Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4426-VI, martes 15 de diciembre de 2015

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Segob a realizar gestiones que posibiliten la entrega inmediata de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias a Quintana Roo, en atención de la declaratoria de emergencia emitida el 18 de octubre de 2015
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena los comentarios vertidos por el ciudadano Donald John Trump contra nuestro país y los mexicanos avecindados en Estados Unidos de América
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que formule la invitación oficial al jefe del Estado Vaticano, papa Francisco, a emitir en su visita a México un mensaje ante el Congreso de la Unión en sesión solemne
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE a procurar por la Dirección General de Protección de los Mexicanos en el Exterior una vigilancia más estrecha de la protección, promoción y respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la SRE a continuar el apoyo y la orientación consulares de los connacionales y solicitar por los canales diplomáticos correspondientes la información sobre los connacionales recluidos en prisiones estadounidenses y que pueden ser beneficiados por el programa de liberación temprana
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los cuales se reconoce al gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por haber alcanzado la firma de un acuerdo mediante el que se crea una jurisdicción especial para la paz
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a atender la necesidad de construir un hospital regional en Huatusco, Veracruz
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a diseñar y ejecutar instrumentos de toma de conciencia sobre la importancia de las acciones preventivas para detectar a tiempo el cáncer de mama en hombres
De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobernador y distintas autoridades de Michoacán a respetar los lineamientos del acuerdo para la formalización laboral de los trabajadores de salud
De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a los copresidentes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y la Ssa a fortalecer planes y programas educativos a fin de procurar perfiles idóneos de profesionales del área destinados a zonas rurales y de difícil acceso del país
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para promover y establecer en las universidades públicas del país las especialidades de geriatría, gerontología y tanatología
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar la NOM-043SSA2-2012 y promover que los establecimientos mercantiles donde se venda comida para consumo inmediato ofrezcan como primera opción de hidratación agua natural y purificada
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a destinar mayores recursos para la detección oportuna y el óptimo tratamiento de la artritis reumatoide
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos locales a fortalecer las campañas de salud sexual y reproductiva, y de prevención del embarazo en adolescentes
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo al abasto oportuno de medicamentos en zonas apartadas y de muy alta marginación
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar por las autoridades correspondientes un diagnóstico sobre las causas por las cuales México no ha alcanzado las metas del plan Supre de la OMS y tomar medidas para lograr los objetivos de reducir el número de víctimas de suicidio en el país
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS a establecer una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV; y el IMSS para atender la problemática sobre el reconocimiento de las trabajadoras que laboran como representantes de la segunda
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a difundir por la STPS los gastos y resultados del programa de apoyo al empleo
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo relativo a la ratificación por la STPS y la Cámara de Senadores del convenio 156 de la OIT, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo relativo a las condiciones laborales de los jornaleros de diversas comunidades en el norte del país
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se solicita a la STPS y la Sedesol que investiguen sobre las condiciones laborales de los jornaleros en Coahuila
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y la Conasami a establecer un salario mínimo diario de 95 pesos en todo el país
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS a realizar con el gobierno de Chihuahua visitas de inspección a las empresas y los establecimientos laborales de Ciudad Juárez para vigilar y hacer cumplir cabalmente las normas de trabajo, en particular las relativas a la correcta inscripción del personal ante el IMSS como organismo público descentralizado
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir el convenio 183 de la OIT y remitirlo al Senado de la República para ratificación

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Segob a realizar gestiones que posibiliten la entrega inmediata de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias a Quintana Roo, en atención de la declaratoria de emergencia emitida el 18 de octubre de 2015

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, agilice la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden, a Quintana Roo, en atención a la declaratoria de emergencia emitida el pasado 18 de octubre de 2015, por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2015.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, habiendo analizado el contenido de la proposición de Punto de Acuerdo somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 27 de octubre de 2015, diversos diputados integrantes de grupos parlamentarios, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, agilice la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias a Quintana Roo, en atención a la declaratoria de emergencia emitida el pasado 18 de octubre de 2015, por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2015.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada proposición a esta Comisión, la cual fue recibida en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 28 de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición

Los proponentes, solicitan se exhorte a la Secretaría de Gobernación, agilice la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias a Quintana Roo, en atención a la declaratoria de emergencia emitida el pasado 18 de octubre de 2015, para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2015.

Consideraciones

Los proponentes señalan que desde días pasados se han registrado severas lluvias en Quintana Roo que han afectado diversos municipios de la entidad, siendo los más afectados, Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco.

Ahora bien, de acuerdo al comunicado emitido por el Gobierno de Quintana Roo, la onda tropical número 44, continuará ocasionando lluvias en la mayor parte del estado, por lo que resulta imperante que dichos recursos sean entregados a fin de atender las necesidades prioritarias e inmediatas de la población, salvaguardando con ello su vida y su salud.

En ese orden de ideas, y ante los hechos ocurridos, a solicitud del gobierno de Quintana Roo, el pasado domingo 18 de octubre, la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional del Protección Civil, informó que emitió la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco por la presencia de lluvia severa.

Posteriormente, el 20 de octubre de 2015, se declaró como zona de desastre a los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Solidaridad de Quintana Roo, por la ocurrencia de lluvia severa del 16 al 18 de octubre del 2015, para efectos de poder acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil, y las Reglas Generales.

Tomando en consideración lo anteriormente vertido, esta comisión dictaminadora considera que la proposición con punto de acuerdo presentada por los diputados José Luis Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputados Remberto Estrada Barba y Paloma Canales Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Manuel Alexander Zetinia Aguiluz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y diputada Patricia Carrillo Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es procedente.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta en el ámbito de sus competencias a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que realice las gestiones necesarias que hagan posible a la brevedad, la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden, al estado de Quintana Roo, ello en atención a la declaratoria de Emergencia emitida el pasado 18 de octubre de 2015, así como la posterior Declaración de Desastre emitida en fecha 20 de octubre del año que transcurre, para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2015.

Palacio Legislativo, 18 de noviembre de 2015.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica).

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena los comentarios vertidos por el ciudadano Donald John Trump contra nuestro país y los mexicanos avecindados en Estados Unidos de América

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo mediante la que se expresa la condena a los comentarios vertidos por el ciudadano estadounidense Donald Trump en contra de nuestro país y de nuestros conciudadanos avecindados en los Estados Unidos de América.

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente dictamen en sentido positivo, de acuerdo a los siguientes apartados:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la Proposición.

III. Punto de Acuerdo propuesto.

IV. Consideraciones.

V. Punto de Acuerdo

Antecedentes

I. Con fecha 3 de septiembre de 2015, el diputado José Lorenzo Rivera Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con el artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a la consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo que expresa la condena a los comentarios vertidos por Donald Trump en contra de nuestro país y de nuestros connacionales en los Estados Unidos de América.

II. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su estudio y dictamen.

Contenido de la proposición

El legislador proponente señala expresamente en las consideraciones lo siguiente:

“Los Estados Unidos Mexicanos, fieles a los principios que rigen su Política Exterior, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han mantenido una permanente conducta de respeto a los procesos democráticos que se llevan a cabo en otras naciones del mundo, cuando se trata de países con los que se tienen estrechas relaciones diplomáticas, comerciales y culturales, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica.

Para nadie son un secreto los lazos de amistad y respeto que unen a México con su vecino del norte: los Estado Unidos son el principal socio comercial de nuestro país, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte; nuestra frontera ubicada entre Tijuana y San Diego es la más transitada del mundo y es nuestro territorio el principal lugar de residencia de ciudadanos norteamericanos fuera de su país.

Basta leer el libro de la periodista Dolia Estévez para conocer de voz de los propios ex embajadores norteamericanos en México, que la relación más importante para los Estados Unidos es con nuestra nación.

La historia es sabia y nos da muestras sobradas de la trascendencia que han tenido los valores de nuestros pueblos en el desarrollo democrático de la región: fueron los Padres Fundadores de las Trece Colonias quienes influenciaron los sueños libertarios de Miguel Hidalgo; el apoyo de Abraham Lincoln a la causa republica resultó decisivo para el triunfo de Benito Juárez frente a los franceses; juntos, México y los Estados Unidos unieron sus fuerzas en el Pacífico para combatir a las fuerzas del Eje; César Chávez, un humilde jornalero de origen mexicano es hoy un ejemplo de los valores igualitarios que distinguen a la sociedad norteamericana.

Es por esto que nos sentimos sorprendidos y lastimados por el tono utilizado a lo largo de su campaña por el Señor Donald John Trump en contra de los migrantes mexicanos y de nuestro gobierno. Dichos que afortunadamente no representan el sentir del pueblo de los Estados Unidos y que no reflejan el aprecio que la sociedad de ese país tiene por la diversidad, elemento que, lejos de constituir una amenaza, es una virtud digna de ser imitada.

Trump, en su intento por alcanzar la presidencia de su país, ha tildado a nuestros connacionales de delincuentes y los ha caracterizado como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, llegando incluso a proferir amenazas en contra de México.

Cierto es que a Trump le asiste el derecho a expresar libremente lo que ha su derecho convenga, pues tal prerrogativa le es reconocida por la Primera Enmienda de la Constitución de su país, pero el uso de tal libertad debe ser ejercido de forma responsable y sensata, sobre todo cuando se aspira a ejercer una responsabilidad tan grave como lo es la presidencia del país más poderoso del mundo.

El derecho de libre manifestación de las ideas no pasa por la criminalización de una comunidad que en mucho ha contribuido al desarrollo y la prosperidad de un gran país, como los son los Estados Unidos de América, nación a la que no le escatimamos respeto y amistad, tal y como también lo hicieron otros gigantes de su historia: Franklin Delano Roosevelt y John F. Kennedy.

Por lo anterior expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión expresa su condena a los comentarios vertidos por el ciudadano Donald Trump en contra de nuestro país y de los mexicanos avecindados en los Estados Unidos de América.”

Consideraciones

Los diputados y diputadas, integrantes de esta Comisión, en la Primera Reunión Ordinaria, celebrada el 28 de octubre de 2015, analizamos, discutimos y determinamos el sentido en el que se dictaminaría la proposición con punto de acuerdo sometida por el Dip. José Lorenzo Rivera Sosa.

Los legisladores que integramos la Comisión de Relaciones Exteriores coincidimos con la proposición de mérito. Es de conocimiento público que el pasado 16 de junio, el empresario estadounidense Donald Trump emitió comentarios ofensivos referentes a los inmigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos, durante el lanzamiento de su campaña por la candidatura del Partido Republicano para la presidencia de dicho país. Dichas afirmaciones han generado indignación, tanto entre la comunidad hispana residente en Estados Unidos, como entre la comunidad internacional.

Compartimos el contenido y la preocupación que expresa el proponente, por lo que nos sumamos a las respuestas por parte del Senado de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaria de Gobernación, y condenamos los comentarios denigrantes y ofensivos expresados por Donald Trump hacia México y los mexicanos.

La relación bilateral de México y Estados Unidos está basada en la responsabilidad compartida y el respeto mutuo y coincide en la importancia de aprovechar plenamente los vínculos entre las sociedades, las complementariedades de las economías y las coincidencias mutuas de los gobiernos. Por ello, desde la Comisión de Relaciones Exteriores deseamos que nuestra histórica relación se continúe estrechando, como hasta ahora, en el marco de una vecindad cordial, de amistad, colaboración y respeto mutuo.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión expresa su condena a los comentarios vertidos por el ciudadano estadounidense Donald Trump en contra de nuestro país y de los mexicanos avecindados en los Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), presidente; María Marcela González Salas y Petricoli (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas, Maricela Emilse Etcheverry (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Martha Cristina Jiménez Márquez, Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Sasil Dora Luz de León, Héctor Javier García Chávez, secretarios; Lilian Zepahua García (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco, Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Salomón Majul González, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Patricia García García, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica).

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que formule la invitación oficial al jefe del Estado Vaticano, papa Francisco, a emitir en su visita a México un mensaje ante el Congreso de la Unión en sesión solemne

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, extienda la invitación al Cardenal Francisco Bergoglio, para que en su calidad de Jefe del Estado Vaticano brinde un mensaje en Sesión Solemne ante el Congreso de la Unión, durante la visita que realizará nuestro país el año próximo.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, en sentido positivo, de conformidad con lo siguiente y el cual se integra por los siguientes lineamientos:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la Proposición.

III. Punto de Acuerdo propuesto.

IV. Consideraciones.

V. Punto de Acuerdo.

Antecedentes

I. Con fecha 6 de noviembre de 2015, los diputado integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, haciendo uso de la facultad de conformidad al artículo 6, fracción I y el artículo 38, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentaron a la consideración de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga una invitación Oficial al Jefe del Estado Vaticano, Cardenal Francisco Bergoglio, para que en su próxima visita a los Estados Unidos Mexicanos emita un mensaje en Sesión Solemne en el Congreso de la Unión.

En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad en lo siguiente:

Contenido de la proposición

1. Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“Recientemente el vocero del Gobierno Federal Eduardo Sánchez, informó que se han iniciado acercamientos entre el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y el Vaticano, para preparar una Visita Oficial a los Estados Unidos Mexicanos por parte del Papa Francisco, sin precisar aún fecha.

2. Hoy día existen condiciones para las relaciones diplomáticas normales entre ambos Estados, en el marco del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta visita tendrá una relevancia histórica, porque además de que se trata del primer jerarca americano en la historia del Estado Vaticano, se trata también de un líder muy influyente a nivel mundial que ha mostrado una clara sensibilidad sobre la problemática del continente, como lo ha demostrado, sobre todo, en sus recientes visitas a Cuba y los Estados Unidos, donde ha tenido participaciones relevantes y propositivas en comparecencias con sus parlamentos, así como en la Asamblea General de la ONU.

3. En estas comparecencias ha abordado materias muy importantes que son agenda común, y preocupación no solo de todos los países del hemisferio, sino también de Europa, Asia y África, como son la defensa de los Derechos Humanos y el tema Migratorio.

5. Sobre todo en su reciente visita a los Estados Unidos, en su comparecencia en sesión conjunta de la Cámara de Congreso, emitió pronunciamientos claros y contundentes, que han marcado un cambio en las visiones y percepciones posiciones de los gobiernos federales y estatales de ese país en los muy complejos problemas migratorios que enfrentamos de manera conjunta con ellos y los países de Centro y Sudamérica, así como de los gobiernos europeos respecto a las crisis humanitarias provocadas por las olas migratorias en los últimos tiempos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, proponemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores realice las gestiones necesarias para efecto de invitar al Jefe del Estado Vaticano, Cardenal Francisco Bergoglio, para que en su próxima visita a México sea recibido en Sesión Solemne del H. Congreso de la Unión, y emita un mensaje en que aborde, entre otros, temas migratorios y de Derechos Humanos.”

Consideraciones

I. Las relaciones diplomáticas entre México y el Estado Vaticano se hicieron oficiales el 21 de septiembre de 1992. A partir de ese momento, ha habido un estrechamiento en las relaciones, particularmente con la presencia del Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, en la ceremonia de inicio del pontificado del Papa Francisco, en 2013, así como la Visita Oficial que realizó en 2014.

II. Los vínculos de México con la Santa Sede son especiales y distintos a los que mantiene nuestro país con la mayoría de los Estados u organizaciones internacionales, ya que además de contribuir al entendimiento bilateral y a los principios que rigen el sistema internacional, también constituye un eje fundamental en la cultura de la sociedad mexicana.

III. La visita será de gran relevancia, porque además de que el Papa Francisco es el primer jerarca católico latinoamericano en la historia del Estado Vaticano, ha mostrado tener una clara sensibilidad sobre la problemática internacional como ha quedado patente en sus diversos discursos sobre el cambio climático, la violación a los derechos humanos y la migración, además de que se ha pronunciado a favor de la tolerancia y la unión como medios para la resolución pacífica de conflictos.

IV. Actualmente, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 172 países y tiene misiones especiales ante la Federación Rusa, la Autoridad Nacional Palestina y la Unión Europea, además de contar con el estatus de Observador Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas y ser miembro de otros organismos internacionales como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y el Consejo de Europa. Por lo tanto, que es de gran importancia que nuestro país robustezca sus las relaciones con el Estado Vaticano.

V. Esta Comisión dictaminadora considera oportuno el realizar una invitación oficial al Jefe del Estado Vaticano, el Papa Francisco, para que en su próxima visita a nuestro país se presente en Sesión Solemne ante el Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que realice la Invitación Oficial al Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco, para que, en su visita a México, emita un mensaje ante el H. Congreso de la Unión en Sesión Solemne.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE a procurar por la Dirección General de Protección de los Mexicanos en el Exterior una vigilancia más estrecha de la protección, promoción y respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta a los integrantes de esta LXIII Legislatura, a dar seguimiento a la situación que prevalece en los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes apartados:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la Proposición.

III. Consideraciones.

IV. Punto de Acuerdo.

Antecedentes

1. Con fecha 8 de septiembre de 2015, la diputada Minerva Hernández Ramos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a consideración de esta Honorable Asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las y los integrantes de esta Soberanía a dar puntual seguimiento a la situación que prevalece en los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América.

2. Con fecha 15 de septiembre de 2015, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen.

Contenido de la proposición

El legislador proponente señala expresamente en sus consideraciones:

“Actualmente existe en el mundo un fenómeno que cada día está siendo de mayor preocupación para las organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y la comunidad internacional en general. Se trata de la migración de personas. Hay quienes afirman que estamos ante la mayor migración global de personas después de la Segunda Guerra Mundial.

En diferentes puntos del Orbe, hombres y mujeres se trasladan de un país a otro o de una región a otra por razones políticas, religiosas, económicas o sociales. Millones de personas cruzan las fronteras legal o ilegalmente en busca de mejores condiciones de vida económica, de refugio o asilo político, en el lugar donde consideran que pueden vivir mejor. En el peor de los casos, las personas son expulsadas de su lugar de origen en contra su voluntad por pensar o creer diferente.

Mujeres, hombres, niñas y niños huyen del hambre, la guerra, la persecución política o religiosa; van de África y Asia con rumbo a los países europeos o se trasladan de América Latina hacia Estados Unidos, solo por mencionar dos de los flujos migratorios más abundantes en la actualidad.

En ese transitar, las y los migrantes dejan atrás una historia personal y familiar, dejan sus hogares, sus pertenecías, deciden abandonar a seres queridos con tal de cesar una vida de padecimientos de diversa índole, muchas veces para sufrir penurias, humillaciones, abusos de traficantes y persecución en el camino hacia la anhelada mejor vida. No es extraño que una vez en el lugar de destino, si es que se llega, el panorama no sea satisfactorio. La vida buena no llega, la tranquilidad deseada no está presente. Por el contrario, la circunstancia del extraño, del extranjero, del ajeno en un lugar distinto, las y los vulnerables.

Ésta es la situación actual de las personas desplazadas en Siria, Yemen, Macedonia y Grecia, en Europa del Este y al interior del propio continente Europeo. Ésa es la circunstancia que viven las y los africanos que van hacia diversas partes del mundo, de quienes quieren pasar de Francia al Reino Unido por el Eurotunel y también lo es de las y los migrantes latinos que van rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica no en busca del “sueño americano”, sino de una vida real con mejores condiciones económicas y sociales.

Son a estas últimas personas a las que el aspirante a la candidatura presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, quiere expulsar y evitar su entrada a un país que fue formado por migrantes provenientes de Europa. Estas declaraciones, hechas en el marco de un proceso político, representan un riesgo potencial de violación a los derechos humanos de millones de personas.

De acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración, organismo estadounidense especializado en el tema de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, al segundo trimestre de 2015, reportó que 42.1 millones de inmigrantes viven en ese país, ya sean inmigrantes naturalizados, residentes legales e inmigrantes indocumentados.

Ese mismo centro, informa que el número de migrantes mexicanos, tanto en situación regular como irregular, se incrementó a 12.1 millones a junio de este año, es decir, 740 mil personas más que en 2014. Además, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interna, las y los mexicanos suman más de la mitad de la población migrante en situación irregular en Estados Unidos. Actualmente más de uno de cada cuatro migrantes radicados en ese país del norte es de origen mexicano, y más de la mitad son latinoamericanos.

Las propuestas Trump han sido la eliminación del principio constitucional que otorga la ciudadanía a cualquier persona que nace en suelo estadounidense, la deportación de cualquier extranjero que haya cumplido condenas de cárcel, multas y penas a todos aquellos que, aunque ingresaron con visas, se quedaron en el país luego de que vencieron y la construcción de un muro en la frontera de México con Estados Unidos.

Imaginen ustedes que el personaje mencionado obtuviera la candidatura por el Partido Republicano eventualmente llegase a la Presidencia del que, por sí mismo, sigue siendo el país más poderoso en términos políticos, económicos y militares. ¿Qué pasaría si Donald Trump cumpliera su promesa de cerrar la frontera y sacar del país a quienes viven de manera irregular en los Estados Unidos? ¿De verdad aceptaríamos pagar la construcción de un muro para evitar el paso hacia ese país? Sin duda, estaríamos frente a una catástrofe humanitaria que ya ha tenido antecedentes en la historia del mundo, en la que posiciones conservadoras obtienen el poder para dirigir los destinos de un país, provocando expulsiones de hombres y mujeres, con tal de “salvar a su nación de los invasores”.

Esta Cámara de Diputados no solo no puede ser ajena a esos alardes de intolerancia, sino que debe actuar como parte del Estado Mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas. No es necesario esperar a que ese individuo llegue a la Presidencia de aquel país para emprender la defensa de las y los migrantes mexicanos, pues desde ahora ya viven una situación de riesgo y de violación a sus derechos fundamentales.

México es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, sólo por mencionar algunos instrumentos internacionales a los que por virtud del Artículo Primero Constitucional, las autoridades del Estado mexicano estamos obligados a atender a cabalidad.

En esos dispositivos de derechos humanos, se encuentran una serie de prerrogativas que están siendo violadas a las personas que viven como migrantes en Estados Unidos y que les serían vulneradas en caso de que fueran expulsadas o se impidieran su ingreso.

Sin duda alguna, la situación lesiva de derechos humanos de los migrantes no sólo es responsabilidad de los países que los reciben sino también de los países que expulsan. Es imprescindible resolver las situaciones de desigualdad social, de intolerancia religiosa y política para evitar la migración forzosa. Sin embargo, estas iniciativas pueden tardar en tanto que la situación negativa de las y los migrantes sigue sucediendo. Por ello es imperativo que impulsemos medidas inmediatas que coadyuven a resolver las circunstancias adversas de las personas migrantes.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo a las y los integrantes de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que se cree una comisión que dé seguimiento al tema de la situación de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Segundo.- Que dicha comisión tenga las atribuciones necesarias para poder prevenir y alertar sobre la violación a los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, entre las que se encuentre la posibilidad de visitar territorio norteamericano para conocer de primera mano las circunstancias y demandas de las y los migrantes, a través de entrevistas con ellos ya sea en lo individual o bien a través de las organizaciones de migrantes.

Tercero.- Que se destine un presupuesto específico para el funcionamiento de dicha comisión, a fin de que pueda cumplir cabalmente con sus atribuciones de defensa de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.”

Consideraciones

1. Los Diputados y Diputadas, integrantes de esta Comisión, en la Primera Reunión Ordinaria de la misma, celebrada el 28 de octubre de 2015, discutimos y determinamos el sentido en el que se dictaminaría la proposición con Punto de Acuerdo sometida por la Dip. Minerva Hernández Ramos.

Compartimos la preocupación expresada dentro de las consideraciones de la proposición en comento y estamos conscientes de los retos que implican los fenómenos migratorios en la actualidad, tanto en México como en el resto del mundo.

2. Sin embargo, y respecto a la propuesta de crear una comisión especial para dar seguimiento al respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, los Diputados de esta comisión consideramos que la creación de comisiones no está dentro de nuestras facultades, amén de que la Cámara de Diputados en su LXIII Legislatura, cuenta con una Comisión de Asuntos Migratorios, encargada de dar seguimiento a asuntos de esta naturaleza, así como con una Comisión de Asuntos Frontera Norte, dedicada a las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Canadá.

3. No obstante lo anterior, y debido a que uno de los objetivos de la propuesta es que se dé seguimiento al tema del respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, consideramos dictaminar la misma en sentido positivo, por lo que hace a la necesidad de un vigilancia más estrecha de la protección, promoción y respeto de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

4. Por lo expuesto previamente, los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, someten a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, por conducto de la Dirección General de Protección de los Mexicanos en el Exterior, procure una vigilancia más estrecha de la protección, promoción y respeto de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la SRE a continuar el apoyo y la orientación consulares de los connacionales y solicitar por los canales diplomáticos correspondientes la información sobre los connacionales recluidos en prisiones estadounidenses y que pueden ser beneficiados por el programa de liberación temprana

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones necesarias a fin de prestar el apoyo y orientación consular a los ciudadanos mexicanos reclusos en los Estados Unidos de América y que próximamente podrían ser beneficiados con el Programa de Liberación Temprana.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 80, 82, 84, 85, 149, numeral 2, fracción XI, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, de conformidad con lo siguiente:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la Proposición.

III. Punto de Acuerdo.

IV. Consideraciones.

V. Resolutivo

Antecedentes

Con fecha 10 de noviembre de 2015, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes y el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad al artículo 6, fracción I y el artículo 38, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentaron a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tome las acciones correspondientes para atender a los ciudadanos mexicanos reclusos en los Estados Unidos de América y que próximamente serían puestos en libertad a través del Programa de Liberación Temprana.

En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su estudio y dictamen, por lo que, una vez analizado el mismo, en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

Contenido de la proposición

Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus consideraciones:

1. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ha dado inicio a un programa para dar libertad temprana a miles de reclusos que recibieron severas sentencias por ofensas relacionadas con drogas en las últimas tres décadas. El programa busca dar clemencia a ofensores sentenciados por estos crímenes en los que no haya existido violencia o que no tengan nexos con alguna organización criminal.

2. La gran mayoría de los reclusos mexicanos liberados serán puestos en manos de las autoridades migratorias para su deportación.

3. Bajo condiciones normales, las personas que son liberadas de prisión se enfrentan a la falta de empleo, falta de lugares para vivir de un programa que les facilite herramientas para incluirse en la sociedad adecuadamente. Esta situación se agrava si consideramos que nuestros connacionales estarán regresando a un país donde hace muchos años ya no residían.

4. En este sentido es importante reconocer que, a pesar de que estas personas han cometido errores, han cumplido con todos los requisitos y evaluaciones que los acreditan para ser puestos en libertad y han saldado su deuda con la sociedad. Por lo tanto, nuestro gobierno está en la responsabilidad de ofrecer el apoyo necesario para que los mismo puedan incluirse de forma exitosa, contribuyendo al desarrollo de sus familias, comunidades y país,

Por lo anteriormente expuesto, es que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los canales diplomáticos correspondientes, solicite la información de los ciudadanos mexicanos recluidos en Estados Unidos de América, que podrían verse beneficiados por el programa de libertad temprana.

Segundo.- Que se ponga en marcha un plan que en primera instancia brinde asistencia a los ciudadanos mexicanos que sean puestos en libertad, ofreciendo la asesoría necesaria para presentar opciones tanto a los individuos como a las familias que les permita mantener la unidad familiar, adicionalmente gestionando los apoyos institucionales tanto federales como municipales, necesarios para facilitar la inclusión de dichos connacionales.

Consideraciones

I. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora saludan la determinación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América que conlleva el Programa de Liberación Temprana y que beneficiará a muchos connacionales.

II. En la actualidad, México ha hecho avances significativos en el Programa de Reinserción Social para las personas privadas de su libertad, a fin de evitar que delincan nuevamente ante la falta de oportunidades. Seis dependencias participan en la elaboración de este programa para brindar atención en salud, alimentación, capacitación para el trabajo, educación, seguro de desempleo, tratamiento psicológico y la facilidad para tramitar diversa documentación, entre otros. Las dependencias involucradas en estos programas transversales son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

III. El objetivo de estos programas transversales del gobierno federal es el de apoyar la reincorporación a la sociedad, mediante su preparación y acompañamiento, de programas de apoyo social con que cuenta el gobierno para ofrecer a las personas que estuvieron recluidas una vida de calidad en libertad, modificando las condiciones socioeconómicas de su entorno familiar.

IV. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los consulados, se asiste y orienta en sus derechos a los mexicanos que se encuentran internos en instituciones penitenciarias en los Estados Unidos, donde se analiza el caso en particular, previa consulta en las bases de datos de las cortes y tribunales, se da a conocer el estado que guarda el caso y la etapa procesal en la que se encuentra.

V. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores estamos conscientes de la importancia de la implementación adecuada de las políticas públicas que, por medio de programas coordinados, se traduzcan en una eficiente reinserción social de las personas que estuvieron recluidas, lo que debe incluir, necesariamente, a nuestros connacionales en el exterior.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que continúe con el apoyo y orientación consular a favor de nuestros connacionales y, asimismo, que a través de los canales diplomáticos correspondientes, solicite la información sobre los connacionales recluidos en prisiones de la Unión Americana y que pueden ser beneficiados por el Programa de Liberación Temprana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los cuales se reconoce al gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por haber alcanzado la firma de un acuerdo mediante el que se crea una jurisdicción especial para la paz

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se saluda y felicita al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por haber logrado la firma de un acuerdo mediante el cual se crea una jurisdicción especial para la paz como paso previo para alcanzar un acuerdo final de paz.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, el cual se integra por los siguientes lineamientos:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la Proposición.

III. Punto de Acuerdo propuesto.

IV. Consideraciones.

V. Punto de Acuerdo.

Antecedentes

Con fecha 29 de septiembre de 2015, el diputado Héctor Javier García Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a la consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo que expresa el reconocimiento al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por haber alcanzado la firma de un acuerdo mediante el que se crea una jurisdicción especial para la paz.

Con fecha 13 de octubre de 2015, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada a esta Comisión para su estudio y dictamen, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

Contenido de la proposición

El legislador proponente señala expresamente en sus consideraciones:

1. “En Mayo de 1964, un grupo de 60 hombres, liderados por Pedro Antonio Marín, “Tirofijo”, crearon una organización con el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia mundialmente conocidos como las FARC. De forma paralela al surgimiento de los grupos guerrilleros, fueron apareciendo diversos grupos paramilitares contratados por los terratenientes y empresarios colombianos.

2. A lo largo de cincuenta años las cifras que se conocen resultan alarmantes. De Acuerdo al Centro de Memoria Histórica y Registro Único de Víctimas hasta el año de 2012 habían muerto 218 mil 094 personas, de las cuales 40 mil 787 eran combatientes y 177 mil 307 eran personas civiles. Las desapariciones forzadas en ese periodo fue 25 mil 7 personas, las víctimas por violencia sexual fue de 2.754 y las víctimas que sufrieron ilícito fue de 5 mil 159 personas.

3. Ante tal panorama y con Juan Manuel Santos como Presidente de Colombia, el 19 de noviembre de 2012 se iniciaron en La Habana, Cuba, las negociaciones para alcanzar un acuerdo para alcanzar la paz.

4. El 27 de mayo de 2013, tras seis meses de negociaciones, el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC anunciaron un acuerdo en el primer punto de su agenda de negociaciones, el tema agrario. Dicho acuerdo incluye entre sus puntos el acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad, programas de desarrollo con enfoque territorial, desarrollo social, estímulo a la producción agropecuaria y políticas alimentarias y nutricionales. Dicho acuerdo fue llamado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”.

5. El acuerdo firmado en La Habana, Cuba, el 23 de septiembre pasado por el Presidente Juan Manuel Santos y el comandante Timoleón Jiménez o Timochenko por parte de las FARC, contienen los siguiente elementos:

ò Construcción de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

ò Acuerdos en materia de Reparación a las Víctimas.

ò Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

ò A la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado Colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.

ò No serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.

ò En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz los acuerdos contemplan su competencia, los procedimientos, los tipos de delitos y las penalidades.

6. Finalmente, las partes acordaron que a más tardar en seis meses se deben concluir las negociaciones y el 23 de marzo de 2016 se debe firmar el acuerdo final del proceso de paz.

7. Debe señalarse la importante y valiosa participación como mediador del gobierno de Cuba y, como lo señaló el propio Presidente Santos, el mismo Papa Francisco intervino en las negociaciones durante su reciente visita oficial a la isla.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión saluda y reconoce el histórico acuerdo firmado el pasado 23 de Septiembre entre el Gobierno de Colombia, representado por el Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representadas por el Comandante Timoleón Jiménez, mediante el cual se establece un mecanismo de justicia transicional.”

Consideraciones

I. Los Diputados integrantes de esta Comisión, en la Primera Reunión Ordinaria de la misma, celebrada el 28 de octubre de 2015, discutimos y determinamos el sentido en el que se dictaminaría la proposición con Punto de Acuerdo sometida por el diputado Héctor Javier García Chávez.

II. La Comisión de Relaciones Exteriores coincide con la proposición de mérito, en virtud del acuerdo histórico alcanzado el pasado 23 de septiembre entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual servirá de base para generar estabilidad y un entorno de paz en la región.

III. Esta dictaminadora considera de suma relevancia el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, puesto que se prioriza el diálogo y la negociación antes de las acciones punitivas, mismo que contribuirá a establecer un clima de tranquilidad en la región.

IV. La Comisión de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con los valores que rigen nuestra política exterior, principalmente los referidos a los conceptos de solución pacífica de controversias, la proposición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional. En esa tesitura, las y los integrantes de la Comisión consideramos pertinente aprobar los resolutivos originales, incorporando, además, el reconocimiento al Gobierno de Cuba y al Estado de la Ciudad del Vaticano, por su mediación en dicho proceso.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de esta Comisión someten a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un amplio reconocimiento al Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tiene por objetivo la construcción de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y una Jurisdicción Especial para la Paz.

Segundo.- Se hace un amplio reconocimiento al Gobierno de Cuba y al Estado de la Ciudad del Vaticano por su participación tan importante y valiosa como mediadores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a atender la necesidad de construir un hospital regional en Huatusco, Veracruz

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 5 de noviembre de 2015 el diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se atienda la necesidad de construir un hospital regional, en la ciudad de Huatusco, Veracruz; así como las demás necesidades de la población del distrito XIII, tendientes a combatir el rezago y las carencias en materia de salud.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 832/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La proposición subraya que es de suma importancia que la Secretaria de Salud federal ponga atención y destine recursos con el fin de llevar a cabo la construcción de un hospital regional de segundo nivel, enclavado en la zona montañosa central del estado de Veracruz, dadas las deficiencias que se tienen en materia de salud.

El objeto de la proposición es que se construya un hospital regional en la ciudad de Huatusco, Veracruz, de nivel 2, para beneficiar a los 19 municipios aledaños (Huatusco, Totutla, Tepatlaxco, Paso del Macho, Soledad de Doblado, Paso de Ovejas, La Antigua, Puente Nacional, Manlio Fabio Altamirano, Carrillo Puerto, Tenampa, Camarón de Tejeda, Tlacotepec de Mejía, Comapa, Atoyac, Sochiapa, Tlaltetela, Zentla e Ixhuatlan), contribuyendo a lo establecido y normado por la Cruzada Nacional Contra el Hambre, para combatir la pobreza extrema, la marginación, la escasez, el rezago, y disminuir los índices de muerte materna.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se construya un hospital regional, en la ciudad de Huatusco, Veracruz, para atender las necesidades de la población del distrito XIII, y combatir el rezago y las carencias en materia de salud.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. En México, el derecho a la salud es una garantía constitucional (una obligación del Estado para con los ciudadanos en forma individual o colectiva) declarada en el tercer párrafo del artículo 4º, y debe ser ejercida con base en los principios de igualdad y no discriminación. Fue elevado a rango constitucional en febrero de 1983: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución, la Ley del Seguro Social establece que su finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

2. Existen un total de 156 mil 162 personas que carecen de acceso a los servicios de salud en 19 municipios del estado de Veracruz de la Llave (Huatusco, Totutla, Tepatlaxco, Paso del Macho, Soledad de Doblado, Paso de Ovejas, La Antigua, Puente Nacional, Manlio Fabio Altamirano, Carrillo Puerto, Tenampa, Camarón de Tejeda, Tlacotepec de Mejía, Comapa, Atoyac, Sochiapa, Tlaltetela, Zentla e Ixhuatlan).

3. El crecimiento poblacional en los municipios mencionados en el párrafo anterior ha generado una problemática de salud: existe una fuerte demanda de servicios médicos y hospitalarios por parte de los pobladores que no reciben atención, ya que los actuales espacios son insuficientes para satisfacer la demanda de estos servicios en el municipio, estas acciones de viabilidad en equipamiento e infraestructura en beneficio de la salud de la población mexicana constitucionalmente se encuentran depositadas en la Secretaría de Salud, la que de acuerdo con su normatividad procurará en el ejercicio de su deber cumplir y hacer cumplir la obligación de garantizar el libre acceso y derecho fundamental a la salud.

4. La cobertura de salud en Veracruz ha tenido un comportamiento decreciente, ya que en 2008 era de 43 por ciento, en 2010 de un 35 por ciento y en 2012 de 25.7 por ciento, dejando entrever que la petición de un hospital regional en la ciudad de Huatusco, Veracruz es una necesidad latente, a la que hay que dar una pronta solución.

5. En atención a dicha situación esta Comisión considera viable la proposición del punto de acuerdo presentada por el promovente, toda vez que existen comunidades que se encuentran rezagadas en el tema de salud y que es de vital importancia que se atiendan, de conformidad con lo estipulado por el artículo 4o. de la Carta Magna.

6. La petición de construir un Hospital regional en la población de Huatusco, Veracruz, no es sólo beneficiaría a los habitantes del distrito XIII, sino que ampliará la cobertura de salud a todas las comunidades aledañas; por lo que esta comisión considera que es necesario cambiar la redacción del resolutivo propuesto por el Diputado, al suprimir la parte “población del distrito XIII”, y sustituirla por las poblaciones aledañas, lo anterior para que no sólo las comunidades comprendidas dentro de este distrito se vean beneficiadas, sino para ampliar el beneficio a todas las comunidades de la región que necesita la atención médica.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta H. Asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que realice las gestiones necesarias a fin de construir un hospital regional en la ciudad de Huatusco, Veracruz, para atender las necesidades de la población de la región, a fin de combatir el rezago y las carencias en materia de salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud

Diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a diseñar y ejecutar instrumentos de toma de conciencia sobre la importancia de las acciones preventivas para detectar a tiempo el cáncer de mama en hombres

Honorable Asamblea:

I. Antecedentes

1. Con fecha 10 de noviembre de 2015, los diputados Rosalinda Muñoz Sánchez y Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud a diseñar y ejecutar instrumentos de concientización sobre la importancia de las acciones preventivas que permitan detectar, a tiempo, el padecimiento de cáncer de mama en hombres; así como a impulsar una campaña para reconocer al mes de octubre no sólo como el mes rosa, sino como el mes azul y rosa.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta Comisión, con número de expediente 869/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

Los diputados proponentes refieren que el cáncer de mama recidivante reaparece después de no ser detectado durante un tiempo. Puede aparecer en el tejido mamario residual y en otros lugares, como pulmones, hígado, hueso o cerebro; aunque estos tumores se encuentren en un lugar diferente del original, se les sigue denominando cáncer de mama. En la actualidad no es un tema exclusivo para las mujeres, los hombres también son propensos a esta enfermedad y muchos no lo saben.

El objeto de la proposición es unir esfuerzos para crear convicción en las autoridades de salud y en la sociedad en general de la importancia de prevenir esta enfermedad, a través de la difusión de información respecto de la detección temprana del cáncer de mama. Asimismo, aunque dicho padecimiento tiene mayor incidencia en las mujeres, se debe hacer conciencia de que no es exclusivo de género, pues los hombres también pueden padecerlo y causarles hasta la muerte.

Finalmente, formulan el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar instrumentos de concientización sobre la importancia de las acciones preventivas que permitan detectar a tiempo el padecimiento de cáncer de mama en hombres; así como a impulsar una campaña para reconocer al mes de octubre no sólo como el mes rosa, sino como el mes azul y rosa.

III. Proceso de análisis

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. En todo el mundo se ha trabajado en la atención, apoyo, concientización, detección y tratamientos para el cáncer de mama, enseñando a las mujeres a detectarlo a temprana edad y cambiar su destino; sin embargo, es un tema que no sólo afecta al género femenino, ya se han encontrado evidencias de que también ataca a los hombres.

2. En el país no contamos con una cultura de información y prevención en hombres ya que pintamos el tema de “rosa” al referir únicamente este padecimiento en mujeres.

3. Es notorio que aún nos falta trabajar en este tema e invitar a los hombres a formar parte de la lucha contra el Cáncer de mama. Debemos asumir la realidad de nuestro país debido a la falta de concientización sobre la detección temprana de este padecimiento al que cualquier persona está expuesta.

4. En atención a dicha situación y con la finalidad de unir esfuerzos para crear convicción, en las autoridades de salud y en la sociedad en general, de la importancia de prevenir a través de la difusión de información respecto de la detección temprana del cáncer de mama, se estableció el 19 de octubre de cada año, como el Día Mundial del Cáncer de Mama, pintándolo de rosa; precisamente con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los alcances de esta enfermedad, la necesidad de su oportuna detección y su impacto en la población.

Si bien dicho padecimiento tiene mayor incidencia en las mujeres, no es exclusivo de su género, pues los hombres también pueden padecerlo. Por ello se estima conveniente comenzar una nueva campaña que promueva un mes azul y rosa en el que hombres y mujeres luchen contra este mal que afecta a toda nuestra sociedad.

Es necesario diseñar programas de prevención de dicha enfermedad dirigida también a los hombres.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta H. Asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Único. Se exhorta respetuosamente a las Secretaría de Salud, para que diseñe y ejecute instrumentos de concientización sobre la importancia de las acciones preventivas que permitan detectar a tiempo el padecimiento de cáncer de mama también en hombres; y para que impulse una campaña para reconocer al mes de octubre no sólo como el mes rosa, sino como el mes azul y rosa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobernador y distintas autoridades de Michoacán a respetar los lineamientos del acuerdo para la formalización laboral de los trabajadores de salud

Honorable Asamblea:

I. Antecedentes

1. Con fecha 12 de noviembre de 2015, diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador y distintas autoridades de Michoacán a respetar los lineamientos del acuerdo para la formalización laboral de los trabajadores de salud.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 944/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

Los diputados proponentes afirman que diversas autoridades del estado de Michoacán, no han dado cabal cumplimiento a los Lineamientos que se deberán observar en el proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en las entidades federativas, emitida por la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas el 15 de noviembre de 2013.

El objeto de la proposición es que se haga un llamado respetuoso a las autoridades del estado de Michoacán, para que los lineamientos señalados en el párrafo anterior sean aplicados de manera inmediata, conforme a derecho, con estricto apego al criterio de antigüedad en el servicio público y atendiendo al sentido de justicia laboral.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobernador del estado de Michoacán, Ciudadano Silvano Aureoles Conejo, para que respete los lineamientos del Acuerdo para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas emitido el 15 de noviembre de 2013 por la Secretaría de Salud Federal.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Michoacán para que respete los Lineamientos establecidos por la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud y dé cabal ejercicio al presupuesto autorizado para el proceso de formalización laboral de los trabajadores de salud en el estado de Michoacán.

III. Proceso de análisis

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. La Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas, emitió el 15 de noviembre del 2013 los Lineamientos que se deberán observar en el proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en las entidades federativas. Derivado de esto, una representación de la Comisión permaneció en el Estado de Michoacán durante la segunda mitad de 2013 con la finalidad de recabar información laboral de los trabajadores y, con base al diagnóstico elaborado, se destinarían los recursos monetarios necesarios para “Regularizar” la situación laboral de aquellos trabajadores contratados bajo el régimen de “honorarios” y que estuviesen en una situación considerada como precaria. Dicha comisión reportó que hasta el 30 de agosto de 2013 en Michoacán se registraba un total de 4 mil 675 expedientes de trabajadores en la situación mencionada, de los cuales 2007 presentaban alguna inconsistencia derivada principalmente de documentación incompleta.

2. En la primera etapa del proceso de formalización laboral efectuada en el año 2014, se presentó una serie de irregularidades y violaciones a los Lineamientos de Formalización Laboral anteriormente señalados; sin embargo, dado a que la autoridad responsable de la elaboración de la lista de beneficiarios ya no representaba a los Servicios de Salud en Michoacán en ese momento, y que los representantes en funciones no eran responsables de lo ocurrido, se les respaldó para que en la primera etapa del Proceso de Formalización Laboral se aplicara el presupuesto sin enmienda alguna.

3. Para la segunda etapa del proceso de formalización laboral en el estado de Michoacán, la Subcomisión para la Formalización Laboral se integró como lo manda el Artículo 6º de los Lineamientos de Formalización, por las siguientes personas: El Director de los Servicios de Salud en Michoacán, Doctor Carlos Esteban Aranza Dóniz; Director del REPSS en Michoacán, Ingeniero Cesar Flores Gutiérrez, y por el Delegado Administrativo de los Servicios de Salud en Michoacán, Licenciado Ramón Edmundo Vega Mendoza; así como por tres representantes del Sindicato Nacional de Salud. El Listado de personal beneficiado en la segunda etapa de Formalización Laboral en el Estado de Michoacán de Ocampo fue entregada el día 6 de agosto del presente en la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Dirección General de Recursos Humanos Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico, y el 10 de agosto del 2015 en la Secretaría de Salud.

4. En septiembre de 2015 fue publicada la lista de personal beneficiario en la segunda etapa de Formalización Laboral en el Estado de Michoacán de Ocampo beneficiando 808 trabajadores con códigos del área médica, paramédica y administrativos; violando los Artículos Tercero.- “El proceso de formalización laboral se llevará a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria que para tal efecto autorice la Cámara de Diputados, en los correspondientes Presupuestos de Egresos de la Federación, priorizando en todos los casos el criterio de antigüedad en el servicio público, bajo un estricto sentido de justicia laboral”; Quinto.- III “ Se considerará al personal cuya fecha de ingreso en la Institución de Salud de la que se trate, sea anterior al 30 de agosto de 2013” y Quinto. V “ Los códigos otorgados bajo este proceso de formalización laboral, deberán ser considerados como pie de rama, salvo aquellas plazas cuyos códigos no sean sujetos de escalafón”.

5. Esta comisión coincide con los promoventes y ve con buenos ojos que como parte del programa de Formalización Laboral de los trabajadores de Salud, se otorguen mejores condiciones laborales a los trabajadores de la salud, con la finalidad de fortalecer el compromiso que se tiene con la población de brindarles una mejor calidad en la atención.

6. El proceso que señalan los Lineamientos que se deberán observar en el proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en las entidades federativas ha sido claro y transparente, basándose en los años de antigüedad y sobre todo en tener su expediente limpio, sin quejas de parte de los usuarios ni de sus compañeros de trabajo.

7. El gobierno federal en coordinación con los gobiernos de los estados tiene la obligación de proteger, no sólo el derecho a la Salud, sino también el derecho a tener un trabajo digno, con prestaciones de ley y seguridad social, con un salario homologado y mayores prestaciones, lo anterior como una primera fase de tres, que darán mayor certeza laboral a los trabajadores.

8. Sin embargo, consideramos que es viable solicitar en el punto primero al Ejecutivo federal y a la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud para que respeten los lineamientos del Acuerdo para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas emitido el 15 de noviembre de 2013 por la Secretaría de Salud Federal, por lo que se sugiere cambiar la redacción del párrafo para que todos los funcionarios que tienen relación con el tema respeten estos lineamientos.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se alude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta H. Asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Primero. Se exhorta al gobierno federal y a la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud para que respeten los lineamientos del Acuerdo para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas emitido el 15 de noviembre de 2013 por la Secretaría de Salud Federal.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Michoacán para que respete los Lineamientos establecidos en la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud y dé cabal ejercicio al presupuesto autorizado para el proceso de formalización laboral de los trabajadores de salud en el estado de Michoacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a los copresidentes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y la Ssa a fortalecer planes y programas educativos a fin de procurar perfiles idóneos de profesionales del área destinados a zonas rurales y de difícil acceso del país

Honorable Asamblea:

I. Antecedentes

1. Con fecha 18 de noviembre de 2015, el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Copresidentes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y la Secretaría de Salud a fortalecer planes y programas educativos a fin de procurar perfiles idóneos de profesionales del área para zonas rurales y de difícil acceso, en el país.

2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta comisión, con número de expediente 956/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

El problema que plantea la proposición es el relativo a la insuficiencia de recursos y fallas graves de distribución del personal médico. En las ciudades hay exceso de personal médico y paramédico, lo que provoca desempleo y subempleo; mientras que en las áreas rurales o en comunidades de difícil acceso, hay escasez de profesionales de la salud, situación que dificulta la atención cotidiana de las unidades médicas ubicadas en estas áreas. Esto se complica en gran medida por los ínfimos salarios y estímulos económicos que no alcanzan a impulsan al personal de la salud.

El objeto de la proposición es que se impulsen los programas necesarios a fin de incentivar económicamente al personal médico que trabaja en áreas rurales y de difícil acceso, lo que traerá como consecuencia una notable mejoría en la calidad de los servicios médicos para procurar y garantizar el derecho a la salud conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los Copresidentes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud SSA-SEP para que, en el ámbito de su competencia, fortalezcan los planes y programas, así como la coordinación entre instituciones educativas y de salud, a fin de procurar perfiles idóneos de profesionales de la salud para áreas rurales y de difícil acceso, en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en su calidad de Presidente del Consejo de Salubridad General, para que en el ámbito de su competencia, realice las medidas adecuadas para promover programas y brindar el apoyo e incentivos económicos a los profesionales de la salud en áreas rurales y de difícil acceso en el país.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con su discusión en reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. El 19 de octubre de 1983 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la Salud SSA-SEP. Dicha Comisión, de acuerdo con el mencionado decreto, fue creada con el propósito de identificar las áreas de coordinación entre las instituciones educativas y las de salud, en el proceso de formación de recursos humanos que requiera el Sistema Nacional de Salud.

2. Según el Plan Emergente de Salud para el Campo 2003-2006, “los indicadores de salud -de necesidades, recursos y servicios- nos hablan de la existencia de un importante rezago del campo mexicano en esta materia. La población rural, en general, presenta mayores necesidades de salud que la población urbana, y el acceso que tiene a los recursos y servicios que requiere para atenderlas es considerablemente menor. Este desequilibrio puede resumirse en la existencia de tres grandes retos: equidad, calidad y protección financiera.”

3. Para contrarrestar este desequilibrio, los recursos humanos para la salud deben tener especial formación para mejorar las condiciones de salud de la población mexicana, abatir desigualdades, procurar y garantizar el trato adecuado y respetuoso a los usuarios en las unidades rurales. Estos objetivos deben estar respaldados por la protección financiera en materia de salud a la población rural y en el fortalecimiento de la oferta pública de los servicios de salud en el campo.

4. Los integrantes de esta comisión consideramos que los problemas de salud en las comunidades rurales tiene su raíz, en gran medida, en la pobreza; la mejor forma de disminuir estos problemas radica en el incremento efectivo del bienestar de las poblaciones y en reducir los padecimientos que sufren las comunidades pobres y lejanas a los grandes centros urbanos a través de intervenciones efectivas y accesibles desde el punto de vista financiero.

5. Esta comisión coincide con el promovente toda vez que el artículo 4º constitucional, específicamente en su párrafo cuarto, señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Artículo 4o. ...

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

...

Por su parte, la Ley General de Salud, en su artículo 6º fracción IV bis, manifiesta que uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud es impulsar el bienestar y desarrollo de las familias y comunidades indígenas.

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I a IV. ...

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización social;

V. a VIII. ...

Lo anterior, se logrará mediante la implementación de los programas necesarios a fin de incentivar económicamente al personal médico que trabaja en áreas rurales y de difícil acceso, lo que conllevará, una notable mejoría en la calidad de los servicios médicos para procurar y garantizar el derecho a la salud conforme lo establece nuestra Carta Magna.

6. En nuestro país la medicina es una carrera con alta demanda, sin embargo las áreas rurales y de difícil acceso enfrentan graves problemas de insuficiencia de profesionales de la salud, dado que en estas zonas se ven obligados a trabajar en condiciones lamentables, sin la debida supervisión y equipos necesarios para el desempeño de sus actividades, lo que en diversas ocasiones deriva en maltrato e irregularidades de los diagnósticos que deberían procurar la salud del enfermo. Por todo lo expuesto, por lo que los integrantes de esta Comisión aprobamos este punto de acuerdo.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los Copresidentes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud SSA-SEP para que, en el ámbito de su competencia, fortalezcan los planes y programas así como la coordinación entre instituciones educativas y de salud, a fin de procurar perfiles idóneos de profesionales de la salud para áreas rurales y de difícil acceso en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en su calidad de Presidente del Consejo de Salubridad General para que, en el ámbito de su competencia, realice las medidas adecuadas para promover programas y brindar el apoyo e incentivos económicos a los profesionales de la salud en áreas rurales y de difícil acceso en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para promover y establecer en las universidades públicas del país las especialidades de geriatría, gerontología y tanatología

Honorable Asamblea:

I. Antecedentes

1. Con fecha 18 de noviembre de 2015, el diputado Alejandro Armenta Mier, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo, para promover y establecer en las universidades públicas del país las especialidades de geriatría, gerontología y tanatología.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 965/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

El problema que plantea la proposición consiste en que, existen 12.7 millones de personas mayores de 60 años, es decir, 10 de cada 100 mexicanos se encuentran en esta rango, lo que representa 9.7 % de la población según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Cada año esa cifra aumenta, lo que genera que la pirámide poblacional se invierta con el paso del tiempo, ya que según estimaciones de Conapo para 2020 en el país existirán 14 millones de adultos mayores, que representarán 12.1 por ciento de la población, y no se cuentan con especialistas que puedan tratar tanto física como psicológicamente los problemas que enfrenten estas personas.

El objeto de la proposición es establecer la necesidad de garantizar a este grupo tan olvidado una vida digna y autónoma, así como los medios para atender sus enfermedades. Las instituciones educativas y de seguridad social juegan un papel preponderante en la formación de un mayor número de especialistas en la atención de los adultos mayores.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un respetuoso exhorto a las universidades públicas del país, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones educativas y de seguridad social para que promuevan, establezcan y garanticen programas educativos de técnicos profesionales, licenciaturas, especialidades, posgrados e investigaciones científicas que incluyan la geriatría, gerontología y tanatología.

III. Proceso de análisis

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. Los adultos mayores representan uno de los grupos más desprotegidos y vulnerables por las características propias de su edad, como son la perdida de la movilidad, de la visión y de la memoria, esto impacta en los rubros económico, educativo, y de seguridad social.

2. Esta comisión está totalmente de acuerdo con el espíritu del punto de acuerdo, toda vez que en el artículo 10 fracción XVI de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se definen claramente los objetivos de la política pública nacional sobre adultos mayores, y se demanda fomentar que las instituciones educativas y de seguridad social establezcan las disciplinas para la formación en geriatría y gerontología, con el fin de garantizar la cobertura de los servicios de salud requeridos por la población adulta mayor.

Artículo 10. Son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XV. ...

XVI. Fomentar que las instituciones educativas y de seguridad social establezcan las disciplinas para la formación en geriatría y gerontología, con el fin de garantizar la cobertura de los servicios de salud requeridos por la población adulta mayor;

XVII. a XX. ...

3. Asimismo, la ley señalada en el numeral 2, en su artículo 17 fracción segunda, señala a la Secretaría de Educación Pública como la responsable de garantizar la formulación de programas educativos de licenciatura y posgrado en geriatría y gerontología, en todos los niveles de atención en salud, así como de atención integral a las personas adultas mayores dirigidos a personal técnico profesional. También velará porque las instituciones de educación superior e investigación científica incluyan la geriatría en la currícula de medicina, y la gerontología en las demás carreras pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales, por lo que este artículo fortalece la propuesta del diputado proponente.

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, garantizar a las personas adultas mayores:

I. ...

II. La formulación de programas educativos de licenciatura y posgrado en geriatría y gerontología, en todos los niveles de atención en salud, así como de atención integral a las personas adultas mayores dirigidos a personal técnico profesional. También velará porque las instituciones de educación superior e investigación científica incluyan la geriatría en sus currícula de medicina, y la gerontología en las demás carreras pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales;

III. a VIII. ...

4. Estamos convencidos de la importancia al establecer la necesidad de garantizar a este grupo tan olvidado una vida digna y autónoma, así como los medios para combatir sus enfermedades, en la que juegan un papel preponderante las instituciones educativas y de seguridad social en la formación de un mayor número de especialistas en la atención de adultos mayores.

Por lo que esta comisión considera que es de aprobarse el punto de acuerdo propuesto por el legislador.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar la NOM-043SSA2-2012 y promover que los establecimientos mercantiles donde se venda comida para consumo inmediato ofrezcan como primera opción de hidratación agua natural y purificada

Honorable Asamblea:

I. Antecedentes

1. Con fecha 18 de noviembre de 2015, la diputada Evelyn Parra Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal por medio de la Secretaría de Salud emita los lineamientos a fin de que los establecimientos mercantiles donde se venda comida para consumo inmediato ofrezcan como primera opción de hidratación agua natural y purificada.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta Comisión, con número de expediente 971/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La diputada menciona que la obesidad y sobrepeso en México representan un problema de enormes dimensiones y retos, ya que nuestro país está situado en el primer lugar en el ranking de Obesidad Mundial, lo que lo convierte en un problema de salud, toda vez que a raíz de la obesidad se desarrollan un sin número de enfermedades que con el paso del tiempo pueden ocasionar la muerte temprana de la persona.

La legisladora tiene como objeto impulsar la emisión de lineamientos tendientes a obligar a toda aquella negociación o establecimiento mercantil que venda alimentos para el consumo inmediato a ofrecer y motivar en primer lugar, el consumo de agua natural purificada y, sólo si el cliente lo desea, como segunda opción obtenga el acceso a bebidas azucaradas.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Salud sean emitidos los lineamientos donde se ordene a los establecimientos mercantiles que vendan comida para su consumo in situ, ofrezcan y fomenten el consumo, en primer lugar, de agua natural y purificada, y en segundo plano aguas y bebidas azucaradas.

III. Proceso de análisis

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. Los diputados que conformamos esta comisión tenemos como prioridad trabajar en pro de la salud de los mexicanos, por eso estamos convencidos que el Estado mexicano debe garantizar una vida saludable a las ciudadanos, obligación contenida en el artículo 4º de nuestra Carta Fundamental, por ello es menester impulsar acciones tendientes a cumplir con dicha máxima, para lograr de manera progresiva y armónica, la satisfacción de esta garantía y su más amplia protección.

2. Como representantes de la sociedad nos preocupan los niveles de sobre peso que se están alcanzado entre los ciudadanos. Un estudio realizado en el 2013 por la Organización Mundial de la Salud, demostró que más de 42 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos.

3. A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia de cambios ambientales, sociales y por falta de políticas de apoyo en sectores como el de la salud, agricultura, transporte, planeamiento urbano, medio ambiente, procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y educación.

4. En un estudio aplicado a 600 personas, se concluyó que el 99 por ciento de los mexicanos consume refrescos y sólo el 1 por ciento jamás lo consume. Del universo de quienes consumen refresco, el 26 por ciento lo consume todos los días y el 47 por ciento indica que toma refresco varias veces a la semana. Sólo el 27 por ciento lo consume ocasionalmente.

5. Es por ello que consideramos indispensable impulsar los lineamientos tendientes a que todo establecimiento mercantil que venda alimentos para el consumo inmediato ofrezcan en primer lugar, el consumo de agua natural purificada.

6. La Secretaría de Salud Federal, emitió el 28 de mayo de 2012, la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, en la que el objetivo principal es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la Orientación Alimentaria dirigida a brindar a la población, opciones prácticas con respaldo científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. Así como elementos para brindar información homogénea para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la población y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación.

En la norma señalada en el párrafo anterior, se establece en el numeral 4.3.2.7, que se debe promover el consumo de agua simple potable como fuente principal de hidratación, creando con esto las autoridades correspondientes lineamientos que contemplan el espíritu del punto de acuerdo propuesto por la Diputada y cumpliendo con el combate a la obesidad y sobrepeso.

7. Atentos a lo anterior, los legisladores que integramos esta comisión, consideramos que es viable la propuesta de la compañera diputada, sin embargo, es necesario modificar la parte correspondiente a “sean emitidos los lineamientos donde se ordene” , por “se aplique la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2012” ya que éstos ya existen, sólo falta su adecuada aplicación, para generar beneficios a la sociedad.

Por lo que el resolutivo que se propone es el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que aplique la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, promoviendo que los establecimientos mercantiles que vendan comida para su consumo in situ, ofrezcan en primer lugar, agua natural y purificada, y en segundo plano aguas y bebidas azucaradas.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que se aplique la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2012, promoviendo que los establecimientos mercantiles que vendan comida para su consumo in situ, ofrezcan en primer lugar, agua natural y purificada, y en segundo plano aguas y bebidas azucaradas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a destinar mayores recursos para la detección oportuna y el óptimo tratamiento de la artritis reumatoide

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en?la sesión?del 24?de noviembre de?2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha, con número de expediente 1026.

2. La proposición fue turnada a la Comisión de Salud para efectos de análisis y elaboración del dictamen, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. La diputada proponente argumenta que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de causas desconocida, que afecta en su mayoría a personas en edad productiva.

2. El objeto de la proposición es exhortar a la Secretaría de Salud a destinar mayores recursos para la prevención, detección oportuna y óptimo tratamiento de la artritis reumatoide.

3. El resolutivo propuesto es el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República a destinar mayores recursos para la prevención, detección oportuna de la artritis reumatoide, así como para su óptimo tratamiento.

III. Consideraciones

1. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se sustenta en lo siguiente:

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica por causas desconocidas que afecta, en su mayoría, a personas en edad productiva. Se ha observado que hasta 70 por ciento de los pacientes con esta enfermedad desarrollan discapacidad laboral a 10 años de su evolución.

Afortunadamente y debido a los avances en el manejo de la enfermedad, muchos pacientes tienen la posibilidad de continuar trabajando, aunque con distintos grados de compromiso o limitación en su productividad laboral. En los pacientes con artritis reumatoide la productividad laboral se ve afectada en mayor medida con actividad severa de la enfermedad.

Expertos coincidieron en que dicha afección es la más destructiva que se estudia en los servicios de reumatología, ya que causa deformidades y afecta de manera importante la calidad de vida de los pacientes. En México, la cifra llega a 1 millón 600 mil pacientes, cuyas edades van de 20 a 50 años, que padecen esta enfermedad. Aunado a las cifras de mexicanos con este padecimiento un tercio de las personas con artritis reumatoide presenta riesgo de tener complicaciones cardiovasculares, como infartos al corazón o insuficiencias cardiacas.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en México, 3 de cada 4 personas con esta enfermedad son mujeres, situación que toma relevancia mayor cuando se considera que, de acuerdo con datos del mismo Inegi, en México hay alrededor de 25 millones de hogares, de los cuales 24 por ciento son encabezados por mujeres, es decir seis millones de hogares.

La magnitud de la repercusión socioeconómica de la artritis reumatoide es difícil de valorar y plantea problemas metodológicos importantes. Deben considerarse tres tipos de costos para quienes padecen esta enfermedad: directos, indirectos e intangibles. Los costos directos se subdividen en dos tipos, los sanitarios, que derivan del consumo de recursos asistenciales (consultas, monitorización de la enfermedad con controles radiológicos y pruebas de laboratorio, gasto farmacéutico, hospitalización, medidas ortésicas y prótesis) y los parasanitarios, como los gastos para realizar adaptaciones en el domicilio, entorno laboral y medios de transporte. Estos costos no son homogéneos a lo largo de la duración de la artritis reumatoide y tienden a ser especialmente elevados durante los primeros dos años que siguen al diagnóstico.1

Las artritis reumatoides con mayor actividad y más discapacidad comportan mayor costo directo. Los costos indirectos son aquellos que derivan tanto de la pérdida de la capacidad laboral como de las ayudas domiciliarias.2 Los costos intangibles son consecuencia del deterioro de la calidad de vida y de su repercusión en el entorno familiar y social. Se designan así por la enorme dificultad que entraña su detección y valoración. Como ejemplo, cabe mencionar el gasto de transporte y las horas de trabajo perdidas por los familiares que acompañan al paciente a las consultas. Adicionalmente, deben considerarse los gastos inducidos por los trastornos, como la enfermedad cardiovascular, las infecciones, algunas neoplasias, las complicaciones de la osteoporosis secundaria o los efectos adversos de la medicación. Todas las investigaciones han demostrado que la enfermedad tiene una gran repercusión económica y provoca un considerable consumo de recursos sanitarios y sociales.

El tratamiento de este mal es indispensable para evitar problemas cardiovasculares y en la actualidad el número de personas que realizan un diagnóstico temprano es cada vez mayor, lo cual ayuda a tratarla desde un punto en el que se puede detener su avance.

2. La comisión dictaminadora considera:

El artículo 4o. constitucional prevé que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución.

La artritis reumatoide es una enfermedad que actualmente afecta a gran porcentaje de la población a nivel mundial. Tan sólo en México se estima más de 1 millón de personas con este padecimiento.3

En México, 56 por ciento de los pacientes con artritis reumatoide aseguran saber mucho o moderadamente sobre el control de la enfermedad. El 62 por ciento por ciento dice que si no tiene dolor la artritis reumatoide está bajo control y 58 por ciento no sabía que el daño articular causado por la artritis reumatoide no es reversible.4

Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, toda vez que en México la mayoría de las personas que padecen esta enfermedad acuden más de un año después de que iniciaron los síntomas, lo cual dificulta su tratamiento, aunado a que la poca información en la sociedad sobre el padecimiento o inclusive la búsqueda de tratamientos alternativos, previos a un diagnóstico médico, imposibilitan la detección oportuna para el tratamiento adecuado.

Consideramos que mediante estrategias oportunas para detección de la artritis reumatoide, se dará cumplimiento al mandato constitucional de velar por la protección de la salud de estos pacientes cuya mayor parte son adultos mayores.

Esta comisión propone que el resolutivo se adecue para enfatizar que los recursos que se solicita destinar para la prevención de la artritis reumatoide, serán tomados de la partida presupuestal asignada a la Secretaría de Salud en el PEF de 2016.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República para que, dentro de la suficiencia presupuestal con la cuenta, destine mayores recursos para la prevención, detección oportuna y óptimo tratamiento de la artritis reumatoide.

Notas

1 García-Vadillo J A, Castañeda S, Carrasco AL, Jimeno A. “Costes económicos de la artritis reumatoide de corta evolución”, en revista Esp Reumatol 2001; 28: 4-11.

2 Van Jaarsveld CHM, Jacobs JWG, Schrijvers AJP.

3 http://mujer.com.mx/bienestar/artritis-reumatoide-cifras-mexico-diagnos ticotratamiento,9d1ab82daeacf310Vgn.html

4 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud

Diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos locales a fortalecer las campañas de salud sexual y reproductiva, y de prevención del embarazo en adolescentes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 24 de noviembre de 2015, los diputados Marco Antonio García Ayala y Rafael Hernández Soriano, de los grupos parlamentarios Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, presentaron proposiciones con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan las campañas en materia de salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo en adolescentes.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta comisión, con números de expediente 1028/LXIII, 1042/LXIII y 1064/LXIII, para el estudio, análisis y dictamen correspondientes, las proposiciones en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

Los diputados proponentes manifiestan que en México alrededor de 22 millones de personas tienen entre 10 y 19 años de edad; lo que representa 19.6 por ciento de la población, de este porcentaje, casi la mitad son mujeres, población que se encuentra en edad fértil; por otro lado señalan que de cada 10 adolescentes de 12 a 19 años, dos han iniciado su vida sexual.1

También refieren que datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, arrojan que 467 mil mujeres menores de 20 años tuvieron un bebé, esto es, 1 de cada 5 nacimientos. Esta cifra incluye cerca de 11 mil niñas de 10 a 14 años de edad que se convirtieron en madres, tan sólo en 2013.

La Secretaría de Salud estima que las muertes perinatales son 50 por ciento más altas entre los bebés nacidos de madres de menos de 20 años que entre aquellos nacidos de madres de entre 20 y 29 años.

En el grupo adolescente se ha observado que frecuentemente aparecen complicaciones durante el embarazo tales como: preeclampsia, eclampsia, anemia, infecciones de las vías urinarias, infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/Sida, virus del papiloma humano y finalmente el aborto. En cuanto al producto, se presentan antecedentes de prematurez, bajo peso, retardo en el desarrollo cognitivo y retardo en el crecimiento físico.

El legislador Marco Antonio García Ayala manifiesta que las infecciones de transmisión sexual son la principal causa de infertilidad, sobre todo entre las mujeres. Entre 10 y 40 por ciento de las mujeres con clamidiasis acaban presentando enfermedad inflamatoria pélvica sintomática.

Las lesiones tubáricas posteriores a una infección son responsables de 30 a 40 por ciento de los casos de infertilidad femenina. Además, las mujeres que han padecido enfermedad inflamatoria pélvica tienen entre 6 y 10 veces más probabilidades de sufrir un embarazo ectópico (tubárico).

También señala que la transmisión de la madre al niño puede dar lugar a muerte prenatal, muerte neonatal, insuficiencia ponderal al nacer y prematuridad, septicemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y deformidades congénitas. Cada año, la sífilis durante el embarazo provoca aproximadamente unas 305 mil muertes fetales y neonatales, y deja a 215 mil lactantes en grave riesgo de defunción por prematuridad, insuficiencia ponderal o enfermedad congénita.

El diputado Rafael Hernández Soriano, afirma que otro de los problemas que se presentan en el embarazo adolescente, es el abandono de los estudios, lo que reduce las oportunidades para lograr mejores empleos y posibilidades de realización personal al no poder cursar carreras. También será difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales.

Asimismo, las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia de la o el hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente a través del matrimonio temprano como una fórmula para “solucionar” esta situación.

Los diputados pretenden con los puntos de acuerdo propuestos, se tomen todas las medidas necesarias para poner fin a estos problemas, mediante la intensificación de los programas que existen por parte del Gobierno federal, con la finalidad de erradicar la problemática de los embarazos en los adolescentes y la transmisión de infecciones sexuales.

Los resolutivos propuestos en las proposiciones son los siguientes:

Diputado Rafael Hernández Soriano

1028/LXIII

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la y los gobernadores de los estados y al jefe del gobierno de la Ciudad de México para que se refuerce lo relativo a las campañas de prevención del embarazo adolescente y la información sobre educación sexual en el ánimo de abatir las crecientes cifras sobre este tema.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador de Chiapas con el propósito de desarrollar una estrategia de prevención que atienda los altos índices de embarazos adolescentes, principalmente entre la población indígena y rural.

Diputado Marco Antonio García Ayala

1042/LXIII

Único. Se exhorta al gobierno de las 32 entidades federativas para que, respectivamente y en el ámbito de sus competencias, implementen campañas de salud sexual, reproductiva, y de prevención del embarazo en adolescentes.

1064/LXIII

Único. Se exhorta al gobierno de las 32 entidades federativas para que respectivamente y en el ámbito de sus competencias, implanten campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual en adolescentes.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de las proposiciones con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con su discusión en reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

La Comisión de Salud considera que el embarazo en adolescentes, es un problema que debe ser atendido de manera inmediata, ya que no es un tema únicamente de salud pública, siendo este el más importante, sino que también tiene implicaciones económicas y sociales.

2. En México, cada año un promedio de 400 mil adolescentes, entre 10 y 19 años, quedan embarazadas, estas cifras no han disminuido desde 2006. La Coordinación de la Clínica del Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), admite que hay una barrera entre médicos y menores de edad. “El adolescente necesita llegar a un centro de salud en donde sepa que va a encontrar gente amigable y no un doctor o una enfermera que lo va a estar cuestionando sobre su sexualidad”, por lo que se requiere que existan canales de comunicación más abiertos entre los adolescentes y el personal de salud que los atiende.

En enero pasado se enmarcó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea) por el gobierno federal. El objetivo principal es reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad entre menores de 19 años, mediante acciones interinstitucionales coordinadas con políticas y planes nacionales, estatales y municipales.2

La implantación de la Enapea estará a cargo de un grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes (Gipea) que tendrá como objetivo establecer mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación que permitan la implantación de la estrategia. El Gipea estará integrado, a invitación del secretario de Gobernación, por una coordinadora, que será la secretaria general del Conapo, una secretaria técnica, que será la presidenta del Inmujeres, así como por vocales, los cuales serán servidores públicos de alto nivel de las siguientes secretarías y dependencias de la administración pública federal: Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Secretaría General del Conapo, Inmujeres, Sedesol, Ssa, SEP, IMSS, ISSSTE, CNEGSR, Censida, Censia, Imjuve, SNDIF, CDI, INSP e invitados de la sociedad civil, organismos internacionales e integrantes de la academia.

A nivel estatal se constituirá el grupo estatal para la prevención del embarazo en adolescentes (Gepea), tomando como modelo de referencia el Nacional, que podrá adecuarse respetando los arreglos institucionales en los estados. En el ámbito estatal se considera prioritario apoyar a los contextos municipales y locales con procesos de capacitación y el asesoramiento para establecer los mecanismos de articulación con las demás dependencias, así como las gestiones que permitan destrabar obstáculos y mejorar el rendimiento local.

2. Uno de los aspectos importantes de esta estrategia es que el Estado reconoce a los adolescentes como sujetos titulares de derechos humanos, particularmente de derechos sexuales y reproductivos, así como el impacto negativo que tiene un embarazo a temprana edad en el desarrollo físico y psicológico de las jóvenes, así como en su proyecto de vida.

La estrategia tiene acciones específicas enfocadas en garantizar y mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, que incluyan el acceso a consejería, en espacios confidenciales, y a métodos anticonceptivos sin la necesidad de contar con la presencia o autorización de los padres o tutores.

3. Además de la implantación de la Enapea, se están creando acciones por medio del Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, recientemente emitido por el Centro Nacional de Equidad y Género.

Un punto importante que propone es la elaboración de un programa de educación en salud sexual y su distribución gratuita en las instituciones educativas públicas y privadas del país. Para ello se contempla la capacitación de personal docente en técnicas de pedagogía para trasmitir la información sobre salud sexual a los alumnos.

5. La Secretaría de Salud emitió el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-047-SSA2-2014, para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2014, por medio de la cual se establecen los criterios que deben seguirse para brindar la atención médica integral, la prevención y el control de las enfermedades prevalentes en el Grupo etario y la promoción de la salud, con perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto a sus derechos fundamentales.

6. El asesoramiento en adolescentes puede reducir los embarazos en adolescentes y mejorar la capacidad para reconocer los síntomas de las infecciones de transmisión sexual (ITS), con lo que aumentarán las probabilidades de que soliciten atención o alienten a sus parejas sexuales a hacerlo, lamentablemente la falta de sensibilidad del público, la falta de capacitación del personal sanitario y el arraigado estigma generalizado siguen dificultando el acercamiento de este grupo a los programas públicos que ofrece el gobierno.

7. Si bien el Estado mexicano trabaja para erradicar el embarazo en adolescentes, así como para otorgar una mejor educación sexual en este grupo, también consideramos que es necesario que se fortalezcan dichos programas para hacerlos llegar a toda la población adolescente del país, hasta los que se encuentran en zonas marginadas, ya que en la mayoría de los casos los embarazos y enfermedades de transmisión sexual se da en este sector de la población, por el desconocimiento de sus derechos y de los programas que se crean en apoyo a los distintos problemas a los que se enfrentan.

8. Por ello, los integrantes de la comisión estamos de acuerdo con la aprobación de los puntos de acuerdo propuestos por los legisladores, conjuntando las intenciones de los diputados en un resolutivo que considere no sólo a los estados que forman parte del territorio nacional, sino también al Gobierno federal, que es el encargado de coordinar las acciones para salvaguardar la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, de conformidad con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Por lo que se propone la siguiente redacción: “Único. Se exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con las 32 entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezca la información y aplicación de campañas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual, así como las de educación, salud y reproducción sexual, en adolescentes”.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los integrantes de la Comisión de Salud someten a esta asamblea el siguiente

V. Resolutivo

Único. Se exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezca la información y aplicación de campañas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual, así como las de educación, salud y reproducción sexual, en adolescentes.

Notas

1 Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012.

2http://www.issste.gob.mx/images/downloads/home/ENAPEA.p df

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo al abasto oportuno de medicamentos en zonas apartadas y de muy alta marginación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen correspondiente, bajo el tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 24 de noviembre de 2015, el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presento la Proposición con Punto de acuerdo relativo al abasto oportuno de medicamentos en zonas apartadas y de muy alta marginación del País

2. Con fecha 25 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva turnó la citada Proposición la Comisión con número de expediente 1031/LXIII, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 9 de diciembre de dos mil quince, en la Segunda Reunión Ordinaria los integrantes de la Comisión de Salud, aprobaron el dictamen antes descrito.

Con base en lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, procedimos al estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El diputado proponente en el punto de acuerdo objeto del presente dictamen, señala lo siguiente:

1. Que un aspecto fundamental para la procuración de la salud estriba en el abasto de medicamentos para prevenir y curar las enfermedades. El artículo 27 de la Ley General de Salud especifica cuáles son los servicios básicos de salud, entre los que se encuentra la disponibilidad y distribución de medicamentos.

2. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, apartado “México Incluyente”, el objetivo 2.3 plantea: “asegurar el acceso a los servicios de salud”. Del mismo modo, el objetivo 2 del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece: “asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad”, señalando el fortalecimiento e intercambio de información entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de conocer la demanda institucional de medicamentos que comprende la selección, planeación, compra, almacenamiento, distribución, prescripción, dispensación, uso y surtido.

3. La tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominada: Salud. El derecho a su protección, que como garantía individual consagra el artículo 4o. constitucional, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Novena Época. Registro: 192160. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI. Marzo de 2000. Página 112.

4. El resolutivo propuesto es el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de su competencia, comunique al Consejo de Salubridad General la necesidad de proveer los medicamentos e insumos médicos necesarios, de manera prioritaria, a las clínicas y centros de salud que atienden a núcleos poblacionales de muy alta marginación en el país, y a aquellos que atienden a los núcleos poblacionales que se encuentran más alejados geográficamente de los mismos, en cada entidad federativa.

Analizado el contenido de la proposición que nos ocupa, las y los integrantes de la Comisión de Salud, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

1. La Organización Mundial de la Salud, a través del estudio titulado: “cómo desarrollar y aplicar una política farmacéutica nacional”; indica el acceso a servicios de salud suficiente, oportuna y de buena calidad distribuidos con equidad y organizados con eficiencia es un requisito indispensable para mantener condiciones de salud adecuadas. El acceso a los medicamentos tiene también un alto impacto sobre los servicios, ya que son un insumo básico del proceso terapéutico. Además, existen evidencias de que es factible manejar exitosamente el abasto de medicinas si se mejora su selección, compra y distribución. El uso racional de medicamentos requiere un abasto suficiente, oportuno y económicamente accesible de medicamentos para toda la población y es un objetivo fundamental de los sistemas nacionales de salud.1

2. No obstante, en México aún existen poblaciones que carecen de acceso oportuno y suficiente a las medicinas. El desabasto de medicamentos fue frecuente en México hasta hace pocos años, debido a las crisis económicas, la desorganización y la falta de transparencia del sector. Hace sólo una década, menos del 50 por ciento de los medicamentos esenciales estaban disponibles en las unidades de primer nivel de atención de la Secretaría de Salud. En los últimos años el desabasto de medicamentos ha disminuido, pero sigue siendo un problema en las zonas rurales y en las regiones marginadas.

3. En este mismo sentido, La Ley General de Salud, en el artículo 29, prevé que de acuerdo con el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

4. Asimismo el Programa Sectorial 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 12 de diciembre de 2013, contempla el abasto de medicamentos como una prioridad en la agenda gubernamental.

5. En este tenor, esta comisión dictaminadora coincide con la proposición planteada, en virtud de que al desabasto de medicinas se agregan problemas tan variados como el acceso inequitativo, la automedicación peligrosa y el comercio de medicamentos potencialmente dañinos.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXIII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de su competencia, comunique al Consejo de Salubridad General la necesidad de proveer los medicamentos e insumos médicos necesarios, de manera prioritaria, a las clínicas y centros de salud que atienden a núcleos poblacionales que se encuentran más alejados geográficamente de los mismos, en cada entidad federativa.

Nota

1 Cómo desarrollar y aplicar una política farmacéutica nacional - Segunda edición (2002; 102 páginas)

Palacio Legislativo, a los 9 días del mes de diciembre del 2015.

La Comisión de Salud

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar por las autoridades correspondientes un diagnóstico sobre las causas por las cuales México no ha alcanzado las metas del plan Supre de la OMS y tomar medidas para lograr los objetivos de reducir el número de víctimas de suicidio en el país

Honorable Asamblea:

I. Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del 24 de noviembre de 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha, con número de expediente 1065.

2. La proposición fue turnada a la Comisión de Salud para efectos de análisis y elaboración del dictamen, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. La diputada proponente argumenta que México es participe del plan Supre (Suicide Prevention-Prevención del Suicidio); una iniciativa mundial para la prevención del suicidio, sin embargo las cifras en el país son preocupantes porque los suicidios se han incrementado año con año.

2. El objeto de la proposición es exhortar a la Secretaría de Salud a que elabore un diagnóstico de las causas por las que no se están alcanzando, en México, las metas establecidas en el plan SUPRE, asimismo que tome las medidas pertinentes y necesarias para lograr la reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.

3. El resolutivo propuesto es el siguiente:

Único. Se exhorta al titular del ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables en el tema elaboren un diagnóstico de las causas por la cual no se están alcanzando, en México, las metas establecidas en el plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud y se tomen las medidas pertinentes y necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados, con la consiguiente reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.

III. Consideraciones

1. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se sustentan en lo siguiente:

Las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio.

Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo muere alrededor de un millón de personas por suicidio, también estima que un intento suicida ocurre aproximadamente cada tres segundos y un suicidio se consuma aproximadamente cada minuto; Esto significa que más personas mueren a causa del suicidio que a causa de conflictos armados, lo que representa una tasa anual mundial de suicidio de 16 por cada 100 mil habitantes siendo la segunda causa principal de muertes entre personas de 15 a 29 años.

Según el Inegi de 1990 a 2012 La tasa de suicidios en México representó una tendencia creciente de 114 por ciento, al pasar de 2.2 a casi 5 suicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2013 esta cifra aumentó ya que se registraron cinco mil 549 casos de los cuales el 80.6 por ciento fueron consumados por hombres y 19.4 por ciento por mujeres. De este registro 2,345 casos fueron en jóvenes de 15 a 29 años. Estos datos nos indica que nadie es inmune y afecta a cualquiera sin distingo de sexo, edad, ni posición social.

La Secretaría de Salud del gobierno federal dio a conocer en enero pasado que en los últimos 30 años el número de suicidios en el país aumentó 300 por ciento constituyendo una de las primeras causas de muerte en el sector salud y un grave problema de salud pública.

En 1999 y en el marco de la sexagésima sexta Asamblea Mundial de la Salud se implementó el primer plan de acción sobre salud mental de la historia, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La prevención del suicidio forma parte de este plan, que se propone reducir 10 por ciento para 2020, la tasa de suicidio en los países de mayor incidencia.

México, es participe de este plan y ha adoptado las acciones y directrices emanadas de dicho Organismo Mundial, sin embargo las cifras en el país son preocupantes porque los suicidios se han incrementado año con año.

Estas cifras también nos indican que las acciones que se están implementando no están dando los resultados esperados ya que no van acorde con las metas establecidas por la Organización Mundial de la Salud.

2. La Comisión dictaminadora considera que:

El artículo 4o. constitucional prevé que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Debido a que es un problema grave de salud pública el suicidio requiere nuestra atención, desafortunadamente su prevención y control no son tarea fácil. Investigaciones recientes indican que la prevención del suicidio, si bien es posible, comprende una serie de actividades que van desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de jóvenes y niños y el tratamiento eficaz de trastornos mentales, hasta el control medioambiental de los factores de riesgo. La difusión apropiada de información y una campaña de sensibilización del problema son elementos esenciales para el éxito de los programas de prevención.

En 1999, la OMS lanzó el programa Supre (suicide prevention- prevención del suicidio); una iniciativa mundial para la prevención del suicidio, mismo que fue signado por México.

Este plan implica que los firmantes se comprometen a adoptar acciones y directrices emanadas de dicho organismo mundial para prevenir y erradicar el suicidio.

Esta comisión está consciente que es un problema complejo y que la tarea para bajar los índices de suicidio en nuestro país no es fácil, pero también sabemos que es posible prevenirlos y disminuirlos y para ello se requieren acciones coordinadas de las instancias responsables en el tema que van, desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de nuestros niños y jóvenes a través del tratamiento efectivo de los trastornos mentales hasta el control ambiental de los factores de riesgo, además que la difusión apropiada de la información y una campaña de sensibilización del problema.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables en el tema, elaboren un diagnóstico de las causas por las que no se han alcanzado, en México, las metas establecidas en el plan Supre de la Organización Mundial de la Salud y se tomen las medidas pertinentes y necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados, a fin de lograr la reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS a establecer una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV; y el IMSS para atender la problemática sobre el reconocimiento de las trabajadoras que laboran como representantes de la segunda

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV; y el IMSS para atender la problemática sobre el reconocimiento de las trabajadoras que laboran como representantes de la segunda.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de mérito.

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En fecha 27 de octubre de 2015, el C. Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentó la Proposición de mérito, objeto del presente dictamen.

2. En fecha 27 de octubre del presente año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha Proposición a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Posteriormente, con fecha 28 de octubre de 2015, fue recibido el expediente en esta Comisión.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por el promovente, mismos que se transcriben íntegros a continuación:

“Consideraciones

Las últimas décadas han sido el escenario de profundas transformaciones en el mundo del trabajo. El peso de esta reestructuración y los efectos de la crisis económica han afectado a las y los trabajadores en general, pero sin duda han tenido un impacto mayor en las mujeres, quienes se han incorporado a la actividad productiva y laboral de manera permanente.

En 1970, sólo 1 mujer por cada 4 hombres desempeñaba una actividad extra doméstica. Para el 2014, 2.2 mujeres por cada 4 hombres están insertas en el mercado laboral (Inegi, ENOE 1er. Trim 2014).

A pesar del aumento en la incorporación de las mujeres en la actividad laboral, esto no se ha traducido en mejoras en sus condiciones laborales ya que los puestos que ocupan son poco calificados, precarios y se ubican fundamentalmente en el sector de los servicios. Ejemplo de esta precariedad es que, a pesar de que la seguridad social es una obligación ineludible para los patrones que puede llevar incluso a una responsabilidad penal, el número de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a la salud asciende a más de 10.8 millones (Inegi 2009).

Entre estas trabajadoras se encuentran las “Representantes de Avon Cosmetics”, empresa que las sujeta a un contrato de comisión mercantil para negarles su calidad de trabajadoras, lo que le ha permitido a la trasnacional evitar el pago de salarios base, vacaciones, aguinaldo, entre otras prestaciones, y omitir la afiliación de estas mujeres trabajadoras ante el IMSS y el Infonavit.

Es lamentable que todas las trabajadoras y trabajadores de Avon hayan sido considerados “agentes de comisión mercantil independiente” regulados por el derecho mercantil y no por el laboral, cuando la Ley Federal del Trabajo establece muy claramente que él o la comisionista se conceptuará como “trabajadora” cuando realiza su labor de manera personal y permanente.

Queda claro que este último concepto se tendría que aplicar a las y los “Representantes de Avon” que trabajan de tiempo completo y permanentemente para dicha empresa, por lo cual quedarían amparadas por las leyes laborales conforme al Capítulo IX, artículos 285 al 291, de la LFT.

La empresa trasnacional “Avon Cosmetics” tiene contratadas a aproximadamente 400,000 trabajadoras y trabajadores mexicanos. Algunos de ellos desarrollan su oficio en la modalidad de subocupadas, mientras que otras laboran de tiempo parcial o de medio tiempo para apoyar de ese modo el gasto familiar. Sin embargo, una parte importante de este grupo de mujeres trabajadoras labora tiempo completo y de manera permanente, y siendo madres solteras, viudas y cabezas de hogar, necesitan un salario suficiente que garantice cubrir las necesidades básicas de la familia.

Para que las representantes de Avon aspiren a ganar un salario digno, tienen que alcanzar las metas de ventas que establece Avon, metas que, además, deben ser cubiertas en las diecinueve campañas anuales. Estos estándares son establecidos unilateralmente por la empresa, y para alcanzar los niveles más altos dentro del escalafón de metas, las vendedoras tienen que trabajar tiempo completo. Al desempeñar su trabajo de manera permanente, las representantes de Avon tendrían que ser consideradas trabajadoras de acuerdo a la LFT.

En 1972, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la empresa Avon celebraron un primer convenio en el que se establecía que las agentes comisionistas que alcanzaran ingresos mínimos de 500.00 pesos por campaña debían ser dadas de alta en el IMSS. Dicho límite se fue ajustando hasta 1996, año en que fue firmado el último convenio. Hasta entonces, el seguro otorgado a las trabajadoras cubría solo la atención médica y jubilación.

En septiembre del 2004, el IMSS notificó a la empresa que el convenio dejaría de tener efectos el 15 de noviembre del 2004 en virtud de que las trabajadoras ya cumplían con los requisitos legales de remuneración, permanencia y subordinación que les daba derecho a ser inscritas en el régimen obligatorio. El IMSS también argumentó que la empresa no pagaba cuotas de acuerdo a las percepciones reales de sus representantes de ventas. Sin embargo, Avon se negó a aceptar sus responsabilidades y notificó a las trabajadoras que a desde el 15 de noviembre del 2004 se cancelaría la afiliación de las 27 mil trabajadoras que ya contaban con seguridad social, del total de 450 mil, argumentando que había sido el propio IMSS y no la empresa la que había dado por terminado el convenio.

Al ver transgredidos sus derechos laborales, las representantes de Avon iniciaron un movimiento para que éstos les fueran reintegrados: marchas, manifestaciones, conferencias de prensa, reuniones con la empresa, cartas a las autoridades laborales, e incluso al Presidente de la República, fueron algunas de las acciones que llevaron a la empresa a darlas de alta nuevamente en el IMSS el 8 de febrero del 2005.

Sin embargo, en octubre del 2006 se celebró sorpresivamente un nuevo convenio entre la empresa y el IMSS, en donde se dictaminó que las trabajadoras debían ser consideradas comisionistas mercantiles. Este convenio no tuvo aplicación retroactiva, por lo que desde esa fecha se mantienen afiliadas al régimen obligatorio las 23 mil trabajadoras en los términos del convenio anterior. Sin embargo, las trabajadoras restantes y las que en un futuro se incorporen como representantes de Avon quedarán fuera del régimen obligatorio del IMSS. Cabe destacar que, en la actualidad, ya sólo quedan seis mil trabajadoras de Avon que siguen afiliadas al régimen obligatorio del IMSS.

A diez años del inicio de su lucha, las representantes de Avon agrupadas en la asociación civil “Cosmogar, A. C.”, siguen reclamando que las mujeres que trabajan de manera personal y permanente sean reconocidas como trabajadoras con derecho a un salario, prestaciones y seguridad social. Es por ello que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la responsabilidad y la obligación de atender estas demandas e integrar a la brevedad posible una mesa de diálogo entre los y las trabajadoras representantes de Avon, la empresa Avon Cosmetics, y el IMSS, a fin de atender esta grave problemática que sigue privando a miles de trabajadores de sus derechos laborales fundamentales. ...”

Derivado de la exposición anterior, el diputado promovente plasmó el siguiente resolutivo:

“Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a integrar sin demora una mesa de diálogo entre las trabajadoras que integran “Cosmogar, AC”, la empresa “Avon Cosmetics, SA de CV”, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de atender su problemática sobre el reconocimiento como trabajadoras de las mujeres que laboran tiempo completo como representantes de Avon, y les sea reconocido su derecho de afiliación al régimen obligatorio del IMSS.”

Consideraciones

Primera. Que vistos los argumentos del diputado promovente, esta dictaminadora coincide con el ánimo de proponer soluciones a los conflictos de su competencia, siempre en un marco de colaboración y de respeto a la división de poderes que impera en nuestro régimen de gobierno.

Segunda. Que de la investigación respecto a la problemática planteada por el C. Diputado promovente, esta dictaminadora encontró que existen precedentes respecto al mismo conflicto. El primero de ellos data del 14 de diciembre de 2010, en donde la esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, en el marco de la LXI Legislatura, aprobó un dictamen a una Proposición en el mismo sentido que la que ahora se dictamina, pronunciándose en el siguiente sentido:

“Primero. (Sic.) Esta soberanía exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir una mesa de diálogo entre las denominadas “representantes” al servicio de Avon Cosmetics, SA de CV, y ésta empresa, a efecto de que les sea reconocida su calidad de trabajadores, con respeto a todos y cada uno de sus derechos laborales, así como a ser afiliadas, sin distingos, al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto en beneficio de estas trabajadoras y sus familias, de las finanzas del IMSS y del fisco.1 ”

El segundo precedente se ubicó en el Dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, de fecha 6 de julio de 2011, el cual dio respuesta a una Proposición con Punto de Acuerdo relativa al reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras de la empresa Avon Cosmetics S.A. de C.V., mismo que se resolvió en los siguientes términos:

“Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que remita a la Tercera Comisión, en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente, la información que haya sido enviada a la Organización Internacional del Trabajo, a solicitud de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del Convenio 102 sobre la seguridad social (norma mínima), en su reunión 77 (2006), relativa al impacto de las acciones emprendidas por el IMSS para regularizar la situación de las trabajadoras de la empresa AVON que fueron dadas de baja infundadamente del régimen obligatorio del seguro social, especificando:

a) Las actividades de inspección realizadas por el IMSS para verificar, de conformidad con el artículo 251, numeral XI, de la Ley del Seguro Social, la desaparición del supuesto de hecho, que dio origen al aseguramiento de las trabajadoras que la empresa AVON dadas de baja;

b) Las medidas adoptadas, por la Dirección de Incorporación y Recaudación del Seguro Social para verificar, de conformidad con el punto cuarto del acuerdo núm. 278/2004, si las trabajadoras de la empresa AVON que han sido dadas de baja se encuentran dentro de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo;

c) Las medidas adoptadas, de conformidad con el punto tercero del acuerdo, para establecer un programa de divulgación de los términos del acuerdo y de seguimiento de su instrumentación; y

d) El número de inspecciones llevadas a cabo, las infracciones constatadas y las sanciones que, en su caso, se hubieren impuesto.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que remita a la Tercera Comisión, en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente, la información que ha sido enviada a la Organización Internacional del Trabajo a solicitud de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del Convenio 102 sobre la seguridad social (norma mínima), en su reunión 78 (2007), en la que se solicita indicar el impacto de todas las acciones emprendidas por el IMSS para regularizar la situación de las trabajadoras de la empresa AVON que fueron dadas de baja del régimen obligatorio del seguro social, especificando:

a) La solución acordada entre el IMSS y la Empresa AVON;

b) Los resultados de la visita domiciliaria mencionada; y

c) El contenido del acta final levantada el 3 de julio de 2007 por el Instituto.2”

Tercera. Que las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consideramos que, de actualizarse el hecho de que las y los trabajadoras de cualquier empresa sean objeto de la inobservancia de sus derechos laborales, debe actuarse a través del cauce institucional que permita, en estricto apego a derecho, dar la solución que satisfaga y cumpla los extremos legales que le apliquen.

Cuarta. Que, por lo expuesto en el considerando inmediato anterior, y en relación al caso concreto planteado por el diputado promovente, esta dictaminadora considera insostenible la existencia de lo que, según se desprende de los argumentos esgrimidos, representa un estado de excepción en cuanto al goce de los derechos laborales y de seguridad social.

Quinta. Que, de igual manera, resultaría insostenible que el Estado mexicano convalidara este tipo de prácticas, mismas que de ser ciertas, ameritan la intervención inmediata de las instancias facultadas para ello.

Sexta. Que el Artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus fracciones I, II y XVI a la letra prescriben:

Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;

II. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas;

III. a XV. ...

XVI. Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la Administración Pública Federal, así como intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social en los términos de la Ley;

En virtud de lo anterior, de conformidad con el precepto legal invocado, resulta evidente que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, posee facultades para conocer del asunto materia del presente dictamen.

Séptima. Que, en este sentido, este órgano colegiado considera pertinente la intervención de dicha Secretaría, para que en primer lugar investigue si es que se configura la inobservancia de los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras de la empresa Avon Cosmetics, S.A. de C. V. a pesar de las actuaciones previas realizadas desde este H. Congreso de la Unión en la pasada LXI Legislatura; y resultando:

I. Que previo al establecimiento de una mesa de negociación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe indagar sobre el estatus que guarda el conflicto planteado por el diputado promovente, ya que como se ha expuesto con antelación, es un hecho que data de varios años atrás.

II. Que únicamente de esta manera dicha institución podrá implementar las medidas conducentes, sin que se exponga a incurrir en acciones precipitadas que actúen en perjuicio de la sana resolución de la problemática planteada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión somete al Pleno de la H. Cámara de Diputados, el presente Dictamen en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que dentro del contexto de la igualdad de derechos laborales, promueva el dialogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV; y el IMSS a fin salvaguardar el derecho a la seguridad social de que debe gozar todo trabajador.

Así lo acordaron las y los diputados secretarios e integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda reunión ordinaria de trabajo, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica en contra), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier (rúbrica), Julio Saldaña Morán, Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Soralla Bañuelos de la Torre, secretarios; Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, César Flores Sosa (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica en contra), Pedro Alberto Salazar Muciño, Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica).

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a difundir por la STPS los gastos y resultados del programa de apoyo al empleo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a difundir por la STPS los gastos y resultados del Programa de Apoyo al Empleo.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición en comento.

En esa tesitura, las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 27 de octubre de 2015, el C. Diputado Julio Saldaña Morán, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Proposición objeto del presente dictamen.

3. Posteriormente, con fecha 28 de octubre de 2015, fue recibido el expediente en esta Comisión.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora estudiaron los argumentos vertidos por el promovente, mismos que se transcriben íntegros a continuación:

“Considerandos

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) se creó con la finalidad de promover la colocación de personas desempleadas o subempleadas mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie. Sobre todo, en atención a la población en desventaja como jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, victimas u ofendidos de delitos y personas preliberadas.

Dicho programa se creó a partir de un acuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y funciona por medio de reglas de operación establecidas por el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

A su vez es integrado por tres subprogramas que son Bécate, cuyo objetivo es apoyar a buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.

Fomento al autoempleo: Consiste en la entrega de apoyos en especie como mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a los buscadores de empleo que cuenta con las competencias y experiencia laboral para desarrollar un negocio propio.

Movilidad laboral y repatriados trabajando: Apoyos económicos a los buscadores de empleo para que se trasladen a localidades distintas a las de su domicilio, en virtud de que no logran colocarse en un puesto de trabajo en su lugar de residencia. Y apoyos a connacionales repatriados mediante la entrega de boletos para transportación a su lugar de origen o residencia y con recursos económicos para auxiliarlo en la búsqueda de empleo.

Para el ejercicio fiscal de 2014-2015 se le destino un fondo de 1,533.62 millones de pesos.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce los criterios con los que son repartidos los recursos de dicho programa y no se sabe si realmente está cumpliendo con su cometido y proporciona empleo a personas vulnerables. Además de que no existe una base de datos de los beneficiados o un control que indique el número de personas (en estado vulnerable) que ya cuenta con un empleo gracias al programa.

A pesar de que las reglas de operación que rigen el programa manifiestan que los recursos que entrega la Secretaria de Trabajo y Previsión Social serán auditados por la Secretaria en coordinación con los órganos estatales de control y la Auditoria Superior de la Federación. Lo cierto es que esos datos son desconocidos para los ciudadanos.

Es preocupante la falta de información al respecto. Sin embargo, no es el único programa con opacidad y falta de información, de acuerdo con el Coneval y la Organización Gestión Social (Gesoc) el 85 por ciento de los programas del gobierno federal no resuelven los problemas que atienden debido a la opacidad y a la dispersión con la que se manejan.

Lamentablemente lo que informa el Coneval es la realidad que hemos estado viviendo desde hace unos años, que los programas sociales son utilizados con fines lucrativos del gobierno en turno, lo cual perjudica las finanzas públicas y no resuelve los problemas como desempleo, salud, pobreza, vivienda y educación.

Por lo anterior hacemos un llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que remita a esta Cámara de Diputados información relativa al programa y su respectiva evaluación. Con el propósito de saber si el Programa de Apoyo al Empleo está funcionando y dando resultados, a fin de saber si seguirá siendo considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016.

[...]”

Derivado de la exposición anterior, el diputado promovente plasmó el siguiente resolutivo:

“Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que haga (Sic.) del conocimiento público el funcionamiento, gastos de ejecución, convocatoria y padrón de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo.”

Consideraciones

Luego de la lectura puntual de los argumentos vertidos por el diputado autor de la Proposición en estudio, esta dictaminadora considera oportuno, en primer lugar, contextualizar el Programa de Apoyo al Empleo, el cual ha sido producto de la evolución de las necesidades sociales y las consecuentes acciones implementadas por el Estado mexicano a través de diversas administraciones, tal como se explica a continuación:1

En 1978, se modificaron diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, a fin de garantizar a los trabajadores el derecho de recibir capacitación y adiestramiento; y se estableció la creación del Servicio Nacional del Empleo (SNE), a cargo de un órgano desconcentrado dependiente de la STPS denominado Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, cuyas actividades fueron la promoción del empleo, colocación de trabajadores, capacitación y adiestramiento de los mismos.

En 1983 se reformó la Ley Federal del Trabajo en su artículo 538, con el fin de que el SNE formara parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que implementaran políticas activas de empleo para ampliar la cobertura de la población objetivo. Ese mismo año, se creó el Programa de Empleo de Emergencia, con el fin de promover la generación de empleos temporales para jóvenes que se integraban al mercado de trabajo y en 1984 se constituyó el Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (Probecat); éstos surgieron con carácter de emergentes, de tipo temporal y principalmente experimentales.

Debido a las fallas del mercado laboral, como son las diferencias entre los requerimientos de los empleadores en materia de perfiles laborales respecto de lo que los buscadores de empleo poseen en cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas para cubrir las vacantes disponibles e información insuficiente sobre los empleos existentes, se hizo necesario implementar un mecanismo para reducir esta problemática. En 2002, el Gobierno Federal, mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, puso en operación el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), al cual se incorporaron los programas Regionales de Empleo y el PROBECAT.

Para cumplir con el objetivo del PAE de promover la colocación en un empleo o actividad productiva de buscadores de empleo, mediante el otorgamiento de servicios, apoyos económicos o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) operó, por medio de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE), cuatro subprogramas:

A. Bécate: otorga becas a buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación o permanencia en un empleo o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.

B. Fomento al Autoempleo: entrega mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, para la creación o fortalecimiento de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP).

C. Movilidad Laboral: otorga apoyos económicos para el traslado a otra entidad o localidad cuando en el lugar de residencia del solicitante no tenga la oportunidad de emplearse.

D. Repatriados Trabajando: otorga apoyos económicos para el traslado desde el punto de repatriación hacia su lugar de residencia en el país con fines de búsqueda de empleo, a los connacionales repatriados que manifiesten no intentar un nuevo cruce hacia Estados Unidos de América (EUA).

Con lo hasta aquí expuesto, esta dictaminadora considera que queda clara cuál es la intensión de dicho programa, sin embargo, para efectos de mayor claridad, resulta necesario concatenar estos antecedentes con la política de empleo vigente durante la presente administración.

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 instituye la Estrategia 4.3.3 “Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo”, y para ello establece las siguientes líneas de acción: (1) Fortalecer los mecanismos de consejería, vinculación y colocación laboral; (2) Consolidar las políticas activas de capacitación para el trabajo y en el trabajo; (3) Impulsar, de manera focalizada, el autoempleo en la formalidad; (4) Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre empleadores y empleados, y (4) Promover la pertinencia educativa, la generación de competencias y la empleabilidad.

En relación con lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene entre sus objetivos promover el empleo e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, protección social y productividad de las personas, y para ello, cuenta con instrumentos como es justamente el Programa de Apoyo al Empleo, programa sujeto a Reglas de Operación.

Así mismo, conforme a lo que establece el artículo 40, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento. Dicho servicio tiene entre sus objetivos promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a la colocación de los trabajadores, así como diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable.

En esta tesitura, en efecto corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promover la articulación entre los actores del mercado de trabajo para mejorar las oportunidades de empleo; elaborar informes y formular programas para impulsar la ocupación en el país, así como procurar su ejecución; y, orientar a los buscadores de empleo hacia las vacantes ofertadas por los empleadores con base a su formación y aptitudes.2

También es importante señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, instrumenta diversos servicios y programas de intermediación laboral como lo es el Programa de Apoyo al Empleo.

Así las cosas, una vez hechas las precisiones anteriores, esta Comisión se dedicó a indagar el supuesto déficit de información, dentro del periodo señalado (2014-2015), respecto a los rubros concretos consignados en el resolutivo de la Proposición en estudio, relativos a: Funcionamiento, gastos de ejecución, convocatoria y padrón de beneficiarios.

Al respecto, las y los integrantes de esta comisión de Trabajo y Previsión Social analizaron la información disponible en el sitio electrónico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/rendicion_cuentas/index_ren d_ctas.html), así como en el portal de Transparencia Presupuestaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Mexico_prospero#Mexic oProspero).

De esta indagatoria, en relación con la preocupación del Diputado Julio Saldaña Morán respecto a la publicidad del “funcionamiento” y la “convocatoria” del Programa de Apoyo al Empleo, es importante aclarar que dichos términos son ambiguos y ello los somete a interpretación. Sin embargo, esta Comisión considera que tales inquietudes quedan solventadas en virtud de que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, fracción XLV y 77, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son justamente las Reglas de Operación el instrumento encargado de determinar los “lineamientos, metodologías, procedimientos, manuelas, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de su naturaleza análoga ”.

En ese orden de ideas, esta dictaminadora considera que no procede la solicitud del Diputado respecto a la supuesta falta de información de “funcionamiento” y “convocatoria” del Programa de Apoyo al Empleo, sin embargo, aún restan dos puntos fundamentales derivados del resolutivo propuesto por el promovente en la Proposición de mérito, a saber: la información relativa a los “gastos de ejecución” y al “padrón de beneficiarios”.

Respecto a los “gastos de ejecución”, las y los integrantes de esta Comisión, no encontramos alguna disposición oficial que defina lo que debe entenderse por tal concepto, sin embargo, se sabe que éste es propio del derecho fiscal y se infiere que se trata del costo que genera cumplir una resolución o mandato de ley para quien se encarga de ejecutarlos.

En ese contexto esta dictaminadora, luego de revisar detenidamente los referidos sitios de internet, únicamente encontró información relativa a las acciones realizadas respecto al Programa en cuestión, con presupuesto federal y estatal del año 2014 hasta el mes de octubre de 2015, misma que se plasma a continuación:3

Así mismo, se indagó en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información referente al Presupuesto de Egresos de la Federación5 del ejercicio fiscal 2015, concretamente el apartado relativo al Ramo Administrativo 14 “Trabajo y Previsión Social”, en donde en el Análisis Funcional Programático y en los Programas Presupuestarios en Clasificación Económica, no se encontró el monto relativo a los Gastos de operación, rubro que se interpreta como sinónimo de los gastos de ejecución a los que hace referencia el diputados promoverte.

Adicionalmente, se indagó en los respectivos Informes de Labores disponibles para consulta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde no es posible ubicar la información relativa los gastos de operación que ha implicado el multicitado programa.

Por otra parte, respecto a la inquietud del Diputado promovente respecto a la publicidad del “padrón de beneficiarios”, esta dictaminadora encontró en la plataforma de internet denominada “Datos Abiertos del Gobierno de la República”6 información relativa al programa en cuestión en sus modalidades de Bécate, capacitación para el autoempleo; y Movilidad laboral, sector agrícola, ambos referentes al periodo de enero a marzo de 2015, sin embargo, no existe información completa respecto a la totalidad del periodo 2014-2015.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en ánimo de abonar a la transparencia y rendición de cuentas que debe imperar en el gasto público de un gobierno democrático, y en vista de las consideraciones plasmadas en el cuerpo del presente, esta juzgadora arriba a la conclusión, se somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dentro del marco respetuoso de la colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover y vigilar la transparencia, en especial la información relativa a los gastos de operación y el padrón de beneficiarias y beneficiarios del programa de apoyo al empleo (PAE), correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.

Notas

1 La información fue recabada del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación en su auditoría de desempeño 12-0-14100-07-1191.

2 Información extraída del Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2014.

3 Información disponible en: www.empleo.gob.mx/es_mx/empleo/Programa_de_Apoyo_al_Empleo_PAE

4 El documento original plasma datos del periodo comprendido del año 2001 al mes de octubre de 2015, sin embargo, para efectos de atender la temporalidad de interés para el diputado promovente, únicamente se extrajeron los datos referentes a los años 2014 y 2015.

5 www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2015/html/r14_op1. html

6 http://catalogo.datos.gob.mx/dataset/padron-de-beneficiarios-de-los-pro gramas-sociales-incluidos-en-la-cruzada-nacional-contra-el-ha/resource/ 203bf3da-066b-4f02-a90b-31a1ffa802d5?inner_span=True

Así lo acordaron las y los Diputados Secretarios e Integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda Reunión Ordinaria de Trabajo, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Soralla Bañuelos de la Torre, secretarios; Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, César Flores Sosa (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica).

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo relativo a la ratificación por la STPS y la Cámara de Senadores del convenio 156 de la OIT, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnado, para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo relativo a la ratificación por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la H. Cámara de Senadores, del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

Antecedentes

1. En fecha 22 de septiembre de 2015, la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición objeto del presente dictamen.

2. En fecha 20 de octubre del presente año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Con la misma fecha, 20 de octubre de 2015, fue recibido el expediente en esta Comisión.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por la promovente, mismos que se transcriben a continuación, en las partes que interesan:

“Nuestro país firmó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). La CEDAW establece que nuestro país debe adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres 1 ”, por lo que nuestro país debe dar el “apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública” (artículo 1, numeral 2, inciso c) ).

La Organización Internacional del Trabajo reconoce “que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades” (Preámbulo del Convenio 156 de la OIT).

Derivado de lo anterior, es que la Organización Internacional del Trabajo cuenta hoy en día con 189 convenios internacionales -de los cuales nuestro país ha ratificado 79-; y dentro los que destacan la ratificación de nuestro país el Convenio 100 Sobre igualdad de remuneración y el Convenio 111 Sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación).

La Ley Federal del Trabajo, reformado (sic.) por esta soberanía en el 2012, establece en su artículo 2o. la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres trabajadores “se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres” (sic).

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, en su 52º período de sesiones, llevado a cabo del 9 a 27 de julio de 2012, en sus observaciones finales tomó nota con reconocimiento de la adopción en 2009 de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres, instrumento no vinculante que certifica a las organizaciones públicas, sociales y privadas que incluyen una perspectiva de género en sus prácticas de empleo.

Sin embargo, el Comité observó con preocupación la persistencia de las prácticas discriminatorias contra la mujer en el ámbito del empleo dentro de su apartado “Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones”.

Por ello, recomendó para que nuestro país para que se “Ratifique el Convenio número 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares ”2 .

Consideraciones

Una vez analizados los argumentos expuestos con anterioridad, esta dictaminadora se dedicó a consultar diversas fuentes de información a efecto de tener mayor claridad y mayores elementos de fondo para estar en condiciones de ponderar la Proposición de la Diputada promovente.

Al respecto, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consultó los siguientes documentos:

A. CONVENIO C-156, SOBRE LOS TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES. Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares (Entrada en vigor: 11 agosto 1983).

B. LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979.

C. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CEDAW, adoptado el 6 de octubre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

D. NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2009, que establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

E. NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2012, para la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

Derivado de su consulta, las y los legisladores integrantes de esta dictaminadora, hacemos las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

El Estado mexicano, en efecto ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por su abreviatura en inglés, el 23 de marzo de 1981, año en el que entró en vigor en nuestro país. Al respecto es menester mencionar, a efecto de dotar de claridad el presente dictamen, que esta Convención hace las veces Carta internacional de los derechos humanos de las mujeres, en la que define, entre otras cosas, el concepto de discriminación contra la mujer y se instituye una agenda de acción con la finalidad de acabar con tal discriminación.

A efecto de revisar los progresos realizados en la aplicación de la multicitada Convención, el Artículo 17 de ésta establece la creación de un Comité integrado por 23 expertas elegidas por los Estados parte, quienes ejercen sus funciones por un período de cuatro años.

Lo anterior cobra relevancia ya que de conformidad con lo estipulado en el párrafo 1 del artículo 21 de la CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se encuentra en posibilidad de hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos aportados por los Estados Partes.

Así las cosas, esta dictaminadora corroboró que en el marco del Vigésimo Segundo periodo de sesiones de dicho Comité, se emitieron las denominadas “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”, en las cuales para el caso de México, en el apartado “C” “Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones”, numeral 29, inciso e), a la letra señala:

“29. El Comité reitera su recomendación anterior de que el Estado parte armonice plenamente su legislación laboral con el artículo 11 del Convenio y acelere la adopción de la Ley Federal del Trabajo, pendiente desde hace varios años. Insta al Estado parte a que:

a) a d)...

e) Ratifique el Convenio núm. 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, y el Convenio núm. 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos 3 .

De lo anterior, se desprende que nuestro país posee un adeudo internacional relativo al citado convenio.

Ahora bien, respecto a la referencia que hace la promovente respecto al reconocimiento de la CEDAW a la Norma Oficial Mexicana que establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres (NMX-R-025-SCFI-2009), es menester de esta Comisión hacer la siguiente precisión que, si bien no influye como un tema de fondo en nuestra determinación, si debe manifestarse en el ánimo de dotar de precisión los razonamientos orientadores de este órgano legislativo.

En fecha 23 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-20124 , para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, misma que cancela a la NMX-R-025-SCFI-2009, citada por la legisladora promovente, la cual versa sobre el mismo objeto, pero posee actualizaciones respecto a la ponderación de los valores empleados como referencia para llevar a cabo la certificación de las empresas en materia de igualdad de género.

Ahora bien, una vez hechas las precisiones anteriores, resulta necesario definir el contenido del Convenio 156 de la Organización Mundial del Trabajo.

El multicitado Convenio se refiere a la igualdad de oportunidades y de trato entre las y los trabajadores, al tiempo que reconoce los problemas, así como las necesidades y particularidades que enfrenta la clase trabajadora en cuanto a lo que se denomina “responsabilidades familiares”, lo que a su vez es entendido, según se desprende de la lectura del Artículo 1 de dicho instrumento, como las responsabilidades de los trabajadores hacia los hijos a su cargo, así como con otros miembros de su familia directa que de manera “evidente” requieran de cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella.

En concatenación con lo anterior, el artículo 3 del mismo instrumento señala que “Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales .”5

En este sentido, para esta Comisión de Trabajo y Previsión Social resulta claro que el objeto de este instrumento es suprimir las limitantes que afrontan las mujeres, en primer lugar, para insertarse en el mercado laboral y, en segundo término, para permanecer en éste.

En este punto cabe reflexionar sobre las funciones que en algunos casos lamentablemente se siguen considerando “inherentes” a la mujer tales como el trabajo doméstico y las responsabilidades familiares, mismas que en última instancia, condicionan y circunscriben sus trayectorias ocupacionales.

Por otra parte resulta trascendente hacer mención que el multicitado Convenio, ha sido ratificado hasta el momento por 44 países, de los cuales en efecto, México no forma parte.

Al respecto, esta dictaminadora se ha dado a la tarea de analizar el marco jurídico general que regula la celebración de compromisos internacionales por parte del Estado mexicano, a saber: el Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley sobre la Celebración de Tratados, de lo cual se desprenden las siguiente:

De acuerdo con la definición que otorga el Artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, un Tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular6 .

Por su parte, el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Presidente de la República la facultad de celebrar Tratados7 ; mientras que su artículo 76, fracción I, concede al Senado de la República la facultad de aprobarlos y, el 133, señala que los tratados son considerados Ley Suprema de toda la Unión siempre que sean compatibles con los principios constitucionales de la República.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal regula la forma en que la Administración Pública Federal puede participar en la celebración de tratados, acuerdos y convenciones internacionales a través de las facultades otorgadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual se establece en su artículo 28, que a continuación se transcribe en las artes que interesan:

“Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;

II. a XI. [...]

XII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.”

Así mismo, de la revisión del mismo ordenamiento, en lo que respecta a las facultades otorgadas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consignadas en el Artículo 40, se desprende que esta dependencia carece de facultades expresas para celebrar y/o firmar instrumentos internacionales.

Por su parte, la Ley sobre Celebración de Tratados, establece los lineamientos para la aprobación de los tratados internacionales por parte del Senado de la República de conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 76 Constitucional, en el que se prevé que los tratados que se sometan al Senado, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda y cuya resolución se comunicará al Presidente de la República. Asimismo, establece el procedimiento para la celebración de los mismos, el cual correrá a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores1.

Es por ello que las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consideramos que, si bien la proposición de la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, atiende un tema de gran interés para la agenda pública del país, requiere ajustarse a los extremos legales que permitan encausar el espíritu de su propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta dictaminadora somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en estudio en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se impulse y suscriba el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

Notas:

1 El subrayado es nuestro.

2 El subrayado es nuestro.

3 El subrayado es nuestro.

4 Esta norma fue objeto de una “Aclaración”, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 5 de junio de 2013.

5 El subrayado es propio.

6 LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO, Estudio de antecedentes, marco jurídico y conceptual, iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas y Derecho Comparado, p. 3 SEDIA, Cámara de Diputados, 2012.

7 Sin embargo artículo 15 Constitucional establece que al Presidente no se le autoriza la celebración de tratados en materia de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

8 LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO, Estudio de antecedentes, marco jurídico y conceptual, iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas y Derecho Comparado, pp. 14-15, SEDIA, Cámara de Diputados, 2012.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo relativo a las condiciones laborales de los jornaleros de diversas comunidades en el norte del país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativa a las condiciones laborales de los jornaleros de diversas comunidades en el norte del país.

Antecedentes

1. En fecha 15 de octubre de 2015, la diputada Blandina Ramos Ramírez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentó la proposición de mérito, objeto del presente Dictamen.

3. Con la misma fecha 20 de octubre de 2015, fue recibido el expediente en esta Comisión.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, analizamos los argumentos vertidos por la diputada promovente, mismos que se transcriben íntegros a continuación:

“Consideraciones

Desde las primeras décadas del siglo diecinueve, en el marco del proceso de la revolución de Independencia, insurgentes de la talla de Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón habían plasmado en el Decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado y en los Sentimientos de la Nación –una de las obras más célebres de la historia del pensamiento político mexicano– la proscripción de la esclavitud.

Esos postulados fueron retomados y consagrados en nuestra Carta Magna vigente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, misma que contiene en el capítulo uno “la prohibición de la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos”. Sin embargo, la práctica de la esclavitud moderna se ha vuelto un común denominador entre los jornaleros mexicanos que son víctimas de capataces y patrones que los reclutan de manera forzada, violando las garantías más elementales.

No sólo el marco jurídico nacional señala la prohibición de la esclavitud, sino también, diversos organismos internacionales han construido dispositivos legales al respecto. Asimismo, han denunciado a las empresas que implementan la esclavitud moderna y a los gobiernos omisos que se convierten en cómplices de este deleznable acto. De acuerdo con la medición que realiza el Índice Global de Esclavitud para el continente americano (The Global Slavery Index) de 2014, México se encuentra en el cuarto lugar de los países donde la esclavitud moderna es más frecuente, sólo por debajo de Haití, Surinam y Guyana.

En México, como bien lo ha denunciado el laboralista Arturo Alcalde Justiniani, el sector más olvidado, golpeado y víctima de abusos es sin duda el campesino. Los jornaleros han sido sujetos históricamente a toda clase de vejaciones: reciben un pingüe salario a cambio de jornadas extenuantes, habitan en lugares insalubres; son innumerables los riesgos de trabajo que enfrentan, derivados de los productos químicos que manipulan y la violación a la integridad de sus familias, especialmente a las mujeres es constante. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo incluye un capítulo especial para ese sector, éste es letra muerta.

Asimismo, tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Organización Mundial del Comercio (OMC) también apuntan que el sector rural, es uno de los sectores más afectados por la globalización y las iniciativas recientes en los tratados de libre comercio. Del mismo modo, en el sector rural se concentra gran parte de la población pobre, del trabajo infantil y del trabajo forzoso y es también donde existen mayores inequidades de género. Por otro lado, también recomiendan que se dé especial atención a la situación de las poblaciones indígenas, sentadas en su mayor parte en zonas rurales.

Si bien, el caso de los jornaleros del valle de San Quintín en Baja California, fue un botón de muestra reciente que ilustra este funesto panorama de los trabajadores del campo mexicano. En los últimos meses, diferentes medios de comunicación han difundido las precarias condiciones en las que se encuentran los jornaleros, quienes sufren la dominación y explotación derivada de la esclavitud moderna ejercida por las empresas tanto nacionales como extranjeras, que no encuentran límites para despojar a las comunidades originarias del norte del país.

[...]”

Derivado de la exposición anterior, la diputada promovente plantea los siguientes puntos resolutivos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y a los delegados federales del Trabajo a que en el ámbito de sus competencias hagan cumplir cabalmente –en primera instancia- el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que explícitamente prohíbe la esclavitud, lo que establece el capítulo VIII de la Ley Federal del Trabajo respecto a los “trabajadores del campo”. Así como respetar el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre “Pueblos Indígenas y Tribales” que ha ratificado el Estado mexicano.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instruir a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para que se refuercen las acciones para detectar y denunciar, conforme al programa y protocolos de inspección correspondientes, a los patrones que violen los derechos laborales de los jornaleros para que sean castigados severamente por la vía penal.”

Consideraciones

Una vez analizados los argumentos expuestos con anterioridad, esta Comisión se dedicó a analizar la viabilidad y procedencia de la petición que propone la Diputada Blandina Ramos Ramírez.

Esta Comisión de Trabajo y Previsión Social concuerda con la intención de proposición en estudio respecto a salvaguardar los derechos humanos de los individuos, así como sus condiciones laborales conforme al marco jurídico que tutela este derecho.

La petición realizada por la legisladora encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su Título Primero, Capítulo I, establece cuáles son los derechos humanos y sus respectivas garantías para todas las personas que se encuentren en territorio mexicano, siendo una de éstas la prohibición de la esclavitud.

Así mismo, de la revisión de la Ley Federal del Trabajo se encontró, concretamente en el Título Sexto “Trabajos Especiales”, Capítulo VIII “Trabajadores del campo”, que comprende los artículos 279 al 284, que se encuentran reguladas las condiciones de trabajo para los trabajadores del campo o jornaleros, las cuales desde luego se ajustan a lo dispuesto por la Constitución Federal en materia de derechos humanos y sus garantías, así como al derecho al trabajo digno.

Respecto al Convenio 169, “Sobre los pueblos indígenas y tribales”, esta comisión corroboró que fue ratificado por nuestro país en el año de 1989 y que sus disposiciones son compatibles con las disposiciones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

El Convenio establece, entre otras cosas, que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales (artículo 3) y asegurar que existen instituciones y mecanismos apropiados para ello (artículo 33). Así mismo, como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, el artículo 4 del Convenio establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos.

En este sentido, esta dictaminadora arriba a la conclusión de que los salarios mínimos que deberán ser disfrutados por los trabajadores, deberán instituirse en suficientes de manera que puedan satisfacer el mínimo de vida de la familia en el orden material, social y cultural y para proveer de educación obligatoria a los hijos, y el monto de este se fijara considerando las condiciones de las distintas actividades económicas.

Es por lo anterior que las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos que toda vez que la proposición de la diputada Blandina, pretende asegurar el goce del derecho al trabajo digno y en virtud de que los puntos resolutivos de su proposición no encuentran impedimento legal, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran que es viable someter a consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en estudio en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que promueva y vigile los derechos humanos consagrados en artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de evitar la transgresión de los mismos en perjuicio de la libertad laboral y de las correctas condiciones de trabajo de diversas comunidades campesinas del norte del País.

Segundo. En el mismo marco, se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instruir a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para que se refuercen las acciones para detectar y denunciar, conforme al programa y protocolos de inspección correspondientes, a los patrones que violen los derechos laborales de los jornaleros agrícolas.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se solicita a la STPS y la Sedesol que investiguen sobre las condiciones laborales de los jornaleros en Coahuila

Honorable Asamblea:

Antecedentes

1. En fecha 22 de septiembre de 2015, el diputado Alejandro González Murillo, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó la proposición de mérito, objeto del presente dictamen.

3. En la misma fecha, 20 de octubre del año 2015, fue recibido el expediente en esta Comisión.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por el promovente, mismos que se transcriben íntegros a continuación:

“Consideraciones

Se dio a conocer un nuevo caso de jornaleros agrícolas explotados en el estado de Coahuila; luego que 61 campesinos de los estados de Hidalgo y San Luis Potosí, específicamente de las comunidades de Axtla de Terrazas, Xilitla y Tamazunchale en San Luis Potosí, y de Huejutla, Huautla, Atlapexco, Yahualica y Calnali de Hidalgo, denunciaran las condiciones de explotación en las que se encontraban.

Dichos jornaleros relatan que fueron llevados al norte del país, concretamente a Parras Hidalgo, en Coahuila, contratados para el corte de chile poblano; sin embargo, al llegar al rancho las condiciones de trabajo no fueron las especificadas previamente.

En su relato dieron cuenta de las condiciones infrahumanas de trabajo, cercanas a la esclavitud, debido al hacinamiento, jornadas prolongadas y extenuantes sin pago; además de que les tenían limitada la comida, que consistía únicamente en sopas y agua que tomaban de manera directa de una tubería de PVC.

Estos trabajadores del campo lamentaron que aunque esta es la segunda ocasión que un grupo de jornaleros de Hidalgo regresa a la entidad a denunciar la explotación que viven en los campos de Coahuila, y aun cuando se han hecho públicas las condiciones de explotación de las que son objeto los jornaleros, las autoridades son omisas y permiten que continúe la explotación laboral.

Cabe recordar que el pasado 20 de agosto del año en curso se dio a conocer por los medios de comunicación que 63 niños fueron encontrados en Coahuila viviendo en condiciones precarias mientras trabajaban como jornaleros dentro de dos ranchos propiedad de la empresa Prokarne.

El hallazgo se realizó en nueve lugares distintos y se sabe que los menores eran originarios de cuatro estados: San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas; dormían en el suelo y prácticamente los mataban de hambre; y ahora se encuentran en albergues bajo el resguardo del DIF-Coahuila y de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

Los infantes, junto a otras 100 personas, huyeron de un campo agrícola en el ejido El Higo, en Ramos Arizpe, donde eran explotados, según informó el secretario de Gobierno coahuilense.

Que la titular de la Pronnif, detalló que recibían dos raciones de comida al día, tenían una jornada laboral superior a 15 horas diarias, y recibían bajos sueldos; incluso, algunos llevan dos meses trabando sin ningún pago, pues en octubre concluía su contrato.

Así las cosas, resulta urgente que la autoridad revise las condiciones laborales en las que se encuentran los jornaleros agrícolas, en especial en el estado de Coahuila.

[...]”

Derivado de la exposición anterior, el diputado promovente plasmó el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Desarrollo Social, para que, a la brevedad, investigue la presunta explotación laboral de jornaleros agrícolas en el estado de Coahuila y, en su caso, imponga las sanciones que correspondan y dé vista a la autoridad competente de comprobarse la comisión de delitos.

Consideraciones

Una vez analizados los argumentos expuestos con anterioridad, esta dictaminadora se dedicó a investigar los presuntos hechos vertidos por el Diputado promovente, en virtud de que la Proposición de mérito no citaba sus fuentes de información, lo cual resulta fundamental a efecto de tener mayor claridad y poseer mayores elementos para estar en condiciones de ponderar la Proposición de la Diputada promovente.

Así las cosas, de la investigación que se realizó se encontraron en una búsqueda en medios de comunicación electrónicos que en efecto existen algunos reportajes relativos al “rescate” de jornaleros en el estado de Coahuila, sin embargo, no se pudo encontrar alguna referencia concreta al caso que plantea el diputado promovente.

Los principales medios consultados se relacionan en la lista siguiente:

Fecha: 19/08/2015
Medio consultado: INFORMADOR.COM
Dirección electrónica:
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/609826/6/resca tan-a-40-menores-jornaleros-en-coahuila.htm

Fecha: 20/08/2015
Medio consultado: EXCELSIOR
Dirección electrónica:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/20/1041251

Fecha: 20/08/2015
Medio consultado: SDP NOTICIAS
Dirección electrónica:
http://www.sdpnoticias.com/estados/2015/08/20/hallan-a- 63-menores-jornaleros-explotados-en-coahuila

Fecha: 21/08/2015
Medio consultado: MILENIO
Dirección electrónica:

http://www.milenio.com/region/Explotacion_laboral_en_Coahuila-jornaleros_explotados_en_Coahuila-SETRA_0_577142321.html

Fecha: 21/08/2015
Medio consultado: ELUNIVERSAL
Dirección electrónica:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/ 21/rescatan-otros-229-jornaleros-en-coahuila

Fecha: 22/08/2015
Medio consultado: NOTICIEROS TELEVISA
Dirección electrónica:
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1508/suman-307-jornaleros-rescatados-ramos-arizpe-coahuila/

Fecha: 22/08/2015
Medio consultado: LA JORNADA
Dirección electrónica:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/22/detienen-a-propietario-de-campos-en-coahuila-donde-eran-explotados-jornaleros-5862.html

Fecha: 22/08/2015
Medio consultado: NOTICIEROS TELEVISA
Dirección electrónica:
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1508/pgj-coahuila-confirma-detencion-oscar-lozano-chavez-expltacion-j/

Fecha: 27/08/2015
Medio consultado: EXCELSIOR
Dirección electrónica:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/27/1042532

Fecha: 28/08//2015
Medio consultado: EXCELSIOR
Dirección electrónica:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/21/1041284

Fecha: 04/09/2015
Medio consultado: INFORMADOR.MX
Dirección electrónica:
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/612694/6/liberan-a-tres-acusados-de-explotacion-laboral-en-coahuila.htm

Fecha: 11/09/2015
Medio consultado: ZOCALO
Dirección electrónica:
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/rescatan-a-jornaleros-que-laboraban-en-condiciones-inhumanas-1441970322

Fecha: 11/09/2015
Medio consultado: AZTECA NOTICIAS
Dirección electrónica:
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/230803/r escatan-a-52-jornaleros-en-coahuila

Fecha: 14/09/2015
Medio consultado: PULSO
Dirección electrónica:
http://pulsoslp.com.mx/2015/09/14/denuncian-nuevo-caso-de-explotacion-a-jornaleros-de-slp-en-coahuila/

En dichas consultas, se pudo corroboran que en efecto existen casos en donde trabajadores jornaleros son objeto de condiciones laborales que no cumplen con los requisitos impuestos por el marco jurídico que tutela el derecho al trabajo digno. Sin embargo, también se encontraron notas periodísticas en donde se da a conocer que el empresario de origen sinaloense Oscar Lozano Chávez, uno de los dueños de los centros de trabajo objeto de esta explotación, fue detenido por agentes de la Subprocuraduría para delitos especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.

Al respecto, es menester de esta comisión dictaminadora plasmar que coincide plenamente con el ánimo del diputado promovente respecto a emprender acciones para erradicar este tipo de prácticas.

Lo anterior encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en su Título Primero, Capítulo I, establece cuales son los derechos humanos y sus respectivas garantías para todas las personas que se encuentren en territorio mexicano.

En su artículo 5, párrafo tercero se establece que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

Así mismo, la Ley Federal del Trabajo, en su Título Sexto “Trabajos Especiales”, Capítulo VIII “Trabajadores del campo” (artículos 279 al 284), se refiere a las condiciones de trabajo para los trabajadores del campo o jornaleros, las cuales desde luego se ajustan a lo dispuesto por la Constitución Federal en materia de derechos humanos y sus garantías, así como al derecho al trabajo digno.

Por otra parte, la propuesta de resolutivo plasmado por el promovente también debe ser analizada en virtud de tener certeza si las instancias a las que se pretende exhortar en efecto cuentan con facultades que permitan atender en tema de fondo de la Proposición en estudio. En este sentido se consultó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), de los cual se desprende lo siguiente:

A. El promovente pretende exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de lleven trabajos de investigación sobre la presunta explotación laboral de trabajadores jornaleros en una de las entidades federativas del país.

B. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según se desprende de las facultades prescritas por el artículo 40 de la LOAPF, entre otras tareas, tiene la de vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos.

C. Por su parte la Secretaría de Desarrollo Social, según se desprende de la lectura del artículo 32 de la LOAPF, carece de facultades para intervenir en la forma que propone el autor de la proposición de mérito.

Es por lo anterior que las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos que, si bien la proposición del diputado Alejandro González Murillo, busca atender una problemática que resulta en detrimento de los derechos laborales de un sector de la clase trabajadora mexicana, requiere ajustarse a los extremos legales que permitan encausar el espíritu de su propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en estudio en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, dentro de su esfera de competencia, desarrolle las acciones necesarias a efecto de prevenir y, en su caso, atender a través de los mecanismos que correspondan, las condiciones laborales y las denuncias hechas por jornaleros agrícolas en el estado de Coahuila.

Así lo acordaron las y los Diputados Secretarios e Integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda reunión ordinaria de trabajo, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y la Conasami a establecer un salario mínimo diario de 95 pesos en todo el país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) a establecer un salario mínimo diario de 95 pesos en todo el país.

Antecedentes

1. En fecha 15 de octubre de 2015, el diputado Arturo Santana Alfaro, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición de mérito, objeto del presente dictamen.

3. Con la misma fecha, 20 de octubre de 2015, fue recibido el expediente en esta Comisión.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por el promovente, mismos que se transcriben íntegros a continuación:

“Consideraciones

El salario mínimo de acuerdo con lo estipulado por el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Este deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Así como para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo es la suma mínima que deberá pagarse al trabajador, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia; teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países.

Por otra parte, en el artículo 123 Apartado A fracción VI de la Carta Magna se establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Con base en el informe emitido en 2014, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el sueldo mínimo en México fue de 146.15 dólares al mes, ubicándose en los últimos lugares de la región según dicho informe. Igualmente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), situó al país como el único con el salario mínimo inferior al umbral de la pobreza, y un 14 por ciento de los trabajadores reciben un ingreso aún inferior a éste.

El pasado 28 de septiembre de 2015, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en compañía del presidente de la Conasami el licenciado Basilio González Núñez y los representantes oficialistas de la clase trabajadora, así como los representantes del sector patronal, aprobaron el acuerdo del aumento del salario mínimo diario, anunciando con bombo y platillo el incremento a los salarios mínimos en $1.83 pesos diarios de la zona geográfica B, para quedar en $70.10 para todas las zonas de nuestro país.

Asimismo, el secretario del Trabajo, dijo que esta resolución beneficiaría cerca de 751 mil 915 trabajadores que perciben un salario mínimo y laboran en los 2 mil 341 municipios clasificados en el área geográfica B.

Dicha propuesta es francamente ofensiva para la clase trabajadora en nuestro País y sobre todo totalmente alejada de la realidad económica que se está viviendo en México. Ya que dicho salario que opera en la actualidad no alcanza para comprar los productos de la canasta básica, ni para cubrir las necesidades primordiales de una familia.

Algunos agentes económicos como empresarios o el Banco de México, advierten que no se puede dar un incremento, sin que primero haya mayores niveles de productividad en la clase trabajadora.

Por su parte, el secretario del Trabajo mencionó que la homologación del salario mínimo es insuficiente y que un mayor incremento afectaría las micro, pequeñas medianas empresas. Además, se tendría que recortar personal y realizar otros ajustes para soportar los costos. Recalcó que se podría elevar el salario hasta 80 o 90 pesos, pero en el caso de que esto sucediera, sería una absoluta irresponsabilidad, ya que no habría quien pagara el incremento.

Lo anterior, se contrapone con lo señalado por el vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Jonathan Heath, quien asegura que “existe un amplio margen para aumentar el mínimo sin perjuicio a la inflación o al desempleo”.

De igual forma, el investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México (Colmex), Gerardo Esquivel Hernández admitió que hay un riesgo inflacionario de elevar el mínimo, porque los empresarios trasladarían los costos adicionales de su nómina a sus productos, sin embargo, el impacto sería “moderado”. Ya que, si el salario aumentará de manera inicial de 10 a 20 por ciento, el impacto inflacionario sería de 0.5 a 1 punto porcentual sobre la inflación, estimó.

Asimismo, manifiesta que existen 5 argumentos del por qué si se puede subir el salario mínimo, los cuales son los siguientes: 1) No está ligado a la productividad. 2) No se necesita un decreto, sólo se necesita un acuerdo entre empresa, Gobierno y trabajadores. 3) Aumento acotado. 4) Desvincular el salario de multas y créditos. 5) Fortalecer a la economía formal.

Por otro lado, el director del Programa de Maestría en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), José Gabriel Martínez, consideró que si hubiera un aumento al salario mínimo este no tendría un efecto inflacionario, ya que el grueso de trabajadores que ganan el mínimo no es la mayoría y no habría un impacto “grande” en los precios.

Es claro que sí se puede hacer un aumento considerable en el salario mínimo diario en nuestro país, ya que no existe como lo señalan los diversos expertos una lógica con lo que dice el gobierno federal, que se debe de aumentar la productividad y que en base a eso el salario pueda aumentarse.

De la misma forma, se plantea que el salario mínimo debe ser igual al costo de la canasta alimentaria y cubrir las necesidades básicas de una familia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó, que la fijación del salario debe de ser un elemento de toda política establecida para eliminar la pobreza y asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores y sus familias. Además, que es necesario que el mismo se vaya ajustando con el tiempo, tomando en consideración los cambios en el costo de la vida.

Es preciso que en cualquier economía sean inevitables las modificaciones a los salarios mínimos diarios, que garanticen una calidad de vida para todas las familias mexicanas. Con esto se estaría consagrando verdaderamente el derecho universal al salario mínimo.

En el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se encuentra plasmado otro principio fundamental que sustenta en qué consiste un salario digno; el cual menciona que: a. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. b. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

La anterior, postura, sostiene que el salario es un derecho humano económico y por lo cual tiene que ser satisfactorio, ya que sirve al trabajador para sobrevivir.

Por lo tanto, es necesario que el gobierno federal trabaje de la mano con los empresarios, la clase trabajadora y el presidente de la Conasami, para llevar a cabo el procedimiento señalado en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente. Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen: I. Por iniciativa del Secretario del Trabajo y Previsión Social quien formulará al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos solicitud por escrito que contenga exposición de los hechos que la motiven; o II. A solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de los patrones previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por los sindicatos, federaciones y confederaciones que representen el cincuenta y uno por ciento de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, o por los patrones que tengan a su servicio por lo menos dicho Porcentaje de trabajadores. b) La solicitud contendrá una exposición de los fundamentos que la justifiquen y podrá acompañarse de los estudios y documentos que correspondan. c) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que reciba la solicitud correspondiente y previa certificación de la mayoría a que se refiere el inciso a) de este artículo, la hará llegar al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con los estudios y documentos que la acompañen.

Como diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estoy preocupado por la clase trabajadora de nuestro país, la cual hasta el día de hoy se encuentra en un total estado de indefensión, y que hoy, necesita que todos apoyemos para que puedan tener verdaderamente un salario digno para ellos y sus familias. Y de esta forma ganen lo suficiente para que puedan cubrir las necesidades más elementales para sobrevivir.

No obstante, lo manifestado por el Coneval, en donde se propone un salario mínimo de $82.60 y el cual serían suficiente para cubrir las necesidades primarias de una familia.

Es por ello, que propongo que el salario mínimo diario sea del orden de los $95.00 el cual alcanzaría desde mi perspectiva para los gastos generales diarios para una familia modesta.

En este sentido se estaría hablando de un salario mínimo mensual de 2 mil 850 pesos en comparación del propuesto por el gobierno a través de la Conasami, que sería del orden de 2 mil 133 pesos mensuales.

Estableciendo una diferencia de 717 pesos entre la propuesta por un servidor y lo que propone el gobierno federal a través de la Conasami.

Con el aumento del salario mínimo de referencia se podría combatir de manera eficaz la pobreza que aqueja hoy a en nuestro país.

Con esto lograríamos ponernos a la par con países como Paraguay en donde a la clase trabajadora le alcanza el salario perfectamente para vivir con las necesidades básicas y con esto el esfuerzo de cada uno de los trabajadores es verdaderamente recompensado.

Es momento de escuchar a la clase trabajadora y sin dejar de lado la opinión de la clase patronal para tratar de estabilizar paulatinamente el salario mínimo hasta que este sea tangible para la clase trabajadora.

[...]”

Derivado de la exposición anterior, el diputado promovente plasmó el siguiente resolutivo:

“Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para establecer un salario mínimo diario en todo el país de 95 pesos, como piso y que en lo subsecuente se esté actualizando hasta cumplir con los extremos constitucionales establecidos en el artículo 123 Apartado A.”

Consideraciones

Una vez analizados los argumentos expuestos con anterioridad, las y los diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora encontraron que la fracción VI del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional, a la vez que señala los atributos que deberá reunir el salario mínimo.

Por su parte, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo vigente, reglamentaria de este precepto Constitucional, recoge estos señalamientos y en su artículo 570, fracción II, faculta a los Sindicatos, Federaciones y Confederaciones de Trabajadores para solicitar la revisión de los salarios mínimos durante su vigencia.

Por su parte, el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece el objeto de las proposiciones con punto de acuerdo y atribuye a este instrumento la función de fijar la posición de esta soberanía respecto a algún asunto específico de interés nacional, tal como es el caso de la proposición que nos ocupa.

En este sentido, es importante plasmar en el presente dictamen que las y los integrantes de este órgano legislativo, estamos ciertos que el aumento del salario mínimo es un tema primordial para la economía familiar y del país en general.

Aunado a lo anterior, esta dictaminadora es consciente que el aumento de los salarios mínimos, debe hacerse con la altura de miras necesaria, lo cual imperiosamente nos exige actuar con absoluta responsabilidad, ya que las variables de la economía nacional, así como las macroeconómicas deben examinarse con mucho detenimiento a efecto de no proponer soluciones que terminen repercutiendo negativamente en nuestra economía, más aún en un contexto económico internacional adverso como el que desafortunadamente impera desde hace unos años.

En esta tesitura, esta dictaminadora coincide en que el aumento propuesto por el diputado Santana Alfaro, requiere de un análisis profundo e incluyente, que de luz a esta Soberanía sobre los posibles escenarios a los que podría exponerse la economía nacional en caso de un aumento drástico y espontaneo de los salarios mínimos.

En este orden de ideas, resulta fundamental contar con opiniones más precisas, de orden técnico-económico, pero también de la voz de los trabajadores, del sector patronal, empresarial y de las instancias de gobierno facultadas para implementar el tipo de acciones objeto de la proposición en estudio.

Adicionalmente, en abono de los razonamientos vertidos hasta ahora por parte de esta dictaminadora, debe señalarse que actualmente el Salario Mínimo se encuentra inmerso en un proceso de recuperación. Muestra de ello lo dan, en primer lugar, la “Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1 de abril de 2015 y establece los que habrán de regir a partir del 1 de octubre de 2015”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2015, en cuyo resolutivo Primero a la letra dice:

“PRIMERO. Para fines de aplicación del salario mínimo en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal 1 .”

Dicha resolución se destaca como un hecho histórico e inédito, ya que gracias a ella por primera ocasión existirá un solo salario mínimo general para todo el país, lo cual ocurre tras 98 años en que el salario mínimo fue instituido en Constitución de 1917. De esta forma se inicia el resarcimiento de una de las demandas más sentidas del sector de los trabajadores.

En segundo lugar, ha sido justamente el H. Congreso de la Unión, que durante la presente legislatura, el 19 de noviembre de 2015, aprobó las modificaciones constitucionales necesarias para llevar a cabo el proceso de desindexación del salario mínimo, con lo cual se pudo llevar a cabo la desvinculación del salario como unidad de referencia de otros fines diferentes a su objeto original tales como ser monto de referencia para trámites, multas, impuestos, prestaciones, etcétera.

Cabe aclarar que, a la fecha de elaboración del presente dictamen, aún resta culminar el trámite legislativo en los congresos estatales a efecto de que dicha reforma constitucional sea sancionada por el Poder Ejecutivo y así consolidar el establecimiento de una política de recuperación gradual del poder adquisitivo de los salarios mínimos.

En tal virtud, resulta claro que el salario mínimo aún se encuentra en proceso de culminar la segunda etapa de este proceso de recuperación, por ello, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consideramos que, si bien la proposición del Diputado Arturo Santana Alfaro, busca atender una problemática de interés para un amplio sector de la sociedad mexicana, se requiere aguardar a la conclusión del proceso mencionado párrafos atrás, así como de un análisis más profundo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, toda vez que en efecto el fondo de la proposición en estudio resulta importante y en vista de que una de nuestras responsabilidades como representantes populares radica en velar por los intereses de las y los mexicanos, esta Comisión somete a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo en estudio en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a que actúe en la revisión y actualización del monto de los salarios mínimos para el ejercicio fiscal 2016, dentro del contexto del proceso legislativo para la reforma política en materia de desindexación del salario mínimo, sin dejar de observar lo vertido por el artículo 123, fracción VI del apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo acordaron las y los diputados secretarios e integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda reunión ordinaria, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 09 días del mes de diciembre del año 2015.

Nota:

1 El subrayado es nuestro.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS a realizar con el gobierno de Chihuahua visitas de inspección a las empresas y los establecimientos laborales de Ciudad Juárez para vigilar y hacer cumplir cabalmente las normas de trabajo, en particular las relativas a la correcta inscripción del personal ante el IMSS como organismo público descentralizado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que, en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua, efectúen visitas de inspección en Ciudad Juárez, Chihuahua, a todas las empresas y establecimientos laborales, a efecto de vigilar y hacer cumplir cabalmente las normas de trabajo, especialmente las relativas a la correcta inscripción de los trabajadores, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como organismo público descentralizado.

En esa tesitura, las y los diputados secretarios y diputados integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En fecha 3 de diciembre de 2015, la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición de mérito, objeto del presente dictamen.

2. En fecha 4 de diciembre del presente año, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-2-209, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Con la misma fecha 4 de diciembre de 2015, fue recibido el expediente de mérito en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por la diputada promovente, de los cuales se plasman los más importantes.

La proposición de mérito expone que el pasado día 2 de noviembre, un autobús de transporte de personal se precipitó hacia un barranco, en una zona conocida como “Camino Real”, en las inmediaciones territoriales del municipio de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, prosigue mencionando que ese lamentable suceso resultó en el deceso de dos personas y otras dieciocho heridas.

Abunda aclarando que las víctimas mortales del desafortunado evento, eran trabajadores de una empresa maquiladora, los cuales se dirigían a su domicilio tras haber concluido su jornada laboral en horas de la madrugada.

Al respecto, la diputada promovente manifiesta que un hecho tan lamentable hace necesario exhortar a la Institución de Seguridad Social y a los patrones para que procedan al pago de las indemnizaciones correspondientes a favor de los trabajadores que se hallaban en el autobús siniestrado, como consecuencia de salir de su centro de trabajo, esto en virtud del perfeccionamiento de la figura legal de un accidente de trabajo.

Así mismo, señala que tanto la atención médica como el pago de las indemnizaciones por el accidente de trabajo están siendo objeto de incumplimientos, ya que, de conformidad con diversos testimonios, varios de los trabajadores que se vieron envueltos en el accidente, no se encuentran inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o lo están de forma irregular, pues los patrones declararon ante la autoridad un salario menor al que éstos perciben.

De lo anterior, la autora de la proposición en estudio, manifiesta que de resultar ciertas las irregularidades mencionadas en el párrafo inmediato anterior, se estaría configurando una grave violación de los derechos laborales contenidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social, por lo que se vuelve imperiosa la intervención de las autoridades estatales y federales a fin de resolver este problema a la brevedad.

Continúa alegando que dicha práctica dista de ser un hecho aislado en Ciudad Juárez, pues lamentablemente muchos patrones suelen incurrir en ella con frecuencia, a fin de disminuir sus costos de operación, lo que consecuentemente deriva en que los trabajadores no accedan a las prestaciones que en dinero y en especie les corresponden, tales como servicios de velatorios, centros vacacionales, guarderías y préstamos, entre otras.

Prosigue argumentando que las empresas que reportan salarios menores a los que en realidad pagan a sus trabajadores. no sólo evaden el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sino que también vulneran la economía de sus empleados, pues los limita para la obtención de créditos para vivienda y el monto de las pensiones que en su caso apliquen, sean por un monto menor al que les corresponde.

Por último, razona que la comisión de esta práctica no solo afecta a los trabajadores, pues en caso de que se presente un accidente de trabajo como el que ahora nos ocupa, el pago de las indemnizaciones debe ser cubierto directamente por el empleador, al no tener el trabajador su cobertura del IMSS, lo que puede significar en casos extremos la desaparición de la empresa por el costo que esto les pueda significar, ello con independencia que, al enterar correctamente las cantidades correspondientes ante el fisco, evita la instauración de procedimientos fiscales que pueden derivar en sanciones administrativas y penales.

Consideraciones

Vistos los argumentos de la diputada proponente, esta dictaminadora coincide plenamente en el ánimo de tomar medidas tendientes a la resolución satisfactoria de los conflictos de orden laboral, siempre en un marco de colaboración y de respeto a la división de poderes que impera en nuestro régimen de gobierno.

En este sentido, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consideramos que, de actualizarse el hecho de que las y los trabajadores de cualquier empresa sean objeto de la inobservancia de sus derechos laborales, debe actuarse a través del cauce institucional que permita, en estricto apego a derecho, dar la solución que satisfaga y cumpla los extremos legales que le apliquen.

Por lo anterior, para esta juzgadora resulta esencial que este tipo de sucesos sean atendidos por esta soberanía, con la firme convicción de velar en todo momento por los intereses de la clase trabajadora del país y hace manifiesta nuestra voluntad de procurar sus condiciones de trabajo.

Por ello y en relación al caso concreto planteado por la Diputada proponente, esta Comisión considera insostenible la existencia de lo que, según se desprende de los argumentos esgrimidos, representa una grave inobservancia en cuanto al goce de los derechos laborales y de seguridad social.

Ahora bien, de la revisión del marco jurídico relacionado con las competencias de las instancias a las que la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero propone exhortar, se desprende que el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus fracciones I y XVI a la letra prescriben:

Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;

II. a XV. [...]

Por su parte, la Ley del Seguro Social en su artículo 251, fracción XVIII, establece:

Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:

I a XVII. [...]

XVIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias con el personal que al efecto se designe y requerir la exhibición de libros y documentos, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley y demás disposiciones aplicables;

XIX a XXXVII. [...]

Por último, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en el artículo 333, fracciones I y II, prescribe:

“ARTÍCULO 33. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Coordinar y conducir la política laboral en el Estado, mediante la promoción y desarrollo de programas y acciones de fortalecimiento a la cultura laboral que impulsen la productividad y la competitividad, así como el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el fomento y la promoción del empleo;

II. Vigilar, mediante visitas, inspecciones y demás acciones inherentes y conexas, que los centros de trabajo cumplan con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y demás disposiciones legales en materia laboral; hacer las recomendaciones que así lo ameriten, así como calificar e imponer sanciones administrativas en los términos de las disposiciones legales aplicables;

III. a XXIII. [...]”

En virtud de lo anterior, de conformidad con los preceptos legales invocados, resulta evidente que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua, poseen facultades para conocer del asunto materia del presente dictamen.

Por tanto, este órgano colegiado considera pertinente la intervención de dichas instancias para que se investigue si es que se configura la inobservancia de los derechos laborales y de seguridad social, no sólo de las lamentables victimas del suceso que da pie a la proposición en estudio, sino de todos los trabajadores en general y permita tomar, en su caso, las medidas que conforme a Derecho procedan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social somete al Pleno de la H. Cámara de Diputados, el presente dictamen a la proposición con punto de acuerdo en estudio en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el marco respetuoso de la colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que, en coordinación con su homóloga en el estado libre y soberano de Chihuahua, efectúen visitas de inspección en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a todas las empresas y establecimientos laborales, a efecto de tutelar los derechos laborales de los trabajadores y, vigilar especialmente los relativos a la correcta inscripción de los mismos, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo público descentralizado.

Segundo. En el mismo marco, se exhorta a que, una vez llevadas a cabo las correspondientes diligencias de visita e inspección, se rindan a esta Soberanía los informes que correspondan.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir el convenio 183 de la OIT y remitirlo al Senado de la República para ratificación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnado, para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir el Convenio 183 de la Organización Mundial del Trabajo y remitirlo al Senado de la República para ratificación.

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En fecha 26 de noviembre de 2015, la diputada Claudia Sofía Corichi García, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó la proposición objeto del presente dictamen.

2. Con fecha 26 de noviembre del presente año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. A la postre, con fecha 27 de noviembre de 2015, fue recibido en esta Comisión, el expediente de turno, a efecto de llevar a cabo su análisis y dictaminación correspondiente.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los diputados secretarios e integrantes de esta Comisión, analizaron los argumentos vertidos por la promovente, de los cuales se destacan:

Afirma la proponente, desde un enfoque de Derechos Humanos, “la negación del trabajo a una mujer por encontrarse embarazada atenta contra su derecho al trabajo y a no ser discriminada, ya que dicha condición forma parte de la identidad femenina y no puede ser motivo de diferenciación en perjuicio de sus derechos laborales”.

En este sentido, la Diputada proponente argumenta que la igualdad de oportunidades consiste en “el derecho de hombres y mujeres a exigir trabajo bajo condiciones equitativas, sin menoscabo de su clase social, edad, estado civil, situación familiar, o cualquier otro motivo y siempre dignificando su calidad de persona”.

Para reforzar su dicho, la proponente invoca el artículo 2, párrafo 2, de la Ley Federal del Trabajo, que señala que el trabajo digno es “aquel en el que (...) no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil”. Abunda en que el mismo artículo señala en los párrafos 4 y 5 que la igualdad sustantiva es un derecho de las y los trabajadores frente al patrón, y que ésta se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, que supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.

Por lo que hace al ámbito internacional, la diputada Corichi menciona que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que México suscribió y ratificó, señala en el artículo 11, numeral 1: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular”. Así mismo cita lo dispuesto en el inciso f, numeral 2, del mismo artículo, que indica: “A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para...Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales”.

A mayor abundamiento, la proponente refiere lo que manifiesta el artículo 12, numeral 2 de la citada Convención que señala: “Los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto...”

Prosigue refiriéndose al Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la seguridad social, ratificado por México y que establece “la obligación de brindar atención médica-obstétrica a la trabajadora debe cubrir cualquier contingencia, cualquiera que fuere su causa, durante el embarazo”, y que la asistencia médica deberá comprender por lo menos: a) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y b) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

En términos cuantitativos, la diputada proponente cita datos del censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2010, los cuales señalan que, en 2010, de las mujeres de 15 años y más, 71.6 por ciento había tenido al menos un hijo nacido vivo. En 2011, de las defunciones por complicaciones de emergencia obstétrica, en mujeres de 15 a 49 años, 31 de cada 100 eran por hemorragias posparto, mientras que de las mujeres de 12 años y más que declararon tener al menos un hijo, 45.9 por ciento se encuentra en situación de pobreza multidimensional y de éstas 20.2 presentan pobreza extrema.

Continúa afirmando que, de las mujeres con hijos pertenecientes a la población económicamente activa, 96.3 participa en la producción de bienes y servicios; 35 trabaja en el sector informal, 33.5 en empresas y 17.4 en instituciones. Cerca de 30 por ciento de las mujeres ocupadas y con hijos trabajan por cuenta propia; mientras que 3 por ciento trabaja como empleadora; 8.1 no recibe remuneración por su trabajo y la mayoría (6 de cada 10) son trabajadoras subordinadas y remuneradas. De éstas, 81.4 no cuenta con acceso a guardería; 18.7 trabaja más de 48 horas a la semana; 45 gana menos de dos salarios mínimos y un porcentaje muy similar no tiene acceso a servicios de salud por su trabajo (44.7) y labora sin tener un contrato escrito (44.9).

Posteriormente, al referirse al Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, menciona que éste establece medidas de avanzada en la protección de las mujeres embarazadas en sus trabajos, por lo que su suscripción y eventual ratificación promoverán cada vez más la igualdad de todas las mujeres trabajadoras, pues de acuerdo con la OIT, el Convenio 183 establece un mínimo de 14 semanas de prestaciones de maternidad· para las mujeres a las que se aplica el instrumento.

Adicionalmente afirma que el Convenio en comento dispone que los Estados parte deberán adoptar medidas para garantizar que no se obligue a las embarazadas o a las madres en periodo de lactancia a realizar un trabajo que haya sido considerado como perjudicial para su salud o la de su hijo, y establece la protección contra la discriminación basada en la maternidad.

Por último, menciona que el multicitado instrumento internacional prohíbe que los empleadores despidan a una mujer durante el embarazo, o durante su ausencia por licencia de maternidad, o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, con el nacimiento del hijo y con sus consecuencias o la lactancia.

Con ello, se garantiza a la mujer el derecho a reintegrarse en el mismo puesto de trabajo o en un puesto equivalente con la misma remuneración. Asimismo, otorga a la mujer el derecho a una o más interrupciones al día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.

Consideraciones

Una vez analizados los argumentos expuestos con anterioridad, esta Comisión considera relevante mencionar que desde principios del siglo pasado la Organización Internacional del Trabajo ha abordado la problemática relacionada con las trabajadoras en situación de maternidad. Muestra de ello es que el primer Convenio sobre Protección a la Maternidad, el Número 3 “Sobre la protección de la maternidad”, data del año 1919. No obstante, en el año 1952 la OIT promulgó el Convenio 103, con la misma nomenclatura y objeto; y posteriormente el convenio 183 que actualiza y adecua el instrumento que le precede, fue aprobado el 15 de junio del 2000, en la 88ª. Reunión de la OIT. El multicitado Convenio, ha sido ratificado hasta el momento por 41 países, entre los cuales efectivamente, los Estados Unidos Mexicanos no forma parte.

Respecto al fondo del Convenio 153, esta dictaminadora halló que alberga principios fundamentales de protección a la maternidad y, entre las actualizaciones y adecuaciones referidas en el párrafo inmediato anterior, amplía su campo de aplicación a todas las mujeres empleadas; protege no sólo a las enfermedades que sean consecuencia del embarazo o parto, sino también a las complicaciones que pueden derivarse de éstos.

Adicionalmente, prevé un período de protección al empleo más largo y vincula a que todo país adherido a dicho instrumento, debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo.

A mayor abundamiento, el instrumento en comento tutela distintos rubros relacionados con la maternidad, como la protección de la salud de la madre y del hijo o hija; el otorgamiento de licencia de maternidad, así como en el caso de enfermedad o complicaciones durante el embarazo; prestaciones y protección de empleo y no discriminación.

A manera ilustrativa, esta dictaminadora considera conveniente exponer lo que establece el Convenio objeto de la proposición de mérito, en lo relativo a la “Licencia de Maternidad”, con el objeto de contar con mayor certeza sobre uno de los principales postulados de este instrumento1 .

Así entonces, en éste se establece un mínimo de 14 semanas de descanso por concepto de licencia de maternidad para las mujeres a las que se aplica el instrumento. Así mismo, considera que toda mujer que esté ausente del trabajo por licencia de maternidad, tendrá derecho a una prestación que garantice su mantenimiento y el de su hijo en condiciones de salud apropiadas y con un nivel de vida adecuado. El monto de esas prestaciones no deberá ser inferior a las dos terceras partes de sus ganancias anteriores o a una cuantía comparable. El Convenio también dispone que los Estados que lo suscriban deberán adoptar medidas para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o a las madres en período de lactancia a realizar un trabajo que haya sido considerado como perjudicial para su salud o la de su hijo, y establece la protección contra la discriminación basada en la maternidad.

A su vez, este instrumento también prohíbe que los empleadores despidan a una mujer durante el embarazo, o durante su ausencia por licencia de maternidad, o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, con el nacimiento del hijo y con sus consecuencias o la lactancia.

De esta forman se garantiza a la mujer el derecho a reintegrarse en el mismo puesto de trabajo o en un puesto equivalente con la misma remuneración. Asimismo, otorga a la mujer el derecho a una o más interrupciones al día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.

Ahora bien, de un análisis de Derecho Internacional comparado, esta juzgadora arribó a la conclusión de que, en los países del hemisferio sur, el periodo temporal de la licencia de maternidad en países como Argentina, Uruguay y Paraguay oscila en un lapso promedio de 12 semanas; mientras que en el caso de Chile se otorga hasta un máximo de 18 semanas y en el de Brasil, este tipo de licencia abarca aproximadamente 17 semanas. Cabe mencionar que estas últimas dos naciones, no sólo respetan el Convenio sino que incluso otorgan más tiempo que el mínimo establecido, mientras que los demás citados otorgan menores plazos2 .

Una vez analizado el principal contenido del Convenio, esta dictaminadora se ha dado a la tarea de analizar el marco jurídico general que regula la celebración de compromisos internacionales por parte del Estado mexicano, a saber: el Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley sobre la Celebración de Tratados, de lo cual se desprenden lo siguiente:

De acuerdo con la definición que otorga el Artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, un Tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular3 .

Por su parte, el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Presidente de la República la facultad de celebrar Tratados4 ; mientras que su artículo 76, fracción I, concede al Senado de la República la facultad de aprobarlos y, el 133, señala que los tratados son considerados Ley Suprema de toda la Unión siempre que sean compatibles con los principios constitucionales de la República.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal regula la forma en que se organiza en que la Administración Pública Federal, así como la forma en que puede participar en la celebración de tratados, acuerdos y convenciones internacionales.

En esta tesitura, cobra relevancia lo prescrito por los artículos 1 y 2 de dicho ordenamiento, los cuales a la letra prescriben:

“Artículo 1o. La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada.

...

Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada:

I. Secretarías de Estado;

II. Consejería Jurídica, y

III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución.”

Adicionalmente el artículo 28 de dicho ordenamiento, otorga a la Secretaría de Relaciones Exteriores, las siguientes facultades:

“Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

II. a XI. [...]

XII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.”

Es por ello que las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consideramos que, si bien la proposición de la diputada Claudia Corichi, atiende un tema de gran interés para las mujeres trabajadoras del país, requiere ajustarse a los extremos legales que permitan encausar el espíritu de su propuesta y eficienten su atención.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano colegiado, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca las acciones correspondientes para suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.

Segundo. Así mismo, esta Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República, para que una vez suscrito el citado instrumento, sea ratificado.

Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda reunión ordinaria, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de diciembre del año 2015.

Notas:

1 Información extraída del sitio electrónico de la Organización Internacional del Trabajo, disponible en: ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-stand ards/maternity-protection/lang—en/index.htm

2 Información extraía de:
www.om.df.gob.mx/impulsoeconomia/ciecpilgcdmx/normatividad/CONVENIOS%20OIT%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20LABORAL.pdf

3 LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO, Estudio de antecedentes, marco jurídico y conceptual, iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas y Derecho Comparado, p. 3 SEDIA, Cámara de Diputados, 2012.

4 Sin embargo, artículo 15 Constitucional establece que al Presidente no se le autoriza la celebración de tratados en materia de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

5 LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO, Estudio de antecedentes, marco jurídico y conceptual, iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas y Derecho Comparado, pp. 14-15, SEDIA, Cámara de Diputados, 2012.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social