Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular del DIF y a los congresos locales a homologar las disposiciones legales en materia de adopción, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Tomás Roberto Montoya Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establecen los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo a fin de exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los congresos locales a realizar actividades coordinadas a fin de homologar las disposiciones legales en materia de adopciones para agilizar las resoluciones correspondientes, al tenor de los siguientes

Considerandos

El proceso de integración y aceptación social de cualquier grupo de la población en el país es verdaderamente complejo, pero en el caso de la población menor de edad es doblemente complicado. La población infantil y adolecente es constantemente vulnerada, siempre expuesta a los vaivenes e intereses de los adultos que organizan las sociedades de acuerdo a sus conveniencias. Se supone que así debe de ser, toda vez que por axioma la sociedad cree y establece que la etapa de la edad adulta es la de más alto nivel de desarrollo intelectual de los humanos.

La sociedad moderna con sus condiciones de orden y gobierno ha situado a las niñas y los niños en estado de vulnerabilidad, aun cuando estos se encuentren en condiciones adecuadas de desarrollo con ambientes sociales y familiares armónicos, tampoco los excluye de los grupos de población expuestos a ser violentados o maltratados o usados por una sociedad cada vez más agresiva y deshumanizada.

Por tanto, la población infantil de por si vulnerable por su condición de infante se encuentra expuesta a las veleidades de una sociedad cotidianamente injusta que no logra, ni medianamente, cubrir las necesidades de sus habitantes, por tanto, la población infantil en condiciones de orfandad se encuentra doblemente vulnerable ante las expresiones de una sociedad injusta, incapaz de proveer a su integrantes los satisfactores básicos, como salud, educación, vivienda o esparcimientos, correspondientes a un ambiente digno, adecuado y afectivo.

La ausencia de esas condiciones genera impactos y consecuencias mucho más graves a este grupo de la población.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, que se remonta a 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se registran sólo 19 174 niñas y niños huérfanos internados en 682 orfanatos, casa hogar o casa de cuna, que cabe resaltar, en su gran mayoría son instituciones que carecen de apoyos gubernamentales y se financian mediante apoyos de benefactores privados.

Sin embargo, diversas fuentes consultadas respecto a las cifras estadísticas de menores de edad en situación de orfandad para nuestro país coinciden en que los datos carecen de certidumbre en este caso. En la nota “Huérfanos, 1.8 millones de niños mexicanos”, de Patricia Rodríguez Calva, publicada en el periódico Excélsior, el 24 de abril de 2013, se lee que para el organismo no gubernamental Aldeas Infantiles SOS, con datos de 2013, hay 1 millón 800 mil niños, niñas y jóvenes sin madre, padre o sin ambos progenitores, haciendo énfasis en que actualmente se carece de un panorama específico sobre la orfandad, debido a que no existen datos en torno a los infantes que nacen y crecen en las calles y ni de los que han quedado huérfanos por conflictos armados.

La página de internet del diario Etcétera, en la nota denominada “México, el país con más niños huérfanos de AL, después de Brasil”, publicada el 4 de septiembre de 2015, manifiesta: “De acuerdo con el Unicef, en el mundo hay más de 132 millones menores de edad huérfanos, de los cuales 13 millones perdieron a ambos progenitores. Respecto a México, el Unicef clasifica al país como el segundo de América Latina con mayor cantidad de niños huérfanos, 1.6 millones, sólo después de Brasil, que tiene más del doble, 3.7 millones”.

Ante ese panorama desolador respecto a las condiciones de las niñas y los niños en situación de orfandad en México el proceso de adopción se convierte en una esperanza para esos infantes inmersos en situaciones críticas, no sólo por la pérdida de sus seres queridos más cercanos y su núcleo familiar, sino por la desatención que conlleva de sus necesidades básicas, además están en riesgo constante de sufrir maltratos, abusos y trata.

Citando documentos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF: “La adopción, es el medio por el cual aquellos menores que por diversas causas ha terminado el vinculo con la familia biológica, tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el cariño de una familia que propicie su desarrollo integral y, estabilidad material emocional, que los dote de una infancia feliz y los prepare para una vida adulta”.

Asimismo, y continuando la cita, se señala que la adopción “es un instrumento que busca siempre el ‘interés superior del menor’; es decir, la satisfacción integral de una niña o niño o adolecente, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un tiempo y lugar determinados”.

La adopción es un proceso legal establecido en la normatividad mexicana a través del cual se rompen las relaciones del menor de edad con su familia biológica para ser trasladado al seno de una familia adoptiva que deberá velar por satisfacer sus necesidades físicas y emocionales.

Sin embargo, y aun si se considera la trascendencia de la adopción en beneficio de las niñas y los niños en situación de orfandad con el objeto primordial de ofrecer al infante mejores condiciones de desarrollo personal, la situación real en el país está muy por debajo de las necesidades de las y los menores en situación de orfandad.

Según análisis del Centro de Estudios de Adopción elaborado por María de José María de la Borbolla Morán, quien desarrolla un proyección estadística sobre el número de niñas y niños sin cuidados familiares en el país hasta 2050, se muestra el crecimiento permanente de los infantes huérfanos, de tal manera que para 2015 se establece la cantidad de 30 mil 368 menores, únicamente establecidos en casas hogar.

Pero además si analizamos y comparamos las cifras de las niñas y los niños en situación de orfandad con las cifras de adopciones en el país observaremos que el panorama es aún desalentador. Según datos emitidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para 2007 se registraron a nivel nacional 244 solicitudes de adopción sólo en cuatro entidades, México 178; Hidalgo 24; Morelos 11 y Zacatecas 31, los demás Estados registran cero solicitudes. El mismo informe reporta que se concluyeron 87, es decir, de cada 3 solicitudes iniciadas, sólo 1 termina.

Para 2014 en comparación con 2007 el panorama parece un poco más alentador, sin embargo, los resultados numéricos aún siguen siendo pobres con respecto a la magnitud de la problemática y a la envergadura del problema de niñas y niños en situación de orfandad.

Según datos ofrecidos en su último informe estadístico el Centro de Estudios de Adopción, AC, señala que para 2014, en las cifras oficiales, existen registrados 30 mil menores de edad en 700 casas de asistencia públicas y privadas, aunque no todos son candidatos a procesos de adopción; para ese mismo año se presentaron mil 734 solicitudes de adopción y se concluyeron 822, en las que destaca que nueve estados acumularon más de la mitad de las adopciones del país, entre esas Entidades Federativas, nueve sumaron 501 de los procesos de adopción concluidos, destacando Coahuila con 116, Yucatán con 65, Sinaloa con 53 y Querétaro con 53; por el otro lado resaltan las entidades federativa cuyos registros de adopción aparecen en cero, como las Bajas Californias, el Distrito Federal y el estado de México.

Es de destacar el caso notable de Coahuila, que tuvo un crecimiento considerable en este rubro, ello obedeció principalmente a dos razones primordiales. La primera, se refiere a la creación del Sistema de Protección estatal y, la segunda, hubo una restructuración de la Procuraduría de la Defensa del Menor que implico capacitar al personal y agilizar los trámites de adopción.

Señala el reporte referido que de las adopciones concedidas para 2014, 466 fueron para niños o niñas menores de cinco años, mientras que los adolescentes fueron 86; con referencia al sexo de los menores adoptados los padres adoptivos tuvieron ligera predilección por las niñas, que fueron 44 puntos superior al del que prefirió al varón.

Con las cifras numéricas de resultados sobre adopción en el país expuesto está claro entonces que existe una distrofia en el proceso que impide a menores de edad en situación de orfandad integrase a hogares formalmente constituidos con la finalidad de obtener un mejor futuro, las causa son diversas.

Por un lado, se debe reconocer que la cultura de la adopción en México se encuentra poco arraigada entre la población, principalmente, ocasionada por falta de información seria y adecuada sobre las bondades de aceptar en el seno familiar a una persona ajena originalmente a ella. Existen además una serie de prejuicios que se convierten en barreras para entablar procesos de adopción, situación que perjudica enormemente a los menores susceptibles de ser adoptados.

Uno de los prejuicios que se manifiesta comúnmente es el de la edad, por preferencias las padres adoptivos prefieren a niños menores de 6 años, considerando que los menores de esas edades son más proclives a recibir la educación que se le ofrezca en el seno de la familia ya avenida, ello implica por ejemplo, que, tomando en consideración datos de 2012 que de los niños y las niñas susceptibles a ser adoptados, eran 12 mil, el 77 por ciento tenía entre 7 y 18 años, menores que por esos prejuicios es poco probable que se integren a un nuevo núcleo familiar. En la mayor parte de los procesos de adopción se observa que las solicitudes tienden a concentrarse en menores de 4 años, en este grupo de menores se encuentra 1 de cada 5 de los menores que se encuentran en albergues o casa hogar.

El marco legal vigente en los procesos de adopción es un verdadero galimatías. El proceso de adopción jurídicamente hablando es la parte del derecho conocida como “derecho familiar” que, cabe aclarar, es competencia legal, por lo que los procesos de adopción son diferentes en cada entidad federativa.

Por ejemplo, 10 estados permiten la adopción a parejas extranjeras, 1 permite la adopción a parejas del mismo sexo, otros permiten la adopción por un solo padre o madre, otros sólo permiten la adopción a parejas hombre-mujer, en las legislaciones locales se establecen varios límites para establecer diferencias de edades forzosas entre adoptado y adoptante, tampoco son coincidentes.

En el artículo “La adopción en México”, publicado en la revista Derecho Privado, cuarta época, enero-junio de 2013, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la licenciada María Elena Orta García señala: “El marco jurídico de la adopción nacional en México ha sufrido diferentes reformas y adiciones desde la época del Virreinato hasta nuestros días, inclusive en cada entidad federativa se ha legislado de manera diversa, habida cuenta que la materia familiar es de competencia local, se cuenta con 33 códigos civiles. Así, es factible referirse a 33 adopciones distintas, incluida la regulada en el código federal, toda vez que se consideran requisitos y procedimientos distintos en cada entidad federativa”.

Si bien la carencia de una legislación homogénea en materia de adopciones a escala nacional inhibe considerablemente los procesos para ofrecer a los menores de edad la posibilidad de integrarse a un hogar que le ofrezca posibilidades de desarrollo emocional, la legislación en la materia ha venido evolucionando hacia aspectos positivos para el menor de edad.

Uno de los principales aciertos de las últimas medidas tomadas a nivel gubernamental es haber establecido al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia como la instancia reguladora a nivel nacional a efecto de que se construyan e instrumenten los lineamientos en todo el país de los procesos de adopción.

Mediante la asunción de esa responsabilidad el DIF inició sus trabajos sobre el tema de adopciones implementando mesas regionales de trabajo dando énfasis en los procesos de agilización de las adopciones intentando influir en los marcos jurídicos locales, en las vertientes de la integración familiar y en la agilización de los procedimientos administrativos todos ellos con el compromisos social y frontal de privilegiar las necesidades de los menores.

Los resultados de esos primeros trabajos consistieron en la elaboración de estudios serios y a fondo de la figura y fin de la adopción, partiendo del principio de que la adopción tiene como objetivo primordial el proporcionar un hogar alterno y mejor a las niñas y niños cuando el suyo original no les ofrece el bienestar mínimo.

Esa visión del fenómeno ha permitido cambiar el enfoque de interés de los adoptantes por los privilegios del derecho de los adoptados, expresando el máximo interés para salvaguardar el interés superior del niño y la niña y su derecho fundamental a tener una familia que le proporcione todos los elementos materiales y afectivos para su desarrollo sano e integral.

Otro aspecto por resaltar en el proceso de evolución del marco normativo de adopciones en México es la transición de una adopción simple a una adopción plena. En el país, hasta 1985 jurídicamente solo existía la adopción simple, sin embargo la tendencia ha ido transitando hacia la adopción plena en los diversos códigos civiles estatales en donde se establecen para las niñas y los niños adoptados derechos y obligaciones casi iguales que para los hijos biológicos. Dentro de esos derechos que se adquieren a través de la adopción plena es el de conocer sus orígenes.

También en el caso de nuestro país se ha avanzado considerablemente al adecuar la Ley Federal del Trabajo y los sistemas de seguridad social para que las madres y los padres adoptivos cuenten con derechos reconocidos, casi semejantes a los que tienen las madres y padres biológicos en relación a incapacidades por maternidad, lactancia y guarda de sus hijos infantes en horas de trabajo.

Los retos que enfrentamos como sociedad y gobierno en materia de adopciones son enormes, la sociedad, en su conjunto, tenemos una deuda con las niñas y los niños en situación de orfandad, tomando en consideración que el estado en que se encuentran, ellos son los menos responsables y, que son otros factores sociales o económicos los que los han colocado en esa situación de doble vulnerabilidad a ese segmento de la población.

Aun con los logros y avances, magros pero significativos, obtenidos últimamente con respecto a la normatividad sobre adopciones, donde se reconoce a este proceso legal como una manera más de formar una familia, velando siempre por el bienestar de las niñas y los niños, el país, en materia de adopción, se encuentra en un rezago importante. Principalmente, porque la población afectada, dañada, son las niñas y los niños de nuestra gran nación.

Pese a que cada vez se reconoce más el valor social, moral y ético del proceso legal de adopción es imperativo realizar una mayor difusión entre la población a la cultura que permita beneficiar la mayor cantidad de las niñas y los niños afectados, esas acciones necesariamente tienen que transitar hacia la implementación de políticas públicas que fomenten y promuevan la homogeneización de la legislaciones locales en materia de adopción con la finalidad de agilizar los trámites legales para acortar sustancialmente los tiempos de los procesos en beneficio de las niñas y los niños en situación de orfandad.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los congresos de cada una de las entidades federativas a realizar actividades coordinadas a fin de homologar las disposiciones legales en materia de adopciones para agilizar las resoluciones correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputado Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Senado de la República a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los senadores Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Elva Lidia Valles Olvera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tenga bien a formular Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores a través del presidente de esa Cámara, a efecto de que se dictamine a la mayor brevedad posible y sea presentada en el pleno de ese órgano legislativo la iniciativa que contiene “proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” presentada por los Senadores Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo.

Antecedentes

En sesión de fecha veinte de marzo de dos mil trece, los Senadores Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron ante la Cámara de Senadores la “Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” siendo turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera de esa Cámara.

Consideraciones

La iniciativa en mérito propone reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se pueden sintetizar de la siguiente forma++++1++++:

Artículo 17. Se adiciona este artículo, a fin de establecer que la jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos conforme a los tratados de los que el Estado Mexicano es parte, sea reconocida en los términos y conforme a los procedimientos determinados en dichos tratados.

Además se precisa que las resoluciones de tales tribunales no requieren para su validez de reconocimiento por parte de las autoridades y que serán eficaces en cualquier fuero: común, federal, civil y militar.

Finalmente, respecto de éste artículo se prevé la expedición de Leyes Generales que desarrollen los procedimientos a seguir para el cumplimiento de dichas sentencias.

Artículo 73. Se reforma la fracción XXI a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en la que se homologuen los derechos y las modalidades para la atención de las víctimas y ofendidos; se distribuyan competencias y las formas de coordinación entre la federación, el distrito federal, los estados y los municipios.

Se adiciona la fracción XXIX R, a fin de otorgarle expresamente al Congreso de la Unión la facultad para emitir una Ley General a través de la cual pueda establecer facultades y obligaciones a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, en el entendido de que el cumplimiento de las sentencias de tribunales internacionales requieren, por lo general, de los actos u omisiones de muy diversas autoridades

Artículo 89. Se retoma la fracción XVII, misma que actualmente se encuentra derogada, a fin de otorgarle expresamente al Ejecutivo federal la facultad de coordinar el cumplimiento y ejecución de las resoluciones y sentencias emitidas por tribunales internacionales.

Si bien es cierto que el nueve de enero de dos mil trece entró en vigor la Ley General de Víctimas, y particularmente en su Título Segundo se señalan los derechos de las víctimas de forma enunciativa y no limitativa, que deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en nuestra carta magna, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, también lo es que diversas organizaciones de la sociedad civil se han mostrado preocupados debido a que no está expresamente señalado en el artículo 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes en la materia.

Esto es, esas organizaciones han señalado que la Ley General de Víctimas obedeció más al reclamo de las víctimas u ofendidos para que se establecieran las obligaciones de las autoridades y velen por la protección de las víctimas, les proporcionen ayuda, asistencia o reparación integral, y no a una debida atención al sistema de justicia en nuestro país que dificulta o impide una protección integral de sus derechos, por lo que es necesario otorgarle certeza jurídica a cada pronunciamiento del Congreso de la Unión que verse en los derechos de las víctimas u ofendidos.

Con la presentación del dictamen correspondiente y, en su caso, aprobación de éste por parte de los integrantes de la Cámara de Senadores, se dará oportunidad para que la Cámara de Diputados asuma su carácter de Cámara revisora y continúe el proceso legislativo señalado en el artículo 72 de la Carta Magna y se atiendan debidamente las preocupaciones manifestadas.

Por lo expuesto y fundando, a usted, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de manera respetuosa

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores a través del presidente de esa Cámara, a efecto de que se dictamine a la mayor brevedad posible y sea presentada en el pleno de ese órgano legislativo la iniciativa que contiene “proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” presentada por los senadores Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo.

Nota

1 Iniciativa con aval de grupo que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ejecución de resoluciones y sentencias de tribunales internacionales y de atención a recomendaciones y medidas cautelares emitidas por organismos y órganos internacionales, presentada por los senadores Adriana Dávila Fernández y Ernesto Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 20 de marzo de 2013.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, recinto legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputada Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la Secretaría de Salud la creación de una unidad especializada para atender la microtia y microsomia hemifacial, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal por el Distrito Federal en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Salud para la creación de una unidad especializada para la atención de la microtia y la microsomia hemifacial.

Consideraciones

1. El pabellón auricular es una estructura sofisticada y compleja. La presentación clínica más frecuente de deformidades es la microtia. Los métodos reconstructivos tienen como objetivo reproducir los relieves naturales de la oreja, con resultados estéticos variables, constituye una pequeña porción de la superficie corporal pero es una estructura muy sofisticada y compleja morfológicamente.1

2. La incidencia de las deformidades auriculares es de 1 en cada 6000 nacidos. La causa es heterogénea, incluyendo alteraciones genéticas, teratógenos, y anormalidades vasculares durante la morfogénesis embrionaria. Los factores hereditarios encontrados involucran los diferentes tipos de herencia (dominante con penetrancia incompleta, recesiva y multifactorial), con diferentes espectros de presentación clínica y otras asociaciones familiares con fisura palatina y síndromes de primero y segundo arco branquial. La presentación clínica más frecuente es la microtia, que en 60 a 70 por ciento se presenta de forma aislada.2

También puede desarrollar afectaciones adicionales, como presentar mandíbula pequeña del mismo lado, a esto se le llama microsomia

3. Datos de la Secretaría de Salud indican que se estima que cada año se registran más de 400 casos. Esta alteración puede afectar las estructuras del oído interno provocando problemas auditivos, aunado a la ausencia del pabellón auricular, por lo que estos pacientes requieren de tratamiento quirúrgico.

Esta malformación congénita se presenta durante el primer trimestre del embarazo y puede ser consecuencia de una compresión o sangrado a nivel de los arcos branquiales, cartílagos que forman el pabellón auricular, oído medio y mandíbula.3

4. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es derecho de los mexicanos y las mexicanas, la salud, por ello el estado debe lograr que dicha máxima se cumpla, y de acuerdo al Tratado Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por México, en su artículo 12 numeral 1, establece que los Estados partes en el presente Pacto, reconocen el derecho a toda persona al disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental, por ello no se puede evadir la responsabilidad para lograrlo, y es por ello que, al ser un padecimiento interdisciplinario, donde tienen que ser evaluados los pacientes por un otorrinolaringólogo, un audiólogo, cirujano plástico y un genetista, ya que se requiere determinar el tratamiento a seguir puesto que hay pacientes que requieren además de la reconstrucción de la oreja, algún tipo de auricular auditivo para escuchar.4

5. Por las razones manifiestas, es que se considera indispensable se cuente con una unidad especializada para la atención de la microtia y sus variantes más graves como microsomia hemifacial, misma que deberá contar con las especialidades precisadas y de esta forma, garantizar el acceso a una vida de calidad, y no exista la necesidad de trasladarse a los Estados Unidos de América para su tratamiento, por lo que es por ello que se solicita los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al titular del Ejecutivo federal para que mediante la Secretaría de Salud, se cree una unidad especializada para la atención multidisciplinaria de la microtia y microsomia hemifacial.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, ordenara en el Presupuesto de Egresos de la Federación la partida presupuestal correspondiente para la creación de las unidades especializadas para la atención de microtia y la microsomia hemifacial.

Tercero . La Secretaria de Salud ordenar en el marco de sus atribuciones, los lineamientos correspondientes para el funcionamiento y creación de las unidades especializadas para la atención de microtia y la microsomia hemifacial, dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente punto de acuerdo.

Notas

(1) (2) Pérez-González, Araceli; Perez-Dosal, Marcia R.; Isaak-García, Jesús y González-Martínez, Marcos. Prótesis auricular externa e implantes osteointegrados: una opción quirúrgica para el tratamiento de deformidades auriculares. Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. [online]. 2006, vol.63, n.5 [citado 2015-10-17], páginas 307-313.

(3) (4) www.esalud.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la Sedatu a firmar un convenio de trabajo para revisar y regularizar los predios donde hay escuelas públicas, a cargo del diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a una educación de calidad es un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país. En México, en los últimos años se ha avanzado en el tema de la universalidad de la educación a nivel de primaria, y se ha trabajado fuertemente en los niveles de secundaria y bachillerato, lo que representa, que las políticas públicas en temas de educación de calidad y universal aplicadas en los últimos años por el gobierno federal han alcanzado logros importantes y sobre todo han generado avances sustanciales para la educación de las futuras generaciones en el país.

