Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, a fin de instaurar un comité para la creación del código de ética y conducta parlamentarias, a cargo de la diputada Carolina Monroy del Mazo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Carolina Monroy del Mazo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2 fracción I, y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como en las demás disposiciones aplicables, somete a la consideración de esta asamblea las siguientes

Consideraciones

Para el otorgamiento de su confianza, las y los mexicanos exigen que la gestión de gobierno genere beneficios tangibles en su vida cotidiana; al mismo tiempo, que la conducta de los gobernantes se dé bajo los principios de honestidad, integridad, respeto, eficiencia, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, justicia, legalidad y tolerancia.1

Con este soporte y considerando que todo cambio ha de gestarse a partir de la asunción de un compromiso individual y de un acuerdo colectivo para actuar con dignidad, pulcritud, eficiencia y verdadera vocación de servicio, es que los códigos de ética o de conducta son una herramienta esencial, recomendada incluso por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch . Estos códigos ya han sido adoptados por varios países, y muchos otros aún carecen de ordenamientos de este tipo.

En el ámbito internacional existen claros ejemplos del positivo impacto que puede llegar a tener una herramienta de regulación de conducta como la que se propone; tal es el caso de naciones como Francia, Inglaterra y Alemania, que desde hace varios lustros aprovechan este tipo de instrumentos; y en los últimos años se han reproducido con excelentes resultados en Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Chile y Perú, entre otros.2

En el caso de México, legislaturas pasadas, han presentado al pleno al menos 30 iniciativas y puntos de acuerdo que pretendieron desde la creación de una ley federal de ética parlamentaria, hasta la integración de una comisión o grupo que, avalado por un código de conducta, se encargaría de vigilar que las y los legisladores se rigieran por los principios básicos de educación y convivencia.

Si bien, en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por crear un instrumento jurídico que vigile y regule la conducta y el desempeño de los legisladores, es tiempo de reconocer que falta un paso decisivo, y que éste debe emanar de la abierta y clara voluntad de honestidad y transparencia de cada legisladora, de cada legislador, para honrar así a sus deberes y a la patria.

Con este propósito, el presente punto de acuerdo exhorta a la Cámara de Diputados a la creación de un Código de Ética y Conducta Parlamentaria, de carácter obligatorio y coercitivo, y la instauración de un Comité Plural que con método y sistema, garantice el cumplimiento y avance real en este importante rubro.

Asimismo, el Comité tendrá la tarea de dar seguimiento a las quejas, observaciones y demás asuntos relacionados con la conducta de las y los legisladores, y estará facultado para investigar sistemática y constantemente las mejores prácticas legislativas alrededor del mundo, con el propósito de replicarlas en nuestro sistema legislativo.

La necesidad de recuperar la confianza, siendo ésta un sustento indispensable de la reconstrucción del tejido social, es un imperativo nacional e internacional, y nuestro ámbito legislativo no es la excepción; por ello, se propone la regulación formal acompañada del fomento permanente de un actuar basado en valores.

Es necesario responder a la oportunidad de servicio público que hoy tenemos, con el firme compromiso de no faltar a la confianza de la ciudadanía, de cultivarla y actuar siempre desde los más altos valores éticos: la enorme responsabilidad de representación y la toma decisiones sobre la vida nacional que nos corresponde, así lo reclama.

Mi bancada es consciente de que debemos atender con honradez, honestidad y absoluta disciplina, el mandato de servicio que nos impone el privilegio de ser diputadas y diputados, y la responsabilidad de representar a 112 millones 336 mil 538 mexicanos.

No podemos creer que las cosas serán distintas si a partir de hoy no hacemos las cosas de manera diferente; les digo que si queremos percepciones y resultados distintos, hay que dejar de hacer lo mismo de siempre, y hacerlo como personas, sin mayor ideología que el deseo de ser íntegros y dignos de confianza, con trabajo y resultados; recordemos que una buena vida, es el resultado de una buena conducta.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos ciertos de que los cambios que queremos ver allá afuera deben comenzar aquí dentro. Es por ello que hacemos un llamado a esta nueva Legislatura a ser el primer referente en este sentido. Debemos buscar lo que los romanos llamaban el decorum , que es ejercer la política con ética y congruencia, apropiadamente, con honorabilidad.3

De materializarse este punto de acuerdo, habremos cumplido con una parte esencial de nuestra tarea como legisladores federales, que es la de crear los mejores escenarios para elaborar y reformar leyes de manera óptima, tomar decisiones de forma sensata, buscar siempre el bien común y el mejoramiento de la calidad de vida de las y los mexicanos.

Tenemos que trabajar con empeño, ser productivos y probos.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, en virtud de que es necesario contribuir a que el ambiente de trabajo legislativo sea eficiente, me permito someter a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a esta honorable asamblea a que se instaure un comité para la creación de un Código de Ética y Conducta Parlamentaria, con la finalidad de regular el actuar de las y los diputados federales, hacer más eficiente la labor legislativa y reforzar la confianza y credibilidad de la sociedad mexicana hacia el Poder Legislativo.

Notas

1. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estudio sobre Los principios básicos de ética pública más mencionados por los estándares de conducta de los países miembros .

2. Redipial. Servicio de investigación y análisis de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

3. Daniel Kapust, Cicerón: el decorum y la moralidad de la retórica ,

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-4688201200 0200012&script=sci_arttext

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputada Carolina Monroy del Mazo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de zona de desastre para diversos municipios de Sonora afectados por la tormenta tropical Marty, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Refugio Trinidad Garzón Canchola, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación a emitir la declaratoria de zona de desastre para Cajeme, Guaymas, Bácum, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme, Sonora, damnificados por la tormenta tropical Marty, con base en las siguientes

Consideraciones

Los fenómenos naturales se presentan cada año de diferentes formas, algunos impactan en las comunidades en mayor medida que otros, pero todos afectan a miles de personas.

En los últimos años se ha hecho patente la fuerza de la naturaleza, y México no ha sido la excepción.

Queda claro que todos hemos pagado un precio muy alto por los desastres naturales, pero no tanto como se ha cobrado a las personas que viven en zonas de alto riesgo.

Nos encontramos ante los remanentes de la tormenta tropical Marty, que ha dejado un saldo preliminar de 35 mil damnificados y graves daños en la infraestructura de Cajeme, Guaymas, Bácum, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme. Además, hay un riesgo latente para la ciudadanía por los niveles alcanzados en las presas del estado, al llegar a los más de 100 milímetros de lluvia.

De los damnificados, 9 mil 381 son de Guaymas, mil 238 de Bácum, 5 mil 279 de Cajeme, 2 mil 397 de Empalme, 4 mil 492 de Etchojoa, 4 mil de Huatabampo, 5 mil 482 de Navojoa, mil 641 de Benito Juárez y mil 90 de San Ignacio Río Muerto.

Esto ha provocado que gobierno del estado dictaminara con el federal la declaratoria de emergencia para Cajeme, Empalme y Guaymas.

Sin embargo, hay una diferencia entre la declaratoria de emergencia y la de desastre, pues la primera está dirigida a la atención de la vida y la salud de la población, mientras que la segunda tiene por objeto proporcionar recursos para reconstruir los daños sufridos en las viviendas y la infraestructura pública.

Por ello, ante los múltiples daños a la infraestructura de estos municipios, entre los que destacan afectaciones de viviendas y vehículos, y la pérdida de animales y sembradíos, siendo éstos de gran impacto negativo en la economía de la entidad, pues como bien se sabe Sonora es un estado agricultor.

Por si esto fuera poco, se suma la alarmante declaración de la Comisión Nacional del Agua, por medio de la cual dio a conocer que el trabajo de desfogue de dos presas que se reportan con 103 por ciento de su capacidad, poniendo en riesgo a los habitantes cercanos de los ríos, como es el caso de Navojoa.

Por ello, los diputados ciudadanos expresamos nuestra preocupación por la situación que están pasando nuestros hermanos de Sonora y de las futuras repercusiones que habrá en el estado si continúan las lluvias, por lo que solicitamos de carácter de urgente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de desastre para Cajeme, Guaymas, Bácum, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme, damnificados por la tormenta tropical Marty en Sonora.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial del cacao, a cargo de la diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada por el estado de Chiapas, Flor del Ángel Jiménez Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, IV y VI y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial del cacao, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México ha dado al mundo recursos, productos y beneficios; uno de los más representativos ha sido el cacao. Sin embargo, actualmente existen serios problemas en su producción, lo que hace necesario su recuperación.

El cacao es una planta tropical, domesticada por las culturas prehispánicas mesoamericanas; fue un símbolo de abundancia empleado en rituales, funerales, y ofrendas.

Actualmente México tiene 3 millones de hectáreas (ha.) con potencial para la producción de cacao criollo, pero sólo utiliza 60 mil ha., de las cuales casi 90 por ciento tiene problemas fitosanitarios. Existen registrados alrededor de 37 mil productores; que en promedio poseen cada uno 1.8 ha. las cuales producen menos de una tonelada de cacao.

Aun con lo anterior nuestro país ocupa el octavo lugar mundial como productor aportando entre 1.6 y 2 por ciento de la producción total, que genera aproximadamente 40 mil toneladas de cacao fino al año con valor de 551 millones de pesos, el cual se extrae y produce en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Pero se tiene potencial para la producción de cacao en los estados de Colima, Campeche, Michoacán y Quintana Roo.

Los estados más productivos son: Tabasco, que cuenta con una superficie sembrada y cosechada de más de 41 mil ha. y una producción de alrededor de 16 mil toneladas; le sigue Chiapas, con más de 19 mil ha. y una producción de 7 mil toneladas; Guerrero y Oaxaca quienes tienen una superficie de 240 ha. y producen 196 toneladas.

El sistema productivo del cacao en México, desde hace años enfrenta una crisis productiva sin precedentes originada por varios factores, entre los que se encuentran el uso de tecnología obsoleta, sus productores son personas de la tercera edad, quienes no logran obtener ni un salario mínimo mensual y a los cuales se les retrasa el pago de su producción; asimismo se le suman factores biológicos de las plantaciones, pues 70 por ciento de ellas tienen más de 30 años.

Pero quizás uno de los factores más perjudiciales es el fitosanitario, pues en gran parte de los estados productores de nuestro país se encuentra una severa crisis por la aparición del hongo de la moniliasis del cacao, lo que ha ocasionado el abandono de plantaciones y la baja rentabilidad en las fincas.

En mi estado, Chiapas, se han presentado serios problemas por estas causas pues pese a que tiene un potencial de producción de 560 mil hectáreas actualmente sólo se cultivan 19 mil con una producción en promedio de 100 kilogramos por ha.; aun cuando la calidad del cacao producido en esta región está por encima de los estándares mundiales.

Como muestra de la severa crisis que enfrenta el cacao en nuestro país, basta decir que su producción en el periodo comprendido entre 1993-2003 decreció en 10.33 por ciento, cabe mencionar que en 1993 la producción nacional aportaba 51 por ciento de la oferta a nivel mundial lo que nos colocaba como el primer productor de cacao del mundo.

Asimismo, de 2005, año en que la moniliasis atacó nuestros cultivos, al 2011, la producción de cacao en México cayó 34 por ciento.

Esto se corrobora con los estudios del Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agricultura y la Agroindustria Mundial (CIESTAAM) y la Universidad Autónoma de Chapingo quienes señalan que durante el periodo 2000-2011, México tuvo una disminución en su producción de cacao de más de 43.7 por ciento.

Entre 2012 y 2013, debido a esta enfermedad, algunos productores tuvieron pérdidas de 75 por ciento de su producción anual, esto de acuerdo con el Informe de Labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Aun cuando las plantas de cacao en México (cacao criollo) tienen condiciones muy particulares que hacen que su sabor sea más intenso y de mejor calidad que las de Sudamérica, y África (cacao forastero), estas últimas son más resistentes a las plagas; por lo que actualmente, 60 por ciento de la producción mundial pertenece a los países africanos de Ghana y Costa de Marfil.

Nuestro país tiene un gran potencial en la industria del chocolate, pues según estudios del Centro Multidisciplinario de Innovación Tecnológica (CMIT) el cacao mexicano tiene grandes oportunidades de volver a ingresar a este mercado millonario el cual alcanzará los casi 99 mil millones de dólares para el año 2016, y cuenta con un crecimiento sostenido anual de 3 por ciento.

En 1993, la tonelada de cacao se vendía en promedio en dos mil 791 pesos, para 2012 ya se comercializaba en más de 40 mil pesos la tonelada (más de 40 pesos el kilo) para el 2015 el kilo superará los 50 pesos.

Sagarpa ha implantado programas urgentes para atender estas problemáticas, sin embargo, se carece de una estrategia específica que atienda de manera diferenciada y particular a los agricultores, quienes durante muchos años han tenido que librar una dura batalla sin las herramientas adecuadas para desarrollar el verdadero potencial de esta industria.

Ante este contexto, es imperativo la implementación de acciones concretas, que permitan generar un efecto positivo, el cual favorezca la competitividad, la productividad y un mayor nivel de desarrollo; para que regresemos a los niveles de producción de cacao que se venían teniendo antes de esta crisis.

Como legisladores y representantes sociales, tenemos la obligación de coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, dando prioridad a los sectores más vulnerables y desprotegidos; pero además debemos potencializar las industrias que nuestro país tiene subutilizadas con miras hacia un crecimiento sustentable.

Pues con el restablecimiento de esta industria, evitaremos que nuestros productores se vean en la necesidad de tirar sus cultivos de cacao; cuestión que perjudicaría severamente el medio ambiente y la biodiversidad de estas zonas, ya que al cambiar estos cultivos por pastizales u otros productos menos amigables con el medio ambiente, las afectaciones podrían ser muy graves.

Lo anterior nos obliga a trabajar en proponer medidas integrales que atiendan todos los ámbitos en que incide la producción de cacao, pues necesitamos promover un bienestar cualitativo y sustancial en estas regiones.

Ante ese panorama, surge la gran necesidad de crear una Comisión Especial del Cacao pues sólo de esa forma podremos asumir la responsabilidad y compromiso necesarios para responder con una visión estratégica e integral los serios problemas que enfrenta el sector cacaotero nacional, para fomentar el desarrollo de esta industria –con visión de corto, mediano y largo plazos– y, al mismo tiempo, vigilar que los recursos destinados a dicha actividad se empleen en forma plena y efectiva.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer ante el pleno de esta soberanía la creación de la Comisión Especial del Cacao, cuyo objeto será dar seguimiento y vigilar los recursos destinados a la industria del cacao para diseñar planes y programas de fomento del desarrollo de esta industria, con visión de corto, mediano y largo plazos, a efecto de generar ventajas competitivas para el sistema productivo del cacao mediante la integración, el desarrollo y la regionalización de la cadena productiva de dicho producto.

Asimismo la comisión estará encargada de promover por todos los medios a su disposición las medidas pertinentes para la promoción y desarrollo del cacao producido por mexicanos, así como de atender el severo problema de moniliasis que afecta a las plantaciones en México.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial del Cacao funcionará por la duración de la LXIII Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputados: Flor del ángel Jiménez Jiménez, Hernán de Jesús Orantes López, María Soledad Sandoval Martínez, Samuel Alexis Chacón Morales, Julián Nazar Morales (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de fomento de energías renovables, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para crear la comisión especial de fomento de energías renovables, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Las recientes reformas estructurales, entre ellas la energética establece las bases a partir de las cuales podemos generar un crecimiento y un desarrollo sostenido en beneficio de las familias mexicanas. Este nuevo reto implica un mejor y mayor uso de las fuentes de energía en nuestro país.

Hasta ahora, nuestro principal recurso son las energías fósiles, sin embargo, dadas las previsiones futuras de escasez de petróleo y las ventajas de utilizar otro tipo de energías, se vuelve fundamental y urgente el impulso a las energías cuya fuente reside en la naturaleza o que los procesos o materiales son susceptibles de ser transformados en energía aprovechable sin casi generar contaminantes en su proceso de producción. Así es como podemos definir a las energías renovables, cuya ventaja reside además de su disposición en la naturaleza, en su aprovechamiento continuo.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en la estrategia 4.6.2 “asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país, se llevará a cabo a través de la promoción el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas”.

En este sentido, tenemos datos que corroboran la importancia de apuntalar las energías renovables. La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, establece que: “De 2000 a 2011, el consumo de energía en el país creció a un promedio anual de 2.08 por ciento, tasa superior a la que presentó el producto interno bruto), cuyo crecimiento anual fue de 1.82. Por su parte, la producción de energía primaria disminuyó a una tasa anual de 0.3. De continuar estas tendencias, tanto en consumo como en producción de energía, para 2020 México se convertiría en un país estructuralmente deficitario en energía.

Así, dependemos en poco más de 80 por ciento de energías fósiles, según datos de la Secretaría de Energía entre 2003 y 2012, las reservas probadas de petróleo disminuyeron 31.2 por ciento: pasaron de 20 mil 77 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) a 13 mil 810 MMbpce. México se ha convertido en importador neto de gasolinas, diesel, turbosina, gas natural, gas licuado de petróleo (LP) y petroquímicos, ubicándose en la posición 13 a nivel mundial como emisor de dióxido de carbono, lo que representa 1.3 por ciento de las emisiones totales.

En contraste, en nuestro país existe un importante potencial de eficiencia que no ha sido aprovechado como consecuencia de un conjunto de barreras técnicas y económicas.

Así se reconoce en la minuta de iniciativa de la Ley de Transición Energética presentada en diciembre de 2014 por senadores y diputados del Partido Acción Nacional: “Los recursos renovables del país son suficientes para duplicar la capacidad instalada hasta ahora. El país tiene una de las zonas productoras de viento más rica del mundo. Se localiza en el istmo de Tehuantepec y es capaz de producir electricidad durante una gran parte del año a tasas que son de las más altas en el planeta. Por otra parte, el norte, con sus vastas extensiones insoladas y con escasos nublados durante todo el año es una de las mejores regiones para captar la energía solar, sea en forma fotovoltaica o térmica. En materia de geotermia, el país tiene el cuarto potencial más alto del mundo merced a las zonas volcánicas activas que tenemos y que proveen la energía térmica que se necesita en vastas cantidades”.

Actualmente, el uso y aprovechamiento de la energía renovable en nuestro país tienen como principal marco normativo la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, La Ley de Energía Geotérmica, entre otras.

La LAERFTE establece que para 2024 la participación de las fuentes no fósiles en la generación de electricidad deberán ser de 35 por ciento, de 40 para 2035 y de 50 para 2050.

En marzo de este año, el presidente Enrique Peña Nieto ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para el periodo 2020-2030, se comprometió de manera no condicionada y cumpliendo con las indicaciones y prioridades de la Ley General de Cambio Climático a reducir en 25 por ciento la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero.

Para enfrentar estos compromisos y ante la real necesidad de reducción del consumo de energías fósiles, es que se vuelve urgente transitar hacia una economía baja en carbono, la cual no sólo significa una mejora en las condiciones ambientales, en la salud pública, en la estabilidad climática y en la conservación de recursos no renovables; también significa un avance importante en el panorama económico en general, ya que está comprobado que las nuevos sectores productivos en torno a las energías renovables son fuentes de mejores y mayores empleos y crecimiento de la economía.

En este orden de ideas, consideramos que es una responsabilidad del Poder Legislativo fomentar la transición energética en nuestro país a través de la creación de una comisión especial que impulse y genere el marco normativo necesario para definir las políticas en torno a las energías renovables.

Esta comisión tendrá como objetivo principal formular estudios y opiniones en el ámbito de su competencia, con el propósito de consolidar el sector energético, en particular a las energías renovables a partir de la construcción de consensos de sus integrantes para el estudio, discusión y elaboración de reformas de ley que permitan un desarrollo sustentable eficaz y con viabilidad económica, política y social.

Por lo expuesto, agradezco su atención y propongo la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a crear y constituir la Comisión Especial de fomento de energías renovables, cuyo objeto será garantizar la sustentabilidad político-energética a través de estrategias de diversificación de fuentes renovables que permitan un desarrollo sustentable que impacten en un mayor bienestar de la población y ayude a cumplir las metas y objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Segundo. Para la integración y el nombramiento de la junta directiva de la Comisión Especial de fomento de energías renovables se estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Tercero. La Comisión Especial de fomento de energías renovables se extinguirá al término de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 13 de octubre de 2015.

Diputada María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de lo dispuesto en el artículo décimo tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a las obligaciones específicas en la materia que el Congreso de la Unión debe cumplir, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada federal Cristina Gaytán Hernández integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015.

Que la presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

Que por lo tanto tiene por objeto distribuir competencias entre los organismos garantes de la federación y las entidades federativas, en materia de transparencia y acceso a la información.

Que el artículo Décimo Tercero Transitorio especifica con toda puntualidad las obligaciones en tiempo y forma que en esta materia debe cumplir el Congreso de la Unión como sujeto obligado por esta ley y que a continuación se cita textualmente:

Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.

Que en vista de que hasta el momento no se ha cumplido con lo dispuesto en este artículo transitorio por parte del Congreso de la Unión, y en particular, los órganos de gobierno de ambas cámaras del Congreso de la Unión no han dado los pasos necesarios para implementar en tiempo y forma los procesos de reorganización administrativa que permitan transparentar sus decisiones administrativas, organizacionales y presupuestales y por lo tanto, se encuentra desde el vencimiento del término legal antes citado, en falta evidente.

Por lo expuesto ante esta soberanía se propone la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Coordinación Política que implemente en lo inmediato el mandato dispuesto por el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública referente a las obligaciones específicas en la materia que debe cumplir el Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015

Diputada Cristina Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de tecnologías de información y comunicación, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM

Sofía González Torres , diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 34, numeral 1, incisos b y c; 39, numeral 2, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial de tecnologías de información y comunicación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La innovación tecnológica es un tema relevante del desarrollo. Históricamente, las sociedades que han logrado incorporar los avances de la tecnología a sus actividades cotidianas han gozado de una mejor calidad de vida. Al respecto, las tecnologías de la información y comunicación han experimentado avances extraordinarios en las últimas décadas y hoy continúan transformando las relaciones humanas, los procesos educativos, laborales y económicos. La esencia de dicha transformación es la posibilidad de acceder con mayor velocidad y eficacia a la información y al conocimiento.

Para México, ponerse al día en materia de acceso digital es una obligación, puesto que el artículo sexto constitucional proclama el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Durante la segunda mitad del siglo XX, países como Corea del Sur y Singapur establecieron políticas de apoyo a la innovación, acceso a la tecnología y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de sus ciudadanos y empresas. Hoy, la Organización de las Naciones Unidas los considera países con nivel de desarrollo humano muy elevado y la mayoría de sus ciudadanos y organizaciones cuentan con el acceso digital que les permite enfrentar mejor los retos de un mundo globalizado.

Asimismo, los países emergentes del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuyas economías representan la cuarta parte del producto interno bruto mundial, están cada vez más conscientes de la importancia de cerrar la brecha digital. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, estos países concentran el número de nuevos usuarios conectados a internet.

Ante este panorama, México debe redoblar las acciones de inclusión digital. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló en su estudio Ciencia, tecnología e industria: Perspectivas de la OCDE 2012 , que nuestro país tiene retos importantes en materia de formación de recursos humanos y transferencia tecnológica.

El país requiere con urgencia invertir en su gente a todos los niveles, lo cual implica garantizar su acceso a las tecnologías de información y comunicación e inculcar una cultura digital entre estudiantes, empresarios, que les permita actuar de manera informada y en beneficio de sus comunidades y regiones.

También es necesario reforzar la transferencia de tecnología, es decir, que la investigación y el conocimiento no se quede en el plano de la abstracción y consulta, sino que generen prácticas que eleven la productividad de las personas y empresas y fortalezcan las redes estratégicas y cadenas productivas en el territorio nacional.

La brecha digital en México es considerable. El Instituto Nacional de Geografía e Informática reporta que sólo el veintiún por ciento de las viviendas particulares cuenta con acceso a internet. El Índice de Competitividad Global 2015 del Foro Económico Mundial sitúa al país en el lugar sesenta y uno de ciento cuarenta y tres países evaluados. Estos datos reflejan que se puede y debe mejorar el clima institucional, a fin de permitir la adopción de las tecnologías, su absorción entre la población y las empresas, así como favorecer un mejor funcionamiento del gobierno, con mde todas las edades y grupos sociales pás transparencia y canales de comunicación con la ciudadanía.

Para disminuir la brecha digital y propiciar el ejercicio del derecho humano de acceso a la información y al conocimiento, se requieren acciones desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Por una parte, el gobierno debe afianzar la Estrategia Nacional Digital, que se encuentra en marcha de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Dentro de ese marco, debe intensificar la creación de espacios públicos conectados de manera gratuita a la red de internet de banda ancha, monitorear y evaluar el impacto de programas federales, como el de Inclusión y Alfabetización Digital, así como adoptar medidas para la transformación de los sistemas educativo y de salud y el fortalecimiento de la economía digital.

Por otra parte, el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, debe participar en el esfuerzo nacional para alcanzar el desarrollo y la inclusión digitales. La Cámara de Diputados, desde el ámbito de sus competencias y con la participación de todas las fuerzas políticas, debe ser un interlocutor ante las autoridades competentes y la sociedad civil, capaz de analizar, mejorar y proponer legislación en la materia. En este sentido, es fundamental que la LXIII Legislatura cuente con una comisión especial que asuma dichas funciones e impulse propuestas de mejora normativa que favorezcan la inclusión digital de los mexicanos.

La Comisión Especial de tecnologías de información y comunicación, debe contribuir a que los ciudadanos de todas las edades y grupos sociales participen en la sociedad de la información y el conocimiento y fortalezcan con ello su conciencia cívica. Debe trabajar en favor del acceso a contenidos de calidad en línea, que sirvan para que las personas desarrollen un pensamiento crítico y propositivo en escuelas, comunidades, oficinas de gobierno y centros de trabajo.

En un mundo tan competido, actuar sin estar suficientemente informado conduce al rezago y la exclusión. No se puede permitir que la carencia de información y medios para acceder a ella limiten a nuestros ciudadanos en sus estudios, ocupaciones y actividades remuneradas, es decir, en su desarrollo. El costo de oportunidad, de no estar conectado y permanecer al margen de la sociedad del conocimiento resulta elevado e inadmisible.

En este sentido, consideramos pertinente puntualizar lo siguiente:

• El objetivo de la Comisión Especial de tecnologías de información y comunicación será analizar, mejorar y proponer legislación encaminada a cerrar la brecha digital existente en el país, así como contribuir al arraigo de una cultura digital entre la población y las empresas.

• La Comisión Especial de tecnologías de información y comunicación estará integrada por las y los legisladores que sean elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contará con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones.

• Además, la Comisión Especial de tecnologías de información y comunicación podrá reunirse con las autoridades y organizaciones de la sociedad civil, que sean competentes en materia de acceso digital o estén interesadas en contribuir al desarrollo digital de México, a fin de obtener información e intercambiar ideas que favorezcan el cumplimiento de su objetivo.

• De igual forma, la Comisión Especial de tecnologías de información y comunicación tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2018.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial de Tecnologías de Información y Comunicación, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputada Sofía González Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales a mantener actualizado su atlas de riesgos; y a los estados carentes de él, a iniciar los trabajos para elaborarlo, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México, por su ubicación geográfica se encuentra expuesto a una gran ocurrencia de fenómenos naturales, que, año tras año, causan pérdidas de vidas y daños a la infraestructura y medio ambiente.

Ante los constantes acontecimientos, que afectan a muchas entidades, se ha demostrado que en nuestro país existen fallas en el sistema de prevención que permita integrar y difundir, de manera oportuna y eficiente, la toma de decisiones y establecer las acciones necesarias, ante posibles desastres naturales.

México, cuenta con un Atlas Nacional de Riesgos, que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, es “un sistema integral de información, que permite establecer bases de datos y realizar el análisis del peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a escala nacional, regional, estatal y municipal, con objeto de generar mapas y sistemas geográficos de información. Con ello se estará en posibilidad de simular escenarios de desastres, emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y establecer efectivas medidas de prevención y mitigación.”1

El Atlas Nacional de Riesgos, tiene la finalidad, de difundir información para mitigar catástrofes. Y de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, es atribución de la Secretaría de Gobernación desarrollar y actualizar esta guía.

