Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4393-I, martes 27 de octubre de 2015
- De la Mesa Directiva, sobre modificación de turno de iniciativas
- Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con la que remite informe anual de actividades y ejercicio presupuestal de 2014
- De la Secretaría de Salud, con la que remite el tercer informe trimestral de 2015 de diversos programas sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y los objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación
- Del gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al rescate de los espacios públicos capitalinos en condiciones de abandono y deterioro
- De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a implantar un programa especial de protección civil en el ciclo escolar 2015-2016 con motivo del 30 aniversario de los sismos de 1985
- De la Cámara de Senadores, con las que remite un acuerdo aprobado y veinticuatro proposiciones con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por integrantes de diversos grupos parlamentarios
- De la Cámara de Senadores, con la cual remite solicitud de Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, para que la Cámara de Diputados dictamine la minuta con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud
Minutas
- Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
- Con proyecto de decreto, por el que se declara el 28 de noviembre como Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante
- Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
- Con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción II y se adiciona una VII al artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social
- Con proyecto de decreto, por el que se declara la última de abril como Semana Nacional de la Seguridad Social
- Con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona uno quinto al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor
- Con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 24 y 143, y se adiciona el 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional
- Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional
Iniciativas de ley o decreto de senadores
De la Mesa Directiva, sobre modificación de turno de iniciativas
Honorable Asamblea
La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizaron modificaciones de turno a las siguientes iniciativas:
• Iniciativa que expide la Ley que crea la Comisión de la Verdad sobre la Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, presentada por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 17 de septiembre de 2015.
“Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.”
• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, presentada por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 15 de octubre de 2015.
“Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Salud, para dictamen.”
México, DF, a 27 de octubre de 2015.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica)
Presidente
Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con la que remite informe anual de actividades y ejercicio presupuestal de 2014
México, DF, a 13 de octubre de 2015.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 30, fracción V, de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, por medio de la presente me permito remitirle el informe anual de actividades y el ejercicio presupuestal de 2013 del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, mismo que fue aprobado por la Junta de Gobierno de la institución en su sesión ordinaria de trabajo del pasado 11 de junio de 2015.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José de Jesús Daniel Ponce Vázquez (rúbrica)
Encargado del Despacho de la Oficina de Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
De la Secretaría de Salud, con la que remite el tercer informe trimestral de 2015 de diversos programas sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y los objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación
México, DF, a 21 de octubre de 2015.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
En atención a lo dispuesto en los artículos 30 (anexo 25) del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y 181 del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que las dependencias deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.
Al respecto, por instrucciones de la doctora Mercedes Juan López, secretaria de Salud y en términos de lo dispuesto en el artículo 13, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que establece que corresponde a esta Unidad Coordinadora “...coordinar los mecanismos de vinculación con el Poder Legislativo...”, me permito enviarle copia de la tarjeta 277/2015, suscrita por la licenciada Marcela Velasco González, subsecretaria de Administración y Finanzas, así como el anexo que la acompaña, mediante la cual da respuesta a dicha solicitud.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 21 de octubre de 2015.
Doctor Ernesto Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
En atención a lo dispuesto en los artículos 30 (anexo 25) del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que las dependencias deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.
Al respecto envío a usted de forma impresa y en CD, mediante atenta nota, de fecha 20 de octubre del presente, suscrito por el maestro José Genaro Montiel Rangel, director general de Programación, Organización y Presupuesto dichos informes correspondientes al tercer trimestre del año 2015 de los programas mencionados.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciada Marcela Velasco González (rúbrica)
Subsecretaria de Administración y Finanzas
Del gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al rescate de los espacios públicos capitalinos en condiciones de abandono y deterioro
México, DF, a 9 de octubre de 2015.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente
En ejercicio de la facultad conferida a la Secretaría de Gobierno, licenciada Patricia Mercado Castro, en la fracción III, artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el manual administrativo correspondiente; adjunto oficio AJD/369/2015 mediante el cual el ciudadano Bernardino Ramos Iturbide, asesor del jefe delegacional en Tláhuac, remite respuesta al punto de acuerdo DGPL 62-II5-1892 , en donde se comunicó por parte de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014 .
Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.
Licenciado Iván Pedroza Reyes (rúbrica)
Subdirector de Atención y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace Legislativo
Tláhuac, DF, a 13 de agosto de 2015.
Fernando Daniel Cravioto Padilla
Coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal
Presente
En atención al oficio SG/CED/1210/2014, mediante el cual envía el punto de acuerdo emitido por la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el que exhorta a llevar acciones encaminadas al rescate de los espacios públicos sobre los cuales tenemos jurisdicción y que presentan condiciones de abandono. Al respecto, informamos las acciones concretas realizadas por la jefatura delegacional en este importante tema, que beneficia a las y los habitantes de Tláhuac.
Sin otro particular por el momento, me despido de usted con un afectuoso saludo.
Atentamente
Bernardino Ramos Iturbide (rúbrica)
Asesor del Jefe Delegacional
(Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a implantar un programa especial de protección civil en el ciclo escolar 2015-2016 con motivo del 30 aniversario de los sismos de 1985
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-2180, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/1410/15, suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar un programa especial de protección civil en el ciclo escolar 2015-2016 con motivo del 30 aniversario de los sismos de 1985, así como un programa de protección civil en todos los planteles escolares del país, y de todos los niveles escolares.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)
Titular
México, DF, a 20 de octubre de 2015.
Maestro Valentín Martínez Garza
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio número SELAP/300/996/15, del 29 de abril de 2015, a través del cual el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo, hizo conocimiento de esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, que refiere a la implantación de un programa especial de protección civil en el ciclo escolar 2015-2016 con motivo del 30 aniversario de los sismos de 1985.
Sobre el particular, me permito remitir a usted un engargolado .que contiene las copias de los oficios SEB/UR300/CAS/184/2015; 572; CGDFSEP/DGAVIyG/280/2015 y AFSEDF/DGIFA/0414/2015, con los comentarios emitidos por la Subsecretaría de Educación Básica, la Subsecretaría de Educación Media Superior la Dirección General Adjunta de Vinculación, Información y Gestión de la Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección, General de Innovación y Fortalecimiento Académico de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, respectivamente, mediante los cuales describen las acciones realizadas por cada una de ellas, en atención al punto de acuerdo demérito
Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.
Atentamente
Doctora Lorena Buzón Pérez (rúbrica)
Coordinadora de Enlace
(Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.)
De la Cámara de Senadores, con las que remite un acuerdo aprobado y veinticuatro proposiciones con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por integrantes de diversos grupos parlamentarios
México, DF, a 20 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Salud con los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones informen detalladamente a esta soberanía sobre el recorte presupuestal 2015 y las afectaciones de cobertura de los servicios de salud que se derivan de éste, en el ramo 12 para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, así como los motivos que incentivaron esta decisión.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones informen a esta soberanía sobre el recorte presupuestal previsto para 2016 y las afectaciones que se deriven de éste, en el sector salud, los programas que tendrán los mayores efectos y las posibles consecuencias de esta modificación.
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se contemple y apruebe no realizar recortes al ramo 12; e incluso se incremente la cantidad de recursos destinados para este rubro el próximo año, lo anterior, con base en la gran necesidad que existe en reforzar las políticas de salud pública en el país.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 20 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, contemple y apruebe no realizar incremento en el presupuesto destinado al Senado de la República, al Consejo de la Judicatura Federal, así como al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Martín Orozco Sandoval, senador de la República para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción 11, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, documento que contiene Proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El presidente de la República en su paquete económico, estimó que el crecimiento de la economía en México para 2014 sería de 3.9 por ciento con una inflación de 3 por ciento, un precio del barril de petróleo en 85 dólares y un tipo de cambio de 12.90 pesos por dólar, la realidad fue que el país sólo creció 2.1 por ciento, la inflación se disparó 4.08 por ciento, el precio del barril de petróleo se cotizó por debajo de los 50 dólares y el tipo de cambio sufrió una fuerte devaluación al cerrar diciembre en 14.73 pesos por dólar.
Para 2015, se estimó un crecimiento de 3.7 por ciento, una inflación de 3 por ciento, un tipo de cambio de 13 pesos y un precio del barril de petróleo en 82 dólares, a casi 10 meses del año, los especialistas han hecho 4 ajustes del crecimiento esperado para México, siendo el último el dado a conocer por el Banco de México a 2.2 por ciento, el tipo de cambio ha estado rondando los 17.40 pesos continuando con una fuerte devaluación y el precio del barril de petróleo cotizándose por debajo de los 40 dólares.
A inicios de enero de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la necesidad de reducir el gasto público en 124 mil300 millones de pesos para este año, equivalente a 0.7 por ciento del producto interno bruto, PIB, debido a la caída en los precios del crudo, una de las principales fuentes de ingresos, recortando su expectativa de crecimiento a 2.5 desde 3.3 por ciento para 2015.
Advertimos que las dependencias afectadas en el recorte del gasto fue a instituciones de las que se desprende una afectación directa a los ciudadanos, como Salud, Educación, ISSSTE y Conactyt, programas a adultos mayores.
Las reiteradas prácticas de estimaciones a la baja, recorte en el presupuesto, malos servicios a la sociedad, etcétera; deben tener como consecuencia una nueva reflexión del como gastamos los recursos, pareciera que no aprendemos de las experiencias, pues estamos frente a una realidad se ha apartado de todo lo proyectado por el Gobierno Federal, como se advierte de lo siguiente:
El proyecto de Ley de Ingresos para 2016 estima ingresos por 4.7 billones de pesos con una reducción de (-) 1.9 por ciento con respecto a 2015.
No obstante la disminución de los ingresos, en términos corrientes este monto es superior en 52 mil millones de pesos más, que la propuesta de ingresos del presupuesto pasado.
A pesar de que el Ejecutivo federal reduce la propuesta de crecimiento de la economía para 2016 entre el 2.6 por ciento y 3.6 por ciento del PIB, se plantea un pronóstico de crecimiento irresponsable si consideramos que durante los últimos tres años difícilmente nuestra economía ha crecido por arriba del 2 por ciento y no alcanza siquiera la meta de crecimiento fijada en el PND entre el 3 por ciento y 4 por ciento.
Para el próximo año, se estima un tipo de cambio de 15.9 pesos por dólar. Superior en 2 pesos con 50 centavos más que el aprobado para 2015. La propuesta resulta irreal y al parecer se subestima si consideramos que durante los últimos meses el tipo de cambio ha alcanzado los 17 pesos por dólar.
Por otro lado, el Ejecutivo federal modifica a la baja la estimación del precio de barril de petróleo para 2016 en 29 dólares, ubicándolo en 50 dólares por barril. De entrada la medida nos parece certera al momento por el comportamiento inestable del precio a nivel internacional, sin olvidar que la estimación a la baja de la producción podría generar el próximo año nuevas presiones al presupuesto de la Federación que sugieren de entrada, más recortes al gasto y menos inversión en proyectos importantes.
Sin duda alguna el Paquete Económico para 2016, genera enormes retos, pero además una exigencia de responsabilidad, congruencia y austeridad en la asignación y ejercicio del gasto, de ahí que se requiere que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se apruebe considerando la real condición que vive el país y no como fue propuesto por el Ejecutivo federal.
De aprobarse el Presupuesto de Egresos de 2016 en sus términos, sería un acto de total incongruencia, ya que inexplicablemente se afectan a la baja ramos como el de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social, con disminuciones del 4.6 por ciento, 6.6 por ciento, 2.1 por ciento, y 5.1 por ciento respectivamente, respecto del ejercicio 2015.
Coincido en que la reforma educativa ha sido una de las reformas trascendentales para el país, debido a que la educación es una fuerza trasformadora de México, por lo cual resulta preocupante que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, el Ramo 11 Educación Pública, registra una caída de 4.8 por ciento en términos reales, que equivalen a poco más de 15 mil millones de pesos menos en comparación a lo aprobado en el presupuesto 2015.
Ahora bien, siendo que el combate a la pobreza debería ser una prioridad para este gobierno, sin embargo en el Ramo 20 que corresponde a Desarrollo Social se tienen programados en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2016 109 mil 300 millones de pesos, cifra menor a los 115 mil 200 millones de pesos aprobados en el 2015, lo que implica una caída de 5.1 por ciento real.
En contraste tenemos que, mientras la Cámara de Diputados mantiene el monto de manera constante tanto en el PPEF de 2014, el PEF de 2015 y el PPEF de 2016, sin variación significativa de monto, el cual asciende a 7 mil 600 millones; de forma por demás injustificable resulta el presupuesto proyectado para el Senado de la República con un incremento de 300 millones de pesos en comparación con el monto aprobado en el presupuesto 2015, lo cual representa un incremento de 6.7 por ciento en términos reales.
Asimismo, para el Consejo de la Judicatura Federal, representa un aumento del 32.9 por ciento en términos reales, lo cual representa un incremento de 15 mil millones de pesos en comparación con el monto aprobado en el presupuesto 2015; resultando que el Consejo del Poder Judicial federal, cada año se beneficia con incrementos injustificables.
Ahora bien, en comparación con el monto aprobado en el presupuesto 2015, es inexplicable que se contemple una reducción de 4.6 por ciento en el ramo de educación, versus un incremento de 18 por ciento para el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, Organismo que hasta el momento solo refleja gasto burocrático.
Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, se contemple y apruebe no realizar incremento en el presupuesto destinado al Senado de la República, Consejo de la Judicatura Federal, así como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, solicitando que el presupuesto sea igual al asignado en el PEF para 2015.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los quince días del mes de octubre de dos mil quince.
Senador Martín Orozco Sandoval (rúbrica)
México, DF, a 20 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Itzel Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Mario Delgado Carrillo, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar los recursos para la atención, diagnóstico y tratamiento del “dengue” y “chikungunya” en el país.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, en nombre propio y los senadores del estado de Colima, senadora Mely Romero Celis, Jorge Luis Preciado Rodríguez, y Mario Delgado Carrillo, integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento para el Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar los recursos para la atención, diagnóstico y tratamiento del dengue y chikungunya en el país, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud, en su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de la Salud, así como para disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 73 Constitucional.
Su texto es el siguiente:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades Federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
El derecho a la salud (o a su protección) es uno de los derechos sociales por antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado tiene un carácter prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones positivas (de hacer) por parte de los poderes públicos.
Así por ejemplo, a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama el “derecho a la atención o asistencia sanitaria”.
Tenemos también que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo XV otorga responsabilidades sanitarias a los ayuntamientos que implican fortalecer el saneamiento básico entre otras.
Es materia del presente punto de acuerdo, la promoción, prevención y control del Dengue y chikungunya que son virus que causan enfermedades febriles incapacitantes y que pueden poner en peligro la vida de las personas.
Se transmiten a través de la picadura de mosquitos Aedes aegyptiy el Aedes albopictus (que también pueden transmitir el zika y la fiebre amarilla, está presente en las zonas tropicales y subtropicales de las Américas).
El chikungunya no se transmite por abrazos, besos, por los alimentos o por el aire que respiramos. Por lo tanto no se transmite de persona a persona. El virus necesita un vector -un medio de transporte-, que es el mosquito, aunque en raras ocasiones, también puede transmitirse al tener contacto con la sangre de una persona en la fase viermica
El ciclo de transmisión se inicia cuando los mosquitos Aedes pican a una persona con chikungunya en los días que tiene fiebre,
La población más vulnerable son los adultos mayores, los niños pequeños o menores de un año, las embarazadas y las personas con alguna enfermedad preexistente. Es fundamental vigilar a las personas, de manera especial a los adultos mayores y a los niños ya que son los grupos etarios más susceptibles de presentar complicaciones.
Guerrero, Michoacán y Oaxaca, concentran prácticamente la mitad de casos de chikungunya en el país durante el presente año, donde suman ya casi 8 mil (7,942) en 21 entidades del territorio mexicano, según datos de la Secretaría de Salud (SSA) a la semana 38 del 2015
En total son 21 estados con personas contagiadas por chikungunya, y sólo en 11 no hay casos, incluido el Distrito Federal, de acuerdo al reporte de la Dirección General de Epidemiología de la SSA.
En lo que respecta a la entidad federativa Colima, se ubica entre las primeras cinco a nivel nacional con más casos de chikungunya y dengue, confirmó la Secretaría de Salud estatal.
La Secretaría de Salud y Bienestar Social del gobierno del estado, menciona que en las dos semanas recientes se ha observado una fase de contención de la enfermedad por virus chikungunya en Colima y Villa de Álvarez.
La dependencia menciona que la llegada del virus al estado provocó dos brotes del padecimiento, uno en Armería y Tecomán, los cuales está en fase de contención y otro en Manzanillo, que se mantiene bajo control como resultados de las medidas extraordinarias aplicadas en conjunto con el Gobierno Federal.
Con base en lo anterior y reconociendo que en el país los vectores transmisores de dengue y chikungunya no podrán controlarse mientras no exista una participación organizada de los tres órdenes de gobierno conjuntamente con la sociedad civil para el desarrollo de acciones de saneamiento básico permanente. En tanto no se logra lo anterior es necesario realizar acciones preventivas de control del vector y de promoción de la salud por lo que se propone los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 incremente el monto de los recursos aprobados en 2015 a los programas federales que tienen como objetivo la atención, diagnóstico y tratamiento del dengue y chikungunya en el país.
Segundo. El Senado de la República exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Salud federal plantee ante la Cámara de Diputados, las necesidades suficientes de recursos extraordinarios en la promoción, prevención y control de dengue y chinkunguya de las familias colimenses.
Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima a mantener el Plan de Contención y Control en el último trimestre del año y el primero de 2016 y con ello lograr la protección contra el dengue y chikunguya de las familias colimenses.
Cuarto. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos del País a cumplir con el apartado “B” del artículo 115 Constitucional que se refiere a las atribuciones y responsabilidades municipales en materia de salud entre ellas, fortalecer el saneamiento básico en sus respectivas demarcaciones para la promoción, prevención y control de las enfermedades que nos ocupan.
Dado en el pleno del Senado de la República, a los días 20 del mes de octubre del año dos mil quince.
Senadores: Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Mario Delgado Carrillo (rúbricas).México, DF, a 20 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar recursos suficientes a la Secretaría de Salud para la creación de un programa de cirugía reconstructiva para el cáncer de mama.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar con recursos suficientes a la Secretaría de Salud para la creación de un programa de cirugía reconstructiva para el cáncer de mama; al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Sistema Nacional de Salud se encuentra formado o lo constituyen las dependencias y entidades de la administración pública federal, tanto federales como locales, pero también las personas físicas y morales del sector social y privado para dar cumplimiento a la protección de la salud.
En este sentido, uno de los objetivos del Sistema, es proporcionar a toda la población los servicios de salud, con especial interés a la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integral mediante la coordinación a cargo de la Secretaría de Salud.
Estos servicios que se prestan, comprenden la atención médica, la salud pública y la asistencia social, para la protección de la salud, como una de las modalidades es la atención medica integral, que comprende su forma preventiva, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación.
Para poder llegar a cumplir este mandato y garantizar este derecho, es necesario en primera instancia establecer un mecanismo de planeación conforme a lo estipulado por la ley en la materia, es decir, la Ley de Planeación. Que es la norma junto con la Ley General de Salud que establecen una serie de programas meramente fundados para poder garantizar el derecho a la salud. En base a estas normas se deriva el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente al correspondiente 2013-2018, cuyo eje México Incluyente propone enfocar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen, en especial el rubro salud, tiene como finalidad, mejorar el sistema de salud a través de una planeación interinstitucional para alcanzar los compromisos y corresponsabilidad entre las instituciones.
Entre los pendientes que el gobierno federal contempla y que son claves en materia de salud, se encuentra la mortalidad materna, la fecundidad, las tasas de mortalidad y la migración que suponen una demanda más elevada de servicios, especialmente asociada al mayor número de adultos mayores. Por otro lado, hace hincapié sobre los factores y situaciones que atentan contra la salud como son: la pobreza, los estilos de vida poco saludables y de riesgo.
En esta propuesta, tengo la preocupación que aqueja a nuestro país, especialmente a las mujeres, me refiero al cáncer de mama, esta incidencia de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Cancerología, represento para el 2012, 13 mil 388 nuevos casos de cáncer de mama, es decir, cada 90 minutos muere una mujer, mientras que la Secretaría de Salud diagnosticó cada 30 minutos a una mujer más con este padecimiento. Cifras del Inegi de 2013 mencionaron que hubo 5,426 decesos atribuibles a este padecimiento, lo que representó la muerte de 15 mujeres cada día durante ese año. Como sabemos, la mortalidad por cáncer de mama ha tenido una tendencia ascendente en los últimos años.
Ante esta situación, es necesario seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención y de detección temprana del cáncer de mama en sus primeras etapas, pero también es necesario que las mujeres que desgraciadamente han perdido un seno, también exista la atención debida para que mediante una cirugía reconstructiva puedan realizarse mediante el derecho llamado seguro popular.
Sabemos que la principal acción para combatir el cáncer y evitar la mortandad, es la prevención, lo que implica que las mujeres conozcamos los factores de riesgo desde su etapa inicial mediante un diagnóstico y tratamiento oportuno.
La vida de un ser humano es lo más valioso, y vale la pena invertir en su cuidado, no sólo porque es una obligación que el Estado mexicano tiene con sus habitantes, sino porque es un derecho humano y quienes sobrevivientes a esta enfermedad, saben que el cáncer de mama lacera profundamente a las mujeres que lo padecen.
Por ello, mi exhorto a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el ámbito de sus facultades consideré oportuno incrementar con recursos suficientes la atención temprana del cáncer de mama, así como su tratamiento que incluya la cirugía reconstructiva
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la proposición siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2016, contemple dentro de los programas de atención medica del Sistema Nacional de Salud, recursos suficientes para la atención del cáncer de mama, a efecto de que todos los pacientes puedan contar con tratamientos que incluyan ultrasonidos, mastografías, biopsias, hospitalización, quimioterapias, radioterapias, extirpación del tumor, consultas psicológicas y de tanatología, así como reconstrucción mamaria en caso de mastectomía.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México a 20 de octubre de 2015.
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, se asignen recursos especialmente dirigidos a la atención integral de la problemática de las niñas, niños y adolescentes en “situación de calle” y trabajo infantil en el estado de Jalisco.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la honorable Cámara de Senadores proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignen recursos etiquetados especialmente dirigidos a la atención integral de la problemática de las niñas, los niños y los adolescentes en situación de calle y trabajo infantil en el estado de Jalisco; lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ser niño es sin duda la mejor oportunidad de vivir el presente. Ellos no se quedan en el pasado ni se preocupan por el futuro; sin embargo, nosotros sí debemos preverlo para ofrecer uno mejor a nuestro próximo relevo generacional en este mundo.
Por ello, para toda sociedad, el cuidado de sus niños debe ser una prioridad y asegurarse de su adecuado desarrollo y una vida digna en la etapa que debiera ser la más bonita del ser humano.
No obstante, parecería que esta obligación social, moral y jurídica se torna complicada a nivel mundial, y nuestro país no está exento; de tal manera, que creo que todos hemos atestiguado el incremento de menores de edad en muy difíciles y precarias circunstancias de vida. Me refiero a las niñas y niños en condiciones de calle y hasta explotación infantil.
La presencia de niñas, niños y adolescentes, incluso familias enteras en situación de calle, ya sea viviendo o trabajando en ella, es un fenómeno social complejo, con múltiples causas que van desde la disminución de los ingresos, la falta de oportunidades de empleo y la expansión del sector informal de la economía; factores que sumados a los de carácter social y cultural, tales como los procesos migratorios, la desintegración familiar, el cambio en las pautas y valores culturales, han afectado el bienestar de las familias, sobre todo el de aquellas en estado de mayor vulnerabilidad.
En el estado de mi representación, Jalisco, los gobiernos estatal y municipales trabajan para paliar este mal que afecta a nuestro pequeños. Por ello, llevó a cabo una actualización y diagnóstico sobre el trabajo infantil, con especial atención a los niños en situación de calle, en cuyos datos dados a conocer se advirtió de 3,674 niñas, niños y adolescentes trabajando en espacios públicos abiertos y cerrados en seis municipios (Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto y Zapopan), de los que 65 por ciento son niños y el restante 35 son niñas. También se observó que la gran mayoría de los niños que trabaja son menores de 14 años (54.72) el 27 por ciento el resto se encuentra entre los 14 y 17 años.
Como se dijo, el gobierno de la entidad trabaja en este fenómeno y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco a través de la Dirección de Protección a la Infancia opera el Programa Menores Trabajadores Urbano Marginales, mediante el cual se brindan servicios de asistencia social para atender a niñas, niños y adolescentes, trabajadores, en riesgo de incorporarse a actividades para económicas y de los que por alguna circunstancia han roto el vínculo con la familia y se encuentran viviendo en la calle.
Para ello, la Dirección de Protección a la Infancia del DIF Jalisco se apoya en los Sistemas de DIF municipales para responder al fenómeno de niños en situación de calle y trabajo infantil a través de un rescate de familias en situación crítica a las que ofrece un paquete de servicios y apoyos para evitar el trabajo infantil e incorporar a los menores a la escuela.
Según se informa, este programa atiende a un aproximado de cuatrocientas familias cada año, sin embargo, no ha sido suficiente y no ha sido posible frenar el fenómeno. Es necesario fortalecer las acciones gubernamentales para rescatar a nuestros pequeños de la calle, elevar los alcances de programas como el ya mencionado y lograr mayores resultados. Para ello, como para casi todo, se requiere mayor inversión económica.
Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continúe apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar importantes acciones y objetivos en favor de las niñas, niñas y adolescentes más vulnerables: Los que están en situación de calle y trabajo infantil a causa de su precaria situación socioeconómica.
Razones por las que la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.
En mérito de lo anterior me permito poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignen recursos etiquetados especialmente dirigidos a la atención integral de la problemática de las niñas, los niños y los adolescentes en situación de calle y trabajo infantil en el estado de Jalisco, a fin de fortalecer los trabajos, elevar los alcances de los programas y obtener mayores resultados en los esfuerzos que realizan los gobiernos estatal y municipales en esta asignatura.
Dado en el salón de sesiones, a 22 de octubre de 2015.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos por la cantidad de 5 millones 498 mil 525.91 pesos para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco, en la localidad de San Isidro Matancillas, del municipio de Ojuelos de Jalisco.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la honorable Cámara de Senadores proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se prevea una asignación de recursos económicos etiquetados por la cantidad de 5 millones 498 mil pesos para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej), en la localidad de San Isidro Matancillas, del municipio de Ojuelos de Jalisco; lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La educación es un derecho y una necesidad social y cultural, un avance cognitivo y del pensamiento, que permite a los ciudadanos poder participar en diversas actividades que implican más que leer y escribir. Más aún, se trata de derecho que va más allá, se trata de un derecho fundamental del ser humano, como elemento indispensable para lograr la autonomía personal y el ejercicio pleno de las libertades y el desarrollo de todas las personas.
Para ello resultan indispensables todos los esfuerzos que todos los órdenes de gobierno realicen para hacerla una realidad a todo lo largo y ancho del país.
Sobre este aspecto, el actual gobierno municipal de Ojuelos de Jalisco está preocupado y ocupado en contribuir en beneficio de sus habitantes, particularmente con la construcción de un plantel del Cobaej para la impartición de educación media superior con capacitación para el trabajo en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia.
Ojuelos de Jalisco se considera una zona urbana del estado de Jalisco con poco más de 30 mil habitantes en 63 localidades, de los que 4 mil 297 se ubican en el poblado de San Isidro Matancillas, localidad precisamente en la cual se tiene proyectada la construcción del referido plantel educativo.
El municipio cuenta con el terreno y el proyecto para lo que se identifica como Primera Etapa EMSaD 55 San Isidro Matancillas (Cobaej), cuya construcción implica el trazo y nivelación, terracería, guarniciones y banquetas, construcción de área deportiva, áreas verdes, administrativas, aulas, cafetería, drenajes, alumbrado, sistemas de captación de agua pluvial y sistemas de captación de energía solar.
Esto es, proceder a la construcción y consolidar tan loable proyecto es factible y procedente, sólo falta algo muy indispensable: recursos económicos por la cantidad de 5 millones 498 mil 525.91 pesos.
Este proyecto es de suma importancia para los habitantes de Ojuelos de Jalisco, particularmente de la localidad de San Isidro Matancillas, que no cuentan con un plantel propio y lograrlo es un anhelo que permitirá cambiar sus expectativas de calidad de vida, al constituir la posibilidad palpable de superación educativa y preparación para el mercado laboral.
Es indispensable y apremiante apoyar a nuestra población, y en virtud de que para el caso en concreto, la parte restante se traduce a pesos y centavos, y que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio, el gobierno federal continúe apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.
En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para la construcción de un plantel del Cobaej, en San Isidro Matancillas, del municipio de Ojuelos de Jalisco.
En mérito de lo anterior, me permito poner a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se prevea una asignación de recursos económicos etiquetados por la cantidad de 5 millones 498 mil 525.91 pesos para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej), identificado como proyecto EMSaD 55 San Isidro Matancillas (Cobaej), en la localidad de San Isidro Matancillas, del municipio de Ojuelos de Jalisco.
Dado en el salón de sesiones, a 22 de octubre de 2015.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple para el estado de Jalisco un incremento sustancial de recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple para el estado de Jalisco un incremento sustancial de recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama; lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
El cáncer de mama no hace distinción entre la población de países desarrollados y en vías de desarrollo, aunado a que es el padecimiento que tiene mayor presencia en la vida de las mujeres en el mundo.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos y ocurren 458 mil muertes por esta enfermedad en el ámbito internacional.
En nuestro país, tan sólo superado por el Distrito Federal, Jalisco ocupa el segundo lugar en incidencia de muertes causadas por cáncer de mama en México, con alrededor de 500 decesos cada año por esa causa.
Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los países de bajos ingresos ocurre la mayoría de los decesos; ello, debido a que el diagnóstico se realiza en fases avanzadas de la enfermedad. Lo anterior, ante la falta de acceso a servicios de salud, así como a la poca sensibilización para la detección precoz.
Debido a su impacto, y como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año alrededor del mundo durante octubre se realizan eventos cuya finalidad es concientizar e incentivar la autoexploración mamaria y el diagnóstico temprano. Ello, en el marco del día 19 de octubre, en el que se celebra el “Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, fecha en la que se promueve el uso de un listón o lazo rosa como símbolo que alude a este padecimiento; sin embargo, es necesario hacer más que eso.
Con su terrible segundo lugar en decesos en nuestro país, es claro que los esfuerzos gubernamentales no han dado los resultados deseables, en los que definitivamente tiene mucho en que ver la falta de recursos.
Ello, no obstante que a los esfuerzos para combatir este mal se suman los aportados por la sociedad civil organizada, pues diversas asociaciones civiles trabajan día con día en labores relacionadas con la prevención, detección y apoyo a mujeres con cáncer de mama, incluso con albergues para hospedaje a mujeres con este padecimiento, cunado deben salir de su lugar de residencia para buscar apoyo y tratamiento. Cabe decir, que se trata de organizaciones que no reciben ayuda económica gubernamental y que a base de donativos aportan de manera altruista sus beneficios.
Sin duda, esta enfermedad es uno de los desafíos más importantes que hoy enfrentamos. Es necesario avanzar para evitar que las mujeres sigan muriendo, increíblemente a causa de enfermedades completamente prevenibles, considerando que con la detección en la primera etapa de la enfermedad, el 99 por ciento de los casos es curable.
Así, si la enfermedad es combatible, es lamentable que sigan ocurriendo decesos, máxime que un factor determinante para ello se trate de dinero. Por ello, es muy importante incluir en el presupuesto para el 2016 un incremento sustancial para los programas contra el Cáncer de Mama, fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento y contribuir a sacar a Jalisco de ese atolladero que año con año sacrifica a tantas mujeres; incluso, también para apoyar a las asociaciones que coadyuvan a ello, a través de aportaciones económicas relacionadas con la asistencia social.
Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal se prevea un incremento sustancial en esta materia.
Razones por las que la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple para el estado de Jalisco, un incremento sustancial de recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama, en virtud de sus altos índices de mortalidad por esta causa, al grado de posicionarlo en un indeseable segundo lugar a nivel nacional.
Asimismo, para canalizar apoyos económicos bajo el concepto de asistencia social, a las asociaciones civiles debidamente reconocidas y que altruistamente apoyan a mujeres que padecen dicha enfermedad.
Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos por la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Recinto Ferial de Guadalajara”.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Recinto ferial de Guadalajara”; lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una de las promesas y compromisos del gobierno de Jalisco, para con los jaliscienses, es la construcción de un Centro o Recinto Ferial que habría de albergar la principal feria popular-turística de la entidad: Las “Fiestas de Octubre de Guadalajara”.
Es un proyecto que contempla la construcción de 5 mil cajones de estacionamiento y un área para la presentación de espectáculos con capacidad para 50 mil espectadores.
La actual administración estatal consideró que en un año a partir de su llegada estaría concluido el nuevo recinto para “Fiestas de Octubre”, sin embargo el proyecto se retrasó por un conflicto legal con vecinos de Huentitán donde se ubican los terrenos, propiedad del ayuntamiento de Guadalajara.
Según se informa, el problema jurídico quedó resuelto, los terrenos están listos y el gobierno del estado cuenta ya con un proyecto ejecutivo en el que se invirtió cerca de 8 millones de pesos, pero no cuenta con el presupuesto necesario para culminar con el objetivo, para el cual se requiere un aproximado de 500 millones de pesos.
Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.
Se trata de una promesa y compromiso desde etapa de campaña, por lo que es muy importante cumplir a los jaliscienses con la palabra empeñada. Compromiso al que bien se puede apoyar con asignaciones de carácter federal.
En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para el Recinto Ferial que habría de albergar a las famosas y populares “Fiestas de octubre de Guadalajara”.
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Recinto ferial de Guadalajara”, que albergaría las fiestas popular-turísticas más importantes de Jalisco.
Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional Forestal.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional Forestal (Conafor); lo anterior al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) es una dependencia del gobierno federal, específica mente un organismo público descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, creada desde 2001 con el objetivo de apoyar, promover y desarrollar la conservación y la restauración de los bosques de México; así como participar en la silvicultura sostenible.
A 14 años de existencia y en particular en la presente administración, Conafor ha alcanzado importantes logros, por decir algunos, en la elaboración de los inventarios forestales estatales, en las metas de reforestación y algo muy importante, concretó la instalación de seis centros regionales para el manejo del fuego.
Sin embargo, dicho por su propio titular, los objetivos de Conafor se amplían cada vez más, atentos a que el sector forestal es prioritario para el desarrollo del país, tanto en cuestión nacional como también, ante los compromisos internacionales.
A nivel nacional, es una prioridad lograr que el aprovechamiento de los recursos forestales tenga una base sólida de sustentabilidad, que mejore la economía y la calidad de vida de sus dueños y de las personas que habitan en las zonas forestales, a la vez que se asegure la generación de servicios ambientales.
En el entorno internacional también son muchas las expectativas a cumplir, pues como muestra basta decir que la Conafor juega en papel preponderante en el cumplimiento para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), respecto sobre el cual se tienen también plausibles logros, incluso parte de estos últimos, dados a conocer recientemente en el evento “Fortalecimiento del Proceso de Preparación REDD+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur”.
Logros que la Conafor ha logrado haciendo rendir al máximo posible el presupuesto con el que cuenta, el que por cierto, por lo que respecta al Presupuesto de Egresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, como todos sabemos, se ha anunciado un recorte o disminución.
No obstante, existen asignaturas tan sensibles que definitivamente no deben sufrir disminución, por el contrario, si hay más objetivos se requiere mayor presupuesto.
Definitivamente este es el caso de Conafor, cuyo presupuesto, en el mejor de los casos quedaría igual, con el pendiente de que pueda verse disminuido, situación que considero debe valorarse muy bien y que por el contrario, se deben realizar los esfuerzos necesarios para incrementar el presupuesto en un área prioritaria y que además ha dado excelentes resultados, los cuales, deben seguir cristalizándose.
Y ya que se trata de recursos económicos, sabemos que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, lo que constituye un momento propicio para que en ese ejercicio, se prevea un incremento sustancial de recursos para Conafor, al tratarse de un área sensible y prioritaria para el cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo, sustentabilidad y compromisos internacionales en materia medioambiental y de cambio climático.
Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional Forestal, al tratarse de un área prioritaria para el cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo, sustentabilidad y compromisos internacionales en materia medioambiental y de cambio climático.
Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el estado de Jalisco.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el Estado de Jalisco; lo anterior al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El gobierno de Jalisco ha demostrado estar verdaderamente comprometido en el tema de la movilidad. Uno de sus temas más importantes lo es la infraestructura, para el caso que me permito traer a la consideración de esta honorable asamblea, la recuperación de la red carretera en la entidad.
A la llegada del actual gobierno estatal, la encontró en un estado deplorable, por lo que se realizaron los esfuerzos necesarios para una rehabilitación urgente, sin embargo, pese a los esfuerzos aún se tiene un rezago importante.
Al inicio de 2013, la infraestructura carretera estatal se encontraba en un 62 por ciento en mal estado, y en el plazo de dos años se logró cambiar el escenario a un 25 por ciento en buen estado, 56 por ciento en estado regular y un 19 por ciento en mal estado.
Son avances muy importantes, pero que no alcanzan el grado de satisfacción deseado y se hace indispensable continuar con los trabajos de rehabilitación, a efecto de lograr que la infraestructura carretera de Jalisco, en verdad pueda fungir como un elemento de desarrollo, que permita el acceso a la población a los servicios básicos y fomente el intercambio comercial y económico.
Una óptima red de carreteras, eficiente y segura, que permita crear una conexión del territorio nacional y reducir los costos de transacción y transporte nacionales; que se traduzca en competitividad y productividad y por ende, en un factor de crecimiento económico que los jaliscienses tanto necesitan.
Esto, además de que el buen estado carretero es necesario para la seguridad de los usuarios, al permitir un mejor tránsito de personas y materiales con una menor cantidad de accidentes.
Para ello, evidentemente se requiere de recursos económicos que hagan posible la inversión en este rubro y apuntalar los proyectos pendientes.
Y ya hablando de recursos económicos, sabemos que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, lo que constituye un momento propicio para que en ese ejercicio, se prevea una asignación de recursos suficientes para concluir la rehabilitación de la infraestructura carretera de Jalisco, como una necesidad apremiante para detonar su desarrollo económico.
Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el Estado de Jalisco, al constituir un factor determinante para la seguridad, competitividad, productividad y el desarrollo económico de los jaliscienses.
Dado en el salón de sesiones, a los 22 días de es de octubre de 2015.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”; lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante el plazo que ha transcurrido del Gobierno de la República a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto, Jalisco está consolidando importantes proyectos de inversión e infraestructura que traerán grandes beneficios y detonarán el desarrollo del Estado en bien de sus habitantes.
Uno de ellos es sin duda la construcción de la línea 3 del tren eléctrico de la zona metropolitana de Guadalajara y las ampliaciones de las líneas anteriores.
Sin embargo, existen pendientes otros proyectos también muy favorables para nuestros habitantes, entre los que se encuentran los presentados por el Gobierno del Estado de Jalisco ante la Federación, con la intención de ser logrados el siguiente ejercicio fiscal.
Destaca en los proyectos solicitados, el relativo a las obras de renovación urbana en el Centro Histórico de Guadalajara, que plantea trabajos de rehabilitación de infraestructura en 50 hectáreas, así como la intervención en plazas, parques y jardines.
Por sus alcances, el proyecto se ha denominado “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”, que contempla además la rehabilitación de calles, redes de agua, eléctricas, pavimentos, banquetas, iluminación, mobiliario urbano y espacios públicos.
También considera el tema de seguridad con un sistema de vigilancia que contempla la colocación de 233 cámaras. Además, se plantea en zonas peatonales la instalación de bolardos automatizados.
La rehabilitación comprende el perímetro de Avenida Federalismo a la calle Humboldt y de San Felipe a Joaquín Angulo; luego, el Jardín Botánico, el Antiguo Hospital Civil y llega hasta lo que es el Hospicio Cabañas. Otra área en la que se planean obras es de Federalismo a la calle Galena, y de Avenida La Paz a Prisciliano Sánchez.
Mientras que los espacios públicos a rehabilitar son las plazas: Tapatía, Universidad, Juan Palomar, Doctor L. Oliva, Agustín Rivera, el Jardín Botánico, el Jardín López Cotilla, la Explanada del Cabañas y el Parque Morelos.
Definitivamente un proyecto ambicioso que dará una nueva cara a nuestro centro histórico de Guadalajara, sin lastimar su bella arquitectura y conservando su esencia, de manera que pueda ser disfrutado de mejor manera y más segura, incrementando además su atractivo turístico.
Proyecto de gran relevancia para la Zona Metropolitana de Guadalajara y que ha sido entregado ya a la federación a través de la Secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público, con una inversión estimada en 363 millones de pesos, por lo que ahora Jalisco gestiona los recursos para hacerlo realidad.
Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.
En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de...
Acuerdo
Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”, a fin de concretar tan especial proyecto en beneficio de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de incrementar su atractivo turístico, la seguridad y el potencial que reviste para el desarrollo de la Entidad.
Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes, que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 332 millones de pesos, para ser destinados al proyecto “Ciudad Creativa Digital”.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 332 millones de pesos, para ser destinados al proyecto “Ciudad Creativa Digital”; lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con la intención de que el ejercicio fiscal 2016 sea un mejor año para Jalisco con el apoyo de las asignaciones federales, el gobierno de Jalisco ha presentado puntualmente sus proyectos a la federación.
Entre ellos, además de otros de gran importancia, uno a destacar es el relativo a la denominada “Ciudad Creativa Digital”.
Se trata de un importante proyecto que se espera sea una realidad para el siguiente año con los recursos previstos para ser asignados por parte de la federación, mientras que el recurso comprometido por el Gobierno del Estado de encuentra listo para ser invertido.
Ciudad Creativa Digital ha sido conceptualizada como “la renovación del entorno urbano para consolidar un espacio ideal para las personas, un escenario moderno e interconectado donde el talento y la creatividad generan conocimiento, impulsan el uso de nuevas tecnologías y mejoran la calidad de vida en la zona metropolitana de Guadalajara”, según su propia página de internet.
Estará ubicada en el corazón de la capital de Jalisco, y concentrará industrias creativas tales como firmas productoras de cine, televisión, videojuegos, animación digital, medios interactivos y aplicaciones móviles, entre otras más, posicionando con ello al estado como un centro productivo relevante para un sector que hoy en día es vanguardia en la economía global.
Este proyecto incluye la restauración del gimnasio “Modesto Careaga”, que se ubica en la calle Coronel Calderón; también la Escuela Mixta Número 53 y la construcción de algunos edificios que albergaran a empresas relacionadas con el desarrollo de alta tecnología, entre otros.
Muchas expectativas se tienen puestas en este proyecto, y que en realidad, con gran ánimo y confianza para ser concretado a partir del siguiente año, que como ya se dijo, sólo está a expensas del recurso federal, el cual se estima en un monto de 332 millones de pesos.
Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.
En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para Ciudad Creativa Digital, a crearse en el corazón de Guadalajara, Jalisco.
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 332 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Ciudad Creativa Digital”, a construirse en el corazón de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio; lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual, nuestro país dará un giro en la procuración e impartición de justicia con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
La envergadura de la reforma constitucional en materia penal representa no sólo un parteaguas, sino un verdadero cambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático de Derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso.
Desde esa fecha comenzaron los trabajos con miras a lograr la instalación y funcionamiento del nuevo sistema, que deberá estar operando en todo el país a más tardar el próximo mes de junio de 2016.
Lamentablemente en los primeros años posteriores a dicha reforma, el entonces gobierno de Jalisco pareció no dimensionar los alcances y los esfuerzos necesarios para lograr este nuevo sistema. Fue así que en ese entonces llegó a catalogarse entre los estados con mayor rezago en esta asignatura.
Ahora, el actual gobierno de Jalisco asumió con responsabilidad el reto que implicaba recuperar al tiempo perdido y tras siete años de la reforma ha habido avances muy importantes en materia de procedimientos generales, capacitación e infraestructura.
Incluso, el año pasado el estado de Jalisco dio uno de los pasos jurídicos más importantes al terminar la aprobación de las reformas y adiciones a la legislación que regula la estructura judicial, para armonizarla a los ordenamientos federales en la materia, y de esta manera incorporarse al nuevo sistema de justicia oral o adversarial, no inquisitorio, con lo que culmina una etapa importante, pero que ahora demandará de mayores recursos para su implementación.
Uno de los principales obstáculos para avanzar en la aplicación del nuevo sistema de justicia es el económico, ya que se requiere de recursos para infraestructura, capacitación y nuevas tecnologías. Además de que también será indispensable otorgar al Poder Judicial del Estado un presupuesto suficiente para afrontar la siguiente parte del proceso y completar así el objetivo de más y mejor justicia.
El gobierno federal ha hecho su parte, pues ha estado suministrando recursos económicos a todas las entidades federativas del país para que los trabajos fluyan de manera adecuada y se logre el cometido de manera puntual para la que parece ser la última fecha prorrogada para la vigencia completa del nuevo sistema de justicia, pero por las razones dadas, es necesario que Jalisco remonte en muy breve plazo el atraso y el año que entra se encuentre al cien por ciento, por lo que mucho ayudaría contar con recursos adicionales para consolidarlo.
Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.
Cabe decir que el gobierno de Jalisco tiene en su agenda contar con los trabajos completamente concluidos para iniciar puntualmente con el nuevo sistema el año entrante, tarea a la que mucho apoyaría contar con adicionales a los previstos.
En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que deberá estar en completo funcionamiento a más tardar en junio del siguiente año.
Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales destinados a la inversión pública productiva en el estado de Jalisco.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales destinados a la inversión pública productiva en el Estado de Jalisco; lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una de las mejores maneras de ir revirtiendo las condiciones de marginación y pobreza tiene que ver mucho con la obra pública. Se trata de una oportunidad de abatir rezagos y disminuir las desigualdades mediante la generación de inversiones, empleos e infraestructura que permitan la competitividad y desarrollo.
Para ello se requiere de recursos que permitan efectuar estas inversiones y ejecutar obras con sentido social, priorizando su orden en base a las necesidades más apremiantes de la población.
Sobre este rubro, el de los recursos económicos, cabe decir que el gobierno federal ha anunciado la necesidad de ajustes a la baja en el presupuesto de egresos, a la par de implementar medidas que permitan “hacer más con menos”, y de esta manera recuperar recursos para inversión en infraestructura.
No obstante, en el estado de mi representación, Jalisco, se teme que en el siguiente ejercicio fiscal se canalizarán menos recursos para proyectos de infraestructura que los asignados durante el presente año.
Situación en verdad preocupante, considerando que en Jalisco se ha heredado de administraciones pasadas un fuerte rezago en la materia, que lamentablemente le posiciona dentro de los 12 estados con mayor atraso en inversión productiva, al grado de catalogarse como notablemente insuficiente por algunas consultorías.
El actual gobierno de la entidad hace excelentes esfuerzos para revertir esta problemática y reposicionar a Jalisco en los lugares que alguna vez ocupó. Se estima que este año ejerció tan sólo para infraestructura, alrededor de 4 mil millones de pesos canalizados por la federación, que si bien no son considerados como una cantidad holgada, peor sería si se aplica mayor reducción.
Estoy consciente de que el escenario internacional adverso genera la necesidad de que el gasto público en nuestro país se “apriete el cinturón” hacer más eficiente su aplicación y dar preferencia a los proyectos de mayor impacto social.
También es cierto, que estos ajustes se han preferido hacia el gasto corriente, como una acertada medida del gobierno de la República para mantener la inversión productiva, por ello, que en esta tónica se considere como apremiante no reducir los recursos públicos al respecto para los Estados, principalmente para aquellos que representan un mayor rezago.
Para ello, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el hacer un esfuerzo, “estirar la cobija” y lograr cuando menos, mantener el monto de inversión.
Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales destinados a la inversión pública productiva y de infraestructura para el Estado de Jalisco; de no ser posible, garantizar una asignación de recursos cuando menos por el equivalente al ejercido en el presente ejercicio fiscal, como una medida necesaria para abatir rezagos en este rubro y disminuir las desigualdades de nuestra población.
Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del programa Centros de Justicia para las Mujeres.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del programa Centros de Justicia para las Mujeres; lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
México está urgido por alcanzar la equidad de género, y en el estado de Jalisco estamos decididos a lograrlo, por eso el gobierno de la entidad trabaja para que cada vez sea menor la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres, con avances muy significativos.
De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), se ha logrado reducir en 20.4 por ciento la desigualdad entre los derechos de hombres y mujeres, convirtiéndose en una de las entidades con mayor avance en la igualdad de género en México.
No obstante, hay materias y deudas pendientes con la mujer, como incrementar su participación en el empleo, porque todavía es mayor la proporción que trabaja por cuenta propia en comparación con los hombres y la tasa de participación económica muestra desequilibrio. El mejoramiento a la atención materna ante la persistente tasa de muertes por condiciones de embarazo y parto. La Educación, principalmente para las niñas del sector rural; la Seguridad Social y así podemos seguir enlistando pendientes.
Más aún, existe un flagelo que amerita acentuar la atención gubernamental: Se trata de la violencia contra la mujer.
Según cifras de la Secretaría de Salud Jalisco, tan sólo en el primer semestre de este año se registraron más de 7 mil casos de agresiones, esto es, 43 mujeres violentadas cada día, al grado que ameritó que en el mes de agosto pasado se valorara muy seriamente la posibilidad y necesidad de decretar la “Alerta de Género” en Jalisco.
Sobre este aspecto, se informa de más de 3 mil denuncias de mujeres que han sido violentadas psicológica, física y emocionalmente; pero que lamentablemente, gracias a la falta de denuncia sabemos que el número de casos es mucho mayor.
Definitivamente es apremiante generar condiciones y herramientas para erradicar la violencia contra la mujer, así como la desigualdad de género en todas sus facetas, como un factor sin el cual, no será posible avanzar hacia el desarrollo, mucho menos superar la pobreza.
Por eso, celebro que en Jalisco se haya logrado avanzar con celeridad en acciones que permitan mejores condiciones para las más de 4 millones de mujeres que habitan en este estado, con la participación del Instituto Jalisciense de las Mujeres, el sistema DIF y un adelanto importante: El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco, inaugurado el pasado 5 de febrero, con una inversión superior a los 82 millones de pesos.
Este centro contribuirá en gran medida a prevenir, atender y erradicar la violencia de género con apoyo de 12 instancias gubernamentales. Es un espacio en el que las mujeres acudirán a un solo lugar para recibir apoyos, acceder a una impartición de justicia pronta y expedita, así como para afiliarse a los distintos programas que se impulsan desde el Ejecutivo para el empoderamiento económico de la mujer. Prestará atención a más de 30 mil mujeres por año y que por medio de sus servicios como atención médica, psicológica, legal y académica, se podrá mejorar la calidad de vida de la mujer jalisciense, basándose en una cultura de la paz.
Como ya se dijo, representa un gran avance, en el que participó económicamente el gobierno federal, pero no podemos “echar las campanas al vuelo”, es necesario consolidar estas acciones en beneficio de nuestras mujeres, como un débito histórico y social. Para ello, resulta indispensable fortalecer las acciones y programas encaminados a la protección integral de la mujer, en los que los recursos económicos resultan imprescindibles.
Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio, el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.
En resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del programa Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de garantizar el máximo de resultados y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en esta entidad federativa.
Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, realice las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar la partida presupuestal para la permanencia de la aplicación de la “prueba de tamiz neonatal ampliado y auditivo”.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita Martha Tagle Martínez, senadora de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es una propuesta que elabora el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la distribución y objetivos de los recursos públicos para el próximo año fiscal y que remite a la Cámara de Diputados para que pueda ser tomado en cuenta para el análisis, discusión, modificación y eventual aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.1
Como parte del proyecto presentado para el ejercicio fiscal 2016, se contemplaron algunas reducciones en el gasto público, correspondientes a diversos factores relacionados con el entorno interno y externo, “lo cual motivó a que se diseñara con una orientación a resultados y con un enfoque Base Cero, privilegiando la eficiencia operativa y la calidad del gasto”.2
Como parte de esta reingeniería presupuestal, se contempla un gasto neto total de 4 mil 746 millones 945.7 pesos, de los cuales el 75 por ciento está destinado a gasto programable, es decir 3 mil 562 millones 48.1 pesos, que:
Es el que realiza el gobierno federal para el cumplimiento de sus funciones a través de programas para proveer bienes y servicios públicos a la población, así como los recursos que se transfieren a las entidades federativas, municipios y delegaciones del. Distrito Federal, condicionando su gasto al cumplimiento de objetivos específicos.3
A su vez, para el rubro de desarrollo social se estima un gasto neto de 2 mil 199 millones 538 mil 200 pesos; de los cuales 520 millones 678 mil 800 pesos están destinados para el sector salud. Lo cual, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en los hechos representa que:
De acuerdo con los PEF aprobados de 2013 a 2015, el crecimiento en el presupuesto asignado a la función salud fue 3.5 por ciento en promedio. Sin embargo, el PPEF de 2016 presenta una caída de 1.2 por ciento en términos reales, respecto al PEF de 2015.
Por ramos (...) se observa que el presupuesto para el ISSSTE y para la Secretaría de Salud decrece 7.4 por ciento y 6.6 por ciento, respectivamente, en el PPEF de 2016, respecto al PEF de 2015.
Por otro lado, se observa (...) que por tipo de gasto dentro de la función salud, en el PPEF de 2016, se propone un decremento de 23.8 por ciento, real en gasto de inversión, mientras que otros gastos corrientes aumentan 7.6 por ciento, respecto al PEF 2015.
Finalmente, hubo una redistribución del presupuesto dentro de la función salud, aumentando 69.5 por ciento los recursos de la subfunción “Protección Social en Salud”. El aumento está dirigido a aportaciones federales para estados y municipios (ramo 33), mientras que los recursos de las otras subfunciones disminuyen en promedio 20.9 por ciento, siendo la más afectada “Generación de recursos para la salud”. El presupuesto dispuesto para atender a las personas principalmente por IMSS e ISSSTE, instituciones que atienden a más del 60 por ciento de la población, cae 14.3 por ciento del PEF 2015 al PPEF de 2016”.4
De lo anterior, es necesario mencionar que, según lo expresado por José Luis Lezana, coordinador de la Clínica de Fibrosis Quística del Hospital Infantil de México, así como otras organizaciones de la sociedad civil, una de las primeras afectaciones sería la relacionada con la aplicación de la prueba de tamiz neonatal ampliado, la cual fue incluida en la Ley General de. Salud tras una reforma al el artículo 61 de la misma, en diciembre de 2012 y entrada en vigor tras el decreto publicado el 25 de enero de 2013.5
Esta prueba resulta de mayor relevancia ya que ayuda a detectar algunas enfermedades, tales como: Fibrosis quística, VIH, asma, diabetes, sordera, males oncológicos, enfermedades hereditarias y congénitas, malformaciones que pueden causar ceguera; entre otras.
“El tamiz neonatal ampliado ofrece una oportunidad única para hacer diagnóstico temprano. Sin embargo, si bien está legislado, no se lleva a cabo por falta de recursos”, externó Lezana.
“De hecho, por la nueva reestructura del presupuesto de este año, se canceló el programa para ciertas enfermedades del tamiz, incluyendo fibrosis quística”, indicó.6
Por otro lado estadísticas de la OMS estiman que en México alrededor de 10 millones de personas tiene algún tipo o grado de problema auditivo, de las cuales entre 200 mil y 400 mil presentan sordera total.
Así también se estima que en México 3 de cada mil recién nacidos presentarán discapacidad por hipoacusia (baja capacidad auditiva) si esta anormalidad no se detecta y atiende oportunamente, por ello la importancia de realizar el tamiz auditivo, un estudio preventivo y específico para detectar de forma temprana alteraciones en la audición en los neonatos.
Si bien el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, ante esta honorable asamblea se comprometió –durante su comparecencia en el marco de la glosa del tercer Informe de Gobierno– a restituir la diferencia entre lo recaudado por el impuesto aplicado a las bebidas saborizadas y a los alimentos con alto importe calórico y lo destinado al tratamiento del sobrepeso ya la obesidad7 ; resulta necesario revisar los ajustes que se han propuesto como parte del proyecto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2016 en el sector salud y cómo éstos perjudican a pruebas como el tamiz neonatal ampliado con la finalidad de realizar las adecuaciones necesarias para que la aplicación de este tipo de programas no se reduzcan y/o desaparezcan, lo cual implicaría una afectación directa a la salud de las y los mexicanos
Todo esto en el marco de las discusiones que se llevan a cabo en la honorable Cámara de Diputados respecto a la Ley de Ingresos de 2016; por ejemplo y, retomando lo anteriormente expuesto, es urgente destacar que:
La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó el domingo en lo general la Miscelánea Fiscal para 2016, con 39 votos a favor, dos en contra de Morena y cero abstenciones, y acordaron discutir todas las reservas este lunes en la sesión del pleno; uno de los temas más polémicas es que se avaló bajar el 50 por ciento el IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios) que se cobra actualmente a los refrescos, siempre y cuando tengan menos de cinco gramos de azúcar añadida por cada cien mililitros.
Con ello, según los legisladores, las bebidas con alto contenido calórico podrían reducir el endulzante utilizado y se impactaría positivamente en la salud de los consumidores.
Sin embargo, la organización Alianza por la Salud Alimentaría rechazó la reducción del impuesto y, al contrario, pidió aumentarlo.8
Por lo antes expuesto resulta de gran relevancia que se contemple la viabilidad de asignar la partida presupuestaria al sector salud y a sus diferentes ramos y funciones, para que no afecte, en este caso, la aplicación de la prueba del tamiz neonatal ampliado y del tamiz auditivo; es por ello que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar la partida presupuestal para la permanencia de la aplicación de la prueba de tamiz neonatal ampliado y auditivo.
Notas
1 SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación. Proyecto 2016, versión ciudadana, en línea, Dirección URL: http://www.transparenciapresuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto /Presupestacion/ppef2016.pdf
2 Vid. SHCP.i.1 Visión del Gasto Público, en I. Política de Gasto del Ejecutivo Federal, en línea, Dirección URL: http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016exposicion/EM_Capi tulo_1.pdf
3 Ídem.
4 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, “La reestructura en el Paquete Económico 2016”, en línea, Dirección URL: http://ciep.mx/entrada-investigacion/la-reestructura-en-el-paquete-econ omíco-2016/
5 DOF, Decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, en línea, Dirección URL: http:// www.dof. gob.mx/nota_detalle.php?codigo-5285817&fecha=25/01/2013
6 El mundo de Córdoba, “Recortarán el tamizaje a neonatos”, (Agencia Reforma), en línea, dirección URL:http: www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3940925:uh&catid=212:pais<emid=72
7 El Economista, “Se comprende a restituir fondos a programas de salud”, en línea, Dirección URL: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/10/07/se-comprende-restituir-f ondos-programas-salud
8 Aristegui Noticias, ” Diputados bajan 50 por ciento de impuestos a refrescos; en desplegado lo rechazan”, en línea, Dirección URL:
http//aresteguinoticias.com/1910/mexico/diputados-bajan-50-por-ciento.de-impuestos-a-refrescos-en-desplegado-lo-rechazan/
Dado en la Honorable Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.
Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios a fin de incrementar la cantidad de recursos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 en el ramo 08, destinado a la promoción comercial y fomento a las exportaciones agroalimentarias y la agricultura protegida.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, senadores de la república, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores el siguiente punto de acuerdo, en el cual se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios a fin de incrementar la cantidad de recursos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 en el ramo 08, destinado a la promoción comercial y fomento a las exportaciones agroalimentarias y la agricultura protegida, para mejorar las condiciones de los productores mexicanos dedicados a esta actividad y asegurar los empleos generados por estas prácticas, al tenor de lo siguiente:
Considerandos
México se ha convertido en un país agroexportador, resultado de la suma de historias de éxito poco conocidas y menos valoradas. Un gran país lleno de tradición, cultura y belleza natural, cuyo pueblo es de vocación agropecuaria y de orígenes campiranos, ha evolucionado hasta convertir a nuestro campo en uno de los sectores más detonantes y de mayor crecimiento económico, logrando hoy un liderazgo y un reconocimiento internacional como un proveedor de clase mundial de productos agroalimentarios.
Con más de 197.8 millones de hectáreas de territorio y 111 mil 500 kilómetros de litorales, de las cuales
• 16 por ciento son tierras agrícolas,
• 61 por ciento de agostadero
• 23 por ciento son bosques y selvas.
Este país aún no vislumbra su potencial agropecuario a pesar de contar con la capacidad de producir 437 diferentes cultivos, con escala comercial significativa, teniendo 13 acuerdos internacionales de comercio, que le permite realizar exportaciones a más de 44 países y logrando en sólo dos décadas un crecimiento del valor las exportaciones de un 762 por ciento.
El comportamiento de crecimiento de las exportaciones que hemos realizado en los últimos años es el siguiente:
Para el cierre de 2014, México obtuvo ingresos de 25 mil 102 mdd por concepto de exportación de productos agroalimentarios, 6.6 por ciento más que en 2012.
Dicho crecimiento de las exportaciones del sector primario nacional ha significado en los últimos 20 años
• Creación de nuevas empresas
• Generación de empleos en zonas rurales
• Activación económica del campo (microeconomías)
• Desarrollo humano
• Incremento de riqueza
• Mayor ingreso de divisas
Hoy en día, poco más de 7 millones de personas trabajan en el sector primario, significando 14 por ciento de la población económicamente activa, misma que en tan sólo 5 años creció en 13 por ciento, generando 800 mil nuevos empleos en zonas rurales.
Crecimiento comparativo de 2010 al cierre de 2014
Impacto en las exportaciones
De 2004 a 2014, la exportación de tomates, pimientos y pepinos de invernadero ha crecido
• De 90 a 2 mil 550 mil toneladas
• De 100 a 2 mil 549.68 millones de dólares de exportación, sólo a Estados Unidos
Las exportaciones de aguacate se incrementaron 2004 a 2014
• De 212.04 a mil 228.93
El creciente consumo de frutos rojos como la fresa, frambuesa, zarzamora y arándano en Europa y Asia, así como en Estados Unidos, representa una oportunidad que México ha capitalizado, y de ser una industria cuya participación en el valor de las exportaciones de 2004 era casi nula, al cierre de 2013 alcanzó un valor superior a 550 mdd, con una superficie de 25 mil hectáreas y generando más de 100 mil empleos, la industria conocida como “berries” experimenta una tasa de crecimiento de 9 por ciento anual, aumentado por lo menos 8 mil empleos anuales.1
Por su elevada rentabilidad, el rápido retorno de inversión, el uso intensivo de la mano de obra, la versatilidad de los frutos para su consumo y las grandes posibilidades de exportación se proyecta que ésta alcance un valor en exportaciones de 850 mdd al cierre de 2018. Impactado las microeconomías de las zonas rurales de estados como Michoacán, Jalisco, Baja California, Nayarit, Puebla y Guanajuato.2
México es un país con potencial exportador de alimentos a todo el mundo, la balanza comercial nos indica que a 2014, este sector representaba la tercera actividad exportadora, luego de la manufacturera y el petróleo. El 40 por ciento de estas exportaciones corresponde a frutas y hortalizas frescas y procesadas.
Sin embargo, para el cierre del 2013, el 78.3 por ciento de las exportaciones nacionales tuvo como destino a los mercados norteamericanos, restando sólo 5.9 por ciento a la Unión Europea, 4.2 por ciento al mercado en Asía y el 11.6 por ciento a otros destinos.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se ha posicionado como el de mayor importancia por volumen, principalmente, por la exportación de cerveza de malta, tomate, aguacate y pimientos, productos que en conjunto representan 27.7 por ciento del valor de las exportaciones. Sin embargo, dichos mercados no necesariamente significan ser los de mayor valor para las exportaciones agroalimentarias mexicanas, lo que representa retos relevantes.
El primer reto para las exportaciones agroalimentarias es considerar el riesgo que significa cualquier variación de consumo, medida regulatoria y política de abasto que establezca el mercado de América del Norte, tendrá un impacto inmediato en la viabilidad de las exportaciones de alimentos frescos y procesados de México. En contraste, por ejemplo, el caso de la República de Chile, ningún mercado representa más de 17 por ciento del destino de sus exportaciones agroalimentarias y cuenta con más de 37 países y regiones para destinar sus productos.
Un caso relevante es que aun con la apertura y cercanía de negocios que tenemos con China, México prácticamente no participa en el mercado de consumo de alimentos en ese país y ningún producto tiene una participación mayor de 1 por ciento con relación a las importaciones de alimentos que China hace de todo el mundo.
El segundo reto tiene que ver con el valor de los productos en el mercado de exportación. México se ha convertido en un excelente proveedor de materias primas, mientras que otros países colocan sus productos en mercados de valor agregado, inclusive, tomando los productos mexicanos y reexportándolos a nichos de mejor apreciación.
Estamos dejando mucho dinero sobre la mesa de juego, la concentración del comercio internacional evidencia la oportunidad que se tiene de incrementar la presencia de productos mexicanos en la Unión Europea y Asia, que en 2012 sólo representaron 6.1 y 5.5 por ciento de los ingresos por exportaciones agroalimentarias mexicanas.
Un análisis con datos de la FAO muestra que en el mercado de las exportaciones, México no logra competir con precios de exportación que pudieran generar un mayor beneficio a los exportadores nacionales o mayor captación de divisas, al no llegar con mayor presencia a los mercados selectos de valor agregado como lo es Europa. Por ejemplo, en generación de valor con Francia o Alemania en mangos frescos (que no producen estas frutas pero las re-exportan de México o Brasil) es de 259 por ciento contra los precios por kilogramo que obtiene México en sus exportaciones.
En promedio, Estados Unidos vendió sus productos en el mundo un 70 por ciento más caro que los mismos productos mexicanos en 2014.
Si México lograra capitalizar la tercera parte de ese crecimiento, es decir, un 23 por ciento de crecimiento en el valor de las exportaciones de frutas y verduras, el impacto para la cadena agroalimentaria de exportación, la captación de divisas, la generación de actividad económica, de empleo, de la captación de impuestos y, en general, para la economía de exportación agroalimentaria sería muy significativo.
Sin exportar un kilo más, dichas exportaciones hortofrutícolas al cierre de 2014 pudieron valer 2 mil 878 mdd adicionales, lo que hubiera significado poner el valor total exportaciones agroalimentarias en el rango los 28 mmdd, para el cierre de ese año.
El tercer reto está en la alineación de la oferta con la demanda real, la tecnología ciertamente ha contribuido fuertemente al crecimiento de las exportaciones mexicanas. La producción de hortalizas bajo tecnologías protegidas creció de 782 hectáreas al cierre de 1999, a más de 26 mil en producción en la actualidad. Dicha capacidad instalada significa un valor superior los 7 mil 500 mdd, generando una cifra superior a 300 mil empleos directos.
La agricultura protegida es una rama dentro del Sector Agropecuario que sirve para proteger los cultivos de los efectos que traen las variables del clima, ya que éstas afectan directamente a la tierra, todo esto a través del uso de tecnologías que permitan conseguir mejores rendimientos en cuanto a los cultivos mismos.
Dichas tecnologías permiten el manejo, administración, protección y potencialización del clima, la temperatura, la radiación, las plagas, la precipitación, el viento, la fauna, enfermedades, etcétera. Los principales objetivos de la agricultura protegida es incrementar las utilidades por metro cuadrado, no incrementar los kilos por metro cuadrado; alcanzar la eficacia y eficiencia productiva, logrando mejores rendimientos de mayor calidad, incrementando el valor del producto.
Esta infraestructura tiene el potencial de producir 4.2 millones de toneladas de vegetales con un valor comercial estimado que supera los 5 mil 400 mdd.
La superficie total sembrada de tomates en México, por ejemplo, ha mostrado una tendencia a decrecer año con año, desde 85 mil hectáreas en 1990 a 75 mil en 2000, y unas 58 mil 300 en 2010. A pesar de ello, los rendimientos promedio de producción se han incrementado debido a los avances tecnológicos y al uso de agricultura protegida, pasando de 9 toneladas por hectárea en 1990 a 39 en 2010.
De 2007 a 2012 se observado un crecimiento sostenido de 26 por ciento en promedio anual de infraestructura productiva, donde al cierre de 2012 se proyectó un crecimiento total que superó 23 mil hectáreas a nivel nacional. Dicho crecimiento se dio principalmente en agricultura protegida para la producción de hortalizas y frutillas rojas.
Cabe destacar que el incremento sostenido de infraestructura ha sido posible, en su mayoría, gracias a la aportación de recursos privados ya que el presupuesto federal disponible para la agricultura protegida en los mismos años sólo pudo representar 19 por ciento del valor de dichas tecnologías construidas en los años de referencia.
En dicho periodo se proyectó un crecimiento que superó 16 mil hectáreas. Durante el mismo periodo, el recurso oficial disponible sólo pudo impactar un total de 3 mil 600 hectáreas totales.
Esto nos hace concluir que la rentabilidad de los mercados internacionales, los créditos disponibles de los clientes foráneos y recursos privados, fueron las fuentes de 81 por ciento de dicho desarrollo.
Fomentar las exportaciones permite activar tecnológicamente al campo mexicano, promoviendo crecimientos sostenidos con una tasa de inversión pública y privada con una proporción de inversión de 20 y 80 por ciento, respectivamente.
La oportunidad de crecimiento de México está en la diversificación de los mercados y sus productos. El reto es vender más volumen a más mercados, obtener un mayor valor y beneficios por los productos del campo mexicano y así mantener el desarrollo técnico productivo en continuo crecimiento.
El potencial exportable de nuestra nación aún permite ampliar y mejorar las relaciones comerciales e incrementar los mercados potenciales de alto valor para los productos nacionales; destacando como destino los países de la Unión Europea, el Lejano Oriente y Asia.
Por ello se requiere que el gobierno federal actúe en el desarrollo conjunto de una estrategia y una nueva política de promoción comercial y fomento a las exportaciones agroalimentarias mexicanas y así promover al sector agropecuario como actividad preponderante del desarrollo económico de México, a través del incremento de las exportaciones de productos agroalimentarios de manera estratégica, mediante acciones como
• Identificar nuevos nichos de alto valor comercial
• Promover nuevas cadenas de distribución y de valor (venta al detalle y alimentos procesados)
• Promover y desarrollar nuevos mercados de valor agregado, mediante mecanismos de acercamiento a países que pagan el valor agregado (China, países árabes, sudeste asiático)
• Fomentar la organización de los productores y ayudarlos a compactar y estandarizar su oferta
• Actuar de manera estratégica y con un alto grado de especialización para promover los productos agroalimentarios en el mundo, mediante el desarrollo de inteligencia comercial, estudios de mercado, etcétera
• Desarrollar estrategias de promoción y comunicación de forma integral tanto en el interior como en el exterior
• Contar con personal capacitado en los principales mercados del mundo, con vocación, experiencia y conocimiento específico del sector
• Profesionalizar al sector mediante capacitación de alto nivel, inducción y fomento a la innovación comercial
• Diferenciar y posicionar a los productos mexicanos de la mejor calidad
• Generar mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan la especialización de las áreas del gobierno federal según sus fortalezas y nivel de especialización
Todo lo anterior se sustentaría en un fondo de promoción basado en una estrategia integral dirigida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de Aserca, en donde participen las diversas dependencias del gobierno federal, gobiernos estatales, sector exportador de agroalimentos, agencias internacionales e instituciones de investigación y desarrollo en alimentos.
El resultado se traduciría en beneficios como
• Contribuir al crecimiento del sector agropecuario y de la economía
• Generación de empleo
• Promover el desarrollo regional (en especial sur-sureste)
• Aumentar el flujo de divisas
• Crecimiento tecnológico
Es regla común en la actividad empresarial invertir un mínimo de 3 por ciento de las ventas brutas en estrategias de promoción y fomento. Si se aplicara este principio para las exportaciones primarias nacionales, significaría una inversión de 750 mdd para dicho concepto.
Hoy, el presupuesto total para promoción comercial y fomento a las exportaciones de Sagarpa/Aserca no alcanza siquiera la cifra de 3 mdd en 2015.
Necesidades de presupuesto para la operación 2015/2016:
• Un presupuesto para la promociona comercial de ml 200 millones de pesos.
• Impactos inmediatos:
• Impacto directo en 900 unidades de producción
• Generación de 250 mil empleos
• Incremento de exportaciones de 3.2 mdd en el primer año
• Crecimiento sostenido de infraestructura superior a 7 por ciento anual
Actualmente, México cuanta con aproximadamente mil unidades de producción, estas unidades de producción equivalen a una superficie de más de 26 mil hectáreas bajo cubierta, de las cuales 8 por ciento corresponde a tecnología activa (alta tecnología), 47 por ciento a tecnologías semiactivas (tecnologías medias) y el restante 45 por ciento se sitúa en tecnologías pasivas como la casa-sombra o el macrotúnel. Los apoyos existentes están encaminados a la construcción de infraestructura nueva o en muchos casos, a agricultores que de manera inicial están incursionando o reconvirtiendo a la agricultura protegida.
No hay que perder de vista que esta industria en 2013 generó aproximadamente 80 mil empleos directos nuevos y más de 75 mil indirectos, generando ventas por más de 5 mil 200 mdd.
Con el propósito de mantener el crecimiento sostenido y poder promover un desarrollo de por lo menos 7 por ciento anual, a una tasa de inversión de 20-80 por ciento público-privado, con base en el histórico aquí documentado se requiere una inversión pública en programas de desarrollo productivo de mil 450 mdp. Dicha inversión podría motivar una coinversión privada superior a 5 mil 830 mdp para el desarrollo tecnológico del campo.
Por lo anterior se debe poner especial cuidado en negociar el incremento de los presupuestos federales en los siguientes conceptos:
Promoción comercial y fomento a las exportaciones: mil 200 mdp.
Infraestructura productiva, particularmente a la agricultura protegida, sistemas de riego, etcétera: mil 450 mdp
Finalmente, es necesario fortalecer las empresas agrícolas que por más de dos años han estado operando, exportando y que pudieran necesitar recursos que les permitan avanzar hacia una mayor rentabilidad, eficiencia y competitividad que resulta en el incremento de exportaciones, generación de empleos, generación de riquezas y divisas para el país.
Por todo lo expuesto se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes presupuestales necesarios a fin de incrementar la cantidad de recursos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 en el ramo 08, destinado a la promoción comercial y fomento a las exportaciones agroalimentarias y a la agricultura protegida para mejorar las condiciones de los productores mexicanos dedicados a esta actividad y asegurar los empleos generados por estas prácticas.
Notas
1 Aneberry, 2014.
2 Servicio de Información y Estadística
Agroalimentaria y Pesquera.
Referencias
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015
B348.aspx
http://www.mexicanbusinessweb.mx/sectores-productivos-de-mexico/logra-mexico-supervit-en-productos-agroalimentarios/
http://tierrafertil.com.mx/el-peso-del-campo-en-la-vida-nacional-presupuesto-base-cero-2016/
http://www.freshplaza.es/article/92156/M%C3%A9xico-Aumentan-un-25-procent-lasexportaciones-agropecuarias
México, DF, a 24 de octubre de 2015.
Senadores: Francisco Salvador López Brito (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza.México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple y apruebe incrementar los recursos destinados en el Ramo 12 a la salud mental.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, senadores de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 95, 108 y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de acuerdo con exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple y apruebe incrementar los recursos destinados en el Ramo 12 a la salud mental, lo anterior, con base en la gran necesidad que existe en reforzar las políticas de salud pública relacionadas con estos padecimientos; al tenor de las siguientes
Consideraciones
La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos.
En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende, en gran parte, de la realización exitosa de acciones de salud pública, para prevenir, tratar y rehabilitar. Otro aspecto inherente a la política social, es que la salud mental se relaciona al igual que la salud física, con la pobreza, en donde la incidencia de estos padecimientos exige de los afectados mayor proporción de los pocos ingresos que generan, que como consecuencia disminuyen o frenan el potencial de desarrollo de las personas y por tanto de los núcleos familiares.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.
Dentro de las necesidades básicas del ser humano se encuentra la salud, es por ello que gobiernos, comunidades, familias y personas se preocupan por conservar y mantener niveles óptimos o “saludables”.
Así, los gobiernos integran sistemas nacionales de salud, que dan atenciones a la población para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo, disminuyen los impactos mortales de las enfermedades, previenen hábitos nocivos que ayudan a una mejor calidad de vida, investigan las características de las enfermedades y procuran llevar a la mayoría de la población, atención suficiente y adecuada.
Son numerosas las enfermedades médicas que generan trastornos mentales en individuos susceptibles, entre éstas predominan las endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas y las neurológicas. Ejemplo de esto es la alta proporción de pacientes diabéticos, padecimiento que tiene una alta prevalencia en la población y que provoca trastornos depresivos y cambios de personalidad secundarios al procedimiento médico. También, más de 50% de pacientes con enfermedad vascular cerebral (EVC) presentan trastornos mentales, principalmente alteraciones del estado de ánimo.
La pobreza como problema de mala nutrición, carencia de servicios básicos, marginalidad acceso limitado a los servicios educativos y de salud, repercute directamente en las condiciones de vida de la familia y de la sociedad. Este es un problema complejo, en el que la dimensión de la carencia, la privación o la marginalidad son los rasgos que habitualmente se destacan. Encuestas recientes han demostrado que las familias pobres tienen una mayor prevalencia de depresión y trastornos de ansiedad; los niños que viven en la pobreza se encuentran más expuestos a enfermedades médicas, estrés familiar, apoyo social inadecuado y a la depresión de los padres. La pobreza se asocia con la falta de apoyo y de estimulación, ambientes caóticos, estrés psicológico y bajo control en las familias. Existe, según la OMS, evidencia científica que la depresión prevalece de 1.5 a 2 veces más entre las personas de bajos ingresos de la población, por lo tanto en un país como México con 55.3 millones de personas en estado de pobreza (11.4 millones de personas se encuentran en condiciones de pobreza extrema), es necesario implementar medidas urgentes que permitan prevenir y atender estos padecimientos. 1
Asimismo, el analfabetismo (5.4 millones de personas en México, según el Censo de Población y Vivienda 2010) o el escaso nivel educacional y la enfermedad están íntimamente ligados en el ámbito de la pobreza.
En México, del total del presupuesto asignado a la salud, solamente el 2% es orientado a la salud mental (en los países con ingresos medios-altos es de 3-3.5%); de este monto, se destina el 80% a la operación de los hospitales psiquiátricos; dadas estas condiciones, las acciones enfocadas al trabajo comunitario se ven reducidas;
El eje de la atención de la salud mental es el tercer nivel, ejemplo de ello es que existen 46 hospitales psiquiátricos frente a 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales y 8 establecimientos residenciales. Aunado a lo anterior, el acceso se ve limitado por barreras geográficas, ya que la mayoría de estos servicios se ubican en las grandes ciudades o cercanas a ellas.
Actualmente, se cuenta con 544 establecimientos de salud mental ambulatorios que ofrecen atención a 310 usuarios, por cada 100,000 habitantes en contraste con los hospitales psiquiátricos que atienden a 47 usuarios por cada 100,000. La mayoría de los pacientes son adultos; la población de niños y adolescentes asciende a 27% en unidades ambulatorias y a 6% en hospitales psiquiátricos. Estas cifras resultan preocupantes si consideramos que la edad de inicio de la mayoría de los trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la vida; tal como lo reportó la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, en la cual, se señala que el 50% de los trastornos mentales inician antes de los 21 años de edad.
El número total de recursos humanos que trabajan en dispositivos de salud mental asciende a 10,000 y la tasa por cada 100,000 habitantes se distribuye de la siguiente manera: 1.6 psiquiatras, 1 médico, 3 enfermeras, 1 psicólogo, 0.53 trabajadores sociales, 0.19 terapeutas, 2 profesionales/técnicos de salud, lo cual muestra que estos recursos son insuficientes, mal distribuidos y la mayoría de ellos están concentrados en los hospitales psiquiátricos.
A pesar de que la Secretaría de Salud interactúa con diversos sectores de la sociedad, todavía falta una efectiva función de vigilancia y coordinación a favor de las acciones de prevención, promoción y atención de la salud mental.
La política en salud mental de México contiene grandes áreas de oportunidad, destacando:
i) La integración de los servicios de salud mental comunitaria a la red de servicios de salud general;
ii) El incremento de los recursos humanos, del presupuesto destinado y de la calidad del servicio;
iii) La ampliación de la promoción de la salud y desarrollo de los programas y servicios de salud mental.
En lo que se refiere a medicamentos, la Secretaría de Salud pública periódicamente una lista de los insumos esenciales que incluyen antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo y antiepilépticos. En el Cuadro Básico y Catálogos de Medicamentos del Sector Salud, es posible encontrar por lo menos dos tipos de medicamentos para cada una de las categorías mencionadas; sin embargo, la distribución y disponibilidad de los mismos no resulta equitativa para todas las regiones del país. La población que tiene libre acceso a los medicamentos psicotrópicos representa el 85%; quiénes no gozan de esta prestación pagan por una dosis diaria de tratamiento antipsicótico 14.025 pesos, lo que representa el 20% del salario mínimo diario en México. En el caso de los antidepresivos, el costo de la dosis diaria es de 2.80 pesos y representa el 3% del salario mínimo.
El Seguro Popular, por su parte, incluye diversas acciones preventivas como la detección precoz de los trastornos alimentarios, trastornos depresivos, de ansiedad y adicciones, aquí se contempla la atención ambulatoria en el primer nivel y en la hospitalización breve, dejando de nuevo, en situación de vulnerabilidad a los pacientes con padecimientos crónicos.
En nuestro país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es el organismo encargado de supervisar los establecimientos de salud mental y realizar recomendaciones para proteger los derechos de los pacientes y familiares, el 67% de los hospitales psiquiátricos del país recibieron por lo menos una revisión/inspección sobre los derechos humanos.
Existen dos instancias nacionales relacionadas con las instituciones de salud mental: el Consejo Nacional de Salud Mental (Consame) y los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), el primero, se encarga de proponer el contenido de la política y las estrategias nacionales en materia de atención, prevención, y rehabilitación de los trastornos mentales, tiene representación en la mayoría de las entidades federativas; mientras que el segundo, coordina los programas de prestación de servicios de atención médica especializada en salud mental en las unidades operativas de su adscripción; establece mecanismos de vinculación con las instituciones de seguridad social y del sector salud para la atención de los trastornos mentales; participa en la elaboración de normas oficiales mexicanas así como en la formulación de instrumentos normativos en materia de servicios de atención psiquiátrica.
Actualmente, existen sólo tres establecimientos de tratamiento diurno disponibles en el país, conocidos como “casas de medio camino”; su labor principal es la rehabilitación psicosocial de personas con discapacidad psíquica, brindan atención a 0.25 usuarios por cada 100,000 habitantes, de los cuales 41% son mujeres y en estos centros no se ofrece atención a niños o adolescentes, en total el promedio de la estancia es de 332 días.
Mientras que hay 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales con un total de 147 camas, lo que representa 0.14 por cada 100,000 habitantes; el 8% está reservado para niños y adolescentes y del total de pacientes atendidos, 60% son mujeres y 9%, niños o adolescentes, quienes en promedio permanecieron internos 14 días. El número de admisiones ascendió a 1,873, esto significó 2 pacientes por cada 100.000 habitantes. Los principales diagnósticos corresponden a trastornos afectivos (27%), trastornos asociados al consumo de drogas (18%) ya los englobados en otros (22%). La mayoría de los pacientes (51-80%) reciben una o más intervenciones psicosociales y el 100 % de las unidades dispusieron de por lo menos un medicamento psicotrópico de cada clase terapéutica.
Mientras que los residenciales comunitarios cuentan con 8 establecimientos en los cuales se atienden a 0.50 persona por cada 100,000 habitantes, el 20% son mujeres y los 2% niños o adolescentes; para estos últimos, estuvieron reservadas solamente e17% de las camas. En promedio, los pacientes permanecen 120 días en estos establecimientos.
Existen 46 hospitales psiquiátricos, de los cuales 13 corresponden al sector privado y 63% (29 centros) están integrados con establecimientos de salud mental ambulatorios, hay 5 camas por cada 100,000 habitantes y únicamente el 3% están reservadas para niños o adolescentes. En los últimos 5 años, la cantidad de camas ha disminuido en un 3%. Estos establecimientos se atienden a 47 usuarios por cada 100 mil habitantes: 50% mujeres y 6% niños o adolescentes. En promedio, los pacientes pas.an 24 días hospitalizados; el 58% permanecen menos de un año; 4% entre uno y cuatro años, 7%, entre 5 y 10 años y 31% más de 10 años. La mayoría (80%) recibe algún tipo de intervención psicosocial en el último año y 98% de ellos, se hizo disponible por lo menos un medicamento psicotrópico de cada clase terapéutica.
De los establecimientos forenses y otros establecimientos residenciales existen 1096 camas destinadas a los reclusos con trastornos mentales: 99% se ubican dentro de las prisiones, pero no existe un servicio específico de salud mental dentro de las mismas. La tasa corresponde a 1 cama por cada 100,000 habitantes.
Los dispositivos residenciales como, hogares para personas con retraso mental, establecimientos de desintoxicación para pacientes internos, hogares para indigentes, etc. tienen un total de 2 mil 546 camas: 1398 destinadas a personas con problemas de adicciones, 293 para casos de demencia, 802 se encuentran en hogares para indigentes y otras instituciones de corte asistencial y 53 destinadas a pacientes con retardo mental, de las cuales 21 son para menores de edad. En algunas entidades de la República, principalmente en áreas rurales, existen algunos establecimientos informales que brindan residencia nocturna para personas con trastornos mentales pero no cuentan con la infraestructura, personal y medicamentos adecuados para estos pacientes.
Asimismo, el 16% de los internamientos psiquiátricos en hospitales generales son involuntarios, mientras que en los hospitales psiquiátricos es del 67%. Es importante mencionar que el número de admisiones involuntarias resulta elevado debido a que la mayoría de los pacientes llegan a los hospitales en un momento crítico del trastorno, es decir, no se encuentran en condiciones para otorgar su consentimiento, por lo que un familiar junto con 2 testigos firman una carta para realizar el ingreso; en cuanto el paciente logra estabilizarse se realiza el procedimiento necesario para obtener su consentimiento.
Asimismo, una gran oportunidad que existe para los planteles educativos en materia de salud mental es que el programa de formación de pregrado para médicos dedica sólo el 4% del total de horas a temas relacionados con la salud mental; el programa para enfermeros, 3% y en el orientado para otro personal de la salud, 5%.
Los recursos humanos en establecimientos de salud mental cuentan con más de 10 mil trabajadores, la tasa por cada 100 mil habitantes se distribuyó en: 1.5 psiquiatras, 1 médico no especializado, 3 enfermeras, 1 psicólogo, 0.53 trabajador social, 0.19 terapeuta y 2 profesionales/técnicos de salud. Es de importancia destacar que el 43% de los psiquiatras trabajan en el sector privado y en establecimientos de salud mental con fines de lucro, mientras tanto que una quinta parte lo hace en instituciones gubernamentales y el 38% participa en ambos sectores. Otro dato relevante, es que ante la insuficiencia de personal especializado, la mayoría de los médicos generales trabajan en la consulta externa y en los hospitales psiquiátricos.
Aproximadamente solo el 20 por ciento de los establecimientos de salud mental tienen acuerdos con empresas privadas o instituciones públicas para que proporcionen trabajo a los pacientes con trastornos mentales graves esto con el objetivo de incorporarlos a la sociedad, dejando a el restante 80% de los pacientes sin oportunidades de obtener un trabajo. Es necesario incrementar los programas, destinados a que las personas con discapacidad mental, puedan contar con un trabajo remunerado y con otras prestaciones sociales y legales.
Del total de la población que recibe asistencia o apoyo financiero por parte del Estado, el 36% presenta alguna discapacidad mental, de ahí la importancia de prevenir y controlar estos padecimientos.
En el país, a pesar de que se dispone de un programa de acción que incluye lineamientos para las políticas en salud mental así como estrategias, acciones y metas encaminadas a solucionar los problemas prioritarios; la mayoría de la población no se encuentra cubierta por la seguridad social (45% del total de los mexicanos), por lo tanto, tener acceso a este tipo de atención es complicado; así como también, la atención de las enfermedades mentales no está del todo integrada en los programas de atención a la salud en general y es insuficiente el trabajo multidisciplinario.
Otro problema fundamental, es la carencia de programas nacionales de salud mental específicos para la niñez, lo que obstaculiza la detección y atención tempranas de los trastornos; tampoco existe un programa destinado a los problemas mentales de los adultos mayores.
A diferencia de lo que ocurre en otros países, la atención de la salud mental en México descansa en los hospitales psiquiátricos, en consecuencia los costos de atención resultan elevados y la mayoría de los esfuerzos (económicos, normas, etc.) no se destinan a los establecimientos del primer nivel de atención.
El Banco Mundial calcula que los padecimientos mentales representan 12% del costo total de las enfermedades médicas, en tanto que representa 20% para la OMS, por lo cual es necesario mejorar las condiciones de este sector para contribuir a mejor calidad de vida de las personas y con ello reducciones al gasto de bolsillo.
Finalmente, es necesario incrementar los recursos destinados a la prevención, tratamiento y control de las enfermedades mentales pues con ello se permitirá incrementar el número de centros de salud y con ello el número de personal dedicado a la atención de estos padecimientos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple y apruebe incrementar los recursos destinados al Ramo 12 relacionados con la Salud Mental, lo anterior, con base en la gran necesidad que existe en reforzar las políticas de salud pública en el país relacionadas con estos padecimientos.
Nota
1 Informe de la Coneval 2014.
Bibliografía
Hogg Foundationa for Mental Health. Salud mental en
la atención primaria: Mejorando los tratamientos y promoviendo la Salud
Mental. Universidad de Texas, EUA.
http://wfmh.com/wp-content/uploads/2013/12/SPANISH-WMHD0
9.pdf
IESM-OMS. Informe sobre el sistema de Salud Mental en
México.
http://www.who.int/mental_heath/who_aims_contry_reports/
who_aims_report_mexico_es.pdf
Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020.
Organización Mundial de Salud.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97488/1/9789243
506029_spa.pdf
Sandoval de Escurria, Juan, doctor. La Salud Mental
en México. Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de
Diputados.
http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no53-6/RFM053000604.pdf
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Senadores: Francisco Salvador López Brito (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza.México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados a que considere invitar a niñas, niños y adolescentes a participar en la discusión del Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La que suscribe, Martha Elena García Gómez, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por primera ocasión estableció la protección especial para los derechos de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.1
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial,” 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación.
Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además, de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.
Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la Niñez.2
En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño:
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas orientadas para las niñas, los niños y las personas adolescentes.
Ahora bien, un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en nuestro país es la reciente publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada en definitiva por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014, entrando en vigor el 5 de diciembre de 2014.
El Senado modificó aproximadamente en un ochenta por ciento la propuesta del Ejecutivo, abonando principalmente en modificar la visión asistencialista por una garantista.
Gracias a esta ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.
Otro avance trascendental, es que esta Ley mandata que las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha ley.
Así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha ley.
Es así que con la entrada en vigor de esta Legislación, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, están obligadas a garantizar bajo un enfoque de derechos y transversal la implementación de las políticas públicas necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo.
Al respecto, cabe destacar la sustentación del 4o. y 5o. informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité el pasado 19 y 20 de mayo de 2015, y con fecha 5 de junio de 2015, ese Comité en su 20248 sesión emitió Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, haciendo hincapié en lo siguiente, con respecto a la Asignación de Recursos en su recomendación número 14:
A la Luz de su Día de Debate General de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niñoResponsabilidad de los Estados”: el Comité recomienda al Estado parte que:
(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de la ley;
(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la infancia y a la participación de niñas y niños;
(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la infancia;
(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta al realizar recortes presupuestales en los diferentes sectores del gobierno, y que se asegure de establecer el impacto de estos recortes en niñas y niños;
(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y denunciar efectivamente la corrupción.
Cabe enfatizar que el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2015 aprobado para llevar a cabo las acciones contempladas en la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue a todas luces insuficiente, por lo que esta nueva Legislatura de la honorable Cámara de Diputados tiene el compromiso de analizar bajo un enfoque de derechos el anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la asignación de los recursos con el objeto de hacer efectivos los derechos de la niñez y adolescencia considerados en la Ley General.
Ahora bien, dicha normatividad considera un derecho primordial para niñas, niños y adolescentes, el derecho a la participación.
El derecho a la participación considerado en la ley contempla que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Asimismo, se establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.
Otro punto importante que fue considerado en dicha ley, es que la niñez y la adolescencia también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud.
Por otro lado, en las observaciones del Comité al Estado mexicano se observa lo siguiente respecto al derecho a la participación:
Respeto por las opiniones del niño
25. Aunque se destacan las iniciativas implementadas para fomentar la participación infantil, como la organización anual del “Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México’: el Comité lamenta la falta de espacios de participación permanente de niñas y niños no sea escuchada de manera consistente en los procedimientos judiciales y administrativos.
26. A la luz de su observación general N012 (2009), sobre el derecho del niño a ser escuchado, el Comité recomienda al Estado parte que:
a) En línea con los artículos 72 y 125. III de la LGDNNA, asegure el establecimiento de espacios de participación permanente de niñas y niños a nivel federal, estatal y municipal y que se haga un seguimiento al impacto de estos espacios en el desarrollo e implementación de leyes y políticas relevantes.
b) Implemente de manera efectiva la legislación que reconoce el derecho de niñas y niños a ser escuchados en procedimientos judiciales y administrativos relevantes, incluyendo el monitoreo de la implementación del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan niñas, niños y adolescentes.
Aunando en lo anterior, es importante mencionar que el pasado 15 de octubre la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia que presido convocó a un conversatorio con Jorge Cardona Llorens, experto independiente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas “Gasto Público y los Derechos de la Infancia y la Adolescencia” Rumbo a la Observación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño.
Al respecto, Jorge Cardona mencionó la importancia de que se inviten a niñas, niños y adolescentes cuando se discuta el presupuesto destinado a la niñez y la adolescencia observando su derecho a la participación.
Es así que atendiendo a la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 se considera oportuno que la Comisión de Derechos de la Niñez de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión considere extender la invitación en la discusión de su presupuesto a niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, es importante hacer mención que esta Ley en su artículo 10 menciona como objeto de la misma crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados3 .
En su capítulo tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125, establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el sistema referido.
Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la administración pública federal que deriven de la ley.
La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección; la Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales. (Artículos 121 de la LGDNNA).
Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la Ley, así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes está regulado en el artículo 123.
En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de Protección en el país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas, sobre todo, cuando se observan casos cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia.
Cabe señalar la necesidad de que estas figuras sean implementadas y que se contemple en este Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 recursos suficientes para la operatividad del Sistema de Protección Integral y la Procuraduría.
Por lo anterior, la que suscribe también exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere la creación de un Fondo de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto con la finalidad de garantizar la implementación de los Sistemas locales de Protección integral en las entidades federativas y los municipios.
Este Fondo se propone que sea administrado por el Sistema Nacional de Protección Integral a través de su Secretaría Ejecutiva, y que sean consideradas como beneficiarias del mismo las entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual conlleva a que se contemple la figura del Sistema local de Protección y sus respectivas Procuradurías.
Los recursos de este Fondo se destinarán a la implementación de los sistemas locales de Protección así como para llevar a cabo los programas locales en la materia, el sistema de información, así como dar seguimiento y monitoreo de los mismos, todo de conformidad con la ley.
Si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un hito en la materia, es menester que se cumpla el mandato que se establece de incorporar en los proyectos de presupuesto la asignación de recursos para de esta manera garantizar efectivamente los derechos de la niñez y de la adolescencia.
Al ser facultad de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, es que se realiza este exhorto, reiterando la responsabilidad y el compromiso que esta Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, y con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos.
Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del pleno del Senado de la República los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos de la Niñez de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere invitar a niñas, niños y adolescentes a participar en la discusión del Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se consideren en el Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando de manera prioritaria la asignación de presupuesto para las figuras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría de Protección.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere en el Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, la creación de un Fondo de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para aquellas entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General en la materia, con la finalidad de garantizar la implementación de sus Sistemas locales de Protección Integral y de sus municipios.
Notas
1 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
2 Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.- “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
3 Artículo 1, fracción III de la ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de octubre de 2015.
Senadora Martha Elena García Gómez (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere un subsidio federal de 140 millones de pesos al Hospital Universitario “Doctor José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La que suscribe, Ivonne Liliana Álvarez García, senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Preservar y garantizar el derecho a la salud, representa una tarea fundamental para el Estado mexicano, por ello, se deben fortalecer las políticas públicas y de gobierno para que más personas tengan acceso a un sistema de salud integral, universal, efectivo y de calidad.
En este sentido, la Universidad de Nuevo León a través de su Hospital Universitario tiene un papel primordial en las dependencias de salud y en la prestación de servicios de calidad accesibles a los más necesitados. Dicha institución educativa cuenta con más de 180 mil alumnos que estudian en 39 preparatorias, 26 facultades y 38 centros de investigación.
Es importante mencionar que esta institución educativa, es la tercera más grande del país y la institución pública de educación superior con la mayor oferta académica del noreste de México. Por su parte, el Hospital Universitario Doctor José Eleuterio González, es el único de tercer nivel de atención o especialidades en el noreste del territorio nacional para la población sin cobertura médica social.
De acuerdo con su Ley Orgánica es una institución dedicada a prestar servicios públicos asistenciales, en función de la salud humana y de la enseñanza o el progreso de las ciencias médicas en Nuevo León. Para la prestación de un servicio de calidad, el nosocomio dispone de 500 camas de internamiento, 50 para cuidados intensivos e intermedios de pediatría, 20 para cuidados intensivos de adultos y un poco más de 270 protocolos clínicos en colaboración con más de 15 empresas farmacéuticas integrantes de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.
Con ética, espíritu de servicio, honestidad, responsabilidad y respeto a la vida, el Hospital Universitario se ha consolidado como un referente en la atención bajo estándares calidad y seguridad, proporcionados por profesionales de la salud con una sólida formación académica, científica y tecnología de vanguardia, con amplio sentido altruista en beneficio de la población.
Además, cuenta con diversas acreditaciones y distinciones, entre las que destacan la certificación a establecimientos del Programa Nacional para la Certificación de Atención Médica que otorga el Consejo de Salubridad General, la evaluación por Harvard Medical School en el área básica y clínica en el nivel de pregrado; y la certificación ISO 9001:2008 de los Servicios de Anatomía Patológica y Citopatología, Endocrinología e Inmunología Clínica.
Cuenta con un reconocimiento por el Congreso del Estado de Nuevo León de la “LXX Legislatura” por diversas acciones de labor humanitaria y la acreditación de todos los programas de pre y postgrado con el Nivel I de los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación en Salud.
Como muestra de la entrega en favor de los más necesitados, diversos medios informativos han hecho pública la alianza estratégica entre la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles y la Universidad autónoma de Nuevo León para impulsar el desarrollo de la investigación clínica en México que generará una derrama económica superior a los 200 millones de dólares.
A pesar de sus avances en el cuidado de la salud, existen diversas áreas de oportunidad que pueden superarse con un mayor presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, sobre todo en materia de servicios de consulta externa, medicina crítica, cirugía pediátrica, hospitalización y estudios de rayos x. Además de fortalecer los relacionados con servicios clínicos, anestesiología, cardiología, medicina crítica pediátrica y otorrinolaringología.
Por lo anterior, es necesario que el subsidio federal asignado para el ejercicio 2016 del Hospital Universitario “Doctor José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sea mayor al que se aprobó en 2015, debido a la importancia que tiene el nosocomio para Nuevo León y los estados de Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.
Por lo anteriormente expuesto y a fin de contar con un sistema de salud innovador y accesible, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, se considere un subsidio federal de 140 millones de pesos al Hospital Universitario “Doctor José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 19 días del mes de octubre del año dos mil quince.
Senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera “Candela”, estado de Coahuila a “Colombia”, estado de Nuevo León.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se destinen recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, estado de Coahuila a Colombia, estado de Nuevo León; al tenor de las siguientes
Consideraciones
Candela es uno de los treinta y ocho municipios con los que cuenta el estado de Coahuila de Zaragoza, con gran potencial turístico que debe ser explotado a través de la inversión pública.
Es importante destacar que el apoyo en inversión pública generará empleos, productos y servicios en la región, impulsando la economía local a través de sus atractivos turísticos, tal y como son las aguas termales, la gruta de los carrizales, la cueva de los murciélagos, su riqueza histórica y los paisajes que ofrece la zona al turismo de aventura.
Otro dato a destacar es que apenas hace un mes fue nombrado dicho Municipio como Pueblo Mágico, debido entre otras cuestiones a sus atributos simbólicos, leyendas, historia y manifestaciones socioculturales.
No obstante lo anterior, la carretera que transita de Candela, estado de Coahuila a Colombia, estado de Nuevo León es una vía insegura, con un carril de ida y uno de regreso, no cuenta con rampas de frenado, salidas de emergencia, salidas con reductores de velocidad y lo peor es que cuando uno transita por dicha carretera no cuenta con señal celular y tampoco hay postes de comunicación de emergencia, mejor conocidos como teléfono SOS.
No es un secreto que los atractivos con los que cuenta una población pueden ser opacados por falta de infraestructura carretera para conocerlos, cuestión que ocurre en el presente caso al no contar con una carretera que cuente con las medidas mínimas de seguridad y no beneficia a los prestadores de servicios del municipio y en consecuencia mayores ingresos para las familias.
Aunado a lo anterior, el hecho de no contar con telefonía móvil ni contar con postes de teléfonos SOS a lo largo de la carretera inhibe a personas a transitarla, con la cobertura solicitada, los usuarios tendrán la plena seguridad de atender cualquier contingencia que pudiera generarse durante su trayecto o destino final, evitándose que se cometan delitos.
Lo anterior es preocupante, ya que de acuerdo con la Ley Federal del Instituto Federal de Telecomunicaciones le corresponde ejercer y establecer obligaciones de cobertura para que los concesionarios pueden brindar un mayor servicio de interconexión, sobre todo, de cobertura universal que es el acceso de la población en general a los servicios de telecomunicaciones determinados por la Secretaría, bajo condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se destinen recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, estado de Coahuila-Colombia, estado de Nuevo León.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 22 de octubre de 2015.
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, a fin de establecer como monto total de erogaciones en materia de pueblos indígenas la misma cantidad aprobada para el año 2015, tomando en cuenta el factor inflacionario de 3.1 por ciento estimado en los Criterios Generales de Política Económica para 2016.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, senador de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 1, 76 fracción I, 164, 169, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, para establecer como monto total de erogaciones en materia de “pueblos indígenas” la misma cantidad aprobada para el año 2015, tomando en cuenta el factor inflacionario de 3.1 por ciento estimado en los Criterios Generales de Política Económica para el año 2016, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es uno de los países con mayor diversidad cultural a nivel mundial. En nuestro país la población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que dada su cultura, historia y lengua identificamos como los pueblos originarios del país. Todos ellos con una riqueza histórica y cultural propia que dan sentido de pertenencia e identidad a la Nación y a todos los mexicanos.
Un rasgo fundamental de la población indígena es su diversidad y pluralidad. Los indígenas mexicanos no son un cuerpo homogéneo. En México existen 68 Pueblos Indígenas que se corresponde con las 68 lenguas que se hablan a lo largo de todo el país y entre ellos y a su interior se vive una pluralidad lingüística, cultural e incluso religiosa. El mundo indígena en México es complejo y diverso, deviene de muchos orígenes y vertientes. Por un lado existen grupos indígenas con una muy rica veta milenaria que se refleja en sus lenguas y costumbres. Pero también existe otra veta que se desprende de las relaciones de convivencia y dominación de la etapa colonial. Se puede observar que los pueblos indígenas pese a compartir historias y relaciones de dominación y exclusión similares, plantean proyectos diferentes de desarrolloi .
Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, interpretados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), registraron 11.13 millones de indígenas en nuestro país de éstos, 6.9 millones de personas de 3 años y más eran hablantes de lengua indígena, lo que equivalió a 6.6 por ciento de la población. Por su parte, se estimó que 15.7 millones de personas de 3 años o más se autoadscribieron como indígenasii .
La metodología multidimensional de la pobreza ha sido utilizada para calcular la pobreza en México a partir de 2009 y existen estimaciones para 2008, 2010, 2012 2014iii .
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que en 2012 que el grupo de personas pertenecientes a los pueblos originarios del país (indígenas) tuvo en 2010 y en 2012 los niveles de pobreza más altos en el país (74.8 y 72.3 por ciento en cada año, respectivamente). Casi tres de cada cuatro indígenas eran pobres (8.5 millones en 2010 y 8.2 millones en 2012), mientras entre la población no indígena esta proporción fue en 2010 de 42.9 por ciento y de 42.6 por ciento en 2012.
Además, el promedio de carencias sociales entre las personas en pobreza de este grupo de población fue de 3.0 carencias en 2012, en tanto entre la población no indígena pobre de 2.2, lo que significó que la población indígena en pobreza padecía más carencias sociales.
No obstante la disminución estadística mente significativa de la pobreza extrema entre indígenas (de 37.8 a 30.6 por ciento) y la población no indígena (de 8.4 a 7.6 por ciento), la diferencia sigue siendo cuatro veces mayor.
También señaló que en 2012, la insuficiencia de ingresos fue un problema que afectó en mayor proporción a la población indígena que a la que no lo era. La proporción de población con ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria entre la población indígena fue de 42.4 por ciento, mientras en la no indígena fue menos de la mitad (17.7 por ciento). Por otra parte, tres de cada cuatro indígenas tuvieron ingresos inferiores al costo de la canasta de bienes y servicios básicos y entre la población no indígena casi la mitad de las personas presentaron este problema.
De acuerdo con los resultados publicados por esta institución, entre 2012 y 2014 se amplió la brecha de pobreza y, particularmente, de pobreza extrema entre la población indígena y no indígena. El porcentaje de población indígena en pobreza pasó de 72.3 por ciento a 73.2 por ciento, esto es, 8.7 millones de personas y medio millón más que en 2012 y el porcentaje en pobreza extrema pasó de 30.6 a 31.8 por ciento, es decir, 3.8 millones de indígenas y 300 mil más que en 2012.
En cuanto a las carencias sociales, la población indígena experimenta el mayor rezago en el acceso a la seguridad social (79.4 por ciento), en el acceso a los servicios básicos en la vivienda (61 por ciento) y en el acceso a la alimentación (38.8 por ciento). Con excepción de la carencia por acceso a los servicios de salud, la brecha persiste con la población no indígena en todas las carencias sociales como: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso en los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
Del mismo modo, prevalecen bajos niveles de bienestar económico, lo cual se refleja en que 76.1 por ciento de la población indígena tiene un ingreso por debajo de la línea de bienestar económico y 43.9 por ciento por debajo de la línea de bienestar extrema, equivalente al valor de la canasta alimentariaiv .
En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 plantea como una de sus estrategias “el asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa”. En atención a los pueblos indígenas este Plan contempla en su estrategia 2.2.3. “fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”, a través de varias líneas de acción entre las que destacan:
• Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, a través de la implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de los productos generados que vaya en línea con su cultura y valores.
• Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales existentes en las regiones indígenas y para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus conocimientos tradicionales.
• Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.
• Impulsar acciones que garanticen los derechos humanos y condiciones de seguridad de los grupos indígenas que realizan migraciones temporales en el territorio nacional.
Derivado del PND se estableció el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 (PEPI) instrumento de planeación que orienta los esfuerzos para la promoción del desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, en el cual se establecieron seis Objetivos para guiar la acción gubernamental para la atención de pueblos y comunidades indígenas.
Por otro lado, el 14 de agosto de 2001 se realizó la segunda reforma Constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México. La parte fundamental de esta Reforma asociada con el presupuesto se concentra en el artículo 2o., en cuyo Apartado B se mandatan responsabilidades a las instituciones del Estado para diseñar y poner en marcha una política integral y transversal de atención a la población indígena para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo de sus pueblos y comunidades.
El texto referido obliga a los tres órdenes de gobierno a contar con instancias para la atención de la población indígena. Asimismo, dispone a diseñar y ejecutar, en su respectivo espacio de actuación, estrategias y políticas de promoción del desarrollo conjuntamente con los pueblos y comunidades, además de asignar recursos presupuestarios para tal finv .
En cuanto a presupuesto federal se refiere, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo 2016, que el Ejecutivo turnó a la Cámara de Diputados se advierte que existe un decremento de 533.3 millones de pesos en relación a lo aprobado el año pasado para 2015 en materia de “pueblos indígenas”, lo que pone en riesgo una de las grandes metas del Plan nacional de Desarrollo que es “México Incluyente”, así como de las líneas de acción y estrategias en el tema de pueblos indígenas.
Del análisis que contiene el proyecto de presupuesto se advierte una redistribución de gasto, entre los diferentes programas a cargo de Sagarpa, SCT, SE, SEP, Sedatu, Semarnat, Cdi y otras dependencias. Sin embargo la suma de las erogaciones arroja el decremento ya indicado, considerar el efecto inflacionario estimado por la SHCP de 3.1 por ciento, esté decremento presupuestal representa un 3.5 por ciento real.
En el caso de las “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas”, varios conceptos de gasto en función de los pueblos indígenas se ven afectados entre los que destacas:
El Programa de Apoyo Alimentario de la Sedesol para el que en los últimos años esta asignación ha sido del orden de los 500 millones de pesos, por ejemplo para este año se aprobaron 562.4 millones de pesos, y lamentablemente para 2016 simplemente desaparece este sustento tan importante para los pueblos indígenas.
En materia de “salud” el “Programa Comunidades Saludables” y las “unidades médicas móviles” que en 2015 tienen asignado 47.7 millones de pesos y 137.6 millones de pesos respectivamente, en este proyecto desaparecen. El primero tiene como objetivo propósito impulsar a nivel local los principios de promoción de la salud, así como proporcionar a la población los medios necesarios para mantener su salud y ejercer un mayor control sobre la misma.
El segundo se implementó en 2007 como el “Programa Caravanas de la Salud”, el cual tiene como propósito el atender a poblaciones dispersas de comunidades caracterizadas por su tamaño y pocos habitantes, que residen en zonas orográficas de difícil acceso y que por lo tanto no tienen capacidad de acceder a la red de servicios de salud debido a su ubicación geográfica. Por lo que hacer un corte a este apoyo desprotegería de los servicios de salud que se han estado brindando a las comunidades indígenas, quedando en indefensión en este sentido.
El programa “fortalecimiento a la educación y cultura indígena” de la SEP, como parte de las acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos, disminuye 18.8 por ciento real.
En el caso de los apoyos al campo y al desarrollo rural en el Programa Especial para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), el programa de “atención a la pobreza en el medio rural _ atención a indígenas” de la Sagarpa se reduce en casi 229 millones de pesos, programa social que apoya al trabajador del campo, coadyuvante del desarrollo indígena rural.
El que suscribe considera que el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas requiere de un esfuerzo presupuestario, ya que encontrándose en esas comunidades los mayores déficits de alimentación, atención médica y servicios públicos, genera mayor desequilibrio reducir las erogaciones destinadas para ellos.
Si bien algunos conceptos de gasto en materia indígena se incrementan, se considera que los anteriores en comento no pueden reducirse y menos desaparecer ya que son un apoyo importante en materia social, educativa, de salud y de producción económica, coadyuvantes para el desarrollo de las comunidades indígenas.
En este sentido, dada la necesidad de continuar con el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas y debido a que en estas fechas se está analizando y discutiendo el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016 en la honorable Cámara de Diputados teniendo como límite para su aprobación el día 15 de noviembre de 2015, se propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública encargada de realizar éste análisis, a modificar este proyecto de presupuesto, para establecer como monto total de erogaciones en materia de “pueblos indígenas” para 2016 la misma cantidad aprobada para 2015, tomando en cuenta el factor inflacionario de 3.1 por ciento estimado en los Criterios Generales de Política Económica para el año 2016.
Por lo expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, para establecer como monto total de erogaciones en materia de “pueblos indígenas” la misma cantidad aprobada para el año 2015, tomando en cuenta el factor inflacionario de 3.1 por ciento estimado en los Criterios Generales de Política Económica para el año 2016.
Notas
i Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Programa Especial de los Pueblos Indígenas, México 2014. En línea:
file:///C:/Users/Gabriela. Duvignau/Downloads/programa-especial-pueblos_indigen as-2014-2018. pdf
ii Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Indico dores sociodemográficos de la población total y la población indígena, 2010. En línea: http://www.cdi.gob.mx/cedulas/cedulas_nacional_2010. pdf
iii Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, Análisis de presupuesto para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, México 2014.
iv Ídem.
v Ídem.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de octubre de dos mil quince.
Senador Eviel Pérez Magaña (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a realizar una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación para que no sean afectadas las partidas presupuestales destinadas a la educación y al desarrollo de ciencia y tecnología, específica mente de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de México y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Los que suscriben Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, senadores de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76; y 276, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, realice una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación, para que no sean afectadas las partidas presupuestales destinadas a la educación, al desarrollo de ciencia y tecnología, específicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de México y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1 . El gobierno federal actualmente cuenta con mil 97 programas presupuestarios, sin embargo, para el próximo ejercicio fiscal de 2016, planea reducir ese número a 851 programas, disminuyendo un 22.4 por ciento el número de programas. Entre los programas que plantea eliminar están el censo de escuelas, maestros y alumnos; el derecho de extracción de hidrocarburos y el especial sobre minería; las medidas de racionalidad y austeridad de servicios personales (seguridad social); provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros; programa escuela segura y el esquema de cuotas, apoyos y aportaciones a organismos internacionales.
2. Según el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2016, que presentó el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prevé un recorte a las principales universidades e institutos del país, entre las cuales destacan el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
• Para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se tiene planeado un recorte presupuestal del 32 por ciento, pasando de 33 mil 706 millones de pesos a 22 mil 920 millones de pesos. Estas medidas afectarían a proyectos y programas destinados a la ciencia, tecnología, investigación y becas, entre otros.
• La Universidad Nacional Autónoma de México tendrá una caída del 4.8 por ciento en el presupuesto actual, la cual representa 350.4 millones de pesos, pasando de 7 mil 291.5 millones a 6 mil 941.2 millones de pesos.
• Para el Instituto Politécnico Nacional se prevé un recorte del 11.2 por ciento de su presupuesto (394.8 millones de pesos), pasando de 3 mil 522 millones a 3 mil 127.2 millones de pesos.
• La Universidad Autónoma Metropolitana sufrirá una caída presupuestal del 6.7 por ciento (112.5 millones de pesos), por lo cual pasará de mil 667.5 millones de pesos a mil 565 millones.
Otros de los programas que tendrán ajustes dentro del proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentran los siguientes:
1. Pensión para adultos mayores, sin afectar’ a los beneficiarios que actualmente reciben el apoyo.
2. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.
3. Disminución de la meta de transición digital terrestre de 13 millones a 10 millones de televisores.
4. Se implementarán medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, destacando una reducción de 10 por ciento en la partida de servicios personales para mandos medios y superiores.
5. Disminución de 10 por ciento en gasto en plazas de carácter eventual y por honorarios, restricción a la creación de plazas.
6. Se disminuirá 10 por ciento el gasto destinado a comunicación social de todas las dependencias del gobierno federal.
Las dependencias y entidades de gobierno que resultan menos afectadas son las siguientes:
• Secretaría de Turismo (7.3 por ciento)
• Presidencia (6.9 por ciento)
• Procuraduría General de la República (3.5 por ciento)
•.Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (3.2 por ciento)
• Secretaría de Energía (2.6 por ciento)
• Secretaría de Gobernación (2.6 por ciento)
• Función Pública (1.3 por ciento)
De acuerdo con el índice de competitividad mundial, nuestro país está ubicado en el puesto 57 del ranking de los 142 países analizados, el cual había habíamos logrado elevar debido a que nos encontrábamos en el lugar 61. La CEPAL estima que mejorar la educación escolar y preescolar en la región, supondría un costo adicional del 3.9 por ciento de su B, cifra que no podrían acometer, por lo que centra sus propuestas en la distribución del gasto educativo, ya que como veremos en la próxima sección este es un problema generalizado de los países en desarrollo. Es evidente que el nivel de educación que tiene un país es proporcional al nivel de desarrollo que puede alcanzar. Es por ello, que en los reajustes presupuestales no deben afectarse las partidas destinadas a la educación o al desarrollo de la ciencia o tecnología.
Consideraciones
I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.
III. Que de acuerdo con la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos de la federación. En este sentido, el numeral 2 del Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las Comisiones Ordinarias, prevé a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá la facultad de elaborar y aprobar el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 220 del Reglamento del citado órgano legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que realice una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, para que no sean afectados planes o programas que lleva a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que realice una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, y no sean afectados planes o programas que ejecuta el Instituto Politécnico Nacional.
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, realice una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, para que no sean afectados los recursos destinados a la Universidad Autónoma de México.
Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, realice una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, para que no se afecten programas destinados a la ciencia, tecnología, investigación y becas entre otros, que realiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la .República, a veintidós de octubre de dos mil quince.
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvados López Brito (rúbricas).
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentaria del Partido Revolucionaria Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren recursos que permitan dotar de mayor fortaleza presupuestal a los órganos garantes, en materia de transparencia, de las entidades federativas.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1; inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Quien suscribe senadora Lisbeth Hernández Lecona, senadora de la república de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se consideren y destinen recursos económicos que permitan por medio de una aportación federal o a través de otro instrumento jurídico, dotar de mayor fortaleza presupuestal a los órganos garantes de las entidades federativas, con el propósito de fortalecer sus funciones en el ámbito de la consolidación del derecho de acceso a la información y el fortalecimiento de la transparencia, derivadas de las recientes reformas constitucionales y la expedición de la Ley General de Transparencia de nuestro país. Lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
A nivel mundial existe la tendencia de la sociedad a cambiar la manera de convivencia con el gobierno. Sin duda, los avances que se han dado en las últimas décadas, han consolidado sociedades que buscan precisamente una democracia sólida, en donde su participación sea mayor y se pueda avanzar de lo que se denomina una democracia representativa a una democracia participativa que redireccione la tradicional relación de supra a subordinación de los gobiernos con sus gobernados Y emerja una verdadera democracia participativa que promueva la apertura de quienes nos encontramos en los poderes y niveles de gobierno por una parte, y por otra culturice y promueva entre las personas el derecho que tienen a estar informadas, a ser parte de la toma de decisiones y a consolidar políticas públicas en pro de sus entornos y sus comunidades.
En este contexto, debemos recordar que en México estamos viviendo un periodo transicional en la manera de hacer política, de representar a nuestros conciudadanos y además, de llevar a cabo lo que debemos recordar en todo momento: Un servicio público que proviene de todas y todos y tiene que aportar el mayor beneficio para todas y todos.
En diferentes momentos, ha ido permeando a lo largo y ancho de la República Mexicana, lo que se ha denominado el derecho de acceso a la información frente a la implementación de la transparencia necesaria para actuar sin opacidad y con plena convicción de rendir cuentas.
Así, debemos recordar que para inicios del presente siglo, se dio el gran salto y a partir de la conformación de un órgano garante federal mejor conocido como IFAI, fueron generándose cambios en la administración pública de la federación que se colocó en una palestra pública como principal sujeto obligado de la Ley de Transparencia que en ese entonces cobraba vida legislativa luego del fuerte empuje que en su momento realizó un decisivo sector de la sociedad civil mexicana: El artículo 6o. constitucional se convertiría en el baluarte del derecho a saber y ya no únicamente se trataba de un principio llano, sin acción, ahora se determinaba en cómo debía ejercerse y a quién tenía que beneficiarse. Es en esta era que el derecho de acceso a la información encuentra su gran apertura.
Pero no fue únicamente a nivel federal que esto se llevó a cabo, en cada una de las entidades federativas, fueron replicándose los esfuerzos y reformando constituciones locales, elaborando sus leyes respectivas y además dando origen a órganos de transparencia locales que desde entonces coadyuvan en ese ámbito al acercamiento constante entre sociedad y gobierno locales, a la generación de una nueva cultura de aprender a preguntar, frente a esa nueva generación de servidores públicos que entienden, que a la par de llevar a cabo sus funciones, tienen el deber ético de ser transparentes y realizar su función de frente a quienes sirven: a la sociedad que les permite estar ahí.
Para 2007, con la nueva reforma al artículo 6o. constitucional, esta nueva forma democrática fue adquiriendo mayor fuerza, entre ellos por ejemplo, publicar información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y ejercicio de los recursos públicos, así como la implementación de sistemas electrónicos de solicitudes de información pública en todas las entidades federativas que han ido elevando reitero, la calidad de este derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad frente a cualquier otro tipo de práctica insana que sugiera tomar las decisiones y ejercer el recurso público de espaldas a todas y a todos, pese a las carencias técnicas y presupuestales que en varios de estos Estados pueda haber, sabemos que los órganos garantes del acceso a la información y la transparencia han servido para que el artículo sexto constitucional no sólo tenga una trascendencia federal, sino también en el ámbito estatal y municipal, espacio este último, que por ser lo más aproximado a nuestra población, merece especial atención con el propósito de que en todos los rincones del país, verdaderamente se ejerza este derecho, ya que el acceso a la información debe verse como una puerta de entrada al mejoramiento de las condiciones de vida, como una eficaz herramienta para acceder a otro tipo de derechos tan importantes como el derecho a la alimentación, a la seguridad pública o a la educación.
Sin duda el año 2014, y siendo parte el Senado de la República de este avance histórico, a partir de esa nueva reforma constitucional de febrero del año pasado se mejoraron las condiciones de los órganos garantes del acceso a la información y como ya sabemos, se dotó de autonomía al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, convirtiéndolo en Instituto Nacional, y garantizando que a nivel local todos los órganos garantes tengan el carácter de autónomos para evitar cualquier dependencia que evite el ejercicio pleno de las funciones para las cuales fueron creados, como para consolidar que tanto los sindicatos y los partidos políticos sean sujetos también de la ley que regula la transparencia, entre muchas otras situaciones que se legislaron con el afán de mejorar y dar un nuevo auge a este derecho.
Para este año, traemos a la memoria que en este mismo espacio estuvimos debatiendo e intercambiando posturas para llegar a la aprobación de la Ley General de Transparencia, que dotó del piso mínimo normativo tanto a los órgano nacional de transparencia como a los órganos garantes de las entidades y del Distrito Federal, resaltando lo que se dio en denominar el Sistema Nacional de Transparencia que, vale la pena señalar fue diseñado con la voluntad de todas las fuerzas políticas como parte del compromiso democrático con quienes nos han permitido estar aquí.
En esa tesitura, es que el día de hoy acudo a esta tribuna, para solicitar de nueva cuenta que pongamos atención en el seguimiento a los órganos garantes de trasparencia de los estados, a los que con un nuevo empuje y vigor hemos dotado de herramientas normativas para seguir generando el engranaje que consolide la participación ciudadana en las distintas latitudes de nuestro país.
El día de hoy, en ese ánimo de seguir contribuyendo a que el acceso a la información sea una realidad de todas y todos, se considera importante que además de haber dotado con facultades amplias a estos órganos garantes de las entidades federativas, se les dote también de fortaleza presupuestal, ya que para llevar a cabo sus funciones es necesaria además de la autonomía de gestión, el soporte presupuestal que permita aumentar el esfuerzo en programas y proyectos encaminados a seguir culturizando tanto al servidor público como a la sociedad.
Es importante señalar que el Sistema Nacional de Transparencia del cual son parte fundamental los institutos y comisiones de transparencia del país, están actualmente conjuntando esfuerzos por mejorar sus condiciones presupuestales, las cuales se encuentran en condiciones de desigualdad y en muchas ocasiones no son suficientes para garantizar el derecho humano al cual deben su existencia.
El propósito del presente exhorto es precisamente que podamos instar de manera respetuosa a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del presupuesto del ejercicio 2016 se consolide una propuesta que no es de ahora, que se ha venido posponiendo y que se considera indispensable si queremos avanzar hacia el nuevo estadio de lograr un gobierno abierto, y se dote a los órganos garantes de la transparencia de los Estados de mayores recursos a través de la recepción de un recurso federal etiquetado para programas y proyectos específicos, que entre otras cosas podrían permitir
Ampliar las actividades de promoción, difusión y vinculación con la sociedad que actualmente realizan los órganos garantes, llegar hasta aquellas comunidades que requieren de mayor atención y donde no es posible llegar vía internet.
Profesionalizar a todos los órganos garantes de la transparencia de los estados, ante el inminente aumento de las obligaciones a partir de la expedición de la Ley General de Transparencia.
Ampliar la difusión de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública entre la sociedad y por supuesto evaluar sobre indicadores específicos y en función de los resultados a partir de la dotación de recursos a cada uno de los órganos garantes, para revisar la eficacia y eficiencia con que están llevando a cabo su función, así como poder fortalecer su importante función dentro del Sistema Nacional de Transparencia.
Vale la pena señalar que esta propuesta de etiquetar recursos desde la federación para los órganos estatales de transparencia resulta del todo adecuada para, en congruencia con el espíritu legislativo que tanto los diputados como los senadores proyectamos en esa gran reforma estructural, apoyemos a quienes directamente tienen a su cargo hacer que la ley se traduzca en acciones y en la transformación de la sociedad mexicana. Tener familias informadas y participativas, debe ser una premisa que enaltezca la labor que el gobierno de México está llevando a cabo.
Sin entrar al tema específico de la numeralia que arroja los recursos de que son dotados los órganos garantes de los estados, podemos señalar lo siguiente:
Los órganos garantes que actualmente reciben mayores recursos a nivel nacional son los del Distrito Federal y el estado de México frente a estados como Nayarit, Colima, Tlaxcala o Morelos que reciben una cantidad menor, conforme lo arroja la siguiente tabla, con base en los presupuestos asignados a cada órgano garante:
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se consideren y destinen recursos económicos que permitan por medio de una aportación federal o a través de otro instrumento jurídico, dotar de mayor fortaleza presupuestal a los órganos garantes de las entidades federativas, con el propósito de vigorizar sus funciones en el ámbito de la consolidación del derecho de acceso a la información y el fortalecimiento de la transparencia, derivadas de las recientes reformas constitucionales y la expedición de la Ley General de Transparencia de nuestro país.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de octubre de 2015.
Senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica)
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal el cumplimiento puntual de las acciones ejecutivas necesarias para atender las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos derivados de convenciones internacionales de las que el Estado mexicano es parte.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Derechos Humanos el primero, segundo y cuarto resolutivos y a la Cámara de Diputados el tercero de éstos.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Los suscritos, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza y senador Armando Ríos Piter, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno del Senado de la República el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Estado mexicano ha firmado y ratificado la gran mayoría de tratados y convenciones internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano, ello compromete a todos los Poderes de la Unión y a todos los órdenes de gobierno, así como a otras entidades con autonomía constitucional con el cumplimiento de las recomendaciones, sentencias u otros mecanismos establecidos a nivel universal por estos sistemas.
La reforma constitucional en derechos humanos obliga al cumplimiento de las normas de derechos humanos contenidas en los instrumentos internacionales de los que México forme parte, incluso con mandato vinculatorio con la sola limitación establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con aquello que no se oponga a la norma constitucional1 , es decir el arraigo de por sí violatorio de los derechos procesales. El segundo párrafo del artículo 1 constitucional establece con claridad:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”
Por ello, ha sorprendido en nuestro país y en la comunidad internacional que ante la apertura del gobierno federal a la cooperación y supervisión internacional en materia de protección a la dignidad de la persona humana, se exprese una conducta bipolar por parte de las autoridades federales al rechazar los alcances de las recomendaciones de las instancias internacionales que son invitadas por el mismo gobierno a realizar visitas en el marco de la colaboración que señalan los mecanismos internacionales.
Organismos diversos de derechos humanos tanto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como del , Sistema Interamericano, así como de instancias internacionales como Amnistía Internacional o Human Right Watch, han emitido, desde principios de 2007, diversas recomendaciones, al gobierno mexicano que cuestionan el paradigma militarizante de la seguridad pública que ha traído como consecuencia directa el incremento de las violaciones graves a derechos humanos, especialmente la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, mismas que han sido, en el caso de la tortura y las desapariciones considerados por estos organismos internacionales como fenómenos generalizados, lo que constituye, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, crímenes de lesa humanidad, y han exigido políticas públicas de estado y legislación conforme estándares internacionales que permitan contar con medidas de control para que no se sigan cometiendo arbitrariedades y abusos por agentes del estado y se desplieguen acciones de transformaciones estructurales para una efectiva lucha en contra de la impunidad sistémica y crónica que se vive en México.
La desaparición de los estudiantes normalistas y la ejecución extrajudicial de 6 personas la noche del 26 de septiembre de 2014 es uno de los acontecimientos de violaciones a derechos humanos más terribles de la historia contemporánea, y a ella, se suman otros hechos atroces, algunos de los cuales están bajo investigación de la instancia federal de procuración de justicia por presumirse la comisión de los delitos por parte de agentes federales:
• Tlatlaya (30 de junio 2014, estado de México) en la que perdieron la vida 22 personas, se presume la ejecución extrajudicial de al menos 8 de ellos a manos de elementos del ejército; 7 de estos fueron consignados por el Ministerio Público federal, el pasado lunes 5 de octubre, 4 fueron dejados en libertad por incumplimiento del debido proceso por parte de la instancia de procuración federal de justicia, abonando a la impunidad estructural.
• Apatzingan (6 de enero de 2015, Michoacán) 16 personas ejecutadas, se vincula a Policía Federal con dicha ejecución
• Tanhuato (22 de mayo de 2015, Michoacán) 42 personas ejecutadas, se ha reportado que fueron asesinados y les dieron el tiro de gracia a 16/17 de ellos
• Calera (7 de julio 2015, Zacatecas) 7 personas desaparecidas por elementos del ejército, posteriormente localizadas sin vida.
• Las masacres de San Fernando I (72 migrantes asesinados, 2010), San Fernando II (193 cuerpos encontrados en 49 fosas clandestinas, 2011), ambos en Tamaulipas; Cadereyta (49 torsos encontrados en una fosa clandestina, 2012).
Es consigna .principal en las acciones por el derecho a la verdad y a la justicia la frase Nos faltan 43; y como la desaparición de personas suma, según cifra oficial del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de años anteriores a 2007 al 15 de julio de 2015: 25 mil 918 registros a nivel de fuero común y 681 en el fuero federal, se oyen voces multiplicadas de que nos faltan miles.
Amnistía Internacional
En 2014, Amnistía Internacional presentó su informe Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México 2 . En ese informe dan cuenta del aumento de 600 por ciento en el número de denuncias recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre el periodo 2003 a 2013.
Refiere que de 2010 a 2013 la propia CNDH reportó la recepción de más de 7 mil quejas por tortura; estableciendo que fue a partir de 2006, periodo en que inició Felipe Calderón la militarización de la seguridad para desplegar su guerra contra los grupos de narcotraficantes y aumentó expansivamente la violencia, aunado a la reforma que, en 2008, elevó a rango constitucional el arraigo, que es en sí mismo una violación a derechos humanos tanto por ser caldo para la comisión de la tortura como por la violación a la presunción de inocencia; de 2008 a 2013, se arraigó a 8 mil quinientas noventa y cinco presuntos delincuentes.
El informe señala que la impunidad es casi total pues, según datos del Conejo de la Judicatura Federal, entre 2005 y 2013, a nivel federal el Poder Judicial tramitó tan sólo 123 enjuiciamientos y apenas se lograron 7 sentencias con condena. La inadecuada aplicación del examen médico psicológico conocido como Protocolo de Estambul ha impedido que se investigue con certeza científica la comisión del delito de tortura y por ello, la pertinencia de contar con servicios forenses autónomos e independientes3 .
Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas
En el mes de febrero de 2015, el gobierno federal participó en la sustentación de su informe ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés). Derivado de dicha audiencia, el comité emitió una serie de recomendaciones derivadas de un diagnóstico en el que señalan que en México la desaparición de personas es un fenómeno generalizado, que ocurre en gran parte del territorio y en muchos de estos delitos hay participación de agentes del estado, aunque no se conoce la información del gobierno de cuántas desapariciones forzadas se han cometido. Señalaron en particular, el no reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir quejas individuales e interestatales por lo que realizó un enérgico llamado a que se reconozca ya dicha competencia.
Al igual que otros informes de organismos nacionales e internacionales, el Comité contra las Desapariciones Forzadas puso un alerta en relación con la impunidad, la falta de investigaciones eficaces e inmediatas y la reclasificación de los delitos. En sus varias recomendaciones destacó la solicitud de que se realicen, de inmediato y sin demora, investigaciones exhaustivas e imparciales, se sancione a quienes resulten responsables con penas adecuadas y, sobre todo, un trato digno y respetuoso a las familias de las víctimas y medidas para garantizar su participación.
El gobierno mexicano rechazó el diagnóstico realizado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En 2014, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que señaló que durante 2014 el mayor número de denuncias recibidas de los países de la región en cuanto a violaciones a derechos humanos fueron sobre México: 500 denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en México4 .
En relación con medidas cautelares solicitadas, México estuvo en segundo lugar con 93 solicitudes de las que se otorgaron 6 entre las que se encuentran. Tlatlaya e Iguala/Ayotzinapa, de la medida cautelar decretada para este caso surgió el acuerdo para la Asistencia Técnica que permitió la designación excepcional5 de un grupo de expertos.
Además de Tlatlaya e Iguala, mandataron medidas cautelares para:
1) La protección de la esposa de Arturo Hernández, presuntamente asesinado por José Luis Abarca, Sofía Mendoza y Nicolás Mendoza. Éste fue asesinado a pesar de tener medidas cautelares;
2) La protección de unos defensores a derechos humanos indígenas Choreáchi en Chihuahua;
3) La protección de los periodistas de la revista Contralínea y
4) Daniel Ramos Alfaro, presuntamente desaparecido por integrantes del ejército en la comunidad de Betania, Michoacán.
Desde 2006 a la fecha, la CIDH ha concedido 50 solicitudes de medidas cautelares en México y enviado seis casos a la Corte Interamericana.
Los siete miembros de la CIDH además tiene 2 mil 212 peticiones pendientes “de estudio inicial” provenientes de México, el mayor número con respecto al resto de países; A estos se suman 130 casos que se encuentran en trámite de análisis. Colombia y Perú se encuentran en segundo y tercer lugar con 1747 y 1034, respectivamente.
Dos casos relevantes se encuentran ante la CIDH en proceso de análisis para Informe de Fondo (enviarse a la Corte Interamericana).
a) El caso Atenco, en el que las víctimas piden a la comisión mande el caso a la Corte;
b) El caso de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado y dos familiares cometida presuntamente por militares del 35 Batallón asentado en Chihuahua:
En septiembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco a nuestro país, el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México también es demoledor al considerar que se vive una crisis de derechos humanos y que la impunidad alcanza, según estadísticas oficiales, un -98 por ciento al existir crímenes que quedan sin resolver porque nunca son propiamente investigados.
El gobierno federal rechazó las recomendaciones preliminares bajo la consideración de que acompañan el planteamiento de la Comisión Interamericana de la “existencia de retos en materia de derechos humanos”, mas no comparten que el “Informe preliminar, realizado en un plazo de cinco días y sobre casos particulares, pueda reflejar la situación general del país”, al mismo tiempo que confían en que el informe definitivo reflejará a cabalidad la situación que vive México en materia de derechos humanos.
Relator Especial contra Tortura de Naciones Unidas
En marzo de 2015, el Relator Especial la Tortura, Juan Méndez, presentó oficialmente su informe de la visita que realizó en 2014 a nuestro país. En el informe concluye que la tortura y los malos tratos en nuestro país son generalizados y ocurren entre el periodo de la detención y la puesta a disposición ante autoridad ministerial. La ausencia de investigación certera y por tanto, de sentencias en firme, dan cuenta de que se vive un contexto de impunidad.
La respuesta oficial ante este informe fue el rechazo y un maltrato inédito en la vida diplomática del país al relator al grado de que se le acusó de “irresponsable y poco ético”.
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Derivado de las cuatro medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de las víctimas del Caso Iguala/Ayotzinapa, se acordó entre el gobierno federal, la propia comisión, las familias de los estudiantes normalistas desaparecidos y sus representantes legales, una asesoría técnica que permitió la creación y operación a partir del 2 de marzo de 2015, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH). Este grupo de expertos, presentó el 6 de septiembre de 2015, un informe de conclusiones preliminares que agrupa en cuatro grandes temas sus recomendaciones sobre este caso:
a) Investigación 6
• Unificar la investigación.
• Considerar otras violaciones a derechos humanos y delitos (tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, uso ilegítimo de la fuerza (no tipificado en ley federal pero con directrices emitidas el 30 de marzo de 2012 por el gobierno del estado de Guerrero), lesiones y amenazas a los sobrevivientes).
• Realizar nuevas diligencias ministeriales y periciales (testimonios, telefonía, evidencia balística, cruces de ADN, etcétera).
• Posible traslado de estupefacientes como hipótesis del desencadenamiento de la agresión tan brutal.
• Investigar tortura y malos tratos a presuntos responsables.
• Segunda autopsia de Julio César Mondragón.
• Replantear algunas hipótesis de la investigación.
b) Responsabilidades (de este tema no ha habido respuesta conocida públicamente)
• Determinar otras responsabilidades (cuerpos de seguridad presentes y omisión o comisión).
• Investigar otros posibles responsables (testimoniales presentan. otros probables responsables).
• Nuevas capturas de los imputados (ha sido capturado ya el Cabo Gil); patrimonio de probables responsables (ingresos, transacciones bancarias, prestanombres) y vínculos con otros probables intervinientes.
• Obstrucción de la investigación.
c) Búsqueda (de este tema tampoco ha habido respuesta conocida públicamente)
• Mantener la búsqueda en acuerdo con la Policía Federal.
• Examinar otros lugares compatibles con restos cremados (crematorios públicos y privados).
• Actualizar mapa de fosas clandestinas e investigación de casos de otros desaparecidos en Iguala (tecnología láser-lidar).
• Incorporar fotografías satelitales y tecnología de búsqueda.
d) Atención a víctimas
• Cumplir las recomendaciones para atención psicosocial, legal, social, médica y de salud, así como medidas de protección; consolidar mecanismos de información con familiares y víctimas.
• Reformas7 y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos con el estado (10 puntos de la reunión con el titular del Ejecutivo federal el 29 de octubre de 2014).
• Considerar medidas de protección y prevención.
Además de las recomendaciones en particular sobre el caso Iguala, derivado de su propio mandato, los expertos emitieron otras recomendaciones generales necesarias para atender con eficiencia y exhaustividad las investigaciones sobre desaparición de personas en México:
a) Registro de personas desaparecidas
b) Protocolos de búsqueda
c) Derecho a la verdad
d) Investigación
e) Medidas de protección
f) Reparación
g). Garantías de no repetición
h) Educación y formación
i) Declaración de ausencia
Y proponen una serie de reformas legales de las que nos tenemos que hacer cargo las y los legisladores federales con la misma intensidad con la que hemos señalado las omisiones y errores en las investigaciones desplegadas por las autoridades federales.
j) Reformas Legales:
Visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló después de una visita de tres días y decenas de reuniones con funcionarios de primer nivel del gobierno federal y organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas que se “observa” una grave crisis humanitaria y, con preocupación, señaló la reticencia de las autoridades mexicanas a aceptar los señalamientos críticos que se emiten por esta crisis. El Alto Comisionado manifestó su extrañamiento por el “doble discurso” del gobierno mexicano al ser un promotor muy activo por los derechos humanos a nivel internacional mientras expresa su “intolerancia ante la crítica”. Remató con una frase lapidaria: “En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje” porque “ignorar lo que está sucediendo en México no es una opción para las Naciones Unidas” y no debiera ser tampoco una opción para los políticos mexicanos.
Consideró “impactantes” las cifras de víctimas “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto”: Más de 151 mil personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, “incluyendo miles de migrantes en tránsito”; al menos 26 mil desaparecidos desde 2007, “muchos posiblemente como resultado de desapariciones forzadas”, así como miles de víctimas de feminicidios.
En todos los Informes recientes, se considera que la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y la ejecución extrajudicial de seis personas durante la noche del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, devela con crudeza las fallas estructurales del sistema de justicia en México, así como la complicidad incluso en grado de participación directa de integrantes de la clase política a diversos niveles con los grupos delincuenciales de alto impacto dedicados a actividades ilícitas.
El martes 20 de octubre, la delegación del gobierno federal participó en el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se realizaron cuatro audiencias públicas relacionadas con nuestro país:
a) El caso Acteal como Informe de Fondo (es decir, el proceso previo a ser enviado el caso a litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
b) Derechos humanos y políticas de drogas en México.
c) Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México.
d) Presentación del informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el Caso Ayotzinapa.
Vale la pena destacar que en el contexto de las audiencias, se logró un acuerdo preliminar sobre la permanencia, en calidad de coadyuvantes del grupo de expertos, y nos parece importante señalar nuestro beneplácito de que ya no sea la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la que esté a cargo del seguimiento a la investigación, nunca hubo claridad del porqué habiendo una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas no fue esta instancia la que llevó a cabo toda la investigación desde sus inicios, por lo que es pertinente que todo el expediente pase a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y sea la unidad, ahora convertida en fiscalía, la que dé continuidad y desde ahí se conforme un equipo de trabajo con experiencia y de confianza para las partes.
Para que el cumplimiento de los acuerdos dados a conocer en el sentido de que en la nueva investigación se sigan las recomendaciones y el plan de trabajo del GIEI, se planifique una ruta de indagación, se dé relanzamiento a la búsqueda y se establezca una relación respetuosa y de compromisos con el nuevo equipo que asigne la Procuraduría General de la República, en acuerdo con las familias, sus representantes y el GIEI, agentes del Ministerio Público federal con experiencia en desaparición que estén exclusivamente dedicados a la investigación de este caso y que, para la protección de otras familias, las investigaciones que actualmente están bajo su cargo de otros casos de desaparición de personas no sean abandonadas pues representan la esperanza de otras familias de que se están realizando las diligencias para la búsqueda y localización de sus familiares desaparecidos.
Esto significa la necesidad urgente de que se amplié la planta de autoridades ministeriales y policiales adscritas directamente a la actual fiscalía y por tanto, de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen recursos suficientes a la Procuraduría General de la República para la búsqueda de personas desaparecidas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abra el capítulo 1000 para la contratación de personal sustantivo que dedique sus esfuerzos al programa de personas desaparecidas.
Un aspecto central de los acuerdos del gobierno federal con el GIEI de la CIDH, se refiere a que se valore el daño y el avance de la reparación integral del mismo, lo cual implica que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asuma con absoluta responsabilidad el cumplimiento de sus obligaciones.
Y por último, la confidencialidad de la información ha sido una de las demandas que desde septiembre de 2014 ha sido exigida por las familias y sus representantes en el sentido de que, en estricto cumplimiento a los estándares nacionales e internacionales de derechos de las víctimas, no se hagan públicas actuaciones ni informaciones sin darlas a conocer primero a las familias. Acompañamos la exigencia de que a partir de este nuevo acuerdo para la continuidad de los trabajos del GIEI, en calidad de coadyuvante, se cumpla a cabalidad con este acto de respeto a la dignidad de las familias y las víctimas.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Por el cual la Cámara de Senadores
Primero. Solicita al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, el cumplimiento puntual de las acciones ejecutivas necesarias para atender todas las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos derivados de convenciones internacionales de las que el Estado mexicano es parte.
Segundo. Solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aperture el capítulo 1000 en la Procuraduría General de la República para la contratación de personal sustantivo (ministerial, pericial y policial) asignado al programa de búsqueda de personas desaparecidas.
Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados la asignación de recursos suficientes a la Fiscalía Especializada para Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República.
Cuarto. Se solicita a los distintos grupos parlamentarios que forman parte de la Junta de Coordinación Política, para que definan y propongan una ruta crítica que permita construir el andamiaje legal propuesto por el grupo de expertos.
Notas
1. 1 Septiembre, 2013. SCJN. Contradicción de tesis 293/201l.
Reconoce la jerarquía constitucional de los tratados y la obligatoriedad de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana y su jurisprudencia, al mismo tiempo, generó una regresión al cumplimiento del principio ‘pro persona.
2. http://www.amnistia.org.ar/sites/default/files/AIMexFuera Control.pdf
3. https://www.es.amnesty org/paises/mexico/la-tortura -en-cifras/
4. Resumen del Informe Anual de la CIDR. Fuente: http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-el-pais-con-mas-denuncias- deviolaciones-de-derechos-ante-la-cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anua1/2014/indice.asp
5. Sólo en dos ocasiones se ha acordado por la CIDH, la asistencia técnica: Caso Digna Ochoa y ahora Iguala/Ayotzinapa
6. Lo señalado en rojo es sobre lo que ya ha habido algún pronunciamiento oficial
7. Reformas a la Ley General de Víctimas, en especial el artículo 65 para revisar los supuestos para reparar violaciones a ddhh. Estoy preparando ya la reforma a la LGV que incorpore este tema y otros que a la luz de la implementación se ha visto impide la reparación. En este tema el Senado está en una falta terrible, porque es el órgano legislativo que nombró a la y los comisionados que han incumplido la ley sin ninguna consecuencia.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil quince.
Senadores: Iris Vianey Mendoza Mendoza, Armando Ríos Piter (rúbrica)De la Cámara de Senadores, con la cual remite solicitud de Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, para que la Cámara de Diputados dictamine la minuta con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes
Considerandos
• El 29 de abril de 2010 los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI legislatura, de la cual formé parte, presentamos la “Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El propósito de esta iniciativa ha consistido en: Primero, elevar a rango constitucional el derecho de la juventud a su desarrollo integral y, Segundo, otorgar facultades expresas al Honorable Congreso de la Unión para legislar ampliamente en la materia.
• El 1 de marzo de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esa misma fecha se turnó a la Cámara de Senadores para su análisis y en su momento, discusión y votación en el pleno.
• El 6 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores recibió el Proyecto de Decreto antes mencionado y lo turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.
• El 30 de abril de 2013, en el Senado de la República aprobamos el Proyecto de Decreto, con modificaciones.
• El 27 de junio de 2013, la Cámara de Diputados recibió el Proyecto de Decreto, y el 2 de julio de 2013 lo turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
La trascendencia de la propuesta de reforma Constitucional a la que se hace referencia consiste en lo siguiente:
Primero. Garantizar a las y los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, señalando que tal objetivo podrá lograrse mediante la protección efectiva de las garantías y derechos humanos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, y se propone que sea en la ley donde se definan los instrumentos y apoyos, así como la participación concurrente de la Federación, Estados, el Distrito Federal y los municipios, para lograr dicho objetivo.
Segundo. Otorgar expresamente facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud, con el fin de que pueda establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente en dicha materia, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios.
Sabemos que los jóvenes juegan un papel estratégico para la consecución del desarrollo y crecimiento económico de nuestra nación, asimismo, es evidente el rezago social en el que se encuentran y la precaria protección para garantizar sus derechos más elementales, como el acceso a la educación y al empleo, a la cultura, al esparcimiento, al deporte, entre otros.
Con estas adecuaciones constitucionales los jóvenes podrán exigir a las instituciones de gobierno la protección de sus derechos en sus entornos cultural, económico, político, psicológico y social, es decir, podrán exigir el ejercicio de cualquiera de las garantías previstas en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, para salvaguardar su desarrollo integral.
En este contexto, la Cámara de Diputados ha incurrido en omisión legislativa injustificada, pues desde el mes de julio de 2013 no ha emitido dictamen sobre el Proyecto de Decreto de referencia, lo que representa un atentado contra la juventud mexicana, y refleja una visión negativa de la Institución sobre las y los jóvenes; poner en la congeladora este Proyecto de Decreto, significa ignorar el reclamo de millones de jóvenes que demandan el acceso pleno a los derechos más elementales.
Desde el ámbito legal, la omisión de la Cámara de Diputados, por más de 2 años, transgrede el artículo 89 numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra dice:
“Artículo 89. ...
2. En el caso de las iniciativas de reforma constitucional, se observará lo siguiente:
I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de noventa días,”
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ha excedido, por mucho, los términos y plazos que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece para dictaminar la minuta de reforma constitucional en materia de juventud, que se encuentra actualmente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja.
Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, a la brevedad, dictamine la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.
Senado de la República, a 21 de octubre de 2015.
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)
Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
Artículo Único. Se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 2o.; el artículo 3o.; el artículo 8o.; el segundo párrafo del artículo 12; el artículo 14 y el cuarto párrafo del artículo 34; se adiciona un segundo párrafo al artículo 32; todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:
Artículo 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración, recuperación y promoción, de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.
La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y los demás institutos culturales del país, incluidos la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, además de las autoridades estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento, promoción y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
...
Artículo 3o. La aplicación de esta ley corresponde a:
I. El presidente de la República;
II. El secretario de Educación pública;
III. EI Instituto Nacional de Antropología e Historia;
IV. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura;
V. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y
VI. Las demás autoridades y dependencias federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, en los casos de su competencia.
Artículo 8o. Las autoridades de los Estados y Municipios podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije la ley.
Artículo 12. Las obras de restauración y conservación en bienes inmuebles declarados monumentos, que se ejecuten sin la autorización o permiso correspondiente, o que violen los otorgados, serán suspendidas por disposición del Instituto competente, y en su caso, se procederá a su demolición por el interesado o por el Instituto, así como a su restauración o reconstrucción.
La autoridad municipal respectiva podrá actuar en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras.
...
...
...
Artículo 14. El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y con base en las disposiciones aplicables de la Ley General de Bienes Nacionales.
Artículo 32. El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes.
La autoridad municipal respectiva podrá actuar en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras.
Artículo 34. ...
...
...
Tratándose de la declaratoria de monumentos artísticos de bienes inmuebles o de zonas de monumentos artísticos, se invitará, además, a un representante del Gobierno de la Entidad Federativa y del Gobierno Municipal, en donde los bienes en cuestión se encuentran ubicados.
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento integral a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, por el que se declara el 28 de noviembre como Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante
México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara al 28 de noviembre como “Día Nacional del Artista Interprete o Ejecutante”.
Atentamente
Senador José Rosas Puro Torres
Vicepresidente
Proyecto de
Decreto por el que se declara al 28 de noviembre como Día Nacional del Artista Interprete o Ejecutante
Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara Día Nacional del Artista, Intérprete o Ejecutante, el 28 de noviembre de cada año.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.-México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Senador José Rosas Aispuro Torres
Vicepresidente
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama
Secretaria
Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Artículo Único. Se reforma el artículo 182 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 182. Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, de manera prioritaria a los pequeños productores en condiciones de pobreza, impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción II y se adiciona una VII al artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social
México, DF, a 20 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social, con número CS-LXIII-I-1P-14.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de Decreto
CS-LXIII-I-1P-14
Por el que se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social
Artículo Único. Se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 38. ...
I. ...
II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social, propiciando mecanismos y herramientas de inclusión entre los tres niveles de gobierno, mismos que serán de carácter transversal, integral y concurrente;
III. y IV. ...
V. Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de desarrollo social;
VI. Impulsar la desconcentración y descentralización de los recursos y acciones para el desarrollo social, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del pacto federal; y
VII. Fomentar la educación en agricultura familiar y la participación de las personas y comunidades en cooperativas agrícolas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.-México, DF, a 20 de octubre de 2015.
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, por el que se declara la última de abril como Semana Nacional de la Seguridad Social
México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año, como la Semana Nacional de la Seguridad Social.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de Decreto
Por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año, como la Semana Nacional de la Seguridad Social.
Artículo Único . El honorable Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social.
Transitorios
Primero . El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo . Dentro del plazo de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promoverá en el ámbito de sus atribuciones las acciones correspondientes para adherirse formalmente a la Declaración de Guatemala, de 2009.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona uno quinto al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor
México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de
Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo, del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:
Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.
...
...
...
En el análisis y verificación de la información o publicidad, la Procuraduría comprobará que la misma sea veraz, comprobable, clara y apegada a esta Ley y a las demás disposiciones aplicables.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 24 y 143, y se adiciona el 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional
México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a Ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 143, y se adiciona el artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 24 y 143, y se adiciona el artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Artículo Único. Se adiciona una fracción X recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 24; una fracción IX recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 143, y un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 24. ...
I. a IX. ...
X. Aplicar los recursos provenientes del fondo por el cobro de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales dentro de su entidad;
XI. y XII. ...
Artículo 143. ...
I. a VII. ...
VIII. La transferencia de los recursos de los usuarios de las cuencas hidrológicas;
IX. El cobro de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y
X. ...
...
...
Artículo 143 Bis. Los recursos económicos que obtenga el fondo por concepto de compensación ambiental serán destinados a las entidades federativas donde se haya autorizado el cambio de uso del suelo, de acuerdo a lo que establezca el reglamento correspondiente.
Los recursos a que se refiere este artículo, podrán ser aplicados en Entidad Federativa distinta cuando el comité correspondiente lo justifique mediante estudio científico como necesario y urgente.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal deberá publicar las modificaciones respectivas al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable y del Acuerdo por el cual se expide el Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano.
Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al siguiente Decreto.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 15 de octubre de 2015.
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional
México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo
Artículo Único. Se reforman el inciso a) de la Base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 26.
A. ...
...
...
...
B. ...
...
...
...
...
El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.
C. ...
...
...
...
Artículo 41. ...
...
I. ...
...
...
...
II. ...
...
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
b) y c) ...
...
...
III. a VI. ...
Artículo 123. ...
A. ...
I. a V. ...
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
...
...
VII . a XXXI. ...
B. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio.
El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12.
Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.
Cuarto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las administraciones públicas federal, estatales, del Distrito Federal y municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.
Quinto. El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto.
En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización:
I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior.
Il. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4.
III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 12.
Asimismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de ajuste que en su caso procedan.
El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente decreto, se actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las adecuaciones legales correspondientes.
Sexto. Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año.
Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año.
El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio.
Séptimo. Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en vigor de este decreto que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización.
Octavo. En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, Institución de Banca de Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio.
Noveno. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta denominada unidad de inversión o UDI.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 22 de octubre de 2015.
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD
México, DF, a 20 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, Benjamín Robles Montoya, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 164, numerales 1 a 3, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con lo siguiente:
Exposición de Motivos
La presente iniciativa es una propuesta de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Economía Social (Condes), en congruencia con el espíritu de los requerimientos del sector. Como senador, la presento en su nombre.
Por su materia, esta iniciativa con proyecto de decreto deberá ser turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
La Condes mantiene que el fin último de la reforma fiscal aprobada hace casi dos años tuvo un efecto recaudador de impuestos, más allá de promover la inversión, fortalecer la competitividad de nuestra economía y propiciar que la sociedad en general tuviera mejores condiciones de bienestar.
En cambio, a pesar de las reformas que han sido aprobadas en diferentes rubros como la ya citada reforma fiscal, la energética y la laboral, hoy tenemos una economía que con dificultades crece poco más de 2 por ciento del PIB, el peso se ha devaluado en más de 30 por ciento respecto al dólar, una caída en la producción del petróleo de 10 por ciento en tanto que su precio, que se había fijado arriba de 96 dólares por barril, hoy es menor en 65 por ciento, para ubicarse en 34 dólares por barril.
La muestra de indicadores anteriores, confirma de alguna manera que el Gobierno Federal se equivocó en plantear una reforma fiscal y no escuchar las propuestas y alternativas que tanto partidos como organizaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil sugirieron en su momento.
La afectación de los ingresos de los trabajadores por la limitación de la deducibilidad de las personas físicas y el incremento de la informalidad que se observaría con la sustitución de los Repecos por el RIF.
Sin temor a equivocarnos, uno de los efectos más contraproducentes que trajo consigo la reforma fiscal fue la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes (Repecos) para sustituirlo por el de incorporación fiscal (RIF).
La aparición del RIF supone el traslado automático de un régimen a otro, sin consultar a los pequeños comerciantes y en contra de la voluntad y capacidad de decisión para saber qué régimen les convenía más. Violando así sus derechos como ser humano, ciudadano y contribuyente. Ya que no se da certidumbre y seguridad jurídica en el desempeño de sus actividades generadoras de su patrimonio y economía con el cual se obtiene y se garantiza su modo de vivir en sus necesidades básicas como individuo. Afectando su negocio en marcha y posición en el nicho de mercado en que está establecido. El constante y lacerante abandono del sector ha provocado que los Repecos no cuenten con los recursos tecnológicos, materiales, humanos y financieros. Provocando una desigualdad en la población económicamente activa y en el sector. Que se expresa en todas sus actividades productivas nulificando la obtención de su supervivencia y conservación de su patrimonio familiar.
La complicación de las leyes fiscales, en especial la del impuesto sobre la renta, ha traído consigo que muchos pequeños comercios opten por la informalidad. Esto no abona al objetivo inicial del gobierno federal, que prometió ampliar la base de contribuyentes.
Así lo muestran los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2015, elaborada por el Inegi. Si bien es cierto que México registró una menor tasa de desempleo en el primer trimestre (4.4 por ciento comparado con el 5.5de 2014) la población que trabaja en el sector informal se incrementó.
Durante el segundo trimestre del año, los mexicanos en el empleo informal sumaron 29 millones de personas (57.8 por ciento de la población ocupada), es decir, en 2015 la informalidad aumentó en poco más de 633 mil personas, lo que representa un aumento de 2.2 por ciento respecto al primer semestre de 2014, aun cuando la tasa de informalidad laboral disminuyó 0.2 por ciento.
Estos 29 millones de personas no cuentan con un contrato, no son sujetos a prestaciones sociales, pero además no contribuyen con el pago de sus impuestos debido a su estado de informalidad.
La situación se hace aún más grave si consideramos que 43 por ciento de ellas son personas cuyas edades fluctúan entre 25 y 44 años, básicamente la edad en la que son más productivos en su etapa laboral.
Es decir, la interpretación que podemos dar a las cifras es que el gobierno federal ha fomentado el empleo, no obstante que presiona a los contribuyentes cautivos mediante una política fiscal mercenaria que los orilla a trabajar a la sombra de la informalidad.
De acuerdo con una nota publicada en el diario El Economista el 16 de marzo de 2015, “México contribuye con un número importante de trabajadores informales en América Latina, con una tasa de 57.46 por ciento, por arriba del promedio en la región, que es 51.3 por ciento, lo que revela que es indispensable fortalecer las políticas encaminadas a formalizar el empleo, comentaron especialistas en recursos humanos y analistas. En tanto, naciones como Argentina tienen una tasa de empleo informal de 33.5 por ciento; mientras que en Brasil es de 32.2 por ciento; y las otras naciones que junto con México tienen las tasas más altas de informalidad son Colombia, con 49.3 por ciento de trabajadores informales, y Perú, 68.8 por ciento”.
El RIF ha generado una serie de complicaciones a los pequeños comercios registrados en el SAT porque implica llevar a cabo una contabilidad con software especializado, el uso de herramientas tecnológicas como el internet para poder realizar las declaraciones fiscales o transferencias electrónicas en lugares que difícilmente se tiene acceso como las zonas rurales. La tecnología se ha aprovechado para que sea un instrumento de fiscalización y no de eficiencia en la contribución.
Los resultados que el gobierno federal esperaba están muy alejados de la realidad. A pesar de que actualmente el SAT tiene registrados un total de 4.4 millones de contribuyentes bajo el régimen del RIF, de diciembre de 2013 a enero de 2014 (primeros meses de la reforma) el traslado de un régimen a otro supuso la baja de 517 mil contribuyentes (13 por ciento de la base inicial) posiblemente derivado de la presión fiscal bajo la cual comenzarían a tributar.
No hay que olvidar que en las páginas 10 y 11 del Boletín Tributario del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, año 24, número 194, julio-agosto de 2013.
Padrón de contribuyentes (2007-2011) ya la recaudación (2004-2011) por entidad federativa. Para efectos didácticos del presente documento y con ello intentar ser más ilustrativo, referiremos la información relacionada al ejercicio de 2011, se muestra en el siguiente recuadro:
Situación que expresa la forma de contribuir del pequeño contribuyente y por la falta de visión de algunos servidores públicos, no promovían la recaudación y en consecuencia no le daban seguimiento a la eficiencia de ésta, tomando en cuenta que el monto decretado en el nuevo régimen de pequeños contribuyente fue de 2 millones 233 mil 824 pesos, si lo actualizamos sería de 5 millones 818 mil 420.26 pesos. Por lo que la iniciativa que a continuación mencionamos tiene la finalidad de llevar a cabo una mayor recaudación con un tope de 6 millones de pesos (actualizado en Udi de enero de 1998 a septiembre de 2015).
La propuesta es también homologar el mecanismo de fortalecimiento y promoción que tiene el sector primario para que se dé una exención de cuarenta salarios mínimos elevados al año, con la intención que a corto plazo se pueda madurar su desarrollo como contribuyentes. También una tabla progresiva donde haya un tope de estos seis millones de pesos y que realmente no se pueda presentar ninguna ingeniería fiscal para omitir y eludir el pago del impuesto asimismo solicitamos se otorguen facilidades administrativas en cuanto a tener la opción de llevar la contabilidad por medio de un libro de ingresos y egresos así como un libro de inversiones. Es importante poder emitir comprobantes fiscales para que todo aquel que solicite un comprobante fiscal lo pueda hacer deducible, ya sea impreso o electrónico y no sólo bajo la forma de fiscalizar que se tiene actualmente en el buzón fiscal. Consideramos que esta iniciativa dará resultados importantes a corto plazo ya que todos los contribuyentes que se encuentran en el supuesto de Repecos tienen toda la voluntad de contribuir y no esperar dos años sabiendo y viviendo la situación que se tiene en el país. Con estos mecanismos se incrementara la recaudación, se brindara seguridad jurídica al contribuyente; así como el fortalecimiento de sus actividades productivas; que es una obligación del Estado fortalecerlas. Con estas acciones se limitará la corrupción dentro del SAT y se lograra una recaudación mayor para que se vean reflejados en una mejora aplicación de estos recursos en los sectores de salud, alimentación, educación y desarrollo social, que tanto deseamos y exigimos todos; para de esta manera mejorar el nivel de vida de 52 millones de mexicanos en pobreza, según los organismos internacionales como el Coneval, la OCDE, Naciones Unidas y la OIT.
Por lo expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se reforman los artículos 111, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales, enajenen y adquieran bienes y servicios o bien, que enajenen a título oneroso bienes muebles o inmuebles o presten servicios de cualquier índole pagaran el impuesto sobre la renta en los términos y condiciones establecidos en esta sección, salvo que los ingresos propios de su actividad empresarial o profesional obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos .
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta sección.
También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este articulo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo.
No podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección:
I. Los socios o trabajadores de personas morales con fines lucrativos o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 esta ley. También estarán limitadas a tributar en los términos del régimen fiscal regulado en esta sección, aquellas personas que de conformidad con el artículo antes citado se encuentren vinculadas con personas que hubieran tributado en los términos de esta sección.
II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales o actividades financieras, salvo tratándose de aquéllos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración personalizada a clientes personas físicas para la compra venta de casas habitación o vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas habitación o vivienda.
III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y éstos no excedan de 30 por ciento de sus ingresos totales. Las retenciones que las personas morales les realicen por la prestación de este servicio, se consideran pagos definitivos para esta sección.
IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios, inmobiliarios, negocios inmobiliarios.
V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación.
VI. Los contribuyentes que obtengan más del treinta por ciento de sus ingresos por la enajenación onerosa de mercancías de procedencia extranjera. En este supuesto, los contribuyentes deberán conservar la documentación comprobatoria de la adquisición de la mercancía de procedencia extranjera, misma que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
Los contribuyentes que deben realizar el pago del impuesto con apego a lo dispuesto en esta sección, deberán calcular y enterar el impuesto bimestralmente a más tardar en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre noviembre y enero posteriores al bimestre correspondiente aplicando la siguiente tabla :
• Cálculo de salario mínimo de 2015
A la diferencia que resulte de disminuir al total de los ingresos que obtengan en el bimestre que corresponda en efectivo, en bienes o en servicios los gastos y compras necesarios e indispensables para la realización de su actividad o el equivalente de cuarenta salarios mínimos elevado al bimestre de la zona geográfica donde se encuentre establecido. Para los efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas en la Ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta Sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo .123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el caso que se generen nuevos empleos se otorgara una deducción de 6 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal elevados al ano, por cada uno de los empleos generados.
Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes.
Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere el artículo 123 , fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 120 y 127 de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar el importe que el contribuyente deberá pagar por concepto del impuesto sobre la renta por el factor 7.35.
Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta ley.
Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta Sección considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos.
En el supuesto en que los contribuyentes efectúen los pagos del impuesto sobre la renta en una temporalidad diversa a la expresada en el párrafo anterior, previo cumplimiento de las formalidades que establece esta ley, los ingresos y la disminución que les corresponda en los términos del párrafo anterior deberán multiplicarse por el número de meses al que corresponda el pago.
Los ingresos que deriven de la realización de cualquier tipo de operaciones en crédito se considerarán para efectos del pago del impuesto sobre la renta cuando sean debidamente cobrados en efectivo, en bienes o en servicios.
La cantidad límite a la que los contribuyentes deberán sujetarse para poder realizar el pago del impuesto sobre la renta en los términos y condiciones descritos en el régimen de pequeños contribuyentes, se actualizará anualmente de conformidad con el índice nacional de precios al consumidor que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones siguientes:
I. Los contribuyentes que se encuentren en el supuesto descrito en esta sección, solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con la identificación oficial, CURP y un comprobante de domicilio donde haya radicado en los últimos seis meses (esta sin obligación de tomar fotografía de iris y huellas digitales. Más eficiente y se tome los datos de comprobantes de domicilio donde realiza su actividad empresarial e identificación oficial que en este caso en una que se identifique).
II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuanto no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación. (Cumplir con los requisitos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Ver nota fracción XII primer párrafo y se pueda imprimir por cuenta propia y lo pueda hacer deducible el adquiriente del bien o servicio)
III. Registrar en un libro de ingresos y egresos o en su caso en los medios o sistemas electrónicos los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.
IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes impresos (de acuerdo a los requisitos del artículo 29 del Código Fiscal ver la fracción XII, primer párrafo) o por vía electrónica y lo podrá utilizando la herramienta electrónica de servicios de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus inversiones, cuyo importe sea superior a $2 000.00, (efectivo) mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios. (Libertad de bancarizar su negocio si se obtiene ventajas a o no de utilizar estos servicios como es el caso de contar con una terminal bancaria si se requiere)
VI. Presentar a más tardar en el mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago del impuesto sobre la renta , declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el importe de la citada contribución en los términos y condiciones establecidos en el artículo de esta ley. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción tendrán el carácter de definitivos o en su caso pago provisional. (En caso de hacer una corrección se podrá emitir una declaración complementaria cuando se requiera, de acuerdo con lo señalado en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación.)
Los pagos a que se refiere esta fracción se enterarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa en la cual el contribuyente obtenga sus ingresos, siempre y cuando dicha entidad federativa tenga celebrado un convenio de coordinación para administrar el impuesto materia de esta ley, y en los términos y condiciones del régimen. En el supuesto en que la entidad federativa en donde perciba sus ingresos el contribuyente no celebre el citado convenio de coordinación, o bien, haya llegado el término del mismo, los pagos correspondientes del impuesto materia de esta ley se realizarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales federales.
Si los contribuyentes a que se refiere el párrafo primero del artículo de esta ley tienen establecimientos, sucursales o agencias en dos o más entidades federativas, enterarán el impuesto sobre la renta bimestralmente en la o las entidades federativas que corresponda, considerando la cantidad que resulte por concepto del impuesto referido en relación con los ingresos obtenidos en cada una de ellas.
El Servicio de Administración Tributaria, y en su caso, las entidades federativas con las que medie convenio de coordinación para la administración de la contribución materia de esta ley, podrán ampliar los periodos de pago trimestral, cuatrimestral o semestralmente, teniendo en cuenta la rama de la actividad económica, así como la circunscripción territorial de los contribuyentes.
Las entidades federativas con las que la federación celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto en los términos establecidos en esta sección, podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar las cuotas fijas para el cobro del impuesto respectivo.
VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del capítulo I del título IV de esta ley, conforme a las disposiciones previstas en la misma y en su reglamento, y efectuar bimestralmente, del mes inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para el cálculo de la retención bimestral a que hace referencia esta fracción, deberá aplicarse la tarifa del artículo de esta ley.
VIII. Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los intereses, obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo de esta ley.
Tampoco podrán pagar el impuesto conforme a esta sección los contribuyentes que hubieran tributado en los términos de las sección I de este capítulo, salvo que hubieran tributado en las mencionada sección hasta por los dos ejercicios inmediatos anteriores, siempre que éstos hubieran comprendido el ejercicio de inicio de actividades y el siguiente, y que sus ingresos en cada uno de dichos ejercicios no hubiesen excedido de la cantidad señalada en el párrafo primero del artículo 111 de esta ley.
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior continuarán llevando la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, durante el primer ejercicio en que se ejerza la opción a que se refiere el párrafo anterior. Cuando los ingresos en el primer semestre del ejercicio en el que ejerzan la opción sean superiores a la cantidad limite señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta ley dividida entre dos, dejarán de tributar en términos de esta Sección y pagarán el impuesto conforme a las sección I del presente capítulo, debiendo efectuar el entero de los pagos provisionales que le hubieran correspondido conforme a esta última sección, con la actualización y recargos correspondientes al impuesto determinado en cada uno de los pagos.
Los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción que en el primer semestre no rebasen el límite de ingresos a que se refiere el párrafo anterior y obtengan en el ejercicio ingresos superiores a la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta ley, pagarán el impuesto del ejercicio de acuerdo a lo establecido en las sección I de este capítulo, pudiendo acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo, los pagos que por el mismo ejercicio, hubieran realizado en los términos de esta sección. Adicionalmente, deberán pagar la actualización y recargos correspondientes a la diferencia entre los pagos provisionales que les hubieran correspondido en términos de las sección I de este capítulo y los pagos que se hayan efectuado conforme a esta sección III; en este caso no podrán volver a tributar en esta sección.
X. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las compras de bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio cuando el precio sea superior a $2 000.00.
XII. Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de las mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y el importe total de la operación en número o letra.
Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos:
I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.
II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c), del artículo 29 de este código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.
III. El lugar y fecha de expedición.
En los casos en que los contribuyentes utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal, podrán expedir como comprobantes, Fiscales la copia de la parte de los registros de auditoria de dichas máquinas en la que aparezca el importe de la operación de que se trate.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores de $100.00.
XIII. No realizar actividades a través de fideicomisos.
Artículo 113. Cuando los contribuyentes enajenen a título oneroso la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquirente no podrá ser sujeto del régimen de regulado en esta sección, y en consecuencia, deberá enterar el impuesto con apego al régimen que le corresponda en atención a la naturaleza y la finalidad de la actividad empresarial o profesional que desarrolle.
Artículo Segundo. Se adicionan los artículos 113 Bis, 113 Ter y 113 Quáter de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 113 Bis. Los contribuyentes personas físicas que perciban ingresos por concepto de cualquiera de los ramos de seguro que componen el esquema integral de seguridad social, así como los beneficiarios de los programas de salud, asistencia y desarrollo social que implemente la federación en coordinación con las administraciones de las entidades federativas, municipales, del Distrito Federal y de aquellas zonas en que el Estado mexicano ejerza su jurisdicción federal, podrán ser sujetos del régimen que regula esta sección, siempre y cuando el monto de los ingresos que perciban por cualquiera de las actividades empresariales o profesionales que realicen no rebase de la cantidad señalada en el párrafo primero del artículo 111 de esta ley. Asimismo, podrán optar por tributar de conformidad con este párrafo los contribuyentes que perciban ingresos de los comprendidos en el título IV, capítulo I, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, de esta ley, siempre y cuando estos ingresos no rebasen el monto de cuatrocientos mil pesos anuales.
Articulo 113 Ter. En el supuesto en que los contribuyentes personas físicas dejen de tributar por cualquier causa de las previstas en ésta.
Articulo 113 Quáter. Previo cumplimiento de las formalidades y demás requisitos establecidos en esta sección, los sujetos de ese régimen podrán hacer uso de las herramientas electrónicas de que disponga el Servicio de Administración Tributaría para la declaración y el pago del impuesto que corresponda, en ejercicio de los derechos de acceso a la información y tecnologías de la información reconocidos por el artículo 6o. que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a su favor.
Artículo Tercero. Se derogan las fracciones IX y XXVI del artículo noveno de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
I. a VIII. ...
IX. (Se deroga)
X. a XXV. ...
XXVI. (Se deroga)
XXVII. a XLIII. ...
Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta sección, cambien de opción, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el régimen correspondiente.
Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en esta sección, o cuando se presente cualquiera de los supuesto a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VIII de este artículo, el contribuyente dejará de tributar conforme a esta sección y deberá realizarlo en los términos de la presente ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración a que hace referencia en esta sección de esta Ley, según sea el caso.
Los contribuyentes que tributen en los términos de esta Sección, y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de internet o en medios electrónicos, siempre que cumplan los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de carácter general. Deberán cumplir lo señalado en el artículo 112, fracción III, de este régimen.
Transitorio
Artículo Único. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)