Sin embargo, seguimos viviendo en un país donde todavía existen realidades que se alejan de una sociedad sin disparidades económicas sustanciales y sin exclusión social, lo que se refleja en un sistema educativo en nuestro país donde los niveles de cobertura primaria siguen siendo desiguales, y sobre todo con brechas importantes entre los niveles secundaria y bachillerato; aunado a que los sectores más pobres y vulnerables no ingresan o ingresan con un alto grado de deserción.

El reto de la educación en México estriba en lograr que ésta sea inclusiva, pero sobre todo de calidad, y en este tema es indispensable tomar en cuenta factores que permitan generar certidumbre y viabilidad a los proyecto educativos desde los niveles más básicos, y esto permita a las niñas, niños y adolescentes a estudiar en un clima de tranquilidad y armonía para su bienestar.

Es fundamental por ello que todas las escuelas públicas donde se provea educación, tengan acceso a los todos los programas estatales y federales que tengan como objetivo mejorar la infraestructura de las aulas educativas, equipamiento, y sobre todo, el mantenimientos de éstas, para garantizar una educación de calidad en el país.

Por lo anterior, es de suma importancia que todas las escuelas públicas en México gestionen acciones ante las instituciones correspondientes estatales y federales, a fin de dar certeza jurídica a la propiedad de la tierra donde se ubican, y así, regularizar el inmueble ya sea rural o urbano, a fin de coadyuvar la consolidación del patrimonio institucional, y a la tranquilidad de los estudiantes y padres de familia, que son pilar fundamental en la lucha por los derechos de sus hijos a tener escuelas dignas y de calidad.

Dichas acciones e investigaciones corresponden principalmente a dos instituciones federales, las cuales son parte fundamental en esta gestión, especialmente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuyo propósito es planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios; buscando mejorar la calidad de la vida de los mexicanos, prevenir los asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos naturales para la atención inmediata, y que tiene como uno de sus principales objetivos, el fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de certeza jurídica territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad.

Asimismo, y en concordancia con la Sedatu, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene como principal misión crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden.

Por ello, la SEP tiene una gran responsabilidad en la aportación de la información referente a al número de escuelas y sus ubicaciones, así como, aportar el estado actual de la situación en el tema de certeza jurídica de los predios donde se ubican escuelas públicas en México.

Ambas instituciones federales deben trabajar por tanto en sinergia y de manera conjunta, con las dependencias estatales y las municipales, encargadas de la regularización de las tierras, a trabajar en pro de las todas las escuelas públicas en México, a brindarles la asesoría correspondiente con la finalidad que todas las escuelas en nuestro país tengan su predio regularizado, y puedan acceder a todos las programas de infraestructura y mejoramiento de aulas, que provean los diferentes niveles de gobierno, y seamos un país modelo en el tema de la educación de calidad.

Por tal virtud, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que firmen un convenio de trabajo conjunto con el objetivo de revisar y regularizar los predios donde se encuentren ubicadas escuelas públicas que permitan garantizar los derechos de una educación de calidad a todas las niñas, los niños y los adolescentes del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a implantar por sus instituciones de salud tanto campañas de difusión y alerta como medidas de control del virus zika para reducir sus posibles efectos, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

Exposición de Motivos

Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Este es uno de los objetivo del desarrollo sostenible.

¿Cómo hacerlo realmente?

Una de las acciones claves es prevenir oportunamente, informar con anticipación a mexicanos y mexicanas, justo es la esencia de este punto de acuerdo.

El 16 de octubre de 2015, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y Organización Mundial de la Salud, OMS, emitieron una nueva alerta y actualización epidemiológica de lo que consideraron un nuevo reto para los estados, el virus de zika.

“Ante la expansión de la transmisión del zika virus en la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud recomienda a sus Estados miembros que establezcan y mantengan la capacidad para detectar y confirmar casos de infección por virus zika, preparar a los servicios de salud ante una eventual carga adicional en todos los niveles de atención sanitaria, e implementar una efectiva estrategia de comunicación pública para reducir la presencia del mosquito transmisor en especial en las áreas en las que está presente el vector”1 .

La fiebre del zika es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegipty causada por el virus zika, y que consiste en fiebre leve, sarpullido, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis.

Situación actual

Desde 2014 se ha detectado la circulación autóctona de virus zika en las Américas. En efecto, en febrero de 2014 las autoridades de salud pública de Chile confirmaron el primer caso de transmisión autóctona de infección por virus zika en la isla de Pascua (Chile)2 La presencia del virus se reportó hasta junio de ese año. Posteriormente, en mayo de 2015, las autoridades de salud pública de Brasil confirmaron la transmisión autóctona de virus zika en el nordeste del país. Hasta octubre de este año, 14 estados confirmaron transmisión autóctona del virus: Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima y São Paulo3 .

Recientemente las autoridades de salud de Colombia notificaron la detección del primer caso autóctono de infección por zika virus en el estado de Bolívar.

Los últimos brotes de fiebre por zika en distintas regiones del mundo, demuestran la potencialidad de este arbovirus para propagarse por los territorios en los que existen vectores para este virus.

Zika, chikungunya, dengue, es la estela del mosquito Aedes Aegypti.

Medidas fundamentales

Dentro de las medidas de prevención y control, aquellas que están orientadas a la reducción de la densidad del vector son fundamentales, y si son efectivas, pueden lograr detener la transmisión.

Seria excelente, una Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control del zika, chikungunya, dengue, todas trasmitidas por el mosquito Aedes Aegypti.

Esta estrategia bien articulada, brinda las bases para una preparación adecuada de mexicanos y mexicanas frente al virus zika.

En la situación actual recomendamos que se intensifiquen las acciones integrales de prevención y control sobre todo aquellas que apuntan a la:

• Participación y colaboración intersectorial, en todos los niveles del gobierno y de los organismos de salud, educación, medio ambiente, desarrollo social y turismo.

• Participación de organizaciones no gubernamentales, ONG, y organizaciones privadas; al mismo tiempo que debe mantener la comunicación y buscar la participación de toda la comunidad.

• El control del mosquito es la única medida que puede lograr la interrupción de la transmisión de los virus transmitidos por vectores, tales como dengue, Zika y chikungunya.

• Un control efectivo y operativo del vector transmisor de dengue y chikungunya, brinda las bases técnicas y operacionales para una preparación adecuada frente al virus Zika, debido a que estos virus pueden ser transmitidos por el mismo mosquito, el Aedes aegypti.

• Se recomienda utilizar e intensificar las acciones para la vigilancia y control vectorial desarrolladas para el dengue y chikugunya,

• Contar con la participación y colaboración intersectorial, en todos los niveles del gobierno y del sector salud, educación, medio ambiente, desarrollo social y turismo, entre otros.

• La participación de ONG, organizaciones privadas; mantener la comunicación y buscar la participación de toda la comunidad.

• Es importante ofrecer información clara y de calidad acerca de esas enfermedades a través de los medios de comunicación. Dada la alta infestación por Aedes aegypti se recomienda que las medidas de prevención y control sean orientadas a reducir la densidad del vector, con la aceptación y colaboración de la población local en la adopción de dichas medidas.

• Fortalecer las acciones de ordenamiento ambiental, principalmente la eliminación de criaderos del vector en cada domicilio y en áreas comunes de los barrios y ciudades (parques, escuelas, cementerios, etcétera).

• Organizar campañas de saneamiento intensivo para la eliminación de criaderos en zonas específicas donde se haya interrumpido la recolección regular de basura.

• Aplicar medidas para el control de criaderos con la utilización de métodos físicos, biológicos y químicos, en las que participen activamente la familia y la comunidad.

• Determinar las zonas de alto riesgo de transmisión (estratificación de riesgo) y dar prioridad a aquellas donde existan concentraciones de personas (escuelas, terminales de transporte, hospitales, centros de salud, etc.). En esas instalaciones deberá eliminarse la presencia del mosquito en un radio de al menos 400 metros a la redonda.

• En zonas donde se detecte transmisión activa o casos importados de Dengue, Chikungunya o virus Zika, se sugiere utilizar tratamiento adulticida (principalmente a través de fumigación), para eliminar los mosquitos adultos infectados y cortar la transmisión. Esta es una medida de carácter excepcional y solo es eficaz cuando la aplica personal debidamente capacitado y con las orientaciones técnicas internacionalmente aceptadas; este trabajo se llevará a cabo con otras medidas, como las descritas anteriormente. La fumigación es la principal intervención para interrumpir la transmisión y permite ganar tiempo para consolidar las actividades de eliminación de criaderos de larvas.

• Elegir el insecticida apropiado (siguiendo las recomendaciones de OPS/OMS), verificar su etiqueta y formulación y tener en cuenta la susceptibilidad de las poblaciones de mosquito a ese insecticida.

• Mantener el equipo de fumigación en buen funcionamiento y utilizarlo adecuadamente y contar con reserva de insecticidas.

• Garantizar la supervisión (control de calidad) del trabajo de campo de los operarios, tanto durante el tratamiento antilarvario como en el de mosquitos adultos (fumigación). La aplicación integral (simultánea o coordinada) de las medidas de control del vector en espacio y tiempo (control adulticida y larvario, por personal entrenado, aunado a las acciones de saneamiento y el impulso de las acciones comunitarias), es esencial para lograr un impacto mayor, en el menor tiempo posible.

Es importante que el personal involucrado en las acciones de control químico utilice, sin excepciones, el equipo de protección personal apropiado para esta actividad. Es responsabilidad de los programas de control de vectores suministrar estos equipos a su personal, hacer auditoría de su uso, y tener reservas suficientes almacenadas en condiciones apropiadas.

Medidas de prevención personal

Donde vive y se desarolla el Aedes Aegypti

• Se cría en recipientes con agua acumulada en los alrededores del hogar.

• Pone sus huevos en las paredes de envases con agua, donde pueden sobrevivir por meses y nacen al ser sumergidos bajo agua.

• Son capaces de volar cientos de metros buscando recipientes donde colocar sus huevos.

• Unos cuantos mosquitos por casa son capaces de producir grandes epidemias de dengue.

• El mosquito del dengue no se reproduce en zanjas, drenajes, canales, humedales, ríos o lagos, por lo tanto, es inútil verter cloro en ellos. El cloro es dañino a la vida acuática.

Sencillas medidas que pueden implementar en sus casas, sin costos, con solo tener la información oportunamente como:

Revisar y sanear los recipientes comunes en donde se crían los mosquitos aedes aegyptis,

Aquellos que se llenan con las lluvias: Envases desechados como gomas (neumáticos), botellas, ollas, artefactos dañados (inodoros, lavamanos, neveras, lavadoras, etcétera).

• Artículos a la intemperie como recipientes para basura, bandejas de pintura, toldos plásticos, tapas de pailas, juguetes y neveritas de playa.

• Botes y otros vehículos que acumulan agua.

Es importante reducir al mínimo el contacto del vector con los pacientes infectados con dengue, chikungunya o virus zika.

Es necesario educar al paciente, a otros miembros del hogar y a la comunidad acerca del riesgo de transmisión y las medidas para disminuir la población de vectores y el contacto entre el vector y las personas.

• El paciente debe descansar bajo mosquiteros, ya sea impregnados con insecticida o no.

• El paciente, así como otros miembros del hogar, deberán usar ropa que cubra las extremidades.

• Los repelentes que contienen Icaridina (DEET o IR3535) se pueden aplicar a la piel expuesta o la ropa de vestir y debe usarse de conformidad estricta con las instrucciones de la etiqueta del producto.

• Emplear alambre-malla en puertas y ventanas. Estas medidas de prevención personal son también efectivas para prevenir la transmisión del virus a personas sanas.

En consecuencia y toda vez que corresponde a los tres órdenes de gobierno su intervención en materia de salubridad general , estando obligados a desarrollar o implementar capmpañas en materia la prevención y el control de las enfermedades trasmisibles, conforme se los señala la Ley Genral de Salud.

Por lo expuesto, solicito su respaldo para el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno, a traves de las instituciones de salud con el fin de implementar campañas de difusión a la poblacion, alertamiento y el establecimiento de medidas de control del virus zika, a efecto de reducir el impacto que podría llegar a tener dicho virus, especialmente en los grupos vulnerables de la población como son niñas, niños, adolescentes, y adultos mayores.

Notas

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/es/

2 Ídem
http://search.who.int/search?q=mosquito+aedes+ae&ie=utf8&site=who&client=_es_r&proxystylesheet=_es_r&output=xml_no_dtd&oe=utf8
(decir la dependencia u organización que emitió la recomendación también en la nota al pié, así como la fecha de consulta del link)

https://www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/Documents/Aea egyptiFactSheetSPA.pdf

http://www.cdc.gov/dengue/resources/pdfs_edu_trng/vector Control/09_204420CRodriguezDengueVCSpanish4C508.pdf

Palacio Legislativo, a 9 de diciembre de 2015.

Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, de la Cofepris y de la Secretaría de Salud a difundir el estado que guardan el fideicomiso y los estudios de riesgos a la salud humana por el derrame en el río Sonora, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Susana Corella Platt, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 2; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Subsecretaría de Planeación y Política Educativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Salud, para que informen a esta soberanía lo relacionado con el estatus que guarda el fideicomiso y el estado actual que guardan los estudios de riesgos a la salud humana producto del derrame del río Sonora, con base en las siguientes

Consideraciones

Como todos recordarán, el 6 de agosto de 2014, en Sonora, nos despertamos con una lamentable noticia: La minera Buenavista del Cobre SA de CV, situada en el municipio de Cananea, Sonora, derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre (CuSO4) en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora como consecuencia de una falla en la tubería de salida de una represa.

El derrame ocurrió en la represa denominada Tinaja 2, en la que se depositan los desechos de lixiviación. Los excedentes contaminaron el río Bacanuchi afluente del río Sonora, el cual descarga sus aguas en la presa El Molinito y la presa Abelardo L. Rodríguez, por lo que se presentaron afectaciones en los iniciales en los municipios de: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures, con una población total aproximada de 24 mil 48 habitantes.

El 7 de agosto de 2014, habitantes de la zona informaron a la Unidad Estatal de Protección Civil del Gobierno de Sonora la coloración inusual del río Bacanuchi. La empresa notificó el incidente a la autoridad federal vía telefónica el 8 de agosto, y formalmente hasta el 12 de agosto, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) procedió a realizar una visita técnica en el lugar del incidente y elaboró un dictamen técnico que demuestra que:

El derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa. El derrame alcanzó a los siguientes cuerpos de agua:

• Arroyo Tinajas (17.6 kilómetros)

• Río Bacanuchi (64 kilómetros)

• Río Sonora (190 kilómetros)

• Presa El Molinito (15.4 millones de metros cúbicos), la cual fue cerrada preventivamente, por los resultados preliminares de contaminación por encima de las normas ambientales que ordenó el municipio de Hermosillo.

El extracto anterior fue tomado del informe que presentó ante la Cámara de Diputados la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, mismo que dentro de su capítulo de Recomendaciones, estableció lo siguiente:

“Primera. El estado de Sonora y sus habitantes no se han beneficiado de la explotación de sus recursos naturales. La extracción de sus riquezas minerales no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses. La empresa Grupo México y su filial la mina Buenavista del Cobre SA de CV lejos de actuar como una empresa responsable, respetuosa del medio ambiente y solidaria con la población de la zona, ha puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región.

Una mina que reporta ganancias de 4.4 millones de dólares diariamente, que cuenta con un historial negativo y de impunidad, que no protege la salud de sus trabajadores y cierra centros hospitalarios (Hospital del Ronquillo), que no respeta sus derechos laborales y que no contrata personas de Cananea y exhibe letreros discriminatorios en las puertas de sus instalaciones, no puede ser considerada en México como una empresa socialmente responsable. Es por ello que esta soberanía recomienda la creación de un Fondo de Desarrollo Regional, solventado por la empresa, que comprenda todos los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora, como lo son: salud, alimentación, educación, infraestructura, trabajo y recuperación de todas las actividades productivas y económicas, como un mecanismo compensatorio que restituya la equidad distributiva con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, aportado por la empresa, y detone el potencial de desarrollo que Grupo México le ha escamoteado a la entidad.

Segunda. El fideicomiso anunciado por el gobierno federal con cargo a Grupo México, que tendrá un monto inicial de 2 mil millones de pesos, debe tener un enfoque preponderantemente humano y priorizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los jornaleros, productores, comerciantes, ganaderos, a las víctimas del derrame y en general, a toda la población afectada de la región, con una perspectiva a largo plazo que permita evaluar la suficiencia de los recursos y cuantificar las aportaciones necesarias para el resarcimiento del daño social, económico y ambiental infligido. Esta instancia debe contar con un comité técnico especializado que decida los objetivos y que tenga un manejo transparente de los recursos, alejado de toda entrega selectiva o politizada.

Tercera. El fideicomiso solventado por la empresa debe garantizar a los municipios afectados el abasto suficiente y oportuno de agua potable, tanto para consumo humano a través de plantas potabilizadoras, de la infraestructura necesaria que permita a los pobladores ejercer su derecho fundamental de acceso al líquido vital, como para sus múltiples actividades (incluido el uso agrícola y ganadero) y que cumpla con los estándares de calidad. Asimismo, transparentar y publicitar el monitoreo permanente que realice Conagua, a efecto de otorgar certeza y confianza a la población.

Cuarta. Hacer valer el imperio de la ley, exigiendo a todas las autoridades competentes el ejercicio de todas las acciones y recursos civiles, penales, administrativos y laborales a que haya lugar, para sancionar de manera ejemplar a la empresa y personas que resulten responsables.

Quinta. Hacer un llamado a la autoridad competente a redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre, SA de CV, a fin de revisar las violaciones en que ha incurrido la mina y prevenir cualquier otra en el futuro, en materia ambiental, laboral y en general de seguridad industrial, con objeto de proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México.

Sexta. Esta comisión especial considera urgente e indispensable que las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presenten un paquete legislativo que fortalezca al Estado mexicano en su función reguladora y sancionadora, que eleve los montos de las multas y sanciones, que dote al estado de capacidad para actuar con prontitud; una legislación que cuente con un protocolo claramente definido de los pasos a seguir en caso de cualquier contingencia, sea la actividad de que se trate de cualquier empresa, asimismo que contenga los siguientes principios fundamentales:

1. Sanciones y multas de acuerdo al daño generado, proporcional a las ganancias percibidas y a la reincidencia en ilícitos.

2. Cuando se presente una contingencia ambiental considerada importante por la autoridad correspondiente, debe estipularse claramente que la suspensión de actividades debe ser inmediata, hasta en tanto no se realice la investigación que permita el deslinde de responsabilidades.

3. Debe fortalecerse la capacidad de la autoridad competente para aplicar multas y sanciones de manera directa e inmediata.

4. Debe quedar clara la responsabilidad de que el que contamina paga no solamente la remediación ambiental y la indemnización a las personas directamente afectadas, sino todo lo que comprende la recuperación económica, ambiental y social de una comunidad.

Con independencia del monto de las multas, el que contamina no sólo es responsable del daño ambiental, sino también de las afectaciones económicas y sociales.

5. Pierde la concesión quien contamina y pone en riesgo los ecosistemas y la vida humana.

Séptima. Incluir al municipio de Cananea en el programa de poblaciones afectadas.

Octava. Garantizar el acceso oportuno a servicios de salud de calidad para atender las repercusiones y afectaciones presentes y futuras provocadas por el derrame ocasionado por la mina Buenavista del Cobre SA de CV, así como realizar los estudios necesarios, a efecto de determinar si la región afectada presenta una mayor incidencia en enfermedades y afecciones imputables a la contingencia tales como cáncer, malformaciones, padecimientos crónico degenerativos y envenenamiento paulatino, entre otras.

Novena. Que la empresa cumpla con las medidas sanitarias pertinentes, emitidas por la autoridad competente, con el objeto de proteger la salud de los pobladores.

Décima. Garantizar a los pobladores de la región el pleno ejercicio de sus derechos humanos, como el acceso al trabajo digno, sin que medie ningún tipo de discriminación”1 .

Como bien lo menciona el informe de la comisión, “el fideicomiso debe tener un enfoque preponderantemente humano y priorizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los jornaleros, productores, comerciantes, ganaderos, a las víctimas del derrame y en general, a toda la población afectada de la región, con una perspectiva a largo plazo, que permita evaluar la suficiencia de los recursos y cuantificar las aportaciones necesarias para el resarcimiento del daño social, económico y ambiental infligido”.

A inicios de este año, alcaldes de los municipios afectados indicaron que Grupo México, se encontraba distanciada de las reuniones con funcionarios federales2 , a grado tal que José Manuel Valenzuela Salgado, entonces presidente municipal de Ures, uno de los municipios afectados, tuvo que solicitar al personal de Grupo México, con presencia en los sitios afectados, que tuvieran la deferencia de atender a los pobladores, toda vez que las inconformidades se hacían cada día más frecuentes3 .

Los presidentes municipales de la zona afectada, hacen hincapié en la necesidad de aclarar el tema relacionado con el fideicomiso conformado, puesto que luego de que los pagos a la población se restringieran a efecto de dar cumplimiento a la veda electoral del año en curso, se ha venido dando toda una serie de especulaciones que no han sido aclaradas por los integrantes de la junta de administración del mencionado fideicomiso; a razón de lo anterior en fechas pasadas, he venido sosteniendo reuniones con las autoridades locales a fin de lograr sumar esfuerzos y conseguir que no se siga dando seguimiento y evaluación a los daños colaterales provocados por el derrame4 .

A un año de que se generara este daño ecológico y poblacional, como diputada federal por el 4o. Distrito Electoral del Estado de Sonora, es mi obligación y responsabilidad mantenerme al tanto de los avances de los estudios y proyectos de remediación ambiental, salud, actividades productivas, comunicación y abastecimiento de agua y saneamiento; como de los avances que se tienen en el mecanismo de pago implementado para reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del derrame.

Asimismo, Xavier García de Quevedo, vicepresidente de Grupo México, indicó a inicios de este mes (octubre) que la limpieza física del río Sonora ya concluyó, pues se han hecho análisis, estudios y se está cumpliendo con los compromisos y programas. De igual manera, menciona que el fondo del fideicomiso creado por Grupo México hasta el momento es suficiente, y por lo pronto no se contempla un incremento en éste ni reactivación de pagos; pues el fideicomiso tiene un presupuesto y se está cumpliendo todo lo que se prometió5 .

En el lado opuesto, tenemos que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que Grupo México está obligado a indemnizar, ofrecer consultas médicas y dar seguimiento durante 15 años a todas las personas con daños a la salud por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, denunciada por las comunidades aledañas al río Sonora.

En entrevista, el titular de la Cofepris, Mikel Arriola Peñalosa, aseguró que los habitantes de la región tienen todo el derecho de reclamar atención a sus enfermedades, por lo que las brigadas de vigilancia epidemiológica mantienen la búsqueda de nuevos casos de padecimientos vinculados con la contaminación de sulfato de cobre y continúan con el tratamiento a los afectados6 .

Así también he de mencionar que el pasado 22 de octubre de año en curso, el juez primero de distrito en Sonora ordenó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a realizar un nuevo estudio mediante el cual pueda determinarse la calidad del agua en los ríos Bacanuchi y Sonora, de suerte que sea posible saber el estado actual que guardan los cuerpos acuíferos afectados con el derrame7 .

Por todo lo anteriormente expuesto, porque los habitantes de Sonora aun tienen mucha incertidumbre a pesar de que han ido poco a poco rehaciendo su vida normalmente, y porque se ha escuchado que Grupo México tiene la intención de dar por concluido el fideicomiso Río Sonora, con fundamento en los artículos referidos en el proemio de este acuerdo, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al titular de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a la opinión pública sobre los avances financieros que ha tenido el fideicomiso conformado para atender las medidas de remediación, reparación y resarcimiento de los daños ambientales y a la salud pública, causados por el derrame ocurrido en el río Sonora.

Segundo. Se solicita al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que informe a la opinión pública si considera necesario, a razón de sus estudios e informes últimos, que se dé seguimiento durante 15 años a todas las personas con daños a la salud por el derrame en la mina Buenavista del Cobre.

Tercero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud para que informe a la opinión pública lo referente al seguimiento que se ha realizado a los afectados en su salud como consecuencia del derrame en la mina Buenavista del Cobre.

Notas

1 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/sep/20140917-V.pdf

2 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/06/1001172

3 http://www.uniradionoticias.com/noticias/riosonora/346668/
pide-alcalde-de-ures-dar-la-cara-a-responsables-del-fideicomiso.html

4 http://www.jornada.unam.mx/2015/06/17/estados/030n2est

5 http://www.las5.mx/noticia/57199/asegura-grupo-mexico-termina-limpieza- de-rio-sonora

6 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/27/1020954

7 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/10/22/ordenan-conag ua-nuevo-estudio-en-rio-sonora

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputada Susana Corella Platt (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir y emprender políticas públicas eficientes sobre el manejo de desechos electrónicos en el contexto de la transición a la televisión digital terrestre, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Cristina Jiménez Márquez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura dela honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que se emprendan políticas públicas más eficientes, direccionadas a mitigar los efectos nocivos de la transición a la televisión digital terrestre, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que de acuerdo con los esfuerzos legislativos recientes, se logró la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones así como de las leyes secundarias respectivas. En este contexto de cambios, quedó muy bien definido que el Estado está obligado a garantizar que el servicio público de radiodifusión, que es de interés general y que debe ser prestado en condiciones de eficiencia y calidad y que además debe ser brindado teniendo como base fundamental los beneficios inherentes a toda la población, preservando en todo momento la pluralidad y la oportunidad de los ciudadanos a ser informados.

Así pues, es bajo la premisa anterior que resulta un hecho incontrovertible que los mayores niveles de eficiencia esperados, van de la mano con el cambio de transmisión analógica a una frecuencia digital mejor conocida en México como el apagón analógico, que se está dando no solo al interior de nuestro territorio, sino en todo el mundo.

Segunda. Que para el caso Mexicano, fue desde el año 2004 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de televisión digital terrestre, que definía que el apagón analógico se llevaría a cabo para el año 2021, reduciéndose este lapso de tiempo en el sexenio siguiente para quedar finalmente en el año 2015, reconociéndose el mismo como uno de los programas de modernización más ambiciosos de los últimos tiempos.

De esta manera, se definió la pertinencia, de que dicha transición se realice de manera escalonada con fecha límite al 31 de diciembre de 2015; para esto, el 13 de Mayo de 2014 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se dio a la tarea de dar a conocer en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, el cual pretendió de origen determinar los objetivos, las estrategias, así como las principales líneas de acción a desarrollar.

Tercera. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el contexto de los instrumentos normativos, cuenta con la tarea de entregar nada menos que 10 millones de televisiones digitales de 24 pulgadas, habilitados de manera predeterminada para recibir las señales radiodifusoras en formato digital, considerando como su población objetivo a los hogares de escasos recursos, especificados en los listados de los programa, proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social.

Cuarta. Que dentro de los componentes que movieron la voluntad de las autoridades y representantes populares a aprobar este tipo de iniciativas, se consideraron como factores determinantes las ventajas de esta transición para el propio ciudadano, que contará una vez que se concluya con el cambio en todo el país, con aparatos televisivos que deberán brindar señales de manera abierta con una mayor nitidez, así como con una mayor calidad de audio y video; contando además con la posibilidad de acceder a algunos servicios en línea y con un abanico de mayor número de canales disponibles y, por ende, con una programación más amplia de entretenimiento.

Quinta. Que dentro de los supuestos para el desarrollo del cambio, se define que los ciudadanos que cuentan con la posibilidad de acceder a la televisión de paga, no están obligados a hacer ningún tipo de cambio, puesto que las compañías que brindan ese tipo de servicio, ya deben haber realizado las adecuaciones necesarias al respecto. De esta forma se considera que más de la mitad de la población mexicana no tendrá que llevar a cabo acción alguna con respecto al apagón analógico, puesto que ya cuenta con servicio digital.

Por otro lado, se tiene el universo de las personas que ya han adquirido con anterioridad un aparado que tenga instalado en su interior un sintonizador ATSC (Advanced Televisión System Commitee) y que reciben de manera automática esta señal, por lo que no deben preocuparse por adquirir un aparato nuevo; y las que no lo tengan, están en posibilidad de adquirir a un menor costo que otro aparato televisor, un decodificador que convierta la señal analógica en una digital.

Sexta. Que bajo estas consideraciones, las autoridades y los estudiosos del tema, consideran que en total serán desechados únicamente en los hogares mexicanos cerca de 40 millones de aparatos; aunque por supuesto se infiere que para deshacerse de esa gran cantidad de televisiones los ciudadanos lo harán en la medida que decidan que efectivamente ya no les son de utilidad, considerando que pueden ser útiles para jugar videojuegos o para ver películas.

En este contexto, se sugiere que para no generar un riesgo mayor para la población en materia de contaminación por la chatarra electrónica –que necesariamente se tendrá que mover de un hogar hacia un centro de acopio y procesamiento– resultará muy conveniente seguir el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Iniciativa E-waste to Resources (reciclando de basura electrónica a recursos) que integra los pasos de recolección, incluyendo el desarme manual de los aparatos, desmantelaje, preprocesamiento y el reciclaje final. Tareas nada sencillas y que requieren de una adecuada capacitación para poder llevarse a cabo de manera eficiente.

En este sentido destacan también múltiples pronunciamientos en el sentido de considerar la urgente necesidad de establecer procesos obligatorios y formalmente establecidos, que permitan recoger y procesar todos estos desechos; además queda claro que el desarrollo de un sistema nacional de reciclaje es complejo y sólo funcionará través de la organización y de la tecnología adecuada.

Séptima. Que bajo las consideraciones anteriores queda muy claro que si los televisores desechados no son manejados de una forma correcta y adecuadamente tienen una alta potencialidad de convertirse en residuos peligrosos; esto es así porque algunos de sus componentes como el tubo de rayos catódicos contienen compuestos sumamente tóxicos y peligrosos de un grado alto de riesgo para la salud humana, como pueden ser los metales pesados entre los que se encuentran el cadmio, cromo, mercurio y plomo, así como alguno compuestos de carácter orgánico.

Octava. Que se ha reconocido en diversas oportunidades, que el país no cuenta con los suficientes sitios para la disposición adecuada de residuos sólidos; estas declaraciones sugieren que la preocupación por este tema no está demás y que deben tomarse las acciones necesarias para que cada uno de los actores que participan en este tipo de actividad puedan cumplir con la responsabilidad que les corresponde.

Novena. Que el riesgo inminente y motivo principal de esta proposición, es que con el apagón analógico en México, se preste más atención a la logística de entrega de televisiones, y se descuiden efectos relevantes que pueden llevar a que se desarrollen prácticas de gran riesgo para la población, como puede ser el depósito mal informado de los aparatos en los basureros; el abandono de los mismos en lugares públicos o, lo que sería peor, el almacenaje poco cuidadoso de los materiales que puedan ocasionar que las sustancias se derramen contaminando el suelo por donde transitan nuestros niños y la atmósfera con el oxígeno que todos respiramos, generando por ende serios problemas para la salud.

Décima. Que no obstante que en México contamos con importantes avances en materia ecológica y ambiental por el riesgo en el manejo de residuos peligrosos, y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya verifica –aunque de manera incipiente– el manejo, transportación, importación y exportación, de los materiales y residuos peligrosos, a fin de que su movimiento, desde el punto de su generación a su destino, aún falta mucho por hacer y, por otro lado se tiene el hecho de que invariablemente el apagón digital ha puesto sobre la mesa de nueva cuenta, la importancia de contar con lineamientos y supervisión de carácter nacional, que brinden la seguridad al ciudadano, de que México está manejando de manera responsable la parte que le corresponde con respecto de la transición a la televisión digital.

Otro foco de atención, es sin lugar a dudas, el hecho de que México es punta de lanza y ejemplo en muchos aspectos para buena parte de América Latina, por lo que resulta inminente la revisión de las principales políticas públicas en esta materia. Así tenemos que el programa de entrega de pantallas digitales ya se puso en marcha; sin embargo habría que valorar también la pertinencia de continuar con esa línea de erogación excesiva, considerando que existen otras alternativas que pudieran resultar complementarias y de menor costo para el erario nacional.

Asimismo, resalta inminente la necesidad de promover la cooperación entre todos los sectores de la población, porque no habrá manera de revertir los resultados negativos o los graves inconvenientes si no existe conciencia clara del riesgo que todo esto implica y por supuesto, uno de los aspectos más importantes será el de contar con una muy eficiente coordinación interinstitucional y de los distintos niveles de gobierno, por cada uno de ellos tendrá que realizar distintas acciones; quedando claro que si existen fallas, el riesgo directo será para el ciudadano.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, que se está presentando la presente proposición con el siguiente punto de

Acuerdos

Primero: Se exhorta al ,Poder Ejecutivo nacional, para que en el ámbito de sus atribuciones y con plena conciencia de la alta responsabilidad que implica el manejo de los desechos electrónicos en México, se revise a profundidad y de manera integral el actual funcionamiento de las políticas públicas en esa materia, en el contexto del Programa de Transición a la televisión digital terrestre; considerando de manera especial los resultados de los principales indicadores desarrollados, o en su caso, el establecimiento de nuevos parámetros de medición que permitan evaluar el cumplimiento de los mismos, tomando debidamente en cuenta la capacidad y efectividad de la infraestructura en el procesamiento de los televisores analógicos.

Por otro lado, se insta al propio Poder Ejecutivo para que se realicen las acciones pertinentes a efecto de qué se dé a conocer si existe un procedimiento único de procesamiento de gestión de residuos en materia de desecho de televisores analógicos; esto porque de no existir este instrumento normativo, se correría el riesgo de que cada entidad federativa, municipio, empresa pública o privada de reciclaje, etcétera, se considere con la libertad suficiente de decidir lo que se debe hacer con respecto de las diferentes etapas del proceso.

En este mismo sentido, se le exhorta a que se revise si están tomando las medidas de coordinación suficientes, y además si se encuentran plenamente detalladas en los convenios de colaboración e instrumentos normativos entre las entidades federativas y los municipios que tienen a su cargo acciones muy concretas y operativas con relación al manejo de estos residuos.

Adicionalmente, se solicita que para dimensionar la magnitud del problema, se presenten datos precisos con respecto de los televisores analógicos, en el sentido de saber qué cantidad de ellos están siendo depositados en los basureros o abandonados en la vía pública de manera indiscriminada, así como se detalle de qué manera se están llevando a cabo la instalación y operación de los centros de acopio que reciben, empacan y acomodan materiales de desecho electrónico, así como el traslado a los almacenes temporales, verificando la manera en que reciben los televisores ya empacados, preservando su estado hasta la entrega ante las plantas recicladoras.

Una acción más que esta soberanía está solicitando al Poder Ejecutivo federal es que se verifique que se esté llevando a cabo de manera conveniente la capacitación y evaluación del desempeño de las personas que están realizando ese trabajo;

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes a su cargo, se realice una intensa campaña de concientización a la población para la gestión de los residuos electrónicos, a través de los medios de comunicación más importantes, donde se incluyan las redes sociales, y donde se resalten los beneficios de que cada ciudadano, cuide su salud y el medio ambiente en donde todos vivimos, poniendo especial atención en alertar a la población de que probablemente no sea necesario la adquisición de un televisor nuevo, poniendo a su fácil disposición el catálogo de marcas y modelos que aun siendo antiguos ya cuentan con los dispositivos para captar la señal digital, la posibilidad de adaptarlos a través de un decodificador a un menor costo que un aparato nuevo, o que ya cuentan con servicio de cable donde las compañías entregan de manera anticipada las decodificadores y de forma adicional consideren que en tanto no se cuente en su municipio con un centro confiable de confinamiento de televisores viejos, estos se guarden en las casas a en lugares donde las vidrios no se puedan romper y el óxido de plomo sea liberado.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito’ de su competencia, especifique a detalle las criterios utilizadas para la selecci6n de las empresas recicladoras autorizadas para el acopio, transporte y reciclaje de materiales tendiente a conocer si son lo suficientemente aptas y competitivas en calidad y precio pata cumplir con la normatividad vigente.

Cuarto. Se exhorta al Senado de la República;:para que de manera coordinada can esta honorable Cámara de Diputados, se convoque a diversos foros de consulta, donde participen expertos en el manejo de este tipo de residuos, organizaciones de la saciedad civil, autoridades de los tres niveles de gobierno, etcétera, donde se revise de manera detallada si los residuos electrónicos se están manejando de manera adecuada de acuerdo con los criterios efectivos de eficiencia ambientales, tecnológicas, económicas y sociales, etcétera.

Quinto. Se insta a la Auditoría Superior de la Federación, para que se incluya dentro de la programación anual de las auditarías a su digno cargo, las que resulten necesarias para supervisar el adecuada cumplimiento de los lineamientos que en la materia se desarrollen, incluyendo la constante supervisión y evaluación de los centros de confinamiento, almacenamiento y reciclaje de los residuos electrónicos, así como el envío a los rellenos sanitarios de los residuos peligrosos no reciclables, teniendo especial consideración en el cumplimiento de las normas sobre toda en lo que se refiere al confinamiento de las televisores enteras, sino el vidrio que contiene el plomo y demás materiales contaminantes.

Sexto. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación, con todas las implicaciones legislativas y administrativas necesarias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre del año en curso.

Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar por la SEP cremas con bloqueador solar en las escuelas de nivel básico, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal por el Distrito Federal en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se permite someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud proporcione de manera gratuita durante los periodos de exposición a la luz solar, cremas con filtros solares a los estudiantes de nivel básico.

Consideraciones

1. Tenemos en la actualidad un problema importante de salud derivado del aumento de la radiación ultravioleta B emanada del sol y que llega a la tierra, producto de la disminución de la capa de ozono.

Al entrar en contacto con nuestra piel, la radiación UVB en mayor proporción, aunque con participación moderada de UVA y en una cantidad ínfima de UVC, forma una serie de compuestos químicos denominados fotoproductos que provocan un daño en el DNA el cual será expresado como una mutación celular al regenerarse las células de nuestra piel.

Estos cambios no serán observados si existe un adecuado sistema de reparación celular, pero con el estímulo continuo, cotidiano y de gran intensidad, los daños superan la capacidad de reparación y la piel lo expresara como un tumor en los años venideros.

El impacto solar sobre nuestra piel alcanza el 80% del total a la edad de 18 años, por lo que ahora la recomendación sobre protección solar debe ser exhaustivo e iniciarse en la infancia temprana.1

2. en consideración a lo anterior no puede pasar desapercibido para esta legislatura la obligación de velar y hacer velar, el contenido del artículo 4 constitucional que vela el derecho a la salud de todos los mexicanos, por lo que mediante la implementación de mecanismos diversos, se podrá ir progresando en la protección real y suficiente, ya que se debe lograr el máximo grado de satisfacción del mismo, por ello es positiva la implementación de todas aquellas medidas que faciliten el alcance de dicha meta, ya que según datos de la Secretaria de Salud, en el año 2012, en México fallecieron más de 1500 personas por esa enfermedad.2

3. de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, se espera que los casos de cáncer aumenten un 57% en el mundo en los próximos 20 años, un inminente “desastre humanitario” que requiere un enfoque renovado en la prevención y el combate, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Reporte Mundial de Cáncer, realizado por la agencia especializada de la OMS en esta enfermedad, predice que los nuevos casos de cáncer se elevarán de un estimado de 14 millones en 2012 a 22 millones anualmente en las siguientes dos décadas.

En el mismo periodo, se prevé que las muertes por cáncer se eleven de 8.2 millones por año a 13 millones anualmente.

4. Las recomendaciones previstas en el diagnóstico y tratamiento del carcinoma basocelular, elaborado por el propio Consejo de Salubridad General, donde se indica lo siguiente:3

• La exposición solar en los primeros años de vida juega un papel importante en el desarrollo de cáncer en la piel, debido a que el mayor porcentaje de radiación ultravioleta (UV) es recibida antes de los 20 años de edad, es decir, en la niñez y en la adolescencia.

• Insistir a las personas, padres o tutores, evitar la exposición solar entre las 11 y las 15 horas, particularmente desde la infancia, así como el uso de cámaras de bronceado, haciendo énfasis en aquellos de más alto riesgo (piel blanca, ojos azules, cabello rubio y personas pecosas) que tienen mayor tendencia a quemarse y no broncearse.

• Promover la protección al sol mediante la aplicación de filtros y pantallas solares, que deben aplicarse cada tres horas, así como utilizar ropa para que cubra las áreas fotoexpuestas como manga larga, sombreros con ala ancha y lentes oscuros, evitar la aplicación de autobronceadores, así como las mezclas con aceites de coco, de tortuga, coca cola, y otros.

5. Por ello el presente punto de acuerdo, busca que el Ejecutivo Federal, en un acto de responsabilidad social, mediante la Secretaria de Educación Pública, Proporcione y aplique de manera Gratuita a todos los estudiantes de Educación Básica, cremas con filtro de protección solar durante el desarrollo de actividades al aire libre con exposición al sol, como pueden ser de manera enunciativa, mas no limitativa, el recreo, ceremonias, clases de educación física, entre otros.

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al titular del Ejecutivo federal para que mediante la Secretaría de Educación Pública, proporcione y aplique a los alumnos de educación básica, cremas con filtro solar para sus actividades al aire libre y con exposición a la radiación solar.

Segundo. La Secretaría de Hacienda ordenara en el Presupuesto de Egresos de la Federación la partida presupuestal correspondiente para la compra de cremas con filtro solar, para su distribución en las escuelas públicas de educación básica.

Notas

1. http://www.smeo.org.mx/pacientes/comitetumor.php

2. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/03/23/950141.

3. Guía práctica clínica prevención, diagnóstico y tratamiento del carcinoma basocelular, México, México, Secretaria de Salud 2013, pág. 11.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a establecer en las unidades y clínicas de medicina familiar horarios preferentes en temporada de invierno, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Ana Guadalupe Perea Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo en base a las siguientes

Consideraciones

El proceso de envejecimiento humano repercute directamente sobre varios factores del desarrollo y el funcionamiento de cualquier sociedad; en las últimas décadas, México presenta un fenómeno demográfico conocido como envejecimiento poblacional, que adquiere gran relevancia por las características y condiciones de salud entre la población mayor de 60 años, principalmente por la necesidad de tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión arterial, osteoartritis degenerativa entre otras, lo que conlleva a que sea el sector que más requiere de atención y servicio médico.

Esta realidad ha sido reconocida por el sector salud, el mismo Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, otorga las recomendaciones y señalamientos necesarios para cuidar a los adultos mayores ante los cambios bruscos de temperatura y en el mismo sentido brindan servicios de promoción y educación de la salud.

Con el objeto de estimular la mejora integral en el desempeño de las unidades y clínicas de medicina familiar del Instituto, se deben promover nuevos modelos de atención que se ajusten cada día más a las necesidades de los derechohabientes, principalmente a la de los adultos mayores, ya que en muchos de los casos, el tiempo de espera es la queja recurrente, debido al tiempo prolongado a causa de la falta de cita previa, generado por la necesidad de atención a sus padecimientos crónicos degenerativos, la mayor parte de las veces la asistencia es en base a cita ya establecida, donde procuran llegar temprano para salir lo más pronto, pero no siempre es así, la espera llega a ser mayor a 30 minutos, siempre y cuando la clínica o unidad correspondiente cuente con el personal administrativo o médico que permita el desahogo de las citas o en su defecto, o no exista alguna contingencia hospitalaria que limite la atención de éstas.

Actualmente el cambio climático es una amenaza para la salud, los efectos son determinantes al reflejar un incremento de las enfermedades respiratorias debido al aumento de los ciclos de alta temperatura y a lluvias extremas, el alza en los niveles de CO2 y ozono, reflejándose en el agudo índice de alérgenos en el ambiente, lo que causa enfermedades respiratorias como el asma y la rinitis alérgica, conjuntivitis y afecciones cutáneas entre otras.

Los riesgos de mortalidad y morbilidad en los períodos de calor extremo ya afectan principalmente a los adultos mayores y niños, sin olvidar a las personas con enfermedades crónicas que, aunque no está previsto que haya focos endémicos en México, ya es un tema de preocupación a nivel mundial.

Al día de hoy no existe una relación clara entre las consecuencias generadas por el cambio climático y los riesgos que se generan a los sectores más vulnerables, siendo los adultos mayores el grupo de la población que por su deterioro derivado de la edad, tiende a contraer más enfermedades y por tanto, necesitan de cuidados diferentes, de ahí la importancia de establecer mecanismos preventivos.

En aproximadamente un mes, ésta por iniciar la época de frío y con ello los padecimientos de mayor incidencia como la gripe o influenza, catarros, amigdalitis, bronquitis, sinusitis, neumonía, laringitis, etc., aunado a esto, la contaminación ambiental, la polución y demás factores que colocan en riesgo latente a nuestros adultos mayores.

En los objetivos de la Ley General de Salud vigente se establece que el Sistema Nacional de Salud además de proporcionar servicios de salud a toda la población, se tiene la obligación de atender a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Nuestro adultos mayores se exponen al frío en las primeras horas de la mañana en el momento de acudir a su cita, en muchas ocasiones acuden solos ya que no hay quien les pueda apoyar en su traslado y dado que no se les atiende de inmediato, se llega a rebasar su horario de alimentos o medicamentos en la vigilia de su correspondiente atención, por ello, se propone el establecimiento de horarios preferenciales para la atención de los adultos mayores por parte de las clínicas familiares, donde puedan acudir sin contratiempos por clima u horario de alimentación, pero al mismo tiempo sean atendidos de manera efectiva y eficiente por parte de los prestadores de servicio de la misma clínica.

Por lo expuesto me permito someter a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al ISSSTE para establecer en las unidades y clínicas de medicina familiar, horarios preferentes en invierno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la SHCP, de la Secretaría de Economía y de la Administración General de Aduanas a tomar medidas para la importación de vehículos usados provenientes de EUA y Canadá, en el marco del TLCAN y el anexo 300-A.2, disposición 24, a cargo del diputado Yahleel Abdala Carmona e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos diputados Yahleel Abdala Carmona, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Edgardo Melhem Salinas, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Miguel Ángel González Salum, Esdras Romero Vega, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Alex Le Baron González, Daniel Torres Cantú por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la diputada María Ávila Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, todos integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 3, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, secretario de Hacienda, secretario de Economía, administrador general de Aduanas para que se tomen las medidas necesarias para la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos de América y Canadá, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y el Anexo 300-A.2. Disposición 24, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Nuevamente inicia una discusión sobre la importación de vehículos usados a México. Debate y discusión dada en las mesas de negociaciones del TLCAN hace 25 años y que culminaron con su firma en 17 de Diciembre de 1992, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994, hace poco más de 20 años.

En estos 21 años uno de los sectores más beneficiados ha sido la industria automotriz, México se ha consolidado como uno de los principales productores de autos y autopartes, ocupando el 7mo lugar mundial y segundo país exportador de vehículos a Estados Unidos sólo por debajo de Alemania, Corea del Sur y Japón.

Actualmente México es el principal exportador a los EUA con 1.9 millones de autos, superando a Japón y Canadá. En estos últimos años la producción y exportación en México han registrado máximos históricos, la producción creció alrededor del 8%, y las exportaciones crecieron por encima de 10 por ciento.

En 21 años, con el TLCAN, la producción de la industria automotriz se ha cuadriplicado y las exportaciones se han quintuplicado.

La principal región de destino de las exportaciones la integra el TLCAN, representando el 85 por ciento del total de estas, y no sólo de autos, sino también de autopartes, siendo México el principal proveedor del mercado norteamericano.

De la producción total, 83 por ciento se exporta y 17 por ciento se queda en el mercado interno o nacional. Del total de las exportaciones, se van a EUA, 71 por ciento y 9 por ciento a Canadá, es decir el 80 por ciento lo concentra el área del TLCAN y 10 por ciento va al resto de Latinoamérica.

La industria automotriz de México es trasnacional, y las principales ensambladoras son Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen, Mazda, Audi y actualmente está instalando una nueva planta Kia.

Las firmas automotrices comercializan a través de sus distribuidores no sólo productos ensamblados en México, sino también vehículos nuevos importados de otras partes del mundo además de los países integrantes del TLCAN.

También se comercializan vehículos bajo los diferentes tratados comerciales vehículos de las marcas de Acura, Alfa Romeo, Audi, Bentley BMW, Hundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Land Rover, Lincon, Mazda, Mercedes Benz, Mini Cooper, Mitsubishi, Peugeout, Porshe, Renault, Seat, Smart, Subaru, Suzuki y Volvo entre otras.

Dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en sus negociaciones, se dio tiempo para que el sector Automotriz hiciera sus ajustes a las nuevas oportunidades que el TLCAN ofrecía a la industria, abriendo la importación de autos nuevos desde 1994 y a partir del 2009, se podrían importar vehículos usados provenientes de EUA y Canadá. De acuerdo a lo establecido en el anexo 300-A.2 para México en el punto 24 para vehículos usados.

Queda claro que dentro de los acuerdos de libre comercio que nuestro país tiene, el TLCAN es el más importante y de mayor impacto económico para México, y este ambiente de apertura comercial atrajo la inversión extranjera directa, aprovechando las ventajas competitivas por la vecindad de México y EUA, generando empleos e integrando cadenas de valor desarrollando proveedores de autopartes e integrando a las Pyme.

Sin embargo, esta situación de bonanza del sector automotriz, en la producción de autos nuevos, autopartes y la exportación ha sido trastocado por la insistencia de los actores hoy beneficiados a dar cumplimiento a cabalidad de lo establecido en el TLCAN y Anexos, esto sobre lo acordado en la importación de vehículos usados e incorporar a los beneficios de la apertura del TLCAN a otros sectores y regiones del país que hoy deberían estar igualmente beneficiados por las disposiciones del TLCAN.

Uno de los sectores más protegidos del TLCAN fue la industria automotriz de México, y sus distribuidores de autos nuevos y usados, otorgando restricciones a la importación de autos de 1994 al 2008, durante 14 años y de manera gradual y progresiva se dispone la importación de vehículos usados del 2009 al 2019 en donde México se comprometió a no adoptar ni mantener prohibición o restricción en el anexo 300-A.2 del TLCAN; esto con la intención de eliminar barreras comerciales, promover la inversión y fortalecer la economía nacional para ser más competitivos, ya que la finalidad del apéndice anteriormente manifestado es la de generación de nuevos empleos con base en los diversos sectores de servicios y oficios de dicha actividad.

Situación actual

Decreto para regular la importación definitiva de vehículos usados del 1 de Julio del 2011, y la ampliación de su vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2015

Esta disposición ha provocado impugnaciones de las partes afectadas, e incluso acusaciones entre Poderes por las imputaciones del Ejecutivo sobre el Poder Judicial por medio de amparos otorgados, los que a su vez afectaron al sector automotriz de la frontera por la competencia desleal de los tenedores del amparo, importando vehículos y pagando menores impuestos y desplazando a los importadores y comercializadoras, y creando un ambiente de tensión y hasta de persecución (por no decir satanización de la actividad) por actitud de algunos funcionarios y dependencias acusando y señalando de irregularidades a agentes aduanales, importadores y comercializadoras.

Dicho decreto establece regulaciones y disposiciones que trastocan la esfera jurídica y espíritu del TLCAN, en el sentido de los beneficios de la apertura comercial y del libre comercio en América del norte, dificultándolo fundamentalmente en la región de la frontera norte, colindante con EUA, al sector económico dedicado a la importación y comercialización de vehículos usados y la cadena de valor que la actividad genera en autopartes usadas, reparación y pintura que en la región dejaba una gran derrama económica a través de la actividad empresarial comercial y mano de obra que involucra a más de 250 mil familias en la frontera con EUA.

No obstante a ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 28 de Febrero de 1994, la disposición complementaria conocida como “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados”, el cual determina entre otras. El pago de contribuciones para la importación de vehículos usados y nuevos, siendo las más recientes las publicadas el 7 de abril de 2015. Esta lista de precios estimados resulta contraria a derecho, toda vez que dichos precios estimados son establecidos en forma unilateral y en forma arbitraria, aun y cuando existe la prohibición de que nuestro país pueda adoptar restricciones o prohibiciones para su importación, como lo es instaurar cualesquier tipo de contribuciones. Así las cosas, las empresas vendedoras de estos vehículos usados al emitir una factura y en ocasiones certificadas por el Estado mexicano para hacerlo, no se les respeta su precio de venta, imponiendo dicha Secretaría un valor a su criterio, más no así el comercial, trastocando el artículo 133 de la Constitución Mexicana, que concede el trato de Ley Suprema a la los Tratados Internacionales a los que México sea parte.

Así como también se han visto afectadas familias de otras entidades federativas que cuentan con una gran cantidad de paisanos que trabajan en los EUA, y que apoyan a través de remesas a sus familias que viven en sus lugares de origen, y que aparte de sus remesas mensuales, periódicamente visitan su tierra trayendo otros beneficios a sus familiares como ropa, electrodomésticos y en muchas ocasiones es su deseo de regalarles su vehículo a sus padres esposas o hijos, compartiendo con ellos su prosperidad, generosidad y solidaridad familiar tan arraigada en nuestra cultura. En EUA viven 33.6 Millones de personas de origen mexicano de las cuales 11.6 nacieron en México.

Otro grupo de la población afectada por las regulaciones y restricciones ha sido la población que no tiene acceso a un ingreso familiar de más de 15 mil pesos mensuales, para poder aspirar a comprar a crédito un auto nuevo compacto en una distribuidora de autos.

Según estudios de la distribución del ingreso en México sólo los deciles 8, 9 y 10 del indicador de GINI podrían tener acceso a un auto nuevo siempre y cuando califiquen a la obtención de un crédito automotriz, o sea un máximo de 30 por ciento de las familias mexicanas podrían adquirir un auto de agencia; y de los deciles del 1 con ingresos familiares de 2 mil 500 pesos mensuales y 4 mil del decil 2 e inclusive de los 5 mil 500 ingresos familiares mensuales del decil 3 se estima muy difícil poder acceder a tener un vehículo automotor usado, y sólo 40 por ciento de las familias de los deciles 4, 5, 6 y 7, que sus ingresos familiares al mes fluctúan de los 6 mil 500 pesos a los 12 mil 500 mensuales podrían aspirar a tener un auto, siempre y cuando estos vehículos usados estén a precios accesibles.

La mayor parte de estas familias están en el área rural como productores agropecuarios, en el comercio informal o están como empleados y obreros con bajos salarios, para sus familias es indispensable contar con un Vehículo para realizar sus actividades productivas o trasladar al trabajo o escuela cuando no haya la alternativa de trasporte público.

Según la encuesta de ingreso gasto de las familias mexicanas, en promedio mensual destinan 34 por ciento de su ingreso en transporte, ya sea público o en vehículos particulares, 19 por ciento en alimentos , 14 por ciento en educación, 9.5 por ciento en vivienda y 7 por ciento en cuidados personales. De aquí estriba la importancia de dar acceso a los beneficios del TLCAN, a este 40 por ciento de la población que difícilmente tendría acceso a Crédito, o vehículos usados sobrevalorados comparados con los de importación.

Por eso consideramos que hay que brindar seguridad y certeza a los términos pactados en el TLCAN y que sus beneficios además del sector trasnacional ensamblador y a sus distribuidores, deben estos de alcanzar al sector automotriz dedicado a la importación y reparación de vehículos fundamentalmente en la Región Frontera Norte, que son más de 250 mil personas y sus familias que dependen de esta actividad, así como más de los 20 millones de paisanos que solidariamente apoyan a sus familias y a México con sus remesas, así como al 40% de la población que difícilmente tendría acceso a un vehículo usado que esté sobrevalorado por las restricciones y regulaciones a la importación de vehículos usados.

Es de todos conocido que el parque vehicular en el norte del país es mayor, esto debido al ingreso de vehículos usados, por lo que se requiere de brindar de una certeza jurídica a los propietarios de dichas unidades, ya que al brindarles esta, podrán tener acceso a seguros de responsabilidad civil para sus unidades, así como cumplir con lo ordenado en la ley.

En materia de seguridad pública, al contar con un registro de parque vehicular dentro del marco legal, el índice delictivo disminuirá, toda vez que al tener vehículos debidamente importados y emplacados, serán de fácil identificación, por lo que a los delincuentes se les dificultara en seria medida el movilizarse sin ser detectados. No sin manifestar que en solo 6 meses en el año 2001, se recaudó más de 800 millones de impuestos, solo por la inscripción los vehículos que ya se encontraban en nuestro país.

Como diputados federales y representantes populares de regiones afectadas por el decreto en cuestión, hemos recibido la solicitud de intervención, con la finalidad de evitar actitudes proteccionistas por encima del interés social, respetando a la población en sus posibilidades económicas y de adquisición en gasto o comprar a su conveniencia, como de las disposiciones ya negociadas en términos y plazos así como su gradualidad.

Los interesados en que se modifique dicho decreto son las Cámaras de Comercio de las Ciudades Fronterizas, los importadores, comercializadores y particulares interesados, como toda la cadena productiva vinculada al sector automotriz de la frontera norte, así como organizaciones campesinas y de productores rurales.

Por si esto fuera poco, los habitantes de la región fronteriza carecen de un transporte público eficiente, toda vez no existen en aquellas ciudades un metrobús, metro por citar algunos como en la Ciudad de México, o algún otro medio que permita que los habitantes se desplacen sin mayor contratiempo, esto obliga a los habitantes a hacerse de un vehículo extranjero que ingresa al país con la intención de nacionalizarse o hacerse fronterizo, pero al encontrarse con las medidas proteccionistas actuales les fue imposible que se les permitiera su primera intención, por ello se convirtieron en autos “chocolate” ya que tampoco los pudieron regresar a los Estados Unidos, toda vez que dichas medidas también se los prohibían, en promedio más de 80 por ciento de la población de la región fronteriza es propietaria de vehículos de procedencia estadounidense o en su mejor versión, importados solo para su circulación en esta región, siendo esto absurdo, toda vez que la misma desapareció ante la homologación del IVA con el resto del país.

Todo esto sin contar que la mayoría de la población en esta región fronteriza, son personas no sujetas a crédito, toda vez que al pertenecer a un sector poblacional que según estudios de la distribución del ingreso en México son de deciles 1, 2, 3 y 4 del indicador GINI, por lo que no son susceptibles a la obtención de un crédito automotriz.

Ahora bien, ninguna ciudad de la región fronteriza tiene dentro de su población un centro de verificación vehicular o de verificación de revista mecánica, por lo que la autoridad hacendaria establece una regla proteccionista que violenta en forma directa al TLCAN tal y como lo establece el anexo 300 del mismo y en su apéndice 300-A.2.

Chatarrización

Uno de los principales argumentos contra la importación de vehículos usados, es que se está “chatarrizando” el parque vehicular en México. Increíblemente quienes usan este argumento fueron los mismos que solicitaron los mecanismos de protección de la Industria Automotriz Mexicana argumentos contenidos en el Anexo 300-A.2, en el que México se obligó a que de 1994 a 2009 no se pudieran importar vehículos usados y que a partir de 2009, se pudiera llevar a cabo solo si se tuvieran 10 años de antigüedad.

La protección a la Industria Automotriz ya está contenido en los términos acordados y plasmados en el TLCAN desde 1993 y su entrada en vigor el 1 de enero de 1994 y sus anexos 300-A, donde se le da un plazo de protección de 1994 hasta 2019, cuando queda totalmente liberado.

México no podrá adoptar ni mantener ni una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de los Estados Unidos de Norteamérica, que tengan por lo menos:

• 10 años de antigüedad a partir del 1ro de enero de 2009;

• 8 años de antigüedad a partir del 1ro de enero de 2011;

• 6 años de antigüedad a partir de 1ro de enero de 2013;

• 4 años de antigüedad a partir de 1ro de enero de 2015;

• 2 años de antigüedad a partir de 1ro de enero de 2017;

• A partir del 1ro de enero de 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos. (Anexo 300-A.2)

Sector automotriz de la frontera norte

Contrario a los beneficios que el TLCAN ha ofrecido a la industria automotriz en México, el sector automotriz ubicado, constituido por más de 60 mil personas, entre las Pyme de mexicanos, se han visto severamente afectadas, por diferentes disposiciones que han dificultado y restringido esta importante actividad en la región, estimándose que las medidas restrictivas y diferentes disposiciones con carácter evidentemente proteccionistas fuera de los términos ya pactados en el TLCAN.

Entre estas medidas restrictivas van desde los horarios impuestos por el SAT a la importación de vehículos usados, la certificación de origen del vehículo, el establecimiento del valor de la importación desproporcionados al valor real con los precios estimados, así como restricciones a las condiciones mecánicas y ambientales de las unidades, estos requisitos siendo normalmente realizados a través de la revista mecánica y la verificación vehicular por las entidades federativas y no aduaneras cuando el comprador final realiza el registro y emplacamiento de la unidad.

En lo respectivo al conocimiento de que él bien califica como originario de uno de los países del TLCAN, actualmente se requisita mediante un certificado de origen, mismo que solo puede ser expedido por el armador del mismo, siendo en la mayoría de los casos imposible su obtención, toda vez que al ser usados, estos pueden tener más de 5 años de antigüedad, sin embargo la autoridad pasa por alto el número de identificación vehicular, también conocido como VIN, el cual se compone de diversos dígitos como lo son el lugar de origen, año de fabricación, marca y modelo, mismo que permite a la autoridad hacendaria identificar dicho vehículo con facilidad y que en la práctica lo acepta como identificación válida, tal y como se plantea en el capítulo 3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para el 2014 y sus anexos 10 y 21, publicadas el 29 de Agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Es de interés para esta cámara que la autoridad hacendaria ensancha la tramitología al exigir un certificado de origen cuando esta ya lo acepta.

No obstante, el mismo TLCAN en su artículo 501, capítulo V, sección A, manifiesta que no existe obligación por parte del productor de suministrar un certificado de origen al exportador y por lo tanto no es exigible como requisito de importación dicho documento; por lo que basta garantizar que los vehículos de motor califican como originario, esto conforme al número de identificación vehicular

Área de oportunidad económica para la frontera norte

Ser vecinos de Estados Unidos de América es un área de oportunidad para las familias y empresas que vivimos en la frontera norte, hay una cantidad importante de alternativas económicas aprovechando esta cercanía, una de ellas es la de integrar una cadena de valor agregado a la importación de vehículos usados.

Más allá que el puro hecho de las importadoras, comercializadoras y loteros, lleven a cabo su actividad con la certidumbre en la venta de autos en México, el área de agregar valor en la región es mayor en la importación de autos comprados en las subastas que estén dañados y sean susceptibles de restauración, reparación y pintura, dando la oportunidad a una importante cantidad de pequeños talleres y trabajadores independientes calificados para hacer trabajos de hojalatería y pintura elevando la competitividad regional y así, agregar en esta región de México, un valor a la unidad importada.

Hay que reconocer que la facilitación y simplificación reducen la corrupción y previenen actos delictivos en nuestra frontera.

La estricta regulación ha propiciado que el sector esté en crisis, ya que se han visto desfavorecidos más del 80 por ciento de las actividades comerciales del ramo; con ello se han perjudicado a toda una cadena de valor conformada por lotes de autos, refaccionarias, talleres mecánicos, hojalateros, pintores, tapiceros, yonkeros, llanteras, vidrieros, instaladores de escapes, agencias aduanales, personal de trámite, choferes, por mencionar algunos de ello, por lo que se afecta directamente la obtención de ingresos económicos en forma honesta para el sustento de sus familias.

Es por ello que se propone llevar a cabo modificaciones a las actualmente establecidas que se reconocen como restrictivas y proteccionistas, y solicitar al Ejecutivo federal la publicación de un nuevo decreto que facilite y simplifique la importación de vehículos en el espíritu de los términos tratados en el TLCAN para lo que resta de 2015 y 2016 para autos usados con una antigüedad por lo menos de 4 años.

Así como también a solicitar a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, al de Economía y al administrador general de Aduanas, la sujeción al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se considera ley suprema de conformidad con el artículo 133 de la Carta Magna.

Por lo expuesto, se propone ante esta honorable asamblea que se apruebe como urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Se exhorta al Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Hacienda, al titular de la Secretaría de Economía y al titular de la administración general de Aduanas, al apego y cumplimiento de los siguientes numerales

Primero. Que el decreto por el que se regula la importación definitiva de autos usados, publicado el 1 de julio de 2011 y el cual se amplió su vigencia hasta 31 de diciembre de 2015, así como sus Reglas Generales de Carácter Fiscal en Materia de Comercio Exterior y demás disposiciones de las diferentes Dependencias a su cargo sean modificados, en su caso o se apeguen a los términos, Acuerdos y Anexos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Anexo 300-A.2 en la materia especifica relativa a la Importación de Vehículos Usados.

Segundo. Se incorpore en las diferentes disposiciones de comercio exterior, para la importación de vehículos usados, así como para conocer el origen de producción del vehículo al sistema de identificación vehicular, donde en su primer dígito se identifica al país de origen, según lo acordado en el ISO STANDART 3779-1983 y la NOM-001-SSP-2008;

Tercero. Se aplique el criterio establecido por la OMC y el articulo VII del GATT de respetar el valor real de la operación comercial; o en su caso, se han estado certificando las empresas estadounidense que emiten factura de vehículos;

Cuarto. Se exente de la obligación de la presentación de “Shipper’s Export Declaration” a la importación de vehículo con un valor menor a los 2 mil 501.00 dólares (dos mil quinientos un dólares 00/100 moneda estadounidense), homologando la aduana estadounidense;

Quinto. La aduana mexicana, no establecerá restricciones mecánicas o ambientales para la importación de vehículos usados, debiendo cumplir esta obligación el comprador final ante las Entidades Federativas cuando se registren los vehículos y se obtengan placas y documentos para circulación, revista mecánica y verificación vehicular de emisiones según lo establezca cada Entidad Federativa, como lo exige la NOM-041 de Semarnat;

Sexto. Eliminar disposiciones que restrinjan o establezcan horarios específicos para la entrada al territorio nacional de vehículos por las aduanas de la Frontera Norte del País, estas deberán permitir la importación de los vehículos usados en todo el horario regular de la aduana;

Séptimo. Facilitar la certificación de todo proveedor americano de TLCAN (agencias de autos, lotes de autos, (aseguranzas, empresas y particulares), ante el SAT a fin de que puedan expedir facturas con un valor comercial, que se puedan tomar como base gravable para su importación.

Octavo. La eliminación de las restricciones a la importación de autos y camiones con motor diésel, por su peso, forma, equipamiento o tipo de servicios.

Noveno. Revisar las diversas disposiciones de comercio exterior para fomentar la cadena de valor que se puede generar en la frontera norte del país, a través de la reparación y pintura de vehículos importados que se encuentren dañados susceptibles a ser restaurados y aprovechar nuestra ventaja comparativa de mano de obra calificada, fomentando las PYMES del sector automotriz de la Frontera. Revisión especial requiere la importación y restauración de vehículos clásicos considerando que un auto clásico se clasifica a partir de los 30 años de antigüedad y que podría constituir en un área de oportunidad para Pyme mexicanas.

Décimo. Se solicita al Ejecutivo federal publicar para 2015 y para 2016 un nuevo decreto, que considere los puntos de acuerdo aquí descritos y que como lo determina el TLCAN y el Anexo 300-A.2, disposición 24 donde a la letra dice:

A partir del 1 de enero de 2015, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos usados provenientes del territorio de Canadá o Estados Unidos que tengan por lo menos 4 años de antigüedad.

Undécimo. La creación de comités de importadores, comercializadoras, vendedores y organizaciones que se encuentren involucradas en este rubro, participen como órganos de consulta en las mesas de trabajo intersecretarial, con base a su experiencia a fin de hacer más eficiente las reglas de operación, con ello buscar el mejor beneficio que se requiere para el mejor desarrollo de la comunidad.

Duodécimo. Buscar mecanismos para facilitar la regularización de los vehículos que se encuentran circulando de manera informal en el país y determinar de manera concreta la protección del patrimonio de las familias mexicanas que se encuentren en tal situación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputados: Yahleel Abdala Carmona, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Edgardo Melhem Salinas, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Miguel Ángel González Salum, Esdras Romero Vega, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Alex Le Baron González, Daniel Torres Cantú, María Ávila Serna (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Yucatán a destinar recursos suficientes del Presupuesto estatal de 2016 para concluir el nuevo hospital materno-infantil en Mérida, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, diputada a la LXIII legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y IV; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las condiciones básicas para que las personas puedan desarrollarse plenamente es contar con el acceso a servicios de salud, y que éstos sean de calidad. En el estado de donde provengo, Yucatán, hay serios rezagos en éste y otros ámbitos. Lo que resulta más preocupante, es que la mayoría de esos atrasos son fruto de la negligencia de la autoridad estatal. Como ejemplo de lo anterior, tenemos el caso de los hospitales de Valladolid, Tekax y Ticul: proyectos que iniciaron desde hace varios años y aun no logran terminarlos.

Lo que hoy vengo a denunciar, es un reclamo popular: diversas agrupaciones civiles señalaron que después de varios años y muchos millones de pesos invertidos, todo ha quedado en promesas.

En mayo de 2005, se empezó la construcción del hospital de segundo nivel en Valladolid y después de 10 años, aún no opera en su totalidad; la segunda planta, donde está el área de hospitalización, no es funcional. El edificio apenas abrió hace tres años.

La primera piedra fue puesta por el entonces gobernador Patricio Patrón Laviada, al dejar el cargo, la construcción del hospital tenía 70 por ciento de avance, pero se dejaron los recursos suficientes para concluirlo de acuerdo con el proyecto inicial.

Al llegar 2006, la administración de Ivonne Ortega Pacheco, hoy presente en este salón, el edificio se quedó en el olvido –igual que el hospital de Tekax– con el argumento de que el diseño inicial no era correcto.

El hospital de segundo nivel de Tekax sigue inconcluso. Apenas en mayo pasado se ofreció reanudar los trabajos, incluso hubo una ceremonia oficial “in situ” para reiniciar la tarea y se exhibieron carteles que mostraban cómo quedaría el hospital. Desafortunadamente el avance de la obra no es el deseado.

En lo que respecta a la construcción del hospital regional de Ticul, el problema fue que se planeó como un proyecto para prestación de servicios (PPS), con participación de inversionistas privados, pero la actual administración estatal canceló ese contrato. El gobierno del estado necesita precisar en qué condiciones se canceló el contrato de PPS y cuál es el estatus de ese proyecto.

El 13 de junio de este año, la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, visitó Yucatán y confirmó la terminación de la obra en Ticul, a la cual destinarían 80 millones de pesos. El proyecto se inscribió en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud, donde se dice que el nosocomio está “en proceso”. Pero un mes después de la declaración de la secretaria de Salud, se cambió el estatus de esa obra: ahora está “en planeación”.

Otro problema se presenta con el acondicionamiento, dotación de materiales y personal en el hospital de alta especialidad que está en nuestra ciudad capital, la Mérida Blanca.

En medio de estas circunstancias, el gobernador del estado de Yucatán, ha lanzado una campaña promoviendo a Yucatán como un destino de turismo médico, es decir, como un estado donde personas de otras entidades o de otros países puedan ir a recibir cuidados especializados a su salud y a un menor costo que en su lugar de origen. No estamos en contra de eso... pero se ha olvidado de los yucatecos, quienes a como van las cosas, tendremos que ir a otros estados para que nos curen.

Pese a diversas solicitudes de información no se conocen los detalles de los contratos de la construcción de los hospitales; lo mismo ocurrió en su momento con el Gran Museo del Mundo Maya. Exigimos transparencia y rendición de cuentas.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán a destinar los recursos suficientes del presupuesto estatal de 2016, para que en la suma de recursos federales, no quede inconcluso el proyecto del nuevo hospital materno infantil en la ciudad de Mérida, y que no se repitan los errores de los casos de los hospitales de Valladolid, Tekax y Ticul.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a cumplir la sentencia dictada en el juicio de amparo número 429/2015, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 25 de noviembre, la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, emitió sentencia de amparo mediante la que reconoció la grave problemática que han enfrentado las mujeres del Estado de México en materia de violencia de género.

En esta sentencia, la Jueza califica el retraso de la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM) para el Estado de México como “injustificado” y lo nombra una violación grave de derechos fundamentales al haberse dejado por demasiado tiempo invisibilizadas las muertes de muchas mujeres, con el consiguiente truncamiento de su proyecto de vida, y el de su familia.1

En este sentido cabe recordar que fue el 28 de julio de 2015, en el marco de la 16ª sesión extraordinaria, que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional) acordó por unanimidad la procedencia de la declaratoria de AVGM en once municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.2

Sin embargo, la declaratoria fue emitida cuatro años y medio después de que fue realizada la solicitud correspondiente, lo que de acuerdo a la Jueza Segunda de Distrito, provocó una vulneración a derechos humanos que debe ser reparada.

La resolución de la Jueza en el juicio de amparo indirecto 429/2015 apunta que “al no emitir la Declaratoria de mérito las autoridades responsables no estaban comprometidas a garantizar la seguridad de las mujeres y al cese de la violencia en su contra”3 por lo que durante cuatro años y medio no se tomaron acciones contundentes para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en el estado de México. Por ello señala que autoridades responsables deben reparar los daños ocasionados.

En ese mismo sentido, la jueza advirtió que las autoridades mexiquenses muestran una clara resistencia a que se conozcan las cifras reales sobre el número de mujeres víctimas de homicidio en el estado de México, lo cual daña la credibilidad institucional y muestra intolerancia al escrutinio público.

Por todo lo señalado, en esta decisión sin precedentes, se determinaron los siguientes puntos reparatorios que las autoridades deben cumplir inmediatamente:

1. Emitir una disculpa pública por el retraso en la atención del tema de la declaratoria de alerta de género en el estado de México.

2. Comprometerse por escrito con la parte quejosa y ante la fe de un fedatario público a no volver a retrasar ni a minimizar el aumento en el índice de homicidios en contra de las mujeres. Es decir, el Estado mexicano se debe comprometer a no volver a justificar que se tratan de ataques políticos en contra del gobierno las solicitudes de Alerta de Género. En ese sentido, las autoridades competentes en la procuración de justicia, es decir, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, deberán:

• Contar con datos y estadísticas confiables que se harán públicas en la página oficial electrónica de las dependencias públicas de procuración de justicia para que se puedan ir viendo los avancen en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de la mujer, asimismo, deberán darle seguimiento a los homicidios perpetrados en contra de las mujeres, para determinar cuáles fueron feminicidios y realizar las estadísticas correspondientes y publicarlas.

• Deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en la memoria de las mujeres que han sido asesinadas en el Estado de México y, sobre todo, hacer un compromiso con la sociedad en el sentido de hacer cumplir en todas y cada de sus partes la declaratoria de mérito.

Estos puntos constituyen un precedente crucial en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, por lo que su cumplimiento no debe retrasarse.

La situación de violencia que enfrentan las mujeres en el Estado de México, es indiscutible. Aunque es imposible conocer cifras oficiales, de acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, se estima que desde 2012 hubo 12 mil 950 casos de agresión contra mujeres en el Estado de México. Además, datos de organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han señalado que el estado de México encabeza la lista de los 17 estados del país en donde más mujeres se asesinan.4

De 2005 a 2010 cuando la entidad era gobernaba por el ahora titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, en la entidad se registraron 922 asesinatos. Además, de 2011 a agosto de 2014, las autoridades registraron 162 víctimas de feminicidio, cifra a la que deben sumarse los asesinatos dolosos de mujeres que no fueron investigados bajo el tipo penal, y que de acuerdo al OCNF ascienden a más de 500.5

Por consiguiente, la Jueza señaló que “la violencia en contra de las mujeres además de ser ilegal, daña no solamente los derechos humanos de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto.”6

Por todo lo anteriormente descrito, la decisión histórica contenida en la sentencia de amparo en comento debe ser cumplida a cabalidad por las autoridades mexiquenses en aras de garantizar, defender y respetar los derechos de las mujeres. El gobierno del estado de México así como el Sistema Nacional deben comprometerse a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género con acciones contundentes que vayan más allá del simple discurso.

De esta manera, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a través de la Secretaría de Gobernación, y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a cumplir cabalmente la Sentencia de Veinticinco de Noviembre de Dos mil Quince dictada en el Juicio de Amparo número 429/2015, del índice de Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

Notas

1 PJF. Expediente 429/2015. Consultado el 07 de diciembre de 2015 en:

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=726/0726000016683972031.doc_1&sec=Maria_Alejandra_Suarez_Morales&svp=1

2 SEGON. “La Secretaría de Gobernación emite formalmente la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en 11 municipios del Estado de México.” Consultado el 07 de diciembre de 2015 en:
http://www.gob.mx/segob/prensa/la-secretaria-de-gobernacion-emite-formalmente-la-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-11-municipios-del-estado-de-mexico

3 PJF. Expediente 429/2015. Consultado el 07 de diciembre de 2015 en: http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=726/0726000016683972031.doc_ 1&sec=Maria_Alejandra_Suarez_Morales&svp=1

4 Castillo, R. “Las muertas del Estado de México, una epidemia silenciosa.” Consultado el 07 de diciembre de 2015 en https://www.vice.com/es_mx/read/asesinadas-en-el-estado-de-mexico-una-s ilenciosa-epidemia

5 Zamora, A. “Ordenan al Estado mexicano disculparse por retraso en AVG.” Consultado el 07 de diciembre de 2015 en http://www.cimacnoticias.com.mx/node/71309

6 PJF. Expediente 429/2015. Consultado el 07 de diciembre de 2015 en: http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=726/0726000016683972031.doc_ 1&sec=Maria_Alejandra_Suarez_Morales&svp=1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las autoridades estatales y del Distrito Federal a instaurar acciones que permitan cumplir el artículo 134 constitucional, relativo a los resultados del ejercicio de los recursos públicos de la federación, los estados, los municipios, y el DF y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado Javier Guerrero García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6 numeral 1, fracción I, así como los artículos 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos Exhorta a los poderes de los estados de la República y del Gobierno del Distrito Federal para que instrumenten las acciones necesarias que permitan el estricto y total cumplimiento del mandato contenido en el artículo 134 constitucional referente a que los resultados del ejercicio del gasto público sean evaluados por instancias técnicas en los tres órdenes de gobierno, con base en las siguientes

Consideraciones

Atendiendo al principio de que el gobierno debe garantizar a los ciudadanos que los recursos de los que disponga se gasten de la manera más eficiente, logrando resultados tangibles para la población, es necesario incrementar la calidad con la que se ejerce el gasto público, así como fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de dichos recursos.

En este contexto, es menester señalar que en el año de 2008 el Constituyente Permanente rediseño el artículo 134 constitucional incorporando la especificación de que los resultados del ejercicio del gasto realizado por la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales deben ser evaluados por instancias técnicas instituidas ex profeso, respectivamente en la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos que se asignen en los respectivos presupuestos, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Es decir, que las instituciones públicas deben fijar los objetivos que buscan lograr con los presupuestos asignados a sus respectivos programas y el grado de cumplimiento de dichos objetivos deberá ser evaluado. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo relevante de esa reforma fue que los resultados obtenidos a través del ejercicio de los recursos públicos deben ser evaluados por instancias técnicas , con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía de sus municipios y sin interferir de modo alguno en la administración y ejercicio de los recursos. Pero debe haber una evaluación técnica de la calidad del gasto público.

En el Decreto de Promulgación de la reforma del 2008 se determinó que el Congreso de la Unión, así como las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, deberían aprobar las leyes y, en su caso, las reformas fueran necesarias, a más tardar en un plazo de un año, para que se instrumentara el rediseño institucional y legal que permitiera operar a plenitud el mandato constitucional . Sin embargo, el término ha transcurrido en exceso y a la fecha no se han instrumentado íntegramente las acciones conducentes para dar el vigor y cumplimiento total y eficiente al mandato constitucional en materia de evaluación del gasto público, incluso hay entidades federativas que aún no han constituido las instancias técnicas ex profeso que se encarguen de realizar las evaluaciones, encomendado está tarea a algunas instancias como algo adicional a sus tareas sustantivas en quebranto del mandato constitucional.

A nivel federal se ha venido dando el cumplimiento a este mandato constitucional, se evalúa el gasto público por instancias técnicas y se han ido construyendo matrices de indicadores con un fuerte énfasis en el impacto, los resultados y productos en los programas presupuestarios.

Todo esto ha exigido un gran esfuerzo y aun se deberán superar una serie de retos con el trabajo de diversas áreas. Será necesario asegurar la continuidad del proceso y avanzar en su institucionalización. Pero indudablemente en la Federación ya se cuenta con evaluaciones hechas por instancias técnicas. Toca una respuesta aun de mayor compromiso por las entidades federativas.

En suma, el espíritu de la reforma constitucional de 2008 fue impulsar el fortalecimiento de las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, dando los instrumentos en rango constitucional para el mejoramiento del proceso presupuestario y el uso de los recursos públicos, así como también se buscó una mayor transparencia y equidad en materia de gasto público. Planteando esencialmente que las evaluaciones se tomen en cuenta para realizar asignaciones subsiguientes de recursos públicos en los respectivos presupuestos, así como reasignaciones en los ejercicios en curso.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado de forma urgente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se Exhorta a los poderes de los estados de la República y del gobierno del Distrito Federal para que instrumenten las acciones necesarias que permitan el estricto y total cumplimiento del mandato contenido en el artículo 134 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos referente a que los resultados del ejercicio del gasto público de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, sean evaluados por instancias técnicas en los tres órdenes de gobierno.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 9 de diciembre de 2015.

Diputado Javier Guerrero García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Congreso de Oaxaca a considerar en su Presupuesto de Egresos de 2016 recursos destinados al fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo de Apoyo a sus Ahorradores, a fin de cubrir el pago a los defraudados por las cajas de ahorro en la entidad, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62 y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

La cultura del ahorro dio origen, a través del tiempo en muchas latitudes, al surgimiento de las ya conocidas cajas y sociedades de ahorro y préstamo.

Las cajas de ahorro se convirtieron en la mejor oportunidad de guardar dinero y obtener excelentes beneficios debido al rendimiento que generaban los altos intereses que manejaban dichas instituciones. Acceder a un crédito para comprar una casa o carro o poner un negocio, también es parte de los beneficios de las cajas. El furor que causó la apertura de dichas figuras se debió a que generalmente el servicio que ofrecen las cajas es muy cálido, orientado a temas sociales que no se ve normalmente en otro tipo de intermediarios tal como la banca comercial.

En un principio, las personas en situación de pobreza que vivían en zonas fueron el principal objetivo de las cajas pues por primera vez dicho sector se sintió parte de la economía, pues ya contaban con una cuenta financiera que se traducía en una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Las cuentas se fueron llenando con el ahorro de toda una vida de trabajo o dinero (remesas) enviado por sus familias de EEUU. Sin embargo, el auge de dichas instituciones de crédito pronto se vio ensombrecido por fraudes que gran parte de ellas cometieron a lo largo del estado, situación que prevalece como un problema sin resolver, pues no existen castigos a los responsables y los ahorradores defraudados siguen a la espera de una solución. En los años 2006 (60), 2009 (15), 2010 (136), 2011 (89) han sido los años que más averiguaciones previas ha recibido la Procuraduría de Justicia del Estado de México, siendo la región mixteca la que concentró el mayor porcentaje de ellas (57 por ciento) a nivel estatal, le sigue Valles Centrales (29 por ciento), Cañada (12 por ciento) y Costa e Istmo (1 por ciento).

Como podemos notar, la mixteca es la región más afectada por los fraudes de las cajas, situación que a primera vista nos arrojaría que la vulnerabilidad de la que anteriormente habíamos hablado fue un factor que incidió de manera directa en el problema. Caja Solidaria Mixteca XUUN ÑUU, Financiera del Pueblo, Financiera Increfin y Sarofin son solo algunas cajas que han defraudado a usuarios por un total de 700 millones de pesos. Oaxaca ha sido un lugar donde se ha dado mucho este tipo de empresas fuera de la ley. No hay un control, las empresas abren y no se dan de alta en Hacienda, explica Alan Toledo, gerente comercial de Cooperativa Yolomécatl, que opera en el estado.

Los casos de ahorradores defraudados se han multiplicado a lo largo del estado, incluso Veracruz, Puebla, TIaxcala y Michoacán son entidades que enfrentan el mismo problema. En Oaxaca se ha llegado a hablar de casi 30 mil defraudados, los cuales han formado el Frente Único de Defraudados Oaxaca (FUDAO), el cual asesora, orienta y representa a los ahorradores sin ningún costo.

El gobierno federal, frente al descontento social por la serie de abusos y daños ocasionados a grupos vulnerables de escasos recursos como viudas, personas de la tercera edad, trabajadores, campesinos, desempleados, entre otros, como la solución a esa problemática, el Congreso de la Unión aprobó, a finales del año 2000, la Ley del Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), teniendo como origen dar protección a los ahorradores.

La Ley de fideicomiso, a la fecha, ha sido reformada en diversas. ocasiones, con el objetivo de transformar al Fideicomiso Pago (Fipago) en un instituto de transición y coordinador del sector, cuyo objetivo principal es proteger el dinero de los ahorradores, regulado este por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través o de la Comisión Nacional Bancaria.

Pese a los esfuerzos del Estado mexicano para crear mecanismos de vigilancia y sanción, los cuales estarán coordinados por los diferentes gobiernos estatales, el fraude por parte de las cajas de ahorro lo siguen padeciendo aquellos ahorradores que fueron víctimas de tal delito. Al respecto y para finalizar, podemos decir que en efecto, haber identificado variables como pobreza y marginación nos permitió contextualizar que dichos factores influyeron de manera directa para que los habitantes de las zonas rurales fueran víctimas de fraude, pues la falta de bancos en esas zonas propició la apertura de las cajas de ahorro, sin embargo, cabe señalar que el fraude no fue ni afectó exclusivamente esas zonas, pues abarcó habitantes de municipios que en los números se encuentran mejor calificados –educación y marginación–, tal fue el caso de Huajuapan de León y Tlaxiaco. Con esta nueva información, el tema de los ahorradores defraudados adquiere una importante relevancia para el estado de Oaxaca, pues además de la diversidad de los afectados (campesinos, amas de casa, profesionistas, profesores, comerciantes, personas de la tercera edad), algunos de ellos formaron el Fudao, organismo que coloca el tema en la esfera de lo público.

Es de todos conocidos que en 2014, fue aprobada una partida especial para el caso de los ahorradores en el estado de Oaxaca, pero para 2015 no se aprobó cantidad alguna para el rescate, razón por la cual solicito que se exhorte al Congreso de Oaxaca para que apruebe una cantidad en su Presupuesto de Egresos 2016, que servirá como aportación estatal al fideicomiso (Fipago) a fin de cubrir el pago cubrir el pago a los defraudados por las cajas de ahorro. De la misma manera se realicen los trámites correspondientes para la inclusión de más defraudados con motivo de la reforma a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores el veintiocho de abril del 2014 y se haga extensivo el derecho a los defraudado por las cajas de ahorro que hayan contratado servicios solidarios con Cajas constituidas hasta el 13 de agosto de 2009, y cuya cooperativa haya cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, con punto de acuerdo donde se exhorta al Congreso de Oaxaca para que apruebe una cantidad en su Presupuesto de Egresos de 2016, que servirá como aportación estatal al fideicomiso que administra el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores (Fipago), a fin de cubrir el pago a los defraudados por las cajas de ahorro en el estado de Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud federal y locales a implantar planes de contingencia para prevenir, controlar y atender la fiebre del virus zika, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal del 4 distrito de Morelos, integrante de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también está reconocido y resguardado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., párrafo cuarto, razón por la cual resulta importante tomar todas las medidas, incluso las de carácter legislativo, que sean necesarias para prevenir y controlar todo tipo de enfermedades, sobre todo aquellas que hasta la fecha no se habían presentado en nuestro país, y que ameritan una respuesta inmediata antes de que lleguen a representar un serio riesgo para la salud de las personas.

En ese sentido, la presente proposición busca que los mexicanos gocen del más alto nivel posible de salud, por lo cual se plantea exhortar a las autoridades de Salud tanto federal, como locales, para que establezcan los planes de contingencia necesarios para prevenir, controlar y atender la enfermedad que provoca el virus zika.

La fiebre del virus zika es una enfermedad causada por un arbovirus que se trasmite por la picadura de mosquitos del género (Aedes Aegypti), que son los mismos que contagian el dengue y la chikungunya, y cabe señalar que no hay vacuna ni tratamiento específico, aunque se recomienda reposo y emplear acetaminofén o paracetamol para aliviar la fiebre.

Además, de acuerdo con las recomendaciones de atención médica de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se pueden administrar antihistamínicos para controlar el prurito derivado de la erupción maculopapular, que es una lesión dermatológica en la que hay una pápula o prominencia sobre una mancha, y no se debe usar aspirina para evitar riesgos de sangrado y de que se presente síndrome de Reye en niños menores de 12 años de edad.

Los síntomas de esta enfermedad duran entre dos y siete días, y por lo general incluyen fiebre leve, conjuntivitis no purulenta, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones en particular en manos y pies, aunque a diferencia del dengue y chikungunya en esta enfermedad se presenta sarpullido, primero en cara y luego en el cuerpo.

Si bien una de cada cuatro personas puede no presentar síntomas, en caso de que existan, es importante acudir de inmediato al médico y consumir abundantes líquidos para reponer la depleción (disminución de líquidos) por sudoración y vómitos.

De acuerdo con la vigilancia epidemiológica internacional se ha señalado que afortunadamente no hay evidencia de que una persona que ha padecido zika vuelva a padecerlo, por lo que -por ahora- se estima que la respuesta inmune protege de por vida; además de que aún no ha habido casos mortales por esta enfermedad hasta la fecha.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud ha llamado la atención sobre la importancia de tomar medidas preventivas, porque al haber casos autóctonos en Brasil, Chile, Surinam, Colombia, El Salvador y Guatemala, y ante la gran movilidad de personas dentro y fuera de esta región, hay una gran probabilidad de que se propague el virus zika en América, sobre todo en aquellas zonas en las que -como México- ya existe el vector de esta enfermedad, que es el mosquito Aedes.

Por eso, aun cuando en nuestro país la autoridad epidemiológica nacional ha confirmado un solo caso de esta enfermedad y no es autóctono, es decir que el contagio se realizó en otro país que fue Colombia, es el momento ideal para que se tomen medidas de prevención que es la finalidad de este Punto de Acuerdo, porque debemos no sólo preocuparnos, sino ocuparnos de aquellos casos de riesgo a la salud, antes de que se vuelvan una epidemia y un caso grave de salud pública.

Con este punto de acuerdo –incluso– damos respuesta a las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la cual considera que, dentro de las medidas de prevención y control, son de gran utilidad las orientadas a la reducción y control del riesgo, a través de la participación y colaboración intersectorial, en todos los niveles de gobierno y de los organismos de salud, educación, medio ambiente, desarrollo social y turismo.

E incluso, para este organismo debe implementarse una estrategia efectiva de comunicación con la población para reducir la densidad del mosquito. Así, la importancia de la participación social será muy relevante, porque se trata de una enfermedad que si bien es novedosa, también es verdad que -de alguna manera- ya tenemos experiencia en su control y combate debido a que se trasmite por el mismo vector que el dengue y la chikungunya.

Por tanto, las recomendaciones hacia la ciudadanía serían evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior a fin de que no haya criaderos de mosquitos, tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico, evitar acumular basura (descacharrización) y tirar los residuos en bolsas plásticas cerradas, destapar los desagües que puedan dejar agua estancada, y utilizar mallas en ventanas y puertas.

Y en caso de viajar las recomendaciones serían usar repelentes de mosquitos, dormir en lugares protegidos con mosquiteros, y cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones y sombreros, así como no ir a lugares en donde haya alta concentración de mosquitos.

Por su parte, como se dijo antes, considerando que en México no han habido casos autóctonos, las recomendaciones que el organismo internacional antes referido ha hecho consisten en que la autoridad de salud habrá de efectuar una vigilancia de la fiebre por virus zika, partiendo de la experiencia para el dengue y chikungunya, desde luego considerando las diferencias que existen en cuanto a la manifestación clínica.

En ese sentido, sugiere detectar la introducción del virus zika en una determinada región, y posteriormente hacer un rastreo de las zonas en donde se disperse el virus, y como tercer paso habrá que vigilar cómo evoluciona la enfermedad en los casos detectados.

Adicionalmente, la OMS propone que se lleven a cabo pruebas para detectar el virus zika en un porcentaje de los pacientes que presenten fiebre y dolor de articulaciones, o fiebre y artritis de etiología desconocida, como es el caso de los pacientes que dieran negativo a malaria, dengue, chikungunya y enfermedades febriles exantemáticas (con erupción cutánea). Y hace un llamado a tener cuidado con la posible reactividad cruzada con el dengue en las pruebas serológicas (test que comprueba presencia de anticuerpos en sangre), principalmente cuando ha habido infección previa por dengue. Lo anterior, lo recomienda porque una detección temprana de la enfermedad -desde luego- posibilita una rápida identificación de las cepas virales circulantes, con la finalidad de que la respuesta generada sea la más adecuada al caso presentado.

Y dentro de la sugerencia para el manejo clínico destaca tal organismo la importancia de diferenciar la fiebre zika de otras como el dengue, aun cuando pueden darse casos de coinfección por virus zika y dengue en el mismo paciente.

Sin embargo, en comparación con el dengue, la infección por virus zika ocasiona una manifestación clínica más leve, con un inicio de fiebre más agudo y duración más corta; con presencia de sarpullido en el zika y no se han observado casos de choque o hemorragia grave, y en ese sentido resalta la importancia de este Punto de Acuerdo para estar preparados y que haya suficiente capacitación del personal de salud, a fin de que el diagnóstico sea adecuado y oportuno, para que la respuesta sea eficaz.

En esa tesitura, resulta por demás pertinente que –tal y como se exhorta– las autoridades de salud, tanto del nivel federal como local, tome las medidas necesarias para que en todos los niveles del sistema de atención sanitaria se cuente con protocolos y planes bien diseñados para el manejo clínico de la enfermedad y la atención de los pacientes.

Es nuestra oportunidad para que contribuyamos desde el quehacer parlamentario a cuidar la salud de los mexicanos, ya que una sociedad informada estará preparada para cualquier posible contingencia de salud, considerando el riesgo latente que esta enfermedad de fiebre del virus zika representa.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a las secretarías de Salud de las entidades federativas para que implanten los planes de contingencia necesarios para prevenir, controlar y atender la fiebre del virus zika

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a las secretarías de Salud de las entidades federativas para que implementen los planes de contingencia necesarios para prevenir, controlar y atender la fiebre del virus zika.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputada Rosalina Mazari Espín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a difundir los efectos cancerígenos de las carnes procesadas, ante el informe de la OMS de octubre de 2015, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 26 de octubre del año en curso circuló por el planeta la información que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo pública, a través de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), en la que se afirma que las carnes procesadas aumentan el riesgo de sufrir cáncer, al grado que pueden ser comparadas con las sustancias más peligrosas que producen la enfermedad, tales como el tabaco, el alcohol, el plutonio y el aire contaminado.

La carne procesada, según el estudio de la OMS, es aquella que ha sido transformada con sal, curación, fermentación o ahumado, lo que incluye jamones, salchichas, hamburguesas y otros embutidos, que desde luego, forman parte de la dieta de miles de familias mexicanas.

El informe aludido fue presentado por la revista inglesa The Lancet Oncology ,1 y la información ha sido replicada en todos los idiomas, pero sobretodo ha cobrado gran fuerza en las redes sociales, donde se conectan todos los días millones de personas en nuestro país.

Ahora bien, si la misión de la Secretaría de Salud de México es “establecer las políticas públicas de estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud”2 y además cuenta con centros de investigación propios, uno de ellos de gran prestigio, el Instituto Nacional de Salud Pública, localizado en el estado de Morelos, resulta necesario que se proporcione información cierta que permita a las familias conocer la opinión calificada de esta dependencia.

Esta proposición puede ser considerada urgente, porque la información internacional que se conoce por el momento es sólo un referente, pero que puede causar un grave daño a la industria cárnica y a quienes en ella laboran debido a información alarmista.

En efecto, una de las industrias en crecimiento en el país, es la que maneja la carne procesada y la falta de validación de la información por parte de la autoridad sanitaria, podría causar pérdidas económicas y hasta el despido laboral.

Debo decir que tan importante es la salud de los mexicanos como también la protección de la planta productiva, y en ambos casos esta Cámara tiene una responsabilidad social que cumplir.

Por lo expuesto, pongo a la atención de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno de la República, con el fin de que fije una postura pública y abierta ante el informe de la Organización Mundial de Salud, que considera cancerígenos de alta peligrosidad a las carnes procesadas.

Segundo. Que se proporcione a la población la información necesaria para la protección de la salud y la orientación que proceda a los integrantes de la industria de la carne y alimentos procesados en México.

Notas

1 http://elpais.com/elpais/2015/10/26/ciencia/1445860172_826634.html

2 Misión de la Secretaria de Salud, visible en el portal de la dependencia/ portal.salud.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sener y de la CFE a realizar la compra estructurada de carbón calórico de la región de Sabinas para sus plantas generadoras de energía en Coahuila, a fin de garantizar la participación de los pequeños y medianos productores locales, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Javier Guerrero García, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1 y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Las plantas generadoras de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Nava Coahuila, consumen anualmente 10 millones de toneladas de carbón mineral al año, las que generan 11 por ciento de la energía del país. Esta industria minera mantiene una base trabajadora de más de 12 mil empleos directos y 60 mil indirectos; es la base de la economía de la región carbonífera y región Cinco Manantiales, con más de 200 mil habitantes.

Dicho carbón en su totalidad es producido en Coahuila. El 66 por ciento del consumo de carbón es adquirido a una sola empresa mediante licitación pública internacional (LA-018TOQ003-T516-12, con vigencia de enero de 2013 a diciembre de 2017) y 33 por ciento es asignado directamente a pequeños y medianos productores de carbón de la región de Sabinas, tomando como base el mejor precio obtenido en la licitación pública internacional, arriba mencionada, menos un descuento; lo anterior a través de un organismo público descentralizado del estado de Coahuila (Prodemi).

Al transformarse la CFE en una empresa productiva del estado, y ajustándose a las disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras tiene varias opciones de procedimientos de contratación:

I. Concurso abierto:

a) Concurso; y

b) Concurso simplificado.

II. Invitación restringida; y

III. Adjudicación directa.

Por ello, la CFE está facultada hoy para comprar el carbón de la región de Sabinas por adjudicación directa a los pequeños y medianos productores, tomando como base el precio de compra de la región de Nava, que obtuvo mediante licitación pública internacional.

Actualmente, la CFE tiene en proceso una licitación pública internacional (CFE001-CAAA-0001-2015, emitida el 22 de octubre del presente) para la compra de 390 mil toneladas de carbón de la región de Sabinas.

Entre los requisitos de la licitación en concurso figuran los siguientes:

a) Cheque certificado de 500 mil pesos como garantía de sostenimiento de oferta;

b) Fianza de cumplimiento de contrato de 5 por ciento de su valor;

c) Especificaciones técnicas y económicas diferentes de las establecidas en los contratos de Prodemi;

d) Penalizaciones, que en el caso de ceniza sería 32 veces superior y de 8.3 veces en el caso de la humedad, en comparación con el contrato actual con Prodemi;

e) Recepción del carbón por lotes, con penalizaciones de 20 por ciento para todos los lotes que rebasen las especificaciones técnicas, sin tener el productor oportunidad de ponderar su carbón ni por día ni por semana; y

f) También implica el desconocimiento de los acuerdos números 69/99, del 20 de septiembre de 1999 y 66/2001, del 6 de noviembre de 2001, mediante los cuales se autorizó el Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de la Región Carbonífera de Coahuila, que tenía por objeto “coadyuvar en la creación de empleos y el apoyo a los pequeños y medianos productores, mediante adquisiciones de carbón por asignación directa para el abastecimiento de las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II”.

Los requisitos técnicos y de operatividad hacen casi imposible que un pequeño productor de carbón pueda cumplirlos. Esta situación pone en grave riesgo la estabilidad económica y las fuentes de empleo en la región de Sabinas. Ello violenta el mandato del artículo 25 constitucional, que obliga al Estado a garantizar un desarrollo integral sustentable en todas las regiones del país.

Los términos de la licitación también afectan dos aspectos: la seguridad laboral, que implica una baja en la siniestralidad de los trabajadores del carbón; y la generación de las manifestaciones de impacto ambiental en modalidad regional.

En ambos casos hay una participación con aportaciones y responsabilidades, por los productores de carbón y sus organizaciones.

Lo anterior hace evidente que el nuevo esquema de licitaciones rompe la continuidad de los programas planteados y pone en peligro tanto la seguridad laboral como el impacto ambiental, ya que la mayoría de los productores de la región de Sabinas no cuenta con autorización individual, lo que los imposibilita para ser beneficiados con un contrato en las licitaciones.

Por ello es necesario emitir los siguientes

Puntos de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y de forma directa a los titulares de ambas instituciones para que ordenen sus mecanismos de compra de carbón de la región de Sabina y en ellos den cabida a los pequeños y medianos productores de carbón.

Opción 1. Un mecanismo que contemple una asignación directa a los pequeños y medianos productores de carbón afiliados a las organizaciones de productores, en las cuales se encuentran las manifestaciones de impacto ambiental (modalidad regional) como un mecanismo de transición a partir de contratos individuales.

Opción 2. Un contrato global para cada una de las organizaciones, en función de la capacidad de sus asociados.

Es fundamental que en los términos de equidad para el desarrollo y las promoción de la pequeña y mediana industrias, seguridad laboral y sustentabilidad ambiental, se dé curso a este punto de acuerdo, que abona al desarrollo regional y la consolidación de fuentes de empleo e ingreso locales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputado Javier Guerrero García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y de Nuevo León a vigilar el cumplimiento de la normativa sobre la venta de juguetes de tipo rayo láser, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Ximena Tamariz García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los rayo láser, en los últimos años se han convertido en un “juguete” popular entre los niños y jóvenes mexicanos. Producto con láser integrado, que parece inofensivo a simple vista, además de que los padres de familia y niños creen que son seguros y sin riesgo al momento de utilizar, gracias a la promoción que han estado elaborando al paso de los años, pero no lo son, ya que pueden causar graves daños en los ojos si estos son utilizados inadecuadamente, como lesiones graves e incluso ceguera; el riesgo para la salud visual se hace más evidente en personas que utilizan y están rodeados con este tipo de producto.

Según la Norma Oficial Mexicana de Información Comercial y Etiquetado para Juguetes, un juguete es cualquier producto o material concebido, destinado y fabricado de modo evidente a ser utilizado con finalidades de juego o entretenimiento, el cual puede usarse o disfrutarse de forma activa o pasiva. Es obligatorio que todos y cada uno de estos cuenten con precauciones que se deban tomar en el uso del juguete como instructivos, advertencias necesarias y garantías, ya sea en el propio empaque y/o producto.

Según Dan Hewett, técnico de salud en el Centro de la FDA (Food and Drug Administration) para Dispositivos y Salud Radiológica, un rayo láser que ilumina directamente a los ojos de una persona puede lesionar en un instante, sobre todo si el láser es muy poderoso. Algunos de los efectos médicos y alteraciones son quemaduras en la zona central de la retina, que genera una visión borrosa, la aparición de escotomas y problemas posteriores en la retina. Las lesiones realizadas suelen ser irreversibles y generalmente pasan desapercibidas por algunos días, incluso semanas.

El reglamento internacional según la FDA para Dispositivos y Salud Radiológica, menciona que para que los juguetes de rayo láser tengan un riesgo mínimo, se recomienda que los niveles de radiación y la luz no excedan los límites de la clase 1, que es el nivel más bajo en productos regulados. Y al contrario a las sugerencias, los juguetes láser utilizan altos niveles de radiación, hasta 10 veces de aumento, y al utilizar potencias altas es peligroso e innecesario.

En México, los juguetes de rayo láser son vendidos tanto en el comercio formal como en el informal, con la única finalidad de entretener un poco a los niños, cuando este producto debería de ser cien por ciento de uso profesional y/o industrial.

Por este motivo es importante vigilar los debidos controles de potencias según las sugerencias de la FDA para Dispositivos y Salud Radiológica, de igual forma a vigilar el cumplimiento de normas oficiales, leyes y proyectos de venta de este tipo de productos.

Puntos de Acuerdo

Artículo Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y al Ejecutivo estatal de Nuevo León, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico, a que vigilen el cumplimiento de las leyes, programas y manejo, así como las normas oficiales federales y estatales en la venta de los productos, que se venden como juguetes, de rayo láser, ya que el número de personas afectadas por el uso de este tipo de juguetes ha ido en aumento, tomando en cuenta la época navideña, es de suma importancia realizar estos actos de vigilancia en estos próximos días.

Artículo Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de Procuraduría Federal del Consumidor, y al estatal de Nuevo León a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, a difundir la publicidad necesaria sobre el correcto y funcionamiento de los rayos láser, para evitar lesiones graves en menores de edad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputada Ximena Tamariz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México, suscrita por los diputados Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Víctor Manuel Silva Tejeda y Carlos Iriarte Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscriben, diputados Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, Víctor Manuel Silva Tejeda, Carlos Iriarte Mercado e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, para su resolución, proposición con punto de acuerdo, con el fin de que se apruebe la creación de la Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es importante partir de que la morada del hombre no es sólo su vivienda, sino que incluye además el medio que la rodea, conformado por las particulares condiciones de calidad de la tierra, el aire y los recursos naturales.

La economía y el medio ambiente están estrechamente ligados. Sabemos bien que intereses económicos en ocasiones, tienen un severo impacto en la conservación de la naturaleza y su fauna.

Debemos fomentar que el hombre conserve y mejore el entorno ambiental, del cual forma parte y es responsable.

El problema ecológico en México ha dejado de ser una preocupación exclusiva de científicos e investigadores, ahora se ha convertido en una demanda cotidiana de la sociedad mexicana en su conjunto; la cuestión del medio ambiente se encuentra en el corazón de la política nacional, y tenemos que congratularnos de que ello sea así, pues los problemas ecológicos requieren, ante todo, participación y conciencia nacional.

Esta conciencia debe convertirse en acción responsable, incluyente y participativa. En esta materia, la responsabilidad le corresponde a toda la comunidad y, desde luego, exige la participación de los distintos poderes del Estado.

Uno de los principales problemas que México padece desde hace algunos años en esta problemática, es el que se presenta en la denominada Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, área natural protegida que administra la Conanp; se localiza al oriente del estado de Michoacán en los límites con el poniente del Estado de México, y abarca los municipios de Contepec, Senguío, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro, y Aporo en el estado de Michoacán, y Temascalcingo, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Donato Guerra y Villa de Allende en el Estado de México. Tiene una extensión de 56,259 ha., divididas en tres zonas núcleo con una superficie de 13,551 ha., y dos zonas de amortiguamiento de 42,707 hectáreas de superficie total.

El Gobierno de la República, asumiendo su responsabilidad con la protección del medio ambiente y el fomento del uso sustentable de los recursos naturales, ha implementado estrategias relativas al ordenamiento ecológico del territorio, la prevención y control de la contaminación ambiental, la conservación, prevención y restauración ecológica regional y el manejo integral y racional aprovechamiento de los recursos naturales.

El resto de los mexicanos tenemos el compromiso nacional de conservar nuestra tierra, nuestra atmósfera y nuestras aguas, no sólo para que la generación presente tenga una mejor calidad de vida, sino para asegurar la continuidad histórica de la Nación mexicana. Asimismo, comienza a cobrar importancia el deterioro del medio ambiente.

No es posible dejar a la improvisación o a la inercia la atención de este problema, se requiere lograr que el crecimiento económico no afecte la calidad de vida de las mayorías destruyendo el medio ambiente; por el contrario, es necesario promover un auténtico desarrollo integral al proveer de empleo, salario bien remunerado, adecuados niveles de consumo, acceso a la educación y cultura, salud, vivienda, recreación y esparcimiento, sin afectar y destruir el ambiente, elevando el nivel de vida de los mexicanos, y contribuyendo así a la conformación de una sociedad más igualitaria.

No se trata de tener una visión únicamente ecologista, preocupada por el medio ambiente en sí mismo. El análisis de este tema y su discusión tienen un propósito eminentemente económico y social. Tenemos que hacer explícitos los costos sociales del impacto ecológico.

A través de los últimos años, el Poder Legislativo Federal, del cual formamos parte, se ha preocupado por los temas ambientales y ha contribuido, con el Ejecutivo, a diseñar las estrategias que eviten el deterioro ecológico y ambiental. Sin embargo, falta mucho por hacer y tenemos la responsabilidad de intensificar los esfuerzos.

Como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que presentó el Gobierno de la República, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable; nuestro país participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder en los temas de cambio climático y biodiversidad.

No obstante, el crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero, la generación excesiva de residuos sólidos contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y, pérdida de bosques y selvas. El costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9 por ciento del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior implica retos importantes para propiciar el crecimiento y el desarrollo económico, así como asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando la seguridad ambiental de la cual depende nuestro bienestar y futuro sostenible.

Es importante destacar los datos que se presentan en el PND en materia ambiental, los cuales indican que el 12 por ciento de la superficie nacional está designada como área natural protegida, no obstante, 62 por ciento de estas áreas no cuentan con programas de administración; cerca de 60 millones de personas viven en localidades que se abastecen de alguno de los 101 mantos acuíferos sobreexplotados del país; se debe incrementar el tratamiento del agua residual colectada en México, que ahora es de 47.5 por ciento; la producción forestal maderable del país es menor al 1 por ciento del PIB; para proteger los ecosistemas marinos se debe promover el desarrollo turístico y la pesca de manera sustentable; y se debe incentivarla separación de residuos para facilitar su aprovechamiento.

Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), encargada de conservar el patrimonio natural de nuestro país mediante el establecimiento y administración de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y de promover el desarrollo sostenible de las comunidades que viven y dependen de ellas, las áreas para conservar los ecosistemas y su biodiversidad se clasifican de la siguiente manera:

• 41 Reservas de la Biosfera

• 66 Parques Nacionales

• Cinco Monumentos Naturales

• Ocho Áreas de Protección de Recursos Naturales

• 38 Áreas de Protección de Flora y Fauna

• 18 Santuarios

Ante el interés que presenta el equilibrio y la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas para el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el Poder Legislativo debe apoyar todas las acciones que impulsen y orienten un desarrollo ambiental sustentable que preserve nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz, así como cumplir con el objetivo de lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad climática.

Desde la Cámara de Diputados tenemos que impulsar e incentivar la conservación de superficies en donde se establece la mariposa monarca, proponer programas que generen beneficios a las comunidades, así como promover el conocimiento y la importancia de la migración de la mariposa monarca en los ecosistemas. En esta región suelen establecerse entre ocho y doce colonias de hibernación. En el año 2000, el Gobierno de la República decretó que 56 mil hectáreas fueran resguardadas para protegerla. Esta reserva cuenta con densos bosques de oyamel y abeto, cumpliendo con las características para que la mariposa monarca complete su ciclo de vida en temporada invernal.

La Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca resguarda entre 30 y 50 millones de mariposas por hectárea, lo que significa que en un año puede albergar hasta 200 millones de mariposas.

Esta zona es una de las cuatro bellezas naturales en nuestro país, reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio de la Humanidad.

Cada año, entre octubre y marzo la mariposa monarca viaja desde Canadá y Estados Unidos de América a los bosques mexicanos, más de cuatro mil kilómetros.

La mayor parte de ellas son originarias de los campos agrícolas de la línea fronteriza del sur de Canadá y del norte de Estados Unidos. Estudios realizados señalan que recorren alrededor de 120 kilómetros por día y realizan su viaje en 33 días, aproximadamente. A finales de marzo, cuando alcanzan su madurez, emprenden su viaje de retorno al norte.

Las mariposas monarca son de vital importancia en el ciclo de la vida como agente polinizador y factor de equilibrio ecológico en los bosques que habitan.

Cabe mencionar que las mariposas monarca utilizan varias rutas migratorias; unas llegan a México desde la zona ubicada entre las Rocallosas y los Grandes Lagos, bajan por la Sierra Madre Oriental, entran al Altiplano por las montañas más bajas y llegan a los estados de México y Michoacán.

Otras viajan de la zona ubicada entre el Océano Pacífico y las montañas Rocallosas, hacia el estado de California, y otras entre el Océano Atlántico y los Grandes Lagos cruzan los estados de Carolina y Florida para llegar a Cuba.

El ciclo que se ha analizado es que durante su viaje y estancia en México se cortejan y reproducen los ejemplares adultos y nace la generación que volará en marzo hacia la Unión Americana y Canadá; ninguna de ellas regresará a México, ya que su ciclo de vida dura sólo algunas semanas.

Este proceso obliga a los tres países, en especial a México, a conservar el hábitat que requieren, y estar atentos a los cambios que sufra el ecosistema para actuar ante cualquier contingencia.

La comunidad científica está preocupada por la población oriental de mariposas monarca que pasan el verano al este de las Montañas Rocosas. Este grupo se ha visto disminuido, por lo que su supervivencia se encuentra amenazada por diversos desastres naturales en los bosques mexicanos, así como por la menor superficie de plantas del algodoncillo en sus lugares de origen.

Desde el siglo antepasado, naturalistas describieron enjambres de mariposas viajando juntas. A principios del Siglo XX, la naturalista estadunidense Jennie Brooks, señaló que las mariposas Monarca migraban hacia México.

En mayo de 1980, se crearon las Zonas de Reserva y Refugio de Fauna Silvestre. En 1986, se estableció la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca. Posteriormente, en 1992 se propuso la zonificación y clasificación de los terrenos forestales y del área de influencia del área de la Reserva Especial de la Mariposa Monarca, para que en 1996, se estableciera el Área Natural Protegida Mariposa Monarca.

En el año 2000 se creó la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, abarcando 56,259 ha., e incluyendo tres zonas núcleo y tres zonas de amortiguamiento. Ese mismo año se instituyó el Fondo de Conservación Mariposa Monarca (FCMM), entre la Fundación David and Lucile Packard , la entonces Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y los gobiernos de los estados de México y Michoacán. El objetivo del Fondo es proporcionar intereses para el pago a los propietarios de zona núcleo de la Reserva que no ejercen sus derechos de aprovechamiento forestal y ofrezcan servicios de conservación.

En 2001 se publicó el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

En 2003 se instauró el Foro Regional Mariposa Monarca, que desde ese año se ha llevado a cabo de manera anual, para abordar temas prioritarios definidos como prevención, control y mitigación de las amenazas en la ruta migratoria; establecimiento de enfoques e instrumentos innovadores; investigación, monitoreo y evaluación; y la educación, difusión y desarrollo de capacidades.

Un año más tarde, en 2004, se instaló el Comité Regional del Ordenamiento Ecológico Territorial para la Región de la Mariposa Monarca.

En 2007 se publicó el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Mariposa Monarca (POERMM), que incluye el modelo de ordenamiento ecológico y las estrategias ecológicas aplicables al mismo.

El gobierno michoacano publicó en su Gaceta del Gobierno en 2008, el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Mariposa Monarca en el Territorio del Estado de Michoacán.

En 2011 se publicó el Diagnóstico Fitosanitario Forestal de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en el Estado de México.

Como éstos, han sido muchos los esfuerzos que se han emprendido por parte de los gobiernos federal y locales, contando con el apoyo de organismos civiles organizados de nuestro país y del extranjero.

Asimismo, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos han definido políticas para la conservación de la Mariposa Monarca, y existen esfuerzos trilaterales con México que se han desarrollado.

En 1994, mediante el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), se creó la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), adquiriendo el compromiso los tres países de aumentar la cooperación para una mejor conservación, protección y renovación del medio ambiente, incluida la flora y fauna silvestres.

En 1997 la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) organizó en Morelia, Michoacán, la Conferencia Norteamericana sobre la Mariposa Monarca, donde se intercambió información entre científicos, representantes de grupos sociales y organizaciones no gubernamentales.

Con el Plan Estratégico de Cooperación para la Conservación de la Biodiversidad de América del Norte de la CCA en 2003, se fortaleció el compromiso de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos.

En 2006 y 2007, se realizó el Taller Trilateral de Áreas Protegidas Hermanas para la Mariposa Monarca y el Taller Trinacional de expertos para la formulación del Plan de América del Norte para la Conservación de la Mariposa Monarca, en Morelia, Michoacán.

En el año 2008, la UNESCO designó a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Con el Plan de América del Norte para la Conservación de la Mariposa Monarca (PANCMM), se han diseñado acciones, prioridades, objetivos y compromisos de conservación de los tres países, a través de medidas que ayuden a conservar a las mariposas monarca y sus hábitats, tales como reducir o eliminar la deforestación en la zona de invernación; enfrentar las amenazas de pérdida, fragmentación y modificación de la zona de reproducción; desarrollar enfoques e instrumentos para fomentar modos de vida sustentables entre la población local; y monitorear a las mariposas durante su ruta migratoria.

En febrero 2014, los presidentes de México, Enrique Peña Nieto; de Estados Unidos, Barack Obama; y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte 2014 en Toluca, Estado de México, pactaron la creación de un Grupo de Trabajo Trinacional de Alto Nivel para proteger y conservar el fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca, que simboliza la unión de las tres naciones.

Del mismo modo, se acordó integrar en cada uno de sus respectivos países un Grupo de Trabajo de Alto Nivel con la representación del gobierno, la academia y la sociedad civil organizada.

Ese mismo año se instaló el Grupo de Alto Nivel para la Conservación del Fenómeno Migratorio de la Mariposa Monarca en México (GANMM), con el objetivo de proteger y preservar el hábitat de hibernación de la Mariposa Monarca en los Santuarios en los Estados de México y Michoacán y su ruta migratoria hacia los Estados Unidos y Canadá.

El GANMM se integra por instituciones gubernamentales que incluyen a la Semarnat, la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales (UCAI), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Conanp, la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), un comité científico (Instituto de Biología de la UNAM, Conabio, Conanp y organizaciones de la sociedad civil -Grupo de los 100, Fondo Mundial para la Naturaleza y The Nature Conservancy.

En mayo de 2014, se desarrolló la Reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Mariposa Monarca, en la XIX Reunión Anual del Comité Trilateral Canadá–México–Estados Unidos de América para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre y Ecosistemas, en Querétaro, Querétaro.

Como un acto muy significativo, también en junio de 2014 el presidente de Estados Unidos propuso el establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre la Salud de los Polinizadores (Pollinator Health Task Force), coordinado por la Secretaría de Agricultura y por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, para desarrollar una estrategia nacional sobre la salud de los polinizadores, donde se incluye explícitamente a la mariposa Monarca.

El mandatario norteamericano enfatizó que durante las últimas décadas se ha producido una importante pérdida de polinizadores, incluyendo las abejas, las abejas nativas, aves, murciélagos y mariposas, por lo que se requiere de atención inmediata para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, evitar el impacto económico adicional en el sector agrícola, y proteger la salud del medio ambiente. La migración de la mariposa monarca es la que ha sufrido el mayor daño.

Diferentes científicos consideran que las pérdidas de insectos polinizadores son causados por una combinación de factores, incluyendo la nutrición, la pérdida de tierras forrajeras, de parásitos, de patógenos, la falta de diversidad genética, y la exposición a los pesticidas.

Como se puede observar, en un principio las primeras acciones de protección de áreas obedecieron a patrones de conservación por el interés de los hábitos migratorios de la mariposa monarca; después de años de estudio y observación la mariposa se convirtió en componente crucial de un sistema biológico complejo, por lo que se instauró que su protección y conservación requería de la preservación de los ecosistemas en su conjunto.

Entre los riesgos y amenazas que presenta esa región se encuentran los problemas de:

• Asentamientos humanos,

• Explotación forestal,

• Incendios,

• Plagas forestales,

• Erosión del suelo por el cambio del uso forestal al agrícola,

• Cacería furtiva,

• Cambio en el uso del suelo en las zonas aledañas a los bosques de hibernación,

• Apertura al ecoturismo desorganizado,

• Tala ilegal y clandestina,

• Altos niveles de marginación y pobreza,

• Contaminación del agua.

Es el momento de que el Gobierno Federal intensifique y se coordine de manera más eficiente con los estados involucrados, con los municipios, con las comunidades, con el Congreso de la Unión, con las organizaciones de la sociedad civil para que exista en esa región un desarrollo sustentable.

De la misma forma, tenemos que promover proyectos de colaboración con las autoridades de Estados Unidos y Canadá, e impulsar mecanismos de articulación efectivos con la sociedad civil y las autoridades.

La Cámara de Diputados tiene el deber de participar en este esfuerzo trilateral. Su presencia contribuirá a enriquecer y fomentar el uso eficiente de los recursos naturales, impulsar el desarrollo sustentable de la región, promover mejoras a la economía de la localidad, impulsar políticas públicas que garanticen la reactivación económica de los habitantes de la reserva, vigilar la ejecución y correcta aplicación de los recursos destinados a los programas y proyectos que coadyuven al desarrollo de la zona, así como proponer endurecer las penas para quienes participen en la tala clandestina e inmoderada de árboles.

La Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México que se propone integrar para funcionar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante la Sexagésima Tercera Legislatura Federal, apegará su programa de trabajo, objetivos y acciones a los lineamientos que fueron establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que presentó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y considerando el Memorando Presidencial del 20 de junio 2014 que anunció Barack Obama, para la creación de una estrategia federal para promover la salud de las abejas y otros polinizadores en Estados Unidos.

La Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México trabajará, de forma complementaria a la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente, bajo los siguientes lineamientos e intereses:

• Investigar y realizar estudios acerca del panorama de la mariposa monarca en el país, sus riesgos y cuáles son las medidas a tomar para su protección.

• Incentivar a todos los actores para tomar nuevas medidas que ayuden a revertir las pérdidas de las especies animales polinizadoras y ayudar a restablecer las poblaciones a niveles saludables.

• Impulsar programas educativos que aumenten significativamente la conciencia pública sobre la importancia de las especies animales polinizadoras y los pasos que se pueden tomar para protegerlas.

• Proponer realizar los cambios necesarios y adecuados para mejorar el hábitat de las especies animales polinizadoras.

• Identificar los programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con población de alta vulnerabilidad social y ambiental.

Por lo expuesto, solicitamos a esta soberanía sean aprobados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a este honorable Pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, integre la Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México, con el fin de impulsar y apoyar, de manera intensa, los objetivos y acciones de los lineamientos que fueron establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que presentó el Gobierno de la República, y el Memorando Presidencial del 20 de junio 2014 que anunció el Primer Mandatario de Estados Unidos de América, en materia de conservación, restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, así como de la protección del hábitat de hibernación y reproducción de las especies animales polinizadoras, en particular de la Mariposa Monarca en los estados de Michoacán y México.

Segundo. La Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México se compondrá por integrantes representantes de todos los grupos parlamentarios, con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión. Será presidida por una presidencia y dos secretarías.

Tercero .- Se solicita a este honorable Pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, se instale la Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México de inmediato, y dure en funciones hasta la terminación de la Sexagésima Tercera Legislatura Federal.

La Comisión Especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México presentará programa de trabajo a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados para su aprobación.

Se somete este punto de acuerdo a consideración de esta Soberanía para su resolución.

Dado en el Palacio Legislativo, a 9 de diciembre de 2015.

Diputados: Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela (rúbrica), Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez (rúbrica), Salomón Fernando Rosales Reyes (rúbrica), Alfredo del Mazo Maza, Alejandro Juraidini Villaseñor, Alma Lilia Luna Munguía, Andrés Aguirre Romero, Carolina Monroy del Mazo, César Octavio Camacho Quiroz, Cristina Sánchez Coronel, David Sánchez Isidoro, Dora Elena Real Salinas, Edgar Castillo Martínez, Fidel Almanza Monroy (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Gabriel Casillas Zanatta, Héctor Javier Álvarez Ortiz, Iveth Bernal Casique, José Alfredo Torres Huitrón, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano, Leydi Fabiola Leyva García.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INM a diseñar y ejecutar protocolos de actuación dirigidos a funcionarios de estaciones migratorias y provisionales para evitar actos de abuso de poder, corrupción, impunidad y violaciones de derechos humanos de extranjeros, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alfredo Miguel Herrera Deras, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXXII. ...

XXXIII. Formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes;

XXXIV. a XLIII. ...

2. La Ley de Migración en su artículo 1° prevé que las disposiciones de esa Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.

Conforme al artículo 19 se establece que el Instituto Nacional de Migración, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría.

El artículo 20 dispone que el Instituto tenga entre otras atribuciones en materia migratoria:

- Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación;

- En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;

- Imponer las sanciones previstas por esta Ley y su Reglamento;

- Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos;

- Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional.

El artículo 106 de esta ley, prevé que para la presentación de migrantes, el Instituto establecerá estaciones migratorias o habilitará estancias provisionales en los lugares de la República que estime convenientes.

No se alojará a un número de migrantes que supere la capacidad física de la estación migratoria asignada. En ningún caso se podrán habilitar como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características, ni preste los servicios descritos en el artículo siguiente.

Y en el artículo 107 establece que las estaciones migratorias, deberán:

I . Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica;

II. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día. El Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades especiales de nutrición como niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas o lactando, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su situación migratoria.

Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya; prescrito al alojado, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten;

III. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos en que así convenga al interés superior del niño, niña o adolescente;

IV. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar;

V. Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado;

VI. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento;

VII. Contar con espacios de recreación deportiva y cultural;

VIII. Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular;

IX. Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado,

X. Las demás que establezca el Reglamento.

En el Reglamento de la Ley de Migración en el artículo 225 se establece que las en las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto deberá observarse el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas extranjeras, sea cual sea su origen, nacionalidad, género, etnia, edad, sexo, condición social o económica, estado de salud, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas y víctimas o testigos de delito. Mientras que en el artículo 231, se prohíbe en las estaciones migratorias y en las estancias provisionales:

I. Toda acción u omisión que viole los derechos humanos de las personas extranjeras presentadas;

II. Toda acción u omisión que constituya un trato cruel, inhumano o degradante para las personas extranjeras presentadas;

III al IX ...

3. El 30 de abril del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Especial de Migración 2014-2018, el cual es la base para la instrumentación de una política de Estado en materia migratoria. Se organiza en 5 objetivos: el primero de ellos aborda las cuestiones estructurales de la migración en México, como la cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración; el segundo destaca el carácter estratégico de la migración para el desarrollo regional y local; por su parte, los tres objetivos restantes abordan cuestiones operativas a favor de las personas migrantes, de sus familiares y de quienes defienden sus derechos humanos.1 Para su éxito establece 26 estrategias y 195 líneas de acción específicas, así como 11 indicadores que permitan evaluar su cumplimiento.

4. En el resumen mensual de estadística migratoria al mes de julio de 20152 de la Secretaría de Gobernación, se documentaron de entradas registradas al territorio nacional por los distintos puntos de internación aéreos, marítimos y terrestres, un poco más de 18 millones 45 mil eventos ya sea de extranjeros o mexicanos residentes en el extranjero. De estos, 14, 761,071 fueron extranjeros y el resto 3, 284, 722 mexicanos.

De los extranjeros que ingresaron al país, 14, 488,963 se trataron de visitantes turistas, de negocios, de crucero, regionales, por razones humanitarias, diplomáticos o trabajadores fronterizos; mientras que 272,108 lo hicieron para residir en México.

El mismo estudio, refleja en el apartado 3. Presentación y Devolución de Extranjeros que los eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria entre enero y julio de 2015 fue de 113, 819. Cuatro estados Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca concentran 77 por ciento de los eventos. La gran mayoría procede de Guatemala (43%), Honduras (32%) y El Salvador (18%), con 93 por ciento de los eventos de presentación.

Durante enero y julio de 2015 se registró 96 661 eventos de devolución de extranjeros a sus países de origen, lo que equivale a un incremento de 66 por ciento respecto al mismo periodo en 2014, cuando se devolvió a poco más de 58 235.

De enero a julio de 2015 se presentó ante la autoridad migratoria a 19,300 migrantes menores de 18 años, quienes representan 17 por ciento del total de extranjeros presentados. 98 por ciento corresponde a menores centroamericanos, en particular guatemaltecos (49%), hondureños (30%), y salvadoreños (19%). Las mujeres representan poco menos de 34 por ciento de los menores de edad, y 20 por ciento de los mayores de 18 años.

El reporte indica que el 74.8% de los menores de entre 21 y 17 años sujetos de retorno asistido, se encontraban en territorio mexicano en condición de “no acompañados”.

5. El Gobierno Federal el 7 de julio de 2014 presentó el Programa Integral Frontera Sur, con la finalidad de proteger a los migrantes que cruzan México para llegar a Estados Unidos; tratando de evitar que los migrantes pongan en riesgo su integridad al usar un tren que es de carga y no de pasajeros; desarrollando estrategias puntuales que garanticen su seguridad y la protección; combatiendo y erradicando a los grupos criminales que vulneran sus derechos.

Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte, detalló que flujo migratorio no ha logrado detenerse a más de un año de haber implementado el Programa Integral Frontera Sur, los migrantes centroamericanos evitan los operativos implementados, lo que los expone a nuevos riesgos en la búsqueda por llegar a Estados Unidos.

Las detenciones a migrantes aumentaron un 46% desde la operación del Programa Integral Frontera Sur.3

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha hecho especial hincapié en que endurecer el control migratorio a través del Plan Frontera Sur, está generando más detenciones, deportaciones masivas y agresiones contra los migrantes. El organismo instó al Estado a investigar las denuncias que se presentan sobre cualquier agresión de parte de las autoridades durante los operativos de control, puesto que con el endurecimiento de las políticas migratorias en México, se multiplicaron y son más abrasivos.

Diferentes organizaciones defensoras de los derechos de migrantes, han denunciado que la detención y el traslado se realizan con nula vigilancia, por lo que prevalecen en ese inter, agresiones, amedrentamiento, vulneración de parte de las autoridades hacia los migrantes. De igual manera, se advierte que es práctica común de parte de las autoridades migratorias la ejecución inmediata de la medida administrativa del aseguramiento, omitiendo el conducente aviso a las representaciones consulares o diplomáticas del país al que pertenece el migrante.

6. En el informe “Derechos Cautivos”, elaborado de manera conjunta por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4 Paso Libre), Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante Saltillo), Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J de la Universidad Iberoamericana Puebla y Sin Fronteras, se habla de las estaciones migratorias como centros de detención para migrantes, los cuales son asemejados con hospitales psiquiátricos o cárceles, espacios sombríos, reducidos, delimitados por mallas, bardas y rejas, puertas resguardadas por candados, habitaciones tipo celda, camas de concreto, torres de vigilancia.

El trato va en detrimento del migrante, al ser considerados como parte de una masa, se les alza la voz, se les grita o jalonea, todo disfrazado como prácticas disciplinarias.

7. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados del Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana” , puntualiza que las estaciones migratorias carecen de la capacidad necesaria para albergar en condiciones de dignidad a los asegurados, al no contar con áreas específicas que permitan la separación de hombres, mujeres, menores, familias, enfermos psiquiátricos; las instalaciones no están en el estado óptimo de servicio, no hay higiene, mantenimiento, ventilación, iluminación y áreas de esparcimiento ni al aire libre.

Por citar un ejemplo, en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, los migrantes sufren lentitud en el proceso para acreditar su nacionalidad, agresiones, malos tratos, falta de agua potable.

Diferentes organizaciones han coincidido que en esa estación migratoria, los extranjeros detenidos reciben peor trato que en una cárcel, algunos son aislados en una celda de castigo, llamada “calabozo”, adicional de las condiciones de severo hacinamiento, falta de alimento para enfermos, mismos que no cuentan con prestación de servicios médicos, lo que ocasiona que las enfermedades de los asegurados no sean atendidas de manera oportuna, y que prácticamente no existan actividades de detección y prevención de los diversos padecimientos. Se han registrado humillaciones colectivas a través de la exposición desnuda del cuerpo y la orden de hacer ejercicios forzados.

En todos los espacios, prevalece el hostigamiento, particularmente dirigido a personas que ejercen su derecho a solicitar protección internacional, esto para quebrantar la fortaleza e integridad y se culmine con la deportación.4

8. Integrantes del albergue de migrantes oaxaqueño Hermanos En El Camino denunciaron que en las estaciones migratorias del sur del país operan redes de corrupción y de tráfico de personas que lucran con la vulnerabilidad de los extranjeros sin papeles detenidos y en las que participan servidores públicos.5

Hace unos meses, migrantes cubanos que estuvieron en la estación migratoria de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, denunciaron a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por abuso de autoridad, secuestro, extorsión y tráfico de personas, luego de que identificaran que un agente de dicha dependencia se hacía pasar por traficante de personas.6

9. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 27/2015,7 dirigida al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, por violaciones a los derechos humanos en agravio de un niño migrante de 12 años de nacionalidad hondureña, no acompañado, al encontrarse elementos que acreditaban que servidores públicos del Instituto ignoraron el principio del interés superior de la niñez y, en consecuencia, vulneraron los derechos humanos a la protección de la salud y a la seguridad jurídica del agraviado. Con base a lo relatado, se exhibe un trato deficiente de parte de las autoridades migratorias, quienes acumularon una serie de violaciones, pero sobre todo evidenciaron la falta efectiva de protocolos.

10. El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, su informe elaborado tras una visita a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, en el que afirma que la tortura es generalizada en el país, en el mismo, concluyó que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad.8 En lo que se refiere a los migrantes, recomienda que se deben tomar medidas para reducir la violencia a la que están expuestos, incluyendo la debida investigación y castigo de los responsables, asimismo, que se debe facilitar el acceso de la sociedad civil y abogados a las estaciones migratorias y a entrevistas confidenciales con los migrantes.

Considerandos

Primero. Que es responsabilidad del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, el diseño y la dirección de política migratoria del Estado Mexicano.

La política migratoria a expresión del Ejecutivo Federal, está centrada en el bienestar de la persona y la cual, debe cumplir con una gestión eficaz que contribuya a la facilitación de la movilidad de las personas, enfatice el respeto y compromiso de México en lo que en materia de derechos humanos se refiere.

Sin embargo, al no aplicarse acciones integrales, ni establecer una verdadera coordinación entre los diferentes actores de la Administración Pública que participan en este tema, se evidencia un avance lento y poco efectivo, con esfuerzos cortos y dispersos, lo que obstaculiza tajantemente la ejecución de una política migratoria, visionaria, ágil y apegada a los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Segundo. La normatividad migratoria, enfatiza que en la estancia de los extranjeros debe prevalecer en todo momento, un respeto, protección y salvaguarda de sus derechos humanos.

El artículo 1 de las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del INM establece que en las Estaciones deberá observarse el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas extranjeras, sea cual sea su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas y víctimas o testigos de delito.

Pero predomina el abuso de poder, estancias prolongadas y condiciones de confinamiento son entre otras, algunas de las violaciones a los derechos humanos que se han encontrado en las estaciones migratorias. La relación que hay entre los custodios y los detenidos se lleva de tal manera en que los uniformados, ordenan y llaman la atención a los detenidos como si se trataran de delincuentes.

Tercero. Todo este panorama de violaciones a derechos humanos de quienes ingresan de forma irregular al país, evidencia la necesidad de revisar escrupulosamente, la política aplicable en estaciones migratorias; considerar alternativas a la permanencia en reclusión dentro de ellas; y la posible creación de comisiones de seguimiento legislativas e interinstitucionales, que realicen permanentemente visitas sorpresa de supervisión a las multicitadas estaciones del país, para identificar posibles irregularidades, áreas y acciones de mejora.

Es cierto que la visibilidad y activismo de organizaciones de la sociedad civil, ha sido determinante para identificar violaciones, rezagos y condiciones de estancia contrarios a disposiciones normativas, sin embargo, se requiere también de las supervisión permanente y directa de las autoridades responsables, que permita la solución oportuna a problemáticas diversas de índole cotidiano.

Cuarto. Los protocolos de actuación, son herramientas de trabajo que orientan las acciones, procedimientos, actitudes y perfiles de personal que deben cumplir con lo estipulado en la normatividad correspondiente. Desafortunadamente, en México, estos instrumentos, en la mayoría de los casos, son inexistentes y de no serlo, pocos son correctamente aplicados porque prevalece un desconocimiento de parte de los servidores públicos del Estado, sobre el actuar que debe preponderar para su correcta ejecución.

Quinto. Ahora, ante el cúmulo de irregularidades sumadas a cargo del Instituto Nacional de Migración, con múltiples violaciones a derechos humanos de migrantes en el país, resulta obligado que este órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, mejore sus procedimientos, profesionalice a su personal y trabaje en sus deficiencias para realmente estar a la altura de la política migratoria humana que destaca el Gobierno Ejecutivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Migración para que diseñe y ejecute Protocolos de Actuación dirigidos a funcionarios de estaciones migratorias y estaciones provisionales para evitar actos de abuso de poder, corrupción, impunidad, violaciones a derechos humanos de extranjeros, todos con estricto apego al respeto a la dignidad humana.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Migración para que cumpla cabalmente con lo dispuesto en la Ley de Migración, su Reglamento, el Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración en lo que a operatividad de las estaciones migratorias y estancias provisionales se refiera, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos de los extranjeros.

Notas

1 Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Migración 2014-2018. Diario Oficial de la Federación DOF. 30 de abril 2014 [en línea], [Fecha de consulta 25 de Noviembre 2015]. Disponible en 2018.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343073&fecha=30 /04/2014

2 “Resumen mensual de Estadística Migratoria”. Secretaría de Gobernación. Julio 2015 [en línea], [Fecha de consulta 25 de Noviembre 2015]. Disponible en:

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Resumen _mensual_de_estadistica_migratoria

3 Andrade, Jorge A. “Así Chong las cosas” . Animal Político, 05 de Octubre 2015 [en línea], [Fecha de consulta 25 de Noviembre 2015]. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-seguridad-180/2015/10/05/asi-ch ong-las-cosas/

4 “Derechos Cautivos”. La situación de las personas migrantes y sujetas a protección internacional en los centros de detención migratoria: siete experiencias de monitoreo desde la sociedad civil. Pág. 118.

5 Tourliere, Mathieu “Operan redes de corrupción en estaciones migratorias” . Proceso. 13 de Agosto 2015[en línea], [Fecha de consulta 25 de Noviembre 2015]. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=412898

6 Agencia. “Demandan a funcionarios de Migración de México por extorsionar a cubanos” .Martinoticias.com. 01 Agosto 2015 [en línea], [Fecha de consulta 26 de Noviembre 2015]. Disponible en: http://www.martinoticias.com/content/emigracion-cubanos-mexico-extorsio n/101234.html

7 “Emite la CNDH recomendación al INM por violar los derechos humanos de niño hondureño en contexto de migración no acompañado” Comisión Nacional de Derechos Humanos. Coordinación General de Comunicación y Proyectos. 26 de agosto 2015 [en línea], [Fecha de consulta 26 de Noviembre 2015]. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2015/Com_2015_254.pdf

8 Perseo. “Relator especial alerta sobre tortura, malos tratos e impunidad en México” . Universidad Nacional Autónoma de México. 26 de abril 2015 [en línea], [Fecha de consulta 26 de Noviembre 2015]. Disponible en:

http://www.pudh.unam.mx/perseo/?p=10635

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de diciembre de dos mil quince.

Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a difundir los lineamientos de la política migratoria de la frontera sur, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

La falta de oportunidades para el desarrollo de un proyecto de Vida, así como la escalada de violencia por parte del crimen organizado, ha provocado que personas de los países centroamericanos emigren cada vez más hacia México y Estados Unidos.

Nuestro país es un paso obligado para los migrantes de Centroamérica que tienen como destino los Estados Unidos, porque ven en nuestra nación la oportunidad de acceder a más oportunidades que no encuentran en sus lugares de residencia, misma situación ocurre con nuestros connacionales que emigran de sus estados y viajan a Estados Unidos en aras de tener una vida mejor; por tanto, nos enfrentamos a una problemática compartida, que requiere de una atención integral.

La Frontera Sur de México tiene una extensión de 1 mil 139 kilómetros, de los cuales, 962 los comparte con Guatemala y 176 con Belice; en las que cada año se generan casi 2 millones de entradas de extranjeros, de éstos 140 mil ingresan de manera irregular. Asimismo, cabe señalar que los nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua representan entre el 92 y 95% de la migración de transito irregular de México hacia Estados Unidos.1

Estos flujos migratorios de la Frontera Sur representan grandes retos para la política migratoria de nuestro país, como garantizar la seguridad, integridad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Los Grupos Beta como una de las acciones que lleva acabo el Instituto Nacional de Migración (INM) para salvaguardar los Derechos Humanos de los migrantes, cuya labor consiste en informar a los migrantes sobre los riesgos que enfrentan durante su viaje y dar a conocer los derechos que les asisten en territorio nacional para prevenir abusos en su contra.

Asimismo, brindan ayuda humanitaria a los migrantes por medio de primeros auxilios y en caso de necesidad urgente traslado a hospitales. De igual manera durante sus recorridos para la localización de migrantes en situación de riesgo, agua y una porción de alimentos para cubrir sus necesidades inmediatas, lo anterior en coordinación con las instituciones y dependencias competentes en la materia; por tanto, esta situación pone de manifiesto la necesidad de una capacitación constante de estos grupos.

Por otro lado y para dimensionar la magnitud de la problemática en cuestión, resulta de obligado análisis la situación referente a los menores migrantes no acompañados, basta mencionar que en 2011 y 2013 se presenta un incremento de 137% en las detenciones de niños, niñas y adolescentes migrantes, al pasar de 4 mil 160 detenciones en 2011 a 9 mil 893 casos en 2013.2 Hasta junio de 2014, el total de menores detenidos registrado por el INM fue de 10 mil 515 niños. Las cifras son contundentes y ponen de manifiesto el incremento de esta problemática, que ha sido considerada por muchas Organizaciones de la Sociedad Civil como una crisis humanitaria.

A fin de dar respuesta a estas problemáticas, el 8 de julio de 2014, se publicó en El Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Coordinación Para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, como órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene como objeto asegurar la adecuada ejecución del Programa Frontera Sur.

El programa tenía Como propósitos “proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región.3

No obstante, de acuerdo a la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, el Programa Frontera Sur, lejos de contribuir a estos objetivos a expuesto a los migrantes a más riesgos, porque ante el aumento de los operativos migratorios se han visto obligados a buscar nuevas rutas de ingreso a nuestro país que conllevan más peligros que los caminos que tradicionalmente tomaban, problemas que laceran a la comunidad migrante producto de la corrupción y falta de profesionalización de los agentes del Instituto Nacional de Migración, que son constantemente señalados como uno de los principales cuerpos que violentan los derechos humanos de la comunidad migrante proveniente de Centroamérica; lo que pone en manifiesto la importancia de la aplicación de protocolos de actuación y la capacitación de los mismos por medio de la implementación de políticas públicas eficientes.

Se estima que, de 2013 a 2014 se incremente el número de casos que buscan rutas alternas en un 13%, sin embargo, un número importante continua utilizando el tren conocido como “la bestia” como principal medio de transporte.

De enero a diciembre del año 2014 se deportaron a 107 mil 199 centroamericanos —guatemaltecos, hondureños y salvadoreños—, 29 mil más que en 2013, lo cual representa un incremento del 47% en las deportaciones registradas y realizadas por México respecto al año anterior,4 situación que coincide con la puesta en marcha del Programa Frontera Sur.

Para la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, el aumento en deportaciones está asociado con el incremento en el número de inspecciones migratorias que se realizaron en las rutas que tradicionalmente son utilizadas por los migrantes. En total durante 2014 se realizaron 758 inspecciones de inmigración a nivel Nacional solamente por autoridades Federales, sin contar acciones del orden local.

Asimismo, bajo el argumento de evitar que los migrantes pongan en riesgo su integridad al abordar el tren anteriormente mencionado, en 2014 se realizaron al menos 15 mil 313 redadas implementadas por el INM. De acuerdo a la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, no obstante, se considera oportuno mencionar que muchas de estas personas podrían haber calificado para solicitar refugio en nuestro país.

Ya que de acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, será sujeto de asilo: Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.5

Los lineamientos de la Política Migratoria de la Frontera Sur, si bien es cierto que se encuentran contemplados en una serie de disposiciones a saber: PROGRAMA ESPECIAL DE MIGRACIÒN 2014-2018 disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343074&fecha=30/04/2 014 cuya función consiste en diseñar una serie de estrategias en torno a la consolidación de una política migratoria que atienda el principio de la dignidad inherente del ser humano.

Con la implementación del Programa Frontera Sur, también se incrementaron los delitos y violaciones de los derechos humanos de los migrantes:

• El delito de secuestro se incremente 166% en 2014: pase de 133 a 354 casos.

• En el año 2014, el instituto Nacional de Migración (lNM) dio asistencia por el delito de secuestro a 682 migrantes centroamericanos; es decir, 10 veces más que en 2013, cuando asistió a 62 extranjeros.

• En 2014, se asistió a 33 extranjeros por el delito de trata.

• El INM señaló que el número de centroamericanos asistidos por “otros delitos” se dispare 176% en 2014, año en que se atendió a 119 migrantes víctimas de algún delito, frente a 43% en 2013.6

Como consecuencia del proyecto presupuestal base cero, la Secretaria de Hacienda determine en desaparecer la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y sus funciones han sido absorbidas por el INM, en este sentido, resulta lamentable que haya sido un criterio de racionalidad económica y no la falta de resultados del programa los que provocaron su desaparición.

Asimismo, resulta impostergable conocer los montos y el destino de los recursos asignados a este programa, así corno las principales acciones emprendidas durante su funcionamiento. De igual forma, es apremiante saber cuáles son los protocolos que se implementaron para proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes al momento de ser detenidos y durante su estancia en centros de detención.

Por otro lado y en aras de velar por la dignidad inherente del ser humano el artículo 4° de nuestra Carta Magna es clara al establecer que las políticas públicas que el Estado implemente deben observar el interés superior de la niñez, situación que no ocurre con la actual política migratoria del Gobierno Federal, pues como hemos expuesto con la implementación del Programa Frontera Sur aumentaron los riesgos a los que se enfrentan los migrantes menores no acompañados.

Es necesario reconocer que el orientar la política migratoria hacia la salvaguarda de los derechos humanos, garantiza un elemento de reciprocidad al amparo de la congruencia a favor de la defensa de los derechos de nuestros connacionales en el exterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaria de Gobernación, para que informe a la opinión pública los lineamientos de la Política Migratoria de la Frontera Sur, luego de la desaparición de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.

Notas

1 Migración centroamericana de transito irregular por México. Estimaciones y Características generales. Instituto Nacional de Migración, 2011, <http://www.oxfammexico.org/wp-content/uploads/2013/06/APUNTES_N1_Jl u2011.pdf> Consultado el 20-09-2015

2 CIDH expresa profunda preocupación por los hallazgos de 370 niños migrantes abandonados por sus traficantes en México, Abril, 2014,<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/04D.asp> Consultado 20/09/2015

3 Pone en marcha el Presidente Enrique Peña Nieto el Programa Frontera Sur, <http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/pone-en-marcha-el-pr esidente-enrique-pena-nieto-el-programa-forntera-sus/> Consultado el 20-09-2015

4 Migrantes invisibles, violencia tangible, Informe 2014, Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, <http://www.sjmmexico.org.mx/wp-content/upload/2015/07/informe-migra ntes-2014.pdf> Consultado el 20-09-2015

5 Ley sobre Refugiados. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf última consulta 25/09/2015

6 Adiós a la Bestia: Patrullas y muros para frenar a los migrantes, <http://www.animalpolitico.com/caceriademigrantes/texto02.html> Consultado el 20-09-2015

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 9 de diciembre de 2015.

Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a investigar la posible emisión de gases tóxicos de la refinería y ductos en Salamanca, Guanajuato, que afectan a estudiantes de la escuela secundaria Alfonso Sierra Partida, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Karina Padilla Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El lunes 30 de noviembre del presente, alrededor de las 16:30 horas, entre 40 y 50 alumnos de 12 a 15 años de edad, de la escuela secundaria Alfonso Sierra Partida, situada en el municipio de Salamanca, Guanajuato, resultaron afectados por una nube de gas tóxico que presuntamente provino de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Estos jóvenes fueron trasladados y atendidos en el Centro de Salud más cercano y varios de ellos presentaron crisis nerviosas.

El director de la escuela secundaria refirió que no es la primera vez que sucede una situación como la que se presentó en dicho plantel escolar, ya que, con anterioridad, la población ha denunciado en reiteradas ocasiones que las instalaciones de Pemex en Salamanca, Guanajuato, han emitido gases contaminantes y que dicho municipio requiere de más atención al respecto de estos percances y no han tenido una respuesta contundente por parte de las autoridades locales ni federales.

La escuela secundaria Alfonso Sierra Partida se encuentra ubicada sobre tres líneas de ductos de Petróleos Mexicanos, además de que los habitantes de Salamanca saben que existen esos tres ductos de Pemex que atraviesan toda esa zona.

Una línea es de 8 pulgadas y que conduce gasolina y diésel hacia la ciudad de León, Guanajuato; otra de 14 pulgadas que conduce gas propano hacia la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y una línea más también de 14 pulgadas cuya operación está suspendida desde 1993, un año después de las explosiones trágicas en Guadalajara.

Cabe hacer hincapié en que, de acuerdo a estadísticas, Pemex no ha rehabilitado ductos en esa región desde 2005, sino sólo ha realizado trabajos de mantenimiento menor, lo cual resulta sumamente riesgoso e irresponsable, pues basta recordar que sucesos como estos se han presentado en reiteradas ocasiones, como el registrado el pasado mes de junio en el cual, una falla en la subestación 41, provocó la formación de una densa nube de gas amarillo, que de acuerdo con autoridades ambientales contenían gasóleo, lo que provocó malestares como mareos, dolor de cabeza y oídos, además de náuseas a la población.

Pese a que esta situación generó la activación de protocolos de protección civil, la paraestatal se limitó a minimizar el evento, manifestando que no había riesgo en la calidad del aire pues sólo se había tratado de “desfogues de agua y vapor a la atmósfera.”

Es importante resaltar que el Estado mexicano está obligado a preservar y garantizar el derecho humano a la salud y también la seguridad, la integridad y la vida de sus habitantes. Este incidente reciente debe prender las alarmas para que en lo futuro se evite una tragedia mayúscula que terminaríamos por lamentar todos.

Pemex ha sido negligente en muchos otros estados de la República Mexicana al contaminar el hábitat de las regiones o zonas donde tiene instalaciones y no ha remediado completamente el daño ni indemnizado adecuadamente a los pobladores de esos lugares, con lo que también se vulnera o violenta el derecho humano a un medio ambiente sano.

Es indispensable que las autoridades de protección civil también realicen una investigación para deslindar responsabilidades, e informen sobre lo que realmente sucedió y asimismo se coordinen para hacer una evaluación objetiva de riesgos en dicha zona y se conmine a Pemex hacer un diagnóstico oportuno y certero de sus instalaciones en Salamanca y en todo el país, para reducir el riesgo de que ocurra una contingencia mayor.

Alarmante resulta que cualquier persona que habita o transita por Salamanca, pueda percibir los malos olores del ambiente y los residuos de partículas negras en cristales y toldos de automóviles e incluso en patios de inmuebles; la imaginación no alcanza para saber lo aferradas que estarán esas partículas como cardo en los pulmones.

Indignación, malestar y preocupación por la comunidad salamantina, principalmente por los sectores más vulnerables como los adultos mayores, niñas y niños, es lo que me motiva a presentar el presente punto de acuerdo.

Pemex está obligado a proporcionar información válida y sustentada técnicamente sobre sus instalaciones y sus ductos, que permita a las autoridades locales y pobladores actuar con mayor certeza ante una posible emergencia con motivo de sus actividades.

Por lo expuesto anteriormente, presento esta proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, a realizar una investigación a fondo sobre la probable emisión de gases tóxicos emanados de la refinería y ductos de la paraestatal en Salamanca, Guanajuato, que pudieron haber provocado la intoxicación de estudiantes de la escuela secundaria Alfonso Sierra Partida, y tome las medidas pertinentes para evitar que la salud y la seguridad de la población del citado municipio se vea comprometida.

Segundo. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, informe a la opinión pública el estado y mantenimiento en las instalaciones de la refinería de Salamanca, Guanajuato, así como de las medidas y acciones en la prevención de accidentes derivados de su operación, incluyendo los peligros que representan las instalaciones y ductos de la empresa en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Diputada Karina Padilla Ávila (rúbrica)