Asimismo, el Atlas es clave para el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), responsable de investigar y promover la aplicación de las tecnologías para la prevención de siniestros.

No obstante su importancia, el Cenapred informa, a través de su página de internet, que ningún estado del país cuenta con un atlas estatal de riesgos actualizado, y varios carecen de cualquier tipo de información respecto a las consecuencias desastrosas que pueden generar fenómenos naturales o eventos producidos por el hombre; tal y como se puede observar en el siguiente cuadro:2

De acuerdo con la misma fuente, los atlas locales de riesgo evalúan 28 distintos escenarios, entre ellos los peligros ante sismos, inundaciones, huracanes, residuos peligrosos, accidentes carreteros, accidentes químicos, tuberías de transporte de gas y hasta socio-organizativos, que sirven para dirigir las políticas públicas para su mitigación; sin embargo, aún no están acabados.

El mismo ejecutivo federal, ha reconocido la necesidad de actualizar e integrar, lo más rápido posible, el Atlas Nacional de Riesgos que permita tomar medidas preventivas y mitigar los daños de futuros fenómenos naturales.

Cabe destacar, que la actualización del Atlas Nacional de Riesgos, es corresponsabilidad del ejecutivo federal y de los gobiernos de los estados, tal como lo establece el artículo 83 de la Ley de Protección Civil, que mandata lo siguiente: “El gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal, promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.”

Reconocemos que el Atlas Nacional de Riesgos no es definitivo porque las variables que toma en cuenta cambian todo el tiempo; de ahí nuestra solicitud para que esté en constante actualización.

Es pues, nuestro exhorto para que los gobiernos de los estados del país, actualicen; y en aquellos donde no exista lo elaboren, su correspondiente Atlas de Riesgos. Todo ello, con la finalidad de evitar desastres que tanto han dañado a cientos de miles de mexicanos; sobre todo, a los que menos tienen.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos de las entidades del país, a mantener actualizado su Atlas de Riesgos; asimismo, a aquéllos estados que no cuenten con su atlas correspondiente, a que de manera inmediata inicien los trabajos para su elaboración.

Notas

1 http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/

2 http://sipse.com/mexico/ningun-estado-tiene-actualizado-su-atlas-de-rie sgos-grafico-53850.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre 2015.

Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a implantar el tamiz neonatal ampliado en toda la red de salud del país, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar el Tamiz Neonatal Ampliado en toda la red de salud del país, al tenor de lo siguiente

Consideraciones

El 25 de enero del año 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, donde se reformaron las fracciones II, III, IV y V de dicho artículo.

Con esa reforma el artículo 61 quedó como sigue:

Artículo 61. ...

I. ...

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y

V. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

El Tamiz Neonatal Ampliado es hasta el momento el estudio de laboratorio más completo para recién nacido, en el cual se pueden detectar más de 60 enfermedades a partir de unas cuantas gotas de sangre. El mejor momento para realizar el diagnóstico es antes de la aparición de síntomas y complicaciones, y esto puede lograrse a partir del tercer día después del nacimiento.

Cuando un bebé nace es revisado cuidadosamente por el médico pediatra en busca de signos que le orienten en la identificación de enfermedades que puedan afectar su vida futura. Existen sin embargo, diversas enfermedades y desórdenes hereditarios, mejor conocidos como “errores innatos del metabolismo”, que no se manifiestan al nacimiento sino hasta días, semanas o meses después, por lo que no pueden ser detectadas a tiempo a menos que se le realice el Tamiz Neonatal Ampliado.

Estas enfermedades se caracterizan por la ausencia o deficiencia de alguna enzima para el metabolismo y procesamiento de los alimentos, alguna alteración hormonal o la presencia de hemoglobinas anormales, que si no son detectadas a tiempo, estas pueden causar serias complicaciones en el bebé, como trastornos en el desarrollo, anemia severa, retraso mental, convulsiones e incluso la muerte.

Por lo tanto, el Tamiz Neonatal Ampliado es un estudio preventivo, que debe practicarse a todos los recién nacidos, su objetivo es detectar y prevenir oportunamente las enfermedades graves, irreversibles y en ocasiones mortales que no se pueden detectar de otra manera al nacimiento del bebé.1

Si bien todas las enfermedades diagnosticadas a través del Tamiz Neonatal Ampliado son congénitas (hereditarias) y por lo tanto no tienen actualmente una curación definitiva, muchas de ellas tienen opción a un tratamiento que permite evitar las complicaciones catastróficas, la discapacidad, tanto física como mental e inclusive la muerte, todo ello derivado de una falta de diagnóstico y de un tratamiento temprano.

El tamiz neonatal ampliado realizado mediante la obtención de una gota de sangre del talón del bebe permite identificar estas enfermedades raras pero muy serias en el recién nacido, antes de que se manifiesten sus síntomas. La mayoría de los bebes tamizados no tendrán ninguna de estas enfermedades, sin embargo, para un pequeño número de recién nacidos que sí las tienen, los beneficios del tamizaje son enormes. El tratamiento temprano y oportuno, antes de que aparezcan los síntomas, es capaz de prevenir:

• Retraso mental

• Crisis agudas en las primeras semanas o meses de vida

• Enfermedades hepáticas

• Cataratas

• Inmunodeficiencias

• Trastornos de la diferenciación sexual o Síndrome de pérdida de sal

• Problemas pulmonares y digestivos

• Trastornos neuromusculares y cardiacos

• Muerte súbita

El control de estas enfermedades se logra mediante cambios en la alimentación o con la administración de medicamentos, siempre y cuando sean descubiertos a tiempo.

El llevar a cabo el Tamiz Neonatal Ampliado permite detectar, entre otros, los siguientes padecimientos:

Los desordenes metabólicos tienen que ver con el metabolismo que es la forma en la que el organismo utiliza los nutrientes para mantener los tejidos saludables y producir energía.

Los desórdenes hormonales tienen que ver con las hormonas que son los químicos sanguíneos que regulan importantes funciones del organismo.

La mayoría de los procedimientos son para buscar problemas de tipo metabólico.

Entre otros:

• Desórdenes endocrinos: hiperplasia adrenal congénita e hipotiroidismo congénito, fibrosis quística.

• Desórdenes de las células de la sangre: anemia falciforme.

• Errores innatos del metabolismo de los carbohidratos: galactosemia.

• Errores innatos del metabolismo de los aminos ácidos: fenilcetonuria, homocistinuria y enfermedad de la orina con olor a jarabe de maple o arce, trastornos del ciclo de la urea, acidemias propiónica, metilmalónica, isovalérica.

• Errores innatos del metabolismo de los ácidos orgánicos: deficiencia de la biotinidasa.

• Trastornos neuromusculares, cardiacos o muerte súbita (trastornos de la carnitina y de la oxidación de ácidos grasos).

• Problemas pulmonares y digestivos (fibrosis quística).

Hipotiroidismo congénito: los bebés afectados no tienen suficiente hormona tiroidea y pueden presentar retardo mental y retardo en el desarrollo del cerebro. Si se detecta a tiempo, el bebé puede ser tratado con dosis orales de hormona tiroidea que le permita un desarrollo normal.

1. Hiperplasia adrenal congénita: este es en realidad un conjunto de padecimientos que involucran una deficiencia de ciertas hormonas producidas por las glándulas adrenales. Esto puede afectar el desarrollo de los genitales y causar la muerte por la pérdida excesiva de sodio a través de los riñones. El tratamiento es de por vida.

2. Fibrosis quística: se trata de una enfermedad hereditaria que afecta fundamentalmente a los aparatos digestivo y respiratorio y suele caracterizarse por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), insuficiencia pancreática y niveles muy elevados de los electrólitos del sudor. Afecta a las glándulas que producen moco, sudor, saliva y sustancias (enzimas) que producen la digestión de los alimentos.

Anemia falciforme: las células de la sangre están deformes y esto puede causar episodios de dolor y daño a órganos vitales como los pulmones y los riñones, en algunos casos hasta causar la muerte. Es importante iniciarlo a tratamiento con antibiótico para evitar infecciones.

Fenilcetonuria : los bebés que tienen este padecimiento no pueden procesar un aminoácido y esto puede causar retardo mental. Este padecimiento se trata con una dieta especial que tendrá que continuar durante la niñez, la adolescencia y quizás durante toda la vida.

1. La enfermedad de la orina con olor a jarabe de maple: es un trastorno del metabolismo transmitido de padres a hijos, en el cual el cuerpo no puede descomponer ciertas partes de proteínas. La orina en las personas con esta enfermedad tiene un olor a jarabe de arce o maple.

2. Homocistinuria: causada por la deficiencia de una enzima que bloquea el metabolismo de un aminoácido. Puede resultar en retardo mental, osteoporosis y otros problemas si no se detecta a tiempo.

3. Acidemia propiónica: los individuos con AP no pueden romper adecuadamente las proteínas y algunos tipos de grasas en partes más pequeñas. Este defecto provoca la acumulación de toxinas y ácidos que son dañinos para todos los órganos y pueden incluso poner en peligro su vida.

Galactosemia: estos bebés no tienen la enzima que convierte la galactosa en glucosa y como resultado es necesario suspender todos los lácteos de la dieta del bebé. Si no se hace esto, la acumulación de la galactosa en los tejidos provoca ceguera y retardo mental.

Deficiencia de la biotinidasa: los bebés con este problema no tienen suficiente biotinidasa, una enzima que recicla el biotín (una de las vitaminas de complejo B del organismo). Su deficiencia puede causar convulsiones, un control pobre de la musculatura, deficiencia del sistema inmunitario, pérdida del oído, retraso mental, coma e incluso la muerte. Si este problema se detecta a tiempo, todo esto se puede evitar administrando al bebé una dosis extra de biotín.

Según datos de la propia Secretaría de Salud reporta una cobertura de 89 por ciento de los nacimientos en dicha institución y que más de 60 por ciento de los recién nacidos en otras instituciones no son tamizados. Para el éxito de esta prueba, se necesita que la cobertura de la población tamizada supere 95 por ciento. Por lo que podemos decir, que en los países donde se ha implantado el tamizaje ampliado se ha mostrado el beneficio costo-eficiencia. El costo es muy inferior a los beneficios de prevenir retraso mental y muerte de los niños.

Por lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar el Tamiz Neonatal Ampliado en toda la red de salud del país.

Nota

1. Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, AC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputadas: Claudia Sofía Corichi García, Marbella Toledo Ibarra (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Morelos, el alcalde de Jiutepec y el director general de la Conade a instaurar acciones para atender, desarrollar y fortalecer la práctica deportiva en la entidad, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, diputado Ángel García Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numeral 2 y 3, y artículo 79, numeral, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte tiene una gran influencia en la sociedad; destaca de manera notable su importancia en la cultura y en la construcción de la identidad nacional, además de que su práctica tiene efectos tangibles y predominantemente positivos en las esferas de la educación, la economía y la salud pública.

En el terreno educativo el deporte juega un papel de transmisión de valores a niños, adolescentes e incluso adultos. En conjunción con la actividad física se inculcan valores como el respeto, la responsabilidad, el compromiso y la dedicación, entre otros, sirviendo a un proceso de socialización y de involucración con las mejoras de las estructuras y actitudes sociales.

Así, el deporte contribuye a establecer relaciones sociales entre personas y culturas y contribuye a inculcar la noción de respeto hacia los otros, enseñando cómo competir constructivamente, sin hacer del antagonismo un fin en sí.

Otro valor social importante en el deporte es el aprendizaje de cómo ganar y cómo saber reconocer la derrota, sin sacrificar las metas y objetivos.

Asimismo, como contribuyente para el desarrollo económico, la influencia del deporte es indudable, en función de la cantidad insumos y accesorios de las personas que lo practican, así como de aquellas que lo disfrutan como espectáculos de masas, fomentando e incentivando con ello a la misma economía, mediante la participación de reconocidas marcas y, en el caso, productores que financian a deportistas, la generación de agentes y promotores, presencia y especialización de medios de comunicación, el incentivo al turismo deportivo y, también debe decirse, indirectamente a otros sectores de la economía.

La práctica del deporte eleva el bienestar y la calidad de vida de la sociedad por los efectos beneficiosos de la actividad física, tanto para la salud corporal como la emocional; las personas que practican deporte y otras actividades no sedentarias, con regularidad suelen sentirse más satisfechos y experimentan, subjetivamente, un mayor bienestar.

Por estas razones, cada vez cobra más fuerza la concepción de que la educación física, la recreación y el deporte son de los más propicios campos de intervención para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades y como medios para disminuir la violencia y delincuencia en la sociedad.

Si bien, indudablemente las razones antes expuestas son inobjetables, éstas en décadas no han generado un eco propicio en el estado de Morelos, tomando en las últimas fechas al deporte como un medio reactivo, cuando debería de priorizarse su carácter preventivo para disminuir la grave problemática delincuencial que se vive en una entidad de más de 1.8 millones de habitantes y que sólo cuenta con 8 unidades deportivas en todo su territorio, la mayoría de ellas dentro de un solo municipio:

a) CAEZA: Complejo Acuático Emiliano Zapata, ubicado en Tezoyuca, dentro del municipio de Emiliano Zapata;

b) Unidad deportiva Centenario: en la ciudad de Cuernavaca;

c) Margarita Maza de Juárez: en la colonia Margarita Maza de Juárez, en la ciudad de Cuernavaca;

d) Miguel Alemán: ubicado en la colonia Carolina, en la ciudad de Cuernavaca;

e) Miraval: también en la ciudad de Cuernavaca;

f) Los Pinos: dentro de la colonia Satélite, en la ciudad de Cuernavaca;

g) Revolución: localizable en el centro de Cuernavaca; y

h) Ticumán: ubicado en la colonia Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán.

En contraste, en el municipio de Jiutepec, ubicado al este de la ciudad de Cuernavaca, siendo su cabecera la segunda ciudad más grande en tamaño del estado, que genera 50 por ciento del producto interno bruto (PIB) estatal y en donde reside 13 por ciento de la población del estado, no cuenta con una sola unidad deportiva.

La importancia económica del municipio para el desarrollo económico estatal es innegable, cuenta con la zona industrial más grande de la entidad, llamada Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac), con 250 plantas; tiene más de 2 mil 500 establecimientos comerciales, se cultivan 500 hectáreas, viveros y cultivos a base de riego y es el principal productor nacional de la flor de nochebuena.

El municipio de Jiutepec es una zona de alto desarrollo, integrada por una alta población flotante, gracias a la cercanía con el Distrito Federal y la ciudad de Cuernavaca, pero a pesar de su desarrollo y potencial, ese municipio no cuenta con un espacio deportivo digno para el desarrollo y esparcimiento de sus ciudadanos, a diferencia de municipios más pequeños en el estado, los cuales sí cuentan con instalaciones o unidades deportivas en forma.

Aunado a esta lamentable carencia de infraestructura deportiva municipal, Jiutepec ha sido escenario de graves actos vinculados con la inseguridad, uno de los cuales impactó de manera directa a jóvenes talentos deportivos del municipio y del estado, cuando celebraban precisamente un notable triunfo en una competencia nacional.

No obstante el ánimo de zozobra que la inseguridad pueda generar, la sociedad jiutepense no claudica en mejorar y fortalecer su convivencia cotidiana.

Con base en ello, en la colonia Progreso, localizada en una de las principales vías de comunicación del municipio y de la zona metropolitana de Cuernavaca, las autoridades ejidales y comunales donaron al municipio un predio de 4,000 metros cuadrados, bajo la condicionante de que el inmueble solamente puede ser utilizado para el esparcimiento y fomento del deporte.

En dicho predio, gracias a la participación del Colegio de Arquitectos de Cuernavaca, se tiene proyectada la construcción de la unidad deportiva municipal, con una inversión calculada en $ 7´350,834.86, contemplando la creación de una cancha de futbol reglamentaria, cancha de usos múltiples y explanada para actividades físicas.

Con la construcción de esta unidad deportiva, se busca crear una alternativa para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como la ciudadanía en general, practiquen y fomenten la actividad física y, en su caso, el deporte de su agrado.

En Nueva Alianza creemos que no debe desalentarse el esfuerzo ciudadano y municipal logrado hasta el momento; si bien los recursos presupuestales requeridos son una imperiosa necesidad, en tanto no se programen y cumplan las autoridades responsables con la normatividad en la materia, las autoridades estatales, municipales y las responsables de la activación física y el deporte en el país deben aprovechar la inercia social generada, a efecto de beneficiar con acciones específicas y coordinadas a una comunidad claramente necesitada de recomponer y fortalecer su cohesión y tejido social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, al alcalde del municipio de Jiutepec, así como al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que, de manera coordinada, se instrumenten las acciones interinstitucionales orientadas a atender la imperiosa necesidad de desarrollar y fortalecer la práctica deportiva, el fomento al sano esparcimiento y la promoción de la activación física en ese municipio del estado de Morelos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputado Ángel García Yáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al contenido del Acuerdo Estratégico Transpacífico de la Asociación Económica, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo y a los senadores, en relación con el Acuerdo Estratégico Transpacífico de asociación económica, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, conocido como Acuerdo TPP, es un Tratado de Libre Comercio entre los países de la zona del Pacífico, que tuvo sus primeras negociaciones en 2005, con la firma de Chile, Singapur, Brunei y Nueva Zelanda, a quienes se unieron posteriormente otros 8 países, entre ellos México, que se unión junto con Canadá a las negociaciones en 2012.

Siendo un Acuerdo “millonario”, tal y como la revista Forbes lo llama, su contenido, diseñado a lo largo de más 26 capítulos de negociación, involucra un gran número de temas cruciales, como los derechos laborales, derechos de autor, responsabilidad de proveedores de servicios de internet, normas ambientales, inversiones estatales, manipulación de divisas, etc. Al mismo tiempo, se trata de un acuerdo histórico, cuyos alcances van más allá de lo económico, definiendo directrices de lo que será la economía global en el siglo que inicia y por supuesto, definiendo una cuenca comercial en el Pacífico, que significaría un bloque geopolítico antagonista a China. Los 12 países que concretaron el pasado 6 de octubre la firma de este Acuerdo, representan, en efecto, casi el 40% de la economía global. Se trata no sólo pues, de un acuerdo económico, sino un posicionamiento macro-político. La inclusión de México en este Acuerdo era clave como influencia para que otros países se adhirieran, como Filipinas y Colombia.

Ante un acuerdo de esta naturaleza, estemos a favor o en contra, veamos en él perjuicio o beneficio, no podemos sino detenernos con muchísimo cuidado y responsabilidad, a analizar de primera mano, sin intermediarios ni análisis prefigurados, su contenido real. Un acontecimiento tan trascendente como este, y que implica el desarrollo o la afectación de piezas clave de nuestra economía, de nuestros derechos laborales, de nuestra competitividad y en definitiva del porvenir y desarrollo de nuestras familias mexicanas, no puede ser jamás analizado fast track, con prisas, suponiendo lo que no nos consta en primera persona, y dejando irresponsablemente en manos ajenas y no parciales, su análisis. En pocas palabras, su trascendencia –enorme–, debe implicar un análisis de esa misma dimensión: exhaustivo, directo, transparente y responsable.

Este acuerdo, que aún hoy en día no es conocido por nadie que no haya participado en su negociación, se ha caracterizado por dos elementos: secretismo y polémica. La ecuación es sencilla: sólo hay una manera de despejar la polémica: eliminando el secretismo. Si es un acuerdo que convenga o perjudique a los intereses de México, es algo que juntos, en apoyo a nuestros compañeros Senadores, deberemos dilucidar. Habrá muchas maneras para ello; lo que sí les puedo garantizar es que hay precisamente una que no nos llevará a ese camino: seguir sin conocer abiertamente, completamente, el documento del acuerdo.

El único capítulo con el que se cuenta, a raíz de las filtraciones de Wikileaks, el capítulo “Q”, acerca de Propiedad Intelectual, de 123 páginas, es sólo uno de los casi 30 capítulos. ¿Cuánto ignoramos? ¿Quién, del pueblo mexicano, a quien representamos, lo conoce? Si en nuestros asuntos personales, no firmamos nada sin conocerlo, ¿por qué México, a través de sus representantes ha de hacerlo, cuando a su alrededor, expertos de Chile, Australia, Canadá, Perú, y algunos otros países signantes, se han referido a este acuerdo como totalmente desfavorable?

En diversos medios y por diversos analistas y expertos, se ha hablado de diversos riesgos que conlleva este Acuerdo, como la limitación a derechos humanos en internet, obstáculos a medicamentos genéricos, obstáculos al conocimiento y a la cultura, obstáculos a derechos de los consumidores, exposición y riesgo para exportadores mexicanos hacia Estados Unidos, posibilidad de impedir importaciones de productos protegidos por propiedad intelectual, y particularmente alarmante, el Acuerdo permitiría a compañías extranjeras intervenir en la redacción de leyes para adecuarlas a sus intereses, y a la vez, triste constitucionalidad, permitiría a las compañías trasnacionales demandar al gobierno mexicano en tribunales de arbitraje internacional bajo el concepto de “utilidades perdidas” por culpa de la legislación vigente. Esto incluso repercutiría en temas de fondo, como la presión internacional y sanciones contra la legislación de los estados que defiendan la vida desde la fecundación, pues por su “culpa” empresas productoras de succionadores de bebés, como IPAS considerarían que no venden suficiente instrumental abortista. Tendríamos que modificar cuestiones de fondo a conveniencia de empresas, violentando nuestro destino histórico como nación, y nuestra soberanía, pues muchas empresas demandantes de cambios legales serían extranjeras.

Por otro lado, también hay expertos que hablan de ventajas, como la protección de movimientos artificiales que afectaban las exportaciones, la entrada de México a la negociación de un instrumento para garantizar la transparencia en política cambiaria, la apertura del comercio en sectores de Asia-Pacífico que antes eran tremendamente bloqueados a productos mexicanos, como el mercado agropecuario japonés, así como la diversificación de insumos en las cadenas de valor ya vigentes de mexicanos hacia Estados Unidos, para la fabricación de productos de este último para exportación a los países de la región Asia-Pacífico; el derecho de los 12 miembros a negociar las condiciones de entrada de nuevos países miembros al acuerdo, etcétera.

Con todo, mi postura y la postura de cada uno de nosotros, no es la de emitir un juicio, basados en lo que a través de noticias y redes sociales ha trascendido. Un juicio tal sería irresponsable. Nuestra labor aquí, y es la que les propongo, es insistir y alzar la voz a favor de un análisis transparente y profundo, del Acuerdo, que nos permita, con mayor confianza, respaldar o no la ratificación del mismo, por parte de nuestros compañeros en la Cámara de Senadores. Nuestro papel será pues el de solicitar con urgencia el documento, y contar con tiempo suficiente para analizarlo, en primera persona, antes de que sea ratificado. No sé cuántos Senadores, en este momento, hayan leído y analizado, o ya mínimo, conozcan por encima o tengan siquiera en sus manos el Acuerdo completo. La respuesta, les aseguro, y sé que lo podrían suponer, sería triste y desconcertante.

En Estados Unidos el Senado solicitó a su presidente, en cuatro ocasiones, la relación y documentación de las negociaciones de este acuerdo, sin éxito alguno. Sería más que lamentable, que a este Poder Legislativo, le fuera negado de igual manera, no ya una relación de negociaciones, sino un Acuerdo ya firmado.

Es por todo lo expuesto, que someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, para su urgente y obvia resolución, los presentes

Acuerdos

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo se sirva transparentar y hacer de dominio público el documento completo del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, a la brevedad posible, y con tiempo suficiente para su análisis en esta Cámara, a fin de poder emitir una recomendación y exhorto a la Cámara de Senadores, previo a su ratificación.

Segundo. Se exhorta a la honorable Cámara de Senadores a no ratificar el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, hasta que haya sido posible su análisis y discusión, una vez transparentado y hecho del dominio público el documento completo de dicho Acuerdo, conforme al punto anterior del presente punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de denominaciones de origen, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, 76, numeral 1, fracción II, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ésta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la honorable representación a fin de que emita el acuerdo de creación de la Comisión Especial de denominaciones de origen, y se someta éste a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979, es el instrumento internacional en materia de propiedad intelectual firmado y ratificado por el Estado mexicano en 1962, vinculándose desde el 25 de septiembre de 1966.

2. De acuerdo con el Instrumento Internacional en cita y por definición, la Denominación de Origen designa un producto originario de una región específica, cuya calidad y características se deben únicamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

3. En nuestro país, el organismo facultado para emitir declaratorias de protección de Denominaciones de Origen y autorizar el uso de las mismas es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI; por lo que el Estado mexicano es el titular de dichas denominaciones.

4. El IMPI es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país, de conformidad con el artículo 1, la fracción V del artículo 2 y 6 de la Ley de la Propiedad Industrial.

5. En México contamos con las Denominaciones de Origen siguientes:

a) Tequila: El nombre debe usarse sólo para nombrar a las bebidas hechas de agave Tequilana Weber. Se establece como territorio de origen el estado de Jalisco y algunas tierras de Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. (13 de octubre 1977) .

b) Mezcal: Se elabora con agave y su región geográfica abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. (28 de noviembre 1994) .

c) Olinalá: Artesanías como baúles y cajas de madera que provienen del árbol de lináloe. La región geográfica comprende el municipio de Olinalá al noroeste de Chilpancingo, Guerrero. (28 de noviembre 1994)

d)Talavera: Producto artesanal de la zona de Talavera, región que comprende Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali. La materia prima que se utiliza en su elaboración es arcilla extraída de las minas de la región. (11 de septiembre 1997)

e) Bacanora: Tradicional bebida etílica de Sonora, se obtiene de la fermentación de ciertas tunas de un área protegida del estado que abarca varios municipios. (6 de noviembre 2000)

f) Ámbar de Chiapas: El municipio de Simojovel produce 90 por ciento del total del ámbar que se extrae de Chiapas (y tiene 25 millones de años) aunque todo el estado se encuentra protegido. (15 de noviembre 2000) .

g) Café Veracruz: Sus profundos suelos volcánicos, su alta humedad todo el año y sus inviernos nublados le dan su intenso sabor y cuerpo. La zona de protección incluye todo el estado. (15 de noviembre 2000) .

h) Sotol: Se obtiene de las plantas conocidas como Sotol o Sereque que se cultiva en Chihuahua, Coahuila y Durango. (8 de agosto 2002) .

i) Café de Chiapas: Se cultiva en suelos volcánicos, apto por su humedad y temperatura, se encuentra protegido en varios municipios. (27 de agosto 2003) .

j) Charanda: Se obtiene al destilar la caña de azúcar o sus derivados como el piloncillo o la melaza. La zona protegida comprende 16 municipios de la parte central del estado de Michoacán. (27 de agosto 2003) .

k) Mango Ataulfo del Soconusco, Chiapas: Su pulpa de consistencia firme, sabor dulce y baja acidez lo caracterizan. La zona comprende varios municipios del estado. (27 de agosto 2003) .

l) Vainilla de Papantla: Ampara el fruto maduro de la orquídea vanilla planifolia Andrews, y mezcla de subespecies. El territorio protegido abarca 39 municipios de Veracruz y Puebla. (5 de marzo 2009) .

m) Chile habanero de la península de Yucatán: Se considera uno de los chiles más picantes del mundo y se cultiva en los tres estados que conforman su territorio: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. (4 de junio 2010).

n) Arroz del estado de Morelos: Se distingue de otras variedades ya que el grano es de mayor tamaño comparado con otros, y se percibe la presencia de una acumulación visible de almidón en la región central, conocida comúnmente como panza blanca. (16 de febrero de 2012).

6. Toda vez que es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en territorio nacional, y en el caso concreto los productos con Denominación de Origen contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos de seguridad e información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor; se han emitido las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) siguientes:

a) Tequila: NOM-006-SCFI-2005.

b) Mezcal: NOM-070-SCFI-1994.

c) Olinalá: NOM-144-SCFI-2000.

d) Talavera: NOM-132-SCFI- 1998.

e) Bacanora: NOM-168-SCFI-2004.

f) Ámbar de Chiapas: NOM-152-SCFI-2003.

g) Café Veracruz: NOM-149-SCFI-2001.

h) Sotol: NOM-159-SCFI-2004.

i) Café de Chiapas: PROY- NOM-169-SCFI-2004.

j) Charanda: NOM-144-SCFI-2000.

k) Mango Ataulfo del Soconusco, Chiapas: NOM-188-SCFI-2012.

l) Vainilla de Papantla: NOM-182-SCFI-2011.

m) Chile habanero de la península de Yucatán: NOM-189-SCFI-2012

n) Arroz del estado de Morelos: Sin NOM.

7. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro del Eje transversal “México Prospero”, el Presidente Enrique Peña Nieto plantea la estrategia: Gobierno Cercano y Moderno, donde se establece la siguiente línea de acción:

“Fortalecer las normas oficiales mexicanas relacionadas con las denominaciones de origen”

Con la finalidad de que ésta soberanía se encuentre en posibilidades de vigilar el cumplimiento de las metas trazadas para éste sexenio en materia de desarrollo, es indispensable contar con mecanismos de participación plural que den seguimiento desde nuestra labor parlamentaria a las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo; orientando a la población mediante instrumentos eficaces tendientes a fortalecer el crecimiento pleno del país.

Atento a lo anterior, y con la finalidad de poner en contexto la importancia del seguimiento de los productos que cuentan con Denominación de Origen, es pertinente exponer lo siguiente:

• El caso concreto del Arroz del estado de Morelos: es la última denominación de origen otorgada por el Estado mexicano en febrero de 2012; y en virtud de ello, los productores pueden abatir la competencia desleal y proteger ese alimento de otros productos nacionales e importados que se comercializan en el mercado como “arroz tipo Morelos”, y al mismo tiempo aumentar la producción y la exportación.

• A la fecha, la denominación de origen Arroz de Morelos, que protege 22 municipios de los 33 de la entidad, ha beneficiado a 380 productores del grano con un incremento en la producción.

• Un logro a destacar del arroz de Morelos, es que durante el 2013, el cultivo mejor pagado en el país fue el arroz, que de 4,500 aumentó a 5,100 pesos por tonelada.

No obstante lo anterior, aun no se ha emitido la NOM que regule a éste producto, ni hay organismo regulador del mismo, por lo que es importante para ésta representación social dar seguimiento al proceso y que a la brevedad se expida la norma de la materia; dada la importancia que representa para el desarrollo del país.

• Otro dato relevante de los productos con Denominación de Origen, lo encontramos en los 242.4 millones de litros de tequila comercializados durante el año pasado, de los cuales se exportaron 172.5 millones.

• Por lo que hace al “Bacanora”: Sonora cuenta con 800 productores, lo que impacta directamente a los 34 municipios con alto grado de marginación en el Estado. Desde el año 2000 cuando se obtuvo la Denominación de Origen, se ha logrado el registro de 17 marcas impulsando la regulación de la producción y el desarrollo del sector en la economía formal; se considera que tiene un valor en el mercado de 900 millones de dólares

Es por lo anterior que se considera importante que ésta LXIII Legislatura cuente con una Comisión Especial de denominaciones de origen, que dé acompañamiento y seguimiento puntual a los productos que cuentan con la misma o pretendan obtenerla, brinde apoyo y asesoría jurídica a los sectores productivos que utilizan denominación de origen a fin de expedir y/o actualizar las Normas Oficiales Mexicanas respectivas; y que dentro de sus funciones busque y cree espacios de difusión de los productos, a fin de fomentar el consumo de los mismos a nivel nacional e internacional, impulsando así desde el poder legislativo la economía y desarrollo del Estado.

8. La Comisión Especial de Denominaciones de Origen que mediante ésta proposición se crea, de conformidad con el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados tendrá las siguientes características:

Objeto

• La protección legal de las denominaciones de origen, a fin de beneficiar a los productores y a los consumidores.

• Fomentar y favorecer la organización del sector productivo, facilitando el acceso de los productores a los mercados nacionales e internacionales.

• Realizar acompañamiento y asesoría jurídica a los solicitantes de denominación de origen, toda vez que es el sector solicitante quien debe proporcionar bases firmes para el marco legal estricto a fin de proteger y defender el producto de las denominaciones de origen falsas, o que induzcan al error.

• Divulgar y promover la oferta de los productos protegidos.

• Fungir como enlace entre los sectores productivos que utilizan denominación de origen y las autoridades, a fin de expedir y o actualizar las normas oficiales mexicanas respectivas, garantizando al consumidor la calidad de los mismos.

Duración

• Por la vigencia de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Tareas y plazo para su cumplimiento:

• Crear el marco jurídico reglamentario de la Ley de Propiedad Industrial para la elaboración y obtención de las denominaciones de origen.

• Dar seguimiento a las peticiones de los sectores productivos para obtener la denominación de origen ante el IMPI.

• Brindar apoyo y asesoría jurídica a los sectores productivos que utilizan denominación de origen a fin de expedir y o actualizar las normas oficiales mexicanas respectivas.

• Buscar y crear espacios de difusión de los productos con denominación de origen a fin de fomentar el consumo de los mismos a nivel nacional e internacional.

• Promover la creación de organismos reguladores de los productos con denominación de origen para ser Certificados por la Entidad Mexicana de Acreditación, garantizando al consumidor la calidad de éstos.

• Motivar a los sectores productivos del país, a fin de solicitar en los productos que así proceda la denominación de origen.

El plazo para dar cumplimiento a las tareas antes enlistadas, tendrá verificativo durante la LXIII Legislatura, de conformidad con el programa anual de trabajo que para tal efecto emita la junta directiva de la comisión especial.

El número de integrantes que la conformarán, así como los integrantes de su Junta Directiva, se deberá incluir en el Acuerdo que la Junta de Coordinación Política se sirva someter a Consideración del Pleno.

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Segundo. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6., numeral 1, fracción I; que señala:

Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...

Tercero. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo siguiente:

Artículo 79.

El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I. ...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2. a 3. ...

Cuarto. Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

Artículo 79.

1. ...

Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;

III. a IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3, de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3. ...

Quinto. Que el artículo 1o. de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que:

Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Sexto. Que dentro de la propiedad industrial, es indispensable para el Estado Mexicano, la protección de los productos con denominación de origen, de conformidad con lo establecido por la fracción V del artículo 2 de la Ley antes referida:

Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:

I. a IV. ...

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;

VI. a VII. ...

Séptimo. Que la Ley en cita, establece dentro del Título Quinto, los criterios para considerar la denominación de origen en los productos.

Octavo. Que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que se puede acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico:

Artículo 42.

1. El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

Noveno. Que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece en el artículo 205 la posibilidad de ésta soberanía de constituir comités y comisiones especiales:

Artículo 205.

1. La Cámara puede constituir comités y comisiones especiales para la atención de las funciones constitucionales y legales, que no sean competencia de las comisiones ordinarias.

2. Las comisiones especiales no podrán exceder en número a la mitad de las comisiones ordinarias.

Décimo. Que el artículo 207 del Reglamento antes citado, señala la naturaleza jurídica de las Comisiones Especiales, así como la forma en la que se propone su creación ante el pleno de ésta soberanía:

Artículo 207.

1. Las comisiones especiales son órganos colegiados no dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que se les encomiendan. Se crearán mediante acuerdo del Pleno de la Cámara, a propuesta de la Junta que debe señalar:

I. Su objeto y duración;

II. Sus tareas, con plazos para su cumplimiento;

III. Las tareas específicas que le sean encomendadas;

IV. El número de integrantes que la conforman, y

V. Los integrantes de su junta directiva.

2. Una vez que haya finalizado la legislatura o que hayan cumplido o agotado su objeto, se extinguirán. La Conferencia a través de acuerdo, lo comunicará al pleno.

Undécimo. Que el mismo Reglamento señala en el artículo 208 las reglas que le serán aplicables a las Comisiones Especiales que se aprueben por el pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Junta de Coordinación Política mediante acuerdo respectivo:

Artículo 208.

1. Es aplicable a los comités y a las comisiones especiales lo previsto en este Reglamento para las comisiones ordinarias, por lo que hace al acto de su constitución e instalación; plazos y requisitos para la emisión de sus convocatorias y las formas de sustitución de sus integrantes.

2. Asimismo, las juntas directivas de los comités y las comisiones especiales deben:

I. Presentar el proyecto del programa de trabajo a los integrantes;

II. Proponer un calendario de reuniones;

III. Elaborar el orden del día de sus reuniones;

IV. Llevar a cabo consultas con representantes de los otros poderes de la Unión, especialistas, organizaciones sociales, grupos de interés y ciudadanos en general, y

V. Entregar a la Cámara, a través de la Conferencia, y al público en general, a través de los medios de divulgación disponibles, informes semestrales e informe final en las mismas fechas que las señaladas para las comisiones ordinarias, señalando el destino final de los recursos económicos y materiales utilizados durante cada año legislativo.

Duodécimo. Que es importante que ésta LXIII Legislatura cuente con una Comisión Especial de denominaciones de origen, que dé acompañamiento y seguimiento puntual a los productos que cuentan con la misma o pretendan obtenerla, brinde apoyo y asesoría jurídica a los sectores productivos que utilizan denominación de origen a fin de expedir y o actualizar las normas oficiales mexicanas respectivas; y que dentro de sus funciones busque y cree espacios de difusión de los productos, a fin de fomentar el consumo de los mismos a nivel nacional e internacional, impulsando así desde el poder legislativo la economía y desarrollo del Estado.

Por lo expuesto, someto a consideración de ésta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de ésta honorable representación a fin de que emita el acuerdo de creación de la Comisión Especial de denominaciones de origen, y se someta el mismo a consideración del pleno de ésta Cámara de Diputados.

Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos derivados de la vid, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Wenceslao Martínez Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en al artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la atención de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente Junta de Coordinación Política, para que dentro del ámbito de su competencia, se cree la Comisión Especial para impulsar el Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Productos Derivados de la Vid, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace algunos años la industria vitivinícola mexicana ha presentado un incremento sostenido que la ha posicionado como una de las de mayor crecimiento y desarrollo, a pesar del casi nulo apoyo gubernamental y de los obstáculos atinentes al sector, con lo que actualmente es considerado como uno de los sectores de trascendental importancia para la economía nacional, abonando a ésta a través de los rubros de empleo, producción y exportación; entre otros.

Dentro del Poder Legislativo federal, la Cámara de Diputados decidió en la LXI legislatura establecer una comisión especial de impulso al desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid, misma que tuvo premisa toral la atención de los problemas referentes a esta, la representación de los diversos actores que componen la cadena productiva de este sector y el ordenamiento normativo del mismo.

Uno de los más importantes logros de aquella Comisión fue la creación de importantes vínculos entre los presidentes de los comités estatales de los sistemas-producto vid y de las asociaciones estatales de vitivinicultores con esta soberanía.

Asimismo, los diputados federales que emanaron de Estados productores de vino y de productos derivados de la vid ha sido contactados y persuadidos para continuar con las labores que la comisión especial inició en la LXI legislatura, ya que el crecimiento del sector se vio enriquecido ingentemente por todos los de foros de consulta, cumbres de estudio e integración, así como la organización de este sector y las propuestas normativas para su regulación.

Este sector demanda apoyos gubernamentales y ha trabajado de manera conjunta con la comisión especial de fomento al desarrollo de la industria vitivinícola y productos derivados de la vid de la LXI legislatura, mediante la presentación de una iniciativa con proyecto de Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola, misma que se dictaminó en tiempo, con fundamento en los artículos 20, numeral 2, inciso b) de la LOCGEUM; 89, 182, 183, 184, 185 y 260, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados por las comisiones de Economía y de Presupuesto y cuenta Pública, por lo que no existe un dictamen que pueda sustentar la gran importancia de tal propuesta.

De igual manera para esta incipiente legislatura -y como ocurrió en la legislatura pasada-este sector nos exige la creación de una comisión especial que le dé seguimiento a los acuerdos que se establecieron como parte del programa de trabajo de la misma, tales como el impulso a la industria vitivinícola, mediante la creación de la ley de fomento a este sector y los diversos programas que el gobierno federal destina para el sector primario y de transformación.

Actualmente los estados que tienen producción vinícola son Baja California, Querétaro, Coahuila, Aguascalientes y Zacatecas, consecuentemente por prioridades de su producción.

En diversos foros los representantes de este sector productivo, han establecido prioridades en diversos temas, entre los que se encuentran: a) Apoyos para cosechar y cultivar una mayor cantidad de hectáreas destinadas específicamente a la producción vitivinícola; b) Protección para el uso de suelo de acuerdo a su vocación natural, y a su potencial crecimiento en cuanto al cultivo de la vid; y c) Aprobación de una ley federal de esta industria, que dote de certeza jurídica a este sector así como a los apoyos gubernamentales del mismo.

A pesar del crecimiento sostenido comentado anteriormente la industria en referencia aún se encuentra en desventaja por el apoyo que reciben los vinicultores de los gobiernos en países como Chile, Argentina, Francia, España o Uruguay, acciones que se ven reflejadas en la relación de precio y calidad, es decir, ventajas competitivas.

Los vinos mexicanos han obtenido más de 700 medallas internacionales, demostrando de sobra la calidad de nuestros vinos, de igual manera, debemos tener en consideración, la calidad en las regiones de México que producen vino y que han sido reconocidas por organismos internacionales, tal como ha sucedido con los diversos reconocimientos que la Organización Internacional de Vino (OIV) ha entregado a México en materia vinícola nacional.

Para nuestro país es imperante el cultivo y cosecha de mayor número de hectáreas dedicadas a la vocación de la uva vitisvinífera, ya que resulta costoso el proceso de elaboración de caldos mexicanos, lo cual se agrava de manera significativa con la cantidad tan elevada de impuestos que paga el vino mexicano, mismos que son alrededor de 43 por ciento por botella, lo que se traduce en un producto final caro, a su vez, debemos agregar el tiempo que los productores deben esperar para poder elaborar un vino de consumo, debido sus procesos de fermentación y al tiempo de guarda antes de salir al mercado para su comercialización. Proceso que puede comprender hasta cinco años a partir de la cosecha de la uva dependiendo del periodo de añejamiento que deben pasar los vinos en barricas para tal fin.

Existen diferencias significativas en México con relación a la producción de la Unión Europea, dónde se producen aproximadamente 36 mil millones de litros de vino, en tanto que en México se producen únicamente alrededor de 45 millones de litros anuales.

Asimismo, es sustantivo que el fomento de las actividades de esta industria se encuentre acorde a lo contenido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el cual establece el deber de incrementar acciones que den certidumbre a las actividades de los sectores económicos. Dicha certidumbre, acorde con el PND, sólo puede lograrse por medio de un marco jurídico que regule con transparencia y certeza las relaciones sociales y actividades productivas, así como con un sistema institucional adecuado, que permita la actuación de los actores económicos y pueda regular y ordenar los mercados.

Así también el Plan menciona la obligatoriedad necesaria para fortalecer la oferta de los productos mexicanos mediante la promoción comercial de los mismos.

Es por ello que se considera necesaria la creación de una comisión especial desde esta Cámara de Diputados, que tenga como objetivo velar por la industria vitivinícola nacional, así como dar seguimiento a las políticas encaminadas al sector e impulsar la aprobación de la Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que dentro del ámbito de su competencia, se cree la comisión especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos derivados de la vid.

Dado en la Cámara de Diputados, a 13 de octubre de 2015.

Diputado Wenceslao Martínez Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de Nuevo León a dispersar el pago a los ex trabajadores migratorios, “ex braceros”, proveniente de un fondo estatal autorizado por el Congreso local, suscrita por los diputados Tania Victoria Arguijo Herrera y Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales Tania Victoria Arguijo Herrera y Waldo Fernández González, integrantes de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El programa bracero, se inició en la década de los cuarenta y comprendió de los años 1942 a 1964, con el objeto de remediar la escasez de mano de obra, sobre todo en los campos agrícolas, que estaban severamente afectados por la economía de guerra. Durante ese tiempo, trabajadores mexicanos fueron a Estados Unidos a laborar gracias al convenio firmado entre el gobierno mexicano de Manuel Ávila Camacho y el estadounidense de Franklin D. Roosevelt.

Como parte de este convenio, se brindaba a los trabajadores migrantes se les debía proporcionar hospedaje, alimentación, trabajo, salario; pero además se convino que se les descontara un 10 por ciento de su sueldo para constituir un fondo de ahorro que se les entregaría al término de sus servicios.

Los bancos estadounidenses Wells Fargo y el Unión Trust Co. transfirieron los fondos provenientes del ahorro de los trabajadores al Banco Nacional Agrícola de México, para que fuera dicha institución la encargada de pagar a los jornaleros mexicanos al regresar a nuestro país. Es aquí donde inició la problemática que se ha sostenido por décadas y que se puede sintetizar en la desaparición de los fondos de ahorros de los trabajadores, y la consecuente falta de restitución de dicho dinero a sus legítimos dueños.

En esa virtud, han sido varios los esfuerzos que se han realizado para que los braceros y sus familias puedan recuperar al menos parte de lo que sin duda, injustamente los despojaron. No obstante lo anterior, la justicia no ha llegado para todos, pues solamente algunos han podido recuperar parte de sus recursos mediante recursos legales a los que no todos pueden tener acceso.

Por este motivo, las autoridades mexicanas federales crearon en el año de 2005 la Ley que creó el Fideicomiso administrador del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el objetivo de otorgar un apoyo social extraordinario a los ex braceros. En el mismo tenor, el H. Congreso del Estado de Nuevo León aprobó en el año de 2006 la etiquetación de recursos para la creación de un fondo solidario estatal, con aportaciones durante los ejercicios fiscales de 2006 a 2010, contenidas en las respectivas Leyes de Egresos.

Dichos recursos existen, como lo hizo constar la Tesorería del Estado de Nuevo León en el oficio DT-SSE-DPCP-262/2011 en contestación al exhorto enviado por la LXXII Legislatura al H. Congreso del Estado el 8 de febrero de 2011, en donde se solicita a la citada dependencia estatal informar sobre los montos acumulados de dinero destinados al apoyo a los ex trabajadores migratorios de Nuevo León. Al respecto el entonces Secretario de Finanzas y ex Tesorero General C.P. Othón Ruiz Montemayor informó lo siguiente:

Se anexa al presente punto de acuerdo copia simple del oficio de contestación girado al H. Congreso del Estado de Nuevo León, recibido también por la Fracción Legislativa del Partido de la Revolución Democrática.

En este contexto, compañeros legisladores queremos enmarcar la presente proposición con Punto de Acuerdo, pues han acudido a nosotros clamando apoyo los trabajadores ex braceros oriundos del Estado de Nuevo León, quienes han señalado que las autoridades estatales se han mostrado reacias a dispersar entre los beneficiarios, los recursos procedentes de los montos autorizados por el Congreso del Estado. Mencionan además que se han acercado en diversas ocasiones ante la Secretaría de Gobierno de Nuevo León, sin obtener ninguna respuesta favorable a sus solicitudes.

Cabe destacar que al aprobarse dichos montos por parte del legislativo de tal entidad, se tenían contabilizados un aproximado de 11 mil trabajadores migratorios en el estado, y que según diversas asociaciones civiles de atención a ex braceros, únicamente se les ha dotado de este apoyo estatal a aproximadamente 300 personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución

Primero.- La LXIII legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón a instruir a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado el pago inmediato del apoyo solidario estatal a los trabajadores migratorios denominados “ex braceros”, proveniente de los montos aprobados por el H. Congreso del Estado y que hasta el Ejercicio Fiscal 2010 acumulaban $55,114,000 pesos. Así mismo solicitamos el estatus de la aplicación de estos recursos y el saldo a la fecha.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a trece días del mes de octubre de 2015.

Diputados: Tania Victoria Arguijo Herrera, Waldo Fernández González (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa, la SEP, la Sedesol y el Inmujeres a implantar una campaña informativa para prevenir el embarazo entre mujeres adolescentes, a cargo de la diputada Paloma Canales Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, Paloma Canales Suárez, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

«En este Día Internacional de la Niña, insto a los gobiernos a que adopten

medidas para poner fin a todas las formas de violencia contra las niñas en el mundo entero. Juntos debemos crear un mundo donde la violencia contra las mujeres y las niñas no se tolere jamás y las niñas estén siempre empoderadas para hacer realidad todo su potencial.»

Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon

11 de octubre de 2014

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, para reconocer los derechos de las niñas y los desafíos excepcionales que confrontan las niñas de todo el mundo.

Actualmente, uno de los problemas más grandes que afrontan las niñas y jóvenes en nuestro país, es el embarazo en la adolescencia, pues es un impedimento para mejorar las condiciones educativas, económicas y sociales de la mujer.

A nivel mundial, 90% de los embarazos no planeados de jóvenes se manifiesta en países en desarrollo, 38% suceden en Latinoamérica en grupos sociales que viven la pobreza extrema, desigualdad e inequidad de género.

Según la OMS, cada año aproximadamente dan a luz 11 millones de mujeres entre los 15 y 19 años, lo que equivale al 11% de los nacimientos en el mundo. Las tasas más altas son en países en desarrollo que no cuentan con infraestructura educativa y sanitaria, capaz de disminuir su incidencia.

Adicionalmente, este organismo internacional señala que, en los países en desarrollo, donde se inserta México, más de 222 millones de mujeres no tienen acceso a la anticoncepción.

Ahora bien, de acuerdo a algunas ONG, el uso de métodos anticonceptivos por los adolescentes hombres y mujeres, hace que se reduzca el número de embarazos no planificados hasta en un 70% con lo que pasarían de 74 millones a 22; la muerte materna disminuiría en 67%, pasando de 290 mil a 96 mil; los decesos de recién nacidos bajarían 77%, y disminuirían de 2.9 millones a 660 mil, y la transmisión del VIH de madres a recién nacidos casi se eliminaría, logrando una reducción de 93 por ciento, a 9 mil casos anuales a nivel mundial.

El embarazo adolescente es un riesgo para la salud de los jóvenes, existen mayores probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que las mujeres adultas. Además, los hijos corren mayor riesgo de nacer prematuramente, con bajo peso, padecer mal nutrición, discapacidad y muerte durante la infancia.

La mayoría de las madres adolescentes se encuentran en una situación de exclusión y marginación y sus hijos tienen altas probabilidades de continuar con la misma dinámica, perpetuando la transmisión intergeneracional de la pobreza.

La tasa más baja de embarazo adolescente la tienen los países europeos.

En el año 2014, el tema del Día Internacional de la Niña fue: “Empoderar a las adolescentes: poner fin al ciclo de la violencia”, y se eligió en reconocimiento de la importancia de invertir en las niñas durante la adolescencia para prevenir y eliminar las distintas formas de violencia que experimentan.

Para ONU-Mujeres, los esfuerzos deben lograr que nos centremos en las adolescentes e ir más allá de la sensibilización para llegar a la inversión y apoyar a este grupo esencial que dará forma al presente y al futuro.

El embarazo de niñas y jóvenes, incrementa la violencia hacia ellas, pues no les permite ejercer plenamente sus derechos.

Los jóvenes en México inician su vida sexual entre los 15 y 19 años, el 97% conoce de los métodos anticonceptivos, sin embargo más del 50% no utilizaron método anticonceptivo en su primera relación sexual.

En México, el censo del 2010 del Inegi estimó que 1 de cada 6 nacimientos sucede en jóvenes de 15 a 19 años siendo el estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla, las entidades con mayor concentración de adolescentes en condiciones de maternidad.

Los efectos colaterales del embarazo adolescente son: deserción escolar, rechazo social, abandono, falta de ingreso, consecuencias psicológicas, problemas para conformar un proyecto de vida y conflictos familiares.

En la comunicación familiar sobre cuestiones relacionadas con la sexualidad, especialmente con las hijas, prevalece la vergüenza y el silencio.

Las madres adolescentes suelen tener más hijos que las madres adultas.

Los problemas que acarrea el embarazo en adolescentes son los siguientes: escolaridad trunca, trabas para acceder al empleo, genera una mala educación de sus hijos, creación de familias disfuncionales, carecen de insumos básicos para garantizar una vida óptima.

En comunidades indígenas si la mujer llega a los 20 años y no es madre, es mal vista por su comunidad.

En el año 2011 el 27.6% de los embarazos que se presentaron fueron de adolescentes, mientras que en el 2010 de un total de 11 mil 258 atenciones por embarazos, de los cuales el 24.32 por ciento, que equivale a dos mil 739 casos corresponden a adolescentes, es decir, el embarazo en niñas y adolescentes año con año se incrementa.

Entre el 2014 y 2015, en Estados como Durango, Tamaulipas y el Distrito Federal, se incrementaron los embarazos de niñas y jóvenes.

En el caso del Distrito Federal en el 2014, la Secretaría de Salud reporto 7,214 embarazos en la Red de Sector Salud de mujeres mejores de 18 años.

Tamaulipas registró 15 mil 631 adolescentes embarazadas , de estas, mil 263 tenían menos de 14 años y el restante tenían entre los 15 y 16 años al momento de quedar embarazadas , cifras que son altamente preocupantes para las autoridades educativas del estado.

Lo más lamentable, reconocen las propias autoridades de salud del Estado es que esas mismas estadísticas revelaron que de 13 mil 940 personas de entre los 15 y los 44 años detectadas con infecciones de transmisión sexual , 133 de esos casos correspondía a niñas entre los 10 y los 14 años.

En Durango, Autoridades de Salud de Lerdo, informaron que una niña de 11 años quedó embarazada tras sostener un noviazgo con un niño de 13 años.

A nivel nacional, datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), establecen que de cada 10 mujeres adolescentes entre los 12 y 19 años, 2 ha iniciado su vida sexual. Además, 34 de cada 100 mujeres jóvenes que tienen vida sexual activa, no usaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual y casi 37 mujeres, nunca lo han usado durante su vida sexual.

15 de cada 100 hombres jóvenes que tienen vida sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, y 17 hombres tampoco lo han usado nunca.

También se informó que, de cada 10 mujeres jóvenes embarazadas entre 15 y 19 años, 2 han estado embarazadas más de una vez. Mientras que 2 de cada 10 mujeres entre 12 a 19 años quedó embarazada en su primera relación sexual. Del total de nacimiento en el país, el 17% corresponde a mujeres adolescentes entre los 10 y 17 años.

Finalmente, el embarazo o tener un hijo en mujeres mexicanas entre los 15 y 19 años, es la cuarta causa de descensión escolar, y 1 de cada 10 mujeres embarazadas entre los 10 y 18 años mueren.

Lamentablemente, no existe una política pública única para la prevención de embarazos entre adolescentes a nivel nacional, sino varios proyectos, programas municipales, estatales o federales, desarticulados cuando tiene que ser una acción transversal.

El inicio precoz de las relaciones sexuales, ya sea voluntariamente o por presión social, así como violaciones, violencia sexual, carencia afectiva, descuido de los padres, la baja autoestima, la curiosidad y el uso inadecuado de anticoncepción, con las causas por las que nuestras niñas y mujeres jóvenes, derivan en embarazos no deseados, y tienen como consecuencia para la madre, el abandono de sus estudios, problemas para conseguir empleo, discriminación, depresión, desórdenes nutricionales y/o abortos ilegales.

Sin duda una de las formas de atender un problema es reconociendo su existencia.

En ese sentido, en abril de este 2015 las autoridades del Consejo Nacional de Población entregaron a la ONU, la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea), ante la importancia que cobra este sector de la población en el país.

El objetivo de esta estrategia es:

a) Disminuir el embarazo en adolescentes, debido a que entre las mujeres en edad fértil las adolescentes de entre 15 y 19 años representan 16.5 por ciento del total, lo que las convierte en el grupo más importante de atención.

b) La eliminación de embarazos en niñas menores de 14 años, pues en México los niños menores de 15 años representan el 28% de la población total, y de estos del total de la población infantil mexicana, 48.9% son niñas y 51.1% niños.

c) Cerrar las brechas sociales y dar oportunidades a los adolescentes para desarrollar un proyecto de vida, educación y salud.

Diputadas y diputados, de acuerdo con la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, se establece la obligación el Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno, la obligatoriedad de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de este importante grupo vulnerable.

Por lo que hace en específico a las niñas y jóvenes adolescentes mujeres, en este ordenamiento legal se establecen de manera clara y específica lo siguiente:

“Artículo 50. Las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes;

Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines:

VIII. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas , niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.”

En ese sentido, y en el Marco del Día Internacional de la Niña, es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está proponiendo que la Estrategia Nacional anunciada por las autoridades Federales para la prevención y erradicación de los embarazos, sea ejecutada por las autoridades sanitarias, de educación y de desarrollo social de los tres niveles de gobierno, con el fin de erradicar la deserción escolar y problemas de salud mental y física que nuestras niñas y jóvenes padecen y que sin duda es una forma de violencia.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social, así como del Instituto Nacional de las Mujeres a que de manera inmediata se ejecute una campaña informativa a fin de lograr prevenir el embarazo entre mujeres adolescentes, derivado de las grandes afectaciones que estos conllevan en su desarrollo social, educativo y los riesgos en la salud reproductiva.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputada Paloma Canales Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, que exhorta al gobernador de Morelos a realizar acciones para solucionar el problema de la escuela 17 de abril de 1869, de Xochitepec, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Patricia Elena Aceves Pastrana, diputada federal del Grupo Parlamentario Morena, de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. En días pasados, alumnos de la escuela “17 de abril de 1869”, ubicada en la colonia Las Palmas de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, estado de Morelos, tomaron clase en los pasillos externos al palacio de gobierno con el fin de exigir al primer mandatario estatal, Graco Ramírez, la construcción de dos aulas escolares para el aprovechamiento de los niños.

Esta acción ha sido uno de los múltiples recursos que alumnos, profesores y padres de familia han implementado para ser escuchados por el Gobierno del Estado, ya que han sido en repetidas ocasiones ignorados por las autoridades competentes.

II. Desde la creación de la escuela en 2011, es decir, desde hace cuatro años, los padres de familia organizados de la escuela primaria, han reclamado el apoyo en la mejora de condiciones educativas y la construcción de una barda perimetral que brinde mayor seguridad a los alumnos.

El lunes 9 de febrero de 2015, los afectados bloquearon los accesos al Palacio de Gobierno durante dos horas, para tratar de atraer la atención de las autoridades, incluido el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos.

El 9 de septiembre, se dio una nueva manifestación en “Casa Morelos”, sede del Poder Ejecutivo estatal, para exigir las mismas condiciones básicas de bienestar educativo, e incluso la protesta coincidió con comerciantes inconformes con la remodelación del centro histórico de la ciudad, y las protestas de los familiares de los detenidos acusados de la muerte del activista Gustavo Salgado Delgado.

III. Para Morena, las causas de los afectados, son nuestras causas, y no permitiremos que la educación básica de nuestros niños se vea afectada por la falta de capacidad de las autoridades, que lejos de hacer su trabajo como servidores públicos, hacen oídos sordos a las peticiones legítimas de los afectados, queremos dejar bien claro que nuestro grupo parlamentario luchará siempre por las causas justas.

Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se solicita de la manera más atenta al Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, considere la pertinencia de encontrar una solución al problema de la escuela “17 de abril de 1869”, como medida necesaria en la resolución del conflicto que afecta el desempeño escolar de los niños morelenses.

Martes 13 de octubre de 2015.

Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de acciones para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Candelaria Ochoa Avalos del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al Ejecutivo federal que lleve a cabo diversas acciones para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. En pleno siglo XXI, los crímenes de violencia contra las mujeres continúan de forma persistente, preocupante e invisible.

La violencia contra las mujeres se traduce en delitos recurrentes porque ante la ineficacia del sistema de justicia, esta violencia se reproduce y parece propagarse en varios puntos de la República. Representa una gran afrenta para la sociedad al tratarse de un tipo de violencia extrema que al implicar odio y discriminación de género impacta en el respeto a los derechos humanos y la dignidad y en el caso del feminicidio, además de tratarse de la privación de la vida de las mujeres, a diferencia del homicidio, este delito involucra la violación de bienes jurídicos no sólo la dignidad, sino la libertad, la autonomía, la integridad y el derecho a vivir sin violencia de niñas y mujeres.

Ninguna nación puede presumir de reformas y avances en lo económico, social, cultural y político, si sus instituciones y las políticas que desarrolla, son ineficaces para proteger los derechos de las mujeres.

II. Los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, fue un doloroso parteaguas que nos exhibió internacionalmente por las negligencias y omisiones del sistema de justicia para investigar la desaparición y muerte de niñas, adolescentes y mujeres. A propósito de ello, no se nos olvide que por la inacción del Estado frente a esta violencia México fue la primera nación condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cumplir una serie de acciones en vía de prevención, resarcimiento a las víctimas y erradicación de la violencia calificada como feminicida; lastimosamente hoy no podemos afirmar que dicho delito se investigue y combata con eficacia. Es indignante cómo matan a las mujeres e igualmente indignante la impunidad que les envuelve.

Ante el feminicidio, el sistema de justicia y este poder legislativo han respondido lento y tarde, hoy estamos transitando por un alarmante incremento de esta violencia como consecuencia de los patrones culturales patriarcales y misóginos prevalecientes en nuestra sociedad, en la cual todas y todos somos parte, por omisión o por acción.

A partir de 2008, se ha tipificado el delito de feminicidio, como delito autónomo o, incorrectamente, como agravante del homicidio, en el Código Penal Federal y en 31 códigos penales de los estados con excepción de Chihuahua. Ante esta gama de variantes de hipótesis normativas del tipo penal, es urgente revisar la estandarización normativa cuya complejidad o subjetividad no sea pauta para la inaplicabilidad del tipo penal y que los feminicidas encuentren rendijas en el proceso penal para escapar de la justicia, lo que es hoy una asignatura pendiente para evitar la impunidad en la impartición de justicia.

Pero la respuesta penal debe ser la última razón para erradicar el feminicidio; el Estado tiene obligaciones primordiales de prevención que no ha cumplido, tan es así que la sociedad civil reiteradamente ha solicitado alertas de violencia de género contra las mujeres en diferentes estados de la República

III. Las acciones de prevención que contrarresten la violencia contra las mujeres son esenciales para erradicar el feminicidio, sin embargo, la realidad es desalentadora, en México sólo el 7 por ciento de las 58 mil mujeres que denunciaron violencia en su contra entre enero de 2011 y junio de 2012 recibió una orden de protección por parte de las autoridades1 a pesar de que la LGAMVLV, las determina como un mecanismo de protección cautelar inmediata para las víctimas y como obligación de toda autoridad competente, aun así, es difícil que se otorguen.

Es tiempo de que las y los legisladores, gobernadores, ediles, servidoras y servidores públicos, pongamos el ejemplo y caminemos al lado de las mujeres y los hombres en la búsqueda de un mundo armónico, respetuoso y justo para todas y todos.

Por lo expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que esta honorable Cámara de Diputados conmine al Ejecutivo federal a desarrollar una base de datos sobre casos feminicidio2 como lo recomienda el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal, que con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se diseñe y ejecute un Programa integral para prevenir, atender y erradicar el feminicidio.

Tercero. Se solicita al Poder Judicial de la federación y de las entidades federativas, el otorgamiento irrestricto de las órdenes de protección, así como la aplicación efectiva de los protocolos de investigación con perspectiva de género y debida diligencia del feminicidio.

Notas

1 Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en su informe Órdenes de protección en México: Mujeres víctimas de violencia y falta de acceso a la justicia, realizado en 21 estados.

2 Recomendación 19 del Comité de la CEDAW, menciona explícitamente la necesidad de que los Estados “alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la ampli­tud, las causas y los efectos de la violencia, y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella”.

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2015.

Diputada María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE y la SHCP a incluir Campeche en el Programa de Zonas Económicas Especiales, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del estado de Campeche, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir al estado de Campeche en el Programa de Zonas Económicas Especiales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha 29 de septiembre del año en curso, se recibió en esta Cámara de Diputados la iniciativa de decreto del titular del Poder Ejecutivo Federal, por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y que por otra parte, adiciona un párrafo quinto al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, procedente de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

En la misma fecha, fue publicada la iniciativa antes citada en la Gaceta Parlamentaria número 4372-VIII de esta Cámara de Diputados.

En dicha iniciativa se exponen diversas consideraciones que constituyen la exposición de motivos de la misma, agrupadas en 4 grandes apartados que son los siguientes: I. Crecimiento, desarrollo económico y brecha regional; II. Cambio estructural: competitividad y productividad; III. Las zonas económicas especiales y la experiencia internacional; y IV. Las zonas económicas especiales a la luz de una política de fomento económico y desarrollo industrial sustentada en el orden jurídico mexicano.

De esta manera, se hace notar que en las últimas 3 décadas, países como Corea del Sur, China y Chile han alcanzado tasas elevadas de crecimiento y han logrado reducciones en sus niveles de pobreza y mejores empleos para su población.

Entendemos que esto constituye el propósito fundamental de esta iniciativa de ley, en razón de que en nuestro país existe un sector importante en pobreza e incluso otro en pobreza extrema que pueden ser incorporados a procesos de crecimiento económico.

Se plantea que es en el sur del país donde se ubican las entidades federativas más rezagadas en términos de desarrollo económico y bienestar social que requieren de acciones para lograr el abatimiento efectivo de la pobreza que hasta la fecha ha sido limitado, por lo que coexiste un 60% de los municipios con niveles de marginación calificados de altos y muy altos, resultando además que, precisamente en el sur de nuestro país, el 79% de los trabajadores laboran en condiciones de informalidad y en la calificación del Instituto Mexicano para la Competitividad, los estados de la región Sur han sido calificados con un 32.2 en el índice de competitividad.

En esta materia se señala en la iniciativa que las entidades federativas más rezagadas del país son las que han resentido con mayor severidad los problemas derivados de la pérdida de productividad y competitividad, por diversos factores que se han convertido en obstáculos difíciles de superar.

Por lo antes expuesto, señala la iniciativa que lo se propone es establecer zonas económicas especiales como una política dirigida a focalizar, en espacios geográficamente definidos, los esfuerzos del sector público y privado, en acciones que den impulso al desarrollo de las actividades económicas más productivas en regiones de menor nivel de ingreso.

Entendemos que se trata de aprovechar el potencial económico, productivo y logístico por la ubicación geográfica estratégica con un régimen especial de estímulos e incentivos de orden económico a favor de las empresas que se establezcan físicamente dentro de esas zonas, con un fortalecimiento al encadenamiento productivo para también potenciar las derramas económicas y tecnológicas en la región donde se delimiten estas zonas económicas especiales.

Con ello, entendemos también que lo que se busca es la generación de diversos beneficios como lo son: el incremento de la competitividad regional; la generación de economías de aglomeración; la atracción de inversión productiva nacional y extranjera; la creación de empleos directos e indirectos; el desarrollo de infraestructura; la aceleración del crecimiento de las aportaciones y la diversificación de la producción; con la generación de un efecto de marca en beneficio de las localidades donde son instaladas.

Precisa la iniciativa que estas zonas económicas especiales pueden adoptar distintas formas y modalidades en función de su alcance, su naturaleza y su propósito; razones por las cuales, en la experiencia internacional se han utilizado distintas denominaciones como lo son las de zona de libre comercio, zona franca industrial, maquiladora o simplemente, zona franca, destacando la experiencia exitosa de países como China, la India, Corea del Sur y Polonia.

En este orden de ideas plantea el titular del Ejecutivo Federal la necesidad de instrumentar una política de fomento económico y de desarrollo industrial para resolver los retos y barreras estructurales, a fin de lograr un México en paz, incluyente, próspero y con responsabilidad global, a lo cual contribuye de manera fundamental dicha iniciativa, que tiene como objeto regir la planeación, establecimiento y operación de las zonas económicas especiales, como instrumentos para contribuir al crecimiento y desarrollo económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayor rezago social.

Lo anterior será posible a través del impulso a la inversión, que incluye, entre otros, beneficios fiscales, financieros, y administrativos, con una regulación específica para realizar actividades de manufactura, transformación, almacenamiento y prestación de servicios en aquellas zonas donde el titular del Poder Ejecutivo Federal emita la declaración de zona económica especial, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con opinión favorable por parte de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales, previo el análisis detallado y de su impacto regional e importancia económica y la elaboración del correspondiente programa de desarrollo y el plan maestro de la zona.

Se precisa además, que el desarrollo económico integral de estas zonas económicas especiales requiere de un esfuerzo financiero y de coordinación entre los órdenes de gobierno y los sectores social y privado, con un alcance de largo plazo, enfocado a obtener un impacto efectivo que complemente los diversos programas de la política de desarrollo social, lo que responde a lo señalado en el año 2012 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como retos de la política de desarrollo social en México.

Los programas de desarrollo social deben ser un complemento de las políticas más integrales y profundas que incrementen el desarrollo económico y el ingreso real en el país, porque no se podrá reducir la pobreza si no se llevan a cabo los cambios estructurales que hagan que el país tenga un mayor crecimiento económico, se incremente la productividad, se generen más empleos y que crezca el salario real.

Es un hecho que en nuestro país resulta necesario fortalecer el desarrollo de aquellas zonas y regiones que presentan bajo desarrollo e incluso nulo crecimiento económico, además de notorios índices de pobreza e inclusive de pobreza extrema, donde las políticas de fomento al desarrollo económico resultan de gran interés si se ofrecen incentivos con el propósito de hacer atractivas las inversiones en plantas generadoras de productos dirigidos al consumo nacional e internacional.

La iniciativa del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, ha considerado en primer término el establecimiento de zonas económicas especiales en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca; sin embargo, consideramos que sería muy conveniente incluir al estado de Campeche porque reúne todos los requisitos para que en su territorio se declaren y se establezcan zonas económicas especiales, lo cual complementará los programas de desarrollo que se han impulsado hasta la fecha para darles un nuevo y promisorio impulso para disminuir considerablemente el rezago, los niveles de pobreza y desde luego, abatir la pobreza extrema propiciando un desarrollo económico sostenido, sostenible y sustentable.

El estado de Campeche cuenta con una extensión territorial de 57 mil 924 kilómetros cuadrados y está integrado por 11 municipios que citados por orden alfabético son los siguientes: Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakan, Holpechén, Palizada y Tenabo.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población de 2010, el estado de Campeche cuenta con una población total de 822 mil 441 habitantes de los cuales 414 mil 720 son mujeres y 407 mil 721 son varones. Asimismo cuenta con una población indígena que asciende a 85,721 habitantes, integrada por 71,852 de origen maya, 10 mil 412 de origen chol, mil 900 de origen tzetzal y mil 557 de origen kanjobal.

Las cifras emitidas por el Coneval en 2014, indican que 391 mil personas se encuentran en situación de pobreza, cifra que representa el 47 por ciento de la población total del estado; y 99 mil 200 habitantes se encuentran en situación de pobreza extrema; es decir, el 12.1 por ciento de la población total del estado.

Campeche debe ser visto y considerado para su inclusión en el Programa de Zonas Económicas Especiales, como una entidad federativa con particularidades de excepción para el establecimiento y la operación de estas zonas de desarrollo económico.

La entidad ha tenido un perceptible deterioro en términos económicos, el análisis de las cifras oficiales de los últimos años han mostrado para el estado un comportamiento negativo y un marcado retroceso en las variables que miden a una entidad, esta tendencia determina sin duda un deterioro para cualquier economía, por lo que se plantea que Campeche puede ser partícipe de apoyos gubernamentales.

Es importante observar detenidamente la variable más importante y que describe el comportamiento económico de una entidad y que posiciona a Campeche en desventaja una vez analizado el método de medición. El desempeño económico en Campeche medido por el PIBE muestra una marcada sobrevaloración derivado de la asignación al estado de la actividad petrolera realizada en el Golfo de México. Esta particularidad se traduce en 80 por ciento del valor del PIB del Estado en términos reales, lo que da como resultado que la actividad petrolera incida enormemente en la economía estatal. Dicho sobredimensionamiento impide al Estado recibir beneficios de diversos fondos o una mejor distribución de los mismos, como el caso del Fondo General de Participaciones (FGP).

Distribución sectorial de la economía de Campeche

Fuente: Elaboración Infocam con datos de Inegi.

La actividad de la entidad se describe en la gráfica donde los sectores restantes se visualizan con muy poca aportación al desarrollo y crecimiento de la entidad y no debe de escapar del análisis que el sector de la construcción está también sobrevalorado en Campeche debido a la construcción petrolera que corresponde a grandes contratos de empresas que trabajan en el Golfo de México y que no tienen injerencia directa en la economía estatal, por lo que podemos afirmar, que la composición de la actividad petrolera no muestra la realidad económica del Estado, ya que los ingresos petroleros son federales, y esto tergiversa el indicador de crecimiento económico del Estado.

Comparativo del PIB per cápita e ingreso per cápita de Campeche

La influencia de la actividad petrolera ocasiona que el PIB per cápita de Campeche supere al menos en 3 veces a la segunda entidad del país con el PIB per cápita más alto. Dado que el petróleo no refleja el nivel de bienestar del estado, al descontar la extracción de petróleo y gas, el PIB per cápita disminuye a poco más de la mitad del PIB per cápita más alto del país; en tanto que el ingreso per cápita que registran los hogares de Campeche es apenas cercano a 40 mil pesos al año. Lo que demuestra que la actividad petrolera no refleja mejores condiciones en términos de ingresos para la población.

El valor de Producción per cápita no muestra una correlación existente con el ingreso si medimos toda la actividad petrolera. En tanto, que si no distinguimos la actuación de Pemex en esta cifra, se distorsiona los datos estadísticos que seguramente pintan al estado como un país extravagante del mundo, con un ingreso per cápita mayor al de Estados Unidos y Canadá cuando no es así.

Comparativo histórico del PIB total y PIB sin minería de Campeche

Fuente: Elaboración INFOCAM con datos de INEGI.

La producción y la actividad económica estatal se visualiza mejor en datos estadísticos cuando se mide el comportamiento o tendencia del estado a través de indicadores como el ITAEE; que es un acercamiento al PIB Estatal, el cual ha mostrado un bajo desempeño en los últimos datos oficiales ubicando al estado en las últimas posiciones a nivel país, de igual manera, la baja generación de empleos muestra un marcado retroceso en el dinamismo de la demanda laboral que se hace patente en los datos expuestos, además de las primeras posiciones del estado en lo que se refiere a su alta inflación mostrada.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica de Campeche

Situación del Empleo de Campeche

Nota: Las cifras de 2015 corresponde al mes de enero a julio.

Fuente: Elaboración Infocam con datos de la STPS.

Inflación de Campeche

Fuente: Elaboración Infocam con datos del Inegi.

Por lo que se refiere a infraestructura portuaria, en el estado de Campeche se ha invertido en la modernización y ampliación de los puertos existentes donde se desarrolla la actividad pesquera, comercial, turística e industrial del estado, destacando la que se realiza en el puerto de “Laguna Azul” de Ciudad del Carmen, Campeche en todo lo concerniente a la actividad petrolera de la paraestatal Pemex.

En la actualidad se encuentra firmado un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de un muelle de atraque y dos escolleras de protección del puerto de Isla del Carmen, en tanto que también con apoyo del Gobierno Federal se está concluyendo la construcción de la banda de atraque del puerto de Seybaplaya en el municipio de Champotón con una inversión federal de 174 millones de pesos.

En Campeche se ha puesto especial atención a la modernización de la infraestructura portuaria, misma que no sólo permite y atrae turismo marítimo, sino que también prevé el transporte de productos y mercancías hacia el exterior, de tal manera que con las ampliaciones realizadas durante el periodo 2009-2015, se aumentará tan sólo en el puerto de la Isla de Carmen de 18 mil a 28 mil arribos anuales, representando esto un incremento del 56 por ciento de su capacidad de operación.

El puerto de Seybaplaya en el municipio de Champotón tiene una integración funcional con la ciudad de San Francisco de Campeche, que representa la movilidad del 34% de sus habitantes, misma que se consolida con la construcción de este puerto. Esta interacción ha sido reconocida por especialistas en el ramo, considerándose esta integración como una zona metropolitana, susceptible de ser beneficiada por el Fondo Metropolitano.

Esta región tiene potencialidad para la exportación de la producción agrícola, forestal y minera por la cercanía del puerto con la región de mayor aptitud, lo que permite ser considerada como una alternativa para apoyar la diversificación de actividades que ofrece la actividad petrolera por su cercanía con la localización de la zona y los pozos previstos por la reforma energética.

La conurbación funcional de Seybaplaya con San Francisco de Campeche tiene como objetivo fundamental optimizar el aprovechamiento de la infraestructura portuaria y su potencial mediante la conexión ferroviaria, de gasoducto Mayakán y línea alta tensión, así como la constitución de reservas en tierra y la construcción de la base logística.

Son muchos los factores por los que el estado de Campeche debe integrarse al grupo de entidades donde se prevé la creación de las zonas económicas especiales. Campeche se localiza en una zona geográfica clave y viable para ser incorporada a la operación de estas zonas de desarrollo.

Lo expuesto nos permite sustentar que es necesario que en la estrategia federal de Zonas Económicas Especiales se contemple el impulso económico y equitativo del estado de Campeche, al ser una de las entidades federativas que mayor aportación financiera otorga al país y que esto no se ha traducido en simetría para el crecimiento económico del estado. Esto es así porque los sectores en los que participa el estado de Campeche están indexados a la evolución de la actividad petrolera.

En suma, es necesario visualizar que las variables macroeconómicas del estado muestran el retroceso de la economía estatal, que lejos de mostrar tendencias positivas y crecientes, reflejan todo lo contrario.

Aunado a todo lo anterior, consideramos necesario tener en cuenta que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 plantea una reducción en las inversiones de Pemex del orden de 14 mil 435 millones de pesos en 2015 a sólo 939 millones de pesos.

Esta reducción advierte un escenario de vulnerabilidad de la economía del estado de Campeche al tener una clara dependencia del comportamiento de los ingresos petroleros, lo que es impactado negativamente además, por la declinación de los pozos petroleros como es el caso de Cantarell, todo lo cual aconseja la necesidad de replantear las alternativas de impulso económico para el estado de Campeche.

Además es importante considerar que el estado de Campeche cuenta con una población trabajadora, generosa, afable, creativa, con facilidad de adaptación al cambio, y sobre todo necesitada y demandante de fuentes de trabajo mejor remuneradas, que les permitan incrementar sustancialmente su ingreso a fin de superar los rezagos ancestrales de pobreza y de falta de oportunidades para acceder a mejores niveles de bienestar y de desarrollo acordes con su potencial productivo.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir al estado de Campeche en el Programa de Zonas Económicas Especiales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de la industria automotriz, a cargo del diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, 205, numeral 1, y 207, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, el de la voz, diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 29 de junio de 2008, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión realizó el foro Diagnóstico y perspectivas del sector automotor, en coordinación con la Secretaría de Economía del gobierno federal y diversos sectores involucrados de la industria. Este acto fue prolífico ya que desde el seno de la Cámara de Diputados se motivó el análisis e intercambio de ideas y opiniones entre los sectores público y privado con el propósito de mejorar las condiciones de la industria automotriz.

Segundo. El 10 de diciembre de 2009, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se constituyó, entre otras, la Comisión Especial de la Industria Automotriz, con el objetivo de dar seguimiento a la situación de la industria y el efecto de la industria automotriz en la economía del país así como establecer las medidas necesarias para su recuperación en beneficio de la generación de empleos.

Tercero. A raíz de la creciente caída en los precios del petróleo, misma que ha afectado al mundo y principalmente a las finanzas públicas, es necesario hoy más que nunca establecer mecanismos a través de una comisión especial de la industria automotriz para seguir fomentando el desarrollo de una de las principales industrias del país, misma que genera importantes ingresos fiscales, fuentes de empleo directas e indirectas y es un pilar indispensable a considerar en las mercancías de exportación del país.

Cuarto. Es indispensable para la Cámara de Diputados poner atención en el proceso de producción de vehículos en el país. En fechas recientes hemos visto señalamientos importantes de representantes de la industria automotriz y acerera mexicana en donde se presentan casos de venta de acero proveniente del extranjero a precios inferiores de competencia, lo que genera un distanciamiento entre estas dos industrias nacionales. Es menester de esta soberanía conciliar mediante mecanismos especiales a estas para que no se pierdan valiosos empleos y productividad en la industria nacional.

Por lo anterior me permito elaborar las siguientes:

Consideraciones

Una de las mayores industrias a nivel global es la industria automotriz. Su papel como propulsor del desarrollo de otros sectores es innegable y la economía nacional no es la excepción. Desde hace ya varias décadas, esta industria ha tenido un papel estratégico y de alto valor agregado para la economía nacional. “Su participación en las exportaciones la coloca como la industria más importante, superando incluso al sector petrolero. En 2011, la industria automotriz exportó el 22.5% del valor de las exportaciones totales”.i

En 2011, cuatro de cada cinco vehículos producidos en México se exportaron, lo que posiciona a nuestro país entre los más importantes a nivel mundial, ocupando el lugar número 8 en manufactura y el 6 entre los principales países exporta de vehículos automotores.

De acuerdo con la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, en el año 2011, México incrementó su producción y se ubicó en el octavo sitio entre los países productores del ramo. Acorde a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)ii en 2012 se produjeron 2 653 525 vehículos y en 2013 se alcanzó a producir 2 884 869 unidades, lo que representa un incremento considerable y que afortunadamente para la economía nacional va a la alza.

Como ya se ha señalado, la industria automotriz es clave para el desarrollo económico del país ya que genera el 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, el 18 por ciento del PIB secundario y el 12 por ciento del empleo del sector manufacturero. Por lo tanto, ésta es una de las industrias con mayor tradición e importancia para nuestro país por su generación de empleos y su efecto impulsor sobre otros sectores de nuestra economía.

Así, como se aprecia en la tabla anterior podemos observar la importancia de la industria automotriz en el valor agregado bruto, y en la aportación económica a sus trabajadores.

Es de destacar que la industria automotriz tiene presencia en muchos estados del país, generando derramas económicas importantes dadas sus especialidades; en producción de autopartes se encuentran Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango como fabricantes de sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles; Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas en la fabricación de climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados; Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato hay plantas de autopartes, cuyos principales productos son estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles; Estado de México, D.F., Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Puebla e Hidalgo existen plantas de autopartes, en las que destaca la producción de accesorios (asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella), componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados, suspensión y partes para automóviles.

Es decir, en las entidades en las que la industria se encuentra, se genera una participación importante de las manufacturas en el producto interno bruto estatal, así como una mayoría porcentual en la población ocupada en estas industrias.

Por otro lado, una significativa proporción de la inversión extranjera directa que recibe nuestro país es destinada a actividades directamente relacionadas con la industria automotriz. Esta industria es una importante receptora de las inversiones procedentes del extranjero en virtud de las condiciones competitivas que hasta ahora mantiene México dada su alta calidad productiva y bajos costos en comparación a otros países.

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís Sánchez, ha pedido a nombre de las armadoras en el país que “cualquier medida que se tome no afecte a la cadena de valor”, situación que podría generar una pérdida de empleos y una disminución en la actividad productiva de la industria y por ende una disminución en el ingreso de las finanzas públicas.

Dada la necesidad imperiosa de velar por una de las actividades industriales de mayor auge en el país y por ser ésta una generadora de empleos y valor agregado a otras industrias, es necesario velar por su protección en esta Cámara de Diputados, y hacer que aquellos conflictos que pudiesen existir con otras industrias se lleven a cabo con la mayor seriedad y en las mejores condiciones posibles para el pueblo de México.

Por lo expuesto, se someten a consideración de esta soberanía el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer ante a los integrantes del pleno de esta soberanía la creación de la comisión especial de la industria automotriz, en virtud de lo establecido en los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objetivo de la comisión será el seguimiento de la situación y el efecto de la industria automotriz en la economía del país, establecer las medidas necesarias para el fortalecimiento y consolidación de la industria, en beneficio de la generación de empleos en el país y de las entidades federativas, así como buscar alinear las políticas públicas y legislación federal para propiciar un mayor crecimiento de la industria automotriz en México.

Tercero. La comisión especial de la industria automotriz durará la totalidad de la LXIII Legislatura o hasta cuando se haya agotado su objeto.

Notas

i Industria Automotriz Monografía. Secretaría de Economía. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología. Marzo 2012.

ii Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). La industria automotriz en México 2014 Serie estadísticas sectoriales. México, 2014.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 13 días del mes de octubre del año dos mil quince.

Diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los acontecimientos de violencia del 21 y 22 de septiembre de 2015 en Guerrero, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 21 de septiembre, medios locales y nacionales reportaron que presuntos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa incendiaron y destruyeron mobiliario y equipo de la Fiscalía General de Guerrero, en Chilpancingo, por lo cual la dependencia inició los procedimientos de investigación.

El 22 de septiembre, la prensa reportó que se registraron enfrentamientos en la carretera Chilpancingo-Tixtla, entre los normalistas, que acompañaban al convoy que conducía a los padres de los estudiantes desaparecidos, y la policía estatal con un saldo de 12 estudiantes lesionados, 6 más integrantes de las fuerzas estatales, entre ellos dos mujeres, además de la retención de seis policías, cuatro de ellos mujeres.

En estos acontecimientos, los estudiantes incendiaron un tráiler y se lanzaron bombas molotov y pedradas, los policías respondieron con gas lacrimógeno.

Lo anterior es expresión del clima de tensión y confrontación que vive Guerrero.

El Grupo Parlamentario del PRD rechaza, de manera contundente, el uso de cualquier tipo de violencia e insta a los estudiantes normalistas para que las expresiones de inconformidad y reclamo de frente a las violaciones a sus derechos humanos, como familiares o amigos de los desaparecidos, lo sean de manera pacífica, para lo cual acompañamos decididamente su reclamo de justicia y verdad.

Asimismo, exigimos a los gobiernos federal, estatal y municipal garantizar los derechos humanos de todas y todos los guerrerenses, especialmente los de manifestación, libre tránsito y acceso a la justicia.

Por lo expuesto y fundado, comprometidos con los derechos humanos, específicamente con el derecho a la verdad y acceso a la justicia para todas y todos los habitantes del territorio nacional, ponemos a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados rechaza cualquier tipo de violencia, como la generada los días 21 y 22 de septiembre de 2015, en el estado de Guerrero. Exige a las autoridades, municipales, estatales y federales, garantizar el pleno ejercicio de los derechos de manifestación, libre tránsito y acceso a la justicia, para todas y todos los guerrerenses y exhorta a los normalistas para lograr la pacífica expresión de sus legítimas inconformidades.

Segundo. La Cámara de Diputados expresa su más amplia solidaridad a los familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos en el municipio de Iguala, Guerrero, que el próximo 26 de septiembre cumplirá un año y exige el pronto esclarecimiento de los hechos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

(Rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo a la inclusión de enfermedades en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, a cargo del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Cirilo Vázquez Parissi, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular los tratamientos contra el cáncer de pulmón, cáncer hepático, cáncer de estómago, cáncer de ovario epitelial, y leucemias en mayores de 18 años, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud, establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Este derecho significa que los Estados deben crear condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible. La OMS reconoce que los problemas de salud suelen afectar en una proporción más alta a los grupos vulnerables y marginados de la sociedad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. tiene como precepto que todas las personas tienen derecho a la salud. Asimismo, la Ley General de Salud en el párrafo primero del artículo 77 Bis 1, hace referencia al derecho que tienen todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, sin importar su condición social.

En cuanto al apartado que hace referencia a los gastos catastróficos, el artículo 77 Bis 29 de la mencionada Ley General de Salud, contempla los tratamientos y medicamentos que implican un alto costo en virtud de su grado de complejidad, o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; en 2012 hubo 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes relacionadas con el cáncer de acuerdo con el Informe Mundial sobre el Cáncer 2014 IARC. Además, se prevé que el número de nuevos casos aumente en aproximadamente 70 por ciento en los próximos 20 años, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud.

En la región de las Américas se registraron 2.8 millones de casos nuevos y 1.3 millones de muertes a consecuencia del cáncer, en 2012. Las proyecciones indican que el número de muertes por cáncer en las Américas aumentará de 1.3 millones en 2012 hasta 2.1 millones en 2030. Esto se debe principalmente al crecimiento y envejecimiento de la población y al cambio en los estilos de vida. Los países de bajos y medianos ingresos serán los que sufran un mayor aumento de los casos de cáncer.

Por otra parte, se espera que cada vez más gente en la cúspide de sus vidas productivas, sean diagnosticadas de cáncer. Estos datos de acuerdo con el Reporte del Cáncer en la Región de las Américas, elaborado por la Organización Panamericana de Salud.

Los principales tipos de cáncer en el mundo son de acuerdo con la OMS los siguientes:

• Pulmonar (1.59 millones de defunciones);

• Hepático (745 mil defunciones);

• Gástrico (723 mil defunciones); y

• De esófago (400 mil defunciones).

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte a nivel mundial. El Inegi reportó 74 mil 685 muertes por cáncer en 2010 (13 por ciento muertes en México), de las cuales 6 mil 795 (9 por ciento) son por cáncer de pulmón, ubicándose en el primer lugar en nuestro país, siendo 68 por ciento de estas muertes entre el género masculino. Este tipo de cáncer es la cuarta causa de muerte en México. Cada año alrededor de 8 mil 300 personas son diagnosticadas con la enfermedad y 5 mil 800 fallecen, lo que representa la muerte de 22 mexicanos diariamente. Entre 80 y 97 por ciento de los mexicanos con esta enfermedad mueren en el año que fueron diagnosticados (Sánchez, 2015).

El doctor Óscar Arrieta, adscrito al Servicio de Oncología Médica y coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón en el Instituto de Cancerología, ha señalado que en el país no existe una estadística confiable, porque el diagnóstico de cáncer de pulmón muchas veces no se realiza, y entonces muchos pacientes mueren en hospitales rurales con diagnósticos equívocos como neumonía o tuberculosis y en realidad es cáncer pulmonar. Adicionalmente, Arrieta menciona que 25 por ciento de los casos de cáncer pulmonar se relaciona con el humo de leña, 60 por ciento con tabaquismo y el porcentaje restante debido a otros factores.

En este orden de ideas, debemos destacar que el hígado es el órgano de mayor tamaño en el cuerpo, ayuda al organismo a digerir los alimentos, almacena energía y elimina toxinas. El cáncer hepático primario comienza en el hígado.

Los factores de riesgo de cáncer de hígado primario de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos incluyen

• Hepatitis B o C;

• Consumir grandes cantidades de alcohol;

• Tener cirrosis, o cicatrización hepática;

• Tener hemocromatosis, afección que causa problemas con el almacenamiento de hierro en el cuerpo; y

• Obesidad y diabetes.

El hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, es el tumor maligno primario más común en el hígado y con mayor aumento en incidencia en el mundo, pues cada año se diagnostican cerca de 500 mil casos nuevos provocando cerca de 600 mil muertes. En México se encuentra entre las primeras 20 causas de mortalidad general y en el sexto lugar por cáncer (Organización Editorial Mexicana, 2012).

El doctor Jorge Luis Poo, ex presidente de la Asociación Mexicana de Hepatología, señaló la necesidad de poner atención al cáncer hepático, ya que es una de las enfermedades con mayor aumento en incidencia. De este tipo de cáncer, 90 por ciento se presenta en pacientes con cirrosis, principal factor de riesgo para desarrollarlo.

El cáncer de estómago o cáncer gástrico es un tipo de crecimiento celular maligno producido con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos y órganos, en particular el esófago y el intestino delgado, causando cerca de un millón de muertes en el mundo anualmente.

La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que actualmente el cáncer de estómago es el tercero más común. En México el cáncer de estómago en hombres está por debajo del cáncer de pulmón, y en mujeres del cáncer de mama, de acuerdo con cifras del Inegi se registra una tasa de mortalidad de 15 decesos por cada 100 mil habitantes. Según cifras del Inegi, se registraron 72 mil muertes a causa de esta enfermedad. La prevalencia del cáncer de estómago se observa en adultos de 30 a 59 años de edad. Mayra Galindo Leal, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, señaló que el cáncer gastico es uno de los más comunes y el segundo más mortal en México.

Esta asociación refiere que el cáncer de ovario sí está incluido en el Seguro Popular. El problema es que sólo se cubre el de tipo germinal que representa apenas 5 por ciento de los casos, mientras que el cáncer de ovario epitelial (95 por ciento de los casos) no está cubierto.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, el epitelial de ovario, de trompa de Falopio y primario de peritoneo, son enfermedades por la que se forman células malignas (cancerosas) en el tejido que cubre el ovario o el revestimiento de la trompa de Falopio o el peritoneo.

La leucemia, por su parte, es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea, el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos, donde se forman las células sanguíneas. En nuestro país se ha avanzado en materia de prevención y detección, pero permanece estancada en relación a su atención, especialmente para la población mayor de 18 años que la padece y pertenece al Seguro Popular, para quienes no existe asistencia pública. En México se diagnostican 10 mil pacientes con leucemia al año, de estos el 30 por ciento son adultos (El Financiero, 2014).

El Seguro Popular no cubre los tratamientos contra los tumores malignos y canceres que más afectan a las y los mexicanos, como el de pulmón, estómago, hígado y las leucemias en mayores de 18 años de edad. En palabras de Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, son éstos los cánceres con los que la gente muere, en parte, porque se detectan tarde, pero también porque el tratamiento es muy costoso. En el largo plazo, el tratamiento y control del cáncer puede significar para los pacientes un gasto que en ocasiones alcanza más de 1 millón de pesos, lo que rebasa por mucho las posibilidades de la mayoría de las familias.

El Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos contenida en el artículo 77 BIS 29, de la Ley General de Salud, refiere que contendrá los tratamientos y medicamentos que implican un alto costo en virtud de su grado de complejidad, o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren. Los tipos de cáncer antes mencionados, tienen una alta incidencia, y representan un costo demasiado alto para las familias más vulnerables.

Adicionalmente, no hay registros confiables que nos permitan conocer la magnitud, el nivel de mortalidad, las etapas en que se encuentran los pacientes ni su número. Es necesario tener una dimensión precisa del problema para que el gobierno pueda tener una intervención efectiva, por lo cual vuelve necesario crear un registro nacional del cáncer.

En virtud de lo anterior pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se evalúen las condiciones para que se incluya la atención del cáncer de pulmón, cáncer hepático, cáncer de estómago, cáncer de ovario epitelial, y leucemias en mayores de 18 años en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, como enfermedad que genera gastos catastróficos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes órdenes de gobierno a efecto de que se elabore un registro nacional del cáncer, que permita agilizar la intervención del gobierno para atender este padecimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputado Cirilo Vázquez Parissi (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al funcionamiento y mantenimiento óptimo de las escuelas normales rurales, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las diputadas y los diputados que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto de las escuelas normales rurales fue concebido para que los miembros de las comunidades campesinas marginadas tuvieran la oportunidad de acceder a una educación considerando sus necesidades y formas de trabajo particulares en búsqueda de alcanzar planos de vida más elevados. La enseñanza y las prácticas de agricultura y otros oficios, aunado a una formación crítica, han sido los pilares de este proyecto educativo orientado a la transformación de las comunidades.

Las normales rurales son una de las pocas vías, sino es que la única, de movilidad social al alcance de los jóvenes en situación de pobreza del mundo campesino. En ellas se tiene acceso –la mayoría de las veces limitado- a educación, hospedaje, alimentación y si las circunstancias lo permiten, a un trabajo calificado.

Como se ha observado en los últimos indicadores publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la población que vive en la pobreza representa 45.5 por ciento; mientras, la que se encuentra en la capa más baja, es decir, en la franja de la pobreza extrema, registra 10 por ciento, equivalente a 12 millones de personas.

En la metodología utilizada para esta medición multidimensional de la pobreza se consideraron los siguientes elementos: ingreso, acceso a la alimentación, a la salud, seguridad social, el rezago educativo, calidad de espacios en la vivienda y servicios básicos.

La situación de pobreza, es el principal requisito para ingresar a las Escuelas Normales Rurales. En el proceso de selección que se realiza anualmente en cada uno de los planteles, las autoridades educativas estatales, federales y estudiantes encargados de la encomienda, se aseguran de que los alumnos de nuevo ingreso sean hijos de campesinos pobres, indígenas y mestizos. Para ello, realizan un estudio socioeconómico de cada aspirante y se trasladan a sus respectivos domicilios para comprobar la veracidad de los datos otorgados.

Desde la emergencia de este proyecto, durante las primeras décadas del siglo veinte, hasta nuestros días, las administraciones que sucedieron al sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río y algunos gobiernos estatales, se han encargado de clausurar planteles y disminuir el presupuesto destinado a cubrir los gastos de las escuelas. Esto provoca que año con año, los normalistas tengan que manifestarse y exigir a las instancias de los gobiernos locales que se atiendan sus demandas académicas y materiales.

Hoy por hoy, según los datos de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) existen 17 escuelas normales rurales en México:

Los jóvenes que integran las Escuelas Normales Rurales se organizan políticamente en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que tiene por objetivos: que se proporcione una educación democrática, participar en la vida económica de las escuelas, mejorar la salud, vestuario y alimentación; conservar y usar adecuadamente los edificios, talleres y dormitorios.

Durante los últimos años, en el marco de las recientes reformas educativas y recortes al presupuesto de educación pública, se ha implementado una estrategia represiva en contra de los estudiantes de las Normales Rurales organizados. El hostigamiento sistemático que sufren los normalistas ha llevado a los actos más deleznables por parte de las fuerzas del orden, violando flagrantemente los derechos humanos, además de los informes que consignan las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

La desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, en Guerrero, ha conmocionado a instancias nacionales como internacionales, diversos organismos han condenado el acto y desafortunadamente, la desgracia de las familias de los desaparecidos y los propios compañeros de la normal rural de Ayotzinapa, han puesto en perspectiva las paupérrimas condiciones en las que se encuentran.

A pesar de la deplorable situación en la que se encuentra este proyecto educativo, la organización estudiantil ha mantenido muchos de los objetivos fundacionales de las escuelas: el vínculo con lo rural y el compromiso social. Asimismo, este modelo con todo y sus limitaciones, ha impulsado a las y los nuevos maestros rurales a formarse y combatir el analfabetismo en las zonas con mayor rezago.

Fundado y motivado en las consideraciones expuestas, sometemos a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a que en el ámbito de su competencia mantenga un diálogo constante, directo y de carácter resolutivo con los representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México para realizar un plan integral de atención a las escuelas normales rurales que garantice cabalmente la erogación de recursos suficientes para su funcionamiento y mantenimiento óptimo.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas a que, en el ámbito de sus atribuciones y en constante diálogo con los respectivos comités de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos, se generen las condiciones adecuadas para atender las demandas que históricamente han sido omitidas por las autoridades y que se implementen mecanismos de transparencia para el uso debido de los recursos destinados a las escuelas normales rurales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputados: Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Norma Rocío Nahle García, Sandra Luz Falcón Venegas, Irma López López, Alicia Barrientos Pantoja, Juan Romero Tenorio, Rodrigo Abdala Dartigues, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a transferir a los municipios beneficiarios los recursos aprobados en el PEF de 2015, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Julio Saldaña Morán, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas se componen principalmente de los recursos del ramo 28 Participaciones Federales, del ramo 33 Aportaciones Federales; y del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas, tal como lo señala el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.1

Para el caso del Estado de Veracruz los recursos federales transferidos representan alrededor del 69% de los ingresos brutos totales del gobierno del estado, y el 81% de los ingresos brutos de sus municipios.2

El ramo 28 se rige por las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece las fórmulas y los mecanismos para distribuir los recursos de los diversos fondos entre las entidades federativas.

Los recursos de este ramo se vinculan a la recaudación federal participable, sus recursos son parte del gasto no programable y dependen de la recaudación federal efectiva que se realiza durante el ejercicio fiscal de que se trate, y van de la mano de la actividad económica y petrolera. Sus recursos no tienen un destino específico en el ejercicio del gasto de los estados. Son recursos de carácter resarcitorio, pues asignan recursos de manera proporcional a la participación que cada entidad en la actividad económica y en la recaudación de recursos públicos, con la finalidad de incentivar el crecimiento económico y la recaudación de las entidades.

Para el ejercicio fiscal 2015 se aprobaron para Veracruz en este ramo 35 mil 680 millones 300 mil pesos

También es la Ley de Coordinación Fiscal la que norma los procedimientos para la distribución de los recursos entre las entidades del país a través de sus ocho fondos.

La asignación de estos recursos está garantizada y no está sujeta al desempeño económico y su capacidad de recaudación y son recursos con carácter compensatorio pues su asignación está en función directa de los rezagos y necesidades de las entidades en materias como salud, educación, desarrollo social e infraestructura.

Para 2015 se aprobaron para Veracruz 42 mil 915 millones 800 mil pesos.

El ramo 23 son recursos transferidos a las entidades federativas para atender necesidades específicas para apoyar el desarrollo regional y municipal a través de programas como el Fondo Metropolitano, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura, y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre otros, en los que se contempla al estado de Veracruz.

Los recursos de este ramo para Veracruz suman un total de 1 mil 948 millones 400 mil pesos.

El gobierno federal ha transferido los recursos correspondientes de conformidad con los calendarios publicados en su momento en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, a pesar de que el gobernador del estado ha instruido a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz a dar cumplimiento a la transferencia de los recursos hacia los 212 municipios de la entidad, hay denuncias por parte de diversos municipios en el sentido de que dicha secretaría no ha entregado esos recursos.

Dado que los recursos federales transferidos a los municipios representan el 81 por ciento de su presupuesto anual, el atraso en el depósito de los recursos está provocando importantes dificultades financieras a los municipios, que van desde el retraso en el inicio y desarrollo de las obras para las que están comprometidos esos recursos, hasta la operación ordinaria de los ayuntamientos pues se compromete hasta el pago de la nómina municipal.

Presidentes municipales de municipios gobernados por del Partido de la Revolución Democrática han reclamado en diversas ocasiones a la Secretaría de Finanzas esa anomalía, entre ellos: Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Sureste, San Rafael, Pajapan, Jalcomulco, Alvarado, Emiliano Zapata. También hay inconformidad por parte de municipios gobernados por Acción Nacional, como Boca del Rio.

Por si fuera poco, según datos del periódico Reforma la edición del 18 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) ha integrado 15 denuncias contra el gobierno de Veracruz, por simular reintegrar recursos de fondos federales que habían desviado a otros rubros.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso la denuncia penal ante la PGR, esta simulación afecta los recursos de los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), entre otros.

“El mecanismo de simulación utilizado, explicaron fuentes de la ASF, consistió que los estados depositaban a la cuenta los recursos señalados y enviaban comprobante a la Auditoría, una vez que se daba por solventada, los estados retiraban el dinero para darles un uso distinto de aquel para el que estaban etiquetados sin que se tenga conocimiento preciso sobre el destino final”, señala la nota.

Las denuncias fueron presentadas en noviembre del 2014 se presentaron para Veracruz, que es la entidad que acumula el mayor número de irregularidades.

Todas las denuncias ya han sido ratificadas, y corresponde ahora a la PGR, con base en su propia investigación, determinar qué tipo de delito es el que se configura y quiénes son los responsables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz, y en particular a la Secretaria de Finanzas y Planeación, a transferir puntualmente a favor de todos los municipios beneficiarios los recursos federales aprobados por esta Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado al gobierno del estado de Veracruz a abstenerse de dar un uso distinto a los recursos federales aprobados por esta Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

Notas

1 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Veracruz

2 Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputado Julio Saldaña Morán

Con punto de acuerdo, para iniciar las investigaciones correspondientes por el presunto desvío de recursos en Veracruz según el informe relativo a la Cuenta Pública de 2013 entregado por la ASF, suscrita por los diputados Cuitláhuac García Jiménez, Juan Romero Tenorio y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Cuitláhuac García Jiménez, Rocío Nahle García y Juan Romero Tenorio en la calidad de diputados a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera . Que derivado del informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación presentado en el mes de febrero de 2015 se han podido identificar las condiciones de vulnerabilidad en la gestión de las entidades públicas. Particularmente importante es la vigilancia al gasto federalizado.

Segunda . La parte sustantiva de este documento la representa la labor auditora de la institución, sintetizada en mil 413 informes individuales, que corresponden a 877 auditorías de cumplimiento financiero; 525 auditorías de desempeño; ocho evaluaciones de políticas públicas, y tres estudios.

De este informe de fiscalización de la Cuenta Pública de 2013, se desprende que en el estado de Veracruz se practicaron 44 auditorías, y que el monto total de las observaciones e irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación ascienden a un monto de cuando menos 3 mil 145 millones de pesos.

Tercera . La Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades en la Cuenta Pública de 2013 del estado de Veracruz en todos los rubros del gasto federalizado como educación, salud, infraestructura y seguridad pública, por lo que el órgano técnico hizo recomendaciones para “hallar los recursos no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la Tesorería de la Federación”. Entre los problemas encontrados están: pagos indebidos, deficiencias de control del proceso de gastos de operación, falta de conciliación y soporte documental de las erogaciones, transferencias a varias cuentas, falta de cumplimiento de pago, actos contrarios a la ética y la conducta institucional, entre otras observaciones.

Cuarto . Entre las irregularidades y observaciones señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, en su informe sobre la Cuenta Pública de 2013, en lo que concierne al estado de Veracruz están las siguientes:

Educación: más de 66.5 millones de pesos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-30000-14-0799 GF-123. Observaciones: “Para que gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aclare y proporcione la documentación que acredite el registro contable, el ejercicio y la aplicación de los rendimientos financieros generados por $66,557,083.87 pesos (sesenta y seis millones quinientos cincuenta y siete mil ochenta y tres pesos 87/100 M.N.) correspondientes a rendimientos financieros generados pendientes por ejercer”.

Salud: más de 315 millones de pesos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-30000-14-0799 GF-123. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $315,627,148.23 pesos (trescientos quince millones seiscientos veintisiete mil ciento cuarenta y ocho pesos 23/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, por no haber transferido a los servicios de salud de Veracruz recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y los intereses generados; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.

Infraestructura Estatal: más de 625 millones de pesos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-30000-14-0897 GF-157. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $625,190,000.00 pesos (seiscientos veinticinco millones ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por haber transferido recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2013 a otras cuentas bancarias sin haber efectuado el reintegro correspondiente; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal”.

Infraestructura municipal: más de 32.9 millones de pesos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-30011-02-1247 GF-455, municipio de Alvarado. Observaciones: un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $847,426.16 pesos (ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos veintiséis 16/100 M.N.), más rendimientos generados”.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-30033-02-1256 GF-456, municipio de Cazones de Herrera. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $1,556,072.32 pesos (un millón quinientos cincuenta y seis mil setenta y dos pesos 32/100 M.N.), más rendimientos generados”.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-D-30061-14-0998 GF-458, municipio de Las Choapas. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $5,453,641.96 pesos (cinco millones cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y un pesos 96/100 M.N.), más los intereses generados”.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-30102-02-1293 GF-459, municipio Martínez de la Torre. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $530,435.90 pesos (quinientos treinta mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 90/100 M.N.) más los rendimientos generados”.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-30142-02-1306 GF-463, municipio de San Juan Evangelista. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $5,952,447.00 pesos (cinco millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos generados”.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-30159-02-1316 GF-467, municipio de Tehuipango. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $619,325.61 pesos (seiscientos diecinueve mil trescientos veinticinco pesos 61/100 M.N.) más los rendimientos generados”.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-30161-02-1319 GF-468, municipio de Tempoal. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $4,771,963.59 pesos (cuatro millones setecientos setenta y un mil novecientos sesenta y tres pesos 59/100 M.N.), más los rendimientos”.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-30173-02-1322 GF-469, municipio de Tezonapa. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $10,524,882.56 pesos (diez millones quinientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos 56/100 M.N.), más los rendimientos generados”.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-30207-02-1329 GF-470, municipio de Tres Valles, Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto $1,401,221.08 pesos (un millón cuatrocientos un mil doscientos veintiún pesos 08/100 4 Gasto Federalizado M.N.), más los rendimientos generados”.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-30203-02-1341 GF-473, municipio de Zozocolco de Hidalgo. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $1,375,000.00 pesos (un millón trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) más los rendimientos generados”.

Seguridad Pública: más de 260 millones de pesos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-30000-14-0514 GF-629. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $278,780,420.79 pesos (Doscientos setenta y ocho millones setecientos ochenta mil cuatrocientos veinte pesos 79/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por qué se transfirieron recursos a cuentas estatales y no se reintegraron a la cuenta del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013; cuyo importe deberá ser 2 Gasto Federalizado acreditado, ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal”.

Seguridad Pública Territorial: más de 5.9 millones de pesos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-30000-02-1423 GF-747. Observaciones:·Se presume un probable daño o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $5,993,000.00 pesos (cinco millones novecientos noventa y tres mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la Tesofe, por haber realizado transferencias del Subsemun 2013, a cuentas bancarias del Subsemun 2012 y Participaciones Federales”.

Escuelas de Tiempo Completo: más de 230 millones de pesos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-30000-14-0735 GF-778. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de $233,626,971.44 pesos (doscientos treinta y tres millones seiscientos veintiséis mil novecientos setenta y un pesos 44/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesofe, por no reintegrar los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo”.

Subsidios para Organismos Descentralizados: más de 2.8 millones de pesos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-4-99009-02-1242GF-798. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $2,819,050.90 pesos (dos millones ochocientos diecinueve mil cincuenta pesos 90/100 M.N.), para su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por rendimientos financieros que debieron generarse y que no fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2013 o reintegrados a la Tesofe”.

Seguro Popular: más de 1,580 millones de pesos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-30000-14-0864 GF-878. Observaciones: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $1,580,503,156.96 pesos (mil quinientos ochenta millones quinientos tres mil ciento cincuenta y seis pesos 96/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del programa por no haber transferido los recursos de la Cuota Social y la Aportaciones Solidaria Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y por los rendimientos financieros generados por el atraso en las ministraciones de recursos de la Cuota Social y la Aportaciones Solidaria Federal; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable”.

Medio Ambiente: más de 27.3 millones de pesos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-30000-02-1425 GF-924. Observaciones: Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $10,485,471.70 pesos (diez millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y un pesos 70/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación por recursos federales que la Secretaría de Finanzas y Planeación no ejerció al 31 de diciembre de 2013”.

Además de: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $16,981,040.00 pesos (dieciséis millones novecientos ochenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), por no haber transferido los recursos, ni sus rendimientos financieros generados a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales por $4,981,040.00 pesos (cuatro millones novecientos ochenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), ni a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Veracruz por $12,000,000.00 pesos (doce millones de pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación”.

Quinto . Estas irregularidades han ocasionado que la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa sea investigada por el probable daño ocasionado a la federación y en las que, dado el tamaño de las irregularidades reportadas, pudieron haber sido desviados miles de millones de pesos.

Por estos hechos al menos 29 funcionarios públicos o ex funcionarios veracruzanos son ya investigados por la Procuraduría General de la República, entre los que destacan:

De acuerdo con medios de comunicación locales, que tuvieron acceso a los nombres de los funcionarios, ex funcionarios y dependencias que se involucran, en la lista destacan los siguientes:

1. Juan Felipe Aguilar de la Llave , ex secretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

2. Rafael Germán Murillo Pérez , ex secretario de Finanzas y Planeación.

3. José Salvador Sánchez Estrada , ex secretario de Finanzas y Planeación.

4. Fernando Charleston Hernández , ex secretario de Finanzas y Planeación, diputado federal saliente.

5. Mauricio Martín Audirac Murillo , ex secretario de Finanzas y Planeación y ex contralor general del Estado.

6. Carlos Aguirre Morales , subsecretario de Egresos de la Sefiplan.

7. Lorenzo Antonio Portilla Vázquez , auditor general del Orfis, ex director general de Control y Evaluación de la Contraloría General del estado.

8. Jon Gurutz Rementería Sempé , ex secretario de Salud (2004-2007), actual delegado del IMSS en la zona sur de Veracruz.

9. Leonel Bustos Solís , ex director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de la Ssa, actualmente director general del Seguro Popular.

10. Beda Ocampo López , directora de Recursos Humanos de la SEV.

11. José Rafael Méndez Escobar , ex funcionario de la Secretaría de Salud.

12. Clara Luz Prieto Villegas , subdelegada de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la delegación de Sedesol en Veracruz, ex contralora del estado.

13. Jesús Guillermo Villegas Ríos , director de Control y Evaluación de la Contraloría del estado.

14. Santiago Mota Bolfeta , director de la Comisión Constructora de Salud del estado.

15. Nicolás Gerardo Baizabal Silva , ex subdirector de Operación Financiera de la Subsecretaría de Finanzas y Planeación, cuando Javier Duarte era Subsecretario de Finanzas.

16. Rocío Hernández Ríos , ex subdirectora administrativa del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de la Secretaría de Salud.

17. Timoteo Aldana Carrión , director administrativo de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud.

18. Carlos González Cruz , ex jefe del Departamento de Contabilidad de la Secretaría de Salud de Veracruz.

19. Edgardo Hernández Callejas , ex funcionario de la Secretaría de Salud de Veracruz.

20. Juan Gabriel Hernández Jiménez , ex funcionario de la Sefiplan.

21. Tomás José Ruíz González , actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas del gobierno del estado; era secretario de Finanzas y Planeación al darse el ilícito.

22. Gabriel Deantes Ramos , actual secretario del Trabajo y Previsión Social; era subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan al momento del ilícito.

23. Carlos Aguirre Morales , subsecretario de Egresos de la Sefiplan; tenía el mismo cargo al momento del ilícito.

24. Vicente Guillermo Benítez González , actual oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz; era tesorero de la Sefiplan al momento del ilícito.

25. Lorenzo Antonio Portilla , actual auditor superior del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). Cuando se cometió el delito era director general de Control y Evaluación de la Contraloría General del gobierno del estado de Veracruz.

26. Antonio Ferrari Cazarín , actual director de Patrimonio del Estado de Veracruz. Cuando se cometió el delito era subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.

27. Antonio Tarek Abdalá Saad , diputado federal por Cosamaloapan, ex subsecretario de la Sefiplan.

28. Édgar Spinoso Carrera , diputado federal por Martínez de la Torre, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, de donde fue removido después de un escándalo de corrupción, junto con Gabriel Deantes.

Sexto . Si cualquier señalamiento por el desvío de recursos es preocupante, lo es más en momentos en que atravesamos una profunda crisis de credibilidad de las instituciones por acusaciones graves de corrupción, en todos los niveles de gobierno y de todos los partidos políticos.

En momentos en que millones de personas en el estado de Veracruz se encuentran en pobreza y pobreza extrema, el enriquecimiento ilícito a partir del manejo mafioso del erario público es inaceptable.

La sociedad demanda del gobierno honestidad, un ejercicio eficiente de los recursos públicos en acciones prioritarias que abarquen los intereses de la mayoría y transparencia de todos los actos de gobierno.

Los señalamientos anteriormente descritos por su magnitud y las distintas áreas de interés social y colectivo que abarcan son preocupantes. Lo mínimo que podemos pedir es una investigación que esclarezca los señalamientos y el destino del dinero público, pero sobre todo que resarza a la sociedad de cualquier desfalco y agravio que haya sido cometido en su contra.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar las investigaciones correspondientes por el presunto desvío de recursos por un monto de 3 mil 145 millones de pesos en el estado de Veracruz, derivados del informe entregado por la Auditoría Superior de la Federación relativo a la Cuenta Pública de 2013 y se conmine respetuosamente al Congreso del Estado de Veracruz para que instruya al Órgano de Fiscalización Superior de aquella entidad para que audite, en lo que proceda, las obras y recursos financieros ejercidos en la Cuenta Pública de 2013, especialmente aquéllos en los que se encuentran involucrados recursos federalizados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputados: Cuitláhuac García Jiménez (rúbrica), Rocío Nahle García, Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se reconoce al gobierno de Colombia y a las FARC por haber alcanzado la firma de un acuerdo mediante el que se crea una jurisdicción especial para la paz, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Héctor Javier García Chávez Diputado Federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, inciso 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En mayo de 1964, un grupo de 60 hombres, liderados por Pedro Antonio Marín, ‘Tirofijo’, crearon una organización con el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia mundialmente conocidas como las FARC. De forma paralela al surgimiento de los grupos guerrilleros, fueron apareciendo diversos grupos paramilitares contratados por los terratenientes y empresarios colombianos.

2. Las acciones militares de las FARC, sumadas a las de las otras guerrillas también nacidas en los años 60 como el M-19, llevaron a que en 1983 el entonces presidente Belisario Betancur planteara una negociación de paz. No obstante, la tregua duró muy poco tiempo.

3. A lo largo de cincuenta años las cifras que se conocen resultan alarmantes. De Acuerdo al Centro de Memoria Histórica y Registro Único de Víctimas hasta el año de 2012 habían muerto 218 mil 094 personas, de las cuales 40 mil 787 eran combatientes y 177 mil 307 eran personas civiles. Según dicho centro las desapariciones forzadas en ese periodo fue 25 mil 7 personas, las víctimas por violencia sexual fue de 2,754 y las víctimas que sufrieron reclutamiento ilícito fue de 5 mil 159 personas.

4. Ante tal panorama y con Juan Manuel Santos como Presidente de Colombia, el 19 de noviembre de 2012 se iniciaron en La Habana, Cuba, las negociaciones para alcanzar un acuerdo para alcanzar la paz.

5. El 27 de mayo de mayo de 2013, tras seis meses de negociaciones, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC anunciaron un acuerdo en el primer punto de su agenda de negociaciones, el tema agrario. Dicho acuerdo que incluye entre sus puntos el acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad, programas de desarrollo con enfoque territorial, desarrollo social, estímulo a la producción agropecuaria y políticas alimentarias y nutricionales. Las partes convinieron en que el gobierno colombiano formalizará progresivamente los predios que ocupen o posean campesinos y se crearán, además, mecanismos para solucionar posibles conflictos de uso. Dicho acuerdo fue llamado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”.

6. Durante el transcurso de las negociaciones se fueron logrando otros acuerdos como “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

7. El acuerdo firmado en La Habana, Cuba, el 23 de septiembre pasado por el Presidente Juan Manuel Santos y el comandante Timoleón Jiménez o Timochenko por parte de las FARC, contiene los siguientes elementos:

• Construcción de un Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

• Acuerdos en materia de reparación a las víctimas.

• Creación de una jurisdicción especial para la paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

• La terminación de las hostilidades, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, y el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.

• No serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.

• En cuanto a la jurisdicción especial para la paz los acuerdos contemplan su competencia, los procedimientos, los tipos de delitos y las penalidades.

8. Finalmente, las partes acordaron que a más tardar en seis meses se deben concluir las negociaciones y el 23 de marzo de 2016 se debe firmar el acuerdo final del proceso de paz.

9. Debe señalarse la importante y valiosa participación como mediador del gobierno de Cuba y, como lo señaló el propio presidente Santos, el mismo Papa Francisco intervino en las negociaciones durante su reciente visita oficial a la isla.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión saluda y envía una felicitación por el histórico acuerdo firmado el pasado 23 de septiembre entre el Gobierno de Colombia, representado por el Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, representadas por el comandante Timoleón Jiménez, mediante el cual se establece un mecanismo de justicia transicional, como paso previo para alcanzar un acuerdo definitivo de paz en Colombia.

Dado en el salón de sesiones de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputado Héctor Javier García Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al TSJDF a efecto de que el actual proceso de elección de su presidente se realice con base en los principios democráticos de respeto de la ley, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio en nuestra calidad de diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el principio Constitucional de división de poderes, entendido como la técnica de distribución de funciones para garantizar el mayor ámbito de libertad para el ciudadano, evitar que el poder se concentre en una sola persona o institución y establecer un gobierno de derechos, se ha convertido en el eje de la organización de los estados constitucionales de derecho modernos.

Esta división de poderes implica la separación de los órganos del Estado en tres grupos diversos e independientes unos de otros, y cada uno de ellos constituido en forma que los diversos elementos que lo integran guarden entre sí la unidad que les da el carácter de poderes.

La división de poderes en México se establece en el artículo 49 de la Carta Magna y asienta la tesis de que el poder es sólo uno y lo que se divide es su ejercicio. Este ejercicio del poder se encuentra repartido en tres órganos o poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo.

Segunda. Para el caso del Distrito Federal el artículo 122 de la Carta Magna en su párrafo primero señala que “su gobierno está a cargo de los Poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local en los términos de ese artículo.

Asimismo el párrafo segundo del mismo artículo indica que “son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia”.

Mientras que el párrafo quinto del mismo numeral constitucional reza “El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal”.

Por su parte el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal estable en su artículo 7º que “El gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales, y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente Estatuto y las demás disposiciones legales aplicables” y que “La distribución de atribuciones entre los Poderes Federales y los órganos de gobierno del Distrito Federal está determinada además de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que dispone este Estatuto”.

Y el artículo 8º indica que “Las autoridades locales de gobierno del Distrito Federal son: I. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y III. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Tercera. Actualmente está en proceso de renovación la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual se llevará al cabo mediante elección de su presidente a través del voto de los magistrados que integran el pleno de es H. Tribunal.

Este proceso inició desde la expedición de su convocatoria, y se encuentra en pleno desarrollo. El día 12 octubre de 2015 se abrió el periodo de registro de los aspirantes y a más tardar el próximo 4 de noviembre de 2015 en reunión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia será electo el nuevo Presidente para encabezar éste órgano de gobierno por un plazo de cuatro años, es decir hasta el 31 de diciembre 2018.

Esto conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mismo que establece:

“Artículo 33.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal durará en su cargo tres años y podrá ser reelecto por una sola vez para el periodo siguiente. Será electo por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal mediante escrutinio secreto, en sesión que habrá de celebrarse en el mes de noviembre del año previo a su mandato. El período de ejercicio del Presidente iniciará en el mes de enero del año que corresponda y rendirá la protesta de Ley ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la primera sesión”.

Cuarta. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por su magnitud no solo es el más importante de los Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana sino de América Latina.

Solo en 2013 ingresaron en primera o única instancia 300 mil nuevos expedientes, volumen similar al del poder judicial argentino o al de 16 tribunales locales del país, equivalente a 85 por ciento de toda la carga del Poder Judicial de la Federación.

El Distrito Federal es la entidad federativa con el mayor grado de litigiosidad en proporción a su población. Mientras que el promedio de las entidades federativas se reciben dos asuntos por cada 100 mil habitantes, en la Ciudad de México la proporción se duplica, llegando a cuatro asuntos por cada 100 mil personas que transitan en el Distrito Federal.

De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal adquiere no solo la forma de un órgano en el que se divide el poder, sino la órgano de gobierno dada la función central que desempeña para cientos de miles de personas todos los años al propiciar el acceso a la justicia.

Esto se traduce en lo que se ha denominado justicia cotidiana, entendido como conjunto de instrumentos y mecanismos que dispone o apoya el Estado para resolver directamente los conflictos de los ciudadanos con otros ciudadanos y, en algunos casos, de éstos con las autoridades públicas. La consideración de la justicia cotidiana como servicio público que comprende la doble dimensión del resultado de sus procedimientos mediante resoluciones y sentencias, como del trato que se otorga a los justiciables.

Quinta. Sin embargo, existen tentaciones autoritarias y absolutistas para violar la Ley e intentar imponer de nueva cuenta al actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Magistrado Edgar Elías Azar mediante una reelección que no tiene sustento en la ley.

El actual Presidente del Tribunal entró en funciones en 2008 cuando la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no preveía la reelección. En el 2011 se modificó el citado ordenamiento, lo que le permitió mantenerse en el citado encargo hasta el 31 de diciembre próximo de 2015, día en que cumplirá 8 años en él cargo.

La reforma del 2011, hecha a modo, de la cual fue directo beneficiario el actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se legisló en contra de todos los precedentes legislativos, que dictan que al reformar leyes donde se tocaba la reelección en algún órgano, siempre debe contenerse un artículo transitorio, previendo que su entrada en vigor no beneficiará a quienes en ese momento se encontraban ejerciendo el encargo.

Esta situación fue nuevamente modificada y el 6 de junio de 2014 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal una nueva reforma que bajaba de 3 a 3 años la duración de la presidencia del mencionado tribunal, la lección es realizada por entre todos los magistrados, ya no solo por aquellos que contaban con una antigüedad mínima tres años y permite una reelección por un periodo de tres años más. Reforma que especifica será aplicada al nuevo presidente del tribunal y no al actual.

Es decir, la reforma de 2011 ya se agotó, porque se cumplieron los cuatro años de la reelección presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y la reforma del 2014 aplicará para el próximo Presidente, no para el actual en funciones.

La intentona del actual Presidente para volver a reelegirse es a todas luces ilegal e inconstitucional, porque se estaría ante una tercera reelección.

El artículo 122 de la Constitución Federal, en la base cuarta, fracción dos señala que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal será el mismo del Consejo de la Judicatura “Durarán cinco años en su cargo... y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo”.

Luego entonces no existe fundamento jurídico que avale la intención del actual Magistrado Presidente del Tribunal para una nueva reelección, quien ya ejerció su derecho a ser titular del órgano judicial.

Incluso se llegará el caso de que el propio Presidente del Tribunal, el Magistrado Elías Azar, por ser quien preside el Consejo de la Judicatura Local, lleve a cabo el registro y presida las sesiones donde el mismo sería reelecto, lo que a todas luces es un conflicto de intereses.

Situación que resulta inadmisible y no puede tolerarse que imperar al interior de un órgano en que se divide el poder para su ejercicio y que tiene bajo su responsabilidad presidir el Consejo la Judicatura mismo que tiene como encargo “La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales” según lo establece el artículo 122 base cuarta fracción de la Carta Magna

Sexta. Entre el creciente descredito delas instituciones, la falta de confianza delos gobernados en sus gobernantes, las serias acusaciones de corrupción que han llegado al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal sobre la construcción de edificios que albergarán nuevos inmuebles de la denominada Ciudad Judicial y que podrían ascender a más de mil millones de pesos, aunados a la pretensión ilegal e inconstitucional del Presidente del Tribunal Superior de Justica Magistrado Edgar Elías Azar de ser reelecto en nada contribuyen al desarrollo de la democracia en la Ciudad de México.

Por su importancia y la función que desempeña, la elección de nuevo residente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para el periodo del primero de enero 2016 al 31 de diciembre de 2018, no es algo que deba pasar desapercibido.

Como representantes populares, representantes del Nación y dado que tenemos bajo nuestro encargo el establecimiento de las bases Constitucionales y Estatutarias para el funcionamiento del Distrito Federal y sus órganos de gobierno, no podemos dejar que la ilegalidad se apodere del máximo órgano impartidor de justicia en el Distrito Federal.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que el actual proceso de elección de su Presidente se realice conforme a los principios democráticos de respeto a la Ley, Alternancia y Transparencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu, el gobierno de Quintana Roo y el ayuntamiento de Benito Juárez a concluir el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginalidad en el municipio, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe; diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea; Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), al gobierno del estado de Quintana Roo, y al Gobierno Municipal de Benito Juárez, concluyan el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginalidad en el citado municipio, a través de la realización de las acciones necesarias para tal efecto, lo anterior en virtud de las siguientes

Consideraciones

El Ejecutivo federal a través de la Sedatu, el gobierno de Quintana Roo y el municipio de Benito Juárez han difundido entre la población y la mayoría de los medios de comunicación, la exitosa coordinación de estos tres niveles de gobierno; sin embargo, a la fecha no han dado cumplimiento al proyecto de regularización de los asentamientos del ejido Alfredo V. Bonfil, contemplados en el Plan de Desarrollo Urbano local.

Por tal razón existe preocupación e inconformidad sobre los datos que contradicen los reportes y anuncios públicos.

En 2014 se suscribió un convenio de colaboración para la regularización de predios; pero la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu) a pesar de haber señalado grandes avances en el levantamiento de mediciones de todas las zonas por parte de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett, así como el otorgamiento de subsidios en el pago de derechos e impuestos, lo cierto es que las familias más pobres presumiblemente han sido utilizadas con fines políticos.

El interés primordial del presente exhorto, es lograr en el menor tiempo posible, dotar de servicios públicos y generar empleo, para los quintanarroenses de esta zona del estado; esto como una obligación que tienen los gobiernos y las administraciones públicas, para mejorar el bienestar de los ciudadanos y no utilizarlos mediáticamente con propósitos electorales.

A partir de la identificación de la importancia y valoración que desde el Partido de la Revolución Democrática se ha otorgado al bienestar social, así como la importancia que tiene la construcción de políticas públicas desde este poder legislativo; surge la necesidad impostergable, urgente y primordialmente responsable; de trabajar al lado de los ciudadanos que han sido marginados en Quintana Roo.

Los tres niveles de gobierno a los que me refiero, deben asumir su obligación de escriturar y dar certeza jurídica a los ciudadanos del ejido Alfredo V. Bonfil.

Pero ese documento que es sólo un papel, no asegura el cumplimiento y acceso a los derechos humanos consagrados por la Constitución Política.

No se trata sólo de dar certeza jurídica; se trata de integrar a la sociedad; al pueblo de México, y garantizar sus derechos, a la dignidad, la calidad de los servicios y el desarrollo social.

Pues bien; ante esta tribuna, o frente a cualquier foro, es fácil hablar de Políticas Públicas Sociales; lo cierto es que se ha fracasado, se administra la pobreza, y en muchos casos se lucra con la miseria y la necesidad.

El abandono de este ejido, impide que la gente tenga acceso a la salud, la educación o trabajo, por ello esta regularización que comprende la estación foránea, en el cruce de las avenidas Nichupté con López Portillo hasta el puente que entronca con la carretera federal a Mérida no puede seguir con tal retraso.

El censo a 40 mil 900 predios donde se ubican más de 58 mil familias ubicadas en 109 polígonos, apenas reporta un proceso de medición incompleto de 15 de ellos, es decir; sólo se está midiendo el 10% de un plan en el que, el Ejecutivo Federal anuncio como un gran logro, la entrega de escrituras para el primer trimestre de este año.

Por lo tanto se trata sólo de propósitos, o bien de propaganda en la que con bombo y platillo se dice que se brinda certeza jurídica, a los mexicanos, y lo que se les proporciona en realidad es hambre y falta de oportunidades.

Desde aquí mi más enérgico exhorto a la Sedatu y a estos gobiernos, por el respecto a la dignidad y a la propiedad de los lotes que habitan las familias en el Ayuntamiento de Benito Juárez, a efecto de que se les entregue de inmediato su escritura.

Pero al mismo tiempo elevo mi denuncia de lo que se promueve como avance, y que de ningún modo resuelve la situación de pobreza de los Quintanarroenses; mucho menos cuando se realiza mediante un proceso tan lento que los aleja por más tiempo de contar con los servicios mínimos de infraestructura para alcanzar el desarrollo social a que tienen derecho.

Así, con el afán de ayudar a la realización de las gestiones necesarias e incidir en la pronta atención de sus necesidades, desde las atribuciones que me son conferidas por poder legislativo; solicito urgentemente la aceleración de este proceso.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa, a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), al Gobierno del Estado de Quintana Roo, y al Gobierno Municipal de Benito Juárez, concluyan el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginación en el ejido Alfredo V. Bonfil, del Municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa, a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), al gobierno del estado de Quintana Roo, y al Gobierno Municipal de Benito Juárez, para que publiquen en sus sitios oficiales, la información relacionada con los avances de este proceso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal el retiro de la nominación del señor Claude Heller Rouassant como candidato de México para integrar el comité contra la tortura de la ONU, suscrita por los diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, el retiro de la nominación del señor Claude Heller Rouassant como candidato de México para la elección de los integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El Estado mexicano nominó, el pasado 28 de abril, a Miguel Sarre Iguíniz, como candidato de México para participar en la elección de integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

2. Experto reconocido con amplia experiencia e independencia en materia de tortura y derechos humanos, su propuesta para ser integrante del Comité contra la Tortura respondía a que en su trayectoria cuenta con haber sido miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, un órgano emanado de un tratado internacional del sistema de protección a los derechos humanos de ONU.

3. Por ello, la notificación, sin justificación alguna, que el pasado 16 de junio de 2015 envío el gobierno mexicano al Comité contra la Tortura a través de la Cancillería para retirar la candidatura de Miguel Sarre Iguíniz, nominando en su lugar al señor Claude Heller Rouassant, generó gran extrañeza e indignación entre las organizaciones de sociedad civil que defienden derechos humanos y acompañan a víctimas de tortura.

• Es así que el 23 de junio y el 10 de julio del presente año, enviaron sendas cartas al entonces secretario de Relaciones Exteriores, doctor José Antonio Meade Kuribeña1 , y a la embajadora de Austria en México, respectivamente, en las que expresaban su malestar por el retiro de la candidatura de Miguel Sarre Iguíniz y la nominación de Claude Heller Roussant.

4. Así también, más de 80 organizaciones, 75 de ellas integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos,2 que trabajan por los derechos humanos en 21 estados de la República mexicana, emitieron una comunicación pública en el mismo sentido.

5. Por compartir las preocupaciones expresadas en estos tres documentos, queremos unirnos a la solicitud que han planteado al titular del Ejecutivo federal a través de la Cancillería y vamos a transcribir sus principales argumentos en relación con el retiro de la candidatura de Miguel Sarre Iníguez y la nominación de Claude Heller Roussant:

a) ...las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestro rechazo por el retiro y sustitución de candidaturas que el gobierno mexicano ha realizado en la elección de integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

b) El Comité contra la Tortura es un órgano creado por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Dicho Comité tiene entre otras facultades la de llevar a cabo revisiones periódicas a estados parte de la convención y la de conocer casos contenciosos que víctimas de tortura y otros malos tratos presentan en contra de estados que han reconocido la competencia del comité en este rubro. México es estado parte de la convención y aceptó la competencia contenciosa del comité.

c) ...el comité adoptó sus observaciones finales en la última revisión realizada al Estado mexicano en 2012, en las que formuló diversas recomendaciones dados los niveles de incidencia de la tortura en México y la impunidad en torno a esta grave violación a los derechos humanos. Asimismo, el comité ya se encuentra conociendo casos contenciosos presentados en contra del Estado mexicano, mismos que se encuentran pendientes de ser resueltos por dicho órgano.

Exponen entre sus argumentos las directrices de Addis Abeba3 que establecen la importancia de la independencia y la imparcialidad de quienes integren los comités, relatorías y demás instrumentos que se han creado a partir de los tratados de derechos humanos:

Los miembros de los órganos creados en virtud de tratados no sólo serán independientes e imparciales, sino que deberán parecerlo a juicio de un observador razonable.

Asimismo, las directrices exponen que:

Los conflictos de intereses y el incumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad, ya sean reales o aparentes, pueden ser consecuencia de diversos factores, como la nacionalidad del miembro o su lugar de residencia, su empleo actual o anterior, la pertenencia o afiliación a una organización o las relaciones familiares o sociales...

6. Es importante comentar que hay un reconocimiento de las organizaciones que firman las cartas y el comunicado de que el señor Claude Heller ha sido un diplomático mexicano de carrera con larga trayectoria que ha desempeñado varios cargos como embajador y representante de México ante organismos internacionales. Pero asimismo señalan que de la revisión de esa trayectoria no se encuentra ninguna experiencia ni especialización en materia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, por lo que consideran que:

d) ...su cargo como embajador eminente de México pone en tela de juicio la independencia que, de acuerdo a lo antes señalado en las Directrices de Addis Abeba deben tener los integrantes del Comité contra la Tortura frente a los Estados parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Manifiestan su inquietud de que:

e) ...con el manejo político de las nominaciones, el Estado mexicano busque tener un mayor control sobre el Comité contra la Tortura, afectando la independencia del organismo, lo que a su vez produciría efectos negativos no solamente en la protección de la integridad personal de la población en México, sino en la protección de este derecho de la población de todos los estados parte de la convención señalada;

Y recuerdan, la postura de confrontación con el relator especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, Juan Méndez, que mantuvo el gobierno federal cuando éste presentó su informe:

En mayo de 2014, tras una visita a México, el relator especial de la ONU sobre la tortura observó: “Aún persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos

f) ...no pasamos por alto que este actuar del gobierno federal se enmarca en la presentación del informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a raíz de su visita a México en 2014, en el cual señaló que la tortura continúa siendo una práctica recurrida por las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno y manifiestan su preocupación de que ante los constantes señalamientos de organismos internacionales sobre la incidencia de la tortura en México, el gobierno mexicano busque afectar la independencia de dichos organismos a fin de invisibilizar el problema de la tortura en México, esto en lugar de acatar las recomendaciones de dichos organismos y promover un mayor escrutinio de los mismos sobre la situación de la tortura en México.

Solicitan a la cancillería que revise:

g) ...la situación de las nominaciones del Estado mexicano en la integración de órganos internacionales, a fin de promover perfiles expertos e independientes para la elección de integrantes del Comité contra la Tortura y de futuras elecciones en otros órganos internacionales de protección a los derechos humanos y que el gobierno mexicano señale las razones por las que se retiró la candidatura del señor Miguel Sarre Iguíniz y remitirlas a las organizaciones firmantes de la presente comunicación.

Informan que han solicitado a los países miembros de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no respaldar la candidatura propuesta por el gobierno mexicano;

Y por último: solicitan al presidente Enrique Peña Nieto retire la candidatura del señor Claude Heller para integrar el Comité contra la Tortura.

7. Órganos de derechos humanos de la ONU, han emitido desde principios de 2007, diversas recomendaciones al gobierno mexicano para cuestionar el paradigma militarizante de la seguridad pública que ha traído como consecuencia directa el incremento de las violaciones a derechos humanos, especialmente la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales y han exigido legislación conforme estándares internacionales del uso legítimo de la fuerza que permitan contar con medidas de control para que no se cometan arbitrariedades y abusos por agentes del estado, es decir, para prevenir la tortura.

8. Por otra parte, en 2014, Amnistía Internacional presentó su informe Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México+++5+++. En ese informe dan cuenta del aumento de 600 por ciento en el número de denuncias recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre el periodo 2003 a 2013.

Refiere que de 2010 a 2013 la propia CNDH reportó la recepción de más de 7 mil quejas por tortura; estableciendo que fue a partir de 2006, periodo en que inició Felipe Calderón la militarización de la seguridad para desplegar su guerra contra los grupos de narcotraficantes y aumentó expansivamente la violencia, aunado a la reforma que, en 2008, elevó a rango constitucional el arraigo, que es en sí mismo una violación a derechos humanos tanto por ser caldo para la comisión de la tortura como por la violación a la presunción de inocencia; de 2008 a 2013, se arraigó a 8 mil quinientas noventa y cinco presuntos delincuentes.

El informe de marras señala que la impunidad es casi total pues, según datos del Consejo de la Judicatura Federal, entre 2005 y 2013, a nivel federal el Poder Judicial tramitó tan sólo 123 enjuiciamientos y apenas se lograron 7 sentencias con condena. La inadecuada aplicación del examen médico psicológico conocido como Protocolo de Estambul ha impedido que se investigue con certeza científica la comisión del delito de tortura y por ello, la pertinencia de contar con servicios forenses autónomos e independientes 6 .

9. El Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU ha convocado a su decimoquinta reunión para el 8 de octubre de 2015, con el objetivo de elegir, de conformidad con el artículo 17, párrafos 1 a 5, de la Convención Internacional en la materia, a cinco miembros del Comité contra la Tortura cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 20157 ; es por ello, que estamos presentando tanto en esta Cámara de Diputados como en el Senado, esta proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Por lo anterior, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de Poderes, solicita al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, el retiro de la nominación del señor Claude Heller Rouassant como candidato de México para la elección de los integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

Notas

1. Los firmantes de la carta son: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD), Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos (Cultura DH), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C (SERAPAZ), Red de Familiares “Eslabones” por los Derechos Humanos A.C., Carlos Ríos Espinosa, Consultor en Derechos Humanos, Ina Zoon, Mariclarie Acosta Urquidi y Sergio Méndez Silva

2. Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C., Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C., Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité Cerezo México, Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, I(DH)EAS, Asociación de Litigio Estratégico A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., JASS (Asociadas por lo Justo), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana) conformada por: Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.);Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.) y Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

3. Directrices de Addis Abeba”, A/67/222, anexo I, y Corr.1. Aprobadas durante la 24ª reunión de presidentes de órganos creados en virtud de tratados de Derechos Humanos, junio de 2012. Aprobadas mediante declaración CAT/C/49/3 por el Comité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes el 17 de abril de 2013.

4. Ídem

5. http://www.amnistia.org.ar/sites/default/files/AIMexFueraControl.pdf

6. https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/la-tortura-en-cifras/

7http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ash x?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhspTjLxeHkSuC0jqhOruv

B0HIoJ9cxBM2mP5fBWoOK48VzMlUIra%2Faflq% 2B9cmRCfQaj5AykoZ7Xm%2Bd8k%2F9phvnOVIY%2FYmot4Mj9PwIjlE0X3w

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputados: Héctor Javier García Chávez, Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Injuve a implantar políticas de prevención para ayudar a disminuir la migración juvenil hacia Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Karen Hurtado Arana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud para que en el ámbito de sus respectivas competencias, implemente las políticas de prevención necesarias a fin de coadyuvar a disminuir la migración juvenil hacia Estados Unidos de América, en los estados y municipios más afectados.

Al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración es uno de los fenómenos que mayormente afecta a la población de México. Según datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, Inegi, el 89.44 por ciento de las personas que emigraron a otro país, lo hicieron hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

El Consejo Nacional de Población, Conapo, señala que entre 1960 y 1970 salieron del país alrededor de 28 mil personas por año, entre 1970 y 1980, 150 mil, entre 1980 y 1990, se estima que entre 210 y 260 mil, ya para 1990 la cifra era de 300 mil. La mayor cantidad de personas que salieron anualmente del país se ubicó entre el año 2000 y 2005 cuando salieron 400 mil mexicanos.

Asimismo, Conapo señala que hacia 2010 93 por ciento de los 2 mil 453 municipios que existían, registraban actividad migratoria hacia el país del norte. El organismo estima que en 2010 la población de origen mexicano que residía en aquel país era de 12.3 millones aproximadamente y 34 millones que eran mexicanos hasta segunda generación.

Nueve estados de la república concentran el 50 por ciento de la población migrante Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Durango, Colima, Aguascalientes y Nayarit.

Del mismo modo, señala que el Índice de Intensidad Migratoria Municipal arroja como resultado en 2010 los municipios con mayor actividad migratoria, encontrándose 17 en Oaxaca, 11 en Michoacán, 5 en Guanajuato y 4 en Querétaro.

Uno de los episodios más lamentables de la migración, a diferencia de lo que sucedió en los años setentas, es que en su mayoría la población migrante se compone de jóvenes. Así indica Conapo, la migración juvenil pasó de 2.6 en 1996 a 3.6 millones en 2006, convirtiéndose en el segmento de la población predominante de los migrantes en Estados Unidos.

La migración juvenil es entendible en un país en el que más de 26 por ciento de la población es joven, es decir, un cuarto de la población que se encuentra en la edad más productiva, pero con la falta de oportunidades necesarias para ocuparse. Ser joven en México se ha convertido en un gran reto, el de sobrevivir, y los jóvenes están optando por buscar en Estados Unidos las oportunidades que nuestro país no puede darles.

En esta búsqueda de mejores condiciones de vida, las y los jóvenes se encuentran con un camino sinuoso, donde son vejados y maltratados, y en muchos de los casos son esclavizados por el crimen organizado para realizar trabajos forzados y en el peor de los casos resultan víctimas del delito de trata de personas. No podemos permitir que la miseria se lleve a nuestras y nuestros jóvenes, debemos ofrecerles programas emergentes que permitan disminuir en lo posible la migración de la población juvenil.

En este sentido el Instituto Mexicano de la Juventud, Imjuve, al tener como misión elaborar políticas públicas para el desarrollo integral de la población juvenil, atendiendo la educación, la salud, el empleo y la participación social, por lo tanto el Imjuve es una instancia capaz de influir en la disminución de los detonantes de la migración juvenil, a través del fortalecimiento de sus programas en los estados y/o municipios más afectados por este fenómeno.

Por ello, se pone a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto al Instituto Mexicano de la Juventud para que en el ámbito de sus respectivas competencias, implemente las políticas de prevención necesarias a fin de coadyuvar a disminuir la migración juvenil hacia Estados Unidos de América, en los estados y municipios más afectados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputada Karen Hurtado Arana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cancelar por la Semarnat el proyecto minero Don Diego, en la bahía de Ulloa, Baja California Sur, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado J. Fernando Rubio Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La minería en el fondo marino es una práctica reciente,1 que si bien los estudios en ingeniería consideran viable y de “bajo impacto”, en realidad aún se desconocen sus implicaciones, sobre todo porque la práctica minera de este tipo depende de las condiciones económicas, sociales, y sobre todo, medio ambientales donde se practique.

En este sentido, el tema de las implicaciones medio ambientales no está consensado debido al desconocimiento real sobre los costos e impacto ambiental en el mediano y largo plazo, contraviniendo de este modo, al desarrollo sustentable de cualquier región donde se practique la minería marina.

A pesar de las limitantes científicas que permitan conocer la situación sobre el impacto al medio ambiente de la minería marina, en México, se propuso un primer intento en 2014 para explorar en este tipo de minería e instaurar el proyecto “Don Diego” (Don Diego I), mismo que fue retirado por el promovente ante la evidente presión de la población; quienes con apoyo de científicos y organizaciones no gubernamentales, presentaron pruebas suficientes de la inviabilidad del proyecto.

Sin embargo, durante los años corrientes, se realizó una segunda propuesta del proyecto bajo el nombre de “Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego” (Don Diego II) con modificaciones inherentes a las observaciones negativas sobre el primer proyecto y una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

El proyecto “Don Diego

El proyecto “Don Diego” es una propuesta para impulsar la minería marina para la extracción de arenas fosfáticas a través de un proceso de dragado del fondo marino, en la Zona Económica Exclusiva de México de la Bahía de Ulloa en el estado de Baja California Sur (Figura 1), por un periodo de 50 años divido en 5 etapas.

Figura 1. Fuente: MIA Modalidad Regional para el proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego”

El objetivo del proyecto es extraer 7 millones de toneladas anuales de arenas fosfáticas y obtener fósforo; un total de 350 millones de toneladas durante los 50 años de vida útil del proyecto, con opción de postergarse otros 50 años. La finalidad del dragado es producir 3.5 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas como producto final de preparado para su transporte.2 El dragado se realizará a una profundidad de entre los 60 y 90 metros.

La superficie total del proyecto es de 91,269 ha divido en 5 etapas, una cada diez años y con 5 áreas de trabajo (Figura 2) determinadas por polígonos en los que se llevaran los trabajos anualmente, con la posibilidad de modificar el área de trabajo con base a muestreos para delimitar el contorno exacto del dragado.3

Figura 2. Fuente: MIA Modalidad Regional para el proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego”

EL proyecto estaría a cargo de Odyssey Marine Exploration (USA), vía su subsidiaria Exploraciones Oceánicas, con la participación de Altos Hornos de México (AHMSA).

La justificación principal del proyecto es que, la extracción y procesamiento de arenas fosfáticas resulta un elemento central para la producción de fertilizantes; esenciales en la producción de alimentos y con ello se estaría asegurando la sustentabilidad alimentaria del país.

Consideraciones sobre el proyecto “Don Diego”

Primeramente, con la cancelación por parte del promovente de “Don Diego I” y la propuesta posterior de “Don Diego II”, se evitó el proyecto generará un antecedente jurídico en caso de que éste fuese evaluado de forma negativa y por tanto el resolutivo impidiera la realización del mismo.

Otro aspecto “significativo” a la luz de la nueva MIA para la aprobación de “Don Diego II”, se encuentra en el apartado “reducción voluntaria del título minero original” se señala, se hizo una reducción del área concesionada para el proyecto que equivale al 70.15%; esto es, se pasó de 268, 238.1 ha, de la concesión original a 80 050. 45 ha, con la concesión actual, sin embargo, en el apartado “dimensiones para el proyecto”, refiere que el espacio requerido para el mismo es de 91 267 ha.

En suma, no se explica cómo es posible el proyecto pueda ejecutarse con dimensiones menores a las requeridas por el mismo, al respecto, se presenta un déficit de 11, 217 ha, equivalentes al 13% del espacio total requerido. En este sentido, el área a dragar conlleva a pensar es la misma y sólo se trata de un juego de números, ya que el promovente no comprueba la “cesión” de las hectáreas antes mencionadas como señala la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEDMA).4

Por otra parte, la Bahía de Ulloa “ha sido caracterizada como de alta productividad y biodiversidad, con especies de interés pesquero y de conservación que incluyen tiburones, rayas, almejas, langostas, camarones, y aves, mamíferos y tortugas marinas”,5 así lo señala la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad en el estudio sobre la caracterización socioeconómica y pesquera del Área del Golfo de Ulloa, B.C.S 2010.

A su vez, la zona donde se ubica el proyecto es de gran importancia para el “tránsito, alimentación y refugio de especies como la ballena azul (Balaenoptera musculus), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y la tortuga caguama (Careta careta)”, 6 esta última especie se encuentra actualmente en peligro de extinción como lo declara la Procuraduría Federal de Protección Ambiental.7

Además, señala la AIDA, el 20% de la zona donde se establecería el proyecto está ubicada en Bahía Magdalena. Las afectaciones más graves incurren en el impacto ecológico y económico a la zona al tratarse de un sitio de manglar con relevancia ecológica y la necesidad de rehabilitación ecológica. Al mismo tiempo, esta zona “posee una riqueza pesquera por la abundancia de los manglares, en esencia estos son sitios de crianza y de alimentación para especies comerciales cuyo valor promedio anual de las pesquerías se estima en $37,500 dólares por hectárea de manglar”.8

En lo respectivo al proceso de dragado por succión en marcha se considera es la forma “menos perjudicial para la seguridad y el medio ambiente”, reconociendo de esta forma existe un riesgo e incertidumbre sobre la utilización del dragado, sin embargo, el argumento es que, resulta ser el más factible de entre los diversos tipos de dragado, se asume todos proclives a dificultades para resolver los problemas que pudieran presentarse, pese a eso, se manifiesta la ciencia del dragado está en evolución, esto sugiere, ir ajustando respuestas y soluciones con base a los avances científicos.

Por su parte, el dragado marino consiste en la utilización de barcos para dragar/escarbar el lecho marino con el fin de extraer grandes cantidades de arena, y a consecuencia de esto, se extraen también organismos del área, lo cuales, son regresados al mar por medio del proceso de “rebosamiento” una vez separadas las arenas fosfóricas en las embarcaciones.

A contrario sensu , la minería de fosfato es una de las principales fuentes de contaminación radionuclear, este tipo de minería libera fuentes potencialmente contaminantes como lo son el Uranio (238 U) y el Torio (232Th)10. Por tanto, la separación de las arenas fosfóricas libera elementos tóxicos, al regresar el remanente por el proceso de “rebosamiento” se regresan estas sustancias, contaminando no sólo el agua sino a su vez creando la posibilidad de ser consumidas por las especies marinas y ya sea éstas mueran o sean pescadas con altos niveles de intoxicación. Más aún, la acumulación de sustancias toxicas durante los 50 años de vida útil del proyecto no está considerada en la MIA.

Por último, si se considera que los proyectos de dragado marino para extraer fósforo son nuevos en la región e incluso a nivel internacional con el estudio de caso de Namibia anteriormente comentado, se está ante una inminente miopes sobre los impactos reales al medio ambiente que puede generar este tipo de minería.

Resulta por tanto, un imperativo se niegue el permiso para practicar minería marina en la Bahía de Ulloa en el estado de Baja California, cuando menos hasta dar certeza científica de que la actividad minera no generará costos ambientales comprometiendo los recursos de las futuras generaciones, ya que este tipo de proyectos no han sido estudiados con la seriedad suficiente y ponen en claro riesgo los sistemas marinos, la actividad pesquera de la zona, el turismo y compromete la salud de los pobladores.

Lo anterior contravine el artículo 5 de la ley General de la Vida Silvestre, la cual dice a la letra en su fracción II:

“[...] En ningún caso la falta de certeza científica se podrá argumentar como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces para la conservación y manejo integral de la vida silvestre y su hábitat”

En conclusión, la propuesta del dragado en la Bahía de Ulloa en Baja California Sur, transgrede la ley General de la Vida Silvestre al respaldar su proyecto bajo suposiciones, siendo carente en varios sentidos de certeza científica

Es así que, resulta necesario aplicar el principio precautorio contenido en el artículo 5º de la ley General de Vida Silvestre anteriormente citado y cuyo fundamento se encuentra en la “Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” en el principio número 15 ratificado por México en sus compromisos con Naciones Unidas para la protección del medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el marco de la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental, niegue la licencia al proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego”.

Notas

1 De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y Fundación Nuestro Mar, la primera incursión en minería marina de fósforo se propuso en Namibia en 2013, sin embargo, dado el desconocimiento de las implicaciones ambientales de un proyecto de estas dimensiones se postergó. Asimismo, el “Gobierno de Namibia pidió asesoramiento práctico a investigadores noruegos fue así como solicitó a la Consejería de Medio Ambiente de Noruega proporcionar asistencia a través de “La Fundación para la Investigación Científica e Industrial del Instituto Noruego de Tecnología” (SINTEF por su siglas en Noruego) y el Instituto de Investigaciones Marinas (IMR), para obtener datos empíricos de la investigación sobre la minería de fosfatos en el fondo marino. Con todo, a los científicos les preocupa la posible liberación de sustancias peligrosas, incluso de materiales radiactivos, que pueden dañar y matar la vida marina directa o indirectamente y con ello ahogar o retrasar la comercialización de muchas poblaciones de peces debido a la mala calidad”. Véase Nuestro Mar. “El Gobierno podría cambiar su postura sobre explotación minera (Namibia)”, en Web de la Fundación Nuestro Mar del 07 abril de 2014 y Scoop Independet News World. Marine Phosphate Mining Cannot Be Sustained By Namibia del 9 de julio de 2013.

2 Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para el proyecto Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego.

3 Ibídem.

4 Véase CEDMA. Seminario Virtual (Webinar). “Minería marina y evaluación de impacto ambiental: el proyecto Don Diego en México”. 25 de septiembre de 2015 y AIDA. Comentarios de derecho internacional a la manifestación de impacto ambiental del Proyecto Don Diego (Baja California Sur, México), modalidad regional con clave 03BS2014M0007, sobre dragado marino para la extracción de arenas fosfáticas. Distrito Federal, México, San José, Costa Rica, 18 de marzo de 2015.

5 AIDA. Comentarios de derecho internacional a la manifestación de impacto ambiental del Proyecto Don Diego (Baja California Sur, México), modalidad regional con clave 03BS2014M0007, sobre dragado marino para la extracción de arenas fosfáticas. Distrito Federal, México, San José, Costa Rica, 18 de marzo de 2015.

6 Ibídem.

7 Profepa. Especies Marinas Protegidas. “Existen 90 especies protegidas por la Ley bajo alguna categoría de riesgo enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010”. Consultado en http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/429/1/mx/especies_marinas_prot egidas.html el 4 de octubre de 2015.

8 AIDA. Op. Cit.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre del 2015.

Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al gobierno federal que por la Segob emita declaratoria de desastre para mitigar los efectos de la tormenta tropical Marty e iniciar el proceso de reconstrucción en las comunidades y los municipios afectados de Guerrero, suscrita por los diputados Lluvia Flores Sonduk y Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputada Lluvia Flores Sonduk y el diputado Leonardo Amador Rodríguez, integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 65, 76, 79, inciso 2, fracción III, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, relacionada con la situación de desastre enfrentada por la población de varias comunidades y municipios de Guerrero, al tenor de las siguientes:

Consideraciones y antecedentes

La ciudadanía guerrerense aún no se repone de los graves daños causados por las tormentas tropicales “Ingrid” y “Manuel” hace dos años, cuando una nueva tormenta tropical llamada “Marty” azotó la entidad en los últimos días del mes de septiembre de este año, afectando como siempre a las comunidades más pobres que viven en las agrestes montañas, costas y sierra de Guerrero.

Hasta el momento se confirman diversos daños y otros en procesos de evaluación. Según reportes oficiales de Protección Civil estatal, en los últimos días confluyeron diversos fenómenos y situaciones que incrementaron las condiciones de vulnerabilidad de miles de habitantes de Guerrero.

Presentamos un breve diagnóstico de la situación actual. Destacan deslizamientos y hundimientos de cerros, desbordamientos de ríos, caída de puentes, interrupción de luz eléctrica y servicio de telefonía, caminos y casas habitación dañadas. Diversos ejemplos dan cuenta de ello, como el caso de la comunidad indígena me´phaa (tlapaneca) de Huizipula, Municipio de Atlixtac, donde se afectaron 20 viviendas con daño total y 42 de forma parcial, según datos preliminares de Protección Civil. Los habitantes sobreviven intranquilos y alarmados porque los hundimientos puedan continuar, y han hecho llamados a las autoridades estatales y federales para que acudan a restablecer los servicios interrumpidos.

Por lo menos cinco ríos tuvieron crecidas, tal es el caso del Río Papagayo que destruyó un puente provisional en el poblado de Lomas de Chapultepec, afectado en 2013 con la tormenta tropical “Manuel”, y que comunica los municipios de San Marcos y gran parte de la Costa Chica de la entidad, como lo informó Raúl Miliani Sabido, secretario de Protección Civil en Guerrero.

Los lugares más afectados en la región de la Costa Grande son los municipios de Coyuca de Benítez, San Jerónimo, Tecpan y el municipio de Tierra Colorada.

En el municipio de Coyuca de Benítez fueron afectadas por lo menos 300 viviendas en cuatro comunidades de la región de Costa Grande. Protección Civil estatal reporta, a su vez, daños a casas en los municipios de Atoyac y Tixtla, donde se registró la mayor afectación e inundaciones durante varios meses durante el desastre ocurrido hace dos años.

El reblandecimiento de la tierra provocado por las lluvias generó el colapso de viviendas y bardas en los municipios de Tecpan de Galeana y en la capital, Chilpancingo. Además se reportan por lo menos 11 derrumbes carreteros en las regiones de la Montaña y en la sierra.

En días pasados, el propio gobernador Rogelio Ortega Martínez, anunció que en 19 municipios hubo daños y solicitó la declaratoria de emergencia. Sin embargo, cabe señalar que esta nueva secuela de graves daños en las comunidades guerrerenses se suma a los efectos devastadores que en 2013 causaron daños mayúsculos en comunidades y regiones que no han sido atendidas, por lo que es necesaria la declaratoria de desastre dada la magnitud de los daños registrados recientemente.

Fundamentación

Para efectos de sustentación de la presente proposición con punto de acuerdo, me permito exponer los fundamentos jurídicos acotados en la Ley General de Protección Civil.

En su artículo 7 indica que corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil:

IV. Emitir declaratorias de emergencia o desastre de origen natural, en los términos establecidos en esta Ley y en la normatividad administrativa;

V. Disponer la utilización y destino de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, con apego a lo dispuesto por la normatividad administrativa en la materia;

Por otra parte, el artículo 10 establece:

La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador:

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos;

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios;

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;

IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto;

V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y

VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.

Al mismo tiempo, la ley en comento define en su artículo 19 que:

VIII. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

IX. Emitir y publicar las declaratorias de emergencia y de desastre natural;

X. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural;

Respecto a la aplicación de recursos ante desastres, en el artículo 58 se estipula lo siguiente:

Para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, se deberá:

I. Presentar a la Secretaría una solicitud firmada por el titular de la instancia pública federal, o bien, del Poder Ejecutivo en caso que se trate de una entidad federativa, de acuerdo a los requisitos y términos previstos en la normatividad administrativa respectiva;

II. La manifestación expresa de que se evitarán las duplicidades con otros programas y fuentes de financiamiento, y

III. Para el caso de las entidades federativas en situación de emergencia y/o desastre, la manifestación expresa de que las circunstancias han superado su capacidad operativa y financiera para atender por sí sola la contingencia.

Artículo 59. La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la secretaría reconoce que uno o varios municipios o delegaciones de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo.

Artículo 60. La declaratoria de desastre natural es el acto mediante el cual la Secretaría reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo en determinados municipios o delegaciones de una o más entidades federativas, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención, para efectos de poder acceder a recursos del instrumento financiero de atención de desastres naturales.

Para el caso de las declaratorias de desastre natural, éstas también podrán ser solicitadas por los titulares de las instancias públicas federales, a fin de que éstas puedan atender los daños sufridos en la infraestructura, bienes y patrimonio federal a su cargo.

Artículo 61. Las declaratorias deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información.

Artículo 62. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá los recursos financieros para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que en caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica.

Por lo expuesto y fundado, y ante la urgente necesidad de atender a la población afectada por el desastre referido, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía parlamentaria, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Gobernación, y en el menor plazo posible, emita la declaratoria de desastre en términos de las facultades que le otorga ley, a efecto de mitigar los daños e iniciar el proceso de reconstrucción ante los impactos destructivos asociados con la tormenta tropical Marty, asignando los recursos necesarios para enfrentar –desde un enfoque participativo de las comunidades– el desastre ocurrido en el estado de Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 13 octubre de 2015.

Diputados: Lluvia Flores Sonduk, Leonardo Amador Rodríguez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, sometemos a consideración del pleno el siguiente acuerdo para solicitar respetuosamente a la Mesa Directiva del Senado de la República someta a discusión y votación el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

Nuestra Constitución establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

El salario mínimo es la suma mínima que deberá pagarse al trabajador, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países.

Del mismo modo, diversos instrumentos internacionales ratifican que recibir un salario suficiente por una jornada laboral es un derecho humano.

Sin embargo, ni el salario mínimo cumple con esas características ni es el menor salario que se paga por una ocupación en nuestro país. La caída histórica de los minisalarios significa que los trabajadores han dejado de recibir tres cuartas partes del salario a que tenían derecho durante tres décadas.

Para lograr la recuperación de los salarios mínimos sin causar efectos contraproducentes sobre el empleo, la estabilidad monetaria y la planta productiva, aquella debe ser gradual y acompañada de acuerdos que den certeza a los patrones. Además, es deseable que se acompañe de medidas de fomento a la producción que garantice el abasto de productos básicos.

Asimismo, para que el eventual aumento de los salarios no tenga repercusiones en esferas legales, financieras y administrativas, debe desvincularse esta remuneración de multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financieros y administrativos, debido a que el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal ha servido como unidad de referencia para efectos legales.

En este sentido, se aprobó en la LXII Legislatura un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. El dictamen comprendió iniciativas suscritas por los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, así como una iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

La reforma constitucional en comento modifica el término de salario mínimo sólo para efectos de su función como “Unidad de Cuenta” y que sea el Instituto Nacional de Geografía y Estadística el que calcule el valor de la Unidad de Medida y Actualización, misma que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos.

Asimismo, establece que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Con la reforma se da un paso certero en una estrategia para recuperar el poder de compra de los salarios y favorecer el bienestar y dignidad de la población.

El dictamen a discusión fue presentado en la Cámara de Diputados, en sesión ordinaria del 10 de diciembre de 2014, siendo aprobado por 368 votos a favor y 3 en contra.

La minuta respectiva, recibida en el Senado fue dictaminada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, se dictaminó en sentido positivo el 14 de diciembre, y quedó de primera lectura en la sesión de la misma fecha.

En ese estado se ha mantenido hasta la fecha, sin que haya habido algún pronunciamiento de la colegisladora que justifique que se mantenga suspendido su proceso legislativo.

Como ya lo aprobó la legislatura que precede a la actual, una nueva política salarial es imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país. La reforma en comento podrá generar condiciones para un gran acuerdo nacional político, económico y social, con empresarios y trabajadores para crear condiciones que lleven a la recuperación de los salarios de los trabajadores menos favorecidos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Mesa Directiva del Senado de la República someter a discusión y votación el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, a fin de continuar su proceso legislativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 días de octubre de 2015.

Diputados: Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, Felipe Reyes Álvarez, David Gerson García Calderón, Araceli Madrigal Sánchez, María Luisa Beltrán Reyes, Érik Juárez Blanquet, Leonardo Amador Rodríguez, Tómas Octaviano Félix, María Elida Castelán Mondragón, Alberto Martínez Urincho, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Natalia Karina Barón Ortiz, Eva Florinda Cruz Molina, Isaura Ivanova Pool Pech, Ana Leticia Carrera Hernández, David Jiménez Rumbo, Karen Orney Ramírez Peralta, Armando Soto Espino (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la evaluación del uso de recursos públicos en procesos electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe; diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y términos del inciso c), numeral 1, del artículo 34; y del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la evaluación del uso de recursos públicos en procesos electorales; misma que en términos de trasparencia y rendición de cuentas, contribuya a evitar el desvío y su utilización con fines políticos, lo anterior en virtud de las siguientes

Consideraciones

Las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, Federación, Estados y Municipios están obligados a uso adecuado de los recursos públicos, los cuales deben destinarse para los fines que establezca la ley. Por un lado están aquellos relacionados con programas sociales, mismos que por su naturaleza se administran desde cualquiera de estos ámbitos de competencia; por otro están los que administran los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

En este punto es necesario señalar la importancia que tiene la creación de instancias que evalúen, vigilen y supervisen en términos de trasparencia el uso de recursos públicos, así como los plazos en los que se ejecutan.

Desde el Poder Legislativo resulta imprescindible requerir la información necesaria que contribuya a este propósito, y con ello implementar políticas públicas más eficientes, y el combate a la corrupción de los funcionarios que utilizan el presupuesto con fines electorales.

Existen programas o acciones que no se ejercen durante el ejercicio fiscal y los recursos que no llegan a los beneficiarios; en cuanto se aproximan procesos electorales, se liberan y ejecutan de tal forma que se presume su uso electoral, y al mismo tiempo la implicación de responsabilidades de servidores públicos.

En consecuencia se requiere identificar y evitar que quienes presiden las dependencias encargadas de administrar recursos públicos se beneficien personalmente, o bien favorezcan los intereses de otros.

Actualmente se encuentra en proceso de instrumentación la reforma constitucional que contempla el sistema nacional anticorrupción (SNA), por lo cual sin duda es pertinente la creación de la Comisión Especial para la evaluación del uso de recursos públicos en procesos electorales , que permita ser contrapeso y coadyuve en los objetivos del sistema, así como al cumplimiento de la legislación relacionada con fiscalización, rendición de cuentas y conflictos de interés.

Los recursos públicos que se utilizan en procesos electorales y con los cuales se podría beneficiar algún partido político o candidato, no son sólo aquellos que se distribuyen a través de los programas sociales sujetos a reglas de operación del gobierno federal, (inaccesibles por cierto la mayor parte del tiempo para cualquier ciudadano por su complejidad), situación que ha generado la intermediación de personas que ayudan o mejor dicho acarrean votos cuando los incorporan a los programas sociales.

En realidad dichos programas son una parte de los recursos públicos que se utilizan con fines electorales, puesto que más allá del análisis que se realice sobre el asistencialismo de estos, debemos considerar el gasto social en todos sus rubros, así como el uso de la infraestructura o comunicación social, por citar algunos ejemplos claros sobre este tema, y en general el manejo presupuestal que realicen todas las dependencias de gobierno.

Los avances y contrapesos que generen las evaluaciones que realice la Comisión Especial, proporcionarán a la sociedad un instrumento de participación que integre propuestas sobre indicadores, o instrumentos de medición, que se puedan sumar a los establecidos por los órganos autónomos existentes, los cuales han sido criticados por los posibles sesgos que habría hacia ciertos intereses particulares y al mismo tiempo se estudiará el cumplimiento de la metodología operativa que se utiliza, así como el cumplimiento de objetivos y la justificación tanto de la evaluación, como de los resultados en la utilización de los recursos públicos.

En relación a las cantidades exorbitantes de dinero que se destinan a los diferentes programas sociales o a diversos proyectos, y ante la falta de mecanismos y parámetros de medición y de resultados, se puede afirmar que no se están utilizando los recursos públicos para generar en bien común, por el contrario, si tomamos en cuenta los altos niveles de pobreza y desigualdad, es necesaria la supervisión cotidiana del uso adecuado de los recursos públicos.

A partir del mandato constitucional que establece que los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el DF y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; es como la presente propuesta cumpliría con el objetivo claro sobre la observación en el manejo de los recursos y la amanera en que se utilizan.

Una de las tareas más importantes del Congreso debe ser la supervisión y evaluación de la distribución de recursos públicos, que nos permita generar políticas públicas en pobreza y pobreza extrema; educación, empleo, alimentación, salud y vivienda, en estricto apego a la igualdad y una justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de nuestras libertades.

Así, el manejo discrecional o mal uso de los recursos públicos con intereses políticos, y la falta de transparencia y rendición de cuentas, ha propiciado la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha (Fepade); órgano de la Procuraduría General de la República (PGR) responsable de la pronta, expedita y debida procuración de justicia en lo relativo a delitos del orden federal, y sus atribuciones se pueden resumir en los siguientes términos:

• En casos de urgencia o flagrancia, ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables en los términos del artículo 16 de la Constitución.

• Recibir las denuncias y practicar las diligencias necesarias para integrar las indagatorias relacionadas con los delitos electorales federales.

• Determinar el ejercicio de la acción penal o, en su caso, el no ejercicio de la misma, la reserva o la incompetencia, según se desprenda de cada averiguación previa.

• Presentar ante las autoridades jurisdiccionales los pliegos de consignación, conclusiones y, en su caso, los pedimentos de sobreseimiento que procedan.

• Interponer ante dichas autoridades los recursos pertinentes.

• Intervenir en los juicios de amparo o en cualquier otro procedimiento relacionado con las averiguaciones o los procesos respectivos.

En ese orden de ideas, podemos señalar la importancia que tiene la contribución que este órgano Legislativo realice a través de la creación de la Comisión Especial para la evaluación del uso de recursos públicos en procesos electorales; más aún si consideramos la reiteración de planteamientos recientes relacionados con esta problemática, que no puede ceñirse únicamente a programas sociales y que el próximo año volverán a ser materia de trabajo de evaluación.

Por citar algunos ejemplos es pertinente mencionar algunas quejas que desde eta Cámara de ha presentado en cuanto al uso indebido de recursos públicos con fines políticos:

4 de diciembre de 2014 punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a tomar medidas precautorias para que el programa de transición a la televisión digital terrestre no se utilice como herramienta de proselitismo político en periodos electorales de 2015, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN

14 de enero de 2015 Punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y al Trife a resolver las quejas presentadas por los partidos políticos en materia de propaganda y gastos electorales, suscrita por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Trinidad Morales Vargas y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

21 de enero de 2015 Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a detener hasta después de las elecciones de 2015 la entrega de televisores digitales realizada como parte de la transición del apagón digital, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

28 de enero de 2015 Punto de acuerdo, por el que se solicita al INE y los órganos electorales locales a garantizar transparencia y equidad en los próximos comicios, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

24 de marzo de 2015 Punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la SFP a establecer medidas para garantizar que no se ejerzan con fines electorales recursos públicos en Guerrero, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

21 de abril de 2015 punto de acuerdo, por el cual se exhorta al INE a diseñar y difundir por los medios de comunicación una campaña para explicar que los beneficios de los programas sociales gubernamentales son un derecho de los mexicanos y no se entregan a cambio de votos, a fin de garantizar la equidad en los procesos electorales, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

21 de abril de 2015 punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y diversas autoridades de Yucatán a ceñirse y vigilar el estricto cumplimiento de los acuerdos aprobados por el INE para evitar el uso electoral de los programas sociales y garantizar la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, a cargo de la diputada Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN

16 de abril de 2015 Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de utilizar con fines electorales el Programa de Empleo Temporal, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

Por último y en concordancia con los trabajos realizados durante la Semana Nacional de Trasparencia 2015, en la que los legisladores de todos los partidos políticos tanto locales como federales nos hemos pronunciado a favor del fortalecimiento en trasparencia y rendición de cuentas, y ante el reto de asumir el compromiso de facilitar el acceso a la información.

Proponemos dotar de más y mejores herramientas a la ciudadanía para la toma de decisiones y el fomento a la participación que obligue al gobierno y sus funcionarios, ejercer con mayor eficiencia el dinero público.

Deseamos que se conforme la comisión, y se atiendan de manera específica y concreta los procesos electorales, porque en nuestro encargo y responsabilidad de representación popular, nos atañe de manera directa la opacidad en el manejo de los recursos públicos y su utilización con fines políticos, lo mismo que a todos los ciudadanos que participan en una elección.

Por ello entendemos y nos sumamos a los grandes retos que se tienen por delante en el combate a la corrupción, así como a los objetivos más amplios que pretenden evitar el enriquecimiento ilícito, la configuración de delitos y responsabilidades de los servidores públicos, sin que necesariamente estén ligados a procesos electorales.

Justamente por esa razón y desde nuestro ámbito de competencia, habremos de contribuir con la información y evaluación sobre el uso de recursos que pudieran ser utilizados indebidamente con propósitos electorales, a fin de evitar mayores repercusiones en cuanto al menoscabo del patrimonio y la violación a los derechos constitucionales de los mexicanos.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. En términos del inciso c), numeral 1, del artículo 34; y del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se acuerda la creación de la Comisión Especial para la evaluación del uso de recursos públicos en procesos electorales; misma que en términos de trasparencia y rendición de cuentas, contribuya a evitar el desvío y su utilización con fines políticos.

Segundo. Corresponderá a la Junta de Coordinación Política la conformación plural de sus integrantes.

Tercero. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión Especial se extinguirá hasta el término de la presente legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero a garantizar el derecho a contar con traductores en el proceso de consulta de la viabilidad sobre la elección de usos y costumbres de las autoridades de Ayutla de los Libres, suscrita por los diputados Lluvia Flores Sonduk y Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputada Lluvia Flores Sonduk y diputado Victoriano Wences Real, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En los últimos años se ha generado un amplio debate sobre la viabilidad de la elección por usos y costumbres de las autoridades municipales en los municipios y comunidades indígenas, particularmente en el estado de Guerrero. Este proceso ha impactado por el reclamo de organizaciones indígenas y comunitarias que para evitar actos de corrupción, proselitismo exacerbado, manejo desproporcionado de recursos, promesas y compromisos incumplidos, factores tales que generan el desencanto y la desilusión de las comunidades más pobres, como es el caso de los pueblos y comunidades indígenas, quienes buscan por todos los medios encontrar formas novedosas de gobernabilidad y evitar la corrupción y la falta de transparencia de los recursos públicos; consideren viable necesidad de reconocer formas propias de organización para regir la comunitaria de los pueblos indígenas.

Tal proceso no está exento de disputas y querellas al interior de las propias comunidades. Esto es porque en la partidización de la política, las propias comunidades han ido perdiendo su tejido social y su fortaleza comunitaria desde la perspectiva de la identidad, generando división de las comunidades indígenas dada la alteración de su propio sistema de organización y vida de acuerdo a sus usos y costumbres, frente a un proceso electoral que ha sido señalado de irse por la ruta de mercantilización, desembocando en disputas vehementes y en varios casos hasta violentos.

De tal forma que en los últimos meses comisarios, delegados municipales, principales, representantes civiles, ejidales, comuneros y promotores del Municipio de Ayutla de los Libres, hicieron del conocimiento a este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), que para este proceso electoral de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 2014/2015, ejercerán sus derechos de elección por el sistema de usos y costumbres para elegir a sus representantes.

El mismo IEPC, reconoce el acuerdo 162/SE/04-06-2015, el Consejo General del Instituto reconoció el derecho constitucional que tienen los pueblos originarios de elegir a sus autoridades conforme a sus sistemas normativos internos y en particular el de los ciudadanos de las comunidades indígenas del municipio de Ayutla de los Libres en observancia al principio de consulta previa e informada, en ese contexto aprobó los lineamientos para la consulta.

Con fecha 4 de junio del año 2015, los promoventes de la solicitud de elección por usos y costumbres del municipio de Ayutla de los Libres, presentaron un escrito de Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano en contra del acuerdo referido en el párrafo que antecede.

Con fecha 25 de junio del año 2015, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con Sede en el Distrito Federal, resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano del expediente SDF-JDC-545/2015, en cuya resolución se ordena al Instituto que en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria deberá concluir la etapa de medidas preparatorias previstas en el acuerdo 151/SE/27-05-2015 con el objeto de verificar y determinar la existencia histórica del sistema normativo interno en el municipio de Ayutla de los Libres y de resultar positiva tal acreditación de inmediato deberá iniciar las consultas correspondientes para establecer si la mayoría de la población del municipio en comento determina la celebración de sus comicios de conformidad a sus usos y costumbres, dichas consultas deberán realizarse en un plazo máximo de un mes.

En el mismo dictamen del IEPC dictamen 003/CEPCUCVEDM/25-09-2015, el punto 10 señala que con fechas 10 y 15 de junio del año 2015, se solicitaron informes en torno a la existencia de sistemas normativos propios al honorable ayuntamiento de Ayutla de los Libres, al honorable Congreso del Estado de Guerrero, al Instituto Nacional de Antropología e Historia-Guerrero y a la Secretaría de Asuntos Indígena del Gobierno del Estado de Guerrero, se les dio seguimiento reiterando dichas solicitudes a través de escritos emitidos en fecha 26 de junio y 2 de julio del año en curso, incluyéndose en este último la gestión a la Coordinación Nacional Antropología e Historia. Con fecha 25 de junio y 11 de agosto del 2015, se recibieron en este organismo electoral los informes proporcionados por el H. Ayuntamiento de Ayutla de los Libres y la Secretaría de Asuntos Indígena del Gobierno del Estado de Guerrero, respectivamente, sin embargo, a la fecha se recibieron los informes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del honorable Congreso del estado de Guerrero a través de la Comisión de Asuntos Indígenas.

También cuestionan y demandan que una real participación política va más allá de la afiliación política a una opción ideológica, o lo verdaderamente representable está situado en el ámbito de los valores, cosmovisión y modo de vida de los pueblos originarios, y cuestiona que desde los partidos políticos sigue siendo solo una intencionalidad política que concluye muy lejos de la necesaria cohesión del tejido social comunitario.

Asimismo argumentan que existe una extrema incongruencia entre los sistemas de vida comunitarias indígenas y los marcos legales, y reivindican formas para favorecer la diversidad de costumbres, culturas, identidades comunitarias; al cual consideran como formas más democráticas que reconocen la Carta Magna y las legislaciones estatales. Cuestionan y preguntan a manera de debate si son las elecciones desde la vía partidista la única alternativa para seguir considerando que vivimos en un sistema democrático.

Los comunidades demandantes del municipio de Ayutla y de la Unión Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, fundamentan su demanda en el Artículo 2º de la constitución mexicana, que expresamente señala que “...son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, y que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional; reconocimiento que se hará, en las constituciones y leyes de las entidades federativas, en las cuales se establecerán las características que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para su reconocimiento, el establecimiento de las instituciones y las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades como entidades de interés público.”

Del mismo modo citan el marco jurídico del orden estatal de Guerrero, como es la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero que a la letra dice:

“La finalidad del derecho de autodeterminación es permitir a los pueblos decidir por sí mismos sus destinos, de acuerdo con sus tradiciones y los deseos expresados por su población. La autonomía de los pueblos y comunidades indígenas es uno de los elementos más importantes de los vínculos entre la sociedad y los grupos indígenas, es por ello que la presente ley reconoce las formas de organización interna de cada uno de los pueblos indígenas, al dotarlos de personalidad jurídica”.

Las comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas, tras el fallo del Tribunal Federal Electoral (fecha) marzo de 2013 a favor de la elección por usos y costumbres, a favor de los pueblos y comunidades indígenas en sus demarcaciones municipales, para elegir presidentes municipales, síndicos y regidores, a su vez a diputados y/o diputadas al congreso local.

En este sentido, el IEPC aprobó en su novena sesión ordinaria, el pasado 2 de septiembre, los Lineamientos, material publicitario y formatos para las Asambleas Informativas y de Consulta de Ayutla de los Libres. De acuerdo con el IEPC, los lineamientos tienen como objetivo que el Instituto, como máxima autoridad electoral de la entidad, emita, regule e implemente el procedimiento de la consulta que se llevará a cabo en Ayutla, con la cual se determinará sí la mayoría de la población del municipio referido, está de acuerdo en celebrar sus comicios a través de usos y costumbres, también conocidos como sistemas normativos propios.

El IEPC subraya en su comunicado publicado en su página oficial por internet que la consulta se efectuará “atendiendo los parámetros internacionales”, como los establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Agrega de forma puntual que entre el material publicitario aprobado para las asambleas informativas y comunitarias, se cuenta con la convocatoria para las asambleas informativas y para las asambleas comunitarias de la consulta con sus respectivos anexos; anuncios publicitarios para las asambleas informativas y para las asambleas comunitarias de la consulta; lona de ubicación para las asambleas informativas y comunitarias de la consulta, así como lona de preguntas para las asambleas comunitarias de la consulta. Por lo que se emitirá una convocatoria dirigida a los ciudadanos del municipio, para que acudan a las asambleas informativas los días 19,20, 26 y 27 de septiembre, 3 y 4 de octubre del año 2015; y que posteriormente y en caso de acreditarse la existencia histórica de sistemas normativos internos, se continuará con la etapa de consulta a través de las asambleas comunitarias de la consulta en las diversas comunidades y colonias, iniciando el día sábado 10 de octubre y domingo 11, sábado 17 para finalizar el domingo 18 del mismo mes; efectuándose de conformidad con los sistemas normativos internos propios de las comunidades.

Nos parece que esto tiene concordancia con los principios constitucionales y las consideraciones y recomendaciones en la materia.

Pero en los últimos días, lo que nos preocupa es que este proceso se pueda descarrilar, en virtud que la UPOEG, una de las organizaciones demandantes ha denunciado al IEPC de incumplir los acuerdos firmados para la consulta de usos y costumbre en el municipio de Ayutla de los Libres, por lo que interpuso un recurso de inconformidad al IEPC dirigido a la consejera electoral presidenta, Maricela Reyes, porque en el proceso de las asambleas de información en 48 comunidades previas a la consulta del día 19 y 20 de septiembre no asistieron los observadores acordados con el IEPC, como son representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

Su inconformidad se basa a su vez porque tampoco acudieron traductores de las lenguas tu’un savi y me’phaa por lo que, denunció que el IEPC incumplió con los acuerdos firmados en Asamblea el 23 de agosto en Ayutla.

Están por realizar otras asambleas el día 10, 11, 17 y 18 de octubre próximo, y tienen el temor fundado que se pueda repetir la consulta frustrada realizada el 1 y 2 de febrero en San Luis Acatlán donde aducen que no se cumplió con las formalidades de la convocatoria.

La traducción en las asambleas comunitarias no es un asunto menor cuando se trata de decidir uno de los derechos más importantes de los pueblos y comunidades indígenas que se refiere a su derecho a la consulta previa, libre e informada, así como el derecho a la libre determinación y la autonomía, en la toma de decisiones de la cosa pública.

No puede ser cualquier traducción, sino una que debe ser, oportuna, efectiva, idónea y pertinente culturalmente, es decir, con las variantes lingüistas que se hablan en las comunidades sujetas a ser consultadas, donde muchas de ellas son monolingües, tanto de la lengua tu’un savi y me’phaa.

El derecho a contar con traductores es un derecho constitucional al mismo tiempo que tiene fundamento en la Ley General de Derechos Lingüísticos, que garantizan una verdadera comunicación intercultural. Una ineficaz traducción violaría un derecho fundamental de los pueblos indígenas, por lo que se debe contar con traductores que conozcan las variantes lingüísticas de todas las comunidades de Ayutla de los Libres.

Cómo se garantizaría derecho a la consulta libre e informada , si no se cuenta con los traductores idóneos y eficaces. La información con que cuenten las comunidades indígenas es imprescindible, necesaria e ineludible para tomar una decisión que impacta en sus vidas de forma directa. De entrada se estaría violando un principio básico de la consulta y se viciaría de fondo el procedimiento de consulta correspondiente.

Estas consideraciones que se aluden, tienen fundamento en el Art. 2º Constitucional, la Ley General de Derechos Lingüísticos, el Convenio 169 de la Organización del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas y en los informes de los Relatores de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.

Por estas consideraciones sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) para garantizar plenamente el derecho al uso de la lengua materna de las comunidades indígenas a consultar, para decidir sobre la elección popular por usos y costumbres de sus autoridades municipales en el Municipio de Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero, mediante traductores e intérpretes eficaces, idóneos y pertinentes culturalmente que se ajusten a las variantes lingüísticas de las lenguas tu’un savi (mixteco) y me’phaa (tlapaneco), y lograr así una fluida comunicación intercultural evitando cualquier vicio en el procedimiento de la consulta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015

Diputados: Lluvia Flores Sonduk, Victoriano Wences Real (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo al principio de equidad de género en la integración de la SCJN, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con relación a las próximas vacantes en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. “La igualdad entre mujeres y hombres es ante todo un derecho humano y una condición indispensable para lograr el desarrollo y la reducción de la pobreza, así como para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Sin embargo, la discriminación y el ejercicio de la violencia basada en género, en sus distintas expresiones, son aspectos que aún existen en múltiples sociedades el mundo, afectando principalmente a las niñas, jóvenes y mujeres más vulnerables. Sin duda alguna, estas condiciones deben ser erradicadas”.1

Segunda. “El Poder Judicial, como uno de los pilares de las sociedades democráticas, ejerce la función de garantizar la efectividad de los derechos humanos y la protección de las poblaciones históricamente marginadas. En el ejercicio de esta función, la magistratura contribuye a la delimitación de los poderes ejecutivo y legislativo, de tal forma que el gobierno de las mayorías sea respetuoso de los derechos de las minorías”.2

Tercera. “Los principios de igualdad y no discriminación son la base de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y un componente fundamental de la interpretación e implementación de los derechos que estos consagran. A pesar de que comúnmente se señala al principio de no discriminación como una especie de corolario negativo y práctico del principio de igualdad, ambos son conceptos autónomos en el sentido de que no todo tratamiento desigual es discriminatorio. Las normas internacionales no obligan al Estado a lograr una estricta igualdad de trato hacia las personas, lo que se requiere es que las personas sean tratadas sin discriminación”.3

Cuarta. Ahora bien, la igualdad sustantiva exige que se consideren las formas en que los diferentes roles y posiciones que cumplen las personas en razón de su género –hombres, mujeres y quienes no se identifican como tal– en la sociedad, impactan la capacidad de ejercer los derechos. También requiere que los Estados sigan de cerca las repercusiones de las leyes, las políticas y los planes de acción, utilizando indicadores mensurables, y a que evalúen los progresos alcanzados en la realización práctica de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Quinta. En este sentido, es importante lograr la representación y la participación plena de todos los sectores sociales en la vida pública es uno de los objetivos fundamentales de cualquier sistema democrático. La discriminación contra la mujer, en formas diversas e interrelacionadas, ha restringido a lo largo de la historia su capacidad de participar en el gobierno y en la vida pública.

Sexta. “Es vital asegurar que las mujeres tengan voz y voto en todas las instituciones del gobierno, desde el poder judicial a la función pública, así como en el sector privado y la sociedad civil, para que puedan participar en igualdad en el diálogo público y la toma de decisiones, e influir en las decisiones que determinarán el futuro de sus familias y países”.4

Séptima. De acuerdo a una ponencia de la actual ministra Olga Sánchez Cordero,5 intitulada la Mujer en el Poder Judicial señala lo siguiente:

“En el poder Judicial de los Estados, muchas mujeres ocupan cargos de juezas y magistradas, lo que es más, hemos visto que la Presidencia de distintos Tribunales Superiores de Justicia ha sido ocupada en tiempos recientes por mujeres. Tal es el caso actualmente de Tamaulipas, Nuevo León y Yucatán, debiendo también mencionar que en el caso del Distrito Federal, en donde a principios de los ochenta la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad fue ocupada por doña Clementina Gil de Lester, posteriormente ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cabe señalar que Baja California, Campeche, Guanajuato, Nuevo León y Yucatán, actualmente, el número de juezas es mayor al de jueces.

En el Poder Judicial federal, la participación de la mujer dentro de los puestos de mando, esto es, ministras, magistradas y juezas, también se ha visto incrementada y para demostrarlo, quiero referirme a aquéllas que fueron pioneras.

En 1961, es nombrada la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doña María Cristina Salmorán de Tamayo , y la primera, también, en integrar una Suprema Corte de Justicia o Supremo Tribual a nivel mundial.

Hasta 1975, después de 1961, es nombrada la segunda ministra, la licenciada Livier Ayala Manzo, quien ocupó el cargo tan solo uno año.

En 1976, doña Gloria León Orantes es designada ministra del alto tribunal del país, quien lo ocupa hasta 1984.

Pero entre 1983 y 1988, son nombradas las ministras Fausta Moreno Flores, Martha Chávez Padrón, Victoria Adato Green, Clementina Gil de Lester e Irma Cué Sarquís, quienes de manera conjunta, por única vez en la historia de nuestro máximo tribunal, llegaron a ocupar el 20 por ciento del total de ministros.

Con relación a las magistradas y juezas del Poder Judicial de la Federación, debo señalar que fue hasta en 1971, cuando fueron nombradas las primeras, aunque sólo de manera interina, y es hasta 1974, cuando de manera formal, fue designada la magistrada Luz María Perdomo Juvera , quien actualmente sigue fungiendo como tal.

Para 1978, se encuentran ya nombradas las cuatro primeras juezas, Fausta Moreno Flores, Gloria Tello Cuevas, Alfonsina Bertha Navarro, quien es actualmente magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, la única mujer que la integra, y Martha Lucía Ayala León, correspondiendo sólo al 5 por ciento de los Jueces.

Para 1980, 1985, 1990 y 1995, el porcentaje de las mujeres magistradas se reflejó, respectivamente con relación al total, de la siguiente manera: de 3.7, 9, 9.7 y 14.6 por ciento; y el de juezas: de 5.4, 5.7, 21.5 y 21.6.

Sin embargo, en la actualidad, el número de magistradas y juezas federales corresponde, respectivamente, con relación al total, al 15 por ciento de magistradas y 31.5 por ciento de juezas , muy superior a la proporción en el Poder Legislativo, que es alrededor del 17 por ciento ; apunto que las juezas son ya, más del 31.5 por ciento.

Octava. Actualmente sólo dos de los once ministros son mujeres. Una de ellas, la ministra Olga Sánchez Cordero, dejará sus funciones en noviembre próximo. Además de Sánchez Cordero, el ministro Juan Silva Meza concluirá su periodo a finales de año. Con esto, antes de que termine el año de 2015, habrán de cubrirse dos vacantes en el máximo tribunal.

De no elegirse a ninguna a mujer en la integración de la SCJN, significaría que habría menos del 10 por ciento de mujeres en el pleno de la Corte. Con ello, se enviaría un pésimo mensaje a la sociedad al preservarse prácticas que evidencian la falta de voluntad de cumplir con el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, previsto en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que de conformidad con lo previsto en los artículos 1o.; 4o.; 76, fracción VIII, y 89, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consecuentemente y atendiendo al principio de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, envíe al Senado de la República ternas exclusivamente integradas con mujeres –apartidistas, notablemente independientes y de reconocido prestigio profesional– para cubrir las próximas vacantes de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, con ello, las mujeres tengan mayor presencia en la composición del máximo tribunal.

Notas

1 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Género, Violencia y Derechos Humanos, ver:
http://www.unfpa.org.mx/gvdh_gvdh.php

2 “El Principio de la Igualdad de Género en la Jurisprudencia Comparada. Muestra analítica de criterios internacionales y nacionales”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia. Unidad de Igualdad de Género. Women´s Link Wordwide, Strategies for Gender Justice , México, pp. 9 y ss. Ver: http://equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/ElPrincipiodeIgualdaddeGe neroenlaJurisprudenciaComparada.pdf

3 Ibídem, página 24.

4 United Nations Development Programme (UNDP), Women’s Empowerment, UNDP focuses on gender equality and women’s empowerment not only as human rights, but also because they are a pathway to achieving the Millennium Development Goals and sustainable development.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/womenem powerment/overview/, 10 de octubre de 2015.

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, México,
https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/del-voto- al-ejercicio-del-poder.pdf, 9 de octubre de 2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputado Alberto Martínez Urincho (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

La necesidad de expandir los comercios y conocer nuevas tierras, llevó a Rodrigo de Triana junto con Cristóbal Colón al avistamiento de tierra que no figuraba en sus mapas.

Posteriormente conocerían lo que era para ellos un nuevo continente. En el habla hispana se conmemora el Día de la Raza, De la Diversidad u otro nombre dependiendo el país, como el encuentro de dos mundos y la fusión de los mismos, que nos lleva al mestizaje del cual todos formamos parte.

Es indiscutible que la invasión, conquista y colonización no fueron la mejor manera de imponerse y más aún la destrucción de las culturas originarias. Sin embargo cabe la reflexión que hoy somos una cultura nueva, mezclada, tolerante, con ideologías arraigadas y tradiciones que trascienden fronteras.

Lo cierto es que gozamos de una diversidad cultural que es reconocida por todos, sus bailes, sus comidas, sus festejos, la historia, templos, ruinas, iglesias, son parte del quehacer cotidiano de los mexicanos e hispanos.

Reconocer nuestro pasado nos da identidad y genera ideas claras del rumbo que tenemos definido como país. México recibe día a día a personas de todo el mundo, hoy gente de diversos países escoge a México como su segunda casa, vive, y sigue mezclándose la cultura y el folclor para seguir enriqueciendo nuestra república.

La hispanidad fluye en el ADN de millones de compatriotas, debemos forjar el México que necesitamos, moderno, incluyente y próspero.

Comprometidos con el futuro, hoy estamos orgullosos de la diversidad cultural, la gran riqueza que México y los países latinoamericanos aportan en la construcción de un mejor planeta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

(Rúbrica)

Con motivo de la fundación de la Universidad de Guadalajara, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Fue gracias a la intervención del Fray Antonio Alcalde y Barriga, el 18 de noviembre de 1791, se funda la Real Universidad de Guadalajara, segunda universidad en la Nueva España, que inicia con las cátedras de medicina, derecho, teología y filosofía. Hace un año fue nombrada como Benemérita por el Congreso del estado.

El acontecer político no ha estado ausente del devenir de la Universidad de Guadalajara, ya que ha transitado entre nombres y hombres que han marcado su historia.

Podemos decir que es hasta 1925, siendo gobernador José Guadalupe Zuno, que marca el acontecer universitario del siglo XX su primer rector de esta nueva época Don Enrique Díaz de León.

Han pasado por sus aulas la primera médica María Jacinta de la Luz Curiel, Fernando González Gortázar, Alí Chumacero, Hugo Gutiérrez Vega y Gabriel Flores, entre muchos otros. Y han dado clases importantes personajes como María de la Luz Villarreal de Puga, Fernando del Paso y Juan José Arreola.

La historia de la Universidad de Guadalajara no es fácil de contar en unos breves minutos, menos cuando está cumpliendo noventa años. Decir noventa años significa educación para Jalisco y estados como Aguascalientes, Michoacán, Colima, Nayarit, entre otros, que a pesar de contar con universidades de alta calidad, ven en la Universidad de Guadalajara una opción de estudio de carreras que quizá en sus lugares de origen no tienen.

A partir de 1989, la “modernidad” apareció a las puertas universitarias y se empezó a desarrollar la Red Universitaria que permitió llevar a la universidad a casi todos los municipios de Jalisco.

Hay que destacar su planta académica que se ha actualizado en muy corto tiempo, se ha ampliado la oferta educativa e impulsado la descentralización universitaria que a lo largo de estos 26 años, se conforma en 15 centros universitarios, 60 escuelas preparatorias, 255 mil 944 alumnos, 139 mil 520 en el nivel medio superior, 116 mil 424 nivel superior 30 programas de nivel medio superior, 210 posgrados.

Toda esta masa estudiantil será masa crítica, pero para ello necesitamos que los centros educativos como el nuestro, creen, formen y transformen el conocimiento, para que en el presente se conviertan en esas y esos profesionales que necesitan los 110 millones de personas que están fuera de este recinto, y que cada día trabajan para que existan instituciones como la nuestra.

Las y los maestros tienen un gran reto por delante, convertirse en los promotores de esa masa crítica que ayude a resolver los problemas que nos aquejan.

Muchas y muchos de los diputados que han pasado por este recinto han sido egresados de la Universidad de Guadalajara, hay que honrar a quienes nos antecedieron.

No será fácil cambiar los esquemas ancestrales de la participación política al interior y al exterior de la universidad, pero el reto democrático lo tenemos aquí, vamos como profesionales en este 90 aniversario a honrar los principios de Enrique Díaz de León, hombre de ciencia, ideólogo de izquierda, poeta, orador y diputado local y federal, quien impulsó el lema que hasta hoy tiene: Piensa y Trabaja; el legado de Fray Antonio Alcalde, filántropo, quien con su generosidad y humildad, nos dejó esta gran universidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.

Diputada María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica)