Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al director general del ISSSTE que vuelva a suministrar a los derechohabientes con esclerosis múltiple el medicamento con el principio activo fingolimod en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar, resolver y fincar responsabilidades derivadas de las denuncias interpuestas por la ASF por el delito de desvío de recursos cometido por funcionarios de diversas entidades federativas y resolver las denuncias penales interpuestas contra servidores públicos adscritos al gobierno de Veracruz, a cargo del diputado Miguel Ángel Yunes Linares, del Grupo Parlamentario del PAN

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la ASF que fiscalice los procesos de licitación, contratos y recursos ejercidos durante el periodo 2012-2015 en León, Guanajuato, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a garantizar por las instancias correspondientes el acceso y suministro de electricidad a grupos y zonas marginados, así como a emitir un programa de cancelación de adeudos para ellos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a establecer en las unidades de medicina familiar horarios preferentes en invierno, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal a realizar acciones en materia de seguridad nacional, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de los regímenes estatales de protección social en salud a fortalecer e incrementar las acciones encaminadas a tratar la prediabetes, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Secretaría de Economía medidas de protección de la industria nacional para garantizar su impulso y desarrollo frente a la competencia y la introducción ilegal de mercancías de origen chino, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del PAN

Efemérides

• Con motivo del 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al director general del ISSSTE que vuelva a suministrar a los derechohabientes con esclerosis múltiple el medicamento con el principio activo fingolimod en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del PRI

Bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna consideración, un interés económico o proceso económico puede estar por encima de la reverencia por la vida”.

Manfred Max-NeefPremio Nobel Alternativo (Right Livelihood Award) 1983.

El suscrito, diputado Alfredo Bejos Nicolás, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción VI, 82, numeral 2, fracción I, 100, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, por conducto de la Mesa Directiva, la proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución para que se solicite al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vuelva a suministrarles a los derechohabientes que padecen esclerosis múltiple el medicamento que contiene el principio activo fingolimod en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en virtud de que se emplea cuando la enfermedad es grave, empeora rápidamente o no ha respondido a otro tratamiento conocido como modificador de la enfermedad, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la protección de la salud, se encuentra plasmado en diversos pactos internacionales de derechos humanos, entre otros en:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25 en su parte conducente señala que “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;...”1

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que en su artículo 12 establece que:

“1. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los estados parte en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”2

• Así también, el Protocolo en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Protocolo de San Salvador), en su artículo 10 establece puntualmente que:

“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los estados parte se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad.

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del estado.

c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas.

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole.

e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y

f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”3

En este tenor, los antecedentes directos de la seguridad social se remontan a poco más de un siglo, en la Alemania de fines del siglo XIX cuando el canciller Bismarck, distinguiendo entre los asuntos políticos, económicos y sociales, impulsó una gran reforma al estado liberal dominante en esa época e instituyó el primer sistema de seguridad social.4

En nuestro país, los principios de la seguridad social están contenidos en el artículo 123 de la Constitución de 1917, ubicados en el ámbito de las disposiciones del trabajo y la prevención social para los trabajadores.5

Por su parte, uno de los primeros antecedentes de la seguridad social para los trabajadores al servicio del estado se remontan a la Ley General de Pensiones Civiles de 1925 que cubría a los empleados de la federación (Distrito Federal y territorios). En aquel entonces, las prestaciones consistían en cuatro tipos de pensiones: por retiro, inhabilitación, muerte y retiro forzoso; además se concedían préstamos personales y crédito hipotecario. Todos estos beneficios se financiaban en un sistema de reparto con aportaciones bipartitas (trabajadores y entidades).6 Por lo que se refiere al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tiene sus orígenes en la reforma de 1960 al artículo 123 constitucional.7

En este orden de ideas se debe resaltar además que el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece puntualmente el derecho a la protección de la salud:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Como muy acertadamente lo cita José y Miguel Carbonell en su obra El Derecho a la salud: una propuesta para México : “... a partir del derecho a la salud, corresponde al estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama “el derecho a la atención o asistencia sanitaria”.8

Como oportunamente lo afirman los autores en comento, “... El derecho a la salud también genera, como sucede con todos los derechos sociales la obligación del estado de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución, es decir, la salud; tal protección supone la obligación del estado de abstenerse de dañar la salud, que es una obligación negativa; de la misma manera, hace nacer la obligación –positiva– de evitar que particulares, grupos o empresas la dañen...”9

Consideraciones

1. Que en opinión de Jorge Madrazo y Bolfy Cottom10 , dicho artículo es un reflejo del proceso de reconocimiento interno del derecho internacional de los derechos humanos, al menos respecto de algunas prerrogativas o libertades fundamentales.11 Agregan que hoy en día el citado artículo alberga ocho temas fundamentales:

a) La igualdad del varón y la mujer ante la ley, la protección legal de la familia y la planificación familiar.

b) El derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad.

c) El derecho a la protección de la salud.

d) El derecho familiar a la vivienda.

e) El derecho al medio ambiente.

f) El derecho a acceder a los recursos hídricos.

g) Los derechos de las niñas y de los niños.

h) El derecho de acceso a la cultura y a la práctica del deporte.12

2. Que, en virtud de lo anterior expuesto, el tema que me trae hoy a la máxima tribuna de la nación, es de urgente u obvia resolución, ya que deriva de una necesidad apremiante para un grupo de derechohabientes del ISSSTE, enfermos de esclerosis múltiple.

3. Que la esclerosis múltiple es considerada una enfermedad neurológica desmielinizante de origen inmune-inflamatorio, que además en los últimos años ha sido clasificada como crónico-degenerativa.13

4. Que, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esclerosis múltiple es un trastorno neurológico y éstos a su vez “... son enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los músculos. Entre esos trastornos se cuentan la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, enfermedades cerebrovasculares tales como los accidentes cerebrovasculares, la migraña y otras cefalalgias, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las infecciones neurológicas, los tumores cerebrales, las afecciones traumáticas del sistema nervioso tales como los traumatismos craneoencefálicos, y los trastornos neurológicos causado por la desnutrición.”14

5. Que, de acuerdo a la Agencia Europea de Medicamentos (responsable de la evaluación científica de los medicamentos desarrollados por las compañías farmacéuticas para uso en la Unión Europea)15 , Gylenya es un medicamento que contiene el principio activo fingolimod, el cual se utiliza para el tratamiento de adultos con esclerosis múltiple muy activa; cuando la enfermedad es grave, empeora rápidamente o no ha respondido a otro tratamiento conocido como modificador de la enfermedad.16

6. Que, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los mexicanos gastan de su bolsillo cerca de 440 mil millones de pesos al año en salud... Entre los padecimientos más costosos se encuentran las enfermedades crónico degenerativas, cáncer, diabetes, esclerosis múltiple, que pueden significar un gasto superior a 1 millón de pesos...17

7. Que, por el momento no existe cura para la esclerosis múltiple, sin embargo, existen medicamentos que ofrecen alivio sintomático tanto para los brotes agudos como para las formas crónicas de la enfermedad, de conformidad con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.18

8. Que, de acuerdo a la farmacéutica Novartis, en estudios clínicos, se ha observado que Gilenya disminuye el número de ataques (en poco más de la mitad) y, por ende, el número de recidivas19 graves y de recidivas que requieren internación, prolonga el periodo sin recidivas y frena la progresión de la discapacidad (en cerca de un tercio).20

9. Que, se cuenta con información de que en el Departamento de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, se aplica el medicamento que contiene el principio activo fingolimod a un grupo de más de 30 pacientes con esclerosis múltiple, con muy buenos resultados. Sin embargo, ahora me informan estos pacientes de los cuales cuento con nombre y número de afiliación que, la ministración de este medicamento se ha suspendido por falta de abasto del mismo y mi preocupación es debido a que como lo cité anteriormente, de acuerdo a estudios científicos, es para el tratamiento de adultos con esclerosis múltiple muy activa, se utiliza cuando la enfermedad es grave, empeora rápidamente o no ha respondido a otro tratamiento conocido como modificador de la enfermedad, de allí la urgencia de atender este reclamo social.

10. Que el costo del medicamento que contiene el principio activo fingolimod, es de 49 mil 484 pesos con tan sólo 28 cápsulas.

11. Que, sin embargo, con el precio antes citado, resulta imposible para los derechohabientes que padecen dicha enfermedad, poder sufragar un tratamiento con el importe mensual que ello implica...

12. Que, como lo podemos observar en la exposición de motivos, si bien es cierto que se han dado importantes reformas y acciones enfocadas a garantizar la protección de la salud para todos los mexicanos, también lo es que existe un evidente grave problema de suministro constante de algunos medicamentos.

Por lo expuesto y dando puntual atención a una petición ciudadana, me permito someter esta proposición como de urgente u obvia resolución , al pleno de la Cámara, con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vuelva a suministrarles a los derechohabientes que padecen esclerosis múltiple el medicamento que contiene el principio activo fingolimod en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en virtud de que se emplea cuando la enfermedad es grave, empeora rápidamente o no ha respondido a otro tratamiento conocido como modificador de la enfermedad.

Notas

1. Carbonell, José y Carbonell, Miguel, El derecho a la salud: una propuesta para México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 11.

2. Ibídem, pp. 11-12.

3. Ibídem, p. 12.

4. Hacia un nuevo modelo de seguridad social, artículo que da continuidad a dos trabajos realizados de manera conjunta por José Narro Robles, Rolando Cordera Campos y Leonardo Lomelí Vanegas: “Hacia la universalización de la salud” y “Hacia la universalización de la seguridad social”, p. 8, http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam20/ECU002000701.pdf

5. Ibídem, p. 11.

6. El mismo estudio señala que expandieron la seguridad social para los trabajadores del sector público: la Ley Orgánica para resguardar al Cuerpo Diplomático, la Ley de Organizaciones de los Tribunales del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales y la Ley de Retiros y Pensiones del Sector Militar. Cfr. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a dos años de la reforma, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, p. 2.

7. Ídem.

8. Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “El derecho a la atención sanitaria como derecho exigible”, La Ley. Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, Buenos Aires, año LXV, núm 119, 25 de junio de 2001, p.16, citado por Carbonell, José y Carbonell, Miguel, op. cit., p. 2.

9. Ídem.

10. “Derechos del Pueblo Mexicano”. México a través de sus constituciones, octava edición, instituciones coeditoras: Senado de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Miguel Ángel Porrúa, librero-editor, comentario al artículo 4º. por Jorge Madrazo y Bolfy Cottom, Tomo I, pág. 541, 2012.

Los mismos autores, por cuanto se refiere a las finalidades del derecho a la protección de la salud, éstas son determinadas en la Ley General de Salud... “El bienestar físico y mental del hombre; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acercamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, la extensión de actitudes de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población; el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud y el desarrollo de la enseñanza así como la investigación científica y tecnológica para la salud.”

11. Ibídem, p. 523.

12. Ibídem, p. 524.

13. Esclerosis múltiple: enfermedad neurológica de alto impacto social, Parménides Guadarrama-Ortiz, Ximena Regalado Guerra, Carlos Castillo-Rangel, Manuel Ángeles-Castellanos, Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, Vol. 57, No. 6. Noviembre-Diciembre 2014, p. 6, file:///C:/Users/Carlos/Downloads/esclerosis%20multiple1.pdf

14. Destaca la propia organización que cientos de millones de personas en todo el mundo sufren trastornos neurológicos y que aproximadamente 6,2 millones de personas mueren cada año por accidentes cerebrovasculares, y más del 80% de estas muertes se producen en países de ingresos bajos o medianos, http://www.who.int/features/qa/55/es/

15. http://www.ema.europa.eu/ema/

16.http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002202/WC500104530.pdf

17. https://www.gnp.com.mx

18. http://www.innn.salud.gob.mx/interior/atencionapacientes/padecimientos/esclerosis.html

19. De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, es la reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida.

20. http://www.novartis.com.ar/novartis-argentina/grupo-novartis-en-argenti na/pdf/Gilenya.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.

Diputado Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar, resolver y fincar responsabilidades derivadas de las denuncias interpuestas por la ASF por el delito de desvío de recursos cometido por funcionarios de diversas entidades federativas y resolver las denuncias penales interpuestas contra servidores públicos adscritos al gobierno de Veracruz, a cargo del diputado Miguel Ángel Yunes Linares, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado, Miguel Ángel Yunes Linares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Auditoría Superior de la Federación, en su carácter de entidad de fiscalización superior, fue creada para apoyar a la Honorable Cámara de Diputados en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales relativas a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y todo aquel ente que ejerza recursos públicos federales, con objeto de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si ésta se ajustó a los lineamientos señalados por el presupuesto y constatar la consecución de los objetivos y las metas contenidas en los programas de gobierno.

De igual manera, es competencia de la Auditoría Superior de la Federación informar a la sociedad y a la Cámara de Diputados el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero siguiente a la presentación de la Cuenta Pública; fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; inducir el manejo eficaz, productivo y honesto de los mismos; promover la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los Poderes de la Unión y los entes públicos, que se asignan para beneficio de la población a la que se tiene que servir; rendir un informe específico a la Cámara de Diputados.

Asimismo, la Constitución Política encomienda a la ASF investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo custodia y aplicación de fondos y recursos federales. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.

Es por ello, que la Auditoría Superior de la Federación, ha interpuesto cientos de denuncias en contra de funcionarios públicos de las entidades federativas por el desvío de recursos púbicos. En el caso particular de Veracruz, son más de quince denuncias penales como resultado del ejercicio de los recursos en las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y el actual, Javier Duarte Ochoa.

En estas denuncias, la ASF acredita que no sólo no se solventaron las irregularidades detectadas, sino que se trató de simulación ya qué, una vez obtenidos los sellos de recepción del órgano autónomo de la Cámara de Diputados, los recursos eran de nueva cuenta sustraídos para ser depositados en cuentas distintas a las del Gobierno Estatal, sin que se pudiera acreditar el destino final de los recursos. Se trata de más de diez mil quinientos millones de pesos el monto de recursos federales desviados.

Ante lo denunciado, la Procuraduría General de la República, sí bien ha abierto averiguaciones previas, sus trabajos no muestran avances en la investigación, ya que ha sido omisa en formular una imputación concreta contra los presuntos responsables o en su caso, sobreseer el asunto.

Con este proceder, la PGR, incumple el objetivo de su existencia que es la investigación y persecución de los delitos de forma legal, profesional, objetiva eficiente y honrada, que permita la vigencia del estado de derecho, el combate a la corrupción y la impunidad.

La procuración de justicia es uno de los mayores retos de la alternancia democrática, constituye un enorme embudo donde se viola el derecho al acceso a la justicia y reparación del daño a las víctimas del delito. La impunidad campante que aqueja a la ciudadanía agrava y profundiza la desigualdad, ya que los delincuentes, deben ser investigados y juzgados por su proceder contrario al derecho y la ética pública.

En el caso particular que nos atañe, constituye una conducta delictiva en contra de la hacienda pública y denota completa ausencia de vocación de servicio, probidad, honradez y profesionalismo. Lo más lamentable de estas conductas, es que se pone en riesgo el futuro de las próximas generaciones, comprometiendo el ejercicio de sus derechos, ya que las irregularidades encontradas son sobre los fondos federales para educación, seguridad pública, seguro popular, infraestructura, servicios de salud, adelanto y educación para adultos.

Los montos de recursos públicos cuyo paradero se desconoce, son equivalentes al 10% total del presupuesto del Estado para un año. Semejante atraco a las finanzas públicas, ha provocado una enorme deuda estatal que las y los ciudadanos tendrán que pagar por varias décadas. La falta de medicinas en los hospitales, la deficiencia de los servicios educativos, la grave situación de inseguridad y la inexistencia de obra pública, graves problemas que afectan a la sociedad veracruzana, no obedecen a falta de recursos, sino a la deshonestidad de quienes debieron servir a la ciudadanía.

Pareciera que regresamos a los tiempos en que los órganos de procuración de justicia, actuaron con criterio selectivo, partidista y consigna política; atendiendo a intereses que poco o nada, tienen que ver con el bienestar y cuidado del patrimonio de la sociedad.

La Procuraduría General de la República, tiene la obligación de atender las evidencias que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado, ya que ostenta la carga probatoria en el proceso penal y sus actuaciones deben distinguirse por ser imparciales, apegadas a la legalidad y a los derechos humanos.

México aspira a ser un Estado democrático de derecho, por ello no debe permitirse que se saquee la hacienda pública y muchos menos que los responsables caminen bajo el manto de la impunidad.

Las y los legisladores tenemos un compromiso ético y legal de denunciar y ejercer contrapeso en contra de los abusos y omisiones de funcionarios cuyo actuar se ciñe a intereses políticos y no institucionales.

Por lo anteriormente expuesto

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República para que investigue, resuelva y se finquen responsabilidades con motivo de las denuncias interpuestas por la auditoría superior de la federación por el delito de desvío de recursos cometidos por funcionarios de diversas entidades federativas; en particular resolver las denuncias penales interpuestas contra funcionarios del gobierno del estado de Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de noviembre de 2015.

Diputado Miguel Ángel Yunes Linares (rúbrica)

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Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la ASF que fiscalice los procesos de licitación, contratos y recursos ejercidos durante el periodo 2012-2015 en León, Guanajuato, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de León, Guanajuato, se ha caracterizado por contar con uno de los más elevados niveles de vida de toda la república. Sin embargo, esta característica favorable y virtuosa se ha visto empañada por malos manejos de las finanzas públicas y en el oscuro destino de los recursos erogados para infraestructura y obra pública en los últimos años de gobierno.

Diversos medios de comunicación y redes sociales han documentado y evidenciado que servidores públicos del ayuntamiento de León, Guanajuato durante el periodo 2012-2015 que encabezó María Bárbara Botello Santibáñez, son responsables del desvío de recursos de programas federales.

Desafortunadamente, hasta el día de hoy, no se han ofrecido a la ciudadanía leonesa explicaciones claras ni la rendición de cuentas necesaria que técnicamente justifiquen posibles conductas irregulares o la presunta comisión de delitos, dejando la percepción en la opinión pública de que lo que impera es la “impunidad” y no la vigencia plena del “estado de derecho”.

Incluso, en los últimos días, diversos medios de comunicación han consignado la presunta quema intencionada de documentos oficiales, hecho que ya se encuentra en investigación por las autoridades competentes.

El Congreso local se ha pronunciado ante estas denuncias, y en razón de ello, el diputado local Ricardo Torres Origel, sometió a consideración del pleno del honorable Congreso de Guanajuato, el pasado 22 de octubre, punto de acuerdo solicitando auditoría integral a la administración pública municipal de León por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal de 2012; por los ejercicios fiscales de 2013 y 2014, así como por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal de 2015; así como auditoría específica a los procesos de adquisiciones o compras para los ejercicios fiscales 2013 y 2014. Dicha solicitud fue aprobada por unanimidad.

Lo anterior en virtud de inconsistencias que los ciudadanos exigen se clarifiquen, en relación a la función del servicio público y que, por citar sólo algunos ejemplos, señalo en calidad de presuntas, las siguientes:

• Costo elevado en las obras boulevard del Timoteo Lozano, Plaza de la ciudadanía, Plaza Parque las Joyas, Casa Luis Long, Escuela de Vanguardia de las Joyas, remodelación del centro histórico. Obras que terminaron con un costo excedido al inicialmente proyectado bajo el pretexto de ampliación de metas.

• Un 33 por ciento de la obra del municipio se concentró en ocho empresas; sin mencionar las declaraciones públicas de tales empresarios de la construcción y la forma de asignación de dichas obras.

• Asignación de obras sin licitar.

• En la calle Madre Patria de la colonia 10 de mayo, solamente se colocaron 56 semáforos de los 100 que fueron adquiridos, desconociéndose la ubicación de los 44 restantes.

• Irregularidades en la nómina municipal, al contemplar personas que jamás acudieron a las oficinas municipales para cumplir sus funciones y devengar su salario.

• Desvío de recursos.

• Compras a empresas inexistentes.

• Conflicto de intereses entre los proveedores y quienes autorizaron las adquisiciones.

• Liquidación de policías sin tener certeza de que efectivamente no aprobaron el examen de control confianza o, caso contrario, pretender contratar o mantener en sus cargos a policías que efectivamente no aprobaron dicho control.

• Carga de pasivos laborales por despidos injustificados, contrataciones de personal que no cumplen los lineamientos de los perfiles de puestos establecidos.

• Seguimiento a la creciente evolución de una nómina inflada y el posible pago de sobre sueldos a algunos funcionarios con el fin de obtener liquidaciones ventajosas.

• El pago con recursos del erario de servicios privados de los funcionarios.

• El posible conflicto de interés o cohecho en el que pudieran haber incurrido los funcionarios debido al otorgamiento de servicios.

• Posible lenidad, omisiones, abandono o abuso de las responsabilidades adquiridas por los servidores públicos de la administración que hubieren causado daño al patrimonio del municipio o perjuicio a los particulares.

• El uso y destino de los recursos que obtuvo la administración derivados del empréstito que se le concedió.

Como representantes de la sociedad es nuestra obligación solicitar desde esta soberanía que se realicen las acciones necesarias tendientes a vigilar estrictamente la aplicación de los recursos que le pertenecen a todos y cada uno de los mexicanos, exigiendo a nombre de los leoneses y leonesas la rendición de cuentas a que tienen derecho, y así, ejercer con responsabilidad las atribuciones que se nos han conferido. Sólo podremos recuperar la confianza de la ciudadanía si cumplimos con la representación que se nos ha conferido, y damos muestra tangible de que la transparencia y el combate a la corrupción son prioritarias para todos aquellos que integramos esta Asamblea.

Por ello, somos los primeros que debemos actuar para evitar la percepción ciudadana de impunidad ante posibles actos de corrupción o faltas administrativas, que se acentúa cuando aquellos que pudieran resultar responsables, detentan cargos que otorgan fuero constitucional, al interpretarse que éste consiste en eximir de la rendición de cuentas y del fincamiento de responsabilidades y sanciones.

Así pues, esta Cámara de Diputados se encuentra obligada a auditar a profundidad y dar respuesta satisfactoria a los leoneses y leonesas que exigen transparencia, toda vez que las posibles inconsistencias ya listadas, involucran el ejercicio de recursos públicos federales y de la hacienda local, en detrimento del Municipio.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a llevar a cabo una auditoría sobre los procesos de licitación, contratos y recursos federales y de la hacienda local ejercidos para obra pública, infraestructura, nómina y pasivo laboral en el municipio de León, durante el periodo de gobierno 2012-2015, y se incluya en el programa anual de Auditoría Superior de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.

Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a garantizar por las instancias correspondientes el acceso y suministro de electricidad a grupos y zonas marginados, así como a emitir un programa de cancelación de adeudos para ellos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XIX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de obvia resolución, por medio del cual se requiere al gobierno federal a través de las Secretarías de Energía, Desarrollo Social, Hacienda y Crédito Público, Economía, y la Comisión Federal de Electricidad para garantizar a través del fondo universal eléctrico el acceso y suministro de electricidad a grupos y zonas marginadas, así como para que emitan un programa de cancelación de adeudos por montos impagables por suministro de energía eléctrica para zonas de alta marginalidad y grupos vulnerables, con la finalidad de salvaguardar el derecho humano a recibir energía eléctrica como satisfactor de necesidades humanas básicas para vivir, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. La política de aumento progresivo de las tarifas de suministro de energía eléctrica de uso doméstico se ha venido estableciendo, a través de la emisión de los acuerdos que al efecto ha emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han tenido como finalidad crear nuevas tarifas domésticas (como la 1F o DAC); suprimir el subsidio; fijar o crear rangos de límite mínimo y máximo de uso de energía, o fijar factores de ajuste y actualización en función a los precios de los combustibles (gas natural, principalmente,) e inflación. Cabe señalar que de 2001 a 2012 se han emitido 16 acuerdos relacionados con la creación de nuevas tarifas o de “ajustes tarifarios”, siendo el acuerdo más reciente el publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de junio de 2012, el cual estableció un factor de ajuste y actualización permanente sin límite de temporalidad, esto es que desde su entrada en vigor se sigue aplicando.

2. Ahora bien, a partir del 11 de octubre de 2009 cuando el gobierno federal extingue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y es sustituida por la Comisión Federal de Electricidad para operar el suministro y venta de energía eléctrica en la División Valle de México, que comprende el Distrito Federal y zonas de Hidalgo y Cuernavaca, se ha dado un aumento desproporcionado en los montos consignados en el aviso recibo que llega a los usuarios, llamados coloquialmente como “los recibos locos”, que establecen cargos a pagar que van de los 3 mil a los 150 mil pesos, lo que impacta económicamente a cualquier usuario, afectando más a la población con menores ingresos, y vuelve los cobros prácticamente impagables, en tanto que la gente no reconoce un adeudo de esas cantidades y menos aún tiene para pagarlas. Dicha situación es de conocimiento público a través de los diarios de circulación nacional, que señalan la presentación de más de quince mil quejas que comprenden del año 2012 al 2015 ante la Procuraduría Federal del Consumidor contra la Comisión Federal de Electricidad por los altos cobros que consignan los avisos recibos.

3. De acuerdo al informe anual 2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CFE ocupa el noveno lugar en la lista de los diez primeros entes públicos con más quejas presentadas, con un total de 432 denuncias en su contra1.

En el mismo año, el informe anual de la Procuraduría Federal del Consumidor registró 16 mil 322 quejas en contra de la CFE, de un total de 126 mil 553 recibidas, quedando entre los cinco proveedores con más denuncias a nivel nacional, tendencia que se repitió en 20143.

Problemática planteada

La problemática de los altos cobros de luz es un hecho público y notorio, no solamente por los datos que se menciona por cuanto hace a las quejas presentadas en contra de la CFE, sino porque ha generado a nivel nacional un movimiento de resistencia de los ciudadanos que se niegan a pagar los recibos por la falta de justificación de la empresa estatal a justificarles y aclararles los montos consignados, sino además por los actos intimidatorios y lesivos de que son objetos los usuarios por parte de los trabajadores y contratistas de la CFE.

En ese sentido la que propone de este punto de acuerdo, ha dado seguimiento y acompañamiento a usuarios que tiene dicho problema, que conforman el Colectivo de Ciudadanos de Iztapalapa en Defensa de la Energía Eléctrica y que congrega a las de 500 usuarios que tiene adeudos impagables. Este colectivo logró en 2014 que la Procuraduría Federal del Consumidor requiriera informes a la CFE sobre los actos intimidatorios en contra de los usuarios, tales como oficios sin firma requiriendo el pago, o cartas de despachos privados amenazando de realizar embargos a los bienes de los usuarios por los presuntos adeudos4.

De igual manera el Colectivo de Ciudadanos de Iztapalapa en Defensa de la Energía Eléctrica, ha presentado más de 400 juicios de nulidad contra la CFE en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contra los oficios emitidos por la CFE, en donde les indica sus montos adeudados y ha conseguido hasta ahora más de 60 sentencias declarando la nulidad de los oficios por lo estar fundado, ni motivado el adeudo consignado.

El caso de la resistencia emprendida por dicho colectivo no es único porque, como se señala, a raíz de las acciones intimidatorias emprendidas por la CFE se han conformado diversos grupos de ciudadanos en todo el país contra la empresa productiva del Estado, sabemos de colectivos formados en la zona norte y oriente del estado de México, en los pedregales del Distrito Federal, en Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Sinaloa, Campeche, entre otros estados, todos con la consigna de no pagar montos injustificados e impagables5.

Cabe señalar que los ciudadanos afectados han denunciado que son los usuarios básicos a quienes la CFE busca cobrarles, pero no hay información de acciones emprendidas contra las grandes empresas o grupos empresariales relativas al cobro del suministro energético.

Todos hemos escuchado que en los estados mencionados los usuarios han entrado en una dinámica de confrontación con los contratistas de la CFE y sus trabajadores al impedirles realizar acciones de corte o de sustitución de medidores.

Las autoridades reconocen la problemática ya que la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría Federal del Consumidor, celebraron un convenio encaminado a la revisión de los avisos recibos, a fin de determinar la exactitud del cobro consignado, sin embargo ello no resuelve la situación porque los usuarios refieren que el problema no es que les hagan pagar todo el adeudo en pagos mensuales, sino que no cuentan con recursos para pagar los adeudos consignados que no les justifican su facturación.

Consideraciones

Primera. La denominada “reforma energética” ha generado un nuevo marco normativo en materia de suministro eléctrico. La expedición de la Ley de la Industria Eléctrica reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su primer artículo que tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica.

En términos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, que es el instrumento administrativa del gobierno federal que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, el 98.4 por ciento de la población mexicana cuenta con energía eléctrica, esto significa proveer de electricidad a 119.9 millones de habitantes, por medio de una red eléctrica de 879 mil 691 kilómetros de longitud (líneas de transmisión y distribución de la CFE), extendida por todo el territorio nacional, y con una infraestructura de 190 centrales generadoras de CFE, equivalente a 41 mil 516 megawatts (MW) en capacidad efectiva. CFE proporciona servicio de energía eléctrica a 38.4 millones de clientes, de los cuales el 88.6 por ciento se agrupan en el sector doméstico, el 58.2 por ciento de sus ventas de energía eléctrica se concentran en el sector industrial.6

Lo que nos dicen estas cifras es que la industria eléctrica nacional, totalmente nacional, ha sido capaz técnicamente por sí para dotar de electricidad a todos los mexicanos, que es un satisfactor de necesidades humanas básicas. Que todos tengamos electricidad en nuestros domicilios es un logro de los ingenieros y técnicos mexicanos, tanto de los que pertenecieron a la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro y su sindicato, como a los que pertenecen a la CFE como empresa paraestatal y ahora como empresa productiva del Estado. De ahí que con estos datos podamos cuestionar el sentido mercantilista y liberalizador del ahora llamado “mercado eléctrico”, si a lo largo de los años se demostró la capacidad técnica de nuestra industria eléctrica.

Segunda. Ahora bien, derivado de la resistencia de muchos mexicanos que nos opusimos a la reforma eléctrica en su sentido mercantilista, durante el proceso de discusión de la reforma se propugnó porque se garantizara el acceso universal al suministro eléctrico y también se garantiza normativamente que existirían alternativas legales para no desaparecer los subsidios a la tarifa particularmente para las zonas marginales del país y para los grupos de población en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, es de señalar que el artículo 1o. de la Ley de la Industria Eléctrica dispone la universalidad del acceso al suministro eléctrico, así pues el segundo párrafo del artículo referido dispone lo siguiente:

“Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes.”

En el mismo sentido, debe señalarse que ley establece un capítulo específico, de los artículos 113 al 116, relativo a las acciones del sector energético para garantizar la universalidad del acceso al suministro eléctrico, como es el establecimiento de un Fondo de Servicio Universal Eléctrico, con el propósito de financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el Suministro Básico a Usuarios Finales en condiciones de marginación.

Por su parte el artículo 116 del mismo ordenamiento legal establece la facultad a la Secretaría de Energía de establecer políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en congruencia con la política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las energías limpias.

Estableciendo específicamente la coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social para evaluar instrumentación de programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad.

Tercera. El mismo marco normativo en materia energética, concretamente la Ley de la Comisión Federal de Electricidad le concede diversas facultades a dicha empresa productiva, para que de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, mejore la productividad con sustentabilidad buscando minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional.

Bajo esa premisa es factible que la Comisión Federal de Electricidad como suministradora del servicio de energía eléctrica realice las acciones tendientes a garantizar que los usuarios cuenten con electricidad de conformidad con lo señalado en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y de la Industria Eléctrica a fin de dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 27 constitucional.

Para mayor fundamentación de lo planteado en el presente punto de acuerdo, el artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, dispone que el Consejo de Administración, como órgano supremo de administración de la Comisión Federal de Electricidad, es responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales.

Ahora bien, entre otras facultades, la fracción X expresamente la faculta para aprobar políticas generales para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la Comisión Federal de Electricidad cuando exista inviabilidad económica o imposibilidad práctica de su cobro, así como las políticas para el otorgamiento de mutuos, garantías, préstamos o cualquier tipo de créditos y para la exención de dichas garantías.

Con esta premisa normativa y atendiendo a la problemática plateada en el sentido de que existen usuarios que han acreditado ante la Comisión Federal de Electricidad a través de sus superintendencias, la imposibilidad material de su pago por ser montos que sobrepasan la capacidad económica de los usuarios resulta factible para efecto de acabar de forma legal, transparente y tendiendo a lograr una nueva relación entre usuarios y suministrador, que el Consejo de Administración emita un programa de cancelación de adeudos por montos impagables lo que redundaría sin duda en la extinción de quejas, juicios, demandas y la problemática social en que ha derivado los altos cobros de luz que se ha dado en diversos estados de la República Mexicana como se ha dado cuenta en el presente punto de acuerdo.

Por lo expuesto y fundado, resulta oportuno, someter a consideración del pleno, la siguiente proposición de urgente resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se requiere al gobierno federal a través de las Secretarías de Energía, Desarrollo Social, Hacienda y Crédito Público, y Economía, y la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través del fondo universal eléctrico, el acceso y suministro de electricidad a grupos y zonas marginadas.

Segundo. Se requiere al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad emitir un programa de cancelación de adeudos por montos impagables por suministro de energía eléctrica para zonas de alta marginalidad y grupos vulnerables, con la finalidad de salvaguardar el derecho humano a recibir energía eléctrica como satisfactor de necesidades humanas básicas para vivir.

Notas

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/anuales/2013_I.pdf

2 http://www.profeco.gob.mx/n_institucion/inf_des/Informe_Anual_2013_final.pdf

3 http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa14/septiembre14/bol0052.asp

4 http://www.reporteindigo.com/reporte/df/luz-que-intimida

5 http://www.el-papiro.com/reportajes/cfe_02.html

6 http://www.energia.gob.mx/res/index/PRODESEN%202015_2029.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 19 de noviembre de 2015.

Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a establecer en las unidades de medicina familiar horarios preferentes en invierno, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Ana Guadalupe Perea Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo en base a las siguientes

Consideraciones

El proceso de envejecimiento humano repercute directamente sobre varios factores del desarrollo y el funcionamiento de cualquier sociedad; en las últimas décadas, México presenta un fenómeno demográfico conocido como envejecimiento poblacional, que adquiere gran relevancia por las características y condiciones de salud entre la población mayor de 60 años, principalmente por la necesidad de tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión arterial, osteoartritis degenerativa entre otras, lo que conlleva a que sea el sector que más requiere de atención y servicio médico.

Esta realidad ha sido reconocida por el sector salud, el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, implantó el Programa de Atención a la Salud del Adulto Mayor para otorgar a los derechohabientes una atención que cumpla con las expectativas, no obstante a ello, al ser los adultos mayores los usuarios más frecuentes de estos servicios de salud, manifiestan problemas de atención en las unidades de medicina familiar, principalmente por la falta de un trato adecuado por el personal administrativo, problemas técnicos en los equipos del área de laboratorio clínico, así como el desabasto de los medicamentos.

El tiempo de espera es la queja más recurrente, debido al tiempo prolongado a causa de la falta de cita previa, generado por la necesidad de atención a sus padecimientos crónicos degenerativos, la mayor parte de las veces la asistencia es en base a cita ya establecida, donde procuran llegar temprano para salir lo más pronto, pero no siempre es así, la espera llega a ser mayor a 30 minutos, siempre y cuando la clínica correspondiente cuente con el personal administrativo o médico que permita el desahogo de las citas o en su defecto, o no exista alguna contingencia hospitalaria que limite la atención de éstas.

Actualmente el cambio climático es una amenaza para la salud, los efectos son determinantes al reflejar un incremento de las enfermedades respiratorias debido al aumento de los ciclos de alta temperatura y a lluvias extremas, el alza en los niveles de CO2 y ozono, reflejándose en el agudo índice de alérgenos en el ambiente, lo que causa enfermedades respiratorias como el asma y la rinitis alérgica, conjuntivitis y afecciones cutáneas entre otras.

Los riesgos de mortalidad y morbilidad en los períodos de calor extremo ya afectan principalmente a los adultos mayores y niños, sin olvidar a las personas con enfermedades crónicas que, aunque no está previsto que haya focos endémicos en México, ya es un tema de preocupación a nivel mundial.

Al día de hoy no existe una relación clara entre las consecuencias generadas por el cambio climático y los riesgos que se generan a los sectores más vulnerables, siendo los adultos mayores el grupo de la población que por su deterioro derivado de la edad, tiende a contraer más enfermedades y por tanto, necesitan de cuidados diferentes, de ahí la importancia de establecer mecanismos preventivos.

En aproximadamente un mes, ésta por iniciar la época de frío y con ello los padecimientos de mayor incidencia como la gripe o influenza, catarros, amigdalitis, bronquitis, sinusitis, neumonía, laringitis, etc., aunado a esto, la contaminación ambiental, la polución y demás factores que colocan en riesgo latente a nuestros adultos mayores.

En los objetivos de la Ley General de Salud vigente se establece que el Sistema Nacional de Salud además de proporcionar servicios de salud a toda la población, se tiene la obligación de atender a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Nuestro adultos mayores se exponen al frío en las primeras horas de la mañana en el momento de acudir a su cita, en muchas ocasiones acuden solos ya que no hay quien les pueda apoyar en su traslado y dado que no se les atiende de inmediato, se llega a rebasar su horario de alimentos o medicamentos en la vigilia de su correspondiente atención, por ello, se propone el establecimiento de horarios preferenciales para la atención de los adultos mayores por parte de las clínicas familiares, donde puedan acudir sin contratiempos por clima u horario de alimentación, pero al mismo tiempo sean atendidos de manera efectiva y eficiente por parte de los prestadores de servicio de la misma clínica.

Por lo expuesto me permito someter a consideración del pleno de ésta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se establezcan horarios preferentes en invierno, en las unidades de medicina familiar a favor de los adultos mayores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.

Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal a realizar acciones en materia de seguridad nacional, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 62, numeral 2, 65, numeral 4, 76, numeral 1, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 13 de noviembre se registraron diversos atentados terroristas en puntos de la ciudad de París dejando una ola de miedo e inseguridad. Los ataques costaron la vida de 129 personas y centenas de heridos, muchos de ellos de gravedad. Se han efectuado por parte de las autoridades francesas 23 arrestos a personas presuntamente relacionadas con actividades ligadas al terrorismo y 104 arrestos domiciliarios. Ese mismo día, el presidente Francois Hollande decretó el estado de emergencia y el cierre de todas las fronteras.

A partir de estos hechos, diversos Estados y grupos de la sociedad civil han mostrado su rechazo y desprecio por los hechos de violencia perpetrados contra uno de los países que históricamente representa el origen de la democracia y la libertad. Países como Estados Unidos, Rusia y la propia Francia han unido fuerzas para detener y evitar otros atentados terroristas que pongan en riesgo la vida de inocentes. La determinación de estos países ha sido directa y se han atacado objetivos del Estado Islámico –como responsables del atentado en Francia– en Siria.

Por su parte, el Estado Mexicano ha emitido por medio de la Secretaria de Relaciones Exteriores una alerta de viaje a Francia, evitando desplazamientos innecesarios, así como de ejercer extrema precaución en lugares públicos y actuar con prudencia, siguiendo las indicaciones de las autoridades locales.

El término terrorismo fue acuñado en Francia del siglo XVIII contra aquellos grupos que se rebelaban contra el gobierno, y fueron estos quienes empezaron a utilizarlo por tener bajo amenaza sus intereses en medio del “terror”. Tal como lo apunta el investigador Saúl Hernández, este concepto tiene en la actualidad en riesgo a la sociedad internacional, por los cambios de los fenómenos políticos internacionales, particularmente como el caso del conflicto árabe-israelí, momento en cuando el terrorismo tomó y siguió el camino que lo llevaría directamente a derrumbar las Torres gemelas y con ello a convertirse en el principal flagelo de la comunidad internacional. El terrorismo no es un método, sino grupo o fenómeno social per se, monotemático, aislado o puro: es violencia premeditada, políticamente motivada y perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos normalmente con la intención de atemorizar a la población.

El Estado mexicano se encuentra bajo las amenazas del terrorismo, enfrentando nuevos obstáculos como el narcoterrorismo con sospechas de que existen vínculos con los grupos terroristas como Hezbollah, el grupo Hamas y Al Qaeda con el fin de utilizar a México como trampolín para infiltrarse al territorio de Estados Unidos.

Los Estados Unidos Mexicanos tiene la encomienda constitucional de proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos, aun residiendo fuera del territorio nacional, por medio de las embajadas en otros países. Así mismo, como miembro de organismos internacionales a favor de la paz como la Organización de las Naciones Unidas, tiene el deber de mantener las acciones necesarias que provean de espacios libres y de seguridad para los mexicanos.

La normatividad en nuestro país tiene límites muy claros en materia de anti terrorismo. La Ley de Seguridad Nacional entiende las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, a la preservación de la soberanía e independencia nacional y defensa del territorio, al mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; al mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y a la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes. Considera además, en el artículo 5, amenaza a la Seguridad Nacional actos terroristas dentro del territorio nacional.

Por otro lado, y retomando el riesgo de la respuesta francesa sobre el territorio sirio, es necesario considerar las posibles repercusiones que estos ataques pudieran tener en el precio de los barriles de petróleo a nivel internacional. El Fondo Monetario Internacional calcula que 6 países de la región tendrán un déficit de 700,000 millones de dólares en los próximos 5 años, afectado por la caída del precio del petróleo y el conflicto en Siria durante el conflicto surgido este año. Las tasas de crecimiento se desplomaron junto con la caída de cerca del 60% en los precios del petróleo desde junio de 2014, causando enormes daños en las finanzas públicas. Esto tuvo una repercusión crucial en México, mismo que aceptó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto al déficit provocado por el conflicto en Medio Oriente. Los ingresos petroleros del país representan casi la tercera parte del total. El Secretario de Hacienda ha dicho reiteradamente que la caída del precio del petróleo no es transitoria, poniendo en riesgo los ingresos para el siguiente año fiscal. Si sumamos este nuevo conflicto en la región, se agrega un nuevo hecho de incertidumbre en la economía del país. Como lo ha apuntado el Finantial Times, cada dólar que cae el precio del barril de petróleo recorta aproximadamente 300 millones de dólares a la recaudación de la Secretaría de Hacienda.

Por ello es necesario que se establezcan con claridad los controles económicos y contingencias necesarias con el fin de prever efectos o impactos no previstos en las finanzas públicas del Estado Mexicano y evitar cualquier afectación a la población.

En resumen, con el fin de cerrar esfuerzos contra los actos ocurridos en Francia, bajo la solidaridad que caracteriza al pueblo mexicano con Estados que promueven entre sus instituciones legalidad y democracia, y de evitar acciones que pongan en riesgo la hacienda pública mexicana por el peso que tiene económicamente el petróleo en Medio Oriente, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

1. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores a activar los protocolos de seguridad y demás Estrategias contempladas por el Estado Mexicano a bien de asegurar la integridad de los mexicanos, así como establecer los registros puntuales de ingreso y salida de personas dentro y fuera del territorio nacional.

2. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe al pueblo de México sobre los impactos que como consecuencia de este conflicto se pudiera ocasionar en el sistema económico nacional con respecto a los ingresos petroleros, e informar las acciones que llevará a cabo esta autoridad a fin de evitar cualquier tipo de afectación económica a la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015

Diputado Jorge López Martín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de los regímenes estatales de protección social en salud a fortalecer e incrementar las acciones encaminadas a tratar la prediabetes, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Melissa Torres Sandoval, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los regímenes estatales de protección social en salud a incluir en los servicios que proveen mediante el Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, acciones encaminadas a tratar la prediabetes como una medida preventiva para evitar la diabetes en niñas, niños y adolescentes, así como a los grupos vulnerables, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado sábado 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes (DMD), la cual es la campaña de concientización más importante del mundo sobre la diabetes. Este día fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo.

El Día Mundial de la Diabetes ha sido tema de relevancia en la Cumbre Mundial 2005, en la Declaración del Milenio, en las conferencias y cumbres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las esferas económica y social y esferas conexas, y en particular en los objetivos de desarrollo relacionados con la salud allí establecidos. Se ha reconocido que es esencial fortalecer los sistemas de salud pública y de atención de la salud para alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También que la diabetes es una enfermedad crónica, debilitante y costosa, que tiene graves complicaciones, y conlleva grandes riesgos para las familias, los estados miembros y el mundo entero, lo que plantea serias dificultades para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

• 347 millones de personas en el mundo viven con diabetes.

• Más de 80 por ciento de las muertes por diabetes se registran en países de ingreso bajos y medios.

• Se estima que hasta 2030, las muertes por diabetes podrían multiplicarse.

En efecto, la International Diabetes Federation señala que “La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre (hiperglucemia) y dañando los tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro causa complicaciones para la salud potencialmente letales.

Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de problemas graves de salud. Unos niveles permanentemente altos de glucemia pueden causar graves enfermedades, que afectarán al corazón y los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Además, las personas con diabetes también corren un mayor riesgo de desarrollar infecciones. En casi todos los países de ingresos altos la diabetes es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, ceguera, insuficiencia renal y amputación de extremidades inferiores. Mantener los niveles de glucemia, de tensión arterial y de colesterol cercanos a lo normal puede ayudar a retrasar o prevenir las complicaciones diabéticas. Las personas con diabetes necesitan hacerse revisiones con regularidad para detectar posibles complicaciones.”1

En México la diabetes mellitus es una de las principales causas de muerte en mujeres y hombres. Sin embargo, los estudios y análisis que se realizan toman como referencia a las personas adultas, olvidando por completo a las niñas, niños y adolescentes, en virtud de lo cual las políticas públicas en materia de salud, competencia del estado, se enfocan en atender la problemática que afecta a los adultos, conculcando el interés superior del menor.

Si bien el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Los legisladores nos hemos olvidado de considerar que los parámetros para elaborar las leyes en materia de salud deben tener como punto de partida el interés superior del menor.

A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores, toda vez que “...además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores.”2

Ahora bien, la Federación Mexicana de Diabetes, AC, considera que aún y cuando los niveles de glucosa en la sangre estén elevados no necesariamente es diabetes, pero puede convertirse. La prediabetes no tiene síntomas pero puede desencadenar en diabetes. Podemos decir que la prediabetes tiene como principal característica niveles elevados de glucosa pero no lo suficientemente altos para ser diabetes.3

En otras palabras, al contrario de la diabetes, la prediabetes es reversible, y sólo basta que cuidemos nuestra salud. En la actualidad la prediabetes se puede diagnosticar mediante estudios de laboratorio –como la prueba de ayuno de glucosa en sangre– o por pruebas que el propio médico aplique en su consultorio –como la prueba oral de tolerancia a la glucosa–.

“La prediabetes es una alteración en nuestra glucosa que es reversible, si tomamos el control adecuado de nuestra salud. Comer de forma adecuada, llevar un plan de alimentación orientado por un nutriólogo y hacer actividad física diaria es la mejor forma de revertir esta condición y sobre todo de evitar que progrese hasta convertirse en diabetes.”4

Compañeras y compañeros de la LXIII Legislatura, seamos conscientes de que la prevención es la estrategia más efectiva para combatir la diabetes y por lo tanto promovamos acciones de prevención en nuestros distritos, en nuestras circunscripciones, en nuestras comunidades y, sobre todo, en nuestras familias.

Por todo lo expuesto es que someto a la aprobación de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y de los regímenes estatales de protección social en salud, a fortalecer e incrementar acciones encaminadas a tratar la prediabetes dentro de los servicios que proveen a través del Sistema de Protección Social en Salud, a efecto de prevenir la diabetes en niñas, niños y adolescentes, así como en la población que integra a los grupos vulnerables.

Notas

1. https://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/que-es-la-diabetes?language=es

2. Época: Décima Época. Registro: 2008547. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II. Materia: Constitucional. Tesis: 1a. LXXXII/2015 (10a.). Página: 1398. Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

3. http://fmdiabetes.org/que-es-la-prediabetes/

4. Idem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.

Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Secretaría de Economía medidas de protección de la industria nacional para garantizar su impulso y desarrollo frente a la competencia y la introducción ilegal de mercancías de origen chino, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alfredo Miguel Herrera Deras, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguiente

Consideraciones

La relación de cooperación con China, es vista por el gobierno de México como la oportunidad de fortalecer su presencia en la región Asía-Pacífico, así como la opción viable de crecimiento económico, la consolidación de nuevas inversiones, el dinamismo vigoroso en las exportaciones y por ende, nuevas fuentes de empleo.

México ha profundizado su vinculación con China, quien se ha convertido en su segundo socio comercial con un intercambio superior a los 72 mil millones de dólares en el 2014 y 48 mil millones en lo que va del 2015.

De acuerdo a información documentada por con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 1994 México exportó a China bienes por un valor de 42.168 md, incrementando gradualmente durante cada anualidad, hasta llegar al año 2014, donde la exportación ascendió a 5.964 mmdd, creciendo un total de 14,044 por ciento en 20 años.

Y por el otro lado, el crecimiento en las importaciones de China ha sido exponencial y en 10 años han crecido más de 6.5 veces su valor, según datos de Bancomext.

En la relación de intercambio comercial, México exporta a China: minerales de cobre y sus concentrados, automóviles de turismo, teléfonos y redes inalámbricas, desperdicios de cobre, aceites crudos de petróleo, minerales de acero, aluminio, broce, plomo y cobre, así como sus concentrados, cobre refinado, material reciclable (PET) y máquinas automáticas para procesamiento de datos. Por otro lado, China exporta a México mayoritariamente equipos y partes de telefonía celular, ensambles de pantallas planas, computadoras y equipos portátiles para procesar datos, circuitos electrónicos, unidades de memoria, componentes eléctricos, celdas y conductores fotovoltaicos.

La mayor cantidad de exportaciones que realiza México son bienes básicos o materias primas, mientras que a la par, se ha convertido en un comprador de bienes provenientes de China con un alto valor agregado.

La estructura de comercio entre ambas naciones radica en el interés de China de obtener mayores recursos primarios para expandir su base exportadora y de México adquirir bienes de consumo para expandir su producción orientada hacia las exportaciones.1

Es preciso señalar que la relación comercial entre ambas naciones se ha intensificado en los últimos años, sin embargo, la principal favorecida ha resultado ser la nación asiática.

Tan sólo a principios del año “las exportaciones de México a China cayeron 31.3 por ciento y sus importaciones desde el país asiático aumentaron 3.1 por ciento, a tasas anuales”,2 aun cuando hace dos años se fijó el compromiso de establecer una relación comercial equilibrada.

Rubros como el agroalimentario reflejan importaciones de China equivalentes al 165.1 md al 2015 contra 79.4 md exportaciones de México, teniendo un comercio total de 245.0 md. En lo que se refiere al agroindustria, las importaciones son de 64.9 md contra 47.0 md, haciendo un comercio total de 112.0. En el sector agropecuario, se tuvo un comercio total de 133.0 md, 100.2 md equivalentes a exportaciones y 32.4 md de exportaciones. Cifras de la Secretaria de Economía subrayan que en cuanto a la pesca hubo un déficit de la balanza comercial de 102.5 md derivado de que se registraron 141.9 md en importaciones y 39.4 md en exportaciones.

Con base en los datos disponibles por la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la balanza con China nunca ha tenido un carácter favorable para México, en todos los años, se ha registrado un incremento en el déficit comercial.

México refleja un mal crónico en su relación con China, por un lado la inestabilidad de sus exportaciones y por otro lado, el paulatino crecimiento de las importaciones, que evidencia que compra más de lo que vende.

Y una grieta adicional a la relación comercial entre ambas naciones, es la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de China, la cual a es equivalente al 0.1, una cifra gris, que difiere de los discursos del gobierno federal, mismo que ha expuesto una serie de proyectos ambiciosos y que al momento, reflejan la carencia de condiciones necesarias para aterrizarlos.

Ha sido el mismo gobierno federal el que ha declarado en reiteradas ocasiones que emprenderá acciones para reducir el déficit en la balanza comercial bilateral con China, no se vislumbran resultados a mediano plazo; porque se ha convertido una constante que, aproximadamente el 90 por ciento de los recursos que se mueven entre ambas naciones, terminan en China.

En diciembre de 2011, México dejó de cobrar impuestos adicionales de entre 45 y 250 por ciento a la importación de 209 productos provenientes de China, lo que desde un inicio, generó preocupación en diversos sectores, al considerar que de no establecerse los mecanismos adecuados, cientos de empresas mexicanas se verían desplazadas y obligadas a cerrar y prescindir de su personal debido a la eliminación de cuotas compensatorias además de la entrada de productos bajo subvaluación.

Hoy en día, productos chinos han invadido gradualmente el mercado nacional, anteponiéndose principalmente por sus bajos costos, su cuestionable calidad, dañando directamente el mercado nacional, que está interactuando en un intercambio desigual. Los ya recurrentes casos de prácticas desleales contra diversos fabricantes nacionales, han motivado a que se solicite formalmente la celebración de consultas con el Gobierno de China, tal como lo estipula el Acuerdo por el que se da a conocer el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio (OMC).3

Tal es el caso de la Cámara Nacional de la Industria Textil la que ha alzado la voz para señalar que China, no se ciñe a las reglas de la OMC, incurriendo, a prácticas desleales, al beneficiar a sus exportadores con subsidios como reducciones de impuestos, otorgamiento de bienes, materias primas, así como transferencia directa de fondos, apoyos que se establecen como estímulo por cumplir metas de exportación.

Situaciones similares han prevalecido en la industria mueblera, la del calzado, la de plásticos, la de materiales para construcción, todas sin excepción, se han visto mermadas por la competencia desleal que genera China, influyendo abrasivamente en la decisión del consumidor final que en la mayoría de los casos, prefiere estos productos, sobre los nacionales

Hace unos meses, detonó un evidente caso de competencia desleal en la importación de acero proveniente de China, mismo que ha ocasionado que cientos de empleos se encuentren en situación de riesgo. Todavía cuando la Secretaría de Economía estableció medidas antidumping y se esté evaluando recurrir a la figura de la salvaguarda por un periodo no mayor a seis meses, se percibe que las acciones emprendidas no resarcen el daño ocasionado a la rama de la producción nacional que se vio afectada por las condiciones de discriminación de precios.

Cabe mencionar que con base en el acuerdo sobre salvaguardias de la OMC, en el artículo 2 se establece que un miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un producto si dicho miembro ha determinado... que las importaciones de ese producto en su territorio han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional.

En el mismo acuerdo (artículo 7) se establece que se aplicarán las medidas de salvaguardia únicamente durante el periodo que sea necesario para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste, mismo que no excederá un periodo de cuatro años.

Aunado a este escenario, en México no se ha afianzado un esquema efectivo de atención y generación de empresas transformadoras que aprovechen los bienes que se producen aquí y que les permitan fabricar productos finales. A estas empresas les representa más sencillo el esquema de compra que el de innovación. Aun cuando la industria de la transformación aporta cerca del 80 por ciento de todos los empleos que se logran acumular en el país.

Si se agrega que se tienen costos de producción caros, un mercado laboral débil y que los apoyos a las pequeñas y medianas empresas se han visto pulverizados, se tienen las condiciones para que los productos nacionales continúen siendo desplazados.

Resulta fundamental que de parte del gobierno federal, se fortalezcan los niveles de confianza con las pequeñas y medianas empresas mexicanas, para que tengan la certeza de que cuentan con el respaldo institucional necesario para establecer una relación comercial sólida y efectiva con cualquier nación en una igualdad de condiciones.

Es urgente una intervención inmediata de parte del gobierno federal, con el objetivo de vigilar la competencia justa con su socio comercial chino, a fin de impulsar un desarrollo empresarial efectivo, lo que contribuirá directamente en la generación de empleos, la satisfacción del consumidor e incidirá positivamente en el crecimiento económico de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, se establezcan las medidas de protección hacia la industria nacional a fin de que garanticen el impulso y su desarrollo, frente a la competencia desleal y la introducción ilegal de mercancías de origen chino, lo anterior para salvaguardar los intereses de la planta manufacturera nacional

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se promuevan los mecanismos necesarios para incentivar fiscalmente a empresas de la industria de la transformación a fin de consolidarlas como propulsoras de la economía nacional.

Notas

1 Mendoza Cota, Jorge Eduardo. “El comercio México-China: Su importancia e impacto en la economía mexicana”. Perspectivas y oportunidades de la alianza del Pacífico. Colección Globalización e Integración. Página 75.

2 Morales, Roberto. Se amplía déficit comercial con China pese a pacto pro rebalanceo. El Financiero. Realizada el 6 de abril de 2015 [en línea] [Fecha de consulta 22 de octubre 2015]. Disponible. http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/04/06/se-amplia-deficit-come rcial-china-pese-pacto-pro-rebalanceo

3 Se establece un mecanismo para salvaguardia de transición para productos específicos en donde en aquellos casos en que productos de origen chino se estén importando en el territorio de cualquier miembro de la OMC en tal cantidad y en condiciones tales que causen o amenacen causar una desorganización del mercado para los productores nacionales de productos similares o directamente competidores, el Miembro de la OMC así afectado podrá pedir la celebración de consultas con China con el fin de llegar a una solución mutuamente satisfactoria, incluida la cuestión de si el Miembro de la OMC afectado debe proceder a la aplicación de una medida al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias. Las solicitudes de este tipo serán notificadas inmediatamente al Comité de Salvaguardias (Página 8).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 11 de noviembre de dos mil quince.

Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras (rúbrica)

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Con motivo del 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del PAN

El abuso y maltrato infantil es un problema que compete a todos los países del mundo. En este sentido es que se celebra el 19 de noviembre el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños.

Es importante señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 19 que es obligación de los Estados Partes proteger a niñas y niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

En apego a este ordenamiento, México tiene la responsabilidad y obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Organización Mundial de la Salud define el maltrato infantil como “el maltrato o la vejación de menores abarcando todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia, explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo y dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.

El Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas de Naciones Unidas enfatiza en que existe una aceptación social de la violencia contra los niños, ya que es aceptada como una parte inevitable de la niñez, y que en muchos Estados se acepta el castigo físico como una forma de disciplina y ello contribuye a su perpetuación.

Las consecuencias a largo plazo derivadas del maltrato infantil son diversas y pueden dividirse en: consecuencias para la salud física, consecuencias sexuales y reproductivas, consecuencias psicológicas, otras consecuencias de salud a largo plazo y consecuencias económicas. Los comportamientos delictivos, violentos y otros que generan riesgos podemos encontrarlos en las consecuencias psicológicas a largo plazo. Entre otras consecuencias psicológicas encontramos el desempeño escolar deficiente y el abandono de estudios.

Lo más doloroso para nuestras niñas y niños, es que México en este tipo de resultados sí se encuentra en los primeros lugares. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México mantiene la tasa más alta de pobreza y desnutrición infantil entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y ocupa los primeros lugares en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años infligidos principalmente por sus padres o progenitores.

Según el Informe Nacional sobre Violencia y Salud realizado por el Unicef, México tiene el primer lugar en el rubro de muertes intencionales a niños de entre 1 y 14 años. En otro estudio, a cargo de la OCDE, México ocupó el segundo lugar por niños muertos a causa de malos tratos.

Compañeras y compañeros legisladores:

No debemos permanecer inmóviles frente estos resultados, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad moral y legal, con implicaciones políticas y económicas. Por eso los conmino, a que no solo en este día nos acordemos que debemos defender y proteger a nuestras niñas y niños.

Los invito a apoyar e impulsar el dictamen de la iniciativa que presenté para declarar el 19 de noviembre de cada año, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.

¡No más niñas, niños y adolescentes abusados, violentados y abandonados!

¡Condenemos cualquier tipo de violencia o abuso contra ellos!

¡Denunciemos!

Una sociedad cuyas actitudes o tradiciones fomentan el abuso no puede ofrecer un entorno de protección a la infancia. Los niños y niñas están más protegidos en aquellas sociedades que condenan cualquier tipo de violencia contra ellos, y que respetan y protegen sus derechos.

¡Todos los días del año son 19 de noviembre!

Muchas Gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.

Atentamente

Diputada Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica)