Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el fomento de programas sociales, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita Rosalinda Muñoz Sánchez, Diputada Federal, Integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acudo ante el pleno de esta soberanía a fin de presentar proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Junta de CoordinaciónPolítica la creación de la Comisión Especial para el Fomento de Programas Sociales, con base en lo siguiente

Consideraciones

El futuro de la Ciudad de México está en peligro. Problemas como la falta de agua, la contaminación y el ordenamiento urbano forman parte de las amenazas para la capital del país.

Dentro de una publicación en el libro Los retos que enfrentamos. Los problemas de México y las políticas públicas para resolverlos (2006-2012)”, se enlistan los 10 principales problemas en México:1

1. Seguridad

Desatender el problema lleva a los ciudadanos “a buscar salidas desesperadas y equivocadas, auténticas puertas falsas” como los grupos de autodefensa.

2. Crisis económica

Es fundamental para el desarrollo del país fortalecer el Estado de Derecho, abatiendo los delitos que ahuyentan las inversiones y el turismo

3. Infraestructura

Se reconoce como tema prioritario las deficiencias en instalaciones hidráulicas de asentamientos marginales y zonas de difícil acceso.

4. Telecom

Cobertura, competencia y convergencia para todos los ámbitos de las telecomunicaciones.

5. Salud

Problemas de estilo de vida, como obesidad y alcoholismo,

6. Pobreza

Una prioridad debe ser desarrollar mecanismos para asegurarse de que la población que recibe apoyos a la salud, nutrición y escolaridad pueda salir adelante por su propio esfuerzo, con oportunidades para desplegar su potencial.

7. Educación

Es una parte fundamental para levantar a cualquier Estado con ello combates rezagos y desigualdad.

8. Desarrollo Sustentable

Reducir la pérdida de superficies con vegetación natural, prestando atención a la pérdida de vegetación primaria para conservar la biodiversidad de los ecosistemas y sus servicios ambientales.

9. Política

Es de suma importancia avanzar en la construcción de un sistema electoral más equitativo y confiable, así como en instituciones representativas que cierren la brecha entre la política y la ciudadanía.

10. Relaciones exteriores

Tomar acciones en los temas como la migración, el cambio climático, la lucha contra el crimen organizado transnacional y el flujo de dinero y armas de países consumidores hacia los grupos delincuenciales.

Actualmente estos problemas sociales se buscan combatir mediante la implementación de diversos Programas Sociales.

Las políticas sociales constituyen mecanismos de redistribución de recursos que buscan compensar las desigualdades sociales, puesto que tienen el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida de la población.

Algunos autores señalan que en México la evaluación de programas sociales es considerada un elemento técnico que corrige el diseño y operación de los programas como base para la implementación del presupuesto por resultados; pero que, aun a pesar del interés gubernamental por impulsar la evaluación cuantitativa basada en métodos cuasi experimentales con técnicas econométricas, se enfrenta a deficiencias y dogmatismos en el uso de esa metodología y en su aplicación técnica.

Se puntualiza también que las evaluaciones de políticas y programas públicos en México, sobre todo los concernientes al desarrollo social, adolecen de calidad técnico-metodológica y se concluye que México sólo reporta avances en la consideración de la participación social y ciudadana en sus normas jurídicas y en su planeación, pero en la práctica no hay evidencias de gestión ni de evaluación participativas.2

De acuerdo con una nota de El universal, Alejandro González Arreola, director general de la organización Gestión Social y Cooperación (GESOC) declara que a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos siete años para mejorar de forma sustantiva los programas y acciones federales de desarrollo social, en el último año se observa “un retroceso en el desempeño de los mismos que resulta inadmisible ante las difíciles condiciones socioeconómicas que atraviesa en el país que de no realizarse acciones inmediatas para mejorar los programas que integran la política social, lo que podría derivar en una regresión significativa en términos de desarrollo social y abatimiento de la pobreza”.3

En el caso de Jalisco, La Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de Jalisco realizó un diagnóstico de los programas sociales y el resultado fue que 33 mil 288 beneficiarios fueron dados de baja por distintas razones.

En el comparativo de ocho programas, bienevales para estudiantes es el que registra la caída más grande: 30 mil 551 beneficiarios, ya que de contar con 145 mil 686 se quedó en 115 mil 135. Lo anterior significa que cerca de dos de cada 10 beneficiarios ya no acudieron por sus vales de transporte.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó que para 2012 existían 278 programas sociales con recursos federales. Al respecto, Rodolfo de la Torre advirtió que la cifra no se ha podido establecer con precisión, debido a que no existe una definición exacta de “programa social”.

En el programa de Apoyo a los adultos mayores se registraron mil 194 bajas en el padrón, de las cuales 498 fueron por fallecimiento.

En el recuento sigue el programa de Becas de estudiantes, con 815 bajas; bienevales para adultos mayores y personas con discapacidad, que tuvo 339; jefas de familia, con 225; becas indígenas, con 156, y el de Jalisco incluyente, que tan sólo tuvo ocho bajas.Hasta la fecha, el programa de Apoyos a Jefas de Familia es el que registra más irregularidades, pues a través de dos 300 mil visitas domiciliarias (de una meta de ocho mil) se detectó que 225 beneficiarias en la zona metropolitana no cumplían con los requisitos en las reglas de operación4

Es notorio la necesidad de una evaluación constante y permanente de los programas que integran la política pública en sus diversos ámbitos, con el objetivo de seleccionar los más eficientes y prescindir de los que resulten improductivos, esto con la intención de lograr la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos.

Es por ello que uno de los principales objetivos fundamentales para crear una Comisión Especial de Fomento a Programas Sociales, consiste en ser un instrumento que nos permita difundir los programas sociales federales a con el fin de que la sociedad mexicana pueda ejercer a través de ésta información, el derecho que les asiste para ser beneficiarios de los mismos, al mismo tiempo que se mantiene pendiente de los cumplimientos bajo un estricto régimen de evaluación constante.

Con el trabajo constante, la implementación de tecnología y el debido seguimiento por parte de la Comisión; se lograra dar un paso más para solucionar la problemática social que tanto aqueja al país.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que en términos del inciso c), numeral 1, del artículo 34; y el artículo 42 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se acuerde por el pleno la constitución de una Comisión Especial para el fomento de programas sociales, a fin de evaluar el impacto de dichos programas y proponer ajustes y mecanismos para garantizar el pleno cumplimiento de sus objetivos.

Segundo. Que la Comisión Especial para el fomento de programas sociales se integre por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero . La Comisión Especial tendrá por objeto generar, fomentar y dar seguimiento a los Programas Sociales ya existentes y los de nueva creación.

Cuarto . Que la Comisión Especial podrá solicitar la información que considere pertinente y realizar las acciones que correspondan para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, El Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Quinto. Que la Comisión Especial para el Fomento de Programas Sociales estará vigente todo el tiempo que sea requerido para alcanzar su objetivo, mismo que no podrá exceder al 31 de agosto de 2018.

Notas

1http://mexico.cnn.com/nacional/2014/08/13/10-retos-que- enfrenta-mexico-segun-el-expresidente-felipe-calderon

2 http://www.eumed.net/rev/cccss/20/vcgp.html

3 http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/informacion/noticias/22/62/nacion al/2015/10/16/116380/fallan-85-de-programas-sociales-activistas.aspx

4 http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/621357/6/fuera-33-mil-benefic iarios-de-los-programas-sociales.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la realización de un análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario existente por la importación regular de material genético de ganado bovino procedente de Brasil, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, maestro Joaquín Díaz Mena, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, viene ante esta máxima tribuna de la nación a presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa ) instruya al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria con el apoyo del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, a realizar el análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario existente a la fecha, por la importación regular de material genético de ganado bovino procedente de Brasil, a fin de que se hagan las gestiones bilaterales necesarias ante el gobierno de Brasil para la apertura e importación regular de semen y embriones de ganado bovino a México, conforme a los siguientes antecedentes y exposición de motivos:

Antecedentes

El año 1521, es referido como el año de la importación por vez primera de 50 cabezas de ganado bovino al territorio nacional por Gregorio Villalobos, desde España.i En lo que respecta al ganado cebuino llegó a México en el siglo pasado en sucesivas importaciones desde Brasil, se trataba de ganado de registro, machos principalmente que enseguida empezaron a mejorar la rusticidad y productividad de los hatos, razas cebuinas como brahmán, gyr, guzerot, indubrasil, nelode y sardo negro, fueron introduciéndose paulatinamente al país.ii

Ciertamente, lo anterior contribuyó al fortalecimiento de la actividad y florecimiento de grandes superficies en distintas regiones del país, y a la par de este florecimiento y por el desconocimiento de la existencia de las enfermedades fitosanitarias, también produjo efectos negativos en la actividad por el ingreso de la fiebre aftosa en 1946, a través de éstas razas descritas, lo que produjo el sacrificio de un millón de animales y la aplicación de 60 millones de dosis de vacuna; erradicándose la enfermedad ocho años después, en 1954 y con las entendidas secuelas en la actividad y los ganaderos.iii

La fiebre aftosa se caracteriza por altas temperaturas y úlceras en forma de ampollas en la lengua, labios, boca y entre las pezuñas del ganado, ocasionando grandes pérdidas en la producción, causando dicho padecimiento un aftovirus de características complejas; por lo que ésta enfermedad se encuentra inscrita en la lista del código sanitario para animales terrestres de la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE) y su existencia según los cánones “debe ser declarada” , para lo cual se ha establecido una lista oficial de países y zonas reconocidas libres con o sin vacunación .iv

Entre esas secuelas entendibles de entonces, fue la implantación de controles estrictos a las importaciones y desplazamientos de los animales en las fronteras, además de la implementación de prácticas de bioseguridad para prevenir la introducción o propagación del virus; particularmente dichas prohibiciones se establecieron con Brasil, siendo hoy líder mundial de la reproducción de las razas cebuinas.

Prohibiciones que no obstante el tiempo transcurrido, aún subsisten en nuestro país, mediante la Norma Oficial Mexicana 027-ZOO-1995, no obstante la incorporación de las buenas prácticas pecuarias y de inocuidad, incorporadas tanto en dicha nación sur americana como en nuestro país.

Hoy en día, a México junto con Costa Rica y los Estados Unidos de Norte América, entre otros, se les ha declarado “libres de fiebre aftosa sin vacunación” ; y Brasil cuenta ya con zonas con el mismo estatus sanitario , así señalado por la OIE en su 83ª sesión general de la Asamblea Mundial, celebrada el mes de mayo del año en curso.

Finalmente, Costa Rica por el liderazgo alcanzado por Brasil en desarrollo biotecnológico y biogenético animal, así como en la “producción de razas puras” y después de sendas negociaciones bilaterales por los respectivos gobiernos, liberó en diciembre de 2013, la certificación para la importación de semen y embriones de ganado bovino desde Brasil.v

Estos antecedentes, son robustecidos por la siguiente

Exposición de Motivos

1o. En el sector ganadero nacional e internacional y en las distintas instancias relacionadas, se le reconoce a Brasil con el mayor hato ganadero del mundo y en una posición mundial muy relevante en la exportación de carne y leche. Esto le ha permitido potencializar en los últimos 50 años, un desarrollo genético para el logro de altos rendimientos en la producción de leche y carne en zonas tropicales, con razas o cruces tales como el gyr y el gyrholando, abriendo nuevas posibilidades para los hatos ubicados en zonas bajas y calientes; mismas características que tiene la región trópica-húmeda que comprende los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y parte de Chiapas.

Este potencial alcanzado en Brasil, contribuye hoy en día con la productividad del sector ganadero internacional y el de nuestro país, no obstante la prohibición persistente para la importación de material genético pecuario procedente de la nación sur americana .

2o. En razón de que en el Programa Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios, del Consejo Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa ), tiene como fin incorporar tecnología de punta en materia de mejoramiento genético, dirigidas a mejorar la competitividad y sustentabilidad del subsector pecuario, viene prescindiendo formalmente del material genético producido en Brasil por una prohibición establecida en la NOM-027-ZOO-1995 , a pesar de sus ventajosas características, el avance sustantivo ya logrado en la reproducción genética, el manejo y la buena práctica internacional que le es reconocido a dicha nación, por la Organización Internacional de Sanidad Animal. No obstante, los ganaderos mexicanos no tiene acceso de manera legal a dichos avances y esto no significa que en alguna escala importante, dicho material genético de ganado bovino, sea introducido al territorio nacional; por la probadas bondades de su utilización en el incremento de los índices de producción de leche y carne, particularmente en las regiones tropicales del territorio nacional, situación que las autoridades administrativas no desconocen.

3o. A la fecha, el intercambio genético ocurre con los Estados Unidos de Norte América, además de que se cuentan con “recursos genéticos criollos” adaptados desde luego a las distintas regiones del país; por ende, entre los objetivos específicos del Programa Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios, se encuentran: El establecimiento de alianzas estratégicas entre asociaciones de productores, instituciones de investigación y educación superior, así como, organismos multilaterales, para conjuntar esfuerzos y recursos genéticos pecuarios; promover su mejoría, realizar estudios de mercado de animales reproductores que permitan una estratificación y competitividad a nivel internacional; ejemplo de lo anterior, fue la reunión de expertos del pasado 11 de septiembre en la ciudad de Aguascalientes, para analizar los sistemas de inocuidad en la región y el diseño de nuevos estándares de sanidad que surjan del conocimiento científico, siendo participantes diversos países como Costa Rica y Brasil, entre otros países.

4o. México se encuentra hoy “libre de fiebre aftosa”, al igual que nuestro vecino del norte, Costa Rica y Brasil, según certificación del multicitado organismo internacional. En materia legal y normativa, en la actualidad existen un conjunto de ordenamientos que protegen el desarrollo seguro de la actividad ganadera, como la Ley Federal de Sanidad Animal del año 2007 y su reciente reforma de 2012; contamos con normas oficiales orientadas a la preservación de las mejores prácticas pecuarias, de reducción de riesgos de contaminación y certificación zoosanitaria para la importación, siendo inadmisible hoy, señoras y señores diputados, que también en éste ámbito de la vida nacional, tengamos dos países , otra dualidad vergonzante, en el primero, la norma vigente “nadie la observa pero que todos conocen y practican su prohibición”;

5o. Corresponde a la Sagarpa , en términos del artículo 6º de la Ley Federal de Sanidad Animal, entre otras atribuciones, realizar diagnóstico o análisis de peligro sanitario con el propósito de evaluar los niveles de riesgo zoosanitario de una enfermedad o plaga, establecer o aplicar medidas zoosanitarias sobre la producción, comercialización y movilización de mercancías reguladas y modificar o cancelar normas cuando científicamente se pruebe no se justifique la continuación de su vigencia, entre otras; también de conformidad con el artículo 24 de esta ley, a la Sagarpa se le concede la facultad de inspeccionar la importación de mercancías y la expedición de certificados zoosanitarios para la importación y de acuerdo al artículo 26, le compete el “reconocimiento de zonas, regiones o países libres de enfermedades o plagas” y lo que a nivel internacional realiza la OIE.

Por su parte, el artículo 140 de la ley en comento establece que el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, es el órgano de consulta que apoya al Estado a la formulación, desarrollo y evaluación de las medidas zoosanitarias, y

6o. De lograrse los propósitos del presente punto de acuerdo, la actividad ganadera nacional se fortalecería al poner fin a la sentida demanda del sector por la importación “tras norma” de material genético desde Brasil, regularizándose el trascendente intercambio comercial de material genético entre los ganaderos de las distintas regiones ganaderas del continente, particularmente las del sureste de México con Brasil, lo que redundara más en la producción de carne y leche, en beneficio de la población.

Por lo expuesto, presento a consideración del pleno de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, instruir a la Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, realizar el análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario existente a la fecha, por la importación de material genético de ganado bovino, procedente de Brasil.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, poner a consideración del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, la evaluación y modificación, en su caso, de la disposición técnico-administrativa de tipo zoosanitaria que prohíbe la apertura e importación regular de semen y embriones a nuestro país desde Brasil.

Tercero. Se exhorta al titular de la Presidencia de la República, realizar gestiones bilaterales con el gobierno de Brasil, con el apoyo de las dependencias y unidades administrativas pertinentes, para la expedición de certificados zoosanitarios que permitan la importación e intercambio de material genético de Brasil a nuestro a país.

Notas

i (agrinet.tamu.edu/trade/papers)

ii (www.conargen.mx/index.php/asociaciones)

iii (www.senasica.gob.mx)

iv (www.oiet.ht/es/sanidad-animal-en-el-mundo)

v (www.senasa.go.cr/sitio/index.php.subsecciones/view/309)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2015, sito en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Diputado Joaquín Díaz Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia del país a realizar e instaurar un protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para aplicarlo a todas las mujeres víctimas de violencia de género, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. En nuestro país los niveles de violencia se han recrudecido; sin embargo cuando la violencia es perpetrada en contra de mujeres y niñas existe un patrón de impunidad sistemática en el proceso judicial, ya que existe un alto porcentaje de casos que carecen de una investigación, sanción y reparación efectiva del daño. La impunidad de los delitos en contra de las mujeres perpetúa la aceptación social del fenómeno de la violencia contra ellas, así como el sentimiento y la sensación de inseguridad, no en vano persiste la desconfianza de éstas en el sistema de administración de la justicia.

2. Este clima de violencia no sólo ha generado señalamientos por parte de organismos internacionales, sino que casos particulares han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de este modo, el Tribunal Interamericano ha sentenciado en seis ocasiones al Estado mexicano. La mitad de estas sentencias se refieren a violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

3. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado que los familiares de las víctimas de violencia contra las mujeres reciben de las autoridades judiciales y estatales un trato inadecuado cuando procuran obtener información sobre la investigación de sus expedientes o cuando intentan colaborar en estos procesos; con ello ven vulnerado su derecho de acceso a la justicia; violándose los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, que establecen que en el desempeño de sus deberes los funcionarios respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

Contrario a lo prescrito y gracias a un video que circuló en las redes sociales tuvimos un desafortunado ejemplo de ello la semana pasada cuando el gobernador de Veracruz, Javier Duarte ignoró a la señora Araceli Salcedo, quien lo encaró en Orizaba para exigirle una reunión y hablar sobre la desaparición de su hija, ocurrida hace tres años.

4. Asimismo, en el caso de Ciudad Juárez, ese mismo Organismo Internacional observó parcialidades y sesgos de género presentes en las actuaciones de los fiscales e investigadores ante casos de violencia contra las mujeres, los cuales descalificaban a las víctimas durante el proceso de investigación, señalando de manera textual que:

“(...) casi al mismo tiempo que comenzara a aumentar la tasa de homicidios, algunos de los funcionarios encargados de la investigación de esos hechos y el procesamiento de los perpetradores comenzaron a emplear un discurso que, en definitiva, culpaba a la víctima por el delito. Según declaraciones públicas de determinadas autoridades de alto rango, las víctimas utilizaban minifaldas, salían de baile, eran fáciles o prostitutas. Hay informes acerca de que la respuesta de las autoridades pertinentes frente a los familiares de las victimas osciló entre indiferencia y hostilidad”

Hasta hace unos años, de manera desafortunada Ciudad Juárez dejó de ser el único estado de la República en el que la tasa de feminicidios es elevada para entrar en esa lista Chiapas, Guerrero, Jalisco y el Estado de México; en éste último, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2011 a 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales solo 145 fueron investigados como feminicidios; y a pesar de ello fue hasta el 31 de julio del presente año que se emitió tan sólo para 11 municipios del estado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil y activistas solicitaron que la alerta se decretara en toda la entidad, es decir en los 125 municipios porque señalaron que en cada uno han muerto y han sido desaparecidas mujeres; no obstante ello el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contestó a las organizaciones civiles que antes de solicitar una investigación por violencia contra las mujeres en el Estado de México era necesario probar que los ataques eran “sistémicos.”

5. Otro caso lamentable de discriminación hacia las mujeres víctimas de violencia fue el tratamiento dado al caso del multihomicidio de la Colonia Narvarte; donde la nota fue el homicidio lamentable también, del fotoperiodista Rubén Espinosa; sin embargo se invisibilizaron a las víctimas mujeres e incluso algunos medios inmediatamente criminalizaron a la víctima colombiana Mile Virginia Martín, señalándola como narcotraficante o sexoservidora.

6. Cuando las mujeres víctimas de violencia son reportadas como desaparecidas las autoridades cometen dos clases de violaciones: 1) no proceden a buscar a la víctima con celeridad y 2) la descalifican y culpabilizan por sus acciones y, por lo tanto, la señalan como no merecedora de acciones estatales para localizarla y protegerla. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado que durante la investigación de la gran mayoría de estos casos no se recopilan pruebas fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos, se ha identificado la ausencia de pruebas físicas, científicas y psicológicas para establecer los hechos, lo cual se traduce en el estancamiento de los casos por falta de prueba; asimismo en la mayoría de los esfuerzos para recopilar evidencia probatoria de actos de violencia contra las mujeres se enfocan en la prueba física y testimonial, en detrimento de otros tipos de prueba que pueden ser cruciales para establecer los hechos como la prueba psicológica y científica.

7. En el caso de agresiones sexuales se le asigna un énfasis prioritario a la constatación médica de lesiones físicas y la prueba testimonial para poder fundamentar casos de ese tipo de violencia contra las mujeres. Las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional se pronuncian sobre factores que pueden inhibir a una víctima de resistir físicamente una agresión sexual, aun cuando no ha consentido al acto, y cómo, estos factores deben ser considerados en un proceso judicial. De acuerdo a las reglas, estos factores pueden incluir: “la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo” que hayan disminuido la capacidad de la víctima para dar un consentimiento “voluntario y libre”.

Por tanto, informes médico-legales que se limitan a observaciones físicas, como la determinación de la integridad del himen de la víctima, son sólo una parte del conjunto de pruebas que deben ser evaluadas para esclarecer los hechos en un caso de violencia sexual.

8. Además, los sistemas de justicia no protegen de manera suficiente la dignidad y la privacidad de las víctimas dentro del proceso de investigación. Las víctimas llegan a ser revictimizadas por una falta de sensibilidad ante su situación de víctimas, su sexo y la gravedad de los hechos alegados. Las oficinas gubernamentales donde las víctimas realizan sus denuncias no siempre garantizan su privacidad y éstas tienen que esperar largos períodos de tiempo para recibir atención.

9. No obstante lo anterior, ha habido tímidos avances para la atención de la violencia en contra de las mujeres, aunque han sido lentos e inconcusos; por ejemplo tenemos que el 30 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.

El programa reconoce que la violencia contra las mujeres se expresa en múltiples formas y espacios, que el 46.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja. A un 42.4 por ciento se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos o matarlas (violencia emocional). A 24.5 por ciento les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (violencia económica). Un 13.5 por ciento ha sido golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna arma por su pareja (violencia física); y a 7.3 por ciento de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin que ellas quieran.

En relación con la violencia laboral, un 20.6 por ciento de las mujeres declaró haberla sufrido; más de un 4 por ciento refirió hostigamiento sexual. Más de 500 mil mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales; de ellas, alrededor de 75 mil sufrieron una violación en el último año; sin embargo, por ese delito cada año se inician apenas 15 mil averiguaciones y sólo se concluyen 5 mil juicios en los tribunales superiores de justicia. Estos datos demuestran lo alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración e impartición de justicia: sólo un 14% de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para pedir ayuda, el resto considera que nadie puede ayudarles.

Dicho Programa presenta objetivos transversales, acompañados de las principales estrategias para alcanzarlos, así como sus líneas de acción; se presentan los indicadores con sus respectivas metas para el 2018, que van desde desarrollar y aplicar un protocolo para la detección y denuncia de violencia hacia mujeres y niñas en centros educativos; eliminar cualquier imagen, contenido o estereotipo sexista y/o misógino de libros de texto en educación básica, media y media superior; eliminar la exhibición o tolerancia de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación impresos y audiovisuales; impulsar la creación de unidades especializadas en violencia y delitos contra las mujeres en las instituciones de procuración de justicia; o promover la aplicación de protocolos, manuales, criterios ministeriales, servicios periciales y de impartición de justicia con perspectiva de género; etcétera.

10. Asimismo, el 30 de abril de 2014 se publicó el Programa integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, el cual busca fortalecer el acceso de las mujeres de a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos, estableciendo también diversos objetivos y estrategias encaminadas a lograr la protección de los derechos de las mujeres en México.

11. Por su parte, para atender los casos de violencia sexual la Procuraduría General de la República cuenta con un Protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género, el cual, como su nombre lo indica, consigna principios básicos de actuación para el personal de la Procuraduría que realiza labores ministeriales, periciales y policiales; como mensajes clave para lograr confianza con la víctima en la primera entrevista; consideraciones para realizar un análisis objetivo de este tipo de delitos; como realizar reserva de datos, medidas de apoyo asistencial, protección de testigos; métodos de investigación del lugar de los hechos y hallazgos, entre otros aspectos.

12. Como ya quedó asentado, la violencia hacia las mujeres tiene muchas más representaciones; por lo que es necesario que exista un protocolo similar que abarque todos los delitos de violencia cometidos en contra de las mujeres, pues constituyen conductas delictivas por razones de género.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a que las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal diseñen, elaboren e instrumenten un Protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género en las conductas que se presume son constitutivas de delito y se realizan por razones de género.

Segundo. Para dar cumplimiento al resolutivo primero del presente acuerdo, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional de las Mujeres para que coordinen los trabajos con las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 10 días de noviembre de 2015.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a aplicar el Programa Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, en apoyo de los productores agropecuarios de bajos recursos de los municipios afectados por las lluvias registradas en Veracruz, a cargo del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Cirilo Vázquez Parissi, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a respetuosamente la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la aplicación del Programa Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena) a efecto de que se apoye a productores agropecuarios de bajos recursos de los municipios afectados por las severas lluvias registradas en el estado de Veracruz, para reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible. Al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo a la información obtenida para el seguimiento a la operación de los Seguros Agropecuarios Catastróficos publicado por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, la agricultura es una actividad de alto riesgo, debido a la eventual presencia de condiciones climáticas adversas.

El seguro agropecuario es un medio utilizado para la reducción de pérdidas inciertas o riesgos, a través de la transferencia de riesgos a los agentes financieros especializados.

A pesar de la importancia de la agricultura en las economías de la mayoría de los países, los mercados formales de seguro, para la transferencia de riesgos relacionados con la producción agrícola, son aún incompletos cuando no inexistentes.

En este contexto, el cambio climático, tal como lo señala la propia Sagarpa, es un factor que cobra mayor relevancia en nuestros días, por la estrecha relación que guarda con la ocurrencia cada vez más frecuente de fenómenos climatológicos extremos y de alto impacto en la población y en el ciclo económico-productivo en las zonas rurales del país.

Asimismo, por su posición geográfica, nuestro país, incluido el estado de Veracruz, se encuentra situado en una zona propensa a sufrir cada año perturbaciones meteorológicas como son los huracanes, lluvias excesivas, desbordamientos de ríos, inundaciones, con la consecuente afectación de cosechas en el sector rural.

Además, en el medio rural habita el 37 por ciento de la población total del país, que se encuentra diseminada en 187.6 mil localidades rurales menores a 15 mil habitantes, una importante proporción de esta población vive en condiciones de pobreza, por lo que la atención de los efectos negativos ocasionados por contingencias climatológicas en este sector de la población toma una mayor relevancia para el gobierno federal y de los estados, ya que ponen en riesgo sus activos productivos que por lo general su único medio de vida y generación de ingresos.

En años recientes, la Sagarpa ha orientado la operación del programa: Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Fondo) a la utilización de esquemas de transferencia de riesgos a los agentes financieros especializados (aseguradoras), a efecto de potenciar el presupuesto federal – estatal.

En Veracruz las lluvias de las últimas semanas de octubre, afectaron 102 comunidades de las regiones de la Cuenca, Tuxtlas y la zona sur por la creciente de los ríos Tesechoacán, San Juan, Coatzacoalcos, Uxpanapa y San Andrés. Debido a las lluvias y a la crecida de los ríos, 40 mil familias han sido reubicadas, además, se han declarado en estado emergencia 71 municipios, de acuerdo a Yolanda Gutiérrez Carlín, Secretaria de Protección Social del Estado.

En México, 75 por ciento de los granos básicos se produce bajo condiciones de temporal, por agricultores a pequeña y mediana escala, quienes después de la cosecha se enfrentan con el problema de conservación del grano para autoconsumo y de semilla para el siguiente ciclo agrícola. Ramírez (1974) reportó pérdidas de 25 por ciento en los granos almacenados por los productores en México, y en las regiones tropicales alcanza hasta 50 por ciento (Rodríguez, 1990). En el estado de Veracruz se pierde 35 por ciento de los granos en los almacenes de los productores (Aguilera, 1988e).

La situación del campo en esta región del país como es de todos conocida se encuentra descapitalizado, con poca o nula tecnología, sin seguro agrícola ni seguridad social con algunos intentos de organización pero desmoralizada por no rendir frutos en sus gestiones ante las instituciones crediticias, dependencias gubernamentales y otras fuentes de inversión a las que solicitan apoyos y créditos

Por el factor de humedad en la región se necesita de inversión en infraestructura para secar y almacenar en la zona de origen para no perder las cosechas en esta zona. Las lluvias acumuladas desde el 17 de octubre en el sur de Veracruz, provocaron el desbordamiento de las corrientes de ríos caudalosos y de respuesta lenta como Uxpanapa, Coatzacoalcos, Tesechoacán y el río San Juan.

De igual forma, esto ha provocado severas inundaciones en los municipios de Minatitlán, Jesús Carranza, Hidalgotitlán, Texistepec, José Azueta, Jáltipan, Las Choapas y Cosoleacaque. La Comisión Nacional del Agua puso especial atención en los ríos de respuesta lenta, pues ya acumularon más de 600 mm de lluvia, lo que derivó en encharcamientos severos que impactan en la producción agrícola de la zona.

Veracruz cuenta con un número importante de hectáreas expuestas a fenómenos climatológicos adversos que no tienen estos esquemas de protección de riesgos, por lo que es necesario reforzar los mecanismos de ayuda ya existentes ante las desviaciones financieras que pudieran originar las contingencias climatológicas en las finanzas federales y de los estados.

Debido a esto, y ante la existencia en nuestro país de instrumentos de transferencia de riesgos aplicables al sector rural, y a la cada vez mayor participación de agentes especializados en estos esquemas, es importante seguir reforzando los mecanismos de aseguramiento en el ámbito rural para proteger a un mayor número de productores; sobre todo aquellos que por sus ingresos no tienen acceso a los mercados financieros privados de seguros.

En virtud de lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la aplicación del Programa Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena) a efecto de que se apoye a productores agropecuarios de bajos recursos de los municipios afectados por las severas lluvias registradas en el Estado de Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de noviembre de 2015.

Diputado Cirilo Vázquez Parissi (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a no permitir la realización de proyectos u obras en los terrenos destinados a la mitigación del impacto ambiental causados por la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México o edificaciones cercanas a esta zona, suscrita por las diputadas Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, diputadas federales a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

En el estado de México, entre los municipios de Ecatepec, Atenco, Chimalhuacán, Texcoco y Nezahualcóyotl, se encuentran los vestigios de lo que una vez fue el Lago de Texcoco, sitio que en sus mejores tiempos fue de gran belleza y que hoy representa un caso ejemplar de cómo el ser humano puede transformar de forma irracional el entorno natural.

Las acciones para desecar el Lago de Texcoco comenzaron en el año de 1911 y para 1915 el cuerpo de agua había desaparecido, pero con esto, además del gran desequilibrio ecológico que sufrió el Valle de México, la ciudad comenzó a ser azotada por fuertes tolvaneras, sobre todo en época de sequía, lo que causaba grandes problemas de salud pública.

Debido a lo anterior, en 1971 se crea la Comisión de Estudio del Lago de Texcoco, la cual tuvo como objetivo el aprovechamiento de las aguas que se podían captar para fines agrícolas, industriales, forestales, además de evitar las tolvaneras. Derivado del manejo hidráulico que desde entonces se aplica al área, la superficie del Lago de Texcoco se ha ido incrementando en los últimos años, siendo su área actual de aproximadamente 10,000 hectáreas

Si bien la historia ambiental de cómo es que este cuerpo de agua fue destruido por el ser humano es de tomarse en cuenta para evitar el cometer en el futuro errores tan atroces, y hoy en día el lago no se ha recuperado del todo, no por esto carece de una gran importancia ecológica.

El Lago de Texcoco actualmente es un ecosistema restaurado, pero, un ecosistema restaurado también puede poseer un valor enorme tanto para la salud humana como ambiental, y el lago de Texcoco es un claro ejemplo de ello. Los trabajos de recuperación ambiental realizados han transformado al ex lago en un nuevo ecosistema, por lo que ha sido considerado por un gran número de expertos, como uno de los proyectos de recuperación ecológica más exitoso e importante de todo el mundo, por lo que la continuidad de las actividades emprendidas seguramente resultarán en beneficios incuestionables para la viabilidad ambiental de la Ciudad de México.

Así, los servicios ecológico-ambientales que provienen a raíz del Proyecto Texcoco, no sólo se refieren a la rehabilitación de los suelos para evitar las tolvaneras, sino también a la recuperación de la propia avifauna migratoria, a la producción de oxígeno y captura de carbono, al mejoramiento y estabilización climática, a la diversidad paisajista y su embellecimiento, entre otras bondades.

Para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) la zona federal del ex - Lago de Texcoco, es una de las Regiones Hidrológicas Prioritarias con la que cuenta nuestro país, y además es un Área de Importancia para la Conservación de las Aves en México (AICAS), con categoría global, que mantiene en temporadas migratorias al 1% de la población biogeográfica, a nivel continental, de por lo menos dos especies de anátidos y tres de aves playeras. De manera complementaria, se tienen conteos terrestres con registro de más de 20,000 individuos de aves playeras durante la época invernal, y está considerada como área de importancia potencial para este tipo de aves (aves de ribera) dentro del Proyecto Nacional para la Conservación de las Aves Playeras y sus Hábitats en México. De hecho el lago de Texcoco ha vuelto a convertirse en el refugio más importante para aves acuáticas migratorias en el Valle de México.

Son de destacarse que este lago cuenta con una poblaciones de 100 mil o más aves acuáticas; de éstas 12 se enlistan en la “Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”, una bajo la categoría de amenazada y 11 sujetas a protección especial. Además, las acciones para sanear el lago y sus inmediaciones han ayudado a prevenir la erosión de los suelos, mejorar la salud de las poblaciones cercanas y disminuir las inundaciones en zonas urbanas de la Ciudad de México.

Las zonas aledañas al lago también tienen importancia para la preservación de la naturaleza y esta importancia se reconoce desde hace varias décadas. En 1981, por medio de un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 8 de noviembre, el gobierno federal fija nuevos límites al Vaso del Lago de Texcoco, en los considerandos de dicho Decreto se puede leer:

“Que el acelerado incremento demográfico evidenciado por los asentamientos humanos en el área del vaso del Lago de Texcoco, ha venido afectando el logro de un adecuado equilibrio en el mejoramiento social y ambiental, ... ”

Y continúa el documento citado enajena a favor del estado de México y del Departamento del Distrito Federal los terrenos aledaños al Vaso del Lago de Texcoco.

Posteriormente, el Gobierno del estado de México, consiente de la importancia que estos terrenos tienen para la preservación y conservación de los sistemas naturales, por medio de un Decreto publicado en la “Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México”, del día 4 de junio de 2001, tuvo a bien establecer en el municipio de Chimalhuacán el Área Natural Protegida con la categoría de parque estatal denominado “Ing. Gerardo Cruickshank García”, siendo el polígono de dicha área el que se muestra en la figura 1.

Lo anterior con la finalidad de poner a este predio bajo la tutela de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del estado de México, y de esta manera, sujetarlo a un régimen específico de protección, administración, manejo y desarrollo, así como para llevar a cabo acciones para el desarrollo integral de la comunidad, la defensa y preservación de los ecosistemas, sus elementos y biodiversidad.

De tal forma que una parte del predio donado por la federación mediante el Decreto del 8 de noviembre de 1981, en el año de 2001, pasó a ser el Área Natural Protegida con la categoría de parque estatal “Ing. Gerardo Cruickshank García”, formándose un polígono con forma de “moño”, de ahí que sea conocido popularmente con este nombre, es decir, “El Moño”, aunque también se le nombra “Los Tlateles”. Siendo esta un área destinada a la restauración, reforestación, recuperación de los mantos freáticos, conservación de la flora y fauna, además del aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, la realización de actividades recreativas, turismo y educación ambiental.

Con motivo de las obras que para construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y con el fin de preservar la flora y fauna se tiene contemplado crear un área de amortiguamiento en el Vaso del Lago de Texcoco, motivo por el cual el Gobierno del estado de México por medio del Decreto Número 297, desincorpora del patrimonio inmobiliario estatal el inmueble identificado como “El Moño” o “Los Tlateles”, donándolo al Gobierno Federal para que este a su vez lo destine a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la conformación de la “zona de mitigación del ex Vaso del Lago de Texcoco”, al respecto se puede consultar la “Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México”, del día 19 de septiembre de 2014.

Es decir, el Gobierno del estado de México se priva de parte de los terrenos previamente cedidos a él por el Gobierno Federal, siendo lo devuelto terreno reconocido desde 1981 como predio de importancia ecológica, además extingue el Área Natural Protegida con la categoría de parque estatal denominado “Ing. Gerardo Cruickshank García”, con la finalidad de que Conagua pueda llevar a cabo labores de conservación ambiental en favor de la flora, fauna local y migratoria que depende de este lugar. A la vez de triplicar la capacidad de regulación de agua para proteger el área y la Zona Metropolitana del Valle de México contra inundaciones, (ver figura 2).

De hecho, el Decreto Número 297 en su Artículo Tercero señala textualmente: “El Gobierno Federal deberá utilizar el inmueble motivo de la donación para la conformación de la “zona de mitigación del ex Vaso del Lago de Texcoco”, caso contrario revertirá a favor del Gobierno del estado de México con todas sus mejoras y accesiones.”

De entrada el proyecto para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es sumamente discutible, por poner en riesgo los avances de recuperación y saneamiento del Vaso del Lago de Texcoco, que han llevado décadas y costado millones de pesos.

Aunque el presente escrito no tiene por finalidad cuestionar dicha obra, es de importancia destacar que si se tiene una mega construcción cuestionada por expertos ambientalistas, lo menos que se puede esperar es que las medidas de mitigación ambiental se respeten.

Todo lo anterior viene a colación porque con asombro en diciembre del pasado año leímos que el entonces presidente municipal de Chimalhuacán, Telésforo García Carreón, enunciaba la creación de un mega proyecto utilizando terrenos de lo que desde hace décadas se considera terreno para la conservación del medio ambiente, al respecto transcribimos la nota que en su momento se dio a conocer:

“Chimalhuacán proyecta Parque Industrial

Por Oficina de prensa del Movimiento Antorchista Estado de México

04 Diciembre 2014

Estados / Estado de México

Edomex.- El gobierno del Nuevo Chimalhuacán gestiona ante su similar federal y estatal la creación del Centro de Recuperación Ambiental del Oriente (CERAO).

Al respecto, el presidente municipal, Telésforo García Carreón , dijo que el proyecto es una gestión que realiza el gobierno local desde hace ocho años; proceso que inició en la administración del entonces alcalde Marco Antonio Lázaro Cano, y continuó con el gobierno del expresidente y hoy diputado federal, Jesús Tolentino Román Bojórquez.

Explicó que en los primeros dos años de su gobierno ha puesto especial atención en la materialización del CERAO: “en el mes de noviembre tuvimos diversas reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en las que solicitamos 200 hectáreas de terreno para la construcción del proyecto” aseguró el alcalde.

Mencionó que 150 hectáreas serán destinadas para la construcción del parque Industrial, mientras que 20 mil metros cuadrados servirán para la construcción de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán; y las 30 hectáreas restantes conformarán una unidad deportiva.

En consonancia, indicó que la Conagua tiene planeado inundar dos grandes extensiones en la zona de Los Tlateles -también conocida como El Moño- para triplicar la captación de agua del lago Nabor Carrillo, por lo que los terrenos que se adjudiquen al Nuevo Chimalhuacán para el CERAO, quedarían en el centro del proyecto hídrico de la federación, concluyó García Carreón . “1

Posteriormente, ante la licencia como presidente municipal de Chimalhuacán de Telésforo García Carreón, se nombró como presidente municipal suplente a Sergio Díaz Espinoza, mismo que al parecer pretende continuar con el proyecto sobre los terrenos de los Tlateles, mismos que en un pasado reciente fueron área natural protegida, al respecto tenemos la siguiente nota publicada en los medios de comunicación:

“Alianza tex

Chimalhuacán miente diputada sobre predio del parque industrial

Víctor Hugo Ramírez H. para Alianzatex

Publicada: Octubre 08, 2015

Díaz Espinoza informó que hace 15 años, el entonces presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez, inició las gestiones ante el Gobierno del estado de México (GEM) para instalar en terrenos de Chimalhuacán un Centro Estratégico de Recuperación Ambiental del Oriente (CERAO), el cual albergará un hospital, dos universidades, un complejo deportivo ecológico para beneficio de todo el oriente mexiquense y un parque Industrial que dé empleo a 40 mil chimalhuacanos.

“Después de incontables gestiones realizadas desde el año 2000, por fin el Gobierno del Estado nos entregará 220 hectáreas –no 150 como malinforma Delfina Gómez-, mismas en las que construiremos las instalaciones de la Universidad Politécnica e iniciaremos la instalación del parque Industrial , el cual se proyecta que dé trabajo y salario digno a 40 mil familias.

Asimismo, como su nombre lo indica, el CERAO es un proyecto integral que contempla el rescate del medio ambiente en la zona conocida como Los Tlateles, donde actualmente sólo hay tierra árida.”2

Al respecto, queda claro que se pretende hacer una mega obra en terrenos de lo que desde hace décadas se considera terreno para la conservación del medio ambiente, bajo el argumento de que son predios sin ningún valor ecológico, tratándole de dar al proyecto un sesgo ambientalista, pero, construir caminos, edificios, factorías, etc., dejando unas cuantas áreas verdes no es hacer conservación y preservación ambiental, esto se consigue creando áreas naturales protegidas y atendiéndolas.

Abundando en lo anterior, comparando la maqueta presentada a la opinión pública con la fotografía satelital, queda más que claro que el terreno que se pretende utilizar es parte de “El Moño”, es decir, de lo que fue el Área Natural Protegida (Ver Figura 3)

Las que esto suscriben no se oponen a la construcción de nuevos espacios educativos, de hecho, al igual que sus compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, con gusto donamos la mitad de nuestra dieta (dinero que a manera de salario recibe un diputado) para la construcción y puesta en marcha de una nueva universidad, que de matrícula a los jóvenes que hoy son rechazados por falta de cupo en las universidades existentes.

Tampoco se opone a la construcción de nuevos hospitales que ayuden a cumplimentar el derecho a la salud, ni a la creación de espacios recreativos para las familias y los jóvenes, mucho menos a que se creen nuevas fuentes de trabajo.

A lo que se opone es a que esto se haga a costa de un espacio que se requieren para la preservación de las aves y otras especies, para prevenir en épocas de lluvias las inundaciones en las zonas urbanas, es decir, se opone a un proyecto que se haga a costa del medio ambiente y la protección civil. Recordemos que el desarrollo sustentable es respetuoso de la naturaleza, que este desarrollo no se finca en la destrucción de los servicios ambientales, ni de los espacios naturales o las especies que lo habitan.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional del Agua, para que con base en las facultades y atribuciones conferidas por la normatividad aplicable a las dependencias a su cargo, por ningún motivo permitan la realización de proyectos u obras de ingeniería dentro de los terrenos destinados a la mitigación del impacto ambiental causado por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o construcciones cercanas a esta zona de mitigación que comprometan los ecosistemas del Vaso del Lago de Texcoco.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado Libre y Soberano de México a que con base en las facultades y atribuciones conferidas por la normatividad aplicable a las instituciones de la Administración Pública del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, por ningún motivo permitan la realización de proyectos u obras de ingeniería dentro de los terrenos destinados a la mitigación del impacto ambiental causado por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o construcciones cercanas a esta zona de mitigación que comprometan los ecosistemas del Vaso del Lago de Texcoco.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado Libre y Soberano de México a que con base en las facultades y atribuciones conferidas por la normatividad aplicable a las instituciones de la Administración Pública de dicho Estado, fomente y participe en la construcción de parques industriales, hospitales, centros deportivos, universidades y bachilleratos, en terrenos que se encuentren dentro del estado de México, pero cuya vocación no sea la del cuidado y preservación de la naturaleza.

Notas

1 Al respecto se puede consultar: http://www.antorchacampesina.org.mx/noticias.php?id=8793#.VilbhX4vfIU

2 Al respecto consultar: http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0038677

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputadas: Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a diseñar instrumentos para transparentar los recursos y apoyos por otorgar a los productores agropecuarios de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán afectados por el huracán Patricia, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo el cual se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que diseñe mecanismos para transparentar puntual y permanentemente, los recursos y apoyos que sean otorgados a los productores agropecuarios en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, afectados por el paso del huracán Patricia, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. De acuerdo a la información proporcionada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, alrededor de 10 mil personas resultaron afectadas por el paso del huracán Patricia que impactó directamente a los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán, y que particularmente se vieron afectados en el sector rural los productores de maíz, caña, chile, plátano, papaya, así como en la infraestructura de casas, caminos y pérdidas de mobiliario.

El 28 de octubre de 2015 el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, quien precisó que el impacto se registró en cultivos de pequeños productores de plátano, papaya, maíz y arroz, con una estimación de 40 mil hectáreas afectados gravemente.

Por otra parte, se reportan afectaciones en 14 mil 566 hectáreas en los municipios de: Jamay, Tolimán, Cihuatlán, Mascota, Tomatlán, Atenguillo, Puerto Vallarta, Mixtlán, El Limón y Zapotlanejo, en el Estado de Jalisco. Los campos de maíz y sorgo fueron los más dañados al reportarse diez mil 727 hectáreas afectadas, así como dos mil 838 hectáreas de plátano.1

Las plantaciones con mayor afectación de acuerdo a los diferentes medios de comunicación son de plátano, papaya y mango. El campo es una zona primordial para la economía, pues representa el ingreso de muchas familias, por ello no se debe de perder vista este sector, así como la vigilancia de los recursos que sean otorgados en el contexto de la emergencia generada por el huracán Patricia.

II. La Cámara de Diputados aprobó el día 27 de octubre de 2015 un punto de acuerdo mediante el cual solicita a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural para los municipios de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit afectados por el huracán “Patricia”, así como la de emergencia para los que se han visto dañados en Tamaulipas por las lluvias originadas por esta depresión tropical. Se solicitó al Gobierno Federal liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a fin de que se proporcionen con prontitud los suministros de auxilio y asistencia para la protección de la vida y salud de la población, y se inicie la reconstrucción de los daños ocasionados por este fenómeno hidrometeorológico.

El 29 de octubre de 2015 El Gobierno Federal anunció apoyos para el campo de Jalisco por 76 millones de pesos tras el paso del huracán ‘’Patricia’’ que dejó cerca de 40 mil hectáreas afectadas, 10 mil de ellas con pérdida total, para todos los estados afectados corresponden 150 millones de pesos, de los cuales 76 millones serán para Jalisco.2

De esta manera exhortamos a la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que tome las acciones conducentes para transparentar puntual y permanentemente los recursos que se otorgarán a los productores del campo de estas entidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que diseñe mecanismos específicos para transparentar puntual y permanentemente los recursos y apoyos que sean otorgados a los productores agropecuarios en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, afectados por el paso del huracán Patricia.

Notas

1 El Financiero “Declaran emergencia en municipios afectados”. 27 de octubre de 2015. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/declaran-emergencia-en-municipi os-afectados-por-patricia-en-jalisco.html

2 El Informador “Campo de Jalisco recibirá 76 MDP por huracán ‘Patricia’” 29 de octubre 2015. http://www.informador.com.mx/economia/2015/623024/6/campo-de-jalisco-re cibira-76-mdp-por-huracan-patricia.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2015.

Diputados: Clemente Castañeda Hoeflich, Salvador Zamora Zamora (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la Conaliteg a verificar la distribución oportuna de los libros de texto gratuitos en el sistema braille en todo el país, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Francisco Javier Pinto Torres, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o. numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde 1992, con la reforma al artículo 3 constitucional, la promulgación de la Ley General de Educación y la suscripción del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, se ha buscado e impulsado la integración de los y las alumnas con discapacidad a las escuelas de educación básica regular, propiciando con ello las primeras medidas de inclusión educativa en nuestro país. Partiendo de tales bases, los planes y programas de educativos de los tres niveles de gobierno han incluido y desarrollado acciones para fomentar la integración.

Es importante resaltar que la inclusión educativa va más allá de la simple inscripción y asistencia de niñas y niños con discapacidad en los planteles regulares. Un verdadero proceso de integración exige modificaciones a la organización y planificación realizada en la escuela, para asegurar la adquisición de conocimientos y aprendizajes.

Es decir, “la educación inclusiva hace referencia a que todos los niños, las niñas y los jóvenes estudien en las mismas escuelas; que nadie sea excluido, que todos tengan un lugar y alcancen los aprendizajes planteados... Una escuela inclusiva es capaz de responder, desde su organización y planeación, a las necesidades específicas de un alumno con discapacidad; tendrá herramientas para dar una respuesta, también adecuada, a los alumnos con diferentes características de índole cultural, racial, lingüístico, de salud, entre otras”1.

En este orden de ideas, la inclusión educativa es el proceso mediante el cual la escuela, conformada por autoridades educativas, directivos, maestros y alumnos, genera los apoyos e incentivos necesarios para garantizar el logro educativo de todos los estudiantes que asisten a un plantel, incidiendo en la gestión y organización escolar, la capacitación y actualización docente y el enfoque para la difusión de valores como la solidaridad y el respeto. Además, el proceso de inclusión educativa busca asegurar el acceso, permanencia, tránsito, participación y aprendizaje de todas y todos los alumnos, poniendo especial atención en quienes enfrentan o están en peligro de enfrentar exclusión y marginación. Incluyendo la aplicación de una serie de acciones y estrategias orientadas a eliminar o disminuir los obstáculos derivados de la interacción entre educandos, las políticas, las culturas, las prácticas, las instituciones y sus contextos; que reducen la participación y aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Como quedó establecido en líneas anteriores, un exitoso proceso de inclusión requiere el uso e implementación de diversos apoyos y materiales especialmente enfocados en impulsar y facilitar que las y los alumnos accedan a los contenidos, competencias, propósitos y fines educativos en las condiciones más favorables posibles. Sin embargo, es importante destacar que las condiciones varían en razón de la discapacidad presentada, ya sea motriz, intelectual, auditiva o visual o tratándose de trastornos relacionados con el desarrollo o la conducta.

Específicamente, la vista es el sentido que permite percibir sensaciones luminosas y captar la forma, la dimensión y el color de los objetos, así como la distancia a la que se encuentran. Por ello, los problemas de salud relacionados con este sentido implican la existencia de obstáculos para la realización cotidiana de actividades; ello en virtud de la manera en que se encuentra constituido y organizado el entorno. Por tal motivo, “las dificultades para ver, si bien no producen una limitación evidente de la libertad y la autonomía personal, son un buen acercamiento para detectar a las personas que tienen mayor riesgo de experimentar restricciones en la realización de algunas tareas o en su participación en determinadas actividades”2.

La discapacidad visual, que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista, afecta a un millón 292 mil 201 habitantes3, de los 4 millones 527 mil 784 discapacitados en nuestro país. Cifra que la coloca en el segundo lugar de las discapacidades que enfrenta la población, destacando que esta discapacidad es más frecuente entre los mayores de 29 años de edad. En los niños (0 a 14 años) y jóvenes (15 a 29 años) el porcentaje no supera el 24 por ciento.

En este mismo estudio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que de cada 100 personas con dificultades para ver en edad escolar, 53 asisten a la escuela; y que 85 de cada 100 niños entre los 6 y los 14 años con dificultades para ver saben leer y escribir un recado.

A nivel mundial, se estima que el número de niños con discapacidad visual, asciende a 19 millones4. Además, de acuerdo a una investigación realizada por la Organización Mundial para la Salud en el 2012, existen 285 millones de personas con discapacidad visual en el mundo, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan visión baja.

A fin de dar atención a esta problemática, dentro de la reforma educativa se han incluido lineamientos para guiar las acciones y programas que permitan que cada estudiante, sin distinción alguna, cumpla sus pretensiones mediante el triunfo educativo. Para lograr tal objetivo, “la inclusión e igualdad en la política educativa nacional convoca a las entidades a generar las oportunidades necesarias, valorando las situaciones de contexto, las necesidades específicas, las condiciones y situaciones, como el género, el origen étnico, la discapacidad, la condición socioeconómica y la diversidad lingüística, que focalicen acciones formativas y desplieguen intervenciones especializadas”5.

Una de las acciones enfocada en atender las necesidades específicas de cada contexto, se refiere a la producción con suficiencia y distribución oportuna y eficiente de los libros de texto y materiales educativos de calidad que requiere el Sistema Educativo Nacional. Motivo por el cual, dentro del Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) 2014-2018 se establece “Con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la meta III. “México con Educación de Calidad” y obtener avances que se traduzcan en mayor igualdad de oportunidades para todos y así lograr la transformación de México, la Conaliteg se encuentra comprometida a realizar la producción de libros para educación preescolar, primaria, telesecundaria y secundaria que requiere el Sistema Educativo Nacional, para débiles visuales (macrotipo) y para invidentes (código Braille) coadyuvando a la inclusión de estos sectores en la sociedad mexicana”6.

De acuerdo con el tercer Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública (SEP), “en el ciclo escolar 2015-2016, la Conaliteg produjo un total de 212.7 millones de libros de texto gratuitos y materiales educativos y distribuyó 209.3 millones de ejemplares de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación indígena, Macrotipo, Braille, inglés, bibliotecas y otras publicaciones”7.

Además, el mismo informe menciona que para atender a la educación especial, en el nivel primaria se distribuyeron 21 mil 791 libros en Braille y 95 mil 802 en Macrotipo; beneficiando a 3 mil 222 niños y niñas invidentes y 13 mil 554 con baja visión. Más 6 mil 943 ejemplares en Braille y 30 mil 321 en Macrotipo distribuidos en el nivel de secundaria para beneficiar a mil 414 jóvenes invidentes y 4 mil 622 con baja visión.

La Conaliteg, que como quedó establecido anteriormente es la encargada de producir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad los libros de texto y materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional; concluyó la distribución de libros de texto el pasado 17 de julio del presente año. Situación que a criterio de la Secretaría de Educación Pública, permitió la entrega oportuna de dicho material a los educandos de todo el país.

Sin embargo, en el estado de Colima, las maestras y maestros de diversas escuelas han manifestado que no han recibido los libros en Braille y en Macrotipo que les permitan brindar la atención educativa necesaria a los alumnas y alumnos con discapacidad visual inscritos en las escuelas regulares.

El proceso de conciliación de los libros de texto gratuitos al sistema Braille implicó la adecuación de los contenidos a las necesidades de aprendizaje de los niños con discapacidad visual. Si bien es cierto que esto representó un gran esfuerzo del gobierno federal para alcanzar la inclusión educativa, también lo es que este proceso no arrojará los resultados y beneficios esperados, sí la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos no aseguran la oportuna distribución de dicho material a los educandos de todo el país.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que verifique la distribución oportuna de los libros de texto gratuitos en Braille dentro del territorio nacional e implemente las acciones necesarias para supervisar dicha distribución.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos a verificar que los libros de texto gratuitos en Braille hayan sido entregados en todo el país y, en su caso, entregar sin dilación alguna el material educativo faltante.

Notas

1. Guía para la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en escuelas PEC

2. Organización de las acciones Unidas. Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación. Revisión 2. Departamento de Asuntos económicos y sociales. Nueva York, 2010.

3. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Personas con discapacidad en México, una visión al 2010. México, 2013.

4. Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría A.C. Problemas visuales. Consultado en: http://www.amfecco.org/article_estadisticas.php

5. Secretaría de Educación Pública. 3er Informe de Labores, 2014 -2015. Pag. 29.

6. Secretaría de Educación Pública. Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 2014 -2018. Publicado en el D.O.F. el 08/05/2014

7. Op. Cit. . 3er Informe de Labores . Pag. 42.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre 2015.

Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Cámara de Senadores a emitir el dictamen del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores para que dictaminen el proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha primero de diciembre del 2014, el Ejecutivo federal remitió al Senado de la República el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la sesión del 2 de diciembre de 2014, la Presidencia del Senado de la República dio cuenta del proyecto de decreto en cita, turnándolo para su dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

Consideraciones de hecho

La iniciativa tiene por objeto garantizar la seguridad pública a través del Mando Único Policial Estatal. Para ello, el Ejecutivo federal propone las siguientes medidas:

1. Precisar que la seguridad pública será una función a cargo de la federación y de las entidades federativas.

2. Señalar que los municipios participarán en el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención no policial de los delitos.

3. Fortalecer las bases mínimas a las que deberá sujetarse el Sistema Nacional de Seguridad Pública; entre ellas:

a) Indicar que será competencia de la Federación y las entidades establecer las reglas para la homologación de los criterios y procedimientos para la remuneración mínima, la actualización y el régimen disciplinarios de los integrantes de las instituciones de seguridad.

b) Homologar los protocolos de actuación y operación, equipamiento y demás aspectos que permitan construir capacidades en todo el país para la función policial.

c) Puntualizar la obligación de las instituciones policiales de las entidades federativas de actuar bajo el mando de las federales.

4. Facultar al Congreso para expedir leyes que establezcan

a) Los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellas deban imponerse.

b) Tipos penales y sus sanciones respecto de determinadas conductas y que distribuyan competencias para su investigación, persecución y sanción, indicando que las legislaturas locales podrán legislar en materia penal respecto de aquellas conductas que no estén tipificadas y sancionadas.

c) La legislación única de justicia penal para adolescentes.

d) La ley general que distribuya competencias en materia penal para la investigación, persecución y sanción de los delitos con independencia de su fuero, incluyendo como mínimo los supuestos de conexidad, atracción, delegación y coordinación en esta materia.

e) Las leyes que definan la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública.

5. Estipular que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias relativas a la intervención de la federación en los municipios.

6. Detalla que si el fiscal general de la República advierte indicios para considerar la infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios municipales, deberá comunicarlo al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en su caso, soliciten la aprobación del Senado para que la federación asuma, temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio.

7. Determinar que la seguridad de los municipios estará a cargo de los gobernadores de los estados por conducto de su corporación policial estatal, indicando que los municipios deberán realizar las aportaciones a los estados, para realizar esta función.

En tal sentido, resulta de suma importancia que el Senado de la República dictamine con la mayor brevedad la iniciativa legislativa que, en materia de seguridad enviare el Ejecutivo federal al Senado de la República desde diciembre del año pasado, pues nuestra autoridades encargadas de la seguridad requieren contar con un nuevo sistema de seguridad nacional, que permita garantizar la seguridad y justicia a cientos de miles de familias mexicanas.

Con la reforma propuesta se busca crear un mejor entramado jurídico que permita hacer frente de manera efectiva a los altos índices de delincuencia que padecemos; en este sentido, se busca acabar con la corrupción que ha permeado a las instituciones policiacas de los tres órdenes de gobierno y recuperar la confianza de la sociedad en dichas instituciones.

La falta en la aprobación de esta iniciativa ha permitido que los mexicanos continuemos padeciendo los efectos de la colusión y corrupción que afecta a nuestras autoridades encargadas de la seguridad. Lo anterior, ha provocado que, en muchos municipios del país, la policía se encuentre operando al servicio de los grupos delincuenciales que operan en dichas localidades.

A fin de resaltar la urgencia de retomar la reforma mencionada, es de considerar lo siguiente:

En el país hay alrededor de 600 municipios que, por razones de carácter político o presupuestal, no cuentan con una policía propia.

Alrededor de mil 800 fuerzas policiacas municipales, solamente representan 32 por ciento del total de la fuerza policial en el país; 86 por ciento de estas corporaciones cuentan con menos de 100 elementos.

Dicho estado de cosas ha quedado expuesto en infinidad de ocasiones; sólo para ejemplificar tal situación, menciono dos acontecimientos recientes:

• El linchamiento de dos jóvenes de bien, en Ajalpan, Puebla, el lunes 19 de octubre de 2015, quienes fueron identificados como los hermanos José, de 25 años de edad, y Rey David, de 35; ambos muchachos trabajadores que se desempeñaban como encuestadores de una empresa de mercadeo; y

• Los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Por lo anterior se reitera la urgencia de aprobar la reforma en cuestión, que busca rediseñar nuestro sistema de seguridad pública, con la finalidad de contribuir a combatir los altos índices de delincuencia e inseguridad que padecemos los mexicanos.

Consideraciones de derecho

El artículo 212 del Reglamento del Senado de la República establece, de manera puntual, el plazo que tendrán las comisiones para la elaboración de los dictámenes de los asuntos que les sean turnados, cuando dispone:

Artículo 212

1. Las iniciativas y proyectos turnados a comisiones son dictaminados dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno, con las salvedades que establece este Reglamento.

2. Cuando la trascendencia o la complejidad de una iniciativa o proyecto lo hagan conveniente, la Mesa puede disponer un plazo mayor al señalado en el párrafo anterior.

3. De igual forma, dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción del turno, las comisiones dictaminadoras pueden pedir al Presidente, mediante escrito fundado y motivado, la ampliación de los plazos señalados en este artículo hasta por la mitad del tiempo que les haya correspondido. La Mesa resuelve lo conducente e informa al pleno en la siguiente sesión.

4. Para efectos del cómputo de los plazos para dictaminar, los días hábiles incluyen los recesos legislativos, en los términos de este Reglamento.

De la lectura del artículo anterior se desprende que las comisiones unidas encargadas de elaborar el dictamen han excedido, sin justificación aparente, el tiempo que les otorga el Reglamento para la elaboración del dictamen correspondiente.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores para que emitan el dictamen al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar instrumentos de toma de conciencia sobre la importancia de las acciones preventivas para detectar a tiempo el cáncer de mama en hombres, suscrita por los diputados Rosalinda Muñoz Sánchez y Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Rosalinda Muñoz Sánchez, Ricardo David García Portilla, diputados federales de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, a diseñar y ejecutar instrumentos de concientización sobre la importancia de las acciones preventivas que permitan detectar a tiempo el padecimiento de cáncer de mama en hombres, así como también fomentar una campaña para reconocer al mes de octubre no solo como el mes rosa, sino como un mes azul y rosa, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El cáncer de seno o cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las células del seno, e invade los tejidos de la mama.1

Las últimas investigaciones sobre este padecimiento y según el Dr. Finlander Rosales, oncólogo hematólogo del Centro Internacional de Cáncer, existen diferentes tipos de cáncer de mama, clasificados según su composición molecular, los cuales son:

El carcinoma ductual invasivo es el tipo más común de cáncer de seno. Este cáncer comienza en un conducto lácteo del seno, penetra a través de la pared del conducto y crece en el tejido adiposo del seno, aproximadamente ocho de 10 de los cánceres invasivos del seno son carcinomas ductuales infiltrantes.

El carcinoma lobulillarinvasivo, se origina en los lobulillos, que son las glándulas productoras de leche. Al igual que el IDC, se puede propagar (hacer metástasis) a otras partes del cuerpo. Uno de cada 10 de los cánceres invasivos del seno es un ILC

El cáncer de mama recidivante es un cáncer que reaparece después de no ser detectado durante un tiempo. Puede aparecer en el tejido mamario residual y en otros lugares, como pulmones, hígado, hueso o cerebro.

Aunque estos tumores se encuentren en otro lugar se les sigue denominando cáncer de mama.2

Actualmente, se ha trabajado en todo el mundo en la atención y apoyo prestados a la concientización, detección y tratamientos para este padecimiento, apoyando a las mujeres a detectarlo a temprana edad y de esta forma cambiar el destino de cada una de ellas.

Desafortunadamente, hoy en día son muchos los hombres que aún no saben que también son propensos a esta enfermedad, tal es el caso de Pedro Márquez, ingeniero de 47 años, quien al sufrir Un accidente de bricolaje y romper tres de sus costillas descubrió junto con los médicos que un extraño bulto, como un guisante, se hallaba detrás de su pezón izquierdo. Los resultados de la biopsia revelaron que un tumor maligno se estaba desarrollando en su glándula mamaria. Y aún peor: el cáncer ya había invadido su sistema linfático y lo iba a utilizar para extenderse por el resto del organismo.

Pedro no sabía entonces que los hombres podían tener cáncer de mama y para curarlo hubo que extirparle su mama izquierda entera (mastectomía). Pero no fue suficiente. Al haber invadido su sistema linfático, se le practicó además una linfadenectomía, un tipo de intervención quirúrgica en la que se extraen los ganglios axilares.

A consecuencia de la intervención, perdió la movilidad de su brazo izquierdo y, entre ejercicios para recuperarlo, tuvo que someterse a sesiones de quimioterapia para curar su cáncer.3

Otro caso, el cual desafortunadamente no fue detectado a tiempo, es el de la muerte de un hombre en el Estado de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual se mantiene en el anonimato; confirmado por parte de la Jurisdicción Sanitaria número Cinco del Estado, siendo el primer caso registrado en la ciudad fronteriza.

Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Cinco, menciono que al no ser un padecimiento en hombres, el diagnóstico fue demasiado tardío con este argumento:

“No es muy común pero es muy tardío, ya cuando te sientes una bola, ya paso mucho tiempo, no tenemos esa cultura todavía, también tenemos que tener esa cultura, y que en cualquier tumoración en el cuerpo acudir a un hospital para revisarse, no son frecuentes estas fuertes pero si es un llamado para todos los varones para revisarse y estar al pendiente”

Efectivamente, es muy cierto lo que compartió el Jefe de la Jurisdicción, no contamos con una cultura de información y prevención en hombres ya que inofensivamente pintamos el tema de “rosa” inclinando únicamente en mujeres este padecimiento, es importante compartir que no es un tema individual si no un tema que puede invadir cualquier ser humano.

Según la Doctora Diana Herrera, del Programa de Cáncer de mama, de la Secretaria de Salud en Chihuahua, se han presentado cuatro defunciones en lo que van del año por cáncer de mama en hombres y seis en 2014, así mismo el padecimiento ha invadido a 33 hombres en el mes de septiembre del presente año.4

Sumado a lo anterior, es notorio que aún nos falta trabajar en este tema y sobre todo invitar a los hombres a formar parte de la lucha contra el Cáncer de mama, debemos asumir una realidad de nuestro país debido a la falta de concientización sobre la detección temprana de este padecimiento y sobre todo que cualquier persona está expuesta a ello.

En atención a dicha situación y con la finalidad de unir esfuerzos para crear convicción en las autoridades de salud y en la sociedad en general, de la importancia de prevenir a través de la difusión de información respecto de la detección temprana del cáncer de mama se estableció el 19 de octubre de cada año, como el Día Mundial del Cáncer de Mama, pintándolo de rosa; precisamente con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los alcances de esta enfermedad, la necesidad de su detección y su impacto en la población; pues sirve de paso aclarar, que si bien dicho padecimiento tiene mayor incidencia en las mujeres, ello no es exclusivo de género, pues los hombres también pueden padecerlo y como lo hemos mostrado en esta publicación causar hasta la muerte, por ello comencemos una nueva campaña donde no sea un mes pintado de rosa, sino un mes azul y rosa donde sea una lucha de hombres y mujeres contra este mal que afecta a toda nuestra sociedad.

Seamos parte de abrir la oportunidad de diseñar más y mejores programas de atención que saque del peligro de padecer dicha enfermedad a los hombres de nuestro país por la falta de información.

Estamos convencidos que la prevención es una tarea que podrá lograrse a través de la difusión sencilla y accesible de información útil y adecuada, lo que garantizará la lucha contra el cáncer mamario no solo en mujeres sino también en hombres.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Secretaria de Salud, a diseñar y ejecutar instrumentos de concientización sobre la importancia de las acciones preventivas que permitan detectar a tiempo el padecimiento de cáncer de mama en hombres, así como también fomentar una campaña para reconocer al mes de octubre no solo como el mes rosa, sino como un mes azul y rosa.

Notas

1 http://www.cancer.org/espanol/cancer/cancerdeseno/guiadetallada/cancer- de-seno-que-es-que-es-cancer-de-seno

2 http://www.cancer.org/espanol/cancer/cancerdeseno/guiadetallada/cancer- de-seno-what-is-breast-cancer-types

3 http://www.abc.es/sociedad/20151019/abci-hombres-cancer-mama-2015101717 45.html

4http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n39751 64.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputados: Rosalinda Muñoz Sánchez, Ricardo David García Portilla (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a difundir la información completa del Cemabe respecto al estado que guarda la infraestructura física educativa en las escuelas censadas, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Rocío Matesanz Santamaría, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que la H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública, para que publique la información completa del CEMABE, con la finalidad de ampliar y especificar, el estado que guarda la infraestructura física educativa en las escuelas que fueron censadas; así como exhortar respetuosamente al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, para que realice los diagnósticos técnicos del estado que guarda la infraestructura física educativa en los niveles medio superior y superior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La educación es un derecho humano fundamental, que promueve la libertad, la autonomía personal y genera beneficios para el desarrollo. Sin embargo, a nivel mundial millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza.

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación. Los cuales promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión.

A partir de estos criterios normativos, los Estados Miembros y la comunidad internacional deben garantizar el derecho a la educación, correspondiendo a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones de índole jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas.

Las sociedades modernas reconocen a la educación como un derecho humano que amplía las capacidades de las personas. Es también un recurso necesario para el desarrollo material, social y cultural de estas sociedades y, cuando existen las condiciones adecuadas, coadyuva al crecimiento económico (OCDE, 2012b; Palos, 2011; Hernández, 2004).1

En ese marco, México impulso una reforma de gran calado en materia educativa; donde se reformó la Constitución Federal en sus artículos 3°, fracciones III, VII, y VIII y el 73°, fracción XXV; adicionándose además un párrafo tercero y un inciso d) al párrafo segundo de la fracción IX al artículo 3º.

Esta reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la República el 21 de diciembre del mismo año. En febrero de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.

El 10 de septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente; los tres decretos fueron publicados en el Diario Oficial al día siguiente.

La reforma está estructurada para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes, siendo el Estado quien debe garantizar los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos para el cumplimiento de tal precepto constitucional en un marco de inclusión y diversidad.

Pero además, se obliga al Estado mexicano a garantizar la gratuidad de los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Debiéndose alcanzar la universalidad de esta última al inicio del ciclo escolar 2021-2022.

Centrándonos en el tema de la infraestructura educativa, es importante señalar que de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública y diversos estudios del sector privado, podemos afirmar que existe un grave deterioro e insuficiencia de aulas y servicios básicos, que van en detrimento de la educación y seguridad de nuestros hijos.

Problemas tan graves, que especialistas en la materia hablan del “síndrome del edificio enfermo”, entendido como aquellas escuelas que son altamente sensibles a problemas de temperatura, iluminación, calidad del aire y otros factores ambientales.

Ante esta situación, es urgente abandonar el esquema de la estructura tradicional panóptica, para avanzar hacia una nueva estructuración del espacio educativo que no pase sólo por la idea de las condiciones dignas de funcionamiento, sino de escuelas compatibles con la horizontalidad de las sociedades de la información, el trabajo colaborativo y la modernización tecnológica de equipos y recursos, encaminados a obtener una educación de buena calidad para todos.

Es importante señalar que mientras los demás países miembros de la OCDE, realizan avances sustanciales para la construcción de la denominadas “escuelas del mañana”, con condiciones arquitectónicas de comodidad y sustentabilidad, articulando lo real y lo virtual en el marco de un modelo de “escuelas inteligentes”, en México todavía buscamos normalizar el rezago en infraestructura escolar de paredes, techos, sanitarios y aulas.2

Frente a la situación de nuestro sistema educativo en materia de infraestructura educativa son claros los desafíos que hay que enfrentar. Invertir en su fortalecimiento es, sin lugar a dudas, no sólo un detonador de progreso sino un instrumento fundamental para generar efectos multiplicadores y redistributivos.

Aprovechar los centros escolares en mejores condiciones de cada localidad y región del país, a efecto de integrar diversos servicios educativos, fortalecer su equipamiento didáctico y tecnológico, avanzar en la reconstrucción del modelo arquitectónico y, por ende, en el cambio del modelo educativo.

Para lograr estas condiciones, debemos establecer nuevos criterios arquitectónicos, de equipamiento y por supuesto de financiamiento, con la finalidad de establecer esquemas de corresponsabilidad del sector privado y social para con el sector público.

De ahí que la propuesta anunciada por el Presidente de la República con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, relacionada con la posibilidad de invertir en bonos educativos por 50 mil millones de pesos para impulsar la infraestructura educativa de nuestro país, resulta por demás interesante, bajo un nuevo esquema de inversión que permita abatir el rezago que México tiene en ese rubro.

En este sentido, es imprescindible señalar que a través del Programa de la Reforma Educativa, el ejecutivo federal señala que en el periodo 2014-2015, se ejerció un presupuesto de 7,543 millones de pesos, beneficiando a 20,154 comunidades educativas de escuelas públicas de nivel básico, pero no informa con claridad cuáles fueron las escuelas beneficiadas y el tipo de obra que se realizó en cada una de ellas.

Asimismo, el gobierno federal informa que a través del Programa Escuelas Dignas, en 2014 se ejercieron 3,330 millones de pesos, logrando atender 4,082 inmuebles educativos en las 32 entidades federativas, en beneficio de 488,423 alumnos y que corresponde a aquéllos con mayores rezagos en materia de infraestructura física educativa. Nuevamente, no tenemos datos específicos de las escuelas beneficiadas.

Ante esta situación, es urgente que los sistemas de indicadores e información en materia de infraestructura escolar, incluyan estándares de clasificación que permitan conocer a detalle, el estatus de la infraestructura de las escuelas de educación básica, media y superior, el tipo de inversión que se ha hecho, quién realizó la obra o equipamiento, los montos desglosados y duración de la obra, entre otros estándares, ya que tanto el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) , como el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (CEMABE), no lo llevan a cabo.

Dentro del portal del CEMABE , podemos encontrar los siguientes rubros:

• Centros de trabajo (nivel nacional, por entidad federativa y por municipio). Dentro de este rubro encontramos la distribución porcentual de los centros de trabajo según el tipo de centro; la distribución porcentual de escuelas por nivel educativo, según el tipo de sostenimiento; la distribución porcentual de escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, según el tipo de servicio; así como el porcentaje de escuelas en inmuebles con construcción que disponen de equipamiento, de tecnología de la información y comunicación, en todas las aulas para impartir clase.

• Características de los inmuebles. Distribución porcentual de escuelas por nivel educativo, según el tipo de inmueble; porcentaje de escuelas en inmuebles con construcción que disponen de servicios, según nivel educativo y el porcentaje de escuelas en inmuebles con construcción que disponen de elementos de protección civil, según nivel educativo.

• Personal. Distribución porcentual de personal, según tipo de centro de trabajo; distribución porcentual de personal en escuelas de educación básica y especial, según función; edad mediana de personas con función de docente frente a grupo por nivel educativo según sexo.

• Alumnos. Distribución porcentual de alumnos, según nivel educativo; distribución porcentual de alumnos, según condición de const5rucción de inmueble que aloja la escuela; promedio de alumnos por grupo en preescolar según tipo de servicio; promedio de alumnos por grupo en primaria según tipo de servicio; promedio de alumnos por grupo en secundaria según tipo de servicio; porcentaje de alumnos con acceso a computadora en escuelas construidas, según nivel educativo y porcentaje de alumnos con acceso a internet en escuelas construidas, según nivel educativo.

Ahora bien, en el portal del SIGED , podemos encontrar los siguientes rubros:

Registro

Estadísticas

Censo. La parte que nos interesa y ocupa es la referente a este rubro. Al respecto debemos mencionar que el SIGED, cuenta con datos sobre las estadísticas de los inmuebles, mismas que se subdividen en resumen, disponibilidad de servicios e infraestructura.

Al respecto es importante mencionar que si bien se tiene un registro nacional de 147, 957 inmuebles, el sistema no desglosa de manera sistemática las condiciones de los mismos. Solo se habla de que en los últimos tres años, se llevaron a cabo construcciones de aulas u obras mayores de rehabilitación. También se menciona que existen 171, 851 inmuebles públicos; 20, 086 privados y 23, 873 inmuebles de CONAFE. Asimismo, se especifica el porcentaje de inmuebles que cuentan con baño o sanitario.

Más adelante, el SIGED muestra diversos rubros que desglosan la infraestructura de las escuelas por estado y municipio, por tipo de control, por tipo de cuestionario y tipo de inmueble. Sin embargo, a lo más que llega el SIGED es a informarnos si el inmueble cuenta con puerta, vidrios rotos, fisuras o cuarteaduras graves, espacios con goteras o filtraciones de agua, obras mayores de rehabilitación (últimos tres años) y mantenimiento regular.

Asimismo, el SIGED logra informar sobre el tipo de material con que están construidas, si cuentan con plaza cívica, con agua potable, entre otros. Pero como podemos observar, si bien los dos sistemas son amplios, carecen de datos suficientes para contar con un verdadero sistema de información en materia de infraestructura física educativa, que nos permita conocer el estatus real en que se encuentran todos y cada uno de los inmuebles, lo que sin duda permitirá al gobierno federal, calendarizar y canalizar los recursos económicos, para llevar a cabo la demolición, reconstrucción o rehabilitación de los mismos, con una planeación estratégica.

Al respecto, es importante mencionar que con respecto al CEMABE, tras su presentación y publicación en marzo del 2014, Mexicanos Primero, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y México Evalúa, denunciaron que la SEP ocultaba el 84 % los datos del censo escolar.

Asimismo, estas organizaciones lamentaban que los ciudadanos solo pudieran acceder al 16% de los datos levantados por el INEGI. A más de un año de haberse publicado dicho censo, la información sigue estando incompleta. Es por esto que nuestro Grupo Parlamentario busca fortalecer los datos e indicadores que se presentan a través de estos sistemas de información.

De aprobarse el presente punto de acuerdo, fortaleceremos ambos sistemas de información, lo que permitiría conocer con más detalle las entrañas del Sistema Educativo Mexicano, arrojando más datos duros, fortaleciendo la transparencia y asegurando que una vez aprobada la estrategia de los bonos educativos, los recursos se utilicen sin tintes políticos o electorales.

De igual manera, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), publicó en 2014 el estudio denominado Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional, Educación Básica y Media Superior , donde se desglosa la estructura y dimensión del sistema educativo nacional, sus agentes y recursos, los procesos educativos y gestión, así como los resultados obtenidos, pero no abarca el tema de la infraestructura educativa.

La realidad es que necesitamos impulsar la estandarización en la calidad de la infraestructura física educativa en las escuelas. Al respecto la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), identifica los siguientes obstáculos: a) Los esquemas presupuestarios para inversión física no han resuelto hasta hoy los problemas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y, b) No se aprovechan las oportunidades de financiamiento privado.

Con respecto al segundo obstáculo, la CMIC informa que el 97.2% del gasto educativo está destinado al pago de servicios personales y gastos de operación, por encima del promedio de los países de la OCDE.3

La Gráfica 1 muestra la proporción de recursos destinados a gasto corriente e inversión física de acuerdo con los datos contenidos en los Presupuestos de Egresos de la Federación del 2004 al 2012. El promedio de la proporción destinada a gasto de capital fue de 5.5% de 2004 a 2012.

Gráfica 1Distribuciòn del gasto pùblico en educaciòn2004-2012

Al analizar con más detalle el gasto educativo, se encuentra que durante el periodo analizado, en el nivel primaria sólo 1.9% del gasto se dedicó a gasto de capital, mientras que el promedio de la OCDE es de 7.8%; en el nivel medio es de 3.2%, cuando el promedio de la OCDE es de 7.4%; y, en el nivel terciario es de 4.8%, y el promedio de la OCDE es de 9.3%.

Ahora bien, en nuestro orden jurídico existe un ordenamiento a través del cual se fijan obligaciones concretas en materia de diagnósticos técnicos sobre infraestructura educativa al servicio del Sistema Educativo Nacional, y este es la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

De hecho, la misma en su artículo segundo señala, como parte de su objeto, el establecimiento de lineamientos generales para la creación de programas de diagnósticos técnicos (fracción II); así como, para la generación de procesos de planeación, para que los recursos se apliquen con mayor pertinencia (fracción III).

Asimismo, a través de esta Ley se crea el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades ( Artículo 15), para el cual se señala como atribución “Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la infraestructura física, así como definir acciones de prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento” (Artículo 19, inciso e).

Al respecto, en mayo de este año, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), anunció que complementaría la información del estado que guarda la infraestructura escolar –al menos para educación básica- con un diagnóstico que se levantaría este año, con un costo de 218 millones de pesos (Reforma 26 de mayo, 2015).

Como se observa, el INIFE ha anunciado acciones para completar la información que ya se tiene, gracias al CEMABE, sobre infraestructura educativa en educación básica, pero nada se dice de la educación media superior.

Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, coincide con el gobierno de la república en impulsar y apoyar la infraestructura física educativa. Ese ha sido un compromiso en nuestra agenda social. Pero no avalaremos con los ojos cerrados, el uso de los llamados bonos educativos, a diestra y siniestra. Apoyaremos la propuesta siempre y cuando este fundamentada en un padrón de inmuebles confiable, con indicadores claros y un programa financiero que no ponga en riesgo las finanzas del país.

Solo así, lograremos que la infraestructura física educativa del país cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta que la Ley en la materia mandata.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que publique la información completa del CEMABE, con la finalidad de ampliar y especificar, el estado que guarda la infraestructura física educativa en las escuelas que fueron censadas.

Segundo.- La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, para que realice los diagnósticos técnicos del estado que guarda la infraestructura física educativa en los niveles medio superior y superior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Notas

1 Consúltese, Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional, Educación Básica y Media Superior, publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2014. Pág. 182.

2 Para mayor información, consultar El Programa de la OCDE para la Construcción de Escuelas (PEB), 2013. http://www.oecd.org/edu/innovation-education/34283133.pdf

3 Consúltese Edificación de Educación. Agenda e Incidencia de la Industria de la Construcción en México. CMIC, México. 2012. Página 94.

Diputada Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la megalópolis, suscrita por los diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados federales, Juan Fernando Rubio Quiroz y Luis Maldonado Venegas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6, numeral 1 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Según datos del Banco Mundial en la actualidad la población en el mundo asciende a más de 7 mil millones de habitantes, de los cuales, más del 50% viven en espacio urbano; es decir, en ciudades. Estas ciudades pueden catalogarse en pequeñas, medianas o grandes, empero, la ciudad es sólo una categoría conceptual para referirse a un espacio donde se concentran grandes aglomeraciones de población y actividades económicas principalmente.

Sin embargo, estas ciudades han crecido de forma exponencial a partir de la década de los 1950, y esto hace que comiencen a tener categorizaciones de orden diferente, en este sentido, la tendencia habitacional de la población deja las localidades pequeñas para asentarse en los centros urbanos gigantes, zonas metropolitanas primeramente y posteriormente en megalópolis, ya que estos espacios garantizan mayor acceso a la salud, a la educación, al empleo y a los servicios públicos en general.

El término megalópolis fue acuñado en 1960 por el geógrafo francés Jean Gottmann, para referirse a una gran mancha urbana conformada por una serie de Zonas Metropolitanas en los Estados Unidos. Las Megalópolis son ciudades habitadas por más de diez millones de habitantes.

Por una parte, si en los espacios metropolitanos existen relaciones de órdenes de gobierno disímbolos haciéndolas ingobernables; en las megalópolis, se acumula un poder político, social y financiero sin comparación.

Las megalópolis son un importante motor de crecimiento económico y social, un espacio aún más difícil de gobernar, pues agrupa distintas zonas metropolitanas, es decir, requiere la participación coordinada de gobiernos municipales, estatales y el nacional, en veces de corrientes partidistas diferentes. Requiere de una compleja coordinación, de acuerdos, de dialogo, de toma de decisiones, pero más que eso, de respeto entre autoridades y cooperación para su correcto gobierno, son “hipercentros” económicos, políticos y sociales, pero también “hipercentros” de grandes problemáticas como las relacionadas al medio ambiente.

En el mundo al menos diez ciudades comparten esta denominación de megalópolis, Tokio, New York, Los Ángeles, Estambul, Paris, El Cairo, Bombay, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, y sin duda, la Ciudad de México. Estas ciudades gigantes no sólo lo son en población, sino además en problemáticas comunes, enfrentan problemas de movilidad urbana, de contaminación ambiental, de hacinamiento, de condiciones de salubridad precarias, de segregación social, de inseguridad, de falta de recursos para financiar servicios públicos y mejoras graduales a la calidad de vida de sus habitantes.

En el caso mexicano la megalópolis Región Centro (MRC) comprende siete entidades federativas (Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Tlaxcala). Es una región donde se han interconectado 7 o 101 zonas metropolitanas (ZM del Valle de México, ZM de Puebla-Tlaxcala, ZM de Toluca, ZM de Querétaro, ZM de Cuernavaca-Cuautla, ZM de Pachuca y ZM de Tula). Con una población que en 1990 era de 27 millones de personas y en 2010 significó 37 millones. A su vez, de las Zonas Metropolitanas que integran la megalópolis, la Zona Metropolitana del Valle de México, la de Puebla-Tlaxcala, la de Toluca y la de Querétaro, concentran 69.5% de habitantes.

El crecimiento poblacional de la megalópolis Región Centro está catalogada como alto, por encima del 40% para los municipios circundantes a la Zona Metropolitana del Valle de México, reconocida como la región centro.

En el mismo sentido, existe una creciente integración de municipios estructurados en policentros. Los policentros son ciudades intermedias que mantienen interconectadas las zonas metropolitanas, asumiendo cada una es un centro urbano, sin desvirtuar la primacía de la Zona del Valle de México; además ubica 1,254 localidades urbanas. Otra gran parte de estas localidades está en la zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala (Mapa 1).

Mapa 1. Fuente: CESOP. Megalópolis.

De igual forma, la megalópolis es un centro económico por excelencia, más aun la actividad económica se concentra en la Zona Metropolitana del Valle de México, como se muestra en el Mapa 2. Esto sin mencionar que de acuerdo al reciente informe de la OCDE sobre estudios territoriales, en el Valle de México se produce 23% de PIB, tan sólo en el Valle de México. Otro aspecto considerable es que hay 17 Áreas Naturales Protegidas (ANP), de ellas 3 son áreas de protección de flora y fauna, 4 zonas de conservación ecológica y 10 parques nacionales. Cabe mencionar que el ANP más grande se encuentra en el Estado de México con una extensión de 544, 381, 086 m2.

Mapa 2 Fuente: CESOP. Megalópolis.

Se observa, la megalópolis Región Centro es un espacio donde se concentra la actividad económica y se reconoce de forma gradual un proceso de urbanización. No obstante, la concentración de actividades económicas de orden distinto y el creciente proceso de urbanización conllevan al desplazamiento del entorno medio ambiental natural, es decir, supone un crecimiento irrisorio de la mancha urbana a costa de la degradación medio ambiental. De entre las principales problemáticas ambientales se puede enunciar la contaminación del aire y agua, la erosión del suelo, el desplazamiento de la vida silvestre por suelo urbano, la perdida de superficie boscosa y selva, etc., (Tabla 1).

En este sentido, y en un esfuerzo por mejorar las condiciones medio ambientales de la megalópolis, el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en coordinación con los Gobiernos del Distrito Federal, el estado de Hidalgo, el estado de México, el estado de Morelos, el estado de Puebla y el Estado de Tlaxcala (Esquema 1), firmaron un convenio de coordinación para crear la Comisión Ambiental de la Megalópolis cuyo andamiaje (Esquema 2) institucional permitirá resolver problemáticas de ambientales de la megalópolis.

Integrantes:

• El titular de la Semarnat

• El jefe de Gobierno del Distrito Federal

• El Gobernador de Hidalgo

• El Gobernador del estado de México

• El Gobernador de Morelos

• El Gobernador de Puebla

• El Gobernador de Tlaxcala

Esquema 1. Fuente: El modelo de coordinación de la Megalópolis del Centro de México. Dr. Andrés Flores Montalvo. Director General Adjunto. Coordinación Ejecutiva de la CAMe.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis está enfocada a atender problemáticas relacionadas a la calidad del medio ambiente, principalmente de enfrentar la problemática de la calidad del aire, incorporando la participación de las entidades que intervienen en la generación de contaminación en la región. Busca promover la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona centro.

Los recursos financiaros destinados a las acciones de la megalópolis se administraran de conformidad con el fideicomiso para “Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones Ambientales de la Megalópolis” con aportaciones del Gobierno Federal de las Entidades integrantes de la CAMe.

En este sentido, segunda datos de la CAMe se presenta la siguiente caracterización de la Megalópolis:

Fuente: El modelo de coordinación de la Megalópolis del Centro de México. Doctor Andrés Flores Montalvo. Director General Adjunto. Coordinación Ejecutiva de la CAMe.

Considerando que la Comisión Ambiental de la Megalópolis es un órgano administrativo para el manejo de políticas públicas coordinadas entre los diversos órdenes de gobierno enfocadas principalmente a la mejora medio ambiental de la zona centro del país, resulta en este sentido, indispensable exista además un seguimiento y apoyo por parte del Poder Legislativo en la materia.

Finalmente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis representa un esfuerzo de coordinación entre gobiernos, pero hasta el momento se ha dejado fuera en todo al poder Legislativo, no obstante, se requieren acciones más allá de la materia ejecutiva. Por ejemplo, la homologación de un marco normativo nacional sobre el manejo de los residuos sólidos, vigilar el correcto funcionamiento de la Comisión, vigilar y dar seguimiento a la ejecución de políticas públicas que requiere de recursos públicos y al respecto no existen mecanismos de transparencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión crea la Comisión Especial de la Megalópolis cuya duración será durante toda la LXIII legislatura.

Segundo. La Comisión Especial de la Megalópolis se crea con el objeto de dar seguimiento, vigilancia y evaluación a las políticas públicas implementadas en el marco del convenio de coordinación sobre la Megalópolis suscrito por el Gobierno Federal y los diversos Gobiernos estatales, así como el Distrito Federal.

Asimismo, coadyuvar y coordinar esfuerzos en la planeación urbana de la megalópolis con los diversos actores urbanos involucrados. Ejerciendo las atribuciones y facultades que en sentido extenso y no limitativo, de conformidad a lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados para las comisiones especiales.

Tercero. La Comisión Especial de la Megalópolis que se crea por el presente acuerdo estará integrada por los diputados y las diputadas de todos los grupos parlamentarios conforme lo establezca la Junta de Coordinación Política. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de ésta comisión deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Notas

1 La diferencia depende de la fuente consultada, por una parte el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública señala son 7, mientras que el Centro Mario Molina señala 10. Véase “Propuestas estratégicas para el desarrollo sustentable de la megalópolis del centro de México. Centro Mario Molina. 2013.” Y Dr. Felipe de Alba Murrieta. “Megalópolis. Carpeta Informativa número 38. CESOP, Cámara de Diputados. Junio de 2015.”

2 Doctor Felipe de Alba Murrieta. Ibídem.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputados: Juan Fernando Rubio Quiroz, Luis Maldonado Venegas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Mariana Trejo Flores, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Jesús Serrano Lora, integrantes del grupo parlamentario de Morena en esta LXIII Legislatura federal, con fundamento en los artículos 6o. y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y en las disposiciones contenidas en la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, ponemos a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

1. El 21 de agosto de 1942, los gobiernos de Estados Unidos y México suscribieron un Convenio Internacional de Trabajadores Temporales que tenía como finalidad hacer posible la entrada a los Estados Unidos de trabajadores mexicanos, para cubrir el déficit de mano de obra originado a raíz de la participación de este país en la Segunda Guerra Mundial. Dicho convenio estuvo vigente en términos formales hasta 1964, aunque existen documentos que prueban que se los siguió contratando hasta 1967. En todo este periodo, fueron más de 4.6 millones de trabajadores mexicanos los que trabajaron como Braceros en los Estados Unidos, en la construcción de vías férreas y en la producción de alimentos en los campos agrícolas; es decir, en dos de los sectores que fueron clave para mantener en pie la economía de guerra estadounidense.

2. Dicho convenio establecía la creación del llamado “Fondo de Ahorro Campesino”, el cual se constituía mediante la deducción de un 10% de los salarios de los trabajadores mexicanos braceros. Los patrones hacían la deducción, y depositaban esos recursos en cuentas del gobierno estadounidense; y éste a su vez, al término de cada año fiscal, transfería todo ese dinero al gobierno de México, quien tenía la obligación de reembolsarles sus ahorros a los trabajadores ex braceros una vez que ya estuviesen de regreso en sus comunidades; cosa que nunca ocurrió. Es decir, estamos hablando de un gobierno nacional, que tuvo el atrevimiento de robarse, ni más ni menos, los Fondos de Ahorro de más de 4.6 millones de trabajadores Braceros, constituidos a los largo de por lo menos 22 años.

3. En 1998; es decir, a 56 años de que inició, y a 34 años de que concluyó el Programa Bracero, los trabajadores ex braceros, ahora ya viejos, enfermos y en situación de pobreza extrema, comenzaron a organizarse para reclamar los que es suyo. Por todo el país, e incluso en Estados Unidos, se han constituido cientos de organizaciones de ex braceros para exigir al gobierno federal le devolución íntegra, inmediata e incondicional de sus fondos de ahorro, incluyendo los intereses y las actualizaciones que conforme a derecho corresponden por los 72 años que ya han transcurrido. Dicho proceso de organización, concientización y movilización fue en ascenso, y alcanzó su clímax hacia 2003, 2004 y 2005; pero aun ahora, no hay un solo día en que no tenga lugar alguna movilización de ex braceros en alguna parte del país, clamando por la devolución de su 10%, que no es sino 10% del salario que percibieron mientras trabajaron en los Estados Unidos.

4. Como producto de su lucha, se inició hacia 2003 un complejo proceso de diálogo, que dio pie a la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados; a la elaboración de un padrón inicial en 2003; pero sobre todo a la aprobación de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, con base en la cual se creó un Fideicomiso que tiene por objeto “otorgar un apoyo social [...] a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 6o. de la presente Ley”.

En el artículo 2o. fracción II, y en el sexto transitorio de esta Ley, se estableció que “el Comité Técnico del Fideicomiso deberá presentar a la Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros , un informe trimestral sobre el avance de su gestión que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar para el año siguiente”. Dicha Comisión Especial existió y estuvo cumpliendo sus funciones, durante las legislaturas LVIII, LIX, LX y LXI. Durante la LXII, olímpicamente se incumplió dicho mandato legal, en virtud de lo cual la Comisión de Asuntos Migratorios tuvo a bien constituir en su seno la Subcomisión de Ex Braceros, y eligió como su presidente al diputado Raúl Gómez Ramírez, quien mantuvo en alto la bandera de la causa de los ex braceros, literalmente hasta su último aliento.

5. A pesar de sus diversas y muy serias limitaciones, puede afirmarse que la puesta en vigor de esta Ley significó un gran avance: gracias a ella, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón asignaron recursos presupuestales para pago del apoyo social, de manera ininterrumpida durante los [ocho] ejercicios fiscales: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. En este lapso se asignaron en total más de 7 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y se les ha pagado el apoyo social a un poco más de 190 mil ex braceros o a sus beneficiarios. Sin embargo, éstos representan apenas un 5.8% del total de los ex braceros existentes en el país, según las cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dependiente de la Cámara de Diputados.

Hoy día, existen aún en poder de la Segob 40,087 expedientes de igual número de ex braceros, cuyos folios no han sido publicados para pago, a los cuales, en términos de la Ley y de sus Reglas de Operación, se les tenía que haber pagado en el ejercicio fiscal 2013; lo cual representa, nada menos, un 18.1% del total de los ex braceros inscritos en el padrón, pendientes de pago .

6. A pesar de que la administración saliente de Felipe Calderón dejó constancia de estos 40,087 expedientes pendientes de pago, e hizo el requerimiento presupuestal respectivo para el ejercicio fiscal 2013, ya no se ha asignado un solo centavo para pago a ex braceros en el Presupuesto de Egresos de la Federación en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2013, 2014 y 2015), ni se los consideró en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 que el presidente entregó a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre. Lo cual constituye una flagrante y reiterada violación al mandato legal contenido en la Ley que Crea el Fideicomiso ya mencionada; a los artículos 1°, 14, 16 y 74 fracción IV de nuestra Carta Magna, y a la Ejecutoria de amparo que explicaremos puntualmente más adelante.

7. La Ley que Crea el Fideicomiso sufrió una primera enmienda a través del Decreto de Reformas y Adiciones de 1° de septiembre de 2008, del cual cabe destacar la disposición contenida en el artículo séptimo transitorio, que reza textualmente: “El Fideicomiso operará hasta que se dé cumplimiento a su objeto” , lo cual significa que el titular del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados están obligados jurídicamente a proveer recursos presupuestales para el pago del apoyo social a los trabajadores ex braceros, hasta que se alcance la plena realización del objeto del Fideicomiso. Ahora bien, si está clara y oficialmente documentada la existencia de 40,087 folios pendientes de pago, no existe argumento alguno que justifique la omisión en que han incurrido el titular del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados en los ejercicios 2013, 2014 y 2015, y en la que están a punto de reincidir en el Presupuesto 2016.2

8. Sufrió una segunda enmienda a través del Decreto de 10 de septiembre de 2010, del cual deseamos poner de relieve el contenido de los artículos 3°, y en particular del 4° transitorio, en el cual se establece que un representante del Poder Legislativo deberá formar parte del Comité Técnico del Fideicomiso en calidad de invitado permanente . Esto, porque actualmente, el honorable Pleno de esta Cámara no ha elegido a tal representante ante el Comité Técnico; esto es, dicha representación se encuentra acéfala.

9. Por otra parte, el artículo octavo transitorio del Presupuesto de Egresos 2015, ordena a la Secretaría de Gobernación: i) concluya la revisión de los expedientes de las personas que hayan presentado solicitud para recibir el apoyo previsto en la Ley de la materia; ii) determine conforme a los términos y condiciones establecidos en dicha Ley aquellos que tienen derecho a recibir el apoyo respectivo; y iii) realice el pago correspondiente (incluyendo a los beneficiarios que no se han presentado a cobrarlo), a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, al no haber asignado partida presupuestal alguna, dicha disposición se convierte en un ouróboro ; es decir, se devora, se nulifica a sí misma.

10. Por lo demás, el Poder Judicial de la Federación, a través de Sentencia Firme del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal en el Toca RA-160/2013, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos en el juicio de garantías 38/2013, en los términos siguientes:

“Decisión . En mérito de lo expuesto, lo que procede es conceder el amparo a los quejosos, en contra de los actos reclamados consistentes en:

– La omisión en que incurrió el titular del Ejecutivo Federal de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 (dos mil trece), la partida económica para pagar el apoyo social a trabajadores ex braceros, conforme a la Ley que creó el Fideicomiso respectivo.

– La omisión en que incurrió la Cámara de Diputados de modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, enviado por el titular del Ejecutivo Federal, en transgresión al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Y es que, mientras “la parte quejosa aportó copias simples, no objetadas por las autoridades, del Fideicomiso 10230 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964 [...] en donde se encuentra el apartado denominado ‘Estado financiero actual del fideicomiso y presupuesto 2013’, en donde se advierte que existen pagos pendientes [...] y se realizó una propuesta de presupuesto para 2013”, “las autoridades responsables no aportaron elementos a partir de los que se deduzca, sin lugar a dudas, que se ha agotado el objetivo o finalidad del Fideicomiso...”

“Conforme al contenido del artículo 74 de la Norma Condicionante, el titular del Ejecutivo Federal debió realizar la afectación del Presupuesto para 2013 y, la Cámara de Diputados debió realizar la aprobación en ese sentido, en relación con la partida que se destinare para el pago del apoyo social a ex braceros y/o a quienes acrediten tener el derecho a recibir ese apoyo; lo cual debió realizarse con sujeción a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, las disposiciones de tránsito de esa Ley[...], así como a las Reglas de Operación del Fideicomiso...”

“La Ley prevé el otorgamiento de un apoyo social para los beneficiarios, por lo que crea un derecho para que los ex trabajadores migratorios, o en su caso, quienes tengan derecho a recibir el apoyo, obtengan aquél, proveniente de recursos públicos que la sociedad les otorga”.

11. Cabe señalar por otra parte, que de los más de 109,000 folios publicados para pago en 2012 en las listas de la 40 a la 46, existen aún un poco menos de 6,000 beneficiarios que no han podido cobrar en el BANSEFI, debido a diversos tipos de dificultades para reunir la documentación indispensable a fin de realizar trámites de cambio de beneficiario o de corrección de datos. Ante esta situación, el Comité Técnico y la Secretaría de Gobernación se han negado a conceder una prórroga más, y dieron ya por cancelada la vigencia de estas listas el pasado 15 de octubre . Nada hay de sensibilidad humanitaria en esta draconiana decisión, con la cual se pretende arrebatar el importe del apoyo social a unos ex braceros, para supuestamente dárselo a otros.

Con base en lo anteriormente expuesto y, con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, nos permitimos proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al ciudadano Presidente de la República en su carácter de titular del Ejecutivo Federal y a las comisiones competentes de la Cámara de Diputados, tomen las medidas necesarias en el ámbito de su competencia, con el objeto de que se cubra el apoyo social a los 40, 087 ex braceros a quienes se les adeudan pagos, relativos a su labor brindada en el marco del Programa antes mencionado.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que proponga ante el pleno de la Cámara de Diputados, la designación del representante del Poder Legislativo ante el Comité Técnico del Fideicomiso 10230, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos , de conformidad con el mandato legal previsto en los artículos: 3°y 4° transitorio, del Decreto de Reformas y Adiciones de 10 de septiembre de 2010.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Asuntos Migratorio de esta honorable Cámara de Diputados, a crear la Subcomisión para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Ex Braceros , con el objetivo de darle solución a dicho conflicto.

Cuarto. Se exhorta al Congreso de la Unión para que se faculte al Comité Técnico del Fideicomiso, mediante la reforma legal respectiva, para que emita una nueva Convocatoria e instale las Mesas Receptoras respectivas , con la finalidad de que, todos aquellos ex braceros que no se registraron en las dos convocatorias anteriores, tengan oportunidad de acreditar su derecho y acceder al beneficio del apoyo social previsto en la Ley de la materia, como se desprende de los artículos 1° de la Ley, y séptimo transitorio del Decreto de 1° de septiembre de 2008.

Quinto. Se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso y a la Secretaría de Gobernación en tanto que dependencia Coordinadora, para que concedan una extensión en la vigencia de las listas de pago publicadas en 2012 (de la 40 a la 46); ya sea bajo la modalidad de una prórroga , o de la re-publicación de las mismas , a efecto de que no se cancele la posibilidad de que los ex braceros incluidos en ellas, puedan cobrar el importe del apoyo social.

Sexto. Se exhorta a estas mismas instancias, para que garanticen a los ex braceros que radican en los Estados Unidos una atención eficiente y eficaz a través de los consulados de México en aquel país; el hecho de que ellos tengan que venir a este lado de la frontera a realizar sus trámites, constituye una violación a sus garantías constitucionales, por cuanto implica una violación al derecho de no discriminación previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Séptimo. Se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para que a la mayor brevedad, creen un verdadero programa de pago y finiquito de la deuda social que éste tiene con los trabajadores ex braceros, ya que el actualmente vigente no es sino apenas un pequeño y simbólico paliativo. Ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 5° párrafo primero de nuestra Carta Magna, que textualmente dice: “Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.

Notas

1 El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, estimó en 3,233,755 la cantidad de ex braceros o sus beneficiarios sobrevivientes que podrían registrarse en la Segunda Convocatoria. Véase CEFP, “Impacto Presupuestario ‘Programa Bracero’ 1942-1964”, México, Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2008, p. 12.

2 Gustavo Nicolás Kubli Albertini, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficio No. 307-A.-6441 , dirigido a la diputada Amalia García Medina en su carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Anexo 2, Apartado II.D. Informe de la revisión de expedientes no viables e integración del listado de viables para la propuesta del presupuesto 2013, pp. 35 y 36.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputados: Mariana Trejo Flores (rúbrica), Virgilio Dante Caballero Pedraza, Jesús Serrano Lora.

Con punto de acuerdo, relativo a la ampliación de los convenios de colaboración con instituciones académicas nacionales para implantar programas de mejoramiento educativo de los diputados y de los servidores públicos que laboran en actividades parlamentarias de esta soberanía, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, René Cervera García, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados aprueba girar instrucciones a la Secretaría General para que amplíe los convenios de colaboración con instituciones académicas nacionales para implementar programas de mejoramiento educativo de los diputados y de los servidores públicos que laboran en las actividades parlamentarias de esta institución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. La profesionalización y la elevación de las capacidades y competencias de quienes realizan actividades parlamentarias permite el mejor cumplimiento de las obligaciones del Poder Legislativo.

II. La educación es el principal motor para impulsar el desarrollo y el crecimiento de la sociedad. México cuenta con un nivel promedio de estudios de 8.6 años, es decir, de segundo de secundaria. Sin lugar a dudas, incrementar la cobertura y la calidad educativa es una de las prioridades del Estado mexicano.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 3o. constitucional que:

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia.

Que el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos; y además será democrático, nacional y contribuirá a la mejor convivencia humana, y

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;..

La Ley General de Educación señala en su artículo 2º que:

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

En las instituciones y espacios donde se toman decisiones y se incide en el futuro de la nación, como es la Cámara de Diputados, resulta fundamental contar con servidores públicos preparados académicamente, dispuestos a tomar las mejores decisiones con una perspectiva y una visión de largo plazo.

III. Recientemente, una investigación del periódico El Universal , reveló que de los 498 diputados que tomaron posesión para integrar la LXIII Legislatura, 394 (79 %) cuentan con licenciatura, mientras que 104 (21 %) no tienen estudios de nivel superior.1

En las tres legislaturas anteriores más del 80 por ciento de los diputados federales tenían estudios universitarios: 83 por ciento en el periodo 2012-2015; 90 por ciento en el periodo 2009-2012 y 87 por ciento en el periodo 2006-2009.

Para ejemplificar los efectos que trae consigo la falta de preparación académica en el ámbito parlamentario, un informe presentado por Atlas Político analiza la habilidad que mostraron los legisladores en la pasada LXII Legislatura para impulsar sus agendas y propuestas. El estudio se compone de cinco rubros: activismo legislativo, que mide el número de proyectos de ley introducidos; auditoría legislativa, que mide el número de acuerdos implementados; debate parlamentario, que contabiliza el número de discursos e intervenciones de cada legislador; asistencias a las sesiones; y transparencia, que se refiere a la publicación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los legisladores.

De los 10 diputados federales que se encuentran entre los menos productivos de la LXII Legislatura, 5 no contaban con estudios superiores, lo que denota un vínculo entre la improductividad y la falta de escolaridad superior.2

IV. Resulta innegable que un incremento en la preparación de los legisladores derivará en una mayor productividad y, por lo tanto, en un debate parlamentario más profundo y benéfico para el país. La fortaleza de una institución como la Cámara de Diputados está directamente ligada a los resultados y a las soluciones que aporta.

Las Diputadas y Diputados de esta LXIII legislatura deben observar que la ampliación de conocimientos a través de la educación ayudara a robustecer su participación legislativa, diversificar y complementar sus propuestas, adquirir una visión de conjunto, y mejorar por mucho la representación de los intereses de la nación.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que una mayor preparación académica de los legisladores contribuirá a incrementar los niveles de confianza en la institución, al tiempo que aumentará la productividad y los resultados legislativos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados aprueba girar instrucciones a la Secretaria General para que:

a) Se renueven y amplíe los convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de actividades formativas a nivel básico, medio, superior y técnico profesional, así como de posgrado.

b) Diseñe, desarrolle e instrumente programas para el fortalecimiento parlamentario a través de actividades formativas para las diputadas y los diputados, los equipos de asesoría, y las y los servidores públicos que laboran en las actividades parlamentarias de esta institución.

c) Realice un diagnóstico de intereses y necesidades de formación en el campo parlamentario para las y los diputados, y las y los servidores públicos que laboran en las actividades parlamentarias de esta institución.

Notas

1 Rodríguez, E., “Cae nivel educativo en Cámara de Diputados”, El Universal , Nación, p. A6.

2 Román Andrei, Costa Thiago, González Claudio Atlas Político (2014), Ranking 5D Diputados, 2015, recuperado de: http://www.atlaspolitico.mx/ranking-diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2015.

Diputado René Cervera García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos y las Procuradurías de Justicia del DF, estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero a atender los altos índices de linchamientos en esas entidades, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobiernos y las Procuradurías de Justicia de los estados de México, Distrito Federal, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero a atender los altos índices de linchamientos que se llevan a cabo en sus entidades, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia común, lo mismo que la violencia que ejercen grupos más o menos organizados, son expresión de la crisis de autoridad o del estado que se vive en México y cuya tendencia principal la encontramos en el crecimiento sin límite de la delincuencia (individual y organizada). Sin embargo, son las ejecuciones (de civiles, policías, funcionarios, militares, etcétera), los enfrentamientos entre bandas organizadas y policías o militares y los linchamientos, las expresiones en las que podemos tener un referente más acabado del grado de erosión de las instituciones y de los niveles de corrupción de las personas que tienen como función hacer respetar la ley y el orden social y político.

Las ejecuciones y los linchamientos se pueden analizar como expresión de violencia social localizada, en la que grupos de colonos, miembros de una comunidad o grupos de la delincuencia organizada ejercen la violencia frente a situaciones o condiciones que ponen en riesgo los principios de convivencia pacífica.

Reflexionar sobre la violencia implica necesariamente pensar en el problema de la crisis de autoridad, debido a que ambos se encuentran unidos por un elemento común: la acción colectiva que señala que los límites sociales se han roto y que es necesario restituir o cambiar la autoridad o sus fundamentos (leyes e instituciones), o bien ambos al mismo tiempo.

En Nueva Alianza estamos convencidos del respeto que merecen las Instituciones de Justicia del país y, por ello, entendemos que la violencia solo se justifica cuando se ejerce en forma de defensa, siendo esta la última ratio (última razón o argumento).

La crisis de seguridad, la falta de profesionalización de cuerpos policiacos y el vacío de autoridad, son las principales causas por las que la ciudadanía opta por hacer justicia por su propia mano, esto según el estudio Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014), elaborado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Los investigadores Raúl Rodríguez Guillen y Norma Ilse Veloz Ávila destacaron que 7 de las 32 entidades concentran el mayor número de casos de linchamientos (80 por ciento), es decir, 296 de 366 contabilizados en los últimos 26 años.

Las siete entidades en orden de mayor a menor incidencia son

1. Estado de México;

2. Distrito Federal;

3. Puebla;

4. Morelos;

5. Oaxaca;

6. Chiapas; y

7. Guerrero.

En el periodo mencionado según el estudio no se ha registrado un solo año en que no se produzca al menos un evento violento en el país del tipo que se está considerando.

En estos 26 años de estudio se registraron tres picos altos, el de 1997 (27 eventos ese año), el de 2010 (47 eventos) y el de 2013 (40 eventos), cuya suma arroja 114 eventos; es decir, poco más de un tercio del total del periodo.

Recientemente hemos sido testigos de hechos como los sucedidos el pasado 28 de septiembre en Cohuecán, Puebla donde dos sujetos fueron linchados tras ser señalados de ser autores del plagio de una adolescente, quien escapó e informó de lo sucedido.

El más reciente también en Puebla, el pasado 19 de octubre, vecinos de Ajalpan quemaron a dos personas acusadas de ser secuestradoras, aunque ante la autoridad se acreditaron como encuestadores.

El linchamiento fue consumado en la plaza principal, frente a la presidencia municipal, donde la turba compuesta por más de mil personas agredió a policías municipales, quienes no lograron el rescate de los dos implicados.

Para Nueva Alianza, lo verdaderamente importante es que estos eventos se encuentran completamente fuera de la legalidad, no podemos olvidar que somos y nos regimos como un estado de derecho, que vive y se gobierna por normas que establecen los lineamientos de convivencia, por ello la presente proposición pretende exhortar a las entidades federativas con mayor incidencia de linchamientos para que se busque erradicar esta actividad ilícita y que sean sancionados los que la lleven a cabo bajo cualquier circunstancia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la norma suprema del país, señala en el artículo 17 lo siguiente:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

...

Lo anterior claramente prohíbe los actos violentos como los linchamientos, pero la Carta Magna no sólo prohíbe sino que brinda certeza en cuanto al tema.

El artículo 13 señala expresamente que nadie puede ser juzgado por Leyes privativas ni por tribunales especiales, lo anterior refuerza el argumento de que ningún grupo de comuneros o pobladores podrán decidir si una persona es o no culpable o tentativamente culpable de un delito, mismo precepto que se encuentra regulado en la Constitución en el artículo 16, párrafo quinto, que a la letra señala:

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

Esto nos lleva a reflexionar sobre dos problemáticas que se presentan al ocurrir tan lamentables hechos como lo son los linchamientos; el primero es el reflejo de la poca confianza y la nula eficacia que existe de las autoridades judiciales para garantizar a los pobladores la tranquilidad y seguridad pública requerida para poder confiar en estas instituciones. Y la segunda problemática refiere al tema de que los linchamientos no dejan de ser actos fuera de las leyes actos que generalmente repercuten en un homicidio o en lesiones graves a los involucrados, que en ocasiones resultan ser inocentes de todo lo que se les quiere imputar.

El Código Penal Federal tipifica el delito de homicidio y el de lesiones graves que son las que se generan a raíz de estos actos, además se encuadran en el tipo penal de asociación delictuosa en la modalidad de pandilla que se define a continuación:

Artículo 164 Bis. Cuando se cometa algún delito por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión, hasta una mitad más de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos.

Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos , cometen en común algún delito.

...

Por lo anterior, los diputados de Nueva Alianza nos manifestamos por la pronta actuación de las autoridades correspondientes, de los estados con mayor número de linchamientos, para de esta forma garantizar la seguridad pública de los pobladores y a su vez castigar a los mismos que se vean involucrados en estos actos delictivos como se han señalado en el cuerpo de esta proposición.

En virtud de lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados de México, Distrito Federal, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero para que en el ámbito de sus atribuciones pongan en marcha las medidas necesarias que garanticen la seguridad pública de los pobladores de estas entidades, mejorando el aparato de justicia apegados a los principios de eficacia y pronta actuación.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las Procuradurías de Justicia de los estados de México, Distrito Federal, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero para que lleve a cabo las investigaciones necesarias para dar con los principales actores de los linchamientos y los pueda poner a disposición del Ministerio Público para fincar las responsabilidades correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una unidad especializada de investigación y persecución de los delitos contra personal de salud, magisterio y demás trabajadores al servicio del Estado, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI

De la diputada Beatriz Vélez Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una unidad especializada en la investigación y persecución de los delitos en contra de personal de salud, magisterio y demás trabajadores al servicio del estado, tomando en cuenta las siguiente

Consideraciones

Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal la inseguridad aún daña profundamente a nuestras instituciones y a sus trabajadores y la demás gente inocente del país. La violencia continúa y la producción de drogas ilícitas crece, según señala el Reporte Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos.

Nuestro gobierno enfrenta retos significativos, desde fines de 2006 más de 47 mil personas han muerto en relación con el crimen organizado, según cifras del gobierno federal y se tienen registradas denuncias ante el Ministerio Público por más de 8 mil secuestros.

No sólo eso, en promedio, la evolución de los delitos de alto impacto registra un incremento de 27.4 por ciento y las extorciones aumentaron 91.3 por ciento es decir que casi se duplico el número de extorsiones en el país, por ello 67.9 por ciento de la población consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

No cabe duda de que persisten los delitos, pero como menciono arriba tampoco que se ha estado trabajando en la mejora de la seguridad pública, tanto que la percepción de la ciudadanía respecto que la delincuencia empeorará ha registrado una disminución de 2.6 puntos porcentuales y la población que considera que la situación está mejorando subió 1.7 puntos porcentuales.

No obstante, tanto los medios como el interés general se han centrado en detectar, denunciar y perseguir algunas de las actividades criminales como el secuestro o la extorsión, incluso y no menos importante la trata de personas, pero se han olvidado de otros hechos que ocurren cada vez con mayor frecuencia.

Robos o asaltos y vandalismo son alguno de ellos, pero uno en particular resalta y demanda la atención necesaria no sólo de los medios sino de las autoridades responsables de la seguridad. Hablo de la delincuencia que acosa y violenta a los trabajadores al servicio del estado, magisterio y personal de salud.

Existen casos aunque muy pocos de ellos denunciados, en el que se extorsiona o incluso, secuestran a los médicos con la finalidad de atender a otros narcotraficantes que han sido heridos de bala, profesores afuera de las escuelas o incluso a demás trabajadores el día del pago de su sueldo.

Cabe mencionar los profesionales de la salud de encuentran todo el día expuestos por las actividades mismas de su profesión como por ejemplo el traslado urgente de pacientes de una unidad a otra sin ningún tipo de seguridad acompañándolos o bien el transporte de suministros e insumos a las unidades médicas más alejadas.

Por lo mismo muchos de ellos sufren cosas aún peores como amenazas para sus familiares al conocer sus rutas diarias e incluso se convierten ellos mismos en víctimas por haber atendido a alguien que los sicarios querían asesinar de manera directa y seguida durante todo el trayecto de la escena a la unidad médica.

Al respecto, ya se ha detallado que los estados en que es más peligroso ejercer la profesión, aunque cabe mencionar que esta sucede en todo el territorio mexicano, son Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y Tamaulipas.

No es secreto que en el estado de Guerrero la delincuencia es una de las más graves del país, pues cientos de trabajadores de la salud, magisterio y demás trabajadores al servicio del estado tienen una historia similar, tanto que en los hospitales de Guerrero por ejemplo, se han visto en la necesidad de contratar a personal de seguridad privada.

No obstante, el compromiso de resguardo de la seguridad de los trabajadores no se garantiza, en Chilpancingo por ejemplo ya ha visto manifestaciones para exigir mayor seguridad a los gobiernos estatal y municipal.

Trabajadores de la Secretaría de Salud de Guerrero denunciaron acoso por parte de la delincuencia organizada y denunciaron que en lo que va del año, 147 médicos han sido secuestrados en ese estado y se ha pagado un rescate para su liberación.

Médicos, enfermeras y personal de salud abandonaron los pueblos de Guerrero cercanos a la comunidad de Filo de Caballos, temerosos de que haya más incursiones de presuntos integrantes del crimen organizado.

No lo hacen sin razón, ya este año en el mes de junio fueron encontrados los cuatro cuerpos que, la fiscalía mexicana confirmó, pertenecen a empleados de la Secretaría de Salud de Guerrero. Tres de ellos eran médicos y uno licenciado.

También en abril, sobre la carretera federal 200 Pinotepa-Acapulco, a la altura de la desviación hacia Cortijos, cerca de Cuajinicuilapa, Guerrero, se encontró el cuerpo de otro médico y de su chofer. Médicos que trasladaban a una mujer fueron encontrados cerca del Ocotito y en Acapulco fue encontrado el cuerpo de un doctor que había sido secuestrado.

Pero también en Sinaloa ya se ha iniciado la marcha denominada Bata Blanca y Moño Negro, para reclamar seguridad, respeto a la dignidad humana y exigir justicia por el homicidio de uno de sus compañeros de trabajo.

Hace poco en Guanajuato, 400 pasantes de medicina del estado exigieron al gobierno de esa entidad que les fuera garantizada su seguridad, principalmente en las comunidades rurales y zonas más incomunicadas o alejadas.

Asimismo en Oaxaca, el propio secretario de Salud estatal, ha tenido que reconocer públicamente que los conflictos sociales de la zona sur, mixteca y la cuenca de Papaloapan ha provocado la negativa de los médicos y del personal a prestar el servicio y por lo tanto demasiadas clínicas se encuentran vacías.

La Universidad Autónoma de Nuevo León ha reportado tener que haber cerrado sus instalaciones ante la amenaza de la delincuencia que los ha obligado a punta de pistola atender a delincuentes.

Pero en Michoacán, principalmente, está ocurriendo algo que quizás es más grave, pues en el Colegio de Médicos y especialistas del estado revelaron que ha disminuido considerablemente el número de meritorios, pues antes, había alrededor de 900 pasantes y ahora sólo se tiene registro de solamente 450 de ellos.

Levantamientos, violencia física, ejecuciones, todos estos estados tienen en sus registros las mismas historias, víctimas no sólo de hospitales a cargo de la Secretaría de Salud, sino también del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y, como he señalado, incluso hasta de universidades.

Todos los estados, todas las instituciones estamos sufriendo las mismas consecuencias a causa de este tipo de inseguridad y es menester de todos entonces comenzar a hacer algo al respecto y solicitar en primer lugar que se garantice la seguridad de personas que todos los días se levanta para cuidar de la vida y salud de la población.

Estas personas están expuestas para nuestra protección, médicos, enfermeras, personal administrativo, todos ellos en todo el país trabajando mientras el narcotráfico y la delincuencia amenaza frente a sus puertas y en contra de sus pacientes.

Por lo tanto y aunque no se ha señalado con anterioridad, cabe resaltar que al estar en peligro y constante amenaza los médicos, enfermeras y demás personal de salud, también está en riesgo nuestra propia salud, también corren peligro millones de personas enfermas que tienen que trasladarse de un centro médico a otro ante la falta de personal que ha huido literalmente del narcotráfico.

No hay política pública ni mayor presupuesto que pueda convencer al personal para actuar arriesgando su vida, por lo tanto la salud de la población mexicana sufre y se encuentra en peligro ante la inseguridad en los hospitales. El derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto constitucional se encuentra amenazado.

Respecto a los maestros, ellos también han iniciado actividades para frenar la inseguridad a la que están expuestos diariamente, hace poco 200 maestros de las escuelas que se ubican en la periferia de Acapulco marcharon para exigir seguridad en sus escuelas.

Otros tantos, alrededor de 100 escuelas, se encuentran en paro y en constante comunicación con las autoridades de la Secretaría de Educación de Guerrero para solicitar operativos de seguridad.

Encuestas como la que realizó la organización Este País tanto los maestros como los padres de familia consideran que en los últimos 12 meses ha aumentado el riesgo que corren sus alumnos alrededor de los planteles.

Por ello y así como en el tema de la salud, la educación se ve detenida por la inseguridad que vive el país. La educación de nuestros niños y el futuro académico de México se podrían truncar ante la falta de vigilancia y atención necesaria de las autoridades.

No hay más que hacer este tipo de problemática visible y exigir a las autoridades cartas en el asunto. Por lo tanto, propongo en este punto de acuerdo, la inmediata intervención de la Procuraduría General de Justicia para crear una unidad especializa en delitos contra personal de salud, magisterio y demás trabajadores al servicio del estado.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece en su artículo 3o., que serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones previstas en esa ley, cuando algún delito sea cometido por algún miembro de la delincuencia organizada y entonces el Ministerio Público de la federación ejercerá la facultad de atracción.

De conformidad con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, los delitos del fuero común pueden ser investigados por la representación social de la federación o cuando exista conexidad con delitos federales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Procuraduría General de la República, para que, de conformidad con el artículo 11 de su ley orgánica, instaure una unidad especializada en la investigación y persecución de los delitos en contra de personal de salud, magisterio y demás trabajadores al servicio del estado y actualice su reglamento con la finalidad de garantizar la inclusión de la nueva unidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputada Beatriz Vélez Núñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se exhorte al titular de la Semarnat a llevar a cabo por la Conagua los trabajos conducentes a desazolvar el vaso de la presa Emilio López Zamora, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Wenceslao Martínez Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la atención de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, por los que se solicita exhortar respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo los trabajos conducentes a desazolvar el vaso de la presa Emilio López Zamora, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad existe en el estado de Baja California, específicamente en el municipio de Ensenada, un problema neurálgico cuyo efecto es considerado de alto impacto en perjuicio de la población que habita en dicho municipio e incluso sus alrededores.

El problema a que nos referimos es el acaecido desde hace años en la presa Emilio López Zamora, ya que con el paso del tiempo el azolve se ha incrementado de manera importante y al día de hoy representa una obstrucción que en la pronta temporada de lluvias podría llevar a un desbordamiento.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la presa López Zamora es la única con la que cuenta el municipio de Ensenada y se construyó durante la administración de Luis Echeverría Álvarez, con una capacidad de almacenamiento de 5 millones de metros cúbicos de agua.

Sus objetivos son

1. Abastecer de agua potable a la ciudad en caso de ser necesario; y

2. Contener arena, tierra y desperdicios diversos que transporta el arroyo Ensenada y que pueden afectar la profundidad de la dársena de maniobras y en canal de navegación del puerto comercial.

La presa es una opción de consumo de agua para los ensenadenses, ya que la utilización óptima de sus capacidades de almacenamiento representa la única fuente superficial con que cuenta el municipio. Sin embargo y para infortunio de la población, como se ha mencionado la presa se encuentra en condiciones deplorables, ya que los parámetros mínimos de operación se encuentran rebasados. Para muestra, hay la medida base que especifica hasta 200 mil metros cúbicos de azolves; no obstante, en la actualidad existen de 2 a 2.5 millones de azolves.

En años anteriores, el Organismo de Cuenca Península de Baja California, de la Conagua ha invertido diversos montos exclusivamente para rehabilitar y dar mantenimiento preventivo a la presa, así como para ejecutar estudios especializados para calcular la cantidad de azolve, y otras obras que hoy reflejan que el problema existe e incluso se ha agravado.

Con estos problemas se limita sustantivamente la capacidad de almacenamiento del agua, puesto que aunque la función primordial de la presa es ser vaso regulador de corrientes de agua, podría utilizarse también como vaso de almacenamiento del recurso derivado de la precipitación pluvial que servirían, de manera importante, a la demanda de escasez actual.

Asimismo, se plantea la acción que más allá del dragado, se limpie el vaso de esta estructura y se mantenga a la población en alerta permanente debido a los riesgos de inundación en caso de que el agua rebase el vertedero de la misma, ya que existen familias que han invadido los límites máximos del vaso regulador.

Por lo fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo los trabajos conducentes para desazolvar el vaso de la presa Emilio López Zamora.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Protección Civil a que en coordinación con el estado de Baja California y los municipios del estado, a que se lleven a cabo acciones de prevención en caso de desastre o emergencia por posible desbordamiento de la presa Emilio López Zamora.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Baja California a que en coordinación con los municipios del estado y el gobierno federal, emprendan una gestión integral de riesgos para prevenir y atender las causas y efectos de los peligros a los que se expone la población asentada de forma irregular en los límites del vaso de la presa Emilio López Zamora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputado Wenceslao Martínez Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a formular las recomendaciones correspondientes en torno a las presuntas violaciones de los derechos humanos en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, el 6 de enero y el 22 de mayo de 2015, respectivamente, suscrita por los diputados María Concepción Valdés Ramírez y Érik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En México, elementos de la fuerza pública federal y de las fuerzas armadas, han sido de los principales ejecutores de las más grandes violaciones a derechos humanos de nuestra historia moderna. Dos lamentables ejemplos de esto son los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán y el 22 de mayo en Tanhuato, ambas localidades michoacanas en donde, de acuerdo a declaraciones hechas por la organización Human Rights Watch (HRW), se podría corroborar que al menos 50 personas fueron ejecutadas por integrantes de las fuerzas de seguridad del país. En este sentido, es importante recordar lo que pasó en ambas fechas.

El 6 de enero del año en curso un centenar de integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural del grupo G250, se encontraba en un plantón en los portales del palacio municipal de la ciudad de Apatzingán, reclamando el pago de su salario. Estas personas se encontraban manifestándose pacíficamente, sin armas largas, cuando policías federales comenzaron un violento desalojo y durante dos hechos distintos ese día, el primero a las 2:30 horas en el jardín central y los portales del palacio municipal, el segundo a las 7:45 horas en el cruce de avenida Constitución y Plutarco Elías Calles1, las personas fueron ejecutadas por los elementos policíacos.

De acuerdo a más de una treintena de testigos –sobrevivientes, pobladores, familiares de víctimas y personal médico, entre otros–, se cuenta con la información que señala que las personas que se encontraban manifestándose, guardias rurales, simpatizantes y familiares, fueron ejecutadas por la Policía Federal cuando huían o se habían rendido.

Contra palos y armas cortas de los guardias rurales, los elementos policíacos con sus armas largas y ametralladoras, ejecutaron al menos a ocho personas ese día, además de impedir la atención médica para las personas heridas; algunas de ellas llegaron a desangrarse hasta por una hora.

Además del señalamiento de las ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Federal, en la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-III/008/2015 se señala que entre 100 y 110 efectivos del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar correspondiente a Michoacán también actuaron ese día apoyando a los elementos federales2.

En torno a este lamentable hecho, las declaraciones oficiales del entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, se limitaron a señalar que los decesos fueron producto de “fuego cruzado”.

Cuatro meses después de este suceso, el 22 de mayo, en el rancho El Sol, ubicado en el municipio de Tanhuato, Michoacán, fueron ejecutados 42 presuntos delincuentes y un policía federal en el marco de la Operación Jalisco. Conforme a lo declarado por fuentes oficiales, el operativo comenzó tras una denuncia de “invasión” de un predio, lo que llevó a las fuerzas federales al rancho, efectuándose un enfrentamiento3.

Durante tres horas, las personas en el rancho, quienes fueron señaladas como integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, fueron masacradas. De acuerdo a diferentes pruebas y testimonios, a algunas las quemaron, les rompieron los dientes, les fracturaron los brazos, les mutilaron manos, piernas o testículos y algunas hasta recibieron disparos a corta distancia mientras intentaban huir.

En ambos hechos, de acuerdo a distintas pruebas e investigaciones, la Policía Federal alteró las escenas, ocultó evidencia y sembró armas a los presuntos delincuentes.

Frente a estos sucesos, la organización HRW ha realizado investigaciones en las que asegura contar con evidencias de personas que atestiguaron los incidentes, las cuales confirman que la Policía Federal cometió ejecuciones extrajudiciales en ambos casos. Además destacó que ante los dos hechos, “la reacción del gobierno ha consistido en negar los señalamientos del uso ilegítimo de la fuerza letal y mostrar a las víctimas como agresores. Más de nueve meses después de las muertes de Apatzingán, y a cinco meses de las ocurridas en Tanhuato, ningún policía ha sido consignado en relación con ninguno de los incidentes”4, lo que muestra la indiferencia y lentitud de las instancias gubernamentales para atender y resolver estos casos.

Sobre el caso de Apatzingán, HRW afirma que tuvo acceso al expediente judicial de las detenciones realizadas en los hechos del desalojo del plantón en el que participaron policías federales y militares. En éste se señala que al menos 10 civiles detenidos, entre ellas una joven que dijo que podía estar embarazada, fueron golpeados.

En este mismo sentido, como ha sido señalado en este documento y de acuerdo a investigaciones periodísticas, HRW recabó testimonios que aseguran que las personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y que los policías impidieron que los heridos recibieran atención médica, lo cual provocó la muerte de al menos una persona5.

Al respecto del caso de Tanhuato, el investigador de derechos humanos con el que HRW tuvo contacto, reveló que los tres sobrevivientes que están en una cárcel federal acusados de delincuencia organizada, negaron la versión oficial y declararon que “una vez que había mermado la balacera inicial, varios policías federales llevaron a siete personas dentro de la hacienda principal y mataron a cuatro de ellas. Una fue puesta contra una pared y luego le dispararon; otra recibió disparos en la escalera; una fue alcanzada por disparos en la espalda mientras escapaba; y otra fue quemada dentro de una bodega ubicada al costado de la vivienda”6.

Aunado a esta información HRW señala que se le informó que la investigación sobre este caso estaba a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM). “Sin embargo, en otra reunión con Roberto Campa, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, les dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) había asumido la investigación de los hechos.”7 Al respecto, pareciera que las autoridades son indiferentes ante la importancia de la investigación de este caso, y con este tipo de declaraciones contrariadas se burlan de las masacres cometidas.

La evidencia de las ejecuciones extrajudiciales y omisiones de elementos policíacos y militares deben ser investigadas objetivamente. Las presuntas violaciones a los derechos humanos descritas, nos convocan a someter a esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar las presuntas omisiones y acciones de elementos militares del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar en los hechos ocurridos en Apatzingán, el 6 de enero de 2015, así como a formular lo más pronto posible las recomendaciones correspondientes en torno a los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en Apatzingán el 6 de enero de 2015 y Tanhuato, el 22 de mayo de 2015.

Notas

1. Castellanos, L. “Las ejecuciones de Apatzingán: policías federales, los autores.” Consultado el 28 de octubre de 2015 en http://www.proceso.com.mx/?p=401646

2. Castellanos, L. “Apatzingán: también los militares atacaron.” Consultado el 28 de octubre de 2015 en http://www.proceso.com.mx/?p=405135

3. Castellanos, F. et al. “Matanza en Ecuandureo: los torturaron, los mutilaron...” Consultado el 28 de octubre de 2015 en http://www.proceso.com.mx/?p=405841

4. Castellanos, L. “Policías sí ejecutaron a civiles en Apatzingán y Tanhuato: HRW.” Consultado el 29 de octubre de 2015 en http://aristeguinoticias.com/2810/mexico/policias-ejecutaron-a-civiles- en-apatzingan-y-tanhuato-hrw/

5. Ibíd.
6. Ibíd.
7. Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputados: María Concepción Valdés Ramírez, Érik Juárez Blanquet (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la PGR y la Segob a vigilar que se aplique la ley y se castigue a los responsables del fraude en la sección 48 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en Tabasco, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y 2 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El desvío de recursos públicos es uno de los más graves delitos que se cometen, porque quienes los realizan atentan contra el patrimonio de la nación y lesionan la confianza de la sociedad en las instituciones. No obstante, se ha vuelto frecuente escuchar que funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno desvían recursos públicos y que el aparato de justicia ha sido ineficaz para castigar a los responsables. Así, la impunidad y la corrupción se han convertido en dos grandes males que es necesario combatir, porque de no hacerlo ponemos en riesgo la viabilidad de nuestro país como nación democrática en donde impere el estado de derecho.

Pero la codicia que lleva a la comisión de delitos contra el erario público no es exclusiva de los servidores públicos corruptos. A lo largo de la historia de México hemos vivido episodios de corrupción e impunidad en otros ámbitos. Los sindicatos no son la excepción, ahí está un personaje tan emblemático como Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, ahora presa en el Reclusorio Femenil de Tepepan acusada de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, después de múltiples denuncias en su contra que por muchos años fueron desoídas por las autoridades competentes.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, es otro caso revelador. Dirigido por el varias veces legislador del PRI, Carlos Romero Deschamps, este sindicato ha sido protagonista de diversos escándalos como el Pemexgate, que han convertido a su dirigencia en un nido de corrupción y han desviado al organismo de sus funciones sociales.

Los sindicatos surgen con la finalidad de atender necesidades derivadas de las relaciones laborales con la empresa y para defender los intereses de sus agremiados. El derecho de asociación sindical es un derecho constitucional del que también gozan los patrones. Un sindicato es una organización que debe mediar todo lo relacionado con los trabajadores y cuidar, en el ámbito de su acción, la marcha de la empresa. Sin embargo, en nuestro país la mayoría de los sindicatos, particularmente los grandes sindicatos ligados al PRI, se han convertido en una moneda de cambio, en un mecanismo de poder y control; en una plataforma de enriquecimiento ilícito, en donde la administración de los recursos de sus afiliados se realiza en la opacidad y la discrecionalidad. Todo ello ha generado actos de corrupción e impunidad entre sus dirigentes, lo que afecta directamente a sus agremiados.

Diversos hechos de corrupción en el STPRM, han provocado demandas en contra de dicho sindicato. Una demanda penal iniciada en 2008 contra los dirigentes petroleros de la Sección 48, con sede en Tabasco, Óscar González González, Ricardo García Hernández y Juan Antonio Abad Sánchez, y su resolución judicial se convirtió en uno de los primeros actos de justicia contra el mundo de corrupción que se mantiene en el sindicato petrolero desde hace muchos años.

El expediente 238/2010, da cuenta de la demanda interpuesta por los delitos de fraude en pandilla, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita, ya que los dirigentes petroleros adquirieron, desde 2007, la comisión de contratos de esa sección petrolera. El delito consistió, en que ellos en su calidad de dirigentes sindicales, vendieron la comisión de contratos de la sección 48 a una empresa fantasma denominada Compañía Administradora Integral de Bienes Muebles e Inmuebles de la sección 48 del STPRM, S de RL de CV, en la que Ricardo García era presidente del consejo de administración. Esta empresa se encargaba de las compras y servicios del sindicato petrolero, principalmente para la renta de camiones a Pemex para el traslado de los trabajadores en la que los líderes son socios y que siguen usufructuando el patrimonio de los trabajadores para uso privado y no gremial, lo que constituye un delito grave.

Con este hecho evadieron el pago de impuestos y liquidaron algunos adeudos que tenía la comisión de contratos de la sección 48, pero se perdieron más de 500 millones de pesos, cometiendo el delito de fraude y asociación delictuosa, así como administración fraudulenta; la demanda se interpuso desde 2012, cuando fueron llevados a juicios ante el Juzgado Quinto penal del estado de Tabasco, pero comparecieron amparados y lograron evadir la acción de la justicia.

La demanda que impulsó Santos Juan Olivo Hernández, mantuvo preso un breve tiempo a Ricardo García Hernández, mientras los otros dos implicados Óscar González González y Juan Antonio Abad Sánchez siguen prófugos.

En mayo de 2015, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó aprehender al Secretario General de la Sección 48 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Óscar González González, y su antecesor, Ricardo García Hernández. Con esta medida, ambos perdieron sus derechos al interior del gremio y además se encuentran prófugos1.

En el resolutivo, el TSJ determinó el auto de formal prisión por los delitos de fraude específico en la modalidad de pandilla en contra de los dos líderes sindicales, luego de haberles revocado el auto de libertad que habían obtenido el 4 de enero de 2012 por el Juez Quinto de lo Penal. Con base en lo considerado en la resolución, resulta procedente la suspensión de sus derechos políticos como ciudadanos a los procesados Ricardo Hernández García y Óscar González González y Juan Alberto Abad Sánchez, como dispone el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de nuestro país2.

Los inculpados al conocer el resolutivo del TSJ, sacaron sus pertenencias de la sección 48 y de la comisión de contrato y desaparecieron sin dejar rastro. La última sesión plenaria de la sección sindical, se llevó a cabo el pasado 25 de mayo, la cual fue presidida por el secretario del interior y no por los principales dirigentes.

El 23 de julio de este año, Ricardo García Hernández, fue aprehendido la PGJ del DF y enviado al Centro de Readaptación Social de Tabasco, Creset, para que compareciera por la causa penal.

A esta denuncia se le suman otras dos, una por probable fraude, asociación delictuosa, administración fraudulenta y uso de recursos de procedencia ilícita, así como otra en la que se reclama fraude fiscal e insolvencia dolosa en perjuicio de acreedores. Aun cuando García Hernández, González González y Abad Sánchez recién solicitaron el amparo de justicia federal, se mantienen prófugos por estar acusados de delitos graves y sólo pueden litigar a través de sus abogados.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de las Empresas Productivas del Estado Petróleos Mexicanos Subsidiarias y Filiales, que encabeza Miguel Ángel Machorro, también ha interpuesto demandas penales por cinco delitos graves contra los 36 secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que como ya dijimos, encabeza Carlos Romero Deschamps.

El destino de estos personajes que han medrado con los derechos, intereses, dinero y vidas de los trabajadores petroleros está trazado una vez que se han ratificado los delitos por los que deben ser llamados a rendir cuentas como un acto elemental de justicia y pagar por ellos.

Para el Grupo Parlamentario de Morena es vital que la procuración, administración e impartición de justicia en el país se acelere y sea más eficiente, por dos motivos esenciales: el primero, porque la PGR será sustituida por la Fiscalía General de la República y no sería conveniente dejar en el rezago la aplicación de la ley en la persecución y castigo de los delitos de su competencia como los cometidos en el caso del STPRM aquí denunciados.

La otra razón es que porque para echar a andar la reforma energética, aún sin los resultados ofrecidos, las autoridades están buscarán modificar las relaciones contractuales con el sindicato. El cambio en la naturaleza jurídica de Pemex al convertirse en Empresa Productiva del Estado, en virtud de la reforma constitucional y de las reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, éstas del 11 de agosto del 20143, podría ser aprovechado para modificar el curso de las demandas contra quienes están involucrados en este oprobioso asunto. Las acciones para hacer pagar a los responsables del fraude de la sección 48 del STPRM son de suma trascendencia y con las modificaciones legales en curso podrían ser obstaculizadas. Esas son las razones por las que la Cámara de Diputados está obligada a pronunciarse. El Sistema Nacional Anticorrupción nuca será realdad si actuamos con tardanza.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaria de Gobernación para que, en cumplimiento de sus obligaciones, vigilen que se aplique la Ley y se castigue a los responsables del fraude millonario cometido por los líderes sindicales Óscar González González, Ricardo García Hernández y Juan Antonio Abad Sánchez de la sección 48 del STPRM, con sede en el estado de Tabasco.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades competentes para que en la resolución de este caso, se aseguren y restituyan los montos y bienes defraudados a quienes legalmente fueron los afectados.

Notas

1 Diario Reforma, Villahermosa, México (18 mayo 2015), http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=543144&sc=846

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada DOF 10-07-2015, página 44, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

3 Reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11-08-2014, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110_110814.pdf

Dado en el Palacio Legislativo, a los 10 días del mes de noviembre de 2015.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Conafor que con las autoridades municipales diseñe y ejecute programas de prevención, protección, conservación y restauración de los recursos y suelos afectados por los incendios forestales en Zapopan, Jalisco, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con las autoridades municipales, diseñe y ejecute programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos afectados por los incendios forestales en Zapopan, Jalisco; al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El fuego es un elemento natural que necesita nuestro ecosistema para la regeneración de bosques y montes, pues aporta estrategias rebrotadoras y de germinación tras su paso. Sin embargo, ha dejado de ser una perturbación natural que modela el paisaje para convertirse en una terrible amenaza que en su mayoría son ocasionados por el ser humano.

Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de éstos incendios y sólo el resto tiene como causa fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes.

La falta de prevención es un problema fundamental. Este factor, junto con el abandono rural y otras dificultades estructurales, ha generado un aumento de incendios forestales altamente peligroso, no solo para la biodiversidad, sino también para la seguridad de la población. Además, la mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor y el aumento de las temperaturas contribuye a una mayor frecuencia e intensidad de incendios forestales.

El impacto ecológico es muy superior a lo que se ve a simple vista y sobrepasa incluso las áreas afectadas. La destrucción de biodiversidad, el aumento de la desertificación o la disminución de la calidad de las aguas y la atmósfera son algunas de las consecuencias negativas posteriores a un incendio. La recuperación de los bosques afectados, si es que se consigue, puede llevar décadas.

El municipio de Zapopan tiene una superficie territorial de 89,315 hectáreas, de las cuales 43,269 son utilizadas con fines agrícolas, 23,730 en la actividad pecuaria, 11,400 son de uso forestal, 3,910 son suelo urbano y 7,006 hectáreas tienen otro uso. En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 49,031 hectáreas es privada y otra de 32,938 es ejidal; 7,346 hectáreas son propiedad comunal.

Debido a la gran extensión de territorio forestal, cada año se hace necesario realizar acciones para disminuir el riesgo de incendios forestales; en este sentido, en el 2015, de acuerdo al Tercer Informe de Gobierno del expresidente municipal, se han llevado a cabo trabajos de prevención, tales como la elaboración de 263,866 metros lineales de guardarrayas, 484,191.50 metros cuadrados de chaponeo y 1’491,044.36 metros cuadrados de líneas negras, de igual forma se contrató un avión cisterna (Air Tractor), mismo que operó en el combate de 29 incendios.

A pesar de las medidas para disminuir incendios, y con base en el documento antes referido, en lo que va del año 2015 se han registrado y atendido 158 incendios, que produjeron la quema de 1,980.54 hectáreas, quedando afectadas 214 hectáreas.

Considerandos

Primero. De conformidad con el artículo 4° constitucional, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Segundo. Que el 4 de abril del 2001, se crea por decreto presidencial la Comisión Nacional Forestal, que es un Organismo Público Descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

Tercero. Qué la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con fundamento en el artículo 22 fracciones XX, XXII y XXIII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, está facultada para constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas de prevención y combate de incendios forestales así como participar en la implementación y promoción de programas productivos, de restauración, de conservación y de aprovechamiento sustentable de suelos y sus ecosistemas.

Cuarto. Que de acuerdo al reporte semanal y acumulado 2015 de la Conafor, las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: México, Distrito Federal, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Guerrero, que representan el 76.42% del total nacional.

Bajo este esquema, resulta de imperiosa necesidad que la Comisión Nacional Forestal en coordinación con las autoridades competentes del municipio de Zapopan, Jalisco, diseñe y ejecute los programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos forestales, en dicha zona geográfica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con las autoridades municipales, diseñe y ejecute programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos afectados por los incendios forestales en Zapopan, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de noviembre de 2015.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de equidad e inclusión educativa, a cargo de la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Juana Aurora Cavazos Cavazos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

La innovación tecnológica y la generación de conocimiento científico son los principales motores del crecimiento económico en el mundo contemporáneo. Estos motores descansan, para su construcción y desarrollo, en la calidad general del capital humano de un país y, muy particularmente, en su capacidad para formar innovadores, científicos y tecnólogos del más alto nivel. El desarrollo de estos, depende crucialmente, de la capacidad del sistema educativo de un país para atender las necesidades de una manera equitativa e incluyente.

Es necesario ofrecer una educación de calidad, que considere al alumno su razón de ser, capaz de dotarle conocimientos para que se incorpore al mundo global de manera responsable y competitiva, con un alto sentido nacionalista, ético y humanista.

En el contexto de la globalización, el conocimiento es el principal eje para detonar el potencial de desarrollo en el país, por lo cual es necesaria una conjunción de esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; así como el sector productivo y los organismos de la sociedad civil.

El derecho a la educación, en México, se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Ley General de Educación. Al respecto, el artículo 3° de la Carta Magna consagra que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Con base en dicha normativa, ambos cuerpos legales reconocen el derecho de todo individuo de recibir una educación de calidad que le permita transmitir, adquirir y acrecentar su cultura; fomentando el desarrollo individual y a la evolución de la sociedad.

Al respecto, la reciente modificación al artículo 3 de la Constitución, en concordancia con la denominada Reforma Educativa, garantizan que todo individuo pueda tener el derecho a la educación de calidad y para ello el Estado deberá asegurar “El acceso universal de todos los niños y jóvenes a escuelas bien equipadas en términos de sus condiciones materiales y recursos humanos, asimismo, debe garantizar que los alumnos permanezcan en las aulas, transiten oportunamente entre grados y niveles educativos, y adquieran una formación integral y aprendizajes significativos”.

Con base en dichos reconocimientos y necesidades, el gobierno federal ha impulsado programas y destinado recursos públicos para la atención de Proyectos para la inclusión Educativa. Particularmente, la Secretaría de Educación Pública mediante el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa busca fortalecer a las escuelas y a los servicios de educación especial que atienden a estos alumnos para dar respuesta a sus necesidades específicas, así como minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación; sin embargo, es necesario ir más allá.

Es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, capacidad intelectual, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual.

La Ley General de Educación en su artículo 41 establece que la “educación especial” es una modalidad de la educación, cuyo enfoque es la “inclusión”, permitiendo reconocer la diversidad de contextos y sujetos inmersos en el ámbito escolar, dicha educación está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Sin embargo, para su ejercicio pleno resulta ineludible reconocer la diversidad existente entre los educandos, como aquellos que poseen altas capacidades intelectuales, los cuales precisan ser atendidos mediante acciones que propicien la igualdad, inclusión y efectiva atención de las características que los mantienen en rezago o desventaja para asegurar su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

El Plan Nacional de Desarrollo señala que para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo se deben ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población.

La inclusión, parte de la premisa fundamental que la sociedad está integrada por la diversidad y en el ámbito educativo, es un derecho el aprendizaje de todos, independientemente de sus características individuales, se debe ofrecer una educación de acuerdo a sus necesidades.

De acuerdo con la UNESCO (2005), la educación inclusiva es un proceso orientado a responder a la diversidad del alumnado, incrementando su participación en la cultura, el currículo y las comunidades de las escuelas, reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de aprendizaje de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados.

Considerando los argumentos esgrimidos anteriormente, la educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares (preescolar, colegio/escuela, post secundaria y universidades) con un área de soportes apropiada.

Es importante destacar, que los grupos sociales más desfavorecidos, los pueblos originarios o los hijos de emigrantes, entre otros, tienen normas, valores, creencias y comportamientos distintos, que en general no forman parte de la cultura de las escuelas, lo cual influye de manera importante en el menor progreso de estos alumnos y en el abandono de la escuela de aquellos que pertenecen a grupos sociales y culturales con menor vinculación a la cultura escolar, que generan menores expectativas en los profesores y menor autoestima y seguridad para realizar las actividades escolares.

A pesar del avance en programas para proteger a los niños con discapacidad, este grupo es de los más discriminados y excluidos por la sociedad, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México los alumnos que presentan alguna discapacidad tienen una menor posibilidad de ir a la escuela, recibir buena atención de salud, y son los más vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación, cerca del 47 por ciento de los niños con discapacidad no va a preescolar, el 17 por ciento no asiste a educación primaria, y el 27 por ciento nunca llega a estudiar la secundaria.

Por su parte, el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación en 2010 informó que en México de los 5.7 millones de personas con discapacidad, el 25.8 por ciento se encontraba en condiciones de analfabetismo, situación que obviamente imposibilita su desarrollo integral y el ejercicio pleno de todos sus derechos humanos.

Por otra parte, aun cuando el sistema educativo ha incorporado entre sus preocupaciones la inclusión de todas las niñas, niños y adolescentes, todavía le resta un largo trecho que recorrer para garantizar condiciones de acceso, permanencia, participación y logro de los aprendizajes de los alumnos con necesidades educativas especiales. Se requiere de un impulso adicional para la construcción de nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con discapacidad y con aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos. El esfuerzo deberá pasar por aspectos normativos, nuevos modelos educativos, materiales didácticos, formación de capacidades en maestros y apoyos a las escuelas, fundamentalmente.

Asimismo, un estudio reciente en Europa señala que más del 60 por ciento de los niños y jóvenes con altas capacidades intelectuales se encuentran en situación de fracaso escolar, siendo en la mayoría de los casos víctimas de acoso escolar, segregados, mal diagnosticados como alumnos con trastorno de déficit de atención e inclusive medicados innecesariamente. En México a pesar de que no hay un estudio preciso, se podría señalar que las condiciones son similares.

Se estima que es entre el 2 y el 5 por ciento de la población posee un coeficiente intelectual mayor a 130, lo que los sitúa como estudiantes superdotados, conocidos en nuestra legislación como alumnos con aptitudes sobresalientes.

En los países de la OCDE, casi uno de cada cinco estudiantes no alcanza un nivel básico mínimo de competencias (falta de inclusión). Los estudiantes de entornos más desfavorecidos tienen el doble de probabilidad de tener un rendimiento bajo (falta de equidad). La falta de inclusión y equidad lleva al fracaso escolar, cuya manifestación más visible es el abandono, en promedio 20 por cien de los adultos jóvenes dejan los estudios sin completar la educación media superior.

En resumen, diversos estudios y encuestas han manifestado los bajos niveles de aprendizaje y la desigualdad de acceso entre los diferentes grupos sociales. Se acentúa en los grupos de niveles socioeconómicos muy bajos, población indígena, de zonas rurales y con discapacidad, alumnos con aptitudes sobresalientes y altas capacidades intelectuales, así también, la brecha crece conforme se avanza en los niveles educativos.

Siendo tal la importancia de fortalecer la equidad e inclusión educativa en nuestro país y considerando que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Pleno para acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico es que el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados para que emita el acuerdo de creación de la Comisión Especial de equidad e inclusión educativa, que tendrá como principal objetivo generar todas y cada una de las adecuaciones legales necesarias para la máxima inclusión y efectiva atención de las y los alumnos con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes, propiciando el ejercicio pleno de su derecho a una educación de calidad, con respeto a sus derechos humanos y atención a sus necesidades especiales para adquirir los conocimientos. Esto para así lograr una mejor equidad educativa, distribución igualitaria y justa que satisfaga las necesidades particulares de los alumnos que recaen en estos supuestos, a superar las diferencias existentes, bajo el principio de “que sea para todos, según sus necesidades y capacidades”, para así conseguir a través de la dotación de programas y recursos, todas las herramientas indispensables para la detección, atención y promoción de los y las alumnos que requieren educación especial.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la creación de la Comisión Especial de equidad e inclusión educativa y que la misma cuente para su desempeño con los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, con sujeción a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Segundo . La Comisión Especial de equidad e inclusión educativa se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias con representación en la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales y del Distrito Federal a considerar en sus proyectos de obra pública la creación de espacios públicos para animales de compañía, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

El bienestar animal, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) debe advertir las necesidades de los animales, con la finalidad de desarrollar una comprensión objetiva del bienestar animal.

Una de las necesidades que los seres humanos tenemos que cumplir para con los animales es el de la tenencia responsable de los animales de compañía, principio básico del bienestar animal que implica el deber de los dueños de proporcionar cuidado suficiente y adecuado a todos sus animales y su descendencia, según lo ha señalado la Coalición Internacional para el Manejo de Animales de Compañía. Ese deber de cuidado exige a los dueños proporcionar los recursos necesarios a un animal para que mantenga un nivel aceptable de salud y bienestar en su ambiente, además de la obligación de minimizar el riesgo potencial que su animal pueda representar para otros animales o personas, obligaciones que se extienden en colaboración con las instituciones del Estado que se encargan de atender y normar lo relacionado con los animales de compañía.

La presencia de población canina en nuestro país, genera problemas de salud y convivencia social, debido a que no se atienden los estándares de bienestar animal recomendados internacionalmente, lamentablemente un alto porcentaje de los animales de compañía en el país no cuentan con el bienestar necesario debido a la falta de cultura de respeto a los animales; para mejorar la convivencia social, es necesario proponer políticas públicas que brinden una atención integral para el manejo de los animales de compañía.

Diversos gobiernos locales han desarrollado acciones para dotar de instrumentos y espacios que justo fomentan una convivencia social basada en el respeto de los animales de compañía y crean espacios para que las personas puedan convivir con ellos de una manera responsable. Entre esos instrumentos destacan los espacios públicos confinados que han tenido experiencias exitosas en diversas partes de nuestro país, por citar algunos ejemplos destaco los siguientes:

En mayo de 2011 fue construido el Parque Metropolitano del Bicentenario, en Toluca, estado de México, el cual cuenta con chapoteadero, túneles, rampas, obstáculos y sanitarios caninos, donde las familias pueden convivir en armonía con sus animales de compañía en un terreno de 22.5 hectáreas; para ello se realizó una inversión de 130 millones de pesos.

En julio del 2014 se inauguró el parque para perros dentro de las instalaciones del parque Morelos en la Ciudad de Tijuana, dirigido a fomentar la tenencia responsable de los animales.

El Parque Rufino Tamayo para perros en Nuevo León, cuenta con un área donde se realizan exposiciones y concursos, tiene montículos de piedras para trepar, un kiosco y juegos.

En el Distrito Federal existen diversos espacios exclusivos para perros, como el Parque México de la colonia Condesa que fue inaugurado en marzo de 2015; en estos espacios púbicos se explican los mecanismos para combatir la sobrepoblación y los graves problemas que ello conlleva, con lo cual se fomenta una convencía social de responsabilidad y de cuidado de los animales de compañía; otro más es el Parque Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores, que cuenta con 400 metros cuadrados de confinamiento, arena, juegos, agua para que beban y bancas para que los dueños puedan monitorear a sus animales de compañía sin la necesidad de correa.

Estos espacios públicos han demostrado ser una herramienta que fomenta una aceptable convivencia social y el bienestar de los animales de compañía, de tal manera que se fomenta una actitud de corresponsabilidad social en la población.

Por las razones expuestas, la creación de parques en espacios públicos, para la orientación en el cuidado de los animales de compañía, convivencia social, así como todas las acciones que conlleven a fomentar una cultura de respeto y de tenencia responsable de los mismos por parte de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, será una muestra de asumir la responsabilidad del Estado para abordar un tema que transforma la cultura de nuestra sociedad en el trato hacia los animales.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a que en sus proyectos de obra pública contemplen la creación de espacios públicos para animales de compañía, instrumentando las acciones necesarias para alcanzar el bienestar animal en el marco de las atribuciones y obligaciones que les competen en materia de cuidado animal.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establezca una coordinación efectiva con los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para dar cumplimiento al resolutivo primero del presente acuerdo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de noviembre de 2015.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se invita a la titular de la Sedatu a integrar mesas de trabajo con organizaciones sociales del Movimiento Urbano Popular para proponer modificaciones sobre las reglas de operación de 2016 de los programas de vivienda, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Alicia Barrientos Pantoja, diputada federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Exposición de Motivos

El primer Relator Especial de las Naciones Unidas por la Vivienda Adecuada, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, define: “el derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a tener y mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y con dignidad”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° a la letra dice “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”; de la Ley de Vivienda su artículo 1° señala: “La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado”. De la misma ley el artículo 5° afirma que “Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, entre otras: la promovida empresarialmente y la auto-producida o auto-construida, en propiedad, arrendamiento o en otras formas legítimas de tenencia; así como para las diversas necesidades habitacionales: adquisición o habilitación de suelo...; para lo cual incorporarán medidas de información, competencia, transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este propósito”.

Del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 de los 6 puntos que enmarcan su programa de trabajo, hacemos referencia al punto: 2. Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de vivienda; al 3. Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que responda eficazmente a las diversas necesidades de la población; y 4. Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda;

En la propia explicación de motivos del Programa Nacional De Vivienda se menciona que: “En el 2010, la población que habitaba en zonas metropolitanas era de 63.8 millones, representando 56.8 por ciento del total nacional, en tanto que la población urbana representaba el 76.9 por ciento del total nacional”. Como fundamento de este punto de acuerdo habrá que decir que según el mismo diagnostico “en el 2012, el déficit habitacional nacional era de 15’298,204 (quince millones doscientos noventa y ocho mil doscientos cuatro) viviendas”. Asimismo “de 2000 a 2010, el porcentaje de viviendas en hacinamiento en el país pasó de 8.0 a 7.6 millones, es decir, de 36.6 a 26.4 por ciento”, y “respecto al proceso de construcción de viviendas nuevas, de 2007 a 2009, predominó la producción de vivienda económica, cuyo precio no superaba 118 Veces el Salario Mínimo Mensual del Distrito Federal (VSMM). Sin embargo, entre 2010 y 2012, el tipo de vivienda que mayor peso ha tenido es la vivienda popular cuyo precio está entre 128 y 158 VSMM”. En el rubro de subsidios y financiamientos menciona que la Política Nacional de Vivienda en este periodo 2014-2018 tiene como objetivo fortalecer la coordinación interinstitucional para que las soluciones de financiamiento se traduzcan en créditos de calidad a través de esquemas que fomenten vivienda con mejor ubicación (intraurbana), mayor superficie, mejores servicios y entorno.

Cabe señalar que el Gobierno del Distrito Federal, estima la necesidad de 45 mil viviendas al año, ya sean usadas, recién remodeladas o nuevas, sin embargo la oferta anual es de 20 mil, generando el rezago y en el peor de los casos la expulsión de alrededor de 70 mil personas de todos los estratos sociales hacia la periferia, aunque sus empleos o escuelas continúen en la Capital. Aproximadamente un 50% de la población con necesidad de vivienda son de nivel socioeconómico bajo, mismos que perciben en de 6 a 8 salarios mínimos mensuales.

De la problemática anterior, las Organizaciones de la Sociedad Civil agrupadas en el Movimiento Urbano Popular (MUP) en el Distrito Federal, manifiestan la necesidad de que, para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales entorno a la vivienda digna y decorosa es imperativa la suma de todos los esfuerzos y readecuar las normas e incluso el funcionamiento de las Reglas de Operación de los Programas Vivienda Digna, Vivienda Rural y Hábitat , mismas que limitan el acceso de miles de familias a los apoyos que desde la Federación se dan a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), sin embargo, ante la falta de recursos presupuestales, es necesario modificar las mencionadas Reglas de Operación en cuanto a los salarios mínimos que percibe cada persona y ser beneficiario de dichos subsidios, a fin de dar acceso a un mayor número de solicitantes.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respetuosamente invita a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, integre mesas de trabajo con Organizaciones Sociales del Movimiento Urbano Popular, a fin proponer modificaciones a las Reglas de Operación 2016 de los Programas de Vivienda a su cargo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputada Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados condena las medidas establecidas por el PRI en Veracruz sobre la selección de sus candidatas para el proceso electoral de 2016, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe diputada Claudia Sofía Corichi García, y la suscrita Marbella Toledo Ibarra diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Las mujeres relegadas históricamente de los espacios públicos, se enfrentan a una serie de dificultades para ejercer una participación efectiva en la vida pública, esto incluso en los ejercicios democráticos más básicos como votar o presentarse a cargos políticos.

La violencia hacia las mujeres, es originada por múltiples causas y sus consecuencias se hacen evidentes en diversos ámbitos y niveles, afectando no sólo a éstas, sino al desempeño de la sociedad en general. La garantía de una vida libre de violencia hacia las mujeres, es una demanda constante a pesar de que existen marcos legales vigentes que combaten los posibles agravios.

II. La Ley General de la Mujeres para una Vida Libre de Violencia, establece en su Artículo 5 fracción IV, que la violencia se define como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

Al cierre del tercer trimestre de 2015, datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, Banavim, señalan que en México existen un total de 116,619 casos registrados de violencia contra las mujeres. La lucha por la igualdad guarda estrecha relación con la lucha por la justicia social en los ámbitos laborales. Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, señalan que cerca de 3 de cada 10 mujeres se les ha solicitado la aplicación de una prueba de embarazo en su trabajo, sin mediar justificación alguna la solicitud.

III. Las mujeres son soporte fundamental de la familia, contribuyen con sus actividades al bienestar de la misma y al desarrollo de la sociedad, por lo que la maternidad y el papel que éstas realizan en la procreación de los hijos no deben ser causa de su discriminación.

La Observación General número 18 del Comité DESC, en el marco de las Naciones Unidas señala que “Los embarazos no deben constituir un obstáculo para el empleo ni una justificación para la pérdida del mismo”.

El empleo representa para cualquier persona una fuente de desarrollo en el ámbito individual, cultural, social y económico, lo que implica por lo tanto, un medio de realización personal. El Banco Mundial señala que el empleo, representa una transformación, al menos, en tres dimensiones: a) nivel de vida, b) productividad, y c) cohesión social1.

El Fondo Monetario Internacional, señala que a pesar de los avances de las últimas décadas, el mercado laboral sigue estando dividido por géneros y parece haberse estancado el avance hacia la igualdad de género, por lo que la participación de mujeres en la fuerza laboral se ha mantenido por debajo de la participación masculina.

México según datos del “Reporte Global de Brecha de Género” del Foro Económico Mundial, cayó a la posición 80 desde el lugar 68 en 2014 por la baja presencia de mujeres en espacios de decisión.

V. En México, los resultados electorales muestran las dificultades y obstáculos que padecen las mujeres para acceder al poder político. Las mexicanas hacen política en un contexto cultural adverso, en un sistema político machista que aún considera los espacios de poder como territorio acotado para los hombres. La sobrerrepresentación en los cargos de elección y en la administraciones públicas demuestran la discriminación existente hacia las mujeres, misma que ha impedido el desarrollo de sus capacidades de liderazgo, su empoderamiento como de agentes de cambio y sobretodo se les ha limitado indebidamente el derecho fundamental a participar en igualdad de condiciones dentro de los gobiernos que se suponen democráticos.

VI. La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Carta Magna, según lo consagrado en su artículo 41, señala la garantía de derechos político-electorales a las mujeres al señalar la obligación para los partidos políticos de postular paritariamente candidaturas de ambos sexos a cargos de elección popular, mandato que retoman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

El Código Electoral del estado de Veracruz, establece en sus artículos 14 y 16 que “los partidos políticos deberán postular del total de los municipios del estado, el 50 por ciento de candidatos a presidentes municipales de un mismo género, y el otro 50 por ciento del género distinto”.

En este orden de ideas es menester destacar que en 2012, se reformó el artículo 133, fracción XIV, de la Ley Federal del Trabajo, donde se estipuló la prohibición a los patrones o a sus representantes, de exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso de un empleo.

VII. En un acto de franca violencia contra las mujeres y discriminación, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional de Veracruz Alberto Silva Ramos, quien detalló que el partido buscará a los mejores candidatos de frente a las próximas elecciones, señaló que exigirá a las candidatas pruebas de embarazo, como parte del proceso de selección de candidatas para el proceso electoral 2016.

VIII. Desde un enfoque de derechos humanos la negación del trabajo a una mujer por encontrarse embarazada atenta contra su derecho al trabajo y no discriminación, porque es excluida injustificadamente, al negarle la oportunidad laboral por el solo hecho de encontrarse en un estado particular, ya que no se considera que dicha condición forma parte de la identidad femenina y que no puede ser motivo de diferenciación en perjuicio de sus derechos laborales. Por lo expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados condena las declaraciones del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional de Veracruz, Alberto Silva Ramos, sobre la solicitud de realizar una prueba de embarazo a las mujeres como requisito para el registro de candidaturas locales para el proceso electoral de 2016.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades del Instituto Nacional Electoral, y al organismo público local electoral de Veracruz, a vigilar las condiciones que las organizaciones políticas registradas en la entidad pongan para el registro de candidaturas para el próximo proceso electoral en 2016.

Nota

1 Banco Mundial, Empleos y desarrollo [en línea]. Disponible en web: http://www.bancomundial.org/es/topic/jobsanddevelopment/overview

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputadas: Claudia Sofía Corichi García y Marbella Toledo Ibarra (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y locales a coordinar un plan de contingencia ante el descenso de la temperatura en invierno, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La temporada invernal 2015-2016 inició el 1° de octubre y concluirá el 21 de marzo de 2016; de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, el primer frente frío de la temporada se ubicó al norte de Chihuahua y en promedio se registran 58 frentes fríos en el país; además pronostica 8 frentes para noviembre y 9 para diciembre; por lo que deben tomarse las precauciones necesarias y coordinadas con la finalidad de prevenir cualquier contingencia que afecten a la población ante el riesgo que representan los fenómenos naturales como el frío intenso y mitigar los impactos sociales.

2. La población más vulnerable a los efectos adversos de esta temporada se encuentra en las zonas rurales, pero también en las ciudades de nuestro país; personas en condiciones de pobreza, enfermos crónicos, adultos mayores, niñas, niños e indigentes que carecen de posibilidades para enfrentar los cambios climáticos repentinos, como las intensas bajas de temperatura, lluvias atípicas o heladas, son los más afectadas de no llevar acciones coordinadas en materia de prevención, protección y albergue.

3. Durante la temporada invernal aumentan hasta en 15 por ciento las consultas médicas para atención de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), la neumonía constituye su forma más grave y causa más del 80% de los fallecimientos; de igual forma se da un incremento de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus y afecciones derivadas del uso de materiales o utensilios para calefacción durante la temporada invernal como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

4. Esos padecimientos tienen efectos crónicos en la salud, además en la economía familiar por lo que hace a los gastos para su atención médica, en ese sentido el Gobierno Mexicano reporta un gasto de 29 mil millones de pesos al año para atender la EPOC y el cáncer pulmonar. En lo general los riesgos a la salud de las personas que viven en la zona rural predomina la hipotermia como fuente de lesiones y fallecimiento; mientras que en la zona urbana se deben principalmente al mal uso y falta de mantenimiento de los calefactores, lo que tiene como resultado personas lesionadas y muerte por envenenamiento con monóxido de carbono y quemaduras.

5. Durante 2014 las Unidades Municipales de Protección Civil reportaron que fueron habilitados 34 refugios permanentes y 350 albergues temporales que atendieron a 75 mil 501 personas, los cuales para esta temporada 2015 – 2016 deberán ser considerados para su aprovisionamiento de recursos materiales y humanos necesarios para su buen funcionamiento y cumplir con la capacidad de respuesta al momento de presentarse una emergencia.

Además, de mantener coordinación con los responsables de la infraestructura escolar en caso de tener que disponer de ella; con los servicios y personal médico, para atención y evitar brotes epidemiológicos que pongan en riesgo a las personas que se encuentren en los albergues, contar con monitoreo permanente en caso de requerir la activación del plan DN.III-E ante la contingencia con los equipos de búsqueda, salvamento y rescate, entre otros servicios estratégicos.

6. Las consecuencias de la temporada invernal en las poblaciones más vulnerables pueden mitigarse con acciones preventivas y campañas informativas, además de la sensibilización de los riesgos y daños en cada sector. Si bien la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Presidencia de la República en coordinación con el Centro Nacional de Previsión del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional emiten boletines de alerta invernal por Ambiente Frío, por alerta invernal por Frentes Fríos y comunicaciones de alerta para las entidades federativas, se hace urgente reforzar las campañas en todo el país.

7. Destacamos la labor del Gobierno Federal y los gobiernos locales, en ese punto reconocemos el trabajo que se realizó para la temporada invernal 2014-2015 con acciones que se traducen en la emisión de declaratoria de emergencia extraordinaria para 200 municipios de 18 estados, el Programa Invernal de Entrega de Apoyos a más de medio millón de personas vulnerables, con 500 mil apoyos, entre despensas, cobertores y colchonetas; así como la activación de los recursos de Fonden.

8. El objetivo de la presente propuesta es mitigar los efectos adversos que impactan la economía, el entorno social de las personas y atentan contra la integridad de las personas, por lo que es preciso emprender acciones urgentes que prevengan a la población ante las condiciones climáticas de la temporada invernal 2015-2016.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud, así como a los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, gobiernos municipales y de las delegaciones de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, coordinen y ejecuten un Plan de Contingencia ante el descenso de la temperatura durante la temporada invernal, con acciones preventivas y campañas informativas ante la emergencia para proteger y mitigar el riesgo en los sectores de la población más vulnerables.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de noviembre de 2015.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al jefe del gobierno y la ALDF a solicitar al IEDF que la consulta ciudadana sobre el corredor cultural Chapultepec-Zona Rosa se extienda a todos los habitantes de la ciudad, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Proposición con punto de acuerdo –de urgente y obvia resolución– por el que se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en ejercicio de sus facultades constitucionales, estatutarias y legales soliciten formalmente, de manera conjunta o por separado, al Instituto Electoral del Distrito Federal para que la consulta ciudadana convocada para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el llamado “Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa”, se extienda a todos los habitantes de la Ciudad de México y no sólo a los residentes de la delegación Cuauhtémoc.

Juan Romero Tenorio en nuestra calidad de diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el 19 de mayo de 2014 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal “Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de una Concesión para el Uso, Aprovechamiento y Explotación de un Bien de Dominio Público con superficie total de hasta 116 mil metros cuadrados en y bajo el polígono que comprende parte de la avenida de Chapultepec y la vía pública circundante a la glorieta de los Insurgentes”1.

En dicha Declaratoria de Necesidad en su punto primero establece:

Primero. Se declara la necesidad de otorgar una concesión para usar, aprovechar, explotar, con la carga de administrar, diseñar, acondicionar, construir, conservar y mantener una calle completa con vocación cultural que incluya espacio público, equipamiento, vialidad, estacionamientos e infraestructura subterránea y superficial y otros servicios complementarios, tales como: publicidad, módulos de información, servicios sanitarios, entre otros, en la avenida Chapultepec, la vía pública circundante a la Glorieta de los Insurgentes y calles aledañas localizadas en la Delegación Cuauhtémoc, en un polígono de hasta 116 mil metros cuadrados; cuya construcción superficial comprenderá hasta 79 mil 300 metros cuadrados sobre la avenida Chapultepec y la vía pública circundante a la Glorieta de los Insurgentes, y estacionamientos subterráneos en las calles aledañas cuya construcción comprenderá hasta 36 mil 700 metros cuadrados, que mejorarán el nivel y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México ...”

Segundo. Que el 30 de julio de 2015 el Gobierno del Distrito Federal otorgó por conducto de la Oficialía Mayor, Título de Concesión a favor de la concesionaria Procdmx, empresa de participación estatal mayoritaria de la administración pública del Distrito Federal, para el uso, aprovechamiento y explotación de una superficie de 101 mil 817.84 metros cuadrados de un polígono que comprende segmentos de las vías públicas denominadas avenida Chapultepec, Lieja, Sonora, Puebla, Burdeos, Sevilla, Londres, Praga, Salamanca, Florencia, Monterrey, Liverpool y Amberes, para establecer en él, lo que han denominado “Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa”.

El antecedente número 10 del mencionado Título de Concesión establece que “la concesión se otorga a Procdmx, SA de CV, como parte de un proyecto de coinversión en infraestructura” y que se le permite a “aportar el Título de Concesión con todos los Derechos y obligaciones a un fideicomiso u otro instrumento de asociación... previo procedimiento de selección del inversionista ganador que haya realizado Procdmx SA de CV.

Por su parte, el antecedente once del mencionado título de concesión se establece que la Oficialía Mayor del GDF valuó la superficie de101 mil 817.84 metros cuadrados para determinar el “monto de la contraprestación que deberá pagar la concesionaria”.

Al respecto, cabe señalar que porcentaje de participación mínima del Gobierno del Distrito Federal, como pago de contraprestación en el proyecto de coinversión será de apenas 5.12 por ciento, sobre la utilidad neta, sin incluir el IVA. Este porcentaje mínimo fue fijado y aceptado por la Oficialía Mayor del gobierno del Distrito Federal, monto mínimo que resulta inexplicable por parte de las autoridades del gobierno del Distrito Federal, máxime que se habla de un proyecto de “coinversión” en un área con de fácil “accesibilidad, suficiencia en infraestructura y conectividad al transporte público” además de ser una de “las áreas históricamente consolidadas de la ciudad”, y que el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec Zona Rosa “tendrá un impacto positivo en la imagen urbana de la zona, elevando la plusvalía y coadyuvando al desarrollo de zonas mixtas con vivienda que incrementarán la percepción positiva de la zona mejorando la seguridad”2.

El “Informe del resultado del Procedimiento de Selección del Proyecto “Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa”, señala que el gobierno del Distrito Federal recibiría aproximadamente 361.3 millones de pesos de conformidad con las utilidades programadas del Proyecto a 40 años, mismas que se encuentran validadas en la evaluación técnico-financiera del proyecto efectuada por el Tecnológico de Monterrey3, cifra que significa 5 por ciento de las utilidades que se prevé obtener por la explotación del segundo piso peatonal; es decir, la utilidad neta sería de 7 mil 226 millones de pesos. El término Cultural fue ampliamente cuestionado porque el proyecto es prioritariamente Comercial y con tendencia a la mercantilización de la cultural.

De esta manera, según esas previsiones y descontando la contraprestación que recibiría el gobierno local por conducto de la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (Procdmx) e Invex Controladora Sab de CV, obtendría una ganancia aproximada de 5 mil 864.7 millones de pesos, casi seis veces la inversión de mil millones que destinará al proyecto.

Según un estudio de evaluación socioeconómica realizado por el Tecnológico de Monterrey en julio pasado, de los 110 mil 896 metros cuadrados del corredor, 20 mil 550 pueden ser aprovechados para la instalación de diversos negocios, se podrían instalar hasta 48 restaurantes de 50 metros cuadrados cada uno, en promedio; 440 locales de 30 metros cuadrados, 47 puestos de comida rápida de las mismas dimensiones que los anteriores, 115 islas comerciales de nueve metros cuadrados y 50 sub anclas comerciales con un tamaño promedio al de los primeros establecimientos mencionados; es decir, un total de 700 negocios4.

Por último es necesario señalar que la condición Tercera del Título de Concesión mencionado se establece que ésta será por un lapso de 40 años y no pone límite al número de prórrogas que se puedan otorgar.

Tercero. Ante este intento por construir un segundo piso peatonal el tramo que abarca entre la Glorieta de Insurgentes y Chapultepec, se han suscitado amplios reclamos y protestas de distinto sectores de la sociedad: vecinos, ambientalistas, urbanistas, arquitectos, ingenieros, todos ellos cuestionado el proyecto por inviable, daña al medio ambiente, es excluyente, no potencia la economía y por ser una forma privatizadora del espacio público en beneficio de unos pocos y sin beneficios para los ciudadanos ni para la Ciudad de México, dejando a los inversionistas privados con el 95 por ciento de las rentas y un excedente 6 veces mayor a su inversión y 200 veces más que lo que la ciudad obtendrá.

La disputa entre quienes están en contra de esta obra y las autoridades que las promueven, ha tomado características inéditas, ya que incluso la propia empresa de participación estatal mayoritaria de la administración pública del Distrito Federal, Procdmx, en abierta contravención a las normas y sin estar facultado para ello, estaba organizando una “consulta” sobre el particular para el pasado 26 de septiembre de 2015, lo cual finalmente no ocurrió debido al impedimento legal por la falta de atribuciones de ese órgano para realizar consultas ciudadanas.

Esto ha llegado a tal grado, que el pasado 22 de septiembre de 2015 se aprobó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un punto de acuerdo, por unanimidad, para exhortar al jefe de gobierno del Distrito Federal a que facilitará la consulta ciudadana vinculatoria convocada por los habitantes de las colonias directamente afectadas que son Juárez, Roma Norte y Condesa sobre la concesión por 40 años otorgada por la empresa pública para la Promoción, inversión y desarrollo para la Ciudad de México (Procdmx) a favor de un particular a efecto de generar un “corredor cultural” en la avenida Chapultepec”.

Cuarto. El 12 de octubre de 2015 el Instituto Electoral del Distrito Federal recibió solicitud signada por los coordinadores de los Comités Ciudadanos de las Colonias Condesa, Roma Norte I, Roma Norte II y Roma Norte III en la que se requiere a ese Instituto para que organice una consulta ciudadana sobre el tema del Corredor Chapultepec Zona Rosa, sólo en las colonias directamente afectadas.

Quinto. Finalmente el pasado 6 de noviembre de 2015 el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federa aprobó la convocatoria para la Consulta del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa cuya jornada consultiva tendrá verificativo el próximo seis de diciembre de 2015 y en la que podrán participar únicamente quienes cuenten con credencial para votar con fotografía vigente con domicilio en la delegación Cuauhtémoc.

Sexto. Que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal señala en el artículo 2o. que “la participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno”

Así como que la “participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana; así como su capacitación en el proceso de una mejor gobernanza de la ciudad capital”5.

La misma ley, en el artículo 3o. a la letra reza que “son principios de la Participación Ciudadana los siguientes: Democracia; Corresponsabilidad; Pluralidad; Solidaridad; Responsabilidad Social; Respeto; Tolerancia; Autonomía; Capacitación para la ciudadanía plena; Cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas; Derechos Humanos”6.

Y el artículo 4o. del mismo ordenamiento señala que “son instrumentos de participación ciudadana: plebiscito; referéndum; iniciativa popular; consulta ciudadana; colaboración ciudadana; rendición de cuentas; difusión pública; red de contralorías ciudadanas; audiencia pública; recorridos del jefe delegacional; organizaciones ciudadanas, y la asamblea ciudadana”7.

Por lo anterior, la participación ciudadana se relaciona estrechamente con la democracia participativa y directa, por lo que debe contemplar los mecanismos necesarios para que la población tenga acceso a las decisiones, formulación y seguimiento de las políticas públicas de manera autónoma e independiente, sin necesidad de formar parte de la estructura de gobierno o partido político.

Por lo anterior, la ley en estudio en su artículo 47 define a la consulta ciudadana como el instrumento a través del cual el jefe de gobierno, los jefes delegacionales, las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, la autoridad tradicional en coordinación con el Consejo del Pueblo y los Consejos Ciudadanos, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal.

Séptimo. Que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal es la “norma fundamental de organización y funcionamiento del gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” según lo establece el artículo 1o. del mencionado ordenamiento y que sus disposiciones “son de orden público e interés general”8.

Y el artículo 11 del mencionado ordenamiento señala que “El gobierno del Distrito Federal para su organización política y administrativa está determinado por... La unidad geográfica y estructural de la Ciudad de México y su desarrollo integral en compatibilidad con las características de las demarcaciones territoriales que se establezcan en su interior para el mejor gobierno y atención de las necesidades públicas”9.

Considerando que el artículo 12 del mencionado Estatuto, establece que “La organización política y administrativa del Distrito Federal atenderá los siguientes principios estratégicos” de cuando menos:

I. a IV. ...

V. La planeación y ordenamiento del desarrollo territorial, económico y social de la Ciudad, que considere la óptica integral de la capital con las peculiaridades de las demarcaciones territoriales que se establezcan para la división territorial;

VI. y VII. ...

VIII. La observancia, respeto y atención de recomendaciones por las autoridades y en general servidores públicos que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, respecto de los derechos humanos que establece el orden jurídico mexicano;

IX. La formulación de políticas y programas de desarrollo económico, considerando las particularidades de la Ciudad y la congruencia de aquéllas con la planeación nacional del desarrollo;

X. La conjugación de acciones de desarrollo con políticas y normas de seguridad y de protección a los elementos del medio ambiente;

XIII. La participación ciudadana para canalizar y conciliar la multiplicidad de intereses que se dan en la Ciudad;

XIV. La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de la Ciudad, en los términos que disponga este Estatuto y las leyes”10.

Es claro que el impacto que tendrá la realización o no del llamado “Corredor Cultural Chapultepec - Zona Rosa”, es un proyecto de carácter general y de interés público, en el que se debe aplicar en su más estricto sentido la consulta ciudadana, ya que en dicho proyecto se ven afectados no solo los vecinos de las colonias Roma, Condesa y Juárez, quienes por cierto solicitaron antes que nadie la realización de una consulta pública, es un mega proyecto que por sus alcances tendrá efectos en toda la Ciudad de México, dado el número de personas que transitan por esta área, además de estar ubicado a un lado del corredor financiero de Insurgentes y Reforma, por ser un área de fácil acceso y de una presencia histórica consolidada.

Por tanto, y pensando en el más alto interés de los habitantes de la Ciudad, salvaguardado los derechos que le otorgan la Constitución, los tratados internacionales, el Estatuto de Gobierno y las leyes locales, especialmente por lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, es necesario extender la consulta ciudadana a todos y cada uno de los habitantes del Distrito Federal.

Un proyecto de esta naturaleza y este alcance no puede ser decidido por los habitantes de una o varias colonias, ni de una sola demarcación territorial, es ante todo un asunto de toda la Ciudad de México, tanto por lo que representa en términos de la apropiación del espacio público y su concesión por casi medio siglo a particulares, como por las implicaciones culturales, económicas, sociales y ambientales que conlleva.

Esto es un asunto de derechos humanos para todos los habitantes de esta gran ciudad. El derecho de ser tomados en cuenta es un asunto que nos competo a todos.

Por lo señalado en los considerandos que anteceden, se concluye que la consulta y participación ciudadana de los habitantes del Distrito Federal, es un derecho fundamental, el cual debe ser respetado y protegido por quienes la Ley faculta para ello, en este caso por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y por el jefe de gobierno.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en ejercicio de sus facultades constitucionales, estatutarias y legales soliciten formalmente, de manera conjunta o por separado, al Instituto Electoral del Distrito Federal para que la consulta ciudadana convocada para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el llamado “Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa”, se extienda a todos los habitantes de la Ciudad de México y no sólo a los residentes de la delegación Cuauhtémoc.

Notas

1 Gaceta Oficial del Distrito Federal 19 de mayo de 2014.
2 Gaceta Oficial del Distrito Federal 19 de mayo de 2014
3 Gaceta oficial del Distrito Federal 18 de agosto de 2015

4 La Jornada 25 de agosto de 2015, página 33.
5 Gaceta Oficial del Distrito Federal 27 de mayo de 2010.

6 Ídem
7 Ídem

8 Diario Oficial de la Federación 4 de diciembre de 1997.
9 Diario Oficial de la Federación 14 octubre de 1999.

10 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la definición de la agenda, los modos y los medios del debate sobre el uso individual y lúdico de la marihuana, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía proponga una agenda tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al uso individual y lúdico de marihuana y para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a realizar y hacer pública una estimación del impacto que tendría la eventual liberalización del uso lúdico de la mariguana en los ingresos tributarios y el Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando como referencia el Paquete Económico de 2016 y las estimaciones de la Encuesta Nacional de Adicciones sobre el número de consumidores de cannabis, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Como es ya conocido, el desarrollo administrativo y jurídico de la solicitud de cuatro ciudadanos y la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante AC ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para uso lúdico de cannabis, derivó en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en favor de los quejosos.

En este sentido, determinar el valor de la libertad individual frente a la interpretación vigente sobre la protección de la salud pública, tema de interpretación jurídica, no de voluntades democráticas, ya se hizo. Ello, a través del amparo otorgado por la Primera Sala de la Suprema Corte.

Con este precedente, el tema de la liberalización de la marihuana, abordado con una visión de estado, no puede mantenerse sin considerar daños sociales, costos económicos, ni ajeno a la libertad del individuo para definir su modo de vida. La Corte ya se pronunció y los derechos de los individuos fueron reivindicados sobre la perspectiva prohibicionista, ahora toca definir un debate responsable y responsabilizarnos como sociedad, ciudadanos y representantes populares, mandantes y mandatarios. Esto es labor de nosotros, los diputados de la nación.

Compañeras y compañeros diputados, sin duda alguna, como lo señaló el posicionamiento de Movimiento Ciudadano el 5 de noviembre de 2015, el tema es muy complejo y no puede dar lugar a ligerezas y banalidades, debe concentrarse en impactos sociales, derechos individuales, capacidades institucionales y costos presupuestales.

En esta lógica, entender las limitaciones y ventajas de nuestra política de control de drogas exige reconocer la formación histórica del esquema vigente; la influencia que en ella ha tenido y tiene la política internacional, y los límites jurídicos, los alcances y las repercusiones de las acciones podamos implementar.

Asimismo, se debe aceptar el hecho de que con la información pública, desconocemos particularidades de las interacciones entre organizaciones delictivas que nos impiden anticipar, seriamente, temas como el aumento o descenso en la violencia o los cambios en las interrelaciones entre organizaciones delictivas.

Por otra parte, el perfil de la marihuana plantea una droga ilegal que es la más consumida en el mundo, según el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 2009 y cuya cifra negra de consumo debe ser considerable.

Su prevalencia, posiblemente por efecto de las limitantes legales, es menor a la del alcohol y el tabaco pues de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 se atribuye una tendencia en el consumo de 1.9 por ciento (ENA 2011, p. 52). Sin embargo entre las drogas ilegales consumidas en nuestro país es la de mayor prevalencia con .6 por ciento, el doble de la cocaína (ENA 2011, P.47) y se le adjudica el mayor potencial adictivo con 80 por ciento, frente al del alcohol de 71.2 por ciento, el tabaco correspondiente a 66 por ciento o el de la cocaína que es de 75.8 por ciento (ENA 2008, P. 43).

No obstante lo anterior, el debate mediático se ha centrado en confrontar cifras sobre salud contra argumentos en torno a la libertad individual. Ello, aderezado con prejuicios y suspicacias de sectores conservadores y liberales.

En consecuencia, como se indicó el 5 de noviembre, los diputados y diputadas ciudadanas, estamos convencidos de abrir el debate sobre la liberalización del consumo de cannabis sin atarnos a la pasividad de cálculos político-electorales, ni dejarlo irresponsablemente a una interpretación jurídica que termine por propiciar una liberalización improvisada.

El debate, debe ser ofrecido a la ciudadanía no únicamente como un tema de salud pública, libertad, moda y buenas conciencias. Este debate debe incluir la corresponsabilidad de ciudadanos y autoridades e implicar una difusión y discusión sobre el costo, en pesos y centavos, que tendría una eventual liberalización, si se hace responsablemente. Es decir, además de libertades, aspectos jurídicos, ideologías y compromisos internacionales, debe incluir ¿cuánto se va a recanalizar del presupuesto, en qué áreas se va a dejar de gastar y cuánto se puede recaudar? En un escenario en el que se presente una apertura general al consumo lúdico de la marihuana.

Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea las siguientes

Consideraciones

1) La prevalencia en el consumo de la marihuana y lo conocido sobre las características del mercado, permite pensar en darle un tratamiento distinto al resto de las drogas ilícitas.

2) No existe prueba científica que indique claramente que ante la liberalización de la marihuana sobreviene una disminución o aumento de la violencia social.

3) Una eventual liberalización del consumo de cannabis podría propiciar un replanteamiento en los equilibrios en el mercado entre las distintas organizaciones delictivas pero no hay información pública que permita anticipar reacciones.

4) Toda apertura en consumo de drogas, planeada o improvisada, implica un aumento en el consumo durante etapas primigenias y una disminución paulatina posterior hasta llegar a una estabilización de la prevalencia.

5) La liberación abrupta del consumo de cannabis, sin infraestructura y el capital humano adecuado, puede reducir las posibilidades de un aumento inicial de consumo breve e incrementa las posibilidades de que esta etapa se prolongue antes de su posterior estabilización.

6) Es necesario añadir al debate la estimación de la redistribución y costos presupuestales, así como las posibles ganancias tributarias, a partir de un escenario de responsabilidades políticas reales.

Compañeras y compañeros legisladores, es nuestra obligación velar por el interés de la nación, salvaguardando la compatibilidad del interés general y la libertad individual que es la fórmula clásica de entender y vivir una república. Así, es un imperativo para una determinación racional en este tema, conocer y difundir lo siguiente: a) los costos, en libertades, salud pública y presupuesto, que tendría una liberalización del consumo de cannabis; b) Difundir y discutir dichos costos; c) verificar cuál es el sentir nacional en torno a este tema.

Por ello, la nación, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y una servidora, les solicitamos un pronunciamiento que reitere el compromiso para atender una de las demandas de nuestro tiempo en torno a construir un debate racional con acciones concretas, orientadas a conciliar el interés general y la libertad individual en la República.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados se pronuncia por la definición de la agenda, modos y medios del debate en torno al uso lúdico de la marihuana.

Segundo. Esta honorable Cámara exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya la coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo Social para que en un periodo no mayor a 6 meses, elabore y haga público un estudio en el que, tomando como referencia el Paquete Económico de 2016 y el número de consumidores de marihuana reconocido en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, se estime el impacto hipotético que hubiese tenido la liberalización del consumo lúdico de cannabis, tanto en los ingresos por concepto de impuestos como en el presupuesto de 2016. Ello, a partir del gasto que se podría anticipar en salud, educación, desarrollo social, seguridad pública y procuración de justicia para contener el riesgo de una crisis epidemiológica de consumo de marihuana.

Tercero. Esta soberanía, a partir de la información que elabore y haga pública el Ejecutivo federal, referida en el artículo segundo de este acuerdo, y en ejercicio del artículo 35, fracción VIII, numeral 1, apartado b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someterá a votación entre sus integrantes la posibilidad de convocar a consulta popular para definir entre mantener el esquema vigente sobre límites al consumo de marihuana o impulsar una liberalización más amplia del consumo de cannabis. Ello, a partir de conocer los costos y preparar la infraestructura y la capacitación necesarias para evitar un problema de salud pública.

Cuarto. Esta soberanía exhorta al Poder Ejecutivo para que diseñe de manera urgente una política pública para atender los impactos potenciales y previsibles de tan trascendental decisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la unidad de igualdad de género en este órgano legislativo, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Nuestra Constitución Política determina que el varón y la mujer son iguales ante la ley; sin embargo no basta esta disposición legal de igualdad para materializarla, ya que todavía las mujeres siguen careciendo de oportunidades reales y efectivas para estudiar, acceder a un trabajo, contar con acceso a servicios de salud y seguridad social; competir por puestos o cargos de representación popular; gozar de libertades para conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos.

2. Los gobiernos del mundo iniciaron el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho a inicios del siglo XX cuando se reconoció que las mujeres gozaban del mismo estatus jurídico para participar en la vida pública, tanto en cargos de elección popular, como en la economía y el trabajo. De ahí en adelante, la lucha de las mujeres por el reconocimiento de la igualdad ha sido constante.

3. La perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas poco a poco ha ido permeando en distintos órdenes y órganos de gobierno; el Poder Legislativo sin duda ha tenido avances, basta decir que las mujeres que integramos esta legislatura representamos el 42.5 por ciento, constituyendo una cifra histórica, reflejo del avance que se tuvo al incorporar el principio de la paridad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que demuestra que cuando se trabaja por eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres se cosechan frutos. Con ello, nuestro país pasó de ocupar el lugar 19 de acuerdo con el porcentaje de mujeres que integran la Cámara de Diputados, al octavo lugar junto con Finlandia superando a países como Noruega y Dinamarca. El hecho de que hoy seamos mujeres el 42.5 por ciento en esta Cámara de Diputados significa un crecimiento del 5 por ciento, con respecto de la Legislatura anterior y un 14 por ciento en relación con la LXI Legislatura.

Aún hace falta que accedan más mujeres para alcanzar la representación paritaria, pero la meta ya no se ve tan lejana.

4. No obstante lo anterior, aún no se logra que todos los órganos de gobierno consideren en sus políticas y programas específicos, acciones transversales de equidad de género, que permitan lograr la incorporación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, propiciando las mejores condiciones para el desarrollo de sus capacidades y habilidades.

Sin embargo, sí se han realizado importantes esfuerzos por parte de gobiernos estatales y del propio Gobierno Federal para transitar hacia relaciones de igualdad; ejemplo de ello son las unidades género que en distintos órganos y niveles de gobierno se han creado y han comenzado a operar, con el propósito de promover una cultura de igualdad e incorporar la transversalidad de la perspectiva de género que permita dar cumplimiento al marco jurídico nacional y a los diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano a favor de los derechos de las mujeres.

5. Con el fin de impulsar la igualdad de género y de oportunidades, así como la eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en las relaciones laborales dentro de este órgano legislativo es necesario que exista una unidad de igualdad que permita institucionalizar las relaciones de igualdad entre los hombres y mujeres que laboran y asisten a este órgano legislativo diariamente; ya que si bien es cierto existe una Comisión de Igualdad de Género, ésta se encarga de la creación de leyes, la asignación de recursos encaminados a disminuir la brecha de desigualdad que persiste entre mujeres y hombres, además de llevar a cabo una serie de acciones que inciden en la actividad legislativa, en el diseño y aplicación de políticas públicas, pero no podría regular las relaciones al interior del órgano legislativo; asimismo, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género realiza funciones de investigación a nivel nacional y de derecho comparado; pero no está facultado para realizar el revisión y seguimiento que se requiere, tal y como ya existe en el Senado de la República, en el sentido de procurar que exista igualdad para hombres y mujeres al interior de este órgano legislativo.

6. Dicha unidad de igualdad se encargaría de establecer medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de los hombres y mujeres que laboran en la Cámara de Diputados; por ejemplo, procurar que las mujeres tengan acceso a servicios de salud reproductiva y métodos anticonceptivos; ampliar la matricula o el Centro de Desarrollo Infantil para las hijas e hijos de quienes colaboran en este quehacer legislativo; preferir en igualdad de circunstancias y con equidad de género a las personas que tengan a su cargo menores de edad, en el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios.

7. Ahora bien, a fin de que el presupuesto no sea una limitante, es importante destacar que la creación no debe implicar el aumento de la estructura de la Cámara, sino más bien una restructuración de funciones; puesto que ya existe un área que se encarga de administrar los recursos humanos en la Cámara de Diputados; bastaría con que una vez llevada a cabo reestructuración de funciones se privilegie también el nombramiento de personal capacitado y sensibilizado en el tema de la igualdad y el respeto de los derechos humanos.

8. Por último agregaría que esta preocupación no es nueva, puesto que apenas en marzo de este año se remitió al Senado de la República una Minuta para establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la obligatoriedad de que exista en la estructura de esta Cámara de Diputados una unidad de igualdad de género, que se encargará, de entre otras funciones, de ser el órgano responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la Cámara de Diputados; coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual; contribuir con la formalización y especialización del personal de todos los niveles en materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva; mientras esto sucede, es indispensable que la Unidad de Igualdad de Género inicie con este largo proceso para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, ahora, al interior de este órgano legislativo; como ya funciona en el Senado de la República al amparo del acuerdo de la mesa directiva emitido en fecha 16 de octubre de 2014.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único . El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de la Unidad de Igualdad de Género que institucionalice la perspectiva de género en las relaciones laborales al interior de este órgano Legislativo y se instruye a la Junta de Coordinación Política dar cumplimiento al presente acuerdo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de noviembre de 2015.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a cumplir su responsabilidad constitucional en el “caso Iguala” y atender las observaciones de la CNDH, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Elena Orantes López, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente resolución me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que esta soberanía exhorte a la Procuraduría General de la República para cumplir con su responsabilidad constitucional en el caso iguala y atender puntualmente las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 23 de julio de 2015, la CNDH, a través de la Oficina Especial para el Caso Iguala, emitió el informe denominado Estado de la Investigación del “Caso Iguala” (Observaciones y propuestas formuladas a diversas autoridades).

En dicho documento, a la Procuraduría General de la República (PGR) se le hicieron 26 observaciones sobre la manera en que había desarrollado las investigaciones ministeriales sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

De acuerdo con el análisis de la CNDH y el comunicado CGCP/335/15 del 8 de noviembre de 2015, emitido por dicha comisión, la PGR no cumplió todas las observaciones. Únicamente dos de éstas fueron consideradas atendidas; una fue catalogada como atendida con avance mínimo; tres fueron percibidas como parcialmente atendidas, y 20 no fueron atendidas.

El 26 de agosto de 2015, la PGR envió a la CNDH la respuesta sobre lo que consideró fue la atención puntual de las observaciones. Sin embargo, como argumenta la CNDH en el documento Revisión de los posicionamientos específicos de la PGR a las 26 observaciones y propuestas formuladas por la CNDH, contenidas en el documento “Estado de la investigación del caso Iguala , compartido con la PGR desde el 12 de octubre de 2015, prácticamente la PGR ha sido omisa, poco clara o incumplida en la mayoría de los puntos.

Cabe mencionar que el artículo 102, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en la Fiscalía General de la República, “el desarrollo de la carrera profesional se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.

En este sentido, el análisis que cualquier ciudadano puede realizar sobre la información que ha hecho pública tanto la CNDH como la PGR, puede concluir que el Ministerio Público de la Federación mantiene muchas áreas de oportunidad en su investigación sobre el “Caso Iguala”.

En este contexto, reiteremos que ni la nación, ni los padres de familia, ni los ciudadanos, estamos obligados a adaptar nuestra percepción sobre el cabal apego al respeto de los derechos humanos, en las investigaciones ministeriales. Por el contrario, es deber constitucional de la Fiscalía que dignamente dirige la Mtra. Arely Gómez, alcanzar los estándares democráticos aceptables que nacional e internacionalmente requiere cualquier investigación ministerial.

En consecuencia, como diputadas y diputados ciudadanos, resulta imperativo exhortar a la PGR a atender las observaciones y recomendaciones que realice la CNDH.

El reclamo de los padres que perdieron a sus hijos debe ser atendido de manera clara, transparente y eficaz dentro de las posibilidades del tiempo. Para ello, el Estado Mexicano cuenta con controles como la CNDH y en consecuencia, aunque la constitución no lo prescriba, el sentido común sobre la difícil prueba que atraviesa nuestra república, demanda el fiel apego a las líneas que señalen tanto la Comisión Nacional como las Organizaciones de la Sociedad Civil que se dedican a la promoción de los derechos humanos.

No es tiempo de burocratismo o de mantener el arraigo a prácticas ministeriales anacrónicas, es tiempo de apegarse al marco legal del país y al sentido de responsabilidad ante la nación. Ésta es una exigencia, cuya condición es el respeto estricto, claro y transparente a los Derechos Humanos.

Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea las siguientes

Consideraciones

1) No es aceptable para la salud de la República que las investigaciones ministeriales no se apeguen puntualmente a las observaciones de la CNDH.

2) No es tolerable la dilación y opacidad para dar una respuesta a los padres de familia de los estudiantes normalistas desaparecidos, ni a la nación.

3) Continuar con escusas, falta de coordinación y demoras, debilita al Estado Mexicano.

4) Una visión ministerial moderna y democrática, no puede ver a las instancias de derechos humanos como un obstáculo, sino como elementos coadyuvantes en el desempeño de la procuración de justicia.

5) De haber responsabilidades en omisiones o acciones de funcionarios federales de Procuración de Justicia, éste es el momento de tomar acciones y propiciar la rendición de cuentas.

6) Si bien las circunstancias de inseguridad prevalecientes en el país son complicadas para cualquier autoridad, es inaceptable que existan seres humanos desaparecidos, fosas comunes proliferantes e indicios de autoridades implicadas en ello.

7) Es inaceptable cualquier dilación en las investigaciones para establecer responsabilidades y buscar aclarar las circunstancias de los delitos vinculados a la desaparición de los estudiantes normalistas.

Compañeras y compañeros legisladores, es nuestra obligación legal y moral pugnar por la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos en cualquier acción desarrollada por las instituciones de la república.

Por ello, la nación, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y una servidora, les solicitamos un pronunciamiento que reitere nuestro compromiso con los derechos humanos y con un ejercicio de procuración de justicia, adecuado a nuestro tiempo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta honorable Cámara exhorte a la Procuraduría General de la República para cumplir con su responsabilidad constitucional en el caso iguala y atienda puntualmente las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Segundo. Que en el exhorto se recuerde a la PGR que el respeto a los derechos humanos no es una sugerencia, sino una obligación constitucional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2015

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE a realizar acciones para atender a los mexicanos reclusos en Estados Unidos de América que serían puestos en libertad próximamente a través del programa de liberación temprana, suscrita por los diputados Cynthia Gissel García Soberanes y Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Cynthia Gissel García Soberanes y Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputados federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América ha dado inicio a un programa para dar libertad temprana a miles de reclusos que recibieron severas sentencias por ofensas relacionadas con drogas en las últimas tres décadas. El programa busca dar clemencia a ciertos ofensores sentenciados por estos crímenes, en los cuales no haya existido violencia o que los mismos no tengan nexos con alguna organización criminal.

La primera fase se ha dado entre el treinta de octubre y el dos de noviembre del presente año, con un total de 6 mil 112 reclusos puestos en libertad, de los cuales mil 794 son ciudadanos extranjeros, y muy probablemente en su mayoría mexicanos.

Se estima que el programa podría eventualmente resultar en la liberación de aproximadamente 46 mil reclusos, lo que podría significar un beneficio para más de 10 mil ciudadanos mexicanos. La Comisión de Sentencias encargada estima que se liberaran unos 8 mil 550 reclusos entre el primero de noviembre del presente año y el primero de noviembre de 2016.

Dado las leyes migratorias de Estados Unidos de América, la gran mayoría de los reclusos mexicanos liberados serán puestos en manos de las autoridades migratorias para su expedita deportación.

Bajo condiciones normales, las personas que son liberados de prisión se enfrentaran a la falta de empleo, falta de lugares para vivir o de un programa que les facilite herramientas para incluirse en la sociedad adecuadamente. Esta situación se agrava si consideramos que nuestros connacionales estarán regresando a un país donde hace muchos años ya no residían.

Una actuación proactivamente ante una oportunidad de esta magnitud en la que se ofrezcan las herramientas necesarias para la inclusión de estos ciudadanos, evitaría que un alto porcentaje de estas personas retomen alguna forma de actividad delictiva y terminen nuevamente en prisión. De la misma forma evitando un aumento en los índices de criminalidad del país.

En este sentido es importante reconocer que a pesar que estas personas han cometido errores, éstos han cumplido con todos los requisitos y evaluaciones que los acreditan para ser puestos en libertad y han saldado su deuda con la sociedad. Por lo tanto nuestro gobierno está en la responsabilidad de ofrecer el apoyo necesario para que los mismos puedan incluirse de forma exitosa, contribuyendo al desarrollo de sus familias, comunidades y país.

Por lo expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los canales diplomáticos correspondientes, solicite la información de los ciudadanos mexicanos que podrían verse beneficiados por el programa de libertad temprana.

Segundo. Que se ponga en marcha un plan que en primera instancia brinde asistencia a los ciudadanos mexicanos que sean puestos en libertad, ofreciendo la asesoría necesaria para presentar opciones tanto a los individuos como a las familias que les permita mantener la unidad familiar, adicionalmente gestionando los apoyos institucionales tanto federales como municipales, necesarios para facilitar la inclusión de dichos connacionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015

Diputados: Cynthia Gissel García Soberanes, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal y locales a realizar reuniones a fin de acordar y unificar criterios para atender la discriminación laboral por motivos de edad, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jonadab Martínez García, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación motivada por la edad, y el párrafo primero de su artículo 5o. establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

Estas dos garantías, que no derechos son reconocidos a las personas; pero en la práctica cotidiana estas dos garantías que el estado sólo reconoce y tutela, pero no otorga son infringidas, en perjuicio de millones de mexicanos.

Sin embargo, al igual que el sexo, la raza, la religión o la discapacidad; la edad se ha considerado como un factor que puede contribuir a efectuar diferenciaciones arbitrarias en el actuar social.

La edad es la cantidad de años que un ser ha vivido desde su nacimiento, por lo que no es una condición que pueda ser alterada, y tarde o temprano una persona llegará a una edad determinada, y no podrá evitar tal condición, lo ideal sería que tal hecho no fuera un factor que perjudicara la vida de las personas, pero sí lo es, y esto ocurre al margen de la ley.

Como es sabido, la discriminación representa una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona.

La discriminación opera, en última instancia, como un instrumento de segregación social, en la medida en que dicho comportamiento supone mantener al grupo discriminado a distancia y le reserva espacios propios, que únicamente pueden abandonar en determinadas condiciones, más o menos restrictivas.

Discriminar, en su sentido literal, es la acción de separar o distinguir unos elementos de otros atendiendo a un criterio específico, pero por lo general, cuando se habla de discriminación, suele emplearse el término en un sentido ofensivo, que alude al trato en condiciones de inferioridad, y que se da a una persona o grupo.

En el ámbito laboral, se trata de una situación en la cual la persona recibe un trato desfavorable en relación con el resto de los trabajadores, a causa de algún tipo de prejuicio, bien sea de orden social, religioso, económico, racial, o por muchas otras condiciones que enfatizan las diferencias.

En las últimas décadas han aparecido nuevas formas de maltrato laboral, una de las cuales es la discriminación por motivos de edad , situación que afecta a mujeres y hombres por igual, y que se expresa a veces de manera sutil, como por ejemplo, cuando se rechaza a un candidato que compite por una plaza vacante, por estar “sobre calificado”, y otras veces de forma abierta, cuando se especifica un límite de edad para la contratación.

Otras formas de discriminación, es cuando se limita a partir de cierta edad, para el acceso a programas de formación y promoción: o se obliga a jubilarse, para no ser permanentemente relegado en sus funciones y oportunidades de desarrollo.

El no poder obtener un empleo estable, después de cumplir los 30 años, es un atentado a la dignidad de las personas, ya que esta negación a poder desempeñar una actividad remunerada, impacta de manera negativa no sólo en quien la padece, sino en su núcleo familiar.

Tan es así, que el desempleo es una de las principales causas de suicidio entre los jóvenes de México, aseguró la farmacéutica Eli Lilly, convirtiéndose así en un problema de salud pública.

En un comunicado, informó que en el país 79.6 por ciento de los suicidios ocurre en jóvenes de entre 15 y 24 años, así como en adultos mayores de 45 que carecen de empleo y lo ven como una salida a sus problemas.

Agregó que este fenómeno social se ha convertido en una de las primeras 10 causas de muerte en adolescentes y adultos jóvenes.

En distinto orden de ideas, de acuerdo a la Asociación por la No Discriminación Laboral por la Edad o Género, ser mayor de 35 años en México es motivo de discriminación laboral.

Hoy día en México, la escolaridad no es un factor que determine o aumente la probabilidad que tienen las personas de obtener un empleo formal, sino la edad. Lo anterior, tiene por efecto que los individuos no tengan como prioridad graduarse, ya que ello no les garantiza algo, es decir no existen motivaciones para estudiar.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el año 2011, sólo 12 millones de personas en México contaban con una licenciatura y menos de un millón han estudiado un posgrado (conocimiento avanzado).

En el mismo orden de ideas, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) correspondientes a 2013, en México sólo se gradúa 25 por ciento de quienes cursan estudios a nivel licenciatura, y de este último universo, 81.5 por ciento de los estudiantes de licenciatura considera que su carrera le servirá para obtener algún empleo, percepción que de obtenerse en el mejor de los casos, debe ser antes de los 30 años.

Durante 2014, se graduaron 21 mil 734 estudiantes de nivel licenciatura y 8 mil 676 especialistas, maestros o doctores. Aunado a lo anterior, en el presente año (2015) sólo la UNAM cuenta con 28 mil 18 estudiantes de posgrado y 201 mil 206 de licenciatura, mismos que sólo tienen hasta los 30 años para obtener un empleo estable con todas las prestaciones.

En promedio, 55 de cada 100 egresados de las instituciones de educación superior del país trabajan en un área diferente a la que estudiaron.

Los profesionistas con alto nivel educativo (y por ende de alta calidad en cuanto a producción se refiere) se enfrentan en nuestro país, a una economía que no sólo no abre los espacios laborales necesarios, sino que los pocos que existen los limita por cuestiones de edad.

90 por ciento de las vacantes ofrecidas en el país descartan a la población de más de 30 años. La oferta para ese segmento se reduce a empleos de menor salario y nula oportunidad de crecimiento, según el informe Ofertas laborales en México , del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

De acuerdo a este informe:

• En 10 por ciento de las vacantes que restan, son empleos de bajo salario que no tienen que ver con el perfil académico del solicitante.

• En 46 por ciento de los casos de discriminación laboral, la edad es el motivo.

• En 27 por ciento de los casos es la apariencia física, y

• En 10 por ciento es la preferencia u orientación sexual de la persona.

La situación se recrudece para los mayores de 60 años:

• En 90 por ciento de las vacantes laborales ofrecidas, se dejan fuera a los mayores de 35 años.

• 81.6 por ciento de las personas mayores de 60 años, con empleo, carecen de prestaciones laborales.

• 76.7 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 19 años de edad, con empleo, carecen de prestaciones laborales.

• 63.9 por ciento de las personas de entre 50 y 59 años, con empleo, carecen de prestaciones laborales.

Es claro que ser mayor de 35 años en México es motivo de discriminación laboral, aunque el talento de estos profesionales sea un gran soporte para las empresas, advierten especialistas en recursos humanos.

El mercado laboral enfrenta una contradicción: demanda perfiles para cubrir puestos que requieren gran especialización, pero “castiga” a los empleados más experimentados al no contratarlos, por no querer pagar su trayectoria o bien por un prejuicio de no poseer la misma capacidad de adaptación.

Así entonces, otro aspecto preocupante, es el nivel salarial de los profesionistas en nuestro país, aunado a la escasez de opciones de contratación.

Las carreras de alta especialización o el nivel académico de excelencia, como sería el caso del doctorado, no son valoradas económicamente en el mercado laboral, como para obtener ingresos altos por parte de quien los posee.

El nivel salarial promedio que alcanzan en México los licenciados es de 7 mil 500 pesos mensuales, alcanzando un máximo de 10 mil pesos mensuales; y se estima que en carreras saturadas como Derecho, Contaduría y Administración, sólo existe un puesto de trabajo por cada 135 mil egresados, siendo el nivel de desempleo en este sector de 8 por cada 10 egresados.

Para aquellos que poseen una maestría, el sueldo que pueden llegar a percibir será de 11 mil 200 pesos mensuales, aquellos profesionistas con doctorado podrán aspirar a obtener máximo 14 mil pesos mensuales, y en este último caso 2 de cada 10 contratados no cuenta con prestaciones.

Sin embargo, en el año 2004 la tasa de desempleo entre los profesionistas con postgrado en México fue de 4.0 por ciento (hombres) y 5.0 por ciento (mujeres), pero superaron la tasa de desempleo general que fue en ese año de 3.78 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) detalló que en 2005, Estados Unidos otorgó 11 mil 516 títulos de doctorado en ciencias e ingenierías para estudiantes foráneos. De este total, alumnos de origen mexicano sólo obtuvieron 1.79 por ciento del total, es decir 206 títulos.

Existen áreas donde el relevo generacional se acerca y no aprovechar al talento de mayor edad será en un error. Las áreas de manufactura, transporte, energía y salud tienen proporcionalmente un gran número de trabajadores veteranos, a comparación de otros sectores, por lo que enfrentarán una escasez significativa de personal calificado cuando se jubilen.

En los próximos 10 años, 50 mil especialistas y técnicos en petróleo, refinación, petroquímica, transporte y comercialización de hidrocarburos que laboran en Pemex, podrán jubilarse y sus relevos no están listos, según un informe de la paraestatal. La cifra de egresados en ingeniería petrolera no llega a mil estudiantes en el país, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

Las pequeñas y medianas empresas son un foro atractivo para ese segmento, porque buscan a personal “más veterano” para dar formación interna a los jóvenes y aplicar su experiencia laboral (conocimientos preexistentes no siempre académicos, o el saber cómo hacer las cosas) en el crecimiento del negocio.

Los empleados más jóvenes, a su vez, pueden aprovechar al máximo los conocimientos dados por la experiencia de sus colegas mayores.

En América Latina, son pocos los países que han actualizado las leyes conforme a las últimas manifestaciones discriminatorias. Estos son algunos ejemplos de nuevas leyes y reformas:

• En Argentina se creó la Ley 20.744, vigente desde 1974, que incluye expresamente el tema de la edad como forma de discriminación laboral.

• En Venezuela, la Constitución de la República, adoptada el 15 de diciembre de 1999, especifica en el artículo 89, quinto principio, la misma prohibición de discriminación laboral por edad, así como en Ley del Trabajo, en el artículo 26.

• En 2001, Chile promulgó la Ley 19.739 que sanciona la discriminación por edad y por estado civil.

• La Carta Magna de México, contempla en su artículo primero, la prohibición de cualquier tipo de discriminación laboral, y hace mención concreta a la motivada por la edad. De igual manera procede la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación promulgada en 2003, en su artículo cuarto.

• En Colombia, el cambio en las leyes se efectuó en 2004, con la Ley 931, específica contra la discriminación en el trabajo.

• Perú promulgó la Ley 28867 en 2006, que introduce reformas a las leyes vigentes, incluyendo la edad, como uno de los motivos de discriminación a ser combatidos.

Nuestro marco jurídico contempla la protección a los derechos fundamentales otorgados en nuestra Carta Magna, y nuestro máximo tribunal constitucional defiende los derechos en ella consagrados, el análisis de las conductas discriminatorias en el ámbito laboral puede abarcar las diferentes fases del trabajo, es decir: el acceso, la contratación, la retribución, las condiciones laborales y la extinción del contrato.

Si bien es cierto que la primera fase, previa a la contratación, es la más susceptible de consideraciones subjetivas, también lo es que no puede sostenerse que esta fase está exenta de control, bajo el argumento de que la relación laboral no se ha materializado en sentido estricto al no haberse plasmado la aceptación de las condiciones en el contrato de trabajo. Afirmar lo anterior sería contrario a la obligación que tienen los órganos judiciales de maximizar la interpretación de los derechos fundamentales y nos arrojaría a un escenario absurdo en el cual los aspirantes a un puesto de trabajo se verían despojados de sus derechos en el proceso de selección y sólo podrían recobrar dicha protección al momento en el que se transforman en trabajadores.

La prohibición de discriminación en el mercado laboral es una garantía de la que gozan los trabajadores o aspirantes, no por el hecho de ser trabajadores, sino porque son personas. En definitiva, en el momento de la fundación de las relaciones jurídicas, el supuesto de hecho de la discriminación se cumple cuando un contrato, desde el principio, es ofrecido marginando a determinados grupos de personas, basándose en los criterios o características excluyentes establecidos en el artículo 1o. constitucional; bien porque el negocio es restringido a determinados interesados basándose en valoraciones inapropiadas, bien porque es ofrecido a determinadas personas bajo condiciones desfavorables o bien porque determinadas personas son excluidas de entrada a la negociación del contrato.

Esta conclusión también se ve reflejada en las previsiones de la Ley Federal del Trabajo, en la cual, desde la reforma del año 2012, se estableció, tanto en las llamadas “obligaciones de los patrones” –artículo 133–, como en las “condiciones de trabajo” –artículo 56–, que los empresarios tienen prohibido negarse a aceptar a un trabajador por razón de su edad, entre muchos otros motivos.

Por las consideraciones vertidas y en congruencia con el compromiso adquirido con la ciudadanía mexicana, expongo a su consideración la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de los estados, para que por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, realicen reuniones de trabajo a fin de acordar y unificar criterios para establecer de manera coordinada, medidas y líneas de acción que permitan prever y atender la problemática de la discriminación laboral por motivos de edad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF a realizar inspecciones continuas en los albergues y las instituciones dedicados al alojamiento de niñas y de niños, suscrita por las diputadas Rosa Alba Ramírez Nachis y María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, Rosa Alba Ramírez Nachis y María Victoria Mercado Sánchez, diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia para que conforme a sus atribuciones y con apoyo de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social, realicen inspecciones continuas en todos los albergues e instituciones dedicados al alojamiento de niños y niñas y con base en ello se tomen medidas necesarias para la regulación y supervisión de los servicios que ofrecen, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. La niñez en nuestro país atraviesa un panorama realmente complicado: la pobreza, la violencia intrafamiliar y el abandono hacen que miles de niños y niñas se encuentren luchando por sobrevivir día a día en las calles.

La primera infancia que va de los cero a los cinco años de edad, es una etapa importante para los niños, ya que, en esta se presenta el desarrollo de las condiciones esenciales para la vida, es decir, las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño. Por ello, si un niño crece en situación de calle no podrá desarrollarse a su máxima potencia. A esto hay que añadir que en ocasiones se presentan en este entorno problemas de adicciones, falta de acceso a la salud y a la educación, entre otras carencias y vulnerabilidades.

En nuestro país no existe una cifra real de cuántos niños viven en situación de calle, sin embargo, según el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), México tiene 1.6 millones de casos de abandono de niños, posicionándose en el segundo lugar en América Latina, sólo por debajo de Brasil.1

A pesar de la implementación de programas sociales y la existencia de un gran número de Instituciones de Asistencia Privada y Organizaciones de la Sociedad Civil que coadyuvan con el rescate de las niñas y niños que viven en situación de calle, no hay apoyo suficiente que contrarreste tales efectos, debido a la magnitud y complejidad del problema.

Información proporcionada del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional, refleja que en 2013 había 25 mil 700 niños y adolescentes en 922 albergues registrados, de los cuales 805 eran privados y 117 públicos.2

Los niños en situación de calle son el resultado de una sociedad con graves fallas estructurales, comenzando por la ciudadanía misma que abandona, margina y maltrata a los infantes, además de la omisión del gobierno en el cumplimiento de su deber al proteger a la niñez frente a un panorama de crimen, maltratos y abusos al no tener una regulación y supervisión adecuada en los albergues a los que acuden miles de menores para su cuidado y atención.

La inexistente regulación uniforme y la falta de datos específicos en torno a los albergues e instituciones dedicadas al cuidado de los niños, ha propiciado que éstos se conviertan en los peores centros de abuso en contra de los menores. Tal es el caso del albergue “La Gran Familia” ubicado en Zamora, Michoacán, en donde después de más de 50 denuncias presentadas por familiares de los internos, la PGR descubrió después de un cateo realizado el pasado 15 de julio de 2014, que 596 personas que habitaban en esa casa hogar vivían entre plagas de cucarachas, chinches y ratas, comían alimentos en descomposición y sufrían abuso sexual.3 Otras anomalías fueron detectadas en el albergue “Casitas del Sur”, administrado por la asociación civil “Reintegración Social, AC,” que, al no ser supervisada por ninguna autoridad, utilizaban a los menores como mercancía.4 Un ejemplo más reciente es lo sucedido en el del refugio “Los hijos de la Luna”, en donde maltrataban y abusaban sexualmente de los niños y niñas, además de tener el lugar en pésimas condiciones y a los niños padeciendo de piojos y desnutrición.5

II. No podemos permitir que en estas instituciones que son creadas con el fin de apoyar a la niñez, se lucre con la inocencia y vulnerabilidad de los infantes, se requiere de la supervisión e intervención constante por porte de las autoridades, para que con base en sus atribuciones tomen medidas para lograr la mejor calidad de vida posible para estos niños y niñas.

El abandono de la infancia es un acto cruel, sin embargo, cada día es más frecuente, y se requieren soluciones prontas, ya que, son estos pequeños los que se ven en la necesidad de delinquir a su corta edad, creciendo con este patrón de vida.

Para alcanzar una solución integral, se requiere la participación de los ciudadanos, combatiendo la apatía y la discriminación en sus formas clasistas y racistas, es decir, necesitamos de una sociedad que promueva la solidaridad, la equidad y la justicia para los sectores más vulnerables de la población como son los niños de México.

Son estas las múltiples razones por las que los diputados de Movimiento Ciudadano estamos en la lucha por salvaguardar los derechos de un sector tan vulnerable como son los niños y niñas en situación de calle.

III. El DIF Nacional y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), anunciaron que entre el 1 y 30 de septiembre del año 2015 se realizó un Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), con el que se busca conocer las características de los distintos centros de asistencia social instalados en el país.

Por lo anterior, y con base en la información arrojada por el Censo de Alojamientos de Asistencia Social, solicitamos al DIF Nacional que, conforme a sus atribuciones relativas a la conducción de las políticas públicas en materia de asistencia social, realice inspecciones que generen un mayor control con respecto al funcionamiento de los albergues e instancias dedicadas al cuidado de los niños en situación de calle, generalizando las medidas fitosanitarias y de protección civil para que estos lugares sean adecuados para los usuarios, así también se evitarán los malos tratos y los abusos laborales y sexuales que se cometen en este tipo de lugares.6

La Secretaría de Gobernación en aras de ser una de las autoridades que con respecto a sus atribuciones salvaguarda y vigila los preceptos constitucionales en lo referente a las garantías individuales de los ciudadanos, debe asumir un papel clave en dichas inspecciones, ya que, se requiere de su total apoyo para que estas se puedan realizar de manera oportuna y adecuada.

Es de vital importancia contar con el apoyo e intervención de la Secretaría de Desarrollo Social, ya que, esta es la responsable de establecer y ejecutar programas y acciones de atención a los sectores más vulnerables y desprotegidos, velando por el cumplimiento efectivo de sus derechos, promoviendo políticas acorde a las necesidades de este sector.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia para que conforme a sus atribuciones y con apoyo de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social, realicen inspecciones continuas en todos los albergues e instituciones dedicados al alojamiento de niños y niñas, y con base en ello se tomen medidas necesarias para la regulación y supervisión de los servicios que ofrecen.

Notas

1 El Punto crítico (13 de agosto de 2013), “México, segundo lugar en niños abandonados”, recuperado de:

http://www.elpuntocritico.com/opinion/columnistas/188-opinion-general/6 6291-m%C3%A9xico,-segundo-lugar-en-ni%C3%B1os-abandonados.html

2 El Financiero, Enfoques (18 de agosto de 2014), “Se desconoce cuántos albergues hay y cómo operan”, recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/mas/enfoques/albergues-infantiles-en-mex ico-operan-como-pueden.html

3 CNN México, “Seis personas vinculadas con ‘La Gran Familia’ reciben formal prisión” (24 de julio de 2014), recuperado de: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/07/24/seis-personas-vinculadas-con- la-gran-familia-reciben-formal-prision

4 Milenio, Policía, “El caso Casitas del Sur” (8 de abril de 2014), recuperado de: http://www.milenio.com/policia/caso_Casitas_del_Sur-Casitas_del_Sur_0_2 77172831.html

5 Citlalli López, Organización Radiofónica de Oaxaca, “Detectan nuevas irregularidades en ‘Hijos de la Luna’” (15 de octubre de 2015), recuperado de: http://www.ororadio.com.mx/noticias/2015/10/detectan-nuevas-irregularid ades-en-hijos-de-la-luna/

6 Página oficial del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Página inicial (4 de noviembre 2015), recuperado de: http://sn.dif.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2015.

Diputadas: Rosa Alba Ramírez Nachis, María Victoria Mercado Sánchez (rúbricas).