Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las 32 entidades federativas a transversalizar la perspectiva de género en sus programas operativos anuales para 2016, a cargo de la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El compromiso del gobierno mexicano para avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres se concreta en su presupuesto de género, y suscribir instrumentos internacionales para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres mandata a integrar la perspectiva de género en los presupuestos públicos.

El avance en materia de derechos humanos de las mujeres en México, se fundamenta en diversos instrumentos y convenciones internacionales de protección y tutela de los mismos, entre los que destacan: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará, 1994), y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

A nivel nacional sobresale la propia norma constitucional (artículos 1o. y 4o.); la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos; Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (artículos 4o., 5o., 9o., 15, 83). Ley de Presupuesto Público.

En este marco, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, contiene un marco conceptual y teórico, desde la perspectiva de género, que establece una definición y clasificación de la violencia contra las mujeres, los fundamentos de las políticas públicas articuladas, para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, así como el mecanismo de coordinación interinstitucional para la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Así como, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación la cual hace referencia a las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas para corregir las situaciones de desigualdad y señala las medidas para prevenir y eliminar la discriminación.

Desde el marco programático, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que incorpora la perspectiva de género como un principio transversal de la política pública y establece como Línea de Acción simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018, dedica uno de sus seis objetivos transversales a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva; y por supuesto, alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Asimismo, la Ley de Planeación que en 2012 incorpora en su artículo 1 el principio de la Igualdad y la perspectiva de género, que garantiza la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y promueve el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 2012; integra los anexos transversales: Igualdad entre Mujeres y Hombres, y decreta como anexo regulares, los llamados anexos transversales, entre ellos el anexo “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

Podemos hablar de un sin fin de marco normativo que garantiza la igualdad entre mujeres y hombres, sin embargo, urge que toda la administración pública tanto federal como local, implante en todas sus políticas, programas y presupuesto el enfoque de género.

Recordemos, que México tiene compromisos internacionales vinculatorios, que le exigen al Estado Mexicano garantizar y velar en todo momento por los Derechos Humanos, y la Igualdad de género es un derecho humano.

En este sentido, la Agenda de Desarrollo Sostenible Post-2015 de la Organización de las Naciones Unidas, apremia a los gobiernos a instrumentar medidas estratégicas con carácter urgente para abatir la desigualdad de género, destacando tres metas a lograr en estos próximos años: 1. Protección contra la violencia contra mujeres y niñas; 2. La Igualdad de género en capacidades y recursos; 3. La Igualdad de género en el poder de decisión en instituciones públicas y privadas.

Por ello, la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, si bien fortalece el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad de género”, especialmente en su metodología de seguimiento y la progresividad presupuestal, aún es necesario que los gobiernos estatales instrumenten los mecanismos para garantizar un seguimiento transparente y efectivo, orientado a hacer más eficiente el gasto público en la transversalización de la perspectiva de género, con la finalidad de erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres.

Se requiere que los titulares de las 32 entidades federativas informen trimestralmente a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Instituto Nacional de las Mujeres y a sus respectivos Sistemas Estatales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el avance del ejercicio del gasto público.

Compañeras y compañeros, los gobiernos sensibles al género son aquellos en el que sus políticas y acciones, responden día a día a las necesidades e intereses de las mujeres y hombres, garantizando su acceso a los bienes, servicios y recursos públicos, y así mejorar su calidad de vida.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 32 entidades federativas que en sus Programas Operativos Anuales para 2016 garanticen la incorporación de la perspectiva de género, a traves de:

1. Su progresividad presupuestal en los programas y políticas para la igualdad de género.

2. Instrumentar la metodología del enfoque de la igualdad de género en la matriz de indicadores por resultados (MIR), asi como el diseño de sus indicadores de proceso y de resultados.

3. Difundir y divulgar en sus áreas de gobierno el catálogo de las líneas de acción para la igualdad de género que favorece la asignación del gasto público.

Dado en el salón del pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer la declaratoria de emergencia en zonas cafetaleras y establecer un programa de apoyo a los cafetaleros afectados por la plaga de la roya del café, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputada Natalia Karina Barón Ortiz y diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a hacer la declaratoria de emergencia en zonas cafetaleras y a establecer un programa de apoyo a los cafetaleros afectados por la plaga de la roya del café.

Exposición de Motivos

En octubre de 2012, cafetaleros de Veracruz, de Chiapas y de Oaxaca denunciaron la presencia en sus cafetos de un fuerte brote de roya muy agresiva y con un comportamiento diferente al tradicional; en consecuencia con ello, demandaron la atención del gobierno federal y propusieron la declaratoria de emergencia para la cafeticultura a fin de atender de inmediato la epidemia con recursos extraordinarios.

Sin embargo, de las diversas dependencias del gobierno responsables de atender estas emergencias en la agricultura nacional, nadie les hizo caso.

Hoy, la plaga se extendió a los 12 estados cafetaleros del país y está arrasando con los cafetales de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde se produce el 85 por ciento del total del café mexicano.

En las entidades mencionadas, actualmente se presenta una afectación con roya naranja del 50% de la superficie sembrada. Como consecuencia de ello, el volumen de producción en estos estados ha descendido hasta en un 30 por ciento en los dos últimos ciclos, por lo que se dejó de producir cerca de un millón de sacos por ciclo, provocando pérdidas millonarias a los cafeticultores.

Como todos sabemos, en México, la cafeticultura es de la mayor importancia tanto desde el punto de vista social, como económico y ecológico; sobre todo para la población que habita regiones de alta y muy alta marginación.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 179, considera al café como uno de los 11 productos básicos y estratégicos y en los estados y regiones de mayor pobreza del país, alrededor de tres millones de mexicanos dependen de la cadena del café, incluyendo a productores y sus familias, a jornaleros, operadores de beneficios, obreros de industrias, empleados de cafeterías y participantes en la comercialización.

Dedicados al cultivo del también llamado “oro verde” tenemos un padrón con cerca de 550 mil productores y una superficie sembrada para el año 2015, de 737 mil hectáreas. México ocupa el 6º lugar en el mundo en producción, con el 3% de la producción mundial. En términos de exportación, el país se encuentra en el noveno lugar con 2.8 millones de sacos, lo que representa 900 millones de dólares en ingreso de divisas.

Esta es la dimensión de lo que está en juego de no atender de manera urgente, con responsabilidad y visión social la amenaza que significa para nuestros cafeticultores la epidemia de la roya que devasta los cultivos del sur del país.

En 2013 varios municipios veracruzanos y chiapanecos solicitaron la declaratoria de emergencia para la cafeticultura nacional; a lo largo de 2013 y 2014 diversas organizaciones cafetaleras insistieron en apoyos emergentes para atender los cafetales y para el combate a la plaga de la roya.

El 24 de junio de 2015, los gobiernos de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz emitieron un comunicado dirigido al Secretario de Gobernación, demandando un Programa Integral de Atención a los Productores Cafetaleros de esos estados y, junto con otras medidas relevantes, solicitaron al gobierno federal emitir la declaratoria de emergencia por la roya del café.

Incluso, en noviembre de 2014, en el marco del anuncio de la creación de tres zonas económicas especiales para el sur-sureste del país, el Presidente Peña Prometió apoyos especiales para los cafetaleros al hablar de poner en marcha un programa para renovar y repoblar cafetales en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca así como apoyos con créditos flexibles.

Nada de esto se ha llevado a cabo. Las dependencias federales responsables de la atención a los cafetaleros, hacen oídos sordos al clamor general de los productores y sus organizaciones; incluso el mandato del Presidente de poner en marcha un programa emergente se ha desatendido.

Y para 2016 el panorama para los productores y las familias cafetaleras es todavía más grave amigas y amigos diputados. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, presentado por el Ejecutivo a esta Soberanía, elimina del presupuesto, entre otros importantes programas sociales, al Procafe, dejando en la indefensión en plena crisis a decenas de miles de cafeticultores y sus familias.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta representación nacional el siguiente

Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se establezca un Programa de Atención Integral de corto y mediano plazo, que entre otras medidas incluya acciones de empleo temporal en las regiones cafetaleras, renovación de los cafetales con plantas nativas de la región, apoyos para insumos y apoyo técnico y capacitación para los productores.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que atienda la solicitud de los cafetaleros y de los gobernadores de los estados del sur-sureste para emitir la Declaratoria de Emergencia por la Roya del Café.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 6 de octubre de 2015

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y el Coneval a revisar y ampliar las Reglas de Operación del Fondo de Infraestructura Social Municipal para lograr su regionalización, a cargo del diputado Samuel Alexis Chacón Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Samuel Alexis Chacón Morales, diputado integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Del tercer informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cito una fracción de la tercera medida presidencial. Mediante la cual se impulsará el desarrollo de las regiones con mayor rezago, para combatir la pobreza y la desigualdad. En ella reside una parte importante de nuestra labor legislativa, en palabras de nuestro presidente:

“Digámoslo con toda claridad: muchos “Méxicos” conviven juntos. Mientras que algunas regiones triunfan en la economía mundial, con crecientes índices de ingreso, desarrollo y bienestar; hay otras que están rezagadas, viviendo aún en condiciones de retraso y marginación”

Una de las prioridades del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es hacer de México un país próspero, de oportunidades y de bienestar para todos, que inciden en mejores condiciones de vida de la población bajo el estricto respeto y consideración de las particularidades que presenta cada entidad federativa y cada municipio. Ello requiere del fortalecimiento del pacto federal, para que mediante la acción coordinada de los tres ámbitos de gobierno se puedan implementar las políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de la población.

Para lograrlo, se requiere partir del cimiento de nuestro país, los municipios, los cuales representan el orden de gobierno que está en mayor contacto con la población y con sus necesidades, lo que requiere de municipios fuertes, con las capacidades de gestión técnica, administrativa y organizacional necesarias para identificar y atender, fortaleciendo con eficiencia, eficacia y efectividad los problemas públicos en nuestras comunidades.

Fortalecer a las administraciones municipales es una tarea primordial; debido a que la cercanía de los municipios con la población permite identificar necesidades específicas y más importante aún, hacerlos partícipes del diseño de las acciones a realizar. Es por ello que es necesario establecer como prioritario, impulsar la colaboración coordinada y con mayor corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno. Por lo que una de las vías para avanzar en este sentido es mediante la actualización e instrumentación constante de objetivos, prioridades, estrategias y políticas que evolucionen en base a las necesidades y demandas sociales, para que mediante su implementación puedan generar las acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de la población, tales como el desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la protección de los recursos naturales, la salud, educación, participación política y seguridad.

Como parte integral de esta visión se presenta un listado de consideraciones y propuestas estratégicas y su correspondiente justificación, que se derivan de la experiencia capitalizada en la administración del honorable Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, misma que fue presidida por su servidor en el periodo 2012-2015, citadas consideraciones y propuestas se presentan para su análisis, validación e implementación específica en el anexo 1. Catálogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, considerando lo siguiente:

El FAIS, tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población con alto o muy alto nivel de pobreza extrema y rezago social, dentro de la ciudad y/o en las comunidades rurales (llámese ejidos, cantones, rancherías, etcétera) conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria.

El FAIS, se divide en dos fondos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales (FISM).

Se deben fortalecer a los ayuntamientos en cuyos lineamientos del FISM se sugiere:

• Incluir que dentro de las reglas de operación, se considere lo siguiente: obras o acciones que puedan ejecutarse en la adquisición de equipos de recolección de residuos sólidos y/o camiones y/o maquinaria; además de considerar más porcentaje para pavimentación y caminos rurales, que pasen de 15 al 40 por ciento.

• Modificación al numeral 2.3 Proyectos FAIS, inciso B “para la realización de proyectos con recursos del FISM”.

• Se recomienda determinar una metodología para la adecuada justificación de las localidades que estén fuera de las AGEP´S urbanas o rurales

• Modificación al numeral 2.3.1 inciso I y II. Acerca de la clasificación de los proyectos del FAIS.

En este numeral de los lineamientos emitidos del FAIS hace la mención de cómo lo gobiernos locales podrán clasificar los proyectos de acuerdo a la incidencia y que porcentaje tendrán cada uno, quedando de la siguiente manera:

I. Deberán destinar por lo menos el 70 por ciento de los recursos en los proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS.

II. Podrán destinar como máximo hasta 30 por ciento en proyectos clasificados como de incidencia complementaria y/o en proyectos especiales.

En el caso de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo podrá destinarse hasta 15 por ciento de los recursos FISE o FISM y hasta un 15 por ciento adicional para dicha infraestructura, en el caso de que haya sido dañada por un desastre natural en el ejercicio fiscal actual o en el inmediato anterior, con motivo del cual se cuente con una declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación o con un dictamen de protección civil de la entidad que avale dicha situación. ”

a) Se recomienda que se destinen hasta 40 por ciento de los recursos del FISM para proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones, banquetas y techados (escuelas y parques).

b) Se recomienda incluir dentro de las obras o acciones que pueden ejecutarse la construcción de infraestructura y/o mantenimiento de alumbrado público. Como acciones de incidencia directa y no como complementarias.

c) Se recomienda someter a consideración que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estandarice el modelo de comedor a construir con los recursos del fondo y que sea la misma dependencia quien permita a los municipios tener abierta la asistencia del programa correspondiente dentro de la misma secretaría para poder acceder a los equipamientos en tiempo y forma.

Modificación al Título Cuarto. Evaluación de los casos no previstos del FAIS

Se recomienda fortalecer la coordinación de estrategias de evaluación entre la Sedesol y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con la finalidad de unificar criterios, logrando con esto que los ayuntamientos ejecuten obras y programas que vayan bien encausadas y no sean observaciones de parte de las auditorías Federales donde la Sedesol le da una interpretación distinta a la Auditoría Superior de la Federación.

Modificación al numeral 1.5 Interpretación de los casos no previstos en el FAIS

Se recomienda que las delegaciones de la Sedesol con el respaldo de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, les den las facultades amplias para dictaminar y aprobar las matrices de obras que presenten cada municipio a sus respectivas delegaciones federales de la Sedesol en cada estado con la finalidad de resolver de manera coordinada los casos no previstos en los lineamientos del FAIS.

Si los ayuntamientos de todo el país siguen aplicando las mismas reglas de operación del FISM de observancia general, vamos a originar que los municipios con rezago social y pobreza extrema aumenten sus índices, provocando malestar y desestabilidad social; y de esta misma manera se perjudica a los municipios desarrollados que cuentan con drenaje, agua potable, baños, aulas, bardas perimetrales, muros de contención, etcétera, que son las obras que marcan los lineamientos del FISM, viéndose obligados a reintegrar, ya sea, el cien por ciento de este fondo o una parte; por no poder hacer otras obras que no están contempladas dentro de las actuales reglas de operación. Por lo que propongo que estas reglas de operación no se apliquen con observancia general, sino que dichas reglas de operación se regionalicen con base en los índices de extrema pobreza, marginación social, circunstancias, ubicación geográfica y necesidades actuales, ya que no podemos decir que todos los ayuntamientos del país tienen las mismas características, necesidades y nivel de desarrollo.

Tal como lo mencionó el presidente de la República “Muchos Méxicos conviven juntos, mientras algunas regiones prosperan, otras siguen rezagadas...” por eso concluyo diciendo que la regionalización de las reglas de operación, vendrán a ayudar en mucho, de lo contrario, los municipios seguirán sufriendo en cuanto a la aplicación de las mismas reglas de operación del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a revisar y ampliar las reglas de operación del Fondo de Infraestructura Social Municipal (Fondo 3) para lograr su regionalización.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputado Samuel Alexis Chacón Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a cumplir por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios los contratos de compraventa de productos agrícolas registrados en agricultura por contrato para los productores de Sinaloa, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jesús Antonio López Rodríguez, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios se de cabal cumplimiento con lo establecido en los contratos de compraventa de productos agrícolas registrados en Agricultura por contrato para los productores de Sinaloa, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Los precios internacionales de los alimentos básicos siguen disminuyendo drásticamente, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO) la caída en los precios de la energía y la preocupación por la desaceleración económica de China han provocado que el índice de precios de los alimentos registre su mayor descenso desde diciembre de 2008.

El índice de precios de los cereales de la FAO se situó en un promedio de 154.9 puntos en agosto, es decir un 7 por ciento menos que en julio y 15.1 por ciento menos que 2014; con el descenso presentado en el mes de agosto, se puso fin a dos meses consecutivos de crecimientos medianos que ha hecho que el índice caiga a su nivel más bajo. La disminución de los precios del trigo y del maíz fue el principal factor del descenso generalizado, aunque los precios del arroz también se debilitaron en agosto. Los precios del maíz cayeron, reporta la FAO, debido sobre todo a la mejora de las perspectivas sobre la producción en Estados Unidos y a una previsión de mayores ventas del Brasil durante esta campaña.

Países como Colombia, Brasil, Chile o México, sufren la caída en la demanda mundial y la de los precios de los commodities o materias primas lo que ha impactado directamente a sus economías y a sus divisas. En el caso del sector agrícola, la situación se ha reflejado en una disminución de las exportaciones agrícolas, de conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, las exportaciones agropecuarias disminuyeron 21 por ciento de junio a Julio del presente año.

Basta recordar que la dinámica del sector agrícola está íntimamente ligada a la economía de Estados Unidos y en un contexto de liberación económica en el que nos encontramos, el campo mexicano se encuentra en seria desventaja competitiva. De acuerdo con un estudio realizado en 2014 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, las exportaciones e importaciones agropecuarias de México son mucho menores a la de sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las ventas mexicanas de productos agropecuarios se contabilizaron en 2014, en 22 mil millones de dólares, mientras que las de Estados Unidos y Canadá suman 172 mil millones y 63 mil millones de dólares, respectivamente; en cuanto a las importaciones, el Centro de Estudios mencionó que en México se contabilizan en 28 mil millones de dólares, mientras que el valor de las de Estados Unidos y Canadá suman 142 y 39 mil millones, para uno y otro. En cuanto a las compras agropecuarias provenientes del TLCAN, para México éstas representan 79 por ciento del total, mientras que para Estados Unidos y Canadá representan 35 por ciento y 64 por ciento, respectivamente.

Segundo. En Acción Nacional, cubrir las necesidades de los ciudadanos y promover la dignificación de la vida y generación del bien común es una de las tareas con la que estamos profundamente comprometidos. Estamos conscientes que el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos está ligada a la política de desarrollo económico y, por ende, a los recursos económicos que se destinen para mejorar la competitividad, el empleo y el ingreso de las familias.

En teoría, la política de desarrollo agropecuario tiene como uno de sus objetivos, el de impulsar la productividad del sector agroalimentario mediante mecanismos de administración de riesgos que promuevan una mayor certidumbre para los productores; en este sentido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) cuenta con diferentes Programas y Fondos que deben ser canalizados a los productores que más los necesitan. Entre estos Programas sujetos a reglas de operación se encuentra el “Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados” cuyo presupuesto para 2015 fue de 12 mil millones de pesos. Este Programa busca en teoría, contribuir a brindar mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante la instrumentación de mecanismos de administración de riesgos, incentivos a la comercialización, promoción comercial y fomento a las exportaciones; coadyuvando con ello al ordenamiento y desarrollo de los mercados de los productos agropecuarios, acui?colas y pesqueros elegibles.

Dentro de los incentivos a la comercialización, se encuentran las “Coberturas Contractuales” que son un instrumento en el cual es obligatoria la firma de un contrato de compraventa y que tiene como objetivo asegurar la comercialización de cosechas nacionales de maíz, trigo, sorgo y oleaginosas. Existen dos esquemas, en el primero los productores podrán adquirir opciones “call” (opción de compra), con incentivo hasta del 85 por ciento del costo de la cobertura y los compradores podrán adquirir opciones “put” (opción de venta) con incentivo hasta del 50 por ciento del costo de la cobertura. En el segundo esquema, los compradores podrán adquirir opciones “put” o los productores “call”, con incentivo hasta del 100 por ciento del costo de la cobertura, sin recuperación para la dependencia.

En el caso de las opciones “call”, el comprador pagara? al productor el precio establecido en el contrato de compraventa, aun cuando el precio del futuro en bolsa haya disminuido respecto al momento de la entrega del producto fi?sico, pues la opción “call” protege el precio del grano durante el proceso de producción y cosecha.

Tercero. Ahora bien, los productores de todo el país actualmente están pasando por una situación sumamente difícil al enfrentar el aumento de costos de los insumos, fertilizantes, gasolinas y costos de transportación de mercancías; así lo demuestra por ejemplo, la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en donde el 83.4 por ciento de los productores dijo que dentro de los mayores problemas a los que se enfrentan son los costos de los insumos y servicios.

Sin embargo, para hacer frente a este problema, los productores no tienen muchas opciones, pues retomando los datos del Inegi, tan solo el 10 por ciento de los productores obtuvieron un crédito o préstamo y el 84 por ciento de quienes lo obtuvieron lo utilizaron precisamente para la compra de insumos y materias primas. El 90 por ciento de los productores que no tramitaron u obtuvieron un crédito desistieron por las altas tasas de interés.

Los productores mexicanos se encuentran en una crítica situación: cada vez tienen que invertir más y ganar menos. Aunado a los problemas de los precios de mercado de los granos, las condiciones climatológicas y el encarecimiento de los insumos, los productores del todo el país en el colmo de todos los casos, se han encontrado con múltiples problemas al momento de hacer valer los contratos de compraventa registrados en la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Aserca, y con las reglas de operación de los programas.

En diversos Estados agrícolas, Aserca debe cantidades importantes a los productores, en Tamaulipas por ejemplo se deben cerca de 2 mil millones de pesos, mientras que en Sinaloa se adeudan cerca de 2 mil 200 millones de pesos. Específicamente en Sinaloa, a los productores no se le ha pagado lo pactado en los contratos para las cosechas 2014 y 2015; productores de sorgo y maíz, siguen esperando el pago de 3 mil 800 pesos por tonelada que les adeuda la Federación. Como primer antecedente se tiene el “Primer Comunicado, de Agricultura por contrato, para la comercialización de maíz del Estado de Sinaloa” con fecha del 4 de Junio de 2014 y firmado por el Lic. Baltazar Hinojosa Ochoa, director en jefe de Aserca. En dicho comunicado se establece que para agilizar la comercialización de la cosecha de maíz en el Estado de Sinaloa los productores recibirán del comprador la cantidad de 3,500 pesos por tonelada, que comprende el precio del grano pactado en el contrato de compra venta, la compensanción de bases y el beneficio de la cobertura de los precios.

De la misma forma, durante 2014 y debido a los precios de mercado de los granos y oleaginosas, los cuales repercutieron directamente en los precios pagados a los productores y en virtud de los costos de producción (semillas, diesel, fertilizantes, agua) la Sagarpa por conducto de Aserca determinó ajustar los niveles de Ingreso Objetivo para maíz con un precio de 3 mil 300 pesos por tonelada.

Sin embargo, a pesar de las medidas institucionales y de los supuestos apoyos otorgados por el Gobierno Federal, a los productores no se le ha pagado totalmente. Es así que el día 7 de Septiembre, productores procedentes de diversos municipios de Sinaloa, se manifestaron por las principales avenidas de Culiacán y tomaron casetas de las principales carreteras provocando afectación a terceros y poniendo en peligro su vida, para exigir a Sagarpa y Aserca el pago de los apoyos al maíz, trigo y sorgo que se adeudan de la cosecha 2014-2015.

Cuarto. En Acción Nacional nos importa el campo, es una prioridad en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario. Impulsaremos las reformas necesarias que le den certeza y competitividad al campo mexicano, aquellas reformas que el Ejecutivo federal no presentó y que sólo se quedaron en foros temáticos organizados por Sagarpa.

Nos preocupa los diversos recortes propuestos por el Ejecutivo Federal en materia de campo, como por ejemplo la fusión de programas en diversas materias para un supuesto ahorro y la creación del denominado Programa de apoyos a pequeños productores, con los recursos del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa) y Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora; que muestran una reducción del 47 por ciento del presupuesto actual para el primero, mientras que para el Programa para la Productividad de la Mujer se cae en un 58 por ciento.

Preocupa la falta de acceso al crédito para los productores y la reducción de recursos en la Financiera Nacional (principal instrumento de crédito para el sector), la cual actualmente cuenta con un monto de mil 227 millones de pesos para inversiones financieras netas y que para 2016 se reducirá a 957 millones, medidas que claramente debilitan al campo mexicano.

De la misma forma nos preocupa la ejecución de los recursos asignados y la falta de transparencia con la que el Ejecutivo Federal modifica el presupuesto destinado para apoyar al campo, basta con decir que para el PEF 2015 se aprobó un presupuesto de 12 mil millones de pesos para el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados el cual fue modificado a 6,254 millones de pesos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de éstos solo se presenta un avance del 50% hasta el mes de Junio de acuerdo con la cifras oficiales; es decir solo se han ejercido 3,100 millones de pesos, mientras que para este PPEF 2016 se pretende asignar 10,271 millones de pesos. No debemos permitir que se sigan asignando más recursos para el campo que posteriormente el Ejecutivo Federal recorta o reasigna a otras áreas de manera discrecional mientras los campesinos siguen esperando los apoyos; no podemos aprobar una propuesta de 10,271 millones de pesos para 2016, para que la Federación realice nuevamente recortes y peor no canalice los recursos a quién más los necesita.

Los diputados de Acción Nacional impulsaremos las adecuaciones necesarias en este Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 en materia del campo, para que la hoy propuesta del Ejecutivo Federal de asignar solo 76 mil 715 millones pesos a la SAGARPA y que en 2015 contó con un presupuesto de 92 mil 141 pesos; es decir 15 mil millones de pesos menos, sea revertida.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se de cabal cumplimiento con lo establecido en los contratos de Compraventa de productos agrícolas registrados en Agricultura por Contrato para los productores del estado de Sinaloa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputado Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a las evaluaciones que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrita, diputada Natalia Karina Barón Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, de acuerdo con el gobierno federal, representó en su momento la Política de Estado para el Desarrollo Rural con la intención de generar y garantizar a la población campesina el bienestar social e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica que más lo requieren, tal y como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, considerando las propuestas de las organizaciones que concurren en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

En el caso de la competitividad del sector, el gobierno pretendió integrar a la política económica, para el fomento de las actividades productivas agropecuarias y no agropecuarias generadoras de empleo e ingresos, mejorar la productividad y competitividad; favorecer la reconversión productiva; generar condiciones para la producción de más y mejores alimentos; ordenar y ampliar los mercados agropecuarios, la integración y fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias; el fortalecimiento de la empresa social y privada, la promoción del turismo rural, la cultura y la producción de artesanías.

Recientemente el Banco Mundial anunció que la crisis alimentaría provocó un incremento en más de 100 millones de pobres, de estos pobres el 46 por ciento son de países latinoamericanos, según datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La aplicación de estos dos enfoques a los datos sobre los países de la región permite reforzar la idea de que, más allá de los avances logrados en la última década, la pobreza persiste como un fenómeno estructural que caracteriza a la sociedad latinoamericana. Con el objeto de contribuir a un diseño más integral de las políticas públicas para superar la pobreza y la desigualdad socioeconómica, además de examinarse las tendencias recientes del gasto social se profundiza en el análisis de brechas en tres ámbitos: juventud y desarrollo, desigualdad de género en el mercado laboral y segregación residencial urbana.

Los organismos como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y la mayoría de los gobiernos ricos impusieron la industrialización de la agricultura con la liberación de los mercados que se rigen por la competencia y la especulación, destruyeron en los últimos 25 años las bases de la seguridad alimentaria de América Latina.

La crisis alimentaría se agudizará por el problema de la sequía que se presenta en diversas regiones de México durante el periodo de 2012 fue el primer aviso de este fenómeno, producto del cambio climático, otro factor que impactará en la manipulación de los precios de los productos básicos el problema de la escasez del agua.

El sexenio que dio inicio el primero de diciembre, llegará con enormes retos en diversas materias, debido a una mala orientación del gasto en lo que al campo se refiere, se requerirá de enormes esfuerzos pero sobre todo de mucha voluntad política para enfrentar el reto en este rubro, aunado al necesario aumento del presupuesto para el campo, además de la reorientación con sentido social del mismo.

Es fundamental dar cumplimiento al marco legal establecido en materia de seguimiento a las evaluaciones, en el caso de las internas y externas, es el Ejecutivo quien a través de las dependencias, contrata a las instituciones encargadas de evaluar, siendo evidente que existe una dispersión en los programas, lo cual no permite una integración real de los apoyos federales, de tal manera que el impacto en el bienestar familiar es reducido y desigual.

El otorgamiento de los apoyos de forma discrecional también ahondan las desigualdades en el campo, no obstante dicho programa, presentan grandes desequilibrios de desarrollo regional del país se concentraron en el medio rural mexicano, con millones de mexicanos en pobreza extrema.

El Programa Especial Concurrente, no ha funcionado como mecanismo de coordinación de los programas de apoyo al sector rural, a falta de una orientación correcta y desigual.

Los estados del norte, ocho para ser precisos, concentran más del 60 por ciento de los recursos de la Secretaría de Agricultura, el centro y sur con 15 estados, 1.1 por ciento, entre ellos Oaxaca, que por ende, recibe una mínima parte de ese porcentaje.

No existe una metodología única para la evaluación del impacto de los programas en el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, generalmente, las evaluaciones se han hecho a modo de las instituciones que las contratan, lo que genera cierto grado de desconfianza en los resultados obtenidos. Asimismo, es común que las recomendaciones que se hacen a los programas, no sean integrados a las reglas de operación.

Para tal efecto, es fundamental reorganizar los criterios del Sistema Nacional de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que mide la pobreza en México, determina en su evolución realizada al número de población en pobreza, durante el periodo 2012-2014 alcanzan los 53.3 millones y de ellos se sitúan a 33.3 millones en la región del Sur-Sureste del país. Por lo que es imprescindible evaluar los programas y políticas sociales del Gobierno Federal, ya que resulta necesario que las instituciones homologuen los métodos de evaluación de los programas, corrigiendo las debilidades metodológicas de fondo.

Es verdaderamente inaceptable el grado de marginación, de miseria y deterioro ambiental entre otras cosas, en el sector rural, por lo tanto es urgente un cambio en la orientación de políticas públicas en la materia.

El presupuesto asignado al campo ha aumentado, de 338 mil 669.9 mil millones para el ejercicio 2014, pasó a 353 mil 7.3 mil millones para el 2015, un aumento sustancial de unos catorce mil millones, sin embargo, aunque en términos numéricos fue más, en términos reales no fue así, la inflación modificó la realidad.

El propósito del PEC, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es dirigir los recursos a zonas de alta y muy alta marginación.

El problema para la evaluación y seguimiento de la aplicación de los recursos del PEC, es que no hay una base de información, un padrón de beneficiarios, solo se tiene un análisis aproximado.

De acuerdo con datos, la Comisión de Seguimiento a las Evaluaciones Practicadas a los Programas que Integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, es la encargada de coordinarse con las demás comisiones relacionadas con el sector rural para orientar el gasto a partir de los resultados de las evaluaciones.

Es importante que desde el texto del decreto del Presupuesto, se corrija el tema de las evaluaciones con la finalidad de que el Congreso de la Unión instruya al Ejecutivo cuáles son los conceptos que desea evaluar.

En razón a ello, con fundamento en los artículos 34 y 42 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y solicito la intervención que por ley corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, es por ello que someto a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que deberá impulsar y dar seguimiento a los asuntos programas y proyectos del Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural de México, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación.

Segundo. La Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, estará integrada por el número de miembros que la Junta de Coordinación Política determine los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que estos últimos tienen en la composición de su representación en el pleno de Cámara de Diputados y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Tercero . La Comisión Especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2018.

Palacio Legislativo, a 6 de octubre del 2015.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a las evaluaciones de los programas que conforman el programa especial concurrente para el campo, a cargo del diputado Jorge Álvarez López, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Jorge Álvarez López, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las principales tareas de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto, cuya actividad implica el análisis de la ley de ingresos y la ley de egresos para su definición, así como el análisis de las proyecciones de las principales variables del año siguiente a partir de los criterios de política económica.

De acuerdo a las leyes que implican al desarrollo del campo y sus habitantes, además del Programa Especial Concurrente (PEC), estas hacen referencia a los grandes criterios para la aplicación de los recursos que se destinan a este; también reseñan lo relativo a sus reglas de operación y desde luego a las evaluaciones de sus programas.

Cada uno de esos aspectos requiere de la debida atención y experta opinión, a fin de obtener un buen desenvolvimiento de sus grandes objetivos que vienen desde el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales de las dependencias asociadas al medio rural y sus problemáticas, los cuales se concretan en el PEC y aterrizan en los programas.

A la gran tarea de la Cámara en la aprobación del presupuesto consecuentemente le debe seguir el establecer una ruta crítica hasta ver cristalizados los objetivos de los programas del PEC, por ello es necesario la creación de la Comisión Especial que de puntual seguimiento a las evaluaciones que se le practican a dichos programas, es decir, la creación de la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones de los programas que conforman el programa especial concurrente para el campo (CESEPEC).

La necesidad de la creación de esta Comisión implica que aquello que la Cámara de Diputados aprueba, se le pueda hacer un seguimiento puntual y objetivo, desde una perspectiva plural a partir de las evaluaciones que se llevan a cabo de los programas, y en los hechos trabajar para la mejora de los mismos, como de sus componentes y sobre todo para alcanzar los objetivos para los cuales estos fueron creados.

El país exige de todos nosotros un arreglo institucional para transitar esta etapa, donde el gobierno federal ha puesto en marcha técnicas y metodologías apropiadas para la búsqueda de un mejor uso de los recursos (entre otros el presupuesto base cero). Ante ello, la búsqueda de soluciones para un mejor uso de los escasos recursos pasa por establecer, retomando experiencias exitosas anteriores, por la creación de esta Comisión.

El Programa Especial Concurrente está plenamente identificado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el contenido del PEC aparece en el artículo 15, donde se señala que:

Artículo 15. El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

I. Actividades económicas de la sociedad rural;

II. Educación para el desarrollo rural sustentable;

III. La salud y la alimentación para el desarrollo rural sustentable;

IV. Planeación familiar;

V. Vivienda para el desarrollo rural sustentable;

VI. Infraestructura y el equipamiento comunitario y urbano para el desarrollo rural sustentable;

VII. Combate a la pobreza y la marginación en el medio rural;

VIII. Política de población para el desarrollo rural sustentable;

IX. Cuidado al medio ambiente rural, la sustentabilidad de las actividades socioeconómicas en el campo y a la producción de servicios ambientales para la sociedad;

X. Equidad de género, la protección de la familia, el impulso a los programas de la mujer, los jóvenes, la protección de los grupos vulnerables, en especial niños, discapacitados, personas con enfermedades terminales y de la tercera edad en las comunidades rurales;

XI. Impulso a la educación cívica, a la cultura de la legalidad y combate efectivo a la ilegalidad en el medio rural;

XII. Impulso a la cultura y al desarrollo de las formas específicas de organización social y capacidad productiva de los pueblos indígenas, particularmente para su integración al desarrollo rural sustentable de la Nación;

XIII. Seguridad en la tenencia y disposición de la tierra;

XIV. Promoción del empleo productivo, incluyendo el impulso a la seguridad social y a la capacitación para el trabajo en las áreas agropecuaria, comercial, industrial y de servicios;

XV. Protección a los trabajadores rurales en general y a los jornaleros agrícolas y migratorios en particular;

XVI. Impulso a los programas de protección civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población rural en situaciones de desastre;

XVII. Impulso a los programas orientados a la paz social;

Fracción reformada DOF 27-01-2011

XVIII. Difusión nacional sobre su contenido, y

Fracción adicionada DOF 27-01-2011

XIX. Las demás que determine el Ejecutivo Federal.

Fracción recorrida DOF 27-01-2011

Para hacer posible la realización de las anteriores acciones, como es sabido, el gobierno federal en cada periodo elabora el PEC sexenal, donde se establecen los grandes criterios que al respecto se deberán alcanzar al terminar el mandato.

De igual manera, cada año envía a la Cámara de Diputados el Proyecto de Egresos de la Federación del año siguiente, en el cual se incluye al PEC.

Una vez aprobado el PEC y sus programas, consecutivamente se dan a conocer sus reglas de operación y posteriormente se dan a conocer los beneficiarios de dicho programa, situación por de más relevante tanto para representantes de los intereses de la población, como a los mismos beneficiarios.

En ese contexto, las evaluaciones de los programas del PEC que llevan a cabo tanto instituciones nacionales como internacionales, arrojan resultados que permiten seguir puntualmente los objetivos de los programas, y permiten asociar esos resultados con las metas de los planes sectoriales de las dependencias.

Por lo cual, hacer un seguimiento de las evaluaciones de esos programas; analizar esos resultados y traducirlos en beneficio de las tareas legislativas, es un bien común.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone la creación de la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones de los programas que conforman el programa especial concurrente para el campo (CESEPEC). Asimismo, la citada Comisión Especial deberá promover la orientación del gasto público hacia programas y proyectos dirigidos a fortalecer el desarrollo rural sustentable del país.

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en términos de los artículos 32, inciso c), de la Ley Orgánica Del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se discuta, y en su caso, se apruebe y emita el acuerdo de creación de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones de los Programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el Campo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre del año 2015.

Diputado Jorge Álvarez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República a aceptar en sus términos las peticiones planteadas por los padres de los normalistas, en la reunión del 24 de septiembre de 2015, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo, en nuestra calidad de Diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y numeral 1 fracción II del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El pasado 24 de septiembre de 2015 se realizó una reunión entre el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y los padres de familia y abogados de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos tras los ataques del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala. Esta reunión formó parte de las acciones emprendidas por el gobierno de la República para dar respuesta al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Segunda. En esta reunión, los padres de familia y abogados de los 43 estudiantes, en presencia del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigieron al presidente de la República que sean cumplidas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Particularmente buscan que se replantee la investigación y que ésta se lleve a cabo por una unidad especializada, así como que se mantenga la búsqueda de los estudiantes.

Estas demandas son justas, simples, sencillas, apegadas a la ley, y de fácil cumplimiento, basadas en el compromiso presidencial de “estar del lado de la verdad” y de permitir al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la CIDH “continuar con su labor hasta que haya justicia y verdad”.

Tercera. En ese orden de ideas, los padres de familia y abogados de los 43 estudiantes desparecidos le entregaron al presidente de la República un documento que contiene ocho puntos en los que exponen sus demandas, que a saber son:

1. Reconocimiento de la legitimidad de nuestra búsqueda de justicia y de que el caso se encuentra abierto.

2. Permanencia del GIEI, aceptación plena del informe del GIEI y sus recomendaciones.

3. Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar.

4. Relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología.

5. Atención digna e inmediata a los heridos y familiares de nuestros compañeros ejecutados extrajudicialmente. Trato digno a las víctimas.

6. Respeto a la normal rural Raúl Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas.

7. Mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a nuestros derechos.

8. Reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México.

Cuarta. Es necesario resaltar que ninguna de las demandas planteada por los padres de familia y abogados de los 43 estudiantes desparecidos es contraria al derecho o de imposible realización. Particularmente el punto sobre el “replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar”, es jurídica y políticamente posible.

Jurídicamente es posible la creación de una unidad especializada basada en lo que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

Artículo 14. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones. El procurador general de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

Quinta. Que el 24 de septiembre de 2015, al término de la reunión mencionada, la misma Presidencia de la República señaló que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y que para ello se giraron instrucciones, entre otras cosas para:

1. Investigar todos los hallazgos y posibles responsables producto de las indagatorias, reiterando que ésta no se ha cerrado y llegará hasta donde tenga que llegar.

2. Incorporar las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

3. Se deben continuar los trabajos para saber qué fue lo que pasó, de manera individual, con cada uno de los desparecidos.

4. La subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá asegurarse que todos los afectados tengan acceso a los mecanismos de atención a víctimas y se garantice la atención médica.

5. La PGR integre un equipo de peritos, del más alto nivel, para analizar los posibles hechos ocurridos en el basurero de Cocula.

6. Ordenó la creación dentro de la PGR, de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desparecidas.

7. Que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha sido invitado por el gobierno de la República durante los próximos seis meses, para concluir las tareas de asistencia técnica que les han sido encomendadas.

8. Instruyó a la Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, para que analicen la viabilidad de cada uno de los ocho puntos planteados por los padres de familia.

Sexta. Que el 24 de septiembre de 2015, el Senado de la República, durante su sesión ordinaria, al enterarse de la entrega de un documento por parte de los padres de familia de los estudiantes normalistas desaparecidos al presidente de la República, durante el encuentro que sostenían en el Museo Tecnológico de la Ciudad de México, y una vez que conoció el contenido del documento, acordó aprobar un pronunciamiento que reza:

El Senado de la República respalda las peticiones planteadas por los padres de los normalistas al presidente de la República en su reunión de este día y que se refiere a lo siguiente:

1. Reconocimiento de la legitimidad de la búsqueda de justicia y de que el caso iguala está abierto.

2. Permanencia del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Aceptación plena de su informe y sus recomendaciones

3. Reencauzar la investigación de una unidad especializada.

4. Relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología

5. Atención digna e inmediata a los heridos y familiares de ejecutados, trato digno ala víctimas.

6. Respeto a la normal Raúl Isidro Burgos y la no criminalización de normalistas.

7. Mecanismo de comunicación permanente digna y con respeto a sus derechos.

8. Acciones para proteger y hacer valer los derechos humanos y combatir cualquier forma de impunidad.

El senado de la república seguirá con interés las acciones que el gobierno dela república realice para la atención a lo expuesto por los padres delos normalistas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 24 de septiembre de 2015.

Séptima. El viernes 25 de septiembre, es decir un día después de realizada la reunión entre el presidente de la República y los padres de familia y abogados de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el Sistema de Naciones Unidas México expresó, entre otras cosas, “su profunda solidaridad a las más de 180 víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos y su familias, en los ataques que resultaron en la desaparición de los 43 normalistas”.

Agregó que “como parte del derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, la ONU se une al llamado de los expertos en derechos humanos a replantear la investigación de los hechos y esclarecer las irregularidades surgidas durante las pesquisas, que incluyen reportes de tortura para obtener confesiones y alteración de evidencias, entre otras”.

Asimismo, indicó que “es fundamental establecer las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales, que participaron directamente en los hechos o que no cumplieron con el deber de garantía, prevención y protección”.

Octava. En suma, lo que hace falta para apoyar en sus términos y sin restricciones las demandas planteadas por los padres de familia de los normalistas desaparecidos es simplemente voluntad política.

En este sentido la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como expresión de la representación política y popular de la nación, debe respaldar la peticiones planteadas por los padres de los normalistas al presidente de la República, en su reunión del día 24 de septiembre de 2015.

Por tanto y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la República para que acepte en sus términos las peticiones planteadas por los padres de los normalistas, en su reunión del 24 de septiembre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputados: Araceli Damián González, Roberto Guzmán Jacobo (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y la Profepa a llevar a cabo acciones para disminuir y erradicar los focos de contaminación en los ríos San Pedro y San Felipe, en Tamaulipas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El mundo ha sido objeto de un grave cambio climático que a su vez ocasiona desastres naturales, los cuales han azotado con gran fuerza toda la extensión del reino terrestre del conjunto de todas las cosas creadas por la naturaleza.

El medio ambiente al estar conformado por interacciones físicas, químicas, biológicas y humanas crean diversos ecosistemas constituidos por elementos tales como; agua, tierra, vegetación y fauna.

La sociedad no sería la misma sin contar con las materias primas que se extraen de la naturaleza, por lo tanto, el medio ambiente al ser parte importante para la vida es imperante que los gobiernos salvaguarden su estado para evitar a toda costa su destrucción con el objeto de mantener el equilibrio ambiental y así mantener a todos sus habitantes con la tranquilidad de que mantendrán la vida.

Por desgracia hoy en México y en particular, sin ser la única situación que se vive, en el Estado de Tamaulipas hemos observado nula atención respecto al cuidado ambiental por parte de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, ambas, entidades públicas obligadas a vigilar la salvaguarda del medio ambiente y parte del Ejecutivo Federal, ya que hace unos días amanecimos con la noticia, que se ha decidido cerrar a principios del año que entra, tres oficinas en el Estado, y gravemente en tres de los Municipios más importantes del Estado como son; Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, bajo el pretexto de la grave situación económica que pasa esta dependencia.

Al respecto, nos llama la atención, que los ajustes a los que se debe referir cualquier entidad del gobierno no deben versar sobre sus obligaciones y actividades, quien lo hace, desconoce por completo la gran distancia que corren entre las diversas ciudades del Estado, la dificultad con la que muchos de sus habitantes pasan para trasladarse de un lado a otro. Por tal motivo, bajo una total carencia de interés por atender las necesidades ambientales, hoy encontramos que, en lugar de reducir el gasto corriente, es decir, viajes, viáticos, alimentos de su personal, en realidad, de sus funcionarios, deciden cerrar estas oficinas, en tan importantes ciudades fronterizas, alegando que tan sólo se presentan uno o dos trámites al mes.

Todo lo anterior sucede bajo la denuncia hecha hoy en día por medios de comunicación estatales que mencionan la falta de atención por parte de los delegados ubicados en la jurisdicción de los ríos San Felipe y San Pedro, es decir, de los Municipios de Güémez y Nuevo Padilla; los cuales, tal como lo señalan los habitantes, cuentan con fuertes descargas residuales hechas por empresas que trabajan en las cercanías y por la falta de plantas tratadoras de aguas residuales en los municipios.

Por lo expuesto, y ante el peligro inminente que esto significa para la vida humana y animal de las inmediaciones a estos ríos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin de que haga público un informe sobre la contaminación de los ríos San Pedro y San Felipe del estado de Tamaulipas y se lleven a cabo todas las acciones necesarias para disminuir y en su momento erradicar los focos de contaminación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2015.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de empoderamiento de la familia, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita crear la Comisión Especial de empoderamiento de la familia, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es bien sabido por todos nosotros que la familia es el pilar fundamental sobre el que se sustenta el tejido social. El desarrollo de las naciones y la felicidad humana pasan por ella necesariamente; sin embargo, esta verdad del más alto interés nacional, paradójicamente no suele tener eco en las decisiones públicas, quedando la familia en numerosas ocasiones relegada a discursos aislados de algunas dependencias asistenciales, pero quedando en el olvido la mayoría de las veces.

En tiempos de congratulación por la progresiva implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, he asistido a foros, homologaciones locales, sesiones de trabajo, y en ellas, la institución más ignorada y rarísima vez mencionada es la que en este acuerdo nos ocupa: la familia. Pensar en niñas, niños y adolescentes, sin familia, es hablar de desarrollo sin raíces, regodearse en los frutos rebosantes y abundantes, del México próximo, mientras pisamos y contaminamos el surco de donde provienen.

La importancia de la familia estriba principalmente en dos pilares fundamentales para la existencia del ser humano: por un lado el cuidado, protección y cariño de nuestros pequeños, desde que se asoman a la existencia en el vientre de su madre, y por otro lado el aprendizaje de normas de comportamiento que le permiten conocer los límites y las reglas esenciales de la convivencia humana. Además de lo anterior, la familia tiene una función social toral en su dimensión económica, biológica y educativa-cultural.

De la vitalidad y salud de sus estructuras y subestructuras internas, se sigue el desarrollo de un sistema que permite la inclusión a la sociedad de ciudadanos, que acordes con indicadores y estudios comprobados, tendrán un profundo sedimento de responsabilidad, solidaridad, justicia, conciencia de su papel en las relaciones interpersonales y el bien común. De la vitalidad y la salud de las estructuras familiares, y por tanto, del vigor de la protección que el Estado y la sociedad den a la familia, depende en gran medida la economía, sustentabilidad y cohesión de nuestra nación.

El presente y el futuro de la humanidad y de nuestro querido México pasan necesariamente por la familia, porque en esta institución el ser humano aprende el oficio de ser persona. La familia es una comunidad de orden natural anterior incluso a la existencia del Estado, por lo que su diseño y dinámica están inscritos en la naturaleza misma del ser humano; sin embargo, el Estado, como realidad connatural también al ser humano, derivada de su necesidad de seguridad, está obligado a protegerla.

En nuestro estado de derecho, la protección de la familia es un mandato constitucional, de orden público, que se encuentra consagrado en el artículo 4o. del mismo ordenamiento supremo; además el derecho internacional ordena su protección, por parte de la sociedad y del Estado, en el artículo 16 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 17 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Muy recientemente, la Resolución L.25, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobada en Julio del presente año, y que es un compromiso internacional adquirido por México, insta a los países a adoptar leyes y políticas con perspectiva de familia, a la vez que reconoce que la familia natural enfrenta “cada vez más vulnerabilidades” y exhorta a las organizaciones internacionales a dar la “debida consideración” a la familia en el establecimiento de la agenda de desarrollo mundial post 2015.

En el Código Civil Federal, a partir de su artículo 146, se describen y regulan diversos aspectos estructurales de sus relaciones, sin desconocer por supuesto otras disposiciones del mismo Código que desde otros capítulos abordan aspectos fundamentales de la familia. El mismo artículo 168 del ordenamiento que nos ocupa describe parte de la naturaleza de esta institución; sin embargo, basta leer tal Código para darse cuenta de forma evidente, que el tema está legislativamente abandonado.

La Ley Federal del Trabajo contempla múltiples disposiciones de protección a la familia, como la protección a la maternidad, en diversos aspectos, la consideración familiar de múltiples prestaciones sociales, hasta incluso la protección de las industrias familiares, como excepciones privilegiadas de la ley. Aun así, hace falta muchísimo por hacer en temas de conciliación familia-trabajo, eliminación de prácticas industriales y laborales de discriminación de la maternidad, entre otros.

La Ley General de Población en su artículo tercero, fracción II, establece que las políticas en la materia deberán preservar la dignidad de la familia, pero a la vez han descuidado estas mismas políticas el coeficiente de reemplazo poblacional, debido precisamente al incumplimiento de su mismo principio familiar, comprometiéndose en esta problemática el futuro y la sustentabilidad del sistema social, económico y demográfico del país.

La abundancia de tesis y jurisprudencias de la novena y décima época es impresionante, acerca de la protección a la familia, como el Amparo Directo en Revisión 1905/2012, del 22 de agosto de 2012, que define el contenido y alcance de dicha protección, como derecho humano.

Tenemos que reconocer que la familia se encuentra en serias dificultades, que las graves crisis económicas y sociales la han golpeado severamente, que cada año aumenta el número de divorcios y la consecuente desintegración familiar; tenemos que reconocer que ha aumentado el número de hogares a cargo de mujeres solas, incrementando la sobrecarga de roles en esas madres heroínas de la cotidianeidad de nuestro olvido; es urgente ser conscientes de la evidente contradicción entre una creciente urbanización y la aguda marginación de los más pobres que provoca grietas importantes en el sistema de valores; la violencia suple la función esencial de la familia; no nos extrañe pues una sociedad violenta; nuestra omisión en las decisiones políticas sigue, hasta que lo decidamos hoy, comprometiendo nuestro futuro.

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, ante nuestra sorpresa, al llegar todos nosotros a la LXIII Legislatura, en lugar de una solución ante una crisis tan amenazante, ¡nos encontramos con que en esta honorable Cámara ¡no hay Comisión de Familia!

Es decir, ninguna de las múltiples actividades legislativas realizadas por las 56 comisiones ordinarias y las especiales están orientadas a la familia; ninguno de los esfuerzos administrativos de esta Legislatura están destinados a familia; ni uno solo de los más de 7 mil 500 millones de pesos que gasta esta legislatura se van a la promoción y al empoderamiento de la familia. Es decir, esta Cámara, no cuenta con una Comisión que vea por la institución natural más importante de nuestro orden jurídico nacional.

Es por lo expuesto, que someto a la consideración de ésta honorable Cámara de Diputados, para su urgente y obvia resolución, el presente

Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación política para que se cree la Comisión Especial para el Empoderamiento de la Familia, cuyo objetivo será la protección, promoción y fortalecimiento de la Institución Familiar.

Segundo. La Comisión estará vigente hasta el término de la presente legislatura y el acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación, determinando la Junta de Coordinación Política el número de integrantes de la presente comisión especial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2015.

Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del INM a implantar en las franjas fronterizas del país centros de atención y puntos de apoyo humanitarios para los inmigrantes ilegales, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Adriana Terrazas Porras, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura por el distrito IV, con cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, IV y VI, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones se implementen en las franjas fronterizas del país centros de atención y puntos de apoyo humanitarios que otorguen ayuda a los inmigrantes ilegales, instaurando acciones y orientando para inhibir el tránsito o tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos de América, con la siguiente

Exposición de Motivos

Estados Unidos de América es un país de destino para miles de hombres, mujeres y niños que son víctimas del tráfico de personas, actividad que se entiende como la facilitación, ayuda o cooperación de un cruce de fronteras, para la entrada de personas a un país o estado en el que el individuo no es habitante nacionalizado o residente habitual, sin cumplir con los requisitos legales o administrativos con la finalidad de obtener directa o indirectamente un beneficio económico. Cabe mencionar que las personas suelen valerse del tráfico ilegal creyendo que su realidad cambiará y que posteriormente podrán rehacer su vida y las de sus familias.

El tráfico ilícito de migrantes es una preocupación global, pues afecta a un gran número de países que son puntos de origen, tránsito o destino. Sin embargo, el gran número de migrantes ilegales dispuestos a correr riesgos en busca de una vida mejor, brinda una provechosa oportunidad a la delincuencia organizada para explotar su vulnerabilidad. Así, los delincuentes lucran con el tráfico ilícito de personas a través de fronteras y entre continentes.

Es importante señalar que ha sido una tarea compleja evaluar la dimensión real de este delito debido a su naturaleza clandestina. Por tanto, es necesario mencionar que los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación y el abuso, poniendo en peligro sus vidas y seguridad, ya que corren el riesgo de asfixiarse en el interior de los contenedores, perecer en el desierto por deshidratación o ahogarse en ríos o mares mientras son conducidos por contrabandistas; por tanto, lamentablemente los migrantes terminan convirtiéndose en mercancías a merced de las redes criminales, quedando expuestos a todo tipo de vejámenes y maltratos.

Es menester puntualizar que la gran mayoría de los menores migrantes que ingresan en Estados Unidos no provienen de México, sino de Honduras, Guatemala y El Salvador, huyendo de la violencia y pobreza de sus países. En términos generales los migrantes, mujeres y hombres objeto de tráfico ilegal, viajan en condiciones inhumanas para llegar a su destino, es decir, para alcanzar el sueño americano.

Por tratarse de un delito, las cifras de valor en el plano mundial son difíciles de determinar con precisión, pero considerando la base de dos de las principales rutas del tráfico ilícito: de África oriental, septentrional y occidental hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte, se estima que este delito genera anualmente alrededor de 6 mil 750 millones de dólares estadounidenses para los delincuentes que operan en estas regiones. Sin embargo, esa cifra presumiblemente es mucho mayor en el plano mundial.

La Organización de las Naciones Unidas ha estimado que el tráfico de migrantes de México a Estados Unidos genera alrededor de 6 billones de dólares anuales, lo que lo convierte en uno de los delitos más rentables para el crimen organizado transnacional.

En definitiva, considerando la cantidad de personas migrantes que transitan los países de Latinoamérica y la innumerable variedad de situaciones de violaciones a los derechos humanos que encuentran en sus viajes, resulta de suma importancia desarrollar programas para suprimir el tráfico ilegal de personas, mediante más acciones de prevención y asistencia, que de penalización e indemnización para víctimas, enfatizando la vulnerabilidad de niños y mujeres. Por tanto, es imperativo que el estado mexicano desarrolle programas e implemente acciones para combatir de manera más eficaz este flagelo, sin soslayar que se debe atacar la corrupción que coadyuva a que se den estas prácticas ilegales.

Por tanto, entiéndase que el Estado mexicano debe apegarse al objetivo de impulsar políticas migratorias con un alto sentido humanitario, acentuando la salvaguarda y protección de los migrantes nacionales y extranjeros, con pleno respeto a sus derechos humanos.

En este orden de ideas, resulta obligado establecer una estrategia para conocer las redes criminales, así como las causas que generan el fenómeno para poder contrarrestarlo. Por tanto, en la suma de acciones y esfuerzos, se pone a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones se implementen en las franjas fronterizas del país centros de atención y puntos de apoyo humanitarios que otorguen ayuda a los inmigrantes ilegales, instaurando acciones y orientando para inhibir el tránsito o tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputada Adriana Terrazas Porras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la instalación de bebederos en las escuelas públicas y las privadas de las entidades federativas, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Javier Bolaños Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para que informe detalladamente el grado de avance en la instalación de bebederos en las escuelas públicas y privadas en cada entidad federativa y para que en el ámbito de su competencia, tome las medidas conducentes a fin de cumplir con los plazos establecidos en los artículos tercero y sexto transitorios del decreto publicado el 7 de mayo del 2014 en el DOF que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Consideraciones

El 20 de marzo del 2014 se aprobó en esta soberanía la reforma a los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para establecer como atribución del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el construir, equipar, dar mantenimiento a la infraestructura requerida para que exista una oferta suficiente de agua potable a través de garantizar la instalación de bebederos en cada una de las escuelas de nuestro país.

La reforma tiene un gran mérito ya que la ausencia de bebederos en las escuelas de nuestro país es un factor que influye en el consumo de bebidas azucaradas, toda vez que al no tener agua potable gratuita en los planteles educativos las niñas, niños y adolescentes optan por ingerir bebidas que no tienen ningún aporte nutrimental e incluso resultan nocivas y son determinantes en la prevalencia del sobrepeso, obesidad y diabetes que aqueja a la infancia de nuestro país.

Las cifras con concluyentes y alarmantes, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala México ocupa actualmente el segundo lugar mundial en obesidad con 32.1 por ciento de la población, después de los Estados Unidos, y el primero en mujeres (aproximadamente de 37.5 por ciento).1 Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que nuestro país se encuentra entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial con 14.6 por ciento, ocupamos el octavo lugar en obesidad infantil en niños y el cuarto en obesidad infantil de niñas, colocándonos muy por encima de la media de los países miembros de la OCDE, esto es, 5.6 millones de niños entre los 5 y 11 años, y 6.3 millones de adolescentes entre 12 y 19 años sufren obesidad, lo que significa que el 30 por ciento de nuestros niños sufre de estos padecimientos.2

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud en Escolares, únicamente el 55 por ciento de las primarias y 60 por ciento de las secundarias en nuestro país cuentan con agua para beber de manera gratuita por lo que es imperativo que efectivamente se cumpla con lo plasmado en la reforma del 20 de marzo del 2014 a efectos de aumentar la disponibilidad y acceso al agua potable en escuelas y espacios públicos, y así disminuir el consumo de bebidas azucaradas.3

Lamentablemente a año y medio de la reforma a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa se registra un avance muy lento en el equipamiento de los centros educativos con bebederos. La misma SEP ha reportado que de la meta sexenal de 40 mil bebederos para escuelas públicas, se registra 6.68 por ciento de avance, es decir, sólo se han instalado 2 mil 675 bebederos, mil 174 durante 2014, y en lo que va del año solo mil 500.4 En México, informa el Inegi, hay un total de 207 mil 682 planteles de educación básica por lo que el rezago en esta materia es enorme.

Lo anterior a pesar de que el artículo Tercero transitorio del decreto aprobado establece que las escuelas particulares tendrá un plazo máximo de 18 meses y los planteles públicos de 3 años para la instalación de bebederos en cantidad suficiente:

Tercero. Los planteles educativos particulares instalarán bebederos en cantidad suficiente a su matrícula inscrita en un plazo máximo de 18 meses a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto. El cumplimiento de lo anterior estará supervisado por la autoridad competente.

...

...

Sexto. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente decreto

La falta de recursos no debe ser impedimento para el cumplimiento de lo plasmado en los artículos 7, 11 y 19 de la ley en virtud de que reforma hacendaria que envió en el 2013 el Ejecutivo federal,5 justificó la imposición de un nuevo gravamen a los refrescos y bebidas azucaradas a la necesidad de combatir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, ya que éstas representan un grave problema de salud pública, nuestro país es el principal consumidor de estas bebidas en el mundo.

No obstante que se tienen los recursos suficientes el Ejecutivo se ha quedado muy corto en cumplir el mandato legal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2015, el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública para el Programa de la Reforma Educativa,6 fue de tan sólo 1,360 millones de pesos para la instalación de bebederos, cifra que representa tan sólo 30 por ciento de lo requerido de manera anual para ir cubriendo las necesidades de agua en los planteles educativos de acuerdo con estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, por lo cual es necesario que la partida presupuestal para bebederos en escuelas sea de por lo menos 3 veces mayor a ese monto. El artículo cuarto transitorio es claro al mencionar de manera explícita que se deberán contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios y suficientes para la infraestructura en bebederos.

En este contexto y a pesar que en las disposiciones transitorias que establecen claramente los tiempos para la implementación de la infraestructura física en las escuelas, se aprecia un avance muy lento en la instalación de los bebederos en las escuelas considerando que ya transcurrió prácticamente la mitad del plazo de 3 años en el caso de las escuelas públicas y el próximo mes de noviembre se cumple el plazo de 18 meses para las escuelas privadas.

Debido a lo anterior, se requiere conocer por parte del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa un informe pormenorizado por entidad federativa sobre la instalación y mantenimiento de bebedores de agua potable en los planteles educativos públicos y privados, que explique el retraso en su instalación y el presupuesto ejercido. Lo anterior en razón que no se conoce el grado de avance en las escuelas particulares a un mes que se venza el plazo establecido en la ley y de lo poco que se sabe con la información disponible es que existe un retraso enorme en la instalación de bebederos en las escuelas públicas. Por ejemplo, en el DF de 3 mil escuelas públicas de nivel básico, medio y medio superior que deben contar con bebederos de agua potable, hasta el momento sólo en el 30 por ciento están instalados, pero la gran mayoría de éstos no funciona porque la calidad del agua no es la adecuada para el consumo. En el estado de Morelos únicamente el 40 por ciento de los planteles escolares de educación básica tienen bebederos instalados.

Así, resulta alarmante que con los elevados niveles de sobrepeso y obesidad que prevalecen a nivel nacional exista un rezago evidente en los alcances del Programa de la Reforma Educativa y no se esté cumpliendo con lo mandatado por la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Si queremos un país con una niñez sana, es necesario asegurar que los estudiantes tengan acceso al agua potable segura y gratuita en los planteles escolares.

Por todo lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa para que informe detalladamente a la opinión pública, en el marco del Programa de la Reforma Educativa, el grado de avance en la instalación de bebederos en las escuelas públicas y privadas en cada entidad federativa (cuántos bebederos se han instalado, cuántos necesitan mantenimiento, cuántos se requieren instalar) y asimismo informe cuál es el presupuesto requerido para que se contemplen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016 con el propósito de proveer bebederos de agua potable en todos los planteles escolares públicos del país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa a que en el ámbito de su competencia, tome las medidas conducentes a fin de cumplir con los plazos establecidos en los artículos Tercero y Sexto Transitorios del decreto publicado el 7 de mayo del 2014 en el DOF que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Notas

1 Instituto Nacional de Salud Pública (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, INSP, México, DF.

2 Íbid.

3 Instituto Nacional de Salud Pública (2008). Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008, México, DF.

4 http://www.siete24.mx/piden-informe-sobre-bebederos-escolares-14396

5 De acuerdo con datos de la SHCP se estima que ingresan 5,000 millones de pesos trimestrales por concepto del impuesto Especial sobre producción y servicios a las bebidas azucaradas.

6 El Programa de la Reforma Educativa tiene como objetivo general contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de su autonomía de gestión escolar para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad. Asimismo, entre sus objetivos específicos, se encuentra instalar y dar mantenimiento a bebederos escolares suficientes que provean suministro continuo de agua potable para consumo humano en dichas escuelas, definiendo para tal efecto un componente específico de apoyo en esta materia así como su mecanismo de operación, siendo el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, en el marco de sus atribuciones, la autoridad educativa con la competencia legal y técnica para conducir su operación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2015.

Diputado Javier Bolaños Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a las empresas productivas del Estado, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de este órgano legislativo la proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de seguimiento a las empresas productivas del Estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 11 de diciembre de 2013 la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó por 354 votos a favor y 131 votos en contra la reforma constitucional en materia energética, cuyo decreto respectivo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de diciembre de 2013.

Parte importante de la reforma constitucional en materia energética consistió en prever la transformación de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad de organismos descentralizados a empresas productivas del Estado.

A dicho respecto el artículo tercero transitorio del decreto en comento otorgó un plazo máximo de dos años para que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan de organismos descentralizados en empresas productivas del Estado; mientras que, el artículo transitorio vigésimo estableció las directrices que debía seguir la legislación secundaria en materia de empresas productivas y que son las siguientes:

a) Su objeto es la creación de valor económico y el incremento de los ingresos de la Nación;

b) Tienen autonomía presupuestal y régimen propio de remuneraciones;

c) Su administración, organización y estructura corporativa serán conforme a las mejores prácticas internacionales;

d) Contarán con regímenes especiales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, presupuestario, deuda pública, responsabilidad administrativa y demás que requieran; y

e) Las disposiciones antes referidas les serán aplicables hasta que estén en funciones sus consejos de administración y operen los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

En esta tesitura, el 14 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias en materia energética que consistieron en 9 leyes de nueva creación y 12 leyes reformadas. Encontrándose entre las nuevas leyes las de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad en su carácter de empresas productivas del Estado.

La nueva Ley de Petróleos Mexicanos establece que el régimen especial de esa empresa productiva del Estado abarcará los siguientes rubros:

1. Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;

2. Remuneraciones;

3. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras;

4. Bienes;

5. Responsabilidades;

6. Dividendo Estatal;

7. Presupuesto, y

8. Deuda.

Señalándose a su vez en el artículo primero transitorio de dicha ley que la misma entrará en vigor al día siguiente de que sea designado el nuevo consejo de administración de Petróleos Mexicanos, transformándose por tal hecho en empresa productiva del Estado (artículo tercero transitorio). Mientras que el artículo décimo transitorio prevé que en el caso de los regímenes especiales antes referidos, entrarán en vigor cuando esté en funciones el referido consejo de administración y operen los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas conforme a la declaratoria que haga la Secretaría de Energía. Cuestión esta última que aconteció el 2 de diciembre de 2014 con la publicación por la Secretaría de Energía de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación.

Situación similar a la antes descrita ocurre con la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, la que conforme al artículo 5 de su nueva ley tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Para lo cual el artículo 2 de la ley apuntada establece que contará, al igual que Petróleos Mexicanos, con un régimen especial en las siguientes materias:

1. Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;

2. Remuneraciones;

3. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras;

4. Bienes;

5. Responsabilidades;

6. Dividendo Estatal;

7. Presupuesto, y

8. Deuda.

Señalándose en el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, que dichos regímenes especiales entrarán en vigor cuando esté instalado el consejo de administración de la empresa y se encuentren en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Lo que se materializó con la declaratoria que sobre la materia expidió la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación el lunes 16 de febrero de 2015.

Se tiene entonces que desde el 2 de diciembre del 2014, para el caso de Petróleos Mexicanos, y a partir del 16 de febrero de 2015, para la Comisión Federal de Electricidad, operan en ambas empresas productivas del Estado sendos regímenes especiales en las más diversas y fundamentales materias. Respecto de los cuales es indispensable que esta soberanía conozca de manera detallada y oportuna. De ahí la necesidad de crear una comisión especial que se encargue precisamente de dar seguimiento al proceso de transición y al funcionamiento de las empresas productivas del Estado Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Cuestión que es precisamente el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo.

Por lo expuesto y fundado, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de seguimiento a las empresas productivas del Estado.

Segundo. El objetivo de la Comisión Especial de seguimiento a las empresas productivas del Estado es, como su nombre lo indica, dar seguimiento al proceso de transición y al funcionamiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.

Tercero. La Comisión Especial de seguimiento a las empresas productivas del Estado funcionará en la totalidad del periodo de la LXIII Legislatura.

Cuarto. La Comisión Especial de seguimiento a las empresas productivas del Estado estará integrada en términos de la propuesta que haga la Junta de Coordinación Política al pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputado Carlos Hernández Mirón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al Día Mundial del Hábitat, a cargo del diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Arturo Álvarez Angli, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las Naciones Unidas han designado el primer lunes de octubre de cada año, como el Día Mundial del Hábitat. La idea es reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades, y el derecho básico de todos a la vivienda adecuada. También tiene el propósito de recordar al mundo su responsabilidad colectiva para el futuro del hábitat humano.

El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera vez en 1986, con el tema “La vivienda es mi derecho”, siendo Nairobi la ciudad anfitriona para la celebración de ese año. A partir de ese momento, la conmemoración incluyó temas relevantes como: “Vivienda para las Personas sin Hogar” (1987, Nueva York); “Vivienda y Urbanización” (1990, Londres); “Future Cities” (1997, Bonn); “Ciudades más Seguras” (1998, Dubai); “La mujer en la gobernanza urbana” (2000, Jamaica); “Ciudades sin tugurios” (2001, Fukuoka); “Agua y Saneamiento para las Ciudades” (2003, Río de Janeiro); “Los objetivos de la Declaración del Milenio y la Ciudad” (2005); “Las ciudades, imanes de esperanza” (2006); “Ciudades armoniosas” (2008), y “Planificando nuestro futuro urbano” (2009, Washington, DC).

Dentro de las acciones a realizar se encuentra la adjudicación del premio Pergamino de Honor de ONU-Hábitat, el cual fue lanzado por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en 1989. Actualmente, es el premio más prestigioso de los asentamientos humanos en el mundo, cuyo objetivo es reconocer las iniciativas que han hecho contribuciones sobresalientes en distintos campos, tales como la provisión de viviendas que desarrollen y mejoren los asentamientos humanos y la calidad de vida urbana.

Hasta el año pasado, una de las preocupaciones primordiales de las Naciones Unidas, era la problemática de la vivienda que impera en muchos países, especialmente en aquellos con elevado grado de desventaja económica.

Para ello, se diseñaron programas con el objetivo primordial de generar conciencia respecto de las condiciones de vida en los barrios pobres, así como el desarrollo de procesos y herramientas en defensa de dichos sectores poblacionales, lo cual podrá lograrse a través del trabajo coordinado entre gobiernos, instituciones y sociedad en general.

Muestra del trabajo de las instituciones internacionales, es la integración de la ONU-Hábitat, misma que tiene su origen en la década de los setentas en la Fundación Hábitat, como un órgano que estaba vinculado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Dentro de las acciones ejecutadas por dicha Organización, se encuentran la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat I), la cual tuvo lugar en Vancouver, Canadá, en 1976; y en donde la Fundación Hábitat cambió de nombre y se transformó en el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH), con sede en Nairobi, Kenia.

Veinte años después, se realizó la segunda Conferencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat II), en Estambul, Turquía; y en 2002, por decisión de la Asamblea General, el CNUAH pasó a ser el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Habitat. A partir de ese año en adelante, la Oficina Regional abrió representaciones nacionales en México, Colombia, Ecuador, Cuba y Costa Rica. Recientemente el trabajo de la Agencia ha llegado a Bolivia, Guatemala y El Salvador.

Como se ha referido, la problemática de vivienda es un tema prioritario para la administración de los diferentes países, sin embargo, se debe poner especial interés en las naciones que como la nuestra, se pueden calificar de vulnerables, pues el grado de desventaja económica hace que las personas que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a los servicios de vivienda busquen alternativas que en su mayoría derivan en actos ilícitos que ponen en riesgo su vida e integridad física.

Actualmente, el crecimiento poblacional en México es de 112 millones 336 mil 538 habitantes, según el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Inegi en 2010, lo que nos ubica como el undécimo país más poblado del mundo; sin embargo el crecimiento demográfico no ha sido proporcional al desarrollo económico del país.

La pobreza ha jugado un papel determinante para propiciar la instalación de asentamientos humanos irregulares, ascendiendo a 80 mil el número de viviendas instaladas al año, lo que sin duda pone en riesgo la seguridad de las personas y la preservación de nuestro medio ambiente.

En este orden de ideas, podemos manifestar que existen grupos que desafortunadamente han utilizado las necesidades de las personas como instrumento para obtener beneficios políticos; un claro ejemplo de esta situación han sido los gobiernos delegaciones emanados del PRD en la Ciudad, que aprovechando una situación de vulnerabilidad y extrema necesidad de la gente, han permitido asentamientos irregulares incluso en zonas de alto riesgo.

Es por ello que consideramos, que las acciones que se han implementado por las diversas autoridades para abatir dicha situación aún son insuficientes, sin embargo, no se puede denostar los avances que se tienen en la materia, como parte del plan de desarrollo social de la presente administración federal.

Este gobierno se ha preocupado por garantizar mejores condiciones de vida, mediante la promoción de un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna por medio de un nuevo modelo urbano para asegurar la conformación de ciudades sustentables, como parte de la estrategia para el desarrollo de la vivienda que garantice el aprovechamiento inteligente tanto de los espacios como de los recursos existentes.

Como legisladores nos corresponde trabajar en la creación y adecuación de la normativa en la materia, para que con ello se respalden las acciones ejecutadas hasta el momento, y se abone a la implementación de nuevos mecanismos de protección de los derechos de la sociedad en el marco de la legalidad.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en días pasados presentó una iniciativa que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como el Código Penal Federal, cuyo objeto es fijar directrices en materia de asentamientos humanos irregulares.

Sin duda, dichas acciones refrendan el compromiso de este Instituto Político para impulsar acciones en beneficio de nuestro medio natural, pero sobre todo, en beneficio de la protección de los derechos más elementales de las y los mexicanos.

Es por ello, que en el marco de la celebración del Día Mundial del Hábitat, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de que diseñe e implemente una campaña informativa respecto del peligro que representa la instalación de asentamientos humanos irregulares, haciendo énfasis en las consecuencias negativas ocasionadas al medio ambiente y especialmente en contra de la propia integridad física y patrimonial de la sociedad que se encuentra en dichas condiciones; asimismo, a que se informe las consecuencias legales que puede representar incurrir en dichas actividades, lo anterior, como parte de un programa preventivo que le permita a la sociedad estar informada y buscar otras alternativas lícitas de acceso a la vivienda.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, a fin de que implemente las medidas necesarias para evitar los asentamientos humanos irregulares en zonas de alto riesgo dentro de las 16 Delegaciones Políticas que conforman la integración de esta capital.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de octubre de 2015.

Diputado Arturo Álvarez Angli (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a autoridades de Veracruz a garantizar la fuente de trabajo y el respeto de los derechos laborales adquiridos del personal del sistema de agua y saneamiento, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Cuitláhuac García Jiménez y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Rocío Nahle García, Cuitláhuac García Jiménez y Jesús Serrano Lora, diputada y diputados integrantes de la LXIII Legislatura, miembros del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En vista de la reforma anunciada sobre la Ley General de Aguas en junio de 2014, se celebraron varios foros conjuntos de organizaciones civiles, la academia, especialistas en la materia y el Congreso. La conclusión, traducida en una propuesta ciudadana de Ley de Aguas1 fue que la Comisión Nacional del Agua, autoridad única sin contrapesos, responsable por el manejo sustentable de las aguas nacionales desde 1989, ha sido extremadamente vulnerable a presiones por parte de intereses: agroexportadores, empresas mineras, inmobiliarias, embotelladoras, industrias contaminantes, empresas mineras e inversionistas en megaobras hidráulicas. A nivel estatal y municipal se promueve la urbanización de zonas de recarga y planicies de inundación y se construyen plantas de tratamiento inoperables; se distribuye agua según criterios políticos o económicos, sin eficacia ni transparencia en el uso de recursos públicos, y se concesionan los sistemas a empresas extranjeras que han sido descalificadas en sus propias países2 .

La ciudad de Veracruz ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años. Los residentes aumentaron de 150 mil a 750 mil (Inegi). Ante este hecho el alcalde Ramón Poo Gil, declaró que se requieren garantías para el abasto del agua, la demanda del servicio para nuevas colonias, o sea, un sistema que permita resolver los problemas financieros y operativos. El sistema de abastecimiento y potabilización del agua en la ciudad está rebasado.

Un estudio realizado por el Sistema de Agua y Saneamiento, SAS, Metropolitano, Veracruz explica que el actual abarca 70 por ciento de las necesidades de la población. Se corroboraron deficiencias en la medición del consumo domiciliario y comercial y se identificó una sobreexplotación del acuífero3 . Respecto del líquido residual, sólo se da tratamiento a 59 por ciento de dichas aguas y las plantas tratadoras tienen una eficiencia de 40 por ciento. En el terreno operativo, la ineficiencia comercial genera altos costos para los usuarios y altos pasivos para el sistema actual. Finamente, se calculan pérdidas de 60 por ciento relacionadas con fugas en la red, tomas clandestinas y agua no contabilizada.

El SAS acumuló una deuda de 33 millones de pesos, y la solución fue iniciar una licitación para dejar en manos de empresas privadas las deudas ya generadas y la distribución del agua que manejaba SAS.

El Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, el 18 de febrero de 2015 emitió la convocatoria pública4 , para el proceso de licitación internacional (LPI-SAS-DAF-001/15) para la selección de un socio inversionista-operador, con experiencia y recursos económicos suficientes que le permitan formar parte de la empresa mixta de participación público-privada que constituirá este organismo público descentralizado bajo la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión, SAPI.

Derivado de la licitación y de la evaluación realizada por el Comité, el 9 de junio de 2015, el órgano de gobierno del SAS, emitió la resolución correspondiente, en la que manifestó que la propuesta presentada por el consorcio integrado por Odebrecht Ambiental, SA, y Aguas de Barcelona Interagbar de México, SA de CV.

En el caso de Odebrecht5 se le acusa de tener una red de blanqueo en Panamá a través de entidades financieras, en septiembre de 2015, fue condenada judicialmente por someter a trabajadores a condiciones de esclavitud en una planta de azúcar y etanol que construye en Angola; y su presidente, Marcelo Odebrecht, se encuentra bajo arresto preventivo acusado de pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios de alto nivel en la empresa petrolera estatal Petrobras, para obtener lucrativos contratos de construcción. Por otro lado, la española que opera actualmente en la Cd. De Saltillo, ha sido acusada por organizaciones sociales de alzas ilegales en sus tarifas por al menos siete veces, por encima del precio del consumidor, así como cobros ilegales de reconexión y violaciones a leyes ambientales por sobreexplotación de mantos acuíferos.

El director del Sistema de Aguas y Saneamiento, SAS, de Veracruz presentó el 10 de junio al grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) quien se iba a encargar de la operación y servicio de agua.

La empresa mixta MAS, funciona como una sociedad público/privada para que el órgano de gobierno siga controlando las tarifas y la infraestructura, suplirá a SAS gracias a una concesión de 30 años y tendrán una inversión de arranque de 10 mil millones de pesos.

Tello Allende, director de SAS Veracruz, refirió que se constituye un fideicomiso con trabajadores de SAS y representantes de MAS para garantizar la transparencia de los recursos. Asimismo, indicó que se mantendrán las tarifas del agua y se mejorará el servicio.

El 31 de agosto MAS debe de iniciar las operaciones en Veracruz y Medellín, con la promesa de que se agregará drenaje para 32 mil familias, se realizará el tratamiento de aguas residuales en un 100 por ciento y habrá una recuperación de 30 millones de metros cúbicos de agua por año.

Actualmente el panorama de este cambio es muy desalentador y en agravio a los trabajadores. El Grupo MAS patrón sustituto en este caso, declara que no asumirá la responsabilidad de los trabajadores, no quiere reconocer al Sindicato de Trabajadores “José Azueta” ni su contrato colectivo, ya que esto les generaría gastos de 130 por ciento. MAS declara que este sindicato es de la empresa SAS y que ellos contratarán a otros trabajadores con salario y prestaciones menores. Declara también que ya tienen un nuevo sindicato integrado por 29 personas con reconocimiento de la Secretaría del Trabajo. Todo esto totalmente ilegal porque no se puede desconocer la relación laboral existente.

Por su lado, los más de mil trescientos trabajadores sindicalizados y 400 de confianza, declaran que existe temor por la probable pérdida de su fuente de trabajo que afectaría a más de mil 700 familias veracruzanas al negarles su derecho a un trabajo digno y a la libertad de asociación, violando nuestra ley federal de trabajo y todos los acuerdos y convenios internacionales vigentes.

De acuerdo al artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, la empresa Grupo MAS “patrón sustituto”; como nuevo empleador, está obligado a respetar las condiciones de trabajo vigentes con el empleador anterior, el cual a su vez opera como responsable solidario por seis meses.

Artículo 41. La sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón.- El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajadores.

Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Congreso del estado de Veracruz, para que en el ámbito de sus funciones, revoque la concesión otorgada a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI, de CV, y que el estado retome el uso, administración y comercialización del agua de los municipios de Veracruz y Medellín del Bravo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y a los presidentes municipales de Medellín de Bravo, Luis Gerardo Pérez Pérez y al de Veracruz, Ramón Poo Gil, a garantizar la fuente de trabajo, el respeto a los derechos laborales adquiridos y el reconocimiento del sindicato representante de los trabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento de estos municipios.

Notas

1 Propuesta Ciudadana Ley General de Aguas, 22 junio 2015.

2 En este caso son dos trasnacionales.

3 La Jornada 10 de junio 2015

4 Gaceta Legislativa Congreso de Veracruz 20 de agosto 2015, página 2.

5 http://www-imagendelgolfo.com.mc/resumen.php?id=41070821.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de octubre de 2015.

Diputados: Norma Rocío Nahle García, Cuitláhuac García Jiménez y Jesús Serrano Lora (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a implantar un programa de vigilancia y verificación en el transporte público de la entidad, suscrita por las diputadas Claudia Sofía Corichi García y Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las que suscriben, diputadas Claudia S. Corichi García y Angie Dennisse Hauffen Torres, diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El crecimiento del estado de México está vinculado con el desarrollo intensivo y expansivo del Distrito Federal desde las décadas de 1930 y 1940, sin embargo fue en los años setenta del siglo pasado, cuando la creación de los suburbios asentados en el estado de México establecieron lazos concretos de vida con la Ciudad de México. Los habitantes de estas periferias, establecieron dinámicas de trabajo y desarrollo que involucraban traslados diarios, en varias ocasiones constantes entre las demarcaciones del Distrito Federal y los municipios mexiquenses aledaños a la capital del país. A esta ampliación de las dinámicas socio urbanas se le conoce geopolíticamente como la zona metropolitana de la Ciudad de México.

En la década 1980, las crisis económicas, el establecimiento de zonas industriales en la periferia de la capital nacional y el terremoto de 1985, originaron una migración interna, hacia los municipios del estado de México situados en las cercanías del perímetro del Distrito Federal. Estos años son conocidos como el “periodo expansivo” de la zona metropolitana, y en él, el crecimiento de los municipios mexiquenses se dio a ritmos más acelerados que el Distrito Federal. Esto conllevo a conformar, junto con la Ciudad de México, la zona metropolitana más grande del país y del continente. 1

II. El transporte público es considerado como un servicio estratégico para las sociedades modernas. Debido a la gran afluencia de personas que se trasladan diariamente por estos medios, el transporte público es una variable determinante en la calidad de vida de una comunidad, por lo que éste debe estar circunscrito en términos de un servicio que ofrezca bienestar en términos de seguridad, eficiencia y calidad.

III. Son diversas las características del transporte público de pasajeros que destacan del servicio que se ofrece en el estado de México:

a) El parque vehicular integrado2 excede la demanda, existen en circulación poco más de 161 mil 980 unidades del servicio público de pasajeros, de las cuales la edad promedio es excesivamente alta, con un 21 porciento con más de 18 años de edad, y la mitad con más de 10 años por lo que de acuerdo con los lineamientos están fuera de norma, lo que debería obligar a los propietarios a renovar los vehículos, y a las autoridades a exigir la modernización de las unidades, pues la garantía de ello no es sólo cuestión de comodidad para las y los usuarios, sino que de ella depende su seguridad.

Las empresas que ofrecen el servicio, son concesionarias o permisionarias, y acceden sin controles de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, a nuevas licencias. No existe un control centralizado sobre la oferta del servicio, esto ha generado que por ejemplo, un solo concesionario pueda acceder a un sin número de placas para un sin número de unidades, sin restricciones, siempre y cuando esté adscrito a una ruta.

La dinámica refleja el funcionamiento de un negocio, más que de un servicio estratégico, por lo que no se logra satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios, ya que no es administrado por el gobierno del estado, ni ofrece subsidios –solo tabulados con rangos de precios– y, por lo tanto, tampoco existe seguridad social para los trabajadores del transporte, ni prestaciones para los mismos.

b) Los costos de las tarifas responden como se ha señalado, a tabulados de los que no existe certeza sobre la metodología empleada para el cálculo de los precios que pagan los usuarios finales.

La tarifa mínima es de 8 pesos por los primeros cinco kilómetros, y se dice se adicionan 20 centavos por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial. Sine embargo, testimonios recabados por diversas investigaciones, relatan que en la práctica, el aumento del cobro se da en función de la distancia, pero en razón de 50 centavos por tramos arbitrarios, y a consideración de los choferes de las unidades. Esto ha sido ampliamente cuestionado por los usuarios toda vez que los precios de los combustibles son los mismos en el estado de México y el Distrito Federal.

c) No existe conectividad entre rutas, ni planeación, lo que se traduce en graves problemas de movilidad para la población. Datos de un estudio elaborado por el Centro de Transporte Sustentable (CTS) Embarq, titulado Estado de México: Movilidad 2025, señala que el 63 por ciento de los mexiquenses ocupa de 2 a 4 transportes en sus recorridos, mientras que 31 por ciento, emplea 5 o más.

Esto, de acuerdo a dicho informe, deja de generar cada día 30 millones de pesos, debido a 1.5 millones horas-hombre desperdiciadas en traslados al Distrito Federal. Un usuario con un recorrido normal: casa-trabajo-casa, puede tardar en el tráfico aproximadamente 4 hrs de su día.

En razón de lo expuesto, un simple cálculo puede evidenciar que un trabajador del municipio de Zumpango, que se traslada al Distrito Federal para ejercer sus labores, gasta entre 70 y 80 pesos diarios para movilizarse. Si consideramos que ese trabajador tiene un ingreso promedio de tres salarios mínimos, estaría empleando la mitad de su sueldo para cubrir el traslado a su trabajo, agravando su situación económica. En el caso de un estudiante, el gasto promedio es de 30 a 40 pesos diarios, sólo para trasladarse entre municipios de la misma entidad.

d) En la zona metropolitana de la Ciudad de México, el Distrito Federal es responsable del 58 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el estado de México es responsable del restante 42 por ciento.

e) De los más de 15 millones de viajes en unidades del transporte público que se realizan diariamente a través de unidades que circulan entre los municipios de la entidad mexiquense y el Distrito Federal, destaca –como un hecho reconocido por la propia Secretaría de Transporte estatal-que al menos 20 mil unidades no están regularizadas, ya sea porqué prestan servicios sin concesión o sin placas. En el caso de las conocidas “combis” que operan en la entidad, se ha reconocido que 1 de cada 4 carecen de placas o permisos.

IV. La zona urbana del estado de México se ha caracterizado en los últimos años por ser una de las regiones donde confluyen diversos problemas sociales, que van desde la inseguridad, la violencia, los feminicidios, la contaminación, los problemas de desarrollo humano y social, hasta la nula garantía de las autoridades estatales para garantizar la movilidad de las personas.

Estas problemáticas, resultado de una planeación deficiente sobre desarrollo regional y municipal, confluyen en espacios público tan importantes como lo son el transporte de pasajeros del estado de México.

V. Datos estadísticos de Inegi señalan que una de las principales problemáticas de México es la inseguridad.3 Para el caso del estado de México la proporción supera la media nacional, pues de cada 10 personas, 7 consideran que es la principal problemática en la entidad.

VI. De las problemáticas más graves que se presentan en el transporte público del estado de México, destacan:

a) Los accidentes o imprudencias cometidos por los choferes, pues generan daños inconmensurables, y han puesto a la entidad como una de las primeras en este rubro. Tan sólo en los últimos cinco años cifras de Inegi, señalan que en la entidad se han presentado 72 mil 790 accidentes, en los cuales en 17 mil 938 casos han estado involucrados como causantes de los mismos, unidades del transporte público. Dichos siniestros han dejado 28 mil 391 heridos y 3 mil 904 personas muertas a lo largo de los últimos cinco años.

Cabe señalar como dato de contraste que en lugares como Washington, DC, en Estados Unidos, hay cerca de 0.2 muertes por accidentes de cada 100 mil vehículos-kilometro, mientras que en la zona metropolitana del Valle de México este índice aumenta las probabilidades de 1.9 a casi 4 veces más.4

A esta situación se suma el maltrato de los conductores hacia los pasajeros, no solo verbal y de actitudes, sino también a la hora de conducir y por supuesto el maltrato en general a los demás automovilistas, lo que se ha traducido en que tan solo en los últimos dos años, se hayan recibido 300 denuncias ciudadanas contra el transporte público a través de la línea telefónica de atención de la Secretaría del Transporte del estado de México.

b) La inseguridad que viven los usuarios del transporte público en el estado de México se ha vuelto intolerable. Aunque las autoridades de la entidad señalan un baja en la incidencia de delitos en el transporte público de pasajeros en la entidad, cifras del Inegi señalan que la cifra negra de delitos no denunciados representó el 93.8 por ciento de los delitos cometidos en 2014, de los que encabezan la lista aquellos cometidos en las unidades del transporte público.

Asaltos a mano armada que han ocasionado muertes, acoso sexual hacia mujeres, violaciones y el maltrato constante de los conductores hacia los pasajeros, son formas de violencia cotidiana que enfrentan los usuarios de transporte mexiquense. En repetidas ocasiones, las notas periodísticas de usuarios que armados han tomado defensa propia, hiriendo o incluso asesinando a los delincuentes que abordan las unidades del transporte público mexiquense, dan cuenta del hartazgo de los y las mexiquenses ante la inacción de las autoridades.

Los programas de atención del delito como la instalación de cámaras de vigilancia, o de botones de pánico, cubren hasta la fecha apenas el 1 por ciento del total de unidades del transporte público que circula diariamente en la entidad.

Datos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense y de la agrupación MOVA que concentra a poco más del 50 por ciento de las empresas y representantes del transporte en la Ciudad de México, señalan que las rutas más peligrosas del estado de México, se ubican en vialidades como: Periférico Norte, Gustavo Baz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, Luis Donaldo Colosio, Primero de Mayo, Adolfo López Mateos, Vía Morelos, en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan, además de los municipios, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Tultitlan y Coacalco.

Diversos testimonios vertidos por la ciudadanía, dan cuenta que los asaltos a mano armada a bordo de las unidades, representa el principal temor de los usuarios, ya que cada vez es mayor su frecuencia y cada vez deja mayores pérdidas, materiales y humanas. Es menester señalar que el estado de México ha sido señalado como la entidad con el mayor índice de feminicidios y de acoso sexual hacia mujeres en el transporte público de pasajeros, muestra de ello fue el conocido caso del violador y asesino serial conocido como el “coqueto” hace un par de años. Sin embargo, ante tal escenario, ni el gobierno del ex gobernador y actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, ni la administración actual del gobernador Eruviel Ávila Villegas han tomado medidas preventivas con perspectiva de género para prevenir estas situaciones en el sistema de transporte estatal.

VII. Los gobiernos de los últimos sexenios en el estado de México han sido cercanos a las organizaciones de transportistas de la entidad, hecho que ha sido destacado como un impedimento para una verdadera transformación de un servicio que es estratégico para el desarrollo y calidad de vida de los mexiquenses.

VIII. Resulta urgente que las autoridades del estado de México atiendan un problema que continúa agravándose con el tiempo, y que demanda ser abordado de manera transversal e integral, ante las diversas consecuencias que genera. No sólo está en juego la movilidad y calidad de vida de los y las usuarias de los servicios, sino su propia seguridad y vida. Es indispensable crear mecanismos eficientes que garanticen los derechos de los usuarios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente

Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar un Programa de Vigilancia y Verificación en el transporte público de la entidad ante los altos índices de crímenes, violencia e irregularidades que prevalecen.

Notas

1 CTS México. ITDP, 2012, 10 Estrategias de movilidad para un estado de México Competitivo, Seguro y Sustentable: Hacia una Red Integrada de transporte en la zona metropolitana del Valle de México, México DF 2011.

2 Microbuses, Camiones de Pasajeros, y camionetas de transporte (combis)

3 Datos de la tercera Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 señalan que para más del 65 por ciento de los estados del país, el principal problema es la inseguridad. La encuesta revela que seis de cada 10 personas a nivel nacional identificaron a la inseguridad como su principal preocupación. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?c=33 685&s=est .

4 CTS México. ITDP, 2012, 10 Estrategias de Movilidad para un estado de México Competitivo, Seguro y Sustentable: Hacia una Red Integrada de transporte en la zona metropolitana del Valle de México, México DF 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputadas: Claudia S. Corichi García, Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar por la Segob un proceso de consulta pública entre las organizaciones de la sociedad civil para formar una terna de candidatos a presidir el Conapred, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado Abdies Pineda Morín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Encuentro Social apertura su Plataforma Electoral1 registrada ante el Instituto Nacional Electoral con el tema de la No Discriminación porque considera que la desigualdad social se manifiesta con conductas que desestiman los derechos humanos de las personas por el simple hecho de presentar una diferencia.

En este documento guía de nuestro quehacer legislativo y parlamentario afirmamos que “en México la discriminación es un hecho constante que ninguna autoridad a nivel municipal, estatal o federal ha sido capaz de regular mediante una legislación seria e incluyente, que coadyuve al respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por eso que desde nuestra plataforma electoral encaminamos nuestros esfuerzos para buscar que en las 32 entidades federativas sean respetados los derechos fundamentales sin importar el origen étnico, grupo social o condición física, los cuales de forma recurrente han sido violados por autoridades municipales, estatales, civiles y militares”.

Ofrecimos que “la principal propuesta en esta campaña política de Encuentro Social estará enfocada a la lucha contra la discriminación. Sabemos que existen más segmentos de la población que son discriminados día con día a lo largo del territorio nacional que los que aquí se mencionan”.

Efectivamente, en nuestro Grupo Parlamentario tenemos como línea política derivada de nuestros documentos básicos traer “la voz de los que no la tienen a la Cámara de Diputados”, y con ellos ofrecer soluciones a las familias mexicanas.

Entrando en materia, la Secretaría de Gobernación el pasado 10 de septiembre informó que Ricardo Bucio Mojica había renunciado a la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) inmediatamente después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo designó como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con base en la Ley General de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La importancia de este consejo deriva de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 20102 :

a) No tener dinero, la apariencia física, la edad y el sexo, son las condiciones más identificadas por la población que ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esas mismas causas.

b) Seis de cada diez personas opinan que los niños deben tener los derechos que les da la ley, mientras que tres de cada diez consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar. Poco más de tres por ciento considera que los niños no tienen derechos porque son menores de edad.

c) Seis de cada diez personas en nuestro país consideran que la riqueza es el factor que más divide a la sociedad, seguido por los partidos políticos y la educación. En contraste, la religión, la etnia y la gente que llega de afuera son los factores que se piensa provocan menos divisiones.

d) Una de cada cuatro personas considera que se justifica mucho o algo llamar a la policía cuando uno ve a muchos jóvenes juntos en una esquina.

e) Cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales, y tres de cada diez afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH/Sida.

f) La población mexicana considera que los derechos de las personas y los grupos mencionados se respetan poco o nada, principalmente en relación a las personas homosexuales, migrantes e indígenas.

g) El principal problema percibido por cuatro de cada diez personas adultas mayores es la dificultad para encontrar trabajo. Como siguientes problemas se mencionan, en porcentajes menores, la falta de salud y la discriminación e intolerancia.

h) Cuatro de cada diez personas opinan que a la gente se le trata de forma distinta según su tono de piel.

i) Tres de cada diez personas que pertenecen a alguna minoría religiosa consideran que su principal problema es el rechazo, la falta de aceptación, la discriminación y la desigualdad; mientras que una proporción similar considera que su principal problema son las burlas, las críticas y la falta de respeto; solamente siete por ciento considera que no tiene problemas por su religión.

j) El principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación; seguido de la pobreza y el apoyo del gobierno. Es importante destacar que este grupo opina que la lengua representa uno de sus principales problemas.

k) Poco más de tres de cada diez jóvenes consideró que la preparación insuficiente, la apariencia o la inexperiencia son los motivos por los no fueron aceptados en un trabajo.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003 en su artículo 26 establece que el presidente del consejo será designado por el presidente de la República:

Artículo 26. La persona que ocupe la presidencia del consejo, quien presidirá la junta, será designada por el titular del Poder Ejecutivo federal.

Asimismo, el artículo 29 prevé las causas de su remoción:

Artículo 29. La persona que ocupe la presidencia del consejo podrá ser removida de sus funciones y, en su caso, sujeta a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Encuentro Social propone que el presidente de la República administre su prerrogativa de ley de designar al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación mediante la intervención del secretario de Gobernación para que emita una convocatoria pública a fin de que los organismos de la sociedad civil le presenten candidatas y candidatos a ocupar la presidencia del consejo.

Le estamos proponiendo al presidente que le dé legitimidad social al funcionario público encargado de procurar el respeto al derecho humano a la no discriminación .

A lo largo de la historia se han ocupado diversos métodos para asignar a diferentes funcionarios:

a) La designación al que contaba con una condición económica solvente. Ésta derivó en nepotismo y prepotencia de los funcionarios que se encastaron en los cargos;

b) La elección popular, misma que concluyó en un desviacionismo político;

c) La parlamentaria, la cual no garantizó la independencia de los designados por los congresos;

d) Con participación del gobierno y de los parlamentos. El presidente nombra los candidatos y el parlamento confirma los nombramientos; y

e) Nombramiento por el gobierno.

Encuentro Social está proponiendo que la intervención del pueblo soberano en la conformación de una terna de candidatas y candidatos para que el presidente, de así considerarlo, elija de ellos al presidente del Conapred.

La propuesta tiene su fundamento jurídico en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976 y su última reforma publicada el 13 de mayo de 2015 que le permitiría la puesta en marcha de la consulta propuesta en la presente proposición.

Particularmente, el artículo 27 en sus fracciones V, X, XI y XLI:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

V. Intervenir en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones, renuncias y jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por la ley a otras dependencias del Ejecutivo.

X. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática;

XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil , trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto;

XLI. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación;

La fracción V, le faculta a intervenir en los nombramientos de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por la ley a otras dependencias del Ejecutivo; en la fracción X se le faculta para promover la activa participación ciudadana; la fracción XI le da atribución para vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, en este caso estamos atendiendo al cumplimiento del principio constitucional de la no discriminación ; la coordinación en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos.

La competencia más importante, en función con la proposición planteada, se encuentra establecida en la fracción XLI que faculta al secretario de Gobernación a impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación.

Esta es una proposición de voluntad política, en la que se propone un mecanismo de participación social en la toma de decisiones del estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, quien suscribe, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a que instruya al secretario de Gobernación a iniciar un proceso consulta pública entre las organizaciones de la sociedad civil con el objeto de conformar una terna de candidatos y candidatas a ocupar la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Notas

1. http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPP P-PlataformasElectorales/2014-2015/ES.pdf

2. http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputado Abdies Pineda Morín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las entidades federativas y del DF a implantar programas para disminuir los accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1 fracción I; 62 numeral 2, 65; 76, numeral 1 fracción II; 79, numeral 1 fracción II y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los titulares de las 32 entidades federativas para que respectivamente en el ámbito de su competencia, implementen programas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que 1.3 millones de personas mueren cada año a causa de siniestros de tránsito en el mundo. Entre 20 y 50 millones resultan lesionadas y algunas de ellas quedan con discapacidad, por esta situación la OMS declaró que los siniestros de tránsito constituyen un importante problema de salud pública. De no realizarse ninguna acción, se prevé que entre el año 2000 y 2020 se incrementarán las muertes en 65 por ciento en todo el mundo y éstas podrían llegar a 80 por ciento en países con ingresos bajos y medios. En Iberoamérica, cada año más de 120 mil personas fallecen en carreteras por esta causa, y muchas más quedan impedidas y discapacitadas de por vida.

2. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2013 se registraron 623 mil 600 defunciones, de las cuales, 20 mil personas fallecieron en algún tipo de accidente de tránsito; la proporción es de tres hombres por cada mujer. Estos accidentes representan la primera causa de muerte en niños, adolescentes y adultos jóvenes, y ocupan el quinto lugar como causa de muerte general en el país.

3. Dentro de los principales factores de riesgo que influyen para que se presente un accidente de tránsito y que pueden determinar la severidad de los daños, se encuentra la conducción a exceso de velocidad, la presencia de alcohol y otro tipo de drogas.

4. De las defunciones a que hace referencia el antecedente 2 de la presente proposición, 384 mil 472 derivan de colisiones de tránsito en zonas urbanas y suburbanas; de las cuales, en 13.6 por ciento hubo algún lesionado y en el 19 por ciento de las colisiones hubo al menos un fallecido, todas ellas estuvieron relacionadas con el consumo de alcohol; sin contar que en 2 de cada 3 casos se registró esta variable.

5. Una medición sobre la prevalencia de los factores de riesgo referidos con anterioridad (en las entidades federativas entre 2010 y 2013), arrojó los siguientes resultados:

• 4.9 por ciento de los conductores observados lo hacían bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

• En conductores jóvenes o inexpertos se incrementa notablemente el riesgo de sufrir un accidente aún con niveles bajos de alcohol.

• 5.9 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 21 años de edad conducían bajo los efectos del alcohol.

• 5.1 por ciento de los hombres y 3.1 por ciento de las mujeres conducían bajo los efectos del alcohol.

6. En 28 de las 32 entidades del país las leyes de tránsito establecen que conducir bajo los efectos del alcohol es causa de una infracción; y únicamente 16 legislaciones locales aluden de forma directa o indirecta a la facultad de la autoridad para implementar puntos de control de alcoholimetría en sus respectivas jurisdicciones.

7. El gobierno federal ha puesto en marcha el Programa de Acción Específico: Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 2013-2018, mismo que constituye la respuesta de la Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, al compromiso del gobierno por contribuir a disminuir las muertes y daños a la salud causados por los accidentes de tránsito.

Los objetivos, estrategias y líneas de acción del programa referido son compatibles con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. establece el derecho a la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

“Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de esta Constitución.”

Segundo. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Tercero. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6o. numeral 1 fracción I; mismo que señala:

“Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...”

Cuarto. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79, numeral 1 fracción II, lo siguiente:

“Artículo 79.

1. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I. ...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los Poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2. a 3. ...”

Quinto. Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.

1. ...

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de grupo, pasarán a comisión;

III. a IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3. ...”

Sexto. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es material de salubridad general:

“Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XVIII. ...

XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol;

XX. a XXVIII...”

Séptimo. Que el artículo 187 Bis de la ley antes mencionada señala que son facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol las siguientes:

“Artículo 187 Bis. Son facultades de la Secretaría de Salud en el marco de la protección de la salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol:

I. Establecer los límites de alcohol en sangre y en aire expirado para conducir vehículos automotores, los cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades federales y por las de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia. Tratándose de vehículos que presten un servicio público, personas que hagan uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, así como los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que participen en la atención médico-quirúrgica de un usuario, los límites de alcohol en sangre y aire expirado serán cero;

II. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, con base en las disposiciones que para tales efectos establezca la Secretaría de Salud;

III. Proponer al Ejecutivo federal las políticas públicas y fiscales para la prevención y disminución del uso nocivo del alcohol; y

IV. Promover ante las autoridades competentes federales y de las entidades federativas, la implementación de medidas y acciones que favorezcan la disminución del uso nocivo del alcohol y de los efectos de éste en terceros, tales como:

a) Limitar los horarios para consumo del alcohol, y

b) Otras que sirvan o prevengan los fines a que se refiere este artículo.”

Octavo. Que de acuerdo con la estrategia “Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud” del objetivo 2.3 incluido en el eje estratégico para un “México Incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece como línea de acción:

“2.3. Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas”

Noveno. Que las Estrategias Transversales para el Desarrollo Nacional, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro de Gobierno Cercano y Moderno, señalan la necesidad de crear infraestructura adecuada a fin de garantizar a la población el libre goce de los derechos consagrados por la Constitución.

Décimo. Acorde con lo previsto en el antecedente 8 de la presente proposición la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 tiene el propósito general de reducir 50 por ciento las muertes, así como reducir al máximo posible las lesiones y discapacidades relacionadas con el tránsito en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, atendiendo a su ámbito de competencia y facultades, en la implementación de las diversas acciones.

Décimo primero. Que la Acción Estratégica de Alcoholimetría tiene como objetivo contribuir a la disminución, mediante acciones preventivas de la ocurrencia y gravedad de lesiones de tránsito, como consecuencia de la conducción bajo los efectos del alcohol.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal para que respectivamente en el ámbito de sus competencias, implementen, creen, y/o refuercen programas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados y a la ALDF a promover la creación de comisiones ordinarias de cambio climático y expedir normativa en la materia, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Elva Lidia Valles Olvera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la creación de comisiones ordinarias de cambio climático y, de así considerarlo, discutir y analizar la expedición de legislación para impulsar políticas públicas en materia de cambio climático en México, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. En todo el mundo está surgiendo un llamado a la acción por gobiernos, sociedad civil y empresas para restringir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. En México, durante muchos años los temas ambientales fueron ignorados o considerados secundarios y supeditados al crecimiento económico y al desarrollo social del país, muy posiblemente debido a que aún no se valora en su justa dimensión la importancia de un ambiente sano, o bien, a que se tenía la esperanza de que, una vez que se solucionaran los problemas sociales y económicos los ecosistemas naturales tendrían tiempo y capacidad para recuperarse.

La realidad nos enfrenta al hecho de que el deterioro ambiental amenaza seriamente el desarrollo actual y futuro de las naciones. La pérdida de ecosistemas y su biodiversidad, la degradación de los suelos, la contaminación del aire y la cada vez más acentuada disminución en la disponibilidad de agua son sólo algunos de los problemas ambientales más conocidos que enfrentamos. A éstos ahora debemos sumar uno más: el cambio climático global que, por la magnitud de su extensión y por todas las implicaciones, sociales, económicas y ambientales que involucra, puede comprometer seriamente el futuro de casi todos los países, incluido México.

El cambio climático requiere una estrategia de Estado. México para ello debe tener una política pública proactiva para enfrentarlo, con metas claras y planes coherentes, además de contar con fondos y presupuestos propios para garantizar su cumplimiento. Es fundamental que exista una coordinación efectiva de dependencias gubernamentales, gobiernos locales, legislaturas estatales y municipios en la planeación de un desarrollo sustentable. Debido a su gran diversidad ecológica, la baja disponibilidad de agua y la alta dependencia de la agricultura de temporal, así como por la distribución tan desigual de la riqueza, México es sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático.1

El nuestro ocupa el lugar 14 entre los países emisores de gases de efecto invernadero, debido a que nuestra actividad económica depende fuertemente del uso de los combustibles fósiles y enfrentamos altas tasas de desforestación. Éste es un problema estratégico, pues causa presiones cada vez mayor sobre la base productiva y los recursos naturales, que son el patrimonio nacional.

Asimismo y de acuerdo con la tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, se espera que el clima de México sea más cálido para 2020, 2050 y 2080, principalmente en los estados del norte del país, donde la temperatura se estima puede aumentar entre 2 y 4 grados Celsius; mientras tanto, la temperatura de la superficie del mar en el Caribe, Golfo de México y Pacífico mexicanos podría aumentar entre 1 y 1.5 grados Celsius. En las distintas regiones del país, el incremento de temperaturas causará mayor humedad en la atmósfera y menor humedad en el suelo, con lo cual se modificará el ciclo hidrológico: en el sur la evaporación aumentará, con lo que aumentará el número de tormentas severas e inundaciones; por otro lado, en norte y noroeste la humedad disminuirá, con lo que habrá más ondas de calor y se intensificarán los periodos de sequía. En el norte, noroeste y centro, habrá disminuciones importantes en distribución de la lluvia (menos 15 por ciento), así como recorrimientos en su distribución temporal e intensidad.2

Del mismo modo y como resultado de un posible aumento en el nivel del mar, destaca la vulnerabilidad por daños en la infraestructura en la costa del Golfo de México, el área geográfica donde se realizan la mayor parte de las operaciones de producción de energéticos, generación eléctrica, extracción de petróleo y gas, así como de refinación y otros procesos petroquímicos. Las zonas costeras con mayor vulnerabilidad están en Tamaulipas (desembocadura del río Bravo), Veracruz (Laguna de Alvarado, río Papaloapan), Tabasco (complejo deltaico Grijalva-Mezcapala-Usumacinta), Yucatán (los Petenes) y Quintana Roo (bahía de Sian Kaán y Chetumal); en algunos lugares, el agua podría introducirse hasta 40 kilómetros tierra adentro. Los riesgos de inundación se extienden para todas las poblaciones situadas en cauces de ríos, planicies inundables y llanuras costeras en estados como Chiapas, Nayarit u Oaxaca. En la región centro del país, el sector energía e industria también presenta índices altos de vulnerabilidad, la cual está asociada con los requerimientos de abasto de agua y la coexistencia con las zonas urbanas y de agricultura de riego.3

El cambio climático es una arista muy visible de la crisis ambiental y energética planetaria, y una manifestación de los límites del modelo de desarrollo económico actual. Es un proceso en curso, con distintos grados de complejidad, en el que inciden factores económicos, tecnológicos, sociales y ambientales. Por tanto, debe ser abordado desde una perspectiva interdisciplinaria e integral.

Consideraciones

Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, llevando a cabo la regulación y el fomento de actividades que demande el interés general.

Que la Ley General de Cambio Climático dispone que la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en tanto instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, incluye en el objetivo 4.4 la estrategia 4.4.3., sobre fortalecimiento de la política nacional de cambio climático y cuidado del ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.

Dado lo anterior, y toda vez que el cambio climático es un reto de carácter transversal ya que involucra diversos sectores de la sociedad y órdenes de gobierno. Por tanto implica la integración de múltiples y muy diversos actores. La federación está dotada de instrumentos que requieren escalarse a las realidades regionales, estatales y locales. Sin embargo, a la fecha sólo una cuarta parte de las entidades federativas ha concluido el proceso de elaboración de su programa estatal de cambio climático y cinco estados cuentan con leyes estatales en materia de cambio climático y a nivel municipal se han comenzado a elaborarse programas municipales en materia de cambio climático.4

En tal virtud, resulta impostergable que los congresos de los estados se sumen al esfuerzo de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades con la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Por lo expuesto se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta con estricto respeto de su soberanía a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover, en el caso de no existir, la creación de comisiones ordinarias de cambio climático y la expedición de legislación en esta materia, a fin de incidir de manera local y regional en los efectos del cambio climático.

Referencias

1 Semarnat (2014). Cambio climático, 2014, de Semarnat. Sitio web: http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Docu ments/05_serie/cambio_climatico.pdf

2 y 3 Alberto Salazar y Omar Masera (2010). México ante el cambio climático, 2015, de Unión de Científicos Asociados Comprometidos con la Sociedad, AC. Sitio web: http://www.oikos.unam.mx/Bioenergia/images/PDF/CC/CC-General/DossierUCC S-CC10A.pdf

4 Michal Nachmany, Sam Frankhauser, Terry Townsheed, Jana Davidova y varios autores más (2015). Estudio sobre legislación de cambio climático 2015, 2015, de Climate Change and the Environment, the Global Legislator Organisation, Interparlamentary Union. Sitio web: http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/Spani sh_2015_for-web.pdf.

Otras fuentes consultadas

*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2015). Palacio Legislativo de San Lázaro: Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados.

*Juan José Guerra Abud (2014). Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10-20-40, 2015, de Gobierno de la República. Sitio web: http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/medioambiente/2014 /09_SEPTIEMBRE/estrategia_nacional_cambio_climatico.pdf

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 6 de octubre de 2015.

Diputada Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a investigar y difundir las causas del retraso de los pagos del programa Pensión para Adultos Mayores y realizar acciones a fin de resolverlo, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Araceli Damián González, integrante de la LXIII Legislatura, miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, 89, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Población, Conapo, la población de adultos mayores de 65 años ascendía en 2014 a 7.9 millones, proyectándose su aumento a 9.8 millones en los próximos 15 años.

Esta situación, aunada al incremento de la pobreza en el país de acuerdo con cifras del Coneval, coloca en una situación de alta vulnerabilidad a la población mayor a 65 años. Un porcentaje importante de este grupo no cuenta con ingreso alguno, ya sea por la falta de empleo formal o informal debido a su edad, y a que se encuentran fuera de los esquemas formales de seguridad social y pensiones, como el IMSS o ISSSTE. Aunado a esto, 25 por ciento de las y los mayores de 65 años sufren alguna discapacidad, careciendo en la mayoría de estos casos, de acceso a servicios de salud de calidad.

Como apoyo a este sector de la población, el gobierno federal estableció el Programa “Pensión para Adultos Mayores”, para contribuir al cumplimiento del Objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el cual se establece como prioridad, ampliar el acceso a la seguridad social y asegurar un ingreso “mínimo” para las personas de 65 años y más que no cuenten con una pensión o jubilación, y bajo el supuesto de incrementar su bienestar económico y social.

Las personas de 65 años y más, mexicanas por nacimiento o con un mínimo de 25 años de residencia en el país, que no reciban una pensión de tipo contributivo mayor a 1 092 pesos mensuales, o por concepto de jubilación, son candidatas a obtener como parte de este programa, un ingreso de 580 pesos mensuales en entregas bimestrales. En la actualidad, de acuerdo con cifras oficiales, cerca de cinco millones de personas son beneficiadas por este programa.

Aunado a las limitantes del programa en cuanto al monto de los recursos otorgados, en especial cuando se le compara con esquemas universales como el de “Pensión Alimentaria para Adultos Mayores” implementado en la capital de la República desde 2001, en fechas recientes se ha observado un gran número de quejas por el constante retraso de los pagos bimestrales a aquellas personas ya inscritas en el programa.

A través de los medios de comunicación, se ha difundido que las y los beneficiarios del Programa han reclamado, durante los últimos meses, en diversas oficinas de la Sedesol, el pago oportuno de su pensión. Uno de estos casos fue la protesta registrada en la oficina localizada en la colonia CTM Culhuacán, en la Delegación Coyoacán del DF, en donde los beneficiarios denunciaron que no han recibido el depósito de su pensión. En este caso, el último pago que recibieron fue en mayo de 2015, pues se les había indicado que debido a la “veda electoral” los depósitos serían “detenidos”, con el compromiso de reanudarlos durante el bimestre junio y julio, situación que no ocurrió.

Decenas de beneficiarios protestaron también en la ventanilla de atención ubicada en la colonia Roma Sur de la Delegación Cuauhtémoc, DF, al no haber recibido en los dos últimos meses el pago de su pensión. En este caso se denunció que los empleados en dicha oficina informaron que el pago no se había efectuado debido a que se encontraban depurando el padrón de beneficiarios, pues se había detectado a adultos mayores duplicados en otros sistemas de pensión.

En Veracruz, de acuerdo con información difundida en diferentes medios locales y estatales el 18 de septiembre de 2015, la situación es igual de grave para los beneficiarios del programa. En este caso, el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social, Marcelo Montiel Montiel, afirmó que el retraso en el pago de las pensiones se debe a “que no hay fecha para que termine el cruzamiento (sic) de datos para formar un padrón único en Veracruz”, razón por la cual las transferencias se encuentran suspendidas (e-consulta Veracruz, 2015). Es importante destacar que en esta entidad, una de las más pobladas del país, 34 mil adultos mayores no han recibido los pagos correspondientes a su pensión desde hace casi 11 meses.

En Tamaulipas, en otra queja en contra la Secretaría de Desarrollo Social, se ha denunciado la suspensión de los pagos desde mayo de este año, al 60 por ciento de los 87 mil 960 adultos mayores beneficiarios de este programa. El monto de las pensiones no recibidas, sólo en el caso de Tamaulipas, es de 102 millones 33 mil 600 pesos, dinero que pagamos las mexicanas y los mexicanos.

Las quejas e inconformidad por el retraso en los pagos a la población de 65 años y más beneficiaria de este programa, se extiende a casi todo el territorio nacional. De forma recurrente se registran críticas por la falta de capacitación de los empleados federales encargados de la atención al público en este programa, destacándose la mala coordinación, falta de comunicación e ineficiencia por parte de los gestores sociales de secretaría, quienes están encargados de atender a beneficiarios que, en muchos casos viven solos, y que por lo tanto dependen de los gestores para realizar los diferentes trámites y poder acceder a los recursos.

Otra de las denuncias, se llevó a cabo en Progreso, Yucatán, en donde los adultos mayores beneficiarios del programa se quejan de la falta de pago correspondiente al bimestre mayo-junio. En este caso los beneficiarios explican que los encargados del área de Operación y Pagos del Programa les informaron que se desconoce, hasta el momento, si se les pagará o no este bimestre.

Para el grupo de adultos mayores de 65 años y más inscrito en el Programa, contar con este apoyo, por mínimo que sea el monto, resulta fundamental para su sobrevivencia, por lo cual es sumamente preocupante cualquier interrupción o suspensión de los pagos por parte del gobierno federal. Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, doctor José Antonio Meade Kuribreña, a investigar y difundir las causas del retraso que presentan los pagos del programa “Pensión para adultos mayores”, y a realizar acciones para atender la problemática que denuncian las y los beneficiarios del mismo, con el objetivo de que se normalicen los pagos a la brevedad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de octubre de 2015.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a emitir lineamientos para regularizar los automóviles introducidos en el país hasta 2015, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que emita lineamientos con el objeto de regularizar los automóviles introducidos ilegalmente al país hasta el 2015, con base en las siguientes

Consideraciones

Existen varias teorías acerca de los orígenes del automóvil, para nosotros todo inició con Nicolas-Joseph Cugnot, a quien el gobierno francés atribuye la invención del primer vehículo autopropulsado.

Desde sus comienzos, la industria automotriz junto con el sector de auto partes, ha jugado un papel importante en la economía internacional; a grado tal, que algunos economistas la refieren como la sexta economía de categoría mundial.

Derivado de su importancia y trascendencia, varios países (incluido México) han celebrado tratados internacionales que han permitido y favorecido el desarrollo del comercio y la industria automotriz.

Muestra de ello fue la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dirigido a atender el mercado interno para la industria automotriz de México, Estados Unidos y Canadá; en esta norma de jerarquía superior se establecieron reglas de carácter general para la importación de vehículos originarios usados, canadienses o estadounidenses.

Ante la legalización de la importación definitiva de los autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá, se ha causado un revuelo entre agrupaciones relevantes relacionadas con la industria automotriz de México y la administración pública federal, que ha generado diversas modificaciones al marco normativo sobre esta materia a través de la promulgación de varios decretos que no han hecho más que generar una constante incertidumbre tanto para los inversionistas como para los consumidores.

Hoy en día, nos encontramos próximos al término de la vigencia del Decreto por el que se Regula la Importación Definitiva de Vehículos Usados , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011, cuya última reforma se emitió el 31 de diciembre de 2014.

En dicho decreto se estableció la regulación únicamente para aquellos vehículos usados que hubieren sido fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos de Norteamérica o Canadá, cuyo año modelo sea de cinco a nueve años anteriores al año en que sea realizada la importación.

De un análisis riguroso y serio podemos concluir que las circunstancias económicas durante los últimos años no han sido propicias y a que la frontera norte ha venido perdiendo competitividad y el poder adquisitivo, al igual que el ingreso per cápita ha disminuido; tal como lo dicen las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ello ha propiciado que las personas de escasos recursos, cuyo ingreso no supera los tres salarios mínimos, se vean obligadas a comprar vehículos en el extranjero con un precio más bajo que en los estados fronterizos e introducirlos de forma indebida a nuestro país. Incluso, a que muchos de ellos acudan a tramitar juicios de amparo, mediante los cuales les permitan circular sin importar el tipo de automóvil ni sus condiciones, sin contar con seguro por daños a terceros, sin cubrir impuestos, sin portar placas de circulación y sin pasar por los centros de verificación y control de emisiones al ambiente.

Es decir, hoy día transitan por la zona fronteriza infinidad de vehículos de motor de procedencia ilegal, en pésimas condiciones mecánicas, que emiten emisiones negativas a la atmosfera, que ponen en peligro a todos los ciudadanos y ocasionan problemas de seguridad pública y saneamiento, amén de que no han cubierto los derechos e impuestos correspondientes.

En resumen, el decreto actual no protege a los más necesitados, a los grupos vulnerables de la sociedad, que aparte de obtener un ingreso exiguo, tienen que cubrir un transporte caro y pésimo para trasladarse dentro de las ciudades existentes en la frontera norte.

Resulta conveniente hacer notar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, claramente ordena que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

En consecuencia, un derecho humano reconocido e inalienable al ser humano lo es el derecho a la propiedad; por lo que no podemos limitar el derecho de importación definitiva a ese sector de la población.

Así las cosas, lo mínimo que como Estado mexicano podemos hacer, es facilitar el acceso a bienes muebles que hoy en día se han convertido en sumamente necesarios, como lo es el tener un vehículo automotor.

Por otra parte, el TLCAN que entró en vigor el primero de enero de 1994, prevé en los anexos 300-A, apéndice 300-A.2, párrafo veinticuatro, que a partir del primero de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, no se puede prohibir ni restringir a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de Estados Unidos de Norteamérica o Canadá, en función del año modelo de antigüedad de los automóviles.

Así las cosas, el TLCAN permite la importación libre de aranceles de vehículos usados entre los países parte del mismo, siempre y cuando se certifique que tales automotores son de “origen regional”.

Por lo tanto, la problemática se circunscribe a la acreditación de tal circunstancia, que conforme al decreto en comento sólo es posible mediante el “certificado de origen”; lo cual se traduce en una traba contraria al propio tratado.

El numeral 501 del capítulo V del Instrumento Legal signado por México no establece ni por error, la hipótesis prevista en el diverso 3 del decreto en mención, por lo que es evidente que al excederse en requisitos, contraviene lo ordenado por el artículo 133 de nuestra Carta Magna y en consecuencia, al TLCAN.

En ese orden de ideas, debe considerarse que para tener conocimiento respecto de si el bien califica como originario, basta, con el número de identificación vehicular, compuesto por diversos dígitos que se encuentran adheridos al vehículo y que son únicos, de los que se desprende el lugar de origen, año de fabricación, marca, modelo, entre otros, y que la autoridad hacendaria siempre ha aceptado como válido y legal; ya que así lo estipula el capítulo 3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus anexos 10 y 21, publicados el 29 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

Ante tal situación, deriva inexcusablemente lo siguiente:

1. Emitir por un periodo de cinco años, nuevo decreto, más amplio y que venga a favorecer a los que menos tienen, en el que se permita que los años modelo factibles de importar, sea de cinco a quince años con anterioridad al año que se pretende importar, y no de cinco a nueve años, como actualmente sucede;

2. Que los precios estimados para la importación sean acordes al valor real del mercado automotriz de autos usados y que se registra en la región frontera norte, basada en principios de transparencia y legalidad, la cual debe ser actualizada cada año, debido a que los precios de los vehículos se deprecian año con año. Siendo referente primordial, la factura que es emitida por el vendedor en el extranjero;

3. Que el cumplimiento de la normatividad ambiental de todas y cada una de las unidades que se pretendan importar, que hoy es mediante un certificado de origen norteamericano, pueda también ser acreditado a través de un documento expedido por autoridad competente mexicana o canadiense;

4. Que se otorguen facilidades a las personas que acrediten obtener un ingreso menor a tres salarios mínimos, mediante un programa de pagos en parcialidades a treinta, sesenta y noventa días; y

5. Que resulte suficiente para garantizar que los vehículos de motor califican como “originarios”, el número de identificación vehicular, también conocido como VIN por sus siglas en inglés.

Con estas acciones se pretende combatir el abandono de vehículos automotores, aunado a una mayor recaudación fiscal en la zona fronteriza.

Se insiste, tal incitación no lleva implícita una confrontación con la industria nacional automotriz ni pretende desacelerar el impulso y desarrollo de la misma; por el contrario, supone un apoyo a personas de bajos recursos que no han sido considerados como clientes potenciales y que en nada afectan a las armadoras nacionales.

En razón de lo anterior, someto a la consideración de este pleno la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que emita lineamientos con el objeto de regularizar los automóviles introducidos al país hasta el 2015, en los términos precisados con anterioridad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a mantener el fondo fronterizo en apoyo a las fronteras norte y sur-sureste del país, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados Edgardo Melhem Salinas, Yaheel Abdala Carmona, Alicia Montserrat Arcos Velázquez, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Miguel González Salum, Luis Alejandro Guevara Cobos, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa y Esdras Romero Vega, del estado de Tamaulipas, así como los diputados Marco Antonio García Ayala, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Armando Luna Canales, Hernán de Jesús Orantes López, César Alejandro Domínguez Domínguez, José Luis Toledo Medina, Próspero Manuel Ibarra Otero, Álvaro Ibarra Hinojosa y Liliana Ivette Madrigal Méndez, de los estados fronterizos del norte y sur-sureste del país, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Sonora y Tabasco, respectivamente, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la honorable Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considerar en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 la asignación de recursos en el Fondo Fronterizo por la cantidad de 3 mil 130 millones de pesos.

Consideraciones

El 8 de noviembre de 2013, el Poder Ejecutivo Federal presentó, ante el H. Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del IVA donde se incluye modificaciones del impuesto del 11 por ciento al 16 por ciento a partir del 1ero de enero 2014.

A partir del 1 de enero de 2014, entró en vigor la homologación del IVA en las fronteras, por lo que estas zonas dejaron de pagar una tasa preferencial de 11 por ciento en este gravamen y se realizó el ajuste al 16 por ciento, como el resto del país.

El Gobierno Federal para compensar los efectos de esta medida crearon el Fondo Fronterizo, en el Presupuesto de 2014, se consideró una asignación de 3 mil millones de pesos para este fondo en el Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, aplicados de la siguiente forma:

• 2 mil 500.0 millones de pesos para acciones de desarrollo social, y

• 500.0 millones de pesos para acciones de desarrollo económico.

El 26 de febrero de 2014, se publicaron los Lineamientos para la operación del Fondo para Fronteras en el Diario Oficial de la Federación, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico en estas zonas, considerando que éstas contribuyen de manera importante al desarrollo nacional, mediante la inversión y la creación de empleos.

Los recursos se distribuyeron proporcionalmente entre las localidades que forman parte de las entidades federativas, tomando en cuenta el número de habitantes de conformidad con las estadísticas del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

Entre los estados que más recursos recibieron, destacan Baja California (986.1 millones de pesos), Tamaulipas (496.5 millones de pesos), Chihuahua (424.8 millones de pesos) y Quintana Roo (414.3 millones de pesos).

Los recursos asignados a Sedesol (2 mil 500.0 millones de pesos), se transfirieron a los siguientes programas:

• Programa Prospera (Tarjeta sin Hambre): Mil 500 quinientos millones de pesos

• Programa de Abasto Rural (Diconsa): 220 millones de pesos

• Programa de Empleo Temporal: 280 millones

• Programa de Comedores Comunitarios: 500 millones

Por su parte, los recursos asignados a la Secretaría de Economía (500.0 millones de pesos), se han destinado a acciones de desarrollo económico, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y sus programas: Fideicomiso México Responde (Programa de Garantías) y al Fondo Nacional Emprendedor (Programa de Incubación en Línea).

El monto del subsidio para nuevos emprendimientos en las entidades federativas fronterizas tiene los siguientes fondos de apoyo:

• Hasta 40 mil pesos para empresas de los sectores comercio y servicios;

• Hasta 80 mil pesos para el caso de empresas del sector industrial.

Para conocer los efectos de la homologación del IVA en la economía, es importante observar, en primer lugar, el comportamiento de la inflación, pues es en el nivel general de precios donde se observaría directamente algún efecto en la economía derivado del incremento en este gravamen.

De acuerdo con cifras del Inegi, en el periodo a agosto de 2014, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incremento del 4.15 por ciento a nivel nacional, mientras que en la región fronteriza el aumento fue del 4.29 por ciento. La diferencia de apenas 0.14 por ciento se concentra en el componente de mercancías distintas a los alimentos, en virtud de que éstos continúan sin tener IVA.

El Fondo Fronterizo ha beneficiado, tan solo con la Tarjeta sin Hambre a: 48 mil 375 familias en Tamaulipas; 27 mil 604 en Chihuahua; 56 mil 531 en Baja California; 12 mil 967 en Baja California Sur; mil 43 en Campeche; 5 mil 181 en Coahuila; 18 mil 680 en Chiapas; 25 mil 514 en Quintana Roo; 10 mil 256 en Sonora y 250 en Tabasco.

El Fondo Fronterizo fue creado para mitigar los efectos de la decisión de homologar el IVA en las zonas fronterizas del País, beneficiando con Tarjeta sin Hambre a 206 mil 401 familias en los 10 estados que comprenden las fronteras norte y sur, que fue una de las tres acciones fundamentales en lo que se invirtió el fondo.

Debido a los beneficios que trajo esta medida adoptada por el Ejecutivo Federal, para miles de familias de la frontera norte y sur-sureste del país, hemos propuesto que sean un Programa permanente del gobierno federal.

Se plantea que se destinen recursos para acciones de desarrollo social por la cantidad de 3,130 millones de pesos para los siguientes programas:

• Programa Prospera (Tarjeta sin Hambre): 2 mil 200 millones de pesos; mil 500 millones que cuesta sostener a las 206 mil 401 familias y que actualmente se están ejerciendo del fondo general, más 700 millones para incorporar a 100 mil familias al beneficio del programa.

• Programa de Empleo Temporal: 430 millones; 280 millones con los que originalmente contaba el Fondo, más 150 para el fortalecimiento de la economía familiar.

• Programa de Comedores Comunitarios: 500 millones, monto igual al otorgado y que actualmente se están ejerciendo.

Es necesario que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, la reasignación de recursos y asignación de nuevos, en el Fondo Fronterizo por la cantidad de 3 mil 130 millones de pesos.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público debe establecer que el Fondo Fronterizo sea un Programa permanente del Ejecutivo federal y se considere sistemáticamente dentro de los Proyectos de Presupuesto de la Federación.

Por todo lo anterior, presentamos a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a mantener el Fondo Fronterizo, en apoyo a las fronteras norte, sur-sureste del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputados: Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica), Armando Luna Canales (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López, César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), José Luis Toledo Medina (rúbrica), Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, Sylvana Beltrones Sánchez, Yaheel Abdala Carmona (rúbrica), Montserrat Arcos Velázquez (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante (rúbrica), Miguel González Salum (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillen Vicente (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal, Javier Guerrero García (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Julián Nazar Morales, María Soledad Sandoval Martínez, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Édgar Romo García, Álex Le Barón González (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Arlet Molgora Glover (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a reforzar las actividades de inspección y vigilancia en el Golfo de Ulloa, en Comondú, Baja California Sur, para evitar la mortandad de la tortuga caguama, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Wenceslao Martínez Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en al artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la atención de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar las actividades de inspección y vigilancia en el golfo de Ulloa, municipio de Comondú, Baja California Sur, con el objeto de evitar la mortandad de la tortuga caguama, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A través de los años y a causa del deterioro de diversas especies endémicas de México el gobierno ha lanzado distintos programas para la conservación de éstas. Algunos programas han tenido éxito, tal como lo es el implementado para proteger a la ballena gris. Sin embargo, existen otros que no han sido suficientes y que, por el contrario, han acelerado la desaparición de las especies, tal como lo es el problema actual con la tortuga marina. Como se ha hecho mención en diversos artículos, de las 7 especies que se pueden encontrar en las playas mexicanas y los mares circundantes, 6 se encuentran en peligro extinción. En particular se abordará un caso que amerita toda la atención y prioridad posible: la tortuga caguama (Ver cuadro de distribución1 ).

De acuerdo con estudios realizados, en los dos últimos años el índice de mortandad de esta tortuga ha incrementado en 600 por ciento. El problema que enfrenta la tortuga caguama va más allá de su protección en playas; su extinción está relacionada a la pesca incidental en el golfo de Ulloa, debido principalmente a las artes de pesca que utilizan redes agalleras y que “barren” el fondo marino atrapando no sólo a los animales objetivo, sino a todos aquellos que se atraviesan por su trayectoria (Ver cuadro de zona de pesca incidental2 ).

Es perentorio llevar a cabo acciones efectivas que frenen de una vez por todas el crecimiento de este índice de mortandad, con normas y regularización en la práctica de la pesca en la región que incidan positivamente en tan grave situación.

Entre los intentos que ha llevado a cabo el Ejecutivo Federal se encuentra el Acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) que establece una Zona de Refugio Temporal por dos años, así como medidas que minimizan la captura incidental de tortugas marinas en las pesquerías del Golfo de Ulloa. No obstante que el acuerdo prohíbe utilizar redes de pesca en el área de distribución de tortuga caguama (Caretta caretta) del Pacífico norte, y durante su temporada de mayor concentración en las costas mexicanas a fin de disminuir su captura incidental, éste retrasa la prohibición hasta mayo del 2016. Lo anterior significa que en el año en curso no serán aplicadas las prohibiciones antes mencionadas, lo que provocará que se eleve el número de tortugas que mueran por ahogamiento tanto en redes como en palangres.

Año con año, muchas tortugas perecen a causa de estos aparejos de pesca, ya que su zona de alimentación se mezcla con las zonas de pesca ribereña. Los decesos ocurren principalmente durante el verano, y al problema le han dado seguimiento tanto científicos nacionales y extranjeros, como autoridades de Semarnat y Conapesca.

Sin embargo y pese a los esfuerzos del Gobierno por delimitar un polígono de protección para la tortuga caguama, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos otorgó a México por primera vez una certificación negativa por mortandad de tortugas caguama. Esto es sumamente pernicioso para México, ya que de no cumplir con los requerimientos internacionales éste país podría ser sujeto a un embargo pesquero con consecuencias funestas para muchos mexicanos que viven de dicha actividad.

Por lo fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar las actividades de inspección y vigilancia en el golfo de Ulloa, municipio de Comondú, Baja California Sur, con el objeto de evitar la mortandad de la tortuga caguama.

Notas

1 Programa de Acción para la conservación de la especie: Tortuga Caguama, Caretta caretta : Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

2 Cepeda, M.F., D. Crespo y E. Sanjurjo (compiladores). 2012. Planeación para la Conservación de la Tortuga Amarilla o Caguama (Caretta caretta ) en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. World Wildlife Fund. México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2015.

Diputado Wenceslao Martínez Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a investigar la muerte de menores en el Hospital del Niño y la Madre Indígena, en Tlapa, suscrita por los diputados Victoriano Wences Real y Lluvia Flores Sonduck, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputada Lluvia Flores Sonduk y diputado Victoriano Wences Real, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXIII del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

En días pasados diversos medios locales del Estado de Guerrero dieron a conocer que desde el mes de abril se tenía conocimiento de la muerte de niños recién nacidos en el interior Hospital del Niño y la Madre Indígena de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Este hecho resulta grave porque extraoficialmente se habla de la muerte de 20 neonatos, mientras que el Secretario de Salud confirmó el deceso de ocho de ellos y prefirió no dar a conocer las causas de los decesos.

Familiares de las víctimas han denunciado que en los últimos tres meses, en lo que va del año, han muerto veinte criaturas de manera extraña en el nosocomio y creen que al interior del hospital está infectado de una bacteria por falta de adecuada limpieza pero particularmente por no seguir los protocolos de salubridad correspondientes en estos lugares que presumiblemente están al cuidado de las madres y niños de 18 municipios de la región de la Montaña cuya población es mayoritariamente indígena y con muy bajos ingresos económicos.

El Hospital del Niño y la Madre Indígena tiene apenas capacidad para recibir apenas a diez madres por partos prematuros. En él se atienden a mujeres embarazadas de alto riesgo que reportan constantes problemas obstétricos y hemorragias, pero su misión fundamental es dar cobertura a los recién nacidos prematuros y complicados para evitar que mueran.

Esto por supuesto resulta contradictorio porque es el mismo Hospital donde los recién nacidos murieron, y lo grave de este caso reviste en el hecho que los galenos y el personal que está al cuidado de los niños y el mismo director general del Hospital quisieron ocultar su torpeza y su incapacidad para atender de manera oportuna un hecho de esta naturaleza.

El propio secretario de salud Edmundo Escobar Esbeica, que tiene la conducción de la salud pública en el Estado, puede suponerse que tiene responsabilidad no sólo por su impericia sino también por la omisión temeraria en que ha incurrido, toda vez que a más de cuatro meses en que ocurrían los decesos apenas tuvo conocimiento de estos hechos y declaró a los medios informativos que el pasado mes de abril 16 niños ingresaron al hospital con algún tipo de padecimiento y que de estos, ocho perdieron la vida al interior del hospital.

Con seguridad podemos afirmar que el funcionario de salud actuó tardíamente, porque apenas reaccionó enviando según su información a 25 especialistas en materia de epidemiología al Hospital General del Niño y la Mujer Indígena del municipio de Tlapa, para iniciar con los protocolos de investigación y en lo sucesivo determinar las responsabilidades en que incurrió el personal que ahí labora, por la muerte de los infantes.

El mismo secretario ha reconocido que el problema puede ser multifactorial por no haberse cumplido con los lineamientos de salubridad.

Aunado a lo anterior, se agrega el grave problema de hacinamiento. Personas que omitieron sus nombres revelaron a la Agencia de Noticias de Guerrero que en la sala de cuidados adultos, que son diseñadas para recibir cuatro pacientes, tuvieron que meter hasta doce niños prematuros, mientras que en urgencias a otros cuatro y luego subieron a seis, y en urgencias pediátricas se canalizaron otros seis.

Agrega la persona que uno de los factores de los decesos fue el hacinamiento a los prematuritos de menos de 1.5 kilos y que además fueron afectados con las bacterias ecoli y pseudomona.

Un hecho de esta naturaleza donde se pone en grave riesgo la salud de las madres y los niños, se debe actuar con prontitud y profesionalismo para deslindar responsabilidades. El secretario de salud prometió rendir un informe de la investigación pero hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente como lo prometió.

Podemos deducir en principio que pueden ser, entre otros factores, los que ocasionaron la muerte de los menores son: el hacinamiento, medidas de prevención contra la contaminación y la impericia del personal, y las autoridades sanitarias correspondientes; lo que pudo haber causado la mortandad de los bebés, pero tal hipótesis se puede despejar con una investigación pronta y expedita con los parámetros de máxima transparencia y principios de absoluta imparcialidad, certeza y objetividad.

La muerte de los niños representa una tragedia, no sólo por el sufrimiento de sus familias, sino por el potencial humano perdido. Las autoridades están obligadas a dar una atención sanitaria integrada y eficaz del niño hasta los 5 años por lo menos, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Para lograr estos objetivos básicos, se requiere de inversión en los sistemas de salud de forma urgente y decisiva, porque las comunidades indígenas también tienen derecho a un servicio integrado y de gran calidad, que sin duda dependen de recursos y las capacidades que se tienen a la mano, de forma previsible y sostenible con personal calificado y motivado.

Quienes están al frente de la salud deben asumir este desafío de forma frontal mediante esfuerzos concertados y concentrarse con los grupos y personas más vulnerables como son las mujeres indígenas y los niños quienes viven alejados de los servicios de salud. Necesitamos progresos reales y perdurables.

Se requiere de forma urgente ampliar la infraestructura del Hospital para evitar el hacinamiento, al mismo tiempo que respetar los protocolos sanitarios con personal calificado y motivado.

Nuestros puntos de acuerdo están fundados en nuestra carta magna, en los artículos 2º Constitucional, Apartado B, fracción III, que garantiza el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

Asimismo en el artículo 4o. constitucional que ordena que toda persona tiene derecho a la salud y además que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a esta soberanía se apruebe con carácter de urgente resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, investigue, revise, evalué integral, exhaustiva y transparentemente sobre el desempeño y la responsabilidad en que incurrieron la dirección y el personal del hospital, así como a las autoridades sanitarias del Estado sobre la muerte de niños en el Hospital del Niño y la Madre Indígena con sede en la ciudad de Tlapa de Comonfort, y evitar en el futuro la omisión temeraria en que pudo haber incurrido la Secretaría de Salud.

Al mismo tiempo se le exhorta para dar una atención a niños y mujeres indígenas en contexto de salud culturalmente pertinente y evitar la violación de sus derechos humanos.

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para investigar al personal sanitario responsable de la posible comisión de actos de responsabilidad sanitaria, administrativa y penal a los servidores públicos por la desatención de salud en perjuicio de las víctimas y sus familias; asegurarnos si cumplieron con su responsabilidad de acuerdo con los protocolos sanitarios y en su momento hacer las recomendaciones conducentes para asegurar la protección y el derecho humano a la salud de las personas más vulnerables como lo son los niños y madres indígenas, y los resultados de la investigación coadyuven al resarcimiento de los daños físicos, psíquicos y de dignidad humana cometidos en contra los niños y sus familias.

Referencias

Estrategia mundial de salud de las mujeres y niños. http://www.who.int/pmnch/activities/jointactionplan/201009_gswch_sp.pdf ?ua=1

Agencia de Noticias Guerrero. http://www.mpsguerreronoticias.com/principales/mueren-seis-recien-nacid os-en-hospital-del-nino-y-la-madre-indigena-en-tlapa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputados: Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Victoriano Wences Real.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF a formalizar la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 4 de diciembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; en esta nueva ley se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; esto significa que para los destinatarios de esta norma se reconocen todos los derechos de menores de edad, sea que deriven de fuente nacional o de tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Así, nuestro país ya cuenta con un marco jurídico más sólido para avanzar hacia una efectiva protección de los derechos de la infancia y adolescentes que viven en México; así como de instituciones más fuertes y coordinadas para responder a los enormes desafíos que representa el efectivo y equitativo acceso a sus derechos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2010, en México había un total de población de 112 millones 336 mil 538 mexicanos, de los cuales, 43 millones 541 mil 908 mexicanos eran niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, dado que la información se ofrece por grupos de edad quinquenales, se tiene que 10 millones 624 mil 741 son niñas y 10 millones 951 mil 118 son niños los cuales se ubican en un rango de edad de los 0 a los 9 años, y 10 millones 898 mil 315 son adolescentes mujeres y 11 millones 067 mil 734 son adolescentes hombres, ubicándose en el rango de edad de los 10 a los 19 años.

Por otra parte, y de acuerdo con la Unicef,1 entre los desafíos que aún enfrentan la infancia y adolescencia en el país están:

• Poco más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en México (21 millones) vivían en pobreza en 2012, y de ellos casi 5 millones padecían pobreza extrema.

• Todavía hay 6.1 millones de niños entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela, a pesar de que la cobertura en educación básica y el promedio de escolaridad han aumentado. La tasa de mortalidad en menores de 5 años (por cada mil nacidos vivos) sigue siendo alta en estados como Guerrero (19.4), Chiapas (19.5), Puebla (19.7) y Oaxaca (20), a pesar de que la tasa nacional ha disminuido considerablemente (de 41 en 1990 a 16 en 2012) por cada mil nacidos vivos.

• Seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes, han vivido directamente alguna forma de violencia en su casa o en la escuela.

• En 2013 fueron repatriados de Estados Unidos a México, 15 mil 561 niños, niñas y adolescentes que migraban solos, expuestos a toda clase de peligros y violaciones a sus derechos.

• 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan, a pesar de los esfuerzos en los últimos años por reducir la tasa de trabajo infantil.

Ante escenarios como estos, la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, constituye un avance sin precedentes en México en términos normativos, ya que esta ley ordena por primera vez en la historia la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Destacan en la recién promulgada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aspectos como:

– La creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que implica la coordinación de todas las instituciones de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para trabajar en conjunto, reaccionar y actuar sin dilación con el fin de garantizar los derechos de los niños y niñas. A la vez, se crearán sistemas estatales y municipales de protección de derechos.

– El presidente de la República será quien presida dicho Sistema, lo cual coloca a la protección de los derechos de niños y niñas en México en el más alto nivel político.

– La creación de un Sistema de Información sobre infancia, que permitirá contar con datos estadísticos para monitorear el grado de cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país, identificar las brechas de desigualdad existentes y mejorar las políticas y programas.

– La ley también prevé que las políticas de infancia sean evaluadas por el Consejo de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval).

- En materia presupuestaria, la Ley establece que se destinará el máximo de recursos posibles para la atención de la infancia. Actualmente, de los recursos que se identifican en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Anexo Transversal para la atención de la infancia y la adolescencia, menos del 1 por ciento se relaciona con el derecho a la protección, siendo éste uno de los ejes centrales de la nueva legislación.

Para el tema en comento, destaca la creación de Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que de acuerdo con el artículo 121, establece que:

Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección... integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.”; asimismo, “Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección...2

Por su parte, el artículo 122 señala que las Procuradurías de Protección, en sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes:

I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta ley y demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos:

a) Atención médica y psicológica;

b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural; y

c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia;

II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones aplicables;

III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada;

IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de violencia;

V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes;

VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y adolescentes, además de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes:

a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social; y

b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional de Salud.

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección, el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente;

VII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio público y a la autoridad jurisdiccional competente.

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente.

Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el procurador de Protección podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes.

En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el procurador de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio correspondientes a la autoridad competente;

VIII. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes;

IX. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables;

X. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XI. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades en la elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad;

XII. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social;

XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial;

XV. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación en los programas respectivos, y

XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables.3

Lo anterior, de acuerdo al artículo Sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y mandata que el “Sistema Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que en un plazo no mayor a noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se formalice la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas.”4

No obstante lo anterior, a la fecha, ya han transcurrido más de los noventa días naturales y no se ha formalizado la creación de la mencionada Procuraduría; o sea, hasta esta fecha, ya han pasado alrededor de 200 días naturales, y no se ha reformado el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

De ahí pues el presente punto de acuerdo, cuya finalidad es la de impulsar las acciones que ordena la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, poniendo el interés superior del menor y de los adolescentes y dar cumplimiento a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo los siguientes términos:

Interés Superior del Menor. Su concepto. “En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: la expresión ‘interés superior del niño’ [...] implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a formalizar la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; como lo establece el artículo Sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Notas

1 http://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_28530.htm

2 DOF, 4-12-2014. Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2015.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a incluir en sus normativas civil y familiar elevados estándares en materia de derechos humanos, señalados en los precedentes de la SCJN, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Armando Luna Canales, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas de las entidades federativas para que emprendan las medidas legislativas necesarias para incorporar, en su legislación civil y familiar, los más altos estándares en materia de derechos humanos señalados en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en las siguientes

Consideraciones

I. La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma en la interpretación y la aplicación delos derechos.

Han transcurrido poco más de cuatro años desde la entrada en vigor de la reforma más trascendental en la vida institucional de nuestro país: la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Con la misma, nuestra ley fundamental colocó al ser humano como el fundamento y sentido de todo proceder estatal.

Con la reforma en comento, fue inaugurada también una nueva era en la manera de ver, entender e interpretar al derecho, tan es así, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN– declaró el inicio de una nueva época en la emisión de precedentes judiciales.

A la vez, con las enmiendas señaladas, fue adoptado un nuevo paradigma a seguir, consistente en que el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos humanos constituyen el eje fundamental de la acción del Estado, además de constituir guías para la interpretación y la aplicación de las normas secundarias y el parámetro para orientar la producción legislativa.

Mención especial merece el hecho de que, con la reforma citada, fueron elevados a rango constitucional los derechos fundamentales establecidos en los tratados internacionales de los que México es parte, con lo cual fueron sentadas las bases para garantizar una mayor promoción y protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. A la par de lo anterior, fue establecido el principio propersona en la ley suprema, mediante el cual, todas las autoridades tienen el deber de interpretar las normas relativas a derechos humanos en el sentido que favorezca la protección más amplia a las personas en todo momento.

Adicionalmente, fue establecido que todas las autoridades del país, en su respectivo ámbito competencial, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.1

Ahora bien, en virtud de este cambio de paradigma y de la equiparación constitucional de los derechos humanos estipulados en los tratados internacionales, el Estado mexicano robusteció su compromiso de cumplir las obligaciones suscritas por el mismo ante la comunidad internacional de Estados, como lo son aquellas contraídas dentro del Sistema Universal de Naciones Unidas y las pactadas ante el Sistema Interamericano.

II. Acciones emprendidas en el plano federal y asignaturas pendientes en el ámbito local.

Dentro de ese contexto, las autoridades de los Poderes de la Unión emprendieron una serie de acciones para acelerar, dentro de sus ámbitos competenciales, la consolidación del nuevo paradigma en materia de derechos humanos. Así, el Poder Legislativo Federal realizó una serie de medidas legislativas para incorporar en el marco jurídico federal las normas que desarrollaran los contenidos de la reforma constitucional aludida y aquellas insertas en los instrumentos internacionales en la materia. Lo propio fue realizado por el Poder Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de sus respectivas atribuciones.2

Particularizando, en lo que atañe a los Poderes Legislativo federal y el Judicial de la federación, una de las primeras acciones emprendidas por el Congreso de la Unión –y aún pendiente en algunos rubros– fue la consistente en armonizar el orden jurídico federal con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, ya que la omisión de ello o, en su caso, la emisión y aplicación de normas internas que contravengan lo dispuesto por los instrumentos internacionales, puede derivar en responsabilidad internacional para el Estado Mexicano.

En cuanto al Poder Judicial de la federación, como ya se ha dicho, este inauguró la Décima Época en la interpretación judicial, emitiendo magníficos fallos en los que se desarrolla y maximiza esa nueva manera de entender al derecho conforme a los más altos estándares en materia de derechos humanos, reconociendo, inclusive, que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces nacionales, siempre y cuando la misma sea más favorable a las personas.3

Como se puede apreciar, la reforma constitucional de derechos humanos ha sido implementada en gran parte dentro del ámbito federal, sin embargo, en lo referente al orden local, aún hoy en día varias entidades federativas presentan rezagos en la adecuación de sus normas jurídicas con los nuevos contenidos de la reforma constitucional y los estándares internacionales en la materia.

Lo anterior se evidencia, ante el hecho de que son cada vez más las personas que mediante el juicio de amparo buscan el reconocimiento de sus derechos humanos argumentando la falta de adecuación de las normas locales con la Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte.

En esa tesitura, por lo que hace al caso específico de las normas jurídicas locales en las materias civil y familiar, las cuales regulan, entre otras instituciones, aquellos actos y negocios jurídicos de mayor inmediatez en la vida cotidiana de las personas, el Supremo Tribunal del país ha emitido diversos precedentes en los que ha declarado la contravención de tales normas con los principios plasmados en la Constitución y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.

Cabe precisar que, si bien, las resoluciones emitidas por la SCJN se refieren a la declaración de inconstitucionalidad de determinadas normas locales, la construcción argumentativa de tales fallos se basa en la estimación de inconstitucionalidad realizada mediante un nivel de abstracción que permite desprender reglas constitucionales de carácter general, esto es, válidas frente a todas las leyes que establezcan los mismos supuestos normativos, por lo que, en consecuencia, aquellas normas locales en las que se verifique la existencia delas mismas razones que motivaron pronunciamientos previos de inconstitucionalidad por parte de la SCJN, deberían ser reformadas por el legislador local.

En ese orden de ideas, es necesario que los congresos locales emprendan las medidas legislativas necesarias para adecuar su legislación civil y familiar conforme a los criterios emitidos por la SCJN, en su calidad de intérprete final de la Constitución, y con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Para concretizar a plenitud la reforma constitucional de derechos humanos, es menester que las entidades federativas enmienden sus ordenamientos jurídicos en aquellas instituciones que han sido detectadas como inconstitucionales en otros precedentes, ya que de esta manera se reducirá la brecha existente entre el derecho positivo local y el derecho internacional de los derechos humanos suscrito por el Estado Mexicano.

III. Algunas normas civiles y familiares de los estados, declaradas inconstitucionales.

A continuación, se hará una referencia ilustrativa de criterios mediante los cuales la SCJN ha declarado la inconstitucionalidad de normas locales en materias civil y familiar, particularmente, en lo que atañe a instituciones como el divorcio, la adopción, la patria potestad, el derecho al nombre, la indemnización extra patrimonial y el matrimonio entre personas del mismo sexo, por citar algunas.

Por lo que hace a la institución del divorcio, esta ha sido especialmente desarrollada, particularmente en lo que aún se regula en algunas entidades federativas como “causales” y que constituían aquellas razones de índole legal que habilitaban el acceso a un divorcio. Al respecto, y siguiendo los más elevados parámetros en materia de derechos humanos, la SCJN ha sentado una línea jurisprudencial de acuerdo con la cual la sola existencia de una “causal” de divorcio atenta contra el derecho fundamental a la libre personalidad del individuo.

En la “Contradicción de Tesis 73/2014” la SCJN determinó que la legislación civil vulnera el derecho fundamental a la dignidad humana cuando exige una causal de divorcio para los cónyuges, aún y cuando existiera consentimiento mutuo de ambas partes contratantes, mediante el siguiente criterio jurisprudencial:

Divorcio necesario. El régimen de disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Códigos de Morelos, Veracruz y legislaciones análogas). El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de “autonomía de la persona”, de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.4 (El remarcado es propio)

Mismo criterio fue sostenido por la SCJN al resolver el amparo directo 553/2014 en el que determinó la inconstitucionalidad de exigir una causal de divorcio, aún y cuando existiera mutuo consentimiento de las partes para disolver el vínculo matrimonial. En la tesis III.2o.C.25 C (10a.) de rubro “Divorcio. El artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco al exigir la acreditación de una causal para disolver el vínculo matrimonial vulnera el derecho de libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, de la dignidad humana”, la Corte indicó que:

...si la libre voluntad de las partes es un elemento esencial del matrimonio, es indudable que aquélla también debe ser tomada en cuenta para decidir, legalmente, si dicha unión conyugal seguirá existiendo o si se disolverá, pues no puede ser reconocida sólo al momento de celebrarse el matrimonio, y soslayarse una vez tramitado el divorcio. Así, el artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, la dignidad humana, al exigir la acreditación de una causal de divorcio para disolver el vínculo matrimonial, pues la libertad del cónyuge para diseñar de manera autónoma su proyecto de vida, no puede condicionarse a la demostración de las causales que invocó en su escrito inicial de demanda, pues esta imposición incidiría de manera perniciosa en el libre desarrollo de su personalidad y dignidad humana; por tanto, la única causa determinante que puede considerarse como constitucionalmente válida, no es más que la libre voluntad que expresó en su demanda, con independencia de que dicha decisión haya sido motivada o no, por alguna de las conductas que enumera el citado precepto de la legislación civil de Jalisco.5

En el caso del estado que represento, Coahuila de Zaragoza, también se han dado importantes precedentes de los cuales ha tomado conocimiento la SCJN. En el amparo directo en revisión 1819/2014, referente a la disolución ordenada jurisdiccionalmente de un vínculo matrimonial en el que una de las partes manifestó su inconformidad, se determinó que la legislación civil del Estado era acorde a los principios constitucionales al no exigir una “causal” de divorcio que habilitará la procedencia de aquel por cualquiera de los consortes. En este amparo, la corte indicó:

...Es verdad que antes de la legislación familiar que ahora se combate, ya se contemplaban diversas formas de disolución matrimonial (divorcio voluntario y divorcio necesario), sin embargo, debe destacarse que el establecimiento del divorcio sin causales resulta congruente con la obligación contenida en el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con ello se atiende al derecho fundamental a la dignidad humana ...El divorcio sin causa, constituye un camino, por llamarlo así, de fácil acceso para la disolución del vínculo matrimonial, en el que es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aún sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, no está supeditada a explicación alguna sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente...6 (El remarcado es propio)

De este asunto se derivaron dos tesis de nuestro máximo tribunal y en las que nuevamente puede advertirse su alto estándar en materia de derechos humanos al indicar que el divorcio incausado, manifestado por cualquiera de las dos partes, constituye una manifestación del libre ejercicio de la personalidad tutelado por nuestra Constitución. La Corte sentó que:

Divorcio sin expresión de causa. Constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, la cual no está supeditada a explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente. Así, dicha manifestación constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida.7

Asimismo:

Divorcio sin expresión de causa. Al establecerlo en la ley, el legislador del estado de Coahuila atiende a la obligación que tienen todas las autoridades del Estado mexicano, prevista en el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional. Si bien es cierto que antes de que se estableciera en la legislación familiar del Estado de Coahuila de Zaragoza el divorcio sin expresión de causa, ya se contemplaban diversas formas de disolución matrimonial (divorcio voluntario o divorcio necesario), también lo es que el legislador de ese Estado, al incorporar tal figura en los artículos 362 y 365 del código adjetivo, y 582 del sustantivo, de la entidad, atendió a la obligación que tienen todas las autoridades del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, establecida en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que con la simple manifestación de voluntad de uno solo de los cónyuges de no seguir casado, se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad.8

Por lo que hace a la institución de la adopción, la misma ha sido también otro de los grandes progresos en los que nuestra Suprema Corte se ha destacado. Ya desde el año 2011 nuestro máximo tribunal manifestaba su temprano parecer en torno a la adopción por parte de personas del mismo sexo. En la Acción de inconstitucionalidad 2/2010, referente a la reforma de la legislación civil en el Distrito Federal que habilitó la unión civil entre personas del mismo sexo y, consecuentemente, permitió también la adopción por parte de aquellos, la SCJN determinó que no asistía la razón al quejoso (Procuraduría General de la República) pues independientemente de quienes integran el lazo del matrimonio debía de estarse para el caso del menor al interés superior de aquel y no establecer una suerte de prejuicio condicionado al género de los adoptantes. La SCJN indicó que:

Interés superior del niño tratándose de la adopción por matrimonios entre personas del mismo sexo. La protección al interés superior de los niños y las niñas consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un principio que exige su cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles de gobierno y ámbitos competenciales y si bien es cierto que tratándose de la institución civil de la adopción, los derechos de los menores sujetos a adopción se encuentran en posición prevalente frente al interés del adoptante o adoptantes, también lo es que ello no se traduce en que la orientación sexual de una persona o de una pareja lo degrade a considerarlo, por ese solo hecho, como nocivo para el desarrollo de un menor y, por ello, no permitirle adoptar. Cualquier argumento en esa dirección implicaría utilizar un razonamiento vedado por el artículo 1o. constitucional que, específicamente, prohíbe la discriminación de las personas por razón de sus preferencias, lo que además sería contrario a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado respecto del tipo de familia protegido por el artículo 4o. constitucional y los derechos de los menores. Así pues, en el caso de la adopción, lo que exige el principio del interés superior del menor es que la legislación aplicable permita delimitar el universo de posibles adoptantes, sobre la base de que ofrezcan las condiciones necesarias para el cuidado y desarrollo del menor establecidas en la ley, para que la autoridad aplicadora evalúe y decida respecto de la que represente su mejor opción de vida, pues sostener que las familias homoparentales no satisfacen este esquema implicaría utilizar un razonamiento constitucionalmente contrario a los intereses de los menores que, en razón del derecho a una familia, deben protegerse.9 (El remarcado es propio)

Esta posición de la SCJN fue reafirmada de manera contundente en tiempo reciente, de este modo, en la acción de inconstitucionalidad 8/2014 nuestro máximo tribunal determinó la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche al vulnerar los principios de igualdad y no discriminación, así el derecho a una familia por parte de las personas que forman parte de una sociedad civil de convivencia al no permitirles adoptar en forma conjunta o individual.

En este caso, la SCJN señaló que las sociedades de convivencia, ya sea entre personas del mismo sexo o heterosexuales, conforman un modelo de familia reconocido por la Constitución y que, por tanto, les asiste el derecho a la adopción de hijos. Además, la Corte indicó que es nulo de pleno derecho cualquier pacto que contravenga este derecho elemental a la constitución de una familia por vía de la adopción.10

A la par de las instituciones enunciadas hasta el momento, existen también otras que, de conformidad con los criterios emitidos por la SCJN y con los instrumentos internacionales en los que nuestro país es parte, es necesario reformar en el ámbito local.

En materia de patria potestad, el máximo tribunal al resolver el amparo directo en revisión 77/2012, declaró la inconstitucionalidad de legislación civil estatal quecontravenía los principios pro persona y el del interés superior de la niñez en la Tesis primera CXVIII/2012 (décima) de rubro “Patria Potestad. El artículo 598, fracción III, del Código Civil del Estado de Jalisco, en la parte que condiciona la pérdida de aquélla a que se demuestre que quienes la ejercen comprometieron la seguridad o moralidad del menor, es inconstitucional”, recaída al amparo en mención se señaló:

...el artículo 598, fracción III, del Código Civil del Estado de Jalisco, en la parte que sanciona con la pérdida de la patria potestad a condición de que el abandono de los deberes alimenticios de quienes la ejercen comprometa la seguridad o la moralidad de aquellos sobre quienes se ejerce, es inconstitucional al transgredir el interés superior del menor, pues no se justifica que la aplicación de dicha sanción se condicione a que con el abandono se comprometa su seguridad o moralidad, porque la protección que se le da a través de esa sanción no es eficaz, ya que cuando un padre incumple sus deberes, entre ellos los alimentarios, frecuentemente alguien más se hace cargo de ellos, lo que impediría sancionar al progenitor que ha incumplido de forma contumaz con sus obligaciones y deberes de protección. En este sentido, basta con que el juez verifique en el caso concreto que efectivamente el progenitor en cuestión ha incumplido sus deberes alimenticios sin que exista una causa justificada para ello, para que el juzgador pueda decretar la pérdida de la patria potestad del menor. Tampoco es oportuna, porque en el supuesto de que nadie se haga cargo de aquellos deberes, dicha disposición no sólo se reduce a recomendaciones sino que implícitamente permite a los ascendientes que incumplan con sus deberes hasta el grado o medida en que el menor pueda estar en riesgo o peligro, lo cual va en contra de los artículos 4o., de la Ley Fundamental, 5o., 18, apartado 1 y 27, apartados 2 y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño...11 (El remarcado es propio).

Adicionalmente, sobre esta misma institución, la Primera Sala de la SCJN, al resolver el amparo directo en revisión 12/2010, mediante la Tesis: 1a. CCV/2011 (9a.) de rubro “Pérdida de patria potestad. La porción normativa de la fracción II del artículo 4.224 del Código Civil del Estado de México que establece un requisito adicional al abandono de las obligaciones alimentarias por más de dos meses, es inconstitucional”, declaró la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 4.224 del Código Civil del Estado de México, en virtud de que dicha norma condicionaba la pérdida de la patria potestad al hecho de que con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por más de dos meses se comprometiera la salud, la seguridad o la moralidad de los menores. Al respecto, la Corte señaló que con ese requisito adicional al simple incumplimiento de las obligaciones alimentarias por el tiempo estipulado en la legislación, se contravenía el interés superior del menor y los deberes constitucionales a cargo de los ascendientes, tutores y custodios establecidos en el artículo 4o. constitucional, ya que el interés superior del menor impone una tutela reforzada de los derechos de la niñez, por lo que, dentro esa línea, si el legislador establece un requisito adicional al abandono de los deberes alimentarios para perder la patria potestad, con ello se contraviene la garantía de tutela reforzada para los menores, ya que para estos resulta una medida más protectora de sus intereses una causal de pérdida de patria potestad, que otra donde simplemente se exija el incumplimiento de los deberes alimentarios por determinado tiempo, sin necesidad de que se acrediten otras circunstancias.12

En relación también con la patria potestad, el pleno de la SCJN, mediante la tesis jurisprudencial P./J. 61/2008, al resolver la contradicción de tesis 21/2006-PL, señaló:

Patria potestad. El supuesto normativo que impone su pérdida por abandono injustificado del hogar conyugal por más de 6 meses, es una sanción civil que transgrede el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del indicado precepto se advierte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proscribe cualquier tipo de sanción excesiva (penal, civil, administrativa, etcétera), lo que incluye, entre otras, las que afecten a terceras personas vulnerables y no involucradas, así como las que no contengan las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras puedan fijar su monto o cuantía según su gravedad. A partir de esta base, la pérdida de la patria potestad como consecuencia de la declaración de divorcio por abandono injustificado del hogar conyugal por más de 6 meses es una sanción civil que transgrede el artículo 22 constitucional, pues aunque no es inusitada, sí resulta excesiva, toda vez que tiene por efecto privar absolutamente de la titularidad de derechos derivados de la patria potestad al cónyuge culpable, que presenta, además, el riesgo de afectar el interés superior del niño (ya que el abandono del hogar conyugal no implica necesariamente el abandono del niño), de manera que el carácter excesivo y desproporcional de dicha medida deriva de la posibilidad de que produzca un impacto sobre terceros vulnerables e indefensos. Asimismo, es inconstitucional porque el legislador ha establecido -a priori- la sanción de pérdida de la patria potestad para todo abandono injustificado del hogar conyugal, sin dejar al juzgador la posibilidad de graduarla o de imponer una medida alternativa (por ejemplo, una simple suspensión de la patria potestad), lo que impide valorar la pertinencia de aplicar o no dicha sanción según las particularidades del caso concreto, siendo que el legislador no debe descartar, en abstracto, la posibilidad de que la pérdida de la patria potestad lejos de beneficiar, afecte los derechos del niño.13 (El remarcado es propio)

Por lo que hace al derecho humano al nombre, la primera sala del máximo tribunal señaló, en la resolución del amparo directo en revisión 772/2012, lo siguiente:

Derecho humano al nombre. El artículo 3.38., fracción II, del Código Civil del estado de México, al prohibir implícitamente el cambio de apellidos de una persona para rectificar o cambiar su acta de nacimiento, es inconstitucional. De la fracción II del citado precepto, se advierte que la modificación o rectificación del registro de nacimiento en aquellos casos en que se demuestre que la persona ha usado invariable y constantemente otro diverso en su vida social y jurídica, sólo se encuentra prevista para modificar o cambiar el nombre propio; lo cual lleva implícita la prohibición de modificar los apellidos en el acta de nacimiento respectiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que el derecho humano al nombre implica la prerrogativa de modificar tanto el nombre propio como los apellidos, aspecto que puede estar regulado en la ley para evitar que conlleve un cambio en el estado civil o la filiación, implique un actuar de mala fe, se contraríe la moral o se busque defraudar a terceros, y que el supuesto previsto en dicho numeral consiste en la posibilidad de que una persona que haya utilizado en sus relaciones sociales, familiares o con el Estado un nombre diverso al asentado en su acta de nacimiento, pueda cambiarlo, es claro que la razón que inspira a una solicitud de modificación de nombre radica en adaptar la identificación jurídica del solicitante a la realidad social; de donde se sigue que con el cambio de apellido no existe una modificación a su estado civil ni a su filiación, pues variarlo no implica una mutación en la filiación cuando permanecen incólumes el resto de los datos que permiten establecerla, como sería el nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge; además, no puede considerarse que la solicitud correspondiente cause perjuicios a terceros, ya que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas creadas entre dos o más personas no se modifican ni extinguen sino por alguna de las causas previstas en el propio ordenamiento civil, dentro de las cuales no se encuentra el cambio en los asientos de las actas del registro civil; de ahí que tales derechos y obligaciones continúen vigentes con todos sus efectos. Por tanto, el artículo 3.38., fracción II, del Código Civil del estado de México, al prever la prohibición implícita de modificar los apellidos de una persona, carece de justificación constitucional, pues no constituye una medida necesaria, razonable o proporcional y, por ende, viola el derecho humano al nombre. 14 (El remarcado es propio)

En materia de indemnización extra patrimonial por daño moral, la SCJN declaró inconstitucionalidad de una norma al resolver el amparo directo 30/2013:

Indemnización extra patrimonial por daño moral. El artículo 1916, párrafo último, del Código Civil para el Distrito Federal, en la porción normativa que señala “la situación económica de la víctima”, es inconstitucional si se aplica para cuantificar aquélla. El citado precepto dispone que para calcular el monto de la indemnización por daño moral debe tomarse en cuenta “la situación económica de la víctima”. Así, el daño moral puede dar lugar a consecuencias de dos categorías: extra patrimoniales o morales en sentido estricto, o bien, de índole patrimonial. Ahora bien, dicha porción normativa es contraria al principio de igualdad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si se aplica para cuantificar las consecuencias extra patrimoniales del daño, en virtud de que si bien podría considerarse que el artículo 1916, párrafo último, del Código Civil para el Distrito Federal, al establecer la ponderación de la situación económica de las víctimas persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa, consistente en satisfacer el derecho a una justa indemnización, la medida no es idónea para lograr dicho fin, pues la situación económica de la víctima no es útil para medir la calidad e intensidad del daño extra patrimonial, por lo que no conduce a satisfacer el derecho a una justa indemnización, ya que la condición social de la víctima no incide, aumenta o disminuye, el dolor sufrido. Lo contrario llevaría a afirmar que una persona con mayores recursos sufre más la muerte de un hijo que una persona con menores recursos, o que una persona con bajos ingresos merece una mayor indemnización que una persona económicamente privilegiada15 (El remarcado es propio)

En adición a las instituciones enunciadas hasta el momento, mención especial merece la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, respecto a la cual nuestro país fue la onceava nación en el mundo que aceptó este tipo de matrimonio, conforme a lo señalado por Human RightsWatch.

En México, entidades federativas como Coahuila de Zaragoza y el Distrito Federal fueron pioneras en la expedición de legislaciones que, con base en el derecho a la igualdad, reconocen y tutelan las uniones civiles16 y los matrimonios entre personas del mismo sexo17 . Sin embargo, en varios estados de la República todavía se prevén figuras especiales para la unión de personas del mismo sexo (sin reconocimiento del matrimonio), lo cual, por sí mismo, resulta discriminatorio en tanto que con ello se estípula una distinción no justificable con base en el contenido esencial estipulado por los derechos humanos y el principio de igualdad.

Al respecto, la SCJN ha señalado que una norma que en sí misma resulta excluyente de un determinado componente social o que determina cualidades no permisibles a un ejercicio de convencionalidad en materia de derechos humanos, resulta inaceptable en un Estado constitucional y democrático de derecho:

Normas discriminatorias. No admiten interpretación conforme y existe obligación de reparar. Cuando una norma en sí misma discrimina a una persona o grupo de personas que se ubican en una categoría sospechosa, no es posible realizar una interpretación conforme, pues dicha norma continuaría existiendo en su redacción, aun siendo discriminatoria y contraria al artículo 1o. constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas por México en cuanto a no discriminar con base en categorías sospechosas. Estas obligaciones no pueden cumplirse mediante una interpretación que varíe la base misma del concepto impugnado y que no modifique la situación discriminatoria sufrida por dichas personas. Un planteamiento como ese es incompatible con un Estado constitucional de derecho que aspira a tratar con igual consideración y respeto a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Si se considera que una norma es discriminatoria, la interpretación conforme no repara dicha discriminación porque lo que buscan las personas discriminadas es la cesación de la constante afectación y su inclusión expresa en el régimen jurídico en cuestión; en otras palabras, no sólo acceder a esa institución, sino suprimir el estado de discriminación generada por el mensaje transmitido por la norma. Así pues, el reconocimiento público del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la inconstitucionalidad en la enunciación en caso de no preverlo expresamente, sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los meros efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que es fundamentalmente transformativo y sustantivo.18

La jurisprudencia antes indicada parte del amparo en revisión 735/2014. Los hechos muy sucintos del caso refieren que el artículo 147 de la Constitución del estado de Colima y los preceptos del Código Civil de esa entidad, reformados mediante el Decreto Número 155, transgredieron el principio de igualdad y no discriminación, la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al haber hecho una distinción entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales, generando con ello un régimen de “separados pero iguales”19 Ello, en razón de que el legislador local creó una figura similar al matrimonio para las parejas homosexuales a la que denominó “enlace conyugal”, distinción que además de no encontrar razón suficiente para justificar su existencia misma, además, excluyó a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos y materiales derivados del matrimonio.

Asimismo, se determinó por parte de la SCJN que:

Las normas impugnadas establecen un juicio de valor negativo sobre las parejas homosexuales ya que si bien no establecen una obligación de hacer o no hacer a este grupo, la norma sí obliga a las autoridades estatales a hacer una distinción entre parejas del mismo sexo y aquellas de sexo distinto.

Las normas al diferenciar el “matrimonio” del “enlace conyugal” se basan en una de las “categorías sospechosas” enunciadas en el artículo 1o. de la Constitución: las preferencias sexuales. Asimismo, las normas impugnadas excluyen de la posibilidad de adoptar a aquellas parejas que formen un “enlace conyugal” y únicamente dan preferencia a las uniones de personas de distinto sexo. A pesar de que no sea requisito para adoptar que las personas manifiesten su preferencia sexual, las normas hacen una distinción entre aquellas parejas heterosexuales y las parejas homosexuales, al dar preferencias a los matrimonios y excluir al enlace conyugal del régimen de adopción.

Adicionalmente, existen los siguientes criterios de nuestro máximo tribunal:

Matrimonio entre personas del mismo sexo. No existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales, no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad. (El remarcado es propio)

En el anterior criterio se encuentran razones de orden jurisprudencial con las que se justifica la inclusión dentro de la figura del matrimonio de las personas del mismo sexo, dejando claramente señalado que esta institución no se circunscribe únicamente a las parejas heterosexuales, sino que incluye a las homosexuales y que constituye una conducta discriminatoria, no tolerable en un estado constitucional y democrático de derecho el no permitir a las personas del mismo sexo poder acceder al mismo. Incluso, aún y cuando pudiese existir una figura con distinta denominación pero con exactamente las mismas prerrogativas concedidas al matrimonio, la sola diferenciación que se hace por motivos de preferencia sexual, incluye en sí mismo un elemento discriminatorio que atenta contra la dignidad humana de la persona.

Continuando con la figura del matrimonio, se presenta la siguiente tesis jurisprudencial emitida recientemente por el máximo tribunal constitucional:

Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.20

Otro caso reciente y de gran avance en el tópico de los derechos humanos fue alcanzado en el Amparo directo en revisión 5781/2014 en cuanto a la obligación de alimentos cuando existen menores en el matrimonio. De acuerdo con la Suprema Corte, esta obligación nace desde el momento de la filiación y puede ser ejercida retroactivamente sin importar la edad del beneficiado. De este modo, para la Corte son irrelevantes los años que hayan transcurrido toda vez que existe un derecho imprescriptible de los hijos a recibir los alimentos (entendidos en sentido amplio, de acuerdo con lo que la propia Corte ha indicado en diversos casos). Este importante criterio lo había ya delineado la Corte con antelación en el Amparo directo en revisión 2293/2013 y en el que se aprobó la siguiente tesis:

Reconocimiento de paternidad. La obligación de proporcionar alimentos nace a partir del vínculo paterno-materno-filial. La obligación de los progenitores de prestar alimentos a sus hijos queda integrada en la relación de patria potestad, pero la fuente no es la patria potestad sino la paternidad y/o maternidad en los casos de los alimentos que derivan del reconocimiento de paternidad, de tal manera que esa situación comienza para el menor desde el instante que marca el inicio de su vida, es decir, el origen es el vínculo paterno-materno-filial. Así pues, tomando en cuenta que los alimentos tienen su fundamento en razón de la generación, la única condición para la existencia de la deuda alimenticia -en los casos de los alimentos que derivan del reconocimiento de paternidad- reside en que exista el lazo o vínculo entre padres e hijos derivado de la procreación. Por tanto, en dichos supuestos, la existencia del nexo biológico es el fundamento del derecho alimentario y no el reclamo judicial. Sentado lo anterior, queda de manifiesto que la sentencia que admite el estado de hijo es declarativa de estado: sólo reconoce una situación jurídica anteriormente existente y, por lo tanto, su efecto propio es la retroactividad al momento en que quedó constituida la relación o situación jurídica a la cual se refiere; es decir, la adjudicación de la paternidad es un requisito previo para el cumplimiento del deber alimentario, pero no crea la obligación.21

IV. Consolidación del sistema jurídico mexicano

Como puede advertirse, son diversos los fallos en los que nuestro máximo tribunal se ha pronunciado con relación a las instituciones civiles y familiares contenidas en el derecho local, argumentado aquellos principios contenidos en la reforma constitucional de junio de 2011 y los enunciados en las normas internacionales suscritas por el Estado mexicano.

No hay que perder de vista también que si bien, la SCJN es el último intérprete de la Ley Suprema, el legislador es quien interpreta dicha norma en un primer momento ya que mediante su actividad es quien modela y da contenido a las normas jurídicas que habrán de regir y aplicarse en toda la sociedad. Por ello, es de trascendental importancia que los legisladores de las entidades federativas incorporen plenamente a su normatividad aquellos principios delineados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

Para los legisladores la labor jurisprudencial de la Suprema Corte resulta de especial importancia, ya que mediante los precedentes de esta nos es posible identificar, con mayor facilidad, aquellas disposiciones jurídicas –que son similares o idénticas a las de otros estados– que han sido declaradas inconstitucionales por dicho tribunal.

Si las legislaturas locales toman en cuenta dichos criterios, además de cumplir con su responsabilidad de incorporar a su orden jurídico los postulados contenidos en la Carta Magna y en el derecho internacional, también estarán previniendo que, en el futuro, se emitan sentencias que declaren inconstitucionales las normas que no hayan sido adecuadas conforme a lo estipulado en nuestra ley suprema.

Por lo anterior, y dado que la estructura de nuestro sistema federal permite la coexistencia de un orden jurídico federal y los correlativos de cada entidad federativa en ciertas materias, como es el caso de la legislación civil y familiar, el que suscribe, considero oportuno que esta Cámara de Diputados gire un respetuoso exhorto a las legislaturas de los estados, a fin de que las mismas emprendan las medidas legislativas necesarias para incorporar en sus ordenamientos jurídicos los precedentes emitidos por la SCJN, y para que desarrollen en los mismos los más altos estándares previstos en el derecho internacional de los derechos humanos.

Si los legisladores locales adoptan a cabalidad el paradigma protector acogido ya en otras instancias y órdenes de gobierno del Estado mexicano, nuestro país se aproximará cada vez más a la consolidación del estado constitucional y democrático de derecho que todos anhelamos, en el que se garanticen y respeten los derechos de todas las personas por cada ámbito de gobierno, como sucede en otras latitudes del mundo.

Por lo anterior, de aprobarse el exhorto propuesto y, en su caso, sea atendido por los Congresos locales, se estará avanzando hacia la adecuación de las normas estatales con los criterios jurisprudenciales del máximo intérprete de nuestra Constitución federal y, eventualmente, también se darán pasos hacia la consolidación de la legislación local conforme a lo establecido por el texto constitucional y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Si las entidades federativas se suman a esta labor, también se estará dando seguimiento a las recomendaciones aceptadas por México ante la comunidad internacional de Estados, particularmente las relativas a armonización y fortalecimiento del marco normativo e institucional,22 ya que como es sabido las autoridades de los distintos poderes y órdenes de gobierno conforman, todas en conjunto, al Estado mexicano.

Por último, con tales acciones, se dará un paso de la mayor importancia para que nuestra reforma constitucional de 2011 pase del plano de la abstracción al de la realidad concreta, beneficiando así a toda la población del país.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las entidades federativas para que emprendan las medidas legislativas necesarias para incorporar, en su legislación civil y familiar, los más altos estándares en materia de derechos humanos señalados en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Notas

1 Para mayor abundamiento sobre el sentido y alcance de estos principios véase la Tesis: I.4º.A.9 k (10ª.), Materia Constitucional, 10ª Época, Tesis Aislada.

2 Véase los documentos: “Diagnóstico sobre la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, evaluación del proceso a tres años de su entrada en vigor: una perspectiva integral del Estado mexicano” y “Avances y retos en la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos”, publicados en junio de 2014 y junio de 2015, respectivamente, en conjunto por los tres Poderes de la Unión.

3 Tesis: P./J. 21/2014 (10ª.), Materia Común, Jurisprudencia.

4 Tesis: 1a./J. 28/2015 (10a.). Jurisprudencial (constitucional).

5 Tesis: III.2o.C.25 C (10a.) Tesis aislada (constitucional)

6 Amparo directo en revisión 1819/2014, párrafo 70, 73-75.

7 Tesis: 1a. LIX/2015 (10a.) Aislada (constitucional).

8 Tesis: 1a. LVIII/2015 (10a.) Aislada (constitucional).

9 P./J. 13/2011. Jurisprudencia (constitucional).

10 Acción de inconstitucionalidad 8/2014.

11 Tesis: 1a. CXVIII/2012 (10a.), Materia constitucional. Décima época. Tesis aislada.

12 Véase la Tesis: 1a. CCV/2011 (9a.), Materia constitucional. Décima época. Tesis aislada.

13 Tesis P./J. 61/2008, Materia constitucional- civil, novena época, Jurisprudencia.

14 Tesis: 1a. CXCVIII/2012 (10a.), Materia constitucional. Décima época. Tesis aislada.

15 Tesis: 1a. CCLXXIV/2014 (10a.), Materia constitucional. Décima época. Tesis aislada.

16 Las Sociedades de Convivencia en el Distrito Federal fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre de 2006. La figura del Pacto Civil de Solidaridad fue aprobada por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza el 11 de enero de 2007.

17 El 21 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa del DF aprobó diversas reformas al Código Civil de esta entidad, mediante las cuales se reconocieron los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esas reformas fueron publicadas el 29 de diciembre de ese año y entraron en vigor el 4 de marzo de 2010.

El 1 de septiembre de 2014, el Congreso de Coahuila de Zaragoza aprobó diversas reformas a los Códigos Civil y Procesal Civil, mediante las cuales se regula en esta entidad federativa las figuras del matrimonio igualitario, el concubinato y la sociedad de convivencia entre personas del mismo sexo. Dichas reformas fueron publicadas el 16 de septiembre de ese mismo año y entraron en vigor al día siguiente de su publicación.

18 Tesis: 1a./J. 47/2015 (10a.), Materia constitucional. 10ª época. Jurisprudencia.

19 Para profundizar en este régimen, véase la clásica remisión al caso Brown vs. Board of Education of Topeka

20 Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.) Materia Constitucional, civil. Jurisprudencia.

21 Tesis: 1a. LXXXVI/2015. 2015 (10a.) Materia civil. Tesis aislada.

22 Véase las recomendaciones 148.21, 148.35, 148.38 del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, vigésimo quinto período de sesiones, documento A/HRC/25/7, pp. 16 y 17.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputado Armando Luna Canales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales y a la ALDF a revisar sus marcos normativos a fin de armonizarlos con la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Jaqueline Nava Mouett, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, acorde a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente, el último párrafo del artículo 4o. que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”, y estableciéndose una ley de orden público e interés social, así como de observancia general en toda la República, por tanto, corresponde su aplicación bajo el principio de concurrencia previsto en la fracción XXIX-J del artículo 73 Constitucional (reformada el 12 de octubre de 2011); y en consecuencia, implica establecer las bases generales para la distribución de competencias, coordinación y colaboración entre el Ejecutivo federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), las autoridades estatales, del Distrito Federal y las municipales, así como los sectores social y privado.

Luego entonces, las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, tienen entre sus facultades expedir e iniciar leyes o decretos que establezcan las bases de coordinación con la federación, entidades y sus municipios; leyes eficientes que garanticen, en el ámbito de su aplicación, un correcto desempeño, con homologación de criterios, que armonicen y estén acorde al entramado del orden jurídico nacional en la concurrencia entre los tres niveles de gobierno referida anteriormente, que precisen y distribuyan con claridad las responsabilidades, competencias y mecanismos para una coordinación eficaz con pleno respeto a las atribuciones que a cada quien corresponda; y en consecuencia, ello implica la obligación primordial de los diputados para velar por el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos, así como la efectiva aplicación de la ley.

La “Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte” adoptada el 21 de noviembre de 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su vigésima reunión en París, determina como finalidad la de “poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.”; y en sus 10 artículos determina claramente que: “La práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos...”; “La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación...”; “Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales...”; “La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado...”; “Para la educación física y el deporte son indispensables instalaciones y materiales adecuados...”; “La investigación y la evaluación son elementos indispensables del desarrollo de la educación física y el deporte...”; “La información y la documentación contribuyen a promover la educación física y el deporte...”; “Los medios de comunicación de masas deberían ejercer una influencia positiva en la educación física y el deporte...”; “Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la educación física y el deporte...”; y “La cooperación internacional es una de las condiciones previas del desarrollo universal y equilibrado de la educación física y el deporte...”.

Así entonces, la Carta de las Naciones Unidas proclama la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y por tanto, afirma su resolución de promover el progreso social y elevar el nivel de vida para las personas, con el énfasis en que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte; aunado a que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de la vida en los planos nacional e internacional, por ende la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos subrayando, por consiguiente, que la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humanas, y más aún, integrar la educación física y el deporte en el medio natural equivale a su enriquecimiento, inspira el respeto hacia los recursos del planeta y despierta el deseo de conservarlos y utilizarlos para el mayor provecho de la humanidad entera.

Aunado a lo anterior, el “Informe Final de la V Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte” celebrada en Berlín, Alemania el 29 y 30 de mayo de 2013, en la que se manifiestan Llamamientos a todas las Partes Interesadas, determina Compromisos y Recomendaciones para los Estados, y señalando en concreto: “El acceso al deporte como derecho fundamental para todos”; “La promoción de la inversión en programas de deporte y educación física”; y “La preservación de la integridad del deporte”. Por tanto, las partes interesadas, habrían de realizar las adecuaciones necesarias en sus Marcos Normativos, así como de emprender las acciones pertinentes en sus estructuras de Gobierno, además de lo referente al ámbito social y privado.

Por consiguiente, nuestra Ley General de Cultura Física y Deporte ha estado avanzando en su configuración acorde a los Compromisos Internacionales signados y ratificados; sin embargo, aún no basta de perfil, existen aún sensibles pendientes que hay que reforzar e incentivar, y que son primordiales de observancia general para encontrar los mecanismos de aplicación de manera eficaz dirigidos a las personas sin importar su edad o condición social o económica, y en la medida correspondiente, a aquellos que deciden dedicar su vida a actividades deportivas.

En particular, el artículo 36 de la propia Ley General de Cultura Física y Deporte determina que:

En el ejercicio de sus atribuciones, los estados, el Distrito Federal y los municipios, observarán las disposiciones de esta ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables en la materia, nacional e internacionales.

Los Congresos de los estados, con apego a sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedirán los ordenamientos legales que sean necesarios para regular las materias de su competencia previstas en esta ley, contemplando lo relacionado a estímulos fiscales y deducciones de impuestos.

Los ayuntamientos, por su parte, dictarán las disposiciones administrativas que correspondan, con apego a lo establecido por la presente ley.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte (abrogando la anterior del 24 de febrero de 2003), ha sido reformada y adicionada recientemente en diversas Disposiciones, las cuales se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2014, y en los términos de los Artículos Transitorios del Decreto, establece los plazos para las adecuaciones a las Disposiciones legales y administrativas que implican a las Autoridades tanto Federales como de las Entidades Federativas, y además, incluye en su Artículo Segundo Transitorio a las Legislaturas de los Estados y la del Distrito Federal; sin embargo, y a pesar de aquellos plazos señalados, diversas Legislaturas y Titulares del Ejecutivo de las Entidades Federativas, así como las Autoridades correspondientes del Distrito Federal, aún no han actualizado ni adecuado sus Marcos Normativos acorde a las últimas reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte; por otro lado, también hay reformas ejemplares en algunas Legislaturas Locales, en las que se han realizado las Reformas pertinentes, así como las gestiones señaladas para los Titulares del Ejecutivo Estatal, y lo concerniente a las Autoridades Municipales; pero no basta de esfuerzos, lo que hace imperativo, loable y oportuno considerar seriamente, que ésta Soberanía emita un exhorto al respecto.

Por lo expuesto someto a consideración de ésta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados y del Distrito Federal a revisar sus marcos normativos con el propósito de realizar las reformas pertinentes en sus legislaciones para actualizarlas y armonizarlas con la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo estatal de las entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal a incorporar a la mayor brevedad las actualizaciones reglamentarias necesarias derivadas de la armonización que las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realicen a sus disposiciones acorde al contenido de los términos de la Ley General en la materia.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo estatal de las entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal, así como a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se implementen las previsiones presupuestales y administrativas necesarias con el propósito de reforzar la ejecución de los términos de la normatividad relativa al deporte mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputada Jacqueline Nava Mouett (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobierno de Guerrero a investigar la aplicación de los recursos destinados a la reparación de los daños ocasionados por las tormentas Ingrid y Manuel en la entidad; y se solicita la creación de una comisión especial que dé seguimiento a la aplicación de los recursos destinados a dicho acontecimiento, suscrita por los diputados Lluvia Flores Sonduck y Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados por la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Lluvia Flores Sonduk y Victoriano Wences Real, en ejercicio en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Hace dos años las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, en las costas del golfo y pacífico, respectivamente; provocaron grandes daños de magnitud colosal generando una gran crisis, tantos daños materiales y humanos, ocasionando particularmente perjuicios a la población indígena y comunidades afrodescendientes.

Estas tormentas tropicales afectaron a la gente más pobre y humilde de muy escasos recursos económicos, quienes sufrieron por deslaves en los cerros y montañas, ríos desbordados, caída de puentes, casas derribadas, hundimientos de suelo, caminos rurales destrozados, pérdida de cosechas y, lo peor de todo, pérdidas humanas, en la mayoría de los municipios de Guerrero.

Desde septiembre del año pasado persisten los problemas que causaron las tormentas tropicales que motivó presentar sendos puntos de acuerdo en esta soberanía. Ahora aún existen, al menos, 100 comunidades que sufrieron severamente los embates de las fuertes lluvias desde hace dos años. La vida de las comunidades indígenas y de sus familias aún no se ha normalizado, a pesar de la promesa de destinar más de 41 mil millones de pesos para reactivar las pérdidas en el Estado, prometidas por el propio titular del Ejecutivo Federal.

Por eso es que las comunidades afectadas han venido reclamando el cumplimiento de los compromisos contraídos por el gobierno federal a través de sus instituciones. Entre estos acuerdos incumplidos está el abastecimiento de granos básicos, la reconstrucción de viviendas y carreteras, puentes vehiculares y puentes colgantes.

Habría que recordar que públicamente se reconoció a 40 mil guerrerenses en albergues, en 157 refugios. Sin embargo en la Región de la Montaña no se conoció de refugios o albergues para damnificados. Apenas se supo de algunas brigadas médicas en Metlatónoc, pero se desconoció de actividades de grupos de rescate y en el envío de despensas fue mínima. La gente perdió sus pocas pertenencias y su cosecha de forma grave. La realidad que se vivió fue aterradora. Muchas familias se protegieron de casas hechas de plástico con horcones soportando las bajas temperaturas y a esto se agregó la escases de alimentos.

A estas afectaciones catastróficas en Guerrero generadas por las tormentas tropicales debemos agregar responsabilidades, omisiones, errores, negligencias e indolencias de funcionarios de los tres niveles de gobierno, antes, durante, y después de la tormenta tropical Ingrid y Manuel al no alertar a tiempo de los graves riesgos a la población y también por permitir construir en zonas de riesgo y hasta desatender a las víctimas y damnificados en tiempo y forma.

Este panorama de desolación se vivió en todas las regiones de Guerrero. El presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera ha denunciado por diversos medios que la Montaña sigue en el olvido, rezago y corrupción en la entrega de viviendas por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), así como en el reparto de granos básicos que prometió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en virtud que más 90 comunidades siguen sin recibir lo prometido.

Mientras que las casas que se quieren entregar en la Región Centro tienen deficiencias estructurales y sufren de humedad a tal grado que existen casas con hongos en su interior poniendo en peligro la salud de sus habitantes y lo que genera que se carezca de una vivienda digna.

Asimismo, las casas que se construyeron en la cuenca del río Papagayo no cumplen con los estándares estructurales, al haberse cimentadas en pilares improvisados, lo que ha creado una total desconfianza de las familias que pudieran habitarlas, a tal grado que han sido rechazadas de forma rotunda.

En el caso de la nueva comunidad La Pintada, en el municipio de Atoyac, el titular del Ejecutivo federal fue a entregar 125 casas habitación pero sólo fueron pintadas con nuevas fachadas sin haber cimentado conforme a la normatividad de construcciones.

Por otra parte, en el puente de Lomas de Chapultepec está en el olvido, toda vez que lleva más de dos años que no se ha concluido, lo que significa que ha prevalecido la improvisación, la omisión y la irresponsabilidad de muchos funcionarios que vieron en la desgracia de muchos guerrerenses como un negocio y la oportunidad de obtener beneficios personales.

Debemos agregar que el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Región de la Montaña, conformada por 185 comunidades de 13 municipios, ha emplazado a los tres niveles de gobierno para realizar una nueva revisión de los apoyos otorgados pues aún la gran mayoría de ellas carecen de escuelas, centros de salud, carreteras, caminos, red de agua potable y la reubicación de 28 comunidades que siguen asentadas en zonas de alto riesgo.

Denuncian que el padrón de la Sedatu en la Montaña censa 4 mil 351 viviendas afectadas, pero el Consejo de Damnificados afirma que existen 2 mil 988 que no fueron contempladas aún en los padrones oficiales y que incluso comunidades de tres municipios siguen sin ser verificadas.

En lo que refiere a las comunidades que se dedican a la producción de café, más del 90 por ciento de los huertos fueron dañados y registrados como pérdidas totales que no han sido atendidos. En tanto que 85 pueblos resultaron con daños en parcelas, en su mayoría de maíz, frijol y calabaza.

En general demandan atención a dos años de los siniestros provocadas por las tormentas tropicales, toda vez que observan que no se les ha atendido para mitigar sus necesidades básicas.

Sigue en nuestra memoria el reclamo por la desatención que han sufrido y que en sus propias palabras manifestaron “para el gobierno no existimos, no les dolemos”. A esto debemos agregar el abandono histórico que padecen las comunidades indígenas en nuestro país, particularmente en Guerrero.

Las comunidades reclaman una atención pareja, y no un trato discriminatorio como el que se les ha venido dando.

Por estas consideraciones sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus facultades gire instrucciones la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Salud (Ss); para que en uso de sus facultades den atención de forma pronta y expedita, con apoyo culturalmente pertinente a todas las comunidades y municipios con población indígena del Estado de Guerrero; y cumplir con los acuerdos de abastecimiento de granos básicos, reconstrucción y reubicación de viviendas y centros de salud, construcción de carreteras y caminos rurales, puentes vehiculares y puentes colgantes; afectados por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel de hace dos años.

Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política en uso de sus atribuciones, proceda a llevar a cabo la creación de una Comisión Especial de Investigación, para dar seguimiento, evaluar, revisar de forma integral y exhaustiva la aplicación transparente de los recursos públicos destinados al Programa denominado “Nuevo Guerrero” destinado a la reconstrucción de los daños provocados por las tormentas tropicales en mención en el Estado de Guerrero, mediante Acuerdos de Declaratoria de desastre de protección de civil de la Secretaría de Gobernación en aspectos de vivienda (SE.155.06 06-11-13 ); infraestructura (SE.156.03 22-nov-13); carretera federal (SE.157.14 02-Dic-13); carretera estatal (SE.156.04 22-nov-13) y carretera federal (SE.156.08 22-nov-13).

Tercero. La Comisión Especial de Investigación y seguimiento del “Programa Nuevo Guerrero” se integrará por el número de diputados que tenga a bien de determinar la Junta de Coordinación Política, respetando en todo momento el criterio de proporcionalidad y tomando en consideración la pluralidad representada en esta Cámara.

Cuarto. El acuerdo de creación de la Comisión Especial, en mención, iniciará su vigencia a partir del día de su aprobación por parte del pleno de la Cámara de Diputados y estará vigente hasta el cumplimiento de su función.

Quinto. La Comisión Especial contará con los recursos necesarios humanos y financieros que le provea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2015.

Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica)

Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Cofece a difundir un estudio sobre mercado agroalimentario y sus recomendaciones, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Blandina Ramos Ramírez, diputada de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, de Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 23 de julio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, presentó su medición de la pobreza en la cual se determina que poco mas de 28 millones de mexicanos se encuentran en pobreza alimentaria, al no contar con los ingresos suficientes, ni los medios para hacerse de alimentos.

El Estado mexicano se ha comprometido con la competencia económica. La asume como un imperativo para elevar la productividad y el bienestar del consumidor. Por eso, ha iniciado los trabajos de evaluación y de regulación para reordenar el mercado agroalimentario. Es un mercado que padece grandes distorsiones que están elevando los daños en el ingreso del productor y en la capacidad de compra del consumidor, reduciendo la capacidad de innovación y limitando mayores niveles de producción y de productividad.

Es un mercado con altos niveles de concentración y de dominancia en muchos de los mercados relevantes. Se han roto los índices de concentración internacionalmente aceptados y en materia de insumos, particularmente en semillas y en las importaciones y distribución de fertilizantes, pero también de manera pronunciada en el control del almacenamiento, en el acopio, la comercialización y en las ventas al menudeo se ha llegado a niveles insostenibles.

Los altos grados de concentración y de dominancia que hoy existen también han originado que los márgenes de comercialización y de ganancia se tornen realmente excesivos e inaceptables en muchos de los casos. Es una intermediación que provoca una mayor volatilidad de precios y rompe con las metas inflacionarias establecidas por el Banco de México, además de que anulan todos los esfuerzos y recursos destinados a combatir el hambre y la pobreza.

El mercado agroalimentario tiene un valor superior a 1 billón de pesos. Es más de 8 por ciento del producto interno bruto, PIB. Es un mercado integrado por casi 7 millones de productores y más de 119 millones de consumidores.

Pero todos ellos asisten diariamente al mercado en forma dispersa y fragmentada y sin ninguna capacidad de negociación. Es un mercado con pocos competidores tanto en alimentos procesados como en la comercialización de productos agropecuarios. Las barreras a la entrada son verdaderamente excesivas y anulan la verdadera competencia.

La urgencia de ordenar el mercado agroalimentario tiene una plena justificación. La población padece de manera sistemática de las prácticas de la especulación y el ocultamiento de productos.

La colusión se ha convertido en regla de conducta de las empresas dominantes para la fijación de precios que arruina el valor de las cosechas, y junto al control de los almacenes, se impide ordenar la oferta, se provoca las ventas de desesperación y de urgencia por la presión de pagar los créditos y enfrentar los vencimientos y con ello se sacrifica el ingreso de los productores, se distribuyen y se segmentan mercados, se imponen condiciones de exclusividad y se extiende cada día los esquemas para establecer el sistema de ventas atadas por parte de los grandes distribuidores y comercializadores.

Hay que reconocer que, a lo largo de los 20 años de existencia de la Comisión Federal de Competencia, Cofece, el estudio y la evaluación sobre los niveles de competencia en el mercado agroalimentario, no ha sido puesto como prioridad. Los mecanismos de regulación son muy laxos, inexistentes en muchos casos. La nueva Cofece tiene mayores facultades, y ha llegado el momento de que el mercado agroalimentario se someta a investigación. La nueva institución encargada de garantizar la competencia y combatir las prácticas monopólicas y las concentraciones anticompetitivas debe también crear una sección o una oficina especial dentro de su estructura y atribuciones para mantener una evaluación permanente y sistemática de las distorsiones que se presentan en dicho mercado dado que los efectos de la dominancia son altamente sensibles para la población.

El pasado 23 de octubre de 2014, el pleno de la Cofece, con fundamento en los artículos 28, párrafos primero, segundo, décimo cuarto y vigésimo, fracción I, XXIII y XXX y 18, párrafo séptimo, de la Ley Federal de Competencia Económica; 1, 4, fracción I, 5 fracción XVIII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica, acordó la realización de un estudio del mercado agroalimentario.

Con ello se determinó la realización de un estudio y recomendaciones correspondientes al mercado agroalimentario; cuya publicación debería estar disponible a partir del mes de agosto del 2015.

En vista de lo anterior, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que en un plazo no mayor a 15 días hábiles, publique el estudio sobre el mercado agroalimentario, así como sus recomendaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputada Blandina Ramos Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y las secretarías locales encargadas del área agropecuaria a destinar mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para detener, prevenir y erradicar el pulgón amarillo del sorgo, a cargo de diputadas del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1 fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados; 22 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, las que suscriben, diputadas Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El sorgo es uno de los cultivos alimentarios más importantes del mundo; se cultiva en África, Europa, Asia y América, se usa como cereal destinado al consumo humano, para la producción de forrajes y de escobas, así como alimento animal, siendo este su uso más preponderante en el caso del campo mexicano.

Dadas las características específicas de este grano, presenta una elevada resistencia a la sequía y a las temperaturas elevadas, convirtiéndolo en uno de los cultivos predilectos y más relevantes de nuestro país, sobre todo en los estados con climas más calurosos como Tamaulipas, Coahuila y Durango, entre otros.

La superficie destinada a este cultivo ha superado los dos millones de hectáreas en promedio durante la última década, y se estima que este año llegarán a las 2, 254, 558.96 (Dos millones, doscientos cincuenta y cuatro mil quinientas cincuenta y ocho) hectáreas sembradas, generando un volumen de cosecha en 11, 114, 301 (Once millones, ciento catorce mil, trescientas una toneladas); con un rendimiento de casi 5 toneladas por hectárea.

El sorgo, es uno de los 52 productos agrícolas más importantes de nuestro país debido a su gran producción y rentabilidad; existen múltiples variedades. En México tenemos una alta producción de los llamados sorgo grano, sorgo forrajero y sorgo escobero; el sorgo grano es el más sembrado en nuestro país, y se usa principalmente para abastecer a la industria de alimentos para el ganado; el sorgo forrajero, se utiliza como forraje verde o seco, y, por último, el sorgo escobero, en el cual se utiliza la espiga para la fabricación de escobas.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha referido que este cultivo tiene una alta producción, y que la manera correcta de sembrarlo nos puede dar un total de entre 85 y 150 mil plantas por hectárea, lo cual refrenda su alto valor no sólo comercial como insumo, sino económico y social, puesto que genera miles de empleos en el territorio nacional.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), coloca a México como uno de los 5 principales productores de sorgo en el mundo, y como el productor preponderante en América Central y del Caribe, concentrando más de 90 por ciento de la producción total de este cultivo.

Para nosotras es importante hacer del conocimiento de esta honorable Cámara que, en los últimos años se ha presentado una plaga conocida como el “pulgón amarillo”, cuyo nombre científico es Melanaphis sacchari, (Zehntner) originaria de África, y cuyos principales hospedantes son el sorgo, la avena, la caña de azúcar, el trigo y la cebada, y como secundarios, arroz, maíz y algunos pastos.

El insecto segrega sustancias azucaradas sobre la superficie de la hoja del cultivo lo que afecta la succión de savia e infesta el envés de las hojas, presentándose manchas rojas, que posteriormente se tornan marrón rojizo lo que lleva a la aparición de moho, dado que invaden hasta los tallos y las panojas, afecta la calidad de las plantas de manera casi inmediata, y es capaz de secarlas en pocos días, el resultado final es la reducción de la calidad del producto y del rendimiento de la cosecha entre 30 y 70 por ciento.

Dicha plaga tuvo sus primeros registros en nuestro país en el municipio de Méndez, Tamaulipas, en octubre de 2013, causando pérdidas a algunos productores de hasta cien por ciento de sus cosechas; este año, desgraciadamente las afectaciones del pulgón fueron aún más cuantiosas, y tuvo un efecto devastador en estados como Morelos, donde infectó a la totalidad de la producción local y de la cual sólo se logró rescatar una parte de la cosecha con el esfuerzo de las autoridades fitosanitarias, otro caso grave fue el que suscitado en el estado Guanajuato, donde se confirmó que el pulgón amarillo afecto 90 por ciento de este cultivo.

En la Comarca Lagunera el pulgón amarillo tuvo un grave impacto sobre las áreas de cultivo; los productores “afortunados” en municipios como Matamoros, pudieron rescatar sólo 50 por ciento de su producción, y esta cosecha rescatada también se vio afectada, resultando en una pérdida considerable de la calidad y naturalmente, una caída considerable en su precio.

Desde 2014 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria (Senasica), con una inversión de 13.6 millones de pesos, ha llevado a cabo acciones de control para proteger alrededor de 1.2 millones de hectáreas, en la que se producen 16 millones de toneladas con un valor estimado en 37 mil 715 millones de pesos.

La estrategia consiste en una campaña fitosanitaria, en la cual se realiza un muestreo para la detección de las primeras poblaciones de la plaga, a fin de llevar a cabo de manera oportuna acciones de control biológico, químico y cultural.

Si las poblaciones son bajas, y con el fin de evitar que se incrementen, se han adoptado la técnicas del control biológico, que consiste en la reproducción y liberación controlada de depredadores naturales, para lo cual se produce un insecto altamente efectivo contra la plaga denominado crisopa (Chrysoperla carnea).

En el caso de poblaciones altas de pulgón amarillo, se utiliza el control químico con diversos productos que se rotan para evitar resistencias, además de las acciones de control cultural que implican la eliminación de socas (residuos de cosechas anteriores) y hospederos secundarios preferenciales con el fin de que reduzcan el impacto de este insecto procurando, por supuesto, la menor afectación posible a los cultivos.

Cabe destacar que con el objetivo de reducir los niveles de infestación en nueve entidades del país, para 2015, la campaña realizada por el Senasica contempló un ciclo de cinco actividades de combate: el muestreo de los cultivos para la detección, el control de los focos de infestación, el trampeo para prevenir el esparcimiento de la plaga, la divulgación de los resultados obtenidos y la capacitación a los productores y autoridades sanitarias; para dicho programa, se contempló un presupuesto de 17.6 millones de pesos, de los cuales 15.1 millones fueron aportados por el gobierno federal y 2.5 millones por los gobiernos estatales.

Adicionalmente, la Sagarpa destinó 20.5 millones de pesos para la atención de la plaga en Guanajuato, la Región Lagunera (Coahuila y Durango), Veracruz, Puebla y Morelos, sin embargo, aún no es suficiente para prevenir algunos escenarios devastadores como los que se han mencionado.

Por otra parte, de acuerdo con datos de la Sagarpa, a la fecha se han destinado más de 50 millones de pesos para llevar a cabo acciones de control de esta plaga en 17 entidades del país.

Cabe mencionar que si bien dentro de la estrategia de control de la Sagarpa se han llevado a cabo reuniones con productores y autoridades, es claro que existe una alerta en nuestro país por esta plaga, dado su veloz crecimiento y su capacidad de reproducción; lo que hace necesario que las autoridades federales y estatales en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria cuenten con una mayor capacidad de respuesta que les permita atender de manera rápida, eficiente y eficaz este problema, y evitar así que nuevamente se pierdan cosechas enteras por los efectos de esta plaga.

Es por lo anterior, y considerando la protección de los ciclos de cultivo del próximo año, que creemos que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal así como sus homólogas en los gobiernos de los estados, deben asignar mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos en sus políticas de sanidad vegetal y estrategias de combate al pulgón amarillo así como incrementar la capacitación a productores y técnicos, la divulgación de las acciones requeridas para el manejo fitosanitario de la plaga, ya que su participación es indispensable para que la campaña opere con éxito a fin de prevenir los escenarios que se han presentado y evitar que miles de familias campesinas pierdan su fuente de ingresos.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno de la República, así como a sus homólogas encargadas del área de agricultura de los gobiernos estatales, para que destinen mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detección, prevención y erradicación del pulgón amarillo del sorgo y evitar que se afecte a la producción de este cultivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputadas: Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy, María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la atención médica del licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, en el hospital regional Adolfo López Mateos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la atención médica del licenciado Sebastián Lerdo de Tejada en el hospital regional “Adolfo López Mateos”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 25) establece a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. La salud fue reconocida nuevamente como derecho humano en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1) que describe el derecho a la salud como “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.1

“En los últimos años, se ha prestado mucha atención al derecho a la salud y se ha elaborado una amplia definición de este derecho humano: El derecho a la salud es un derecho inclusivo que se extiende no sólo a una atención médica oportuna y apropiada, sino que también a los determinantes implícitos de la salud, como el acceso a agua potable y segura y saneamiento adecuado, condiciones ambientales y laborales saludables y acceso a la educación e información relativa a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva”.2

Segunda. El derecho de la salud se trata de un derecho prestacional, de segunda generación, cuyo cumplimiento ha de ser progresivo, de acuerdo al nivel de desarrollo y de los recursos disponibles para destinar la satisfacción del mismo. Sin embargo, hoy la protección de la salud se ha convertido en una materia recurrente en la violación de los derechos humanos en México.

Cabe señalar que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la violación al derecho a la salud presume: a) el abandono de paciente; b) el aislamiento hospitalario o penitenciario por tener la condición de seropositivo o enfermo de VIH; c) la deficiencia en los tramites médicos; d) la falta de notificación de estado de salud de VIH; e) la investigación científica ilegal en seres humanos; f) la negativa de atención médica; g) la negativa de atención médica por tener la condición de seropositivo o enfermo de VIH; h) la negativa o inadecuada prestación de servicio público; i) la negligencia médica y j) la violación del derecho a la protección a la salud.3

Tercera. En estos últimos tiempos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que “las instituciones encargadas de proteger el derecho a la salud en nuestro país muestran profundos problemas para atender las demandas de la población mexicana, lo cual se observa históricamente en las diversas quejas que al respecto recibe la CNDH. Las violaciones más frecuentes se encuentran relacionadas con la omisión de proporcionar atención médica, principalmente. Sin embargo, también se registran casos por negligencia médica, abandono del paciente, aislamiento hospitalario, integración irregular de expedientes clínicos, deficientes trámites médicos, violencia obstétrica, así como diversas omisiones relacionadas con el suministro de medicamentos, servicios de hospitalización, información sobre el estado de salud e implementación de infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud, entre otros”.4

Cuarta. Asimismo, de acuerdo al Informe de Actividades, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las quejas presentadas ante ese organismo, las principales autoridades presuntamente responsables son Instituto Mexicano de Seguro Social (1,542); Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (1,177); Secretaría de la Defensa Nacional (642); Policía Federal (580); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (538) ; Secretaría de Educación Pública (530); Procuraduría General de la República (487); Instituto Nacional de Migración (450); Secretaría de Marina (374), así como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (326).5 Es decir, las dos instituciones más importantes de salud, son señaladas por los quejosos ante la CNDH, como autoridades transgresoras de derechos humanos.

Quinta. Con boletín de prensa, fechado el 23 de mayo de 2015, el ISSSTE informó sobre el fallecimiento de su director general, el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada. Esto del siguiente modo:

Fallece director del ISSSTE

México, DF, a 23 de mayo de 2015.

El Director del Hospital Adolfo López Mateos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Roberto Baños Tapia, informó que el día de ayer viernes 22 de mayo a las 22:20 ingresó a este nosocomio el C. Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Director General del ISSSTE, traído por ambulancia de emergencias, asistido por médicos y paramédicos.

Informó que se realizaron maniobras de reanimación por 30 minutos y se declaró la defunción a las 22:56 horas, por infarto agudo al miocardio.

El personal Directivo del Instituto y todos los trabajadores lamentan profundamente el deceso de quien llegó a transformar a esta institución, servidor público ejemplar”.6

Sexta. Meses después de ocurrida la muerte del entonces director del ISSSTE, el 4 de septiembre de 2015, circuló un video donde claramente se violan los protocolos de atención médica para el licenciado Lerdo de Tejada (NOM 027-SSA-2013).7

En el video se constata lo siguiente: a) abandono del paciente; b) falta de probidad y atención inmediata frente al estado grave el paciente; c) falta de infraestructura física y equipo médico para atender la urgencia médica, y d) ausencia de médicos e insuficiencia de paramédicos.

Séptima. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó que se investigará la muerte de su director, Sebastián Lerdo de Tejada, ocurrida el pasado 23 de mayo.

El ISSSTE señaló que la prestación de sus servicios médicos “responde a protocolos generales de atención” por lo que darán seguimiento al caso de su director por la supuesta falta de implementación de éste.

“En razón de lo anterior, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informa que el Comité de Quejas Médicas, órgano colegiado y de conformación interdisciplinaria, así como la Comisión de Vigilancia y el Órgano Interno de Control, han iniciado una investigación para revisar el cumplimento de dichos protocolos durante la atención recibida por el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, en el hospital regional Adolfo López Mateos el día de su fallecimiento”, señala el texto del boletín de prensa.

Octava. En ocasión del lamentable fallecimiento del director del ISSSTE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra habilitada para iniciar un Queja de Oficio sobre el caso, según lo previene el Artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3°, primer párrafo, 4°, 6°, fracciones II y VII, y 15, fracciones I y III de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el artículo 89 de su Reglamento Interno.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que con fundamento 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., primer párrafo, 4o., 6o., fracciones II y VII, y 15, fracciones I y III de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 89 de su Reglamento Interno, inicie una queja de oficio que derive en una expedita y completa investigación sobre la presunta violación de los derechos humanos del entonces director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, licenciado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias , durante su atención médica en el Hospital Regional “Adolfo López Mateos”.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al director de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, haga pública la investigación con relación a la revisión de los protocolos de actuación médica sobre la atención recibida al licenciado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias , en el hospital regional “Adolfo López Mateos” el día de su fallecimiento.

Notas

1 World Medical Association, “The right to health, a human right enshrined in international Human Rights Lawver”, ver: http://www.wma.net/es/20activities/20humanrights/10health/, 19 de septiembre de 2015.

2 Ibídem.

3 Soberanes, José Luis, La protección a la salud en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, IIJ-UNAM, México, pp. 182 y ss., ver: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/357/14.pdf, 20 de septiembre de 2015.

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe de Actividades, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, pág. 9, ver: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/anuales/2014.pdf, 20 de septiembre de 2015.

5 Ibídem, pág. 15.

6 Ver: http://www.issste.gob.mx/instituto/comunicacion-social-salaprensa/2765- comsocial-comunicados-com0015-2015

7 Ver: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/09/4/revela -video-negligencia-en-muerte-del-titular-de-issste

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de septiembre de 2015.

Diputado Alberto Martínez Urincho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la realización de estudios de factibilidad que permitan la definición del plan hidráulico del noroeste, a cargo de la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben Evelio Plata Inzunza, David López Gutiérrez, Bernardino Antelo Esper, Germán Escobar Manjarrez, Gloria Himelda Félix Niebla, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Rosa Elena Millán Bueno y Martha Sofía Tamayo Morales, diputadas y diputados a la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el propósito de que se realicen los estudios de factibilidad que permitan la definición del Plan Hidráulico del Noroeste, al tener de las siguientes

Consideraciones

La población mexicana que año con año se incrementa en un promedio de un millón de habitantes, demandará cada día un creciente abasto de alimentos. Esta exigencia impone desde ya la urgente necesidad de estrategias encauzadas a garantizar de entrada una mayor productividad del sector rural.

Frente a este enorme reto, México tiene en la agricultura una de sus mayores fortalezas, gracias no únicamente a la producción de alimentos que cumplen con los estándares de calidad, sino también a la productividad promedio por hectárea que en el caso del maíz es de 9.4 toneladas, de 6 en sorgo, de 4.5 en trigo y de 1.6 en frijol.

Vale precisar sin embargo que nuestra nación sigue siendo deficitaria en sus volúmenes de productividad agrícola, toda vez que aún compramos al mercado exterior enormes cantidades de granos básicos. Tan sólo en 2011, México importó 8 toneladas de maíz, 3.5 de trigo y 3 más de sorgo. Esta situación requiere ser atendida con medidas efectivas que permitan revertirla.

En nuestro país existen aún vastas superficies de terrenos susceptibles de ser incorporadas a la agricultura. Sin embargo, la distribución y optimización de uso del agua necesaria para riego sigue siendo una de las limitantes para el propósito en referencia.

Especialistas en materia de recursos hídricos indican que México necesita crecer en superficie física de riego. Proponen para ello analizar la aplicación de tres proyectos en cuanto al uso del agua para agricultura.

Una alternativa está en rehabilitar distritos de riego que con más de 50 años de operación reflejan un deterioro importante en su infraestructura. Otra más, consiste en incrementar tanto el uso de riego presurizado, como por goteo y por aspersión, así como las tuberías por compuerta.

Estas opciones están dentro del área de operación y conservación a cargo de los organismos de cuenca y representan la base de la ejecución de los programas de siembra, distribución y aplicación adecuada del agua para riego.

Además de las alternativas enunciadas, existe el denominado Plan Hidráulico del Noroeste, definido como un proyecto factible que vendría a desarrollar a esa región económica de nuestro país y el cual tiene como concepción el aprovechamiento integral de los escurrimientos de los ríos y arroyos de los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, desde el río Santiago hasta el arroyo Guaymas.

La situación actual que guarda la superficie bajo riego dentro de la zona geográfica en comento, muestran que Nayarit que sólo tiene alrededor de 25 mil hectáreas bajo riego utiliza apenas un volumen mínimo de agua comparado con los 11 mil 24 millones de metros cúbicos de que dispone, mientras que Sonora utiliza toda el agua disponible y tiene además necesidades insatisfechas del preciado líquido.

Sinaloa en tanto, utiliza el 100 por ciento de sus captaciones de agua y presenta restricciones en la superficie de siembra, aparte de que prácticamente se han eliminado las siembras del ciclo primavera-verano, es decir, los dobles cultivos.

Actualmente en la región del proyecto se están sembrando un millón 200 mil hectáreas y se aprovechan 13 mil 900 millones de metros cúbicos de agua.

Se estima que con el Plan Hidráulico del Noroeste se sembrarían alrededor de un millón 525 mil hectáreas físicas, garantizando dobles cultivos, en primavera-verano para llegar a 2 millones 287 mil hectáreas de siembra al año.

Gracias al Plhino, se terminaría así con las restricciones de siembra por falta de agua, aparte de que se aumentaría la eficiencia y la productividad. La diferencia estará en aumentar el año poco más de un millón de hectáreas siembra y obtener de esta forma una producción equivalente a 8 millones de toneladas de granos básicos, fundamentales para garantizar el abasto nacional y la soberanía alimentaria.

Es momento para México que la gestión pública explore proyectos de gran alcance como el Plhino, que hagan posible el uso racional del agua para riego por representar seguridad en materia de producción de alimentos.

El desarrollo del Plhino es una necesidad impostergable, que de entrada requiere de la realización de estudios de factibilidad, donde haya una definición del proyecto que considere diagnósticos completos y a detalle de todas las cuencas hídricas.

Un asunto de la mayor importancia consiste en destinar los recursos económicos suficientes para la realización de los estudios que correspondan.

Amén de la agricultura, con el Plhino habrán de establecerse bases para un acelerado desarrollo integral que incluirá por igual a la pesca, a la ganadería y a la agroindustria, así como a la generación de energía eléctrica y mejores condiciones para el turismo.

Por lo expuesto, elevamos a la consideración de ésta Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a determinar dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, recursos económicos suficientes para financiar la realización de estudios de factibilidad que permitan la definición actualizada del Plan Hidráulico del Noroeste.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que en el ámbito de sus facultades realice los estudios de factibilidad que permitan la definición actualizada del Plan Hidráulico del Noroeste, donde se consideren diagnósticos completos y a detalle de todas y cada una de las cuencas hídricas ubicadas en la zona geográfica correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputados: Evelio Plata Inzunza (rúbrica), David López Gutiérrez (rúbrica), Bernardino Antelo Esper (rúbrica), Germán Escobar Manjarrez (rúbrica), Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), Jesús Enrique Jackson Ramírez (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Sagarpa a reconsiderar la decisión de reservar los recursos de 2015 de los programas Procafe y Pimaf, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputada Natalia Karina Barón Ortiz y diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a reconsiderar la decisión de reservar los recursos de 2015 de los programas Procafe y Pimaf.

Exposición de Motivos

El día 11 de septiembre de 2015 el Ing. Belisario Domínguez Méndez, Director General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Sagarpa, comunicó a los Delegados de dicha dependencia en las entidades federativas que:

“En relación a los Componentes Pimaf y Procafe del programa de fomento agrícola y los componentes Idetec Minería Social y Recursos Genéricos Agrícolas del Programa Pidetec de los cuales la dirección general de Productividad y Desarrollo tecnológico (DGPDT) es la Unidad responsable les notifico lo siguiente:

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 8SHCP) informó a la Sagarpa que reservó el presupuesto de los componentes arriba citados n por lo que a partir del día de hoy y el resto del año 2015 NO hay disponibilidad presupuestal en dichos componentes.

Por lo anterior, les solicito atentamente tomar las medidas necesarias e informar a los diferentes productores y sus proveedores de dichos componentes que ya no será posible pagar apoyos de esos componentes y, por lo tanto NO se deberá realizar entregas a los productores de la maquinaria, equipos, insumos y demás conceptos de apoyo, que no se hayan pagado efectivamente: en ese sentido cualquier entrega de incentivos será estrictamente responsabilidad de quien la realice.”

El Pimaf es un programa de cobertura nacional, que proporciona incentivos a pequeños productores de maíz y de frijol en zonas de alta y muy alta marginación, prioritariamente en los municipios incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre. En 2015, la Cámara de Diputados etiquetó recursos para este programa por 1,266.3 millones de pesos, para apoyar a cerca de 500 mil productores de maíz y frijol.

Cabe destacar que el Pimaf es un programa integral de gran importancia en el sector social de la producción de maíz y frijol, ya que invierte en capital físico, humano y tecnológico, apoyando a los productores con tecnologías, semillas y asistencia técnica, con orientación para el uso eficiente y sustentable de la energía y los recursos naturales.

El Procafe incentivos productivos, está orientado a contribuir a apoyar el incremento de la producción de las unidades económicas rurales agrícolas, mediante incentivos de inversión en capital físico, humano y tecnológico a productores y organizaciones de Café, principalmente de pequeños y medianos productores, con cobertura en los 12 estados cafetaleros del país. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, la Cámara de Diputados etiquetó recursos por 730.6 millones de pesos.

Al igual que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, pesquero y alimentario 2013-2018, consideran de carácter prioritario y estratégico el campo mexicano.

El gobierno federal se ha comprometido en diversas declaraciones públicas ha no afectar con recortes los sectores prioritarios y los programas productivos y sociales; sin embargo, se falta a la verdad cuando en los hechos, observamos como los recortes y ajustes al presupuesto federal 2015 por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público van precisamente focalizados a disminuir recursos en los programas que apoyan a los productores del sector social.

El atraco cometido por la Secretaría de Hacienda al confiscar los recursos públicos de los programas Pimaf y Procafe en pleno ejercicio fiscal, cuando se habían establecido por los productores compromisos económicos y financieros con proveedores, instituciones de crédito y comercializadores, es cuando menos una irresponsabilidad de la Secretaría de Hacienda que afectará la producción en miles de hectáreas de maíz, frijol y café del país, provocará incertidumbre y moratoria de pagos y significa un duro golpe a los ya de por si deteriorados ingresos de los pequeños productores.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta representación nacional, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a reconsiderar la decisión de reservar los recursos de 2015 de los programas Procafe y Pimaf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 24 de septiembre de 2015

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al pago de adeudos pendientes con productores del país por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, a cargo de la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben Germán Escobar Manjarrez, David López Gutiérrez, Martha Sofía Tamayo Morales, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Bernardino Antelo Esper, Gloria Himelda Félix Niebla, Rosa Elena Millán Bueno y Evelio Plata Inzunza, diputadas y diputados a la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el propósito de que se otorgue suficiencia presupuestal a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios para cubrir los adeudos de pago pendientes con los productores del país, al tener de las siguientes

Consideraciones

La eliminación total de aranceles a la importación de granos básicos que trae consigo el Tratado de Libre Comercio de México con los Estados Unidos y Canadá, supone para los productores agrícolas nacionales enfrentarse a condiciones competitivas desventajosas.

La apertura comercial de México, que inició a partir de 1986 con el ingreso de nuestro país al denominado Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas, ha permitido una creciente importación de productos agropecuarios con afectaciones a los productores nacionales.

Estas afectaciones se agudizaron aún más con la entrada en vigor del TLCAN en 1994 y la consecuente eliminación de aranceles a la totalidad de importaciones de productos agropecuarios y en particular del maíz y el frijol ocurrida entre el 2008 y el 2009.

Así, en el caso de la agricultura y en lo referente a los cultivos de maíz, trigo y sorgo, se empezó a generar una asimetría entre los costos de producción y los ingresos por ventas directas a los compradores, al no haber congruencia entre todos los elementos que inciden en la cadena productiva.

Tenemos así un incremento en el costo de los insumos principales, como son la semilla, el fertilizante, los insecticidas, el seguro agrícola, los derechos por uso de agua, entre otros, muy por encima de lo que al productor agrícola le representa la venta de sus cosechas en base a precios de libre mercado.

Esta situación, motivó al gobierno federal a establecer programas compensatorios a la comercialización agrícola, a través de mecanismos de apoyo que actualmente instrumenta la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados agropecuarios, (Aserca) dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Entre otros de los objetivos que sustentan la operatividad de Aserca, está el que ha sido una instancia que otorga garantía de rentabilidad a la actividad agrícola, gracias a que dispone de mecanismos concretos de análisis y decisión, a través de los cuales se otorgan los apoyos compensatorios que brindan una rentabilidad justa al productor.

Debido a que las asimetrías en la cadena productiva de cultivos como el maíz, trigo y sorgo, entre otros, se ha incrementado sustancialmente la necesidad de apoyos compensatorios y ha rebasado la disponibilidad de recursos presupuestales con los que cuenta Aserca.

No obstante y vale decirlo, son de reconocerse los esfuerzos que Aserca ha hecho para compensar económicamente a los productores, lo cual ha derivado en la firma de acuerdos de apoyos a la comercialización que considerablemente sobrepasaron la disponibilidad de recursos económicos.

Gracias a estos acuerdos, se le ha otorgado rentabilidad al productor y consecuentemente el hecho mismo ha permitido mantener la estabilidad social y económica en el campo mexicano.

A la fecha, Aserca presenta un déficit presupuestal por un aproximado a 10 mil 500 millones de pesos por compromisos ya adquiridos y que por lo alto de este monto no le ha permitido un cumplimiento puntual de los mismos.

Esta irregular situación, ha propiciado descontento y manifestaciones sociales en algunas entidades federativas, cuyos productores reclaman el pago de los recursos comprometidos en cumplimiento de los acuerdos tomados.

Se requiere en consecuencia procurar para Aserca, se canalicen al organismo los recursos financieros para el cumplimiento de los acuerdos signados en su oportunidad.

De hacerlo así, estaremos garantizando la continuidad de la actividad agrícola y la confianza de los productores en los compromisos del gobierno federal.

Por lo expuesto, elevamos a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a suministrar recursos financieros por 10 mil 500 millones de pesos, a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, (Aserca), en el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, con cargo al presupuesto que le fue autorizado por la cámara de diputados en el presupuesto de egresos de la federación 2015, que permitan al organismo cubrir el déficit presupuestal que presenta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputados: Germán Escobar Manjarrez, David López Gutiérrez, Martha Sofía Tamayo Morales, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Bernardino Antelo Esper, Gloria Himelda Félix Niebla, Rosa Elena Millán Bueno, Evelio Plata Inzunza (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca y el titular de la SCT a rehabilitar el camino Tuxtepec-Usila, dañado por las recientes lluvias en la cuenca del Papaloapan, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al ciudadano Gabino Cué Monteagudo, gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y al ciudadano Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes para que a la brevedad posible sea rehabilitado el camino Tuxtepec-Usila que fue dañado por las recientes lluvias en la cuenca del Papaloapan.

Exposición de Motivos

Los pueblos originarios de la cuenca del Papaloapan Chinanteco y Mazateco han sido ancestralmente habitantes de las tierras, recursos naturales y poseedores de sus culturas y tradiciones que los ha mantenido cohesionados en comunidades y grupos humanos que han sabido conservar sus ecosistemas y su herencia cultural.

Como muchos pueblos indígenas han sido avasallados, marginados y expoliados en nombre del eufemísticamente llamado interés nacional, que encontró su máxima expresión, cuando en la segunda mitad del siglo pasado les fueron arrebatadas sus tierras y recursos naturales para construir dos presas, que producen energía para una entidad diferente a la que están sujetos y, en lo más absurdo y abyecto de la verdadera justicia social, carecen del servicio de energía eléctrica a unos metros de donde ominosamente se erigen las cortinas contenedoras del preciado líquido.

Después de cientos de años en que a pie, a cuestas y en los pocos casos en que contaban con animales de carga recorrían por días y jornadas enteras para el intercambio, la subsistencia y la búsqueda de alivio para sus enfermedades, apenas hace 25 años se construyó con su tequio, materiales de la región y su mano de obra un camino de terracería que los comunicó con Tuxtepec, cabecera regional, y localidades circunvecinas que en épocas de lluvias se vuelve intransitable.

Hace tres días, en que las lluvias que en esta temporada han alcanzado niveles que hace ochenta años no se enfrentaban, este camino se cortó a la altura del poblado de Santo Domingo del Río, en un tramo de treinta metros de largo, quince de ancho y más de cinco metros de profundidad, Municipio de San Pedro Teutila dejando a más de 30,000 niños, mujeres, ancianos y población en general que además de no poder salir a abastecerse de los básicos, no pueden obtener la atención de mujeres a punto de parto y las personas que requieren urgentemente atención médica calificada. Por si faltara otra urgencia más, el tramo recién pavimentado hacia la comunidad de Flor de Batavia presenta deslaves y hundimientos por la baja calidad de los trabajos realizados.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo de urgente u obvia resolución:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al ciudadano Gabino Cué Monteagudo, gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y al ciudadano Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que a la brevedad posible sea rehabilitado el camino Tuxtepec-Usila que fue dañado por las recientes lluvias en la cuenca del Papaloapan, a fin de restablecer la comunicación permanente de la población.

Segundo . A la brevedad posible, se gestione y apruebe la pavimentación correcta de la totalidad de esta importante y vital vía de comunicación para los pueblos y comunidades Chinantecas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 1 de octubre de 2015.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para fortalecer el desarrollo industrial, aprovechamiento integral e intercambio comercial de la palma de coco, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acude ante el pleno de esta soberanía a fin de presentar proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial para fortalecer el desarrollo industrial, aprovechamiento integral e intercambio comercial de la palma de coco con base en las siguientes

Consideraciones

La Palma de Coco Mexicana, está ubicada a nivel mundial dentro de los 10 principales productores; es el cultivo tropical por excelencia y se le encuentra en las regiones costeras del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas y del Golfo-Mar Caribe, desde Veracruz hasta Quintana Roo.

Se considera, como el cultivo de gran impacto económico, social, turístico y ecológico desde la época de la Colonia.

Importante símbolo del trópico húmedo generador de divisas y motivador del turismo; resulta un referente del sector hotelero, ya que aguarda en sus alrededores, siendo una imagen representativa de ellos, en las playas se les observa invariablemente y son quienes rodean los principales puertos, malecones y en general las costeras de nuestro país; lo que significa que convierte a los propietarios de estos espacios y comercios, tanto públicos como privados, en clientes potenciales de los productores o de los dueños de viveros dedicados a esta palmácea; situación que coadyuva al desarrollo social.

Aunado a lo anterior, estas plantaciones de palma de coco, son referencia de las barreras ecológicas contra el efecto de huracanes, la erosión de los suelos y el favorecimiento de la captura de carbono, lo que contribuye a la mejora del medio ambiente.

La importancia de la palma de coco radica en la posibilidad de generar más de 100 productos a partir de ella, este aprovechamiento representa una fuente de numerosos artículos de gran utilidad y de forma considerable en la alimentación; posterior a este importante uso existen oportunidades desde simples y hasta complejas de transformarlo, lo que significa relevancia en la economía mexicana local, estatal, nacional e incluso a nivel internacional.

Por ello es importante puntualizar que cada parte de la palma de coco es útil al ser humano y con la gran variedad de productos y subproductos obtenidos a partir de ella, se benefician varios sectores, como la agricultura, el comercial, el industrial, de alimentación humana y animal, de la construcción, el medicinal y cosmético, ambiental, ornamental, artesanal, entre otros.

En México, solo se obtienen derivados de la palma de coco en un 25% de los estados productores, es decir, prácticamente tres cuartos de la producción es desaprovechada, aun cuando todas sus estructuras pueden ser aprovechadas.

Aunque la copra y la palma de coco en monocultivo son las actividades principales e importantes de los productores dedicados a ello, el tiempo actual exige visualizar a esta actividad de explotación y aprovechamiento integral, dándoles la importancia equiparable a la de otros cultivos, como son la de cítricos, papaya mango, plátano, pitahaya, hortalizas, gramíneas, leguminosas, etc., o la de actividades productivas como la de la apicultura y el pastoreo, que permiten la explotación de numerosos productos y subproductos.

De la palma de coco se puede aprovechar:

- El tallo o tronco.

Para la obtención de madera, misma que se obtiene en forma de tablazón muy dura, conveniente para la carpintería, ebanistería y tornería; este tronco es aprovechable aproximadamente un 70%, de la parte inferior hacia arriba, el siguiente 15% se utiliza para elaborar carbón vegetal y el último 15% puede utilizarse para composta. Tiene la característica favorable de no ser flamable, ya que sus fibras no contienen resinas, propiedad que retarda la acción del fuego. Se visualiza como una alternativa de madera para varios fines con resultados iguales o superiores a los de la convencional.

- La hoja.

Se obtiene de un eje principal de tres o cuatro metros de longitud y del cual están sujetos a él alrededor de 200 folíolos en ambos lados; estas hojas son maleables y resistentes, lo que permite ser utilizado para material de construcción de techos rústicos y cercos, fabricación de cestos, canastos y sombreros, elaboración de escobar y diversas artesanías.

- La inflorescencia.

Es la estructura reproductiva de la palma de coco, de la cual se aprovecha para generar productos y subproductos como la tuba o néctar, vinagre, miel, azúcar, vino o licor y artesanías.

- El fruto.

Estructura de la palma de coco de donde se obtienen la mayor cantidad de productos y subproductos; cada uno de sus componentes se aprovecha y se obtiene agua, aceite y aceite virgen, artesanías, coco rayado, coco destopado, deshidratado o jimado, leche, crema y nata de coco, vinagre, dulces, vino, fibra, copra, hilos, tapetes y redes ecológicas, carbón y carbón activado, pulpa, aglomerados, sustratos para viveros y biodiesel.

- El agua.

Solución estéril y ligeramente ácida, con sales minerales, proteínas, azúcares, vitaminas, fitohormonas y grasa neutra, de agradable sabor, nutritiva y con poco valor calórico. Con propiedades medicinales o usos, tales como; alimento, suero oral, coadyuvante en la temperatura, diurética, reductor de salpullido y comezón causados por varicela o sarampión, como antiséptico urinario y como eliminador de veneno mineral.

- Fibra y polvo.

Alternativa generada a partir del fruto del cocotero, obtenida de la borra después de extraerle el agua, la copra y la pulpa; utilizada para la industria y en la producción de plantas y flores de ornato. Se procesa mediante maquinas muy grandes y costosas, lo que requiere gran costo de operación, por el consumo de electricidad.

Los productores han desarrollado diferentes técnicas de transformación rudimentarias y con máquinas poco complejas; sin embargo, el fortalecer con tecnología a toda la cadena de producción, significaría la oferta de los diferentes productos y subproductos a mayor volumen a nivel nacional; esto significaría aumento en las fuentes de empleo y en consecuencia el beneficio económico para las familias mexicanas dedicadas al cultivo de la palma de coco.

Con el fomento tecnológico, el aprovechamiento integral de la palma de coco y la mejora de la oferta en el mercado, se estaría provocando competencia entre los diferentes actores productivos del país y con ello la importancia de la creación de un órgano regulador para la certificación nacional de calidad y procesos, con el objetivo de convertirlos en productos competitivos.

Reconocer que existe una tendencia a la baja, tanto en la superficie como en la producción, la vejez de las plantaciones, problemas fitosanitarios, fluctuaciones en el precio de la copra y la poca rentabilidad del cultivo, no sólo sirve para quienes dedican su vida a su producción, transformación y comercio de la palma de coco, sino para ubicar que solo es el primer paso de muchos que se deben dar para que esta actividad agroindustrial genere e impacte económicamente.

Esta comisión especial aspira vincular acciones que permitan implementar tecnología en los Estados productores donde no la hay, fortalecer y mejorar en donde ya cuenten con ella, así como crear la cultura correcta del cultivo y cosecha, transformación e industrialización y comercialización en cada región productora. Esto último, parte medular de implementar la adopción del aprovechamiento integral de la palma de coco, ya que será a través de la conjunción de experiencias entre cada región se impulse el estudio planificado y estructurado en el plano técnico-docente regional, quedando esta primer fase como base para considerarlo en el sector educativo nacional.

La creación de la Comisión Especial para fortalecer el desarrollo industrial, aprovechamiento integral e intercambio comercial de la palma de coco, tendrá como objeto:

- Fomentar, Promover y mejorar, la producción aprovechamiento e intercambio comercial de la palma de coco.

- Integrar la cadena productiva en el mercado nacional.

- Constituir foros para reunir a los actores de la cadena productiva-consumo de la palma de coco, generando vínculos para el incremento de la producción y desarrollo de las regiones productoras.

- Promover en el sector público y privado la inversión en la investigación de todo el proceso de producción y con ello mejorar el costo de producción, la calidad y sus beneficios.

- Fomentar políticas en el sector educativo para tecnificar y profesionalizar la actividad del proceso productivo integral de la palma de coco.

- Implantar talleres nacionales para la difusión de la implementación de las certificaciones generadoras de la competitividad.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados con las facultades que le confiere lo dispuesto en los artículos 34 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Mexicanos y 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someta a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial para Fortalecer El Desarrollo Industrial, Aprovechamiento Integral e Intercambio Comercial de La Palma de Coco .

Segundo. Que la Comisión Especial para Fortalecer El Desarrollo Industrial, Aprovechamiento Integral e Intercambio Comercial de La Palma de Coco , se integre por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial tendrá por objeto, emprender lo que se deriva de su denominación, promoviendo la vinculación de las instancias federales, estatales y municipales para este fin.

Cuarto. Que la Comisión Especial podrá solicitar la información que considere pertinente y realizar la acciones que correspondan para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, El reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Quinto. Que la Comisión Especial para Fortalecer el Desarrollo Industrial, Aprovechamiento Integral e Intercambio Comercial de la Palma de Coco , estará vigente todo el tiempo que sea requerido para alcanzar su objetivo, mismo que no podrá exceder al 31 de agosto de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputado Ricardo Taja Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para redoblar esfuerzos en materia de políticas públicas y programas sociales encaminados a atender a los adultos mayores, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 28 de agosto conmemoramos el Día Nacional del Adulto Mayor. Como nunca antes, la población global vive una revolución demográfica. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, hay 600 millones de personas de 60 años y más, cifra que se duplicará en 2025 y para 2050 se situará en casi 2 mil millones.1

Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) del año pasado señalan que en el país hay 11 millones 669 mil 432 adultos mayores, de los que 46 por ciento corresponde a hombres y 54 por ciento a mujeres.2

El estudio Diagnóstico sociodemográfico del envejecimiento en México, elaborado por el propio Conapo, refiere que la población de adultos mayores para 2050 en México alcanzará más de 24 millones de personas, quienes representarán más de 20 por ciento de la población.

Estamos frente a una experiencia inédita en el mundo y en México. En el país se estima que entre 2000 y 2030, el segmento de 65 años y más se incrementará en 334 por ciento, en contraste con el de 15 a 64 años, que crecerá en 45.5, y el de cero a 14 años decrecerá en 20 por ciento.3

Mención especial merece el estado de México, la entidad más poblada del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que tiene 1 millón 153 mil 365 personas mayores de 60 años y más.4

Esto debe ser motivo de alarma para las autoridades federales y del estado de México, producto de la vulnerabilidad que surge con la caída del ingreso al final de la vida productiva y con la dependencia que resulta de las enfermedades crónicas, se agrava debido a que el sistema de seguridad social del país y de la entidad, no protege a un número considerable de adultos mayores, por lo tanto no tienen acceso a los beneficios que otorgan las instituciones de seguridad social, ni a los servicios de las instituciones de salud.

Aunque no compartimos esta cruda realidad, lo cierto es que en México ser anciano pareciera significar falta de oportunidades, de acceso y disfrute al ejercicio pleno de los derechos humanos y un futuro incierto, lleno de carencias.

A ello habría que agregar que el presupuesto destinado a los programas sociales enfocados a atender las necesidades de este sector poblacional, en muchas ocasiones se ejerce de manera incorrecta, poco clara y con irregularidades.

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2013 a través de la auditoría 13-0-20100-12-1421 referente al programa de pensión para adultos mayores, señaló que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aplicó recursos en exceso por la cantidad de 518 millones 595 mil 400 pesos a gastos de operación, lo que ocasionó que se dejara de apoyar a 82 mil 316 adultos mayores; realizó pagos en exceso y duplicados a beneficiarios incorporados al programa por 51 millones 593 mil 300 pesos y 4 millones 253 mil 600 pesos, respectivamente; no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos por 46 millones 547 mil 800 pesos, por concepto de talleres, ferias y casas de día transferidos a las delegaciones federales de la Sedesol; y no presentó el detalle de los pagos realizados a los gestores voluntarios por 33 millones 495 mil 400 pesos, así como la evidencia de la incorporación a la plataforma de los informes presentados.

Es necesario que se transparente el uso y destino de los recursos destinados a los programas sociales y a las políticas públicas que atienden a los adulto mayores del país, pero también es urgente construir una nueva visión de este sector poblacional, que permita desmitificar la imagen de obsolescencia y pérdida.

Hay que apostar a generar un nuevo rol de las personas adultas mayores, que contribuya más al beneficio de la sociedad y de ellas mismas. La falta de valoración social y la no inclusión son los problemas que más aquejan a este sector de la población. La valoración, especialmente la inclusión, deben darse desde las familias hasta en la definición de las políticas públicas y de los programas sociales que, como imperativo, deben protegerlos.

Millones de adultos mayores ya produjeron en su momento. Es hora de retribuirles algo de lo mucho que aportaron y nos siguen dando.

En virtud de lo anterior someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones legales, diseñen y pongan en marcha más políticas públicas y más programas sociales encaminados a elevar la calidad de vida y hacer autosuficiente a la población de 60 años y más, y para que los programas y políticas públicas ya existentes amplíen su catálogo de beneficiarios.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de México para que el manejo de los recursos destinados a programas sociales se haga de manera imparcial y transparente.

Notas

1 “Más de 600 millones de habitantes en la tercera edad”, boletín UNAM-DGCS-492, 27 de agosto de 2015. Disponible en http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_492.html (Última consulta: 30 de agosto de 2015.)

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 México en Cifras, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx (Última consulta: 30 de agosto de 2015.)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputado José Santiago López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de reconstruir y modernizar la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en los tramos 146 a 193, en los cuerpos oriente y poniente, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmons, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Yahleel Abdala Carmona, y los diputados federales del estado de Tamaulipas, integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 3, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se tomen las medidas necesarias para la reconstrucción y modernización de la carretera de Monterrey-Nuevo Laredo en el tramo del kilómetro 146 al 193 en sus cuerpos oriente y poniente, al tenor de los siguientes

Considerandos

Siendo Nuevo Laredo, Tamaulipas, la aduana más importante en materia de comercio exterior, con la mayor afluencia y operaciones diarias en importaciones y exportaciones de mercancías en toda Latinoamérica, da una posición preponderante en esta actividad a nuestro país, por tal motivo hace que la vialidad de la que hoy estamos hablando sea la principal arteria para esta región fronteriza y para el transporte de carga, el cual representa una parte fundamental dentro del comercio exterior de México, cuya actividad económica es indispensable en la región. Esta carretera capta el tránsito de vehículos procedentes de Piedras Negras, Coahuila, Colombia y Monterrey, Nuevo León, así como también de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y viceversa. Además, con la Reforma Energética recién aprobada y la instalación de nuevas plantas manufactureras de la industria automotriz, el paso de vehículos se verá incrementado en forma relevante a corto y mediano plazo. A esto se le suma la importancia del número de connacionales que utilizan esta vía como acceso a los diferentes puntos del país y la derrama económica que generan en sus visitas.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el tránsito vehicular actual por la carretera nacional Monterrey-Nuevo Laredo es de aproximadamente 26, 000 (veintiséis mil) unidades diarias, de las cuales 15, 000 (quince mil) son transportes de carga del comercio internacional y 11, 000 (once mil) vehículos ligeros, lo que representa $9,000,000,000.00 (nueve mil millones de pesos) en valor de mercancías que pasa diario por esta carretera , lo que es equivalente a $405,000,000.00 (cuatrocientos cinco millones de pesos) por hora en valor de mercancías, esto la convierte en única en su tipo.

Asimismo, de acuerdo con el informe de actividades de comercio exterior de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) , expongo que por esta carretera transita 52 por ciento de los productos que se importan o exportan de los Estados Unidos de Norteamérica y se recauda solamente en Impuesto al Valor Agregado, 28 por ciento (veintiocho por ciento) procedente del comercio exterior de toda la República mexicana (la proyección económica sostenida para la región tiene un crecimiento sostenido hasta el 2020 de 15 por ciento, lo que equivale a una mayor captación de IVA). De tal manera, esta importante carretera ha contribuido a que la citada región fronteriza haya captado durante 2014, aproximadamente $88,800,000,000.00 (ochenta y ocho mil ochocientos millones de pesos moneda nacional) en IVA, lo que equivale a $285,000,000.00 (doscientos ochenta y cinco millones de pesos) de captación diariamente, por hora son $11,875,000.00 (once millones ochocientos setenta y cinco mil pesos), son datos estadísticos que ha proporcionado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esta vialidad se ha visto afectada en los últimos años por una serie de deficiencias que han generado daños y costos importantes en la industria del transporte y del comercio internacional; las inundaciones, baches, trabajos de mala calidad, fallas mecánicas y accidentes mortales son eventos cotidianos. La carretera nacional de la Ciudad de México a Nuevo Laredo fue la primera carretera de México que unió a la Ciudad de México con la frontera con los Estados Unidos y la principal obra ejecutada por la entonces recientemente formada Comisión Nacional de Caminos, en 1925.

Desgraciadamente se ha invertido muy poco en mantenimiento, y nada en una reconstrucción y modernización, lo que es lamentable para una carretera de tal importancia para la nación mexicana. La necesidad imperiosa es reconstruir esta carretera y añadirle más acotamientos, en concreto hidráulico, instalar señalamiento horizontal y vertical, reconfigurar el perfil longitudinal y ampliar áreas hidráulicas de drenes pluviales transversales.

El deterioro en la vialidad de Monterrey-Nuevo Laredo, se encuentra situado del kilómetro 146 al kilómetro 193. Con la nueva construcción de la empresa maquiladora KIA en Pesquería, Nuevo León, y su similar en San Antonio, Texas, estos 49 kilómetros de carretera próximamente intransitable, quedan en medio del tránsito de la exportación de vehículos hacía Estados Unidos, tan sólo un ejemplo de las miles de industrias manufactureras que se encuentran esparcidas en los estados de la República y que usan esta arteria para la exportación o importación de sus mercancías. Dicha empresa en particular tiene una proyección de producción de 3, 000, 000 (tres millones) de vehículos anuales para su venta en Estados Unidos, lo que aumentará en forma gradual, hasta llegar a 5, 000, 000 (cinco millones) para el año 2020.

Según estudios recientes de comercio exterior, las mercancías provenientes de Asia que entran a este continente por la aduana de Los Ángeles, California, se han encontrado con una saturación de la misma, esto al verse rebasada su capacidad de operación; saturación que beneficia a nuestro país con el desvío gradual de estas mercancías a la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo precisamente la carretera Monterrey-Nuevo Laredo el camino más rápido y natural de exportación de dichas mercancías de nuestro país para que lleguen a los Estados Unidos.

No sobra manifestar que el ferrocarril para el transporte en las exportaciones e importaciones entre ambas naciones se encuentra saturado y sobrevendido, contenedores que cruzan por esta región fronteriza, tienen que transitar en forma habitual por esta carretera al estar en tal situación el medio ferroviario. Estudios recientes muestran que Monterrey, Nuevo León, eventualmente se convierta en el centro de distribución más importante de Latinoamérica, siendo su paso natural y obligado hacía Estados Unidos esta carretera de Monterrey-Nuevo Laredo, que de mantenerse las condiciones en las que se encuentra, seguirá siendo imposible sostener el tránsito vehicular.

La reconstrucción y modernización de esta carretera se estima que tenga un costo de 1, 600, 000. 00 (mil seiscientos millones de pesos moneda nacional) lo que equivale a solo 6 días de captación del IVA de comercio exterior que transita por esta misma, es decir: únicamente 2 por ciento de lo que se capta mensualmente por esta carretera la reconstruiría y modernizaría en su totalidad.

Por si esto fuera poco, por esta arteria circula la carga de importación y exportación que provienen de los principales parques industriales del norte, centro y sur del país, como lo son los ubicados en Jalisco, estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila, entre otros, por ello este tema es importante para todos los estados, nos estamos viendo seriamente dañados todas las entidades federativas porque nos afectan terriblemente las condiciones de esta carretera, es un beneficio para todo el país, por el cruce internacional de mercancías entre México y Estados Unidos.

A continuación enuncio la principal problemática existente:

• Falta de acotamientos desde el kilómetro 169 (límite de Tamaulipas y Nuevo León) al kilómetro 202, cuerpo poniente.

• Algunas curvas verticales sin visibilidad en cuerpo poniente.

• Baches a causa de falla en base hidráulica que se presentan en todo el tramo del kilómetro 146 al kilómetro 167 cuerpo poniente y kilómetro 146 al 193 cuerpo oriente (el correspondiente es del kilómetro 174 al kilómetro 193) de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey.

• Los tramos rehabilitados en 2014, se han dañado y han sido reparados con la misma técnica de sólo reponer la carpeta asfáltica, cuando la base existente está dañada desde la primera acción de rehabilitación, usando una mezcla de reparación que se utilizaba hace 40 años.

• El drenaje pluvial transversal necesita una reconfiguración puesto que sufre de inundaciones, como la sucedida en los kilómetros 146 (arroyo salado) en 2010, la sucedida en el kilómetro 172, en el mes de octubre de 2013.

• Ausencia y daños en los señalamientos preventivos y restrictivos.

La problemática derivada del pésimo estado de esta vía ha originado, entre otras, las siguientes consecuencias:

• Se estiman más de 30 accidentes fatales en lo que va de este año, lo que equivale de 4 a 5 accidentes al mes que se deben al mal estado de la vía y a la falta de señalamientos, que han derivado en la muerte de familias enteras.

• Daños en partes mecánicas de los vehículos, tales como suspensión, llantas y estructura de los vehículos.

• Daños físicos en la carga por los movimientos bruscos en el remolque, lo que ocasiona serios problemas para los importadores y/o exportadores, así como para los transportistas, por entregarse a destino con daños que en muchas ocasiones generan pagos de indemnizaciones por los costos que conlleva la falta del producto a tiempo y en condiciones no idóneas para su uso, en detrimento de las empresas, sobre todo tratándose de empresas maquiladoras que suspenden la producción por carecer de materia prima en condiciones óptimas para trabajar. Lo anterior, genera un daño patrimonial en la cadena de producción nacional.

• Costo elevado de los servicios como consecuencia del incremento en horas hombre y equipo por inaudita reducción de velocidad para transitar.

• Aumento de consumo de combustibles por esperas en filas y arranques.

• Pérdida gradual de 10 por ciento anual de captación de IVA, de empleos y comercio.

• En un año esta carretera será intransitable.

Por todo lo anterior y para estar en posibilidad de resolver la problemática citada, es necesario lo siguiente:

• Reconstrucción y modernización carretera Monterrey-Laredo en el tramo del kilómetro 146 al 193 en sus cuerpos oriente y poniente: superficie de rodamiento de concreto hidráulico con dos (2) cuerpos separados, con acotamientos exteriores, con una inversión estimada de $1,600.00 mdp (mil seiscientos millones de pesos).

• Es necesario que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, recursos para la reconstrucción y modernización de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá establecer un presupuesto multianual para la culminación de la obra.

Por lo expuesto, se propone ante esta honorable asamblea que se apruebe como urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se tomen las medidas necesarias para la reconstrucción y modernización de la carretera de Monterrey-Nuevo Laredo en el tramo del kilómetro 146 al 193 en sus cuerpos oriente y poniente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre 2015.

Diputados: Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Montserrat Arcos Velázquez (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante (rúbrica), Miguel González Salum (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillen Vicente (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Esdras Romero Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta Soberanía para su resolución proposición con punto de acuerdo, con el fin de que se apruebe la creación de la Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es importante partir de que la morada del hombre no es sólo su vivienda, sino que incluye además el medio que la rodea, conformado por las particulares condiciones de calidad de la tierra, el aire y los recursos naturales.

La economía y el medio ambiente están estrechamente ligados. Sabemos bien que intereses económicos en ocasiones, son una de las causas más devastadoras no solamente de la especie humana, sino también de la naturaleza y su fauna.

Debemos luchar porque el hombre sepa conservar y mejorar la naturaleza, de la cual forma parte y es también responsable.

Dado que el problema ecológico en México ha dejado de ser preocupación exclusiva de científicos e investigadores convirtiéndose en demanda cotidiana de la comunidad mexicana en su conjunto, la cuestión del medio ambiente se encuentra en el corazón de la política nacional, y tenemos que congratularnos de que ello sea así, pues los problemas ecológicos requieren, ante todo, conciencia nacional.

Ya la tenemos; debemos seguir ampliándola, afinándola e ilustrándola, pero también convertirla en acción responsable. En materia tan amplia y compleja, la responsabilidad le corresponde a toda la comunidad y, desde luego, a los poderes del Estado.

Asumiendo su responsabilidad y considerando que la intensificación y diversa utilización de los recursos naturales, así como la mayor capacidad de transformación de los ecosistemas por parte del hombre, han generado una serie de problemas ambientales que amenazan el futuro de dichos recursos naturales, el medio ambiente y el sustento del desarrollo y la calidad de vida de la población, el gobierno de la república ha implementado estrategias relativas al ordenamiento ecológico del territorio, la prevención y control de la contaminación ambiental, la conservación, prevención y restauración ecológica regional y el manejo integral y racional aprovechamiento de los recursos naturales.

El resto de los mexicanos tenemos el compromiso nacional de conservar nuestra tierra, nuestra atmósfera y nuestras aguas, no sólo para que la generación presente tenga una mejor calidad de vida, sino para asegurar la continuidad histórica de la Nación mexicana.

Asimismo, existe conciencia de los daños que a la calidad de vida ocasiona el deterioro del medio ambiente.

No es posible dejar a la improvisación o a la inercia la solución de este problema, se requiere lograr que el crecimiento económico no afecte la calidad de vida de las mayorías al destruir el medio ambiente, sino, antes bien, se transforme en un auténtico desarrollo integral al proveer de empleo, salario remunerador, adecuados niveles de consumo, acceso a la educación y cultura, salud, vivienda, recreación y esparcimiento, sin afectar y destruir el ambiente, elevando el nivel de vida de los mexicanos, y contribuyendo así a la conformación de una sociedad más igualitaria.

No se trata de tener una visión únicamente ecologista, preocupada por el medio ambiente en sí mismo. El análisis de este tema y su discusión tienen un propósito eminentemente político y social. Tenemos que hacer explícitos los costos sociales del impacto ecológico.

A través de los últimos años, el Poder Legislativo federal, del cual formamos parte, se ha preocupado por los temas ambientales y ha contribuido, con el Ejecutivo, a diseñar las estrategias que eviten el deterioro ecológico y ambiental.

Sin embargo, sentimos que falta mucho por hacer, pero tenemos que intensificar los esfuerzos.

Como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que presentó el gobierno de la república, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, y participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y biodiversidad.

No obstante, el crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero, generación excesiva de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas. El costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9 por ciento del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ello implica retos importantes para propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos, y asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar.

Es importante destacar los datos que se presentan en el PND en materia ambiental, los cuales indican que el 12 por ciento de la superficie nacional está designada como área protegida, sin embargo 62 por ciento de estas áreas no cuentan con programas de administración; cerca de 60 millones de personas viven en localidades que se abastecen en alguno de los 101 acuíferos sobreexplotados del país; se debe incrementar el tratamiento del agua residual colectada en México más allá del 47.5 por ciento actual; la producción forestal maderable del país es menor al 1 por ciento del PIB; para proteger los ecosistemas marinos se debe promover el desarrollo turístico y la pesca de manera sustentable; y se debe incentivar la separación de residuos para facilitar su aprovechamiento.

Ante el interés que presenta el equilibrio y la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el Poder Legislativo debe apoyar estas acciones para impulsar y orientar un desarrollo ambiental sustentable que preserve nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz, y cumplir con el objetivo de lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad climática.

Desde la Cámara de Diputados tenemos que impulsar e incentivar la incorporación de superficies con aprovechamiento forestal, maderable y no maderable; proponer programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para generar beneficios en comunidades con población de alta vulnerabilidad social y ambiental; promover el conocimiento y la conservación de la biodiversidad, así como fomentar el trato humano a las especies animales; fortalecer los mecanismos e instrumentos para prevenir y controlar los incendios forestales; fomentar esquemas e instrumentos de reforestación; y diseñar y modificar la legislación que permita la recuperación de los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del ambiente.

Uno de los principales problemas que México padece desde hace algunos años en esta materia, es el que se presenta en la denominada Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que se localiza al oriente del estado de Michoacán en los límites con el poniente del Estado de México; abarca los municipios de Contepec, Senguío, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro, y Aporo en el estado de Michoacán, y Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa de Allende, en el estado de México.

En esta región suelen establecerse entre ocho y doce colonias de hibernación. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca se estableció en el año 2000, cuando el gobierno de la república decretó que 56 mil hectáreas fueran resguardadas para protegerla.

Esta reserva cuenta con densos bosques de oyamel o abeto, cumpliendo con las características para que la mariposa monarca complete su ciclo de vida en temporada invernal.

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca resguarda entre 30 y 50 millones de mariposas por hectárea, lo que significa que en un año puede albergar hasta 200 millones de mariposas.

Esta zona es una de las cuatro bellezas naturales en nuestro país, reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Cada año, entre octubre y marzo la mariposa monarca viaja desde Canadá y Estados Unidos de América a los bosques mexicanos, más de cuatro mil kilómetros.

La mayor parte de ellas son originarias de los campos agrícolas de la línea fronteriza del sur de Canadá y del norte de Estados Unidos. Estudios realizados señalan que recorren alrededor de 120 kilómetros por día y realizan su viaje en 33 días, aproximadamente. A finales de marzo, cuando alcanzan su madurez, emprenden su viaje de retorno al norte.

Las mariposas monarca son de vital importancia en el ciclo de la vida como agente polinizador y factor de equilibrio ecológico en los bosques que habitan.

Cabe mencionar que las mariposas monarca utilizan varias rutas migratorias; unas llegan a México desde la zona ubicada entre las Rocallosas y los Grandes Lagos, bajan por la Sierra Madre Oriental, entran al Altiplano por las montañas más bajas y llegan a los estados de México y Michoacán.

Otras, viajan de la zona ubicada entre el Océano Pacífico y las montañas Rocallosas, hacia el estado de California, y otras entre el Océano Atlántico y los Grandes Lagos cruzan los estados de Carolina y Florida para llegar a Cuba.

El ciclo que se ha analizado es que durante su viaje y estancia en México se cortejan y reproducen los ejemplares adultos y nace la generación que volará en marzo hacia la Unión Americana y Canadá; ninguna de ellas regresará a México, ya que su ciclo de vida dura sólo algunas semanas.

Este proceso obliga a los tres países, en especial a México, a conservar el hábitat que requieren, y estar atentos a los cambios que sufra el ecosistema para actuar ante cualquier contingencia.

La comunidad científica está preocupada por la población oriental de mariposas monarca que pasan el verano al este de las montañas rocosas. Este grupo se ha visto disminuido, por lo que su supervivencia se encuentra amenazada por diversos desastres naturales en los bosques mexicanos, así como por la menor superficie de plantas del algodoncillo en sus lugares de origen.

Desde el siglo antepasado, naturalistas describieron enjambres de mariposas viajando juntas. A principios del siglo XX, la naturalista estadunidense Jennie Brooks señaló que las mariposas monarca migraban hacia México.

A partir de 1940, los investigadores canadienses Fred y Nora Urquhart se dedicaron al estudio de la migración de la mariposa monarca, descubriendo en 1975 que los sitios de hibernación se situaban en el centro de México.

En mayo de 1980, se crearon las zonas de reserva y refugio de fauna silvestre. En 1986, se estableció la reserva especial de la biosfera mariposa monarca. Posteriormente, en 1992 se propuso la zonificación y clasificación de los terrenos forestales y del área de influencia del área de la reserva especial de la mariposa monarca, para que en 1996, se estableciera el área natural protegida mariposa monarca.

En el año 2000 se creó la reserva de la biosfera mariposa monarca, abarcando 56 mil 259 hectáreas, e incluyendo tres zonas núcleo y tres zonas de amortiguamiento. Ese mismo año se instituyó el Fondo de Conservación Mariposa Monarca (FCMM), entre la Fundación David and Lucile Packard, la entonces Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, los gobiernos de los estados de México y Michoacán. El objetivo del fondo es proporcionar intereses para el pago a los propietarios de zona núcleo de la reserva que no ejercen sus derechos de aprovechamiento forestal y ofrezcan servicios de conservación.

En 2001 se publicó el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

En 2003 se instauró el Foro Regional Mariposa Monarca, que desde ese año ha llevado a cabo dicho evento de manera anual, para abordar temas prioritarios definidos como prevención, control y mitigación de las amenazas en la ruta migratoria; establecimiento de enfoques e instrumentos innovadores; investigación, monitoreo y evaluación; y la educación, difusión y desarrollo de capacidades.

Un año más tarde, en 2004, se instaló el Comité Regional del Ordenamiento Ecológico Territorial para la Región de la mariposa Monarca.

En 2007 se publicó el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Mariposa Monarca (POERMM), que incluye el modelo de ordenamiento ecológico y las estrategias ecológicas aplicables al mismo.

El gobierno michoacano publicó en su Gaceta del Gobierno en 2008, el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región de la mariposa Monarca en el Territorio del Estado de Michoacán.

En 2011 se publicó el Diagnóstico Fitosanitario Forestal de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en el Estado de México.

Como éstos, han sido muchos los esfuerzos que se han emprendido por parte de los gobiernos federal y locales mexicanos, contando con el apoyo de organismos civiles organizados de nuestro país y del extranjero.

Asimismo, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos han definido políticas para la conservación de la mariposa monarca, y existen esfuerzos trilaterales que se han desarrollado.

En 1997 se llevó a cabo la Conferencia Norteamericana sobre la mariposa Monarca, organizada en Morelia, Michoacán, por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), donde se intercambió información entre científicos, representantes de grupos sociales y organizaciones no gubernamentales y se analizaron las alternativas para la conservación del fenómeno migratorio.

En 2006 y 2007 se realizó el Taller Trilateral de Áreas Protegidas Hermanas para la mariposa Monarca y el Taller Trinacional de expertos para la formulación del Plan de América del Norte para la Conservación de la mariposa Monarca, en Morelia, Michoacán.

En el año 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), designó a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad.

En febrero 2014, los presidentes de México Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos Barack Obama, y el primer ministro de Canadá Stephen Harper, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte 2014 en Toluca, Estado de México, pactaron la creación de un Grupo de Trabajo Trinacional de Alto Nivel para proteger y conservar el fenómeno migratorio de la mariposa Monarca, que simboliza la unión de las tres naciones.

Del mismo modo, se acordó integrar en cada uno de sus respectivos países un Grupo de Trabajo de Alto Nivel con la representación del gobierno, la academia y la sociedad civil organizada.

Ese mismo año se instaló el Grupo de Alto Nivel para la Conservación del Fenómeno Migratorio de la Mariposa Monarca en México (GANMM), con el objetivo de proteger y preservar el hábitat de hibernación de la Mariposa Monarca en los Santuarios en los Estados de México y Michoacán y su ruta migratoria hacia los Estados Unidos y Canadá.

El GANMM se integra por instituciones gubernamentales que incluyen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales (UCAI), de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), un comité científico (Instituto de Biología de la UNAM, Conabio, Conanp y organizaciones de sociedad civil -Grupo de los 100, Fondo Mundial para la Naturaleza y The Nature Conservancy.

En mayo de 2014, se desarrolló la reunión del grupo de trabajo de alto nivel de mariposa monarca, en la decimonovena reunión anual del Comité Trilateral Canadá-México-Estados Unidos de América para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre y Ecosistemas, en Querétaro, Querétaro.

Como un acto muy significativo, también en junio de 2014 el presidente de Estados Unidos propuso el establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre la Salud de los Polinizadores (Pollinator Health Task Force), coordinado por la Secretaría de Agricultura y por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, para desarrollar una estrategia nacional sobre la salud de los polinizadores, donde se incluye explícitamente a la mariposa Monarca.

El mandatario norteamericano enfatizó que durante las últimas décadas se ha producido una importante pérdida de polinizadores, incluyendo las abejas, las abejas nativas, aves, murciélagos y mariposas, por lo que se requiere de atención inmediata para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, evitar el impacto económico adicional en el sector agrícola, y proteger la salud del medio ambiente. La migración de la mariposa monarca es la que ha sufrido el mayor daño.

Diferentes científicos consideran que las pérdidas de insectos polinizadores son causados por una combinación de factores, incluyendo la nutrición, la pérdida de tierras forrajeras, de parásitos, de patógenos, la falta de diversidad genética, y la exposición a los pesticidas.

Como se puede observar, en un principio las primeras acciones de protección de áreas obedecieron a patrones de conservación por el interés de los hábitos migratorios de la mariposa monarca; Después de años de estudio y observación la mariposa se convirtió en componente crucial de un sistema biológico complejo, por lo que se instauró que su protección y conservación requería de la preservación de los ecosistemas en su conjunto.

Entre los riesgos y amenazas que presenta esa región se encuentran los problemas de:

• Asentamientos humanos.

• Explotación forestal.

• Incendios.

• Plagas forestales.

• Erosión del suelo por el cambio del uso forestal al agrícola.

• Cacería furtiva.

• Cambio en el uso del suelo en las zonas aledañas a los bosques de hibernación.

• Apertura al ecoturismo desorganizado.

• Tala ilegal y clandestina.

• Altos niveles de marginación y pobreza.

• Contaminación del agua.

Es el momento de que el gobierno federal intensifique y se coordine de manera más eficiente con los estados involucrados, con los municipios, con las comunidades, con el Congreso de la Unión, con las organizaciones de la sociedad organizada para que exista en esa región un desarrollo sustentable.

A su vez, juntos tenemos que promover proyectos de colaboración con las autoridades de Estados Unidos y Canadá, e impulsar mecanismos de articulación con la sociedad civil y las autoridades.

La Cámara de Diputados tiene que participar en este esfuerzo conjunto trilateral. Su presencia contribuirá a enriquecer y fomentar el uso eficiente de los recursos naturales, impulsar el desarrollo sustentable de la región, promover mejoras a la economía de la localidad, impulsar políticas públicas que garanticen la reactivación económica de los habitantes de la reserva, vigilar la ejecución y correcta aplicación de los recursos destinados a los programas y proyectos que coadyuven al desarrollo de la zona, así como proponer endurecer las penas para quienes participen en la tala clandestina e inmoderada de árboles.

La Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México que se propone integrar para funcionar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante la Sexagésima Tercera Legislatura Federal, apegará su programa de trabajo, objetivos y acciones a los lineamientos que fueron establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que presentó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y considerando el memorando presidencial del 20 de junio 2014 que anunció Barack Obama, para la creación de una estrategia federal para promover la salud de las abejas y otros polinizadores en Estados Unidos.

La Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México trabajará bajo los siguientes lineamientos e intereses:

• Investigar y realizar estudios acerca del panorama de la mariposa monarca en el país, sus riesgos y cuáles son las medidas a tomar para su protección.

• Proponer medidas adecuadas para erradicar la afectación del ecosistema.

• Incentivar a todos los actores para tomar nuevas medidas que ayuden a revertir las pérdidas de las especies animales polinizadoras y ayudar a restablecer las poblaciones a niveles saludables.

• Impulsar programas educativos que aumenten significativamente la conciencia pública sobre la importancia de las especies animales polinizadoras y los pasos que se pueden tomar para protegerlas.

• Consultar a las partes interesadas, incluidas las federales, estatales, agricultores, empresarios y organizaciones no gubernamentales.

• Proponer realizar los cambios necesarios y adecuados para mejorar el hábitat de las especies animales polinizadoras.

• Impulsar la generación de recursos y beneficios a través de la conservación, restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, con instrumentos económicos, financieros y de política pública innovadores.

• Exigir el incremento de la superficie del territorio nacional bajo modalidades de conservación, buenas prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natural.

• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono.

• Colaborar con la sociedad civil organizada en materia de ordenamiento ecológico, desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

• Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de cambio climático, biodiversidad y medio ambiente.

• Identificar los programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con población de alta vulnerabilidad social y ambiental.

• Proponer mecanismos e instrumentos para prevenir y controlar los incendios forestales.

• Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales existentes en las regiones indígenas y para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus conocimientos tradicionales.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, integre la Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México, con el fin de impulsar y apoyar, de manera intensa, los objetivos y acciones de los lineamientos que fueron establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que presentó el gobierno de la república, y el Memorando Presidencial del 20 de junio 2014 que anunció el Primer Mandatario de Estados Unidos de América, en materia de conservación, restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, así como de la protección del hábitat de hibernación y reproducción de las especies animales polinizadoras, en particular de la Mariposa Monarca en los estados de Michoacán y México.

Segundo. La Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México se compondrá por integrantes representantes de todos los grupos parlamentarios, con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión. Será presidida por una presidencia y dos secretarías.

Tercero. Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, se instale la Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México de inmediato, y dure en funciones hasta la terminación de la Sexagésima Tercera Legislatura Federal.

La Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México presentará programa de trabajo a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados para su aprobación.

Se somete este punto de acuerdo a consideración de esta soberanía para su resolución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de emprender una campaña en materia de uso del celular mientras se maneja, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Juan Manuel Cavazos Balderas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El presente punto de acuerdo tiene como objetivo que la autoridad en materia de prevención de accidentes tenga a bien coordinarse con las autoridades locales y las instituciones de educación superior para establecer un programa específico con respecto a concientizar los riesgos acerca del uso del teléfono celular al conducir, además de que se promuevan las reformas a los reglamentos municipales de tránsito respectivos en la materia señalada.

La distracción en la conducción es un importante factor de riesgo de traumatismo por accidente de tránsito. Existen distintos tipos de distracciones, siendo la más importante el uso del teléfono celular.1

Hablar por teléfono celular, y sobre todo escribir mensajes al conducir, desplazó la ingesta de alcohol como la primera causa de accidentes viales, según datos de la Cruz Roja Mexicana.2

El uso del teléfono celular puede hacer que el conductor:3

• Aparte la vista de la carretera (distracción visual);

• Aparte la mente de la carretera (distracción cognitiva);

• Quite las manos del volante (distracción física).

El uso del teléfono celular puede afectar al desempeño de la conducción con respecto a una serie de tareas, dando lugar a lo siguiente:4

• Incremento del tiempo de reacción para detectar y responder a acontecimientos inesperados relacionados con la conducción;

• Reducción de la capacidad para mantener una posición correcta en el carril;

• Reacciones de frenado más lentas con frenadas más intensas y distancias de parada más cortas;

• Reducción de la capacidad para mantener la velocidad adecuada (esto es, normalmente se circula más despacio);

• Incremento del tiempo de reacción ante las señales de tráfico o no reparar en ellas;

• Reducción del campo de visión (es decir, el conductor suele mirar más hacia delante que a la periferia o por los espejos);

• Reducción de la distancia de seguridad;

• Calcular mal el espacio necesario en el flujo circulatorio para incorporarse con suficiente tiempo a la circulación de forma segura;

• Aumento del trabajo intelectual, lo que genera niveles de estrés y frustración más elevados;

• Reducción de la percepción del conductor de lo que ocurre a su alrededor.

Las campañas de sensibilización pública destinadas a lograr que la población sea más consciente de lo que significa conducir mientras se está distraído y a promover conductas para una conducción segura son importantes para combatir el uso del celular. El teléfono celular está cada vez más integrado en nuestra vida profesional y personal, lo que hace que sea más difícil conseguir el cambio cultural necesario para aceptar el peligro que supone utilizar el celular durante la conducción. Puede aprenderse del éxito obtenido en distintos países por los programas de seguridad vial contra la conducción bajo los efectos del alcohol, gracias a los que esa conducta es cada vez menos aceptable socialmente, así como de los logros alcanzados en otros ámbitos de la salud pública, como por ejemplo el creciente apoyo público a la legislación contra el tabaco. Ciertamente, las campañas de sensibilización deben esforzarse por conseguir que la población sea más consciente de los riesgos.5

Es de mencionarse que el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Stconapra) es la unidad administrativa de la Secretaría de Salud responsable de dirigir la política nacional en materia de prevención de lesiones ocasionadas por accidentes; gestionar ante las instancias públicas, privadas, sociales involucradas en el tema de accidentes y coordinar la operación de los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes de las 32 entidades federativas, la implementación de estrategias y acciones tendientes a disminuir la morbilidad y mortalidad consecuencia de las lesiones accidentales, en beneficio de la población mexicana. El titular del Stconapra tiene la atribución, entre otras, de coordinar la operación de las estrategias e intervenciones definidas en el seno del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes.6 Es por esto último que se propone exhortar al mencionado Secretariado Técnico, para que se coordine con los Consejos de las Entidades Federativas encargados de la Prevención de Accidentes y con las Instituciones de Educación Superior para realizar una campaña “Si manejo no texteo” para evitar los accidentes viales motivados por el uso de celular al conducir. Se propone esta campaña se enfoque principalmente a las Instituciones de Educación Superior, toda vez que los jóvenes son el sector de la población que se ha verificado que es más propenso a incurrir en la conducta señalada.

De igual forma, con pleno respeto a la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone exhortar al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y a los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes para que en el ámbito de sus atribuciones, promuevan en los municipios que no lo han hecho, las reformas pertinentes para que los reglamentos municipales de tránsito prevean prohibir y sancionar a aquellos conductores que utilizan aparatos de comunicación móvil al manejar un vehículo, salvo que lo hagan con tecnología de manos libres u otra tecnología que evite su distracción.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes a coordinarse con los Consejos para la Prevención de Accidentes de las Entidades Federativas y con las Instituciones de Educación Superior, para realizar una campaña específica “SI MANEJO NO TEXTEO” a nivel nacional, para evitar los accidentes viales motivados por el uso de aparatos de comunicación móvil al conducir.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y a los Consejos para la Prevención de Accidentes de las Entidades Federativas, a promover en el ámbito de sus atribuciones, modificaciones a los reglamentos municipales que aún no lo prevén, para que se prohíba y se sancione el uso de aparatos de comunicación móvil mientras se conducen vehículos, salvo que se utilice con tecnología de manos libres u otra tecnología que evite la distracción del conductor.

Notas

1 Fuente: OMS. Uso del celular al volante: un problema creciente de distracción del conductor, 2011.

2 Véase: Juárez, Blanca. “Desplaza el celular a la ingesta de alcohol como primera causa de accidentes viales”. Periódico La Jornada. Sábado 27 de diciembre de 2014, p. 12. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/12/27/politica/012n1pol

3 Véase: OMS. Ob. Cit. Pág. 20.

4 Ibídem.

5 Véase: OMS. Ob. Cit. Pág. 46.

6 Véase: http://conapra.salud.gob.mx/Nosotros/Quienes_Somos.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade a reforzar con el gobierno de Yucatán y los municipios las acciones de promoción del deporte a través del mejoramiento de la infraestructura y estímulos deportivos, a cargo del diputado Pablo Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Pablo Gamboa Miner, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los jóvenes son actores fundamentales del cambio social y político, poseedores de un gran potencial creativo y capacidad de imaginación.

En nuestro país existen 31.2 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años, mientras que en mi estado, Yucatán, según datos del Inegi, al 2010, habitaban poco más de 644 mil personas de entre 12 y 29 años.1

El Consejo Nacional de Población calcula que el país deberá atender las demandas de un promedio de 30 millones de jóvenes anualmente durante las próximas cuatro décadas.

Hablamos de personas con sueños, anhelos y esperanzas, que se erigen como el sector más importante para el devenir de la sociedad, pero que al mismo tiempo juega un papel crucial en el presente.

Sin duda alguna, las y los jóvenes de este país constituyen un valioso recurso cuyo aprovechamiento depende en gran medida del apoyo que se les brinde desde las instituciones públicas.

En ese sentido, los jóvenes conforman un sector poblacional ante el cual estamos obligados a generar oportunidades y garantías para el ejercicio irrestricto de sus derechos fundamentales.

En el plano laboral, los jóvenes desean que las autoridades faciliten su inserción en el mercado laboral y se les apoye como emprendedores para la creación empresas, para ser investigadores, acceder a las nuevas tecnologías e incursionar al arte y la cultura.

Sin embargo, lo cierto es que el panorama para los jóvenes aún enfrenta rezagos que debemos resarcir.

De la población juvenil que participa en actividades productivas, el 38.9 por ciento se ubica en puestos formales y el 61.1 por ciento en actividades informales.

De acuerdo con cifras del Inegi, del total de los egresados a nivel nacional, únicamente el 30 por ciento encuentra empleo en el primer año y de estos, solo la tercera parte labora en una actividad relacionada con los estudios que cursaron.

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la desocupación en México afecta principalmente a los jóvenes, pues el 53 por ciento de los desocupados tienen entre 15 y 29 años.

Estas cifras nos ayudan a comprender por qué 7 de cada 10 mexicanos inmigrantes que se van del país son jóvenes a los que se les negaron oportunidades de progreso.

En materia social, la situación de los jóvenes enfrenta también importantes áreas de oportunidad.

La pobreza afecta hoy en día a 8.2 millones de jóvenes; 27 por ciento no tiene acceso a servicios de salud y 69.1 por ciento de ellos no cuentan con seguridad social.

Sólo 3 de cada 10 jóvenes en edad de acudir a la universidad tienen la oportunidad de hacerlo, lo que implica una exclusión inaceptable del 70 por ciento de nuestros jóvenes.

En resumen, México está en deuda con su juventud porque todavía se enfrentan a contextos de incomprensión, exclusión, discriminación y ausencia de oportunidades de progreso y vida digna.

Por ello resulta urgente repensar al país desde la visión de la juventud.

Durante mi campaña, me comprometí con los jóvenes de Yucatán y de México a representarlos de forma permanente, defendiendo sus intereses y dándoles voz a sus demandas en esta soberanía.

La presente proposición busca ensanchar las oportunidades de desarrollo para los jóvenes en Yucatán, a través de la promoción del deporte en el estado, en el entendido de que esta actividad, representa una de las estrategias más importantes del Estado para fomentar la salud, el desarrollo y la inclusión social, particularmente de las y los jóvenes, quienes representan el futuro de nuestro país.

Nuestro marco jurídico e institucional reconoce la importancia del deporte. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra a la práctica del deporte como uno de los derechos fundamentales que el Estado se encuentra obligado a garantizar.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por su parte, retoma este principio constitucional, estableciendo como uno de sus objetivos el “promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de la salud”2 .

Para lograr este importante objetivo, dicho documento de planeación traza como estrategia la creación de un programa de infraestructura deportiva, así como las siguientes líneas de acción:

• Contar con información confiable, suficiente y validada, de las instalaciones existentes a nivel municipal, estatal y federal, para conocer el estado físico y operativo de las mismas.

• Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y óptima operación de las instalaciones deportivas, incluyendo las escolares.

• Recuperar espacios existentes y brindar la adecuada respuesta a las necesidades futuras que requieren los programas deportivos.

• Promover que todas las acciones de los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte se fundamenten en la planeación de largo plazo.

• Poner en operación el sistema de evaluación en materia deportiva que garantice la eficiencia de los recursos financieros invertidos en el deporte nacional.

El Programa Nacional de Cultura Física y el Deporte que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo, contempla acciones dirigidas a convertir al deporte en un instrumento de desarrollo para formar mexicanos más sanos y competentes, además de procurar que los niños y jóvenes deportistas con cualidades y talentos específicos cuenten con entrenamiento y servicios especializados, con estímulos adecuados en instalaciones propicias y un sistema de competencia estructurado3 .

En estos primeros tres años del sexenio, el gobierno de la República ha demostrado su compromiso con el deporte nacional, desplegando un conjunto de políticas públicas y programas que buscan consolidar a nuestro país como una auténtica potencia deportiva a nivel mundial.

Durante la presente administración se han apoyado 858 acciones de obra para los programas de infraestructura municipal y estatal, de las cuales 367 fueron obras nuevas, 379 rehabilitaciones, 98 ampliaciones y 14 equipamientos, mismas que beneficiaron a las 32 entidades federativas, a 598 municipios y a las 16 delegaciones del Distrito Federal4 .

Asimismo, es de destacarse que desde el inicio de la administración, hasta agosto de 2015, los atletas mexicanos que participaron en diferentes competencias internacionales obtuvieron 3 mil 813 medallas, de las cuales, mil 355 fueron de oro5

El gobierno federal también lleva a cabo acciones para fomentar el deporte en las esferas más próximas a la ciudadanía. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por medio de los Centros del Deporte Escolar y Municipal, fomenta en la población mexicana la práctica regular y sistemática del deporte, aprovechando la infraestructura y recursos existentes para promover la iniciación deportiva en niños y jóvenes.

En Yucatán se ha puesto en marcha un esfuerzo importante para mejorar la infraestructura deportiva.

A través del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa, durante los últimos meses se ha apoyado a más de 40 municipios del estado, entre ellos Tixcacalcupul, Chankom, Tahdzi, Temozón, Espita, Kaua, Chichimilá, Tizimín, Izamal, Teabo, Chocholá, Progreso, Tekantó y Suma de Hidalgo6 .

Como parte de estas obras, se modernizó la Unidad Deportiva Kukulcán en Mérida, para convertirla en el Complejo Deportivo Yucatán, con capacidad para ser sede de competencias nacionales e internacionales, inaugurada en enero de 2015, en beneficio de aproximadamente 271 mil deportistas.

En cuanto a la labor institucional a nivel local, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, apoya permanentemente a los atletas y deportistas yucatecos

Debemos reconocer que los esfuerzos gubernamentales emprendidos hasta el momento están dando muy buenos resultados. Muestra de ello, es que en la Olimpiada Nacional 2015, Yucatán se situó en el quinto lugar del medallero, obteniendo 80 preseas de oro, 82 de plata y 117 de oro, superando a entidades como el Distrito Federal y a instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México7 .

No obstante los avances logrados, no podemos bajar la guardia en el impulso al deporte en Yucatán.

En este tenor me permito proponer a esta honorable asamblea el hacer un llamado a las autoridades para que refuercen las estrategias y acciones que actualmente están realizando para promover el deporte en Yucatán, específicamente en materia de infraestructura y estímulos para los deportistas y atletas yucatecos.

Nuestro compromiso con los jóvenes se debe traducir en propuestas concretas para favorecer a su sano desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea para su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, en coordinación con el gobierno del estado de Yucatán y los municipios, refuerce las acciones de promoción del deporte en dicha entidad, a través del mejoramiento de la infraestructura deportiva y estímulos a los deportistas y atletas yucatecos.

Notas

1 Cifras de la Encuesta Nacional de Juventud 2010. Resultados generales Yucatán, disponible en:

http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/3._ENJ_2010_-_ Yucatan_VF_Mzo_16_MAC.pdf

2 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “México con educación de calidad”, disponible en:

http://pnd.gob.mx/

3 Cfr. Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342830&fecha=30/04/2 014

4 Cifras del gobierno de la República. Tercer Informe de Gobierno, páginas 319 y 320, disponible en:

http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/

5 Ibídem.

6 Cifras de la nota. “Consolidan infraestructura para el deporte en Yucatán”, 18 de enero de 2015, disponible en: http://sipse.com/milenio/consolidan-infraestructura-para-el-deporte-en- yucatan-133024.html

7 Cifras del Concentrado General de Medallas de la Olimpiada Nacional 2015, disponible en:

http://conade.gob.mx/eventos/ON2015/Medallas.aspx?IDEven to=37

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2015.

Diputado Pablo Gamboa Miner (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SHCP a publicar la declaratoria de emergencia para Loreto, Comundú, La Paz y Los Cabos y liberar los recursos a fin de atender los desastres ocasionados por las lluvias registradas en septiembre y octubre en Baja California Sur, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desastres, estados de emergencia y perturbación en la vida, salud y seguridad de la sociedad, relacionados con fenómenos hidrometereológicos se han vuelto una noticia constante a nivel mundial. Situación de la cual México no ha quedado excluido, ya que cada año es común escuchar reportes de esta naturaleza en alguna entidad de la república.

Tal como es el caso de los hechos ocurridos el pasado 18, 19 y 20 de septiembre del presente año en el estado de Baja California Sur, fechas en las que se experimentaron lluvias intensas, generadas como consecuencia de un fenómeno hidrometeorológico inusual provocado por la depresión tropical 16-E, la cual se manifestó con una precipitación de agua en promedio de 150 a 250 milímetros en el sur, norte y centro de la entidad, así como vientos de 55 kilómetros por hora y rachas hasta de 75 kilómetros por hora, lo que trajo como consecuencia inundaciones, deslaves de carreteras y corridas de arroyos.

Dichas situaciones pusieron en un estado de vulnerabilidad y de grave peligro a los habitantes de los municipios Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, así como generó se vieran afectados tanto física, como económicamente.

Asimismo, hay que recordar que tan sólo el 21 de septiembre el Consejo Estatal de Protección Civil acordó suspender las clases en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, este último siendo el más afectado luego de que en Santa Rosalía se registraran casi 150 milímetros de precipitaciones, debido a las fuertes lluvias originadas por la depresión tropical 16-E, y los remanentes del huracán Marty.

Ante estos hechos el 21 de septiembre, el Gobierno de Baja California Sur solicitó a la Secretaria de Gobernación (Segob) se emitirán declaraciones de emergencia en los municipios de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, con la finalidad de que pudieran acceder a los recursos del Fondo para la atención de Emergencias (Fonden).

Sin embargo, el 22 de septiembre, Segob únicamente llevo a cabo la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Mulegé, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 30 de septiembre, permitiéndole acceder a los fondos aportados por el Fonden.

Posteriormente, con fecha 28 de septiembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, sin embargo, dicha declaratoria aún no ha sido publicada en el DOF por la Segob, situación que perjudica a los municipios, ya que en cuanto no se publique dicha declaratoria en este medio, se estará generando un atraso en la entrega de los recursos del Fonden en beneficio de los habitantes de dichas regiones.

Por lo que consideramos urgente que la Secretaría de Gobernación y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus respectivas competencias lleven a cabo la publicación de la Declaratoria de Emergencia antes señalada y se haga la entrega de los recursos del Fonden a los municipios afectados por las lluvias severas registradas en el estado de Baja California Sur.

Es importante que se tenga presente que en dicha entidad las lluvias continúan manifestándose, representando un riesgo constante para la población de los municipios de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos. Los ciudadanos afectados por estas contingencias, han padecido desde la pérdida de sus bienes, lugares de trabajo, esta es una responsabilidad a la que el Gobierno no puede ser esquivo en la inmediata aplicación de los recursos, ya que si bien la presencia de 16-E y los remanentes de Marty, fueron las causas que originaron estos lamentables hechos, aún se corre el riesgo de que los mismos se incremente de no brindarles la ayuda pertinente.

Hoy, reiteradamente vemos que las lluvias del día 3 de octubre afectaron principal y nuevamente a los municipios de La Paz y Los Cabos. Ya de por si era una causa de emergencia, con ésta agravante y de mayor magnitud exhorto para que se atienda esta contingencia natural.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía de Urgente u Obvia Resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a que lleve a cabo la publicación en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, pertenecientes al Estado de Baja California Sur, para que dichos municipios puedan acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y Gobernación para que liberen de manera urgente los recursos considerados en el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) para la atención del municipio de La Paz capital del Estado de Baja California Sur, afectado y ya declarado en estado de emergencia a causa de la presencia de las lluvias severas de septiembre y octubre del año en curso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR para que se investigue el delito de desaparición forzada de persona en perjuicio de Manuel Serrano Vallejo, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR para que se investigue el delito de desaparición forzada de persona en perjuicio de Manuel Serrano Vallejo, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre, licenciada Maricela Serrano Hernández, ingeniero Telésforo García Carreón, maestra Hersilia Córdova Morán, ingeniera Edith Villa Trujillo, licenciado Héctor Javier Álvarez, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presente ante esta soberanía el siguiente problema social que, de no solucionarse y atenderse, demostraría la incapacidad de las autoridades mexicanas competentes de prevenir, investigar y castigar los delitos, hecho que indudablemente dejaría en un completo y total estado de indefensión a las víctimas de hechos como los que aquí se narran.

Exposición de Motivos

Los diputados antes mencionados pertenecemos al Movimiento Antorchista que es una organización social y política, constituida al amparo de los artículo 8º y 9º Constitucionales (derecho de petición y de asociación), Movimiento Antorchista que es una organización social cuyo propósito es organizar a los grupos más pobres, más necesitados, más desprotegidos del campo y de la ciudad para luchar por sus intereses inmediatos, pero también para luchar por sus intereses históricos, es decir, por la justa distribución del ingreso, que permita mejores condiciones de vida de la población, por ello gestionamos ante las distintas autoridades gubernamentales la realización de obras y servicios básicos en beneficio de miles de mexicanos.

Debemos mencionar que la presencia de nuestra organización en el Estado de México es de las más numerosas e importantes, destacando nuestra participación en contiendas electorales y en la gobernanza de dos municipios de dicho estado; Chimalhuacán e Ixtapaluca.

A medida que se acercaban los tiempos electorales de julio de 2012, las mentiras y calumnias contra nuestra organización se han centrado en nuestra dirigente estatal, Maricela Serrano Hernández, hoy diputada federal, quien a lo largo de 28 años ha gestionado obras sociales para mejorar la calidad de vida de quienes padecen desigualdad social y quien, por lo mismo, ha cosechado amplias simpatías entre los habitantes del municipio de Ixtapaluca, cuestión que ha despertado la envidia y encono de políticos locales que ahora, la calumnian, infaman y agreden impunemente.

Particularmente preocupante en esta campaña de desprestigio en contra de Maricela Serrano es el terror que ciertos políticos están sembrando entre los militantes antorchistas:

• 16 de marzo de 2012: dos jóvenes menores de edad fueron secuestrados y golpeados por ocho sujetos, a quienes obligaron a imputarle acusaciones videograbadas a la dirigente antorchista y a quienes, el también diputado Armando Corona, exhibió en un video en el Canal 6 de Ixtapaluca.

• El caso de los transportistas de la colonia Citlalmina en Ixtapaluca quienes constantemente son extorsionados por teléfono y a quienes, además, les robaron una unidad.

• En julio de 2012 Maricela Serrano Hernández resultó ganadora de la contienda electoral para elegir a presidentes municipales. Dicho proceso fue impugnado por el partido acción nacional, con el candidato Marco Antonio Higuera. El proceso se prolongó hasta el mes de diciembre del mismo año, cuando el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió su resolución a favor de la Licenciada. El triunfo de la licenciada Maricela Serrano en Ixtapaluca fue a pesar de la guerra sucia que se desató en el proceso electoral, lleno de críticas, zancadillas, propaganda negra, compra anticipada de votos y conciencias, se echó mano de la violencia física y el terror contra Maricela Serrano y sus seguidores (daño y robo de vehículos, golpes a su equipo de difusión, carteles llenos de insultos y amenazas pegados en las puertas de los domicilios, etc.); amenazas de muerte por televisión, prensa escrita, volantes, correos electrónicos y teléfono celular, hechas en un lenguaje soez y brutal, contra ella, sus pequeños hijos y su familia en general. Ver anexo.

• 26 de marzo de 2013: aproximadamente a las 9 de la noche, intentaron asesinar al director de Desarrollo Social, el joven profesionista Carlos Enríquez Santos, hoy presidente electo del municipio Ixtapaluca, Estado de México. Los sicarios lo siguieron en un auto, que se colocó atrás del que él iba manejando, desde el cual le dispararon una bala de 9 mm que entró por la parte posterior de su auto, perforó el asiento, lesionó la espalda del funcionario, atravesó el tablero y se incrustó en el motor. El ataque fue a matar y el funcionario salvó la vida de milagro. (Carpeta de Investigación.)

• Horas después, a los teléfonos celulares del profesor Bernardino Domínguez, dirigente antorchista en la región, y de otras dos personas que ocupan puestos dirigentes en la administración y dentro de nuestra organización, entró el siguiente mensaje, que reproducimos íntegramente, incluidas la bárbara ortografía y la sintaxis del original, para dar una idea del hambre de poder, irracionalidad y vesania de sus autores

"hola lider bernardino y demas aganles llegar este mensaje a sus obreros queridos antorchos que tal les fue con nuestro regalito no era la intencion matarlo pero si recordat que vamos con todo y no nos amedrentamos,este directorcito soolo es prueva que no nos andamos con juegos queremos fuera a todos los antorchos sabemos cuantos son 17 que tiraremos uno por uno sabemos de que pie cojen y lo que le paso a carlos les pasara a cada uno de ustedes julio leonel luis gustavo juarez etc todos les tocara lo mismo pero a sus tres mujeres que tienen trabajando elizabet zaida y yesenia una violada no estaria mal sabemos donde pegarles y sabemos cual es nuestro tiempo asi que corran de este municipio antorchos poorque no hay compacion estan vijilados las 24 horas sabemos cada novimiento desde donde vive cada uno hasta las relaciones q sostienen cada quien o no julio, al hotel donde se mete su directora del dif las borracheras que se dan los viernes cuantos hijos tienen y no estaria mal empezar con el sindico y su niviecita matamos dos pajaros de un tiro los dos antorchistas uno de presidencia y la otra del dif tiemblen y largence porque esto comienza y terminsran no solo con un balaso sino con mucho mas maricela eso quieres"

• Menos de 48 horas después de lanzada esta amenaza, un comando armado con armas largas interceptó el auto del profesor Bernardino Domínguez, lanzó disparos y lo obligó a bajarse del vehículo, junto con otras dos personas que lo acompañaban. En medio de injurias y amenazas de asesinarlos, los agresores obligaron a sus víctimas a colocarse boca abajo sobre la banqueta, lanzaron algunos disparos al aire y se llevaron el auto de sus víctimas. Lo peor de estos atentados es que en Ixtapaluca todo mundo conoce nombre y apellido de los responsables de éste y otros atentados criminales, y sólo el gobierno del estado parece no estar enterado de nada o no darle importancia alguna a tanto abuso e impunidad de parte de gentes que presumen abiertamente de su cercanía al señor Gobernador.

• El 7 de septiembre de 2013 dos cadáveres fueron abandonados en un paraje del Río de la Compañía ubicado en los límites de los municipios de Ixtapaluca y Chalco en el Estado de México. Sobre los dos cuerpos fue colocada una cartulina con un texto presuntamente firmado por las iniciales de un grupo delictivo. Sin embargo, los "redactores" no se preocuparon de ocultar el carácter político e intimidatorio de la maniobra, que se asoma con toda claridad en una parte del texto, sino que lo hicieron explícito: "esto es para toda la gente que apoya a Maricela… y para toda la griya (sic) antorchista". Ver anexo.

• Es obvio, no podían dejar de escribirla porque su interés es aterrorizar a toda esa gente que, al mismo tiempo que apoya a Maricela como presidenta y como líder social.

• 18 de septiembre de 2013: "sembraron" el cadáver de una persona desconocida; pero esta vez se arriesgaron más y lo depositaron casi en la entrada a la colonia 6 de junio, en Ixtapaluca, en una zona con una amplia presencia antorchista. El cuerpo de esta persona fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Pero horas después, quedó claro por qué los fueron a abandonar en ese lugar: en una cartulina encontrada varios metros adelante, los vecinos hallaron el siguiente mensaje siniestro e intimidatorio: "esto va dirigido para Maricela Serrano y para sus antorchistas de la seis de junio…". Al igual que en el caso anterior, al final del mensaje, a modo de firma y para despistar sobre la verdadera factura de la amenaza, aparece el nombre de un conocido grupo delictivo.

• 6 de octubre de 2013: a eso de las siete de la mañana, el señor Manuel Serrano, padre de la entonces presidenta municipal de Ixtapaluca, Maricela Serrano, fue secuestrado cuando se disponía a abrir su modesto negocio de venta de periódicos y revistas del que ha vivido desde hace 50 años, con el que logró sostener un hogar y formar a sus hijos como hombres y mujeres de bien. ¿Quién o quiénes podrían tener interés en secuestrar a un modesto vendedor de diarios y revistas, perfectamente conocido e identificado por todos los que viven y trabajan cerca de él y cuyos ingresos, por elevados que se supongan, no pueden ser un atractivo para quienes buscan riqueza fácil y rápida mediante el secuestro? Dicho brevemente: a la vista de su actividad y de sus posibles ingresos, don Manuel Serrano no es secuestrable por el crimen organizado. El mismo día y casi a la misma hora en que secuestraban a don Manuel, fue allanado el domicilio de la joven abogada Atenea Román Serrano, la hija mayor de Maricela. Aunque los intrusos se llevaron algunas cosas de valor, lo que haría presumir un simple robo, resulta muy difícil aceptar que la coincidencia en fecha y hora de ambos ataques sea pura casualidad. ¿Se pretendía secuestrar a la abogada Román Serrano junto con su abuelo?

• La semana siguiente a la desaparición forzada de don Manuel Serrano, en una reunión con autoridades de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de México, y cuando todo parecía indicar que se estaba cerca de un acuerdo con los secuestradores de don Manuel Serrano Vallejo para conseguir su liberación, el señor Procurador de Justicia del Estado, sorpresivamente, formuló una exigencia insólita: que la alcaldesa de Ixtapaluca, la licenciada Maricela Serrano Hernández, hija de don Manuel, entregara a las autoridades federales (sic) las pruebas de sus "acusaciones" en contra del gobernador Eruviel Ávila Villegas. Fue inútil aclarar al alto funcionario que tal exigencia era totalmente improcedente por cuanto tales "acusaciones" jamás existieron, como puede documentarse fácilmente en la prensa; él se mantuvo en sus trece y se limitó a recordar a todos que era el único y máximo responsable de esclarecer el secuestro. Los interesados en la vida de don Manuel se retiraron con la sensación de que alguien quería "reventar" el proceso.

• Después de este incidente, ocurrieron cosas que constituyen un viraje en el desarrollo del problema. El primero fue que los secuestradores interrumpieron, sin motivo aparente, la ya muy avanzada negociación del monto y condiciones de entrega del rescate, luego de negarse a dar una "prueba de vida" del cautivo, algo insólito en un secuestro "normal" cuyo objetivo sea el dinero, y no han vuelto a comunicarse desde entonces. En segundo lugar, pocas horas después comenzaron a brotar, como hongos después de la lluvia, decenas de "espectaculares", esos grandes carteles que suelen colocarse a los lados de las vías de mayor afluencia vehicular, en varios estados del centro de la República. Se trata de una intensa campaña publicitaria alimentada exclusivamente con todas las mentiras, calumnias y patrañas que diversos medios informativos han lanzado, sin ofrecer nunca ninguna prueba (ni fehaciente ni deleznable), en contra del Movimiento Antorchista Nacional, mismas que recibieron la debida respuesta por nuestra parte, en el momento oportuno. Ver anexo.

• El momento escogido para desencadenar esta costosísima guerra sucia, justo al mismo tiempo que los secuestradores cortan toda comunicación con la familia de don Manuel Serrano y se niegan a dar una prueba segura de que la víctima está viva y el doble manejo que los autores le han imprimido a la campaña, evidentemente con toda intención, así como el texto de todos los espectaculares aparecidos hasta hoy hacen sospechoso este hecho.

• Según hemos documentado los antorchistas con algún acceso (precario) a la prensa, no ha habido un solo día, desde el nacimiento mismo de nuestra organización, en que no aparezca una nota difamatoria, un ataque vil (puesto que nunca, absolutamente nunca, nadie se ha molestado en probar, ni poco ni mucho, ni bien ni mal, sus acusaciones) disfrazado de "noticia"; en que no se mienta, se distorsione, se exagere o se invente simple y llanamente un delito atribuido a los antorchistas. Se nos acusa, p. ej., de todo tipo de delitos del orden común, desde el robo y despojo de bienes inmuebles hasta delitos de sangre, y no se vacila en responsabilizar a los aparatos de justicia y de gobierno de los tres niveles de "proteger", "solapar" y "alentar" a los "antorchos" a cometer tales abusos. Pero los únicos que salimos a desmentir los cargos y a negar todo contubernio con las autoridades somos nosotros. Pareciera que a las autoridades al mismo tiempo acusadas, les tuvieran sin cuidado los señalamientos en su contra. ¿Por qué? Si los delitos de Antorcha son reales, ellas deberían actuar; si no lo son, deberían aclararlo puntualmente, y no tanto por respeto a la verdad, sino para dejar a salvo su propio desempeño.

• Aquí los avances en la investigación del secuestro de Don Manuel Serrano:

Desaparición de Manuel Serrano Vallejo

-Carpeta
493500360316313
6/Octubre/2013
SEIDO: 13 de Diciembre 2013

La investigación realizada por la Procuraduría General de la República arroja que el secuestro de Manuel Serrano tiene que ver con otros secuestros cuya relación se establece a partir de la detención de los probables responsables:

Los procesados son: Jaime Alejandro Juárez Vargas, Guillermo Mendoza Baldivias y María Isabel Duana Díaz.

Fueron detenidos el día 5 de septiembre y el agente del Ministerio Público Federal los consignó por los delitos de: Delincuencia Organizada, Secuestro, Portación de arma prohibida y Cohecho.

Situación jurídica a dos años de la desaparición de Don Manuel Serrano:

Causa Penal bajo la que se tramita el asunto del secuestro de don Manuel, es la 49/2014-II ante el juez décimo primero de Distrito en el Estado de México.

El día 15 de septiembre el Juez Décimo Primero Penal de Distrito dictó un auto de término constitucional donde resuelve:

1. Auto de Vinculación a Proceso por el delito de Secuestro cometido en agravio de Enrique García González, Jaime Tiburcio Carrasco Castán, Manuel Serrano Vallejo y Manuel Cárdenas Contreras;

2. Auto de libertad por falta de elementos para procesar por el delito de delincuencia organizada y cohecho;

3. Y a Jaime Alejandro Juárez Vargas y Guillermo Mendoza Baldivias se les dicta auto de formal prisión por portación de arma de fuego; y

4. Remite copia certificada al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

En los días que corren la situación es la siguiente:

a) El tres de mayo de 2015, el Juez Undécimo de Distrito con residencia en Naucalpan Lucio Leyva Nava, asistido por su Secretario de Acuerdos Francisco Javier Maya González, dicta un nuevo auto de formal prisión donde resuelve modificar el anterior de fecha 15 de septiembre de 2014, resolviendo dictar auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego y cohecho.

b) En la misma fecha se declara abierto el procedimiento ordinario penal.

c) El ministerio público de la federación adscrito al Juzgado Décimo Primero de Distrito con residencia en Naucalpan (antes Rosa Adriana Jiménez Sánchez y ahora José Antonio Ibarra Nieto), no ofreció prueba alguna, sólo los defensores de los procesados ofrecieron pruebas.

d) Con fecha 10 de junio se admiten las pruebas ofrecidas por los defensores y señalan las fechas para el desahogo de las mismas.

e) Hasta el día de hoy, debieron haberse celebrado nueve audiencias para el desahogo de las primeras pruebas, de las cuales ninguna se ha llevado a cabo:

a. La aceptación de un perito para realizar el diagnóstico sobre si los procesados fueron torturados o no.

b. Las dos siguientes se difirieron por ser ampliaciones de testimoniales de los policías aprehensores, prueba que al estar admitida para su desahogo en distintas fechas, se opuso la defensa en que se desahogara para que no hubiese división de la misma.

c. La siguiente era la ampliación del menor detenido y de los procesados.

d. Y las últimas tres se habían citado a siete víctimas indirectas, la primera Maricela Serrano Hernández hija de don Manuel Serrano Hernández y los seis restantes, familiares de Jaime Tiburcio Carrasco Castán y Manuel Cárdenas Contreras, la cuales tampoco se celebraron en virtud de que no llegaron todos los testigos y el secretario alegaba el principio de indivisibilidad de la prueba y, aunque después aceptó que ese principio no procedía en el caso de la licenciada Maricela Serrano, finalmente no se celebró la audiencia.

Consideraciones finales

I. Don Manuel Serrano, padre de Maricela Serrano Hernández, diputada federal, de 78 años, es un humilde vendedor de periódicos que, por lo mismo, no tiene fortuna acumulada de ningún tipo; que sus hijos tampoco tienen bienes y dinero sino que muy apenas ganan para mantener a sus familias; que, como le consta a las propias autoridades, a pesar de su posición de presidenta municipal de Ixtapaluca, Maricela Serrano no es una persona acaudalada, como no lo es ningún líder Antorchista.

II. Que en las escasas llamadas que hicieron a la familia de don Manuel, los captores no mostraban ningún interés en la negociación monetaria, pero sí lanzaban ostensibles amenazas (que constan en el expediente de la averiguación previa y de la causa penal) para demostrar que podían dañar a otros integrantes de la organización si así se lo proponían, haciendo gala de información privilegiada sobre los movimientos de los líderes antorchistas mexiquenses y sus hijos.

III. La prueba de que el móvil no es el dinero es que, a pesar de que se aceptó pagar un rescate, los delincuentes no fueron a recogerlo ni se han vuelto a comunicar desde hace cinco semanas. Nunca recibimos, en cambio, alguna versión, fruto de las investigaciones o de otro razonamiento, que rotundamente confirmara o desmintiera nuestra visión del asunto.

IV. Además, tanto en desplegados dirigidos al señor presidente de la República y al señor secretario de Gobernación, como en varios artículos de nuestro líder nacional, hemos expuesto pormenorizadamente, además de las razones por las que la víctima no era secuestrable, nuestra opinión fundada de que los investigadores debieran buscar posibles líneas de investigación en el contexto social en que se dio el "secuestro", caracterizado por un bloqueo de los recursos públicos destinados a los municipios mexiquenses gobernados por antorchistas; seis asesinatos de transportistas que participaban en la lucha por trabajar con independencia del Pulpo camionero; amenazas de muerte contra los líderes antorchistas, dos de ellas instrumentadas mediante el macabro recurso de arrojar cadáveres de desconocidos con letreros amenazantes adheridos a los cuerpos en descomposición; allanamiento de sus domicilios y de las casas de estudiantes donde habitan sus hijos; tiroteos a funcionarios municipales antorchistas y a comunicólogos que trabajan con nosotros; procesos judiciales para acusarlos por las manifestaciones que se hacen para protestar por todo esto en Toluca; seguidos de una campaña de terror para sembrar miedo y odio en la población, que incluye decenas de anuncios "espectaculares" resguardados por la policía estatal.

V. En cuando hace a los avances en materia jurídica, con base en el estudio de los doce tomos que comprenden el expediente de investigación de los diferentes secuestros que supuestamente ejecutó la banda detenida el 6 de septiembre de 2014, consideramos que:

VI. Se determina la relación entre la banda de secuestradores con el secuestro de Don Manuel después de haber realizado cientos de comparativos entre redes de teléfono, sin embargo, la prueba de voz de los negociadores que dicen que coincide entre los secuestros no se conoce.

VII. En los secuestros de las otras tres personas (Enrique, Tiburcio, Manuel Cárdenas) al final de la investigación se conoce cómo operaron los secuestradores, desde el móvil del secuestro hasta la muerte de los mismo, sin embargo, en el caso de Don Manuel Serrano no se dice nada sobre cómo se ejecutó su secuestro, es decir, cómo lo "levantaron", por qué la tijera del puesto de periódicos estaba como la encontraron los familiares, cómo llegó el Chevy hasta donde estaba, etcétera.

VIII. Las llamadas de los secuestradores en los tres casos (Enrique, Tiburcio, Manuel Cárdenas) tienen una negociación meramente económica, a diferencia de los registros en el caso de Manuel Serrano, donde constantemente se hace alusión a que Maricela Serrano sabe de qué se trata, o expresiones como: "Ya sabemos los domicilios de todos", "Dile que ya sabe de dónde viene esto", "Tolentino también sabe de qué se trata esto". De lo que se puede concluir, que el móvil nunca fue económico.

IX. La falta de investigación seria atendiendo al escenario político y de amenazas en contra del Movimiento Antorchista Nacional y a Maricela Serrano en particular por políticos locales por el ex diputado Armando Corona, principal adversario del progreso en Ixtapaluca, además de la omisión de investigación de más de cinco números telefónicos que tuvieron relación con las llamadas de los secuestradores, así como la suspensión de ya nueve audiencias en el proceso judicial para juzgar a los probables responsables de los delitos enumerados con anterioridad sugieren un completo desinterés de las autoridades competentes de impartir justicia, de investigar y perseguir los delitos en aras de mantener la paz y el orden públicos; se deja ver una evidente intención de dejarnos en un completo estado de indefensión ante un hecho que resulta grave por atentar contra derechos fundamentales de mexicanos agrupados en una organización social.

Una y otra vez los antorchistas del estado de México y del país entero hemos demostrado respeto por nuestros adversarios políticos; ahora, estamos en todo nuestro derecho de exigir el mismo respeto para nuestra organización y nuestros dirigentes. Es por ello que exigimos un alto a la campaña de calumnias, agresiones, ataques mediáticos y difamación en contra de nuestra organización y de nuestra dirigente estatal, Maricela Serrano Hernández, exigimos una investigación seria de la desaparición de don Manuel Serrano, exigimos justicia ante un crimen que no se ha investigado con responsabilidad, celeridad en el proceso judicial e imputación de los cargos a los autores intelectuales que se desprendan de los hechos.

El asunto no es de ninguna manera desconocido para las autoridades de Gobernación federal, de la Procuraduría o del Poder Judicial. Prácticamente desde que se tuvo conocimiento de la desaparición de don Manuel Serrano, el gobierno federal fue informado, a través del subsecretario de Gobernación, licenciado Luis Miranda Nava, del ataque sufrido y de todo el ominoso clima de agresiones que rodeó a este hecho criminal contra nuestra organización en el estado de México, y particularmente contra Maricela Serrano y su familia, así como todos los hechos que se fueron acumulando posteriormente y que, a nuestro juicio, evidencian contundentemente que los captores no querían dinero ni aceptarían un regreso rápido de la víctima a su hogar a cambio de pagar una suma monetaria, sino que buscan infundir terror y una desbandada entre las filas del antorchismo, cosa que no han logrado ni lograrán.

Los hechos expuestos, desde un punto de vista jurídico-penal, y en virtud de que al momento de la desaparición de don Manuel Serrano Vallejo, Armando Corona Rivera era Diputado Local en el Congreso del Estado de México, denunciamos el delito de Desaparición Forzada cometido por Armando Corona Rivera en perjuicio de Manuel Serrano Vallejo.

Tipo penal que se encuentra tipificado en el artículo 215-A del Código Penal Federal, que a la letra dice: “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

Asimismo, y en caso de que así lo arroje las investigaciones que se realicen en el conocimiento del presente asunto, denunciamos a la persona Armando Corona Rivera por el delito de homicidio cometido en contra de don Manuel Serrano Vallejo.

Por lo expuesto y narrado, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que se exhorte a la Procuraduría General de la República para que abra otra línea de investigación por Desaparición Forzada de Persona, señalando a Armando Corona la autoría intelectual del delito por los hechos narrados en este documento.

Segundo. Que se exhorte las autoridades competentes, Procuraduría General de la República y Poder Judicial del estado de México y de la federación para que el proceso penal de don Manuel Serrano se separe y se conozca y desahoguen pruebas de manera individual.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputados: Maricela Serrano Hernández, Hersilia Córdova Morán, Juan Manuel Celis Aguirre, Edith Villa Trujillo, Telésforo García Carreón, Héctor Javier Álvarez (rúbricas).


Efemérides

Con motivo del 2 octubre, aniversario de la heroica defensa de Mulegé, Baja California Sur, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El 2 de octubre de 1847 se inscribió en Baja California Sur una de las páginas más gloriosas de la defensa de la soberanía nacional. En esa fecha los sudcalifornianos defendieron con valentía y pundonor la integridad del territorio nacional, enfrentándose y derrotando a las fuerzas del invasor norteamericano.

Si bien la historia nacional está llena de grandes actos de heroísmo y de ilustres mexicanos, hoy recordamos al puñado de valientes sudcalifornianos que con arrojo y patriotismo enfrentaron ese 2 de octubre al ejército invasor en la Heroica Mulegé, entregando incluso sus vidas para oponerse a esa injusta intervención extranjera.

El soberbio invasor, que con su fuerza naval ocupo desde el 14 de septiembre de 1846 el puerto de la Paz, nunca sospechó que estas acciones despertarían el nacionalismo de los sudcalifornianos, olvidados por el poder central.

En febrero de 1847 y ante la inmovilidad del jefe político, representantes de los pueblos de Baja California, se organizan como diputación territorial, desconocen al jefe político, en su lugar nombran a Mauricio Castro, al mismo tiempo que acuerdan hacer la guerra al invasor e iniciar la defensa del territorio.

La presencia norteamericana es reforzada en enero de 1847, quienes decidieron la invasión formal de Baja California y mantener de manera firme el bloqueo a los puertos del Pacífico.

Enterado el ejército invasor de que los pueblos de la península se organizaban para repeler la invasión y de que sus representantes se encontraban en el pueblo de Mulegé, envían sus naves de guerra para detener a los patriotas.

Los norteamericanos, en la superioridad de su armamento y en la posición estratégica, exigían a los defensores, encabezados por el capitán Manuel Pineda, la rendición de la plaza. Imposible no encenderse ante la respuesta que los valientes defensores sudcalifornianos, quienes a través del capitán Pineda contestó:

“Impuesto de las instrucciones que usted puso al juez de este pueblo, debo decirle que esta plaza está sostenida por fuerzas mexicanas que tengo el honor de mandar, y que jamás será neutral, ni verá con indiferencia la guerra injusta de los Estados Unidos a la República Mexicana, a que pertenezco y a la que tengo el orgullo de representar. Si el ex jefe político Francisco Palacios Miranda, por su cobardía, se mostró neutral, esta comandancia será todo lo contrario. Esta comandancia con los valientes soldados que tiene a sus órdenes se defenderá y sostendrá sus armas, hasta derramar la última gota de sangre”.

Esta determinación habría de ser el eje con el que los sudcalifornianos enfrentaron al enemigo, infligiéndole la primera derrota en su avasallante aventura expansionista.

El triunfo en la Gloriosa Defensa del Pueblo de Mulegé, el 2 de octubre de 1847, alienta a estos insignes héroes a combatir a las fuerzas de ocupación que se encontraban al sur del territorio.

A pesar de la lejanía y las carencias que arrostraron nuestros compatriotas, así como las vicisitudes impuestas por las condiciones geográficas de la Península de la Baja California, un puñado de hombres y mujeres sudcalifornianos lograron derrotar a un ejército invasor, lo cual constituye uno de los momentos históricos más importantes de la vida de Baja California Sur.

Este es uno de los actos más emblemáticos de la defensa de la soberanía del territorio nacional y una gesta del mayor civismo y heroísmo, sobre todo por las carencias que sufrían los patriotas mexicanos, derivada de su lejanía de los apoyos logísticos del centro nacional, lo cual refleja los valores de nuestro pueblo cuando se trata de preservar la integridad de la patria.

A ciento sesenta y ocho años de distancia de ese hecho histórico, debemos honrar a esos héroes que con su vida contribuyeron a legarnos la independencia que hoy disfrutamos.

Por ello, en esta Cámara de Diputados deseamos recordar la Heroica Defensa de Mulegé, en homenaje a todo un pueblo que en esta trágica etapa de la vida nacional, supo defender con valentía y con entrega este jirón de la patria.

Es nuestro deber honrar a esa pléyade de sudcalifornianos heroicos encabezados por Manuel Pineda, los que defendieron, hasta con su vida, el derecho de la Baja California a ser parte de México.

Rememorar estos hechos históricos conlleva no sólo a recordar una vez más estos acontecimientos para fijarlos en nuestra conciencia, sino para que sirvan de reflexión e inspiración en el presente y para las generaciones futuras.

Este acto de heroísmo nos confirma que la historia de Baja California Sur ha sido una constante lucha por contribuir a un proyecto de país independiente, soberano y con justicia. Por eso somos una entidad progresista y democrática, que defiende su derecho a un desarrollo sustentable y que busca un mejor futuro para todos sus habitantes.

Hoy que vivimos momentos difíciles como nación, debemos encontrar en nuestro pasado los ejemplos y los valores de heroísmo, de lucha y de tenacidad que necesitamos como guía en el sendero por el que hemos de transitar, para acceder al futuro que todos deseamos.

El 2 de octubre de 1847 es una fecha imborrable para los habitantes de Mulegé, de Baja California Sur y de México, en la que los muleginos dejaron muestra fehaciente del amor a la tierra y del valor sudcaliforniano, al defenderla de invasores extranjeros; amor y valor que les ha permitido a los habitantes de Mulegé ser libres, dueños de su tierra y su destino, y contar hoy con un futuro prometedor, con más progreso y bienestar para cada uno de quienes viven en esa heroica población sudcaliforniana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputada Jisela Paes Martínez (rúbrica)

Con motivo del 2 de octubre de 1968, aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Recuerdo, recordamos.

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca

sobre tantas conciencias mancilladas,

sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo, recordamos

hasta que la justicia se siente entre nosotros.

Rosario Castellanos

Este verso, escrito por la gran poetisa y escritora Rosario Castellanos, sobre el 2 de octubre, es para no olvidar como cada madre no olvida a cada uno de los hijos que ahí murieron o que fueron desaparecidos.

México no olvida uno de los episodios más tristes de su historia moderna, aquél donde cientos de jóvenes y simpatizantes al movimiento que se gestaba durante la segunda mitad de 1968, fueron víctimas mortales de un acto de autoritarismo en Tlatelolco.

A 47 años la masacre del 68 está presente en el corazón y el imaginario de las y los mexicanos. 47 años han transcurrido desde que el Estado mexicano mostró su verdadera cara genocida; ese rostro al servicio de los capitales que se da a conocer cuando se elige apaciguar con sangre y terror la ciudad en rebeldía donde se realizarían los juegos olímpicos-comerciales, en lugar de responder a las demandas legítimas de un pueblo.

Cualquier relato de aquella tarde del 2 de octubre evoca, inevitablemente, las luces de bengala que interrumpieron el atardecer e iluminaron súbitamente la plaza donde se habían congregado, acomodados entre las ruinas, unos seis mil estudiantes y simpatizantes.

Esas luces marcaron, literalmente, la historia mexicana. Lo que se dio fue una cacería humana, ya mil veces relatada y no por ello menos terrorífica. Horas de balacera, de persecución y pánico, de botas militares resonando en los pasillos, de búsqueda desesperada de refugio en las puertas de los departamentos, en el portón de la iglesia barroca, como recordó la célebre autora Elena Poniatowska.

El entonces presidente de ese México del 68, Gustavo Díaz Ordaz, dio la orden a su ejército de exterminar a ciudadanos dignos que se manifestaban pacíficamente en la plaza de Tlatelolco. El estado en cambio, los mató de la manera más cobarde, mediante una acción militar, se asesinaron hombres y mujeres, luchas e ideales, sueños y esperanzas que no podían defenderse con sus propias manos de las armas y las balas.

Aquella tarde del miércoles 2 de octubre, los pacíficos manifestantes se vieron sorprendidos por los sonidos discordantes de las balas; por los gritos de dolor de quienes sintieron su piel alcanzada por la realidad en forma de balas; una realidad que les gritó que para el gobierno ser joven, ser estudiante y ser consciente, era ser criminal; que les dijo con balas y luces de bengala que la acción popular, el organizarse y manifestarse podría y pudo acarrearles golpes, violencia, desaparición y muerte.

El México del discurso postrevolucionario, de pronto fue a vista de todos, un país víctima de la tiranía y el despotismo de sus gobernantes. El discurso oficial entonces se había quedado desnudo, desprovisto de argumentos que ocultasen la verdad, pues los hechos habían dejado al descubierto las falacias sobre las que caminaban, y caminan, los dueños del poder.

De la brecha construida por los jóvenes en el 68, emergieron como semillas fértiles el coraje, la indignación, la rebeldía, la organización que, regadas con sangre, ideas nuevas y acciones concretas del pueblo, han dado origen a diversos y múltiples movimientos y luchas que continúan hasta el día de hoy mostrando que otros mundos son posibles cuando el pueblo se une para crear, cuando el pueblo se defiende y resiste, cuando el pueblo toma conciencia y se levanta.

A 47 años de aquellos lamentables sucesos, la juventud de México “no olvidamos”; seguimos recordando el espíritu de los caídos en las marchas que se conmemoran en su nombre por las calles. No es un día festivo, es uno de luto que consuela a la patria por aquellos que perdió y le da esperanza por los que siguen luchando.

Por increíble que parezca, en México, a diferencia de lo ocurrido en las dictaduras del sur del continente, nunca hubo ni juicio ni castigo. Ni un sólo responsable enjuiciado, sea soldado, general o político.

Por eso el 2 de octubre no se olvida, porque no se olvida el 68 como no se olvidan Aguas Blancas, el Charco, Acteal, Atenco, como no se olvidará la lucha histórica de las normales rurales representada dignamente por los estudiantes de Ayotzinapa.

Desde esta alta tribuna, decimos ¡¡No se olvidarán las injusticias del presente!!

Por eso 2 de octubre, ni perdón, ni olvido...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con motivo del 47 aniversario del trágico acontecimiento en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Este 2 de octubre de 2015 se cumplen 47 años de una de las más emblemáticas luchas, y uno de los acontecimientos más emblemáticos del siglo XX en nuestro país, este día está representado por la trágica represión del estado contra los estudiantes y ciudadanos que pedían a gritos ¡democracia! a un sistema autoritario que llevaba, para ese entonces, décadas en el poder.

Diálogo, justicia y democracia pedían los jóvenes del 68 en sus intensas movilizaciones en la ciudad de México, centro neurálgico de la actividad del país.

En el 68 aconteció una ola de movimientos autoritarios que recorrieron el mundo, sucedieron desde Francia, pasando por Polonia, China, hasta México. Aquí se manifestaron en contra de un presidencialismo despótico y un sistema de partido casi único que no permitía la expresión de la diversidad y la pluralidad.

Después de la masacre vino la persecución; los presos políticos, los desaparecidos, pero como dijeron los jóvenes de Praga en Checoslovaquia, que fueron arrollados por las tropas, yo aquí recojo nuevamente ese pensamiento: “pueden cortar todas las flores, pero no pueden impedir que regrese la primavera”.

El movimiento estudiantil de 1968 fue el punto de inflexión que marcó el inicio de la larga construcción de la democracia liberal representativa, basada en un sistema competitivo de partidos, que ahora tenemos.

Ese día el Ejército y la policía política dispararon contra la multitud desarmada, convocada por el movimiento estudiantil. Dramáticas imágenes registraron un testimonio irrefutable de los hechos que aún lastiman la conciencia nacional, los muertos, los encarcelados, los desaparecidos y perseguidos.

Hasta el día de hoy, no hay una cifra exacta sobre los muertos del 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, de Tlatelolco.

El 6 de octubre de aquel año, en el periódico El Día , el Consejo Nacional de Huelga, CNH, difundió que “el saldo de la masacre de Tlatelolco aún no acaba. Hasta el momento han muerto cerca de 100 personas de las cuales sólo se sabe de las recogidas en el momento; los heridos cuentan por miles...”

La Presidencia, en manos de Gustavo Díaz Ordaz, dio horas después de la matanza su propia cifra, la cual hizo pública a la prensa mexicana y a la extranjera: 26 muertos, mil 43 personas detenidas, 100 heridos.

En 1968, el general Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, y el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, intercambiaron cartas que aluden a la matanza, las cuales fueron publicadas por la revista Proceso:

“En cuanto el número de muertos, supe que al general le correspondió ordenar y vigilar que se recogieran los restos de las personas desaparecidas en la Plaza de las Tres Culturas... Exactamente hubo treinta y ocho muertos, de ambos sexos, en la explanada de la Plaza y se halló el cadáver de un niño de 12 años en un departamento del segundo piso del edificio Chihuahua. Además perecieron cuatro soldados del 44 Batallón de Infantería”.

Las cifras oficialistas contrastan con lo que, después de aquel trágico día, reportó a The Guardian John Rodda, quien estuvo en Plaza de las Tres Culturas. Un periodista mexicano –del que no registró su nombre– le dijo habían sido 500 muertos. Rodda publicó esa cifra en un artículo que leyeron en Inglaterra; sin embargo, nunca se dijo cómo se corroboró ese dato.

Al seguir las pistas, el periodista inglés conversó con estudiantes de la UNAM, específicamente con ex militantes del CNH, quienes le ofrecen una nueva cifra aproximada: 325 muertos.

De acuerdo con documentos desclasificados, la Embajada de Estados Unidos en México cifró entre 150 y 200 las personas que perecieron en la matanza del 2 de octubre de 1968.

En 1993, algunos nombres fueron colocados en la estela que hoy se encuentra en la Plaza de Tlatelolco. La Comisión de la Verdad analizó hasta 70 casos, de los cuales se pudo lograr la “plena identificación de 40 muertos”. El monumento a las víctimas recuerda que hay “muchos más” (muertos) que la veintena de identidades que inscribió al centro de la plaza, “cuyos nombres y edades aún no conocemos”.

Como lo escribió Elena Poniatowska –en La noche de Tlatelolco–, “todavía fresca la herida, todavía bajo la impresión del mazazo en la cabeza, los mexicanos se interrogan atónitos. Y no cuadran los muertos.”1

“Al igual que en 1968, quizá nunca sepamos el número exacto de muertos. Sin embargo, resonará en nuestros oídos durante muchos años, la frase de un soldado al periodista de El Día, José Antonio del Campo: “Son cuerpos, señor...”2

Y el movimiento civil y ciudadano de nuestro país mantuvo su lucha desde la cárcel, desde la oposición y, finalmente se abrió paso una reforma política que empezó a reconocer el pluripartidismo, la diversidad, lo que realmente constituye a la nación en sus múltiples expresiones políticas.

El 8 de noviembre de 2011, esta Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se modificó la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que establece que este día deberá izarse la bandera nacional a media asta, en conmemoración de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en 1968.

Pero también es una fecha propicia para mirarnos en el espejo de aquellos años y reflexionar sobre las realidades democráticas del México de hoy, tan distinto y a la vez tan vinculado a las experiencias de entonces.

Irónico es ver cómo a 47 años parece que nada ha cambiado, el sábado pasado conmemoramos y desde el inicio de esta Legislatura, los Diputados Ciudadanos hemos venido exigiendo justicia y claridad en los hechos del caso Ayotzinapa, hecho que nos recuerda vívidamente aquellos acontecimientos en la Plaza de las Tres Culturas, ambos plagados de brutalidad por parte del Estado, autoritarismo, impunidad y falta de verdad de los propios servidores públicos de estos gobiernos.

¿No bastan los muertos? ¿No importan los jóvenes con esperanzas de un México mejor? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Los secuestrados? eso pregunto yo, a 47 años, a 1 año de Ayotzinapa.

En aquel entonces “La actividad legislativa poco representaba en términos de la pluralidad casi inexistente. Cierto que la presencia del Partido Acción Nacional, del Partido Popular Socialista y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana incitaba, de cuando en cuando, agitados debates en el interior de la Cámara de Diputados.

Pero los partidos de oposición estaban todavía limitados a su poco peso numérico en el Congreso, en el caso del primero, y a su casi absoluta concordancia con el PRI, en el caso de los otros dos.

A pesar de los sucesos de 1968, Luis Echeverría llegó a la presidencia a través de unas elecciones muy cómodas. Compartiendo su candidatura por el PRI con el PPS y el PARM, y teniendo como opositor único por el PAN a Efraín González Morfín, obtuvo el 84.63 por ciento del total de las votaciones. Además de la votación presidencial, la integración de XLVIII Legislatura se mantuvo de manera idéntica a como se había distribuido la Cámara de Diputados desde 1964: 178 diputados del PRI, 20 del PAN, 10 del PPS y 5 del PARM. En tales condiciones, la desventaja de la oposición se mantuvo en todos sentidos.”3

Entonces, la oposición en el Legislativo seguía siendo mínima, con el paso de los años y gracias a que la sociedad abrió los ojos y comenzó a manifestarse en las urnas por un cambio, es que Legislatura tras Legislatura fue ganando terreno la oposición, hoy se pinta de colores pero parece que regresa la mayoría de los restos de ese gobierno autoritario, no por ello debemos permitir que pase un 2 de octubre de 1968, un 26 de septiembre de 2014.

Por todo lo anterior, es que hoy debemos hacer memoria de este trágico acontecimiento y seguir desde la oposición, exigiendo justicia para todos y para todas, y lo más importante, recordar, tener memoria histórica, porque 2 de octubre ¡no se olvida!

Recuerdo, recordamos.

Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca

sobre tantas conciencias mancilladas,

sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo, recordemos

hasta que la justicia se siente entre nosotros.

Notas

1 Aristegui Noticas, 1 de octubre de 2013.

2 Poniatowska, Elena. ADN Político, 2 de octubre 2013.

3 Nuestro Siglo. Los años de la apertura democrática. Museo Legislativo, honorable Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2015.

Diputada Claudia Sofía Corichi García

Con motivo del 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI y 62, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente efeméride relativa al Día Internacional del Docente; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cualquier ciudadana o ciudadano del país, e inclusive del orbe, recuerda en más de una ocasión a aquella mujer, a aquel hombre, que traspasando las fronteras de su ámbito familiar, le enseñó y auxilió en más de una tarea que fue definitoria para su vida, y sin lugar a dudas, ese personaje fue un docente. Aquel que mediante el diálogo no solo transmite conocimientos, sino que enseña a los demás a construirlos.

La o el docente, cuya vocación en la vida es enseñar, cree en la palabra como piedra angular de su tarea y ocupa este instrumento con tal pasión y compromiso, que su práctica se puede equiparar a un apostolado; pero el ejercicio de su vocación no se trata de un hecho religioso, comparable a ermitaños o ascetas. Muy al contrario, es un ejercicio de entrega, que en su continua realización le da la posibilidad de trascender en los demás.

La labor de las y los docentes se manifiesta en una colaboración y transmisión de conocimientos y saberes de manera permanente para que otras personas puedan ver, entender, descomponer, enriquecer, mejorar y preservar claramente la realidad, la vida, en suma, el contexto en que se ubican y que han de transformar.

Por lo tanto, ser docente exige vocación de servicio para formar futuras ciudadanas y ciudadanos en lo intelectual, personal, social y emocional; reconociendo, perfeccionando y ampliando sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y, principalmente, enseñando los métodos y procedimientos para que cada uno pueda hacerlo por su propia cuenta, siendo ésta la mayor recompensa: forjar mujeres y hombres libres, autónomos y comprometidos con su entorno.

Es digno de reconocer esta entrega; pero hoy a las y los docentes hay que ayudarles, apoyarlos y demostrarles nuestro compromiso, pues su espacio de trabajo como son las escuelas, se han vuelto receptoras de todo lo que pasa en la sociedad: no están al margen de la conflictividad social, de la crisis de proyecto a futuro que atraviesan los jóvenes y del deterioro de los lazos sociales.

En el pasado, el ejercicio de la profesión docente detentaba una gran dignidad que surgía del saber y del lugar destacado que ocupaba el educador en la sociedad; sin embargo, ante los cambios sociales y las transformaciones que han impulsado las Tecnologías de la Comunicación y la Información, ya no es la escuela el templo del saber y el docente, el “mago” que todo lo sabe.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en el marco del Día Mundial de los Docentes, celebrado anualmente cada 5 de octubre, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconocemos su trascendente papel dentro de la sociedad del conocimiento del siglo XXI, como agente y recurso más valioso que tiene el sistema educativo para realizar su tarea transformadora y modernizadora de la sociedad.

El Día Mundial de los Docentes brinda al Gobierno mexicano la oportunidad de refrendar sus compromisos con los más de dos millones de maestras y maestros de México. La Reforma Educativa puso un fuerte énfasis en ellos; este es un momento propicio para apoyar y alentar a los principales actores de la educación.

Ellas y ellos, a pesar de los conflictos y múltiples descalificaciones, han demostrado ser un profesorado calificado, dedicado y comprometido con la calidad educativa y cada día, demostrando su vocación y entrega. Refrendan su compromiso con el futuro de esta Nación: más de 33 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, gracias a este noble apostolado, aprenden a aprender, aprenden a ser, aprenden a hacer y aprenden a convivir con los demás.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de octubre de 2015.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)

Con motivo del vigésimo sexto aniversario luctuoso del empresario y político mexicano Manuel Jesús Clouthier del Rincón, Maquío, a cargo del diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo

Manuel Jesús Clouthier del Rincón, popularmente conocido como “Maquío”, nació el 13 de junio de 1934, en Culiacán, Sinaloa. Se casó con Leticia Carrillo Cázares, originaria de Navolato, Sinaloa, en 1959. Procrearon 11 hijos.

Estudió su carrera profesional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, donde se recibió como ingeniero agrónomo fitotecnista en 1957.

Ahí además destacó como jugador de futbol americano en la posición de tackle y hoy está reconocido en el Salón de la Fama de dicho instituto.

Liderazgo y servicio

Desde joven sobresalió por sus cualidades de liderazgo y servicio a los demás.

• Fue presidente de la sociedad de alumnos del Tecnológico de Monterrey (1956-1957).

• Presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), (1969-1970)

• Presidente de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas (UNPH), (1971-1973.

• Presidente fundador del Comité número 3 de Caminos Vecinales del estado de Sinaloa, periodo 1971-1978.

• Presidente fundador del Consejo Coordinador Empresarial del estado de Sinaloa, periodo 1974-1978.

• Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), periodo 1978-1980.

• Presidente del Comité Bilateral México-Estados Unidos del Consejo de Hombres de Negocios, periodo 1980-1981.

• Presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante el periodo 1981-1983.

Aportaciones a la educación y comunidad

• Presidente del Comité Pro-Construcción del Seminario Diocesano de Culiacán.

• Durante su gestión en la AARC, construyó 6 escuelas primarias rurales, con el apoyo de la Fundación Ford, en el valle de Culiacán.

• Fue vicepresidente del Comité Pro-Construcción de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

• Fue presidente fundador del Patronato que construyó el Tecnológico de Monterrey en Culiacán, Sinaloa.

• Fue presidente, junto con su esposa Leticia, del Movimiento Familiar Cristiano en Sinaloa.

Reconocimientos, actividades empresariales y de vinculación

• Fue nombrado en 1978 “Ejecutivo Distinguido” por la Asociación de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de Culiacán, AC; y en 1986, “Ejecutivo Distinguido” a nivel nacional.

• Fue empresario de los giros inmobiliario, agroindustrial, agrícola y medios de comunicación.

• Dictó conferencias en diversas universidades del país y del extranjero, así como en organismos intermedios.

• Fue articulista del periódico El Universal de 1982 a 1989.

Trayectoria política

• En 1982, promovió los movimientos de protesta México en la Libertad contra la nacionalización de la banca.

• Se afilió al Partido Acción Nacional en 1984, convencido que el problema de México era esencialmente político y no económico.

• En 1986 fue candidato a gobernador del estado de Sinaloa, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), en una elección manchada por el fraude electoral que documentó y publicó en el libro Cruzada por la salvación de México .

• En 1988 fue candidato del PAN a la presidencia de la República en aquella histórica elección contra Carlos Salinas de Gortari (PRI) y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (FDN), donde se “cayó el sistema”.

• Después de dicha elección continuó la lucha por la democratización de México, a través de acciones de resistencia civil pacífica, como fue su huelga de hambre frente al Ángel de la Independencia en diciembre de 1988, hasta arrancarle al sistema el compromiso de una reforma electoral que no permitiera un nuevo fraude electoral.

• Bajo la tesis de que el gobierno sólo actúa bajo presión, en febrero de 1989 formó el gabinete alternativo con el objetivo de meter presión al gobierno de Carlos Salinas de Gortari para “gobernar desde afuera”.

• Falleció a los 55 años de edad el 1o. de octubre de 1989 en un supuesto accidente carretero.

• El 3 de octubre de 1989, el historiador Enrique Krauze escribió: “En el medio político, acostumbrado a la manipulación y la mentira, dio una lección de sencillez y hombría. En la futura historia de la democracia mexicana, aparecerá sonriendo echado pa´delante y sin rajarse. Así hay que recordarlo...Con pálpito logró resultados prácticos más firmes que los de aquel Madero culto. No es casual. Tenía el corazón más grande que su cuerpo”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2015.

Diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica)