hogares mexicanos.

El apagón analógico es la evolución de la Tv abierta analógica a la Tv digital abierta. La fecha límite para llevar acabo el apagón analógico en México, está prevista para el 21 de diciembre del 2015, por la reforma de telecomunicaciones, como consecuencia, las televisiones analógicas dejarán de utilizarse, convirtiéndose de esta forma en residuos electrónicos.

El único requisito que se necesita para ser acreedor a una televisión digital gratuita, es estar inscrito en el padrón nacional de beneficiarios de los diversos programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social.

Los equipos analógicos que se dejarán de utilizar, tienen dentro de sus componentes materiales como; plomo, mercurio, cadmio y entre otros, en caso de no llevar a cabo el cuidado y manejo adecuado de estas televisiones, los materiales podrían contaminar el medio ambiente y afectar la salud de las personas.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentaron el acuerdo del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital, firmado el 12 de mayo del presente año, publicado el 24 de junio. En el Programa se informa que se iniciará con dos pruebas piloto de apoyo a la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital. La primera se llevaría a cabo a partir del 1 de julio del 2015, alineada al cronograma de entrega de televisores digitales, en Chimalhuacán, Teoloyucan y Toluca, en el Estado de México, y en la Delegación de Xochimilco, en el Distrito Federal. La segunda prueba piloto, se realizaría a partir del 14 de julio del 2015, en Cd. Juárez, Chihuahua, fecha en la cual tendría lugar el apagón de las señales analógicas de televisión. Es de suma importancia el correcto manejo de desensamble y reciclaje de los televisores analógicos que sean recibidos en los centros de acopio, con la principal finalidad de evitar impactos negativos al medio ambiente; ya que ciertos materiales de las televisiones analógicas contienen químicos que pueden dañar el medio ambiente, siempre y cuando no sean confinados y recolectados propiamente. Según datos del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital para el 31 de diciembre del 2015 se desecharán 40 millones de televisiones analógicas, siendo el impacto ambiental de estos desechos amplio causando como mínimo derrames de desechos tóxicos.

Es importante asegurar el manejo y destino final de la chatarra electrónica que se generará en el proceso de transición, así como que el estado tome acciones necesarias para lograrlo, ya que es una obligación de las entidades federativas y de los municipios, según el plan de la Transición de la Televisión Digital Terrestre. Es decir, los municipios y el estado tienen el compromiso de informar e incentivar a la población a entregar sus televisores analógicos en los centros de acopio, con el principal objetivo de que se desechen adecuadamente.

Un punto importante es que de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la población beneficiada por dicho programa deberá entregar su televisor analógico el mismo día que recoja su equipo digital.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital, prevén la gestión de residuos y ciertos mecanismos de incentivos para fomentar el reciclaje y no dañar el medio ambiente. Ese modelo representa un proceso de los pasos a seguir en la cadena de reciclaje, que es el siguiente

• Traslado a los centros de acopio: son necesarias las campañas de difusión por parte de los municipios para comunicar el correcto manejo de los televisores analógicos a desechar.

• Centro de acopio: los centros encargados de recibir, empacar y acomodar televisores analógicos.

• Almacenes temporales: reciben los televisores ya empacados, y hacen entrega de estos a las plantas recicladoras.

El marco jurídico para la regulación de los residuos está establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Por lo expuesto, propongo lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en coordinación con las Entidades Federativas y los Municipios, vigile y coordine el cumplimiento del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital, en conformidad con las leyes y normas oficiales aplicables en materia de residuos de manejo especial y residuos peligrosos, así como aplicar programas de reciclaje y reúso de componentes de los residuos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputada Ximena Tamariz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la grave crisis de los derechos humanos en el país, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con relación a la grave crisis de los derechos humanos en nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De acuerdo al Informe de Actividades, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos1 , se reconoce lo siguiente:

La situación de los derechos humanos en México atraviesa un periodo de crisis que se presenta como el entorno más difícil en los 24 años que tiene de existencia este organismo constitucional autónomo. Los recientes casos, que han lastimado sensiblemente el tejido social, se encuentran relacionados con graves violaciones a los derechos fundamentales, entre ellos: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Todo ello ha resurgido en medio de una espiral de violencia generada por graves agresiones a la sociedad, perpetradas por grupos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado.

Aunado a lo anterior, la corrupción y la impunidad imperante han restado credibilidad a los responsables de ejercer el poder público, y ante ello nuestra sociedad exige acciones inmediatas y efectivas que den cauce y respuesta a sus reclamos de justicia, legalidad y respeto pleno a la dignidad humana, a la exigencia básica de vivir con seguridad y tranquilidad, contando con instituciones democráticas que atiendan sus demandas.

Por otra parte, permanecen profundos problemas que agravian a la población, que a pesar de los avances legislativos y los esfuerzos de las instituciones, así como de la participación de la sociedad civil organizada, continúan siendo una asignatura pendiente para los diversos grupos de la población en situación de vulnerabilidad. El contexto actual reproduce de manera creciente los casos de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, encontrándose entre los agraviados niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, migrantes, periodistas y defensores civiles de los derechos humanos.

La esperanza de una convivencia pacífica, armónica y apegada a la ley sólo se podrá concretar si se ubica, en el centro de toda la administración pública, la defensa y protección de los Derechos Humanos y la atención integral a las víctimas. Es un requisito indispensable para todo acto de gobierno y son premisas que la sociedad debe asumir y defender”.

Segunda. Cabe resaltar sobre el tema que trata este Punto de Acuerdo, “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realizó una visita in loco a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. La CIDH observó en terreno la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.

La delegación estuvo conformada por la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; el primer vicepresidente, James Cavallaro; el comisionado Felipe González y las comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz. Asimismo, integraron la delegación el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria; la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; y otros miembros de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

La Comisión Interamericana se entrevistó con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, y se reunió con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. La delegación visitó la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz”.2

Tercera. En virtud de la visita, “la Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros. La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos. La violencia y el amedrentamiento busca acallar las voces que más necesita México; tal como lo indicó una alta autoridad en reunión con la CIDH: A los mexicanos nos hacen falta verdades sobre nuestra propia historia y sobre nuestras propias tragedias”.3

Cuarta. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su documento Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México4 , anexo al Comunicado de Prensa, del 2 de octubre de 2015, se precisa lo siguiente:

“La Comisión valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a esta situación. En particular reconoce las importantes reformas en materia de derechos humanos que se han introducido en México a partir del 2011. La CIDH reconoce la modificación de diversos artículos de la Constitución que establecen que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo destaca la decisión de la Suprema Corte de Justicia que restringe la jurisdicción militar en los casos en que los elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos contra civiles, así como la facultad de realizar el control de convencionalidad por parte de todos los tribunales del país.

Asimismo se reconoce la publicación de la nueva Ley de Amparo en abril de 2013. La CIDH saluda el Plan Nacional de Derechos Humanos (2013-2018). En enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, que si bien es un paso positivo, se ha recibido información respecto a la necesidad de una revisión integral del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para cumplir eficazmente con su mandato.

Por otra parte, la comisión reconoce la aprobación en 2012 del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, resalta su importancia e invita al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento y enfrentar los diversos desafíos.

La CIDH saluda el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 (PNDH), el cual entró en vigor el 30 de abril de 2014, y contiene como objetivo principal lograr la efectiva implementación de la reforma constitucional de derechos humanos. La Comisión invita a que todas las entidades federativas cuenten con un programa estatal de derechos humanos. Asimismo, la CIDH saluda la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en 2014.

La CIDH también recibe con agrado la adopción del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (2014-2018), en particular los avances logrados para reducir la violencia en los municipios donde se ha implementado. El Estado reportó que en los municipios de más de 100 mil habitantes donde se ha implementado, los índices de violencia se habrían reducido en más de 30 por ciento. Organizaciones de la sociedad civil han manifestado que esta reducción sería menor.

Asimismo, la CIDH reconoce como un avance la firma del Convenio de Colaboración para la Creación de una Comisión Forense para la Identificación de Restos, suscrito en 2013 entre la Procuraduría General de la República (PGR) y organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de colaborar con la PGR en la identificación y determinación de la causa de muerte de restos localizados en fosas clandestinas en los Estados de Tamaulipas y Nuevo León. Desde su creación, la Comisión Forense ha logrado identificar los restos de 22 personas migrantes.

La CIDH saluda que en cumplimiento de una recomendación hecha por este organismo, la Procuradora General de la República haya anunciado la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Migrantes dentro de la primera mitad de 2016.

También se reconoce la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo de 2014, el cual entrará en vigor en todo el país a partir de junio de 2016. Al respecto, la CIDH ha recibido información que indica que algunas disposiciones contenidas en dicho Código requieren una revisión a la luz de los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

Asimismo, la implantación del nuevo sistema de justicia penal, que deberá entrar en vigor en todo el país a más tardar para junio de 2016, muestra avances en el territorio nacional. La CIDH resalta la importancia de que el Estado, en sus diferentes niveles, cumpla oportunamente con la implementación total de dicho sistema.

En materia de desaparición y tortura, la CIDH reconoce la Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas desde el 2012 y el consecuente Registro Nacional de Datos relativo a personas desaparecidas, como un paso inicial en la integración de información de personas desaparecidas. Sin embargo, se ha recibido información que dicho registro debe ser fortalecido para producir información fiable, cualidad que actualmente no tiene, así como hacerlo más funcional, e incluir información desagregada por tipo de desaparición. En este sentido, la CIDH recibe con agrado información que indica que los grupos de búsqueda inmediata de algunos estados han demostrado capacidad y han localizado con vida personas reportadas como desaparecidas.

La CIDH destaca asimismo la reforma constitucional que derivó en las iniciativas de ley sobre Desaparición Forzada y Tortura en el ámbito federal. La Comisión espera que las mismas se adecúen a los estándares internacionales sobre la materia y que para efectos de su contenido se incluyan los aportes de la sociedad civil y de las víctimas. Asimismo se reconoce la suscripción del Convenio entre la PGR y el Comité Internacional de la Cruz Roja para el uso de la licencia del software de la base de datos Ante Mortem-Post Mortem. La CIDH valora asimismo la iniciativa del Estado de dedicar más atención a las peticiones, casos y medidas cautelares del Sistema Interamericano, así como el involucramiento de las entidades federativas en este programa. La CIDH saluda asimismo la aprobación de los Protocolos de Investigación en Materia de Desaparición Forzada y de Tortura en agosto de 2015.

Sin perjuicio de los avances señalados en materia de protocolos, códigos y leyes, la respuesta estatal enfrenta insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación”.

Quinta. Con base en los artículos con fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o., 6o., fracciones VII y VIII; y 15, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 174 de su Reglamento Interno, y cuando la naturaleza del caso lo requiera por su importancia o gravedad, el Ombudsman puede presentar a la opinión pública y a las autoridades, Informes especiales con los siguientes elementos: a) Presentación; b) Antecedentes; c) Acciones; d) Hechos; e) Observaciones, en las cuales se incluyan los logros obtenidos, la situación de particular gravedad que se presenta, las dificultades que para el desarrollo de las funciones de la Comisión Nacional hayan surgido, así como el resultado de las investigaciones sobre situaciones de carácter general o sobre alguna cuestión que revista especial trascendencia, y f) Conclusiones.

Ahora bien, de acuerdo con la página electrónica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos5 , los Informes Especiales presentados por la CNDH desde 2001, son los siguientes:

2015: Informe especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para adolescentes que infringen las leyes penales que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana.

2015: Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana.

2013: Sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las Mujeres Internas en Centros de Reclusión de la República Mexicana.

2013: Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el Estado de Guerrero:

2013: Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y Estados de la República Mexicana.:

2013: Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las irregularidades cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República, en el caso de la señora Cassez:

2011: Informe Preliminar sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos en relación a los hechos del 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

2011: Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México.

2011: Informe Especial sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la zona carbonífera del Estado de Coahuila. Noviembre 2011.

2011: Informe Especial sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos en México.

2010: Informe Especial de la CNDH sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia.

2009: Informe Especial sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes.

2009: Informe Especial de la CNDH sobre el grupo juvenil conocido como Emo.

2008: Segundo Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

2008: Segundo Informe Especial de la CNDH sobre el Ejercicio efectivo del derecho fundamental a la seguridad en nuestro país.

2008: Segundo Informe de Evaluación Integral de las Acciones Realizadas por los Tres Ámbitos del gobierno en Relación con los Feminicidios en el municipio de Juárez, Chihuahua.

2008: Informe Especial de la CNDH sobre las Pandillas Delictivas Trasnacionales conocidas como “Maras”.

2008: Informe Especial de la CNDH sobre el Caso de Discriminación a la Profesora Eufrosina Cruz Mendoza.

2007: Informe Preliminar sobre los Hechos Ocurridos en la Ciudad de Oaxaca a partir del 2 de junio de 2006.

2007: Informe Especial sobre los Hechos Sucedidos en la Ciudad de Oaxaca del 2 de junio de 2006 al 31 de enero de 2007.

2007: Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres (6 de diciembre de 2007).

2006: Informe Preliminar de las Acciones Realizadas en el Caso de los Hechos de Violencia Suscitados en los Municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México.

2006: Informe Especial de la CNDH sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública en nuestro país.

2006: Informe Especial de la CNDH sobre el Cumplimiento en el Ámbito Federal, así como en las Entidades Federativas y el Distrito Federal, a las Obligaciones Establecidas en la Reforma al Artículo 18 Constitucional en Materia de Justicia para Adolescentes

2005: Informe Especial de la CNDH sobre la Situación de los Derechos Humanos en las Estaciones Migratorias y Lugares Habilitados del Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana.

2005: Evaluación Integral de las Acciones Realizadas por los Tres Ámbitos de Gobierno en Relación con los feminicidios en el municipio de Juárez, Chihuahua.

2004: Informe Especial de la CNDH sobre la Situación de los derechos Humanos en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, dependientes de Gobiernos Locales y Municipales

2004: Informe Especial de la CNDH sobre el Programa de Reforzamiento de las Medidas de Seguridad Establecidas a Partir de Diciembre de 2003 en los Diferentes Aeropuertos Internacionales en la República Mexicana.

2004: Informe Especial de la CNDH relativo a los Hechos de Violencia Suscitados en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo de 2004, con motivo de la Celebración de la III Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea.

2003: Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Internos en los Centros de Menores de la República Mexicana.

2003: Informe Especial de la CNDH sobre los Casos de Homicidios y Desapariciones de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua.

2003: Caso de la región Loxicha.

2002: Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Centros de Readaptación Social y Reclusorios Preventivos Varoniles y Femeniles del Distrito Federal.

2002: Informe Especial Caso Agua Fría.

2001: Informe Especial sobre las Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y principios de los 80.

2001: Informe de la Investigación sobre Presuntos Desaparecidos en el Estado de Guerrero durante 1971 a 1974.

Sin embargo, y frente al contexto actual y el estado de los derechos humanos, particularmente por los casos de tortura y las ejecuciones extrajudiciales, es conveniente el diagnóstico, así como la construcción y presentación a la opinión pública de un informe especial sobre la materia.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión –a causa de la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares, constatada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– solicita respetuosamente al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor Luis Raúl González Pérez, para que con fundamento en los artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o., 6o., fracciones VII y VIII; y 15, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 174 de su Reglamento Interno, realice un diagnóstico; construya y presente a la opinión pública un informe especial relativo a la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe de Actividades, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, página 7, ver: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/anuales/2014.pdf, 12 de octubre de 2015.

2 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, “CIDH culmina visita in loco a México”, 2 de octubre de 2015, ver: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112.asp, 12 de octubre de 2015.

3 Ibídem.

4 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México, Anexo al Comunicado de Prensa, 2 de octubre de 2015, ver: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp, 12 de octubre de 2015.

5 Comisión Nacional de Derechos Humanos, ver: http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales, 15 de octubre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Alberto Martínez Urincho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para reconocer las labores institucionales preventivas del gobierno federal por el arribo del huracán Patricia, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan la siguiente proposición al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En días pasados, el huracán Patricia puso a prueba la capacidad del Estado mexicano para adoptar con rapidez medidas preventivas de protección civil y garantizar la integridad de miles de ciudadanos. Hoy, se puede afirmar que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, llevó a cabo una intervención oportuna, coordinada y apolítica que contribuyó a obtener un saldo blanco sin pérdida de vidas humanas.

Está confirmado que este huracán fue el más poderoso de la historia. El Sistema Meteorológico Nacional reportó que el día de su llegada contó con vientos superiores a 350 kilómetros por hora, una velocidad sin precedente que lo colocó en la categoría cinco plus de la escala Saffir-Simpson; es decir, el más alto grado de peligrosidad. La aproximación del huracán a las costas occidentales del país ocasionó que en sólo 48 horas éstas recibieran 40 por ciento del total de lluvia de un año, lo cual interfirió las actividades náuticas, turísticas y comerciales en cuatro entidades federativas y generalizó la tensión entre la población.

A cuatro días de la entrada del huracán Patricia, México puede decir al mundo que la política de protección civil fue efectiva. Las alertas se emitieron y los protocolos de protección se difundieron adecuadamente entre la ciudadanía. Se habilitaron mil 782 refugios en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, con capacidad para albergar de manera preventiva a 258 mil personas. En ellos, se recibieron a unas 50 mil personas provenientes de las zonas costeras y a más de 8 mil familias que habitan los alrededores del volcán de Colima.

Hay que decirlo claramente: fue notable la eficiencia, rapidez y coordinación entre los tres niveles de gobierno al evacuar las zonas de riesgo amenazadas por vientos, deslaves y posibles desbordes de ríos. Con estas acciones México se reafirma como un referente internacional en políticas de reducción de riesgo y prevención de desastres, tal como lo expresó recientemente Margareta Wahlstrom, la representante del secretario general de la Organización de Naciones Unidas en esta materia.

Por supuesto, el mérito no sólo corresponde a los actores gubernamentales, sino también a la población, que cada vez está más consciente de los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos. En el país, poco a poco se desarrolla una cultura general de prevención y una ética solidaria ante los desastres naturales. Los avances están a la vista. Los ciudadanos ubicados en las zonas vulnerables por el paso del huracán colaboraron con las autoridades y brindaron un ejemplo de prudencia y civilidad al resto de los mexicanos.

También hay que destacar el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales contribuyeron a sensibilizar a la población sobre el grado de peligrosidad de los vientos, los riesgos de sanidad derivados de inundaciones y la necesidad de estar listos para apoyar a posibles damnificados e iniciar la recuperación de infraestructura.

Finalmente, los mensajes internacionales de aliento que el país recibió a través de medios de comunicación y las redes sociales reforzaron una conducta unida y fraterna entre los mexicanos.

No se debe subestimar este gran resultado para México; la costa del Pacífico ha conocido en el pasado el poder destructivo de otros huracanes, basta recordar al huracán México, que en 1959 dejó más de mil muertos en su paso por la costa colimense, o al huracán Paulina, que en 1997 cobró la vida de cientos de personas en Guerrero y Oaxaca. Hoy, el Estado mexicano actuó responsablemente. Las acciones preventivas bien coordinadas lograron evitar situaciones dolorosas de pérdidas humanas. Con ello avanzamos como sociedad y país.

Por supuesto, hacemos un amable exhorto a los tres niveles de gobierno, para que continúen trabajando de manera conjunta, a fin de superar los estragos que el huracán Patricia dejó en materia de infraestructura; así como las acciones necesarias para continuar evaluando el impacto real en la producción y el empleo en las zonas agrícolas devastadas y así adaptar medidas extraordinarias en apoyo a los connacionales afectados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados reconoce las labores institucionales de carácter preventivo realizadas por el gobierno federal, en coordinación con autoridades estatales y locales, con motivo del huracán Patricia, mismas que contribuyeron a salvaguardar la vida de miles de mexicanos residentes de las zonas costeras del océano Pacífico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Veracruz a no aprobar la nueva deuda solicitada por el gobernador en tanto la ASF no concluya los procedimientos derivados de las auditorías realizadas durante los cinco años de su administración, suscrita por los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputado Cuitláhuac García Jiménez, y diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 , entregado a la Cámara de Diputados por el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, evidenció el desorden financiero en que tiene sumida a su entidad el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El estado bajo su mandato, resultó ser una de las entidades federativas con el “desempeño más desfavorable’’ durante el ejercicio fiscal de 2013, de acuerdo con el índice de desempeño de la gestión del gasto federalizado1 .

Una vez difundido el informe, las críticas y cuestionamientos de todos los sectores de la sociedad sobre el quebranto financiero del estado han sido múltiples. Sin embargo, Duarte de Ochoa no ha podido dar explicaciones creíbles, generando una desconfianza bien ganada en su administración. En este contexto y bajo la presión de la sociedad se vio en la necesidad de que la Secretaría de Finanzas y Planeación, en rueda de prensa, ofreciera un informe sobre el estado que guarda la deuda pública estatal.

La información difundida por la prensa nacional, las opiniones de los expertos, los grupos sociales organizados, los empresarios y los mismos ciudadanos ha ocasionado una preocupación por la deuda que hasta ahora se desconoce con certeza, puesto que las únicas fuentes de información oficial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el mismo portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado, tiene registrado sólo dos conceptos de endeudamientos: el primero con los bancos y otro está clasificado como “otros instrumentos de deuda”. En este marco se desconoce el monto total al que asciende la deuda estatal, puesto que no se tienen registrados, ni monitoreados créditos, préstamos, ni parte de la reestructuración de los pasivos del estado que es lo que ingresa a través de los fondos públicos que remite la federación.

Esta incertidumbre ha provocado que diversas fuentes periodísticas y representantes de grupos políticos afirmen que la deuda reportada ante la SHCP sólo es una mentira, pues afirman que el quebranto financiero del estado se eleva a más de 100 mil millones de pesos. Ante estos hechos, Duarte de Ochoa no ha podido responder convincentemente y ahora solicita al Congreso un nuevo endeudamiento.

En efecto, el pasado 20 de octubre del año en curso, envió al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave una iniciativa con proyecto de decreto por el que solicita que, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se pueda llevar a cabo la reestructuración de la deuda pública con la finalidad de apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer la Hacienda Pública Estatal.

En la exposición de motivos de dicha iniciativa, se hace referencia al decreto número 289, publicado con fecha de 5 de agosto de 20112 . Estableciendo lo siguiente:

“La Sexagésima segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo.

Autoriza al Ejecutivo del estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la contratación de financiamientos para la reestructuración de deuda pública vigente y de las obligaciones pendientes de pago con terceros, así como la afectación de participaciones federales del estado, como fuente de pago o garantía de los financiamientos a contratar.

Artículo Primero . En adición a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio de 2011, a fin de contribuir al fortalecimiento institucional de la Hacienda Pública del Estado, se autoriza al Ejecutivo del estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la contratación de endeudamiento, a ser destinado, en términos de los artículos 312 y 316 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a las inversiones públicas productivas consistentes en:

I. La reestructuración de deuda pública vigente a cargo del estado, por un monto de hasta $12,600’000,000.00 (Doce mil seiscientos millones de pesos 00/100 MN), la cual se detalla en el artículo tercero siguiente;

II. La contratación de endeudamiento para hacer frente a las obligaciones con terceros pendientes de pago, derivadas de la ejecución de obras, contratación de servicios y adquisición de bienes, hasta por un monto de $17,400’000,000.00 (Diecisiete mil cuatrocientos millones de pesos 00/100 MN).

Artículo Segundo. Los montos de endeudamiento autorizados en términos del artículo anterior podrán contratarse mediante la celebración de uno o varios créditos con instituciones de crédito de nacionalidad mexicana, y/o mediante la emisión de instrumentos bursátiles y su colocación entre el gran público inversionista a través del mercado de valores nacional, directamente por el estado o a través de uno o varios fideicomisos bursátiles, por un plazo de hasta 30 años.

En cualquier caso, las obligaciones correspondientes serán constitutivas de deuda pública , deberán contratarse con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, ser pagaderas en moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos, dentro del territorio nacional y prever expresamente la prohibición de su cesión a extranjeros.

Artículo Tercero. Los financiamientos que se contraten en términos de la fracción I del artículo primero anterior se destinarán al refinanciamiento de los siguientes créditos bancarios:

I. El contrato de apertura de crédito simple celebrado con Banco Interacciones SA. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones el 25 de noviembre de 2010, hasta por la cantidad de $3,000’000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 MN);

II. El contrato de apertura de crédito simple celebrado con Banco Inbursa, SA. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa el 26 de noviembre de 2010, hasta por la cantidad de $4,100’000,000.00 (Cuatro mil cien millones de pesos 00/100 MN);

III. El contrato de apertura de crédito simple celebrado con el Banco del Bajío, SA. Institución de Banca Múltiple el 13 de diciembre de 2010, hasta por la cantidad de $1,500’000,000.00 (Un mil quinientos millones de pesos 00/100 MN);

IV. El contrato de apertura de crédito simple celebrado con Banca Afirme, SA. Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero el 13 de diciembre de 2010, hasta por la cantidad de $1,100’000,000.00 (Un mil cien millones de pesos 00/100 MN);

V. El contrato de apertura de crédito simple celebrado con Banca Mifel, SA. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel el 15 de diciembre de 2010, hasta por la cantidad de $1,000’000,000.00 (Un mil millones de pesos 00/100 MN);

VI. El contrato de apertura de crédito simple celebrado con Banco Inbursa, SA. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa el 17 de diciembre de 2010, hasta por la cantidad de $1,400’000,000.00 (Un mil cuatrocientos millones de pesos 00/100 MN);

VII. El contrato de apertura de crédito simple celebrado con Banca Mifel, SA. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel el 17 de diciembre de 2010, hasta por la cantidad de $500’000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 MN)”...

Esto significa que en 2011, el Congreso del Estado le autorizó 30 mil millones de pesos para la restructuración de la deuda pública a través de la contratación de más endeudamiento. Sin embargo, Morena se dio a la tarea de verificar la información publicada desde hace varios de meses. En nuestras indagatorias recurrimos a fuentes oficiales, el portal de la SHCP3 y el portal de gobierno del estado4 . En la búsqueda encontramos que la base de datos que la SHCP se ha alimentado desde 2005 con los informes trimestrales de la deuda de las entidades y municipios proporcionados por las secretarías de finanzas. Ahí se encuentra el último informe que presenta gobierno del estado de Veracruz referente al periodo enero-junio del presente año5 . En las fuentes oficiales pudimos constatar que los montos considerados para la reestructuración de la deuda que se describe en los contratos I, II, IV, V, VI y VII, enlistados para la reestructuración autorizada por el Congreso del Estado en 2011, no corresponden a la base de datos que tiene publicada la SHCP en su página web , ni tampoco pudimos constarlos en el último informe presentado por el estado. Todos son inexistentes, con excepción del contrato celebrado con el Banco del Bajío en 2010. Los contratos por los que se autorizó la reestructuración de la deuda enlistados en el decreto, no coinciden con la información publicada por la dependencia, ni por la entidad.

En este sentido, en la iniciativa que presentó Duarte el 22 de octubre de 2015 al Congreso local argumenta que como resultados de la reestructuración y de la disciplina financiera llevada a cabo en 2011, que fue adoptada por administración del estado, se logró una mejora en el riesgo crediticio que las agencias calificadores asignaron a la entidad. Lo anterior se desmiente con la nueva solicitud de empréstito formulada el 20 de octubre pasado.

La exposición de motivos de la iniciativa presentada por el gobernador, reconoce que durante 2014 y el presente ejercicio fiscal la entidad ha resentido los efectos desfavorables del comportamiento económico nacional que ha llevado a un entorno extremadamente complejo y altamente incierto, debido a la caída del precio del petróleo y la volatilidad de los mercados financieros internacionales.

La situación por la que está pasando nuestro país en compleja, y se deriva de las políticas equivocadas del actual gobierno. Sin embargo, no podemos aceptar que el caos financiero que se vive en Veracruz es resultado del contexto internacional, sino de la irresponsabilidad y el despilfarro de su gobierno.

Duarte de Ochoa tiene que asumir su responsabilidad, informar a ciudadanía y a las autoridades del ramo la verdadera deuda pública, así como reconocer la crisis por la que atraviesa el estado. No puede omitir que si bien su antecesor, Fidel Herrera, dejó una deuda pública de más de 11 mil millones de pesos, sólo en los 5 años que van de su administración, la deuda reportada ante la SHCP es de más de 44 mil 470 millones de pesos, es decir, durante su administración ha logrado aumentar exponencialmente al 300 por ciento la deuda pública del estado.

La iniciativa presentada la semana pasada en el Congreso del estado, afirma que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera, precisan disposiciones que deben seguir las entidades federativas en la contratación de financiamiento.

En este sentido y conforme a lo dispuesto en los artículos 49, fracción XXII, 72 y 73 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, el gobierno del estado puede recurrir al endeudamiento directo como fuente de recursos, con autorización del Congreso del estado; y dicho endeudamiento sólo podrá utilizarse para inversiones publico privadas en los términos que dispongan la Constitución y las leyes respectivas.

Con esta iniciativa pretende la celebración de una operación de refinanciamiento por un monto de 5 mil millones de pesos, para el pago de la deuda pública vigente, la cual tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos de hasta 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento en la Entidades Federativas (Fafef). La segunda medida es la contratación de financiamiento por mil 700 millones de pesos, a fin de que dichos recursos sean destinados a obras, acciones sociales básicas, el cual tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos de hasta 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que corresponde al Estado (FAIS/FISE). La propuesta resalta la fortaleza que tienen los financiamientos respaldados por el Fafef y el FAIS/FISE, ello en que en virtud de que dichos fondos se encuentran claramente determinados en la Ley de Coordinación Fiscal y previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que conforme a dicha ley se establece un límite prudencial de 25 por ciento a los recursos de los citados fondos que son susceptibles de ser afectados como fuente de pago de financiamientos, lo que sin duda incrementa la certeza del pago de dichas obligaciones.

La tercera medida es la contratación de un financiamiento por 15 mil millones de pesos, el cual será destinado a la deuda pública y tendrá como fuente de pago los ingresos provenientes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

La cuarta operación prevista consiste en que el Congreso autorice que los montos de amortizaciones que se realicen en virtud de la aplicación de los recursos obtenidos del crédito que se contrate con fuente de pago en el Fafef, se pueda reflejar en un monto equivalente de financiamiento a ser destinado a inversión pública productiva y cuya fuente de pago sea el derecho y los ingresos a las participaciones que en ingresos federales corresponden al estado del Fondo General de Participaciones.

La iniciativa considera que el plazo máximo de los créditos será de hasta 25 años. Las afectaciones de las aportaciones federales podrán instrumentarse mediante la constitución de uno o varios fideicomisos irrevocables de administración y medio de pago. El o los fideicomisos que se constituyan en términos de la iniciativa no serán considerados fideicomisos públicos paraestatales y no formaran parte de la administración pública federal.

La iniciativa de Duarte busca comprometer los fondos federales para pagar el quebranto financiero del estado. Asimismo, intenta que los recursos obtenidos de los financiamientos sean depositados en fideicomisos que no formen parte de la administración pública federal, violando, según nuestra interpretación, las leyes referentes a los fideicomisos públicos.

El Grupo Parlamentario de Morena reprueba rotundamente la iniciativa que ha presentado Javier Duarte, por considerar que hasta la fecha su antecesor Fidel Herrera, él y miembros de su gabinete son los principales responsables del quebranto financiero del estado. Por lo que es necesario que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en uso de sus facultades, inicie o continué los procedimientos legales para exigir al gobierno de Veracruz, solvente la totalidad de las observaciones de las auditorías realizadas durante su administración y, en su caso, sancione y castigue a los responsables del endeudamiento estatal. No se puede aprobar un nuevo endeudamiento sin que concluyan las solventaciones exigidas por la Auditoría Superior de la Federación y sin que se concluyan los procedimientos iniciados a partir de las auditorías realizadas al gobierno de Veracruz, en el ejercicio de los recursos federales.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Veracruz, con pleno respeto a su soberanía, a que no apruebe la nueva deuda de 21 mil 700 millones de pesos solicitada por Javier Duarte de Ochoa, gobernador de la entidad, en tanto la Auditoría Superior de la Federación no concluya los procedimientos derivados de las auditorías realizadas durante los cinco años de su mandato, y se termine con la opacidad y el desorden financiero que ha caracterizado a su administración.

Notas

1. Informe General de la Cuenta Pública 2013, http://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Informe_General_ CP_2013.pdf

2. Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado NÚM. EXT.242 de fecha 05 de agosto de 2011, http://web.segobver.gob.mx/juridico/decretos/decretoslegis/Vigente102.p df

3. Base de datos emitida por la SHCP, http://www.shcp.gob.mx/estados/deuda_publica_efm/paginas/registro.aspx

4. Portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/

5. Informa del gasto público Enero – Junio 2015, http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/fraccion-xvii/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputados: Cuitláhuac García Jiménez, Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para condenar los actos del presidente de la Mesa Directiva de la LIII Legislatura de Morelos respecto al procedimiento para seleccionar a las edecanes del Congreso local, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia S. Corichi García, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La violencia hacia la mujer, es en la actualidad un problema de grandes dimensiones, originado por múltiples causas y con consecuencias multivariadas que depende de la dimensión o tipo de agresión de la que es víctima una mujer.

La Ley General de la Mujeres para una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 5 fracción IV, que la violencia se define como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

El artículo 6 del ordenamiento antes referido señala, en la fracción V, que “la violencia sexual, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto...”

II. Por su parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos señala en el Capítulo III, artículo 14, que “la violencia en el ámbito institucional comprende las acciones, prácticas u omisiones de las y los servidores públicos del Estado y Municipios que dilaten, obstaculicen o impidan que las mujeres accedan a los medios o mecanismos para el goce y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales o políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres o aquellas necesarias para su desarrollo, de conformidad a lo dispuesto en la CEDAW”

A su vez el artículo 15 de dicho ordenamiento local señala que “los servidores públicos que presten sus servicios para el Estado y los municipios, deberán abstenerse de cualquier práctica discriminatoria o tolerancia de la violencia contra las mujeres, en el ejercicio de su cargo o comisión pudiendo incurrir en los supuestos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, independientemente de los procedimientos de queja o reclamación que se les pudiera instaurar con motivo de dicha discriminación, por la autoridad competente”.

III. Al cierre del tercer trimestre de 2015, datos del Banavim, señalan que en México existen un total de 116 mil 619 casos registrados de violencia contra las mujeres, teniendo lugar 1205 de estos en el Estado de Morelos, de los cuales cerca del 86 por ciento corresponden a violencia física, psicológica o sexual. Del total de estos casos sólo 435 expedientes se ha procesado por denuncia de delitos en contra de las mujeres. En la zona de Cuernavaca la violencia física, el acoso laboral y el hostigamiento son los delitos más denunciados según cifras del Banavim en los últimos meses.

IV. El pasado 13 de octubre la revista Proceso en su edición semanal, hizo público un reportaje en el que se señaló que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el priista Francisco Moreno Merino, organizó una pasarela de 16 mujeres de entre 20 y 25 años para elegir a tres que se convertirán en edecanes del Poder Legislativo local.

En dicho texto se destaca que a pesar de la supuesta crisis financiera –que obligó al despido de al menos 260 trabajadores de diversas áreas del Congreso local y de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización–, el diputado “descongeló” tres plazas laborales de la Coordinación de Protocolo, a su cargo, para iniciar entrevistas y pasarelas con jóvenes con apariencia de modelo, a quienes pagaría alrededor de ocho mil pesos al mes. Subraya también el texto, que el secretario particular del legislador, José Luis Borbolla, confirmó que las entrevistas con las jóvenes fueron para la contratación de tres nuevas edecanes, detallando que no existía un perfil profesional para el puesto dado que sería baja la remuneración que recibirían.

V. Francisco Moreno Merino fue diputado federal en la LXI Legislatura y fue propuesto para candidato a senador de la república en ese año, sin embargo fue supuesto por muchos medios de comunicación, que perdió la candidatura debido una misógina y lamentable frase que lanzó durante la comparecencia del entonces director del ISSSTE, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, en la que subrayaba que “no había mujer bonita que no llegue a ser meretriz” lo que le generó un rechazo generalizado por las mujeres legisladoras presentes en el recinto.

Fue registrado por el PRI de Morelos en la primera posición de la lista de candidatos a diputados plurinominales en las elecciones de 2015, sin embargo, su puesto fue sustituido para cumplir con el principio de paridad de género ante las autoridades electorales locales. A pesar de ello el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le devolvió la posibilidad de acceder a una curul dentro de la LIII Legislatura en la que fue nombrado presidente de la Mesa Directiva.

Moreno Merino declaró públicamente que una de las primeras medidas que tomaría sería la liquidación de la plantilla de edecanes del Poder Legislativo, ya que a su consideración muchas de ellas tenían más de 10 años de trabajar en el Congreso, sin especificar si ese era motivo suficiente.

Ante un acto de clara violencia contra las mujeres, discriminación y abuso de poder por parte del diputado Merino, es necesario que esta soberanía condene actos que reflejan una lamentable visión de la mujer como un objeto, que no sólo vulnera sus derechos, sino que representa una agresión por parte del Poder Legislativo del estado de Morelos a toda la sociedad mexicana, y principalmente a las mujeres. Esa imagen debe condenarse y promover que jamás vuelva a repetirse ni en espacios público o privados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados condena los actos del presidente de la Mesa Directiva de la LIII Legislatura del Congreso del estado de Morelos, Francisco A. Moreno Merino, del partido Revolucionario Institucional, por los que realizó una pasarela de mujeres como procedimiento de selección para desempeñarse como edecanes del Poder Legislativo Local.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades correspondientes del Congreso del Estado de Morelos en su LIII Legislatura a tomar las medidas pertinentes para sancionar la conducta del Presidente de la Mesa Directiva Francisco A. Moreno Merino del partido Revolucionario Institucional, y para restablecer el daño a las mujeres afectadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2015.

Diputada Claudia S. Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a reforzar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno sobre los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Apartado B del artículo 2o. constitucional mandata a la Federación, los estados y los municipios a establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y su desarrollo integral.

El Gobierno de la República diseña y promueve la política pública para la atención de la población indígena y la vigencia de sus derechos, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

La CDI fue creada en 2003 como instancia de consulta obligada en materia indígena para el conjunto de la Administración Pública Federal, así como de evaluación de los programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos federales, estatales y municipales para mejorar la atención a la población indígena.

La CDI utiliza los programas y su presupuesto para construir una acción articulada para contribuir tanto al desarrollo integral, como a hacer efectiva la promoción y vigencia de los derechos indígenas.

Conforme al Censo de Población y Vivienda 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima una población de 15.7 millones de indígenas en México.

Según la última medición de pobreza multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2014 había en el país 55.3 millones de pobres, de los cuales 8.7 millones (15.7 por ciento) era población indígena. Respecto a 2012, la población indígena pobre era de 8.2 millones, por lo que medio millón de indígenas más son ahora pobres en 2014.

La condición de pobreza en la que se encuentra la mayor parte de la población indígena reproduce condiciones de atraso y limita alternativas de desarrollo.

La población indígena se caracteriza por su gran dispersión territorial. De las poco más de 192 mil localidades del país, en 34 mil 263, 40 por ciento y más de sus habitantes es población indígena y, de ese total, casi 22 mil localidades tienen menos de 100 habitantes.

Las áreas de mayor concentración de población indígena tienen lugar en las regiones de difícil acceso y en zonas desérticas, montañosas o selva. Se identifican regiones indígenas como La Tarahumara, Huicot o Gran Nayar, la Maya, la Huasteca, La Montaña de Guerrero, la Lacandona, así como la Mixteca y Valles Centrales como las más notorias.

La complejidad del tema indígena, así como la problemática de pobreza, discriminación y exclusión social que enfrentan las comunidades indígenas obliga a que tanto las instituciones del Estado mexicano, esto es, las dependencias y entidades del Ejecutivo federal, ejecutivos estatales y gobierno del Distrito Federal, así como los gobiernos municipales y los congresos locales y cabildos municipales, e incluso los poderes Legislativo y Judicial, actúen coordinadamente para resolver las condiciones de exclusión de la población indígena.

La visión que el gobierno federal tiene es que los pueblos y comunidades indígenas vivan en condiciones sociales y económicas dignas, dentro de un marco de igualdad e interculturalidad.

Este objetivo es más relevante cuando se refiere a la población indígena, de ahí que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) tiene la responsabilidad de orientar eficazmente, las políticas, los programas y proyectos, del gobierno hacia la promoción del desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a reforzar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la Constitución, las leyes mexicanas y los tratados internacionales.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobernador de Nuevo León a vigilar por las instancias competentes el cumplimiento de la normativa sobre las áreas naturales protegidas federales y locales, suscrita por los diputados Ximena Tamariz García y Pedro Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Ximena Tamariz García y Pedro Garza Treviño, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según la Real Academia Española, las canteras, o mejor conocidas como pedreras son las empresas que explotan y procesan piedra desde los cerros, con la finalidad de utilizar esto como materia prima para la elaboración de cemento o algunos otros materiales de construcción. Actualmente en el estado de Nuevo León existen poco más de 60 sitios en donde ocurre esta actividad. Enfocándome especialmente en el distrito al que represento, en el municipio de Santa Catarina, en la sierra de las Mitras que es área natural protegida, existen un total de 6 pedreras, que sin duda son las que más contribuyen contundentemente al problema de contaminación que se tiene en la zona metropolitana de Monterrey.

Los habitantes del municipio de Santa Catarina conviven en su vida diaria junto con las substancias arrojadas al ambiente por estas industrias extractoras. Esto provoca la acumulación de partículas suspendidas en el aire, las cuales resultan dañinas para la salud.

De acuerdo a la Agencia de Protección del Medio Ambiente en Nuevo León, el exceso de polvo en el aire, al ser respirado, provoca que se acumule en las vías respiratorias, trayendo como consecuencia diversas enfermedades, tales como; la rinofaringitis alérgica, conjuntivitis alérgica y ciertas enfermedades de la piel.

Según estadísticas realizadas por la Organización Mundial de la Salud en 2014, Monterrey, es la ciudad que cuenta con la peor calidad de aire, al registrar 36 microgramos de partículas contaminantes; 2.5 por metro cúbico.

Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente en Nuevo León, en el año 2008, las pedreras son una de las principales fuentes de contaminación en el aire, ya que el polvo desechado de las pedreras contribuye con un aproximado de 30% del total de las partículas suspendidas en el ambiente de la ciudad de Monterrey.

La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en conjunto con el Hospital Universitario, realizó un estudio entre los habitantes del municipio de Santa Catarina, particularmente aquellos que colindan con la zona de las pedreras. Gracias a los análisis realizados, se pudo percatar que los vecinos de estas zonas presentan altos índices al promedio de la zona metropolitana de Monterrey en relación a numerosas enfermedades de las vías respiratorias.

Por otra parte, el alto grado de contaminación que genera, causa complicaciones en la salud de los ciudadanos, el caos vial, limitación al crecimiento urbano, deforestación y devastación de nuestras áreas naturales protegidas, como en este caso es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en donde se encuentran estas pedreras. Por ello es necesario dar por terminado este problema en lo antes posible, ya que afecta la vida diaria de los habitantes del municipio de Santa Catarina y San Pedro Garza García.

Además de los problemas a la salud que afectan a los vecinos como consecuencia la explotación de caliza por las pedreras, esta actividad industrial trae diferentes afectaciones a nuestro municipio, como son los siguientes:

1. La zona destinada a la explotación de caliza y sus áreas colindantes, otorgan a la ciudad una imagen urbana completamente deteriorada.

2. Invasión a la sierra de las Mitras, área natural estatal protegida, por la actividad de explotación de las empresas pedreras.

3. El sistema de control en la trasportación del municipio de Santa Catarina, detectó entre 2013 y 2014 más de 700 incumplimientos al respecto en el tema de recubrimiento en vehículos de carga, para de esta forma evitar que material a granel caiga sobre vialidades o disperse en el aire.

4. En época de lluvia, las avenidas colindantes a las empresas pedreras, son afectadas por escurrimiento pluvial, que impide la circulación de vehículos, y en donde no se ha contado con el apoyo de estas empresas.

Por las consideraciones anteriores, propongo lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Ejecutivo estatal de Nuevo León a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a que vigilen el cumplimiento de las leyes, programas, planes de conservación y manejo, así como las normas oficiales federales y estatales en las áreas naturales protegidas federales y del estado de Nuevo León que se han visto afectadas por actividades industriales, mineras u otras, esto con la finalidad de salvaguardar el equilibrio de los ecosistemas naturales y preservar las condiciones adecuadas de vida en los entornos urbanos, rurales y forestales.

Artículo segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a través de las instancias correspondientes a que vigile y cumpla con los programas de conservación ecológica, reglamentos y de uso de suelo para evitar el deterioro del suelo y la contaminación del aire en la zona del “Parque Nacional Cumbres de Monterrey” y los municipios afectados por la operación y funcionamiento de las industrias extractoras y procesadoras de materiales pétreos llamadas “pedreras”, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población afectada por esta actividad.

Artículo tercero. Exhorto respetuosamente al honorable Congreso del estado de Nuevo León, a que se considere la problemática que enfrenta el municipio de Santa Catarina, y se le otorguen las facultades jurídicas para poder estar en posición de controlar el desorden que las empresas extractoras generan.

Diputados: Ximena Tamariz García, Pedro Garza Treviño (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instancias a implantar políticas públicas que hagan asequibles el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. En 2003, las diferentes fuerzas políticas que integraban el Congreso de la Unión modificaron la Ley General de Salud con el fin de poner en marcha el Sistema de Protección Social en Salud, enfocado a la protección financiera de la población no derechohabiente de las instituciones de seguridad social.

2. La reforma de 2003 estableció que el Sistema de Protección Social en Salud contemplaría la constitución de un fondo denominado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), destinado a “apoyar el financiamiento de la atención de enfermedades de alto costo” y que, en consecuencia, provocan gastos catastróficos.

3. De conformidad al artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

Estos van dirigidos a la población sin ninguna seguridad social, mexicanos por nacimiento o naturalizados, y que presenten alguna de las patologías comprendidas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, siempre y cuando al momento de la atención presente su póliza de afiliación al Seguro Popular vigente.

4. El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se constituyó y opera como un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud, para apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, cuya prestación está a cargo de los Centros de Atención Especializada acreditados para tal motivo y patología, y el manejo de los recursos y su correspondiente transferencia es realizada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

5. Actualmente, los recursos del Fondo se destinan para atender las categorías siguientes:

A) Diagnóstico y tratamiento del Cáncer, problemas cardiovasculares, enfermedades cerebro-vasculares, lesiones graves, rehabilitación de largo plazo, VIH/SIDA y enfermedades metabólicas,

B) Cuidados intensivos neonatales; trasplantes.

6. Ahora bien, el Consejo de Salubridad General tiene la atribución de actualizar e incluir las diferentes patologías correspondientes a estas categorías, tomando en consideración la prevalencia, aceptabilidad social y viabilidad financiera, en este contexto el pasado junio del año 2014 la enfermedad denominada “Hipertensión Arterial Pulmonar”, fue aprobada como enfermedad que ocasiona gastos catastróficos, lo cual es un gran avance para la atención y tratamiento de las personas que la padecen, en esta aprobación se tuvo el avance al nivel de desarrollar la guía clínico terapéutica o protocolo técnico que marca la ley para que se de atención a estas enfermedades consideradas “gastos catastróficos” con su posterior envío a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que se considere su cobertura y financiamiento por la misma y su Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

7. La “hipertensión arterial pulmonar”, es el nombre general e inclusivo para un grupo de varias enfermedades crónicas que se caracterizan por la restricción de flujo sanguíneo a través de la arteria pulmonar, lo que provoca un aumento en la resistencia vascular pulmonar y, como consecuencia falla cardiaca derecha y muerte temprana; enfermedades que también causan gastos catastróficos, ya que algunas formas o subtipos, son raras y de rápido avance, debilitantes y mortales. No obstante lo anterior, al día de hoy a dicha categoría aún no cuenta con la cobertura financiera en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, misma que se debe de realizar a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

8. Resulta de suma importancia que esta Soberanía entienda y se sensibilice de la urgencia y necesidad para que vía el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el Consejo de Salubridad General le destine recursos al diagnóstico y tratamiento de la “hipertensión arterial pulmonar” a través Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para comprender mejor la problemática de las personas que sufren esta enfermedad basta citar algunos datos:

- En las personas que padecen “hipertensión arterial pulmonar” las arterias que llevan la sangre desde el corazón hacia los pulmones se estrechan, situación que limita el suministro de oxígeno, causando asfixia progresiva.

- El corazón bombea la sangre con dificultad a través de las arterias estrechadas, provocando la elevación de la presión sanguínea en los pulmones y la dilatación del corazón: el corazón sobrecargado pierde su capacidad de bombear sangre produciendo insuficiencia cardíaca, discapacidad progresiva y en poco tiempo, si no se cuenta con tratamiento, la muerte.

- La esperanza de vida sin tratamiento es de 4 años tanto en niños como en adultos que padecen “hipertensión arterial pulmonar” sin tratamiento específico.

- El Instituto Nacional de Cardiología a través de su departamento de Cardioneumología atiende en forma anual aproximadamente 30 casos nuevos por año de cualquier subtipo de “Hipertensión Arterial Pulmonar”, pacientes de los cuales tienen una supervivencia con tratamiento específico temprano de hasta de 10 años.

- La incidencia en otros países nos habla de una tasa de 2.8 pacientes por millón de habitantes y una prevalencia de 15 pacientes por millón de habitantes.

- Aunque la incidencia y prevalencia de dicha enfermedad es baja, la población más frecuentemente afectada es la población infantil y los adultos jóvenes (especialmente mujeres) con una alta mortalidad debido a que no se realiza el diagnóstico temprano.

- El tratamiento por paciente de la HP tiene un costo promedio anual de 1.5 millones de pesos, comparable al de otras enfermedades crónicas deteriorantes.

9. La “hipertensión arterial pulmonar” es una enfermedad rara, huérfana, catastrófica, grave, progresiva, rápidamente deteriorante, incapacitante y potencialmente letal, reconocida como problema de salud de gran importancia, que afecta en gran medida la vida y la calidad de vida de las y los mexicanos, desafortunadamente sus síntomas (dificultad para respirar, fatiga, mareos y desmayos, varían de un paciente a otro) ocurren hasta que la enfermedad ha progresado y generalmente se confunden con otras enfermedades como el asma, lo cual dificulta su diagnóstico y el tratamiento. Las opciones de diagnóstico y tratamiento, aunque especializadas y factibles de implementar, no están a disposición de los pacientes por limitaciones de cobertura geográfica o cobertura económica en los sistemas de salud.

10. La mayoría de los pacientes no cuentan con un diagnóstico oportuno ni tienen acceso a los tratamientos específicos y aprobados para esta enfermedad, lo cual con el paso del tiempo y avance de la enfermedad incrementa los costos de la asistencia médica debido a la necesidad de hospitalización, pruebas diagnósticas, otros tratamientos para las complicaciones y efectos adversos por uso de medicamentos no específicos.

11. Los datos son contundentes y cada día la supervivencia de las personas que padecen “hipertensión arterial pulmonar” es menor, debido a la falta de alternativas de tratamiento y financiamiento, es por ello que hoy hago uso de la tribuna para que se apoye a las y los mexicanos que padecen esta enfermedad, solicitando a esta Soberanía realice un exhorto a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y al Consejo de Salubridad General para que a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se destinen los recursos económicos necesarios para apoyar a estos pacientes y mejorar su calidad de vida, el Sistema de Protección Social en Salud de acuerdo a la normatividad descrita en el artículo 77 de la Ley General de Salud debe someter a consideración de sus comités el financiamiento en la Categoría III de los Problemas Cardiovasculares el Diagnóstico y Tratamiento de la “Hipertensión Arterial Pulmonar”, ya que un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado de la enfermedad incrementan en forma significativa la sobrevida y calidad de vida de los pacientes.

12. En un marco de fomento, protección y garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos es una obligación del Estado, promover acciones incluyentes dirigidas a garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos a través de una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria y los pacientes que sufren de “Hipertensión Arterial Pulmonar”, no deben de ser la excepción, puesto que no sólo es una enfermedad que afecta la calidad de vida, genera discapacidad, costos sanitarios y muerte en personas de todas las edades, independiente del género, también genera un impacto social significativo, afectando severamente la capacidad productiva de las familias.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a los integrantes de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos y al Consejo de Salubridad General a elaborar políticas públicas para que sea posible que cualquier ciudadano acceda al diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, a través del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de octubre de 2015.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y la ALDF a legislar en materia de establecimientos mercantiles para prohibir el cobro en los estacionamientos públicos de centros y plazas comerciales, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad existen alrededor de 600 centros y plazas comerciales en nuestro país y su crecimiento va en aumento debido a la inversión privada que se desarrolla en toda América Latina, a través del intercambio e influencia comercial con China y EU.

En diez años se tiene prevista la apertura de 200 centros comerciales a nivel nacional, que generarán una derrama económica importante y la creación de miles de empleos directos e indirectos.

Sin embargo uno de los temas importantes en estos centros comerciales, es el cobro a los clientes por utilizar el estacionamiento de dichas plazas.

Resulta incongruente la existencia de dicho cobro en estas circunstancias, ya que dicho cobro, va implícito en el precio que los clientes pagan en las distintas tiendas de estos centros comerciales.

Un problema real también radica en que en muchos en los casos, los estacionamientos son concesionados y varios concesionarios no se hacen responsables por los daños o perjuicios o robos de los vehículos dentro de las instalaciones de los mismos, pero sí cobran el uso de suelo a sus consumidores o clientes.

Por ello es necesario considerar la propuesta de que el prestador del servicio se obligue a brindar el estacionamiento sin costo y sancionar por parte de la autoridad competente en la materia, a los centros comerciales que contravengan dicha disposición.

Dicho exhorto está enfocado a defender y proteger al consumidor ante la cantidad de quejas y reclamos que desafortunadamente no tienen un desenlace justo.

Vale la pena destacar que los Congresos de San Luís Potosí y Coahuila se encuentran en proceso de discusión y análisis de esta iniciativa, en beneficio de los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a los Congresos Locales de los Estados de la República Mexicana y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a legislar en materia de Establecimientos Mercantiles, a efecto de prohibir el cobro en los estacionamientos de los centros y plazas comerciales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial del café, a cargo del diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Adán Pérez Utrera, diputado integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados se tomó la determinación de desaparecer 38 comisiones especiales, entre ellas la del café, para dar respuesta al recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal.1 A nuestro juicio, un ahorro mal entendido.

El objetivo de la Comisión Especial del Café era apoyar y fortalecer esta actividad para mantener y generar más empleos y rescatar nuestras exportaciones, toda vez que se trata de una fuente de ingresos para numerosas familias que se dedican a esta actividad y, en general, por la importante derrama económica que impacta en otras áreas productivas de las economías estatales y regionales productoras de café.

Las zonas productoras de café son asiento de un gran número de pueblos originarios de nuestro país, que sólo tienen esa fuente de ingreso. Un ejemplo. En Veracruz, que se había caracterizado por su gran producción cafetalera, que fuera segundo lugar nacional, en varias regiones de la entidad hay caídas de entre 70 y 80 por ciento en la cosecha normal.2

Aparte de la plaga de la roya –que afecta 60 por ciento de la superficie cafetalera nacional–, el sector resentirá las reducciones presupuestales del programa del café –que en 2015 tuvo recursos por 730.6 millones de pesos y para 2016 se propone de manera imprecisa que, junto con el maíz y el frijol y otros dos programas, se agrupen en un concepto global por mil 700 millones de pesos–. Quiero llamar su atención al hecho de que el abandono de fincas y la falta de apoyos al campo, han provocado la debacle, en las 12 entidades federativas productoras de café del país.

Fuentes autorizadas nacionales y fuera del país han señalado que debido a estos factores, la producción del café en el país puede llegar a caer hasta un 70 por ciento.3 Situación por lo demás crítica, si se considera que la pobreza podría aumentar en estas regiones, lo que sin duda agravará la crisis económica, y pondrá en riesgo la paz y la seguridad social.

Ante la emergencia en esta materia, es momento de volver a crear la comisión especial del café para que el sector cafetalero no agonice, al no tener quien atienda su problemática y plantee soluciones viables con urgencia, desde medidas fitosanitarias hasta comerciales.

No es necesario que esta comisión tenga recursos cuantiosos y “especiales”. Se trata –en lo fundamental– de ver por el sector, ante su inminente desplome, lo cual se puede hacer con austeridad y racionalizando el gasto público. Descuidar este sector supone un riesgo doble: en la organización productiva del país y en las exportaciones. Se trata de un asunto de soberanía y seguridad nacionales.

En Movimiento Ciudadano no podemos ser indiferentes a las necesidades y exigencias de nuestros productores cafetaleros, máxime cuando miles ven en la cosecha de este grano su única opción de subsistencia e ingresos para sus familias. Es urgente apoyarlos y hacer frente a la grave contingencia.

En virtud de lo anterior someto a consideración de esta asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien conformar la creación de la Comisión Especial del Café.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial del Café será el análisis y planteamiento de alternativas legales y de política pública que contribuyan a atender la crítica situación de los productores cafetaleros de nuestro país.

Notas

1 Méndez Enrique y Garduño Roberto. “Desaparecen en San Lázaro 38 comisiones especiales, incluida la del caso Ayotzinapa”, La Jornada, 15 de mayo de 2015. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2015/05/15/politica/005n1pol (Última consulta: 22 de octubre de 2015.)

2 “Caída de 80 por ciento, peor crisis del café; afectará a miles retraso de apoyos”, La Jornada Veracruz, 20 de octubre de 2015. Disponible en http://www.jornadaveracruz.com.mx/caida-de-80-peor-crisis-del-cafe-afec tara-a-miles-retraso-de-apoyos/ (Última consulta: 22 de octubre de 2015.)

3 “Se desplomará 70 por ciento la producción de café en México”, Formatosie7e, 19 de marzo de 2015. Disponible en http://formato7.com/2015/03/19/se-desplomara-70-la-produccion-de-cafe-e n-mexico/ (Última consulta: 22 de octubre de 2015.)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Adán Pérez Utrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a agilizar la entrega de los recursos del Fonden a Quintana Roo, dada la declaratoria de emergencia emitida el 18 de octubre 2015 por la presencia de lluvias severas ocurridas el 16 y 17 del mismo mes, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscriben, diputados José Luis Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputados Remberto Estrada Barba y Paloma Canales Suárez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Manuel Alexander Zetinia Aguiluz, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y diputada Patricia Carrillo Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde días pasados, se han registrado severas lluvias en Quintana Roo que han afectado diversos municipios de la entidad. Los de mayor afectación y donde se han presentado los incidentes más significativos, son los municipio de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco.

En un comunicado emitido por el gobierno de Quintana Roo, se informó que la onda tropical 44 interacciona con un amplio sistema de baja presión que se ubica sobre la Península de Yucatán, en consecuencia continuará ocasionando lluvias en los próximo días en la mayor parte de la geografía estatal. Se dio a conocer que durante los días 16 y 17 de octubre, se han presentado lluvias en gran parte de la entidad del orden de los 150 milímetros y en el municipio de Othon P. Blanco se alcanzó una precipitación pluvial de hasta 400 milímetros.

Debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias, se suspendieron clases en todos los niveles educativos para los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, con el objetivo de resguardar la integridad del alumnado y docentes, así como de realizar labores de limpieza para evitar enfermedades y evaluar daños en la infraestructura. Más de cincuenta personas han sido trasladadas a albergues en Chetumal y comunidades rurales debido a que sus domicilios resultaron inundados. La mayoría de las calles de los municipios más afectados, están inundadas y desde el sábado se instaló el comité municipal de protección civil en el que están trabajando 180 personas en el desazolve de alcantarillas, coordinados con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y Conagua.

Ante lo ocurrido, y a solicitud del gobierno de Quintana Roo, el pasado domingo 18 de octubre, la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que emitió una Declaratoria de Emergencia para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco por la presencia de la lluvia severa.

Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN) y a partir de esta Declaratoria las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Es urgente que dichos recursos, en apego a las Reglas Generales y a los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias, se han entregados para atender a la brevedad las necesidades prioritarias e inmediatas de la población y salvaguardar su vida y su salud.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que agilice la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) al estado de Quintana Roo, en atención a la Declaratoria de Emergencia emitida el pasado 18 de octubre de 2015, para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, por la presencia de lluvias severas ocurrida los días 16 y 17 de octubre de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo, a 27 de octubre de 2015.

Diputados: José Luis Toledo Medina (rúbrica), Arlet Mólgora Glover (rúbrica), Remberto Estrada Barba, Paloma Canales Suárez (rúbrica), Manuel Alexander Zetinia Aguiluz (rúbrica), Patricia Carrillo Sánchez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación permanente en la LXIII Legislatura del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, a cargo del diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Leonel Gerardo Cordero Lerma, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración de las personas es un inminente fenómeno mundial, y está presente en todas las épocas de la historia y en todas partes de nuestro planeta; en muchas culturas y grupos religiosos se encuentran vestigios, mitos y referencias a las migraciones que se remontan a tiempos muy antiguos; así, en la historia de la humanidad se documentan grandes movimientos culturales, económicos, geográficos y políticos que dieron origen a desplazamientos de la población.

A la migración la podemos entender como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, espontáneamente o inclusive de manera forzada, y generalmente con la intención de mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar, donde sus principales causas se determinan dentro del ámbito laboral, por situaciones familiares, de estudios, algún padecimiento relacionado con la salud para acceder a mejores tratamientos, por huir o protegerse de los altos índices de violencia e inseguridad y en menor medida por fenómenos naturales, entre otros.

Las personas migran principalmente para acceder a mejores oportunidades y condiciones de vida, hoy en día la globalización y los avances tecnológicos han alentado el deseo de las personas para trasladarse; pues debido al aumento de la competencia en los mercados internacionales por el auge de la globalización, las economías desarrolladas se ven obligadas a buscar mano de obra barata que les permita estar al nivel de sus antagonistas comerciales; desde luego, esta mano de obra la encuentran en países en vías desarrollo, creando un flujo migratorio constante entre países.

Los medios a los que recurren la personas para emigrar y el tratamiento de la inmigración ilegal en los distintos países que varían según sus políticas migratorias, traen en consecuencia que los migrantes sean sumamente vulnerables a diversos riesgos, por ejemplo a ser víctimas de traficantes o caer en las redes de Trata de Personas, pues estas redes criminales, toman como negocio la migración ilegal, ya que las personas con tal de llegar a países desarrollados en busca de oportunidades pagan importantes sumas de dinero y el riesgo está en que muchas veces estas organizaciones engañan, secuestran o matan a los migrantes para quedarse con su dinero o usarlos para trabajos forzosos, prostitución o tráfico de órganos.

El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la ONU, teniendo en cuenta que existe un gran número de inmigrantes en el mundo que continúa incrementándose, y aunado a la proclamación del 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante, había adoptado la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares; así, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y toda persona disfruta de los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de raza, color u origen nacional... ”; y en consecuencia, se pretende reconocer y valorar la enorme contribución de todas estas personas en el avance económico, social y cultural de los países en todo el mundo.

Es por lo anterior que los Estados Miembros de la ONU, así como organizaciones gubernamentales y organizaciones no-gubernamentales, están invitados a observar y difundir información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y la formulación de medidas para protegerlos.

En el caso de nuestro país, por su situación geográfica, su historia, su cultura y sus condiciones económicas y sociales de profunda desigualdad, históricamente ha sido país de origen, tránsito y destino de migrantes; y por ende, es también un país interesado en el tema, comprometido en la comunidad internacional en la promoción de instrumentos que, por un lado, faciliten y protejan la cooperación internacional, y por otro, se convoquen a los países principalmente de éste continente para crear el entramado legal e institucional necesario.

En el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes... ”. Además, el 25 de Mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide la Ley de Migración, en su Artículo 1 establece que su objeto es: “... regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales... ”. Y en el Artículo 2º, señala como uno de los Principios en que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano el “Respeto irrestricto de los Derechos Humanos de los Migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito... ”.

En 1989, el 6 de abril, el Ejecutivo Federal expidió el Acuerdo por el que se instrumentaron acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país; donde sus objetivos se centraron en la generación de mayores divisas por medio del turismo, fomento a las exportaciones, mejorar las condiciones para una eficiente transportación de personas y mercancías, otorgar mayor seguridad al público, simplificación administrativa en trámites, promoción de mejoras e implementación de sistemas de quejas y denuncias, entre otros. A partir del mes de diciembre de ese mismo año, y varios años después se puso en funcionamiento sólo en los periodos vacacionales; y posteriormente, se ampliaron considerablemente las acciones para salvaguardar los derechos de los migrantes en su ingreso o tránsito a México.

Con la instauración del Programa “Paisano” diseñado por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se ha buscado desde entonces implementar los criterios para dignificar el trabajo de los mexicanos en el extranjero, que los mexicanos al retornar, reciban un trato justo, orientación adecuada y respeto a sus derechos humanos y bienes patrimoniales, y reconocer la importancia de afianzar los vínculos culturales y nexos sociales y económicos con las comunidades de mexicanos y de personas con raíces mexicanas principalmente en Estados Unidos de América y Canadá.

Para el 28 de noviembre de 2000, el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en la LVIII Legislatura, aprobó una Proposición con Punto de Acuerdo para implementar la operación del programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”, con la finalidad de apoyar y proteger a los migrantes mexicanos en su regreso a nuestro país, dirigido principalmente a aquellos que radican en Estados Unidos de América y Canadá, como principal consecuencia a las denuncias de violaciones a sus derechos humanos por los constantes abusos de autoridad y asaltos que son víctimas, sobre todo en puntos fronterizos, terminales de autobuses, aeropuertos y aduanas; para el 10 de diciembre de ese mismo año, se puso en operación el Programa.

En su LX Legislatura, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó que este programa operara de manera permanente, además de autorizarle el presupuesto que le permitiera cumplir con su finalidad y contar con recursos materiales necesarios y la elaboración de propaganda para publicitar su operación según los objetivos trazados de recibir a los migrantes “paisanos” en su llegada a México, atender y canalizar sus quejas y denuncias a las autoridades correspondientes, propiciarles un mejor trato, vigilar la protección y el respeto de sus derechos y libertades, y generar mayor seguridad a los migrantes “paisanos” en su destino hacia sus lugares de origen.

Para la LXI Legislatura, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados propuso que el Programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo” se mantuviera vigente durante toda la Legislatura, además de participar de forma complementaria con el Programa Paisano, implementado por el Gobierno Federal en el periodo de noviembre a enero de cada año; la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios llevó a cabo las acciones para mantener vigente dicho programa y la elaboración, el diseño y logística que se emplearía en la temporada vacacional; aunado a ello, la Junta de Coordinación Política analizaría la posibilidad de destinar los recursos suficientes para la ejecución eficaz del Programa y se solicitó al titular del Poder Ejecutivo Federal se diera a la tarea de apoyar a los legisladores que participaron en la ejecución del programa referido.

Durante la LXII Legislatura, la Junta de Coordinación Política refrendó la vigencia y permanencia del Programa durante toda la Legislatura, autorizó los recursos necesarios e instruyó su implementación a través de las Comisiones de Asuntos Migratorios, Asuntos Frontera Norte y Asuntos Frontera Sur-Sureste en coordinación con el “Diputado Migrante”, Raúl Gómez Ramírez quien fue proponente del Programa desde el inicio de la LXII Legislatura; aunado a toda la logística de operación, se diseñó un Logotipo de Identidad para dotar de una imagen al Programa, y la contratación de una línea telefónica 01 800 nacional y 1 855 internacional desde Estados Unidos y Canadá como canal de comunicación permanente, de manera que ambas herramientas se instituyeron junto con la inclusión en redes sociales del Programa a través de una página en facebook.

En consecuencia, la operación del Programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo” avanzó como programa público de la Cámara de Diputados y bajo disposiciones claras establecidas para su operación.

Los principales objetivos en los que se enmarca la labor que habrán de desempeñarse en el Programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo” son los de combatir las prácticas de extorsión contra migrantes por autoridades de los distintos órdenes de gobierno cuando sucedan; apoyar la supervisión de la protección de sus derechos humanos; velar por el respeto irrestricto de sus garantías individuales; asistir a los cruces fronterizos internacionales y aduanas de la frontera norte del país, a terminales de autobuses y aeropuertos, a puertos de revisión carreteros, para orientar a los migrantes, turistas y transmigrantes; así como recibir sus denuncias de extorsión, maltrato y hostigamiento por parte de funcionarios públicos, atenderlas y darles seguimiento.

En el periodo de diciembre a enero de cada año en los que se ha aplicado el Programa, los Diputados recibieron a miles de paisanos, se instalaron módulos portátiles de atención en los diferentes puntos de cobertura, se distribuyeron folletos promocionales para difundir sus derechos, se fabricaron materiales para ser distribuidos por los legisladores entre los paisanos y que pudieran utilizarlos en sus vehículos como protección para prevenir y evitar que fuesen extorsionados o maltratados.

Es imperante para esta Soberanía continuar y redoblar los esfuerzos tendientes a proteger el derecho que tienen nuestros migrantes de regresar; asegurarles un trato digno y conforme a derecho; velar por la protección de su integridad física y patrimonial; sensibilizar a servidores públicos y sociedad; y dar seguimiento a sus quejas y denuncias; por ello, se hace necesario dar continuidad a los programas que han sido diseñados para fortalecer los mecanismos de protección a los sectores vulnerables; y en consecuencia, deben mantenerse vigentes y reforzarse.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de ésta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que lleve a cabo las acciones pertinentes para la implementación del Programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo” de manera permanente durante la LXIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados.

Segundo. Se exhorta a las Legisladoras y Legisladores de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, así como a las Diputadas y Diputados de las Legislaturas Locales, y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a participar en el Programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo” de manera permanente durante la LXIII Legislatura de esta honorable Soberanía.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatales, Congresos y Presidentes Municipales de los Estados fronterizos del norte y del sur del país, además de los Gobiernos de las Entidades relacionadas con migración internacional que consideren participar, para que contribuyan a la implementación del Programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo” de manera permanente durante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del Programa.

Cuarto. Se exhorte a los Ejecutivos Federal, Estatales y Municipales a apoyar, a través de sus instancias gubernamentales correspondientes, a los legisladores federales y locales participantes en el Programa. Por su parte, se invitará a los Diputados Federales a mantener contacto permanente con las diferentes autoridades que participan en el programa Paisano.

Quinto.- Que la Cámara de Diputados elabore un plan de difusión del Programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”, a través el Canal del Congreso y otros medios de comunicación nacionales e internacionales, redes sociales, para dar a conocer principalmente en Estados de la Unión Americana donde existe el mayor número de connacionales, la ubicación, los teléfonos de contacto y demás información institucional propios del Programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”, así como del apoyo que se ofrecerce.

Sexto.- Que la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados suscriba los Acuerdos pertinentes con las instancias gubernamentales y determine la coordinación para la aplicación del programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”, así como la convocatoria a los Legisladores que manifiesten su deseo de participar y que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, coadyuven con el funcionamiento del Programa Paisano.

Séptimo.- Que se conformen, a la mayor brevedad posible, los grupos plurales de Diputados Federales que participarán en el programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo” para que puedan iniciar sus labores, y que los materiales que se utilizarán, sean elaborados de manera inmediata para ser enviados a los puntos establecidos y contar con ellos desde su inicio.

Octavo.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a proporcionar los recursos necesarios, a la mayor brevedad posible, para el cumplimiento de los objetivos del Programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”; para el periodo comprendido entre el 12 de diciembre y el 6 de enero de cada año en la presente LXIII Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al secretario general de esta soberanía a remitir a las comisiones correspondientes los expedientes de las solicitudes de juicio político que le han sido presentadas, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado mes de agosto, el Grupo Parlamentario del PRD presentó ante la Comisión Permanente una demanda de Juicio Político en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa por violaciones graves a la Constitución en materia de derechos humanos, a las leyes federales sobre protección de víctimas, de periodistas, y de seguridad pública.

El 24 de septiembre de 2015, el Grupo Parlamentario del PRD presentó demanda de Juicio Político en contra del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por violaciones graves a la constitución y porque en uso de sus responsabilidades afectó la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad que debió observar en el desempeño de su cargo como servidor público.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que para sustanciar la demanda de Juicio Político, las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia deberán integrar una Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos , la cual se encargará de analizar y posteriormente determinar si la denuncia presentada cumple con todos los elementos de prueba que permitan configurar la probable existencia de responsabilidades del servidor público denunciado.

La Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos debe emitir, en un plazo no mayor a 30 días, una resolución sobre la procedencia de la denuncia y turnarla a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, para que éstas envíen su resolución a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, en todo este proceso hay un elemento esencial que se debe cumplir para poder estar en condiciones de integrar la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, porque para dar cauce a todo el procedimiento, primero es necesario que la Secretaría General de la Cámara de Diputados turne los expedientes de las demandas de Juicio Político a las comisiones correspondientes para que éstas puedan tener materia para integrar dicha Subcomisión.

La Ley dice que una vez que se presenta una denuncia de Juicio Político, los solicitantes deben ratificarla. Cabe aclarar que las denuncias de Juicio Político que ha presentado el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en contra de Javier Duarte de Ochoa y Jesús Murillo Karam, ya han cumplido con estos requisitos, sin embargo, la Secretaría General de la Cámara de Diputados, aún no ha turnado los expedientes a las comisiones correspondientes, situación que es contraria con lo que establece el inciso b) del artículo 12 de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos que a la letra dice:

“Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las Comisiones que corresponda, para la tramitación correspondiente...”.

La Cámara de Diputados tiene, de acuerdo a lo que establece el máximo ordenamiento de nuestro país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de sustanciar la declaración de acusación de Juicio Político ante la Cámara de Senadores, no obstante, la Cámara de Diputados no puede cumplir con su obligación porque los expedientes parecen estar ocultos en algún lado. Por tal motivo solicitamos que haya transparencia respecto a los asuntos que son parte de nuestra responsabilidad constitucional y legal para que podamos cumplir con nuestras obligaciones.

De acuerdo con la respuesta de la Cámara de Diputados a una solicitud de información, sabemos que la LX Legislatura recibió 128 solicitudes de juicio político que fueron ratificadas por los solicitantes pero no se resolvieron.

En la LXI Legislatura se recibieron 95 solicitudes que fueron ratificadas y aún se mantienen pendientes de resolver.

En la LXII Legislatura, la Cámara de Diputados recibió 64 solicitudes de juicio político que fueron ratificadas por los solicitantes, sin embargo las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia no recibieron los expedientes de los servidores públicos denunciados y los legisladores integrantes de esas comisiones nunca accedieron a esa información.

A todo esto es necesario agregar que derivado de un juicio de amparo promovido por un ciudadano en contra de la Cámara de Diputados por su negativa a dar trámite a su solicitud de Juicio Político en contra del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines, la Cámara fue emplazada a cumplir con la orden del juez, situación que no ha sido resuelta, con lo que se coloca a este órgano legislativo en una situación de desacato. La orden del juez no logró que la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político fuera instalada en la Legislatura pasada.

En esta legislatura debemos desterrar esa inercia de negligencia y de opacidad que ha imperado durante los últimos años.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados instruye a su Secretario General a cumplir con la obligación que establece el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de turnar a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, los 288 expedientes que tiene en su poder, de las solicitudes de Juicio Político presentadas en ésta Cámara durante las últimas legislaturas, a fin de que pueda ser instalada la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de Puebla a atender las peticiones de mejoramiento de las condiciones y atención médica de ciudadanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Rodrigo Abdala Dartigues, diputado federal a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 numeral 1, fracción XIX, 79 numeral 2, fracción III del Reglamento para la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, según los sucesivos

Antecedentes

Que la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de octubre Sociedad de Solidaridad Social de Puebla fueron atendidos el 2 de septiembre del presente año por integrantes de nuestro grupo parlamentario y quienes plantearon la violación de sus derechos humanos y fundamentales por parte de las autoridades de esa entidad federativa, y

Considerando

Que una vez tomada la protesta de ley, somos representantes de la Nación en términos del artículo 51 del Código Político de 1917 y por ende, nos debemos al pueblo.

Es por ello, que venimos ante esta Soberanía a nombre de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, Sociedad de Solidaridad Social de Puebla, a solicitar el pleno respeto de los derechos humanos y fundamentales de los hombres y mujeres integrantes de dicha asociación.

Que el 19 de mayo y el 22 de diciembre de 2014 fueron aprehendidos Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” y Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, respectivamente, mediante una orden de aprehensión que los miembros de la organización considera arbitraria y violatoria de su derecho de libertad.

Desde su aprehensión, la situación de salud de ambos ciudadanos ha medrado considerablemente. Derivado de lo anterior, los miembros de la mencionada organización han acudido en varias ocasiones ante las instancias responsables, a ejercer su derecho de petición para que sean atendidos médicamente ambos ciudadanos y las respuestas han sido negativas, con esto su salud ha empeorado.

De igual manera, la organización ha sido objeto de persecución política y se les ha despojado de zonas de trabajo, destruyendo las estructuras, los puestos y las casetas de sus integrantes y en algunos casos se les ha obligado a renunciar a la pertenencia de su organización.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, con pleno respeto de la soberanía del estado de Puebla, exhorta al gobernador de dicha entidad federativa, el presidente municipal de Puebla y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, tenga a bien atender las peticiones de mejoramiento de las condiciones y atención médica de los ciudadanos Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” y Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna

Segundo. Esta representación nacional, solicita al procurador general de Justicia del estado de Puebla, en el ámbito de sus atribuciones, investigue y publique los presuntos actos constitutivos de delitos que refieren los integrantes de dicha organización.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Rodrigo Abdala Dartigues (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador de Guerrero que imponga el nombre del destacado médico José Garibo Hernández al hospital general de Acapulco, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Marbella Toledo Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano representado en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Guerrero es uno de los estados más pobres de la República Mexicana y la realidad social se presenta con grandes desigualdades en materia de salud, aspecto esencial para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de cualquier país.

La situación actual está marcada por los rezagos acumulados en cobertura y calidad, la desigualdad en los niveles de salud y distribución de recursos entre grupos sociales y regiones.

El surgimiento del Hospital General de Acapulco está relacionado con la necesidad de establecer un hospital que atendiera, en particular a los pobres, en 1938 empezó a funcionar un establecimiento asistencial, pequeño, modesto, fundado con ayuda privada y gubernamental, que formaba parte de una red de servicios médicos que se construía en el país. El Hospital fue remodelado en varias ocasiones y hacia 1960 tenía poco más de 90 camas, era gobernado por un patronato, con subsidios de la federación, estado y municipio, a pesar de lo cual su presupuesto era limitado, prestando servicio sólo 50 de las 100 camas de la institución.

Con el paso del tiempo el hospital fue insuficiente; el comercio aumentó, llegaban Acapulco más personas, muchas necesitaban atención médica y tuvo problemas para surtirse de medicinas y contar con adecuado y suficiente personal para atender y tratar a pacientes. Al finalizar 1971 dejó de operar y en marzo de 1972 fue terminado un nuevo edificio construido por la Comisión Constructora e Ingeniería Sanitaria de la Secretaria de Salubridad y Asistencia.

Fue inaugurado por el doctor Jorge Jiménez Cantú, secretario de Salubridad y Asistencia, en representación del Presidente de la República, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, el 22 de marzo de 1972, sin que desde esa fecha se le asignara nombre que le distinguiera y le diera identidad .

Hoy es un hospital de segundo nivel de atención médica, dependiendo administrativamente del gobierno del estado sin embargo recibe recursos financieros de la federación para su funcionamiento, el pago de salarios y prestaciones entre otros conceptos, tal como lo establece la Ley General de Salud en su artículo 77 bis 5 fracción IV; referente a la competencia entre la federación y las entidades federativas en la ejecución de acciones de protección social en salud mediante la transferencia de recursos que les corresponden operar a cada uno de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

Actualmente cuenta con 120 camas censables y 60 de tránsito, con especialidades en pediatría, medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general, anestesiología, traumatología y ortopedia. Las subespecialidades en cirugía plástica y reconstructiva, oncología, cardiología, neurología, reumatología, psiquiatría, nefrología, dermatología, oncología, endocrinología, neumología, oftalmología, maxilofacial, neurocirugía, urología, cardiopediatría, cirugía Pediátrica y neuropediatría. También cuenta con los servicios de urgencias, patología, psicología, consulta externa, rayos X, ultrasonido, laboratorio y banco de sangre.

El Hospital General de Acapulco en este marco de referencia a contribuido de manera notable y altamente humanista en las necesidades sociales y el bienestar social de la comunidad guerrerense, buscando garantizar el derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo 4° de nuestra carta magna, lo que se ha hecho posible por medio de los recursos humanos que están en contacto con el paciente y pueden a través de su contacto diario conocer no solo las afecciones del cuerpo sino las que refieren al estado emocional y cuya atención requiere del humanismo de los médicos y de los trabajadores de la salud.

En este sentido, podemos hablar de un sin número de seres humanos dedicados en cuerpo y alma a ejercer la medicina, dignificando de esta manera la atención de los servicios de salud en su entorno social; por ello reconocer la destacada labor de quienes se entregan al servicio a los demás es de elemental gratitud, lo cual engrandece no solo la figura de estos profesionales ejemplares sino también a las comunidades beneficiadas por ellos.

Entre estos seres humanos extraordinarios se hace presente la figura del médico pediatra José Garibo Hernández, quien fue en mucho benefactor de la niñez guerrerense.

Nació el 8 de mayo de 1942, en Zintapala, municipio de Atoyac, en la sierra del estado de Guerrero. Sus padres Victorio Garibo Gallardo y Margarita Hernández de Garibo. Su infancia y adolescencia transcurre entre Zintapala y Chilapa de Álvarez, ya que es en esta última ciudad donde estudia la primaria y la secundaria, en la ciudad de México continua sus estudios en la preparatoria No. 5 y en la Universidad Nacional Autónoma de México se gradúa de médico cirujano y partero, posteriormente en el Hospital Infantil realiza la especialidad en Pediatría.

Fue médico pediatra del Hospital General de Acapulco desde el 24 de octubre de 1974, dos años después jefe del servicio de pediatría hasta la fecha de su muerte el 11 de abril de 2011, lo que quiere decir que durante 34 años desempeña esta encomienda de manera excepcional. Maestro, formador de médicos especialistas en pediatría desde 1976 al 2008.

El doctor Garibo entregó su vida a la medicina, a sus pacientes con el mayor respeto y dedicación, su textura humana no tuvo comparación, poniendo en el servicio no sólo ciencia sino también amor; y cuando en el campo del maestro, inculcando a los alumnos la obligación primera: amar al hombre, servir al hombre; al de carne y hueso, que trabaja y que sufre, que sueña y que espera, el hombre de todas las razas y de todas las latitudes.

Fue una de las personalidades de más amplio y rico contenido humanístico de la sociedad médica de Guerrero. Sus privilegios humanos fueron de altura máxima. Pocas vidas han reunido en su seno tantos méritos para la admiración. Sin embargo fue una persona sencilla.

Su nobleza lo llevó a dedicar su vida con profunda entrega a la medicina. Un médico cálido, con sensibilidad social y amor por cada uno de sus pacientes. Su calidad como médico no cayó en la deshumanización, en la que el paciente es un número, o se le ve como un cliente.

El doctor José Garibo Hernández fue un hombre honesto, trabajador, con sólidos principios y valores, un médico humanista, un hombre bueno comprometido en demasía con la niñez guerrerense.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, designar con el nombre del “Doctor José Garibo Hernández” al Hospital General de Acapulco, como un homenaje a tan destacado humanista en el ámbito de la medicina pediátrica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al suministro de recursos financieros para atender los fondos de aseguramiento agropecuario y rural, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Evelio Plata Inzunza, David López Gutiérrez, Martha Sofía Tamayo Morales, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Bernardino Antelo Esper, Germán Escobar Manjarrez, Gloria Himelda Félix Niebla y Rosa Elena Millán Bueno, diputadas y diputados a la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el propósito de procurar el suministro de recursos financieros a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural que se han constituido en México a partir de 1988 y cuyo marco jurídico es la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, operan vía 14 organismos integradores en todo el país con una red de más de 600 oficinas.

Son instancias que operan con sus socios no con clientes, aparte de que constituyen sus reservas técnicas y su propósito fundamental está en promover el seguro agropecuario entre sus socios y la formación de empresas de servicios, además de que contratan reaseguros para ceder los riesgos que no pueden asumir, a favor de un mejor servicio a sus socios.

Estos fondos que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propios y tienen como objetivo principal el brindar protección mutualista y solidaria únicamente a sus socios a través de operaciones activas de seguros, están reguladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y por Organismos Integradores, tanto nacional como estatales.

Entre las ventajas y beneficios de un Fondo de Aseguramiento, está el que permite la autogestión y protege el patrimonio de los socios, así como una mayor agilidad en atención a siniestros y pago de indemnizaciones, además de posibilitar la reducción de costos de aseguramiento.

En el país operan 464 Fondos de Aseguramiento ubicados en 31 entidades con 550 mil productores agrupados y una superficie asegurada de un millón 549 mil hectáreas, lo cual representa el 60.2 por ciento de la superficie agrícola comercial total asegurada de la nación. Se cuentan asimismo 272 millones de unidades animal aseguradas y una superficie asegurada de 10 mil 412 hectáreas de granjas de camarón.

Las instancias en referencia disponen de un subsidio público de recursos económicos que se aplica a la prima del seguro agropecuario, que para el presente ejercicio fiscal ha sido de mil 611 millones de pesos, mismo que resultó insuficiente para cubrir los ciclos primavera-verano 2015 y la parte correspondiente al ciclo otoño-invierno 2015/2016.

Este déficit de presupuesto para cubrir el subsidio a la prima del seguro agropecuario se ha venido arrastrando desde el año 2003. Sin embargo, esta insuficiencia ha sido mayor a partir del ejercicio 2012.

Como dato ilustrativo tenemos que en el año 2012 el déficit fue de 500 millones de pesos, en el 2013 de 691.5 millones de pesos y en el 2014 de 611 millones de pesos. Incluso el déficit de cada año ha venido cubriéndose con el presupuesto del año subsecuente.

Para este año sin embargo, se estima un déficit aproximado a los mil millones de pesos, que implica un desembolso mayor de recursos.

Vale puntualizar que los Fondos de Aseguramiento han sido y son hasta hoy un exitoso esquema mutualista de protección y respaldo para los productores y fuentes financieras ante la ocurrencia de eventos climáticos y biológicos dañosos,

Registran además un crecimiento sostenido por más de 20 años en el mercado asegurador, lo cual les brinda la experiencia suficiente en este servicio.

Actualmente son líderes del Sistema Nacional de Aseguramiento al medio rural, ya que participan con más del 60 por ciento de operación y fomentan la formación de otras figuras productivas con el apoyo del fondo social que generan, amén de que cubren una importante función en la administración de riesgos que libera presiones financieras a los gobiernos federal y estatales.

Son asimismo agrupaciones que fomentan la participación democrática de los productores para la autogestión de sus empresas sociales.

Por lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración de ésta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a suministrar recursos financieros por un monto de mil millones de pesos que permitan cubrir el subsidio faltante a la prima del seguro agropecuario y rural correspondiente al ejercicio fiscal de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2015

Diputados: Evelio Plata Inzunza, David López Gutiérrez, Martha Sofía Tamayo Morales, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Bernardino Antelo Esper, Germán Escobar Manjarrez, Gloria Himelda Félix Niebla, Rosa Elena Millán Bueno (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT y la Profeco a realizar supervisiones periódicas a los establecimientos mercantiles obligados a expedir facturas electrónicas por los servicios prestados, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Arturo Santana Alfaro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La factura es un documento mercantil de carácter fiscal que refleja toda la información de una operación de compraventa, y debe reflejar la entrega de un producto o la prestación de un servicio; se considera a la factura como un documento de carácter administrativo que sirve de comprobante de una compraventa de un bien o servicio y que además incluye toda la información de la operación.

Asimismo, la factura tiene como finalidad avalar la compraventa de un bien o la adquisición de un servicio, siendo clave en la declaración de impuestos tanto para el establecimiento mercantil que brinda el servicio como para el consumidor, ya que dicha operación se verá reflejada necesariamente al momento de rendir la declaración de impuestos.

De igual forma, la factura se considera como el justificante fiscal de la entrega de un producto o de la provisión de un servicio, que afecta al obligado tributario emisor (el vendedor) y al obligado tributario receptor (el comprador). La factura es el único justificante fiscal que da al receptor el derecho de deducción del impuesto; tiene carácter obligatorio para dejar constancia y poder comprobar la realización de la operación comercial.

Adicionalmente, la factura contiene la relación de los artículos comprendidos en una operación comercial; esto es, se trata de la cuenta detallada de estas operaciones, incluyendo factores como la cantidad, el peso, la medida y el precio, siendo obligatoria en las operaciones de comercio, por lo que otorga derechos al comprador e implica una serie de obligaciones y responsabilidades al vendedor.

Los profesionales de la contabilidad consideran que lo más importante de solicitar una factura cuando se realiza una compra, primero, es la responsabilidad del vendedor a garantizar lo que vende ante un desperfecto o falla del material, así como la mala calidad del servicio prestado o el uso indebido de mercancías y materias primas que se utilizan en la prestación del servicio, además de que, en caso de sufrir enfermedades por la ingesta de alimentos, el consumidor puede acudir ante las autoridades a efecto de que adopten las medidas procedentes.

Por otra parte, el artículo 29-a del Código Fiscal de la Federación, señala los requisitos que debe contener una factura, destacando lo siguiente:

I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen.

II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.

III. El lugar y fecha de expedición.

IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.

V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

VI. El valor unitario consignado en número.

VII. El importe total consignado en número o letra.

Al paso de los años, las facturas han jugado un papel importante al otorgar certeza jurídica en la declaración de impuestos, siendo que la expedición ha sufrido una evolución importante ante la introducción de medios electrónicos sofisticados que deberían permitir agilizar la expedición de los comprobantes, tanto como lo es la declaración de impuestos o la información en línea que brinda el Servicio de Administración Tributaria.

De forma tradicional, una factura se emitía en papel impreso en establecimientos autorizados por el SAT siguiendo una foliación específica para cada contribuyente dependiendo del número de facturas emitidas bajo su RFC. El emisor anotaba o imprimía los datos correspondientes a la factura en específico y la entregaba al cliente. Por su parte debía quedarse con una copia que serviría para realizar su declaración de impuestos y posteriormente resguardarla por al menos cinco años.

A decir de muchos contadores públicos, el problema con ese sistema era que en muchos casos no existía la certeza de que la factura que entregaban los contribuyentes fuera legal, o si la empresa que la entregaba era legítima, siendo objeto de un sinnúmero de fraudes pues no existía la seguridad de comprobar quien era el receptor del comprobante; por otro lado, el resguardo de este tipo de facturas podría ser complicado y esto podía representar un problema importante para el contribuyente en caso de que el Servicio de Administración Tributaría llevara a cabo auditorías y los documentos fiscales del visitado no se encontraban en orden.

Por lo tanto, en el 2010 el SAT decidió implementar el sistema de facturación electrónica ya que éste da total seguridad de que quien emite una factura es una empresas constituida o una persona física con actividad empresarial y esto se hace a través del Certificado de Sello Digital (CSD) del contribuyente. Este CSD es un documento electrónico que garantiza la vinculación entre la identidad de un contribuyente y su clave pública. De esta manera, quien emitiera o recibiera una factura podría tener total seguridad de su legalidad y validez. El único problema era que este tipo de facturas aún se emitían en papel y se requería de amplios espacios de almacenaje para su resguardo.

Jorge López Chapa, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados en Certificación (Amexipac), señala que las ventajas de la facturación electrónica son las siguientes:

• Acortar los ciclos de tramitación, incluido el cobro;

• Reducir errores humanos;

• Eliminar costos de impresión y envío postal;

• Facilitar un acceso más rápido, ágil y fácil a las facturas almacenadas;

• Reducir drásticamente el espacio necesario para su almacenamiento;

• Mejorar el servicio al cliente; eliminar el consumo de papel y su transporte, con el consiguiente efecto positivo sobre el medio ambiente;

• Facilitar la lucha contra el fraude;

• Incluir la factura en los sistemas informáticos empresariales, mejorando drásticamente su gestión;

• Contribuir a la modernización de la economía y al desarrollo de la Sociedad de la Información.

Sin embargo, estas ventajas no son del todo claras, pues el mismo presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados en Certificación reconoce que el Servicio de Administración Tributaria detectó que había?una interpretación errónea en este proceso, por ello, realizó algunas?precisiones a los contribuyentes destacando que la emisión de facturas electrónicas debe ser al momento que lo solicite el cliente.

Recalca que lo ideal definitivamente sería que la población en general solicitara la factura en el momento; debería de convertirlo en un hábito cuando va a un restaurante o cuando efectúa una compra.

La realidad es que la cultura de la factura electrónica se comienza a gestar; “definitivamente es un tema cultural y la gente sigue prefiriendo solicitar la factura por Internet sobre todo por la practicidad”.

Asimismo, destaca que la asociación realizó un estudio con el que pretenden establecer qué porcentaje de las facturas se solicitan por vía portal, estimando que la mayoría lo hace vía internet.

“Es una cuestión cultural; el cliente generalmente tenía prisa, y le era más sencillo pedir los datos para solicitarla vía electrónica, lo que en muchas ocasiones hace más complicado el proceso”.

La realidad es que el consumidor puede exigir que la empresa en la que realice una compra o reciba un servicio, otorgue el documento al instante, lo que tiene además la ventaja de no tener que estar batallando por si es enviada o no una vez que se realiza el trámite por internet.

Y la realidad más dolorosa es que la expedición de las facturas es lenta, muy lenta, no es nada ágil como lo cree el SAT. Normalmente, la expedición de una factura electrónica dentro del establecimiento donde se hace la compra o se recibe un servicio, varía de entre cinco y cuarenta y cinco minutos, sin que exista un fundamento real por el que se retrase el tiempo de la entrega, jugando con el tiempo del consumidor y no sólo eso, con su necesidad y su paciencia, siendo práctica común la distinción que hacen los prestadores de servicios por la simple vestimenta, el género o el estrato social del solicitante, lo que es inadmisible, cuando uno de los valores de nuestra Nación se sustenta en la igualdad de sus habitantes.

Reitero, es inadmisible que el consumidor, que tiene todo el derecho de exigir que le sea entregada de forma ágil la factura por la compra o el servicio recibido, tal como lo dispuso el SAT al implementar el programa, deba esperar largos espacios de tiempo; tampoco es admisible que los consumidores tengan que gastar tiempo y dinero por la impresión de las facturas en otro momento, pues si bien es cierto que el costo es menor, también lo es que no debe ser una justificación, por el contrario, debemos exigir a los prestadores de servicios a cumplir con el programa de facturación electrónica de forma ágil y eficiente, buscando siempre el beneficio de los ciudadanos.

Para ello, tanto el SAT como la Profeco cuentan con facultades específicas para realizar visitas a los establecimientos mercantiles a efecto de verificar que se cumplan con las disposiciones, las que son de orden público y de las que se desprende que dichas autoridades deben actuar a efecto de que se cumpla el propósito que tiene la facturación en línea, esto es, que la expedición de las facturas sea ágil y gratuita para el consumidor.

Para ello, la Profeco deberá hacer uso de las facultades que le otorga el artículo primero fracción IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que señala lo siguiente:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento;

A su vez, el artículo décimo segundo del mismo ordenamiento establece:

Artículo 12. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, el proveedor, tiene obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada.

De igual forma, el artículo décimo tercero obliga a la Profeco a realizar visitas que verifiquen el cumplimiento de las disposiciones transcritas, al señalar lo siguiente:

Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez.

La Procuraduría considerará como información reservada, confidencial o comercial reservada aquella que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

De igual forma, el SAT cuenta con facultades para obligar a los establecimientos mercantiles a cumplir con las disposiciones vigentes, entre las que se encuentra la expedición de comprobantes fiscales, ya que el artículo 42 fracción III señala:

Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

Al efecto, el artículo 40 dota de coercitividad a las facultades del SAT, ya que menciona que la autoridad fiscal podrá emplear medidas de apremio cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades.

En tal virtud, es innegable que dichas autoridades están facultadas para promover la expedición de los comprobantes fiscales de forma ágil y gratuita para los consumidores, por lo que el suscrito, como diputado del Partido de la Revolución Democrática, propongo que mediante el punto de acuerdo que se expone, se exhorte a dichas entidades para que realicen las medidas necesarias para lograr los fines aquí expuestos.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría Federal del Consumidor para el efecto de que realicen supervisiones periódicas a los establecimientos mercantiles que de conformidad con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, tengan la obligación de expedir facturas electrónicas por los servicios prestados, con el fin de que la expedición de estas resulte ágil y sin ningún costo para los consumidores, y de igual forma, esas autoridades conminen a los dueños, gerentes, representantes y/o empleados de dichos establecimientos, a efecto de que la expedición de los comprobantes fiscales resulte ágil y sin costo para los consumidores, sin distingo de edad, género, origen, estrato social, filiación política, religiosa o grado de estudios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2015.

Diputado Arturo Santana Alfaro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sener, la Semarnat y la Comisión Reguladora de Energía a cancelar el gasoducto Tuxpan-Atotonilco, suscrita por las diputadas Blandina Ramos Ramírez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Norma Rocío Nahle García y Blandina Ramos Ramírez, diputadas a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, según los sucesivos

Antecedentes

Que los habitantes de la comunidad náhuatl de Cuacuila, Huauchinango, Puebla, enfrentan una problemática social, ambiental, jurídica y política generada por el gasoducto Tuxpan-Atotonilco, construido a 170 metros de su comunidad y a 200 metros del preescolar Xochicalco, lo que ha producido una percepción de temor en la población, ya que representa una bomba de tiempo que puede ocasionar la pérdida de vidas humanas.

Cuacuila es una junta auxiliar del municipio de Huauchinango, Puebla, de origen náhuatl, que se rige por sus usos, costumbres y creencias, y está organizada en comités y grupos de acción para la división de tareas y áreas de influencia y está habitado por aproximadamente cuatro mil cuacuilenses, y como pueblo indígena1 se caracteriza por defender el derecho a la vida, a los recursos naturales, a la seguridad de la comunidad y a un medio ambiente adecuado.

Que es el caso que en octubre de 2013 advirtieron la llegada de maquinaria para la excavación de sus tierras para la construcción de una zanja, lo cual causó extrañeza porque no sabían de qué obra se trataba y poco después, se enteraron que era para la colocación de un gasoducto.

Que en relación con el proyecto del gasoducto Tuxpan-Atotonilco, no se les ha informado, sin embargo, al solicitar a la presidencia municipal de Huauchinango, Puebla, la autorización del cambio de uso de suelo, licencia de construcción y autorización para cruzar caminos municipales para alojar y construir el citado gasoducto, se les entregó una copia certificada, en donde la firma de quien era el presidente municipal en ese momento era apócrifa.

Además, solicitaron ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), copia certificada del estudio de impacto ambiental y al presidente municipal de Huauchinango, el proyecto del gasoducto, ambas peticiones fueron negadas por las autoridades mencionadas.

El ducto recorrerá parte del estado de Veracruz hacia el oriente, recorriendo una trayectoria casi paralela a la carretera federal Xicotepec-Poza Rica, y atravesará, en su mayoría, parcelas cultivadas con naranjos, mangos, mandarinas, cítricos en general, predios agrícolas y zonas de potreros, con un total de 300 kilómetros, atravesando los estados de Hidalgo, México, Puebla y Veracruz.

Ahora bien, consideramos que existen razones técnicas suficientes para cancelar el gasoducto Tuxpan-Atotonilco:

1) Que el gas licuado de petróleo (LP) a pesar de que está clasificado como un material peligroso es un gas que se estará moviendo desde su origen a su destino a alta presión las 24 horas diarias, los 365 días del año, será transportado por medio de un gasoducto de acero al carbón de 10 pulgadas de diámetro, un tramo de este ducto, precisamente pasa a un lado de la población de Cuacuila, Puebla, y se instaló sin respetar normas, reglamentos, leyes y recomendaciones de construcción, de protección al medio ambiente y de seguridad a la vida de las personas, animales y recursos naturales, violentando con su instalación, recomendaciones de la Semarnat, Secretaría de Gobernación (SG), Protección Civil y Bomberos, de la Secretaría de Energía (Sener), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y sobre todo en contra de la opinión de la comunidad de Cuacuila, que rechaza vivir con este riesgo y jugar con la integridad física de sus familias.

2) Que aunado a lo anterior, no presentan para este proyecto trazabilidad, para definir en cualquier momento sobre la ruta crítica de este proyecto, cuál fue el criterio y si éste se cumplió a cabalidad para tomar la decisión en la selección, compra y manejo de materiales y equipo, en el momento de la procura, en la construcción, en las pruebas de arranque y paros de emergencia, así como cuáles fueron los lineamientos de prevención para aplicar medidas de mitigación, de disposición final de materiales indeseables y de buenas prácticas como serían presentaciones y talleres para las comunidades cercanas, con escenarios de supuestos casos de emergencia, como fuga de producto, incendio o explosión, así como mínimamente señalética de rutas de evacuación, elaboración del plan interno de protección civil y la realización de simulacros incluyendo en estos puntos a la población y autoridades municipales y auxiliares.

3) Puntos concretos para solicitar la cancelación de la obra para Cuacuila:

a) Cruce perpendicular bajo cauce del río Huazaptitla. A 50 metros se encuentra un puente de 200 metros de la autopista antes de llegar a la caseta de cobro a Huachinango, Puebla.

b) El ducto cruza debajo a un costado de la caseta de cobro Taxcapa de Huachinango.

c) Válvula de seccionamiento a 50 metros de viviendas de la colonia Taxcapa a 150 metros se encuentra la caseta de cobro.

d) No presentan estudios cualitativos y cuantitativos de análisis de riesgo del proceso, como hazop y phast.

4) El proyecto cruza un área terrestre prioritaria y un área hidrológica prioritaria sin que se le dé valor en el desarrollo del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). La región terrestre prioritaria (RTP) es la relativa a los bosques mesófilos de la Sierra Madre Oriental .

5) En relación a la flora y la fauna existente, de acuerdo con el estudio de Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), la región de Cuacuila, pertenece a la región terrestre prioritaria y una región hidrológica prioritaria.

6) De forma similar el proyecto cruza con la región hidrológica prioritaria (RHP) 76. Río Tecolutla en la que de acuerdo con la Conabio es imperante la preservación de los recursos acuáticos.

7) Conforme a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp 2013), la zona de la presidencia auxiliar de Cuacuila se encuentra dentro de un área natural protegida (ANP). Estas son áreas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal.

8) Considerando que la presidencia auxiliar de Cuacuila, del municipio de Huachinango, es una zona indígena náhuatl, donde el mismo gobierno federal, vía la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) así como el Programa de Desarrollo Zona Prioritaria (PDZP) señalan a Cuacuila2 como una localidad con un índice de marginalidad alto, con presencia indígena puesto que de población total de la Junta Auxiliar de 3 mil 50 habitantes, 2 mil 987 personas corresponde a población indígena3 .

Además, desconocen los instrumentos internacionales (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), ley fundamental y constitución local de Puebla en torno a la participación y consulta de las comunidades indígenas, así como la planeación y formulación de políticas de desarrollo implementadas para su bienestar.

Por lo anteriormente expuesto y por la grave situación por la que atraviesan las comunidades de Puebla, sometemos a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, con pleno respeto de sus atribuciones y de la división de poderes, solicita a los titulares de las Secretarias de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del director de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de sus atribuciones, difundan los estudios técnicos, normatividad, las acciones realizadas, así como las reuniones o asambleas verificadas con las comunidades en el estado de Puebla en donde se instaló el proyecto gasoducto Tuxpan-Atotonilco , así como la anuencia de los presidentes municipales y su factibilidad.

Asimismo, publiquen la autorización de los propietarios o ejidatarios para la realización de la obra, así como la contraprestación otorgada a los mismos.

Segundo. Esta representación nacional exhorta a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, en el ámbito de sus atribuciones, para que salvaguarden los derechos humanos e integridad de los habitantes de la comunidad náhuatl de Cuacuila, en Huauchinango, Puebla.

Asimismo, esta soberanía, solicita a ambas comisiones de derechos humanos, en el ámbito de sus atribuciones, adoptar las medidas de acompañamiento previstas en los ordenamientos jurídicos.

Tercero. Esta soberanía exhorta a los titulares de las Secretarías de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al director de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de sus atribuciones y de existir razones técnicas suficientes, cancelar el gasoducto Tuxpan-Atotonilco.

Notas

1. Sin contar con el reconocimiento oficial

2. Cfr. Clave de la localidad 210710009

3. Esto es 97.93 por ciento. (CDI Localidades Indígenas, Inegi: Censo de Población y Vivienda de 2010, PDZP, 2014)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputadas: Norma Rocío Nahle García, Blandina Ramos Ramírez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal, estatales y del DF a garantizar que la educación básica sea gratuita y no condicionada al pago de cuotas escolares, y procurar la sanción efectiva de los funcionarios infractores, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

La educación es uno los pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y humano de una sociedad, este último se da en primera instancia en el circulo familiar, no obstante el desarrollo de las capacidades y el conocimiento se da en las escuelas como parte de la rectoría educativa que le corresponde como obligación al Estado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) consideran a la educación como factor esencial para el progreso de un país, en donde la comunicación organizada promueve la cultura de paz, ensalza la diversidad y defiende los derechos de los ciudadanos.

En el ámbito internacional existe un compromiso en torno a la nueva agenda de desarrollo sostenible adoptado por los países miembros de la Organización Naciones Unidas (ONU), la cual en su Objetivo 4: Educación de Calidad, propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esto como parte de un plan global para dar respuesta a desafíos universales que se consideran necesarios para el desarrollo.

En el caso de México la educación es gratuita, tal y como lo establece la Carta Magna en su artículo 3o., el cual señala que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. De la misma manera, la Ley General de Educación en el artículo 6 señala que: “En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna”. En el mismo sentido la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobada por la legislatura pasada en el Congreso, establece el compromiso de las autoridades federales para garantizar y proteger el derecho y acceso a la educación para las niñas, niños, adolescentes y aquellos con capacidades diferentes.

Como bien se sabe continua habiendo una problemática en el inicio y trascurso del ciclo escolar en la mayoría de las instituciones de educación básica y media superior en diversos estados de la república. Los titulares de las instituciones siguen cobrando cuotas sin justificación, por lo que continúan forzando a los padres de familia para que cubran un depósito económico a cambio de las inscripciones, calificaciones, materiales didácticos, aplicación de exámenes y entrega de documentos a los estudiantes. Año con año siguen incrementando las quejas de los padres de familia sobre el pago de cuotas y sin que hasta el momento se tenga conocimiento de alguna sanción para un plantel. Acciones como estas, limitan los derechos de los niños y niñas a la educación, cuyos padres no cuentan con recursos suficientes, viéndose imposibilitados a pagar.

De acuerdo al artículo 57 capitulo, fracciones lll y V del Capitulo Decimo Primero del Derecho a la educación de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes señala que:

Artículo 57. ...

...

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:

I. ...

II. ...

III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin discriminación

IV. ...

V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes;

La armonización de la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes para las 31 entidades es de vital importancia para ejercer los derechos de la juventud mexicana principalmente en materia de accesibilidad a la educación.

La Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia referente a esta problemática en los últimos años, ha expresado que la finalidad del pago de cuotas se ha ido distorsionando, debido a que desde 1949, cuando se crearon las asociaciones, se estableció que el objetivo de la contribución o pago de cuotas sería para que los representantes de los padres se apoyaran con recursos a fin de efectuar sus desplazamientos para gestionar ante los distintos niveles de gobierno los presupuestos para becas o para la mejora de las edificaciones escolares.

El cobro de cuotas en México ha generado problemas administrativos en las escuelas debido al mal uso de los recursos económicos y prácticas de corrupción. La coyuntura económica actual que está atravesando el país refleja que la situación económica de las familias de bajos y medianos ingresos no pueden cubrir las cuotas educativas, aunado a los gastos de uniformes, calzado y útiles escolares, reflejándose en un obstáculo para la educación de los hijos y de cierta manera un argumento para el rechazo de los educandos en las escuelas.

Es importante que en el marco de la reforma educativa en el país sean coordinados los esfuerzos en cada región de las entidades federativas, en donde autoridades, maestros y padres de familia se puedan reunir para evaluar el desempeño escolar y la organización de la propia institución educativa.

Por estas razones se solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), supervise y sancione de forma oportuna a los titulares, delegados estatales, directivos y personal administrativo de las instituciones escolares que constituye la Secretaria de Educación Pública Estatal, a fin de que se ejerza el cumplimiento de la ley y se aplique la sanción correspondiente, con el objeto de evitar el abuso de autoridad para presionar a los padres de familia a pagar las cuotas que exigen las escuelas.

Por lo expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales de las 32 entidades federativas incluyendo al Distrito Federal a garantizar como lo establece el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6 de la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que la educación pública que imparte el Estado sea gratuita y no esté condicionada al cobro de cuotas escolares obligatorias en los niveles de educación básica y media superior, generando los mecanismos necesarios que den cumplimiento a lo anterior y que procure la sanción efectiva de los funcionarios públicos infractores.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación en Tamaulipas, doctor Diódoro Guerra Rodríguez, para que en el ámbito de sus facultades lleve a cabo las acciones necesarias para atender el abatimiento de estas prácticas ajenas a la ley. Asimismo emita una llamado a los directivos de las escuelas en su jurisdicción, para que eviten utilizar su cargo público de manera ilícita a fin de obtener ventaja mediante prácticas que afecten a los padres de familias en el cobro de cuotas escolares en los 43 municipios que comprende el estado.

Tercero. Se exhorta al Consejo Estatal de Participación Social en la Educación en Tamaulipas, a que haga uso de sus funciones para apoyar las acciones emprendidas por la Secretaría de Educación, con el fin de dar solución a la problemática anteriormente expuesta, haciendo el presente exhorto extensivo a los Consejos Municipales y Escolares de Participación Social respectivamente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a declarar zona de desastre diversos municipios de Jalisco, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación declare zona de emergencia los municipios de Jalisco afectados por el “huracán Patricia”, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Derivado de los monitoreos de los diversos Institutos meteorológicos encargados de rastrear el comportamiento de los fenómenos hidrometeorológicos que azotan el planeta tierra, destaca significativamente el reporte dado a conocer por la Conagua, donde su Director Roberto Ramírez de la Parra, dijo que el huracán Patricia es considerado dentro de la clasificación 5 de este tipo de fenómenos, el más peligroso y más intenso desde que se tiene registro en todo el planeta, se prevé que toque tierra con todas su fuerzas entre las 16:00 y las 18 horas de este viernes sobre la costa central del Estado de Jalisco, además hizo hincapié en que no se puede escatimar la intensidad de este fenómeno “que nunca hemos visto en el territorio nacional, no existe un antecedente de los huracanes que hemos tenido en el territorio nacional de esta magnitud, de esta intensidad”. Para dimensionar los efectos que causará se hace la referencia que un huracán categoría 5, es capaz de levantar automóviles, destruir todas aquellas casas que no estén cimentadas con acero, varilla y cemento, puede arrastrar a las personas que se encuentre en la calle.

Las zonas que se prevé serán las más vulnerables son aquellas que se encuentran en la costa, principalmente en el estado de Jalisco.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a declarar zona de emergencia los los diferentes Municipios del Estado de Jalisco afectados; así como, el que se liberen los recursos de apoyo a la población del Fondo Nacional de Desastres y se amplíe la atención hacia todas las comunidades afectadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de octubre de 2015.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a convocar por la Segob a los Poderes de la Unión y la sociedad en general a firmar un acuerdo nacional para la atención integral de la discriminación, delincuencia e impunidad existente en internet y las redes sociales, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las redes sociales se han convertido en un corto tiempo en un medio de comunicación de la sociedad de altísimo impacto y relevancia, en México 43 por ciento de la población se encuentra activa en las redes sociales como Facebook, You Tube, Twitter e Instagram.

Esto es, 50 millones de mexicanos comparten, se comunican y se agrupan mediante las redes sociales, haciendo uso de ellas en promedio casi 4 horas al día.

El mayor número de usuario de redes sociales se encuentran entre las edades de 15 a 44 años, siendo el segmento más amplio el de 15 a 24 años con 38 por ciento, esto significa que en la sociedad mexicana 19 millones de jóvenes menores de 24 años se encuentran inmersos en las redes sociales superando cada uno y por mucho las 4 horas de utilización de éstas.

El amplísimo número de personas relacionadas mediante las redes a nivel mundial y la facilidad que implica su uso, han propiciado que estos espacios tengan la capacidad de conformar vastas comunidades virtuales, organizar movimientos sociales con alto grado de organización y respuesta, debilitar mecanismos de autoprotección, imprimir matiz de realidad a la fantasía y una pasmosa celeridad en la difusión de cualquier evento o noticia, sea cierta o no.

Todas las bondades manifiestas en el uso de las redes sociales cuentan con su contraparte negativa y en casos hasta nociva de la sencillez comunicadora de las redes. No en vano estados completos y líderes políticos han intentado eliminarles o por lo menos proscribirles.

Los aspectos menos agradables de nuestra sociedad, como lo son el terrorismo, la delincuencia, la discriminación y la impunidad, entre muchas más, se ven reflejadas y amplificadas en las redes sociales que se han revelado como el espacio idóneo para inducir, estimular, organizar y favorecer actividades que distan de ser las convenientes para la armonía y el desarrollo de la humanidad.

Cada día encontramos nuevas formas de agresión, discriminación y humillación en las redes sociales por parte de personas que alentados por el anonimato y su baja autoestima, pretenden satisfacer su desubicada necesidad de superioridad haciendo objeto de burla a otras personas o la condición de éstas.

Hoy por hoy podemos encontrar en Twitter diversos hastags dirigidos al señalamiento agresivo de mujeres, jóvenes en su mayoría adolescentes y gravemente también niñas y niños, explotando su condición económicamente precaria mediante fotografías que les muestran en poses provocativas, con poca ropa y de manifiesta humildad, teniendo como fondo de la imagen espacios y viviendas de marcada penuria.

Los hastags “#pobrezafilia”, “#tanricaytanpobre”, “#putipobre”, “#misseria”, son tan sólo algunos de los nombres con los que se ha etiquetado y permitido el intercambio directo de fotografías que por múltiples y disímbolas razones han sido “subidas” a las redes, acompañándolas de comentarios peyorativos, discriminatorios y sexualizados.

Si bien muchos aceptamos que la información e imágenes que se “suben” a las redes se convierten en material público, no perdamos de vista que estas fotografías no siempre han sido publicadas por quienes aparecen en ellas, que en muchas ocasiones no se trata de las ya comunes selfies , que cada vez es más frecuente que presenten niñas y niños que, en el mejor de los casos, desconocen las implicaciones de ser el protagonista en esa fotografía.

Esta nociva moda no puede ser observada como un riesgo más de los muchos que se corren al ser usuario de las redes sociales o como el costo de subir a la internet fotografías que fueron publicadas considerándolo inicialmente como algo divertido, sexi, seguro o como simple mecanismo de reafirmación.

Por el contrario, esta conducta dirigida a burlarse abiertamente de la pobreza y la imagen personal de mujeres, niñas y niños de difícil condición social, es el escalón primario que arriba al abuso sexual de menores, de la hipersexualización y cosificación de las mujeres, la trata de personas, la discriminación impune, la pornografía infantil y pederastia, la violencia contra las mujeres, la apología de múltiples delitos.

Con estas acciones se provoca el rompimiento del tejido social y dificulta la posibilidad de evolución humana hacia estadios de convivencia armónica, enraizando en el pensamiento de unos y otros la falsa creencia de que existen seres humanos superiores y seres humanos inferiores, seres con derecho a humillar y seres que merecen ser ultrajados.

Si en realidad apostamos por una evolución del pensamiento que nos permita, en un futuro, ser verdaderamente una sociedad productiva y civilizada no podemos creer que estas acciones discriminatorias no nos afectan en lo personal.

Necesitamos unirnos y corregir esa visión distorsionada del valor de las personas, es necesario que sociedad, redes sociales, sector privado y público, usuarios y medios de comunicación y difusión en general, construyamos en pro de sociedades armónicas, productivas e incluyentes como una inversión para la estabilidad de nuestras sociedades.

Por lo anterior pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Gobernación convoque a los tres Poderes de la Unión, sociedad, medios masivos de comunicación, comunicadores, redes sociales, usuarios, sector privado y a la sociedad en general a la firma de un Acuerdo Nacional para la Atención Integral de la Discriminación, Delincuencia e Impunidad existente en Internet y las Redes Sociales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno, el secretario de Seguridad Pública y el procurador general de Justicia del DF a garantizar la seguridad e integridad de los habitantes de Iztapalapa, e investigar los hechos relacionados con los cuerpos hallados en la demarcación y presentar públicamente los resultados de las pesquisas, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XIX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el cual se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Seguridad Pública y al procurador general de Justicia, ambos del Distrito Federal, ordenen e implementen, con pleno respeto a las garantías individuales y derechos humanos y en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los habitantes de la delegación Iztapalapa, así como se investiguen los hechos relacionados con los cuerpos hallados en dicha demarcación y presenten públicamente los resultados de las investigaciones.

Antecedentes

En días pasados los medios de comunicación han informado de diversos cuerpos hallados en la delegación Iztapalapa, con signos de tortura, derivado de posibles ejecuciones. Por un lado se encontró del cadáver de un hombre dentro de un tambo; posteriormente se encontró otro cuerpo colgado en el puente de La Concordia, en la delegación Iztapalapa.

En algunos casos se ha señalado por parte de las autoridades del Distrito Federal como una de las líneas de investigación disputas relacionadas con conflictos entre grupos de reos rivales en cárceles del Distrito Federal que se disputan el control de éstas,1 particularmente de grupos relacionados con la extorsión.

En este contexto de agudización de la violencia y el crimen, no es posible omitir, que han sido reiterados los señalamientos y las denuncias públicas sobre la existencia de vínculos de la actual administración delegacional con grupos criminales dedicados a la extorsión, narcomenudeo y robo de autos.

Asimismo, hay que señalar que la percepción ciudadana observada en diversas mediciones, registra una reprobación al gobierno de Miguel Ángel Mancera en materia de inseguridad, corrupción y violencia.

Problemática planteada

Los hechos mencionados sin lugar a dudas vulneran la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México y particularmente en la delegación Iztapalapa, pues es en dicha demarcación donde se han encontrado los cuerpos, puesto que a pesar de que el gobierno del Distrito Federal ha implementado mecanismos de vigilancia e invertido una cantidad considerable de recursos económicos para la instalación de cámaras de vigilancia, aún no ha podido establecer con certeza quiénes y cuándo fueron colocados los cuerpos, lo que genera un sentimiento de inseguridad entre la población y de impunidad con respecto a los responsables, toda vez que las autoridades responsables de la seguridad y procuración de justicia no han señalado avances en la investigación de los hechos cometidos, limitándose la autoridad a enviar 120 elementos, más tres pelotones de policías metropolitanos y la instalación de dos nuevos puntos de revisión en toda la delegación , sin que ello sea necesariamente una estrategia de seguridad pública que además.

En este sentido, las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, deben propiciar e implementar medidas destinadas a disminuir la inseguridad y los delitos, procurando el máximo respeto y cumplimiento a los derechos humanos, lo cual no ocurre si los delitos cometidos dejan de ser investigados.

Consideraciones

Primera. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Segunda. En virtud que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se ha establecido un Sistema Nacional de Seguridad Pública el cual tiene por objeto articular y coordinar a las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno a través de establecer directrices, alinear las políticas públicas, establecer sistemas de planeación estratégica, así como de evaluación y transparencia, constituyéndose en un Sistema confiable, legítimo y eficaz, buscando el respeto a la integridad física, moral y patrimonial de las personas y sociedad, facilitando con ello su desarrollo y plenitud.

Dentro de dicho Sistema, se prevé la existencia del Consejo Nacional de Seguridad Pública,2 como instancia superior de coordinación, en la cual participan tanto el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, entre otros; dicho Consejo tiene entre sus atribuciones, promover las efectiva coordinación entre las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento a las acciones que se establezcan.

De igual forma, dicho Sistema se integra por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes (integrada por los titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la Federación, los Estados y el Distrito Federal), así como por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (integrada por los titulares de las Instituciones de Procuración de Justicia de la Federación, el Distrito Federal y los Estados), de conformidad con los artículos 10, 23 y 27 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tercera. En el caso del Distrito Federal la seguridad pública está a cargo del jefe de gobierno del Distrito Federal, secretario de Seguridad Pública y procurador general de Justicia del Distrito Federal, razón por la cual están obligados a ejecutar las acciones tendientes a garantizar la seguridad pública, coadyuvar a la prevención del delito, ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Cuarta. Si bien el concepto de seguridad ciudadana no ha sido incorporado expresamente en nuestro sistema normativo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos3 considera a la seguridad ciudadana como una de las dimensiones de la seguridad humana, la cual involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la estructura del Estado y la sociedad, las políticas y programas de los gobiernos entre otros; en ese sentido, la seguridad ciudadana es la situación social en el que las instituciones encargadas de prevenir y controlar la violencia y delitos, actúan de tal forma que permiten que todas las personas gocen libremente de sus derechos fundamentales pues es vital para la vigencia y garantía de los derechos humanos, en especial de los civiles y políticos

En ese sentido, nuestro sistema jurídico mexicano a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, reconoce el principio pro persona que implica el máximo respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades en cualquiera de sus órdenes de todo individuo sin importan condición, edad o género, por ello, acorde a los estándares internaciones en materia de derechos humanos, las autoridades del Distrito Federal, incluidas las relacionadas con la seguridad pública deben actuar en un marco que prevenga y controle la violencia y delitos, sin que ello implique menoscabo en el ejercicio de los derechos humanos.

En consecuencia, siendo evidente que los hechos referidos en el apartado de Antecedentes vulneran la seguridad de los habitantes del Distrito Federal, particularmente de los que habitan la demarcación en Iztapalapa, por lo expuesto y fundado, resulta oportuno, someter a consideración del pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente resolución:

Primero. Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Secretario de Seguridad Pública y Procurador General de Justicia, ambos del Distrito Federal, ordenen e implementen, con pleno respeto a las garantías individuales y derechos humanos y en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los habitantes de la Delegación Iztapalapa, así como se investiguen los hechos relacionados con los cuerpos hallados en dicha demarcación y presenten públicamente los resultados de las investigaciones.

Segundo. Se exhorta a la PGJDF para que agote todas las posibles líneas de investigación sobre las ejecuciones ocurridas en los días pasados en la delegación Iztapalapa, incluidas aquellas denuncias relacionadas con la existencia de vínculos de la actual Administración Delegacional, con la delincuencia organizada.

Notas

1 Página electrónica de El Universal , visible en la dirección electrónica
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/22/pugna-por-control-de-penal-en-df-deja-otro-asesinato, consultado el 22 de octubre de 2015.

2 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 12. El Consejo Nacional estará integrado por:

I. El presidente de la República, quien lo presidirá;
II. El secretario de Gobernación;
III. El secretario de la Defensa Nacional;
IV. El secretario de Marina;
V. El secretario de Seguridad Pública;
VI. El procurador general de la República;
VII. Los gobernadores de los estados;
VIII. El jefe del gobierno del Distrito Federal, y
IX. El secretario ejecutivo del Sistema.

El presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el secretario de Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente.

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. Asimismo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo.

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, 2009, p. 6-10, consultable en la página electrónica de la propia Comisión en la dirección electrónica

http://www.cidh.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%20 2009%20ESP.pdf, visto el 26 de septiembre de 2104.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 27 de octubre de 2015.

Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a ampliar el personal capacitado para el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el Sector Salud.

II. El principal objetivo del Instituto es prestar servicios de salud reproductiva y perinatal, la investigación científica, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad con el propósito de resolver de manera óptima problemas de alto riesgo materno, perinatal y ginecológico.

III. En 2014, el Instituto otorgó 137,773 consultas y brindó atención de urgencia a 18,289 personas. Se realizaron 7,128 cirugías de especialidad en el mismo periodo, todo ello con apenas un poco más 233 médicos. Estos datos se traducen en una constante carga laboral para él personal médico, y un alto número de pacientes que, sin saber esto, acuden a este instituto con la finalidad de ser atendidos con eficiencia y eficacia. Resta señalar que la carga promedio de consultas por médico al año fue de 592. En el mismo periodo se presentaron 59 publicaciones de investigación médica emanadas de la actividad del propio Instituto.

IV. El presupuesto destinado al Instituto ha aumentado en los últimos dos años un 19.9 por ciento, pasando de 674, 952 pesos a 777, 145 pesos al cierre de 2014. Sin embargo, aunque el Instituto Nacional de Perinatología recibió en 2015 poco más de 874 millones de pesos, el incremento representa en términos reales una ligera reducción presupuestal si se consideran los gastos globales de operación.

V. En México, el 20 por ciento de la consulta médica familiar está relacionada con problemas de infertilidad según el Diagnóstico de la pareja infértil y tratamiento con técnicas de baja complejidad, elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cifras de INEGI indican que 1.5 Millones de mexicanos que tienen problemas de infertilidad, por lo que 1,050 Parejas al año solicitan apoyo de expertos del Instituto Nacional de Perinatología para poder concebir.

VI. Desde hace 25 años, el Instituto Nacional de Perinatología cuenta con un programa de infertilidad de bajo costo. En 2013, realizó 159 ciclos de transferencia, de los que 35 por ciento resultó exitoso, mientras que al año siguiente se realizaron 185 ciclos de los que 30 por ciento funcionó. La lista de espera alcanza mil 50 parejas por año, por lo que han debido endurecer los requisitos para ingresar al programa: las parejas interesadas no deben ser derechohabientes en alguna institución y la edad máxima para recibir atención es de 35 años para mujeres y 55 años para varones. En un año, el hospital ofrece entre 8 mil y 10 mil consultas por infertilidad, de las que 30% se relacionan con técnicas de reproducción asistida de baja (inseminación artificial) y alta complejidad (fertilización in vitro con transferencia de embriones).

VII. De acuerdo, con la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los días mueren 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La mayor parte de estas muertes son prevenibles y un porcentaje muy grande corresponde a mujeres en situación de vulnerabilidad: rurales, indígenas, afro descendientes y pobres. La mayoría de éstas, se encuentran relacionadas con la falta de acceso a servicios de calidad, que se asocian con costos elevados de la atención médica, deficiencias en los insumos y equipos, y la falta de personal capacitado, por tal motivo el Instituto es una opción para este sector.

VIII. “Entre el nueve y el 14 por ciento de las mujeres embarazadas presenta parto prematuro, que ocurre antes de la semana 37 de gestación. El control prenatal es fundamental para determinar los factores de riesgo, a través de la realización de estudios, como el ultrasonido, que permite medir la longitud y la forma del cérvix y los urocultivos, para detectar posibles infecciones que, en ocasiones, son asintomáticas, esto se debe principalmente a la ruptura del saco amniótico, las infecciones de las vías urinarias o las cervicovaginales” Entrevista Dr. Norberto Reyes Paredes, Subdirector de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, de la Secretaría de Salud.

IX. Otros factores que también pueden desencadenar el nacimiento antes de tiempo, son la preclamsia, alteraciones en el cuello del útero, trastornos en la implantación de la placenta y hemorragias, que pueden presentarse en la segunda mitad del embarazo y los embarazos gemelares. “La principal señal de alarma que deben atender las mujeres en la segunda mitad de la gestación, es la contracción progresiva y frecuente en intensidad, al endurecerse el abdomen, acompañada de cólicos. El sangrado vaginal o la salida de líquido amniótico en cantidad abundante o una infección en cualquier sitio del cuerpo, también son signos de alerta.

Uno de los principales factores de riesgos es el antecedente de un nacimiento antes de tiempo, la realización de legrados, el diagnóstico de malformación de la matriz, o una enfermedad preexistente como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, neurológica o cardiopatía” Dr. Norberto Reyes.

X. Es importante que las mujeres se realicen pruebas bioquímicas e inmunológicas muy sencillas, ya que ayudan a detectar el nacimiento prematuro. Cuando se califique un embarazo como de riesgo, se debe enviar a la paciente a un hospital que cuente con el equipo y personal especializado en la materia, el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” ha sido uno de los lugares más adecuados para atender dichos caso, ya que cuenta con el equipo necesario y el personal capacitado.

XI. El Instituto se ha caracterizado porque la atención médica que brinda a las pacientes es oportuna y de calidad, sobre todo a los recién nacidos que tienen alguna enfermedad que pone en riesgo su vida y a aquellos que sin recursos suficientes obtienen, en los servicios del Instituto, la única opción para poder procrear. Esta función debe ser fortalecida con recursos que promuevan la investigación y la implementación de las políticas públicas de salud contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con recursos suficientes para la ampliación del personal médico a su servicio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo a través del siguiente:

Resolutivo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, a llevar a cabo las acciones necesarias para ampliar el personal capacitado para el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a difundir los resultados de las siembras experimentales de granos transgénicos; y a la Cofepris, a hacer públicos los resultados de los estudios realizados a las semillas transgénicas, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1 fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de este órgano legislativo la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que haga pública la información sobre los resultados de las siembras experimentales de granos transgénicos, en cuanto a la posibilidad de que el maíz transgénico pueda contaminar las variedades de maíces mexicanos o híbridos, así como que refiera si en la actualidad se está comercializando este tipo de semillas; de igual forma se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que haga públicos los resultados de los estudios realizados a las semillas transgénicas y qué consecuencias tiene su consumo.

Consideraciones

En días recientes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un anuncio muy importante que reafirma lo que científicos independientes y multitud de organizaciones civiles han alertado desde hace muchos años: que el uso y consumo de cultivos transgénicos puede ser nocivo para la salud y para el medio ambiente.

Es importante comentar que las semillas genéticamente modificadas, y a las que se le incorporan genes de otros organismos para producir las características deseadas artificialmente mediante la biotecnología vegetal, se les conoce como productos transgénicos. En ese contexto se debe precisar que l os cultivos donde la ingeniería genética ha alcanzado más desarrollo y éxito en el laboratorio, son en las semillas de maíz y soya; los científicos han podido saltarse la selección natural y la evolución para modificarlas de forma artificial, sin embargo la modificación referida se ve afectada por que para su cultivo son profusamente rociados, entre otros químicos, con glifosato (componente principal del herbicida Faena), al cual son resistentes.

El glifosato ha sido finalmente enlistado como un compuesto cancerígeno en animales de laboratorio, y probable cancerígeno para los humanos; y será cuestión de tiempo, y también de que se tomen en cuenta los datos de Latinoamérica, para que sea puesto en la categoría más alta como cancerígeno en humanos. Por ejemplo, un estudio realizado en Argentina reporta que en la población de Monte Maíz, cercana a campos de producción de soya transgénica, donde circulan 600 mil litros de glifosato al año, la incidencia de “varios tipos de cánceres” es 2.67 veces mayor a la media de la provincia en la que se encuentra esta población.

El glifosato se rocía masivamente sobre los “cultivos cuando ya están produciendo frutos o semillas” y éste penetra en las células vegetales, lo que impide que podamos lavarlo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que cerca de 90 por ciento del maíz que se siembra actualmente en ese país es transgénico y tolerante a herbicidas como el glifosato, pudiendo ser una de las causas del aumento de muertes por 22 enfermedades en aquel país. Adicionalmente, se ha filtrado a los medios que hace 34 años Monsanto (Empresa que comercializa en gran porcentaje semillas transgénicas y agroquímicos para las mismas) presentó reportes a la Agencia de Protección Ambiental estadunidense (EPA) informando que el glifosato era cancerígeno:¡Monsanto y el gobierno de Estados Unidos conocían de la toxicidad del glifosato desde 1981!

Esto tiene implicaciones sumamente preocupantes para México. El maíz importado a nuestro país desde Estados Unidos (10 millones de toneladas al año) es prácticamente todo transgénico, y ya ha sido aprobado para consumo humano y/o animal en nuestro país por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Este maíz no trae instrucciones de uso ni de concentraciones del glifosato, y puede estar llegando contaminado con este tóxico a nuestras mesas. Es urgente probar esta hipótesis, y averiguar dónde se está distribuyendo este maíz contaminado. ¿Lo están comprando los grandes monopolios que procesan y comercializan alimentos de maíz? ¿Está distribuyéndose maíz transgénico contaminado con glifosato a través de programas de asistencia social o de las mismas compañías que en años recientes visitan las comunidades mexicanas regalando su maíz en arreglo con las autoridades ejidales y municipales? ¿Está llegando incluso a nuestras tortillas? ¡El maíz es nuestro alimento básico! Esto implica, además de un profundo significado cultural, que el maíz es fundamental en la dieta de los mexicanos: se consume en promedio casi medio kilo de maíz al día; el maíz aporta casi la mitad de la ingesta de calorías y más de la tercera parte del consumo de proteínas diarias. En México el maíz se consume poco procesado y es muy factible que el glifosato llegue a nuestra mesa si proviene de siembras transgénicas.

Dada la asociación clara –que ahora la OMS también reconoce– entre el consumo de alimentos contaminados con tóxicos como el glifosato y el padecimiento de múltiples enfermedades, que el glifosato es un cancerígeno, y que consumimos gran cantidad de tortillas, urge averiguar si este maíz transgénico contaminado con glifosato llega a nuestras tortillas, pues este escenario podría implicar una crisis sanitaria grave e inaceptable. Esto sería responsabilidad de todas las entidades del gobierno encargadas de agricultura, sanidad y bioseguridad, y también de los empresarios dueños de las industrias comercializadoras de semillas y granos de maíz, de su procesamiento y comercialización, que en búsqueda de mayores ganancias podrían estar dispuestos a usar maíz barato contaminado, más que a pagar precios justos por un maíz limpio de alta calidad producido por los campesinos mexicanos. ¿Realmente estamos comiendo tortillas, totopos, tostadas, cereales, memelas, elotes, tamales, atoles, sopes, y tantas otras formas de maíz, hechas con transgénicos contaminados con glifosato? ¿Qué estrategia está adoptando Cofepris para impedir que nuestras tortillas sean transgénicas y cancerígenas? ¿Qué responden Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) o Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para asegurar que el maíz híbrido que distribuyen en el campo o venden las corporaciones y semilleras privadas no esté contaminado con transgenes y glifosato? Si se distribuye maíz contaminado, es sumamente grave, pues implicaría que los campesinos podrían usar ese maíz para sembrar, y así contaminarían sin saberlo sus propios maíces nativos (criollos), o podría consumirse bajo engaño de que es un maíz híbrido elotero y no un maíz contaminado transgénico y con glifosato.

Los maíces nativos son, hoy por hoy, la fuente más sana de maíz. Tienen un índice glicémico menor que el híbrido (incluido el transgénico), y por ello su consumo implica menor riesgo de causar obesidad y diabetes; además tienen mayores cantidades de fibra y antioxidantes, que previenen enfermedades como el cáncer. También están, por ahora mayoritariamente, libres de transgenes y glifosato. No menos importante: promover su siembra y consumo preservará la vida campesina en México, que ha generado y regenerado la gran diversidad de maíces nativos durante miles de años, sustento de la soberanía y seguridad alimentaria en nuestro país y en el resto del mundo, que lamentablemente está perdiendo aceleradamente opciones de alimentación sanas e independientes. Es urgente adoptar ya una política precautoria fundada en evidencia científica independiente y rigurosa, y no seguir los lineamientos de las grandes industrias semilleras.

Aunado a lo anterior cabe resaltar que los productos transgénicos generan grandes ganancias a las compañías que los producen, pero éstas no advierten de los posibles daños que pueden provocar a la salud las semillas modificadas genéticamente, ya que no se han hecho los estudios necesarios que comprueben que no existe riesgo para la salud con su consumo; además, este tipo de prácticas amenazan la diversidad biológica de semillas como el maíz.

El gran consumo que hay en México de maíz, que va más allá de un simple alimento y que es todo un rasgo de nuestra cultura e identidad, ha provocado que los consorcios trasnacionales que se dedican al desarrollo de semillas transgénicas vean a esta región del mundo como un gran mercado para sus productos. Por mucho tiempo en el país se prohibió sembrar maíz transgénico, con el fin de proteger las variedades de maíces mexicanos de la contaminación transgénica, que puede producirse si el polen del maíz transgénico se cruza con el de nuestras variedades nativas e híbridas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sólo entregó licencias para sembrar granos transgénicos con fines experimentales en superficies de pocas hectáreas, hasta 2012; pero a partir del 7 de septiembre de ese año el gobierno federal autorizó a las empresas de biotecnología para solicitar autorizaciones con fines comerciales. Del 7 de septiembre de 2012 al 3 de septiembre de 2013, diferentes consorcios transnacionales como Monsanto, Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro, presentaron 14 peticiones de uso comercial de maíz transgénico, a distribuirse en 5 millones 973 mil hectáreas en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa y Baja California Sur, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

La siembra de estas semillas de maíz transgénico no se ha concretado, ya que un juez suspendió la entrega de avales el 17 de septiembre de 2012, debido a la demanda colectiva que interpusieron organizaciones civiles contra la Sagarpa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y sociedades productoras de maíz transgénico.

Sin embargo el pasado 24 de agosto de 2015, el juez federal Francisco Peñaloza dejó sin efectos las medidas cautelares dictadas en septiembre de 2013, que prohibían la liberación al ambiente de maíz transgénico.

La resolución del juez Peñaloza se sustenta en opiniones científicas sobre los riesgos y beneficios de permitir la liberación al medio ambiente de organismos genéticamente modificados (OGM) del maíz.

En la orden de medidas cautelares, emitida el 17 de septiembre de 2013, el juez prohibió , tanto al gobierno federal como a las empresas del sector agroindustrial, realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de OGM del maíz o efectuar procedimientos tendientes a la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de OGM del maíz.

En atención a ese amparo, el juez Peñaloza pidió opiniones de investigadores de la Facultad de Ciencias, del posgrado en desarrollo rural y del Laboratorio de Genética Molecular, Epignética, Desarrollo y Evolución de Plantas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y de asociaciones ganaderas y agrícolas, además del Consejo Nacional Agropecuario.

Una vez que recibió la opinión de los expertos, el juez optó por cancelar las medidas cautelares.

Lo que no quiere decir que esté mal la resolución judicial, sin embargo independientemente de ello y dado el tema tan delicado para toda la población del territorio nacional, es necesario también considerar que existen estudios que indican que el glifosato (componente principal del herbicida utilizado en el cultivo de las semillas transgénicas) contiene propiedades químicas que son causantes de daños a la salud humana y al ambiente.

Aunado a lo anterior, es conveniente mencionar que el hecho de que en México aún no se concreta masivamente la siembra de maíz transgénico no evita que la población lo consuma sin saberlo, esto debido a que el país no es autosuficiente en dicho cereal, por lo que se tienen que importar de Estados Unidos más de 6 millones de toneladas de maíz al año, de los que 45 por ciento es transgénico. El maíz amarillo, que es el que más importa México para satisfacer la demanda, es usado como insumo, para forraje, aceites comestibles, alta fructosa y otros más, por lo que al consumir carne o refrescos, probablemente estamos ingiriendo indirectamente estos granos transgénicos.

El jarabe de maíz de alta fructosa es un insumo muy usado por la industria de las bebidas endulzadas y embotelladoras de refrescos, que ya no usan caña de azúcar para endulzar sus bebidas y sólo utilizan jarabe de maíz de alta fructuosa. Un gran porcentaje de este edulcorante está elaborado con maíz transgénico.

No podemos pasar por alto que los productos de las empresas de biotecnología son presentados siempre como un adelanto que dará solución a problemas en el campo y que dará bienestar a los productores agrícolas, pero la experiencia nos muestra que esto no es cierto ; un ejemplo de esto son los plaguicidas y agro-tóxicos que hace más de 40 años se nos presentaban como la panacea para solucionar problemas con los sembradíos, y se afirmaba que estos productos no representaban ningún riesgo para la salud, pero a través del tiempo se documentó que sí eran nocivos para la salud y causaban daños al medio ambiente, por lo que después de tres décadas se retiraron del mercado.

Por lo antes expuesto y fundado, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que haga pública la información sobre los resultados de las siembras experimentales de granos transgénicos, en cuanto a la posibilidad de que dichos granos puedan contaminar las variedades de maíces mexicanos o híbridos; así como que refiera si en la actualidad se están comercializando este tipo de semillas.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que haga públicos los resultados respecto de los estudios realizados a las semillas transgénicas que están siendo importadas al país, así como los parámetros o indicadores utilizados para presumir que el consumo humano de estas semillas no generan daños a la salud.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que se evite la comercialización de los granos transgénicos, al igual que la de los productos de consumo humano que contengan este tipo de granos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Carlos Hernández Mirón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su solidaridad y apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática por su reconocimiento como nación en la comunidad internacional, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En 1965 la ONU proclamó el derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui e instó a España a que agilizara su descolonización.

El 16 de octubre de 1975, el Tribunal de La Haya hace público su dictamen según el cual no se ha encontrado lazos de soberanía de Marruecos ni de Mauritania sobre el territorio. Por lo tanto, no había nada que se opusiera a la autodeterminación del pueblo saharaui1.

El 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario proclama la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y el 4 de marzo se establece su primer gobierno. Se promulga también una Constitución provisional, de marcado carácter social y progresista, según la cual el poder supremo correspondía al Comité Ejecutivo del Frente Polisario. Así mismo, se consolidó el Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS).

Durante 1976, los ataques del ejército y la aviación marroquí provocaron que mucha población civil saharaui sea desplazada y se refugian en territorio argelino.

A partir de entonces se inicia una larga guerra contra la invasión mauritana-marroquí, en la que los saharauis recibieron la ayuda de Argelia.

Hasta 1999, la República Saharaui había sido reconocida por 74 Estados, principalmente africanos y americanos; ingresó en la Organización de la Unidad Africana en 1982 (que desconoció la política de no descolonización de Marruecos) y obtuvo, a partir de 1979, una progresiva aceptación en la ONU, que propugnaba constantemente en sus resoluciones por un referéndum de autodeterminación y por conversaciones preliminares entre Marruecos y el Frente Polisario, para llegar a un alto el fuego.

Para el Reino de Marruecos el rechazo es total y definitivo a la posibilidad de que el pueblo saharaui ejerza su legítimo derecho a la libre determinación, incluido su Derecho a la Autodeterminación (vía el referéndum), el mantenimiento pleno de su soberanía sobre el Sáhara Occidental y el simple otorgamiento de un Régimen Autonómico para la propia población saharaui.

Desde luego que tal posición del Reino de Marruecos, aunada al incontrovertible hecho de que las Naciones Unidas se han visto poco efectivas en la implementación de acciones diplomáticas que permitan arribar a una solución justa y permanente del conflicto, puede llevar a una polarización entre las partes, que fácilmente puede conducir a un eventual rompimiento del cese al fuego y al inicio de una escalada militar de impredecibles proporciones para la región, lo que indica que los esfuerzos de reconocimiento como Nación parecen estar estancadas.

En la actualidad el territorio se encuentra ocupado casi en su totalidad por Marruecos, aunque su soberanía sobre este territorio no está reconocida por la ONU y es rechazada por el Frente Polisario. La RASD administra, de facto, el territorio del Sahara Occidental no controlado por Marruecos, a los que denomina territorios liberados.

El pueblo saharaui ha resistido la embestida hasta nuestros días, ha convocado a la comunidad internacional, a través de diferentes medios y en diferentes ocasiones, para que expresen el reconocimiento y solidaridad para terminar con este conflicto que ha generado consecuencias importantes para la población.

Aunado a los conflictos políticos descritos, en estos días, lluvias torrenciales, acompañadas de intensas rachas de viento, azotaron Tinduf, región donde se refugian una cantidad importante de desplazados saharahuis. El fenómeno ha dejado sin hogar a casi 3000 familias quienes habitan en calidad de refugiados en campamentos de Auserd, El Aaiún, Smara y Bojador. Más de 4400 hogares y viviendas están construidas a base de barro.

Por otro lado se ha reportado la pérdida de reservas importantes de alimentos, previstos para los próximos meses que se distribuyen entre la población, que suma más de 160 mil personas. Las carreteras y líneas de comunicación se encuentran seriamente deterioradas y cortadas. Las enfermedades empiezan a aparecer y la falta de alimento se hace cada día más crítica.

Esta situación de emergencia extrema ha llamado la atención de la comunidad internacional en países como Italia, Brasil y España.

Los daños también se han registrado en edificios de servicios sociales e instituciones educativas. Aunque no se han reportado hasta el momento pérdidas humanas es importante hacer un llamado a los países y a la sociedad civil internacional para colaborar cuanto antes con donaciones de alimentos y medicamentos que se requieren para paliar la difícil situación que atraviesa nuestra hermana República Saharaui. Vale la pena destacar que dicha ayuda servirá para socorrer a miles de niños, mujeres y ancianos que pernoctan a la intemperie tras dicho fenómeno natural.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión saluda el esfuerzo de la República Árabe Saharaui Democrática por su reconocimiento como Nación en la comunidad internacional, y por el derecho a la autodeterminación de su pueblo.

Segundo. Esta representación nacional expresa su solidaridad y apoyo a los damnificados del pueblo saharaui, ante los embates del fenómeno natural que ha afectado seriamente a la población de refugiados y hace un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse con esta nación hermana.

Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reorientar o conjuntar los programas encaminados a detonar el desarrollo rural integral y fortalecer las capacidades productivas de los pequeños productores rurales, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de este órgano legislativo la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lleve a cabo una reorientación o conjunción de todos los programas, componentes y presupuestos del Programa Especial Concurrente encaminados a detonar el desarrollo rural integral, para fortalecer las capacidades productivas de los pequeños productores rurales, con sustentabilidad del medio ambiente; y se exhorta a la secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, para que elaboré y aplique una sola regla de operación simplificada que garantice el acceso de los pequeños productores rurales a los diversos programas del Programa Especial Concurrente.

Consideraciones

El pasado 14 de octubre del año en curso la Coordinación de Desarrollo Sustentable del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII legislatura, tuvo a bien realizar el Foro denominado El campo mexicano retos y perspectivas hacia la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, en el cual participaron instituciones, asociaciones, consejos y organizaciones campesinas, y las cuales dentro de sus participaciones coincidieron en diversas aristas respecto de las necesidades propias de la actividad que realizan.

En el evento de referencia se aportaron datos que se sustentan con documentos oficiales que en general la petición de los participantes y ponentes fue unánime en el sentido de, “No al decremento a la asignación presupuestal de la Sagarpa”.

En ese tenor y siendo sensibles a tan legitima petición, es trascendental referir que el campo mexicano merece ser atendido de manera responsable, con base en la normatividad Constitucional vigente, particularmente en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que señala los objetivos, políticas, sistemas y servicios que deben construirse y aplicarse para impulsar el desarrollo rural sustentable, con principios de inclusión y equidad social, considerando la gran mayoría integrada por pequeños productores rurales de nuestro país y siguiendo los grandes objetivos nacionales de soberanía y seguridad alimentaria, con planeación productiva a 25 años.

El artículo 12 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece: “Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional y la conducción de la política de desarrollo rural sustentable, las cuales se ejercerán por conducto de las dependencias y entidades del Gobierno Federal y mediante los convenios que éste celebre con los gobiernos de las entidades federativas, y a través de éstos, con los gobiernos municipales” según lo dispuesto por el artículo 25 de nuestra Carta Magna.

Refiere el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable que el diagnostico SAGARPA-FAO, refleja la gran disparidad del desarrollo rural, muestra la marginación y atraso socioeconómico de pequeños productores rurales, acuícolas y pesqueros, representado por 4’859,489 Unidades Económicas Rurales (UER), el 91.3%, en comparación con la pujanza económica de 448,171 UER (8.4%), y la gran rentabilidad de 17,633 UER (apenas el 0.3%) que concentran el acopio, la industria y el comercio nacional e internacional, grandes subsidios gubernamentales y el financiamiento público.

El Consejo antes enunciado refiere que la propuesta Presidencial del “Decreto de Presupuesto 2016”, en su metodología “Base Cero”, también prioriza una reorientación del gasto público para impulsar el crecimiento económico de los pequeños productores rurales, y en su artículo 33 para el Programa Especial Concurrente (PEC), señala:

“Artículo 33. El Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural Sustentable se sujetará a los siguientes lineamientos para la distribución del gasto aprobado en este presupuesto:

Deberá abarcar políticas Públicas orientadas a incrementar la producción, la productividad y la competitividad agroalimentaria y pesquera del País, a la generación de empleo rural y para las actividades pesqueras y acuícolas, a promover en la población campesina y de la pesca el bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a poblaciones indígenas.”

“El presupuesto para el campo procurará fomentar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional, a la que se refiere el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.”

Es importante mencionar que para el ejercicio presupuestal de 2015, al Programa Especial Concurrente se asignó un monto de 353,007.6 millones de pesos y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 a dicho programa se propone asignarle 331,839.4 millones de pesos, decremento que afectaría de manera considerable la actividad agropecuaria.

Por lo antes expuesto y fundado, se proponen los siguientes:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lleve a cabo una reorientación o conjunción de todos los programas, componentes y presupuestos del Programa Especial Concurrente encaminados a detonar el desarrollo rural integral, para fortalecer las capacidades productivas de los pequeños productores rurales, con sustentabilidad del medio ambiente.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que elaboré y aplique una sola Regla de Operación simplificada que garantice el acceso de los pequeños productores rurales a los diversos programas del Programa Especial Concurrente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Carlos Hernández Mirón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar la declaratoria de desastre natural de Colima, Jalisco y Nayarit, afectados por el huracán Patricia el 23 y 24 de octubre de 2015, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio en mi calidad de Diputado Federal de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1 fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Los pasados días 23 y 24 de octubre de 2015 llegó a las costas de los Estados Unidos Mexicanos el huracán Patricia, lo que provoco precipitaciones intensas en las costas de Colima, el occidente y sierra de Jalisco, así como el sur de Nayarit, según informo el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua.

Segunda. Al momento de tocar tierra el Centro Nacional de Huracanes (NOAA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América confirmó que el huracán Patricia era considerado como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y lo catalogó como “extremadamente peligroso”.

El huracán Patricia, es el más intenso que se haya registrado en la historia de México, según afirmaciones del director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra.

A efecto de dimensionar la fuerza del huracán Patricia, es necesario señalar que una característica que prestan estos fenómenos hidrometeorológicos de magnitud 5 es que pueden levantar automóviles, destruir casas que no estén cimentadas con acero, varilla y cemento y pueden arrastrar a las personas que se encuentren en las calles, dado que el factor más peligroso de estos, además del agua es la velocidad de sus vientos ya que pueden ser superiores a los 249 kilómetros por hora.

Tercera. Que el huracán Patricia se degrado rápidamente a nivel de “tormenta tropical, el número 1 de la escala Saffir-Simpson al momento de ingresar a territorio nacional, sin embargo dejo severos daños en Colima, Jalisco y Nayarit.

En Puerto Vallarta fueron desalojados más de 15 mil turistas extranjeros y en Nayarit otros 15 mil más, 40 por ciento extranjeros, igualmente fueron evacuados.

Cuarta. Que una de las prioridades del Estado mexicano debe ser la atención de manera oportuna, ágil y eficiente de los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores, a través de mecanismos eficaces con un sistema capaz de responder de manera pronta y efectiva.

En este sentido el Fondo Nacional de Desastres Naturales es el instrumento jurídico con el que se cuenta para hacer frente a los cada vez más frecuente de desastres naturales en nuestro país, provocados por el cambio climático, que tiene impacto en la vida cotidiana de la población, daños considerables en la infraestructura de comunicaciones y transportes, hidráulica, eléctrica, educativa, de salud, urbana, de vivienda, e incluso turística.

Quinta. Que el acuerdo por el que se emiten la Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010 se estable que son fines del Fondo de Desastres Naturales:

I. Canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal, en términos de los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

En los trabajos de reconstrucción o restitución de los bienes se deberán incluir, en lo posible y por separado, medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas, en el entendido de que la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal responsable del sector deberá evaluar y, en su caso, validar los argumentos técnicos y los documentos de las mejoras y adiciones en las acciones incluidas en el programa de restauración de los daños, de tal manera que garanticen que los bienes operarán dentro de márgenes de seguridad recomendables;

II. Transferir recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el artículo 3o. anterior;

III. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la administración pública federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;

IV. Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;

V. Otorgar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionado con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como para los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales;

VI. Canalizar recursos para llevar a cabo las contrataciones de terceros independientes especializados que requiera el Gobierno Federal para las evaluaciones de daños, cuya finalidad sea la valoración de los montos requeridos para la reconstrucción de la infraestructura afectada por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, de conformidad con las disposiciones aplicables, y

VII. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que realice la declaratoria de desastre natural de los estados de Colima, Jalisco y Nayarit afectados por el huracán Patricia, el pasado 23 y 24 de octubre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a difundir por la STPS los gastos y resultados del Programa de Apoyo al Empleo, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Julio Saldaña Morán, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno las siguientes

Considerandos

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) se creó con la finalidad de promover la colocación de personas desempleadas o subempleadas mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie. Sobre todo en atención a la población en desventaja como jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, victimas u ofendidos de delitos y personas preliberadas.

Dicho programa se creó a partir de un acuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y funciona por medio de reglas de operación establecidas por el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

A su vez es integrado por tres subprogramas que son Bécate, cuyo objetivo es apoyar a buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.

Fomento al autoempleo: Consiste en la entrega de apoyos en especie como mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a los buscadores de empleo que cuenta con las competencias y experiencia laboral para desarrollar un negocio propio.

Movilidad laboral y repatriados trabajando: Apoyos económicos a los buscadores de empleo para que se trasladen a localidades distintas a las de su domicilio, en virtud de que no logran colocarse en un puesto de trabajo en su lugar de residencia. Y apoyos a connacionales repatriados mediante la entrega de boletos para transportación a su lugar de origen o residencia y con recursos económicos para auxiliarlo en la búsqueda de empleo.

Para el ejercicio fiscal de 2014-2015 se le destino un fondo de 1,533.62 millones de pesos.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce los criterios con los que son repartidos los recursos de dicho programa y no se sabe si realmente está cumpliendo con su cometido y proporciona empleo a personas vulnerables. Además de que no existe una base de datos de los beneficiados o un control que indique el número de personas (en estado vulnerable) que ya cuenta con un empleo gracias al programa.

A pesar de que las reglas de operación que rigen el programa manifiestan que los recursos que entrega la Secretaria de Trabajo y Previsión Social serán auditados por la Secretaria en coordinación con los órganos estatales de control y la Auditoria Superior de la Federación. Lo cierto es que esos datos son desconocidos para los ciudadanos.

Es preocupante la falta de información al respecto. Sin embargo, no es el único programa con opacidad y falta de información, de acuerdo con el Coneval y la Organización Gestión Social (Gesoc) el 85 por ciento de los programas del gobierno federal no resuelven los problemas que atienden debido a la opacidad y a la dispersión con la que se manejan.

Lamentablemente lo que informa el Coneval es la realidad que hemos estado viviendo desde hace unos años, que los programas sociales son utilizados con fines lucrativos del gobierno en turno, lo cual perjudica las finanzas públicas y no resuelve los problemas como desempleo, salud, pobreza, vivienda y educación.

Por lo anterior hacemos un llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que remita a esta Cámara de Diputados información relativa al programa y su respectiva evaluación. Con el propósito de saber si el Programa de Apoyo al Empleo está funcionando y dando resultados, a fin de saber si seguirá siendo considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que haga del conocimiento público el funcionamiento, gastos de ejecución, convocatoria y padrón de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT a restablecer la señal analógica en Monterrey y zona metropolitana, en Nuevo León, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Waldo Fernández González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El pasado 24 de septiembre en la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana del estado de Nuevo León llevó a cabo el apagón analógico, al igual que en otras ciudades de la república; lo anterior trajo como consecuencia que conforme a las cifras expresadas tanto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 472 mil personas se quedaron sin señal de televisión.

Sin embargo, la empresa Nielsen Ibope señaló hace unos días, que son más de 645 mil personas las afectadas con la medida, la gran mayoría de ellos pertenecientes a familias de escasos recursos y como suele ocurrir con estas medidas el daño ocasionado es siempre para las familias de menos ingresos, que son las que no cuentan con los medios económicos para adquirir nuevos televisores o decodificadores que permitan recibir de manera gratuita las señales de televisión.

Para que el Instituto pudiera determinar cuáles localidades serían en las que terminaría la televisión analógica, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debía informar previamente, el grado de penetración superior al noventa por ciento en la entrega de televisores del padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social.

En los hechos, y con datos oficiales se puede destacar que la entrega de 179, 562 televisores digitales en el estado de Nuevo León, resulto insuficiente para satisfacer al número de hogares impactados por la medida.

Se sabe, que conforme al Acuerdo del IFT, por el que ordena la terminación de las transmisiones analógicas de estaciones de televisión radiodifundida el próximo 29 de Octubre del año en curso, en las localidades de Torreón, Coahuila; San Luis Río Colorado, Sonora; Gómez Palacio, Durango y Cuernavaca, Morelos cesará la televisión analógica.

Conforme a la entrega de televisores realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los datos con los que se cuenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) podrían existir afectaciones graves a un número importante de familias, por ejemplo:

Adicionalmente, ha sido preocupación de todas las fuerzas políticas en este Congreso representadas, el que miles de mexicanos de escasos recursos no puedan tener acceso a la televisión gratuita, violando con ello además de lo señalado en el artículo 6 constitucional de tener acceso a la información, el principio de igualdad.

Cabe señalar que la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México (Red México), solicitaron a esta Cámara de Diputados que se prorrogue un año el apagón analógico o bien dejar funcionando en paralelo ambas señales, con la finalidad de que dichos medios puedan estar en condiciones de transitar a la señal digital.

Por esa razón y atendiendo las consideraciones aquí planteadas, se somete a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que restablezca la señal analógica en el municipio de Monterrey, y la zona metropolitana de Nuevo León; asimismo, se solicita dejar sin efectos el Acuerdo por el que ordenó la terminación de las transmisiones analógicas de estaciones de televisión radiodifundida-analógica que prestan servicios en Torreón, Coahuila; San Luis Río Colorado, Sonora; Gómez Palacio, Durango y Cuernavaca, Morelos que debería realizarse el 29 de octubre del año en curso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015

Diputado Waldo Fernández González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a difundir el proceso de licitación y adjudicación de las empresas encargadas de la expedición de pasaportes; y a la SFP, a auditar el proceso de licitación, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Waldo Fernández González, integrante de la LXIII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el tercer informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el periodo septiembre de 2014-mayo de 2015 se incrementó la producción de pasaportes en 14 por ciento, y la recaudación en 23 por ciento, comparado con el mismo periodo del año inmediato anterior. Lo anterior ha significado un aumento en la base de ciudadanos mexicanos que cuentan con un documento de identidad y viaje, a la vez que se cuenta con mayores recursos destinados a actividades y programas de protección y atención consular.

En las oficinas consulares ubicadas en Estados Unidos, la expedición de pasaportes incrementó en 39.2 por ciento, para un total de 348 mil 49 pasaportes más que en el periodo de referencia anterior; este hecho significó una recaudación de 32 millones 940 mil 751.50 dólares.

Cabe destacar que el 24 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se notificó el fallo de la licitación pública mixta internacional bajo la cobertura de tratados número LA-005000999-T45-2015, para la contratación del servicio para la emisión del pasaporte mexicano en la sección consular de la embajada, consulados, consulados sobre ruedas, consulados móviles en Estados Unidos de América y en las delegaciones en territorio nacional.

Una vez concluida la evaluación, de acuerdo a esta dependencia se determinó que el licitante adjudicado fue el consorcio conformado por Veridos México, SA de CV, en participación conjunta con Giesecke & Devrient GmbH; Caelum Group GmbH; NEC de México, SA de CV; Seguridata Privada, SA de CV; Informática El Corte Inglés, SA; e Iecisa México, SA de CV, al haber sido la proposición que obtuvo el mayor puntaje de evaluación.

Cabe destacar que en el tercer informe de labores de la dependencia se señaló que en mayo de 2015 se iniciaron las gestiones para concretar el proyecto de homologación del pasaporte mexicano en territorio nacional y en las representaciones de México en el exterior. De acuerdo con las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, aumentaron las medidas de seguridad del pasaporte mexicano para alcanzar los más altos estándares de calidad.

De acuerdo con el artículo 2o. del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, en su fracción V, define pasaporte de la siguiente manera: Documento de viaje que la secretaría expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades extranjeras permitan el libre paso, proporcionen ayuda y protección y, en su caso, dispensen las cortesías e inmunidades que correspondan al cargo o representación del titular del mismo; existen tres clases de pasaportes: ordinario, oficial y diplomático.

De acuerdo con la secretaría, el objetivo de cambio de los pasaportes era contar con una libreta de viaje con mayores medidas de seguridad en sus materiales, el establecimiento de un proceso de personalización moderno basado en una sola plataforma tecnológica que fortalece la identidad biográfica y biométrica y la homologación de los pasaportes nacional y consular, además de establecer las bases para la implementación del pasaporte electrónico mexicano en los próximos años.

Sin embargo, el pasado 1 de octubre en un comunicado la SRE mencionó que derivado de problemas informáticos en la dependencia, y posibles fallas en el servicio contratado para la implementación del nuevo sistema de pasaportes, de manera temporal se suspende la emisión de este documento. Situación que provocó un caos, por lo que cientos de personas están perdiendo viajes de negocios, turismo y muchos otros por no contar con el documento.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un comunicado de fecha 2 de octubre, mencionó que se va a ir regularizando de manera parcial la emisión de pasaportes. Sin embargo, cabría preguntarse cuáles serían las sanciones para las empresas que están a cargo de este sistema.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores haga pública toda la información relacionada con el proceso de licitación y adjudicación de las empresas responsables de la expedición de pasaportes; asimismo, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría al proceso de licitación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputado Waldo Fernández González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que implante medidas para prevenir, atender y reducir la mortalidad materna y el embarazo de adolescentes, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Nuestra Constitución política establece el derecho a la protección de salud de las y los mexicanos, el cual debe garantizarse en igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres y hombres; sin embargo, existen rezagos que afectan de manera más severa en la salud de las mujeres lo que representa una vulneración a su esfera de derechos y libertades.

2. Al hablar de la salud de las mujeres, nos obliga a pronunciarnos a favor de la demanda de tener acceso a los servicios de salud en condiciones de igualdad y libertad plena, ya que a pesar de formar parte de uno de los derechos fundamentales, hay limitaciones para contar con servicios de manera eficiente, gratuita y de calidad.

3. De manera particular existen dos temas que toman dimensiones preocupantes en el sistema de salud de nuestro país: la mortalidad materna y el embarazo en adolescentes.

4. Respecto a la mortalidad materna, se trata de una cuestión que involucra la vigencia de los derechos humanos y constituye una deuda que se tiene con las mujeres y una demanda de justicia social que no puede esperar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es claramente un indicador de la disparidad y desigualdad entre los hombres y las mujeres y su extensión es un signo de la ubicación de la mujer en la sociedad y su acceso a servicios sociales, de salud y nutrición y a las oportunidades económicas.

5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta que cada año aproximadamente 536 mil mujeres mueren en el mundo por complicaciones en el embarazo y el parto, a pesar de que éstas son generalmente prevenibles y a costos relativamente bajos. Sobre este punto el Banco Mundial calcula que si todas las mujeres tuvieran acceso a intervenciones para atender las complicaciones del embarazo y parto, en especial a cuidados obstétricos de emergencia, 74 por ciento de las muertes maternas podrían evitarse.

6. En el caso de México, el problema de muerte materna sigue siendo un reto, para evidenciarlo algunas cifras:

• En el país la cifra de muertes maternas es de 38.2 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, fracasando en la meta que se estableció en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para esta fecha que era de 22 decesos por 100 mil nacidos vivos.

• 65 por ciento de las muertes maternas en México se concentran en 10 estados de la Republica y en esta lista de los estados prioritarios, se encuentran tres donde la muerte materna tiene un rostro indígena (Guerrero, Oaxaca y Chapas).

• En 25 años se han presentado varios cambios epidemiológicos y demográficos en México ligados a las pautas culturales de género que se reflejan en las causas de mortalidad diferenciada en hombres y mujeres. Por ejemplo, se han registrado cambios importantes, pasando de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus y las enfermedades isquémicas del corazón como las principales causas de muerte.

• Para Babatunde Osotimehin, director del Fondo de Población de las Naciones Unidas, nuestro país es un ejemplo de cómo la desigualdad en el sistema es uno de los grandes problemas, pues se cuenta con comunidades muy ricas con acceso a todos los servicios, y comunidades muy pobres sin acceso, reflejándose la mortalidad materna en su mayoría en estas últimas.

7. Los datos anteriores nos llevan a reflexionar en el sentido de que la mortalidad materna es un reflejo del desarrollo de un país, de la calidad de vida de sus habitantes, del acceso a los servicios de salud, además de ser una señal indiscutible de la situación que guarda el avance de la igualdad de género en una sociedad, por lo que no debemos escatimar recursos, ni regatear derechos para mejorar la salud y la vida de las mujeres.

8. En materia de embarazo adolescente la problemática no es menor, pues la falta de orientación sobre servicios de salud sexual y reproductiva, el estigma y la falta de prevención colocan a nuestro país en cifras alarmantes, por ejemplo, el Fondo de Naciones Unidad para la Infancia (Unicef) registró tan sólo en 2005 casi medio millón de mexicanas menores de 20 años que dieron a luz en el año 2005, de las cuales, 144 mil 670 con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años no concluyeron su educación de tipo básico.

9. El gobierno federal ha reconocido este problema como un asunto de salud pública y emprendió la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes donde se establece que estas circunstancias en este sector de la población amplía las brechas sociales y de género, que además afecta el proyecto de vida, de educación, de salud y constituye un obstáculo para el pleno disfrute de sus derechos humanos y limita su desarrollo como personas.

10. El Fondo de Población de Naciones Unidas, ha señalado que el embarazo adolescente se incrementó de 69.2 a 77 partos por cada 100 mil nacidos vivos entre 2009 y 2014 y ha urgido al gobierno mexicano a destinar recursos para la aplicación efectiva de dicha estrategia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Salud, para que implemente medidas urgentes para la prevención, atención y reducción de la mortalidad materna y del embarazo adolescente con un enfoque de pleno respeto y promoción de los derecho humanos, priorizando además la información con campañas de difusión y el acceso a los servicios de salud de calidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Secretaría de Salud a atender las inmunodeficiencias primarias en todo el país, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante agosto del año en curso, la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias, AC, (Fumeni) inició una campaña para visibilizar la problemática de las inmunodeficiencias primarias (IDP) en México las cuales son enfermedades genéticas graves, más frecuentes que el cáncer infantil y los linfomas juntos, pero muy poco conocidas, y para lograr que el Sector Salud, de acuerdo a sus atribuciones, haga frente a éstas.

Las IDP son enfermedades ocasionadas por defectos genéticos del sistema inmune. Actualmente hay más de 140 defectos genéticos identificados, que dan lugar a más de 250 IDP divididas en ocho grupos.1 La incidencia de las IDP varía según el lugar geográfico y las características demográficas de la población; hay mayor frecuencia en localidades pequeñas y genéticamente aisladas.

En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)2 , cada año nacen alrededor de 2 millones 700 mil niñas y niños, 5mil 500 de ellos tendrán algún tipo de IDP3 y 350 tendrán una forma letal de la enfermedad, siendo el grupo más frecuente el de defectos predominantes de anticuerpos, en donde el principal problema está en una producción nula, reducida o alterada de anticuerpos.4

En términos absolutos, las inmunodeficiencias primarias son más frecuentes que la diabetes Tipo I, la fibrosis quística y el cáncer infantil y los linfomas juntos. Estos datos deberían colocar a las IDP como un tema central de atención para el sector de salud mexicano.

En este punto debe señalarse que para la atención de personas con IDP, la inmunoglobulina humana se ha convertido en un componente fundamental del tratamiento. Actualmente, la inmunoglobina está indicada como tratamiento de primera línea para las IDP por defecto en la producción de anticuerpos, inmunodeficiencias combinadas graves, algunos síndromes bien definidos con inmunodeficiencia primaria, y como tratamiento adyuvante en muchas otras IDP. Aunque éste puede considerarse un medicamento costoso, el correcto y oportuno tratamiento con inmunoglobulina humana disminuye los costos para el sistema de salud derivados de su atención5 .

El uso apropiado de inmunoglobulina humana en personas con IDP se traduce en buenas prácticas clínicas, mejorando la duración y calidad de vida de las personas afectadas.6 Los principales beneficios derivados del tratamiento incluyen: protección contra infecciones, detención de la progresión de daño a órganos de choque, inmunomodulación, y mejor calidad de vida.

Sin embargo, pese a la existencia de un tratamiento efectivo para estas enfermedades, los datos señalan que alrededor de 350 niñas y niños al año tendrán una forma grave de inmunodeficiencia primaria y de ellos, el 50 por ciento requerirán tratamiento con inmunoglobulina (IgG) durante toda su vida, la cual está cubierta por el Seguro Popular sólo hasta los 10 años de edad de la niña o niño afectado , quedando esta población infantil en desprotección con las graves consecuencias vitales que la suspensión de su tratamiento puede ocasionarle. En algunos casos las niñas y los niños que no cuentan con seguridad social, no reciben ni siquiera este tratamiento, salvo en centros altamente especializados que, por la demanda que tienen, se encuentran saturados.

También resulta importante señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene en su catálogo de medicamentos sólo la IgG al 5 por ciento y no al 10 por ciento, que es mucho mejor para el paciente. Es decir, la IgG se comercializa en presentaciones al 5 o 10 por ciento. Esta última es mayor porque puede administrarse muy rápidamente (a diferencia de la presentación de 5 por ciento) y tiene menos efectos secundarios debido a un mayor proceso de purificación. Ésta reduce el tiempo de administración de cuatro horas a un promedio de una hora para cada paciente. Por otro lado, también es importante destacar que el IMSS no compra inmunoglobulina subcutánea, la cual puede ser aplicada por el propio paciente o sus familiares sin necesidad de perder días de escuela o de trabajo con el consiguiente ahorro y mejoría de calidad de vida.

De igual forma, las niñas y niños con formas más graves de IDP requieren de TCPH (médula ósea) para sobrevivir, enfatizó Fumeni en su campaña. La fuente, es decir el donador ideal de las células progenitoras suele ser un hermano o hermana, o una persona donadora no relacionada compatible; sin embargo, el problema con esta última, son las pocas posibilidades de encontrar donadores compatibles en México. Además, el Seguro Popular no cubre la búsqueda e importación de donadores internacionales, sólo cubre los costos básicos del procedimiento; aunado a esto, existen muy pocos centros en el país que cuentan con el equipo necesario para realizar el trasplante. Esto significa que aun existiendo donadores relacionados, la espera suele ser muy prolongada.

Varias son las razones que impiden que se avance en el reconocimiento de las inmunodeficiencias primarias en México y por tanto en su adecuada atención pese a la grave situación a las que más de 5,000 niñas y niños mexicanos hacen frente cada año:

Las y los médicos de primer contacto no cuentan con la actualización profesional para reconocerlas cuando diagnostican infecciones recurrentes a sus pacientes.

No existe una política pública estandarizada para realizar un registro oficial de la atención de las IDP en todas las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud.

Las muertes de niñas y niños con IDP que no son diagnosticados y que fallecen a causa de complicaciones no son registradas como muertes asociadas a la IDP. Debido a que muchos de estos pacientes no son diagnosticados, el diagnóstico de defunción no alude al diagnóstico de la IDP. Aun cuando son diagnosticados, la causa de muerte dirá por ejemplo, bronconeumonía y no hará alusión al diagnóstico de IDP.

Las IDP son poco conocidas por la población en general y por ello la demanda de su atención es muy poco frecuente.

Las IDP no se encuentran incluidas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

La mayoría de pacientes no tienen acceso a los tratamientos médicos ya que su atención no está incorporada de manera integral en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.

El IMSS trata aproximadamente al 50 por ciento de las niñas y niños con IDP; sin embargo, no tiene incluido en su catálogo de medicamentos la inmunoglobulina al 10 por ciento y la inmunoglobulina subcutánea al 16.5 por ciento o 20 por ciento.

Aunado a todo esto que ha sido señalado por la Fundación, se alerta que el diagnóstico y el tratamiento oportunos de una niña o un niño con agammaglobulinemia –un tipo de IDP en el que se desarrollan infecciones una y otra vez–, tiene un costo anual de aproximado de 400 mil pesos, pero el tratamiento de quien no se diagnostica y que recurrentemente se enferma de infecciones hasta comprometer su integridad y su vida, tiene un costo mayor en un 65 por ciento aproximadamente.

De igual forma, el gasto de bolsillo de una familia con una niña o niño con IDP frente a la infecciones recurrentes y las complicaciones derivadas por no tener acceso a tratamiento adecuado y oportuno es de siete veces su ingreso real anual, por lo que resulta en una catástrofe para la economía de las familias de escasos recursos económicos.

Esto significa que cuando se diagnostica oportunamente y se trata adecuadamente, en primer lugar se salvaguarda la vida de la niña y/o el niño, la familia no cae en una espiral de pobreza y se ahorra en recursos públicos una cantidad significativa.

Ante lo anteriormente descrito, debe recordarse lo señalado en la Ley General de Salud que en su artículo 2° fracción V, establece que el derecho a la protección de la salud tiene como una de sus finalidades el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de salud de la población,7 para lo cual dentro del Sistema de Protección Social en salud “se garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.”8

Adicionalmente, es importante señalar que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 50, establece que los Sistemas Nacional y Estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación. Niñas y niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.9

Por lo descrito, resulta urgente que el sector salud mexicano elabore y publique la Norma pertinente para la atención de las Inmunodeficiencias en todas las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud, y que todos los tratamientos de Inmunoglobulina sean incorporados en el Cuadro Básico de Medicamentos del Sistema Nacional de Salud, IMSS, ISSSTE y otros sistemas de salud.

Ante todas estas consideraciones, sometemos a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución en los siguientes términos

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la federación, a que en el sentido de sus atribuciones, instruya a la Secretaría de Salud a implementar las regulaciones técnicas, programas y acciones pertinentes para la atención de las inmunodeficiencias primarias en todo el país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General así como a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a que en el sentido de sus atribuciones consideren la incorporación de las inmunodeficiencias primarias en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficas de Seguro Popular.

Notas

1 Al-Herz W, Bousfiha A, Casanova JL, Chapel H, Conley ME, Cunningham-Rundles C, entre otros Primary immunodeficiency diseases: an update on the classification from the International Union of Immunological Societies Expert Committee for Primary Immunodeficiency. Front Immunol. 2011; 2:54.

2 Inegi. Estadísticas 2013.

3 J. M. Boyle & R. H. Buckley, Population Prevalence of Diagnosed Primary Immunodeficiency Diseases in the United States, J ClinImmunol (2007) 27:497-502.

4 Bustamante J, Hernández V, Gutiérrez J.Gammaglobulina subcutánea en inmunodeficiencias primarias: experiencia del Instituto Nacional de Pediatría y revisión de la bibliografía. Acta Pediátrica, México 2013; 34:332-340.

5 Scheffler S, Partida A, Yamazaki M, “Inmunoglobulina humana en inmunodeficiencias primarias” Acta Pediátrica México 2013; 34:323-331.

6 Ídem.

7 Artículo 2o., fracción V, Ley General de Salud. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_040615.pdf

8 Secretaría de Salud. Consultado http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/index.php/conocenos/seguro-popul ar-1

9 Artículo 50. Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014

Nota informativa

• Las inmunodeficiencias primarias (IDP) en México son enfermedades genéticas graves, más frecuentes que el cáncer infantil y los linfomas juntos, pero muy poco conocidas.

Las IDP son enfermedades ocasionadas por defectos genéticos del sistema inmune.

En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada año nacen alrededor de 2 millones 700 mil niñas y niños, 5 mil 500 de ellos tendrán algún tipo de IDP y 350 tendrán una forma letal de la enfermedad.

• Pese a la existencia de un tratamiento efectivo para estas enfermedades, el de inmunoglobina, los datos señalan que alrededor de 350 niñas y niños al año tendrán una forma grave de inmunodeficiencia primaria y de ellos, el 50 por ciento requerirán tratamiento con inmunoglobulina durante toda su vida, la cual está cubierta por el Seguro Popular sólo hasta los 10 años de edad de la niña o niño afectado . En algunos casos las niñas y los niños que no cuentan con seguridad social, no reciben ni siquiera este tratamiento, salvo en centros altamente especializados que, por la demanda que tienen, se encuentran saturados.

• El gasto de bolsillo de una familia con una niña o niño con IDP frente a las infecciones recurrentes y las complicaciones derivadas por no tener acceso a tratamiento adecuado y oportuno es de siete veces su ingreso real anual.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 27 de octubre de 2015

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

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Con motivo del sexagésimo segundo aniversario del reconocimiento del derecho de la mujer al voto, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La sublime religión del pensamiento está en avanzar, en volar alto, en mirar lejos, en ser fuerte, en ser grande.

Salvador Alvarado

Celebrar el 62 aniversario de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al artículo 34 constitucional es relevante por el impacto que generó en el marco jurídico mexicano y porque fue el inicio de la transformación de la sociedad mexicana en la que se contempla la participación en asuntos públicos de las mexicanas como ciudadanas de la patria.

La iniciativa de reforma presentada por el presidente Alfonso Ruíz Cortines turnada a la Cámara de Diputados en 1952, el Diario de Debates del 22 de diciembre de ese mismo año y el Diario Oficial de la Federación del 17 de octubre de 1953 dan muestra fehaciente del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres mexicanas, atrás quedaron los posicionamientos en contra de los derechos civiles de las mujeres en nuestro país, se antepuso el principio de igualdad de todos los individuos que forman una nación ante la ley.

Mismo criterio que inspiró la transformación jurídica y política del estado mexicano, desechando los principios seculares sobre la inferioridad e incapacidad en la vida civil de las mujeres.

Lo anterior no solamente fue una acción congruente con los principios de la más pura democracia, sino q constituyó un acto de justicia para las ciudadanas mexicanas que durante años lucharon por este reconocimiento.

Recordemos, por ejemplo, los pronunciamientos de Hermila Galindo Acosta, quien junto con un grupo de mujeres enviaron al Congreso Constituyente de 1917 un oficio para que reconocieran los derechos de las mujeres en nuestra Carta Magna, si bien dichas peticiones no fueron atendidas en ese entonces, sus palabras siguen vigentes en el corazón de las mujeres, Hermila fundamentaba la igualdad de derechos entre mujeres y hombres diciendo que:

“Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos (...), las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres; la mujer paga contribuciones, la mujer ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado.

Así pues, para las obligaciones, la ley considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón.”

El reconocimiento de los derechos de la mujer ha sido reiteradamente producto de una lucha de generaciones de mujeres, basta recordar a las participantes del Primer Congreso Feminista en Yucatán en 1916; la demanda al voto femenino en el Congreso Constituyente de 1917; Congreso Nacional Feminista, Frente Único Pro Derechos de la Mujer, la Alianza Nacional Femenina, el reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales desde los años 20; la reforma al artículo 34 constitucional de 1953 (a la que hacemos referencia en esta efeméride), reforma de 1974 al artículo 4o. constitucional (logrado en el marco de la organización de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en nuestro país y en la que se establece la igualdad entre mujeres y hombres).

Si bien ya se habían realizado planteamientos y trabajos en relación al voto de la mujer, no fue sino hasta el histórico mitin de más de 20 mil mujeres en el parque 18 de marzo de la Ciudad de México, el 6 de abril de 1952 que Adolfo Ruiz Cortines se compromete “si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos del hombre”, un año después, ya como presidente cumplió su palabra y promulgó las reformas constitucionales que reconocieron el derecho al voto de las mujeres en el ámbito federal.

Con este acto se cumplía el sueño de muchas mujeres que nos antecedieron; se consumaba una lucha y comenzaba otra que aún no concluye, este reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino resultado de movimientos internacionales y locales a favor de los derechos de las mujeres y en específico del sufragio femenino.

A 62 años de esta conquista social, es fundamental y acto de justicia no olvidar a quienes alzaron la voz, a quienes continuaron la lucha y abrieron camino para que las mexicanas sigamos avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos, las recordamos y honramos a diario su memoria: Hermila Galindo Acosta; María Castillo; Elvia Carrillo Puerto; Raquel Dzib Cicero; Beatriz Peniche de Ponce; Aurora Jiménez de Palacios; María del Carmen Martín del Campo; Alicia Arellano Tapia; María Lavalle Urbina; Griselda Álvarez Ponce de León y en general a todas y cada una de las mujeres que se sumaron a la lucha y alzaron la voz, sin su contribución, difícilmente estaría el día de hoy en esta tribuna.

Esta Honorable Cámara de Diputados ha sido testigo del avance en la integración de las mujeres a la vida política, ya que si nos remontamos a la quincuagésima quinta Legislatura, sólo había 44 legisladoras, es decir 8.8 por ciento.

Las cuotas de género fueron un parte aguas sustancial, ya que esta acción afirmativa generó mayor inclusión de la mujer en puestos de toma de decisiones, ello se vio reflejado en la quincuagésima novena legislatura en 2003 que se integró con 124 diputadas, representando así el 24.9 por ciento.

En este sentido, no podemos hablar de avances en la participación política de la mujer sin referirnos a la sentencia histórica sobre los juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-12624/2011 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2011, que estableció, entre otras cosas, que la integración de las fórmulas de candidatos fuera integrada por un mismo género en candidaturas a Diputaciones Federales y Senadurías, así como el cumplimiento de la paridad de género con independencia del método de selección de candidaturas a cargos de elección.

El principio constitucional de la paridad en candidaturas a diputaciones federales y locales, abre un sin fin de oportunidades para que las, mujeres accedan a puestos de toma de decisiones, bajo este principio de paridad, la LXIII Legislatura está integrada por 211 diputadas, es decir el 42 por ciento del total de diputados.

Compañeras y compañeros:

Luchar por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, es luchar por la sociedad misma es reconocer la lucha de miles de mujeres que lo dieron todo para asegurar un mejor futuro para las mujeres, hoy, a 62 años de haber transitado, del reconocimiento del voto femenino a la paridad, aún hay mucho por hacer para asegurar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres mexicanas y en memoria de esta lucha histórica reprobamos todo acción y todos los tipos de violencia que atente contra las mujeres y su ejercicio libre de sus derechos políticos, a nuestras compañeras de lucha les decimos que no están solas, que desde esta honorable cámara defenderemos sus derechos, porque los derechos no son negociables, todas las mujeres, todos nuestros derechos, todos los días.

Como integrante de la primera legislatura producto de la paridad ratifico mi compromiso inquebrantable por seguir trabajando para lograr un México más justo e incluyente.

Muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2015.

Atentamente

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con motivo del 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente efeméride, relativa al Día Mundial Contra el Cáncer de Mama; al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) octubre es, a nivel mundial, el mes de Sensibilización Contra el Cáncer de Mama; además, por iniciativa de este organismo internacional, se decretó el 19 de octubre como el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. En este mes se contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestado a la sensibilización, detección, tratamiento y los cuidados a quienes tengan la enfermedad.

El símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama es un lazo de color rosado, utilizado por instituciones y personas que están comprometidas con luchar contra esta enfermedad, que afecta principalmente a las mujeres, sin distinguir entre las que habitan en países desarrollados o no, clase social, orígenes étnicos, ni color de piel.

El lazo rosado se comenzó a utilizar por la Fundación Susan G. Komen del Cáncer de Mama, en un maratón por la cura de la enfermedad a finales de 1990, pero no tuvo éxito porque los corredores pensaron que formaba parte de un regalo.

Posteriormente, ya a principios de la primera década de este siglo, el lazo rosado se convirtió en el símbolo contra el cáncer de mama.

Como lo afirma la Organización Mundial de la Salud, “El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales.”

A nivel mundial, cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos y fallecen 458 mil personas por esta causa. La mayoría de las muertes se dan en países de bajos ingresos, en donde el diagnóstico se realiza en etapas muy avanzadas de la enfermedad.

En México, entre la población de 20 años y más, el cáncer de mama se ha constituido en la segunda causa de mortalidad. Aunque el cáncer de mama también es una enfermedad que puede ser contraída por los hombres, la incidencia es notablemente menor, pues solamente representa el 0.1% de la defunciones por cáncer.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado por visibilizar esta enfermedad y la importancia de su diagnóstico oportuno, en los últimos 6 años, la tasa de mortalidad en nuestro país no ha mostrado grandes variaciones.

Es necesario insistir en que el cáncer de mama, al igual que otros tipos de cáncer, cuando se detecta oportunamente, tiene amplias probabilidades de ser curado y por lo tanto puede limitarse o erradicarse la posibilidad de un desenlace fatal.

En materia preventiva del cáncer de mama, en primera instancia, es indispensable que cada mujer de este país cuente con la capacitación para realizarse la autoexploración mamaria. En segundo lugar, los estudios auxiliares de diagnóstico, como la mastografía, juegan un papel fundamental; sin embargo, en este último caso y de manera desafortunada, no se ha podido garantizar el acceso para todas las mujeres.

La mastografía es el estudio radiológico de las mamas, tomado con un aparato (mastógrafo) diseñado especialmente para este fin, con el que podrán efectuar mastografías de pesquisa y de diagnóstico.

Uno de los restos que enfrenta el Sistema Nacional de salud es el de contar con mastógrafos y personal técnico suficientes para satisfacer la demanda de este tipo de estudios.

Sería conveniente reducir la edad en la que se recomienda a las personas realizarse una mastografía, pues de acuerdo con la norma oficial mexicana en la materia, se recomienda a partir de los 40 años y sólo bajo prescripción médica.

Asimismo, un reto fundamental para la atención del cáncer de mama es el garantizar la intervención de cirugía estética para todos los casos en los que se haya tenido que extirpar uno o los dos senos. En este caso, el Sistema Nacional de Salud debería ofrecer gratuitamente la intervención para toda mujer que haya pasado por esa grave experiencia.

Para Acción Nacional, la salud es condición indispensable para el desarrollo humano y condición de la justicia social, que nos impone el deber de promover acciones de prevención y atención ejemplar de los padecimientos que afectan a nuestras poblaciones.

En este día mundial contra el cáncer de mama, los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional queremos manifestar nuestra solidaridad con todas aquellas mujeres u hombres que en éste momento padecen esta enfermedad. Asimismo, ratificamos nuestro compromiso para realizar los esfuerzos necesarios para emprender o apoyar las acciones legislativas necesarias para garantizar el acceso a los medios de prevención, curación, rehabilitación o cuidados paliativos para todo aquél que lo requiera.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 19 de octubre de 2015.

Con motivo del sexagésimo segundo aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres en elecciones federales, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Angélica Reyes Ávila, diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI y 62, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente efeméride, relativa al 62 aniversario del reconocimiento del voto de las Mujeres en elecciones federales; al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La limitación de los derechos político- electorales de las mujeres, ha sido el reflejo de la restricción histórica del resto de sus derechos humanos, al negárselos en igualdad de condiciones, algunos de ellos, el acceso a la educación, al empleo, a la salud y a la seguridad.

A 62 años del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, podemos observar un proceso lento y tardío que impide hasta el día de hoy su participación plena y en condiciones de paridad con los hombres. No podemos negar que aún persisten múltiples barreras y obstáculos en el acceso y permanencia de las mujeres en los espacios públicos y privados.

Desde el movimiento de Independencia, a través del cual México surgió como una nación libre y soberana, las mujeres participaron activamente; sin embargo, una vez concluido dicho movimiento, no se les reconoció como sujetas de derechos políticos.

En 1916, ante la exclusión del espacio público, algunas mujeres de nuestro país se organizaron para exigir el reconocimiento de su ciudadanía y de manera paralela a la convocatoria a elecciones para diputados del Congreso Constituyente, en Yucatán también se llevó a cabo el Primer Congreso Feminista cuyo objetivo fue reflexionar acerca de los problemas relacionados con la situación de las mujeres, entre las exigencias de las mujeres en dicho congreso se encontraba el acceso a la educación, escuelas laicas, el derecho al trabajo remunerado, el derecho a un mejor conocimiento de su cuerpo y por supuesto el derecho de las mujeres al sufragio.

Sin embargo, con argumentos sexistas y estereotipados los congresistas de 1917 decidieron privar a las mujeres de sus derechos civiles y políticos en la Carta Magna promulgada del mismo año. De manera textual y expresa una vez más el pacto político entre los hombres excluyó a las mujeres de su derecho a la ciudadanía.

De 1916 a 1934 se gestaron en varios estados de la República, movimientos que facilitaron el reconocimiento jurídico de las mujeres en algunos de ellos. Sin embargo a nivel federal pocos eran los esfuerzos gubernamentales para el reconocimiento de nuestros derechos políticos.

En consecuencia, en 1934 el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa al Congreso de la Unión para que fuese reformado el artículo 34 de la Constitución con el fin de que se reconociera la igualdad jurídica entre las mujeres y los hombres, y de esta forma posibilitar su participación política, los legisladores no le dieron trámite, ni siquiera abrieron la discusión, reforzando con ello las resistencias culturales de aquella época.

El congreso feminista de 1916 se convertiría en un antecedente fundamental en este proceso y en 1935 sería el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) la organización más emblemática del movimiento sufragista en México.

Tarde han llegado nuestros derechos, pues tuvieron que pasar 36 años de que se promulgara la Constitución de 1917 para que con el decreto presidencial del sábado 17 de octubre de 1953, se consumara la modificación al artículo 34 de nuestra Constitución y el sistema legal nos aceptara como ciudadanas.

Dicho decreto permitió dar otro importante paso, sin embargo este avance no se materializó sino hasta por lo menos dos décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hermanas o hijas debían hacer.

Gracias a mujeres valientes que nos abrieron brecha; como; Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Avelina Zendejas, María Lavalle Urbina, Alicia Arellano Tapia y tantas otras que incentivaron y participaron en diversos movimientos, fue por primera vez que las mujeres emitieron su voto en las elecciones federales de 1958.

Derivado de los avances internacionales en materia de derechos humanos, a partir de los años 90 se reconocen los niveles y espacios de la violencia y la discriminación hacia las mujeres y se da comienzo a un proceso referencial de mecanismos para combatirla en los diferentes espacios.

Ahora nuestra Constitución mandata la igual jurídica entre hombres y mujeres, y se ha iniciado un proceso de armonización en esta dirección a todo nuestro marco jurídico, ahora ya hablamos de paridad y de garantizar de manera plena los derechos políticos electorales de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres.

Si bien es cierto la violencia política y discriminación en contra de las mujeres ha tenido diferentes matices, que van desde: La anulación del derecho a ser reconocidas como ciudadanas, la limitación a decidir de manera libre, la discriminación y la falta de oportunidades, tenemos que reconocer que hemos logrado mucho, no todo, porque aún existen resistencias que nos limitan y nos siguen colocando en condiciones de desventaja.

En este proceso histórico, y a 62 años del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, cuanto más tenemos que esperar para gozar de una igualdad real y sustantiva entre hombres y mujeres.

Hoy es necesario seguir subrayando y reflexionando sobre esta importante fecha, pero sobre todo comprometernos a reforzar y encaminar desde el lugar en donde nos desempeñemos, las acciones que permitan y garanticen los derechos políticos de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres. Desde el Congreso sabemos claramente la tarea, sigamos cambiando la política!

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 de octubre de 2015.

Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica)

Con motivo del 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Angélica Reyes Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía efeméride relativa al 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Esta organización estima que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos y fallecen 458 mil personas por esta causa.

El aumento considerable de muertes de mujeres por esta causa ha puesto en alerta a los gobiernos de todo el mundo. En el país, en los últimos años se han instaurado políticas públicas y presupuestos para contrarrestar el padecimiento.

Incluyendo la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, “Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”, que establece entre otros aspectos que se deben considerar tres medidas de detección: la autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. La autoexploración debe realizarse a partir de los 20 años, el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 años. En las mujeres mayores de 70 años, la mastografía se realiza bajo indicación médica ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama; este estudio no se recomienda en mujeres menores de 40 años, pero puede realizarse si hay algún indicio de alteración de los senos en el examen clínico de mamas.

Afortunadamente, el padecimiento ya no es sinónimo de muerte, pero sí de lucha, por lo que resulta indispensable trabajar de manera conjunta y coordinada por la prevención y atención temprana.

Pese a los esfuerzos, en México sólo 10 por ciento de los casos de cáncer de mama es detectado en etapa uno; esto, es con un tumor de menos de dos centímetros. De los casos, 75 por ciento no es descubierto hasta la tercera etapa, lo que disminuye las posibilidades de recuperación total de 85 por ciento en la primera etapa hasta 35 en la tercera.

Por ello, la necesidad de coordinar mayores esfuerzos en todos los sectores involucrados, desde la Cámara de Diputados se requiere trabajar en un presupuesto progresivo y adecuadamente dirigido que realmente contrarreste las tasas de mortalidad por esta silenciosa y lamentable enfermedad.

Presupuestos para la aplicación y aumento de políticas públicas dirigidas a la prevención, está demostrado que existen hábitos que contribuyen al riesgo de padecer cáncer de mamá, por ello es imprescindible la promoción de campañas de comunicación y educación a la población de prácticas de vida saludable para reducir el riesgo de cáncer de mama.

La autoexploración y la exploración clínica de la mama favorecen el diagnóstico temprano, por lo que es necesario también intensificar los programas de educación a la población dirigidos a sensibilizar a las mujeres sobre la importancia de conocer las características normales de sus mamas y demandar atención médica si descubre anormalidades. La detección temprana sigue siendo el gran reto respecto a la lucha contra este cáncer, debido a que en la primera etapa de la enfermedad el 85 por ciento de los casos son curables. Es necesario garantizar a todas las mujeres el acceso a tamizajes adecuados de acuerdo con su edad.

Por supuesto, es ineludible etiquetar recursos suficientes para cubrir la enfermedad de las mujeres diagnosticadas, así como incrementar los mecanismos de reconstrucción y rehabilitación que favorezcan una incorporación adecuada a su vida cotidiana.

De manera prioritaria se deben focalizar adecuadamente recursos que fomenten la investigación científica de esta enfermedad que sigue representado la muerte de miles de mujeres, ahora cada vez más jóvenes.

En México, el papel de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental en la lucha de miles de mujeres contra este padecimiento, reconozcamos su papel y seamos aliados de ellas y de todos los que favorezcan la salud de las mujeres.

Hoy, 19 de octubre y en general todo el mes, se hace un llamado a todas y todos para generalizar la consciencia de prevenir y detectar a tiempo esta silenciosa enfermedad que ataca principalmente a las mujeres, sin embargo éste debe de ser un compromiso permanente que favorezca aumentar los niveles de sobrevivencia del cáncer de mama.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2015.

Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica)